Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 258 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum para sesionar.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 11:06 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 8 de octubre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De la diputada Lilia Aguilar Gil

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo relativo al conflicto social por la construcción de una presa hidroeléctrica en Olintla, Puebla.

De la Cámara de Senadores

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el análisis de la iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, y se reforman diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, se realice con base en principios de universalidad y progresividad, eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal, presentada por las senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se destinen los recursos necesarios para que se pueda incorporar en el Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018, la construcción y puesta en operación de la Línea Férrea de la Estación Ingeniero Roberto Ayala.

Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que, en la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, incluya recursos suficientes para programas de becas, capacitación y empleo dirigidos a personas sobrevivientes de los delitos de trata de personas.

Proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se destinen recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en municipios y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentada por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar recursos para el subsistema de educación media superior estatal denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca, presentada por Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar y destinar mayores recursos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y para el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos, presentada por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su fortalecimiento institucional, presentada por el Senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Siete Proposiciones con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se destinen recursos para el desarrollo de proyectos en los municipios: El Grullo, Tonaya, Tepatitlán de Morelos y Valle de Juárez, en el Estado de Jalisco, presentadas por el Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Carlos Octavio Castellanos Mijares y Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109, 168 y 191 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo y suscrita por los diputados Alfredo Rivadeneyra Hernández y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 9o. y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 26 y 31, y adiciona un artículo 43 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 111 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiación y del Código Civil Federal, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de La Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 25, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 86 Ter y 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 75 y 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley de Vivienda, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del General Salvador Alvarado, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen y suscrita por el diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 106 y adiciona un artículo 355 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Salud Mental, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 100 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” en el Senado.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264; 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de BANOBRAS, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 26 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona los artículos 19 y 22 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII y adiciona la fracción IX al artículo 73 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que emita la declaratoria de desastre, y a las dependencias federales, para que adopten medidas tendientes para apoyar a la población de los municipios de Zirándaro y Huetamo afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que haga públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR, en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal; así mismo, se exhorta a la ASF, inicie las auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto de ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores y/o presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP, para que en la glosa del Primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conasami, para que establezca un único salario mínimo general vigente en todo el territorio nacional, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Profeco, se revise el estado físico de los cilindros de gas L.P. que se distribuyen en el territorio nacional, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que considere la opinión de esta Soberanía, en la construcción de las reglas de operación de diversos programas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que emita el decreto de Área de Valor Ambiental al Parque Reforma Social, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL, para que haga públicas las estrategias que se tienen para el Programa Cruzada Contra el Hambre, asimismo, para que establezca un sistema de transparencia de los recursos que se reparten a los municipios pertenecientes al Programa, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que se apoye con donaciones de bienes en poder del SAE, a los municipios y poblaciones afectadas por el desastre natural causado, por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y del Gobierno del estado de Morelos, para que atiendan las necesidades de saneamiento del Río Apatlaco, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se utilice la frase “Agosto 2014. Centenario de los Tratados de Teoloyucan” como membrete en los documentos oficiales que se expidan durante el año 2014, a cargo del diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SHCP, haga públicos los instrumentos financieros que ha emitido para la cobertura de riesgos catastróficos de 2005 a la fecha, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la problemática actual que presenta el cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial del Café. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que a través de la Consar, haga públicas las medidas aplicadas respecto a la situación financiera de las Afores en México, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de los diferentes niveles de gobierno, para que investiguen los hechos ocurridos en la Ciudad de Chihuahua, en el denominado “extremo aeroshow”, el sábado 5 de octubre de 2013, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que concluya el proceso de licitación de decodificadores y antenas digitales para la segunda etapa del programa piloto de la transición a la Televisión Digital Terrestre, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por el diputado Federico José González Luna Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, para que atienda las quejas y sugerencias de directivos de escuelas y padres de familia del estado de Nuevo León, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SEP, haga público el avance del Programa escuelas de tiempo completo, en relación con los presupuestos de egresos de la federación para los ejercicios 2012 y 2013, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que implemente un Programa nacional emergente para garantizar el derecho humano a la vivienda a todas las familias afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que revise y deseche la propuesta del Ejecutivo federal de homologar el IVA en la región fronteriza del país, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, hagan públicos los recursos del denominado Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que expida el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo de la diputada Verónica Sada Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al director de Pemex, haga público lo relacionado a la construcción del muelle en la residencia de operaciones portuarias de la Paz, Baja California Sur, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SRE y de la Segob, se analice la viabilidad y conveniencia de eliminar el requisito de la visa para internarse a México a los ciudadanos de Taiwán, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo de la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 4 al 10 de octubre, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del Día Mundial de los Animales, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de octubre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta y ocho diputadas y diputados, a las once horas con quince minutos del jueves tres de octubre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura del Orden del Día y del Acta de la Sesión anterior, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Acto seguido, se somete a discusión el Acta, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, con relación a cambios de Juntas Directivas de las Comisiones de Ganadería, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

b) De los diputados:

• Javier Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo trescientos sesenta y ocho del Código Penal Federal, presentada el veintinueve de abril del año en curso, sea retirada definitivamente de la Comisión de Justicia.

• Mario Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos sexto, veinticinco, treinta y cinco, y treinta y seis, de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el veinticuatro de septiembre del año en curso, sea retirada definitivamente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos doce, cincuenta y siete, y cincuenta y ocho de la Ley de Seguridad Nacional, presentada el veinticuatro de septiembre del año en curso, sea retirada definitivamente de la Comisión de Gobernación.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a Punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se implementen medidas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Albán. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

d) Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con la que remite su Informe Anual de Actividades y el ejercicio presupuestal dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Derechos Humanos, para su conocimiento.

e) Del Instituto Electoral del estado de Querétaro, con la que remite Acuerdo por el que se emiten consideraciones respecto a los compromisos en Materia Político Electoral, contenidos en el Pacto por México. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores:

• Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a las cámaras del Congreso de la Unión a que, en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales presentadas por el Titular del Ejecutivo Federal, se elimine toda disposición que pretenda incrementar la tasa del Impuesto sobre la Renta a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, consideradas de régimen simplificado por la legislación actual, presentada por el senador Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

• Acuerdo aprobado por el que exhorta a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada estado del país. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Proposiciones con puntos de acuerdo:

– Por el que se solicita a la Cámara de Diputados incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, a los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, dentro del “Fondo Concursable para la Inversión de Infraestructura para la Educación Media Superior”, presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática.

– Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil catorce se consideren y destinen recursos para la construcción y equipamiento de dos hospitales de segundo nivel, ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax en el estado de Yucatán, presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

– Con el que devuelve el expediente de la Minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo sesenta y dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Con las que remite Minutas con proyecto de decreto:

– Que reforma las fracciones quinta, sexta, séptima, octava, décimo primera, y décimo cuarta del artículo doce de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

– Que reforma los artículos veintisiete y veintiocho, y adiciona el artículo setenta y ocho Bis a la Ley General de Vida Silvestre.

Se turnan a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

g) Iniciativas con proyecto de decreto de los Congresos de los estados de:

• Chihuahua:

– Que adiciona los artículos ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuarenta y tres de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que reforma y adiciona el artículo ochenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Jalisco, que reforma el artículo ciento dieciséis, fracción cuarta, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

h) De la Cámara de Senadores, con la que remite Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo nueve de la Ley General de Deuda Pública, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

En el capítulo de Agenda Política, hacen comentarios relativos a la situación de emergencia provocada por los daños ocurridos en diversas entidades del país, a causa de las lluvias torrenciales del quince, dieciséis, y diecisiete de septiembre, los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática;

A las doce horas con veintisiete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y seis diputadas y diputados.

Marcelina Orta Coronado, del Partido Acción Nacional; y Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al tema los diputados: Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Patricia Lugo Barriga, ambos del Partido Acción Nacional; Teresa de Jesús Mójica Morga, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, ambas del Partido de la Revolución Democrática; Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional; Joaquina Navarrete Contreras, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Antonio García Conejo, Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; y David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Partido Acción Nacional.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las acciones a implementarse para dar respuesta a la situación de emergencia provocada por los daños ocurridos en diversas entidades del país por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid. Se somete a discusión e interviene a favor el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, quien presenta propuesta de modificación la cual en votación económica, no se acepta a discusión. El acuerdo se considera suficientemente discutido y se aprueba en sendas votaciones económicas. Comuníquese.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado, los diputados: Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Jesús Tolentino Román Bojórquez, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; y María del Rosario Merlín García, del Partido de la Revolución Democrática.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y suscrita por el diputado Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional reforma los artículos dos-A, noveno y quince de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Reglamentaria de la Fracción décimo tercera Bis del Apartado B, del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En su oportunidad y desde sus respectivas curules los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Juan Pablo Adame Alemán, Alicia Concepción Ricalde Magaña, ambos del Partido Acción Nacional; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Gerardo Villanueva Albarrán, Víctor Manuel Jorrín Lozano, ambos de Movimiento Ciudadano; Francisco Alberto Zepeda González, del Partido Revolucionario Institucional; Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, realizan comentarios con relación a la iniciativa presentada por el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional.

• Marcos Rosendo Medina Filigrana, a nombre propio y del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento trece de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, a nombre propio y del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo Decimoquinto Transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma el artículo cuarenta y cinco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Patricio Flores Sandoval, a nombre propio y de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se somete a discusión el proyecto de decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Movimiento Ciudadano; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; María Isabel Ortiz Mantilla, del Partido Acción Nacional; y César Reynaldo Navarro de Alba, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente informa a la Asamblea que se ha reservado para discusión en lo particular el artículo Segundo Transitorio del proyecto de decreto. En votación nominal por cuatrocientos dos votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados. Se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo Segundo Transitorio reservado, el cual en votación económica no se admite a discusión, acto seguido en votación nominal por trescientos setenta y ocho votos a favor; dos en contra; y dos abstenciones, se aprueba en lo particular el artículo Segundo Transitorio en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo ochenta y siete Bis dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones: décima, vigésimo sexta, y cuadragésimo séptima del artículo tres de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo, paras sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es Efeméride con motivo del aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, se concede el uso de la palabra a los diputados: Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; José Isidro Moreno Árcega, del Partido Revolucionario Institucional; María Celia Urciel Castañeda, del Partido Acción Nacional; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Gobernación, para dictamen.

• Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y cuatro de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ocho de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sesenta de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y setenta y ocho de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cincuenta y siete de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos treinta y cuatro-Bis a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, trescientos tres-B a la Ley del Seguro Social y setenta y uno a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo séptimo de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• José Ignacio Duarte Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía y de ProMéxico, impulse el desarrollo de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para dictamen, y a la Comisión Especial de Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación, para opinión.

• Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobernador de Jalisco a dar a conocer a los ciudadanos las bases utilizadas en la licitación sobre la compra de útiles escolares del programa de apoyo a la educación Mochilas con los Útiles. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, emita un acuerdo para modificar las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, relativo a la operación de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa “La Venta”, ubicada en Acapulco de Juárez, Guerrero. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, respecto a la falta de coordinación de acciones para promover la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• María Carmen López Segura, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una subcomisión mixta y solicitar a las autoridades competentes su intervención para la reubicación de las instalaciones de la compañía de Gas de Tijuana Sociedad Anónima de Capital Variable, o Zeta Gas. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, relativo a las tarifas de las concesiones que se otorgan a los restaurantes en las playas de Pie de la Cuesta y Barra Vieja. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Guerrero, para que realice los trámites necesarios, a fin de concluir la construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, y se rehabilite el puente que se encuentra entre el Km 5+640 y el Km 5+820. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, en relación a una convocatoria nacional para conocer la opinión de la sociedad sobre las denominadas reformas educativa, hacendaria y energética. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión Especial de Participación Ciudadana, para opinión.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a fin de fortalecer los trabajos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos adscrita a dicha Secretaría, así como la capacitación de los mandos y elementos de las fuerzas federales en todo el país. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobernador y al procurador de justicia de Chiapas, a desistirse de las acusaciones contra los profesores y activistas sociales, Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano, relativo a la reconstrucción y equipamiento de la escuela secundaria diurna número cincuenta y uno, Profesor Carlos Benítez Delorme, ubicada en la delegación Benito Juárez. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y del Distrito Federal, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes ocho de octubre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Se encuentra a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno.

MODIFICACION DE TURNO DE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de la siguiente:

• Proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía extiende su reconocimiento a la Fuerza Área Mexicana, la Armada de México y a la Policía Federal, así como a diversas aerolíneas comerciales, por su participación en el puente aéreo que conectó al puerto de Acapulco con el resto del país, presentada por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

CAMBIOS DE INTEGRANTES Y DE JUNTAS DIRECTIVAS DE COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIALES Y DE GRUPOS DE AMISTAD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

• Que el diputado Alberto Anaya Gutiérrez cause alta como vicepresidente en el Grupo de Amistad México-Cuba.

• Que la diputada Lilia Aguilar Gil cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Suiza.

• Que el diputado Jaime Bonilla Valdez cause alta como vicepresidente en el Grupo de Amistad México-Bielorrusia.

• Que el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara cause alta como vicepresidente en el Grupo de Amistad México-Bolivia.

• Que el diputado Adolfo Orive Bellinger cause alta como vicepresidente en el Grupo de Amistad México-Ecuador.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

• Que la diputada Lizbeth Rosas Montero cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Reino Unido.

• Que la diputada Lizbeth Rosas Montero cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Estados Unidos.

• Que la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-China.

• Que el diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Brasil.

• Que el diputado Agustín Miguel Alonso Raya cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Argentina.

• Que el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Rusia.

• Que la diputada Juanita Bonilla Jaime cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Canadá.

• Que el diputado Javier Salinas Narváez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Japón.

• Que el diputado Domitilo Posadas Hernández cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Corea del Sur.

• Que el diputado Jhonatan Jardines Fraire cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Corea del Sur.

• Que el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Alemania.

• Que la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Alemania.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que el diputado Adán David Ruiz cause baja como presidente del Grupo de Amistad México-Pakistán.

• Que la diputada Dulce María Muñiz cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Colombia.

• Que el diputado Alberto Curi Naime cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Argentina.

• Que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Canadá.

• Que la diputada Silvia Márquez Velasco cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Brasil.

• Que la diputada Laura Barrera Fortoul cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Estados Unidos.

• Que el diputado Harvey Gutiérrez Álvarez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Estados Unidos.

• Que la diputada Arely Madrid Tovilla cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-China.

• Que el diputado Miguel Ángel Aguayo López cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Corea del Sur.

• Que la diputada Cecilia González Gómez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Argentina.

• Que el diputado Luis Armando Córdova Díaz cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Rusia.

• Que el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Reino Unido.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que la diputada Claudia Delgadillo González cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada Claudia Delgadillo González cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Claudia Delgadillo González cause alta como integrante en la Comisión de Ganadería.

• Que la diputada Claudia Delgadillo González cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que el diputado Gerardo Villanueva Albarrán cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Rusia.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado Nabor Ochoa López cause baja como integrante de la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Mario Francisco Guillén Guillén cause alta como integrante en la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Mario Francisco Guillén Guillén cause baja como integrante de la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Felipe Arturo Camarena García cause alta como integrante en la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Felipe Arturo Camarena García cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Nabor Ochoa López cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez cause baja como secretaria de la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada María Elia Cabañas Aparicio cause alta como secretaria en la Comisión de Seguridad Social.

• Que la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Población.

• Que la diputada María Elia Cabañas Aparicio cause alta como integrante en la Comisión de Población.

• Que la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Salud.

• Que la diputada María Elia Cabañas Aparicio cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez cause baja como secretaria de la Comisión Especial de promoción del desarrollo regional.

• Que la diputada María Elia Cabañas Aparicio cause alta como secretaria en la Comisión Especial de promoción del desarrollo regional.

• Que la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión Especial de la alimentación.

• Que la diputada María Elia Cabañas Aparicio cause alta como integrante en la Comisión Especial de la alimentación.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que el diputado Ricardo Monreal Ávila cause baja como secretario de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado Alfonso Durazo Montaño cause alta como secretario en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Que el diputado Alfonso Durazo Montaño cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

• Que el diputado Javier Salinas Narváez cause baja como presidente del Grupo de Amistad México-Sudáfrica.

• Que la diputada Jéssica Salazar Trejo cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Sudáfrica.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

• Que la diputada Lizbeth Rosas Montero cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Iraq.

• Que el diputado José Humberto Vega Vázquez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Iraq.

• Que la diputada Lizbeth Rosas Montero cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Bielorrusia.

• Que el diputado Uriel Flores Aguayo cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Bielorrusia.

• Que la diputada Lizbeth Rosas Montero cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Costa de Marfil.

• Que el diputado Javier Orihuela García cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Costa de Marfil.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez cause baja como vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Jamaica.

• Que la diputada María Elia Cabañas Aparicio cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Jamaica.

• Que la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Costa Rica.

• Que la diputada María Elia Cabañas Aparicio cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Costa Rica.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 7 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquense.

RETIRO DE INICIATIVA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle que la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el párrafo III del artículo 75 y reforma el último párrafo del artículo 79, ambos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la que suscribe, diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sea retirada de la Comisión de Justicia a la que ha sido turnada el pasado 2 de octubre, toda vez que es de mi interés presentarla ante el pleno.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a este respecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.— Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

PRESA HIDROELECTRICA EN OLINTLA, PUEBLA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-0901 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVE.170/13, suscrito por la maestra Sharon M.T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la problemática que enfrentan los pobladores del municipio de Olintla, Puebla, por la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México; así como de la designación de un funcionario para participar en la mesa de negociación interinstitucional a fin de solucionar el conflicto social.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 4 de octubre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/0212/13, que contiene punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al honorable ayuntamiento de Olintla, Puebla, al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, a instalar una mesa de negociación interinstitucional a fin de solucionar el conflicto social de la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y a las autoridades municipales a garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los pobladores totonacas de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, quienes se mantienen en resistencia en defensa de sus tierras así como garantizar el derecho a la libre decisión de la comunidad indígena, la cual ha manifestado rechazo a la instalación de la hidroeléctrica por posibles daños ambientales y sociales en la zona.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tengan impacto social, económico, cultural, ecológico y de salud en los pueblos y comunidades indígenas, el Estado tendrá la obligación, no sólo de consultar a éstos, sino también deberá obtener el consentimiento libre, previo e informado de éstos, según sus sistemas normativos, con fundamento en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

Cuarto. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados conformar un grupo de trabajo plural de legisladoras y legisladores, a fin de darle seguimiento al conflicto social de la construcción de la hidroeléctrica y demás conflictos sociales que existen en los territorios de los pueblos indígenas.

Sobre el particular, adjunto al presente sírvase encontrar oficio que remite la Subsecretaría de Electricidad, mediante el cual comunica que el proyecto ha sido suspendido por la empresa.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de octubre de 2013.— Maestra Sharon M.T. Cuenca Ayala (rúbrica), directora general de Vinculación y Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestra Sharon M.T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía.— Presente.

Hago referencia al oficio 100.DGVE.31/13, de fecha 11 de febrero de 2013, por medio del cual remitió a esta subsecretaría el oficio SEL/UEL/311/0212/13, mediante el cual la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remitió a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 6 de febrero de 2013, referente a la problemática que enfrentan pobladores del municipio de Olintla, Puebla, por la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México; y mediante el cual solicita la designación de un funcionario para participar en la mesa de negociación interinstitucional a fin de solucionar el conflicto social.

Al respecto, le informo que se tiene conocimiento que dicho proyecto se encuentra suspendido por parte de la empresa.

Al agradecerle su atención, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de septiembre de 2013.— Doctora María de Lourdes Melgar Palacios (rúbrica), subsecretaria de Electricidad.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

LEY DE LA PENSION UNIVERSAL - LEY DEL SEGURO DE DESEMPLEO - SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que el análisis de la iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, y se reforman diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, se realice con base en principios de universalidad y progresividad, eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Las suscritas, senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relacionado con la propuesta de Pensión Universal y Seguro de Desempleo incluido en la reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre del año en curso, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Como parte de la llamada “reforma hacendaria”, el Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma constitucional para incluir dos nuevos derechos: el derecho de los adultos mayores a contar con una Pensión Universal que los apoye a cubrir sus gastos básicos de manutención durante la vejez, así como el derecho de los trabajadores a contar con un seguro de desempleo que les permita cubrir sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral formal.

Estos dos nuevos derechos se vienen a sumar al conjunto de los establecidos a lo largo del tiempo. No se puede estar en desacuerdo con que es de justicia social establecerlos; sin embargo, la historia ha demostrado que el establecimiento de derechos sociales a nivel constitucional no es garantía para que se cumplan en la práctica. Ahí está el ejemplo del salario mínimo remunerador, o los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros.

Por otra parte, en la forma en que están planteados no significarán avance alguno hacia un sistema de seguridad social universal, tal y como se describe más adelante.

En relación con los adultos mayores, la reforma propuesta señala que:

El Estado protegerá los derechos de los adultos mayores; velará por que vivan con dignidad y seguridad, y reciban servicios de salud; promoverá su integración social y participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales de su comunidad, y establecerá mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra.

Los adultos mayores tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez, en los términos que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Los derechos señalados en el primer párrafo ya están establecidos desde 2002 en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, por lo que sólo se agrega el de la pensión.

Adicionalmente a la reforma constitucional, el Ejecutivo presentó dos iniciativas: la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, así como diversas modificaciones a otras leyes existentes.

1. Ley de la Pensión Universal

La iniciativa propone otorgar una pensión de $1,092 mensuales a los adultos mayores que cumplan con los siguientes requisitos:

• Cumplan 65 años de edad a partir del año 2014 y no tengan el carácter de pensionados;

• Residan en territorio nacional. Tratándose de extranjeros, será requisito haber residido por lo menos 25 años en territorio nacional;

• Estén inscritos en el Registro Nacional de Población, y

• Tengan un ingreso mensual igual o inferior a quince salarios mínimos, para lo cual realizarán la declaración correspondiente, bajo protesta de decir verdad.

De acuerdo con lo anterior, la pensión se aplicará sólo a los adultos mayores que cumplan 65 años a partir de 2014, por lo que no se aplicará a los que ya hayan cumplido los 65 años antes de 2014, por lo que no se trata de una pensión universal.

En segundo lugar, el monto de la pensión corresponde al costo de la canasta básica alimentaria calculado por el Coneval a junio de 2013 y se actualizaría anualmente con el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Lo anterior es cuestionable esta forma de actualización ya que lo más correcto sería que se actualizara por el valor de la canasta básica que calcula el propio Coneval, ya que éste crece en mayor proporción que el INPC y por lo tanto el poder de compra de la pensión se iría reduciendo y ya no se cumpliría con el mandato constitucional. Entre enero de 2004 y agosto de 2013, el costo de la canasta básica aumentó 77.1 por ciento y el INPC 46.7 por ciento.

Por otra parte, un artículo transitorio establece que los adultos mayores que hasta el año 2013 recibieron apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores continuarán recibiendo los mismos, a través de la Pensión Universal. Así mismo se seguirán aplicando los programas de apoyo a adultos mayores establecidos por las entidades federativas.

Otro de los artículos transitorios refiere que:

El Gobierno Federal, para el financiamiento de la Pensión Universal de los mexicanos que a partir del año 2014 cumplan 18 años de edad, constituirá un fideicomiso irrevocable y sin estructura orgánica, en el Banco de México, el cual se integrará con los recursos que, atendiendo a los estudios actuariales y demográficos elaborados conforme al Reglamento de la Ley de la Pensión Universal, se prevean cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Los recursos aportados al fideicomiso se individualizarán a favor de los mexicanos a que se refiere el párrafo anterior, en la medida en que se cuente con la información que permita su plena identificación, en términos del Reglamento de la Ley de la Pensión Universal, y se encuentren registrados en una Administradora de Fondos para el Retiro.

Resulta claro que el alcance de la pensión como la propone el Ejecutivo es muy limitado, al aplicarse sólo a los adultos mayores que cumplan 65 años a partir de 2014. De acuerdo con las proyecciones de población por edad del Consejo Nacional de Población (Conapo), las personas que cumplirán 65 años a partir de 2014, serán las que se muestran en la gráfica siguiente:

De lo anterior resulta que en 2014 sólo se aplicaría la pensión universal al 0.3 por ciento de los adultos mayores, siendo que la cobertura máxima se alcanzaría hacia 2035 con sólo 4.0 por ciento y después volvería a decrecer. Estos datos demuestran que la propuesta del ejecutivo está muy lejos de ser una pensión universal.

Otro aspecto a precisar es que el costo de la pensión también sería reducido. En 2014 sería de sólo 298 millones de pesos, cifra muy inferior al costo de la pensión actual, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se estima en 46,225 millones de pesos.

La propuesta de que el esquema financiero de la pensión sea a través del establecimiento de cuentas individuales que se constituirían para la población que cumpla 18 años a partir de 2014, podría hacer sustentable financieramente el sistema; sin embargo, de acuerdo con la proyecciones de Conapo, el número de personas que cumplan 18 años irá disminuyendo a partir de 2016 y por lo tanto ya no se generarían más cuentas individuales. Por otra parte, al vincularlas a las administradoras de fondos para el retiro (Afores), ocasionaría un negocio adicional para éstas, en detrimento de los recursos destinados a las pensiones

2. Seguro de desempleo

La propuesta del ejecutivo se limita a los trabajadores formales; es decir a los trabajadores que en el momento de la pérdida del empleo estén afiliados al régimen obligatorio del IMSS o del ISSSTE, por lo que los posibles beneficiarios del seguro serían 20 millones de un total de los 49 millones de personas ocupadas. Por otra parte, el seguro se limita a seis meses, con montos decrecientes de entre 70 y 40 por ciento del promedio del salario percibido durante los últimos 24 meses.

Para el financiamiento del seguro de desempleo se establecería una cuota de 3 por ciento del salario base de cotización a cargo de los patrones. Es muy importante señalar que no se trata de una nueva carga para los patrones ya que esta aportación se compensaría con la disminución del 5 al 2 por ciento de las aportaciones para el Fondo Nacional de Vivienda. 2 por ciento de la cuota se depositaría en la cuenta individual del trabajador administrada por las Afore y el 1 por ciento restante se entregaría al Gobierno Federal para la constitución de un fondo solidario que administraría directamente.

Por lo anterior, los trabajadores verían disminuido su fondo de vivienda del 5 al 2 por ciento y su cuenta individual se incrementaría en 2 por ciento para el seguro de desempleo, por lo que tendrían una pérdida neta de 1 por ciento.

En el caso de requerir el seguro de desempleo, se sacarían los recursos de la cuenta individual. Si ésta no alcanza se usaría hasta el 75 por ciento del fondo de vivienda y si aun así no alcanza, se complementaría con los recursos acumulados en el fondo solidario que administra el gobierno.

Como se puede apreciar, el seguro de desempleo sería financiado con los recursos de los propios trabajadores en detrimento de su fondo de vivienda, por lo que en vez de constituir un derecho adicional, como se trata de vender en la iniciativa, sería un derecho que merma otro derecho, lo cual es inaceptable.

Otra trampa que se establece en la iniciativa es la propuesta de derogación de la fracción II del Artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que “Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con SO o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho a su favor, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.” Lo anterior obliga a preguntarse sobre la razón para quitar recursos de su propiedad a estos trabajadores y el destino de los mismos.

Esta iniciativa no aporta nada que conduzca a un sistema de seguridad social universal. La pensión para adultos mayores propuesta tiene un alcance muy limitado -y está lejos de ser universal. Los programas asistenciales actuales tienen una mucha mayor cobertura que lo propuesto. El seguro de desempleo, que a fin de cuentas quedará a cargo de los trabajadores, significaría reducir considerablemente su fondo de vivienda, por lo que no se advierte beneficio alguno para los trabajadores.

3. Iniciativa en materia de seguridad social

En diciembre de 2012, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa para incluir en el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la seguridad social, sin considerar la condición socioeconómica o laboral de las personas, para así garantizar el acceso a las prestaciones de carácter social a todas y todos los mexicanos.

Esta iniciativa del PRD está encaminada a reconocer expresamente el derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, tal y como lo establece el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además, para la OIT, este derecho consiste en la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica.

En contraposición, la propuesta del Ejecutivo de “seguridad social universal” es limitada y sesgada. No conlleva una visión de derechos, busca legitimar otros intereses, como las reformas hacendaria y energética y es un paliativo que no resuelve la precarización de las condiciones laborales de los mexicanos, a favor de los intereses de un sector empresarial rapaz, bajo la visión de mantener ventajas comparativas frente a otros países, que estimulen la inversión en nuestro país. Los riesgos que presenta son diversos, entre ellos acotar a un sector mínimo del universo de mexicanos que carecen de las prestaciones mínimas de seguridad social. Asimismo, evade el reconocimiento del “otro” y, en ese afán, se llega a maniobras burdas que le dan vueltas al asunto de brindar una adecuada seguridad social.

No podemos aceptar que se utilicen las reformas constitucionales, como un instrumento legitimador de intereses tan mezquinos, ni medidas paliativas que no van al fondo de los problemas que viven millones de mexicanos excluidos del mercado de trabajo formal y, por ende, de los sistemas de seguridad social, por lo que es indispensable que se consideren los argumentos de universalidad y progresividad que nuestra propuesta plantea.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que el análisis de la iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, así como se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, se realice con base en principios de universalidad y progresividad, eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal.

Dado en la Cámara de Senadores, a los dos días del mes de octubre del año dos mil trece.— Senadoras: Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica), Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, para su atención.

LINEA FERREA DE LA ESTACION INGENIERO ROBERTO AYALA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que incorpore en el Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018, la construcción y puesta en operación de la línea férrea de la estación Ingeniero Roberto Ayala, antes estación Chontalpa, Huimanguillo, al puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que permita fortalecer la comunicación interregional y el comercio, en el sur-sureste del país.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se consideren, propongan y, en su caso, se aprueben los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, para la ejecución de ese tramo ferroviario.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PROGRAMAS DE BECAS, CAPACITACION Y EMPLEO DIRIGIDOS A SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, establezcan y otorguen un programa de becas permanente dirigido a personas sobrevivientes de los delitos de trata de personas que han sido albergadas en los refugios especializados, con el objeto de que tengan acceso a oportunidades educativas para todos los niveles.

Y que dicho programa sea denominado “Marcela Lagarde” en reconocimiento a esta destacada investigadora y ex legisladora mexicana que ha realizado trabajo en favor de los derechos de las mujeres en nuestro país, particularmente en materia de violencia.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en coordinación con la Procuraduría General de la República, implementen un programa permanente de empleo y capacitación dirigido a personas sobrevivientes de los delitos de trata de personas que han sido albergadas en los refugios especializados.

Tercero. El Senado de la República hace un atento exhorto a la Cámara de Diputados a fin de que, en la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, incluya los recursos suficientes para estos programas.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada el 3 de septiembre de 2013, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionaria Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal y exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en municipios y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el marco de la presentación del proyecto y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Lisbeth Hernández Lecona, senadora de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX; 276; y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal y exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en municipios y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el marco de la presentación del proyecto y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre las consideraciones del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 destaca que el desarrollo y el crecimiento no son un deber tan central como el Estado, pues corresponden a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país, surge de abajo hacia arriba, al momento en que cada individuo es capaz de lograr su mayor contribución, en esa tesitura se establecieron cinco metas nacionales, para lograr que nuestro país alcance su máximo potencial; entre las que se encuentran un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se establecen estrategias transversales que coadyuvarán, entre otros objetivos a impulsar un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus regiones, estados y municipios a través de la democratización de la productividad, consolidando un gobierno cercano y moderno e incorporando la perspectiva de género.

En este tenor, la meta correspondiente a un México Próspero promueve el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica, mediante la generación de igualdad de oportunidades. Lo anterior, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo. Su plan de acción para eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país incluye, el abastecimiento de energía al país, el desarrollo de sectores estratégicos, contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica y el aprovechamiento del potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país, lo que se contempla en los diversos objetivos, estrategias y líneas de acción del referido plan.

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamentaria de los Artículos 74, Fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales; tanto la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos deben elaborarse tomando en consideración los objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, si nos referimos a la administración pública federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo por cuanto a sus líneas generales de política económica; los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones.

La iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos se remiten por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre; y por la de Senadores, a más tardar el 31 de octubre. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados, como una de sus facultades exclusivas, a más tardar el 15 de noviembre.

Ahora bien, tomando en consideración lo establecido en los párrafos anteriores, se podría arribar a la conclusión de que en la formulación por el Ejecutivo federal del Presupuesto de Egresos de 2014 es menester que destine recursos financieros a la infraestructura de los municipios para su desarrollo, modernización y democratización.

En la próxima presentación del proyecto es debido garantizar las condiciones que contribuyan al desarrollo nacional a partir de la base de división territorial, organización política y administrativa de las entidades federativas, que recae en el municipio libre.

Asimismo, es propio que tanto la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el Pleno de la Cámara de Diputados reflexionen y analicen sobre la pertinencia de dotar a los municipios y entidades federativas del financiamiento que requieren para el cumplimiento de sus objetivos y cubrir las necesidades de sus habitantes, sobretodo que año con año los gobiernos locales solicitan su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que por diversos motivos quedan excluidos de los beneficios correspondientes.

Es el caso de Morelos, integrado por 33 municipios, donde ciertas regiones carecen de servicios básicos, así como de la infraestructura adecuada para el buen aprovechamiento de las riquezas y de promoción de empleo; lo que ha ocasionado que Morelos sea una tierra escasa de oportunidades y no se aproveche su riqueza y atractivo turístico, aunado a que la calidad de vida de los habitantes sea baja.

El rezago existente en Morelos es latente, lo que se puede comprobar de forma empírica al recorrer cada rincón de la entidad, en donde se encontrará su majestuosa riqueza, pero también el sesgo del desarrollo en todos los aspectos.

Por ello, en aras de acortar la brecha entre las instancias del gobierno federal y Morelos y sus municipios, siendo éstos entidades de carácter público, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; susceptibles de derechos y obligaciones, autónomos en su régimen interior y con libertad para administrar e integrar su hacienda, que planean y establecen los objetivos que desea alcanzar a corto, mediano y largo plazo; se presentan los siguientes proyectos para que sean tomados en cuenta en la elaboración del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y con posterioridad sean discutidos y, en su caso, aprobados en la Cámara de Diputados:

En este orden de ideas y visto que para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es prioridad fortalecer el sistema educativo, como base del desarrollo humano, lo que se logra en coordinación con las familias y su reconstrucción como pieza fundamental del tejido social, en el presente documento se incluye el proyecto Centro de Estudios de la Familia y de Atención a la Comunidad, a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,cuyos objetivos específicos recaen en la consolidación de programas estratégicos de investigación y desarrollo relacionados con los factores personales, sociales, culturales, políticos y económicos que contribuyan a potenciar las capacidades de los jóvenes, las familias y sus comunidades y, por ende, mejorar su bienestar y calidad de vida; en el desarrollo de programas de formación permanente, de especialidad y maestría, para que los profesionales de las instituciones públicas y privadas puedan desempeñar de manera más efectiva y eficiente su trabajo con los sectores de población más vulnerables de nuestra sociedad; en la implementación programas de maestría y doctorado para la formación de investigadores que contribuyan a la generación y aplicación de conocimientos científicos, con la finalidad de comprender y resolver problemas relacionados con la dinámica familiar y el desarrollo comunitario y en el diseño de protocolos y programas de actuación relativos a la promoción del bienestar, la mediación familiar, la resolución de conflictos, la convivencia comunitaria y la seguridad ciudadana.

Para eso se requiere que se destine un monto total de 49 millones 845 mil 833.11 pesos, cantidad que puede ser etiquetada en una partida del multicitado presupuesto y que de aprobarse beneficiaría, a muchos docentes, alumnos y familias; éste como los proyectos anteriormente aludidos, no podrán realizarse sin la materialización de la voluntad política, es decir, sin la aportación y el apoyo de recursos federales

Por ello someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita muy amablemente al Ejecutivo federal que en la próxima presentación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se consideren recursos que deban destinarse a los proyectos de Coatlán del Río, Tetecala, Temoac, Mazatepec, Jantetelco, Zacualpan y Puente de Ixtla, así como de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Segundo.Consecuentemente, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir y, en su caso, aprobar los recursos que tengan relación con el punto anterior en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, con la intención de que Morelos pueda abatir el rezago existente en la actualidad.

Notas:

1 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República.

2 Ibídem.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de septiembre de 2013.— Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar recursos de al menos 807 millones de pesos para el subsistema de educación media superior estatal denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca; asimismo, exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que dicho Instituto se incorpore al Convenio Marco de Coordinación Estado-Federación; en materia educativa para que cuente con asignación presupuestal federal anual.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Comisión de Educación del Senado y el segundo a la Cámara .de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, senador de la República a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, otorgue recursos por un monto de 807 millones de pesos para dotar de infraestructura y equipamiento al subsistema de educación media superior, denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca; así como al Poder Ejecutivo federal, para que por conducto del secretario de Educación, y en el marco de las atribuciones correspondientes, se incorpore al subsistema de educación media superior denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca, al Convenio Marco de Coordinación Federación-Estado en materia Educativa, a fin de que cuente con asignación anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con los siguientes:

Consideraciones

En el país actualmente existen 53 millones 349 mil 900 habitantes en pobreza, de los cuales 11 millones 529 mil viven en pobreza extrema (Coneval 2012), como es de todos sabido esta condición afecta fundamentalmente al medio rural y a las regiones indígenas de nuestro país.

Oaxaca con una superficie territorial de 93 mil 757 kilómetros cuadrados, y un total de 3 millones 801 mil 962 habitantes (Inegi 2010), ocupa el tercer lugar nacional en pobreza, situación que afecta directamente a 2 millones 434 mil 600 habitantes (61.9 por ciento de la población) de los cuales 916 mil 600 habitantes se encuentran en pobreza extrema (23.3 por ciento) (Coneval 2012), para atender esta situación de rezago social y marginación el Gobierno de la Republica pone en marcha el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, siendo uno de sus componentes fundamentales el rubro educativo, especificado en el Ramo 11 del Anexo B del decreto que establece dicho sistema, operándose en las entidades federativas mediante mesas de trabajo integradas por funcionarios federales, estatales y todos los subsistemas de los diferentes niveles, para la atención del rezago educativo.

El gobierno del estado de Oaxaca en un esfuerzo sin precedente con base en el Plan Estatal de Desarrollo y como una estrategia micro regional de la política social establece el programa bienestar para enfrentar los retos del rezago social y el combate a la pobreza, en materia educativa, Oaxaca se encuentra inmersa en una problemática que la ubica en el lugar 31 a nivel nacional.

La estrategia Bienestar, entre otros tiene como eje fundamental contribuir a la disminución del rezago educativo y la deserción escolar así como buscar los procedimientos que permitan ofertar una educación de calidad a su población en edad escolar, pero fundamentalmente brindar atención educativa a los grupos más marginados de la sociedad.

En la entidad oaxaqueña existen 16 grupos etnolingüísticos que habitan en comunidades pobres y de extrema pobreza, con altos índices de marginación y rezago social y por ende que reclaman una atención integral para romper con el estatus de pobreza en el que se encuentran inmersos y contar con oportunidades que les permitan acceder a niveles de educación más allá de lo elemental.

En la entidad oaxaqueña de cada 100 niños que ingresan a la educación primaria, 93 llegan a la secundaria, 65 a la educación media superior y sólo 13 logran terminar satisfactoriamente una licenciatura; en el estado existen 15 modalidades o subsistemas de educación media superior los cuales albergan a 140 mil 7 alumnos, lo que representa una cobertura del 59m por ciento de la población en edad de estudiar la educación media superior y un grado de absorción del 88 por ciento, con una eficiencia terminal del 70.49 por ciento.

Ante la necesidad de atender el rezago educativo y garantizar el acceso a la educación media superior a jóvenes indígenas de comunidades rurales de menor índice de desarrollo social y humano en la entidad, se instituye en 1994 el Tele Bachillerato del estado de Oaxaca, para posteriormente convertirse en el año 2001 en un organismo público descentralizado que oferta educación media con modalidad semipresencial.

Dadas las exigencias de las comunidades por mejorar los índices de aprovechamiento escolar, se rebasaron las expectativas de esta modalidad; dando paso en el año 2007 a un nuevo modelo educativo basado en competencias, denominado Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca (IEBO) según decreto número 477 de la Quincuagésima Novena Legislatura constitucional del estado libre y soberano de Oaxaca.

El IEBO, es un subsistema que ofrece educación media superior con un modelo educativo de Bachillerato General en la modalidad escolarizada con duración de 3 años, cuyo modelo académico está orientado hacia una formación integral, contando con un perfil de egresados basado en competencias. Actualmente atiende las necesidades educativas de 24 mil 221 jóvenes estudiantes (Preliminar 2013 “B”) en 260 planteles distribuidos en las ocho regiones del Estado, el 95% de los estudiantes se ubican en localidades de alta y El financiamiento para la operación del IEBO es totalmente Estatal, con participación activa de Autoridades Municipales Y Patronatos de Padres de Familia constituidos en los planteles. El IEBO tiene presencia en los 16 grupos etnolingüísticos que habitan en comunidades de pobreza y pobreza extrema en el estado de Oaxaca; este subsistema ofrece a estas comunidades indígenas marginadas, la única opción de educación de tipo medio superior con opción presencial.

El Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca tiene como propósito esencial formar estudiantes con una cultura integral que les permita desarrollar competencias, articulando conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores en las diferentes áreas del saber; el perfil del egresado del IEBO está integrado por 11 competencias genéricas, 44 competencias disciplinares básicas y 6 competencias profesionales básicas, con lo que se alinea totalmente al perfil de egresado del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y al Artículo 2 del Acuerdo Secretarial444 que establece que las competencias genéricas dan articulación e identidad a la Educación Media Superior (EMS), garantizando la calidad de la atención educativa.

El IEBO cuenta actualmente con una plantilla laboral de un mil 151 trabajadores de los cuales 733 son docentes y 260 son directores con carga académica, además de 158 trabajadores administrativos; es importante resaltar que 367 docentes han acreditado el diplomado del Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior-SEP (Profordems) y actualmente 205 docentes más se encuentran cursando dicho diplomado, en cuanto a los Directores, 34 han acreditado el Programa de Formación de Directores de la Educación Media Superior-SEP (Profordir).

Actualmente el IEBO tiene muy avanzado el proceso de alineación de sus planes y programas de estudio para su incorporación al proyecto educativo nacional de la reforma integral de la educación media superior (RIEMS) y ha formulado una primera propuesta de 3 planteles como candidatos a incorporarse al sistema nacional de bachillerato (SNB), para ello se han implementado estrategias académicas que mediante el cumplimiento estricto del calendario escolar oficial, le han redituado en importantes logros reflejados en los siguientes indicadores:

En un comparativo con los demás subsistemas de Educación Media Superior del Estado de Oaxaca, de los 10 planteles con mejor desempeño en habilidad lectora, 2 pertenecen al IEBO, primero y sexto lugar, (Planteles 143 “Yerba Santa, Zanatepec” y 136 “San Felipe de la Peña”); en habilidad matemática de los 10 primeros planteles 8 pertenecen al IEBO, primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo lugar (planteles 143 “Yerba Santa, Zanatepec”, 198 “San Sebastián Nicananduta”, 024 “Infiernillo”, 238 “San Antonio Sinicahua”, 192 “San Juan Ñumi”, 217 “Nuevo Arroyo Chicali”, 166” Villa Tejupan de la Unión” y 085 “Santa María Yosoyua”)

Resultados que nos ubican a la par o por encima de otros subsistemas de nuestra entidad, cumpliendo y rebasando estándares oficiales nacionales, sin embargo las enormes carencias en materia de infraestructura, equipamiento y personal docente, se constituyen en un gran impedimento para la incorporación de los planteles del IEBO al sistema nacional de bachillerato, debido a los altos estándares exigidos como requisitos en estos rubros.

El IEBO es un subsistema del nivel medio superior con demasiados problemas para su funcionamiento adecuado por la carencia de recursos financieros en virtud que su financiamiento es totalmente Estatal, lo que, a pesar de los grandes logros obtenidos, lo ubica en una gran desventaja en relación de otros subsistemas similares, como se demuestra en un comparativo simple de costo por alumno: COBAO 19 mil 787 pesos, CECYTEO 31 mil 568 pesos, IEBO 10 mil 728 pesos.

Señoras y señores senadores de la Republica, me dirijo a esta soberanía, para hacer un llamado a la sensibilidad que caracteriza los criterios republicanos de su actuación y solicitarles que en un acto de justicia social le brindemos nuestro apoyo y comprensión a los jóvenes de las comunidades rurales marginadas del Estado de Oaxaca, para que cuenten con espacios dignos en los cuales puedan recibir la oportunidad de cursar la Educación Media Superior con niveles de calidad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, otorgue recursos por un monto de 807 millones de pesos para dotar de infraestructura y equipamiento al subsistema de educación media superior, denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca.

Segundo. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que por conducto del Secretario de Educación, y en el marco de las atribuciones correspondientes, se incorpore al subsistema de educación media superior denominado Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca, al Convenio Marco de Coordinación Federación-Estado en materia educativa, a fin de que cuente con asignación anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.— Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA - FONDO DE RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar y destinar mayores recursos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y para el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos, con la finalidad de implantar procedimientos para el desarrollo de las zonas arqueológicas de México.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, Luz María Beristáin Navarrete, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México el turismo es la tercera fuente más importante de ingreso de divisas del país, la actividad turística aporta cerca del 9 por ciento del producto interno bruto, en consecuencia genera más de 7 millones y medio de empleos directos e indirectos, lo que equivale a más de un sexto de los mexicanos que trabajan 1, por lo que el turismo es de suma importancia en nuestro país.

En todos los estados de la República y particularmente en Quintana Roo, el turismo está vinculado con las zonas arqueológicas, vestigios, museos, etcétera. Las riquezas arqueológicas que nos dejaron los mayas, olmecas, aztecas, entre muchas otras culturas ancestrales conocidas a nivel mundial, atraen a miles de turistas que vienen a nuestro país con el motivo de disfrutar la arqueología existente en México. Los vestigios son tan recurridos por los investigadores y turistas extranjeros que inclusive piezas arqueológicas provenientes de nuestro país están en el extranjero para su disfrute.

Desafortunadamente, en la actualidad se presenta una problemática que impide el desarrollo de las zonas arqueológicas; el presupuesto que se destina a la investigación y mantenimiento es insuficiente, particularmente en Quintana Roo se estima que hay más de mil zonas arqueológicas, pero la falta de presupuesto y personal hace imposible su apertura, se está perdiendo una oportunidad de inversión en ese sector, ya que genera miles de visitas de extranjeros, así como de los mismos ciudadanos mexicanos fomentando que viajen de un Estado a otro.

Incrementar la investigación y el mantenimiento de las zonas arqueológicas ocasionará un fomento a toda una cadena de comercio, ya que se ven involucrados principalmente hoteles, restaurantes, transporte aéreo, terrestre, marítimo, esta inversión fomenta la creación de empleo.

Desde un enfoque turístico es fundamental conservar y fomentar la cultura a través de investigar, conservar e impulsar el desarrollo de las zonas arqueológicas para atraer turistas e incrementar la derrama económica, así mismo desde el punto de vista cultural, también es de suma importancia conservar la cultura que forma parte de nuestra historia.

Otro problema que se presenta consiste en que los ciudadanos de la localidad están vendiendo ilegalmente vestigios, las personas al verse en la necesidad de obtener ingresos para sobrevivir ante una falta de oferta laboral, venden dichas piezas arqueológicas, no podemos permitir que se siga perdiendo el patrimonio de los mexicanos.

Representantes del INAH e investigadores de Quintana Roo se han unido en la petición que busca un mayor incremento al presupuesto destinado para el fomento a las zonas arqueológicas.

Es menester mencionar que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en los artículos 30, 31, 32 se establece la facultad al INAH para realizar las acciones que se buscan en este punto de acuerdo, que a continuación se expresan.

Artículo 30. Toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización.

Artículo 31. En las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia señalará los términos y condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así como las obligaciones de quienes los realicen.

La importancia del legado que nos han dejado a todos los mexicanos es de suma trascendencia, razón por la cual debemos implementar proyectos, planes y todo lo pertinente para impulsar las zonas arqueológicas.

En atención a lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, se consideren y destinen mayores recursos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y para el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos, con la finalidad de implementar mecanismos para el desarrollo de las zonas arqueológicas de México.

Nota:

1 http://www,sectur.gob.mx/es/sectur/Que_es_el_Acuerdo_Nacional_por_el_Turismo

Dado en el salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

FONDO SUBSIDIARIO AL CUAL PUEDAN TENER ACCESO DE MANERA DIRECTA LOS MUNICIPIOS CON ELEVADO NIVEL DE MARGINACION

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 se destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su fortalecimiento institucional.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, senador Octavio Pedroza Gaitán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, así como en los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

1. La enorme disparidad que, en materia tanto económica como social, prevalece entre las distintas regiones del país, se ha hecho evidente de manera tal que aunque la diversidad cultural de México le signifique una riqueza invaluable, la inequidad se ha visto recrudecida a nivel local ante la crisis generalizada que en materia de desarrollo institucional padecen los municipios mexicanos.

Merced a lo anterior, es urgente poner fin al círculo vicioso que representa la imposibilidad manifiesta de cientos de municipios para presentar proyectos que les permitan acceder a recursos provenientes de los diversos fondos destinados a reducir la marginalidad económica, social e institucional de las localidades mexicanas.

Tal situación se refleja asimismo en la incapacidad técnica para el diseño de proyectos ejecutivos, tanto integrales como estratégicos, para atender los problemas de la gobernanza local, así como las funciones y servicios más elementales que le son inherentes.

2. Lo anterior se observa en el índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que refleja que México cuenta con 606 municipios con un alto desarrollo humano, 1844 municipios con desarrollo humano medio y 4 con desarrollo humano bajo, por lo cual vemos municipios con un índice de desarrollo humano similar al de los países con mayor desarrollo humano, por ejemplo: la delegación Benito Juárez del Distrito Federal (0.9509) y San Pedro Garza García, de Nuevo León (.95). Pero también existen muchos municipios con un índice de desarrollo parecido al de los países más pobres del planeta, por ejemplo: Cochoapa el Grande, del estado de Guerrero (.0.4354), y Batopilas, del estado de Chihuahua (0.4734). Para comprender mejor estas dos realidades mexicanas, Noruega tiene una media nacional de desarrollo humano de 0.948, mientras que Nigeria de .466. De tal magnitud es la brecha de la desigualdad que, en materia de desarrollo humano, prevalece en México.

3. De forma similar lo refleja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por medio de su clasificación municipal del nivel de bienestar, que establece 7 estratos donde en el 1 se encuentran los municipios con menor nivel de bienestar y 7 con el mayor nivel.

Los indicadores que se tomaron en cuenta para la clasificación fueron: el porcentaje de la población en viviendas con servicios básicos de agua, drenaje y energía eléctrica, piso diferente de tierra, paredes de materiales durables, hacinamiento, refrigerador, automóvil o camioneta propios, entre otros. Por otro lado, también considera el porcentaje de la población derechohabiente a los servicios de salud, mayor a 15 años alfabetizada, ocupada que percibe más de dos salarios mínimos y que son profesionistas o técnicos, entre otros.

Dentro de esta clasificación encontramos que el 54.85 por ciento de los municipios se encuentran entre los estratos 1 y 3, mientras que el resto se encuentra por encima de esos niveles de bienestar. Estos dos diagnósticos (del PNUD y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía) nos demuestran la disparidad en el desarrollo de los municipios mexicanos.

4. Los datos anteriormente citados, colocan a los municipios menos desarrollados en la desventaja de que no cuentan con los recursos suficientes para realizar las obras necesarias para abatir la falta de bienestar de sus ciudadanos. Bajo esta lógica es que el legislador federal, por medio de la Ley de Coordinación Fiscal, ha creado el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, que se distribuye conforme a la masa carencial de los estados y municipios. Dicho fondo tiene como objetivo disminuir la brecha de desigualdad entre los municipios.

Sin embargo, este fondo ha demostrado ser insuficiente para el desarrollo de la infraestructura que ayude a abatir el rezago en obras y servicios, y más aún para el desarrollo de las fortalezas institucionales necesarias para la gobernanza. Por lo anterior, se considera que se debe apoyar a estos municipios para el desarrollo de proyectos específicos y que puedan gestionar la aplicación de los mismos de manera directa, sin que medie el Gobierno Estatal, o cualesquier otro intermediario que dilate el procedimiento.

5. Por su parte, Desigualdad y Violencia, un artículo publicado en el Journal of Development Economics, estudia las variables causantes de violencia para una muestra de cerca de 80 países en años recientes. Resultado de ese estudio se encuentra una relación directa de varias medidas de desigualdad económica hacia diferentes tipos de crimen. Para explicar los resultados encontrados en este estudio y las implicaciones de los hallazgos se usan ejemplos como el siguiente: “...la reducción de la desigualdad en un país como Colombia a niveles comparables a los de Argentina, Australia o el Reino Unido reduciría los robos en 50 por ciento y los crímenes de contacto (crímenes sexuales, asaltos) en 85 por ciento”. Esto, desde luego, sin cambiar otras variables como el crecimiento económico o los niveles de educación y urbanización.

Por tanto, reconocer que la desigualdad económica genera violencia no es simple ideología política sino un hecho encontrado en las ciencias sociales que indica que mejorar las condiciones de equidad tiene un resultado directo respecto a la reducción de las tasas de criminalidad.

6. Es de esta forma que se plantea la necesidad de brindar un apoyo adicional a los municipios de alta marginalidad, para que puedan desarrollar proyectos, ya sea integrales o estratégicos, que contribuyan a la mejora institucional de las funciones y servicios públicos a su cargo. Al día de hoy el circulo de la pobreza se recrea en los municipios, porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación así como en muchos de los fondos y subsidios federales se requiere contar con un proyecto técnico para poderlo concursar y acceder a recursos, esto ha ocasionado que solo los municipios con un grado institucional sólido puedan acceder a esos recursos, porque son lo que tienen capacidad para hacer los proyectos y los municipio más pobres siguen sin poder atraer’ recursos por la carencia mencionada y con esto, no se ha podido reducir la brecha entre municipios ricos y municipios pobres en México.

Consideraciones

1. Que conforme lo prescriben los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye una obligación del Ejecutivo federal presentar la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos para su examen, discusión y, en su caso, modificación y aprobación por parte de la Cámara de Diputados.

2. Que corresponde a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, analizar, discutir y en su caso aprobar el Presupuesto de Egresos que presente el Ejecutivo federal.

3. Que es menester de esta asamblea, como ente representativo de la vocación federalista del Estado mexicano, tomar razón de lo vertido en el capítulo de antecedentes de la presente proposición a efecto de anticipar el diseño e instrumentación de las medidas necesarias para abatir el rezago institucional que padecen las comunidades locales más desfavorecidas en el país, así como sus gobiernos más cercanos.

4. Que el contenido del presente punto de acuerdo tiene relación directa con los puntos 1.2 y 3.1 del Pacto por México:

1.2. Los recursos del Estado llegarán directamente y sin condicionantes a la población que más los necesita y se ejercerán con reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas. La erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo fundamental: la alimentación. Por eso, la más alta prioridad la tendrá el garantizar que ningún mexicano padezca hambre (compromiso 6).

3.1. Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza; las escuelas de tiempo completo; el Programa de Empleo para Jóvenes; y la recuperación de espacios públicos junto con las comunidades. De igual forma se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para que se convierta en una verdadera prioridad nacional (compromiso 74).

Por lo anterior, se considera oportuno exhortar con la debida anticipación al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a aprobar dicha medida subsidiaria orientada a apoyar a las comunidades mexicanas más desfavorecidas, o en todo caso, la incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proceso de dictaminación, discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se incluya un fondo subsidiario municipal a favor de las comunidades mexicanas con elevado nivel de marginación, y a cuya asignación y entrega puedan acceder sus ayuntamientos en forma directa, para el desarrollo de proyectos públicos que contribuyan a su mejora institucional y con esto ayudar a disminuir la brecha entre municipios ricos y municipios pobres.

Notas:

1 Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 200-2005

2 http://www.undp.org.mx/I MG/pdf/IDH_Municipal_en_Mexico_2000-2005-2.pdf http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/genero/index.html

3 [l] La Clasificación Municipal desarrollada por el INEGI se basa en la información del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Clasifica a los municipios en 7 estratos, siendo el1 el estrato con el menor puntaje obtenido y el 7 con el mayor puntaje obtenido. los valores mínimos para los indicadores del estrato 7 se formo con el porcentaje de la población en viviendas: con servicios básicos de agua (94.57%), drenaje (91.88%) y energía eléctrica (99.01%); con piso diferente de tierra (96.29%); con paredes de materiales durables (91.81%); sin hacinamiento (70.16%); con refrigerador (86.06%); con automóvil o camioneta propios (43.66%). Por otro lado también considera el porcentaje de la población: derechohabiente a los servicios de salud (54.20%); mayor a 15 años alfabeta (96.12%); ocupada que percibe más de dos salarios mínimos (45.47%) y que son profesionistas o técnicos (10.09%); entre otros. Para leer más al respecto consultar

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de dos mil trece.— Senador Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PROYECTOS EN EL GRULLO, TONAYA, TEPATITLAN DE MORELOS Y VALLE DE JUAREZ, JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para el proyecto integral de mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, destinar los recursos necesarios para el proyecto integral de mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Valle de Juárez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juárez.

La implementación del Proyecto Integral para el mejoramiento de la Imagen Urbana del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, tiene por objeto crear una fuente de atracción turística y de comercio para el poblado. Es muy importante consolidar la imagen e identidad del municipio, y convertir este proyecto en un detonante del turismo.

Es indispensable apoyar esta obra pública con la posibilidad de armonizar los espacios públicos, así como implementar proyectos de impacto estatal, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

El proyecto propuesto por el municipio permitirá renovar los ductos que actualmente tienen, así como mejorar las condiciones de alumbrado público, lograr accesibilidad y mejoramiento de mobiliario urbano.

La concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta, por lo que la aplicación de los recursos debidos debe ser el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Esta obra beneficiara a 3 mil 500 personas de forma directa y de forma indirecta a 2 mil 228 personas. La construcción del centro cultural del Municipio de Valle de Juárez, Jalisco, para dotar al municipio de espacios que permitan lograrlo.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos por 6 millones pesos para el proyecto denominado “proyecto integral de mejoramiento de la imagen urbana” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los tres días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para el Centro Cultural de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el Centro Cultural de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Valle de Juárez es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. En 1911 se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor de Benito Juárez.

El municipio actualmente no cuenta con un área cultural apropiada y con las condiciones óptimas para el aprovechamiento de los talleres y de las actividades culturales que se realizan. Con la integración de este proyecto se dotará de espacios propios para la realización y el esparcimiento cultural en el municipio. Ello permitirá contar con distintas áreas verdes, estacionamiento, talleres, oficinas, patio central y auditorio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los ciudadanos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etcétera, que se realizan en la comunidad son con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales es una realidad, por lo que la aplicación de los recursos públicos, será el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Esta obra beneficiará de forma directa a 5 mil 798 personas. La construcción del centro cultural de Valle de Juárez, Jalisco, es indispensable para el fomento de la cultura en el municipio, y puedan dotarlos de espacios que permitan lograrlo.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar 7 millones pesos para el proyecto Centro Cultural de Valle de Juárez en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para el andador de la presa Vicente Villaseñor en Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el andador de la Presa Vicente Villaseñor en Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Valle de Juárez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juárez.

El municipio de Valle de Juárez se localiza al sureste de Jalisco, a una altura de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar esto es debido a que se encuentran ramales de la sierra de El Tigre y el Cerro del Picacho que sirve de límite con Michoacán.

El municipio tiene una superficie de 91.38 kilómetros cuadrados; limita al norte con Michoacán; al sur con Santa María del Oro; al este, Quitupan; y al oeste, Mazamitla. Según el Censo de Población y Vivienda 2012, contaba con 39 localidades siendo las principales: Valle de Juárez (cabecera municipal), Paso de Piedra, Ojo de Agua del Picacho (El Plan), Buenavista y El Moral.

Su principal cuerpo de agua es la presa de Ingeniero Vicente Villaseñor; existen también los manantiales: El Cirimo, Agua Caliente, La Ruidosa, La Fábrica y El Manzano. En su región boscosa predominan especies de pino, huizache, palo dulce, granjeno y uña de gato, principalmente; cuenta con aproximadamente mil 400 hectáreas de bosque, en donde abundan diversas especies de animales como venado, conejo, ardilla y güilota entre otras.

La falta de la construcción del andador que sirva tanto como atractivo turístico como para el desplazamiento de las personas desde la cabecera municipal a la localidad de ojo de agua del picacho y paso de piedra, ha sido un impedimento para el desarrollo de la zona.

Por tal motivo, es prioritaria la construcción del andador a la presa del Ingeniero Vicente Villaseñor en el municipio de Valle de Juárez, tiene la finalidad de construir y adecuar los espacios públicos para que se beneficien directamente a los habitantes de la localidad del mismo nombre, aunque también frenara las invasiones de la zona estatal del municipio. Se está planeando que este proyecto sea una realidad, y se convierta en un atractivo turístico de acceso peatonal y recreativo.

Este proyecto tiene por objeto crear vías de comunicación sustentables que ayuden a mejorar la imagen urbana y funcionalidad en cuanto a infraestructura, mejorando la fluidez y servicios básicos a la población en general y beneficiando a todos los habitantes que requieren del servicio y disminuyendo el tiempo de recorrido.

Esta obra beneficiara a 5 mil 798 personas de forma directa. El andador de la Presa Villaseñor se convertirá en un espacio de esparcimiento y de generación de empleos; en una palanca de desarrollo para este municipio.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos por 12 millones 115 mil pesos 563 pesos para el proyecto denominado “Andador en Presa Ingeniero Villaseñor en el municipio Valle de Juárez, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos necesarios para la plaza pública en la localidad de Buenavista de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, destinar los recursos necesarios para la plaza pública en la localidad de Buenavista de Valle de Juárez Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Valle de Juárez, es un municipio que se erigió a finales del siglo XIX, con el nombre de Valle de Mazamitla. En 1911, se dispuso el cambio de nombre de la municipalidad, en honor a Benito Juárez.

El municipio tiene una superficie de 91.38 kilómetros cuadrados; limita al norte con el Estado de Michoacán; al sur con Santa María del Oro; al este, Quitupan; y al oeste, Mazamitla. Según el Censo de Población y Vivienda 2012, contaba con 39 localidades siendo las principales: Valle de Juárez (cabecera municipal), Paso de Piedra, Ojo de Agua del Picacho (El Plan), Buenavista y El Moral.

La Plaza Pública, permitirá garantizar la correcta aplicación en el proyecto, así como para su integración social contribuyendo para las actividades recreativas y culturales. Por tal motivo es indispensable apoyar tal proyecto, y pueda ser una estrategia de mejoramiento de la localidad.

El municipio actualmente no cuenta con un área cultural apropiada y con las condiciones optimas para el aprovechamiento de los talleres y de las actividades culturales que se realizan. Con la integración de este proyecto, se dotara de espacios propios para la realización y el esparcimiento cultural en el municipio; contara con obra civil, eléctrica, de agua, jardinería, acabados, iluminación y mobiliario público.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los ciudadanos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etcétera, que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general.

Luego entonces, la inversión que representan estas obras; será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Esta obra beneficiara a 2 mil 500 personas de forma directa y a 3 mil 228 de forma indirecta. La construcción del centro cultural del municipio de Valle de Juárez, Jalisco. Es indispensable para el fomento de la cultura en el municipio, dotándolos de espacios que permitan lograrlo.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos por 2 millones 500 mil pesos para el proyecto denominado “Plaza pública en la localidad Buenavista en el municipio Valle de Juárez, Jalisco”, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tepatitlán de Morelos, es localizado en la región Altos de Sur en el estado de Jalisco, a su vez son parte de la macro región del Bajío, cuenta con una extensión de 1447 kms2 y está situado entre los 21,01’30”, y los 20,35’00” latitud norte, y los 102,33’10” y los 102,49’00” longitud oeste, actualmente se cuenta con 136 mil habitantes en el municipio según el Censo de Población y Vivienda elaborado por el Inegi al 2010, siendo la cabecera municipal más poblada con 91 mil 959 personas.

Actualmente, es el primer municipio del país productor de proteína animal con más de 20 millones de aves y una producción de 15 millones de huevos diarios generando aproximadamente: 6 mil empleos directos, siendo empleada la mayor parte de la población económicamente activa en labores de tipo primario.

Una de las preocupaciones del municipio son las vialidades principales de alta concentración vehicular, así mismo, presentan un deterioro superficial que es característico de una incapacidad estructural de pavimentación y de una infraestructura vial no funcional, ya que, existe un desmoronamiento y desprendimiento en el concreto de las capas inferiores del pavimento, al no tener un buen drenaje, el agua se estanca y se filtra por las capas y acelera esa incapacidad estructural.

Por ello, es necesario apoyar el mantenimiento de infraestructura para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes que transitan de otros municipios tengan una ruta segura y óptima. También es necesario aliviar la carga vehicular de las áreas urbanas consolidadas.

Con la construcción de las avenidas principales y sus obras complementarias se beneficiarán de manera directa los habitantes de la comunidad y la población que transitan de manera continua mejorando las condiciones viales y de servicio de y hacia el centro de Tepatitlán, siendo como objetivo principal la creación de fuentes de empleo temporales, así mismo, contaran con avenidas modernas con concreto hidráulico que otorgue seguridad a quienes la transitan de un sector a otro de la Ciudad y en algunos casos sin la necesidad de accesar al área urbana consolidada, evitando el mínimo de accidentes con los dispositivos que tienen elementos retrorreflejantes y contribuyendo a quienes circulen por las avenidas.

Estas vialidades contaran con un menor desgaste vehicular, y un mejor rendimiento en cuestión de tiempo y costos de traslados y de manera económica con el ahorro de gasolina o diesel, así como, mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, es decir; una vialidad comercial digna, moderna y una manera eficiente para el traslado tanto de mercancías y productos derivados de la economía interna de la ciudad.

Ante la solicitud de una ciudad que está en desarrollo y que se encuentra en crecimiento por parte de sus pobladores sugiere desarrollar vialidades de integración, por tal razón, es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como es la pavimentación en calle Niños Héroes, modernización del boulevard Anacleto González Flores, avenida González Carnicerito, segunda etapa, pavimentación calle Gómez Morín, pavimentación Circuito Interior Poniente tramo Carnicerito-López Mateo, pavimentación Calle Hidalgo Alameda, pavimentación en asfalto en avenida Cordillera Blanca; pavimentación en concreto hidráulico en la calle Santos Romo Paseo del Río, boulevard Anacleto González Flores. y sus obras complementarias del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y la calidad del Municipio, además de cumplir con la función de que los servicios de emergencia tengan acceso con más rapidez y efectividad en varias zonas de la población y en el municipio en general.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tepatitlán de Morelos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación en calle Niños Héroes con una inversión total de 3 millones 925 mil 135 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la modernización del boulevard Anacleto González Flores con una inversión total de 96 millones 809 mil 634 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la avenida González Carnicerito con una inversión total de 21 millones 430 mil 503 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación calle Gómez Morín con una inversión total de 6 millones 849 mil 756 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Quinto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación circuito interior poniente tramo Carnicerito-López Mateo con una inversión de 18 millones 296 mil 993 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Sexto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación calle Hidalgo Alameda con una inversión de 2 millones 337 mil 228 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Séptimo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación en asfalto en avenida Cordillera Blanca con una inversión de 2 millones 908 mil 032 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Octavo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación en concreto hidráulico calle Santos Romo, Paseo del Río, boulevard Anacleto González Flores con una inversión de 3 millones 416 mil 555 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 3 días del mes de octubre de 2013.—  Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tonaya es un pueblo y municipio de la Sierra de Amula, Jalisco, cuenta con una extensión territorial de 491.28 kilómetro cuadrados y está situado a 19°47’ de latitud norte y 103°58’ de longitud oeste, a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. Actualmente cuenta con 5 mil 930 habitantes y tenía 25 localidades, las principales: Tonaya (cabecera municipal), Coatlancillo, El Cerrito, Los Asmoles y Las Liebres, según el Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 2010.

Tonaya se destaca por su agricultura, como maíz, garbanzo, cacahuate, sorgo y melón, en la industria se industrializa el mezcal y el comercio es dedicado a la venta de productos de primera necesidad.

Por ello, el municipio necesita una infraestructura funcional en cuestión de vialidades, pues el actual deterioro de las calles como son los baches y enlodamientos dificultan y en algunos casos imposibilitan los trayectos de los habitantes de la región y de los visitantes.

Con la construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en las calles se beneficiarán de manera directa 5 mil 930 habitantes de Tonaya, pues tendrán calles que facilitarán el tránsito vehicular y más comodidad en el tránsito peatonal, se mejorará la imagen urbana y la sustitución de drenajes yagua potable, se implantarán tomas domiciliarias, lo que beneficiará a los habitantes de la comunidad, y de igual manera, disminuyendo los índices de accidentes al transitar por las calles. Asimismo, se reducirán los tiempos de traslado, facilitando el acceso y la comunicación con otras localidades con mayor seguridad y calidad.

Se crearán fuentes de empleo temporales, se terminarán los encharcamientos en temporadas de lluvia, así como la proliferación de tierra en el ambiente, todo esto a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes incrementando la plusvalía en las viviendas, y mayor seguridad a los que transitan en las calles a cualquier hora del día.

Es importante mencionar que la durabilidad de estos caminos es mucho mayor que otras superficies y son benéficos para los habitantes de las comunidades; incluso ciertos empedrados, sin mantenimiento alguno y con niveles de tráfico bajos, han resistido aproximadamente más de 30 años, sin olvidar que los pavimentos presentan niveles de servicio para toda su vida útil, por lo que el mantenimiento que se haga garantizará que los alineamientos longitudinales y transversales se mantengan.

Por ello es necesario apoyar la infraestructura para el desarrollo de la localidad y del comercio y para el beneficio de los habitantes que transitan de otros municipios tengan una ruta segura y próspera.

Ante la solicitud de una ciudad que está en desarrollo y que se encuentra en crecimiento por parte de sus pobladores sugiere desarrollar vialidades de integración, por tal razón, es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como son construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Hidalgo en la localidad de el Alpizahuatl; construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Clouthier; construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Hidalgo y Guadalupe Victoria en la localidad de las Higueras; construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la Aldama en la localidad de Tonaya; construcción de huellas de concreto y empedrado en cemento en la calle Colon; construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Loma Chica y Loma Larga en la comunidad de San Rafael; construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Juárez en la localidad de los González; construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Berlín en la localidad de Santa Gertrudis, en Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón es muy importante apoyar las obras de construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento con los recursos necesarios para que puedan beneficiar a esta comunidad.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Tonaya, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Hidalgo en la localidad de el Alpizahuatl con una inversión total de 815 mil 040 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Clouthier con una inversión total de 138 mil 952 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Hidalgo y Guadalupe Victoria, en la localidad de las Higueras con una inversión total de 1 millón 621 mil 296 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la Aldama con una inversión total de 723 mil 696 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Quinto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de huellas de concreto y empedrado en cemento en la calle Colon con una inversión de 100 mil 284 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Sexto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Loma Chica y Loma Larga en la comunidad de San Rafael con una inversión total de 752 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Séptimo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Juárez en la localidad de los González con una inversión total de 1 millón 259 mil 200 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Octavo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Berlín en la localidad de Santa Gertrudis con una inversión total de 768 mil 880 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio el Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentaria del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con m para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio el Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Grullo se localiza al suroeste del estado de Jalisco y al oriente de la región de Autlán, las coordenadas extremas son de los 190°41’30” a los 190°53’50” de latitud norte y de los 104°19’35” a los 104°53’50” de longitud oeste, con una altura de 800 metros sobre el nivel del mar y contando con una superficie de 157.20 kilómetros cuadrados, actualmente en el municipio se cuenta con 23 mil 845 habitantes según el censo de población y vivienda elabora por el Inegi al 2010.

El municipio se basa en la compra-venta de bienes y productos, siendo la práctica de la agricultura como la segunda fuente de ingresos, actualmente se producen productos de origen animal que benefician la economía municipal, como la leche de vaca en primer lugar, la producción de miel de abeja como segundo lugar y la producción de huevo para plato como tercer lugar.

Actualmente, el municipio cuenta con una red de caminos de terracerías que se comunican entre sí, es por ello, que se debe de tener en optimas condiciones debido al aumento vehicular que se empieza a transitar en esta zona para poder comercializar los productos de los habitantes, es necesario apoyar la infraestructura para el desarrollo de la red de caminos para el beneficio de los habitantes y tengan una ruta segura y próspera.

Es por ello, que las vías de comunicación y los medios de transportes son actividades indispensables en la actualidad, ya que, facilitan la integración tanto social como geográfica del territorio, por lo que, Jalisco es beneficiada y privilegiada por su entorno territorial, ya que, comunica con el centro, sur, este y norte de la Republica Mexicana siendo así, con los puertos del Pacifico.

Es por ello, que la inversión que representan estas obras será el reflejo de un gobierno eficaz y con una calidad de transparencia y honesta, propiciando el desarrollo integral de los habitantes, así como, mejorar la conectividad bajo criterios estratégicos, es decir; una vialidad digna, moderna pero sobre todo eficiente para los traslados de mercancías y productos derivados de la economía interna de la ciudad.

Ante la solicitud de una ciudad que está en desarrollo y que se encuentra en crecimiento por parte de sus pobladores se sugiere desarrollar vialidades de integración que otorguen seguridad a quienes transitan de un sector a otro beneficiando de manera directa a los habitantes del municipio el Grullo, así como, la creación de empleos temporales.

Por tal razón, es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como es: “la Pavimentación en la calle Corregidora entre las calles Circunvalación y Cesárea González; Pavimentación en la calle Morelos entre las calles Circunvalación y Cesárea González; Pavimentación de la calle Juan Valdivia entre las calles Circunvalación y Laura Cosío; Pavimentación de la calle Celestina Pimienta entre las calles Juan Valdivia y Cuauhtémoc; Pavimentación de la calle Laura Cosío entre las calles Juan Valdivia y General Anaya; Pavimentación de la calle la Paz entre las calles Donato Guerra y Corregidora; Construcción de carretera Hacienda Nueva a la comunidad de Cucuciapa”, del municipio El Grullo, Jalisco.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de El Grullo, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo pavimentación de la calle Corregidora entre las calles Circunva1ación y Cesárea González con una inversión de 1 millón 700 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Pavimentación en la calle Morelos entre las calles Circunvalación y Cesárea González con una inversión de 2 millones 750 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Pavimentación de la calle Juan Valdivia entre las calles Circunvalación y Laura Cosío con una inversión de 800 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Pavimentación de la calle Celestina Pimienta entre las calles Juan Valdivia y Cuauhtémoc con una inversión de 3 millones 500 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Quinto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Pavimentación de la calle Laura Cosío entre las calles Juan Valdivia y General Anaya con una inversión de 1 millón 250 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Sexto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Pavimentación de la calle la Paz entre las calles Donato Guerra y Corregidora con una inversión de 1 millón 380 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Séptimo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de carretera Hacienda Nueva a la Comunidad de Cucuciapa con una inversión de 6 millones de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los tres días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

ACCIDENTE EN EL EXTREMO AEROSHOW, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, EL 5 DE OCTUBRE DE 2013

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Pedro Domínguez Zepeda. Dígame, señor diputado.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda(desde la curul): Con el objeto de solicitar un minuto de silencio, señor presidente. Como seguro es del conocimiento de las señoras y señores diputados, el pasado día 5 de octubre tuvo lugar un trágico y lamentable incidente en la ciudad de Chihuahua, donde perdieron la vida ocho personas en un espectáculo público organizado por la presidencia municipal de Chihuahua y siete de las personas que se vieron afectadas se encuentran aún en un estado crítico.

El gobierno del estado inició —desde el primer momento y por conducto de la Fiscalía General del estado— la investigación necesaria para imputar las responsabilidades correspondientes y ejercer la acción penal contra él o los responsables de tan lamentable incidente, a efecto de que se aplique con todo rigor el peso de la ley y que no haya impunidad de ningún tipo en este incidente.

Por ello y haciendo votos para que la tristeza de estas familias y el luto que viste el corazón de los chihuahuenses —y esto lo digo de verdad, de todo corazón, Chihuahua se encuentra de luto— no sean utilizados como argumentos político-partidistas, respetuosamente los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI por Chihuahua le solicitamos, señor presidente, tenga a bien proveer lo necesario para que se guarde un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sobre el mismo asunto me ha pedido la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf(desde la curul): Gracias, presidente. Precisamente confirmo la petición de mi colega compañero, en cuanto al minuto de silencio. Pero además quisiera agregar que ojalá pudiera aceptarnos presentar un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para turnar este asunto a la investigación, más que a la investigación al conocimiento del ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, precisamente, contemos con una visión objetiva en el gobierno de Chihuahua en atención a los asuntos ocurridos en el estado.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Le daremos el trámite que corresponde. Me pide la palabra para el mismo asunto la diputada Rocío Reza. Sonido en su curul.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Únicamente para sumarme a esta petición de los diputados del PRI por el estado de Chihuahua de este hecho lamentable que ha entristecido a las familias en la ciudad de Chihuahua y en mi estado completo. Asimismo el solicitar el que se deslinden responsabilidades de este hecho tan lamentable. Es cuando, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín, ¿es sobre el mismo asunto, señor diputado?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): El mismo asunto. Solamente que quiero comentarle que cómo es posible que en el caso de Chihuahua, en donde hay más de siete personas afectadas con su vida, ya se está procediendo a la investigación y en el caso de todos los difuntos que tenemos por la contingencia y en el caso de Conagua, al director todavía no se sabe nada acerca de si se le va a efectuar algún juicio. Debe ser pareja la ley para todos, para el de Conagua y para el de Chihuahua.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su expresión. Esta Presidencia concede el minuto de silencio como ha sido solicitado. Pido a las legisladoras y a los legisladores ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Carlos Uribe Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral I, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que seadiciona la fecha 13 de agosto: Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Revolución Mexicana iniciada en 1910 fue el acontecimiento más importante del siglo XX en nuestro país, ya que se logró destituir del poder a Porfirio Díaz, quien gobernó más de 30 años, siendo además un periodo que se caracterizó por las marcadas diferencias sociales entre los mexicanos.

Este acontecimiento tan importante estuvo lleno de sucesos relevantes que determinaron la forma en que ahora se encuentra forjado nuestro país. Sin embargo, en realidad poco se conoce de su totalidad, ya que existen demasiadas obras que relatan este acontecimiento haciendo alusión a los hechos que ellos consideran de manera subjetiva más importantes, como por ejemplo, la firma del Plan de San Luis, la entrada triunfal de Madero a la Ciudad de México en 1911, entre otros; sin embargo, existen hechos igualmente relevantes que son poco conocidos o bien, no se les reconoce su importante contribución a la construcción del país.

Ejemplo de ello lo representa la firma de los Tratados de Teoloyucan, realizada el 13 de agosto de 1914, el cual fue un documento que representó la victoria de las clases medias y populares sobre las élites porfiristas del viejo régimen, y la disolución del Ejército federal.

La historia nos indica que, una vez que la Revolución maderista triunfó en 1911, y que Francisco I. Madero llegó al Poder Ejecutivo de la nación, su gobierno se caracterizó como de transición democrática; sin embargo, esto ocasionó descontento entre la clase alta de la sociedad, por lo que en 1913, Victoriano Huerta se lanza contra el gobierno del presidente Madero, lo asesina, hecho que se conoce como La Decena Trágica, y reinstaura el sistema que operaba durante el Porfiriato, es decir, devuelve los privilegios a la clase alta, por lo que a su gobierno lo apoyaban los banqueros, grandes industriales, comerciantes, el clero y el ejército federal. Mientras, en el otro lado, en contra de Huerta estaba el pueblo, los campesinos, obreros, mineros, pequeños agricultores e intelectuales de la clase media.

Dicha situación provocó la reacción del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y algunos jefes revolucionarios como Francisco Villa.

Y es precisamente don Venustiano Carranza Garza quien inicia con el movimiento en defensa del orden constitucional.

El 19 de febrero de 1911la XXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Coahuila y Zaragoza, emite el decreto número 1421 por medio del cual se desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter de presidente de la República, y en el artículo segundo de dicho decreto instruye al gobernador Carranza para que proceda a armar las fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la república.

El 26 de marzo de 1913 se firma el Plan de Guadalupe, donde en el artículo 4o. de dicho plan señala que para la organización del ejercito encargado de hacer cumplir sus propósitos, nombran como primer jefe del ejército que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador constitucional del estado de Coahuila.

Tras 16 meses de lucha, con la derrota de Zacatecas, Torreón y Guadalajara, marcado desatino del gobierno huertista para hacer frente a la nueva revolución, permitieron el avance revolucionario hasta acercarse a la Ciudad de México como objetivo, y aunado a la presencia de los barcos de guerra estadounidenses en el puerto de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país quedando al frente del gobierno el licenciado Francisco S. Carbajal.

De esta manera, con el interés de no extender los daños a la sociedad, revolucionarios y representantes del gobierno huertista, se reunieron en la población de Teoloyucan, estado de México, para decidir la rendición de la capital del país y definir las condiciones en que se daría la rendición, disolución y evacuación del Ejército federal, aquel 13 de agosto de 1914.

De esta manera, puede decirse que con los tratados de Teoloyucan concluyó la segunda etapa de la Revolución Mexicana, al pactarse la disolución del Ejército federal, quedando de manifiesto el triunfo del Ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza.

Como se ha visto, la firma de los Tratados de Teoloyucan representa un parteaguas en el respeto del orden constitucional de nuestro país. Así lo han reconocido, además, diversos investigadores e historiadores, al consultárseles sobre este tema:

El maestro Salvador Rueda Smithers, director del Museo Histórico del Castillo de Chapultepec, mediante oficio 401-12-01-011 dirigido al presidente municipal de Teoloyucan, estado de México, señala que: “... el 13 de agosto de 1914 constituye una fecha de gran significado histórico ya que en tal día se verificó un evento trascendental: el fin del viejo régimen y el nacimiento del México moderno con un acontecimiento puntual: la firma de los Tratados de Teoloyucan...” Además señala: “Por todo lo antes mencionado, y habiendo realizado el análisis pertinente al proyecto presentado en coordinación con el área de investigación de este museo, en torno a la importancia que la fecha 13 de agosto de 1914 tiene para toda la nación, consideramos que esta cuenta con merecimientos propios para ser considerada dentro de las fechas denominadas día nacional”.

El licenciado Edgar Damián Rojano García, director del Museo Nacional de la Revolución, también respondió que “... resulta pertinente proponer ante las instancias correspondientes que la fecha del 13 de agosto de 1914 sea considerada en el calendario cívico como parte de las fechas denominadas día nacional.”

Por su parte, el doctor Álvaro Matute Aguirre, historiador del Instituto de Investigaciones Históricas señala que “...Los Tratados de Teoloyucan significan el fin de las hostilidades sufridas por el país durante cerca de año y medio. Con Teoloyucan se proyecta un futuro, el cual anuncia grandes propuestas revolucionarias que pasaron del reclamo al gobierno usurpador a las reivindicaciones sociales con las que se fortaleció el Estado mexicano a partir de 1917.”

Igualmente el historiador Luis Enrique Moguel Aquino, señala que “... Desde otra óptica, los tratados son considerados como el acta de nacimiento del moderno ejército mexicano que surgía de la incorporación del antiguo ejército federal porfirista a las tropas constitucionalistas. Por lo antes mencionado, considero sin duda alguna que la fecha señalada cuenta sobradamente con merecimientos propios para ser incluida dentro de las fechas denominadas día nacional, como lo ha sido la firma del Plan de Guadalupe, del cual los Tratados de Teoloyucan son antecedente histórico. ...”

Como puede apreciarse, la firma de los Tratados de Teoloyucan del 13 de agosto de 1914 coadyuvó a recobrar el orden constitucional del país durante la Revolución Mexicana, y sentó la constitucionalidad de lo que hasta la fecha ha sido para nuestra nación el Ejercito Nacional.

Por ello, esta fecha merece ser recordada por todos y cada uno de los mexicanos, lo cual se logrará con el honor de que el 13 de agosto de cada año, la Bandera Nacional sea izada a toda asta.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona la fecha 13 de agosto: Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

21 de enero: Aniversario del nacimiento de Ignacio Allende, 1779.

1 de febrero: Apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

5 de febrero: Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

19 de febrero: Día del Ejército Mexicano.

24 de febrero: Día de la Bandera.

1o. de marzo: Aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla.

18 de marzo: Aniversario de la Expropiación Petrolera, en 1938.

21 de marzo: Aniversario del nacimiento del Presidente Benito Juárez, en 1806.

26 de marzo: Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe.

2 de abril: Aniversario de la toma de Puebla, en 1867.

1o. de mayo: Día del Trabajo.

5 de mayo: Aniversario de la victoria sobre el ejército francés en Puebla, en 1862.

8 de mayo: Aniversario del nacimiento, en 1753, de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia de México.

15 de mayo: Aniversario de la toma de Querétaro por las Fuerzas de la República, en 1867.

1 de junio: Día de la Marina Nacional.

21 de junio: Aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el Imperio, en 1867.

13 de agosto: Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914.

19 de agosto: Aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, en 1811.

1o. de septiembre: Apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

11 de septiembre: Aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico, en 1829.

14 de septiembre: Incorporación del estado de Chiapas al Pacto Federal.

15 de septiembre: Conmemoración del Grito de Independencia.

16 de septiembre: Aniversario del inicio de la Independencia de México, en 1810.

27 de septiembre: Aniversario de la Consumación de la Independencia, en 1821.

30 de septiembre: Aniversario del nacimiento de José María Morelos, en 1765.

12 de octubre: Día de la Raza, y Aniversario del Descubrimiento de América, en 1492.

22 de octubre: Aniversario de la constitución del Ejército Insurgente Libertador, en 1810.

23 de octubre: Día Nacional de la Aviación.

24 de octubre: Día de las Naciones Unidas.

30 de octubre: Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero, en 1873.

6 de noviembre: Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813.

20 de noviembre: Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en 1910.

23 de noviembre: Día de la Armada de México.

29 de diciembre: Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza, en 1859.

Los días de clausura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

b) ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Hernández Lazcano, Alejandro Felipe. Ecos de la Revolución. Impresora Hermanos. 1era ed. México, DF. Mayo 2010. Pág. 157.

2. http://www.sedena.gob.mx/index.php/conoce-la-sedena/antecedentes-historicos/sed ena/efemerides-del-ejercito-mexicano/agosto/184-13-de-agosto-de-1914-firma-de-l os-tratados-de-teoloyucan

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.— Diputado Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Carlos Octavio Castellanos Mijares y Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los suscritos, diputados Carlos Octavio Castellanos Mijares y Rubén Acosta Montoya integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El deterioro ambiental de México ha venido agravándose a través del tiempo, por lo que distintas medidas han sido implantadas para el control y manejo de diversos contaminantes. Sin embargo, la utilización de instrumentos económicos en el ámbito ambiental, aún sigue siendo escaso y los costos que se derivan de la depredación ecológica continúan sin ser absorbidos por los principales contaminadores.

Esta no consideración de los costos ambientales en las decisiones de producción y consumo, a su vez se deriva de la presencia de distorsiones económicas en los diferentes mercados de bienes y servicios, lo cual hace que los costos privados difieran de los sociales.

Así, desde el punto de vista económico se vuelve necesario implementar mecanismos que busquen o lleven a internalizar los costos ambientales, de manera que con ello se modifiquen las conductas de producción y consumo a favor del medio ambiente y se maximice el bienestar social.

En esta iniciativa se intenta establecer un instrumento económico, que permita el mayor reciclamiento de envases fabricados con tereftalato de polietileno (PET).

El principal problema ambiental del PET es su disposición final, ya que una vez que se convierte en residuo, es notoria su presencia en los cauces de corrientes superficiales y en el drenaje provocando taponamiento y dificultades en los procesos de desazolve, facilitando inundaciones, así como  la contaminación de calles, bosques y selvas y el océano, generando “basura”.

Se sabe que el 54 por ciento del PET en México se encuentra en almacenes para su distribución, así como en cauces, calles o tiraderos clandestinos; el resto está en centros de acopio para su reciclaje o en rellenos sanitarios.

Esto implica un problema de disposición de residuos, considerando el potencial de reutilización que tiene el PET. Además, en México del total de residuos que se reciclan, el plástico representa tan sólo el 0.5 por ciento.

Impulsar el reciclaje nacional del PET es una medida urgente, primero por lo que respecta a la limpieza pública y el manejo eficaz de la gestión integral de los residuos para evitar su acumulación en los rellenos sanitarios, sino también porque es preciso transitar hacia una economía sustentable que ahorre materia prima y recursos energéticos.

Se sabe que cada año se producen alrededor de 9 mil millones de botellas de PET, que representan casi una tercera parte de la basura doméstica generada en México. Anualmente 90 millones de botellas de refrescos y agua purificada son lanzadas a las vías públicas, bosques y playas.

Si bien por sus características de peligrosidad la mayoría de los plásticos sintéticos no representan un riesgo para el ambiente, sí son un problema mayor porque no pueden ser degradados por el entorno. Al contrario de lo que ocurre con la madera, el papel, las fibras naturales o incluso el metal y el vidrio, los plásticos no se oxidan ni se descomponen con el tiempo. Una botella de PET tarda hasta 500 años en degradarse. Su eliminación es por lo tanto, un problema ambiental de dimensiones considerables.

Las botellas de PET llegaron a México a mediados de la década de 1980 con gran aceptación entre los consumidores.

El consumo aparente de PET en 1997, según datos del Instituto Nacional de Ecología, fue de 105 mil 931 toneladas aproximadamente, y en el año 2000 fue de 297 mil 191 toneladas.

En la actualidad, nuestro país es el principal consumidor de bebidas embotelladas. Se estima que en México se consumen alrededor de 800 mil toneladas de PET al año, con un crecimiento anual de 13 por ciento.

Pese a esto, es de destacar que el reciclado de plásticos se encuentra aún en su primera etapa en países de América Latina. Países como Alemania, Japón y Estados Unidos han desarrollado programas de recolección de residuos, teniendo éxito después de varios años. Estos programas se fundamentan en un cambio de cultura, en la que los pobladores conocen y reconocen la diferencia entre las distintas especies de materiales y los separan al final de su vida útil.

Es por ello, que el día de hoy proponemos una adición a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios con la finalidad de establecer a la enajenación o en su caso importación  de envases fabricados con tereftalato de polietileno (PET) que cumplan la función de contener y proteger un producto para su distribución, comercialización y consumo, ya sea retornable o no retornable, una cuota de 5 pesos por envase no reciclado.

Para ello, las personas físicas y morales que lleven a cabo dentro del territorio nacional la enajenación o, en su caso, la importación definitiva de envases de PET o productos cuyo consumo implique el desecho de éstos, estarán obligadas a establecer los mecanismos necesarios para la adecuada disposición final y el reciclamiento de 2 de cada 4 envases.

De tal forma que sólo en caso de no realizarse la cuota de reciclamiento anterior, las personas físicas y morales correspondientes, estarán obligadas al pago de la cuota  por envase no reciclado señalada. Si por el contrario, los productores cumplen con la cuota de reciclamiento establecida, estarán exentos del pago de este impuesto.

Se propone que este impuesto no se aplique en caso de que la producción de dichos envases se realice con material reciclado, es decir, que dicha botella provenga del reciclamiento de una previa.

Tomando como referencia información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC, y el Centro Empresarial del Plástico, partimos de un escenario bastante conservador en donde tomamos un volumen de producción de botellas y frascos de PET registrado en el año 2012 de alrededor de 1,600 millones de piezas, por lo que se calcula que la recaudación potencial de este impuesto podría ser de alrededor de 3,400 millones de pesos.

Sin embargo, esta recaudación pudiera ser mucho mayor considerando que existen algunas fuentes que reportan una producción de botellas de PET de alrededor de 9 mil millones de piezas al año.

Asimismo, proponemos que los recursos provenientes por la aplicación de esta cuota vayan etiquetados de manera íntegra a la tecnificación y mejoramiento del control y manejo de residuos sólidos y rellenos sanitarios de los Municipios con mayor grado de marginación.

Lo anterior es de gran relevancia, pues el principal fundamento de esta propuesta es poder restituir los daños ambientales causados por la contaminación que genera el PET, y la mejor forma de hacerlo, es través de la tecnificación del manejo de los residuos sólidos en los municipios que más lo necesita, en donde el alto grado de marginación, provoca que carezcan  hasta de camiones de basura apropiados.

Además, con estos recursos adicionales los municipios podrían incluso establecer plantas de reciclamiento de PET y generar mayores recursos a partir de esto.

Sabemos que esta propuesta implica un costo importante para un sector productivo específico, por lo que es determinante que los  recursos generados a partir de este esfuerzo lleguen realmente a quienes más lo necesitan, y además, contribuya al fortalecimiento de los municipios más marginados.

En México, el principal uso de los envases de PET lo llevan las botellas de refresco, con más del 50 por ciento, seguido del agua embotellada (17 por ciento) y se recicla alrededor de 15 por ciento del PET que se consume. Este fenómeno se asocia con el precio al que se compra un kilogramo de PET que es de tan sólo de 2 pesos, mientras que el kilogramo de aluminio se compra en 9 pesos. El reciclaje del aluminio oscila en 50 por ciento.

El sistema de reciclaje de residuos en México se desarrolló desde la década de 1960, gracias al sector informal, es decir los llamados “pepenadores”.

En el año 2000 se creó Ecoce, una unión de 75 refresqueros, embotelladores y envasadores mexicanos; esta empresa recicladora se comprometió a recuperar un 36.5 por ciento de las botellas de PET. Sin embargo, el reciclaje de PET se calcula en 50 mil toneladas por año. De manera que la propuesta que hoy hace nuestro grupo parlamentario, no puede realizarse sin la mención del esfuerzo y compromiso que han mostrado los productores.

El mercado natural para el reciclaje de PET tiene un gran potencial, ya que de los que se recolecta, sólo entre 20 y 30 por ciento se queda en nuestro país, el resto se exporta a China y otros países a un precio de 3 pesos el kilo. China es el principal mercado de reciclado, este país importa 250 mil toneladas de Estados Unidos, 150 mil de la Unión Europea y 25 mil de México.

Se calcula que el valor potencial del mercado de reciclaje de PET asciende a 700 millones de dólares anuales; sin embargo, hasta el momento sólo se aprovecha alrededor de 15 por ciento de lo que se produce en el país.

El valor actual de la incipiente industria de reciclaje de PET en México se calcula en 44 millones de pesos.

Es así, que con esta reforma lo que se pretende es incentivar el reciclamiento de envases, embalajes o contenedores de PET mediante la internalización del costo ambiental que implica el desecho de estos productos.

Esta cuota que se implementa a través de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no pretende ser un cobro indiscriminado con el perverso incentivo de incrementar a toda costa los ingresos públicos. Con esta propuesta pretendemos implementar de manera más formal y contundente, la utilización de instrumentos económicos para el mejoramiento del medio ambiente.

Si bien el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5, de la Constitución Política no establece en sus incisos la posibilidad de imponer un gravamen especial a los productos elaborados con PET, el mismo precepto en su fracción VII faculta al Congreso para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Desde esta perspectiva, el impuesto que se señala queda plenamente justificado ante la necesidad de recursos para solventar el daño ambiental causado por el desecho de envases, embalajes o contenedores de PET.

Aunado a esto, la experiencia internacional nos muestra como en otros países los impuestos ecológicos han funcionado para lograr una disminución y control del uso y producción de envases y embalajes de plástico.

Así, por ejemplo observamos que la ley suiza establece que deben recuperarse tres de cada cuatro botellas fabricadas con PET para su reciclado por parte de las empresas involucradas, de lo contrario existen una serie de impuestos y requisitos que deben cumplirse.

PET Recycling Switzerland, que es la empresa encargada del reciclamiento en Suiza, cobra a la industria de bebidas gaseosas cuatro céntimos por envase para cubrir unos costes anuales de 43 millones de euros.

En el caso de Hungría, el material para empaquetar o envasar productos no fue considerado un grave problema sino hasta 1989, cuando este país entro en la transición para ser una economía de mercado. Anterior a esta fecha, tenía un sistema obligatorio de depósito-rembolso para diferentes tipos de empaquetamiento de productos, particularmente para los envases de vidrio. La Secretaría de Medio Ambiente de ese país propuso en 1993 un impuesto al empaquetamiento o envase de los productos, para incentivar de otra forma el reciclado en la industria. En un principio la propuesta tuvo mucha oposición y sufrió varias modificaciones en el largo proceso de negociación, hasta que finalmente en 1996 se instrumentó el impuesto.

Por otra parte, debido al enfoque de responsabilidad extendida de fabricantes, en países como Alemania y Austria tienen costos muy altos ya que toda la responsabilidad recae en los fabricantes (envasadores); en Bélgica y Francia se sigue un enfoque de responsabilidad compartida, donde las autoridades juegan un papel en todo el sistema de recolección y sólo el costo adicional por encima del costo normal del manejo y disposición de los residuos es pagado a través de los sistemas alternativos.

En Estados Unidos, el sector privado es quién se dedica a la recolección de residuos. En los últimos años, la competencia entre los diferentes recolectores privados ha fomentado un enorme número de innovaciones, tales como nuevos tipos de camiones de recolección o camiones especializados en transportar los residuos reciclables para su posterior reprocesamiento, lo cual ha generado una reducción de hasta 20 por ciento en los costos de reciclaje.

En México, desde el año 2001, las diversas fuerzas políticas de nuestro país,  han realizado propuestas con la finalidad de gravar los envases de PET, no solo a nivel federal, sino también a nivel local. Sin embargo, nunca se han llevado a buen término a pesar de coincidir en la necesidad de transformar el mercado del PET.

Es por estas razones, que consideramos que es momento de analizar esta iniciativa, junto con las distintas enmiendas que en su momento cada grupo parlamentario ha defendido.

Finalmente, la experiencia ha mostrado que los enfoques preventivos son mejores, en cuanto a resultados y costos, por lo cual se considera que es más barato prevenir que remediar. La liberación de las sustancias tóxicas al ambiente, ya sea a través de su emisión al aire, de su descarga a los cuerpos de agua, o de la generación de residuos peligrosos es, sin lugar a dudas, un signo de ineficiencia de los procesos productivos.

Reducir la demanda de botellas de PET es un paso esencial en la concientización de la reducción de los residuos. De acuerdo con un estudio del Environmental Products Inc, cada segundo se tiran a la basura mil 500 botellas de PET. Lo anterior equivale a 17 millones de barriles de petróleo usados (que podrían abastecer a cien mil autos por año), la emisión de 2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y 100 mil millones de dólares gastados, que servirían para que cada persona en el planeta tuviera acceso al agua potable.

Modificar nuestros hábitos de consumo, disminuyendo el volumen de residuos que generamos es fundamental en la lucha contra el cambio climático, y es una de las acciones que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo.

Para atender esta falla e internalizar los costos ambientales, los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, acordaron el principio de “quien contamina paga”. Este principio sostiene que aquellos agentes económicos que contaminen deberían asumir los costos totales de cualquier daño ocasionado por la producción de bienes y servicios contaminantes.

Así, con la implementación del gravamen que se propone, pretendemos lograr establecer mecanismos que obliguen a las empresas a comparar el impuesto que tendrían que pagar con los gastos por descontaminar, de tal manera que bajo estas premisas tengan un grado de consciencia respecto al nivel de contaminación que desean generar.

La presente iniciativa busca otorgar un valor real a los recursos naturales y al medio ambiente, utilizando instrumentos propios de la economía de mercado que fomenten la aplicación de nuevas tecnologías y la entrada de productos más amables con nuestro entorno natural.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único. Se adiciona un inciso I) a la fracción I del artículo 2º; se adiciona un artículo 2E y se adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 8; todos a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) a H) ...

I) A los envases fabricados con tereftalato de polietileno (PET) que cumplan la función de contener y proteger un producto para su distribución, comercialización y consumo, retornables o no retornables, se aplicará una cuota de 5 pesos por envase  no reciclado.

Artículo 2E. La cuota señalada en el artículo 2o., fracción I, inciso I), de esta ley se aplicará conforme a lo siguiente:

Las personas físicas y las morales que lleven a cabo dentro del territorio nacional la enajenación o, en su caso, la importación definitiva de envases de Tereftalato de Polietileno (PET) o productos cuyo consumo implique el desecho de éstos, estarán obligadas a establecer los mecanismos necesarios para la adecuada disposición final y el reciclamiento de 2 de cada 4 envases.

Sólo en caso de no realizarse la cuota de reciclamiento anterior, las personas físicas y las morales correspondientes, estarán obligadas al pago de la cuota señalada en el artículo 2° fracción I inciso I) de esta ley por cada envase no reciclado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá la obligación de establecer un mecanismo de control de producción y reciclamiento, a fin de que se pueda llevar a cabo la fiscalización correspondiente.

Los recursos provenientes por la aplicación de esta cuota se destinarán de manera íntegra a la tecnificación y mejoramiento del control y manejo de residuos sólidos y rellenos sanitarios de los municipios con mayor grado de marginación.

II. ...

Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:

I. Por las enajenaciones siguientes:

h) Las de los envases señalados en el artículo 2o., fracción I, inciso I), cuando su producción se llevaré a cabo a partir de material reciclado o de reuso.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 El problema ambiental del PET. El Ecologista.

2 El problema ambiental del PET. El Ecologista.

3 Datos del INECC con datos del Inegi (2013) y Centro Empresarial del Plástico (2012).

Referencias:

El problema ambiental del PET. El Ecologista.

The Plastic Division of the American Chemistry Council INC. Franklin Associates. 2010. Final Report. Life cycle inventory of 100% postconsumer HDPE and PET recycled resine from postconsumer containers and packaging. 73 pp.

Gobierno del Distrito Federal. 2006. El PET y su situación actual en el Distrito Federal. Página 23.

Aguilar, J.A. Revista del Consumidor. Evases de PET. Página 5, Profeco.

Aizenshtein. E.M. 2006. World production and consumption of polyester fibers and threats. Fibre Chemistry. Volumen 38 (3): 264-271.

Semarnat. 2009. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y en el mundo.

Dado en la Cámara de Diputados, a 8 de octubre de 2013.— Diputados: Carlos Octavio Castellanos, Gabriela Medrano Galindo (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, Laura Ximena Martel Cantú, diputada en la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

La etapa de cambio y renovación por la que atraviesa nuestro país, demanda generar mecanismos que permitan consolidar, desde el ámbito de nuestras atribuciones, un gobierno moderno, capaz de racionalizar el gasto público y efectivo para cumplir con eficiencia los fines del servicio público. Un gobierno transparente que, efectivamente, rinda cuentas a los ciudadanos.

La vigilancia del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, es uno de los mecanismos que nos permiten observar la capacidad del gobierno para administrar los recursos; refleja la disciplina con la que se está gastando, y facilita medir el cumplimiento de las metas y objetivos con respecto del total de recursos utilizados.

Es por ello, que el Presupuesto de Egresos de la Federación debe regirse bajo una política que consolide los principios de austeridad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, para lo cual es necesario incorporar medidas de control, a fin de lograr una administración presupuestal apegada a estos.

En razón de lo anterior, la propuesta pretende establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la obligación para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se incluyan las disposiciones en materia de disciplina, control, racionalidad y transparencia presupuestal.

Consideraciones

En los últimos años, se han hecho esfuerzos por instrumentar mecanismos que doten de transparencia y austeridad al gasto público.

El artículo 7, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, señala que los responsables de la ejecución del presupuesto deberán poner a disposición del público y actualizar la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Actualmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contempla disposiciones generales para transparentar la administración de los recursos públicos, y para promover su uso bajo principios de austeridad:

1. Incluye un capítulo titulado De la austeridad y disciplina presupuestaria, en el cual se establece que los ejecutores del gasto deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, siempre y cuando no se afecten las metas de los programas aprobados en el presupuesto.

2. Contempla que los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, deberán ser destinados a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere.

3. Establece la obligación de que el Ejecutivo, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, implemente un programa de mediano plazo para promover, entre otras, la reducción de gastos de operación de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de poder medir los avances que se van obteniendo e implementar acciones orientadas a lograr mejoras continuas.

En razón de ello, se ha dado el caso que por decreto, el gobierno federal establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal e implementa acciones para tales efectos, tales como:

• No se crean plazas en nivel alguno.

• No se autoriza incremento salarial en términos reales para mandos medios y superiores.

• No procede la adquisición de inmuebles, mobiliario para oficinas ni vehículos, etcétera.

• Se realiza la contratación consolidada o al amparo de los contratos marco vigentes de materiales y suministros; siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles, y se observen los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez.

• Se utiliza la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas que realicen cuando los bienes a adquirir o servicios por contratar satisfagan los requisitos y condiciones y se asegure la obtención de las mejores condiciones para el estado.

• Se procura la reducción en el gasto administrativo y de operación en conceptos, tales como: contrataciones por honorarios y eventuales; viáticos, pasajes y gastos de representación; asesorías, consultorías y capacitación; erogaciones relacionadas al pago de horas extra; y costos de operación incluyendo servicios, materiales y suministros.

Medidas de austeridad que si bien son adecuadas y loables, son discrecionales, ya que actualmente, en la ley no existe un mandato para que se incluyan dentro del propio proyecto y luego en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, lineamientos y medidas de austeridad y transparencia que ajusten el ejercicio de dicho instrumento, lo cual promueve la discrecionalidad en el gasto y en la transparencia del mismo, pues supedita su ejercicio a la voluntad temporal de quien lo ejecuta.

En el proyecto de Egresos de la Federación para 2014 enviado por el Ejecutivo, se observan diversas medidas presupuestarias impuestas a Pemex y al IMSS. Además, existe un Capítulo II, cuyos artículos 16, 17 y 18 exclusivamente se refiere a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública. En el artículo 15, señala a la letra que “los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este Presupuesto...”

Dichas medidas, evidentemente son adecuadas al igual que su finalidad. Es menester señalar el acierto del Ejecutivo a incorporarlas al Proyecto de Presupuesto y la pertinencia de las mismas, particularmente si consideramos la difícil situación económica por la que atraviesa el país.

En este sentido y a la luz de la verdad, es de reconocer que el Poder Ejecutivo al incorporar estas medidas, está respondiendo a las exigencias de los nuevos tiempos y de la sociedad. Ahora, para lograr un círculo virtuoso le toca a esta Cámara realizar lo conducente, a efecto de perfeccionar la norma jurídica, que permita al Poder Legislativo cumplimentar cabalmente su función.

Bajo este orden de ideas, la insistencia de crear mecanismos que generen certidumbre acerca de los principios que deberán orientar el diseño, aprobación y ejecución de los recursos públicos.

Por ello, con esta Iniciativa se busca incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la obligación de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se especifiquen:

1. Las medidas de disciplina y racionalidad a realizar para reducir el gasto y las metas de ahorro que se pretenden alcanzar anualmente.

2. Las responsabilidades de los ejecutores del gasto en materia de transparencia.

Lo anterior, en cumplimiento no sólo con los principios de la gobernabilidad democrática, sino además cumplimentando cabalmente con una de las más altas funciones que le han sido conferidas a este Congreso: El control y evaluación de los actos del Poder Ejecutivo federal.

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Decreto

Único.Se adiciona la fracción V al artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 16....

I. a IV. ...

V. Los criterios de austeridad y transparencia, señalando las medidas específicas de disciplina y control presupuestario que las dependencias y entidades de la administración pública federal ejecutarán para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, haciendo explícitas las metas de ahorro que se pretenden alcanzar con dichas medidas, a fin de fomentar la calidad y transparencia del gasto público.

Los resultados obtenidos de las medidas de apoyo y austeridad aplicadas, deberán incorporarse a los informes a que se refiere el artículo 106 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2013.— Diputados: Laura Ximena Martel Cantú, Fustino Félix Chávez, Elvia María Pérez Escalante, Angelina Carreño Mijares, Gabriela Medrano Galindo, Antonio Sansores Sastré (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ya he concedido la palabra al orador, inmediatamente después le preguntaré con qué objeto, diputado.

El diputado Luis Armando Córdova Díaz: Señor presidente, compañeras y compañeros diputados, con las fuerzas políticas que convergen en el Pacto por México, el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, dio un paso firme en la consolidación democrática de nuestro país al presentar la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, propuesta que se centra en estimular la competencia entre las empresas prestadoras de servicios en la materia.

Define las telecomunicaciones como un servicio público de interés general y reposa en una sólida construcción basada en los derechos humanos. Cito: Las tecnologías de la información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones se han convertido en un instrumento básico de participación social y desarrollo económico. Esto es así, porque favorece las libertades de expresión y difusión, el acceso a la información y potencializan el crecimiento económico, la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, el crecimiento, la difusión de las ideas y la cultura, entre otros aspectos.

En sus principales conceptos señala la iniciativa como principios fundamentales el derecho a la información, a la libertad de expresión, el derecho al acceso de las tecnologías de la información, la telecomunicación, el Internet y banda ancha.

Dos. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestadas en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.

Tres. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestada en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento a los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional.

Además, la propuesta legislativa se funda en una estructura de los derechos humanos ligados a la libertad de pensamiento, acceso a la información y libertad de expresión, con la finalidad de que el Estado tutele estos derechos y garantice su observancia por medio de la ley.

El artículo 3o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma expresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

La reforma formulada por el Ejecutivo federal ahora es una realidad, al ser una ley debidamente promulgada, gracias al apoyo y la voz creativa de las fuerzas políticas comprometidas con la construcción democrática en México.

En este contexto, consideramos que es necesario hacer una propuesta complementaria, fundada en un desarrollo consecuente de los principios que se han mostrado. Fundamentan esta reforma constitucional en la medida en que se han identificado plenamente la esfera de la competencia, la esfera del interés y la definición de medios de comunicación como públicos.

Resulta entonces primordial en la tarea del Poder Legislativo el crear el marco jurídico para consolidar el Estado democrático. Es decir, el Estado en donde se ven representadas todas las comunidades y en el que se afirme y se preserve la rica diversidad cultural que caracteriza a nuestro México en el mundo.

El contenido del artículo 2o. constitucional muestra la labor de legislaturas precedentes, en las que se expresa la necesidad de la inclusión de las comunidades indígenas como indispensables en la configuración del Estado mexicano, plural e incluyente. Pero, además, el cúmulo de tratados, convenciones, actas, declaraciones y demás instrumentos internacionales que protegen y defienden el horizonte de los derechos de las comunidades indígenas.

Por lo antes mencionado, es que llamamos al concierto de las fuerzas políticas democratizadoras en México para que una vez más se pronuncien y apoyen esta iniciativa, que tiene como base conceptual todo lo mencionado. Pero un principio de equidad fundamental es que las comunidades indígenas no solo gocen de la declaración de poseer y administrar sus medios de comunicación, sino que gocen del compromiso del Estado mexicano para tener la capacitación y las condiciones materiales que les permitan operar dichos medios de comunicación.

Por eso la reforma constitucional que estoy presentando a esta soberanía, para lograr su apoyo propone adiciones al 2o. artículo constitucional en su fracción VI, y que debe decir así:

VI. El derecho a extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. El Estado garantizará las condiciones técnicas y financieras para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. Financiará la asistencia técnica de las comunidades indígenas, para proveerles de los conocimientos y medios necesarios cuando los cambios tecnológicos pongan en riesgo la operación de sus medios de comunicación.

Concluyo, presidente. El Estado mexicano está comprometido con todos los medios de comunicación, incluso los operados por particulares para respaldarlos en el salto tecnológico. Pero aquellos medios que ya se habían definido como públicos y que están considerados en el artículo 2o. constitucional, parecen no estar presentes en el debate nacional de los medios de comunicación.

Compañeras y compañeros diputados, manifestemos nuestra voluntad de consolidar al México moderno, competitivo y democrático, un interlocutor en el concierto de las naciones en el mundo. Pero además, fundado en el respeto de los derechos humanos y en la equidad con nuestras comunidades indígenas.

Pasemos de un principio constitucional declarativo a un principio constitucional que materialice los derechos de los declarados. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

Luis Armado Córdova Díaz, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción VI del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Antecedentes

El día 11 de marzo de 2013, el titular del Poder Ejecutivo, en el marco del Pacto por México, presentó Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha propuesta legislativa se propone entre otras cosas como estimular la competencia entre las empresas prestadoras de servicios de telecomunicación:

“Las tecnologías de la información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones se han convertido en un instrumento básico de las democracias. Representan un elemento fundamental de participación social y de desarrollo económico. Esto es así porque favorecen las libertades de expresión y difusión, el acceso a la información y potencializan el crecimiento económico, la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, el conocimiento, la difusión de ideas y la cultura, entre otros aspectos.”

Señala la iniciativa como principios fundamentales, el derecho a la Información, la libertad de expresión y el derecho al acceso a las tecnologías de la información, la telecomunicación, el internet y la banda ancha, además de definir a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general:

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

La propuesta legislativa se funda en una estructura de los derechos humanos ligados a la libertad de pensamiento, acceso a la información, libertad de expresión, con la finalidad de que el Estado tutele estos derechos y garantice su observancia por medio de la ley.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

Por todo lo ya mencionado, es que consideramos que es necesario hacer una propuesta complementaria, en la medida que no se hayan plenamente definidos los medios públicos, comunitarios y culturales y particularmente los medios de comunicación indígenas.

Resulta fundamental en la tarea del poder legislativo, al crear el marco jurídico para consolidar el Estado Democrático, es decir: el estado donde se ven representadas todas las comunidades y en el que se afirme y preserve la rica diversidad cultural que caracteriza a nuestro país en el mundo. Es así fundamental complementar el marco normativo vigente, con el fin de integrar en la labor legislativa, el marco conceptual de los derechos humanos, así como las condiciones materiales que permitan su ejercicio pleno. Sin duda alguna, los esfuerzos de legislaturas anteriores, han dejado plasmada su obra y han permitido un gran avance para nuestro país en dicha consolidación del Estado Democrático. Sin duda, nuestro país les debe mucho a las y los legisladores que dejaron su obra plasmada en los artículos que tutelan los derechos fundamentales, así como el derecho a la educación, al acceso a la cultura, al disfrute de los derechos culturales y a la libertad creativa.

Sin embargo, el catálogo de derechos humanos y la concepción misma de cultura, estarían plenamente referidos en nuestro marco jurídico sin el conjunto de definiciones constitucionales contenidos en el artículo 2o., el cual tutela los derechos de nuestras comunidades indígenas:

Artículo 2o.La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Esta concepción de la Nación mexicana en su composición pluricultural y sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, nos expresa la relevancia que tienen nuestros pueblos indígenas. Sin duda, nuestra identidad reposa en la diversidad cultural producto de la creación colectiva de nuestras comunidades indígenas.

El contenido del artículo 2o. constitucional expresa la labor de legislaturas precedentes: expresan la necesidad de inclusión de las comunidades indígenas como fundamentales en la configuración del Estado mexicano: plural e incluyente. Pero además expresa que en la labor legislativa ha sido  primordial que se consideren el cúmulo de tratados, convenciones, actas, declaraciones y demás instrumentos internacionales que protegen y definen el horizonte de los derechos humanos de la sociedad en su conjunto y de las comunidades indígenas en particular. Por tal motivo para México esta transición a un estado social y democrático de derecho constituye una prioridad, ya que es claro, que para integrarse en el mundo globalizado, debe participar de los estándares, tratados y convenciones del Derecho internacional, integración que se define cada vez más como el concierto de estados de derecho democrático.

Es sobre esta vinculación internacional de un Estado democrático, -en consolidación como es el caso del Estado mexicano-, que se asumen un conjunto de principios y compromisos, cuya observancia permite conocer el grado de desarrollo y calidad de democracia que se goza; además del compromiso de asumir un cierto consenso en torno a los estándares mínimos que deben regir en el ejercicio de los derechos humanos, así como su tratamiento y tutela por parte del Estado.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran contenidos los derechos humanos, objetivados en la ley como derechos fundamentales. Por tanto la tarea del poder legislativo responde a la necesidad de buscar la armonización de la legislación mexicana con el derecho internacional, así como la de procurar una nueva organización de los derechos humanos, y una redefinición de las condiciones materiales que otorga el Estado para el ejercicio de tales derechos fundamentales. Como ya decía, en el artículo  2o. constitucional se caracteriza a  la nación mexicana culturalmente plural. Dicho artículo se encuentra dividido en dos apartados: en el apartado A se establece el reconocimiento y la garantía  de la libre determinación y la autonomía de las comunidades indígenas.

El artículo 2o. constitucional, en su apartado B, plasma la obligación de la federación, los estados y municipios de promover y resguardar la vigencia y ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, para su desarrollo en condiciones equitativas, no discriminatorias, así como el orden institucional y las políticas en que se funda esta garantía. Dentro de este conjunto de definiciones es que se garantiza el derecho de las comunidades indígenas de poseer y operar sus redes de comunicación:

“VI. El derecho a extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.”

La realidad es que con el Apagón Digital, se somete a dichos a condiciones de iniquidad, con lo que se abre una brecha tecnológica, casi insalvable para los medios de comunicación indígenas, en relación con los medios privados.

Sin duda, entre los múltiples problemas que debemos atender como poder legislativo,  se encuentran el enriquecimiento del catálogo de derechos humanos, contenidos en nuestra constitución, además de su instrumentalidad; en este caso, como decíamos en el respeto irrestricto de las garantías constitucionales de pluralidad, autodeterminación y ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas, para lo cual el Estado se compromete a prestar las condiciones materiales y jurídicas necesarias para garantizar el disfrute pleno de tales derechos.

Adicionalmente, tenemos que considerar un tema fundamental a las definiciones de pluriculturalidad a que ya nos hemos referido: es el concepto de diversidad cultural, la cual se clasifica como diversidad cultural material e inmaterial. En gran medida, nuestro patrimonio cultural material de encuentra regulado por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sin embargo, el patrimonio cultural inmaterial se encuentra sin un marco jurídico adecuado.

México se comprometió con la comunidad internacional cuando el Ejecutivo Federal signó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y el Senado ratificó dicha Convención. Particularmente me refiero a la obligación del Estado Mexicano de desarrollar políticas de investigación, difusión, conocimiento y resguardo de nuestro enorme patrimonio cultural inmaterial.

El Poder Legislativo, como parte del Estado mexicano, no puede sustraerse del conjunto de obligaciones contenidas en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, nosotros, junto con el Poder Ejecutivo, tenemos que coadyuvar con las medidas de salvaguardia, con las políticas de Estado y crear el marco jurídico y adoptar las medidas jurídicas correspondientes, cito:

Artículo 13: Otras medidas de salvaguardia

Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio, cada Estado Parte hará todo lo posible por:

a) adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación;

b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;

c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en particular del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro;

d) adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para:

i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión;

ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio;

iii) crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas.

Por todo lo mencionado, el tema de los medios de comunicación indígenas es prioritario, por un lado, son el medio adecuado por el cual se difunde y preserva el patrimonio cultural inmaterial, y porque constituyen un medio privilegiado de autodeterminación y participación de las comunidades indígenas en nuestro país.

Artículo 15: Participación de las comunidades, grupos e individuos

En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada Estado Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo.

Proponemos resolver además un problema de iniquidad, en la manera en que se ha propuesta la cuestión de los medios de comunicación y el cambio tecnológico. No es posible que mientras se apoya a algunos medios al considerar los altos costos de inversión en las nuevas tecnología digitales, se olvide que los medios de comunicación indígenas se encuentran en la misma circunstancia. La iniquidad no consiste en que se apoye legítimamente a las empresas legalmente constituidas, sino que se omita el apoyo a los medios indígenas. El Estado no puede desconocer sus obligaciones constitucionales y con la comunidad internacional para con los medios de comunicación comunitarios indígenas que cumplen con funciones informativas, educativas y de resguardo de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Por todo ya mencionado es que nuestra propuesta de reforma constitucional se funda en los siguientes principios:

a. Es necesario establecer la obligación del Estado, para otorgar las facilidades y condiciones materiales que salvaguarden las redes de medios no comerciales. De otra manera, los medios públicos, culturales, educativos y comunitarios de comunicación no tendrán futuro, ya que se encontrarían sin recursos para financiar el cambio tecnológico, y sin condiciones económicas para licitar sus frecuencias. Cualquier medio público quedaría lejos de las más pobres propuestas económicas, en la puja con particulares, algunos de ellos, dueños de monopolios de comunicación y de servicios.

b. En relación a los medios de comunicación y el derecho de las comunidades indígenas para operar y poseer sus propios medios y la obligación del Estado, ya establecido en el artículo 2o. constitucional, de extender las redes de telecomunicaciones a las comunidades indígenas, hemos de considerar su importancia estratégica tanto para el desarrollo de los pueblos indígenas como para la consolidación del sistema de medios intergubernamentales e internacionales. Los medios de comunicación se encuentran vinculados a otros derechos otorgados a las comunidades indígenas, como son la protección de sus conocimientos, su vinculación con otras comunidades y con diversas formas de interculturalidad, además de la preservación y enriquecimiento de sus lenguas, de su patrimonio cultural inmaterial y de sus tradiciones y costumbres. Los medios de comunicación cristalizan estos derechos en una sociedad que se define por su uso de las nuevas tecnologías y que ya se transitó de la sociedad industrial a la sociedad de servicios.

c. Los medios de comunicación indígenas, representan un instrumento estratégico en el resguardo, difusión y conocimiento de nuestro patrimonio cultural inmaterial.

d. La posesión, administración y operación de los medios de comunicación, constituyen una forma esencial de la autonomía y autodeterminación de nuestras comunidades indígenas.

e. El Poder Legislativo como parte del Estado Mexicano, coadyuva en el cumplimiento de los tratados internacionales, firmados por el ejecutivo y ratificados por el Senado de la República, en la adopción de un marco jurídico específico, en las políticas adoptadas y en la previsión presupuestal correspondiente.

f. Además de lo anterior, la presente iniciativa pretende garantizar la existencia de los medios de comunicación indígenas, al otorgarles el derecho de que el Estado financie cuando las diferentes transformaciones tecnológicas pudieran poner en riesgo su operación.

Para el desarrollo de los pueblos indígenas existen criterios producto de las demandas históricas de los pueblos indios, dicho conjunto de denuncias y exigencias constituyen un cúmulo de acuerdos y consensos establecidos por las naciones en diversos instrumentos internacionales como son: tratados, convenciones, acuerdos, actas, etc. De esta organización de las demandas de los pueblos indios, se determinan además los estándares y criterios de valoración sobre el cumplimiento o no de los instrumentos internacionales, además de la valoración del estado que guardan el respeto de los derechos humanos –producto también del consenso internacional- de las comunidades indígenas en cada nación.

A este consenso mayoritario derivado de valores ampliamente compartidos sobre la dignidad humana, es constitutivo del derecho internacional consuetudinario.  Entre los diversos instrumentos internacionales relativos a los derechos de los pueblos indios a que atiende esta propuesta de reforma constitucional mencionaremos:

• El Pacto Internacional de Derechos Humanos.

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966.

• El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 1950.

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966.

• El Convenio sobre poblaciones Indígenas y Tribales de 1957.

• El Convenio (número 169) sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes 1989.

• La Declaración de los principios sobre Derechos Indígenas de 1984.

• El Proyecto de declaración de principios para la Defensa de las Naciones y los Pueblos Indígenas del hemisferio occidental 1977.

• La Declaración de San José sobre el Etnocidio y el Etnodesarrollo 1981.

• El Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 1992.

• El Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 1994.

• La Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas internacionales necesarias para una protección efectiva de los Pueblos Indígenas 1994.

• El Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 1997.

• El Comité para la eliminación de la discriminación racial. Recomendación general XXIII, relativa a los Derechos de los Pueblos Indígenas 1997.

• Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003

Por los motivos expuestos, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, iniciativa:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción VI del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.Se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

...

...

A. ...

I a VII. ...

...

VIII. ...

...

B. ...

...

I a V...

VI.Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. El Estado garantizará las condiciones técnicas y financieras para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. Financiará la asistencia técnica de las comunidades indígenas, para proveerles de los conocimientos y medios  necesarios cuando los cambios tecnológicos pongan en riesgo la operación de sus medios de comunicación.

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

...

...

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 James Anaya, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Madrid, Trotta, páginas 102-107, 2006.

2 En cumplimiento con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de manera explícita en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989, en el artículo 30.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2013.— Diputados: Luis Armando Córdova Díaz, Angelina Carreño Mijares, Elvia María Pérez Escalante, Antonio Sansores Sastré, Faustino Félix Chávez, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla, Marco Antonio Barba Mariscal, María del Rocío Corona Nakamura, Enrique Aubry de Castro Palomino, Ossiel Omar Niaves López, Alma Marina Vitela  Rodríguez, Rafael González Reséndiz, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Córdova Díaz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Leobardo Alcalá, dígame, ¿con qué objeto?

El diputado Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): Muchas gracias. Solamente para felicitar al diputado Luis Armando Córdova. Sé que muchos quizás no lo hayan escuchado en su exposición, pero cuando se vino la reforma de telecomunicaciones hubo algunos huecos y creo que hoy se salda uno de ellos, que es el de someter a la comunidad y a las comunidades indígenas a tener igualdad, a tener equidad en todo el tema de comunicaciones. Esto en la modificación del párrafo número seis del artículo 2o. de la Constitución. Por tanto, solicitarle al diputado el podernos adherir a su particular iniciativa. Muchas gracias.

NOMBRAMIENTO DEL CONSEJERO ELECTORAL QUE DEBERA SUPLIR A SERGIO GARCIA RAMIREZ

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Hay un asunto que el pleno de la Cámara tiene que conocer y resolver sobre el particular. Me refiero a una notificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se recibió en esta Cámara el pasado 2 de octubre y que está puntualmente resolviendo lo siguiente:

Único. Se requiere al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión que informe a esta Sala Superior sobre el cumplimiento de la referida ejecutoria en los términos precisados.

Se refiere al nombramiento del consejero electoral que deberá suplir a Sergio García Ramírez, y que es un proceso inconcluso y que ya fue motivo de una sentencia judicial. Lo importante de este requerimiento es que lo hace directamente al pleno de la Cámara de Diputados; es decir, a esta soberanía integrada.

Ya se dio cuenta del orden del día. Pero por ser un requerimiento judicial dirigido directamente al pleno, solicito que se pueda agendar para dar respuesta, toda vez que esta Cámara ha sido omisa para responder al día de hoy a esta sentencia judicial.

Entonces, pido, presidente que –dado que es un requerimiento dirigido directamente al pleno– se pueda incluir en el orden del día para procesar este tema tan importante y relevante para la vida democrática del país.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para el mismo asunto me piden la palabra el diputado Huerta Ladrón de Guevara y el diputado Roberto López. Sonido en la curul del diputado Huerta, y después le daré la palabra al diputado López.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Bueno, gracias, presidente. Mire, en principio usted ha sido un presidente muy prudente y se le reconoce. En este sentido, creo que lo que plantea el diputado Mejía es correcto, y usted lo sabe. Usted es responsable de atender estos requerimientos. No puede la Junta de Coordinación Política abrogarse, con la mayoría del PRI, del PVEM y el Panal, pues decisiones que competen al pleno de la Cámara.

Es más, ayer estuve presente en la Junta y oí cuando se les planteó: bueno, pues propongan un nombre, ya que el pleno decida si sí o si no. Ahora lo grave es que ya también se vencieron los términos para emitir la convocatoria de los otros cuatro consejeros. Evidentemente ustedes saben que ya estamos fuera de tiempo, a no ser que sea una maniobra que los incluya —a usted— y eso sería lo grave, señor presidente; que ya sabemos que los del pacto contra México, como es costumbre, abrogándose el control sobre esta Cámara de Diputados y el Congreso en general quieran madrugar con su propuesta política, que la están poniendo como candado para aprobar las otras reformas lesivas a la nación.

Y que evidentemente entonces usted, su prudencia que lo ha caracterizado, lo vuelva, ya que su partido está en ese pacto, ustedes han estado empujando con el PRI y el PRD a que primero se apruebe lo del Instituto Nacional Electoral y que, por lo tanto, estén sofocando aquí el cumplimiento de la ley. Esto es grave porque la Cámara debe de cumplir la ley, aquí hacemos las leyes y se tienen que cumplir y se tiene que cumplir las resoluciones del tribunal.

Por eso creo que es oportuno que sí, en este orden del día, se proponga al pleno este punto, lo debatamos y lo resolvamos conforme a la ley. Es lo que hemos estado pidiendo y lo exigimos ahora.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Roberto López, dígame, ¿con qué objeto?

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente, en el mismo sentido que el diputado Mejía, solicitaría que nos informara en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, cuál va a ser el procedimiento para dar cumplimiento a este requerimiento legal, en el sentido de que la Cámara de Diputados en el pleno discuta el requerimiento que se ha hecho mención por parte del diputado Ricardo Mejía.

Sí me gustaría nos ilustrará aquí al pleno de la sesión, cuál sería el procedimiento a seguir. Y en todo caso le pediría —al igual que los diputados que acaban de hacer uso de la palabra— que se pudiera agendar en la próxima sesión la discusión para que se desahogara el requerimiento judicial. Si no es así, pediría que nos explicara cuál sería el procedimiento a seguir. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado.

Como ustedes saben, esta resolución está dirigida a la Junta de Coordinación Política y, efectivamente, deberemos dar respuesta a la misma en los términos en los que está establecido. Lo acordaremos a la brevedad para que pueda cumplirse con esa resolución puntualmente y en los términos en los que el propio documento lo establece. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Si bien el oficio o la notificación —hasta donde tenemos conocimiento— se dirigió a la Junta de Coordinación, el resolutivo es inequívoco, dice: Se requiere al pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, en todo caso, simple y sencillamente se le remite a la Junta para que lo procese, pero quien debe resolver y quien debe tratar el tema es el pleno de la Cámara.

Es precisamente lo que le estamos pidiendo, señor presidente, que pueda, si bien verse en este momento o agendarse, porque el requerimiento es puntual. Se requiere al pleno, no a la Junta, al pleno de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado Huerta, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Gracias. Le insisto mucho que haga caso de su prudencia. Esto ya no se puede omitir. ¿Qué estamos esperando? ¿A que mañana o pasado en el Senado los del pacto contra México nos madruguen con una iniciativa y ya no tengamos que cambiar cinco, sino los 11, y que ya ni la Cámara de Diputados ni nadie, en su mayoría, tengan una discusión profunda de esto?

Nosotros decimos que las cúpulas partidistas. Tal vez usted no esté enterado. Ahora, si es de la cúpula de su partido y está usando la Presidencia para la maniobra que se está haciendo por el pacto contra México, por el Ejecutivo de lanzar una iniciativa centralizadora del poder y regresar a lo que hemos estado viendo, va a ser muy grave. Esto ya no lo pueden ocultar. Abran esta discusión el día de hoy mismo. Es nuestra petición, presidente.

La Junta de Coordinación está siendo omisa —no de ahorita— desde hace muchos meses para proponer un nombre, y ésa es una maniobra del PRI y sus dos aliados que tiene y que hacen mayoría en la Jucopo. No ensucien a su partido, a no ser que sea una maniobra —insisto— del pacto contra México.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputado. La Junta de Coordinación Política es el órgano responsable y claramente establece, efectivamente, la resolución un requerimiento al pleno de la Cámara de Diputados para informar a la Sala Superior sobre el cumplimiento.

Estamos en espera de que la Junta de Coordinación Política nos remita el asunto. Lo resolveremos en Mesa Directiva y garantizamos que cumpliremos puntualmente con la resolución que requiere —efectivamente, diputado Mejía— a este pleno —lo subrayo— informe a la Sala Superior. En esos términos será cumplida la resolución.

Diputado Gutiérrez de la Garza, dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): Sobre el mismo tema, diputado presidente. Para señalar que el día de ayer en reunión de la Junta de Coordinación Política se acordó enviar en el transcurso del día de hoy, o a más tardar el día de mañana, el comunicado correspondiente. Por cierto, reunión de la Junta de Coordinación Política en la que estaba presente nuestro compañero y amigo, el diputado Mejía Berdeja. Esto con la finalidad, señor presidente, de continuar con la sesión en la que tenemos a su vez, independientemente de iniciativas, dictámenes muy importantes, como es el de la ley de igualdad de mujeres. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Estamos en espera de ese comunicado, pero efectivamente será este pleno el que resolverá en los términos. Dígame, diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Una precisión adicional, diputado presidente. Al resolver el incidente de inejecución de sentencia, la propia Sala Superior estableció que en caso de que la Junta de Coordinación Política no remitiera al pleno una propuesta, sería directamente el pleno quien en ejercicio de su facultad deliberativa y en los términos de la ley debiese desahogar el procedimiento.

Es decir, si no llega la propuesta de la Junta de Coordinación, directamente el pleno tiene que agotar el procedimiento y votar uno a uno los aspirantes a consejeros hasta que resultare uno con las dos terceras partes. Y de no ser así, se daría por concluido este procedimiento.

Lo que no queremos es que haya más dilaciones. Si no hay un escrito de la Junta de Coordinación Política, el pleno puede abordar el asunto directamente. Eso es lo que quería precisar.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención. Esperamos de manera pronta el comunicado de la Junta de Coordinación Política para cumplir con la resolución en los términos precisos en que está establecida.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:Con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy tengo el agrado de presentar a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para crear y promover un cuarto fin de semana largo en el país, con los objetivos de incrementar la derrama económica y promover y coadyuvar al desarrollo del sector turístico en el territorio nacional.

La experiencia acumulada desde el establecimiento en el 2006 de los tres fines de semana largos —que ya existen— ha demostrado que la estrategia ha catapultado al sector turístico, impulsado principalmente por el turismo doméstico, el cual contribuye con el 80 por ciento del volumen total de turistas a nivel nacional, quienes en promedio tienen una estancia de 3.3 días, con un gasto promedio diario cercano a los mil 400 pesos.

La inclusión de estos días con carácter de obligatorio ha incrementado la ocupación hotelera de entre el 80 y el 100 por ciento, el flujo de visitantes y la derrama económica, que tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía mexicana.

Las estadísticas presentadas por la Secretaría de Turismo y por la Confederación Nacional Turística de México son por demás alentadoras, las cuales indican que un fin de semana largo puede generar 250 millones de dólares, por lo que su ampliación implicaría una derrama de mil millones de dólares anuales contando con un cuarto fin de semana largo en el país, con el consiguiente efecto multiplicador en otros sectores y, sobre todo, en el nivel de empleo.

Son muchos los destinos que se benefician por la implementación de los fines de semana largos. La gran mayoría reciben visitas vía terrestre. Por mencionar solo algunos ejemplos, diríamos que la Riviera Maya recibe visitantes de Tabasco, Campeche y Yucatán. Los pueblos mágicos del centro del país —que son varios— como Huasca de Ocampo, Zacatlán o Tepoztlán en Puebla, reciben visitantes de la Ciudad de México, de Puebla, de Hidalgo, de Morelos, de Querétaro, de Jalisco.

La Ciudad de México recibe visitantes de Puebla, de Guadalajara, de Morelos, del estado de México, de Querétaro y del centro del país. Acapulco recibe visitantes en un fin de semana largo principalmente de la Ciudad de México, de Morelos y de otros lugares cercanos a este importante puerto turístico.

Puerto Peñasco recibe visitantes de Chihuahua, de Hermosillo o de Baja California. Lo mismo pasa con Ensenada. Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita, que reciben visitantes de Guadalajara, de León y de otros municipios del centro del país y, por supuesto, es una derrama importante para estos dos lugares turísticos del Pacífico.

La ciudad de Monterrey recibe visitantes de Tamaulipas, de Saltillo, de Torreón y de algunos otros municipios cercanos y, sobre todo, con la oportunidad de visitar los cuatro municipios conurbados: Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina y Guadalupe.

Quisiera también decirles que en el ejemplo particular la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, un destino de playa que por su ubicación geográfica recibirá visitantes de Jiménez, de Camargo, de la capital del estado de Chihuahua y, por supuesto, de Parras de la Fuente, de Saltillo, de Torreón, de otros municipios de Coahuila y gente de los estados de Zacatecas y Aguascalientes.

Debo decir que próximamente, el 17 de octubre, cuando sea la apertura de la súper carretera Durango-Mazatlán —que nos llena de orgullo a los sinaloenses y a los duranguenses— seguramente la ciudad de Mazatlán tendrá la oportunidad en un fin de semana largo de generar una derrama económica importante.

Por lo tanto, un fin de semana largo propicia un traslado carretero fuera de las localidades donde se radica y permite que todos los estratos sociales se beneficien, dado que su implementación incide sobre el consumo y disfrute de servicios, como son restaurantes, cafeterías, balnearios, ferias, museos, exposiciones y entretenimiento en general.

Asimismo, hay que recordar que una de las características del turismo doméstico es el aprovechamiento de la infraestructura carretera, la cual es utilizada por el 90 por ciento de los turistas nacionales.

Aunado a lo antes mencionado, con la implementación de los fines de semana largos también se ha logrado disminuir el ausentismo laboral generado por faltas ocasionadas por la extensión de la celebración de conmemoraciones oficiales, ya que los trabajadores prefieren una disminución en sus percepciones económicas a sacrificar la oportunidad de contar con un día más, un día adicional de convivencia familiar o de esparcimiento.

Del mismo modo —y a manera de contraste— la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señala que los mexicanos son quienes más tiempo dedican al trabajo. En promedio los mexicanos trabajan casi 10 horas al día, en comparación con la media de los países que integran la organización. Esto hace que sean no 8 horas de trabajo, sino hasta 10 horas.

Por lo anterior, es importante destacar que los tiempos que comparten quienes trabajan con sus familias son menores a los que permanecen en el ámbito laboral. Esto hace evidente la necesidad de los mexicanos por incentivar su armonía social al compartir más tiempo familiar en un fin de semana largo más.

De tal manera que el fin de semana largo que se propone no solo propiciará una mejora en la calidad de vida de las personas, una mayor convivencia familiar, sino además fungirá como un atenuador de las presiones, tanto laborales como sociales, una mayor reducción del ausentismo laboral, el incremento de la productividad no solo del sector turismo sino de la economía nacional en su conjunto, y la reducción de la estacionalidad de muchos destinos del país.

Ante ello, compañeras y compañeros diputados, es importante la implementación de un fin de semana largo adicional y para ello considero que en su análisis y discusión —termino, presidente— entiéndase, el turno deberá darse por esta Presidencia —si usted así lo considera— a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y, por supuesto, a la Comisión de Turismo. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de crear un cuarto fin de semana largo con el objetivo de incrementar la derrama económica y promover el turismo en nuestro país, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El turismo abarca gran cantidad de factores internos y externos que influyen de manera directa en el desarrollo de esta actividad, lo que le permite ser detonador económico para los países que lo incluyen dentro de su política económica.

Aunado a lo anterior y derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 17 de enero de 2006 del Decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que instaura como días de descanso obligatorio los siguientes:

• El primer lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero.

• El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.

• El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.

Se establecen formalmente los denominados “Fines de Semana Largos (FSL)” por primera vez en México. Dentro de los beneficios económicos y sociales  más sobresalientes que promovieron la aceptación de esta reforma encontramos:

1. La certeza a las familias mexicanas de que independientemente del día de celebración cívica, podrán tener seguro un FSL que fomente la convivencia familiar, el descanso y la salida a cualquier destino turístico.

2. La generación de una derrama económica adicional para la activación del turismo domestico al saber por ley los fines de semana específicos que se pueden tener como largos para vacacionar, rompiendo así con la estacionalidad de muchos destinos del país.

3. Otro de los grandes beneficios que contempla la implementación de los FSL es lograr disminuir el ausentismo laboral derivado de las faltas detonadas por estas fechas (días) de celebración de conmemoraciones. A estas fechas se les denominaba “puentes”, los cuales se extendían en ocasiones hasta cuatro días cuando sus fechas se celebraban en martes o jueves por lo que se abarcaba adicionalmente lunes o viernes pero sin respaldo oficial o patronal, lo que ocasionaba el descuento en las remuneraciones de los trabajadores por falta injustificada, lo cual no le importaba aunque impactará directamente en su economía, lo que evidenciaba la necesidad de los trabajadores de convivir con sus familias, relajarse, entre otros factores.

Por su parte la Ley Federal del Trabajo en su artículo 69 establece que “Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro”; asimismo, el artículo establece que “Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios”, por lo que el desempeño y descanso de los trabajadores se puede dividir en tres vertientes:

1. Jornada laboral.

2. Días de descanso (divididos en descanso obligatorio y descanso semanal).

3. Periodo Vacacional.

Las dos últimas vertientes tienen como finalidad principal el defender la salud e integridad física y psicológica de los trabajadores sin importar la modalidad en que estos son contratados para desempeñarse como empleados de confianza, honorarios, base, eventuales, etc., que contribuye a la sana convivencia familiar, al esparcimiento, relajamiento y conmemoración de determinados acontecimientos históricos o tradiciones, entre otros.

El descanso obligatorio difiere del semanal, debido a que el primero está supeditado y orientado a que los trabajadores celebren o conmemoren acontecimientos históricos relevantes para nuestra identidad, de los mismos trabajadores o de las empresas, y que por disposición, la Ley Federal del Trabajo o en su caso los Contratos Colectivos de Trabajo celebrados entre empleadores y trabajadores permiten a estos últimos no laborar en los días señalados, mientras que el segundo obedece a la fórmula legal de que “por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos, con goce de salario íntegro”.

El ausentismo laboral, se define como la ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes ajenos al mismo, que se derivan en el incumpliendo del trabajo. Cuando los trabajadores toman unos días, el impacto financiero que sufre la empresa no se deriva únicamente de las tareas específicas que dejan de desempeñar los trabajadores. A menudo esto se refleja en el resto de la productividad de la empresa, en especial si el trabajador forma parte de un equipo cuyo trabajo debe finalizarse en un plazo determinado o si se relaciona con otras áreas.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define al ausentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba iba a asistir, quedando excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo laboral de causa médica, como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal o prisión

Por su parte la distribución de la Población Económicamente Activa (PEA), que de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), abarca a la población de 12 o más años de edad que en la semana realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada) o bien, buscaron incorporarse a algún empleo (población ocupada), lo anterior puede apreciarse en el siguiente diagrama:

En el Primer Trimestre de 2013, la PEA ascendió a 115,979,906 trabajadores, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

Por lo que respecta al comportamiento de la PEA en el periodo 2005 – 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de acuerdo con datos proporcionados por su Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, la PEA, se ha mantenido entre los 41,880,780 trabajadores y los 43,809,328 trabajadores, lo anterior puede apreciarse en la siguiente grafica:

En lo que respecta al ausentismo laboral, en el mismo periodo y considerando que en el año previo dio inicio la aplicación del primer fin de semana largo (es decir el año 2005) el ausentismo laboral representó un 5.8 por ciento, en 2006 un 4.8 por ciento, en el 2007, un 4.9 por ciento, el 2008 represento un 4.8 por ciento, en 2009 un 4.9 porciento y para el año 2010 un 4.6 porciento, siendo este el año de menor ausentismo en el país; lo anterior pese a que al incremento de la PEA y al crecimiento de la economía nacional en su conjunto, lo que permite inferir que los fines de semana largos han permitido incidir en la reducción del ausentismo laboral, como puede apreciarse en la siguiente grafica:

Asimismo, y de acuerdo con Human Quality, el ausentismo laboral representó en el primer semestre de 2012 para las empresas manufactureras un 4.54%, para las de servicios (1.9%) y para las comercializadoras (1.83%). Destaca que el ausentismo es más frecuente durante los días lunes, miércoles y sábados; concentrando en estos días más del 55% de las ausencias del personal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

En este contexto el turismo en México tiene un papel preponderante en la economía del país y que de acuerdo con datos presentados por la Secretaria de Turismo en el año 2012, el turismo representó el 9 por ciento del Producto Interno Bruto del país y generó aproximadamente 7.5 millones de empleos tanto directos como indirectos, además de ser uno de los principales captadores de divisas en nuestro país, siendo superado únicamente por la industria petrolera y las remesas provenientes del exterior.

Por otra parte, durante la mayor parte del siglo XX, la vida familiar y laboral se organizó en torno al modelo tradicional de familia, bajo la siguiente lógica: el hombre, jefe de hogar, era el encargado de trabajar remuneradamente y percibir un salario con el cual se aseguraba la manutención de todos los miembros del grupo familiar. La mujer, por otra parte, tenía a su cargo las tareas de la casa y el cuidado de los niños.

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX y de las profundas transformaciones sociodemográficas, así como de la incorporación del trabajo femenino cuando se generaron cambios en las familias de América Latina y el Caribe incidiendo en el vínculo tradicional de la economía y los mercados laborales, creando un nuevo balance entre la demanda y oferta de cuidados al interior de los hogares.

En lo referente a los cambios estructurales en las familias hasta hace tres décadas, dominaba el modelo clásico de familia nuclear, en la cual sólo el hombre trabajaba. Este modelo ha perdido su importancia, así como también han disminuido las familias extensas, en las que además de madres y padres hay otras personas adultas en la casa. En cambio, han aumentado las familias con dos fuentes de ingreso, los hogares unipersonales y los monoparentales, en los que una sola persona adulta se hace cargo de la familia como puede apreciarse en la siguiente grafica:

Uno de los cambios más importantes registrados es el incremento de los hogares con una sola persona adulta a su cargo. Este individuo es casi siempre mujer. De hecho, la proporción de familias encabezadas por mujeres representa hoy, en promedio, un 30% del total de los hogares de la región de América Latina. En países como Nicaragua, la cifra se eleva a casi 40%, como puede apreciarse en la siguiente grafica:

“Los hogares monoparentales liderados por mujeres enfrentan enormes dificultades para combinar el trabajo doméstico, la dedicación de tiempo de calidad a su familia y de cuidado a las actividades remuneradas”. De ello dan cuenta dos datos aparentemente contradictorios. El primero es que la mayoría de las mujeres jefas de hogar (entre el 52% y el 77%) están en el mercado laboral. Sin embargo, estos hogares tienden a ser más pobres: en 11 de 18 países de la región, la incidencia de la extrema pobreza es superior aquí que en el resto de las familias (CEPAL, 2008) ¿Por qué? La principal causa está asociada a los menores ingresos que perciben estas mujeres debido a la discriminación salarial, por la mayor dificultad que enfrentan para conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares sin contar con la ayuda de otros adultos. Frente a una oferta y cobertura de servicios preescolares insuficientes, estas mujeres deben buscar alternativas que generalmente van en detrimento del cuidado de sus hijos o hijas; o del trabajo en que se insertan”, lo anterior puede apreciarse en la siguiente grafica:

Las consecuencias negativas (de mediano y largo plazo) de los cambios estructurales familiares registrados en la región, por combinar el trabajo doméstico y de cuidado con las actividades remuneradas (trabajo), exceden las situaciones individuales; “generan costos sociales y amenazan el rendimiento económico de los países. Lo anterior se expresa en tres dimensiones:

• A nivel macroeconómico: porque existe un desaprovechamiento de la fuerza de trabajo que afecta la productividad y competitividad de los países y debilita sus trayectorias de crecimiento.

• A nivel de unidades productivas: porque el esfuerzo que realizan las personas para conciliar vida familiar y laboral genera una enorme tensión que afecta su rendimiento y conlleva una menor productividad.

• En la calidad de vida individual y familiar: esto se manifiesta en problemas de salud y pérdida de ingresos para las mujeres; falta de oportunidades de educación para niños, niñas y adolescentes; y riesgo de trabajo infantil. También se profundiza la conflictividad social, lo que se expresa en comportamientos disruptivos: delincuencia, consumo de drogas”.6

Es importante destacar, que los FSL no sólo propician la convivencia familiar sino además fungen como un atenuador de las presiones tanto laborales como sociales. Lo anterior toma especial relevancia si se considera que según la publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los mexicanos son los que más tiempo dedican al trabajo (remunerado y no remunerado). En promedio, los mexicanos trabajan casi 10 horas al día, en comparación con la  media de los países que integran la OCDE, que es de poco más de 8 horas.

       Fuente:Estimación de la OECD 2011

En otras palabras en México la gente trabaja 2,250 horas al año, más que la mayoría de los habitantes de los países de la OCDE, quienes trabajan 1,776 horas. Casi el 29% de los empleados tienen un horario de trabajo muy largo, cifra mucho mayor que el promedio de la OCDE de 9%.

Por lo anterior los FSL buscan contribuir positivamente en la calidad de vida de los mexicanos, aumentar el nivel de bienestar de las familias e incentivar la armonía social al compartir más tiempo familiar, siendo que según las cifras de la OCDE el tiempo que comparten los trabajadores con sus familias es menor en comparación al que permanecen en el ámbito laboral.

Por otra parte, lo que respecta a las bondades de tipo económico que se desprenden de la aplicación de los FSL, destacan los Excedentes Brutos de Operación de las ramas turísticas como son:

• Servicios de alojamiento.

a) Hoteles y otros servicios de alojamiento.

b) Servicios de segundas viviendas.

• Servicios de provisión de alimentos y bebidas.

• Servicios de transporte de pasajeros:

a) Servicios de transporte interurbano.

b) Servicios de transporte por carretera.

c) Servicios de transporte marítimo.

d) Servicios de transporte aéreo.

e) Servicios conexos de transporte de pasajeros.

f) Alquiler de bienes de equipo para el transporte de pasajeros.

g) Servicios de mantenimiento y reparación de equipo para el transporte de pasajeros.

• Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guías de turistas.

a) Servicios de agencias de viajes.

b) Servicios de tour operadores.

c) Servicios de información turística y de guías de turismo.

• Servicios culturales:

a) Representaciones artísticas.

b) Muesos y otros servicios culturales.

• Servicios recreativos y otros servicios de esparcimiento:

a) Deportes y servicios recreativos deportivos.

b) Otros servicios de esparcimiento y recreo (zoológicos, parque temáticos, balnearios, etc.).

• Servicios turísticos diversos:

a) Servicios financieros y de seguros.

b) Servicios de alquiler de bienes.

c) Servicios turísticos (internet).

Todos ellos inciden en las preferencias del consumidor turístico y por lo tanto en la captación de recursos, los cuales determinan la rentabilidad existente en los negocios turísticos que se encuentra en relación estrecha con la afluencia turística nacional e internacional.

Derivado de la aplicación de los 3 FSL (5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre), que a partir de 2006 se establecieron y al analizar el comportamiento en los meses en que estos se celebran (febrero, marzo y noviembre) y a través del comportamiento del Excedente Bruto de Operación, entendido como la utilidad o ganancia monetaria que obtienen los prestadores de la industria turística dedicados principalmente al transporte, hotelería y restaurantes, nos permite conocer su contribución a la economía nacional.

Al utilizar el Excedente Bruto de Operación una vez descontado el consumo agregado de los insumos utilizados para la producción de sus respectivos bienes y servicios (maquinaria y equipo, costos de las instalaciones, gasto corriente entre otros), los costos laborales (sueldos y salarios), e impuestos sobre la producción; nos permite conocer la utilidad o ganancia neta la cual se obtiene de restar al Valor Bruto de Producción, el consumo intermedio, los costos laborales y los impuestos.

Los resultados anteriores permiten afirmar que los costos laborales son un factor importante de la producción, y que estos pueden reducir los márgenes de ganancia de la actividad económica.

En el análisis de los resultados anuales (2007-2011) de las Cuentas Nacionales relacionadas con las cuentas satélites del sector turismo, específicamente en la producción de bienes y servicios de las ramas relacionadas con el transporte, hospedaje, alimentos y bebidas se obtuvo lo siguiente:

Las actividades turísticas relacionadas con las ramas antes señaladas obtuvieron en el año 2007 utilidades por 249 mil 470.8 mdp y en el año 2011 se incrementaron a 298 mil 189.3 mdp, de los cuales:

• Los excedentes en la rama de transporte en el año 2007 fueron de 143 mil 071.8 mdp y de 178 mil 863.7 mdp en el 2011, aumentado un total del 25%.

• Los excedentes en la rama de alojamiento fueron de 92 mil 552.3 mdp en el 2007 y de 110 mil 141.7 mdp en el 2011, aumentando un total del 19%.

• Los excedentes en la rama de alimentos y bebidas pasaron de 13 mil 846.7 mdp en el 2007 a 9 mil 183.9 mdp en el 2011 disminuyendo un total de 33.67%.

En la siguiente grafica se muestra en cifras la Producción Bruta de las ramas del turismo, transporte, hospedaje y alimentos y bebidas comparando los periodos productivos 2007-2011. Así como el crecimiento paulatino que se ha generado año con año.

Así la rama del sector turístico con mejor crecimiento y rentabilidad para ampliar sus fronteras es la del transporte, ya que ha obtenido resultados de Excedentes Brutos positivos año con año, lo anterior no indica que el resto de las actividades analizadas (de alimentos y hospedaje) sean incapaces de cubrir los costos de los insumos, pagar salarios devengados por el factor trabajo y cubrir los impuestos que dicha actividad genera o que no tengan utilidad, simple y sencillamente que el margen fue un tanto menor en el periodo 2009-2010 resultado de la disminución en la afluencia turística del país generada por la crisis económica mundial y la contingencia de salud sufrida en el país.

En el grafico 2, se refleja la información comparativa entre el valor Bruto de Operación y el Excedente Bruto de Operación.

Durante el periodo 2007-2011 las ramas de turismo registraron Excedentes Brutos de Operación positivos año con año lo que implica que las unidades de negocio que prestan estos servicios operan con utilidades.

De lo anterior concluimos que existe una utilidad o ganancia monetaria positiva en las ramas del turismo, después de descontar costos laborales, de operación e impuestos lo cual nos indica que el Valor Bruto de la Producción es capaz de cubrir la masa salarial y las obligaciones fiscales de las unidades productivas por lo tanto dichos costos laborales no representan un factor para reducir la frontera de producción de bienes y servicios.

Con base a la información disponible sobre la afluencia de turistas, se puede apreciar de igual modo que el crecimiento de la actividad turística en relación con la afluencia de turistas nacionales e internacionales, refleja un resultado positivo de producción, especialmente en las ramas de transporte, hospedaje y alimentos y bebidas.

Por lo tanto, el establecimiento de FSL contribuye a la creación de fuentes de trabajo adicionales que el sector puede tolerar con facilidad  y por lo consiguiente estos son un elemento clave para el desarrollo nacional. Así el Sector Turístico se caracteriza por su capacidad de reclutar, seleccionar, capacitar y mantener una fuerza laboral bien capacitada y motivada, además de ofrecer servicios con un alto impacto en las preferencias del consumidor tanto nacional como extranjero.

Como ya se ha mencionado, los FSL parten de la conmemoración de determinados acontecimientos históricos, que se circunscriben a lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Es importante destacar que las fechas solemnes para toda la nación están contenidas en el artículo 18 del citado ordenamiento, siendo estas:

21 de enero: Aniversario del nacimiento de Ignacio Allende, 1779.

1 de febrero: Apertura del 2do. Período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

5 de febrero: Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

19 de febrero: “Día del Ejército Mexicano”.

24 de febrero: “Día de la Bandera”.

1o. de marzo: Aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla.

18 de marzo: Aniversario de la Expropiación Petrolera, en 1938.

21 de marzo: Aniversario del nacimiento de Benito Juárez, en 1806.

26 de marzo: Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe.

2 de abril: Aniversario de la Toma de Puebla, en 1867.

1o. de mayo: “Día del Trabajo”.

5 de mayo: Aniversario de la Victoria sobre el Ejército Francés en Puebla, en 1862.

8 de mayo: Aniversario del nacimiento, de Miguel Hidalgo y Costilla.

15 de mayo: Aniversario de la Toma de Querétaro, por las Fuerzas de la República, en 1867.

1 de junio: “Día de la Marina Nacional”.

21 de junio: Aniversario de la Victoria de las armas nacionales sobre el Imperio, en 1867.

19 de agosto: Aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.

1 de septiembre: Inicio del primer período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

11 de septiembre: Aniversario de la Victoria sobre el Ejército Español en Tampico, en 1829.

14 de septiembre: Incorporación del estado de Chiapas al Pacto Federal.

15 de septiembre: Conmemoración del Grito de Independencia.

16 de septiembre: Aniversario del inicio de la Independencia de México, en 1810.

27 de septiembre: Aniversario de la Consumación de la Independencia, en 1821.

30 de septiembre: Aniversario del nacimiento de José María Morelos, en 1765.

12 de octubre: “Día de la Raza” y Aniversario del Descubrimiento de América.

22 de octubre: Aniversario de la constitución del Ejército Insurgente Libertador.

23 de octubre: “Día Nacional de la Aviación”.

24 de octubre: “Día de las Naciones Unidas”.

30 de octubre: Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero, en 1873.

6 de noviembre: Conmemoración de la promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813.

20 de noviembre: Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en 1910.

23 de noviembre: “Día de la Armada de México”.

29 de diciembre: Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza, en 1859 y los días de clausura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

La conmemoración de estas fechas incide tanto en el trabajo como en las familias, dado que a partir de estas se reafirma la identidad nacional, que se entiende como el conjunto de hechos, tradiciones, costumbres y elementos que conforman y dan talante al pueblo mexicano destacándolo entre los demás países del orbe.

Los elementos o rasgos de identificación pueden ser entre otros de tipo cultural, social, etcétera; la conformación de nuestra identidad nacional dio inicio cuando se mezclo la sangre indígena con la española dando lugar al mestizaje a partir del siglo XV.

Sin el mestizaje no podrían existir los mexicanos, independientemente de los motivos, elementos o hechos que le dieron origen, es decir que a partir de ese suceso sine qua non  se establece formalmente el génesis de lo que posteriormente será México. Es así que el 12 de octubre se conmemora el encuentro de dos civilizaciones que habían coexistido en un mismo planeta durante siglos sin darse cuenta.

Este día las expediciones de Cristóbal Colon llegaron a las costas de las Islas Bahamas, dándose el contacto formal entre Europa y América. A pesar de que todavía no se revelaba la existencia de un continente, ese día se redireccionaría la visión que se tenia del mundo.

Fue así, que se creó “El Día de la Raza”, por Faustino Rodríguez San Pedro, Presidente de la Unión Ibero- Americana; ex ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de España en el año de 1913; como una celebración para unir a España e Ibero América; festejo que fue aceptado por varios países incluido Estados Unidos, más tarde la misma España, cambiaria paulatinamente el titulo, por el del “Día de Hispanidad”, a sugerencia del cónsul español Ricardo Monner Sans, hasta que fue oficializado por Decreto de la Presidencial del Gobierno el 10 de enero de 1958.

En Argentina, se establece el “Día de la Raza” en 1917 con el Decreto del 4 de Octubre de 1917 por el Presidente Hipólito Irigoyen. 93 años después, Cristina Fernández de Kircher firma el Decreto Presidencial 1584/2010 publicado el día 3 de Noviembre de 2010, estableciendo el “Día del Respeto y la Diversidad Cultural”.

Por otra parte, Venezuela instaura la Celebración en 1921 por el Decreto del Presidente Juan Vicente Gómez, y para el 2003 toma otro sentido cuando su entonces Presidente de la Republica, Hugo Chávez, con el Decreto del 10 de Octubre de 2002, establece que el 12 de octubre se conmemoraría el “Día de la Resistencia Indígena”.

Por su parte, México adopto la celebración del “Día de la Raza” durante la presidencia de Álvaro Obregón a indicación del filósofo, político y educador José Vasconcelos, quien estaba a cargo de la Secretaria de Educación, Vasconcelos refiriéndose a lo que él llamaba la Raza Iberoamericana (raza cósmica), le daría a los festejos un significado de mestizaje y sincretismo cultural.

La idea de Vasconcelos sustenta el rescate de la conmemoración del Día de la Raza, ya que para él es la fiesta de toda la familia, de la estirpe”... donde se hable español, tenemos una patria que ningún poder humano puede arrebatarnos, la patria de las almas que forman la variedad de la  comunidad castellana”.

La celebración del “Día de la Raza” engloba los elementos culturales, religiosos y artísticos traídos de Europa y que fueron sumados en Mesoamérica (incluso en la misma lengua); como un mínimo ejemplo, la civilización española castellanizo una gran parte de América y cada indígena que aprendió castellano lo mezclo con su lengua nativa, dándole así vida a un nuevo idioma: el español.

De esta manera, se hizo hijo legítimo de la raza española y de las poblaciones indígenas, creada de un mestizaje próvido y también  de una alianza espiritual, por eso mismo hay que ver que las revoluciones de independencia no divorciaron al indio español, si no que lo renovaron.

Vasconcelos pensaba que a la hora de la emancipación, nuestras raíces, en su mayoría españolas, ya sea por sangre o por cultura fueron impugnadas por los caudillos libertadores. Pero este rechazo no puede hacer perder el sentido histórico de una raza, lo que equivale a un completo absurdo,  así como si se renegara de unos padres sabios cuando muchos de nosotros somos culpables de la decadencia.

Objetivo de la iniciativa

El 12 de octubre nos recuerda esta mezcla original de la sangre; la tradición religiosa; el idioma; las costumbres familiares y la cultura, como un referente diferenciador que nos otorga preponderancia y sabiduría que nos eleva. Día de la Raza, de la raza mixta.

En México, el 12 de octubre como día festivo oficial se declara por primera vez en 1892, a pesar de ello, la anualidad del mismo no se da sino hasta 1929, cuando Emilio Portes Gil, Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, firma el Decreto que declara “Fiesta nacional el 12 de octubre, Día de la Raza” y aniversario del descubrimiento de América”, estableciéndose como referente el año 1925 cuando José Vasconcelos escribe su obra “La Raza Cósmica”.

Cabe señalar, que el decreto que da origen a la celebración del 12 de octubre solo ha tenido una reforma consistente en adoptar una bandera que por iniciativa uruguaya ya había sido aceptada oficialmente por los Gobiernos del Continente Americano, a través de la Séptima Conferencia Internacional Americana, celebrada en la Ciudad de Montevideo del 3 al 26 de diciembre 1933. La iniciativa para la adopción de dicha bandera fue presentada el 8 de septiembre de 1934 a la Cámara de Diputados por el Presidente Abelardo L. Rodríguez y específicamente en el artículo 2, adiciona al Decreto del 11 de Octubre de 1929, que se declaro fiesta nacional el 12 de octubre, “Día de la Raza”.

Es sabido de antaño que el 12 de octubre llego a ser un día de asueto, sin embargo, el mismo no se ha considerado un día de descanso obligatorio dentro de la Ley Federal de Trabajo, si no como una fecha dentro del calendario cívico y cuya suspensión de labores ha estado en función de “decisiones de sectores concretos” como las que se han llevado para determinar el calendario escolar por la Secretaria de Educación Pública  (SEP), o las que las mismas empresas acuerdan entre patrones y trabajadores en los contratos colectivos de trabajo estableciendo los días que se consideran como no laborables adicionales a los establecidos por la Ley Federal de Trabajo.

Por lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Citada por Yamile Hamoui, Yadira Sirit y Mónika Bellorin (2005). Ausentismo laboral del personal administrativo de una universidad pública venezolana, en: Salud de los Trabajadores, Vol. 13, Nº 2, Julio-Diciembre de 2005.

2 Organización Internacional del Trabajo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2009. Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad. Pág. 61. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.pnud.cl/areas/GobernabilidadDemocratica/2010/Informe%20trabajo%20y%2 0familia/informecompleto_esp.pdf

3 Ibídem. Pág. 62.

4 Ibídem. Pág. 63.

5 Ibídem. Pág. 62.

6 Ibídem. Pág. 106.

7 Sistemas de Cuentas Nacionales de México (2007,2011)

Cuentas satélites de turismo de México (2007,2011). Año base 2003, publicación del Inegi

Daratur “Llegada de turistas nacionales y extranjeros (2007, 2011)”

8 Expresión latina que significa ‘sin la cual no’ y se aplica a una condición que necesariamente ha de cumplirse o es indispensable para que suceda o se cumpla algo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 5 de julio de 2013.— Diputados: Rodolfo Dorador Pérez Gavilán  Juan Carlos Muñoz Márquez, Heberto Neblina Vega, Raúl Paz Alonzo, Leonor Romero Sevilla, José Luis Oliveros Usabiaga, Martín Alonso Heredia Lizárraga, José  Guillermo Anaya Llamas, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Rafael Acosta Croda, Enrique Alejandro Flores Flores,  Elizabeth Vargas Martín del Campo, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Carlos Fernando Angulo Parra, Germán Pacheco Díaz, Glafiro Salinas Mendiola, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, José Alejandro Llanas Alba, Néstor Octavio Gordillo Castillo, José Luis Valle Magaña, José Martín López Cisneros, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares , Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, María Guadalupe Mondragón González, Juan Carlos Uribe Padilla, J. Jesús Oviedo Herrera, Consuelo Argüelles Loya, Alejandra López Noriega, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Máximo Othón Zayas, José Enrique Reina Lizárraga, Alicia Concepción Ricalde Magaña, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Xavier Azuara Zúñiga, Alfredo Zamora García, Erick Marte Rivera Villanueva, Rafael González Reséndiz, Leslie Pantoja Hernández, Raúl Gómez Ramírez, Mariana Dunyaska García Rojas, María Celia Urciel Castañeda, Liliana Castillo Terreros, Mario Alberto Dávila Delgado, Angelina Carreño Mijares, Antonio Sansores Sastré, Joaquina Navarrete Contreras, José Luis Márquez Martínez (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Como lo ha solicitado, se turna a Comisiones Unidas...

El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul del diputado Martín Heredia. Dígame, diputado.

El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (desde la curul): Presidente, buenos días. Para pedirle al proponente, el diputado Dorador, si puedo adherirme a su iniciativa, firmarla y también recomendar a los miembros de la Comisión de Turismo que podamos signar esa iniciativa, que creemos que es muy benéfica para el turismo de este país.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ya el diputado Dorador ha dicho que por supuesto que está de acuerdo. Entonces, quienes deseen suscribir la iniciativa lo puede hacer aquí en la Secretaría. Se turna a Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Turismo, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Gracias, presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Con permiso, diputado presidente. Esta iniciativa es respaldada también por la diputada Aleida Alavez, la diputada Lorenia Valles, Julisa Mejía, Gloria Bautista, Guadalupe Flores, Javier Orihuela, Carlos de Jesús, Víctor Nájera. Esperamos que haya obviamente la oportunidad a sumarse algunas y otros diputados.

Someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Entre las propuestas presentadas por el titular del Ejecutivo dentro del paquete económico para el 2014, destaca la referida al impuesto sobre la renta. Se ha reiterado la importancia de la progresividad, de la tasa impositiva como un instrumento que posibilita la justicia social. Sin embargo, este argumento resulta muy endeble, porque en realidad no contribuye a mejorar el equilibrio entre quienes ganan más y aportan más a la hacienda pública.

En nuestro país el tema de la proporcionalidad y progresividad de las contribuciones ha sido un debate falso. Nunca el gobierno federal ha enfrentado el compromiso de gravar con tasas significativas la renta. La propuesta que presentamos el día de hoy tiene como objetivo enmendar la propuesta presentada por el secretario de Hacienda y en verdad gravar más a quienes tengan mayores ingresos.

En mi calidad de legisladora, estoy convencida de que debemos impulsar y empujar todas las acciones que encaminen a conseguir una mayor competencia en la calidad y precios de los productos y servicios que se ofrecen a los consumidores, denunciar y combatir las prácticas monopólicas y oligopólicas que obstruyen esa competencia, así como las acciones que de manera individual o en conjunto realicen las empresas en contra de los intereses colectivos o en detrimento del desarrollo democrático, laboral y cultural del país, así como del medio ambiente.

La fracción IV del artículo 31 de nuestra Constitución señala puntualmente que es obligación de todas las y los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así sea de la federación, del Distrito Federal, del estado o municipio en que residan. De manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo en materia de ISR señala, cómo la mayoría de los análisis de investigadores y especialistas del tema de las finanzas públicas, que se requieren mayores recursos para reducir la pobreza y desigualdad, mejorar la política social y promover el crecimiento económico, así como impulsar la redistribución de la riqueza mediante el gasto social y un esquema tributario progresivo.

Sin embargo, todos conocemos la falta de equidad y proporcionalidad del sistema fiscal del país. Esta característica de nuestro modelo no es una casualidad o una imperfección legal, los poderes fácticos han sometido al Congreso y de manera permanente quienes terminan pagando más impuestos son quienes menos ganan.

México es un país que ha fomentado una brecha enorme entre ricos y pobres. La concentración de la riqueza ha sido denunciada en foros nacionales e internacionales, pero nunca se han presentado iniciativas que modifiquen esta realidad ni observamos voluntad suficiente para enmendar estas grandes desigualdades. Esperamos que hoy sea lo contrario.

Para poder revertir las enormes asimetrías que padece nuestro país debemos modificar nuestra concepción sobre lo que entendemos y esperamos de la política y estrategia hacendaria. Sin modificar la concepción y los alcances de la Ley del ISR será imposible alcanzar la justicia tributaria tan anhelada e imprescindible para modificar y resolver todos los problemas que tiene el país.

Millones de ciudadanos —como lo muestran los resultados de las mediciones de la pobreza— han mermado su nivel de vida y cancelado la posibilidad de tener movilidad social. Hoy —sin temor alguno de equivocarnos— podemos afirmar que dos terceras partes de la población se encuentran en situación de vulnerabilidad, y de mantener estos esquemas fiscales débiles estarán condenados a mantenerse en esa situación e incrementar en número hasta su inanición.

La propuesta del gobierno en materia de ISR es aún tibia. La progresividad no se nota y no se identifica el escalonamiento de la misma. La tarifa vigente presenta ocho tramos, que inicia como límite inferior de cero y concluye con un límite superior de los 392 mil 841 pesos con 97 centavos, aplicando una tasa tan solo de 1.92 al 30.

Durante los últimos 25 años la Ley del ISR ha presentado modificaciones que ni han incrementado los ingresos de la hacienda pública ni han permitido lograr un equilibrio entre los beneficios y las cargas de la cooperación.

En 86 existían 28 tramos hasta que en 2005 hubo una disminución que llegó a 5, y en 2008 alcanzó los 8 que están vigentes hasta hoy. El Ejecutivo solo crea un tramo más, que va del medio millón en adelante.

Nuestra propuesta deja la tabla en 12 tramos, lo cual permite el escalonamiento y progresividad muy clara para ingresos superiores al medio millón, a los 750 mil, un millón, 10 millones y en adelante, con gravámenes de 30, 31, 32 y 40 por ciento. Esta propuesta se diferencia del Ejecutivo porque subraya la proporcionalidad de contribuyentes con mayores ingresos. Termino, presidente.

La progresividad no es un anhelo o concesión de un gobierno, es una urgencia que este país requiere para enmendar los grandes problemas que afronta y no podemos esperar más. Solicito que sea incorporado de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Socorro Ceseñas Chapa,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Entre las propuestas presentadas por el titular del ejecutivo dentro del paquete económico para 2014, destaca la referida al m. Se ha reiterado la importancia de la progresividad de la tasa impositiva como un instrumento que posibilita la justicia fiscal. Sin embargo, este argumento resulta muy endeble porque en realidad no contribuye a mejorar el equilibrio entre quienes ganan más  y aportan más a la hacienda pública.

El ejecutivo señala que la Encuesta de Ingreso y Gasto se tomo como instrumento para determinar el número de ciudadanos que obtienen ingresos por encima de los 500 mil pesos anuales, y que con esta información, determinar la capacidad de incrementar el porcentaje de 30 al 32 por ciento en el impuesto sobre la renta.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, destaca –con sobrada precisión– que en México la recaudación tributaria es de las más bajas de entre sus países miembros, incluso del promedio de América Latina (Renueve Statistics in Latin América 1990-2010) si no son considerados los ingresos producto de los derechos que provienen de la producción de hidrocarburos.

Este organismo internacional ha insistido que la recaudación está vinculada directamente a los impuestos indirectos, particularmente, impuestos específicos sobre la producción de hidrocarburos lo que ha posibilitado que al impuesto sobre la renta de personas físicas, contribuyan en una  reducida progresividad potencial del sistema tributario.

Indicadores nacionales como internacionales, son muy puntuales en el incremento de la presión tributaria que tiene nuestro país como porcentaje del Producto Interno Bruto en comparación con los países que integran la OCDE, pero todos coinciden en su supeditación a los derechos sobre producción de hidrocarburos.

En relación con los países pertenecientes a este organismo internacional, México es el país con menor recaudación tributaria entre 1990-2010 por las bases impositivas reducidas, la informalidad y una mala política de cobro de impuestos.

Es imprescindible de acuerdo a todas las informaciones disponibles, comprender la estructura y la importancia de cada uno de los impuestos, así como su eficacia y dimensión para poder mantenerlos, acrecentarlos o eliminarlos para fortalecer el sistema tributario.

La falta de transparencia del sistema tributario, impide que con toda puntualidad conozcamos el número y los montos de los impuestos que se cobran en este país. De acuerdo a datos de 2010 más del 50 por ciento de lo recaudado, pertenecía a los indirectos y los directos se han mantenido estables; un ejemplo claro es el de la renta de las empresas, que para 2010 sólo representaba el 2 por ciento del PIB por debajo del promedio de la OCDE.

En 2008 el Sistema de Administración Tributaria informó al Congreso la existencia de 12 mil 229 grandes contribuyentes activos y que para su padrón, representaban el 0.13 por ciento del universo total de contribuyentes localizados. Se precisaba que la recaudación nacional neta fue de 2 millones 69 mil 27.3 de millones de pesos, de la cual, los grandes contribuyentes aportaron 72.9 por ciento, es decir, 1 millón 510 mil 222.4 de millones de pesos.

Con contundencia se afirmaba que para el mismo año, el Sistema de Administración Tributaria  obtuvo 62 mil 980 millones de pesos por concepto de auditorías practicadas y no sólo eso, el 60 por ciento de ese universo pertenecía a grandes contribuyentes. Continua señalando el documento de la autoridad tributaria que los montos derivados de las auditorías a grandes contribuyentes que en 2005 representó 18, 326.2 millones a 37, 636.1 millones en 2008.

En materia de juicios, los montos asociados a sentencias definitivas ganadas a los grandes contribuyentes se incrementaron de un 39 a 82 por ciento entre 2005 y 2008. Sin embargo, la información que más destaca y confiesa la debilidad de la recaudación en materia de Impuesto Sobre la Renta, descansa en que el régimen actual “permite que alrededor de 400 grandes grupos empresariales, mismos que en su conjunto acumularon ingresos por 4.96 billones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal en ISR de apenas 1.7 por ciento en promedio” y se reconoce que en un esquema convencional de pago de ISR, como el que nos encontramos la mayoría de los contribuyentes, los grupos empresariales estarían obligados a pagar un porcentaje mucho mayor al aportado en este momento.

Asimismo, destaca que los sectores que utilizan este esquema son: cementeras, tiendas de autoservicio, departamentales, automotrices, cerveceras, televisoras, empresas de electrodomésticos, telecomunicaciones, cosméticos, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinarias y equipos, refresqueras, constructoras, operadoras financieras, grupos hoteleros, empresas mineras, cigarreras, empresas de transporte, casas editoriales etcétera.

Es muy importante señalar que en el estudio coordinado por el doctor Carlos Urzúa, “Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México” el hoy director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, encuentra como conclusión que las pérdidas sociales debido al ejercicio de poderes monopólicos u oligopólicos en México,  no solamente son significativas, sino que también son regresivas, pues afectan más a los que menos tienen. Más aún, la pérdida en el bienestar social es también diferente para cada entidad federativa, siendo los habitantes de los estados del sur de México los más afectados por las empresas con poder de mercado.

Aún más, señala a las empresas que ejercen control de mercado y que por tanto afectan la calidad de vida y la pérdida de los hogares debido al ejercicio monopólico: En Tortilla de maíz: la empresa Grupo Maseca (Gruma) produce más de dos terceras partes de la producción de harina de maíz en México, por lo que es, para todos los propósitos, la empresa dominante; Carnes procesadas: tres empresas dominan el mercado, Sigma Alimentos, Grupo Bafar y Qualtia Alimentos.  Pollo y huevo: tres empresas concentran alrededor de la mitad de la producción nacional, Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson. Aun cuando la competencia vía importaciones ha ido creciendo de manera sustantiva en este mercado; leche: dos empresas, Lala y Alpura, controlan alrededor del 80 por ciento del mercado, el resto está fragmentado; Refrescos, jugos y agua: las dos grandes empresas en el caso de las bebidas carbonatadas son Femsa (Coca Cola) y Pepsico (Pepsi). No obstante, la primera detenta un porcentaje lo suficientemente alto del mercado como para haber sido declarada como empresa dominante por parte de la Comisión Federal de Competencia en 2008;  Cerveza: el mercado está controlado en casi un cien por ciento por Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Además, el mercado está geográficamente segmentado y los precios son básicamente idénticos entre marcas competidoras. Es por ello que puede presumirse la práctica anticompetitiva conocida como paralelismo consciente; medicinas: hay un sinnúmero de empresas productoras, pero sólo dos grandes distribuidoras, Casa Saba y Nadro (Nacional de Drogas). Aun cuando la competencia vía supermercados (especialmente Wal-Mart) ha ido creciendo, para el año en que fue levantada la ENIGH, y dada la presunción de una práctica de paralelismo consciente entre productoras y distribuidoras, supusimos un cartel, es decir, son los mismos sectores que la autoridad hacendaria reporta como aquellos que utilizan esquemas legales pero altamente inequitativos en materia tributaria.

Ciertamente la legislación actual,  facilita los abusos en la venta de bienes y la prestación de servicios, en materia de precios y de calidad. Así, los consumidores concurren a un mercado controlado por oligopolios en una situación de verdadera desventaja, sin organización, con la debilidad que da actuar a título individual.

Por lo anterior, en mi calidad de legisladora, estoy convencida de que  debemos  impulsar  y empujar todas las acciones que  encaminen a conseguir una mayor competencia en la calidad y precios de los productos y servicios que se ofrecen a los consumidores; denunciar y combatir las prácticas monopólicas y oligopólicas que obstruyen esa competencia así como las acciones que de manera individual o en conjunto realicen las empresas en contra de los intereses colectivos o en detrimento del desarrollo democrático, laboral y cultural del país, así como del medio ambiente.

Por lo tanto, es imprescindible eliminar los beneficios fiscales a las grandes empresas, como se han mantenido por décadas, de manera que,  esos beneficios fiscales así como los apoyos financieros sean dirigidos hacia los sectores productivos que fortalecen las economías locales y regionales brindando opciones a los consumidores en términos de calidad y precios de los productos y servicios.

La iniciativa presentada por el titular del ejecutivo en materia de Impuesto Sobre la Renta señala como la mayoría de los análisis de investigadores y especialistas del tema que las finanzas públicas requieren mayores recursos para reducir la pobreza y desigualdad, mejorar la política social y promover el crecimiento económico, así como impulsar la redistribución de la riqueza, mediante  el gasto social y un esquema tributario progresivo.

Sin embargo, para empujar un sistema tributario progresivo, debemos de definirlo y poner en contexto y con precisión su significado, tomando como referencia su definición conceptual y sus implicaciones en cada carga impositiva y dependiendo de su gradualidad.

Tal y como afirman investigadores y especialistas en materia económica, México es un país de ingreso medio alto en las clasificaciones internacionales, sin embargo, uno de los de menor captación fiscal y capacidad de gasto público respecto del PIB entre los miembros de la OCDE,  incluso en comparación con países de desarrollo similar como serían Brasil y Chile en América Latina.

“Los ingresos tributarios en México ascendieron en 2008 a 9.5 por ciento del PIB, mientras que la media de América Latina y el Caribe fue de 15 por ciento en ese año y la de la OCDE alcanzó 35.9 por ciento en 2006. Poco más de la mitad del ingreso tributario (4.9 por ciento del PIB) correspondió a la recaudación del ISR y del IETU, en tanto que la recaudación del IVA alcanzó 3.8 por ciento del producto. Los ingresos petroleros contribuyeron con 38 por ciento de los ingresos públicos totales. El gasto público alcanzó ese año 22.1 por ciento del PIB, del cual 16.7 por ciento correspondió a gasto programable. Aunque 58 por ciento del gasto programable se destinó a actividades de desarrollo social, México también se encuentra por debajo de la media latinoamericana en este rubro.” (México y la crisis económica internacional: un diagnóstico, UNAM).

Razones para comprender este fenómeno existen varias. En principio no es casual que los principales opositores para modificar las leyes en materia de competencia económica  y ahora quienes muestran sus diferencias en torno a la reforma hacendaria sean en su mayoría los mismos actores. Esta reminiscencia a realizar cualquier cambio en materia legal, en la parte fiscal, tiene su origen en la pretensión permanente de mantenerse al margen de la solidaridad al país y su indiferencia tributaria.

La propuesta del titular del ejecutivo señala que “Con objeto de fortalecer la recaudación y dotar de mayor progresividad al sistema impositivo y en particular al ISR personal, se plantean reformas que amplían su base e incrementan la contribución de las personas que obtienen mayores ingresos.

Para 2010, 2011 y 2012  se modificó la tasa aplicable a las personas morales, de 28 por ciento a 30 por ciento. Se estableció un compromiso en disposiciones temporales que para 2013, la tasa sería de 29 por ciento y a partir de 2014 regresará a 28 por ciento.

En concordancia con el cambio de tasa del ISR, se adecuó el factor para el cálculo a dividendos, para 2010, 2011 y 2012, se aplicaría el factor de 1.4286, en 2013 el factor de 1.4085 y en 2014 el de 1.3889.

También se modifico el factor de reducción del ISR para las personas del sector primario, por lo que para 2010, 2011 y 2012, la reducción al impuesto será de 30 por ciento y para 2013, será de 27.59 por ciento, de conformidad con el artículo segundo de disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Tarifa del ISR de personas físicas con tasa del 32 por ciento: uno de los principios fundamentales de un buen marco tributario es que los impuestos, en particular aquéllos que se aplican sobre el ingreso, deben ser progresivos. Es decir, quienes tienen una capacidad de pago superior, deben contribuir en una mayor proporción al financiamiento de los gastos públicos.

Uno de los objetivos fundamentales de la iniciativa de reforma hacendaria que se propone consiste justamente en fortalecer la progresividad del sistema tributario del país. Ello, con el fin de que todos los mexicanos contribuyan al desarrollo de manera proporcional a su capacidad económica.

Así, con el fin de dotar de mayor progresividad al marco tributario y hacer más justa la contribución al desarrollo, se propone a esa Soberanía adicionar un nuevo tramo a la tarifa del ISR de personas físicas, aplicable para las personas físicas con ingresos gravables superiores a 500 mil pesos anuales con una tasa marginal de 32 por ciento.

Es importante destacar que esta medida no afecta a las personas de ingresos bajos y medios en el país, toda vez que no implicaría un incremento en la carga tributaria de la mayor parte de la población. Información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares indica que menos del 1 por ciento de la población total (o de los perceptores de ingresos de los hogares) recibe ingresos iguales o mayores al límite propuesto de 500 mil pesos al año.

Respecto del nivel de tasa que se propone establecer en este nuevo escalón de la tarifa, se debe señalar que la propuesta no es excesiva e implica que las tasas marginales máximas continuarán siendo menores a las observadas en otras economías, incluyendo los principales socios comerciales del país. Así, se evita introducir elementos que eviten el funcionamiento eficiente de la economía o que deterioren la competitividad de México.

Para poder revertir las enormes asimetrías que padece nuestro país, debemos modificar nuestra concepción sobre lo que entendemos y esperamos de  la política y estrategia  hacendaria. Sin modificar la concepción y los alcances de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será imposible alcanzar la justicia tributaria tan anhelada e imprescindible para modificar y resolver todos los problemas que tiene el país.  Millones de ciudadanos,  como lo muestran los resultados de las mediciones de la pobreza, han mermado su nivel de vida y cancelado la posibilidad de tener movilidad social. Hoy sin temor alguno de equivocarnos, podemos afirmar que dos terceras partes de la población se encuentran en situación de vulnerabilidad y de mantener esquemas fiscales débiles, estarán condenados a mantenerse en esta situación e incrementar en número hasta su inanición.

De manera permanente escuchamos en los funcionarios de hacienda que sería una irresponsabilidad mayúscula incrementar el  déficit, sobre endeudarnos, dilapidar los ahorros, sacrificar la inversión productiva y ahogar el ciclo económico. Sin embargo, cuando señalamos la erosión que padece el sistema tributario y la debilidad del aparato en su conjunto, las miradas se vierten en la base de contribuyentes de siempre.

A estas debilidades que se enlistan, debemos señalar que de conformidad con información de la Bolsa Mexica de Valores (BMV) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT), sabemos que durante los últimos 5 años, las empresas más importantes del país, han contribuido de manera marginal a los ingresos públicos, aún y a pesar del incremento en la tasa del Impuesto Sobre la Renta, ya que las mayores tasas efectivas de este impuesto siguen recayendo fundamentalmente en Petróleos Mexicanos y en los causantes cautivos o asalariados.

Es importante agregar que a la baja tributación de las grandes empresas, los regímenes fiscales preferenciales o “especiales” de los cuales son objeto, les permiten generar los llamados “impuestos diferidos” que son impuestos que deben al fisco, pero que la ley les permite postergar su pago, casi de manera indefinida a lo largo del tiempo.

Así pues, llama la atención que entre 2006 y 2011, a pasar del incremento en los impuestos, los llamados “impuestos diferidos” de las grandes empresas se incrementaron en más de 26 mil millones de pesos.

Finalmente, conviene señalar que mientras q las “tasa efectivas” de impuesto sobre la renta de las grandes empresas se ubicaron en promedio en 4.4 por ciento, la de un trabajador asalariado y sin prestaciones, oscilaron un rango mínimo de 10.5 por ciento, para trabajadores con una percepción de 5 mil pesos mensuales, hasta la tasa máxima de 30 por ciento para percepciones superiores a los 50 mil pesos mensuales.

Estas evasiones serias, deben de terminar. La progresividad del pago del impuesto sobre la renta debe ser lo más justo y eficiente. Las personas físicas y las morales deben de asumir su responsabilidad tributaria y la autoridad,  está obligada a perseguir y generar las condiciones de justicia en el tema.  El propio subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el titular de la dependencia, doctor Luis Videgaray, han manifestado la nula progresividad en el pago de los impuestos sobre las utilidades de los contribuyentes.

La propuesta presentada por el titular del Ejecutivo nos parece incompleta, pues así como en tantas propuestas se busca simetrías con las directrices de organismos internacionales, particularmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de tal suerte que, verdaderamente alcancemos la progresividad tan necesaria para robustecer las finanzas del Estado mexicano y con ello, poder afrontar los grandes rezagos en materia social que padece nuestro país y millones de mexicanos.

El comportamiento del impuesto sobre la renta respecto de los ingresos del sistema tributario, se han mantenido estables respecto del producto interno bruto durante las últimas 4 décadas. Una de las razones fundamentales es la pésima distribución del ingreso, la cual es el mayor obstáculo, aunado a la enorme diversidad de tratamientos preferenciales que también contribuyen a una baja  recaudación. Estoy convencida de que la propuesta presentada por el titular del ejecutivo, respecto del impuesto sobre la renta, que pretende modificar el porcentaje respecto de los ingresos, es insuficiente, los 75.1 miles de millones de pesos que se obtendrían de esta modificación, si bien representan un monto considerable de recaudación, esconden en el fondo, la pretensión de seguir manteniendo a quienes obtienen mayores ingresos en un esquema de privilegio.

Es inaudito que se pretenda gravar con la misma tasa a quienes obtienen ingresos superiores a 500mil pesos con un porcentaje del 30, que a quienes ganan más de 1 millón de pesos; 10 millones de pesos y más. Podemos aún gravar a las personas físicas que sí obtienen estas utilidades.  Proponemos hacer una modificación al artículo 177 de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta para modificar 1 tarifa y agregar dos tarifas,  que paguen un porcentaje  diferente sobre los ingresos superiores a $500,000.00; $1,000,000.00; 10,000,000.00 y en adelante como lo muestra la grafica.

El doctor José Woldenberg señaló el día jueves 3 de octubre en su artículo del periódico Reforma, una crítica sobre la propuesta, y es contundente en la debilidad de la misma “la reforma fiscal establece un pequeño incremento al impuesto sobre la renta a las personas que ganamos más de 40 mil pesos al mes (pagaremos en lugar del 30 por ciento el 32). Vale la pena subrayar que es un impuesto que se aplica a las personas y que los datos de la ENIGH ilustran los ingresos de los hogares. Lo que quiere decir que si en cualquier casa existe una persona que gana más de 40 mil pesos, esa vivienda se encuentra ya en el decil 10, el de –nosotros– los privilegiados. Como cualquiera puede ver, ese incremento impositivo no afecta a la clase media, sino a menos del 10 por ciento de quienes recibimos los ingresos más altos del país. Lo que sucede es que algunos de ese conjunto de favorecidos se piensan a sí mismos como clasemedieros, quizá porque se comparan con el uno por ciento más rico y no con el 90 por ciento más pobre.

Ahora bien, en el 10 por ciento más rico de la sociedad las diferencias son bestiales. Y esa puede ser una fuente de inconformidad legítima: porque en efecto no es lo mismo ganar 40 mil pesos al mes que cuatro millones o más. Y esas diferencias deberían ser tratadas de manera distinta en términos fiscales, lo que el proyecto de reforma no hace. En ese decil todavía se podrían incorporar fórmulas progresivas para que los que ganan –digamos– 40 mil pesos al mes paguen el 32 por ciento propuesto, pero los que ganan 100 mil contribuyan más y los que ganen un millón aún más. Digo, para cumplir cabalmente con la premisa de que los que más ingresan más contribuyen”. Esta propuesta permite achicar la falta de solidaridad de los estratos de la sociedad con mayores ingresos.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del artículo 147 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Capítulo XI
De la declaración anual

Artículo 175. ...

Artículo 176. ...

Artículo 177. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos  obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este Título, después de efectuar las  deducciones autorizadas en dichos capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las Secciones I  o II del Capítulo II de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que  se refiere el artículo 176 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente:

....

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Diputados: María del Socorro Ceseñas Chapa, Martha Lucía Mícher Camarena, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Carlos de Jesús Alejandro, Uriel Flores Aguayo, Hugo Jarquín,  Julisa Mejía Guardado, Javier Orihuela García, Antonio Sansores Sastré, Lorenia Iveth  Valles Sampedro (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputada. La diputada Ceseñas tiene dos iniciativas agendadas hoy. Por un error mío anuncié la de la Ley Federal del Trabajo, y como todos escuchamos fue la del ISR.

Entonces, esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, además de insertarse íntegra en el Diario de los Debate, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 6o., fracción II, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Suprimir de la Ley Federal del Trabajo, los aspectos más agresivos a los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores, producto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012, a fin de restablecer el estado de derecho y la justicia social. Esto comenzando por el outsourcing o subcontratación, las nuevas formas flexibilizadoras de contratación laboral, el indebido impulso al despido, y el desconocimiento a la libertad y autonomía sindicales. Incorporando a la vez, normativas indispensables para recuperar el sentido tutelar y humanista del Derecho Laboral, que es su esencia.

Argumentos

Respondiendo a la solicitud de algunos legisladores del PRD y al clamor social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha estado publicitando la necesidad de revisar la reciente reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, por lo que ante la urgente necesidad de esta tarea, hay que tomarle la palabra.

La presente no tiene por objeto volver a presentar la iniciativa de reformas integrales a la Ley Federal del Trabajo, que ya presentó el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados el 11 de septiembre de 2012, sino dentro de la realidad que representa la contrarreforma a la LFT del 30 de noviembre del 2012, proponer los cambios centrales que ésta exige, para respetar los principios de este campo del derecho y derechos mínimos de los trabajadores. Pues es evidente, que por lo pronto, no se suprimirá de golpe toda la normativa de esta contrarreforma, sino que responderá a un proceso más o menos largo, según el equilibrio de fuerzas en el país. Pero de lograrse el tránsito del contenido de esta iniciativa, representaría un enorme avance en la lucha por recuperar un equilibrio real entre los factores de la producción.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012, lleva ya casi un año de vigencia, lo suficiente, para ver si se ha avanzado en la solución de los problemas para cuya solución fue aprobada, o si éstos se han complicado.

Esta reforma tuvo su origen en una iniciativa preferente presentada por el ejecutivo Federal, que supuestamente permitiría impulsar el empleo formal, especialmente en favor de las mujeres y jóvenes, mejorar el salario y en general las condiciones de trabajo, el combate al trabajo infantil, la libertad y democracia sindicales, la agilización de los procesos laborales, la inversión empresarial para crear tales empleos formales, entre otros.

A este efecto introdujo la subcontratación u outsourcing, las contrataciones por hora, capacitación inicial, a prueba, redujo a doce meses los salarios caídos, por citar algunos.

En su momento, sobre tales reformas que se proponían, se levantaron algunos señalamientos en contra:

1. La subcontratación u outsourcing, se argumentó que iba a profundizar la precarización del empleo, el salario, las prestaciones y representaba un golpe de muerte para los sindicatos, en general para el ejercicio de los derechos colectivos. Además degradaba a mercancía, a objeto al trabajador. Finalmente, ponía en jaque las finanzas del IMSS, en general de las instituciones de seguridad social.

Que prácticamente equivalía a transformar en informal todo el trabajo, y legalizar fraudes laborales, a la seguridad social y al fisco. Que las empresas subcontratistas que tienen en su contra demandas, incluso penales, por parte del fisco eran las que más estaban presionando la aprobación de esta reforma.

2. Las nuevas modalidades de contratación, destacadamente los contratos de capacitación inicial y a prueba,que junto con la subcontratación harían añicos la estabilidad en el trabajo y por tanto todo proyecto de vida para el trabajador y su familia, legalizando la terminación de la relación de trabajo sin indemnización alguna; quitando todo futuro sobre todo a los jóvenes y las mujeres. Haciendo casi imposible el acceder a una pensión.

3. Salario mínimo,al autorizar la contratación por hora, semana y jornada reducidas, se permitía que el trabajador recibiera el salario de una jornada, por regla general el salario mínimo, que siendo tan bajo en nuestro país, incluso menor al de Haití, lo sumiría en mayor pobreza, golpeando la integración familiar, la educación de los hijos, la salud, vivienda, en general la seguridad social y por tanto la seguridad pública; impulsaría igualmente mayor migración. También golpearía aún más el casi extinto mercado interno, que en el marco de la grave y sostenida crisis mundial y nacional, que se han desatado resulta indispensable fortalecer, como lo han insistido los empresarios, sindicatos y el propio gobierno. Salario mínimo, que sólo será, por la contratación precaria, de vez en vez, a la que acceda el trabajador.

4.Impulso y abaratamiento del despido,pues además de los despidos legalizados en el marco de los contratos por hora, a prueba, capacitación inicial (que revive el nefasto contrato de aprendizaje con tintes feudalistas que suprimió la LFT de 1970 ante los terribles abusos a que dio lugar en contra de niños y jóvenes) y el outsourcing; la LFT reformada (ya casi abrogada), señalaba que la capacitación inicial se debía hacer en el marco, en principio, de un contrato por tiempo indeterminado y con las prestaciones que se aplican en la empresa. Modificación introducida en la Reforma que lleva a la discriminación otra vez, básicamente en contra de los jóvenes, lo cual era condenable e inconstitucional ¿los jóvenes no forman parte del proyecto de nación, no son mexicanos, no tienen derecho a formar un proyecto de vida y una familia en condiciones dignas? ¿Sólo tienen el camino de la criminalidad, la informalidad y la migración, o el suicidio?). Y bien, se impulsaba y se abarataba el despido al aumentar injustas causas de despido y al reducir a 12 meses los salarios caídos, más un raquítico interés.

5. Multihabilidades (polivalencia; actividades conexas o complementarias),su establecimiento golpearía el empleo, aumentaría la sobreexplotación, e impulsaba el despido.

6. Permanencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, justicia no expedita, parcial, sometida a los intereses políticos y de las empresas. Asimismo se mantenía a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, garantía de que seguirían los salarios de hambre en contra de los trabajadores.

7. Equidad de género y protección de los niños, sólo se aceptaban unas cuantas normas, insuficientes de manera absoluta, para engañar a la opinión pública. En total oposición al reclamo masivo de la organizaciones a este respecto. Sin embargo el artículo 175 bis de la reforma, denominado por algunos como “Artículo Televisa”, negaba la calidad de trabajo, al servicio que presten las niñas y niños menores de 14 años, en los ámbitos del arte, la ciencia el deporte y cualquier otro talento. En consecuencia de lo anterior, estos menores no tendrían derecho a sus prestaciones laborales y de seguridad social, y sobre todo, quedaban fuera de la inspección del trabajo. Es decir, eran reducidos a objetos, mediante un acuerdo privado entre el “solicitante” (que en realidad es patrón), y los padres, o quienes ejerzan la patria potestad.

8. Exclusión de la LFT de las tablas de enfermedades y de valuación (riesgos de trabajo), lo que las transformaban en un acto meramente administrativo, sujeto a los caprichos de la STPS, ante la presión de intereses políticos y económicos. Si actualmente ya era casi imposible que se reconociera un riesgo de trabajo, por patrones e IMSS, ahora será aún más difícil.

9. Derecho colectivo. Se mantienen las bases de la antidemocracia y falta de transparencia en los sindicatos.

10. Mano de obra migrante (artículos 28, 28 A y 28 B),El objeto de estos artículos era abaratar la mano de obra mexicana que migra por medios legales al extranjero. Legalizando, en mayor o menor medida la supresión descarada e inhumada de sus derechos y la violencia que se ejerce contra de ellos.

11. Contingencias sanitarias y riegos de trabajo,Se establecían estas contingencias como de exclusiva responsabilidad patronal, dejando a un lado la del Estado. En el caso de las contingencias sanitarias, el trabajador sólo tendría derecho a una indemnización por un salario mínimo durante un mes. Se busca sobredimensionar el problema de la influenza con el objeto de aparentar la inclusión de modificaciones a la LFT supuestamente viendo el interés de la sociedad.

12. Trabajo a domicilio (artículo 311). Se considerará como tal el que se realizaba a distancia utilizando tecnologías de la información y comunicación. El telempleo era el empleo del futuro que ocupará a un número mayoritario de los trabajadores, por lo que se debería regir por las normas generales del derecho laboral; esto si no se quería ver anulado más adelante el derecho del trabajo.

13. Contratos por hora,cuando el anterior artículo 83 señalaba, que el salario se podía fijar por unidad de tiempo, se refería a una forma de salario o de pago, no a una forma de contratación, es decir, el pago por hora se podía acordar pero en el marco de los tipos de contratos previstos en la Ley. La reforma, trueca una forma de pago en una forma de contratación. Que significa, que el patrón, cuando así le convenga, aun cuando no lo exija la naturaleza del trabajo, podrá contratar por una o varias horas, por una o varias ocasiones a un trabajador, concluido este trabajo mezquino podrá dar por terminada la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad, salvo el pago de los salarios ya devengados; por tanto ni siquiera pagará ya partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, pues por unas cuantas horas sería risible la parte proporcional a otorgar, además de que separado un trabajador, vendrán otros y otros, y la cadena de inestabilidad hará casi imposible este pago, para no hablar del reparto de utilidades que textualmente exige por lo menos 60 días laborados en el año para acceder a este derecho. Este precepto, si lo dejáramos hablar diría: “Si contratas por hora a los trabajadores con cierta continuidad, deberás pagar partes proporcionales; si sustituyes a los trabajadores de manera constante, ya sólo pagaras salario”. Obvio, que si la rotación de mano de obra es constante, se omitirán también las obligaciones de la seguridad social: hoy está un trabajador, al día siguiente estará otro, para qué hablar de las pensiones. Imposible será también la facticidad de los derechos colectivos.

Visto lo anterior, los “límites” a los contratos por hora que se establecen en la LFT, es sólo para engañar a la opinión pública. La enorme rotación que impulsará el contrato por hora, hará imposible: el respeto de los derechos laborales, los derechos de la seguridad social, de la sindicalización y demás derechos colectivos; igualmente de la inspección del trabajo.

Pues bien, a casi un año de la aplicación de esta contrarreforma, las malas expectativas antes expuestas se han ido haciendo realidad, una a una. Pues los patrones y las autoridades, consideran que con esta reforma han recibido una patente de corso, para hacer prácticamente lo que quieran con los derechos de los trabajadores. El outsourcing prolifera como epidemia, sin respetar ni siquiera los pobres límites que prevé la Ley Federal del Trabajo; muchos de los trabajadores ya empleados a la entrada en vigor de las reformas de comento han sido despedidos para ser recontratados en el marco de los contratos de capacitación inicial, a prueba y por hora que resultan precarios y en general más baratos para el patrón (por lo que en los hechos ha habido una aplicación retroactiva de esta reforma); el empleo no ha mejorado y se ha ido incrementando el empleo informal; de la justicia laboral tardada y parcial que prevalecía antes de esta contrarreforma se ha pasado a la impunidad, ya que ante la reducción de los salarios caídos a 12 meses a los trabajadores les resulta cada vez más difícil encontrar un abogado que los patrocine y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo es cuestionable e impotente en gran parte, el empleo infantil, incluidas las peores formas del mismo sigue viento en popa, la violencia laboral, especialmente, contra las mujeres no cede, las finanzas del IMSS, debilitadas de manera premeditada se debaten entre la vida y la muerte y, por otra parte, los atentados más burdos contra la libertad y democracia sindicales son noticia de todos los días.

El artículo 175 Bis de esta Reforma, denominado por algunos como “Artículo Televisa”, niega la calidad de trabajo, al servicio que presten las niñas y niños menores de 14 años, en los ámbitos del arte, la ciencia el deporte y cualquier otro talento.

En consecuencia de lo anterior, estos menores no tienen derecho a sus prestaciones laborales y de seguridad social, y sobre todo, quedan fuera de la inspección del trabajo. Es decir, son reducidos a objetos, mediante un acuerdo privado entre el “solicitante” (que en realidad es patrón), y los padres, o quienes ejerzan la patria potestad.

Desde luego, se les niega su estabilidad laboral, y sólo tendrán derecho, a una “contraprestación”, que no podrá ser menor al salario que reciben las y los niños mayores de 14 años y menores de 16. En tal virtud, el artículo 175 bis, busca poner en charola de plata, en barata, a las niñas y niñas, en beneficio de Televisa y TV Azteca. Razón por la cual, este artículo, no sólo es inconstitucional, sino inmoral. No sólo permite, un mayor índice de explotación laboral, sino pone a los menores en riesgo de diversos abusos, al quedar a disposición de las televisoras.

En cuanto a las trabajadoras domésticas, el capítulo que las regula en la LFT nos parece ajeno al Derecho del Trabajo, ya que no es tutelar, sino cómplice en el desconocimiento de sus derechos más mínimos; un verdadero campo de concentración jurídica, en el que se autoriza la afectación de los más mínimos derechos laborales. ¡Claro como estamos frene a dos millones conformados esencialmente de mujeres y niños, y muchos de ellos indígenas, qué importa!

En contraste con lo anterior, sin lugar a dudas, uno de los mayores avances que se han dado en los últimos años en el mundo del Derecho Laboral, lo representa la expedición por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del Convenio 189, en tutela de las y los trabajadores que prestan sus servicios en el hogar, por lo que urge incluir sus normas protectoras en el Derecho Positivo Mexicano, en la Ley Federal del Trabajo, como ya lo han hecho otros países: Bolivia, Filipinas, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Italia, Alemania, Guyana, Mauricio, Sudáfrica.

Sobre todo, porque no vemos una pronta disposición de parte del Ejecutivo Federal para firmar el Convenio 189, lo que puede ser subsanado con una actuación decidida y sensible del Congreso de la Unión, en respeto a lo mandatado por nuestra Constitución en su artículo 123 Constitucional, en relación con el artículo 1o. de la misma, que ordena la tutela de los derechos humanos individuales y sociales sin discriminación alguna.

Esto actuará en beneficio de toda la clase trabajadora, ya que las condiciones laborales de los trabajadores del hogar, actúan en forma similar a como lo hace el salario mínimo.

Los médicos que realizan sus residencias, desde siempre han denunciado el trato cruel y explotación de que son víctimas. Los médicos “con mayor experiencia” en la profesión contestan a estos jóvenes médicos, que este innombrable trato es normal, y que el aceptarlo es parte de su capacidad para ejercer la medicina. Esto es una burla a la lógica y a los más elementales principios del humanismo, y de la eficiencia en los servicios médicos.

Esta deleznable situación se da no sólo en los servicios de salud privados, sino en los de carácter público, incluido el IMSS e ISSSTE.

Las médicas y médicos residentes, señalan que son víctimas de todo tipo de violencia psicológica, son sometidos a castigos como impedirles ingerir sus alimentos, tenerlos todo el día de pie e impedirles también el acudir a sus necesidades fisiológicas, por citar algunos tormentos.

Las mujeres, son objeto de humillaciones y obstáculos por su sola calidad de mujeres. Y no sólo son agredidas por los médicos que actúan como profesores sino por los residentes varones.

Sumado a lo anterior, estos trabajadores viven una carga insoportable de trabajo, pésimo salarios y, en general viven una sobre explotación de parte de los empresarios de la salud contraria a la Constitución y a la LFT.

En cuanto a los trabajadores del campo. Los Artículos 279, 280 y subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo, equivalen a la extensión al trabajo rural de la flexibilización de los contratos de trabajo contenidas en los artículos 39-A a 39-F y 83, pero de manera aún más brutal.

Baste ver que el artículo 280, eleva de 3 meses a más de 27 semanas (6.75 meses), el tiempo que de manera continua debe laborar un trabajador estacional o eventual, para que se le conceptúe como de planta o permanente.

Es decir, a los patrones del campo, este artículo les da el derecho de contratar desde una hora o menos, hasta casi siete meses, de manera que al término del plazo acordado, puede prescindir del trabajador, sin responsabilidad, y por tanto sin necesidad alguna de pago de indemnización. Bastará que un patrón, no contrate de manera continua por más de 6.75 meses a un trabajador, y éste nunca será de planta; por lo que podrá contratarlo, dejar pasar un lapso, y volver a contratarlo, y así una y otra vez. O bien, el trabajador, podrá ir rodando de empresa en empresa, sin llenar el tiempo referido para que nazca contrato por tiempo indeterminado.

Es obvio que ante tamaña permisividad, los patrones procurarán no contratar a estos trabajadores por más de los 6.75 meses, para evitar, que los trabajadores se conceptúen por tiempo indeterminado.

Ante la aprobación de los artículos 39-A a 39-F, el artículo 280 entraba en contradicción con éstos; había que dar también a los patrones del campo, el mismo regalo, el derecho de 6 meses para contratar sin responsabilidad; pero para el campo se aumentó un poco más (6.75 meses).

En el concepto que sobre trabajador del campo se da en el artículo 279, a diferencia de otras iniciativas ya presentadas ante la Cámara de Diputados, no se excluye a la gran industria de la transformación de la madera, y a la gran empresa agroindustrial. Las cuales, serán las más beneficiadas por el círculo perpetuo de contratos precarios.

Por otro lado, se copia mecánicamente el concepto de trabajo eventual del campo, contenido en la Ley del Seguro Social, que tiene otros fines, y que aquí se amplía, no sólo a los eventuales, sino indebidamente a los estacionales y, a los trabajadores del campo contratados para realizar un trabajo de naturaleza indefinida. En cuanto a los llamados de planta de temporada, ya por su naturaleza son de planta sin necesidad de 27 semanas de trabajo continuo, lo que no se respeta y, los últimos se deberían presumir por tiempo indeterminado desde el primer momento en que se incorporan a laborar, conforme al artículo 35 de la LFT (aún con la reforma neoliberal).

En suma, se arrebatan derechos de estabilidad, en perjuicio de los eventuales, estacionales, y los que deberían estar sujetos a un contrato por tiempo indeterminado. A los más pobres del país, se les va a empobrecer más

Derecho de ascensos, relativo a las vacantes definitivas, provisionales con duración de más de 30 días y puestos de nueva creación.En esencia pasa de derecho de los trabajadores a derecho de los patrones, ya que éstos, hayan o no cumplido con su obligación de capacitar, preferirán al que tenga más capacitación, sólo en segundo lugar al que tenga más antigüedad, como si hubiera contradicción entre antigüedad y capacitación, después al que tenga mayor aptitud (genérica para el trabajo respectivo), al más productivo, y al final al más apto para el puesto.

La mayoría de estos criterios son eminentemente empresariales y, se pueden manejar subjetivamente. Por lo que los trabajadores deben pugnar, por mediciones objetivos.

Se moduló un poco el contenido de la Iniciativa preferente, que agregaba como criterios “al más asiduo y puntual”, y sólo al final de los finales al más antiguo.

Este precepto, de manera clandestina, deroga 4 párrafos vitales para los trabajadores, incluido el que señala que en los contratos colectivos de trabajo se establecerá la forma de acreditar la aptitud y otorgarse los ascensos. Como no se hace referencia en el Decreto de Reformas a la derogación de estos 4 párrafos, se debe estimar que mantienen su existencia jurídica.

En los últimos años, los conflictos colectivos de naturaleza económica, se han usado por la patronal en complicidad con la autoridad laboral para demoler las prestaciones de los contratos colectivos, lo que no se debe ya permitir.

Ante el avance de las tecnologías, el teletrabajo se va ir masificado, lo que sumado a que se puede trabajar en una relación de trabajo en tiempo real, no debería considerarse como trabajo a domicilio sino conceptuarse jurídicamente como trabajo ordinario desempeñado en la empresa, en tutela de los derechos de los trabajadores y, especialmente, para el respeto de los derechos colectivos.

En suma, se debe regir por las normas generales del Derecho Laboral; esto si no queremos ver anulado más adelante y en gran parte, el Derecho del Trabajo.

Con la regulación que se hace de las tareas conexas, se rompe la bilateralidad de la relación de trabajo, se golpea el empleo, y se violenta el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores.

El artículo 475 Bis de la LFT, es una disposición inhumana e inconstitucional, con la que se busca legalizar el actual proceder, sobre todo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que niega toda responsabilidad frente a los riesgos de trabajo, concretamente ante los homicidios industriales, pero es imposible, ya que el Estado desde el momento en que tiene a su cargo parte importante de la prevención, vigilancia y sanción en materia de riesgos de trabajo, si incumple éstas atribuciones tiene una responsabilidad que no puede omitir, incluida la de carácter patrimonial. Lo contrario sería negar, la esencia de los derechos humanos de carácter social. Este artículo 475 bis, es la concretización brutal de la filosofía neoliberalismo.

La Inspección del Trabajo no es una función administrativa más, sino una de carácter vital para el equilibrio entre los factores de la producción y tutela de los derechos humanos, y por tanto para darle eficiencia y continuidad a los procesos de producción y al todo social; de ahí la urgencia de que esté a cargo de un Instituto público, nacional, autónomo y que disponga de suficiencia de recursos presupuestales; que cuente con suficiente personal y de primer nivel técnico en la materia.

Por otro lado, no se puede aceptar la supresión de la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para clausurar total o parcialmente una empresa en el marco de la prevención de los riesgos de trabajo.

Por lo dicho, urge que a la brevedad se haga un balance objetivo sobre las reformas integrales de cita, y se impulsen las reformas necesarias, a fin de no seguir afectando en sus derechos, dignidad y organización a la clase trabajadora. Este punto de vista, ha sido aceptado por el Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en declaraciones a los medios de difusión.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reformaelartículo 1o., artículo 2o. Párrafos primero, segundo y quinto ,artículo 5o. en su fracción I, artículo 15-A,artículo 15-B, párrafo primero,artículo 28, artículo 39-A, artículo 39-B segundo párrafo, artículo 47 fracción II y último párrafo, artículo 48 párrafos segundo y cuarto, artículo 56 bis primer párrafo, artículo 159, artículo 279 párrafos segundo y tercero, artículo 279 Ter primer párrafo, artículo 311segundo párrafo, Denominación del Capítulo XIII del Título Sexto, artículos 331 a 343, artículo 343-A primer párrafo, artículo 343-E, artículo 353-D fracciones II y VII, artículo 353-G, artículo 371 fracción IX, artículo 475 bis primer párrafo, artículo 998; Se Adicionaun párrafo cuarto al artículo 2o., artículo 35 Bis, artículo 48 un último párrafo, artículos 343 bis al 343 septimus, artículo 343-A un último párrafo, fracciones III a X del artículo 353-C, artículo 353-G bis, artículo 353-G Ter, un segundo párrafo al artículo 386, artículo 388 bis, artículo 512-D dos últimos párrafos, un último párrafo al artículo 390, un último párrafo al artículo 900, y un artículo 1005 bis; Se derogaun artículo 28-A, artículo 28-B, artículo 48 párrafos tercero, quinto y sexto, artículo 83segundo párrafo, artículo 175 bis, todos de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Título Primero
Principios Generales

Artículo 1o.La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución. Será nula de pleno derecho, toda reforma, por la que se supriman o se afecten de cualquier manera los derechos humanos laborales mínimos consagrados en esta Ley.

Artículo 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio, la justicia social, así como garantizar el trabajo digno o decente en todas las relaciones entre trabajadores y patrones.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación, entre otras, por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se respeta la estabilidad en el trabajo,se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador y las prestaciones laborales que en derecho procedan; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. En general, haya un respeto pleno a los derechos humanos del trabajador.

...

Se tutela el interés superior de los menores.

Igualmente se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

...

Artículo 5o.Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para niños menores de quince años;

II a XII. ......

Artículo 15-A.El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas a los trabajadores delcontratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

El contratante y el contratista serán solidariamente responsablespara todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y deseguridad social. Al efecto, la empresa contratista deberá depositar la fianza que le sea fijada por la junta de conciliación y arbitraje.

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito e inscribirse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

...

Título Segundo
Relaciones Individuales de TrabajoCapítulo I
Disposiciones generales

Artículo 28. Para la prestación de servicios de los trabajadores mexicanos fuera de la República, se observarán las normas siguientes:

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán para su validez las estipulaciones siguientes:

a) Los requisitos señalados en el artículo 25.

b) Los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de origen y alimentación del trabajador y de su familia, en su caso, y todos los que se originen por el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre migración, o por cualquier otro concepto semejante, serán por cuenta exclusiva del patrón. El trabajador percibirá íntegro el salario que le corresponda, sin que pueda descontarse cantidad alguna por esos conceptos.

c) El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las instituciones de seguridad y previsión social a los extranjeros en el país al que vaya a prestar sus servicios. En todo caso, tendrá derecho a ser indemnizado por los riesgos de trabajo con una cantidad igual a la que señala esta Ley, por lo menos;

d) Tendrá derecho a disfrutar, en el centro de trabajo o en lugar cercano, mediante arrendamiento o cualquier otra forma, de vivienda decorosa e higiénica;

II. El patrón señalará domicilio dentro de la República para todos los efectos legales;

III. El escrito que contenga las condiciones de trabajo será sometido a la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de cuya jurisdicción se celebró, la cual, después de comprobar los requisitos de validez a que se refiere la fracción I, determinará el monto de la fianza o del depósito que estime suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El depósito deberá constituirse en el Banco de México o en la institución bancaria que éste designe. El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito;

IV. El escrito deberá ser visado por el Cónsul de la Nación donde deban prestarse los servicios; y

V. Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito.

Artículo 28-A. (Se deroga)

Artículo 28-B. (Se deroga)

Capítulo II
Duración de las relaciones de trabajo

Artículo 35 Bis . El trabajo por tiempo indeterminado puede ser continuo o discontinuo. Por trabajo por tiempo indeterminado discontinuo, debe entenderse aquel que se desarrolle de manera permanente por temporadas en ciertos periodos del año, mes, semana o por días, en atención de la naturaleza de los trabajos o actividades.

Los trabajadores que presten sus servicios bajo esta modalidad, tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción del tiempo trabajado.

Artículo 39-A.En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de veintiocho días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.

El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta cuarentadías, sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas.

Durante el período de prueba el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe, en general prestará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la empresa o a lo que se estipule respecto a ella en los contratos colectivos.. Al término del periodo de prueba, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón con la intervención del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, y tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta Ley, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón . En este caso, La terminación injustificada de la relación de trabajo se equiparará a un despido injustificado.

Artículo 39-B. ...

La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, tendrá una duración máxima de tres meses o en su caso, hasta de cuatro meses sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe, en general prestará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la empresa o a lo que se estipule respecto a ella en los contratos colectivos. Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador, a juicio del patrón con la intervención del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta Ley, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. En este caso, la terminación injustificada de la relación de trabajo se equiparará a un despido injustificado.

Título Segundo
Relaciones Individuales de TrabajoCapítulo IV
Rescisión de las relaciones de trabajo

Artículo 47.Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

I. ...

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia;

...

La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta, por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.

Artículo 48. -...

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo.

(Se deroga)

En caso de muerte del trabajador, continuarán computándose los salarios vencidos como parte del conflicto, en favor de sus beneficiarios.

(Se deroga)

(Se deroga)

Las juntas de conciliación y arbitraje deberán aplicar las medidas necesarias para administrar una justicia pronta y expedita.

Título Tercero
Condiciones de TrabajoCapítulo I
Disposiciones generales

Artículo 56 Bis. Los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual deberán recibir la compensación salarial correspondiente y la capacitación necesaria. Esto, previo convenio entre patrón y sindicato, o en su defecto el patrón lo convendrá con los propios trabajadores.

...

Título Tercero
Condiciones de TrabajoCapítulo V
Salario

Artículo 83. ...

(Se deroga)

...

Título Cuarto
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los PatronesCapítulo IV
Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso

Artículo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos escalafonariamente, por el trabajador de la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión.

Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior a aquélla en que ocurra la vacante, el ascenso corresponderá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. En igualdad de condiciones, se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia y, de subsistir la igualdad, al que, previo examen, acredite mayor aptitud.

Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 132, fracción XV, la vacante se otorgará al trabajador de mayor antigüedad y, en igualdad de esta circunstancia, al que tenga a su cargo una familia.

Tratándose de puestos de nueva creación para los cuales, por su naturaleza o especialidad, no existan en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no se haya establecido un procedimiento para tal efecto en el contrato colectivo, el patrón podrá cubrirlos libremente.

En los propios contratos colectivos y conforme a lo dispuesto en esta Ley, se establecerá la forma en que deberán acreditarse la aptitud y otorgarse los ascensos.

Título Quinto Bis
Trabajo de los Menores

Artículo 175 bis. (se deroga)

Capítulo VIII
Trabajadores del campo

Artículo 279. ...

Los trabajos que se realicen en la gran industria de la transformación de la madera, y de la gran empresa agroindustrial, se regirán por las disposiciones generales de esta ley.

Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales , y permanentes discontinuos o estacionales.

Artículo 279 Ter. Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros , que se conceptúan como permanentes discontinuos en los términos del artículo 35 bis de esta Ley, son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Durante el tiempo en que se presten los servicios, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe, en general prestará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la empresa o a lo que se estipule respecto a ella en los contratos colectivos. Al concluir del contrato de trabajo con la intervención del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. En este caso, la terminación injustificada de la relación de trabajo se equiparará a un despido injustificado.

...

Artículo 280.El trabajador estacional o eventual del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a doce semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser trabajador permanente.

....

....

Capítulo XII
Trabajo a domicilio

Artículo 311. ...

No será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación, por lo que se regirán por las disposiciones generales de esta ley.

...

Título SextoCapítulo XIII
Trabajadoras y trabajadores del hogar

Artículo 331. Trabajo del hogares el que se realiza en un hogar u hogares o para los mismos, consistente en actividades de aseo, asistencia, y otras relacionadas con las necesidades de éstos.

Trabajador del hogardesigna a toda persona, de género femenino o género masculino, que realiza un trabajo del hogar en el marco de una relación de trabajo, ya sea en la modalidad de planta, de salida diaria, o cualquier otra.

Artículo 332. No son trabajadores del hogar y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

I a II....

Artículo 333. Sólo las personas mayores de dieciocho años podrán ser contratadas para el trabajo del hogar. Por lo que queda prohibido el trabajo de los menores de edad.

Artículo 334. El Estado, los patrones y las organizaciones de trabajadores, deberán adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos laborales y de seguridad social de estos trabajadores.

Artículo 335. El Estado tendrá las siguientes obligaciones en materia de trabajo de hogar:

I. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

II. Abolir en forma efectiva el trabajo de los menores;

III. Aplicar las medidas necesarias para asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores del hogar y los trabajadores en general en relación a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, salario mínimo profesional, los períodos de descanso diarios, semanales y obligatorios, las vacaciones anuales pagadas, primas vacacional y dominical, aguinaldo, y demás prestaciones e indemnizaciones previstas en esta Ley o en los convenios colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo del hogar;

IV. Formular y aplicar políticas públicas para la profesionalización de estos trabajadores; y

V. Formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones, prestando debida atención a las características especiales del trabajo del hogar. El acceso al domicilio del hogar para fines de inspección, está autorizado con el debido respeto a la privacidad.

Artículo 336. Las y los trabajadores del hogar tendrán los siguientes derechos especiales:

I. A que su contrato se celebre por escrito y el patrón lo registre en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En caso de que el patrón incumpla con estas obligaciones, el trabajador directamente tendrá derecho de dar a conocer ante esta Secretaría la relación de trabajo existente; sin menoscabo de lo señalado en el artículo 21 de esta Ley;

II. A una jornada legal conforme a los artículos 60 y 61 de esta Ley. La prolongación de la jornada de trabajo se pagará como horas de trabajo extraordinarias;

III. A un período de descanso semanal no menor a veinticuatro horas consecutivas;

IV. A un salario mínimo profesional, sin discriminación por motivo de sexo o edad;

V. A que el salario se les pague directamente, de manera semanal y en efectivo. El pago podrá efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal o giro postal o por otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento del trabajador interesado.

VI. A que el patrón le proporcione, habitación cómoda e higiénica y segura, así como una alimentación nutritiva y suficiente, para el caso de la modalidad de planta;

VII. A que el patrón le provea la ropa de trabajo sin costo alguno;

VIII. A conservar sus documentos de viaje y de identidad; y

IX. A que el patrón lo afilie en el régimen obligatorio del Seguro Social.

Artículo 337. Obligaciones especiales y prohibiciones de los patrones:

I. No deberán contratar menores de edad;

II. Celebrar por escrito el contrato de trabajo y registrarlo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

III. Cumplir con las condiciones de trabajo marcadas en este Capítulo, en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

IV. Garantizar a favor de los trabajadores un ambiente laboral libre de riesgos y violencia laboral;

V. Cumplir con las medidas de prevención de los riesgos de trabajo y de seguridad e higiene;

VI.Respetar la identidad cultural de los trabajadores, especialmente de los indígenas.

VII. Respetar el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;

VIII. Otorgar el tiempo necesario y dar facilidades para la educación, especialmente de la educación básica, de los trabajadores;

IX. Respetar de manera efectiva sus derechos humanos; y

X. Permitir las tareas de la inspección del trabajo, que deberán cumplir con las modalidades necesarias establecidas en las disposiciones reglamentarias para el respeto a su privacidad.

Artículo 338.El Estado y los patrones deberán adoptar medidas para asegurar que los trabajadores del hogar gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.

Artículo 339 .El contrato de trabajo se deberá elaborar por escrito o mediante convenios colectivos, que incluyan en particular:

I. El nombre y los apellidos del patrón y del trabajador y los domicilios respectivos respectiva;

II. La dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales;

III. La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su duración;

IV. El tipo de trabajo y descripción de las tareas a realizar;

V. La remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos;

VI. Las horas normales de trabajo;

VII. Las vacaciones anuales pagadas, los períodos de descanso diarios, semanales y obligatorios, monto de la prima vacacional y, en su caso, de la prima dominical;

VIII. Monto y fecha de pago por concepto de aguinaldo.

IX. Condiciones de suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; y

X Las condiciones de repatriación, cuando proceda.

Artículo 340. Los trabajadores de hogar tienen las obligaciones especiales siguientes:

I y II....

Artículo 341. Respecto a los trabajadores migrantes, la inspección del trabajo deberá verificar que se les respetan sus derechos consagrados en este Capítulo, los derechos generales previstos en esta Ley y en la Ley de Migración.

Los patrones deberán cubrir a los trabajadores migrantes los gastos para su repatriación, salvo convenio en contrario, tras la expiración o terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron empleados.

Artículo 342. Los períodos durante los cuales los trabajadores del hogar no dispongan libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo para efectos de esta Ley.

Artículo 343. El pago de una proporción no mayor al 20% de la remuneración de los trabajadores del hogar podrá revestir, la forma de pagos en especie no menos favorables que los que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, adoptando el patrón y el Estado las medidas para asegurar que los pagos en especie se hagan con el acuerdo del trabajador, que se destinen a su uso y beneficio personal.

En armonía con lo que se señala en el párrafo anterior, la alimentación y la habitación se estimarán equivalentes al 20% del salario que se pague en efectivo.

Los pagos en especie, sólo podrán efectuarse sobre el salario del trabajador que exceda el mínimo profesional.

Artículo 343-Bis. Todo trabajador del hogar tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. El Estado y el patrón, de conformidad con esta Ley, deberán adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo del hogar, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos.

Artículo 343-Ter. Las agencias de empleo con fines lucrativos no podrán efectuar ningún cobro a los trabajadores del hogar.

Los patrones que utilicen en su empresa los servicios de trabajadores proporcionados por otro patrón, son responsables solidarios en las obligaciones contraídas con estos trabajadores.

Artículo 343-Tetra. Los trabajadores del hogar tendrán derecho a la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.

Artículo 343-Quintus. La relación de trabajo sólo podrá rescindirse o darse por terminada por las causas y conforme a las condiciones que esta Ley establece; incluidas las obligaciones especiales que se establecen en el presente Capítulo.

Artículo 343-Sextus. El Estado deberá garantizar que los trabajadores del hogar, tengan acceso a una justicia pronta y expedita, en condiciones no menos favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general.

Artículo 343-Septimus. El presente Capítulo no afecta a las disposiciones más favorables que sean aplicables a los trabajadores del hogar en virtud de contratos individuales convenios colectivos o tratados internacionales ratificados por nuestro país.

Título SextoCapítulo XIII Bis
De los Trabajadores en Minas

Artículo 343-A.Las disposiciones de este capítulo son aplicables en todas las minas de la República Mexicana, y a todos sus desarrollos mineros en cualquiera de sus etapas mineras en que se encuentre, ya sea, prospección, preparación, exploración y explotación, independientemente del tipo de exploración y explotación de que se trate, ya sean, minas subterráneas, minas de arrastre, tajos a cielo abierto, tiros inclinados y verticales, así como la extracción en cualquiera de sus modalidades, llevada a cabo en forma artesanal, mismas que, para los efectos de esta Ley, son consideradas centros de trabajo.

Queda prohibido el trabajo en tiros verticales de carbón.

Artículo 343-E. A quien dolosamente o por culpa grave omita implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, se le aplicarán, por cada trabajador afectado, las penas siguientes:

I. Multa de hasta 2,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que genere una incapacidad permanente parcial.

II. Multa de hasta 3,500 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por su omisión se produzca un riesgo de trabajo, que genere una incapacidad permanente total.

III. Prisión de 3 a 6 años y multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por la omisión produzca la muerte o se produzcan los mismos efectos en la realización del trabajo en tiros verticales de carbón.

Título SextoCapítulo XVI
Trabajos de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad

Artículo 353-C. Son derechos especiales de los Médicos Residentes, que deberán consignarse en los contratos que se otorguen, a más de los previstos en esta Ley, los siguientes:

I y II....

III. Cumplir con una jornada de trabajo dentro de los máximos legales que establece esta ley. Por lo que todo exceso se les cubrirá como tiempo extraordinario, además de que no será obligatorio el desempeño de éste;

IV. A percibir por concepto de salario, un mínimo de seis salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal;

V. Obtener de manera adicional un veinte por ciento sobre el salario en caso de prácticas de riesgos como enfermedades infectocontagiosas, radiología, entre otros.

VI. A disfrutar de un ambiente laboral libre de hostigamiento sexual y violencia laboral. En caso contrario tendrán derecho al pago de daños y perjuicios por el equivalente a cuatro meses de su salario y a ser reubicado en otra Unidad Médica Receptora de Residentes, con independencia de cualquier otra responsabilidad legal que proceda;

VII. A que en la programación del servicio social profesional el patrón incluya sin discriminación alguna a los residentes extranjeros;

VIII. A que se les cubra de manera adicional a sus salarios el pago de pasajes y alimentos correspondientes a su jornada de trabajo, éstos deberán ser higiénicos, balanceados, suficientes y de buena calidad. Si sus servicios los desempeña fuera de su lugar de residencia, tendrá derecho a un hospedaje digno e higiénico;

IX. A recibir la protección necesaria en materia jurídica, especialmente tratándose de responsabilidad civil y/o penal, proporcionando los medios para la tutela integral de los Médicos Residentes como asesoría jurídica, fianzas requeridas y, demás; y

X. A suspender sus labores si se incapacitan durante la jornada de trabajo y, salvo imposibilidad, deberá dar aviso de este hecho a su jefe de servicio o de guardia, al reanudar sus labores exhibirá el certificado de incapacidad respectivo.

Artículo 353-D. Son obligaciones especiales del Médico Residente, las siguientes:

I. ...

II. Acatar, salvo causa justificada, las órdenes de las personas designadas para impartir el adiestramiento o para dirigir el desarrollo del trabajo, en lo concerniente a aquél , y a éste;

III a VI....

VII. Abstenerse de realizar acoso sexual, y en general todo tipo de violencia laboral contra cualquier otro médico residente u otra persona.

Artículo 353-G. Son causas especiales de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, además de las que establece el artículo 47, las siguientes:

I. El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fracciones I, II, III, VI y VII del artículo 353 D;

II. y III. ...

Artículo 353-G Bis. Es causa especial de rescisión de la relación de trabajo, además de las que establece el artículo 51, sin responsabilidad para el Médico Residente, ser víctima de hostigamiento sexual, y violencia laboral.

Artículo 353-G Ter. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Guardar a los Médicos Residentes el debido respeto absteniéndose del maltrato de palabra o de obra, y crear un ambiente libre de riesgos y violencia laboral, evitando el abuso, el hostigamiento sexual, entre otros.

II. A ingresar por especialidad a un mínimo de treinta por ciento de mujeres, aplicando al efecto las acciones afirmativas que sean necesarias.

Título Séptimo
Relaciones Colectivas de TrabajoCapítulo II
Sindicatos, federaciones y confederaciones

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:

I. a VIII. ...

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros. Tratándose de la directiva del sindicato, la elección deberá realizarse mediante voto libre, universal, directo y secreto;

XI a XV....

Capítulo III
Contrato colectivo de trabajo

A rtículo 386. ...

Los contratos colectivos de protección patronal son nulos de pleno derecho, conceptuándose como tales y sin admitir prueba en contrario, aquellos contratos que durante dos años consecutivos o más no sean revisados, los que se depositen ante las Juntas antes de contratar al primer trabajador, los que reproduzcan las condiciones de trabajo mínimas previstas en la Ley Federal del Trabajo en materia de salario, jornada, vacaciones y aguinaldo, por citar algunas, los que no se hayan publicitado en el centro de trabajo, entre otros.

Artículo 388 Bis. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta federal o local de Conciliación de Arbitraje competente, la solicitud correspondiente, que deberá reunir los requisitos siguientes:

I. La solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo se presentará por escrito en duplicado, por el sindicato que represente trabajadores al servicio del patrón. El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo de trabajo y la determinación de los salarios. El sindicato solicitante, deberá acompañar copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos.

II. La Junta de Conciliación y Arbitraje actuando bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 48 horas siguientes, hará llegar al patrón la copia de la solicitud y le requerirá, con apercibimiento de las sanciones a que se establecen en esta ley, para que dentro del término de 72 horas contadas a partir de la notificación le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad, un listado de los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos, nombre completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo y el domicilio del centro de trabajo en que prestan el servicio. La notificación y sus anexos deberán ser hecha del conocimiento por el patrón a los trabajadores a su servicio a más tardar el día siguiente al en que la hubiera recibido.

III. Una vez recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje, el listado a que se refiere la fracción II de este artículo, mandará notificar el listado de los trabajadores al servicio del patrón, mediante la publicación en los centros de trabajo en que presten los servicios, así como el boletín oficial de la junta.

Dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de la notificación a que se refiere el párrafo que precede, los demás sindicatos que representan trabajadores al servicio del patrón, podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo del trabajo y a efecto, exhibirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje, los documentos a que se refiere la fracción I del presente artículo y, en su caso, podrán hacer manifestaciones sobre el listado exhibido por el patrón. En este caso, dentro de las 48 horas siguientes se notificará de las adhesiones al sindicato que hubiere solicitado en primer término la celebración del contrato colectivo del trabajo y al patrón para los efectos de la fracción II y primer párrafo de la fracción III de este artículo.

IV. Transcurridos los cinco días de la última notificación que se hiciera en términos de la fracción anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dará aviso a las partes con los listados y sindicatos que en su caso se hayan adherido, para que dentro del término de 72 horas manifiesten lo que a su derecho corresponda. En caso de existir objeciones, la Junta citará a las partes para una audiencia, ofrecimiento y rendición de pruebas en la que resolverá de plano, elaborando el padrón definitivo de trabajadores con derecho a voto.

V. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, o desahogada la audiencia a que alude, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, dictará acuerdo en el que se señalará fecha y hora para la realización de un recuento que deberá efectuarse dentro de las 48 horas siguientes, bajo las siguientes modalidades:

a) Mediante el voto libre, directo y secreto. Los trabajadores podrán elegir entre los sindicatos solicitantes o manifestar su oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo.

b) Las cédulas de votación deberá emitirse en un número igual al de las personas documentadas en el padrón y estar debidamente selladas y autorizadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean parte en el procedimiento relativo, un círculo o recuadro a la altura de cada uno de dichos nombres, así como la leyenda “no acepto el contrato colectivo de trabajo” y en un círculo o recuadro a la altura de tal leyenda, a efecto de que pueda ser emitido el voto marcando una cruz en el círculo o recuadro correspondiente al sindicato de la preferencia del emisor del voto o en contra de la celebración del contrato colectivo de trabajo.

c) La decisión de los trabajadores a favor de alguno de los sindicatos solicitantes, deberá adoptarse por el voto de la mayoría relativa de participantes con derecho a voto, siempre que la suma de votos a favor del o los sindicatos solicitantes, representen la tercera parte o más del total de los trabajadores al servicio del patrón.

d) La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo deberá adoptarse por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los trabajadores con derecho a voto.

VI. Si el recuento favorece a alguno de los sindicatos solicitantes, la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas hará la declaratoria y dentro de las siguientes 24 horas notificará personalmente al patrón y al o a los sindicatos, dando un plazo de 10 días hábiles para concluir pláticas sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo con el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores, el cual será el único legitimado para celebrar el contrato colectivo de trabajo. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo, el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores podrá emplazar a huelga exigiendo la celebración y firma de dicho contrato colectivo.

VII. Si el resultado del recuento es en contra de la celebración del contrato colectivo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, hará la declaratoria y dispondrá el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ordenando notificar personalmente a las partes.

VIII. El procedimiento al que se refiere este artículo será obligatorio para la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo, en consecuencia no se dará trámite al depósito de un contrato colectivo de trabajo ni al emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo cuando no se haya desahogado el procedimiento a que se refiere el presente artículo.

Artículo 390. ..

...

No se podrá depositar el contrato colectivo cuando no se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 388 Bis.

Título Noveno
Riesgos de Trabajo

Artículo 475 Bis.El Estado y patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables

...

Artículo 512-D.Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos o de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo que expidan las autoridades competentes. Si transcurrido el plazo que se les conceda para tal efecto, no se han efectuado las modificaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procederá a sancionar al patrón infractor, con apercibimiento de sanción mayor en caso de no cumplir la orden dentro del nuevo plazo que se le otorgue.

Si aplicadas las sanciones a que se hace referencia anteriormente, subsistiera la irregularidad, la Secretaría, tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones ordenadas y el grado de riesgo, podrá clausurar parcial o totalmente el centro de trabajo hasta que se dé cumplimiento a la obligación respectiva, oyendo previamente la opinión de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene correspondiente, sin perjuicio de que la propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con dicha obligación.

Cuando la Secretaría del Trabajo determine la clausura parcial o total, lo notificará por escrito, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la clausura, al patrón y a los representantes del sindicato. Si los trabajadores no están sindicalizados, el aviso se notificará por escrito a los representantes de éstos ante la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.

Título CatorceCapítulo XIX
Procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica

Artículo 900. ...

Está prohibido el uso de estos procedimientos, cuando tengan como único objeto reducir o suprimir las prestaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo, en este caso se estará a lo establecido en el artículo 1005 bis.

Título Dieciséis
Responsabilidades y Sanciones

Artículo 998. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del hogar, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 2,500 veces el salario mínimo general.

Artículo 1005 bis. A quien use de manera dolosa los procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica en los términos del segundo párrafo del artículo 900, se le impondrá sanción de dos a cuatro años de prisión y multa de 1000 a 5000 veces el salario mínimo general.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.— Diputados: Socorro Ceseñas Chapa, Trinidad Morales Vargas, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Aprovecho también la oportunidad para turnar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen,el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo de la misma diputada Ceseñas Chapa.

Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y alumnas de la Secundaria Técnica número 13, General Lázaro Cárdenas, del municipio de Naucalpan, estado de México, que están aquí hoy invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares. Bienvenidos a la sesión.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, quiero presentar hoy una iniciativa de reformas a la Constitución en sus artículos 4o. y 73. ¿A qué me refiero? El activo más importante que tiene el Estado mexicano, sin lugar a dudas, es su gente, es el pueblo de México.

El activo más importante de su gente, de la nación mexicana, es su territorio, con su vastedad, con todos sus recursos. Pero, ¿cuál es la visión que debemos tener con relación a los mexicanos y cuál es la visión y perspectivas que debemos tener con relación a la conservación de su territorio?

Desde luego que tenemos que pensar en mexicanos que sean sanos, que sean fuertes, que tengan un intelecto capaz de afrontar los grandes retos que presenta ante ellos este siglo que comienza. También tenemos que pensar en un territorio en el que puedan desenvolverse sanamente, un territorio cuidado, un territorio en el que nosotros podamos disfrutar de todos los beneficios que éste nos proporciona.

La verdad es que nuestra Constitución ya contempla como un derecho fundamental, un derecho humano, así reconocido también en convenios internacionales, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano.

Son derechos humanos que están previstos en el artículo 4o. constitucional, para los cuales se otorgan garantías, garantías que son requisitos y lineamientos que las autoridades deben cumplir antes de poder afectar a cualquier mexicano en sus derechos fundamentales.

¿Qué es lo que sucede? Tratándose de los derechos humanos a la salud y al medio ambiente sano, la verdad es que se establece el principio, se establece la prerrogativa que nos corresponde a todos nosotros como mexicanos. Es concomitante, desde luego, de una obligación del Estado mexicano de hacer cumplir y de ver por ellos, pero están limitadas.

La verdad de las cosas es que la responsabilidad ambiental y los daños que se puedan ocasionar al medio ambiente sí dan lugar a la obligación de reparar ese daño, pero la participación que tiene el gobierno del Estado en consumar los procedimientos para lograr la reparación del daño en materia ambiental son sumamente limitados.

Lo mismo sucede en materia de salud, la Ley General de Salud que expide el Congreso establece algunos lineamientos generales, a través de los cuales las autoridades en materia de salud pueden velar porque la publicidad no sea engañosa, porque los servicios de salud se proporcionen con oportunidad a la gente, pero las políticas se antojan limitadas.

Hoy tenemos ante nosotros una iniciativa del presidente de la República que propone la incorporación de impuestos que graven la emisión de contaminantes al medio ambiente, con lo cual, desde luego, se impulsa una nueva protección a la salud.

A pesar de que existe este fundamento constitucional que el presidente de la República está utilizando correctamente a fin de presentar su iniciativa, consideramos que debemos dar un mayor impulso a las políticas del Estado, tratándose de la preservación del medio ambiente y de la protección a la salud.

Es por eso que propongo, así como establece el derecho humano a la salud y al medio ambiente el artículo 4o. constitucional, la incorporación de un nuevo mecanismo de participación estatal, tendente a hacer válido y a materializar y a hacer efectivo este derecho humano.

¿A qué me refiero? Debemos pensar en la posibilidad de implementar políticas públicas también como políticas económicas tendentes a privilegiar la salud de los mexicanos y la conservación de su patrimonio principal, que es su territorio.

En el artículo 4o. constitucional, además de incorporar la nueva política que vendría a abrir lo que podría ser y denominarse como un nuevo derecho tributario ambiental, mecanismos que permitan al Ejecutivo, a través de las leyes que expide el Congreso General, el otorgamiento de incentivos a favor de  aquellas personas que velen tanto por la preservación de la salud como del medio ambiente.

¿Cuál sería la redacción con la que podría quedar incorporada esta reforma al artículo 4o. constitucional? Y permítanme leérselas. En el artículo 4o. actualmente se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicio de salud.

Propongo que se incorpore esto. También la ley deberá definir las bases y modalidades para la implementación de políticas de prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas o que perjudiquen a la población para el establecimiento de gravámenes especiales que desmotiven la distribución de alimentos y productos que carezcan de valor alimenticio cuyo consumo represente un riesgo para la salud, o también de estímulos que incentiven las acciones que llevan a cabo los particulares para disminuir los riesgos para la salud.

Ahí está, no solamente es el establecimiento del gravamen, sino también la posibilidad de que el gobierno incentive y dé beneficios a aquellas personas que, dedicadas a una actividad comercial o industrial, velen por proteger la salud de los mexicanos, el principal activo de nuestro Estado.

En otro párrafo adelante, el mismo artículo 4o. constitucional prevé que toda persona tiene derecho a un medioambiente sano para el desarrollo y bienestar, y el Estado garantizará el respeto de este derecho. Pero, ¿cómo lo va a garantizar? Aquí propongo que se incorpore esta sección:

La ley establecerá los gravámenes que de acuerdo con el impacto ambiental causado —y hallar una proporcionalidad del gravamen— deban pagar aquellas personas que realicen actividades comerciales o industriales que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente, o también los estímulos que impulsen la ejecución de acciones tendientes a su protección y conservación.

Esta redacción del artículo 4o. constitucional desde luego que viene a complementar el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, y abre un nuevo paradigma en lo que debe ser la relación del gobierno y los particulares, y sobre todo el gobierno y los particulares con relación al medio ambiente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Antonio Cuéllar Steffan, integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 4o., párrafos tercero y cuarto, y 73, fracción XXIX, punto 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El reconocimiento que la Constitución hace en el artículo 4o. de los derechos a la salud y a un medio ambiente sano, entre otros de no menor valía, sobrepasa la concepción tradicional de éste tipo de disposiciones como derechos programáticos, pues ahora, con la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, el Estado mexicano ha asumido un rol mucho más comprometido con el respeto y promoción de los derechos humanos, al ubicarlos como el eje central y fundamento de legitimidad de todo el orden jurídico, por lo que ahora se crean sendas obligaciones de todas las autoridades que conforman el poder público para proveer a todos los derechos humanos -sean estos civiles, políticos, sociales o incluso difusos- de las garantías indispensables que los hagan operativos y efectivos en el mundo fáctico.

Entonces, que el Constituyente establezca un reconocimiento expreso de derechos de segunda y tercera generación, implica un compromiso y una responsabilidad concreta del Estado mexicano, desde el Congreso de la Unión, las autoridades administrativas e incluso los órganos judiciales, para realizar y procurar acciones encaminadas a satisfacerlos en beneficio de toda la población.

Ciertamente ambos tipos de derechos entrañan complejidades naturales en su contenido y alcance, que no les permiten un fácil despliegue y aplicación por parte de los operadores políticos y jurídicos, al menos no en la forma que los derechos de primera generación lo hacen. No obstante ello, en aras de construir y fortalecer las indispensables garantías a favor de cada derecho humano, el Constituyente cuenta con herramientas que le permiten establecer obligaciones complementarias para ir justamente tejiendo los mecanismos de garantía y progresividad de éstos.

El derecho a la salud y al ambiente, en sus calidades de derechos sociales y difusos, respectivamente, tienen la capacidad para ser desarrollados y modalizados a través de normas legislativas secundarias, actos administrativos o inclusive por la labor interpretativa en sede jurisdiccional, pero también pueden verse fortalecidos desde otras normas complementarias previstas en la misma Constitución. Una manera de hacerlo es por medio de una interpretación sistemática que dé cuenta de la interrelación que existe entre los derechos humanos, o bien, gracias a la interpretación conforme que el artículo 1o. de la propia Constitución ahora mandata como canon hermenéutico.

Sin embargo, hay principios y reglas específicas derivadas del establecimiento de una disposición que contenga un derecho humano que es no es fácil, e incluso, muchas veces no es jurídicamente válido, abstraer de su contenido general. De ahí que sea menester que el Constituyente sea el encargado de establecer en el propio marco constitucional aquellas normas que si bien se relacionan íntimamente con un derecho humano genérico, deben desmembrarse en cláusulas normativas más específicas en forma de reglas o principios que regulen situaciones con menor grado de abstracción.

De ese modo, para que se establezcan obligaciones más certeras del Estado mexicano para tutelar cabalmente el derecho a la salud a través de mandatos y prohibiciones respecto a actos que atenten contra la salud de la población, es evidentemente que no resulta suficiente la consagración del derecho humano con rango constitucional, así como tampoco la remisión que ahí se hace al legislador para que éste establezca las bases y modalidades del acceso al mismo, sino que además es necesario en esa delegación que el Constituyente hace a la ley se delinee de forma clara la garantía a favor del ciudadano de que el derecho a la salud le será satisfecho por medio de una obligación expresa de las autoridad, para combatir las problemáticas más severas que aquejan la salud pública.

Algo análogo sucede respecto al derecho a un medio ambiente sano, que más allá de las garantías que pueden irse creando para darle contorno a su estructura operativa, de por sí compleja, es indispensable que desde la misma Constitución se contenga una más clara remisión al legislador para fijar obligaciones y sanciones específicas que pueden fincarse a aquellos sujetos que vulneren el núcleo esencial o impidan la aplicación de ese derecho humano difuso.

Por ello, al lado del establecimiento que el Constituyente ha tenido a bien realizar para reconocer el derecho a la salud y al ambiente sano, es indispensable que se complemente la obligación correlativa genérica para esos derechos por conducto de previsiones más específicas, traducidas tanto en la obligación en materia de salud del Estado mexicano para establecer políticas públicas de atención y prevención de enfermedades crónico-degenerativas a través de gravámenes especiales que desmotiven la distribución de alimentos que carezcan de valor alimenticio o cuyo consumo represente un riesgo para la salud; y del mismo modo en cuanto al derecho al medio ambiente, a través del cobro de gravámenes a las personas que realicen actividades comerciales o industriales que puedan ser perjudiciales para el ambiente.

Como se advierte, no es a través de la prohibición ni de la penalización como se pretende configurar el mejor medio para combatir dos grandes problemáticas que minan el pleno desenvolvimiento de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano. Es más bien a través de la prevención y la desincentivación, valiéndose de la imposición de cargas económicas gravosas sobre productos y actividades comerciales o industriales dañinas para la salud y el medio ambiente, respectivamente, como se considera que se puede lograr la mayor efectividad y operatividad de dichos derechos humanos.

En un estado democrático respetuoso de las libertades y de los principios fundamentales es deseable que tanto en el combate a problemas de salud pública como el cuidado al medio ambiente, se agoten todos los medios racionales antes que acudir a la sanción penal sobre aquellos actos sujetos que realicen prácticas productivas lícitas que en principio no vulneran derechos fundamentales. Pero cuando dichas prácticas se vuelven perjudiciales por el uso desmedido que tanto los productores como los usuarios o receptores de las mismas hacen, es que debe darse una regulación más estricta, pero que no por ello deje de ser proporcional o racional.

Ahí cobran vigor las medidas preventivas o disuasorias que en la presente propuesta se elevan a medios idóneos y proporcionales para satisfacer tanto al derecho a la salud como al del medio ambiente sano, contenidos ambos en el artículo 4o. constitucional.

Dichos medios se traducen en una modalidad tributaria especial, concebida como una carga gravosa racional y equitativa para aquellos sujetos que incumplan una obligación constitucional (la de no distribuir alimentos y productos dañinos para la salud, así como la realización de actividades perjudiciales para el medio ambiente), y no así como una obligación fiscal directa derivada del artículo 31, fracción IV, aunque ambas en su carácter de contribuciones cuenten con características semejantes.

Entonces, los gravámenes que se prevé establecer cuentan con la virtud de encaminarse a satisfacer tres finalidades de peso: En primer lugar, disuadir o desincentivar las actividades dañinas para la salud y el medio ambiente sin tener que sancionar civil ni penalmente a los productores y sujetos comerciales o industriales; en segundo término, fortalecer la capacidad económica del Estado para financiar otro tipo de actividades públicas, sin que para ello se afecte la economía particular de los ciudadanos más allá de sus obligaciones fiscales directas y; por último, vincular a través de incentivos a las empresas productoras y distribuidoras de productos que no favorezcan la salud de la población, al respeto y promoción de los derechos humanos a la salud y al medio ambiente sano, así como a aquellas personas que realicen actividades comerciales o industriales que pueden ser perjudiciales al ambiente.

De importancia también es la previsión que se hace para que también se otorguen incentivos a las empresas y sujetos que tomen medidas para reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente que generan los productos y servicios que prestan. De este modo se reafirma el carácter preventivo y no punitivo de las medidas gravosas que hoy se proponen implantar como mecanismo para la satisfacción de dos derechos fundamentales.

La reforma del tercer párrafo del artículo 4o. constitucional que se propone se dirige a establecer expresamente la obligación del Estado mexicano, a través de su despliegue legal, para implantar allí políticas de atención y prevención de enfermedades crónico-degenerativas o que perjudiquen a la población, así como para establecer gravámenes especiales a alimentos y productos de escaso valor alimenticio que perjudiquen la salud.

Como se sabe, en un Estado democrático las normas de prohibición deben ser excepcionales, mucho más cuando se está hablando de producción y distribución de alimentos que, si bien no podrían catalogarse de ningún modo como ilícitos, ya que por sí mismos no tienen la capacidad de atentar contra bienes fundamentales, sí adquieren una categoría de dañinos para la salud cuando son consumidos de manera desproporcionada.

Como es sabido por todos, gran cantidad de mexicanos padece hoy serios problemas de salud, sobre todo a causa de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión. Ante ese escenario, y en cumplimiento de su obligación de satisfacer el derecho a la salud, el Estado mexicano ha intentado implantar medidas para atender más y mejor a las personas que han sufrido estas enfermedades. Pero tal y como nos muestran los datos estadísticos al respecto, han resultado insuficientes e ineficientes los referidos esfuerzos para mitigar ese flagelo, pues siguen conservándose las mismas prácticas que son el origen del padecimiento, reproduciéndose cada vez más el número de afectados, tal y como si se tratara de una enfermedad contagiosa.

Entonces, las políticas implantadas para combatir este gran problema de salud nacional, cuando realmente se ponen en práctica, han sido insuficientes pues, entre otros factores, carecen de una base jurídica firme que aparte de establecer la obligación expresa para ello, contenga la previsión de ciertas medidas que sienten las bases para definir cómo puede lograrse el objetivo trazado.

La proliferación y el consumo de productos con nulo valor alimenticio representan un riesgo para las personas que no padecen de una enfermedad crónico-degenerativa, así como una fuerte explicación para entender el elevado número de personas que ya se encuentran en dicho estado desfavorable o que incluso ya han perdido la vida. Este delicado problema de salud es una realidad que México tiene que afrontar impostergablemente, pero también de una forma cuidadosa y efectiva.

De ahí que se estime que con la adición al texto constitucional que ahora se propone se implante un novedoso, eficiente y eficaz instrumento no represor, que armoniza con miras en un mismo fin de peso superlativo, a las libertades para producir, comercializar y consumir, frente a la plena satisfacción del derecho a la salud.

Con la implantación obligatoria de políticas preventivas y de atención a enfermedades crónico degenerativas y la imposición gravámenes especiales para los productos que carezcan de valor alimenticio y causen daño a la salud, el Estado mexicano se fija un fin específico dentro del universo que representa la satisfacción del derecho a la salud, así como al mismo tiempo implanta medios idóneos para conseguirlo.

En el caso de la protección del ambiente, las empresas comerciales e industriales generan mayores efectos nocivos al ecosistema, en proporción a su capacidad productiva y distributiva, sin embargo, resulta absurdo que en atención a éstas actividad tan importantes que ponen en vilo la conservación del medio ambiente, esos sujetos comerciales o industriales carezcan a priori tanto de responsabilidades como de un régimen de incentivos fijados jurídicamente que funjan como garantía especial para la mejor satisfacción del derecho difuso de referencia .

Por ello estimamos que es a través de una doble vía, la del incentivo y la de la carga tributaria especial sobre las personas que realicen actividades comerciales o industriales potencialmente dañinas al ambiente, como mejor puede configurarse un medio idóneo y proporcional para el mejor despliegue de ese derecho.

En este caso también los gravámenes disuasivos se justifican plenamente por la afectación considerablemente mínima que significan para los sujetos responsables respecto a la importancia que tiene la plena satisfacción del derecho humano a favor de la generalidad.

Por las razones expresadas, se considera que los derechos a la salud y al ambiente, sin perjuicio de la especial naturaleza de cada uno, pueden garantizarse de mejor forma gracias al establecimiento de gravámenes especiales para los productos y las actividades que por su composición y consecuencias dañinas a la salud y al medio ambiente, respectivamente, así como de incentivos que estimulen las acciones emprendidas por las empresas particulares para disminuir riesgos para tal fin.

En tanto se entiende que toda carga tributaria debe encontrar una base constitucional, expresa para su cobro, y en el caso del gravamen especial que ahora se propone, como ya se mencionó, no deriva directamente de las obligaciones genéricas de los mexicanos para contribuir en el gasto público a que se refiere el artículo 31, fracción IV constitucional, es entonces necesario, en honor a la consistencia jurídica, que también se realice el ajuste necesario en la fracción XXIX, punto 5, del artículo 73 constitucional, para incluir dentro de las contribuciones especiales que como facultad exclusiva y privativa puede establecer el Congreso de la Unión precisamente a los dos supuestos que se han desarrollado a lo largo de ésta justificación, es decir, agregar dos incisos nuevos en los cuales se prevea como contribuciones especiales también a 1. Distribución de alimentos y productos que carezcan de valor alimenticio o cuyo consumo represente un riesgo para la salud; y 2. Actividades comerciales o industriales que de acuerdo al impacto ambiental causado puedan ser perjudiciales para el ambiente.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la presente propuesta de reforma constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.— Diputados: Antonio Cuéllar Steffan, Gabriela Medrano Galindo, Angelina Carreño Mijares (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Cuéllar. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ANIVERSARIO 39 DE LA CONSTITUCION COMO ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Alfredo Zamora, por favor. Dígame, diputado.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias. Los diputados de Baja California Sur —Francisco Pelayo Covarrubias, Arturo de la Rosa Escalante, y un servidor— queremos compartir con el pleno y con todos los ciudadanos de nuestro país que Baja California Sur cumple hoy 39 años de convertirse de territorio a estado.

Lo quiero destacar porque los sudcalifornianos se han destacado precisamente por ser gente trabajadora, que le está aportando lo mejor a nuestro país y que hoy tenemos un gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor, que está haciendo el mejor esfuerzo para sacar adelante este estado y a la gente, que —como lo he dicho— día a día hace su mejor esfuerzo. Y por ello una felicitación para todos los paisanos y compartir este hecho tan importante para nosotros. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, su intervención ya forma parte del Diario de los Debates.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Lourdes Adriana López Moreno(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: La diputada López Moreno. Dígame. Sonido en la curul de la diputada López Moreno, por favor.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno (desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitarle que la iniciativa que acaba de presentar el diputado Cuéllar, sea turnada para opinión a la Comisión de Medio Ambiente.

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputada. Queda turnada para dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y para opinión a la Comisión de Medio Ambiente.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 86 Ter y 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, esta iniciativa que presentamos el diputado Ricardo Monreal y su servidor es encaminada a fortalecer a los usuarios, a los consumidores de diferentes servicios privados o públicos de los cuales tiene que firmar contratos de adhesión.

Como ustedes recordarán, en días pasados se aprobó un dictamen de la Comisión de Energía, por virtud del cual se autoriza la creación de organizaciones de consumidores. El propósito de ese dictamen —hoy ley ya aprobada— tiene como finalidad fortalecer a los consumidores de abusos, de prácticas desleales de comercio, de acaparamiento y de diferentes situaciones anómalas que se dan en el comercio.

La presente iniciativa que presentamos a nombre de Movimiento Ciudadano va encaminada al mismo propósito. La revolución de las comunicaciones, el desarrollo tecnológico ha provocado un volumen masivo de contrataciones de productos y servicios. Esto ha ocasionado que en lugar de que cada empresa haga un contrato con cada consumidor, se establezcan contratos ya predeterminados donde se establecen cláusulas para poder llevar a cabo esta operación comercial.

Según la Ley de Protección al Consumidor, un contrato de adhesión es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las clausulas de un contrato ordinario.

Los contratos de adhesión son aplicados por compañías. Sin embargo, esto ha dado pie a cláusulas abusivas, por virtud del cual quien contrate estos servicios está a merced de los abusos, de las fallas del servicio, de las comisiones y de sobrecostos a los servicios.

Los contratos de televisión de paga y de telefonía celular son los servicios que más molestias ocasionan en los ciudadanos de este país. Quién no ha escuchado o vivido en carne propia las fallas del servicio de telefonía móvil, la pérdida de señal, el costo de llamadas, el sobrecargo de tarifas. En resumen, los contratos de adhesión son utilizados maliciosamente para obtener un lucro indebido.

México cuenta con 98 millones de líneas de telefonía móvil y 44 millones de personas con servicio de televisión de paga. En la Procuraduría Federal del Consumidor, el 40 por ciento de las quejas son contra proveedores de telefonía celular; el 34 por ciento contra empresas de telefonía de paga y el 14 por ciento corresponden a otros servicios de telecomunicaciones.

Aquí se vanaglorian algunos de la reforma en telecomunicaciones, pero en realidad estas reformas no llegan a los usuarios de servicios porque se siguen cometiendo abusos y corruptelas por parte de esas empresas, y esto no es exclusivo del sector privado. Qué decir de la Comisión Federal de Electricidad. Y qué decir incluso también de las empresas de aviación, que también cargan sobrecostos o a veces sobrevenden excesivamente sus vuelos.

Por todo ello, estamos proponiendo esta reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que sean inválidas las cláusulas abusivas que establezcan incremento de precios por servicios, accesorios, financiamientos o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y que estén consignadas en forma específica.

En síntesis, lo que estamos proponiendo es legislar para los consumidores y para los ciudadanos. Por eso esta reforma es una reforma que creemos que debe prosperar en el seno de la Comisión de Economía, para seguir fortaleciendo a los usuarios de estos servicios. Ése es el fin.

No más prácticas abusivas. No más contratos de adhesión, que tienen cláusulas tan pequeñas que son prácticamente imperceptibles, pero que implican abusos desmedidos para los consumidores. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 86 Ter y 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila Y Riacrdo Mejía Berdeja proponentes e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las personas necesitan interrelacionarse a nivel social, psicológico, económico, etc.; respecto de este último punto, el económico, cuando los individuos llegan a un acuerdo de voluntades y crean obligaciones, es lo que se conoce comúnmente en derecho civil como un contrato.

En los contratos, el acuerdo de voluntades, se da por medio del consentimiento, el cual es un elemento vital ya que se trata de un requisito de la esencia del mismo. Para que se genere el consentimiento, deben cumplirse dos etapas: la oferta y la aceptación.

La Revolución Industrial, el desarrollo tecnológico y las comunicaciones, entre otros factores, han provocado una masividad en las contrataciones de productos y servicios.

Para lograr la masividad de un producto o servicio, el oferente ha decidido pasar de una negociación con cada cliente, que implica una redacción de condiciones según el consenso final, a la elaboración de documentos que contengan las condiciones de contratación y las cuales no pueden ser negociadas por el aceptante. Esto último es lo que se conoce como “contratos de adhesión”.

Los contratos de adhesión se caracterizan por el hecho de que es una de las partes la que fija las cláusulas o condiciones del contrato, cuya celebración se propone, sin que quienes quieran participar en él tengan otra alternativa que aceptarlo o rechazarlo en su totalidad; es decir, adherirse o no a los términos del contrato preestablecido, sin una posibilidad de discutir su contenido.

Los contratos de seguros, telefonía, bancarios, transporte y otros servicios de comunicaciones son ejemplos de esta índole, además de que en la mayoría de los casos los contratos de adhesión presentan algunas de las siguientes características:

• Las condiciones derivan de una oferta que se hace de manera colectiva;

• Las condiciones del contrato son redactadas de manera exclusiva por alguna de las partes;

• La reglamentación del contrato suele ser compleja;

• La oferta no es discutida, sino solamente aceptada, porque predomina la voluntad única que fija las condiciones;

• La situación del que ofrece contratar normalmente es más poderosa;

• Con frecuencia se encubre un servicio privado de utilidad pública;

• El adherente actúa bajo presión, la cual puede originar: renuncia de derechos, limitaciones a la responsabilidad del oferente, caducidad con términos muy cortos, obligaciones adicionales, falta de información, pactos comisorios, facultades para rescindir unilateralmente, pactos leoninos, cláusulas compromisorias o derogaciones a la competencia de la autoridad judicial, etc.

En nuestro país, los contratos de adhesión no se encuentran regulados expresamente por el Código Civil, es la Ley Federal de Protección al Consumidor quien los normaliza en su Capítulo X, definiendo el contrato de adhesión en su artículo 85, como “el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aún cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato”.

Los contratos de adhesión son aplicados por compañías, tanto grandes como pequeñas, pero ¿por qué son tan populares?

Además de la reducción de costos para la elaboración de contratos, las empresas aprovechan este tipo de documentos para incluir clausulas abusivas que ponen en desventaja a aquellos que solicitan el servicio, debido a que no cuentan con el suficiente poder para negociar y no existe una igualdad de condiciones.

Por otra parte, las costosas capacitaciones de los subordinados que atienden directamente a los clientes disminuyen, porque se reduce su discrecionalidad de negociación y asimismo las probabilidades de que realicen una mala negociación, aún cuando el cliente compruebe su dicho y lo asista la razón.

Los contratos de adhesión se presentan de distintas maneras a los consumidores. Una forma interesante es a través de los “contratos envueltos” (shrink wrap) el cual se refiere principalmente a los contratos de software, los que se encontraban al interior de las cajas, envueltas en celofán, ya que el consumidor, una vez que ha abierto el celofán queda vinculado por los términos del contrato que ésta presenta; y otra es por medio del “contrato clic” (click-wrap contract) similar a la anterior, pero con la diferencia que el adherente debe dar clic en un botón que dice “Acepto los términos” o con expresiones similares para tener acceso al contenido.

Los contratos de televisión de paga y de telefonía celular son de los servicios que más molestias provocan a los ciudadanos de nuestro país.

¿Quién no ha escuchado o vivido en carne propia las constantes fallas del servicio de telefonía móvil, las suspensiones temporales o definitivas de servicios de internet, sin que eso por ningún motivo, afecte o modifique las tarifas de la renta mensual de los servicios contratados?

O ¿quién no ha sufrido los cobros excesivos de servicios no requeridos o seguros de vida, automotriz, de robo o pérdida del equipo telefónico, que es impuesto por las compañías oferentes en un principio como un servicio gratuito, y después de determinado periodo, si no es cancelado por el usuario, se comienza con el cobro de éstos a plazos forzosos, que su cancelación recae en un penalización abusiva?

En resumen, los contratos de adhesión utilizados maliciosamente por parte del ofertante pueden contener clausulas abusivas.

México cuenta con 98 millones de líneas de telefonía móvil y 44.8 millones de personas con el servicio de televisión de paga. De las quejas recibidas en la Procuraduría Federal del Consumidor, el 40 por ciento son contra proveedores de telefonía celular; 34 por ciento contra empresas de televisión de paga; 14 por ciento corresponden a otros servicios de telecomunicaciones; 3 por ciento a proveedores de acceso a internet y 2 por ciento a compañías de larga distancia.

Por otro lado, existen empresas de servicios como CFE, créditos hipotecarios y automotrices, tiendas departamentales, mueblerías, servicios financieros y transporte aéreo, las cuales cuentan con este tipo de contratos que incluyen cláusulas abusivas que dejan en indefensión al consumidor.

Actualmente para poder rescindir alguno de los contratos en comento, el consumidor está obligado a pagar una excesiva penalización por no cubrir el tiempo convenido, aún cuando el oferente no haya cumplido con la calidad o el otorgamiento del mismo, lo que les permite tener ganancias millonarias y a los ciudadanos inconformes, pérdidas incalculables.

Por lo anterior, la iniciativa propone adicionar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que en una situación de incumplimiento por alguna de las partes en los contratos de adhesión, el consumidor pueda rescindir el mismo sin tener que estar obligado a pagar una penalización, o cuando lo amerite, recibir una indemnización.

En Europa y América Latina muchos países protegen a los consumidores y usuarios de oferentes abusivos que, a través de un contrato de adhesión ponen en desventaja y violan los derechos del consumidor.

Derivado de lo anterior sometemos a consideración de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con

Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor

Único. Se adiciona la fracción IV del artículo 2 y se recorren las demás, la fracción VI, VII y VIII del artículo 90 y se recorren las demás y se reforma la fracción III del artículo 86 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. a III. ...

IV. Clausulas Abusivas: son todas las condiciones, requisitos o consecuencias que el proveedor puede establecer en un contrato, que coloquen al consumidor en una situación de desventaja, desigualdad o anulen sus derechos, es decir, vayan contra la buena fe, causándole un perjuicio.

V. Secretaría: la Secretaría de Economía, y

VI. Procuraduría: la Procuraduría Federal del Consumidor.

Artículo 86 Ter. En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las siguientes prerrogativas:

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico;

II. Contratar la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos con el proveedor que elija;

III. Dar por terminada la prestación de los servicios básicos y adicionales, especiales o conexos al servicio básico en el momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo podrá hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y se hubiese vencido el plazo mínimo pactado; y

Para efectos de esta fracción se dará por terminada inmediatamente la prestación en el contrato de adhesión en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la empresa o prestador de servicios, cuando existan deficiencias, omisiones, interrupciones de manera continua, total o permanente en la prestación del servicio.

IV. Las demás prerrogativas que señalen ésta y otras leyes o reglamentos.

El consumidor gozará de las anteriores prerrogativas aun cuando no hubieren sido incluidas de manera expresa en el clausulado del contrato de adhesión de que se trate.

Artículo 90. No serán válidas y se tendrán por no puestas las siguientes cláusulas de los contratos de adhesión ni se inscribirán en el registro cuando:

I. Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones;

II. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato;

III. Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor;

IV. Prevengan términos de prescripción inferiores a los legales;

V. Prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor; y

VI. Establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén consignadas por separado en forma específica.

VII. Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos sean imputables, al oferente

VIII. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato.

IX. Obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta ley o lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, a 8 de octubre de 2013.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias. Señoras y señores legisladores, la iniciativa que hoy someto a consideración de esta asamblea busca corregir una grave anomalía de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que vulnera los derechos de seguridad social de los trabajadores al Servicio del Estado.

Me refiero al artículo 25 de la Ley del ISSSTE, donde se establece lo siguiente. En caso de que alguna dependencia o entidad incumpla parcial o totalmente durante 12 meses consecutivos o dentro de un periodo de 18 meses el entero de cuotas, aportaciones y descuentos, el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo.

Esto significa que si el patrón deja de enterar las cuotas, aportaciones y descuentos, el trabajador y su familia podrían perder la protección de los seguros, prestaciones y servicios que componen sus derechos de seguridad social. Tal disposición es inaceptable, porque conculca derechos constitucionalmente consagrados.

Por esa razón el 19 de junio de 2008, a partir de miles de solicitudes de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional lo contenido en el segundo y tercer párrafo del artículo 25 de la Ley del ISSSTE.

El entero de las cuotas es responsabilidad de la dependencia, no de los asegurados, a quienes no se les podrán suspender los seguros, prestaciones y servicios por incumplimiento en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos.

¿Qué quiero expresar con esto? Miren, legisladoras y legisladores, al trabajador se le descuentan puntualmente sus aportaciones, sus cuotas, pero la entidad se tarda meses en enterar al ISSSTE y eso deja en estado de indefensión al trabajador y a su familia.

La Suprema Corte ya declaró inconstitucional estos párrafos del artículo 25. Por ello nuestra iniciativa consiste en que debemos salvaguardar los derechos de seguridad social de los trabajadores y sus familias y recordar que a nivel internacional existe una tendencia a expandir la seguridad social en un esquema de universalidad, que permita superar deficiencias e inequidades en la protección social de la población.

La Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así ocasionaría la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos.

Pero eso que establece la OIT es contravenido cuando alguna dependencia o algún estado no entera las aportaciones de los trabajadores, y el trabajador desde el momento que se le descuentan sabe, y piensa y siente que está protegido, pero no sabe que su patrón, en el estado, no enteró las cuotas al ISSSTE.

En tal sentido, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza —que ha seguido con atención esa anomalía— proponemos la modificación a los párrafos de ese artículo y con eso estamos contribuyendo también a que la seguridad social, independientemente de la situación laboral de las personas deba de ser universal y para eso tenemos que armonizar aquello que está fuera de orden en la ley.

Tenemos que construir un sistema basado en el principio de sostenibilidad fiscal. Es decir, que el financiamiento de las pensiones universales, el seguro de desempleo, el acceso de todos a los servicios de salud se cubra sin recurrir a un endeudamiento incontrolable.

La seguridad social por la que lucha Nueva Alianza debe construirse sobre los pilares de la cobertura para todos, las prestaciones esenciales y la calidad de los mismos. Es decir, que todos tengan acceso a servicios de calidad en todos los rubros de seguridad social para superar situaciones, como las que por ejemplo nos ofrece el Seguro Popular, que ni es de calidad ni cubre en los hechos ciertas enfermedades y padecimientos de alta gravedad.

Para lograr todo eso es indispensable poner en orden el marco jurídico correspondiente, porque si no podemos corregir disposiciones legales declaradas inconstitucionales, menos podremos edificar un sistema jurídico-institucional complejo para garantizar una seguridad social incluyente y sostenible.

Por todo lo anteriormente expuesto, con la presente iniciativa proponemos reformar el párrafo segundo y derogar el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley del ISSSTE, con el objeto de dejar claramente establecido que en ningún caso el Instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios a que está obligado prestar.

Esta reforma legal es indispensable y debería concitar el apoyo de todos los grupos parlamentarios, y estamos seguros que así será. Por su atención y apoyo muchas gracias, muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La seguridad social es el principal instrumento que las sociedades han desarrollado para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. El Estado es el responsable de garantizar los derechos de seguridad social e incorporar en su organización y financiamiento, a los distintos actores sociales involucrados.

La seguridad social se realiza a través de diversos mecanismos como seguros, servicios de salud, etcétera, que permiten al trabajador y a sus familias contar con una red de protección social que los protege en situaciones de enfermedad, accidentes, vejez, retiro o muerte. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, los derechos de seguridad social adquieren una connotación especial, dado que los patrones son directamente entidades y dependencias públicas, que forman parte de la estructura administrativa estatal.

En 2007 se realizó una profunda reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que suscitó reacciones importantes entre distintos sectores involucrados o interesados en el tema.

Una de las disposiciones introducidas en la reforma, establecida en el artículo 25 de la Ley del ISSSTE, señala que en caso de que una dependencia o entidad incumpla por más de 12 meses en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos, el Instituto podrá suspender a los trabajadores los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo. Esta disposición es claramente violatoria de los derechos laborales contenidos en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su aplicación causa perjuicios económicos, sociales y personales a los trabajadores.

Es conveniente citar el texto íntegro del citado Artículo, para apreciar correctamente las implicaciones de dicha disposición:

Artículo 25. En caso de que alguna dependencia o entidad incumpla por más de seis meses en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos en esta ley, el instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente.

Transcurridos doce meses, consecutivos o dentro de un periodo de dieciocho meses, de incumplimiento parcial o total del entero de cuotas, aportaciones y descuentos, el instituto podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo,para lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la dependencia o entidad respectiva con sesenta días de anticipación. La Junta Directiva y el director general del instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta en el presente párrafo.

En el caso previsto en el párrafo anterior, la dependencia o entidad morosa asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la suspensión de los beneficios previstos en esta ley.

Es evidente que frente a lo establecido en el artículo 25 de la Ley del ISSSTE, el trabajador queda en un estado de indefensión, dado que el Instituto puede suspender los servicios y seguros que conforman su red de protección en materia de seguridad social. La situación no solamente vulnera los derechos laborales consagrados en la Constitución, sino que constituye una injusticia, debido a que en la hipótesis que plantea dicho artículo la suspensión de los seguros y servicios tendría como causa el incumplimiento de obligaciones por parte del patrón.

Por ello se requiere una acción legislativa inequívoca para solucionar esta anomalía que vulnera los derechos de seguridad social de los trabajadores.

Argumentación

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la seguridad social “es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.

El Estado tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos de seguridad social de los trabajadores y sus familias. Resulta contradictorio e inaceptable que, en medio de una tendencia internacional hacia la construcción de sistemas universales de seguridad social, en México la legislación respectiva mantenga disposiciones como la establecida en el mencionado artículo 25 de la Ley del ISSSTE.

El propósito de la presente Iniciativa, además, se basa en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la cual declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley del ISSSTE, entre ellos el artículo 25, derivada de la reforma de este ordenamiento realizada en 2007.

El 19 de junio de 2008, a partir de la solicitud de amparo por parte de cientos de miles de personas, la SCJN determinó que es inconstitucional lo contenido en el segundo y tercer párrafos del artículo 25 de la Ley del ISSSTE, porque el entero de las cuotas es responsabilidad de la dependencia, no del asegurado, a quienes, por este hecho, no se les podrán suspender los seguros, prestaciones y servicios por incumplimiento de las dependencias y entidades para las que laboran en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos.

De este modo, queda del todo claro que el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es violatorio de los derechos sociales del quejoso, al facultar sin fundamento alguno al ISSSTE para suspender total o parcialmente los seguros, prestaciones o servicios de sus derechohabientes , en los casos de incumplimiento de sus respectivos patrones –en este caso terceros– del entero de las aportaciones, descuentos y cuotas al instituto.

Tratándose de una institución pública de seguridad social, esta disposición resulta inaceptablemente arbitraria y viola garantías del trabajador, porque ninguna entidad pública o privada está facultada constitucionalmente para suspender total o parcialmente el servicio público que esté obligado a prestar, y mucho menos en este caso, que se trata de un servicio público social del que puede depender la propia vida de los derechohabientes y sus familiares, dado que estamos hablando de derechos fundamentales a la salud, subsistencia y mínimos de bienestar de los trabajadores y sus familias.

En virtud de lo expuesto, en el grupo parlamentario estamos convencidos de que es tarea del legislador corregir las anomalías legislativas que afectan de manera grave los derechos sociales de las personas. Si bien es cierto que lo dispuesto en el citado artículo 25 de la Ley del ISSSTE ha sido declarado inconstitucional y tiene vigencia el amparo concedido a los quejosos respecto a esta disposición, es necesario formalizar esta situación a través de una reforma legal.

Por ello consideramos impostergable realizar una reforma al artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto de establecer con toda claridad que en ningún caso el ISSSTE podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar, pues ello vulnera la seguridad social de los trabajadores.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo Único. Se reforma el artículo 25 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 25. En caso de que alguna dependencia o entidad incumpla por más de seis meses en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos por esta ley, el instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente.

En ningún caso el instituto podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.— Diputados: María Sanjuana Cerda Franco, José Pilar Moreno Montoya, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Fernando Bribiesca Sahagún, Alicia Concepción Ricalde Magaña, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Joaquina Navarrete Contreras, María Eugenia de León Pérez, Rafael Acosta Croda, Alfredo Zamora Garcia, Faustino Félix Chávez, Erick Marte Rivera Villanueva, Leslie Pantoja Hernández, Mariana Dunyaska García Rojas, Raquel Jiménez Cerrillo, Sonia Catalina Mercado Gallegos, José Angelino Caamal Mena, Leonor Romero Sevilla, Rubén Benjamín Félix Hays, Sonia Rincón Chanona, Cristina Olvera Barrios, María Celia Urciel Castañeda, Liliana Castillo Terreros, Mario Alberto Dávila Delgado, Angelina Carreño Mijares, Antonio Sansores Sastré,  Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de 80 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, campus Lagos de Moreno, que están hoy aquí invitados por el diputado José Noel Pérez de Alba. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Elena Cano Ayala, a nombre de la diputada María de la Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La diputada María Elena Cano Ayala:Con su permiso, diputado presidente. A nombre de la diputada María de las Nieves García Fernández y el mío propio, presento a esta soberanía la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Diputados y diputadas, en el 2002 la Organización Mundial de la Salud definió a la farmacovigilancia como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información, nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes.

Derivado de esta definición, el 15 de noviembre de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana que tiene por objeto establecer los lineamientos sobre los cuales se deben realizar las actividades de farmacovigilancia y define al Centro Nacional de Farmacovigilancia como el organismo dependiente de la Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de farmacovigilancia en el país y que participa en el programa internacional de la materia de la Organización Mundial de la Salud.

Los retos que enfrenta nuestro país para impulsar acciones que garanticen la seguridad de los medicamentos que se comercializan en el país son grandes, dado que estos son un insumo de primer orden para la atención de la salud.

Es por ello que resulta prioritario contar con un marco legal y normativo eficiente, actualizado, orientado a la obtención de resultados que permitan visualizar los riesgos que pudieran ocasionar los medicamentos, así como la manera de prevenirlo. De igual forma, resulta indispensable que este marco normativo permita el desarrollo y la aplicación de políticas públicas.

Con esta premisa, la Secretaría de Salud publicó en 2004 la Norma Oficial Mexicana 220, con el objetivo de sentar las bases para establecer el Centro Nacional de Farmacovigilancia, el cual sería el encargado de recoger y procesar todas las notificaciones de posibles reacciones adversas.

El Centro Nacional de Farmacovigilancia ha seleccionado como una de sus metodologías principales para la detección de reacciones adversas, la notificación espontánea, que es la vigilancia pasiva, ya que a través del tiempo ha demostrado su utilidad para detectar reacciones adversas nuevas y graves, además de tener como ventaja una amplia cobertura de la población en virtud de su sencillez y bajo costo.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, es de vital importancia adecuar el marco legal a las mejores prácticas internacionales. Esto permitirá a la autoridad sanitaria hacer un cambio paulatino y ordenado hacia un enfoque de autorización de insumos para la salud que privilegie la vigilancia post mercado sobre el análisis de evidencia documental periódica, es decir, migrar hacia un esquema basado en un análisis continuo de riesgo sanitario.

Es imperativo para México empezar un proceso de armonización gradual de regularización de modo tal que permita un fortalecimiento en los procesos de farmacovigilancia para el control sanitario de medicamentos y vacunas y de tecnovigilancia en el caso de los llamados dispositivos médicos.

Por estas razones, la presente iniciativa plantea medidas legales en tres principales vertientes:

Primero. Elevar a rango de ley el programa permanente de farmacovigilancia, así como sus funciones y responsabilidades.

Segundo. Asegurar que todos los profesionales de la salud conozcan los mecanismos para presentar reportes de reacciones adversas.

En este sentido que se propone hacer obligatorio que todas las instituciones de educación superior en las que se impartan las carreras de medicina y enfermería incluyan a la farmacovigilancia en sus planes de estudio.

Tercero. Desarrollar mecanismos para incentivar la participación de la sociedad en general, toda vez que los medicamentos de libre venta pueden ser empleados sin la consulta previa de un especialista y pueden generar reacciones adversas.

Para lograr esto se busca generar conciencia respecto de los riesgos involucrados con los posibles efectos adversos y reacciones secundarias del consumo de medicamentos de libre venta. Para este efecto, la presente iniciativa busca regular la publicidad e insumos para la salud en dos sentidos; uno, hacer obligatorio que en la publicidad emitida por cualquier medio de comunicación se incluya la información referente a las posibles reacciones adversas causadas por dichos medicamentos; dos, prohibir que se utilicen spots publicitarios concatenados, a efecto de presentar información que pudiera resultar engañosa respecto de insumos para la salud.

Diputadas y diputados, esperamos contar con el apoyo en la comisión correspondiente de todos ustedes y también en esta soberanía para la aprobación de la presente iniciativa. Por su atención, muchas gracias. A la diputada María de las Nieves mi agradecimiento por concederme el alto honor de estar en esta tribuna.

Hasta aquí mi intervención, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María de las Nieves García Fernández, diputada a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, fracción 1, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la farmacovigilancia como “la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes”

Derivado de esta definición el 15 de noviembre de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana “NOM-220-SSA1-2012, Instalación y operación de la farmacovigilancia” (NOM 220), la cual tiene por objeto establecer los lineamientos sobre los cuales se deben realizar las actividades de farmacovigilancia, y define al Centro Nacional de Farmacovigilancia como el organismo de farmacovigilancia dependiente de la Secretaría de Salud que organiza y unifica las actividades de farmacovigilancia en el país y que participa en el Programa Internacional de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud.

Con fecha 23 de marzo de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios” a efecto de delegar en la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal, la  facultad de operar el Centro Nacional de Farmacovigilancia, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como emitir sus Reglas Internas de Funcionamiento.

Exposición de Motivos

Los retos que enfrenta nuestro país para impulsar acciones que garanticen la seguridad de los medicamentos que se comercializan en el país, son grandes, dado que éstos son un insumo de primer orden para la atención de la salud.

Es por ello, que resulta prioritario contar con un marco legal y normativo eficiente, actualizado,  orientado a la obtención de resultados que permitan visualizar los riesgos que pudieran ocasionar los medicamentos, así como la manera de prevenirlos y minimizarlos. De igual forma, resulta indispensable que este marco normativo permita el desarrollo y la aplicación de políticas públicas.

Con esta premisa en mente, la Secretaría de Salud  publicó en 2004 la  NOM 220 con el objetivo de sentar las bases para establecer Centro Nacional de Farmacovigilancia (Cnfv) el cuál sería el encargado de recoger y procesar todas las notificaciones de posibles reacciones adversas.

El Cnfv ha seleccionado como una de sus metodologías principales para la detección de reacciones adversas, la notificación espontánea (Vigilancia Pasiva), ya que a través del tiempo ha demostrado su utilidad para detectar reacciones adversas nuevas y graves, además de tener como ventaja, una amplia cobertura de la población en virtud de su sencillez y bajo costo.

Este método emplea la valoración de la causalidad (relación de atribución de la reacción adversa presentada contra el medicamento que se sospecha la provocó), cuya finalidad es disminuir la ambigüedad de los datos, así como evitar conclusiones erróneas, mediante la utilización de los algoritmos estandarizados. Este método en conjunto con algunos otros de vigilancia activa, pueden ayudar a  visualizar el comportamiento de un grupo poblacional específico.

Al día de hoy en nuestro país, dichas notificaciones, incluyendo las de medicamentos biotecnológicos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, procedentes de los integrantes del “Programa Permanente de Farmacovigilancia” (profesionales de la salud, pacientes, consumidores, la industria farmacéutica, Centros Estatales, Centros Institucionales y los Centros de Investigación), son ingresados a la base de datos del Cnfv.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, es de vital importancia adecuar el marco legal a las mejores prácticas internacionales. Esto permitirá a la autoridad sanitaria hacer un cambio paulatino y ordenado hacia un enfoque de autorización de insumos para la salud que privilegie la vigilancia post mercado sobre el análisis de evidencia documental periódica, es decir, migrar hacia un esquema basado en un análisis continuo de riesgo sanitario.

Es imperativo para México empezar un proceso de armonización gradual de la regulación de modo tal que permita un fortalecimiento en los procesos de farmacovigilancia para el control sanitario de medicamentos y vacunas, y de tecnovigilancia en el caso de los llamados dispositivos médicos.

Contenido de la Iniciativa

La presente iniciativa plantea medidas legales en tres principales vertientes:

a) Elevar a rango de Ley el Programa Permanente de Farmacovigilancia así como sus funciones y responsabilidades

b) Asegurar que todos los profesionales de la salud conozcan los mecanismos para presentar reportes de reacciones adversas. En este sentido que se propone hacer obligatorio que todas las instituciones de educación superior en las que se impartan las carreras de medicina y enfermería, incluyan a la farmacovigilancia en sus planes de estudio.

Desarrollar mecanismos para incentivar la participación de la sociedad en general, toda  vez que los medicamentos de libre venta pueden ser empleados sin la consulta previa de un especialista y pueden generar reacciones adversas.

Para lograr esto, se busca generar conciencia respecto de los riesgos involucrados con los posibles efectos adversos y reacciones secundarias del consumo de medicamentos de libre venta. Para este efecto, la presente iniciativa busca regular la publicidad de insumos para la salud en dos sentidos:

1) Hacer obligatorio que en la publicidad emitida por cualquier medio de comunicación se incluya la información referente a las posibles reacciones adversas cuasadas por dichos medicamentos.

2) Prohibir que se utilicen spots publicitarios concatenados a efecto de presentar información que pudiera resultar engañosa respecto de insumos para la salud.

Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Único: Se adiciona una fracción XXII Bis al artículo 3, una fracción V bis 1 al artículo 58, un artículo 12 Bis, un tercer párrafo al artículo 28 Bis, un tercer párrafo al artículo 222, un artículo 224 Bis 2 y un artículo 258 Bis, una fracción VII al artículo 306 Bis y un quinto párrafo al artículo 310; y se reforma la fracción V Bis del artículo 58 y el párrafo segundo del artículo 222 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o....

I. a XXI. ...

XXII Bis. El Programa Permanente de Farmacovigilancia;

XXIII. a XXVIII. ...

Artículo 12 Bis. Todos los profesionales de la salud que presten sus servicios en el Sistema Nacional de Salud tienen la obligación de participar en el Programa Permanente de Farmacovigilancia, reportando al Centro Nacional de Farmacovigilancia, Centros o Unidades de Farmacovigilancia, cualquier sospecha de reacción adversa, eventos y reacciones adversas, tanto esperadas como inesperadas que aporten datos sobre la seguridad de los medicamentos comercializados en el país.

Artículo 28 Bis....

...

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán con las autoridades educativas competentes a efecto de asegurar que en los planes de estudios de las profesiones a que hace mención el presente artículo, se incluya de manera obligatoria la capacitación de los mismos respecto del Programa Permanente de Farmacovigilancia. 

Artículo 58....

I. a V. ...

V Bis. Información a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarios y reacciones adversas por el uso, desvío o disposición final de substancias tóxicas o peligrosas y sus desechos;

V Bis 1. Notificación al Centro Nacional de Farmacovigilancia o a cualquier otro integrante del Programa Permanente de Farmacovigilancia de cualquier sospecha de reacción adversa que se presente durante y después de la administración de los medicamentos y otros insumos para la salud;

VI. a VII. ...

Artículo 222. ...

...

El titular del registro sanitario o su representante legal en México, serán responsables de la seguridad y eficacia pre y post-registro de sus productos, asegurando que todos los eventos adversos y sospechas de reacciones adversas a los medicamentos, que se presenten durante los estudios clínicos de intervención u observacionales, sean enviadas al Centro Nacional de Farmacovigilancia, además de cumplir con las demás disposiciones aplicables.

Artículo 222 Bis. ...

Para la obtención del registro sanitario de medicamentos biotecnológicos, el solicitante deberá cumplir con los requisitos y pruebas que demuestren la calidad, seguridad y eficacia del producto, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables y una vez comercializado el medicamento biotecnológico se deberán realizar las actividades planteadas en su Plan de Manejo de Riesgos, el cual podrá incluir un estudio de farmacovigilancia intensiva, que deberá ser entregado al Centro Nacional de Farmacovigilancia y cuya implementación deberá ser avalado por el mismo.

...

...

...

Artículo 224 Bis 2. El titular de registro de medicamentos huérfanos o el representante legal en México, deberán formular un Plan de Manejo de Riesgos, cuya implementación deberá ser avalada por el Centro Nacional de Farmacovigilancia.

Artículo 258 Bis. Los establecimientos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 257 y los relativos a las demás fracciones, cuando se dediquen al proceso de los productos señalados en la fracción I del artículo 198 de esta Ley, deberán contar con una Unidad de Farmacovigilancia dedicada a la implementación y desarrollo de actividades de la farmacovigilancia en el país, dicha unidad contará con un responsable con un perfil profesional relacionado con las ciencias químicas, médicas o farmacéuticas.

Artículo 306. ...

I. a VI. ...

VII. En ningún caso la información contenida en los mensajes publicitarios podrá vincular información de padecimiento alguno con productos destinados a la atención de los mismos, de igual forma no se deberá inducir en ningún caso a la población mediante la transmisión concatenada de información de algún padecimiento y el producto para tratar los síntomas del mismo.

Artículo 310. ...

Adicionalmente, en cada mensaje se deberá incluir la información relacionada con reacciones adversas al final del mismo en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate.

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el 8 de octubre de 2013.— Diputados: María de las Nieves García Fernández, Angelina Carreño Mijares, María del Rocío Corona Nakamura, Ossiel Omar Niaves López, Rafael González Reséndiz, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Faustino Félix Chávez, Joaquina Navarrete Contreras, Antonio Sansores Sastré  (rúbricas).»

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor.

La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo:Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, la actual dinámica de la economía, la necesidad de proteger los derechos de los integrantes de la cadena comercial, en especial la de los consumidores y la urgencia de establecer mecanismos que permitan fortalecer el poder adquisitivo exigen del Estado mexicano una actualización constante de las funciones de los organismos que regulan estas actividades.

En este contexto, se considera necesario propiciar mejoras en el quehacer que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, a fin de que cuente con más y mejores herramientas para cumplir con sus tareas.

Hay que tener en cuenta que el objetivo de la Ley del Consumidor es resguardar los derechos de los consumidores en las relaciones de consumo y la autoridad encargada de ello es la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. La Profeco —lo sabemos— es la parte que custodia los derechos de los consumidores, que somos todos.

En este sentido, el contenido de mi proyecto se centra en dos ejes. El primero, fortalecer a la figura del procurador del Consumidor. Y el segundo, robustecer a la Profeco en la instrumentación de sus facultades, pero en equilibrio ante el sector productivo. Es decir, que su discrecionalidad no se convierta en arbitrariedad.

Para fortalecer al procurador del Consumidor se plantea establecer un periodo fijo de su cargo de 4 años, renovable en el cuarto año calendario del sexenio presidencial. Ello evitaría la debilidad institucional de ese funcionario ante las instrucciones del presidente de la República e impediría que esa institución responda estratégicamente a los intereses políticos. Además, le fijaría la obligación de hacer pública su declaración patrimonial para que pueda verificarse si existe un incremento sospechoso en su patrimonio que no concuerde con sus ingresos.

Mi proyecto propone establecer —específicamente— criterios técnicos sobre el perfil que debe reunir ese funcionario en el momento de su nombramiento y a la par señala con precisión las causas bajo las cuales podrá ser removido, como son las siguientes: usar dolosamente la información de la Profeco en beneficio o en contra de algún tercero. Proveer en forma dolosa información para la toma de decisiones, entre otras, particularmente graves que perjudiquen el buen servicio público.

Respecto a la Profeco,  propongo su fortalecimiento institucional mediante obligaciones de transparencia y que se fijen metas bianuales para poder evaluar su desempeño. Asimismo se añadiría un canal de comunicación para que los comerciantes notifiquen comentarios respecto a los verificadores de esa institución. También incluye crear la figura del verificador encubierto, para comprobar la calibración de los instrumentos de medición como básculas.

Estas acciones seguramente abonarán a la certeza jurídica de la Profeco, a la consolidación de una institución sólida y confiable y, lo más importante, a proteger de manera mejor los derechos de nosotros, los consumidores. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los derechos humanos protegen las garantías básicas que tiene toda persona por el simple hecho de existir. Hay también derechos específicos que protegen a las personas en ámbitos particulares, como los derechos económicos, que buscan asegurar el respeto a una vida digna, con oportunidades de desarrollo para todos los seres humanos. Los derechos del consumidor forman parte de ese conjunto de garantías que buscan proteger a las personas en tanto sean partícipes de una actividad económica fundamental: el consumo de bienes y servicios.

Tal es la importancia de la protección a los consumidores que fue aludida en paridad de la defensa de los derechos humanos durante la firma de un convenio entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en marzo de 2013.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adopta en 1983 la protección a los consumidores y el fomento de su organización, elevando en su precepto 28 la protección a los consumidores a la dimensión de garantía social.

La importancia que reviste el consumidor fue expresada por las fuerzas políticas representadas en el H. Congreso de la Unión, haciendo de ésta uno de los ejes de la nueva política de comunicaciones como beneficiario directo y procurando evitar someterlo a costos artificiales, mediante la promoción de la competencia en el sector.

En 1976 entró en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que dieron origen al Instituto Nacional del Consumidor (Inco) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), colocando a nuestro país como el segundo en Latinoamérica (después de Venezuela) en expedir una ley en esta materia y el primero en constituir un organismo especializado en la procuración de justicia a favor de los consumidores.

Los derechos de los consumidores son el conjunto de facultades que el ordenamiento jurídico les confiere en sus relaciones de consumo, con los proveedores de bienes y los prestadores servicios. Las personas que intervienen en las relaciones de consumo son el consumidor y el proveedor o prestador de servicios.

En 1992, se publicó la Nueva Ley Federal de Protección al Consumidor incorporando un cambio sustancial en su diseño institucional, fusionando al Inco y a la Profeco uniendo sus funciones como el trámite y conciliación de quejas y denuncias, la emisión de resoluciones administrativas, el registro de contratos de adhesión, la protección técnico-jurídica a los consumidores, la verificación y vigilancia de Normas Oficiales Mexicanas, pesas y medidas, instructivos y garantías; la supervisión de precios oficialmente autorizados, establecidos o concertados, las acciones colectivas, la regulación de la publicidad; la organización y capacitación de los consumidores y la educación para el consumo.

La protección a los consumidores continuó especializándose y en la legislación nacional, cuyo alcance se extendió a la atención de segmentos específicos aplicándose a otros productos o servicios especializados. Tal cuidado se asignó a otras instancias especializadas como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (creada en 1996) y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (constituida en 1999) para la vigilancia de los usuarios de las administradoras de pensiones y de los servicios bancario-financiero respectivamente.

La LFPC, tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones de consumo (entre los proveedores y consumidores); de igual forma, corresponde a la Profeco aplicar y ejecutar la referida ley, como un organismo público con el carácter de una autoridad administrativa.

En el contexto de la LFPC debe entenderse por consumidor a la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios, asimismo, a la persona física o moral comprendida dentro de las dimensiones entendidas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros.

El proveedor, es la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios.

La Profeco es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, asume funciones de autoridad administrativa y tiene a su cargo la promoción y protección de los derechos e intereses del consumidor encaminando a la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

La Profeco emplea una organización de manera desconcentrada para el despacho de los asuntos a su cargo, contará con oficinas centrales, delegaciones, subdelegaciones y demás unidades administrativas adecuadas.

Encabezando institucionalmente a la Profeco, se encuentra un Procurador auxiliado de subprocuradores y se ocupa de atribuciones que pueden agruparse en cuatro rubros la representación legal, atribuciones de carácter administrativo, presupuestarias y de programas e imposición de criterios de imposición de sanciones.

Es importante señalar que en el largo plazo, la experiencia internacional muestra cómo se correlaciona la auténtica autonomía de agencias gubernamentales, con una toma de decisiones rápida y de calidad, con políticas certeras y previsibles tanto para los consumidores como para los inversionistas (OCDE, 2002, 91 ss.; Córdova-Novión y Hanion, 2002, 75 ss.).

Las Agencias de Protección al Consumidor aportan para la inversión, certidumbre jurídica, fortalecimiento de los derechos de propiedad, equidad en las relaciones de consumo, supervisión especializada, normas preventivas de prácticas comerciales internacionales; para el gobierno: articulación de las políticas públicas, promoción de eficiencia en los sectores, elementos para complementar una mayor competitividad nacional y estimula prácticas comerciales de calidad.

La ambiciosa agenda de reformas emprendida por las últimas administraciones federales, pone de manifiesto la relevancia de un diseño institucional más adecuado para brindar certidumbre a todos los agentes, que asegure las condiciones para una aplicación de la Ley sin distinciones. Para contar con instituciones modernas que proporcionen certidumbre jurídica a los gobernados y a las empresas. Para ello fueron explorados modelos legislativos cuya tendencia fue la de establecer límites a la discrecionalidad del poder ejecutivo, una vez que se transitó a de un régimen con partido dominante a uno de competencia electoral y alternancia.

La certidumbre jurídica a los consumidores reside en la protección eficiente de sus derechos, mientras que para las firmas plantea un contexto de confianza para sus derechos de propiedad, y para ambas el acceso a la justicia en un contexto de estado de derecho.

Por otro lado, los conflictos electorales promovidos por la competencia entre fuerzas políticas que contienden por constituir el siguiente gobierno, ponen de manifiesto inquietudes en torno al posible uso discrecional de las instituciones para encubrir agentes políticos ideológicamente compatibles o para perjudicar a los adversarios políticos. Lo anterior, en detrimento de la certidumbre jurídica y de la misma fortaleza de la institución.

Por lo tanto, la labor de una agencia de protección al consumidor, amerita un diseño institucional que presente los blindajes institucionales necesarios para disipar la posición en la que se corra el riesgo de ser utilizada como instrumento de un régimen que involucre una rigurosa aplicación de la Ley a un adversario político o rival comercial de funcionarios de alto nivel, así como una flexible condición de autoridad o peligrosas omisiones con los negocios simpatizantes del régimen en turno.

El andamiaje institucional vigente de la Profeco, no suprime la probabilidad de la coyuntura perversa de la interferencia política con fines electorales o de hostigamiento arbitrario a las firmas antagonistas que fuesen propiedad de altos funcionarios públicos que gocen de influencia en el gobierno, asimismo, existe la posibilidad de un uso de esa institución como protectora por omisión de unidades empresariales partidarias del régimen.

Adicionalmente, cabe señalar la preocupación que supone el esfuerzo de una administración estatal o municipal para ser el receptor de inversiones generadoras de empleo y bienestar, pero que como parte de ese conjunto de disponibilidad hacia la empresa pudieran sacrificar la aplicación del rigor de las normas tutelares de los consumidores cuando debería ser una facilitación de pago de contribuciones, transparencia o mejora regulatoria. Al respecto cabe señalar que la Unión Europea o los Estados Unidos, se destacan por poseer políticas y normas protectoras de los derechos de los consumidores eficaces y robustas, las cuales cierran un círculo virtuoso en la calidad de vida de su población o la competitividad de su región o país.

Derivado de lo anterior, es acertado aportar la siguiente expresión para ilustrar la debilidad ante la oportunidad de obtener beneficios de manera inmediata por parte de los gobiernos, en lugar de implementar integralmente soluciones con visión de largo plazo en virtud del costo político:

“No hay poder político, sea del signo que sea, que escape a la tentación de fijar “precios políticos”, aplazando la solución del problema para un momento posterior. Pero ese momento posterior nunca llega: siempre hay un objetivo a corto plazo – la lucha contra la inflación, la política económica o social, unas elecciones – que se impone de modo prioritario” (Ariño, 2003, p.581)

Si bien, todas las instituciones que se dignen de pertenecer a un Estado democrático, deben asumirse en disponibilidad de adecuarse y evolucionar a las necesidades que la innovación y el cumplimiento de su misión institucional demanden, pues toda actividad de la agencia gubernamental debe hallarse antepuesta por un fino trabajo de ingeniería enfocado en minimizar costos y riesgos y maximizar beneficios.

Ciertamente no hay receta única para el diseño institucional, en virtud, de que los arreglos institucionales llegan a ser muy diversos, pero tienen que acomodarse acertadamente dentro del sistema jurídico-político e institucional de cada país

En base a lo anterior, la Profeco asume funciones de la más alta importancia, en virtud del interés jurídico que resguarda, incluyendo el comercio de bienes de consumo básico generalizado y su impacto en la ciudadanía. Difícilmente puede identificarse una misión más sensible, naturalmente antagónica a los intereses empresariales que puedan ejercer mayores influencias ex post a los momentos electorales por la vía de jerárquica superior del Procurador del Consumidor, quien su nombramiento es discrecionalmente administrado (en cualquier tiempo es removido).

Otro riesgo latente en las agencias gubernamentales que se involucran en relaciones con el sector privado, (como ocurre con los Órganos Reguladores que atienden fallas de mercado) es la denominada captura regulatoria, que consiste en el escenario en el que el sector regulado tiene la capacidad de ejercer influencia directa o indirectamente sobre el sentido las resoluciones o deliberaciones de la Agencia gubernamental, protegiendo o promoviendo sus intereses de obtener lucro dañando al consumidor, tal consecuencia fácilmente podría considerarse como un impuesto por la conducta ilegitima.

Por ende, parte de un fortalecimiento institucional demanda como contrapeso natural a la transparencia, que evite la corrupción mediante mecanismos de vigilancia oportuna, evaluación de su desempeño o reconocimientos.

Para establecer las bases de una labor meritoria es necesario señalar un plan de trabajo, el cual debe hallarse de acceso público para consultarse, dar seguimiento y evaluar el desempeño, el cual debe integrar metas tan viables como ambiciosas, además establecer un tiempo sensato que permita atender las actividades necesarias, como por ejemplo bianual, el cual permitiría desplegar políticas cuyos efectos no se reflejen de manera inmediata, pero admitiría apreciaciones en torno a los avances o los propios resultados.

La figura del mando de la agencia de protección al consumidor, requiere no sólo de las credenciales que le alineen con las cualidades y las mejores prácticas internacionales, dado que su misión atiende elementos muy sensibles como la protección de los derechos económicos de la población, es decir una protección en masa de derechos básicos. En suma, si el perfil es el indicado, la práctica legislativa mexicana para órganos que realizan funciones regulatorias ofrece periodos de trabajo determinados y transexenales.

Las decisiones que adopte la Profeco, requieren ser compatibles con los objetivos más generales del gobierno y con sus políticas públicas, por ende, no es recomendable extraerle de un Ministerio o Secretaría, de hecho es saludable que mantenga la armonía con la Secretaría de Economía para coordinarse con los programas o políticas más significativas que se estén emprendiendo. Pero si es importante una independencia operativa y de decisión, de aquí que la transparencia expondría elementos que califiquen la actuación de una agencia perversamente coludida con los intereses sectoriales del gobierno o hacia el interés público, de modo que la interlocución con la Secretaría de Economía u otras entidades de la administración pública no sólo es sana sino cardinal.

Como ejemplo de lo anterior, cabe sugerir un caso hipotético donde una inversión muy importante traslade las operaciones de una firma a nuestro país, cuyos servicios sean de impacto masivo como consecuencia de un esfuerzo muy importante del gobierno y sus dependencias para que resida dicha firma en sensibilidad a la intención de incorporar al mercado laboral mano de obra mexicana de alto valor agregado, pero que la coordinación con la Profeco debe ser orientada a custodiar de manera especializada ese sector y sus prácticas comerciales dada la alta penetración en los consumidores.

La articulación de la Profeco con el gobierno merece ser armónica pero no subordinada, pues la capacidad de interlocución con el Secretario de Economía u otros altos funcionarios, también puede operar para fortalecimiento de la Procuraduría, en caso de que la empresa más sancionada sienta otros elementos que le inhiban a efectuar prácticas comerciales abusivas, pues el sector público puede cerrar filas orquestando medidas desde sus respectivas atribuciones y competencias.

La autonomía resulta esencial para que la Profeco pueda adoptar sus decisiones en función de la Ley y de su mejor juicio para operar eficientemente, por lo tanto, no debe perderse de vista que su misión institucional requiere del esmero más ético, deliberar en torno a elementos de convicción, con discrecionalidad pero no arbitrariedad, sin más limites que la Ley y los reglamentos, complementado por un poder Judicial moderno, eficiente e independiente, pero todo lo anterior, como se señaló, involucra una sana comunicación con el gobierno central, para apoyarse y coordinarse sin presiones que interfieran en su función o persuadan de resolver en determinado sentido.

En el contexto del Estado de derecho y las relaciones institucionales sanas, con una intervención sana y justificable del Estado en la economía (para resolver fallas de mercado) se reflexiona apreciable formular la siguiente cita:

«M. Friedman apuntaba que, diez años antes, había aconsejado tres cosas a los países que vivían una transición del socialismo: privatizar, privatizar y privatizar. “Pero me equivoqué. Seguramente el Estado de derecho sea más importante que la privatización”, afirmaba Friedman.»

Basado en lo anterior, se formulan las siguientes propuestas para modificar a la Profeco, con la finalidad de fortalecerle integralmente, pero en la sensibilidad de fortalecer también la certidumbre jurídica de los agentes económicos que realicen prácticas comerciales sanas. Lo anterior, sin dejar de destacar relevantes modificaciones en las últimas décadas fortaleciendo la política de protección al consumidor como la figura de las acciones colectivas.

I. En primer lugar se plantea una modificación al Artículo 6 de la LFPC, para incorporar un segundo párrafo facultando a la Procuraduría para emitir o canalizar solicitudes a las entidades públicas responsables de suministrar servicios públicos cuando considere que la omisión afecta colectivamente a los consumidores, cuando la falta de atención constituya un elemento que presuma como parte del problema.

II. Asimismo, se propone una reforma al artículo 8 Bis, para insertar en su tercer párrafo que indique expresamente el indicador de las empresas más castigadas en los criterios para instaurar módulos de atención y orientación a los consumidores.

III. Al artículo 13, con la finalidad de incorporar la realización de estudios, emisión de alertas, lineamientos o cualquier otra acción en la información que las empresas se encuentren obligados a proporcionar a la Profeco. De la misma forma, añadir un tercer párrafo que señale la obligación de la Profeco para recibir de los proveedores, quejas, propuestas o denuncias respecto de los verificadores, lo anterior, sin dejar de reconocer los mecanismos que implanta la Procuraduría como el sitio web para la consulta de credenciales de verificadores, no obstante que puedan formular comentarios como cumplidos u otro tipo de observaciones.

IV. Para la planeación de la política de protección al consumidor por parte de la Secretaría de Economía, insertar expresamente en el contenido de artículo 19 de la Ley la obligación de atender la opinión de la Profeco en dicha planificación, con la finalidad de subir a rango de Ley la capacidad de interlocución de la Procuraduría con la Secretaría.

V. Respecto a las multas como medidas de apremio indicadas en el artículo 25 se propone añadir un último párrafo que se formule y difunda una metodología de cálculo, igualmente, que señale las conductas u omisiones, circunstancias extraordinarias no imputables al proveedor para ser condonadas o conmutadas por actos que la Procuraduría estime que contribuyen al desarrollo de sus funciones por el inconveniente administrativo que le hubieren causado.

En este punto puede señalarse como circunstancias extraordinarias las impuntualidades que resulten ajenas al proveedor, como pueden ser marchas o manifestaciones que impidan al proveedor participar en las diligencias.

VI. Para las atribuciones del Procurador, contenidas en el artículo 27, se plantea añadir el desarrollo de programas de capacitación al público sobre los derechos de los consumidores, acciones colectivas o aquellos en los que considere basado en las cantidades de las quejas, como medida de prevención y cultura del consumidor. A la par de lo anterior, se insertaría la atribución de formular opiniones cuando lo considere pertinente o por alguna solicitud en relación a iniciativas de Ley u otras normas, sin efectos vinculatorios y la publicidad que deban tener tales opiniones.

VII. Para el nombramiento del Procurador Federal del Consumidor, establecido en el artículo 28 se plantea un periodo fijo de mando, adoptando la fórmula expresada en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para el nombramiento de su titular, que consiste en que su designación tenga lugar el primero de enero del cuarto año calendario del periodo correspondiente al Presidente de la República. Adicionalmente se exponen requisitos para su nombramiento, no obstante, esta propuesta concibe un nombramiento sin especificar fecha en el año. Lo anterior, para facilitar al procurador un ciclo de trabajo con la certidumbre laboral propicia para implementar proyectos sin la debilidad institucional que presenta una posibilidad de remoción constante.

VIII. Se adiciona un artículo 28 Bis, para establecer limitantes para el Procurador así como la obligación de presentar una declaración patrimonial anualmente, la cual permitirá examinar un posible incremento indebido en su patrimonio consecuencia de lealtades perversas con proveedores cuya capacidad económica les permita corromper a éste mando. Igualmente se establece una propuesta de causales para su destitución y un mecanismo para cubrir su posible vacante.

IX. Para dar seguimiento y evaluación de la Profeco en el marco de un periodo de trabajo transexenal, se propone modificar el artículo 31 de la LFPC, para añadir un segundo párrafo donde se precise que la Procuraduría publique su plan de trabajo bianualmente, en el que se establezcan metas y objetivos para evaluar su desempeño en la opinión pública o sector de investigadores. Se razona el periodo bianual en función del nombramiento cuatrienal, meditándose como oportuno para permitir tiempo suficiente de labores sin que fuese reducido para ser escaso o muy amplio que impida examinar sus avances.

X. En materia de información se otorga la facultad a la Profeco para ordenar la suspensión de actividades a los proveedores que emitan información ilegal, mediante una modificación al artículo 35. Lo anterior, sin implicar a una Profeco punitiva, sino para dotarle de elementos que le permitan ser más un factor disuasivo, como lo pueden ser las publicidades que propicien daños a la salud y que los proveedores dolosamente se dediquen a difundirla para obtener el lucro suficiente antes de cumplir las disposiciones de la Procuraduría.

XI. En el artículo 27, que contiene los criterios de imposición de sanciones, dejarlas sin efecto, reducirlas, modificarlas o conmutarlas, se modificaría para obligar a la Procuraduría a difundir tales metodologías a través de los canales de comunicación que actualmente utilice.

XII. En materia de la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización relativa a los instrumentos de medición de medidas o pesos como básculas que comercialicen productos a granel, donde se torna más vulnerable a los consumidores que adquieren productos sin tener como verificar el correcto estado de dichos instrumentos de medida, se modifica el artículo 96, para insertar un esquema de verificaciones encubiertasque eviten que los proveedores eliminen o encubran la evidencia, añadiendo especificaciones que respeten formalidades para el proveedor y mecanismos de probidad que deben cumplir los verificadores con la finalidad de prevenir ser corrompidos en su actuar.

XIII. Se modifica el artículo 97 donde se señala la capacidad legal de cualquier persona para denunciar ante la Profeco violaciones a la Ley de Metrología, con la finalidad de que la Procuraduría asista a quien formule la queja y ésta pueda ser gestionada adecuadamente y complique que sea desvirtuada en instancias judiciales que pudieron haber representado un acontecimiento de alto impacto.

XIV. En lo tocante al procedimiento ante la Profeco, se modifica el artículo 111, con el propósito de insertar un segundo párrafo para que se señalen en el reglamento las circunstancias extraordinarias en las que se podrá tener tolerancia con la impuntualidad, como lo pueden ser manifestaciones que obstruyan la vía pública, acotando en su reglamento correspondiente el tiempo de flexibilidad en sensibilidad de su carga de trabajo o si existen alternativas notorias que hubieren permitido arribar con precisión en el tiempo.

A ese mismo precepto se completa en su último párrafo las medidas de seguridad que deban ser incorporados en los medios electrónicos utilizados en la conciliación.

XV. En el ofrecimiento de pruebas se modifica el artículo 124, para la exposición de pruebas por medio electrónico adoptando las medidas de seguridad que la Procuraduría señale, como podrían ser la firma electrónica u otros dispositivos de seguridad, con la finalidad de establecer las bases de procedimientos más expeditos y evitar que puedan ser presentadas pruebas manipuladas.

XVI. Se modifica el artículo 128 Ter, para incorporar los casos que impliquen a menores de edad dentro del catálogo de los asuntos particularmente graves, cuando impliquen a un menor de edad, del mismo modo, aquellosen que se demuestre una duración de más de un año en agravio de los derechos de los consumidores, incluyendo la realización de dicha violación durante ese periodo de tiempo de manera intermitente. Lo anterior, en virtud de que se presume una violación dolosa con la intención de encubrirla y efectuarla cuando es oportuna.

XVII. Finalmente se modifica el artículo 134, para incorporar la obligación de la publicidad en los criterios de condonación, reducción o conmutación de multas para armonizarla con la propuesta para el artículo 25 referente a las multas, con la finalidad de proporcionar mayor certeza a los proveedores.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 6, reforma el tercer párrafo del artículo 8 Bis, el segundo párrafo del artículo 13 adicionándole un tercer párrafo para recorrer al lugar cuarto el anterior, se reforma el artículo 19, se adiciona un último párrafo al artículo 25, se adicionan dos fracciones y se reforma una fracción VII y se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 27 y se recorre en su orden las actual fracción XII a la XV, se reforma el artículo 28, se adiciona un artículo 28 Bis, se adiciona un segundo párrafo al artículo 31, se reforma la fracción II del artículo 35, se adicionan cuatro párrafos al artículo 96, se reforma el último párrafo del artículo 97, se adiciona un segundo párrafo al artículo 111 y se reforma su actual segundo párrafo para recorrerse al tercero, se reforma el artículo 124, se reforman las fracciones I y IV del artículo 128 Ter y se adiciona un párrafo al artículo 134, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 6.Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o consumidores.

La Procuraduría podrá emitir solicitudes a las entidades responsables de suministrar servicios públicos cuando considere que la omisión afecta colectivamente a los consumidores.

Artículo 8 Bis.La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

Para este propósito, elaborará contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los proveedores, previo acuerdo con éstos. También presentará sus contenidos educativos a la autoridad federal competente a fin de que los incorpore a los programas oficiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

La Procuraduría establecerá módulos o sistemas de atención y orientación a los consumidores en función de la afluencia comercial, empresas que tengan más quejas en sus registros, del número de establecimientos y operaciones mercantiles, de la temporada del año y conforme a sus programas y medios, debiéndose otorgar a aquélla las facilidades necesarias para ello.

Artículo 13.La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la verificación.

Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o documentación necesaria que les sea requerida para realizar estudios, formular alertas, emitir lineamientos o cualquier otra acción parael cumplimiento de sus atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.

La Procuraduría pondrá a disposición del público un medio de contacto para que los proveedores formulen quejas, propuestas o denuncias del personal que efectué cualquier tipo de verificación.

La Procuraduría considerará como información reservada, confidencial o comercial reservada aquella que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 19.La Secretaría atendiendo la opinión de la Procuraduríadeterminará la política de protección al consumidor, que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para favorecer y promover los intereses y derechos de los consumidores. Lo anterior, mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico del país.

Artículo 25.La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, podrá aplicar las siguientes medidas de apremio:

I.Apercibimiento;

II.Multa de $205.80 a $20,580.33;

III.En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo, hasta por $8,232.13, y

IV.El auxilio de la fuerza pública.

Para aplicar la multa a que se refiere la fracción II del presente artículo, la Procuraduría señalará en el Reglamento las conductas o abstenciones que la ameriten, la metodología para calcular el monto correspondiente, considerando la capacidad económica del proveedor cuando sea a éste el propósito de imponerla, el dolo, en su caso la reincidencia, así como otros elementos que considere necesarios. Indicará las circunstancias extraordinarias no imputables al proveedor para que en su caso la multa sea condonada o conmutada, en el caso de ser conmutada podrá ser por cualquier acto que la Procuraduría estime que contribuyen al desarrollo de sus funciones o que estime jurídica y económicamente viables para compensar el inconveniente administrativo que en su caso se hubiera causado.

Artículo 27.El Procurador Federal del Consumidor tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VI. ...

VII.Establecer los criterios para la imposición de sanciones que determina la ley, así como para dejarlas sin efecto, reducirlas, modificarlas o conmutarlas, cuando a su criterio se preserve la equidad; observando en todo momento lo dispuesto por los artículos 132 y 134 del presente ordenamiento , tales criterios deberán estar disponibles para el público mediante los medios de difusión utilizados por la Procuraduría;

VIII. a X. ...

XI.Expedir lineamientos, criterios y demás normas administrativas que permitan a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que tenga conferidas, y

XII. Desarrollar programas de capacitación al público en general sobre los derechos de los consumidores, acciones colectivas o aquellos en los que existan más quejas giros comerciales más sancionados; y

XIII. Opinar, cuando lo considere pertinente o a petición de parte, sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos en lo tocante a los aspectos de protección al consumidor, sin que estas opiniones tengan efectos vinculatorios. Las opiniones citadas deberán publicarse;

XIV. Opinar sobre las consultas que le sean formuladas por los proveedores o consumidores, sin que estas opiniones tengan efectos jurídicos o vinculatorios;

XV. Las demás que le confiera esta ley y otros ordenamientos.

Artículo 28.El Procurador Federal del Consumidor será nombrado por el Presidente de la República en el cuarto año de su mandato y deberá cumplir con los siguientes requisitos para su nombramiento:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser profesional en las áreas afines al objeto de la Procuraduría;

III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad y menor de setenta y cinco al momento de la designación;

IV. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, del sector empresarial, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el objeto de la Procuraduría;

V. Tener experiencia profesional afín y comprobada de cuando menos cinco años;

VI. No tener litigio pendiente contra la Procuraduría o en representación de un proveedor ante ésta;

VII. No haber sido condenado mediante sentencia irrevocable por delito doloso, ni haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

VIII. No haber ocupado, durante los dos meses anteriores a la designación, cargos directivos en partidos políticos o de elección popular, y

IX. No tener ningún tipo de conflicto de interés.

Artículo 28 Bis. El Procurador Federal del Consumidor deberá abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o privada, con excepción de los cargos docentes.

El Procurador Federal del Consumidor presentará su declaración patrimonial de forma anual y el Presidente de la República le podrá destituir por cualquiera de las siguientes causas:

I. Causa que así lo amerite de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

II. Incapacidad mental o física,

III. Utilizar en beneficio propio o de cualquier tercero información reservada o confidencial, recursos de la Procuraduría injustificadamente, negligencia de consecuencias graves o prepotencia en el uso de su embestidura;

IV. Proveer de forma dolosa información falsa para la toma de decisiones;

V. Participar en un asunto donde tenga conflicto de interés;

VI. Incumplir cualquiera de los requisitos, sea previo o posterior a la fecha de nombramiento;

VII. Ausentarse frecuentemente de sus funciones sin motivo o causa justificada; y

VIII. Causa grave, misma que deberá ser notoria y que deberá estar debidamente demostrada.

La vacante que se produzca del Procurador Federal del Consumidor será cubierta por la persona que designe el Ejecutivo Federal en términos de este artículo. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo, la persona que se designe para cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada nuevamente, aunque por única ocasión, al término de ese período.

Artículo 31. Para la elaboración de sus planes y programas de trabajo, la Procuraduría llevará a cabo consultas con representantes de los sectores público, social y privado; con instituciones nacionales de educación superior, así como con organizaciones de consumidores. Asimismo, asesorará a la Secretaría en cuestiones relacionadas con las políticas de protección al consumidor y opinará sobre los proyectos de normas oficiales mexicanas y sobre cualquiera otra medida regulatoria que pueda afectar los derechos de los consumidores.

La Procuraduría publicará un Plan de Trabajo de forma bianual estableciendo metas y objetivos.

Artículo 35.Sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales asignen a distintas dependencias, la Procuraduría podrá:

I.Ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley y, en su caso, al medio que la difunda;

II.Ordenar la suspensión de actividades oque se corrija la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley en la forma en que se estime suficiente, y

III.Imponer las sanciones que correspondan, en términos de esta ley.

Para los efectos de las fracciones II y III, deberá concederse al infractor la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 123 de este ordenamiento.

Cuando la Procuraduría instaure algún procedimiento administrativo relacionado con la veracidad de la información, podrá ordenar al proveedor que en la publicidad o información que se difunda, se indique que la veracidad de la misma no ha sido comprobada ante la autoridad competente.

Capítulo XIIDe la Vigilancia y Verificación

Artículo 96.La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito.

Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta ley y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Para verificar la correcta calibración de instrumentos para medir en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Procuraduría podrá efectuarlo mediante esquemas encubiertos para evitar que los proveedores encubran la evidencia, pero una vez obtenida el resultado deberá hacer del conocimiento el resultado del proveedor e informarle los procedimientos que corresponden derivados de la diligencia.

Los verificadores que efectúen las inspecciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán contar con los esquemas que garanticen ante la Procuraduría la mayor ética y antecedentes de servicio destacado. En caso de demostrarse que los verificadores se prestaron a manipular el resultado de la verificación encubierta serán separados de su cargo inmediatamente y puestos a disposición de las autoridades que correspondan.

El proveedor podrá expresar su desacuerdo con el resultado y se asentará en el acta correspondiente, pudiendo presentar a la Procuraduría un dictamen pericial que acredite el buen estado de su instrumento de medición.

Una vez obtenido un resultado que demuestre que el proveedor utiliza dolosamente Instrumentos para medir en perjuicio del consumidor, el verificador podrá dar inicio al procedimiento correspondiente constituyendo el resultado de su verificación prueba plena.

Artículo 97.Cualquier persona podrá denunciar ante la Procuraduría las violaciones a las disposiciones de esta ley, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. En la denuncia se deberá indicar lo siguiente:

I.Nombre y domicilio del denunciado o, en su caso, datos para su ubicación;

II.Relación de los hechos en los que basa su denuncia, indicando el bien, producto o servicio de que se trate, y

III.En su caso, nombre y domicilio del denunciante.

La denuncia podrá presentarse por escrito, de manera verbal, vía telefónica, electrónica o por cualquier otro medio. La procuraduría podrá asistir a quien formule la queja para que incluya correctamente todos los requisitos.

Artículo 111.La Procuraduría señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación en la que se procurará avenir los intereses de las partes, la cual deberá tener lugar, por lo menos, cuatro días después de la fecha de notificación de la reclamación al proveedor.

La Procuraduría establecerá en el Reglamento de esta Ley las circunstancias extraordinarias que ameriten tolerancia de tiempo.

La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la Procuraduría o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos. Cuando se trate de medios electrónicos la Procuraduría determinará los elementos de seguridad que deberán incluir las comunicaciones.

Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el consumidor sea menor de edad y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 124.La Procuraduría podrá solicitar al reclamante en los procedimientos conciliatorio o arbitral o, en su caso, al denunciante, aporten pruebas a fin de acreditar la existencia de violaciones a la ley. Cuando las pruebas sean documentales podrán ser expuestas por vía electrónica con los medios de seguridad que indique la Procuraduría, si se trata de medios de prueba que se estime puedan ser manipulables serán requeridos expresamente en el estado más conveniente para conducir a la verdad.

Artículo 128 Ter.Se considerarán casos particularmente graves:

I.Aquellos en que de seguir operando el proveedor, se pudieran afectar los derechos e intereses de un grupo de consumidores o de menores de edad aun cuando sólo se trate de uno;

II. a III. ...

IV.Aquellas conductas que se cometan aprovechando la escasez, lejanía o dificultad en el abastecimiento de un bien o en la prestación de un servicio, o se demuestre que fue consumada durante más de un año dolosamente, para el computo del tiempo de un año incluirá la realización de la conducta de manera intermitente con el propósito de encubrirla;

...

Artículo 134.La autoridad que haya impuesto alguna de las sanciones previstas en esta ley la podrá condonar, reducir o conmutar, para lo cual apreciará las circunstancias del caso, las causas que motivaron su imposición, así como la medida en que la reclamación del consumidor haya quedado satisfecha, sin que la petición del interesado constituya un recurso. Excepcionalmente procederá la condonación, reducción o conmutación de las multas que se hayan impuesto como medidas de apremio, cuando se hubiere logrado una conciliación en favor del consumidor y se acredite fehacientemente el cumplimiento del convenio correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, la Procuraduría emitirá y publicará criterios bajo los cuales  procederá la condonación, reducción o conmutación de las multas que se hayan impuesto como medidas de apremio.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo. La designación del primer Procurador Federal del Consumidor se realizará en los términos previstos en la presente Ley, dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación para concluir el resto de su periodo hasta concluirlo al cuarto año de gobierno del presidente de la República más próximo.

Notas:

1 Publicación de la Fundación Este País. Los consumidores como ciudadanos. Derechos e instrumentos para el ejercicio de los derechos del consumidor en México. http://www.observatoriosciudadanos.mx/publicaciones/Los%20consumidores%20como%2 0ciudadanos_Indicador%20FEP.pdf

2 http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa13/marzo13/bol048.asp

3 Historial de reformas constitucionales Sitio web de la Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ ref_102_03feb83_ima.pdf

4 Ovalle Fabela, José, Los Derechos de los Consumidores, Revista de Derecho Privado, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2005, Pp. 76. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/12/dtr/dtr4.pdf

5 Los principales objetivos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro son: Proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores, desarrollar un entorno de competencia entre las administradoras de fondos para el retiro y promover el ejercicio informado de los derechos del consumidor en materia de ahorro para el retiro.

6 Los principales objetivos de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros son: promover, asesorar, proteger y defender los derechos o intereses de los usuarios de servicios financieros; así como crear y fomentar una cultura adecuada respecto de las operaciones y servicios financieros.

7 En Francia se define al consumidor como la persona física o moral que se procura o que utiliza un bien o un servicio para un uso no profesional, en Italia, como las personas físicas que adquieren o utilizan bienes o servicios para objetos ajenos a la actividad empresarial o profesional eventualmente desenvuelta, mientras que en España se le define como las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.

8 Únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de la LFPC.

9 Por organismos descentralizados deben entenderse a las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf

10 Artículo 20 de la LFPC.

11 Artículo 22 de la LFCPC.

12 Ovalle Favela, José, Derechos de los Consumidores. Oxford, México, 2008. Pp. 155.

13 Extraído de documento Rendición de cuentas y diseño institucional de los órganos reguladores en México, citado por sus autores: Sergio López Ayllón y Ali Haddou Ruiz. Pp. 103. http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XVI_No.I_1ersem/ Sergio_Lopez_Ayllon_y_Ali_Haddou_Ruiz.pdf

14 De acuerdo al sitio web http://mercaba.org/FICHAS/Capel/estado_de_derecho_01.htm señala que el Estado de Derecho “Consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos.”

15 Los intereses de los consumidores pueden ser muy difusos en virtud de que se trata de un gran número de personas, por ello pueden ser identificadas como el eslabón más débil en la cadena de consumo, en razón de apatía o bajos incentivos. No obstante, que destacando importantes avances en el derecho de la protección a los consumidores señalamos la figura de las acciones colectivas, las cuales insertaron el mecanismo para una defensa fusionada activada por un causante detonador.

16 En expresión de las debilidades en la aplicación de la Ley del consumidor, puede consultarse el sitio web del Diario Rumbo de México. El procurador federal del Consumidor (Profeco), Alfredo Castillo Cervantes, reveló que las multas impuestas a establecimientos que violan la ley, no se cobran o simplemente “se quedan en el limbo”. (Consultado el 4 de julio de 2013). http://www.rumbodemexico.com.mx/index.php/nacional-articulos/37424-llama-castil lo-a-dotar-de-mas-facultades-a-profeco

17 Véase nota periodística de CNN Expansión, 10 de julio de 2012, referente a la multa impuesta por la agencia de protección al Consumidor estadounidense a la firma Google. La firma enfrenta acusaciones de burlar la privacidad de los usuarios del navegador Safari; la multa será la sanción más elevada a una compañía por la Comisión de Comercio de EU.

http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2012/07/10/google-pagara- 225-mdd-por-burlar-safari

18 Extraído de la Presentación “ Institucionalidad del Regulador y sus efectos económicos” de Edwin Quintanilla Acosta, Diap. 9. http://economia.unmsm.edu.pe/Eventos/c_Quintanilla/C_Quintanilla_11.5.11.pdf

19 Véase: Faya, Alejandro. Fortalecer a los reguladores. Cambiando las reglas del juego en México, CIDAC. 2010. Arreglos institucionales del regulador: factores básicos y mejores prácticas. Pp. 26. http://www.cidac.org/esp/uploads/1/FR.pdf

20 Ibídem nota al pie. (24) Pp. 22. El experto en regulación Alejandro Faya la describió como: “el fenómeno que se suscita cuando la agencia o regulador, en lugar de actuar en favor del interés público, lo hace a favor de los grupos de interés que regula.”

21 Ibídem, Diap. 16

22 Sitio web de la Profeco para consultar las credenciales de los verificadores: http://intranet.profeco.gob.mx/consulta.jsp

23 Artículo 68 de la Ley del INEGI. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSNIEG.pdf

24 Ley Federal sobre Metrología y Normalización http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de septiembre de 2013.— Diputados: Elizabeth Vargas Martín del Campo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez,  Alicia Concepción Ricalde Magaña, María Guadalupe Mondragón González, José Alejandro Llanas Alba, Glafiro Salinas Mendiola, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Genaro Carreño Muro, Xavier Azuara Zúñiga, José Guillermo Anaya Llamas, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, María Eugenia de León Pérez, Rafael Acosta Croda, arcelo de Jesús Torres Cofiño, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Alfredo Zamora García, Erick Marte Rivera Villarreal, Leslie Pantoja Hernández, Raúl Gómez Ramírez, Patricia Lugo Barriga, José Alfredo Botello Montes, Mariana Dunyaska García Rojas, Raquel Jiménez Cerrillo, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Eufrosina Cruz Mendoza, Germán Pacheco Díaz, María Celia Urciel Castañeda, Liliana Castillo Terreros, J. Jesús Oviedo Herrera, Leonor Romero Sevilla, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Mario Alberto Dávila Delgado, Luis Miguel Ramírez Romero, Beatriz Eugenia Yamamoto Cáceres, Angelina Carreño Mijares, Antonio Sansores Sastré, Joaquina Navarrete Contreras (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Elizabeth Vargas. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Muchas gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que presento hoy es una reforma al artículo 63 de la Constitución, en su segundo párrafo, y va encaminada en el ánimo de generar un régimen realmente republicano, en el cual las legisladoras y los legisladores federales no seamos diferentes a las reglas que rigen la labor, el trabajo del resto de los mexicanos.

Hoy, a como está redactado el artículo 63 constitucional en su fracción II dice que se entiende también que los diputados o senadores que falten 10 días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncia a concurrir hasta el periodo inmediato llamándose desde luego a los suplentes.

Ésta es una excepción que va en contra de la lógica y del trabajo actual de la Cámara de Diputados, porque establece un tramo muy largo de hasta 10 inasistencias para las legisladoras y los legisladores. Pero además, ni siquiera establece de manera clara una periodicidad, sino que se interpreta, se deriva que estas 10 inasistencias son a lo largo del periodo, dado que en la última parte dice: se renuncia a concurrir hasta el periodo inmediato, lo cual hace interpretar que es durante un periodo que se darán estas inasistencias.

Esto —desde mi particular punto de vista— contribuye de manera determinante al lamentable ausentismo que tenemos en la Cámara de Diputados. Y no es una preocupación nueva, es una preocupación que viene de muchos años y que quisiera ilustrarlo mencionándoles a ustedes parte del proyecto de reforma constitucional que envió Venustiano Carranza al Constituyente de 1917.

En aquel tiempo, cuando se estableció este actual artículo 63 constitucional, se argumentaba que se pretendía impedir —y cito textualmente—: el abuso que sentó sus reales en las Cámaras mexicanas en la época del general Porfirio Díaz, consistente en no concurrir a las sesiones aquellos ciudadanos que residían fuera del Distrito Federal y así cobraban sus dietas sin la menor justificación. Fin de la cita.

En aquel momento de 1917, las sesiones del Congreso eran distintas a las de ahora. Se sesionaba diariamente. Ahora sesionamos dos veces a la semana. De tal manera que las 10 inasistencias exceden incluso el plazo de un mes, porque en un mes solamente concurrimos —en tiempos normales— en 8 ocasiones a esta Cámara de Diputados.

Lo anterior es contrario, por ejemplo, a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 47, fracción X, señala que es causa de recisión laboral —y cito textual—: tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Fin de la cita.

Más aún, la reciente Ley General del Servicio Profesional Docente —que se aprobó en esta Cámara hace algunos días— en su artículo 76 señala textualmente que con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional, el personal docente y el personal con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de 3 días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada será separado del servicio.

De tal manera que nos estamos poniendo estrictos con el resto de los mexicanos, pero somos incapaces de ponernos estrictos con nosotros mismos y con nuestras ausencias en esta Cámara de Diputados.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, esta mañana vengo a proponerles a ustedes que reformemos el artículo 63 constitucional y que quede de la siguiente forma: Se entiende también que los diputados o senadores que falten en tres ocasiones consecutivas a las sesiones de un mes, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente en su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.

Ojalá esta iniciativa cuente con el respaldo de todas y de todos ustedes, y que mandemos una clara señal a las mexicanas y a los mexicanos de que no queremos un régimen de excepción para las diputadas y para los diputados, sino queremos un régimen republicano, donde todas y todos los mexicanos seamos iguales y tengamos las mismas reglas. Muchas gracias, ciudadano presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Que al concebirse las democracias modernas se consideró la separación de Poderes como una forma racional de equilibrar las facultades, competencias, atribuciones e, incluso, las limitaciones de los órganos del Estado.

En ese contexto, el pensamiento político de aquella etapa fundacional de las naciones determinó el establecimiento de tres Poderes, a saber Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Ese mismo pensamiento político consideró que era en el Poder Legislativo donde se depositaría la soberanía nacional, en virtud que sus integrantes tenemos una clara representación popular, dado que, en el caso de la Cámara de Diputados, somos electos en función de un criterio de distritación fundado en un determinado número de electores.

Que precisamente ese mandato y esa representación popular debe ser el fundamento lógico y ético para que las y los legisladores no gocemos de privilegios y canonjías distintas al resto de los ciudadanos, salvo aquellas estrictamente inherente a nuestro cargo y que se encuentran vinculadas con la libertad de expresión y de manifestación de las ideas.

Lamentablemente, una inercia histórica ha ido generando para las y los legisladores una serie de atribuciones, muchas veces privilegios, distintos al resto de los ciudadanos y que, legítimamente, se interpretan como una ruptura de la equidad e igualdad que debe caracterizar a un régimen republicano y democrático.

Tal es el caso de la fracción segunda del artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual a la letra señala que “se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes”.

Grave es que se permitan tantas faltas en un encargo público de tanta responsabilidad, pero peor aún es el hecho que, en el caso que nos ocupa, ni siquiera se ha establecido una temporalidad expresa, sino que se interpreta que dichas inasistencias pueden generarse en el transcurso de un período de sesiones.

Lo anterior es un claro exceso, dado que es una práctica consuetudinaria, tanto en empleos públicos como en empleos en el sector privado, que más de tres faltas en un período de treinta días constituyen un escenario que conlleva a la conclusión de la relación laboral.

Más aún, se trata de un contrasentido, y un estado de excepción, frente a las reformas legales que se han venido realizando para hacer más estricto y transparente el marco laboral de diversos sectores de la sociedad como recientemente ocurrió en el caso del magisterio nacional.

Visto de esa manera, es lamentable que las y los integrantes del Poder Legislativo Federal tengamos hasta diez oportunidades de inasistencia, cuando nosotros mismos hemos aprobado reducir a tres las inasistencias de otros servidores públicos so pena de pérdida del empleo.

Si bien es cierto que dicha disposición proviene de otra etapa de la vida nacional donde el trabajo legislativo se desarrollaba en otras condiciones, mantener tal situación en el texto constitucional constituye un status de privilegio para las y los legisladores federales, genera una situación de inequidad frente a otros sectores sociales, contribuye a deteriorar la imagen del Poder Legislativo y podría considerarse una burla a la sociedad ya que en la actual práctica parlamentaria solo se sesiona dos veces a la semana, razón por la cual en un mes no se alcanzan las 10 sesiones que la Constitución menciona, es decir, se puede faltar a todas las sesiones ordinarias de un mes y aún así al legislador todavía le quedarían dos oportunidades de inasistencia.

Es claro que el encargo de legislador federal deriva de un proceso de elección democrática, razón que impide, dada la legislación vigente, que se le pueda relevar de su cargo como sucede con cualquier otro empleo, salvo en los casos previstos por el Título Cuarto de la Constitución General de la República. Sin embargo, ello no demerita que se tomen medidas para evitar que la elección de legislador se interprete como un cheque en blanco para cometer excesos y no asumir sus responsabilidades constitucionales y ciudadanas. Si la Constitución de 1917, en su origen, dado que es un párrafo que no ha sido modificado, ya consideraba una posible sanción acorde con la vida parlamentaria de aquella época, no considero que haya obstáculo para que adecuar el texto constitucional a la actual vida parlamentaria y, sobre todo, a las demandas democráticas de una sociedad que exige que haya una actuación responsable, ética y republicana por parte de las y los legisladores.

Argumentación

El ausentismo en las Cámaras que integran el Congreso de la Unión ha sido una preocupación constante en el derecho parlamentario mexicano.

En concordancia con lo anterior, basta recordar un párrafo del dictamen al Proyecto de Constitución formulado por Venustiano Carranza, a través del cual se justificaba el agravamiento de las sanciones a los legisladores de aquel entonces, argumentándose que se pretendía impedir “el abuso que sentó sus reales en las Cámaras mexicanas en la época del General Porfirio Díaz, consistente en no concurrir a las sesiones aquellos ciudadanos que residían fuera del Distrito Federal , y así cobraban sus dietas sin la menor justificación”.

Si ya en 1917 había una preocupación fehaciente por evitar el ausentismo de los legisladores, no hay razón para no trabajar en la erradicación de ese grave mal que como un lastre sigue aquejando nuestra vida parlamentaria y yendo en demérito de la fortaleza del Poder Legislativo frente a la ciudadanía.

En tal contexto, la Ley Federal del Trabajo vigente en los Estados Unidos Mexicanos establece un capítulo IV, denominado “Rescisión de las Relaciones de Trabajo”, mismo que en su artículo 47, fracción X, señala como causal de conclusión de la relación laboral: “Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada”.

Una situación similar acontece con la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, recientemente puesta en vigor, misma que establece en su artículo 76 que “con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional, el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será separado del servicio sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, aplicando para ello el procedimiento previsto en el artículo 75 de esta ley.

En tal contexto, la presente iniciativa tiene como objetivo situarnos a las y los legisladores federales en un rango de equidad frente a la situación laboral del resto de nuestros conciudadanos, lo que sin duda debe ser una característica de todo régimen que se precie de ser justo, democrático y republicano.

Fundamento Legal

El suscrito, diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, electo por el quinto distrito electoral del estado de Tabasco y consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción primera, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de reforma, con base a la siguiente iniciativa de reforma constitucional que reforma el párrafo segundo  del artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de las asistencias de las y los legisladores federales.

Artículo Único.De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforma el artículo 63, párrafo segundo; para quedar como sigue:  

Artículo 63. ...

...

Se entiende también que los diputados o senadores que falten en tres ocasiones consecutivas a las sesiones de un mes, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.

...

Transitorio

Único.La presente iniciativa de reforma constitucional entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo Federal, a 24 de septiembre de 2013.— Diputados: Marcos Rosendo Medina Filigrana, Joaquina Navarrete Contreras, Antonio Sansores Sastré, Fernando Belaunzarán Méndez, Rafael Acosta Croda, Felipe Arturo Camarena García, (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Marco Rosendo Medina. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado Belaunzarán, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Es que la iniciativa que acaba de presentar mi compañero diputado, Marcos Rosendo, es parecida y complementaria a una que también estoy suscribiendo. Entonces, le pediría al diputado Marcos Rosendo, si no tuviera inconveniente en que me permitiera suscribirla.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si el diputado no tiene inconveniente la Secretaría la pone a su disposición. Pasamos al siguiente asunto.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 29 de abril de 2013, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa en estudio tiene como finalidad reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para incorporar a tres representantes de la sociedad civil a la integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Por lo anterior, propone reformar el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

III Consideraciones

Primera. De manera mayoritaria, tratadistas y especialistas en la materia reconocen que, en un entorno democrático, se requiere el fortalecimiento de la sociedad civil respecto a las instituciones; y sobre todo, frente a aquéllas que históricamente se alejaron más de un esquema colaborativo con la sociedad, como lo fueron hasta hace poco tiempo las encargadas de la seguridad pública.

Segunda. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eleva al rango constitucional la importancia de la participación de la comunidad en las tareas relacionadas con la seguridad pública, previendo la posibilidad de que la misma coadyuve en diversos procesos en dicho particular.

Tercera.La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública adopta en su artículo 6 el principio constitucional, exigiendo de las instituciones de seguridad pública el fomento a la participación ciudadana y la rendición de cuentas; así como también reconoce en su numeral 16 la existencia de una Comisión Permanente del Consejo Nacional, avocada a la Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Asimismo, dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano operativo del Sistema, se prevé la existencia de un Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Cuarta. El Consejo Nacional de Seguridad Pública es la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas sobre la materia, y dentro de sus atribuciones cuenta con la de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública; y el promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública.

Quinta. Por ello, el propósito de la iniciativa que nos ocupa es altamente encomiable, ya que la incorporación de la sociedad civil organizada al órgano máximo del Sistema Nacional de Seguridad Pública representa un cambio de paradigma desde el más alto nivel en esta esfera.

Sexta. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su XXXIII Sesión, celebrada el 31 de agosto de 2012, en su Acuerdo 10/XXX11l/12, resolvió la invitación a cinco representantes de la sociedad civil, por medio de una comisión mixta integrada por los Gobernadores de los estados de Chihuahua, Oaxaca y Sonora, así como el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a partir de las propuestas realizadas por rectores universitarios; comprendiendo una más amplia participación de la sociedad civil que la prevista por la iniciativa.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Único. Se reforma el tercer párrafo, y se adiciona un cuarto y quinto párrafos al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 12. El Consejo Nacional estará integrado por:

I. al IX. ...

...

El Consejo Nacional contará con cinco invitados permanentes, representantes de la sociedad civil. El nombramiento se hará a propuesta de rectores de universidades, misma que tomará en cuenta una comisión transitoria del Consejo Nacional para tales efectos, integrada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tres gobernadores de los Estados, procurando la pluralidad de los mismos.

El nombramiento de los representantes de la Sociedad Civil durará dos años, renovándose de manera escalonada anualmente.

El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será también invitado permanente de este Consejo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo Nacional, una vez entrada en vigor la presente reforma, emitirá la convocatoria a las instituciones universitarias, de suerte tal que el nombramiento de los cinco invitados permanentes representantes de la sociedad civil se celebre dentro de los 180 días naturales siguientes.

Tercero. Para dar cumplimiento a la periodicidad en la renovación de los cinco invitados permanentes representantes de la sociedad civil, la comisión que prevé el artículo 12 determinará en la primer convocatoria emitida que dos de las cinco organizaciones de la sociedad civil electas contarán con un período de solamente un año, quedando todas las posteriores con el período normal de dos años.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez, Enrique Cárdenas del Avellano, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY AGRARIA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria

A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada, para dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 37 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN.

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 21 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante Oficio número D.G.P.L. 62-II-4-559, turnó para dictamen a la Comisión de Reforma Agraria, el expediente 1616 que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 37 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN.

2. La Comisión de Reforma Agraria, integra a través de su secretaría técnica, las opiniones de los diputados integrantes y entra al estudio de la iniciativa con fundamento en el cual, formula proyectos de dictamen para la consideración del pleno de las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión, para su estudio y aprobación en su caso.

3. Con fecha 18 de julio de 2013 se reunió en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, en su caso aprobarlo, que al examinar el proyecto de dictamen, además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron en la iniciativa las siguientes motivaciones:

II. Contenido de la minuta

La comisión dictaminadora, ha considerado, por método y por su importancia, transcribir el contenido de la iniciativa, en la parte considerativa:

La participación de la población femenina en el medio rural ha jugado y juega un papel importante en el desarrollo de los grupos domésticos y de la comunidad, sin embargo, el escenario al que se enfrentan social y económicamente ha inhibido su reconocimiento y justo valor al que son acreedoras. La mayoría no reciben remuneración por el trabajo que realizan. Incluso, el trabajo que reportan como actividad económica les genera pagos por debajo del estimado para los varones, por ello se dice que las mujeres rurales son discriminadas en cuanto a los ingresos que perciben y sobreexplotadas en términos del tiempo y trabajo que realizan.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en su Estudio Legislativo de la Cámara de Diputados, sobre el marco jurídico en materia agraria desde la perspectiva de género, expone que la mujer rural, en un alto porcentaje se caracteriza por vivir en la pobreza, en un grado de marginación y discriminación, los cuales provocan que no se beneficien del desarrollo económico, social, en educación, salud, vivienda, vestido, calzado y transporte, y que su capacidad para cubrirlas sea mínima e insuficiente.

La historia contemporánea y la Ley Agraria vigente, manifiestan que no se ha logrado un avance acorde en el tema de los derechos agrarios de las mujeres. Un tema evidente es el referente a la participación de la mujer dentro de los órganos del ejido, donde uno de los requerimientos es el expuesto en el artículo 12 de la mencionada legislación que en su letra dice: “Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de los derechos ejidales”. En la práctica esto impacta en gran medida el acceso de las mujeres a una igualdad sustantiva, lo que insta a que dentro de la redacción se regule, una mayor participación de las mujeres, lo que traería consigo presencia en la toma de decisiones, ejecución y cumplimiento de los acuerdos tomados.

Antecedentes

El reconocimiento de los derechos humanos –sociales, culturales, económicos y políticos– de las mujeres, ha tenido un proceso evolutivo; desde las primeras Convenciones internacionales y la suscripción y ratificación de los instrumentos internacionales que emanaron de éstas. En estos instrumentos, se reconocen los derechos humanos de carácter social de las mujeres, las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. Los Estados tienen la obligación de tutelar esos derechos y garantizar que las mujeres tengan acceso pleno al goce y ejercicio de éstos.

México no ha sido la excepción en el progresivo reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, además de ser parte de las convenciones y tratados internacionales, ha ido adecuando la legislación para alcanzar ese fin.

Históricamente, dos de las reformas más importantes en esta materia fueron: el reconocimiento del derecho a votar de las mujeres en el año de 1953 y la reforma al artículo 4o. constitucional que actualmente prevé la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley.

En definitiva, en México, a partir del presente siglo, se han venido produciendo una serie de reformas legislativas y sociales, encaminadas a consolidar la plena igualdad entre mujeres y hombres, si bien los siglos de situaciones inequitativas sufridos han supuesto que hoy en día sigan produciéndose aspectos que evidencian las desigualdades diarias contra un sexo en beneficio del otro, en este caso ha sido el de las mujeres.

Hoy en día, existe una legislación más “amplia” respecto al tema de igualdad entre hombres y mujeres, estos logros han sido resultado del interés y esfuerzo de diferentes sectores de la sociedad y autoridades, quienes han pugnado por un verdadero reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, en términos de igualdad, es necesario destacar que, sí bien se ha avanzado en el carácter formal para que la ley en su texto proteja a las mujeres sin distinción, aún queda mucho trabajo que hacer en el carácter sustantivo para modificar, las circunstancias que impiden a las mujeres, el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública.

No sólo es reformar o crear leyes por comodidad, es lograr consolidar una armonización que haga factible el desarrollo individual y comunitario que respete la dignidad humana.

En este sentido, la legislación en materia agraria ha sido modificada con el fin de reconocer los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, conforme a las disposiciones que surgían a partir del artículo 27 constitucional, en 1929 en el decreto que reforma la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas en su artículo 15 establecía: tienen derecho a recibir parcela individual en un ejido, los varones solteros mayores de 16 años, los casados aún cuando sean menores de edad y las mujeres solteras o viudas que tengan familia a la cual sostengan.

En el Código Agrario de 1934 en el artículo 44 establecía que tenían derecho a recibir parcela individual en un ejido, quienes reunieran los siguientes requisitos:

a) Ser mexicano, barón mayor de 16 años si es soltero o de cualquier edad siendo casado, o mujer soltera o viuda si tiene familia a su cargo.

El Código de 1940 exceptuaba trabajar personalmente la tierra a las mujeres con familia a su cargo, incapacitadas por sus labores domésticas y la atención de los hijos menores que de ella dependieran. Aunque mantenía su titularidad y tenía la oportunidad de explotar la tierra a través de una tercera persona.

Posteriormente, el Código de 1942 reitera como capacidad agraria, el ser mexicano por nacimiento, varón mayor de 16 años si es soltero o a cualquier edad si es casado o mujeres soltera o viuda si tiene familia a su cargo. También a la mujer campesina se le adjudicaba la parcela por sanción y en algunos casos el producto de la parcela se dedicaba al sostenimiento del grupo familiar que económicamente dependía del adjudicatario.

Las limitantes para la mujer, era que si se casaba, perdía el derecho a adquirir y conservar la parcela, es decir, el cambio de estado civil la perjudicaba.”

En comparación con los anteriores criterios, actualmente la Ley Agraria reconoce plenos derechos a la mujer sobre la propiedad de la tierra, su explotación y, por consecuencia, su desarrollo económico, sin más requisitos que los establecidos por los artículos 12, 15 y 16 de la Ley Agraria; sin embrago, el enfoque de las reformas se ha reducido a un solo tema: la propiedad de la tierra; dejando con un carácter ambiguo y sin regulación, la seguridad de una mayor participación de la mujer dentro de los órganos del ejido.

En relación con esto, en el informe de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, se afirma que: “...la pobreza de la mujer está directamente relacionada con la ausencia de oportunidades..., y con su mínima participación en el proceso de adopción de decisiones.”

A su vez y de acuerdo con la ONU, la “igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una representación igual en la vida pública y política”.

Una de las reflexiones presentadas en el “Avance Político de las Mujeres...en la mira”, publicadas en el Instituto Nacional de las Mujeres expone que el objetivo más allá de que mujeres y hombres sean iguales, es conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida.

En los instrumentos internaciones se ha señalado a los Estados parte, como México, los aspectos que deben observar respecto a la discriminación contra mujeres en el sector rural, para garantizarles el pleno goce de sus derechos, en condiciones de igualdad con los hombres.

“En relación con las recomendaciones al Estado mexicano, de los distintos organismos internacionales, destacan las emitidas por el Comité de la CEDAW (Cocedaw). En 2002, se exhortó a dar prioridad a las mujeres indígenas y rurales en su estrategia de erradicación de la pobreza y en 2006 se recomendó al gobierno a utilizar medidas afirmativas para tratar de eliminar las disparidades que enfrentan las mujeres rurales en relación con el acceso a servicios sociales básicos y la participación en los procesos de adopción de decisiones”.

“A pesar de que se ha legislado a nivel internacional a favor de los derechos de las mujeres rurales y de las cuales México es Estado Parte, es necesario trasladar esas disposiciones e la legislación nacional, principalmente a la Ley Agraria para que atiendan el derecho de las mujeres...para incluir medidas positivas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres”.

Uno de los mayores obstáculos para el logro y consolidación de esta superior, ha sido sin lugar a duda, la disparidad existente en el acceso de las mujeres a la participación política, así como en la toma de decisiones públicas.

Estadísticas del Registro Agrario Nacional indican que en el país existen 31 mil 608 núcleos agrarios, que integran una superficie 103.5 millones de hectáreas, equivalentes a más de la mitad del territorio nacional.

Además, en México existen 5 millones 304 mil 195 sujetos agrarios, de los cuales un millón 369 mil 104 son mujeres ejidatarias o comuneras, el 25.9 por ciento, y tres millones 935 mil 091 hombres, el 74.1 por ciento. A su vez, las mujeres con más de 50 años son la población con mayores derechos agrarios.

“De acuerdo con el Censo Nacional de Órganos de Representación y Vigilancia, realizado por la Procuraduría Agraria en el año del 2010, 899 mujeres son presidentas de los comisariados ejidales o de bienes comunales; 3 mil 114 tienen un puesto como secretarias al interior de sus órganos de representación y 4 mil 319 son tesoreras. Asimismo, 9 mil 898 se desempeñan como suplentes de alguno de estos tres cargos. Existen 922 presidentas de los consejos de vigilancia de núcleos agrarios; tres mil 325 ostentan el cargo de primera secretaria, 4 mil 254 el de segunda secretaria y 12 mil 12 mujeres se desempeñan como suplentes al interior de dichos consejos.

Datos obtenidos del Programa Sectorial Agrario 2001-2006 en comparación con los anteriormente citados y aún cuando no son datos tan actualizados, en el año 2001 había 649 presidentas de comisariado ejidal, mil 570 secretarias y 2 mil 322 tesoreras.

Se observa que se ha incrementado gradualmente la participación de la mujer dentro de las autoridades u órganos de los ejidos o comunidades, no obstante es de destacarse que no tienen un carácter proporcional.

Las entidades donde la participación de las mujeres en cargos al interior de sus órganos de representación es mayor son: Veracruz, con 5 mil 365 mujeres, ya sea como propietarias de los cargos o como suplentes; seguida por Chiapas con 3 mil 470 mujeres; Tamaulipas con 2 mil 659 mujeres; Guanajuato con 2 mil 406 mujeres; y Michoacán con 2 mil 158 mujeres.

En tanto, los estados donde la presencia de la mujer es menor son: Baja California Sur, con 113 mujeres; Quintana Roo, con 157; Aguascalientes, con 174; Yucatán, con 179; y el Distrito Federal con 220 mujeres.

“Todas las legislaciones como producto social, como principal fuente formal del derecho, están sujetas a un proceso renovador ineludible que la ajuste a las cambiantes condiciones sociales. Cuando ello no ocurre las leyes se vuelven obsoletas, dejando de cumplir su función de factor de bienestar social para convertirse en fuente e instrumento de problemas que afecten a la colectividad.”

Los estados de Veracruz, México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los que cuentan con un mayor número de habitantes con derechos agrarios, además, según cifras del Coneval, son estos mismos estados los que tienen mayores índices de pobreza.

Otras cifras muestran que la tasa de participación económica femenina en 2011 fue de 41.8 por ciento. En las zonas rurales esta tasa fue de 29.7 por ciento. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2011, existen aproximadamente 2.6 millones de mujeres ocupadas que viven en localidades rurales, ellas representan 15.5 por ciento del total de la población ocupada femenina a nivel nacional. De las mujeres ocupadas en localidades rurales 28.5 por ciento son comerciantes; 23 por ciento son trabajadoras industriales, artesanas y o ayudantes; 20.9 por ciento son trabajadoras en servicios personales y 16.1 por ciento pertenece al grupo de trabajadoras agropecuarias, agricultoras, ganaderas, silvícolas o de caza y pesca.

El 80 por ciento de los proyectos productivos en los ejidos y comunidades son operados por mujeres y tienen una sobrevivencia del 87 por ciento después de un año de haber sido puestos en marcha.

Innegablemente, el papel que la mujer juega hoy día en el sector agrario es fundamental, no sólo ha ido incrementado sucesivamente su participación, sino que en términos de calidad, las mujeres han sabido desempeñarse y son sinónimo de confianza con respecto a proyectos económicos o al ocupar cargos de representación dentro de los núcleos agrarios.

Es por cuanto que la ley debe reformarse, garantizando plenamente que las mujeres sin prejuicio alguno tengan un mayor acceso a ejercer los derechos que la legislación vigente les reconoce, introduciendo un mecanismo en el cual no quede a interpretaciones, que ocasionen menoscabo en los derechos de las mujeres ejidatarias, acto que, además, asegurará el incremento en la participación en la toma de decisiones, sin duda, influirá en el desarrollo económico del sector agrario.

Para ello, se propone adoptar un esquema de cuota de género como una medida concreta que busque dar respuesta al actual desequilibrio de género en los órganos ejidales de toma de decisiones, ocupando como referencia la establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual prevé que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

El motivo de adoptarla en esta propuesta, obedece a que a partir de la reforma electoral del 2007, donde se introdujo la ya referida cuota, se ha logrado que la participación de la mujer en la política se haya ido incrementando gradualmente, de acuerdo como lo señala la siguiente tabla que contiene el impacto de cuota de género en la Cámara de Diputados correspondiente al periodo de 1988 al 2012:

Con base en los resultados anteriores, la suscrita estima que la inclusión de una cuota de género en la Ley Agraria, logrará constituir un mecanismo que permita aumentar gradualmente la presencia de las mujeres en los comisariados y consejos de vigilancia de los ejidos.

Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto equilibrar en igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, estableciendo expresamente la necesidad de que las mujeres cuenten con una mayor participación en la toma de decisiones dentro de las autoridades u órganos de los ejidos o comunidades. Ampliando sus posibilidades y potencial de organización. Cabe destacar que el texto vigente de la Ley Agraria, es omiso respecto a la igualdad que ha de observarse en la integración de los órganos en referencia.

Por lo expuesto, resulta de vital importancia que exista una mayor vinculación de las mujeres en la vida de los núcleos de población ejidal, lo cual en muchas ocasiones resulta imposible para ellas, toda vez que la interpretación de la ley vigente aunada a la importante amalgama de usos y costumbres, la convierte sólo en espectador, distanciándola directamente de un rol más operativo y de trascendencia.

Es necesario impulsar una nueva dinámica social que fortalezca un desarrollo participativo gradual dentro de los ejidos y comunidades, promoviendo un crecimiento, sostenibilidad y mayor cohesión social.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley Agraria

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria, para quedar como sigue

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de julio de 2013.— Diputada Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica).

III. Considerandos

Primero. La Cámara de Diputados y en especial la LXII legislatura ha sido y es impulsora de los derechos humanos, de la igualdad, la libertad y la ciudadanía de las mujeres, así como promotor de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Segundo. Se ha impulsado la igualdad sustantiva, es decir el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el combate de todas las formas de discriminación.

Tercero. Es necesario ratificar el compromiso de continuar la lucha para respetar, proteger y garantizar el acceso de las mujeres al pleno ejercicio y goce de sus derechos humanos, a través de sus representantes en todos los ámbitos de gobierno para impulsar iniciativas, reformas y estrategias, en particular de su integración a las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia.

Es así que se debe promover de manera permanente condiciones de equidad de género en todas las esferas de la sociedad en que se manifiestan relaciones de poder.

Cuarto. Esta iniciativa se enfoca básicamente a ampliar la participación del sector femenino en el alcance de la política agraria y de la administración de sus ejidos y comunidades como núcleos agrarios.

La comisión realizo una exhaustiva revisión de la legislación vigente he identifico que efectivamente no se encuentran previstas de manera imperativa la participación de la mujer en las planillas a contender por la representación de los núcleos agrarios pese al número de mujeres que actualmente cuentan con títulos que las legitiman como titulares de derechos agrarios.

Por lo expuesto, la Comisión de la Reforma Agraria, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo parrafo al artículo 37 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 37....

Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará la integración de las mujeres.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 4. Igualdad ante la ley. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1974).

2 Ruiz Carbonell, Ricardo, La evolución histórica de la igualdad entre mujeres y hombres en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, Página 133.

3 Aldaba Marnay de León. Situación de la mujer campesina. Codhem (en línea). (Fecha de consulta: 8 enero 2013). Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/35/pr/pr22.pdf

4 Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. (Fecha de consulta: 6 de marzo de 2013). Disponible en: http://www.objetivosdelmilenio. com/ObjetivosDelMilenio.asp

5 Informes de Cocedaw 2002 y 2006.

6 Páez Hernández, Verónica et Janeth Pérez Olvera. La situación de las mujeres rurales en el sector agrario. Cámara. Octubre 2012, número 18, páginas 74-79.

7 Escobar Prieto, Abelardo. “Campo con futuro. Estadísticas”. Revista Estudios Agrarios número 48. Agosto 2011. Página 184.

8 Comunicado para la prensa número 66. Un millón 369 mil 104 mujeres son ejidatarias o comuneras, 13 de mayo de 2012. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (En línea). (Fecha de consulta: 10 de enero 2013). Disponible en: http://www.sra.gob.mx/sraweb/noticias/noticias-2012/mayo-2012/12268/

9 Ibídem.

10 Zárate Cruz, David, Cobra papel de la mujer mayor relevancia en ejidos y comunidades rurales: SRA. Gaceta.mx. (En línea), (Fecha de consulta 18 de enero 2013).Disponible: http://www.gaceta.mx/vnoticias.aspx?idnota=28061%20%20&balazo=%20Cobra%20pa pel%20de%20la%20mujer%20mayor%20relevancia%20en%20ejidos%20y%20comunidades%20ru rales:%20SRA

11 Morfín Corona, Jaime Rafael. (2006). Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria. Número 33. Página 102.

12 Fuente, Registro Agrario Nacional: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/component/content/article/1344-un-millon-36 9-mil-104-mujeres-son-ejidatarias-o-comuneras-

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de julio de 2013.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, secretarios; Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez, Lisandro Arístides Campos Cordova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas, José Humberto Vega Vázquez, Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino, Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, José Antonio León Mendivil, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gabriela Eugenia Cortes Talamantes, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE MIGRACION

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la comisión que suscribe, de Asuntos Migratorios, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 3749, que contiene iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 48 Bis, a la Ley de Migración, presentada por la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de marzo de 2012, al pleno de la Cámara de Diputados, en sesión ordinaria correspondiente al segundo periodo del tercer año de ejercicio legislativo de la LXI Legislatura.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3479-VI, martes 27 de marzo de 2012.

En ese mismo acto la Mesa Directiva le dictó turno a para estudio y dictamen a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, quedando en reserva para ser dictaminada en la LXII Legislatura.

El 20 de noviembre de 2012, con oficio número D.G.P.L. 62-Ii-2-131, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente relativo para su estudio y dictamen, a la Comisión de Asuntos Migratorios.

En la parte expositiva de las razones que motivan la iniciativa y el proyecto de decreto, la diputada proponente destaca que el objetivo de la misma es impedir que los nacionales que se encuentren en mora en el pago de alimentos salgan del país hasta en tanto no cubran el total de su adeudo.

Sustenta su propuesta en el hecho de que la libertad de tránsito no es un derecho absoluto, sino que está limitado por la aplicación de un mandato judicial o aplicación de leyes en cada país, en los términos del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el hecho de que todas las personas tienen el derecho de emigrar o visitar otro país cuando no haya causa razonable para impedirlo, como estar siendo procesados, en cuyo caso la medida habrá de ser decidida por la autoridad competente.

Recuerda que el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona para entrar en el país, salir de él, viajar por su territorio y mudar de residencia, subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

De la misma manera recuerda que el artículo 4o. constitucional establece la obligación del estado de velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez; el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento y la obligación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos y la del estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y adolescencia, y el ejercicio pleno de sus derechos.

Al respecto, señala la proponente con razón, que como derecho proporcional al de tránsito, el de los niños y adolescentes a la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, y prioritario éste en función del principio del interés superior de la infanciaestablecido en el artículo 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, firmado y ratificado por México, como garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra e identifica el interés superior con la satisfacción de ellos.

Indica a continuación la proponente que, a pesar de todo, alrededor de 67 por ciento de los deudores alimentarios no cumplen sus obligaciones y 67.5 de madres solteras no recibe pensión alimenticia, lo cual estaría indicando que las medidas legislativas, judiciales y administrativas para evitar este problema han sido insuficientes, en virtud de lo cual considera que la restricción a la libertad de tránsito de los deudores alimentarios nacionales en mora, para salir del país hasta en tanto no cubran el total de su adeudo, lo cual la proponente sustenta en la idea de que “...quien se encuentra económicamente imposibilitado para proporcionar el pago de alimentos también debe estarlo para viajar, por el costo que esto último representa, sobre todo tratándose de un viaje internacional... (que) quienes tienen la necesidad de viajar por motivos de negocios o de trabajo... implica que tienen un ingreso con el cual pueden pagar alimentos...”’.

Indica también que este derecho a la alimentación se define como la facultad jurídica que tiene el acreedor alimentista para exigir al deudor alimentario lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y del concubinato; que el artículo 303 del Código Civil federal establece la obligación de los padres de dar alimentos a los hijos; el 165 que este derecho es preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos; que en los términos del 308, “alimentos” comprende la habitación, la comida, el vestido, la asistencia médica en caso de enfermedad y, además, respecto de los infantes y adolescentes, también comprenden los gastos de educación para proporcionarles un oficio o profesión honestos conforme a sus circunstancias personales, destacando que la obligación alimentaria es un deber de interés social y orden público, por lo que esa obligación jurídica, de no cumplirse, tendrá una sanción, en los términos de la tesis jurisprudencial de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sexta época, la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LX, cuarta parte, página 20.

En razón de lo anterior, propone un proyecto para agregar un artículo, que sería 48 Bis, a la Ley de Migración, como sigue:

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide ampliamente con las razones y preocupaciones expuestas como motivos de la misma, así como con el fondo del contenido del proyecto.

Luego de un estudio de la Ley de Migración referido al artículo 48 y de los elementos procedimentales de carácter civil que están íntimamente relacionados con el tema con el fin de dilucidar la pertinencia de la iniciativa, así como la contraposición evidente entre dos derechos sustantivos: la libertad de tránsito y a recibir alimentos por parte de descendientes y/o cónyuges; ambos consagrados en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario, esta comisión dictaminadora considera, con la proponente, que “Esta medida funcionaría como un instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos por alimentos, además de ser un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los padres que incumplen sus obligaciones y violentan los derechos de niños y de adolescentes... cumple el requisito de proporcionalidad y el de ser adecuada de acuerdo con su función protectora, señalados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas... cumple lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que protege derechos de terceros, y es absolutamente compatible con otros derechos... se sujeta a lo establecido en el artículo 11 constitucional.. (y) ha sido adoptada con éxito en otros países de la región, como Costa Rica y Argentina”.

Con relación a la suspensión del derecho al libre tránsito que recaería sobre un deudor alimentario, se expresó que para llegar a tal situación tendrían que cumplirse varios supuestos: que quien pretende viajar es deudor alimentario; que ha sido moroso por más de 60 días; que ha sido denunciado por el acreedor alimentario; que un juez ha conocido su caso; que ha sido vencido en juicio; que a pesar de ello, continúa incumpliendo y desea ausentarse del país. Dándose todos y cada uno de los supuestos anteriores, de manera indiscutible el que debe prevalecer es el derecho a recibir alimentos, en los términos que lo expresan las leyes, y que ya ha sido comentado supra.

La comisión considera que, por técnica legislativa y con el fin de hacer más clara la disposición en el cuerpo de la ley que se modifica, antes que agregar un artículo bis, convine agregar la disposición como fracción VI del artículo 48, y resulta conveniente modificar algunos elementos sintácticos de la propuesta y agregar algunos conceptos pertinentes para cumplir adecuadamente lo que demanda una norma legal y un mejor uso del lenguaje, como sigue:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la comisión somete a la esta honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración

Artículo Único.Se adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

I. a III. ...

IV. Por razones de seguridad nacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Tratándose de niñas, niños y adolescentes sujetos a un procedimiento de restitución internacional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, y

VI. Las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un periodo mayor de sesenta días, previa solicitud de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de las excepciones previstas por la legislación civil aplicable, así como de aquellas conductas consideradas como delitos por las leyes penales correspondientes. Para efectos de esta fracción y tratándose de extranjeros, el Instituto definirá su situación migratoria y resolverá con base en lo que se establezca en otros ordenamientos y en el reglamento de esta ley.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina, presidenta; Raúl Gómez Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar, José Everardo Nava Gómez, Javier Filiberto Guevara González, Petra Barrera Barrera, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Luis Alberto Villarreal García, Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Salvador Ortiz García, Érika Yolanda Funes Velázquez, Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado, Lorena Méndez Denis (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XL y se adiciona una nueva fracción XLI, recorriendo la actual, al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71, 72, inciso a), y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 80, 81, numeral 1, 82, 84, 85, 86, 87, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el veinte de diciembre de dos mil doce, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma la fracción XLI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objeto de armonizar las funciones con la Ley General de Cambio Climático de promulgación reciente.

2. En esa misma fecha, veinte de diciembre de dos mil doce, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa referida fuera turnada a la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En sesión del veinticuatro de abril de dos mil trece, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión del veintinueve de abril de dos mil trece, el Pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta de la Cámara de Senadores, instruyéndose el turno correspondiente a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen.

5. El doce de septiembre de dos mil trece, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta proyecto de decreto tiene como antecedente la iniciativa de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que reforma la fracción XL y se adiciona una nueva fracción XLI, recorriendo la actual, al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con la iniciadora, los estudios de distintos especialistas han informado de la alta vulnerabilidad de nuestro país por los efectos derivados del cambio climático. Afirma que la Estrategia Nacional del Cambio Climático prevé estos impactos como factores que hacen retroceder el desarrollo socioeconómico en las regiones afectadas, además de la degradación de los suelos y el incremento de la severidad de las sequías por lo que hay efectos ya sensibles sobre distintas poblaciones de nuestro país imperando la incertidumbre sobre la frecuencia, intensidad y distribución del impacto de los efectos del cambio climático.

Debido a estos efectos nacionales y mundiales, la proponente señala que en nuestro país se dieron los pasos para la creación de un marco normativo para regular las acciones tendientes a la mitigación de los efectos del cambio climático. Señala que en 2009 se iniciaron los trabajos para la expedición de la Ley General de Cambio Climático; no obstante, quedaron pendientes las acciones que hagan posible la congruencia de un “buen número de leyes federales” para hacer cumplir los preceptos de este nuevo ordenamiento.

En este sentido, propone la reforma ya mencionada al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores, las políticas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático.

Expuestos los antecedentes y el contenido de la minuta, los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación fundan el presente dictamen a tenor de las siguientes

Consideraciones

a) En lo general

1. Esta comisión coincide con los argumentos esgrimidos por la colegisladora al afirmar que la iniciativa que dio origen al dictamen reconoció “la necesidad de dar congruencia y sistematización entre la Ley General de Cambio Climático con otros ordenamientos a fin de otorgar, en este caso, facultades explícitas para la participación de diversas dependencias en las acciones directas y de coordinación entre las mismas.

Con la aprobación de esta reforma se garantiza el principio de legalidad previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se cumplimenta el objeto de la ley mencionada.

Se coincide con la proponente en la necesidad de dar congruencia y sistematización al orden jurídico nacional tanto en este tema como en otros en los que son necesarias las reformas y adecuaciones a los distintos ordenamientos relacionados con la mitigación de los efectos del cambio climático.

Por último estas codictaminadoras en uso de sus facultades adecuaron la propuesta de la iniciante a fin de adecuarla a la redacción del segundo párrafo del artículo 45 de la Ley General de Cambio Climático”.

2. En este sentido, la Cámara revisora señala otras consideraciones que sirven para la fundamentación y motivación necesarias en el proceso legislativo a fin de conocer la problemática derivada del fenómeno del cambio climático y cómo, en nuestro país, se siguen trazando las políticas derivadas con el fin de dar cumplimiento a la legislación nacional y a los compromisos adquiridos en diversos tratados internacionales de los que México es parte.

b) En lo particular

Los efectos del cambio climático han despertado la preocupación de Estados nacionales y los organismos internacionales durante los últimos años. La investigación científica ha llegado a la conclusión de que las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera; tal aumento incrementó el efecto invernadero natural de nuestro planeta dando como resultado un calentamiento adicional de la superficie y de la atmósfera que afecten, de manera adversa, a los ecosistemas naturales y a la humanidad entera.

Efectivamente, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, éste es definido como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.

El aumento de los gases de efecto invernadero han provocado la aparición de nuevas epidemias, de enfermedades infecciosas, inundaciones en zonas costeras, deshielo de los casquetes polares, extinción de especies animales y vegetales, aumento de las sequías, la formación de súper huracanes con efectos sumamente destructivos para la población y el incremento de la temperatura de la Tierra, de entre 3 a 5 grados.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estima que los países más vulnerables ante el fenómeno son aquéllos de baja altitud y otras naciones insulares pequeñas, los que tienes zonas costeras bajas, áridas y semiáridas; los países expuestos a inundaciones, sequía y desertificación y los países en desarrollo con ecosistemas montañosos frágiles.

Si bien los especialistas estiman que los efectos del cambio climático son irreversibles, se mantiene la esperanza de que cada nación de la Tierra adopte medidas urgentes que sean un paliativo antes estos eventos que podrían resultar catastróficos para el futuro de la humanidad.

Las evidencias sobre los efectos del cambio climático han hecho que nuestro país haya tomado medidas urgentes para contrarrestar los efectos del fenómeno en el territorio nacional. En este sentido, dado que México firmó y ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas y el Protocolo de Kyoto, publicados el 7 de mayo de 1993 y el 24 de noviembre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, se conformó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático cuyo decreto de creación se publicó el 25 de abril de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.

Efectivamente, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, de carácter permanente, tiene por objeto coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco en la materia y demás instrumentos derivados de la misma. La Comisión Intersecretarial se integró por los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía, Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Comunicaciones y Transportes.

8. Por otro lado, y con el fin de que México cumpla con las obligaciones contraídas por la firma de los Tratados y Convenios Internacionales en la materia, se ha advertido sobre la degradación del medio ambiente, estableciendo la política específica para prevenir y combatir los efectos del cambio climático y la depredación de los recursos naturales, como lo establece el Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018:

Durante la última década, los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se han intensificado. Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de 5,000 muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000 millones de pesos.

El mundo comienza a reducir la dependencia que tiene de los combustibles fósiles con el impulso del uso de fuentes de energía alternativas, lo que ha fomentado la innovación y el mercado de tecnologías, tanto en el campo de la energía como en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Hoy, existe un reconocimiento por parte de la sociedad acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, son un elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la población.

En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad. No obstante, el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9 por ciento del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ello implica retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos, a la vez asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar: i) el 12 por ciento de la superficie nacional está designada como área protegida, sin embargo 62 por ciento de estas áreas no cuentan con programas de administración; ii) cerca de 60 millones de personas viven en localidades que se abastecen en alguno de los 101 acuíferos sobreexplotados del país; iii) se debe incrementar el tratamiento del agua residual colectada en México más allá del 47.5 por ciento actual; iv) la producción forestal maderable del país es menor al 1 por ciento del PIB; v) para proteger los ecosistemas marinos se debe promover el desarrollo turístico y la pesca de manera sustentable; y vi) se debe incentivar la separación de residuos para facilitar su aprovechamiento (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 IV. México Próspero, IV.1 Diagnóstico: existe la oportunidad de que seamos productivos, Desarrollo Sustentable, p. 77)

8. Por otro lado, nuestro sistema jurídico cuenta con las disposiciones legales específicas para el cuidado del medio ambiente en la República, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada el 28 de enero de 1988 en el Diario Oficial de la Federación, la cual es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

9. A mayor abundamiento, el artículo 1o. de la Ley en comento determina los objetivos de la misma con el fin de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente y la prevención y el control de las acciones que propicien la degradación de los ecosistemas del país, como señala a continuación:

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

II....

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

IV.La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

V. a VI....

VII. a X....

10. El artículo 2o del mismo ordenamiento considera como utilidad pública el establecimiento, protección y preservación de áreas naturales mismas que, de acuerdo al artículo 44 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente son aquéllas consideradas como:

Artículo 44. Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.

9. El 6 de junio de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cambio Climático siendo de observancia en todo el territorio, distribuyendo las competencias a la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal distintas acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático con el fin de que los habitantes de la República le sean garantizados sus derechos a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

10. Esta misma legislación, además, creó al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Como tal, el INECC coordina y realiza los estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, además realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al cambio climático, y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo, entre otras competencias.

11. De igual forma, el artículo 45 de este ordenamiento establece a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático como el órgano de carácter permanente integrado por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores; los titulares de dichos organismos de la Administración Pública Federal, de acuerdo con el segundo párrafo del mencionado precepto, deberá designar a una de sus unidades administrativas, por lo menos a nivel de dirección general, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la Comisión, lo que es coincidente con los propósitos del proyecto de decreto remitido a esta Colegisladora, por lo que es viable aprobar la adición de una fracción XLII al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo anterior expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente Decreto que adiciona una fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único.  Se adiciona una fracción XLI, recorriendo la actual en su orden al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis. ...

I. a XXXIX. ...

XL. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente ;

XLI. Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático; y

XLII.Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de septiembre de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando González de las Fuentes Hernández (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático

Dictamen que presenta la Comisión de Cambio Climático de la honorable Cámara de Diputados perteneciente a la LXII Legislatura respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cambio Climático con fundamento en artículo 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

– Qué en fecha 3 de julio de 2013, se present ó a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cambio Climático.

– Qué en la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados para su dictamen.

Contenido de la Iniciativa

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone modificar la Ley General de Cambio Climático en el artículo 7o., para concientizar a la población sobre las causas que originanel cambio climático.

La presente iniciativa hacer referencia a la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación y en los propósitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental.

Argumenta que la Educación Ambiental es fundamental para sensibilizar a la población no sólo sobre los efectos del cambio climático sino también por las causas que lo originan y que son ocasionadas por la actividad humana. Es por ello que propone la modificación del artículo 7o., en la fracción XI, de la Ley General de Cambio Climático (LGCC).

Consideraciones de la comisión

Honorable asamblea, esta Comisión de Cambio Climático coincide que debe de implementarse un enfoque preventivo para encarara las causas que dan origen a la alteración de la naturaleza por parte del hombre y que sirva de complemento a las disposiciones legales existentes así como a los esfuerzos de la población civil en la materia.

México es un actor con alto sentido de responsabilidad en temas de cambio climático, así lo demuestran sus compromisos adquiridos en el plano internacional con la firma de:

• Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985)

• Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono (1988)

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático(1992)

• Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático(1997)

Actualmente la sociedad demanda un mayor compromiso en la defensa de los recursos naturales así como contundentes acciones de los gobiernos para encarar las consecuencias negativas del cambio climático. Resulta imperativo no solo conocer los fenómenos actuales y las secuelas de la alteración ambiental provocada por la humanidad, además se deben de entender las razones que dan origen a tan funesta situación.

Para afrontar con efectividad al cambio climático, es necesario entender las razones que le dan origen y enfocarnos en medidas preventiva que involucren una colaboración conjunta entre sociedad y el gobierno, como lo son el desarrollo sustentable, hábitos de consumo responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

El tema del cambio climático es tópico central dentro de la cultura ambiental, el cual debe de ser inculcado a la niñez y juventud durante su instrucción académica. Es sembrar en los más jóvenes de la casa la semilla de la conciencia y el enfoque preventivo para que, al pasar de los años, sean ellos los encargados de liderar los esfuerzos de la defensa del medioambiente, valiéndose de las herramientas que en la escuela aprendieron y en el hogar aplicaron.

La introducción de la educación ambiental (EA) en la educación básica responde en lo establecido en el artículo 7o. de la Ley General de Educación (LGE) que determina:

XI.Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

La eadebe de ser fomentada en la enseñanza básica, en especial en nivel primaria y secundaria, para que los más jóvenes del hogar trasmitan sus conocimientos académicos a los integrantes de su familia. Asignaturas como Ciencias Naturales y Biología resultan idóneas para insertar en los planes de estudio las consecuencias y, especialmente, las causas que generan el cambio climático asegurándose así de cumplir con el mandato de la LGE.

La Ley General de Cambio Climático LGCC, confirma el esfuerzo y compromiso del Estado mexicano para encarar las negativas consecuencias del cambio climático. Dicho ordenamiento jurídico es motivo orgullo para todos los mexicanos y como toda normatividad, debe de ser objeto de constante análisis para adecuarla al contexto histórico-social donde se sitúe.

Al modificar el artículo 7o. de la LGCC, dicho ordenamientos se armonizará y otorgará apropiado respaldo jurídico a las disposiciones que de la Estrategia Nacional de Cambio Climático ENCC emanen. Es actuar en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno junto con la sociedad civil en aras encausar los diversos esfuerzos para obtener resultados contundentes.

La presente iniciativa está en concordancia con laENCC, presentada por el Ejecutivo federal, que establece como uno de  de los criterios de adaptación:

• La medida fomenta la adaptación planeada a partir de un enfoque preventivo y apuesta por la prevención más que por la reacción.

Es fundamental establecer un frente unido para encarar las consecuencias del cambio climático donde todos los esfuerzos actúen coordinadamente, no menos importante son las medidas preventivas. Conocer los efectos es vital para entender la realidad, pero realizar acciones para atacar las causas resulta más enriquecedor y certero.

Concebir las consecuencias del cambio climático es fácil, pues solo empeorará las condiciones de vida en el planeta, sin embargo diseñar estrategias viables en contra de dicha realidad es un arduo quehacer que exige conocer sus orígenes. Con este conocimiento, los esfuerzos en la materia rendirán mejores frutos.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora de cambio climático, sometemos a consideración de la asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único. Se reforma la fracción XI del artículo 7o., de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. a X. ...

XI.Promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima;

XII. a XXVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,  a los 11 días del mes de septiembre del año 2013.

La Comisión de Cambio Climático, diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretaria; Verónica Carreón Cervantes, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García, Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXII Legislatura, le fue turnado por la Mesa Directiva para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente la minuta que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de conformidad con lo que establecen los artículos 39, numeral 2, fracción XLIX; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción I; 157, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó a elaborar el dictamen de la minuta antes referida, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. El 13 de noviembre de 2012, en sesión del pleno del Senado de la República, la senadora Angélica de la Peña Gómez presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Segundo. En la fecha antes referida la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.

Tercero. El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen el martes 12 de febrero de 2013 con 85 votos a favor. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República instruyó se turnara el proyecto a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional.

Cuarto. El 14 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta objeto del presente análisis, a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.

II. Contenido de la minuta

Único. Se propone adicionar la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el cual contiene un catálogo de hipótesis relativas a obligaciones de los servidores públicos; estableciendo que:

“Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones (...)

XXI Bis. Las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

(...)”.

III. Consideraciones

Primera. En el dictamen aprobado por la colegisladora, se esgrimieron, entre otras, esencialmente las siguientes consideraciones:

“Estas comisiones unidas coinciden con la iniciativa en estudio, toda vez que se considera necesario e indispensable que los citados ordenamientos estén homologados a la reforma constitucional, publicada el 11 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación en el cual quedó establecido en el segundo párrafo del apartado B del artículo 102 constitucional que todo servidor púbico está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa (...)”

“Cabe mencionar que las recomendaciones que emiten los organismos mencionados, si bien no son (como su nombre lo indica) vinculantes, eso no quiere decir que se puedan dejar de atender sin más. Por ello, estas (sic) importante obligar a todo servidor público a responder a las recomendaciones que les presenten estos organismos.”

“Asimismo, establecer que todo servidor público que no acepte una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá la obligación de fundar, motivar y hacer pública su negativa.”

“Con esto se ensancha la fuerza de dichas recomendaciones y se fortalece el vínculo establecido en la constitución, entre el Senado de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.”

Segunda. Con el objeto de elaborar un dictamen puntual, debe tomarse en cuenta lo que al respecto se establece en nuestro sistema jurídico mexicano, tanto a nivel constitucional como en el marco de la legislación secundaria.

El artículo 102 Apartado B de la Carta Magna establece:

“(... ) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.”

Por su parte, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece en su artículo 46 lo siguiente:

“ Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite.

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

b) La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso.

c) Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

d) Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.”

Tercera. De la lectura de los anteriores artículos y para efectos del presente análisis destaca lo siguiente:

a) Que tanto el Congreso de la Unión, como las legislaturas locales poseen facultad para que en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Por ende, a nivel federal existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a nivel local sus homólogos, mientras que en la Ciudad de México se creó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

b)Los organismos de protección de los derechos humanos, tienen la facultad de formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; asimismo, los servidores públicos está obligados a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos y en caso de que las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

c) Las Constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal deben establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

Cuarta. Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos esgrimidos por la colegisladora y pondera de suma trascendencia el acato a lo ordenado por nuestra norma suprema en su artículo 102 apartado B; adecuando al efecto el marco legal en pro de la transparencia en el actuar de los servidores públicos que no se constriñan a una recomendación emitida por un órgano tutor de los derechos humanos. Pues con lo anterior no sólo se homologaría el marco normativo secundario al de la Carta Magna; sino que representaría un avance en materia del régimen jurídico tutelar de los derechos humanos.

Asimismo, la publicidad de la negativa a acatar recomendaciones de un órgano defensor de derechos fundamentales, representa un apego al derecho a la información pública y al de legalidad, en beneficio de la seguridad y certeza jurídica de los gobernados.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la federación, cuyo rubro se intitula “Fundamentación y motivación. el aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión”; donde esencialmente se refiere que el contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el “para qué” de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados resolvió en su sesión realizada el 11 de septiembre de 2013, aprobar en sus términos la minuta de mérito remitida por el Senado de la República y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I. a XXI. ...

XXI Bis. Las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XXII. a XXIV. ...

...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Lo resaltado es propio, para indicar el texto que se propone en la minuta de mérito.

2. Tesis Jurisprudencial I.4o.A. J/43 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo 2006, Página 1531; cuyo rubro refiere: Fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Lizbeth Loy Gamboa Song, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Verónica García Reyes, Omar Antonio Borboa Becerra, Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada, Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Javier Salinas Narváez, Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero.Con fecha 19 de junio de 2013, la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La diputada iniciadora, expone que, a finales del siglo XX se consolidó la concepción del niño como sujeto de derecho por sí mismo como individuo de plenos derechos con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el siglo XXI se ha emprendido una lucha global por el respeto a los derechos humanos en un plano incluyente. Estos cambios están generando el reconocimiento pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, situación que implica que el niño no sólo es destinatario de derechos ligados a la supervivencia y a la protección, sino al disfrute por tener una mejor calidad de vida.

Menciona que la Convención sobre los Derechos del Niño estableció los derechos que asisten a todos los niños y jóvenes menores de 18 años de todos los países que suscribieron la Convención e incluye cuatro principios básicos en que deben sustentar cualquier consideración al tomar una decisión o bien, al iniciar una acción que afecte a los menores de 18 años:

Principio de no discriminación. Los derechos recogidos en la Convención conciernen de igual forma a todos los niños, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento, la discapacidad y/o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (Artículo 2).

Principio del Derecho al desarrollo del niño. Los Estados Parte tienen la obligación de garantizar, en la mejor medida posible, la supervivencia y desarrollo del niño (Artículo 6).

Principio del interés superior del niño. Cuando los adultos o las organizaciones tomen decisiones que afecten a los niños, en todas las medidas concernientes a los mismos que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, la consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño (Artículo 3).

Principio del punto de vista del niño. Los niños tienen derecho a decir lo que piensan sobre todo aquello que les afecte. Lo que digan ha de ser escuchado con atención. Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio; el derecho a expresar su opinión libremente en todos los aspectos que lo afecten, teniéndose en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. (Artículo 12).

Señala, refiriéndose a la Convención, que, en esté documento-base, también se toman en consideración a los niños que tienen alguna discapacidad. Baste citar el artículo 23que  se refiere específicamente a los niños con discapacidad.

El niño con discapacidad tiene, además de todos los derechos que recoge la Convención sobre los Derechos del niño, algunos derechos más para que pueda desarrollarse en condiciones óptimas.

Consecuentemente menciona que nuestra Constitución  en su artículo 1 especifica que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Así mismo, hace referencia a que la Reforma Constitucional del 10 de junio del 2011, sobre los Derechos Humanos, trajo como consecuencia la reforma al artículo 4º. Constitucional realizada el 8 de febrero del 2012, en donde se privilegia el  Interés Superior la Niñez en el marco jurídico.

Artículo 4o... En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez...

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Considera que la legislación actual está en constante cambio, cuestión que debe servir para que quienes tengan alguna discapacidad puedan tener una vida plena.

La proponente destaca que el artículo 16  de la Ley para la Protección de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, se refiere solo a las Niñas, Niños y Adolescentes que tienen discapacidades físicas. Cabe aclarar que la discapacidad física, se refiere  a la limitación para desarrollar determinadas tareas, no una limitación para la ejecución de las mismas o de otras. Es así que vemos discapacitados físicos que pueden realizar actividades comunes y hasta realizar trabajos de alta precisión, para lo que cuentan con habilidades especiales en algunos casos.

Por su parte, la discapacidad mental consiste en una disminución en las habilidades intelectuales del individuo. Entre las más conocidas discapacidades cognitivas están: El autismo, el síndrome Down, síndrome de Asperger y el retraso mental.

Por otra parte señala que, la d iscapacidad intelectual, caracterizada por las limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia), como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas), que se han aprendido y practican las personas en su vida cotidiana, restringiendo la participación comunitaria y estrecha relación con las condiciones de los diferentes contextos en que se desenvuelve la persona. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años y su diagnóstico, pronóstico e intervención son diferentes de los que se realizan para la discapacidad mental y la discapacidad psicosocial.

Ahora se habla también de la Discapacidad psicosocial, que se define como la restricción causada por el entorno social y está centrada en una deficiencia temporal o permanente de la psique debido a la falta de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de las siguientes disfunciones mentales: depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno de pánico con estrés post-traumático, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastornos alimentarios (anorexia y bulimia), etcétera.

Razón por la que la Iniciativa que presenta, modifica el artículo 16  de la Ley para la Protección de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de garantizarles a todas y todos las Niñas, Niños y Adolescentes con discapacidades sus derechos, y no solo a los que tienen discapacidades físicas, porque resultaría discriminatorio para quienes tienen una discapacidad mental, intelectual o psicosocial.

Contenido de la propuesta

Decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Consideraciones

Primera.La reciente reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, ha proporcionado una mayor protección a los derechos reconocidos por la ley y a sus garantías, ya que se precisa en el artículo primero de nuestra Ley Fundamental que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

De esta forma, el Estado, a través de los poderes de la Unión, está obligado a brindar y garantizar dicha protección a los derechos de las personas, y en sus actuaciones velar por el principio de Interés Superior de la Niñez, mismo que está previsto tanto en nuestro Derecho local, como en el Derecho Internacional de aplicación local, es decir, dicho principio se encuentra expreso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Instrumentos Internacionales referentes a la materia de Derechos de la Niñez, que son vinculantes para nuestra nación, de los cuales, el principal es la Convención sobre los Derechos del Niño.

El fundamento de lo anterior señalado, se encuentra en el párrafo octavo del artículo 4° de la Carta Magna a su letra se lee: “ En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades (...) para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Segunda.Las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez coinciden en que es necesario adecuar las normas de Derecho local, conforme a la serie de principios precisados en los instrumentos internacionales de los que México es parte, en materia de protección de derechos de las niñas, niños y adolecentes y que persiguen el principio de Interés Superior de la Niñez, con el fin de garantizar el pleno desarrollo de este sector de la población.

La Convención sobre los Derechos del Niño, la cual refiere un marco amplio de garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, el interés superior del niño, el derecho a la supervivencia, al desarrollo y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen sin ser víctimas de ningún tipo de discriminación.

De ahí que la Convención de los Derechos del Niño, establece en sus artículos 2, 3, 4, 6 y 19  lo siguiente:

Artículo 2

1. Los Estados Partes respetarán los derechosenunciadosen la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origennacional, étnicoosocial, la posición económica , los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 4

Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 6

2. Los Estados parte garantizarán en la máxima medida posiblela supervivencia y el desarrollo del niño.

Artículo 19

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2.Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Tercera.La Comisión de Derechos de la Niñez, considera de suma importancia llevar a cabo la reforma propuesta, ya que, por una parte, es necesario ampliar la protección sobre la no discriminación de la población con discapacidades distintas, quitando las limitantes que fija la ley, por la forma en la que está redactado el artículo referente a discriminación, refiriéndose solo a personas con discapacidades físicas y dar un alcance más amplio a la interpretación de este articulo, el cual debe referirse a los distintos tipos de discapacidad que existen, tales como la discapacidad mental, intelectual, psicosocial, entre otras.

Para brindar pleno goce de derechos a la población de niñas, niños y adolescentes, es necesario eliminar cualquier tipo de discriminación, derivada de cualquier tipo de discapacidad, de este modo se podrá garantizar que la niñez y la adolescencia en condiciones diferentes puedan desarrollar el máximo de sus capacidades y elevar su calidad de vida.

Por todo lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez someten a consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único.Se reforma el primer párrafo del artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, agosto de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García, María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a las ciudadanas y a los ciudadanos que nos acompañan del estado de Querétaro. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos. Asimismo damos la más cordial bienvenida a las invitadas y a los invitados del señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, provenientes de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en a los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. A la Comisión de Igualdad de Género fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 1572 que contiene minuta que reforma diversos artículos de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el 21 de marzo de 2013.

Fue recibida por la Comisión el 3 de abril para su análisis y dictamen.

2. La minuta materia del presente dictamen responde a la iniciativa presentada durante la LX legislatura (2007) por el Grupo Parlamentario del PVEM en la Cámara de Senadores. La iniciativa de origen proponía una serie de modificaciones a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres con el propósito de ampliar el objetivo de la ley; precisar los conceptos y definiciones; favorecer su comprensión; promover la igualdad de trato y oportunidades; erradicar la violencia contra las mujeres y eliminar el lenguaje sexista y los estereotipos de género, entre otros.

3. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Estudios Legislativos, Segunda, quienes emitieron su dictamen a favor en todos sus términos, bajo el argumento de que las modificaciones propuestas ampliaba el objetivo de la ley, favorecía la igualdad de trato y de oportunidades y adoptaban medidas para la erradicación de la violencia familiar, el acoso sexual y el lenguaje sexista.

4. En sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el 22 de abril de 2008, el pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, aprobó el dictamen de dicha iniciativa con proyecto de decreto presentado por las comisiones dictaminadoras.

En esa misma fecha la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Con fecha 24 de abril de 2008 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta y fue turnada a la Comisión de Equidad y Género para su estudio, análisis y posterior dictamen.

6. En sesión ordinaria de 21 de abril de 2009 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto relativo a la minuta y fue devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72 inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. El 23 de abril la colegisladora recibió la minuta en referencia y dispuso turnarla a Comisiones Unidas de Equidad y Género y Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen.

8. Con fecha de 11 de octubre la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXII legislatura, determinó revisar los asuntos pendientes y ratificó el turno de la minuta a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y Estudios Legislativos.

9. Con fecha 3 de abril esta dictaminadora recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1; la fracción I y las actuales fracciones II y III que pasan a ser VII y VIII del artículo 5; las fracciones V y VI del artículo 17; las fracciones II y III del artículo 33; el primer párrafo y las fracciones X y XI del artículo 34; las fracciones II y III del artículo 37; las fracciones IX y X del artículo 40 y las fracciones II y III del artículo 42; y se adicionan las fracciones II; III, IV, V y VI al artículo 5, recorriéndose las subsecuentes; las fracciones VII, VIII, IX, X y XI del artículo 17; una fracción IV al artículo 33; una fracción XII al artículo 34; la fracción IV al artículo 37; una fracción XI al artículo 40 y las fracciones IV y V al artículo 42, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Consideraciones

Esta Comisión de Igualdad de Género coincide con la colegisladora en que el propósito de las reformas es incorporar en la ley la obligación del Estado de implementar medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en las tareas del hogar y en los cuidados familiares. Reconoce también que las reformas propuestas contribuyen al ejercicio de los derechos y las libertades de mujeres y hombres, así como al pleno respeto de los principios democráticos de igualdad y no discriminación.

Esta dictaminadora asume como propios los argumentos que la colegisladora expone en su mención del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como referencia y garante del principio de igualdad, así como de su capacidad constitucional de suplir las deficiencias y omisiones de la Ley materia de este dictamen y, de acuerdo con ello, desecha algunas de las modificaciones que resultan reiterativas.

En el apartado de consideraciones, la colegisladora realiza un oportuno ejercicio de armonización con los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres y de acuerdo a ello modifica algunos de los conceptos básicos que propone la minuta. Ello con el objetivo de homologar el lenguaje con los criterios establecidos y reconocidos en el ámbito internacional, mejorando la redacción de la propuesta original.

De la misma manera, la colegisladora realiza una lectura sistémica de los nuevos conceptos que se incorporan y propone modificaciones de redacción para hacerla congruente con las leyes específicas que abordan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Por ello, esta dictaminadora asume en sus términos los argumentos y planteamientos íntegros de la minuta, ya que las modificaciones que plantea son resultado de un análisis integral y de un oportuno ejercicio de armonización y homologación de los conceptos desde la perspectiva de género, con visión integral y de acuerdo a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

Por todo lo anterior, esta dictaminadora se adhiere y aprueba en sus términos el proyecto de decreto de la minuta de la colegisladora por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Por lo anteriormente expuesto se propone aprobar en sus términos la minuta con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se reforman los artículos 1; la fracción I y las actuales fracciones II y III que pasan a ser VII y VIII del artículo 5; las fracciones V y VI del artículo 17; las fracciones II y III del artículo 33; el primer párrafo y las fracciones X y XI del artículo 34; las fracciones II y III del artículo 37; las fracciones IX y X del artículo 40 y las fracciones II y III del artículo 42; y se adicionan las fracciones II; III, IV, V y VI al artículo 5, recorriéndose las subsecuentes; las fracciones VII, VIII, IX, X y XI del artículo 17; una fracción IV al artículo 33; una fracción XII al artículo 34; la fracción IV al artículo 37; una fracción XI al artículo 40 y las fracciones IV y V al artículo 42, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

Artículo 5. ...

I. Acciones afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

II. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

III. Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

IV. Igualdad de género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

V. Igualdad sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

VI . Perspectiva de género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

VII . Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

VIII. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y

IX. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 17. ...

...

I. a IV. ...

V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;

VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;

VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres;

VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;

IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales;

X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; y

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud.

Artículo 33. ...

I...

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica;

III. Impulsar liderazgos igualitarios; y

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:

I. a IX. ...

X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género;

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia; y

XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación.

Artículo 37. ...

I. ...

II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad;

III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género; y

IV. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Artículo 40. ...

I. a VIII. ...

IX. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres;

X. Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y

XI. Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares reconociendo a los padres el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad.

Artículo 42. ...

I. ...

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres;

III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas;

IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales; y

V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de junio de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena, María del Rocío García Olmedo, María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica en abstención), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rocío García Olmedo, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada María del Rocío García Olmedo:Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el pasado 3 de abril recibimos turno para estudio y dictamen en la Comisión de Igualdad de Género de la minuta que reforma diversos artículos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Dicha minuta responde a una iniciativa presentada en el 2007 durante la LX Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores. Su propósito, ampliar el objetivo de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, precisar algunos conceptos y definiciones para favorecer su comprensión con promover la igualdad de trato y oportunidades, erradicar la violencia contra las mujeres y eliminar el lenguaje sexista y los estereotipos de género, entre otros.

Tras un largo proceso legislativo, la Mesa Directiva de Cámara de Senadores determinó revisar asuntos pendientes y ratificó el turno de dicha minuta, la cual fue nuevamente enviada a esta Cámara de Diputados.

Esta Comisión de Igualdad de Género coincide con la colegisladora, en que el propósito de las reformas es incorporar en la ley la obligación del Estado de implementar medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en las tareas del hogar y en los cuidados familiares.

Reconocemos también que las reformas propuestas contribuyen al ejercicio de los derechos y las libertades de las mujeres y los hombres, así como el pleno respeto de los principios democráticos de igualdad y de no discriminación.

Por ello asumimos como propios los argumentos del Senado en su mención del artículo 4o. de la Constitución General de la República, como referente y garante del principio de igualdad, así como de su capacidad constitucional de suplir las deficiencias y omisiones de la ley en la materia y desechamos algunas de las modificaciones que resultaban reiterativas.

El presente dictamen reconoce que la colegisladora realizó una lectura sistémica de los nuevos conceptos que se incorporan, tales como acciones afirmativas, discriminación contra la mujer, igualdad de género, igualdad sustantiva, perspectiva de género y transversalidad; por lo que fue necesario homologar el lenguaje con los criterios establecidos y reconocidos en el ámbito internacional, mejorando la redacción de la propuesta original para hacerla congruente con las leyes específicas que abordan la discriminación y la no violencia contra las mujeres.

No omito mencionar que estas modificaciones son necesarias y, desde luego, resultado de un análisis integral y de un oportuno ejercicio de armonización y homologación de los conceptos desde la perspectiva de género, con visión integral y de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Al aprobarse el presente decreto, en sus términos, estaremos contribuyendo al logro de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

Por otra parte, fortalece también las acciones de promoción de la igualdad en los ámbitos civil, laboral, personal, familiar, educativo, económico y con los servicios de salud, ordenando mecanismos y medidas específicas para cada ámbito.

Garantiza el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en estos ámbitos y reconoce las diferencias, generando las condiciones para que no exista violencia ni discriminación en contra de las mujeres a través de acciones legislativas y políticas públicas coherentes con la realidad y eficaces. Única manera de contribuir al bienestar de las mujeres y hombres y a la justicia en una sociedad democrática.

Con ello estaremos aportando también elementos para el cumplimiento formal de las obligaciones del Estado de ser el garante de las políticas, de atender y de erradicar la discriminación contra las mujeres, específicamente a través de la aprobación de las presentes reformas, modificaciones y adiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Por lo anterior expuesto, pedimos su voto a favor de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1; la fracción I y las actuales fracciones II y III que pasan a ser VII y VIII del artículo 5; las fracciones V y VI del artículo 17; las fracciones II y III del artículo 33; el primer párrafo y las fracciones X y XI del artículo 34; las fracciones II y III del artículo 37; las fracciones IX y X del artículo 40 y las fracciones II y III del artículo 42; y se adicionan las fracciones II; III, IV, V y VI al artículo 5, recorriéndose las subsecuentes; las fracciones VII, VIII, IX, X y XI del artículo 17; una fracción IV al artículo 33; una fracción XII al artículo 34; la fracción IV al artículo 37; una fracción XI al artículo 40 y las fracciones IV y V al artículo 42, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Por su voto a favor, compañeros legisladores y legisladoras, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Rocío García Olmedo. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en los últimos años el Estado mexicano ha transitado en la incorporación de mecanismos jurídicos que responden a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos.

Desde el Congreso de la Unión se han mostrado resultados trascendentes que permiten avanzar en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres. En este proceso el día de hoy votaremos un dictamen de la Comisión de Igualdad y Género, que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que a siete años de ser promulgada por el Estado mexicano necesitamos seguir la ruta de una política de Estado eficaz.

Esta reforma incluye —entre otros aspectos— la obligación del Estado de implementar medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en las tareas del hogar y en los cuidados familiares. Asimismo se aborda un aspecto fundamental en las urgencias estructurales para avanzar en nuestro desarrollo democrático, es decir, expresa de manera clara la igualdad sustantiva y de trato.

En la Comisión de Igualdad de Género coincidimos con la necesidad de transitar de esta igualdad formal establecida en nuestra Carta Magna y leyes secundarias a la igualdad real que se refleja de manera tangible en los derechos de todas las mujeres de nuestro país.

Este dictamen, que resulta de una minuta de la Cámara de Senadores, propone precisar los conceptos y definiciones que erradican la violencia contra las mujeres y elimina el lenguaje sexista y los estereotipos de género.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de este proyecto que reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Reafirmamos la necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta de las y los mexicanos, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas frecuentes que están basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

La aprobación de esta reforma es un logro importante. No obstante, es necesario seguir trabajando en la armonización de las demás leyes secundarias, a fin de transversalizar y garantizar la incorporación de la perspectiva de género, con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para mujeres y hombres cualquier acción que se programe tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas o culturales, en las instituciones públicas o privadas.

Garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos es una cuestión de Estado. Nuestro compromiso como legisladoras y como legisladores es ratificar, reivindicar y garantizar los derechos humanos de las mujeres como un compromiso cotidiano y no solo como un asunto de mero formalismo jurídico o político.

Por lo anterior y en congruencia, los invito a votar a favor y seguir fomentando los cambios de actitud entre hombres y mujeres, desde los diferentes ámbitos donde nos desempeñamos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Dora María Talamante Lemas. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar posición del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que la Comisión de Igualdad de Género nos presenta.

Votaremos a favor del presente dictamen, porque en el contenido normativo que se nos propone se pretende alcanzar una debida igualdad entre los géneros. Por ejemplo, en el artículo 5, que actualmente consta de cuatro fracciones, se amplía a nueve fracciones, pero definiendo de mejor manera los conceptos.

Estas acciones afirmativas se definen como el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Se agrega el concepto de igualdad sustantiva, perspectiva de género, discriminación contra la mujer, entre otras.

De igual forma, en el Título III de la ley vigente se establece el diseño de una política nacional en materia de igualdad y en el artículo 17, en seis fracciones se contienen estas políticas. En el dictamen se propone adicionar las fracciones VII a la XI de este artículo.

Existen además temas de alto impacto, como adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres, o la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. Además, el establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y vida personal y familiar de las mujeres y los hombres.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que la igualdad entre hombres y mujeres a final de cuentas solo es resultado de un proceso educativo, en donde la idea central es el respeto del hombre a la mujer y de la mujer al hombre.

No podemos soslayar que la realidad en el país es que, no obstante ser las mujeres mayoría poblacional y ciudadana, no se tiene el peso específico a su mayoría numérica que a su mayoría numérica le corresponde.

Desde los medios de comunicación electrónica, la televisión —en particular— la imagen de la mujer es utilizada como estereotipo de un tipo de belleza determinado solo para vender determinados productos. Es tiempo ya de que se elimine este abuso en el manejo de la imagen femenina.

Las mujeres no solo somos una cara bonita o un cuerpo seductor, somos ante todo seres pensantes, que a través del acceso a la educación o al trabajo pretendemos ayudar a la superación de nuestras familias.

Debemos entender que las mujeres no solo somos imagen, sino fundamentalmente seres pensantes, capaces de realizar todas las actividades con los mismos ideales de superación para trascender en todos los ámbitos que se han sectorizado únicamente para los varones.

Como mujeres legisladoras hemos luchado por la igualdad, que si bien es cierto hemos avanzado, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo las atribuciones que las leyes en la materia le otorgan para impedir el abuso que de la imagen de las mujeres se hace en los medios de comunicación para imponer estereotipos de consumo.

Por todas estas consideraciones, votaremos a favor de este dictamen que hoy se nos presenta. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias diputada Magdalena Núñez Monreal. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su venia, señor presidente. El dictamen que hoy se somete a consideración de este pleno busca la incorporación de nuevos términos, objetivos, lineamientos y acciones, que se deberán implementar en la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Históricamente han sido las mujeres quienes más han sufrido el peso de la violencia, la desigualdad, la explotación y la discriminación, y aunque en los últimos años la legislación de nuestro país ha dado signos de pequeños avances en la materia, no hemos logrado erradicar estas conductas tan deleznables.

En el dictamen que ahora pretendemos aprobar se incorporan nuevas definiciones que deberán ser consideradas por la legislación nacional para los programas que impulsa y encabeza el titular del Ejecutivo en materia de equidad. Términos como el de discriminación contra la mujer, igualdad de género, igualdad sustantiva o perspectiva de género se adicionan para impulsar un marco normativo de verdadera equidad entre hombres y mujeres.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano siempre ha impulsado políticas de igualdad y contra la violencia de género. Vamos con la iniciativa, porque son los temas de importancia nacional que nuestra línea socialdemócrata siempre ha encabezado.

Nosotros no somos de doble moral, como los que subirán a esta tribuna con un discurso igualitario, pero que en los hechos harán lo contrario, pues se opondrán a emitir una alerta de género por feminicidios en el estado de México, a despenalizar el aborto en todo el país. Los que unos minutos darán una postura escudándose en la defensa de los derechos de las mujeres son los mismos que impulsan iniciativas constitucionales que las criminalizan y encarcelan por decidir sobre su cuerpo.

Los mismos que prefieren el silencio cómplice frente a los asesinatos, antes que alertar sobre los feminicidios en un estado gobernado por su partido. Más de 1,500 mujeres han sido asesinadas con exceso de violencia en el estado de México en los últimos ocho años, y en Tabasco hay un aumento a esta problemática. El gobierno priista de la entidad del estado de México, respaldado por los legisladores de su partido, se ha opuesto en reiteradas ocasiones a la emisión de la alerta.

Ejemplos como el que acabo de mencionar son la muestra de que no basta la legislación y los discursos, hacen falta los hechos, hace falta la concientización, en especial de los representantes de los partidos, sobre la violencia que a diario en todo el país y en todos los ámbitos sufren las mujeres mexicanas.

Por último, no quisiera dejar pasar el tema de la iniciativa presentada en las últimas fechas por algunos diputados de Acción Nacional, en la que proponen reformar el artículo 1o. de nuestra Carta Magna para criminalizar a las mujeres que decidan sobre su cuerpo. Aún así subirán esta tribuna pugnando por la igualdad, los derechos y las libertades de las mujeres mexicanas. Éste es el doble discurso que se debe eliminar en esta tribuna.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen porque tenemos que seguir avanzando en la protección de nuestras mujeres, en lograr un país sin discriminación, con igualdad y sin violencia de género. Votaremos a favor porque no puede haber más mujeres encarceladas por abortar, ni estados donde a pesar de los miles de feminicidios el silencio de las autoridades sea más fuerte que el grito de auxilio de las mujeres desprotegidas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su permiso, presidente. Estimada y honorable asamblea, ni porque es el aniversario el voto de la mujer nos cumplen con lo que nos deben. Claro, nos deben ustedes que se dictaminen las acciones afirmativas en la Comisión de Gobernación que el Tribunal Electoral ya tuvo a bien aprobar, y obligar a los partidos políticos para que hoy tuviéramos una asamblea con una presencia histórica de mujeres. Eso falta que se sesione en la Comisión de Gobernación y está congelado por algunos compañeros —lo vuelvo a insistir— que son de izquierda y pidieron que se pospusiera la discusión. Y no por pegarle a los compañeros de izquierda, porque todos estuvieron de acuerdo al final de posponer la discusión.

Entonces, es una deuda que tienen con nosotros para festejarnos el 60 aniversario del voto de la mujer. Ésas son las cosas que nosotros queremos decirles aquí en este Congreso de la Unión, en esta honorable asamblea que nos deben, porque los discursos, tal y como escuchamos a la compañera —no sé si la escucharon, porque estos temas regularmente no les gusta escucharlos— escucharon a la compañera hablando precisamente de las cosas que se han propuesto en esta tribuna, en detrimento de los derechos de nosotras, en lugar de darnos más posibilidades nos empiezan a limitar.

Compañeras y compañeros, diputados y diputadas, esta reforma que les pido que voten a favor es una reforma que presentó el ex senador Manuel Velasco, hoy gobernador de Chiapas. Por eso la importancia para nosotros de venirles a convencer de que es una reforma no solamente importante, sino indispensable. Pero no solo porque el compañero es del Verde Ecologista y la propuso, sino porque han venido durante estos días diversos funcionarios y funcionarias de la administración pública a rendir cuentas de lo que es el Anexo 12 —antes Anexo 10— que se peleó para darles recursos a las instituciones para generar una nueva condición de cultura de igualdad entre mujeres y hombres.

Lamentablemente, a pesar de que esta honorable asamblea ha tenido a bien aprobarle un recurso extraordinario a este rubro, no tenemos el impacto y los resultados que hombres y mujeres deseamos que se tenga, porque muchos de los hombres nos apoyan, muchos compañeros. Precisamente por eso podemos lograr las reformas, porque las mayorías en los Congresos locales y federal son hombres y nos han apoyado. Pero no tenemos esos resultados, por estas deficiencias que hoy vamos a aprobar.

A esta ley de igualdad entre mujeres y hombres le hacen falta cosas, como qué es la discriminación, la discriminación contra la mujer y es una cuestión importantísima y fundamental que se ponga y se defina la ley.

Otra cuestión que maneja esta reforma es qué significa la igualdad sustantiva. Muchos legisladores aquí en la Cámara de Diputados, aun cuando nosotros somos los responsables de reformar y crear las normas, no sabemos qué significa la igualdad sustantiva y no estaba definido en la norma.

Otra cuestión importantísima —nada más voy a nombrar tres porque son muchísimas— es que se establezca que en el sistema educativo se integre precisamente la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres.

Estos son cambios fundamentales, compañeras y compañeros, porque a partir de estas definiciones en la norma es cómo vamos a poder obligar a los gobiernos y sancionarlos —como ya lo hacen en Nuevo León, que es el único estado que lo hace así— sancionar a aquellos funcionarios que no estén cumpliendo con el gasto para que se pueda revisar y evaluar si hay verdaderamente una transformación en el concepto, en la cultura de la igualdad entre mujeres y hombres.

Estas reformas, estas definiciones, estas cosas que hoy estamos discutiendo son las que nos permiten tener las bases para tener una referencia de calificación respecto a lo que damos de gasto nosotros y la efectividad de lo que se hace en el Poder Ejecutivo.

Por eso es tan fundamental poder votar a favor estas reformas, por lo que a nombre de la fracción del Verde Ecologista vengo a pedirles que toda esta honorable asamblea vote a favor de esta minuta, que ya tiene desde 2007 que se presentó la propuesta y que el Senado de la República tuvo a bien retomarla por las compañeras que allá están y enviarnos esta minuta, que espero que sea votada hoy y por fin se pueda seguir haciendo justicia de género, justicia a las mujeres, principalmente, que es el sector que está siendo más beneficiado con estas reformas. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, a usted, diputada Ruth Zavaleta Salgado.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para aclarar que se ha mencionado en dos ocasiones la iniciativa que presentamos el miércoles pasado a favor de la vida.

Decir que no se trata de criminalizar o no el aborto. Se trata únicamente de reconocer los derechos de los no nacidos a partir del momento de la fecundación. Es más amplio que solamente hablar de aborto, que es un debate que debemos abrir y que creo e invito a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales a que no guarden esta iniciativa en un cajón, a que realmente abramos el debate en comisiones, le demos para adelante y México sepa de lo que estamos hablando. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidente. El posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD es a favor del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, toda vez que las modificaciones planteadas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres son encaminadas —sobre todo— a conciliar la vida laboral con la familiar, de mujeres y hombres.

El trabajo y la familia son ámbitos que aparentemente pertenecen a dinámicas distintas, una pública, otra privada. Sin embargo, lo que ocurre en cada uno de estos ámbitos afecta fuertemente al otro. Lograr la conciliación del trabajo con el cuidado de las y los integrantes de las familias es un gran desafío al que se enfrentan especialmente las mujeres y se complica mucho más durante periodos de crisis económica y social, como es el caso de nuestro país actualmente.

Las mujeres que deben trabajar fuera de su hogar para generar ingresos que les permitan atender sus necesidades económicas y las de sus hijos e hijas, así como las de otras personas integrantes de su familia que están a su cargo, muchas veces llevan completamente la carga a cuestas solas. En otros casos aportan al sostenimiento de su hogar junto con su pareja u otra persona de su familia. En la mayoría de los casos, además de su trabajo fuera del hogar, son las únicas que dedican tiempo a los cuidados, los afectos y las tareas no remuneradas en el hogar.

El uso del tiempo propio, el uso del tiempo libre, incluso el uso del tiempo en beneficio del hogar y de las personas integrantes de las familias es cada vez un bien más escaso. Y la falta de éste tensiona la relación entre estos ámbitos, lo que afecta gravemente la salud y el bienestar de las mujeres, su calidad de vida y la de sus familias. Puesto que las responsabilidades del cuidado familiar recaen generalmente en las mujeres.

Algunos estudios en diferentes países nos indican que incluso hoy por hoy, las mujeres dedican más horas al trabajo remunerado que los hombres.

Aunque lo anterior no fuera la generalidad de los casos, cuando las horas de trabajo remunerado y no remunerado se suman, las jornadas de las mujeres son muchísimo más largas que las de los hombres, y por esta razón ellas tienen más cargas y más cansancio, así como menos tiempo para la formación, para actividades políticas, tiempo libre para atención de su propia salud o simplemente para descansar.

Aquí radica, precisamente, la base de la situación de desventaja en que las mujeres se encuentran en el mercado laboral y tiene importantes efectos en las mujeres y en su vida personal. Pero también en los objetivos de la reducción de la pobreza y la igualdad de género, debido a que la medida en que ellas se incorporan al mercado de trabajo es mucho menor que la medida en que lo hacen los hombres en el hogar. Lo que genera, lo que se le ha llamado doble jornada.

Hoy, a pesar de que cada vez más mujeres trabajan fuera del hogar y comparten con los hombres la tarea de proveer ingresos a sus familias, no se ha producido un cambio real en la distribución de las tareas del cuidado familiar, pues no son compartidas, en muchos de los casos, por los hombres en las familias. Y esto en el caso de que haya un hombre con quién compartirlas, porque muchas de las familias en México están a cargo de mujeres.

La aprobación de este dictamen permitirá el establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y a la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Las autoridades competentes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier otra organización cuyas personas integrantes ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán acciones tendientes a garantizar la igualdad sustantiva y la no discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, tales como medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres.

En el Grupo Parlamentario del PRD nos hemos comprometido en nuestra agenda legislativa a promover reformas con perspectiva de género que tutelen la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar o personal, el reconocimiento y reparto equitativo de las actividades domésticas, las licencias de maternidad y paternidad, la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la industria maquiladora, y la protección de los derechos de las y de los adolescentes trabajadores.

La reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en esta materia son el primer paso para formular los apoyos necesarios para las mujeres en el trabajo, especialmente para las familias de menores recursos que a falta de conciliación trabajo familia, muchas veces deben dejar a sus hijos e hijas o familiares con enfermedades o alguna discapacidad, en casa sin atención o retirando a algún hijo o hija mayor de la escuela para que se pueda hacer cargo de esas tareas. En ocasiones optan cuando es posible llevar a las niñas y a los niños al trabajo, lo cual puede exponerlos a peligros o arriesgarlos al trabajo infantil.

Finalmente, quiero enfatizar que estas reformas también son tendientes a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención, que constituyen otra forma de discriminación que las mujeres enfrentan en sus ambientes laborales y obstaculizan o impiden la permanencia en el empleo y las violenta.

Por lo que una medida que disminuya la discriminación y merme dichos obstáculos será la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación a partir de la aprobación de este dictamen que comentamos. Los invitamos a todas y a todos en este pleno a que votemos a favor de esta iniciativa. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Valles. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional...

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado Zamora, ¿con qué objeto?

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente, solamente para subrayar —hablando del tema de los derechos de las mujeres— que recientemente en medios de comunicación se dio a conocer que una mujer había dado a luz fuera de un hospital. Me parece que es muy lamentable que estas cosas se sigan dando, la diputada Zavaleta decía que se les debe mucho a las mujeres y me parece que tenemos que hacer algo más.

Si bien es cierto aquí estamos dando las herramientas jurídicas legislativa para que se mejore en los hechos la verdad es que desafortunadamente en muchos estados, en muchos municipios no hay cambios sustanciales.

Creo que tenemos que alzar la voz más fuerte, porque es inaceptable que se sigan dando estos hechos, y que no es solamente un hecho aislado de que un hospital niegue la atención a una persona que lo requiere urgentemente, sino que es un tema generalizado, donde con toda la insensibilidad se les niega esta oportunidad, ahora sí que a hombres y mujeres. Parece que tenemos que ser muy puntuales y que desde esta Cámara reprobemos esos hechos para que no se vuelvan a repetir. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Zamora. Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena:Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional siempre hemos estado comprometidas y comprometidos con rechazar, corregir y sancionar toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por cualquier razón, incluidas las de sexo, con reconocer plenamente las consecuencias prácticas de la común dignidad de las mujeres y hombres y de su común carácter de sujetos y agentes responsables y colaboradores en la construcción, animación y dirección de la sociedad.

Por ello el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor del presente dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en consecuencia con el compromiso que tenemos con el adelanto de las mujeres, la justicia, la igualdad y el respeto a las libertades humanas. Lo haremos así, porque creemos que las modificaciones propuestas abonan al reconocimiento mutuo del valor propio entre los hombres y las mujeres, y al hecho de que deben responsabilizarse el uno y la otra, compartiendo las tareas que le corresponden dentro y fuera de la familia sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones.

Para nosotros —sin duda— la lacerada dignidad de aquellas mujeres violentadas física, sexual, emocional y psicológicamente debe ser reparada, protegida, defendida y amparada por el Estado mexicano. No podemos permitirnos ser flexibles en este tema. Los estados tienen la obligación de proteger a la mujer de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer justicia y proporcionar atención a las víctimas. El incumplimiento de esas obligaciones es inaceptable.

Debemos ser firmes y aplicar para ello los estándares de derechos humanos más altos acordes a nuestra Constitución, a fin de lograr que el ejercicio del derecho a la no discriminación, a la igualdad entre mujeres y hombres, y a una vida libre de violencia para las mujeres sea real y no quede asentado en las leyes como un mero pronunciamiento que denote solo buenas intenciones. La discriminación y la violencia son incompatibles con un Estado que se precia de ser moderno y democrático.

Hoy expresamos nuestro voto a favor del presente dictamen y las invitamos a todas y a todos, no solo a votar a favor, sino a actuar consecuentemente con la defensa de la dignidad de las mujeres y por el ejercicio real de sus derechos humanos.

Finalmente, es nuestra responsabilidad como sociedad reconocer el desarrollo pleno de la democracia. Solo será integral si conseguimos eliminar la discriminación que ha dado origen a una relación desigual entre mujeres y hombres en todos los ámbitos sociales.

Sumemos esfuerzos para que la conciliación entre lo público y lo privado deje de ser un anhelo, para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres deje de ser un ideal.

Compañeras y compañeros, seamos consecuentes y tengamos el valor y la entereza de aprobar las reformas que nuestras mujeres mexicanas necesitan para ejercer realmente sus derechos, porque en estos tiempos ni nuestras diferencias ni nuestras semejanzas deberían ser una razón para que unos dominen, exploten o maten a otra. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago.

La diputada María Guadalupe Sánchez Santiago:Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. En el año 2006 fue publicada la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual tiene el objeto de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como proponer los mecanismos tendientes al cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privados, por lo que sin duda fue un notable avance para el respeto por la dignidad humana y la igualdad de género este dictamen que hoy está a su consideración.

La igualdad de género es uno de los elementos centrales tendientes a la sostenibilidad que permite que cada miembro de la sociedad respete a los demás, ocasionando el mejor desempeño de los mismos. Basta de estereotipos que limitan el desarrollo de las actitudes y aptitudes de mujeres y hombres. Es urgente modificar la perspectiva sociocultural que elimine los prejuicios de inferioridad y superioridad en el género.

La sociedad se encuentra en constante movimiento, por lo cual es momento de adecuar las normas jurídicas a las demandas actuales. Hagamos uso de nuestro derecho de presentar, discutir y aprobar los proyectos de reforma a las leyes.

Por ello, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de ampliar el objetivo de la ley en comento, precisar los conceptos y definiciones contenidas en el texto de la misma con el propósito de homologar la legislación en la materia y evitar confusiones en su aplicación, así como fortalecer los lineamientos de la política nacional en materia de igualdad tendientes a promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo, adoptar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres y la utilización del lenguaje sexista.

Es menester del Estado implementar medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres. De esta manera se fomentará la corresponsabilidad en las diferentes facetas de la vida. Es decir, en el empleo, en la familia, en el ocio y en el tiempo personal, facilitando la consecución de la igualdad efectiva de género e impulsando la paridad de oportunidades.

Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación del presente dictamen impulsaremos acciones tendientes a procurar el respeto de derechos como son: la igualdad, la libertad, la no discriminación, así como la convivencia de las mujeres y hombres en el ámbito político, económico y social.

Por eso, compañeras y compañeros, les sugiero que nos apoyen en esta iniciativa que va a fortalecer la igualdad entre las mujeres y los hombres de este país. Muchísimas gracias, es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada María Guadalupe Sánchez Santiago.

En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se han reservado artículos en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a ciudadanas y ciudadanos líderes del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Isidro Moreno Árcega. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Señor presidente, se registraron 449 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa el Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del señor diputado Jhonatan Jardines. Diputado Jardines, ¿con qué objeto?

El diputado Jhonatan Jardines Fraire(desde la curul): Primeramente, señor diputado presidente, para felicitarlo por la conducción que ha tenido de la Mesa Directiva, hacer ese reconocimiento a su grupo parlamentario por la inversión política que tiene en usted.

Segundo, para pedirles unos minutos a los diputados de esta Legislatura, que puedan tomar en cuenta un material que se les distribuyó al inicio de la sesión que habla del impuesto que se está solicitando hacia las bebidas azucaradas.

Aquí se ha hablado de salud y todos sabemos que el problema de obesidad en nuestro país representa más de 40 mil millones de pesos para su atención. Ojalá en esta Legislatura no nos dejemos presionar por esas empresas para que sea un impuesto que se pueda aprobar a favor. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Queda puntualmente registrada su atención en el Diario de los Debates.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2013, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión de la Cámara de Diputados, mediante número de expediente 1582.

3. A partir del 1 de abril de 2013, con fundamento en el artículo 182 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la iniciativa fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

II. Contenido de la iniciativa

De acuerdo con argumentos del legislador que presenta la iniciativa, ésta tiene como objetivo trasformar al Instituto Mexicano de la Juventud en un organismo descentralizado de la administración pública federal paraestatal, no sectorizado, que sea de utilidad pública e interés social, con el fin de dotar a este organismo rector de la atención a la juventud de México, con la suficiente autonomía para ejercer con mayor eficacia los objetivos, políticas públicas, los programas y las acciones que el Instituto debe cumplir con lo establecido en su ley.

Se argumenta en la exposición de motivos que de ser aprobada la iniciativa, se implementaría una política de estado eficaz que dotaría al instituto de plena autonomía presupuestal para ejercer el gasto destinado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y se coinvertiría en una institución innovadora dentro del gobierno federal, con lo cual se garantizaría a la juventud en desarrollo integral y equidad en la atención de los diversos sectores de la población.

El promovente considera necesaria la reforma para que el papel que juega la juventud en la sociedad, reciba un impulso mayúsculo por parte de los legisladores, elaborando y aprobando políticas de estado eficaces que tengan un impacto positivo en el desarrollo de la educación, el empleo, la salud e inclusión de las y los jóvenes de la nación y con ello, mejorar su calidad de vida.

La iniciativa pretende reformar el artículo 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. En el artículo 1 busca establecer que el instituto sea un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía operativa, técnica, presupuestal, administrativa y con domicilio en el Distrito Federal. Además establece que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se aplicará al instituto en lo que no se oponga a la propia ley del instituto. El promovente establece además en el primer artículo la manera de elaborar el presupuesto del instituto y manifiesta que éste no podrá ser inferior al presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior.

En el artículo 8 establece criterios para las suplencias de la Junta Directiva del instituto, estableciendo que el suplente deberá tener el nivel de subsecretario o equivalente, además en la fracción I establece que el presidente de la junta será determinado por el presidente de la República de entre los diez miembros propietarios. En la fracción II del artículo 8 establece que los siete miembros indefinidos de la junta, recibirán la invitación por parte del presidente de la República.

III. Proceso de análisis

Hoy en día, la población juvenil constituye un factor dinámico en el contexto social, económico y demográfico de las naciones, por lo que en el marco de las trasformaciones que caracterizan la época actual, los jóvenes se presentan como protagonistas de estos cambios. Entre los objetivos del gobierno federal para contribuir a la integración de los jóvenes al desarrollo, debe encontrarse el fortalecimiento a la coordinación interinstitucional de acciones dirigidas a la atención de los jóvenes.

De acuerdo a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la población joven es toda aquella persona que esté comprendida entre los 12 y 29 años de edad, por lo que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010, en nuestro país, existen aproximadamente 36.2 millones de jóvenes, de los cuales 17.8 millones son hombres y 18.4 millones son mujeres. Así, los jóvenes de México conforman una tercera parte del total de la población mexicana.

En México, el organismo encargado de la política nacional en materia de juventud es el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). El Imjuve es una dependencia del gobierno federal, creada en 1999, recientemente sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (Diario Oficial de la Federación 29 de marzo de 2013), y cuyo objetivo es generar políticas públicas, programas, servicios y acciones a favor de los jóvenes, que den herramientas necesarias en temas de educación, salud, empleo y participación social, y que permitan incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país y mejorar su calidad de vida.

La importancia que representa para nuestro país el sector de la juventud, se encuentra plasmada en el artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano del Juventud, estableciendo que por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población juvenil, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que lleven a cabo el instituto, sin distinción alguna. Desde su creación el Imjuve ha tenido por objetivo el crecimiento de los jóvenes, y coadyuvar en la instrumentación de políticas públicas destinadas para que este sector de la población alcance las herramientas necesarias para satisfacer sus necesidades prioritarias.

Fuentes Bibliográficas

• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

• Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

IV. Consideraciones

Para la elaboración del presente dictamen se tomaron en consideración aquellas opiniones que fueron remitidas en tiempo por parte de las secretarías de estado, así como la notificación del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). La Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitieron opinión, siendo ésta última dependencia la que aportó mayores criterios técnicos con respecto a la propuesta del promovente. A continuación las consideraciones de mayor relevancia para el presente.

Por lo que refiere, a la reforma al artículo 1 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la cual pretende establecer que el instituto sea un organismo público descentralizado, no sectorizado, esta comisión considera lo siguiente:

El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala que: “La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación”.

En esa lógica, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) establece que, a fin de que pueda llevarse a cabo la intervención que conforme a las leyes corresponda al Ejecutivo federal en la operación de las entidades que conforman la administración pública paraestatal, éste las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de aquéllas en relación con la esfera de competencias que el marco jurídico aplicable establezca para las secretarías de estado.

Por lo anterior, de acuerdo a los artículos 48 y 49 LOAPF, y al artículo 8 Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las secretarías de estado fungen como coordinadoras del sector respectivo y coordinan la programación y presupuestación, además de evaluar los resultados y participar en los órganos de gobierno de las entidades agrupadas.

Cabe destacar que en términos del artículo 26 constitucional, los programas de la administración pública federal se sujetan obligatoriamente al Plan Nacional de Desarrollo. Por lo anterior, corresponde a las dependencias coordinadoras sistematizar el desempeño de las actividades que, en materia de planeación, correspondan a las entidades paraestatales agrupadas en su sector, y la elaboración de los programas sectoriales tomando en cuenta las propuestas que éstas le presenten.

Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece en su artículo 7o. que:

“Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo su coordinación. En el caso de las entidades no coordinadas, corresponderá a la secretaría orientar y coordinar las actividades a que se refiere este artículo”.

Por otra parte, es importante señalar que el presupuesto de las entidades consideradas no coordinadas, se encuentra en el Ramo Administrativo “06 Hacienda y Crédito Público del Presupuesto de Egresos de la Federación”, mismo que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Juventud considera oportuno que la dependencia del gobierno federal que atienda a los jóvenes mexicanos tenga el carácter de descentralizado, carácter con el que ya cuenta. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se prevé la autonomía de gestión para las entidades paraestatales, entre ellas los organismos públicos descentralizados, aunque es una característica intrínseca, por lo que se ha convenido agregar al artículo 1o. de la Ley de Instituto Mexicano de la Juventud, el término de “autonomía técnica, operativa y de gestión”.

Respecto a la autonomía presupuestaria que pretende otorgarse al IMJUVE, se tiene el marco jurídico presupuestario que contempla disposiciones que rigen los procesos de programación, presupuesto, ejercicio, control y evaluación del gasto público federal, y permiten tener control y garantizar la transparencia, así como la eficacia en la programación y aplicación de los recursos públicos federales por parte de los ejecutores de gasto. Por lo que dicha iniciativa no argumenta ni incorpora justificación que incluya la base técnica en la cual se sustente la autonomía presupuestal.

Por lo que refiere a la propuesta de que en ningún caso el presupuesto que se asigne al IMJUVE podrá ser inferior al presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior, cabe destacar que el artículo 74 constitucional establece la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como hacer las modificaciones que sean pertinentes. Por otro lado, se tiene que el 8 de mayo de 2008 entró en vigor la reforma al artículo 134 constitucional, en el cual se establece la obligación de evaluar el resultado del ejercicio del gasto, y de utilizar los resultados de las evaluaciones como una herramienta de retroalimentación para la presupuestación del gasto público. Por lo anterior, esta comisión, considera que la iniciativa no justifica la necesidad de la garantía de un determinado presupuesto.

Por otra parte, por lo que refiere a las modificaciones al artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Cabe señalar que desde la creación del Instituto Mexicano de la Juventud, dependió de la Secretaría de Educación Pública hasta el pasado 29 de marzo, donde de acuerdo al Diario Oficial de la Federación de la misma fecha, el Instituto Mexicano de la Juventud pasó a ser un organismo sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social y con ello deja de pertenecer a la Secretaría de Educación Pública. Con las recientes reformas, se considera oportuno que el presidente de la junta directiva del instituto sea el secretario de la cabeza de sector, en este caso el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que estaría encargada del envío de invitaciones para formar parte de la junta directiva en lo relativo a los miembros indefinidos establecidos en la fracción II del artículo 8 referido.

Asimismo, con la finalidad de elevar el nivel de jerarquía de los integrantes junta directiva del instituto, quienes en última instancia son quienes toman decisiones de alto nivel con respecto a la definición de la política de juventud en México, esta comisión considera que los suplentes de dicha junta, deben tener nivel de director general adjunto o equivalente, lo anterior, con la finalidad de que quienes toman las decisiones en materia de juventud sean personas con una alta responsabilidad en la administración pública, preparadas para tomar decisiones de alto nivel. Considerando que su agenda es menos complicada que la de un subsecretario, ello facilitaría asistir a las celebraciones de las reuniones por parte del instituto, que son al menos una reunión cada trimestre.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la comisión, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Único. Se reforman los artículos 1 y 8, fracciones I, incisos a) y g) y II, inciso c), segundo párrafo, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 1. Se crea el Instituto Mexicano de la Juventud como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión y con domicilio en el Distrito Federal.

Cuando la presente Ley se refiera al Instituto, se entenderá por éste al Instituto Mexicano de la Juventud.

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I. Diez Miembros Propietarios:

a) El secretario de Desarrollo Social, quien la presidirá;

b) a f)...

g) El secretario de Educación Pública;

h) a j) ...

Por cada miembro propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, quien deberá tener el nivel de Director General Adjunto o equivalente, y

II. Siete miembros más que serán:

a) a c)...

Estos siete miembros formarán parte de la junta directiva a invitación del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, durarán en su encargo un año y serán designados de acuerdo al procedimiento que se señale en el estatuto orgánico.

..

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta y un días del mes de mayo de 2013.

La Comisión de Juventud, diputados:José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura, Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Ricardo Medina Fierro(rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez, Heberto Neblina Vega, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Jessica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga:Gracias, presidente. Honorable asamblea, compañeras y compañeros, me encuentro en ésta, la más alta tribuna de nuestro país, para presentar el dictamen de la Comisión de Juventud que tiene una reforma de mayor importancia, pues establece los lineamientos necesarios para dotar al Instituto Mexicano de la Juventud de una certeza jurídica institucional que todo organismo requiere para su perfecto funcionamiento. Presento el proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8, fracciones I y II de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Hoy en día la población juvenil constituye un factor dinámico en el contexto social, económico y demográfico de las naciones, por lo que en el marco de las transformaciones que caracterizan esta época los jóvenes se presentan como protagonistas de estos cambios.

Según los datos del Consejo Nacional de Población existen en México poco más de 37 millones de jóvenes. El panorama de los jóvenes no es nada alentador. Las cifras dadas a conocer por el Coneval, en julio de este año, nos reflejan que los jóvenes se encuentran en una lamentable situación de pobreza. Los resultados confirman que en México tenemos 21.8 millones de jóvenes en pobreza, de los cuales 4.7 se encuentran en extrema pobreza. A esto se suma el bajo nivel de confianza por parte de los jóvenes hacia las instituciones.

Según la Primera Encuesta Iberoamericana de la Juventud, los jóvenes en México desconfían de su gobierno, de la justicia, de la policía y de la democracia, a diferencia de sus pares en Chile, Brasil y Argentina. A esto le adherimos que los jóvenes desconfían seriamente de los políticos y rechazan su mediación para la solución de conflictos y que el 56 por ciento de ellos piensa que los gobiernos están poco interesados en los jóvenes.

Las y los legisladores debemos cambiar esta preocupante perspectiva. El dictamen que hoy ponemos a su consideración, mismo que se constituye a raíz de la iniciativa del diputado René Fujiwara, reforma el artículo 1 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud cuyo objetivo es transformar el Instituto Mexicano de la Juventud en un organismo descentralizado de la administración pública paraestatal, no sectorizado, que sea de utilidad pública e interés social, con el fin de dotar las herramientas necesarias para este organismo.

Por lo que se refiere al artículo 8 de la misma ley, cabe señalar que la creación del instituto dependía de la Secretaría de Educación Pública hasta el pasado 29 de marzo cuando, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación de la misma fecha, el Instituto Mexicano pasó a ser un organismo sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social y dejó de pertenecer a la Secretaría de Educación Pública, por lo que esta comisión considera oportuno que el presidente de la junta directiva sea el secretario de la cabeza del sector, que en este caso es el titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Asimismo y con la finalidad de elevar el nivel y la jerarquía de los integrantes de la junta directiva del Instituto, comentarles que ésta es la última instancia de quienes toman las decisiones políticas de alto nivel para la juventud de este país.

Me queda claro que deben de tener la suplencia de los integrantes de esta junta directiva el nivel de director general adjunto o equivalente. Es de suma importancia que quienes toman estas decisiones en materia de juventud sean personas con una alta responsabilidad en la administración pública. México requiere que les demos a los jóvenes el lugar preponderante que merecen.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Juventud somete a la consideración de la honorable asamblea el proyecto de decreto del artículo 1 y 8, en las fracciones I y II, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

A nombre de mis compañeras y compañeros de la Comisión de Juventud les pido su voto a favor. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidente. Compañeros y compañeras, hace unos meses mi compañero, el diputado René Fujiwara, presentó ante esta soberanía el proyecto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Con ella se otorga autonomía presupuestal al instituto al convertirlo en un organismo descentralizado no sectorizado, además busca garantizar la sustentabilidad de su presupuesto al estipular explícitamente que nunca este instituto podría recibir menos recursos que el año anterior, a fin de asegurar el apoyo gubernamental a nuestro sector juvenil.

En México el panorama para los jóvenes es poco alentador. Según el estudio de la OCDE, Panorama de la Educación 2013, tenemos el tercer porcentaje más alto de jóvenes que no estudian ni trabajan en los 34 países que integran el organismo. Tenemos alrededor de 25 por ciento de los jóvenes en México que no trabajan ni estudian, porcentaje que se ha mantenido estable por más de una década.

Además, 72.6 por ciento de los jóvenes mexicanos que trabajan gana 5 mil 500 pesos o menos al mes, según datos aportados en la Encuesta Nacional de Valores de la Juventud del 2012. Aunado a esto, 4 de cada 10 jóvenes ocupados reportaban no tener ninguna prestación, mientras que una proporción similar declaró solo tener acceso a los servicios de salud.

Es claro que hay cosas que hay que cambiar. Las condiciones materiales y de empleo de la juventud no son el único problema que los aqueja, sino el acercamiento apático que el sector tiene hacia esos problemas. Nuestra tarea en el Legislativo debiera ser devolver la esperanza a los jóvenes de que las cosas pueden cambiar institucionalmente.

La juventud no renovará la política ni las instituciones ni la vida de nuestro país solo por el hecho de ser jóvenes. Es necesario proveerlos de los mecanismos para la manifestación adecuada y el Instituto Mexicano de la Juventud es el instrumento idóneo para hacerlo.

El dictamen presentado por la Comisión de Juventud, que en este momento discutimos, es una reforma en la dirección correcta, ya que esboza los lineamientos para establecer la conformación de la junta directiva del instituto y, sin embargo, es limitada en cuanto a sus alcances, a pesar de que en este momento estamos avanzando en la materia, los invito a que sigamos buscando formas creativas para empoderar los jóvenes de México.

Compañeras y compañeros legisladores, podemos lograr que los mexicanos compartan los sueños de inclusión, de justicia y de una democracia auténticamente participativa, podemos hacer realidad los planteamientos que han forjado nuestra nación desde el principio. Para ello necesitamos caminar las rutas que nos acerquen a ese ideal.

Canalizar el cambio de una manera proactiva y ordenada puede ser la gran aportación de los diputados de esta LXII Legislatura a este proyecto de nación llamado México. Por eso los invito a que votemos a favor de este dictamen y que sigamos avanzando en la materia de juventud. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Rosa Elia Romero Guzmán.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el hablar de la descentralización forzosamente nos hace referirnos a cuestiones de autonomía, tales como: los funcionarios de mayor nivel tienen la libertad de concentrar la solución de problemas, pueden plantear una estrategia común para toda la dependencia, tomar decisiones en el aspecto financiero así como el reclutamiento, la capacitación del personal y el mantenimiento de sus instalaciones.

Estas características son las que se proponen para dar un cambio total al Instituto Mexicano de la Juventud y lograr mayor autonomía de gestión y operatividad, aspecto que en definitiva puede garantizar que la implementación de sus actividades se sujeten conforme lo dispone la propia Ley. De esta manera, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que los programas sociales y las políticas públicas emanadas del instituto realmente enriquecerán la calidad de vida de nuestros jóvenes.

Es de recordar que estos jóvenes representan cerca de la tercera parte del total de los habitantes de nuestro país, y en este sentido replantear que una institución sólida, dedicada a la atención de ellos pueda ser la encargada de tener firmes convicciones en cuanto a brindarles capacitación y orientación sobre diversos temas cotidianos para interactuar con la sociedad resulta un tema de crucial importancia en nuestros días.

Es indispensable señalar que esta propuesta elevará el nivel de jerarquía de los integrantes de la junta directiva del instituto, quienes en última instancia son los que toman las decisiones de alto nivel con respecto a la definición de la política de juventud en México.

La determinación que en esta Comisión se considera es que los suplentes de dicha junta deben tener nivel de director general adjunto o equivalente. Ello para que quienes toman las decisiones en materia de juventud sean personas con una alta responsabilidad en la administración pública, preparadas para tomar decisiones.

Sin lugar a dudas se trata de una propuesta de avanzada, que deja en manos de personas calificadas parte del rumbo de la vida de nuestros jóvenes. Las ventajas que ofrece la descentralización del Instituto Mexicano de la Juventud nos dan la pauta para votar a favor de la propuesta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, solo un dato para reflejar ante ustedes la relevancia de las modificaciones que hoy se están impulsando en esta Cámara de Diputados. Según datos de la OCDE, 24.7 por ciento de los jóvenes mexicanos. Es decir, aquellos que están entre los 15 y los 29 años, no tienen ninguna oportunidad ni de empleo ni de trabajo. Esta cifra pone lamentablemente a nuestro país en el tercer lugar de los países de la organización en este rubro.

Consecuentemente, hablar del instituto de la juventud mexicana es hablar de una institución que tiene una responsabilidad fundamental, como aquella que es impulsar las políticas públicas dirigidas a esta población mayoritaria del país.

No obstante la responsabilidad que tiene el instituto de la juventud mexicana, la Secretaría de Educación Pública lo ha sectorizado o ha reducido también la dimensión de sus responsabilidades. Consecuentemente, además ha adherido de facto a esa Secretaría como una dependencia más, no obstante de organismo sectorizado.

Vale la pena reflexionar ante ustedes que la sectorización de los organismos públicos fue creada para guardar la coherencia de las políticas públicas y para que los fines buscados en una dependencia no se contrapusieran con los planteamientos generales del Estado mexicano. Sin embargo, en la actualidad la sectorización se ha traducido en un alineamiento institucional de facto a la Secretaría correspondiente. Y esto es lo que le ha pasado al instituto de la juventud mexicana, reduciendo en gran medida su autonomía de gestión, su eficacia y, por supuesto, la capacidad para cumplir con sus propios fines. Con la reforma propuesta se pretende liberar al instituto para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, sin las restricciones que actualmente le impone su actual condición administrativa.

Igualmente se pretende modificar la conformación de la junta directiva del propio instituto para que ahora sea presidida por la secretaria o por el secretario de Desarrollo Social, con lo que se pretende un enfoque más global de la problemática que atiende.

Por estas razones, informo a ustedes que los legisladores de Movimiento Ciudadano apoyaremos la iniciativa. Esperemos que no se convierta más en un recurso escénico y que se traduzca en una eficacia de la dimensión que reclama el problema de los jóvenes mexicanos, que como mencionaba a ustedes, el 24 por ciento de ellos no tiene ninguna opción ni de estudio ni de trabajo.

Ojalá coincidamos en impulsar, no obstante la insuficiencia de las modificaciones, pero dado su carácter positivo coincidamos en sacarla adelante con el apoyo de todos los participantes en este pleno. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con la venia de la Presidencia. A principios de 2012 la población mundial superó los siete mil millones de personas, de los cuales los menores de 30 años representan poco más de la mitad.

Según un documento elaborado por la UNESCO, el 89.7 por ciento de los jóvenes vive en países emergentes o en vías de desarrollo como el nuestro. Desafortunadamente cerca de 75 millones de jóvenes en todo el mundo se encuentran desempleados y se espera que dadas las condiciones por las cuales atraviesa la economía internacional, la tasa se mantenga a niveles altos durante los próximos años.

La ONU señala que los jóvenes son un factor determinante para el cambio social, el desarrollo económico y el progreso técnico de las sociedades en las que viven. No obstante, este segmento poblacional enfrenta serios obstáculos para liberar el potencial que encierra, pues los adultos no confían en los jóvenes y muchas veces son discriminados por el simple hecho de no tener experiencia. En otras palabras, a los jóvenes no se les brindan espacios adecuados y suficientes para aprender, experimentar y emprender.

La juventud es una etapa de preparación para que las personas se incorporen adecuadamente a la sociedad de manera productiva. Es justo en este periodo cuando se adquiere autonomía y se presentan cambios importantes en la vida de los individuos. Por lo cual esto resulta un parteaguas entre el éxito y el fracaso, entre una vida plena o una vida de estancamiento.

Por desgracia en nuestro país el bono demográfico con el que hoy contamos está siendo desaprovechado, pues las políticas públicas encaminadas a garantizar a los jóvenes un desarrollo óptimo no han resultado del todo adecuadas. Muestra de ello son los datos arrojados por el informe Panorama de la Educación 2013, presentado por la OCDE, el cual reveló que México tiene más de siete millones 300 mil ninis, jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan.

Por otra parte, la tasa de desocupación de los jóvenes a nivel nacional durante el primer trimestre del 2013 fue de 8.4 por ciento. Lo cual pone de manifiesto que la falta de oportunidades es uno de los problemas que más aqueja a la juventud mexicana.

En el Partido Verde consideramos que dotar al Instituto Mexicano de la Juventud de autonomía técnica, operativa y de gestión hará posible que éste cuente con una administración más eficaz, ágil y eficiente para cumplir con los objetivos estratégicos que le asigna el Estado y brindar con ello una mejor atención a los jóvenes que suman más de 38 millones de mexicanos.

Asimismo consideramos que el hecho de que el Imjuve esté coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social —como propone el dictamen a discusión— permitirá que las políticas públicas destinadas a la juventud sean elaboradas con un enfoque social, lo cual propiciará la ampliación de las oportunidades a las cuales los jóvenes tienen acceso, principalmente en cuanto se refiere a su incorporación al mercado laboral.

A nuestro parecer la reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud —puesta a la consideración de esta asamblea— incrementa los supuestos en los cuales el Estado se obliga a brindar apoyo a los jóvenes, con lo cual se pretende ensanchar el ámbito de actuación de las instituciones públicas, de manera tal que estas intervengan para favorecer la integración social y laboral de este importante segmento de la población.

Por lo anterior, nuestra fracción votará a favor del presente dictamen porque estamos convencidos de que los jóvenes no solo representan el futuro, sino que son el presente, la fuerza y la esperanza de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Corresponde ahora el uso de la voz al diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de mi Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fijo postura respecto de la aprobación al dictamen que hoy se nos presenta y que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Una ley promulgada el 6 de enero del año de 1999 y que en 14 años ha tenido solo cinco reformas legales, la última fue el 14 de mayo de este año.

Por eso comparto la aprobación del dictamen que busca transformar al Instituto Mexicano de la Juventud para consolidar que sea un organismo descentralizado de la administración pública federal, que sea de utilidad pública e interés social, con el fin de dotar a este organismo rector que proporciona directamente atención a la juventud de México con la suficiente autonomía para que su actuar sea en un marco de transparencia y rendición de cuentas, para ejercer con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas públicas, programas, proyectos y acciones que el instituto debe de realizar de acuerdo con las competencias establecidas en la ley, y que pretende ampliar también los espacios para el seguimiento y la evaluación que desde la sociedad se debe de dar, ya que los estados democráticos y sus instituciones se basan en la confianza de la ciudadanía. Por ello resulta indispensable blindar su actuar de propósitos ajenos a la institución y establecer sistemas efectivos de evaluación para su monitoreo y seguimiento.

El presente dictamen también busca que la junta directiva del instituto se integre por 17 miembros, de los cuales 10 serán miembros propietarios y ahora será presidente de la junta directiva la Secretaría de Desarrollo Social y, en consecuencia, la Secretaría de Educación Pública pase a ser parte de los integrantes.

De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda, en nuestro país existen más de 36 millones de jóvenes, de los cuales 17.8 millones son hombres y 18.4 son mujeres. Por ello se requiere de políticas públicas que activen la participación de las y los jóvenes como actores activos, desde donde se puedan generar los cambios que mejoren las acciones, los proyectos y los programas implementados por parte de los tres niveles de gobierno, todo esto con el firme objetivo de garantizar de manera sustantiva la amplia gama de derechos de las juventudes de nuestro país.

Reitero, el presente dictamen es un avance para el fortalecimiento de nuestras instituciones que representan a los jóvenes, pero aún falta mucho más para poder generar participación juvenil, bolsas de trabajo para los jóvenes.

Por eso en estos días presentaremos una iniciativa que de manera plural y concientizada impulse la participación de los jóvenes en el ámbito social, de salud, de educación, en lo económico y turístico, entre otros rubros, que tanto han demandado y se han acercado con su servidor para que sean apoyados.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática irá a favor del presente dictamen y seguiremos trabajando a favor de las y los jóvenes mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a esta sesión de la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos de la Universidad Londres, de la carrera de derecho, que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos a la sesión.

Tiene la palabra el diputado Humberto Prieto Herrera, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los temas de mayor trascendencia para el desarrollo en nuestro país es atender las necesidades de la juventud mexicana, por lo cual todos debemos trabajar, a fin de generar acciones contundentes para elevar la calidad de vida de los jóvenes y promover su desarrollo integral.

Nuestro país cuenta con un amplio sector juvenil. Son 31 millones de jóvenes de acuerdo con el Inegi por ello somos las y los jóvenes un componente fundamental de la sociedad. Buscamos participar amplia y constructivamente en todas las tareas y en todos los ámbitos de la vida nacional. No obstante, buscamos tener una mayor presencia en la toma de decisiones que nos permita aprovechar todo nuestro potencial en la construcción de un mejor país.

Sin embargo, actualmente los jóvenes enfrentamos una serie de problemas en diversos ámbitos, sobre todo económico, social y, particularmente, en materia de educación, empleo, salud, inseguridad y participación social.

Es justo reconocer que en nuestro país se han alcanzado logros importantes que buscan brindar mayores oportunidades de desarrollo en los jóvenes. Sin embargo, aún se requiere de acciones eficaces para brindar una mayor atención a las necesidades y demandas de la juventud, lo cual sin duda implica fortalecer la gestión del Instituto Mexicano de la Juventud, y a su vez dotar a las y los jóvenes de oportunidades de participación en los distintos ámbitos de la vida nacional.

El dictamen que hoy se presenta a discusión, que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud se inscribe en este contexto. Dotarlo de autonomía técnica y de gestión permitirá que el instituto lleve a cabo sus funciones de manera más eficaz, lo que a su vez fortalece su toma de decisiones y organización.

La autonomía técnica implica que los organismos descentralizados gocen de mayores facultades de decisión, lo que les permite una acción más eficaz y oportuna en todos los asuntos que les corresponde atender.

Por otra parte, la autonomía de gestión es entendida como la atribución que se detenta para decidir sobre su propia organización, recursos y funcionamiento. Así ellos mismos expiden sus estatutos orgánicos, y por supuesto, esto en estricta observancia de la ley.

Adicionalmente con la reforma al artículo 8 se armoniza la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con el acuerdo del Ejecutivo federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2013 y con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas en diciembre de 2012 y que facultan a la Sedesol para así fomentar y elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva. Este acuerdo expone que la dependencia llevará a cabo la integración de las juntas directivas de ambos organismos a fin de que las disposiciones sean acordes con sus atribuciones.

Por último, para que la junta directiva sea totalmente eficaz en sus propósitos, ante la imposibilidad de conjuntar las agendas de los funcionarios involucrados, principalmente de los titulares de las secretarías de Estado, resulta de gran utilidad la suplencia por parte de funcionarios con un nivel de director general adjunto o equivalente. Esto con la finalidad de mantener la operatividad y funcionalidad ante la posible ausencia de los titulares que la integran. Esto con la intención de que los servidores públicos puedan cumplir de manera adecuada sus funciones conferidas ante la ley.

Compañeros legisladores, por lo anterior en Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen, porque implica apoyar el desarrollo de las políticas a favor de los jóvenes. Lo que se haga ahora a favor de los jóvenes somos conscientes de que tendrá repercusión en su futuro inmediato. En Acción Nacional estamos a favor de las y los jóvenes mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Medina Fierro.

El diputado Ricardo Medina Fierro:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, en fecha 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual entró en vigor el día siguiente a su publicación.

Este decreto que evolucionó la estructura de la administración pública federal categoriza adecuadamente a los organismos vigentes de la administración central, desconcentradas y paraestatales, y determina los múltiples procesos y mecanismos de decisión del gobierno, constituyendo el primer paso relevante que permita al nuevo gobierno llevar adelante su gestión sustentada en la configuración de un gobierno debidamente coordinado, eficaz, orientado a resultados.

Dentro de los cambios efectuados a la dependencia de la administración pública federal encontrarán la regularización de la función de la Secretaría de Desarrollo Social cuyo objetivo es dar un impulso a las políticas sociales mediante el planteamiento de estrategias que combatan la pobreza, se ocupe de generar mejores mecanismos de integración entre mexicanas y mexicanos y sus grupos diversos para fortalecer una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación.

Derivado de lo anterior, el día 29 de marzo del presente año se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo como necesario que el Instituto Mexicano de la Juventud —en coherencia a los programas y políticas públicas en materia de desarrollo social en relación con los jóvenes— quedara agrupado al sector a través de la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social.

En el Partido Revolucionario Institucional consideramos fundamental la participación de asistencia de los jóvenes que se desarrollan en la sociedad mexicana, ya que al garantizar el fortalecimiento de la entidad gubernamental encargada de velar por ellos estaremos redireccionando una voz experta y las políticas públicas que se requieran para alcanzar un progreso en la consolidación de nuestro futuro. Como se indica en el dictamen, esta reorganización institucional contribuirá a ajustar, a mejorar y a operar los programas dirigidos a los jóvenes en nuestro país.

El Instituto Mexicano de la Juventud tiene la consigna de promover y fomentar la coordinación que asegure a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condición de igualdad y no discriminación, en el encargo de definir e instrumentar una política nacional que permita recuperar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país, así como proponer y orientar al Ejecutivo federal para organizar programas que mejoren las condiciones de salud y educación de los jóvenes directamente.

Coincidimos con este dictamen, ya que la reforma prevista llegará a enriquecer la transformación que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto realizara a la administración pública federal.

Por otra parte, consideramos importante garantizar la participación de la Secretaría de Educación Pública junto con la dirección del instituto ya que juega un papel importante en las demandas de los jóvenes que solicitan educación, cultura y deporte.

Por ello a esta junta quedará integrada la Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, de Economía, de Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Nacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, con siete miembros más. En un lapso de un año estará representada entre legisladores, entidades federativas, asociaciones nacionales de universidades e instituciones de educación superior y jóvenes integrantes del consejo de seguimiento de proyectos y programas.

Los jóvenes exigen que ya no los hagamos esperar; por lo tanto, consideramos que el valor positivo de esta propuesta atenderá una demanda legítima de los jóvenes que a diario nos hacen a cada uno de nosotros: certeza y congruencia en los programas dirigidos a los jóvenes y la participación directa de quienes toman decisiones concretas a favor de la juventud.

Por lo antes expuesto, esta reforma estará fortaleciendo al instituto que vela y define los intereses de la juventud y enriquece los acuerdos que está realizando nuestro gobierno federal para transformar a nuestro país.

Las aportaciones que hoy hacemos a México se traducen en hechos y ése será legalmente un legado para nuestra tierra, que hoy mueve a nuestro México querido.

Por otra parte, este dictamen muestra el diálogo que existe dentro de la Comisión de la Juventud de esta soberanía. Nuestra postura puede discrepar obviamente, pero siempre se buscará el respeto mutuo al debate que hacemos los diputados integrantes de esta comisión, sobre todo si va dirigido al sector que se encuentra vulnerable ante la realidad de nuestra nación y nuestro mundo.

Nuestro reconocimiento a quienes forman parte de esta comisión. Debemos de seguir trabajando para buscar el beneficio de la juventud. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Agotada la lista de oradores, le ruego a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ganadería de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día  doce  de junio de dos mil trece, el diputado Raudel López López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

En esa misma fecha el presidente de la Comisión Permanente turno dicha iniciativa a la Comisión de Ganadería para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

El iniciante expone que la política agropecuaria en México, es y seguirá siendo un área particularmente trascendente, la importancia social, económica y política que guarda este sector, hace que sea objeto y uno de los ejes rectores en la economía nacional.

En los países en desarrollo, la política agrícola, pecuaria y pesquera toma una dimensión mayor si consideramos que sus efectos tienen una enorme trascendencia en las condiciones de empleo, ingreso, superación de pobreza y equidad social de importantes capas de la población. Todo esto, sin dejar de reconocer su importancia decisiva en la alimentación y de forma más reciente en la preservación del ambiente.

En México, una política agropecuaria es el conjunto de medidas e instrumentos que aplica el estado en materia agropecuaria con el fin de lograr el desarrollo socioeconómico del campo. Esta política se puede dividir en política agrícola, ganadera, silvícola y pesquera.

Cada una de las políticas aplica determinadas medidas con el objeto de fomentar la actividad a la que se dirige, de tal suerte que el conjunto de instrumentos y medidas aplicadas desde el Estado hacia el sector ganadero coadyuva a la política económica general de la que es una parte a lograr el desarrollo socioeconómico del país.

Por eso, las políticas públicas enfocadas a este sector tienen importantes retos sobre todo en lo que se refiere al desarrollo rural. Es decir, todos los apoyos que salgan del estado hacia el sector ganadero, son enfocadas a el avance de los enfoques tradicionales, para afrontar por lo menos la provisión no sólo de alimentos sino también de una gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de recursos alimenticios, los espacios para la organización de los sistemas de organización y los aportes de cada uno de sus asociados, este es el reto que enfrentan todo apoyo gubernamental.

El autor de la iniciativa plantea que en México, como en cualquier país, el estado debe garantizar estabilidad y crecimiento económico sustentable, mediante el uso adecuado de instrumentos jurídico.

En este sentido, la intervención que el poder legislativo debe de tener en las organizaciones de los sistemas ganaderos, debe de ser con fines progresistas y equitativos, pero ante el avance de la actividad económica y los diversos factores de índole climatológicos que la afectan, también debe ser promotor y vigilante del perfil del desarrollo económico por la vía de marcos normativos.

Pese a que en el artículo 5, fracción XII, de la propia ley de organizaciones ganaderas, considera la colaboración con la Sagarpa, cuando ésta lo solicite, en la elaboración, implementación y ejecución de programas de integración tanto horizontal como vertical en las actividades ganaderas, la presente iniciativa va mas allá al establecer que estos programas permeen a todos los integrantes de dichas organizaciones.

La intención de esta iniciativa es que se tenga la certeza jurídica de que a todos los integrantes de las asociaciones, conozcan los beneficios de dichos programas, esto es para que tengan la libre elección estando informados de su participación o declinación de éstos.

El que cada ganadero tenga la oportunidad de conocer por medio de su organización todos los apoyos gubernamentales encaminados a este sector, representa para nuestro país desde el punto de vista social, productivo y económico, una certeza de igualdad de oportunidades, y esto conllevara un mejor nivel de desarrollo rural sustentable.

El mismo desarrollo está considerado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable: el artículo 143, fracción I, vislumbra la habilitación de organizaciones de la sociedad rural para la difusión de programas oficiales y otros instrumentos de política para el campo.

Este objetivo puede lograrse sólo mediante la conducción y promoción directa de las organizaciones a sus asociados, en coordinación con todos sus integrantes.

Por ello necesitamos que las asociaciones estén enteradas de los programas y planes de apoyo a fin de que sean aprovechables y sepan las técnicas y financieramente viables, pero también los programas de apoyo por el gobierno y éstas abarquen a todos los integrantes de cualquier nivel.

Los programas institucionales coadyuvan al cumplimiento de objetivos nacionales en la búsqueda del desarrollo integral y sustentable del país.

El autor de la iniciativa plantea que por lo anterior expuesto, considera pertinente que se modifique el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas a fin que se dote de información necesaria para conocer los programas gubernamentales de apoyo entre todos los integrantes de las asociaciones y en consecuencia sus impactos sean lo más equitativos y distributivo, lo anterior para el aprovechamiento y el crecimiento del sector ganadero entre los grandes, medianos y pequeños empresarios del ramo, ya que el único fin, es y será el incremento del nivel de vida de nuestros productores nacionales que cada día salen a dar la cara por México.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora  comparte el sentir del diputado autor de la iniciativa al establecer la necesidad de dar la difusión de los programas y apoyos gubernamentales a los miembros de las asociaciones ganaderas, en ese mismo sentido el gobierno federal ha realizado grandes esfuerzos para activar la productividad del campo, y creo la cruzada contra el hambre la cual es una Estrategia de Inclusión y Bienestar Social de carácter nacional, que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.4 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación.

La Estrategia parte de los principios de la coordinación entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y de una alianza con la Sociedad Civil y el Sector Privado. Con un carácter multianual, tendrá objetivos de corto, mediano y largo plazo que permitan evaluar logros e identificar oportunidades, y adoptará preceptos de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad.

El Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola o nuevo Progan, es la continuación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera. En el nuevo Progan se tiene una nueva visión de impulso a la productividad y adopción de tecnología, así como de apoyo al cuidado y mejoramiento de los recursos naturales de áreas ganaderas.

En el nuevo Progan abre su cobertura para atender a la ganadería bovina productora de carne y doble propósito en sistema de pastoreo, a la producción de leche de bovino en sistemas familiares, a la producción ovina, caprina y apícola.

Asimismo, en búsqueda de una mayor equidad de los beneficios, se dan apoyos diferenciados para las diferentes escalas de productores.

La Cámara de Diputados designo 4350 millones de pesos a Progan para el apoyo del sector ganadero, sin embargo dichos apoyos muchas veces no son utilizados por el desconocimiento de los mismos ganaderos, por tal razón esta comisión dictaminadora coincide plenamente en la iniciativa objeto de este dictamen.

El objeto de la Ley de Organizaciones Ganadera está establecido en el artículo primero que dice:

Artículo 1o.-La presente Ley es de interés público y de observancia general en todo el país. Tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el país, que se integren para la protección de los intereses de sus miembros; así como los criterios que sustenten el desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y de comercialización de los productos ganaderos.

El artículo 4o. de la misma ley establece que las organizaciones ganaderas son las asociaciones ganaderas locales generales y especializadas, las uniones ganaderas regionales generales o estatales y especializadas y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, todas ellas debidamente constituidas en los términos de esta Ley;

El artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas establece el objeto de dichas organizaciones:

I. Promover y fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías adecuadas para el desarrollo sustentable y sostenible y la explotación racional de las diversas especies ganaderas;

II. Orientar la producción de acuerdo a las condiciones del mercado, ya sea intensificándola o limitándola;

III. Promover la integración de la cadena producción-proceso-comercialización para el abastecimiento de los mercados, y fomentar el consumo de los productos de origen animal de producción nacional, así como inducir la participación en el Comercio Exterior;

IV. Proponer la elaboración de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en las materias de producción ganadera y sanidad animal ante las autoridades competentes, y promover su aplicación para garantizar la oferta de productos ganaderos de calidad;

V. Propugnar por la estandarización de los productos ganaderos a fin de satisfacer las demandas del mercado, agilizar las operaciones mercantiles, intervenir como órgano de consulta en la autorización de cupos de importación del sector, y ante todo estimular a los que se preocupen por obtener productos de mejor calidad y poder alcanzar así, mejores ingresos para los asociados;

VI. Identificar y difundir las opciones financieras que beneficien a sus asociados, así como propugnar por la formación de figuras jurídicas de crédito. Las organizaciones ganaderas serán reconocidas, en términos de la ley correspondiente, como organizaciones auxiliares de crédito para el apoyo de sus miembros y la consecución de sus propios objetivos como entidades económicas;

VII. Propugnar por la instalación, en los lugares que crean convenientes, de plantas empacadoras, pasteurizadoras, refrigeradoras, cardadoras, lavadoras y todas aquellas que sean necesarias para la industrialización, conservación y comercialización de los productos ganaderos;

VIII. Coadyuvar con la Secretaría en la materia de sanidad animal en los términos de la Ley correspondiente;

IX. Propugnar por la formación de organizaciones cooperativas y en general, cualquier otro tipo de organizaciones que favorezcan la capitalización y la competitividad de la ganadería y contribuyan a la realización directa de las actividades económicas inherentes;

X. Intervenir como órgano de participación y consulta en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como en la formulación de propuestas de políticas de desarrollo y fomento a la actividad ganadera;

XI. Representar ante toda clase de autoridades, los intereses comunes de sus asociados y proponer las medidas que estimen más adecuadas para la protección y defensa de los mismos;

XII. Coadyuvar con la Secretaría, cuando ésta lo solicite, en la elaboración, implementación y ejecución de programas de integración horizontal y vertical de las actividades ganaderas;

XIII. Apoyar a sus afiliados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones de observancia general que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XIV. Establecer fideicomisos cuyo objeto sea el de promover el consumo de productos y subproductos pecuarios, la racionalización de sus excedentes temporales y el fortalecimiento del sector pecuario para mantener y expandir los usos domésticos y exteriores de la producción nacional; y

XV. Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales.

Del análisis de los artículos anteriores se desprende que esta ley es la adecuada para establecer la propuesta señalada por el diputado iniciarte, igualmente la comisión dictaminadora coincide que la propuesta tiene que estar plasmada en el artículo 5o. para que quede como uno de los objetivos específicos de las organizaciones ganaderas, las cuales están detalladas en el artículo 4o. del mismo ordenamiento.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Ganadería de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas

Artículo Único.Se adiciona una fracción XV, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta Ley tendrán por objeto:

I. a XIII. ...

XIV.Establecer fideicomisos cuyo objeto sea el de promover el consumo de productos y subproductos pecuarios, la racionalización de sus excedentes temporales y el fortalecimiento del sector pecuario para mantener y expandir los usos domésticos y exteriores de la producción nacional ;

XV. Difundir entre todos sus asociados, los programas de apoyos gubernamentales encaminados hacia su sector; y

XVI.Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de agosto de 2013

La Comisión de Ganadería, diputados:Salvador Barajas del Toro (rúbrica), presidente; Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Leonor Romero Sevilla, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Tomás Brito Lara (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada, secretarios; Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Antonio García Conejo (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital, Marcelina Orta Coronado, Salvador Ortiz García (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), William Renán Sosa Altamira, María Fernanda Romero Lozano, José Everardo Nava Gómez.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado Salvador Barajas del Toro, hasta por cinco minutos.

El diputado Salvador Barajas del Toro:Muchas gracias, presidente, con su permiso. La democracia, como concepto que se verbaliza en acciones que tienen como efecto el transparentar el ejercicio de la cosa pública. En este sentido, uno de los elementos que más coadyuvan a que esta transparencia se dé es precisamente la información.

En todos los casos la transparencia y la información suelen ser como el aceite que permite al engranaje institucional funcionar adecuadamente y de la mejor manera. De su exitosa existencia nos valemos para maximizar los beneficios que estas prácticas democráticas conllevan, como es la consecución de un círculo virtuoso, que redunda en beneficios al conglomerado social que se ha dado por dichas instituciones.

Ésta me parece que es la esencia de la iniciativa que nos ocupa en la que se proyecta adicionar la fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, misma que fue presentada por el diputado Raudel López López y que la Comisión de Ganadería votara a favor de manera unánime.

La reforma sujeta a discusión en este momento tiene como objetivo la información de los programas y apoyos gubernamentales encaminados de los programas y apoyos gubernamentales del sector pecuario para que se aplique y difunda mediante las organizaciones ganaderas a todos los miembros, dado el carácter asociativo de las mismas y de la coordinación para la realización de la actividad ganadera de nuestro país.

La reforma –vale aclarar– no está cuestionando el que se dé o no se dé en estos momentos la información, sino que se le garantice que la información se dé fuera de coyunturas, signos o colores políticos, llámese si el Ejecutivo es de un color o de otro, tanto al frente de las organizaciones ganaderas como del gobierno.

Y es que aunque la misma ley establece que la Secretaría respectiva del ramo (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) se debe de coordinar con las citadas organizaciones pecuarias para difundir los programas gubernamentales que vinculan el trabajo de todo este engranaje institucional. Y que este trabajo de difusión, de información, no quede a la merced de la buena voluntad de las partes, sino que la misma ley esté ahí para recordarles y garantizar que la práctica se realice, haya o no haya sinergia entre ambas partes.

Es precisamente que la adición de esta fracción al artículo no es menor, porque como decía: en el espíritu conlleva la esencia de su principio democrático, que puede producir el citado círculo virtuoso de a más información de los programas mayor número de beneficiados y mayor crecimiento de la actividad económica del sector.

De lo que se trata es de democratizar aún más la información, de socializar aún más los programas de incentivos gubernamentales, en pos de una mayor repercusión de los programas en los productores.

Hoy el esfuerzo del Ejecutivo federal y de la propia Secretaría está encaminado a rediseñar los programas para que los apoyos sean eficientes, oportunos y mejor aplicados para que lleguen a un mayor número de beneficiados, con reglas de operación también más eficientes y sencillas.

Es loable apoyar este tipo de iniciativas que complementan el gran objetivo de abatir el rezago en el ejercicio presupuestal. Es por eso que la Comisión de Ganadería, a través de un servidor, como presidente, venimos a respaldar y apoyar esta iniciativa, esperando contar con el apoyo de los integrantes de esta Legislatura. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para hablar a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, presidente. Honorable asamblea, los problemas que enfrenta el campo mexicano son múltiples y muy variados, pues en su productividad recae una parte importante del abasto con el que cuenta el país para mantener sus niveles de vida.

De acuerdo con el devenir mexicano, a partir de la década de los sesentas la sociedad mexicana comenzó un proceso de transición rural a urbana, implicando la migración hacia los núcleos poblacionales que ofrecían un crecimiento en sus niveles de vida. Esta transición marcó un cambio importante en las formas de producción, pues ésta pasó de ser agrícola a manufacturera en muy poco tiempo y el lamentable olvido del agro mexicano.

Como país hoy estamos sufriendo de estas desafortunadas decisiones, pues quienes optaron por permanecer en el agro deben enfrentar la omisión de las políticas públicas que se han dirigido principalmente a los habitantes urbanos. Asimismo los productores agrícolas mexicanos deben hacer frente a los embates de la naturaleza en sus muy diversas formas, como las sequías que se han presentado con mayor recurrencia, o las lluvias torrenciales —como las que sufrimos hace unos días— así como la falta de apoyos para atenderlos.

Aunque reiteradamente hemos reconocido que nuestro país requiere de los esfuerzos que a diario realizan estos trabajadores, tenemos que reconocer que los hemos olvidado y dejado a su suerte, tanto en el reconocimiento como en la implementación de políticas, pues es sabido que les permiten procesos más ágiles, la atención pronta a sus demandas y demás elementos que les otorguen un trato equitativo con otros productores.

El análisis de la situación a la que se enfrenta el agro mexicano ofrece un panorama complicado, pues somos testigos de ciclos de temporal cada vez más inestables que impactan de diversas formas a la producción agrícola, ganadera, pecuaria y pesquera.

En materia agrícola somos testigos de ciclos inestables en las temporadas de sequías o lluvias, lo que impacta directamente a la producción de diversos productos en las 22 millones de hectáreas con que cuenta el país, pues registramos regiones que mantenían varios lustros en sequía y otras que constantemente sufren de inundaciones y heladas.

Los estados del norte del país han sido los más castigados por la sequía, mientras que los del centro y sur, por las heladas e inundaciones, respectivamente. Tales efectos son resentidos por los productores ganaderos, pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, en los últimos tres años el hato nacional ha registrado el descenso del 25 por ciento, pasando de 30 millones en 2001, a 22.5 millones de cabezas de ganado este año.

Somos conscientes que debido al cambio climático la cadena productiva agrícola es más frágil y que la ausencia o excesos de lluvias marcan el destino de empresas completas. Así, ante fenómenos de sequía, los ganaderos deben optar por vender su hato antes de completar el ciclo de engorda, sacrificar e incluso dejar morir a su ganado.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza se une a las consideraciones que buscan que en el agro mexicano se cuente con la certeza jurídica que permita que los recursos destinados a estos productores lleguen en tiempo y forma, sobre todo porque los procesos de las dependencias en ocasiones han sido muy tardadas y cuando llegan a los solicitantes casi siempre esto es fuera de tiempo.

Otro de los beneficios que consideramos importantes del dictamen en cuestión es que a través de sus propias organizaciones los interesados se informarán de los programas, las convocatorias y los temas de su interés, a fin de optimizar recursos y procesos, evitando el intermediarismo que retrasa la llegada de los mismos e incluso los pervierte en provecho de otras actividades que no son las destinadas.

Al establecer como obligación de estos organismos la difusión entre todos sus asociados de los programas de apoyos gubernamentales encaminadas al sector, sin duda damos un paso en beneficio de estos productores. Sin embargo, es claro que tendremos que seguir trabajando para que en el futuro cada productor, sin necesidad de pertenecer a una organización, cuente con información y acceso voluntario a los programas y políticas gubernamentales que requiere.

Convencidos del beneficio de esta medida es que el Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza dará el voto a favor de la presente iniciativa. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, son innumerables los graves problemas que el sector agropecuario ha tenido y tiene en el país. Diversos factores externos, tanto naturales como humanos, han contribuido a su decadencia y la ganadería no ha sido la excepción.

Las sequías, inundaciones y epidemias son una constante en la vida diaria de los ganaderos, los cuales han visto perdido en su totalidad su patrimonio. Son éstas las situaciones —entre otras más— en las que los programas del gobierno federal deben tener una aplicación real directa. Sin embargo, su desconocimiento ha originado que pocos se beneficien de los mismos.

Es precisamente la divulgación de los programas de apoyo a este sector uno de los temas olvidados por las asociaciones ganaderas, dado que la ley de la materia ha sido omisa.

Es por ello que al contemplar en la Legislatura la obligación de difusión por parte de las asociaciones ganaderas de los programas de apoyos federales se logrará una mayor y mejor aplicación y aprovechamiento de los mismos.

Con lo anterior, se logrará un crecimiento productivo, económico del sector ganadero, contemplando nuevas opciones de los financiamientos, producción y de venta.

Por ello, el dictamen que se somete hoy a consideración de este pleno enmarca la importancia de tener igualdad en el acceso a los apoyos que en el estado se proporcionan al sector ganadero. Dichos apoyos no solo deberán ser para grandes productores, sino también para criadores en pequeña escala, los cuales no cuentan con la posibilidad de acceder a los apoyos por falta de orientación, pero sobre todo del conocimiento.

Los programas que la Sagarpa ofrece son vistos como una utopía, pues pocos productores acceden a ello. Por ende, es importante que en el interior de las asociaciones ganaderas se dé conocimiento en tiempo y forma de los programas sociales a los que pueden acceder para incrementar su producción.

Compañeras y compañeros, en el Partido del Trabajo consideramos que los factores que mejoran la correcta aplicación de los programas sociales, no solo en el sector ganadero sino en todos los ámbitos, son la flexibilidad de las reglas de operación. Dotando de esa manera de información clara y precisa sobre los tiempos, requisitos y alcances de los programas que se ofrecen, pues en eso recae el éxito de los mismos.

Que los recursos económicos destinados a estos programas se utilicen y no se regresen a la federación por subejercicio. Ello ante la falta de solicitantes que desconocen de los mismos.

Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen, como un ejercicio de transparencia que plantea la reforma dictaminada, esperando que los ganaderos mexicanos se beneficien con los programas destinados a este sector. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada María Fernanda Romero Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada María Fernanda Romero Lozano:Muchas gracias. Muchos son los motivos que le dan al campo gran importancia económica y social, pues de éste depende el suministro de alimentos, la provisión de materias primas para la industria, así como el equilibrio y biodiversidad ecológicos, convirtiéndolo en eje estratégico nacional.

Sin embargo, el contexto del sector rural es poco favorable, el proceso de urbanización, el crecimiento demográfico acompañado de una alta marginación y la globalización han propiciado un constante deterioro de las condiciones de vida de los campesinos, dejándolos en situaciones de pobreza comparables a las de países con economías de menor tamaño que la nuestra. La cara de la pobreza del país se refleja en la cara de nuestro campo mexicano, debilitado y olvidado.

En las últimas décadas el sector rural ha sido afectado de forma importante por las recurrentes crisis económicas, al tiempo que ha sido prácticamente relegado por el modelo productivo del país. Prueba de ello es que cerca del 50 por ciento de los ingresos de este sector proviene de actividades no agrícolas.

Aunado a lo anterior, pese a que México posee una gran diversidad ecológica, gran parte de su territorio no tiene las características óptimas para el desarrollo de las actividades agrícolas, pues cerca del 50 por ciento del territorio nacional es desértico o montañoso y el 63 por ciento del territorio nacional es malo para las actividades rurales. Tales hechos han propiciado que en los últimos años el sector agropecuario se caracterice por un ritmo de crecimiento menor al de otros sectores, así como una mayor volatilidad, que da como resultado un mayor riesgo en la producción.

Algunos segmentos y productos del sector han crecido y prosperado, pero únicamente los que provienen de grandes empresas agroindustriales enfocadas a la exportación, lo que ha propiciado una marcada polarización de nuestro campo.

Pese a la existencia de escasos ejemplos exitosos, el desarrollo agropecuario no es el óptimo, prueba de ello es que la contribución de la economía rural al PIB y su capacidad para generar ingresos a los productores se han reducido dramáticamente. El sector agrícola apenas representa el 6.8 del PIB nacional.

Por otra parte, en México la población rural se estima actualmente en 26 millones de personas, pero dos de cada tres mexicanos que viven en pobreza extrema están en el campo. Coneval afirma que la pobreza en el medio rural afecta al 64.5 por ciento de su población, mucha de la cual vive de las remesas provenientes de Estados Unidos de América y del autoconsumo.

La necesidad de fortalecer al campo es evidente. Actualmente la Sagarpa destina gran parte de su presupuesto en otorgamiento de apoyos a productores. Estos apoyos son de vital importancia para el desarrollo del campo, pues representan para los productores fuentes de ingreso, crédito productivo, insumos y la posibilidad de ampliar su infraestructura y capacidad productiva. No obstante esto, muchos productores no logran acceder a ello debido a falta de información o del desconocimiento total de los programas, convocatorias, requisitos y fechas.

Ante este escenario desfavorable, las organizaciones campesinas, en específico las organizaciones ganaderas, pueden y deben fungir como un enlace entre el gobierno y los productores para recibir la información de los programas de apoyo de los distintos órdenes de gobierno y difundirlas entre sus agremiados.

También debe evitarse todo subejercicio. Es necesario que la totalidad del Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal sea ejercido y los productores no pierdan apoyos que pueden ponerlos en igualdad de circunstancias con sus competidores internacionales, y de esta manera, proteger la economía agropecuaria de México, tal como lo hacen los países desarrollados.

El campo pasa por una situación complicada. No dejemos que sigan siendo equivocadas las políticas públicas en materia agropecuaria. Debemos apoyar políticas que articulen a los pequeños productores a grandes canales de distribución.

Es necesario que los apoyos y programas gubernamentales del campo sean entregados a todos los interesados sin hacer distinción. Para no beneficiar a unos cuantos o, en su defecto, utilizar el recurso para otros fines que no se ven reflejados en este sector.

Por las razones anteriormente citadas, votaremos a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

La participación de todos los integrantes de asociaciones ganaderas, el conocimiento de los beneficios de los programas gubernamentales y una adecuada política pública debe estar encaminada a mitigar la pobreza, la marginación y la migración de nuestros campesinos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

Aprovecho la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos provenientes de Pachuca, Hidalgo, que están aquí invitados por el diputado Víctor Velasco. Bienvenidos a la sesión.

El diputado Héctor Narcia Álvarez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la ganadería es una actividad de gran importancia en México por su aporte a la economía y al desarrollo nacional. El alto valor nutritivo que tienen los productos provenientes de la industria la convierten en una pieza fundamental para garantizar a la población a acceso a una alimentación sana, suficiente, balanceada y de calidad. Se estima que el sector ganadero representa el 45 por ciento de la producción agropecuaria en el país y éste genera más de un millón de empleos remunerados y permanentes, sin contar que además impulsa el desarrollo de otras industrias relacionadas, con lo cual contribuye a la ampliación de la planta productiva y la oferta laboral.

Aunque la actividad ganadera ha sido tradicionalmente una historia rentable, en los últimos años —al igual como ocurre en términos generales con las actividades agropecuarias— ésta se ha enfrentado a un panorama complejo derivado de varios factores, entre los que destacan severas sequías que ha provocado el cambio climático en diferentes regiones del país, así como el alza constante del costo de los insumos que se utilizan para la producción.

Lo anterior ha hecho necesario incrementar los estímulos al sector pecuario, a través de la transferencia de recursos económicos, para garantizar la continuidad de ésta importante fuente de empleo e ingresos cuyo deterioro impactará significativamente en el desarrollo nacional.

Los apoyos estatales están encaminados a fortalecer al sector, elevando la productividad y competitividad, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, sin descuidar otros fines igualmente valiosos, como cuidar que el aumento de la producción no implique en el deterioro del medio ambiente, o preservar la riqueza genética pecuaria de nuestro país.

Para superar con éxito los retos a los cuales se enfrenta el sector ganadero en México, las asociaciones o uniones de productores juegan un rol muy importante. La organización de los productores rurales es valorada como uno de los factores más significativos para el desarrollo de las actividades agropecuarias.

A través de la asociación ha sido posible la obtención de mejores rendimientos por parte de los productores ganaderos, tanto en los procesos productivos primarios como en la industrialización y comercialización de los productos.

Nuestro país cuenta con una larga tradición organizativa en el sector ganadero, cuya fuerza y proyección se vio reflejada desde 1936 en una ley, la cual ha sido de gran utilidad para el desarrollo de la ganadería mexicana.

Actualmente en México existen más de dos mil asociaciones de productores que combinan la protección de los derechos de los asociados con la promoción de las actividades productivas que realizan.

Cabe resaltar que las organizaciones ganaderas no son simples asociaciones privadas reguladas por el derecho común, pues éstas son consideradas de interés público y, en consecuencia, se rigen por ordenamientos del mismo carácter. Esta situación implica que las organizaciones ganaderas agrupadas bajo el derecho público tienen de manera natural preferencia en los apoyos y estímulos que aporta el gobierno a los productores.

El precepto anterior contemplado por la propia ley tiene su fundamento en el hecho de que esta clase de organizaciones realizan tareas primordiales que redundan en el beneficio colectivo desde el punto de vista económico y social.

En virtud de que los ganaderos organizados gozan de preferencia en la asignación de los apoyos que otorga el sector público, resulta conveniente que las asociaciones brinden a sus integrantes la información necesaria para conocer los beneficios de los programas gubernamentales, con la finalidad de que su distribución sea lo más equitativa posible, de manera tal que éstos sean aprovechados por todos los productores del sector.

Por lo aquí expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, con objeto de que los programas de apoyos gubernamentales encaminados al sector tengan mayor y mejor difusión. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot:Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Como preámbulo comentaré a ustedes que es preciso señalar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el artículo 143, fracción I, señala que las organizaciones de la sociedad rural podrán difundir los programas oficiales y otros instrumentos de la política del campo.

Sin embargo, esta legislación no ha sido suficiente, ya que cada año el Programa Especial Concurrente de la Sagarpa presenta graves subejercicios, porque la dependencia federal no cuenta con una política de comunicación permanente para que los productores del campo mexicano conozcan de los proyectos productivos, y de manera concreta, los que tienen que ver con la ganadería. Pero no solo es la falta de una política de comunicación de la Sagarpa.

Con las organizaciones de la sociedad rural los titulares de esta dependencia del gobierno federal en los últimos tres sexenios han sido insensibles para atender las necesidades de los productores del campo mexicano, sobre todo cuando se ven afectados por la especulación y la manipulación que imponen en los precios de los productos alimentarios en el mercado mundial las empresas trasnacionales, como es el caso tan sonado del azúcar. Y en el caso de la ganadería con los graves problemas de sequía e inundaciones.

En la presente administración contamos con un secretario, el señor Martínez y Martínez, prácticamente sordo, ciego, ante la problemática que se vive, pareciera que aplica fielmente una política que se vivió en el sexenio pasado en el estado de México, donde quien a su paso como gobernador de esa entidad impuso una política en donde los problemas de alto impacto, de corrupción o de organizaciones no afines al PRI, no fueran atendidas por los titulares de las secretarías responsables y olvidar las demandas o denuncias de la ciudadanía para que se pudrieran o se olvidaran.

Recientemente incluso hemos escuchado a diputados del PRI que se han quejado, que han cuestionado a los secretarios del gobierno por no atender las llamadas de gestión de los legisladores.

Uno de ellos —que estuvo recientemente— fue el secretario de Hacienda. En este sentido, porque él es el responsable de hacer cumplir con el Presupuesto de Egresos otorgado a la Secretaría y por no evitar los altos indicadores del subejercicio del presente año.

Compañeras y compañeros legisladores, por estos motivos tenemos que aprobar este proyecto de decreto para dotar de mayores facultades a las organizaciones del campo mexicano, para que conozcan los proyectos que van dirigidos a su sector. Esto es, que son los beneficiados y los lleven a mejorar la producción ganadera del país, pero también para reclamar a los titulares del gobierno federal que cumplan con las funciones normativas que en su conjunto el Congreso de la Unión les mandata.

El que cada ganadero tenga la oportunidad de conocer, por medio de su organización, todos los apoyos gubernamentales encaminados a este sector, representa para nuestro país, desde un punto de vista social, productivo y económico, una certeza de igualdad de oportunidad. Esto conllevará un mejor nivel de desarrollo rural sustentable.

El Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola, es la continuación sin duda alguna, pero además teniendo una nueva visión de impulso a la productividad y adopción de tecnologías, así como apoyo al ciudadano y mejoramiento de los recursos naturales de las áreas ganaderas.

También abre su cobertura para atender a la ganadería bovina productora de carne y con el doble propósito en el sistema de pastoreo para la producción de leche de bovino en sistemas familiares, a la producción caprina y apícola. Asimismo en la búsqueda de una mayor equidad en los beneficios se dan apoyos diferenciados para las diferentes escalas de productores.

Compañeras y compañeros legisladores, esta Cámara para el presente ejercicio designó 4 mil 350 millones de pesos para este programa, para este sector ganadero. Sin embargo, dichos apoyos muchas veces no son utilizados por el desconocimiento de los mismos ganaderos. Por tal razón debemos aprobar este dictamen.

El Partido de la Revolución Democrática —al cual pertenezco— dará su voto a favor, porque sin duda alguna es un avance en beneficio de la sociedad y todo lo que sea para beneficio jamás el PRD regateará su apoyo. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN el diputado Raudel López López.

El diputado Raudel López López:Con su permiso, presidente. El dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas nos plantea la problemática de la que muchos de nosotros hemos sido testigos en nuestros distritos.

El poco acceso a la información por parte de todos los integrantes de las organizaciones ganaderas de nuestro país, y a su vez esta problemática impacta en el desarrollo económico, tanto local como nacional.

En cuanto a niveles de apoyos gubernamentales, éstos han alcanzado cada año mayor porcentaje en los ejercicios fiscales. Sin embargo, la información para el acceso a los programas de apoyo no están regulados, no hay una obligatoriedad en cuestión de la difusión. Esto constituye a nivel nacional una falta de equidad entre los productores, y por consecuencia un diferente crecimiento entre ellos. Todo esto se viene traduciendo a depender de la buena voluntad de cada líder de las organizaciones.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al igual que en la Comisión de Ganadería —de la cual soy secretario— siempre hemos estado al pendiente de una mejor distribución de todos los apoyos federales, ya que en nuestro país es de suma importancia impulsar el crecimiento, pero que sea un crecimiento justo, lateral e igualitario entre todos.

Por otra parte, uno de los mayores derechos que tiene una persona es y será el libre acceso a la información. Esto aunado con la participación de cada productor resultará en un beneficio cada vez mayor a la proporción de su conocimiento y su decisión de participar o declinar en los mismos programas.

Basta ya de que sean siempre los mismos los que tengan acceso a estos beneficios. Basta de que los coyotes se aprovechen de este vacío legal aún existente. Basta ya de que solo ciertas cúpulas de líderes sean siempre los mismos beneficiarios de estos programas.

México es un país rico en recursos naturales y con gran potencial para el desarrollo de la ganadería, pues tenemos una amplia superficie de kilómetros cuadrados que permiten la cría y desarrollo de diferentes tipos de ganado. Adicionalmente cuenta con una diversidad de climas y especies susceptibles de ser creadas, como son las más comunes el ganado bovino, el porcino, el ovino, entre otros muchos.

La propia Sagarpa ha reconocido que entre las debilidades que limitan el desarrollo del sector ganadero está el marco legal y normativo. La carencia de regularización para que organizaciones difundan los programas federales y de esto resulta la poca inversión privada y gubernamental, la carencia de tecnologías para la obtención de mejores razas y la falta de coordinación institucional y la baja prioridad que se otorga a las actividades del campo.

Nosotros como Poder Legislativo es nuestra obligación realizar leyes donde lo que se busque sea el crecimiento como un conjunto total y no solo a grupos de particulares.

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 3o., fracción XVI, se debe dar difusión de los diversos programas y beneficios económicos que se deriven de la aplicación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en vista de la importancia que reviste la protección jurídica de todos nuestros productores ganaderos.

La presente iniciativa propone una pequeña modificación al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, pero es una muy profunda en cuanto a su fondo, ya que puede ser la punta de lanza para que demás leyes en materia del campo hagan lo propio, pues debe ser obligación legal la difusión de todos los programas federales entre los integrantes de todas las asociaciones del ramo.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Partido Acción Nacional votaremos de manera positiva el dictamen del proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a fin de proteger el acceso a los programas federales por parte de todos los productores ganaderos de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, tiene la palabra el diputado Genaro Ruiz Arriaga, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

Aprovecho para saludar la presencia aquí del alcalde de Tezontepec, Hidalgo, Azael Hernández Cerón, que nos acompaña y está invitado por la diputada Adriana González. Bienvenido, alcalde.

El diputado Genaro Ruiz Arriaga:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es la encargada de establecer programas y acciones tendientes a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales.

La emisión de programas de apoyo al sector permite que esta productividad, competitividad y sustentabilidad de la ganadería esté orientada no solo a la producción de carne sino también a la obtención de leche, huevo, miel, lana y otras de interés zootécnico, con lo cual los apoyos permiten realizar toda una amplia gama de actividades muy importantes.

Sin embargo, la falta de conocimiento por parte de los productores sobre la existencia de éstos, de los trámites a realizar, de la imposibilidad del traslado a las dependencias para iniciar las gestiones correspondientes —entre otras circunstancias— ocasiona que no se cumpla con algún requisito y no se pueda ser beneficiario de los mismos.

Actualmente es fundamental la difusión de los beneficios contenidos en ellos, ya que el sector ganadero ha sufrido graves consecuencias económicas derivadas del efecto del cambio climático. Entre ellos las constantes inundaciones o bien las sequías que azotaron hace no muchos años y meses a buena parte de nuestra geografía, fenómenos que produjeron la muerte de miles de cabezas de ganado.

Como una muestra de la necesidad de difundir ante los productores los alcances de los programas, recordemos que durante el último periodo de receso fue presentada una proposición con punto de acuerdo a través de la cual se exhortó a la Sagarpa a hacer pública la información respecto a las erogaciones realizadas con el 1.8 por ciento del presupuesto del Procampo.

Asimismo la Cámara de Diputados asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, 4 mil 350 millones de pesos a Progan, para el apoyo del sector ganadero. Sin embargo, dichos recursos muchas veces no son utilizados por el desconocimiento de los mismos productores.

Por lo anterior, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que adiciona la fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, con el propósito de que uno de los objetivos de dichas organizaciones sea de difundir entre todos sus asociados los programas de apoyo gubernamentales encaminados hacia su sector.

Es una realidad innegable que con la aprobación de este dictamen se dotará de certeza jurídica para que los productores conozcan, identifiquen y reciban los beneficios de los programas, rompiendo así las barreras que impidan la cobertura de aquellos dedicados a impulsar el aprovechamiento y crecimiento del sector pecuario y que de esta manera, con base en una información adecuada, se tenga la libertad de decidir sobre la participación o la declinación de los mismos.

Si cada productor tiene la posibilidad de conocer por medio de su organización sobre los apoyos gubernamentales enfocados al sector, esta circunstancia representa para nuestro país una importante contribución en materia de certeza e igualdad de oportunidades, lo que vendrá a privilegiar un mejor nivel de desarrollo rural sustentable.

Mi reconocimiento al diputado Raudel por esta iniciativa que demuestra su interés y preocupación porque nuestra gente del campo tenga mayores elementos para el desarrollo de sus actividades. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto en el Senado mexicano.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto en el Senado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fue turnada, para su análisis y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40, numeral 2, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

1. El 28 de febrero de 2013 se presentó al pleno de la Cámara de Senadores la Iniciativa de urgente resolución suscrita por senadoras integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto para adicionar el artículo 100 Bis, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El proyecto de decreto fue aprobado por 79 votos a favor y fue turando para continuar con su proceso legislativo a la Cámara de Diputados, para los efectos del Apartado a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La minuta fue recibida formalmente por el presidente de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del día 5 de marzo de 2013 y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

4. La minuta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3721-I, el martes 5 de marzo de 2013.

Contenido de la minuta

1. La minuta referida propone crear en la Cámara de Senadores el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica a favor de la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género.

2. Se pretende que el Senado de la República celebre sesión solemne en marzo de cada año, para hacer entrega de dicho reconocimiento. A la sesión solemne se invitará a las y los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, titulares de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción, defensa e investigación de los derechos humanos de las mujeres, así como de las universidades e instituciones educativas del país.

3. El motivo principal de la iniciativa presentada en el Senado por legisladoras integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género es reconocer “que las mujeres comenzaron a participar activamente en áreas de desempeño laboral y profesional en las que no habían incursionado años atrás. Pero ni las leyes, ni las convenciones sociales, ni la sociedad en general han reconocido aun debidamente el papel fundamental que la mujer desempeña de forma destacada en la lucha por sus derechos humanos y la igualdad de género en México”.

4. En el mismo sentido, las promoventes proponen que sea la propia Comisión para la Igualdad de Género quien delibere cual será la mujer acreedora al reconocimiento, derivado de su lucha y trabajo constante en favor de la igualdad de género.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la minuta enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Actualmente no existen reconocimientos promovidos desde el Congreso mexicano, que se entreguen a mujeres cuya labor se distinga por su contribución nacional al desarrollo de nuestro país.

3. El apellido Carrillo Puerto ha destacado a través de nuestra historia por la contribución y trayectoria política de Felipe Carrillo en tiempos de la Revolución; sin embargo, poco se sabe y reconoce la labor de su hermana Elvia, quien dio importantes aportaciones en el ámbito de la protección a los derechos humanos, así como en la formación de indígenas mayas en Yucatán, y al mismo tiempo, constituyó un pilar dentro de la lucha antireeleccionista en la época maderista.

4. Elvia fue una de las primeras mujeres que, como bandera de lucha, adoptó la postura de solicitar a los supremos poderes de la nación el derecho de votar de las mujeres. Asimismo, ella fue la primera mujer en México electa como diputada.

5. A Elvia Carrillo Puerto se le puede reconocer entre otras cosas, por ser una mujer yucateca, socialista, a la altura de su tiempo y una de las mejores mentes del momento. Por su incansable lucha se le apodó “La monja roja”.

6. El trabajo destacado de Eliva fue perseguido y minimizado por los gobiernos posteriores al de Madero, que la sacaron de su propio estado y evitaron que continuara en el ejercicio de cargos públicos.

7. Antes de su muerte, en 1967, los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortinez reconocieron la lucha de Elvia y le otorgaron premios como veterana de la Revolución.

8. En tal sentido, esta dictaminadora concuerda con la opinión de las promoventes respecto a “reconocer el trabajo de las mujeres que han trabajado en el reconocimiento, fortalecimiento, defensa, ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, en cualquier ámbito de la vida pública”.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos aprobar en sus términos el contenido de la minuta que presentamos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea con el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 100 Bis.

1. De acuerdo con el decreto por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que otorga el Senado, se deberá cumplir lo siguiente:

a) El Senado de la República celebrará sesión solemne en el mes de marzo de cada año, para hacer entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la mujer que haya sido acreedora al mismo por su destacada labor en el reconocimiento, defensa, protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país.

b) A la sesión solemne se invitará a las y los titulares del Poder Ejecutivo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, titulares de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción, defensa e investigación de los derechos humanos de las mujeres, así como de las universidades e instituciones educativas del país.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Elvia Carrillo Puerto, la Monja Roja del Mayab, http://www.cimacnoticias.com.mx/node/37937.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión ordinaria del día 20 de junio de 2013.

2 http://cernicalo-mispublicacionesrecientes.blogspot.mx/2012/05/elvia-carrillo-p uerto-la-monja-roja.httml

3 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en la Gaceta del Senado de la República, el 28 de febrero de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene la palabra la diputada María del Rocío Corona Nakamura.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante ustedes, a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el dictamen por el que se adiciona un artículo 100 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear en la Cámara de Senadores el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto.

El dictamen que hoy ponemos a su consideración atiende a una minuta enviada a esta Cámara por el Senado de la República en sesión ordinaria del día 5 de marzo de 2013, con el fin de crear en la Cámara de Senadores el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica a favor de la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género.

Esta comisión se dio a la tarea de analizar el contenido de la minuta referida y encontró elementos suficientes para dictaminarla en sentido positivo. Con la aprobación de este dictamen se pretende que el Senado de la República celebre una sesión solemne en el mes de marzo de cada año para hacer entrega de dicho reconocimiento.

A la sesión solemne se invitará a los titulares y las titulares del Poder Ejecutivo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, los titulares de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción, defensa e investigación de los derechos humanos de las mujeres, así como de las universidades e instituciones educativas del país.

El motivo principal de la iniciativa presentada en el Senado por las legisladoras integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género es reconocer —cito textualmente un párrafo de la iniciativa— que las mujeres comenzaron a participar activamente en áreas de desempeño laboral y profesional en las que no habían incursionado años atrás. Pero ni las leyes, ni las convenciones sociales, ni la sociedad en general han reconocido aún debidamente el papel fundamental que la mujer desempeña de forma destacada en la lucha por los derechos humanos y la igualdad de género en México. Concluyo la cita.

Es importante destacar que actualmente no existen reconocimientos promovidos desde el Congreso mexicano que se entreguen a mujeres cuya labor se distinga por su contribución nacional al desarrollo de nuestro país.

No sobra precisar que el apellido Carrillo Puerto ha destacado a través de nuestra historia por la contribución y trayectoria política de Felipe Carrillo Puerto en tiempos de la Revolución. Sin embargo, poco se sabe y reconoce la labor de su hermana Elvia, quien dio importantes aportaciones en el ámbito de la protección a los derechos humanos, así como en la educación de indígenas mayas en Yucatán. Y al mismo tiempo constituyó un pilar dentro de la lucha antireeleccionista en la época maderista.

Elvia fue una de las primeras mujeres que como bandera de lucha adoptó la postura de solicitar a los supremos poderes de la nación el derecho de votar de las mujeres. Asimismo ella fue la primer mujer en México electa como diputada.

A Elvia Carrillo Puerto se le puede reconocer —entre otras cosas— por ser una mujer yucateca socialista a la altura de su tiempo y una de las mejores mentes del momento.

El trabajo destacado de Elvia fue perseguido y minimizado por los gobiernos posteriores al de Madero, que la sacaron de su propio estado y evitaron que continuara en el ejercicio de cargos públicos. Antes de su muerte, en 1967, los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines reconocieron la lucha de Elvia y le otorgaron premios como veterana de la Revolución.

En tal sentido, esta dictaminadora concuerda con la opinión de las promoventes, respecto a reconocer el trabajo de las mujeres que han trabajado en el reconocimiento, fortalecimiento, defensa y ejercicio de protección de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en cualquier ámbito de la vida pública.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen y solicitamos su voto a favor. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Estimadas diputadas y estimados diputados, al final del siglo XIX a lo largo y ancho del mundo el papel de las mujeres se reducía principalmente al cuidado del hogar, a ser madres, y en el mejor de los casos, a ser educadoras. Ése fue el tiempo que le tocó vivir a Elvia Carrillo Puerto, quien en 1878 vio la luz en el pueblo de Motul, a 44 kilómetros de Mérida, Yucatán.

Desafortunadamente en el contexto histórico mexicano el predominio masculino ha detenido durante mucho tiempo las posibilidades de aportación de las mujeres, se ha segregado, y con esto se ha detenido también el desarrollo nacional. Ése es el México que a muchas mujeres les ha tocado enfrentar: el no reconocimiento, la infravaloración, la falta de oportunidades y el olvido de sus esfuerzos para hacer de este México un México mejor.

Desde su infancia, Elvia supo de las inquietudes de otras mujeres que como ella se hicieron conscientes de la injusticia con la que eran tratadas y de la doble moral de la sociedad hacia ellas. Situación que a 137 años desafortunadamente la sociedad mexicana aún reproduce, sin importar edad, condición económica o nivel de instrucción académica.

Ver la pobreza de cerca le permitió ser consciente de las desigualdades sociales, la explotación, las necesidades y la urgencia por cambiar esta situación, en especial de las mujeres, conciencia que fortalecería el espíritu de quien con el tiempo sería llamada La Monja Roja. Casada a los 13 años, madre y viuda a los 21. Fue taquígrafa, maestra y activista en la rebelión de 1910.

Con estas convicciones, en 1912 formó la primera organización campesina femenina para incorporar en la política agraria los derechos de las mujeres. Las ideas sobre el control natal y el amor libre en el Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México en 1923 fueron propuestas suyas. Sin embargo, la solicitud del voto femenino fue una convicción común y sería su bandera de batalla, aunque ésta no se cristalizó hasta 30 años después, el 17 de octubre de 1953.

Sus esfuerzos hicieron posible la primera representación femenina en el cabildo de Mérida, para la maestra Rosa Torres G. en 1922. Al año siguiente, el Congreso yucateco recibió a las primeras diputadas en el estado y en el país, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero. Sin embargo, por órdenes de Adolfo de la Huerta, la regidora Rosa Torres fue renunciada falsificando su firma, mientras que las diputadas Beatriz y Raquel fueron hostigadas, al grado de tener que dejar su curul, e incluso Elvia fue escoltada por militares hasta dejar Yucatán.

Ese mismo año, con la promulgación del derecho al voto femenino en San Luis Potosí, presentó su candidatura, ganó en las urnas y posteriormente fue despojada. La lucha de esta mujer incansable terminó con su muerte, tras la ardua batalla de hacer visibles los derechos de las mujeres mexicanas.

Honrar a las mujeres con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto por su destacada labor en la defensa, protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país es admitir el trascendental papel que asumen actualmente las mujeres mexicanas.

Con la aprobación del presente dictamen, el Senado de la República será la instancia responsable en distinguir a una mujer con este reconocimiento el 8 de marzo de cada año, fecha con que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Que sirva tal reconocimiento a todas aquellas mujeres que desde su ámbito, día con día se enfrentan a la exclusión por género. A todas aquellas que con tesón y perseverancia han logrado superar el paradigma para el cual su destino estaba dictado y predeterminado. A todas aquellas mujeres que han dado su vida por lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres.

Con el voto a favor del dictamen abonamos a hacer efectivas las carencias de quien con su obra puso en alto sus convicciones y es pieza fundamental en la conformación del Estado mexicano. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expreso nuestra intención de votar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En este artículo 100 Bis que se propone adicionar se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, que el Senado de la República deberá entregar en sesión solemne durante el mes de marzo de cada año.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la creación de este reconocimiento, ya que se rinde un justo homenaje a una mujer vanguardista, a una incansable luchadora por la obtención del voto femenino y a una mujer que siempre estuvo al lado de los oprimidos en su natal Yucatán y en el país.

La vida de Elvia Carrillo Puerto deja traslucir una luchadora tenaz y sistemática en contra de la exclusión de que eran objeto las mujeres. Fue hermana de Felipe Carrillo Puerto, y junto con él participó en la creación y consolidación del histórico Partido Socialista del Sureste.

Al igual que Felipe, enfrentó la persecución de la aristocracia henequera en Yucatán. Sin embargo, sus sólidas condiciones de izquierda nunca le hicieron menguar en la intensidad de la lucha.

Sin lugar a dudas su intensa actividad política en la península se vio favorecida por un gobierno progresista, como lo fue el del general Salvador Alvarado. Sin embargo, el levantamiento de Adolfo de la Huerta y el asesinato de su hermano Felipe, en enero de 1924, impidieron que las ideas progresistas y de vanguardia siguieran aplicándose en Yucatán.

Ella supo siempre que el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres pasaba necesariamente por su acceso al sistema educativo, ya que de esta manera estarían en condiciones de transformarse ellas y transformar sus condiciones materiales de vida.

Elvia Carrillo Puerto fue una sufragista convencida. Luchó para que las mujeres pudieran votar y ser electas, situación que se alcanzó hasta 1953, en virtud del decreto publicado el 17 de octubre de ese año, que establece que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres.

Dentro de pocos días se conmemorará en México el LX aniversario del otorgamiento de voto de las mujeres en las elecciones federales. Esto sin duda fue un logro de muchas mujeres, entre ellas de Elvia Carrillo Puerto.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vemos con satisfacción que este reconocimiento se otorgue durante el mes de marzo de cada año. Lo deseable es que sea el 8 de marzo, en donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sabemos que este reconocimiento se da como resultado de la lucha de infinidad de mujeres por tener un México más justo y más democrático. Sabemos que la lucha de Elvia Carrillo Puerto es la lucha de cientos de miles de mujeres y que a final de cuentas, cuando se honre a una en particular con este premio se está honrando a todas.

Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. El dictamen que hoy se discute tiene por objetivo la creación del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, día internacional cuyo objeto es el de promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.

La lucha femenina por ejercer el derecho a votar en México comenzó entre los años 1884 y 1887, cuando por primera vez la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada por Laureana Cruai González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino.

Hacia 1910 diversas asociaciones se unen a Francisco I. Madero, entre ellas el Club Femenil Antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc, las cuales protestarían por el fraude en las elecciones, donde demandaban la participación política de las mujeres mexicanas.

En 1923, en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada, de izquierda, al Congreso local en el V distrito, aun cuando las mujeres en México carecían del derecho al voto. Aunque tiempo después renunciaría a su encargo ante las amenazas de muerte que recibió.

Elvia Carrillo Puerto luchó por el control de la natalidad, la libertad sexual, el divorcio y especialmente por el derecho al voto de las mujeres en México, por los derechos de las mujeres indígenas, campesinas mayas y las obreras mexicanas.

El presidente Lázaro Cárdenas en 1937 envió al Congreso la iniciativa que modificaba el artículo 34 de la Constitución, que permitiría al sector femenino ejercer el sufragio. No obstante, bajo el argumento de que el voto femenino pudiera verse influenciado por la Iglesia, la misma familia revolucionaria decidió no concluir el proceso legislativo.

El tema no volvió a discutirse hasta que Miguel Alemán llegó al poder. Pero no tuvo el suficiente impulso para que el voto femenino se lograra a nivel federal. Fue hasta finales de 1937 en una de las primeras jornadas electorales realizada en Chiapas, donde la mujer mexicana finalmente ejerció un derecho injustamente negado por décadas.

Sin embargo, el gobierno con un sistema fraudulento se hizo presente y más tardaron las mujeres en votar que en ser reprimidas violentamente. Tal es el caso de la activista de nombre María Herrán, quien murió defendiendo el sufragio efectivo del que tanto presumía el sistema político mexicano. El 3 de julio de 1955 quedó registrado en la historia política de México como la primera vez que la mujer mexicana emitió su voto en las elecciones federales.

Las mujeres a lo largo de la historia política en nuestro país han participado activamente en áreas de desempeño laboral y profesional. Pero ni las leyes ni la sociedad en general han reconocido debidamente el papel fundamental que la mujer desempeña de forma destacada en la lucha por sus derechos humanos y la igualdad de género.

En Movimiento Ciudadano estamos a favor de reconocer el trabajo de las mujeres que han trabajado en el reconocimiento, fortalecimiento, defensa, ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en cualquier ámbito de la vida pública.

En la vida política actual se ha logrado la equidad de género y el rechazo de la idea de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, siendo un gran componente de la democratización.

En el Senado de la República ya se cuenta con la presea Belisario Domínguez, que es otorgada a las mujeres y a los hombres mexicanos cuya actividad pública los ha distinguido por su entrega al servicio de México, y en la Cámara de Diputados se otorga un distintivo en honor a Eduardo Neri. Sin embargo, la presea Elvia Carrillo Puerto será la primera que se otorgará a las mujeres que han puesto en alto el nombre de México.

Estamos a favor de que a través de la creación del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto se logre reconocer a todas aquellas mujeres que han desempeñado una gran labor a favor de México, ya que la presencia activa de las mujeres en movimiento se ha hecho evidente en todos los ámbitos. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Teresita Borges Pasos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos:Con su venia, señor presidente. Como yucateca es un orgullo para mí presentarme con este tema tan especial. Los derechos de las mujeres son de los asuntos más importantes en las diferentes agendas de la vida pública. Desde diversos ámbitos se lucha para hacer efectiva la igualdad respecto de los hombres.

Las batallas para lograr condiciones más equitativas para las mujeres en lo público y en lo privado llevan al menos un siglo en este país y en el tránsito se ha logrado el sufragio para la mujer, se ha avanzado en cuestiones de acceso a la educación, a la salud, a los salarios más paritarios.

Sin embargo, poco se ha reconocido dentro de esta lucha la labor de las mujeres que, como Elvia Carrillo Puerto, han realizado acciones en materia de derechos humanos y de asuntos de construcción de igualdad de género. Su labor no se ha visibilizado y menos aún reconocido, pese a tratarse de algo que ha aportado a la construcción de nuestro país.

Los referentes que empleamos en las celebraciones del 8 de marzo de cada año suelen no necesariamente remitirnos a reconocer a las mujeres mexicanas que desde sus ámbitos de la vida pública han defendido y fortalecido la defensa y el ejercicio de este tipo de derechos.

Me congratulo con la propuesta que un grupo de legisladoras presentó en el Senado de la República para crear un reconocimiento que lleve el nombre de Elvia Carrillo Puerto, el cual se pretende que año con año se otorgue a una mujer que haya destacado por su labor en el reconocimiento, defensa y protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país.

Por eso, en el Partido de la Revolución Democrática consideramos que la celebración del Día de la Mujer para nosotros debe ir más allá de una efeméride. Es importante que con este galardón se distinga a las mujeres, que como Elvia Carrillo Puerto, han defendido los derechos de las mujeres y han incidido para lograr que la igualdad de los géneros avance.

Éste será el reconocimiento entregado por parte del Congreso federal a las mujeres destacadas en estos ámbitos para su contribución al desarrollo del país y corresponderá a los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género elegir a la ganadora de esta condecoración.

Hagamos un poco de historia. Elvia Carrillo Puerto fue una mujer perseguida por los gobiernos posteriores al de Francisco I. Madero, inclusive desterrada de su estado natal, Yucatán. Enaltece que sea el nombre de una mujer como ella el que lleve este galardón. Sigamos luchando por un país más justo, más solidario, donde nos reconozcamos hombres y mujeres como iguales. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra ahora la diputada Alicia Ricalde Magaña, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña:Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores diputados, para los seres humanos pocas situaciones son tan gratificantes como celebrar la trayectoria de vida de nuestros semejantes. Más aún cuando se trata de enaltecer figuras que se han ganado su lugar en la historia, aunque nos hayamos empeñado en olvidarlas.

Con el reconocimiento que se quiere establecer en el artículo 100 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se logra rescatar a una de las figuras más emblemáticas de la lucha feminista en México: Elvia Carrillo Puerto, quien brilló con una luz tan intensa, que junto con su hermano Felipe Carrillo Puerto dieron a la patria lo mejor de sí mismos, en un México que había padecido de manera permanente la injusticia, pero que al levantarse en armas durante la Revolución buscó establecer condiciones igualitarias que se reflejaron en distintos ámbitos, como el laboral y el agrario.

En este contexto nace y crece Elvia Carrillo Puerto, quien conspiró en contra del gobernador Olegario Medina, encendiendo en Yucatán lo que se ha considerado como la primera chispa de la Revolución Mexicana.

Esta época de transformaciones trajo como consecuencia una modificación en el esquema del rol femenino en la sociedad mexicana, como una derivación del papel activo que jugaron las mujeres en la contienda. Una de esas mujeres fue Elvia, quien se sumó al Movimiento Antirreeleccionista de Francisco I. Madero en su tierra natal, y realizó una campaña intensa a favor de los derechos políticos de la mujer, lo que redundó en la primera organización femenina de campesinas en México.

Cabe señalar que esta notable mujer organizó entre 1915 y 1918 diversos grupos feministas y fundó el Partido Socialista Obrero de Yucatán, que sería conocido después como Partido Socialista del Sureste.

En 1919, viajó a la Ciudad de México para pedir al gobierno de Venustiano Carranza que se incluyera el debate del voto femenino en las Cámaras legislativas, y a pesar de que perdió la batalla en ese momento no cesó en su propósito, ya que fue la primera mujer mexicana electa diputada en el Congreso de Yucatán, en el año de 1923, junto con Beatriz Peniche Barrera —tía abuela de nuestra compañera diputada Beatriz Zavala— y Rita Cicero. Ellas fueron las primeras mujeres diputadas que fueron votadas sin poder ser votadas. Las primera plurinominales.

Sus luchas políticas no terminaron ahí. Elvia Carrillo Puerto fue amenazada, perseguida y expulsada de su estado por los generales que asesinaron a su hermano, y sobrevivió a tan peligroso momento histórico. Cuando regresó a Yucatán continuó buscando el voto femenino, esfuerzo que se vio coronado en 1953 con la modificación al artículo 34 de la Constitución Política que otorgó la igualdad de derechos políticos a las mujeres.

Este reconocimiento que se hace a la memoria de Elvia Carrillo Puerto, y que además servirá para distinguir a investigadoras notables en el campo de los derechos humanos y de estudios de género, constituye una celebración al esfuerzo de las mujeres que como ella lucharon por un México más igualitario, más justo y más plural.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional respalda esta propuesta, porque solo en un clima de fraternidad podremos superar nuestras diferencias. Como atinadamente afirmó Simone de Beauvoir: En los dos sexos se desarrolla el mismo drama de la carne y del espíritu, de la finitud y la trascendencia. Ambos tienen la misma necesidad esencial uno del otro y pueden extraer de su libertad la misma gloria. Si supiesen saborearla, no ostentarían la tentación de disputarse falaces privilegios y entonces podrían hacer la fraternidad. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Alicia Ricalde. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra el diputado William Renan Sosa Altamira.

El diputado William Renan Sosa Altamira:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es para mí como yucateco un honor dar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al dictamen sobre el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, mujer yucateca, ilustre defensora de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.

Es sin duda el siglo XX la centuria de las mujeres, el inicio de una etapa de reconocimiento a su contribución en el desarrollo de la sociedad, el punto de arranque hacia su fortalecimiento como sujetos de derecho, como ciudadanas de primer orden.

A las convulsiones acaecidas durante los primeros años del siglo inmediato anterior se sucedieron diversas luchas que trajeron como consecuencia la participación de las mujeres en los asuntos públicos, fuera a través del voto o en algunos casos en acciones revolucionarias.

Mustafá Kemal Atatürk dirigió sus esfuerzos a otorgar derechos políticos a las mujeres, diferenciándose así no solo de sus vecinos árabes, sino incluso de los países occidentales, en donde el derecho al voto femenino aún era una utopía. En la sociedad turca las mujeres no se han quedado atrás frente a los hombres en cuanto a la ciencia, la educación y a la cultura. Se puede decir que ellas han sido incluso más adelantadas. Llegó a afirmar el constructor de la Turquía moderna.

Mientras tanto, Alexandra Kolontai trabajaba afanosamente por cambiar el estado de servidumbre al que habían sido destinadas las mujeres en la Rusia zarista, para lo cual participó destacadamente en el proceso revolucionario que llevaría a los bolcheviques al poder. El resultado de ello fue la aprobación del divorcio en la Unión Soviética y el establecimiento de guarderías y salarios de maternidad.

Tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, países industrializados como el Reino Unido y Estados Unidos de América se vieron agitados por los movimientos sufragistas que buscaban el otorgamiento del voto a las mujeres.

México no fue ajeno a este movimiento. La participación de las mujeres durante la Revolución trajo consigo un proceso de toma de conciencia que, aunque lento, terminaría por integrarlas a la vida política y a los beneficios del desarrollo.

Es en ese contexto que surge la figura de Elvia Carrillo Puerto, yucateca de ideas socialistas que dedicó sus esfuerzos a la emancipación de las mujeres, al calor del proceso profundamente reformador que encabezara su hermano Felipe Carrillo Puerto, quien también lucharía por llevar a la práctica los ideales revolucionarios de la época.

Elvia, quien fuera legisladora en su estado natal, se destacó por su lucha a favor de las mujeres, en especial aquellas que eran víctimas de terribles injusticias: indígenas, obreras, campesinas, madres solteras.

Conocedora de la fuerza del conocimiento buscó siempre el acceso de todas a la educación, pero no una basada en los dogmas y usos de la época, sino en el uso de la razón y la inteligencia como elementos de progreso y bienestar.

Nos complace sobremanera otorgar al Senado nuestra aprobación para que se establezca una presea a favor de aquellas mujeres que se han destacado por su labor en la defensa, protección, ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país. Dicho reconocimiento —el primero en su tipo que otorgará la colegisladora— constituye una forma de recuperar la memoria de una mujer cuyas causas y ejemplos siguen vigentes.

Como yucateco, como mexicano, me siento profundamente orgullosos de que mujeres como Elvia Carrillo Puerto haya escrito con letras de oro su biografía e historia ejemplar. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Sosa Altamira.

Esta Presidencia saluda a los integrantes de la Asociación de Agentes Aduanales de Nogales, Sonora, y a su presidenta, María Elena Moreno Durazo, invitados por el diputado Cuauhtémoc Galindo. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a la presidenta municipal Alma Leticia Reyes Guerra, de San Dimas, Durango, invitada por el diputado Ricardo Monreal Ávila.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Se emitieron 414 votos a favor, 0 abstención y 0 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto en el Senado. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo que no han sido reservados para su discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la iniciativa señalada, conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 17 de julio de 2013, el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que adiciona la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

2. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, y mediante el oficio número CP2R1A-1698, instruyó el turno de la iniciativa a la Comisión del Distrito Federal para su correspondiente estudio y dictamen.

3. Con fecha 25 de septiembre de 2013, en la quinta reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal se analizó y discutió el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la iniciativa

El legislador promovente fundamenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define en el segundo párrafo del artículo 17 que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Que la defensoría de oficio constituye una importante institución cuya noble labor consiste en garantizar el derecho de todo ciudadano a recibir de forma gratuita orientación, asesoría y representación jurídica en asuntos del orden civil, familiar, administrativo, mercantil, laboral y amparo en los términos respectivos.

Menciona que dicha institución fue concebida por su creador, Ponciano Arriaga, como una procuraduría para los pobres, en virtud de la garantía de una defensa pública que fue establecida en 1857 en el texto constitucional. En el caso del Distrito Federal, la defensoría de oficio fue establecida en 1904.

Que los abogados encargados del desempeño de esta labor tienen la importante responsabilidad de garantizar conforme a los principios de probidad, honradez y profesionalismo, que la ley se haga valer por igual para todos los ciudadanos, fomentando con ello la certeza jurídica y la solidez y equidad der estado de derecho.

El diputado Pacheco Rodríguez señala que es importante prestar atención a las condiciones en que cotidianamente prestan este servicio los defensores de oficio en la Ciudad de México, que consisten en falta de recursos materiales, falta de espacios adecuados para la realización de sus actividades, bajos salarios y altas cargas de trabajo, lo cual repercute negativamente en la debida atención de quienes más lo necesitan.

Que como consecuencia de lo anterior, se requieren urgentemente la dignificación y profesionalización de tan importante actividad, con miras a proporcionar una defensa gratuita y de calidad profesional para quienes no puedan acceder a los servicios legales requeridos, cuando se es parte en alguna controversia legal y, a su vez, dotar a los profesionales del derecho que desempeñan esta actividad de un salario en proporción con el trabajo que realizan, así como de los recursos necesarios para ejecutar con dignidad y eficiencia su labor.

Hace mención de que en mayo de 2007, el entonces senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una iniciativa a efecto de concebir tan importante institución en el Distrito Federal como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios ante la precaria situación en que los abogados prestaban tan importante servicio a la ciudadanía.

Finalmente, indica que el tema continúa vigente y las condiciones en que se realiza esta primordial labor requieren dignificarla y profesionalizarla, en beneficio de la población del Distrito Federal. Por ello resulta imprescindible retomar el asunto en aras de garantizar que en la Ciudad de México, el sistema de justicia desarrolle sus actividades conforme a principios de equidad y justicia social.

III. Contenido de la propuesta

Decreto por el que se adiciona un nuevo texto a la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia de defensoría de oficio

Único. Se adiciona un nuevo texto en la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, recorriéndose el texto vigente de la actual y demás en el orden consecutivo, para quedar como sigue:

Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para

I. a XII. ...

XIII. Normar la defensoría de oficio, la cual será otorgada a través de un organismo autónomo que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo titular será designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal mediante una terna que para tales efectos proponga el jefe del gobierno del Distrito Federal;

XIV. a XXXI. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal contará con un plazo de noventa días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir la ley reglamentaria.

IV. Considerando que

1. La Comisión del Distrito Federal analizó y discutió el contenido de la proposición con punto de acuerdo promovida por el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, que en resumen pretende establecer como facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal normar la defensoría de oficio. Asimismo, señalar que esta defensoría será otorgada a través de un organismo autónomo que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo titular será designado por la Asamblea Legislativa mediante una terna propuesta por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

2. La preocupación del diputado promovente respecto de la oportuna defensoría de oficio es compartida por la presente Comisión, toda vez que son más las personas que requieren del apoyo del Defensor de Oficio, fortaleciendo con esto el mandato Constitucional.

3. Sin duda la defensoría de oficio es una figura jurídica creada para la protección de los intereses de aquellos que no tienen las condiciones económicas para poder contratar los servicios de un abogado.

4. La defensa, desde su concepción más amplia, representa un derecho natural y fundamental para preservar la integridad de cualquier persona. Las garantías y derechos que nuestra Constitución consagra, relativas al acceso a la justicia, sólo serán posibles si se corrige el presupuesto a fin de que exista un mayor número de abogados que puedan prestar sus servicio profesionales a quienes más lo necesitan.

5. Los integrantes de la Comisión dictaminadora, coinciden con las preocupaciones expresados por el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y lo loable de su iniciativa. Sin embargo, no existe coincidencia en el sentido de que dicha Defensoría, actualmente dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se convierta en un órgano autónomo y descentralizado, sobre todo por la repercusión que en la cuestión presupuestal, tendría.

Situación en la que coinciden algunos de los integrantes de la Comisión a los que fue enviada la iniciativa en cuestión para su conocimiento y observaciones; como el caso del diputado Israel Moreno Rivera, que mediante oficio IMR/GGPRD/196/13 de fecha 8 de agosto del presente año, señala que:

“...después de revisar el documento que nos ocupa, debo señalar que no estoy a favor de que, con el argumento de darle mayor independencia se cree un organismo autónomo que cuente con personalidad jurídica y patrimonios propios, ya que, desde mi punto de vista, ciertamente a la defensoría de oficio habría que proporcionar le más presupuesto a fin de que exista un mayor número de abogados que puedan prestar sus servicios profesionales a quienes lo necesitan. Es decir, contar con el presupuesto necesario a fin de que el Estado contrate a dichos servidores públicos”.

Opinión que fue considerada para la elaboración el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base en las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven desechar la iniciativa materia del presente dictamen; por lo que somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Dictamen de la Comisión del Distrito Federal por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto resuelto y totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2013.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica),secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Antonio Cuéllar Staffan (rúbrica).»

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y adiciona el 22 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 29 de abril de 2013, el diputado Ricardo Medina Fierro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

El diputado proponente señala que, lamentablemente con respecto a los registros de nacimiento existen deficiencias que crean un alto índice de subregistros que alcanza casi 34 por ciento, y los registros tardíos alcanzan 43 por ciento. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue ratificado por los países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, establece en su artículo 24.2 que “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre”. De igual manera, el artículo 24.3. señala que “todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”.

Además, afirma que, aunado a lo anterior, debemos recordar que el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por México, establece que el niño o niña deberá ser registrada inmediatamente después de su nacimiento. El no garantizar este derecho, según lo sustentado en carácter jurisprudencial por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, genera una situación de “extrema vulnerabilidad” así como existe la “imposibilidad de recibir protección del estado y de acceder a beneficios”.

Agrega que, la ausencia de inscripción en el registro de nacimientos es una violación del derecho humano que tiene todo niño y niña a recibir una identidad desde que nace y además ser considerado integrante de nuestra sociedad. Esta ausencia de registro, también repercute en otros derechos como es el de educación, alimentación y vivienda, ya que debido a que se ignora su existencia, no son tomados en cuenta en el proceso de elaboración y ejecución de políticas públicas.

Menciona que, existen diversos factores que se atribuyen a los no registros o subregistros como son los culturales, geográficos y administrativos. De estos factores, las últimas dos son las que buscamos abatir con la presente iniciativa, ya que debido a la orografía accidentada que no permite el fácil acceso a los registros civiles, y los gastos de movilización de los interesados a la dependencia correspondiente, existe un número muy elevado de subregistros o registros tardíos.

Añade que, esta iniciativa busca facilitar el registro de nacimientos por medio de la instalación de módulos de registro de nacimientos de manera permanente en instituciones de salud pública que ofrecen el servicio de alumbramiento. Esta recomendación se debe a que en las instituciones mencionadas es donde existen el mayor número de nacimientos que normalmente se convertirían en subregistros o registros tardíos.

Finalmente manifiesta que, para poder lograr el bienestar pleno de nuestros niños y niñas, se requiere que el Estado garantice los derechos fundamentales de los mismos. Como se ha comentado con anterioridad, el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental para el desarrollo de la niñez, ya que le brinda reconocimiento y acceso a numerosos programas sociales como de educación y salud, que brindan bienestar. Por otro lado, poder acotar el número de subregistros y registros tardíos, le da una radiografía más clara al estado para las necesidades de nuestra sociedad a corto, mediano y largo plazo.

Contenido de la propuesta

Decreto que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Texto Vigente

Artículo 22. El derecho...

A. al D. ...

A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.

Propuesta

Artículo 22. El derecho...

A. al D. ...

A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada entidad federativa dispondrán lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento y con un fácil acceso a los servicios de registro.

Artículo 22 Bis. Para facilitar el registro de nacimientos, y acotar el índice de subregistros, las entidades federativas realizarán convenios con instituciones de salud pública que presten servicios de alumbramiento, para que de manera permanente sean instalados módulos de Registro Civil, donde la madre o el padre podrán realizar los trámites de registro de manera inmediata y de fácil acceso.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Primera. Esta comisión considera inviable la propuesta de reformar el artículo 22 y adiciona un artículo 22 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que en estos se contemple un fácil acceso a los servicios de registro, sin demeritar la relevancia que tiene el interés superior del menor y la institución de la familia para legislación nacional, atendiendo a que estas prerrogativas están plasmadas en distintas legislaciones especiales e incluso convenciones internacionales en las cuales México ha participado.

Segunda. La reforma propuesta pretende regular de manera específica un fácil acceso a los servicios de registro y que las entidades federativas realicen convenios con instituciones de salud pública que presten servicios de alumbramiento, para que de manera permanente sean instalados módulos de Registro Civil, donde la madre o el padre podrán realizar los trámites de registro de manera inmediata y de fácil acceso, sin embargo, se debe establecer que es competencia de los Congresos locales de cada entidad federativa y no del honorable Congreso de la Unión legislar en materia familiar del fuero común, ya que no está contemplada dentro de sus facultades establecidas en el artículo 73 constitucional, por lo que se estaría a lo dispuesto por el artículo 124 de la Carta Magna que señala lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

Tercera. Si bien es cierto que esta propuesta responde a la necesidad de garantizar el reconocimiento y protección al derecho a la identidad de las personas con un fácil acceso a los servicios de registro, también es cierto que está pendiente la aprobación de una minuta que se encuentra en la Cámara de Diputados para su discusión y  aprobación, la cual establece en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la gratuidad de la expedición de la primera acta de nacimiento.

Cuarta. Por lo tanto, la propuesta de iniciativa que reforma el artículo 22 y la adición a un artículo 22 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es contraria a la minuta que se encuentra pendiente de su dictaminación en la Cámara de Diputados, la cual señala:

Artículo 4o.

...

...

...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la identidad, a ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer, a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los gobiernos de los estados, municipios y el Distrito Federal deberán expedir de manera gratuita la primera copia del acta relativa al registro de nacimiento.

...

...

...

...

Quinta. En consecuencia con lo anterior, la comisión dictaminadora estima que de aprobarse la reforma al artículo 22 y adiciona un artículo 22 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se estaría generando no sólo una redacción confusa sino contraria al espíritu del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de que se apruebe y publique en el Diario Oficial de la Federación.

En síntesis, la Comisión de Derechos de la Niñez determina que no resulta viable aprobar la reforma al artículo 22 ni adicionar un artículo 22 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes modificar, por las razones anteriormente señaladas.

No obstante, es plausible la intención del iniciante, por lo que el Estado mexicano, en su conjunto, debe continuar salvaguardando los derechos fundamentales del menor y la institución de la familia para poder fomentar el adecuado desarrollo de los menores en nuestro país y la integridad de la familia.

En razón de lo expuesto, la Comisión de Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 29 de abril de 2013.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García, María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López.»

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, fracción II, 82, numeral 1, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión del 17 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los diputados Alfredo Rivadeneyra Hernández y Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3793, el lunes 17 de junio de 2013.

3. En fecha 23 de julio del año en curso, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias hizo llegar a la comisión, el oficio CEDIP/LXII/DG/532/13, por medio del cual, a solicitud de esta comisión remitió opinión respecto a la creación de un Centro de Estudios para la Seguridad.

Contenido de la iniciativa.

1. La iniciativa presentada por los diputados Alfredo Rivadeneyra Hernández y Adriana González Carrillo propone la creación de un Centro de Estudios para la Seguridad en la Cámara de Diputados, que funja como auxiliar técnico de esa materia, con el objeto de que se puedan enfocar los trabajos legislativos en la construcción de instrumentos jurídicos que le permitan al Estado enfrentar el problema de la inseguridad.

2. Respecto a ello, los proponentes refieren en su exposición de motivos que uno de los retos más relevantes y urgentes que enfrenta nuestro país es garantizar una mayor seguridad para todos sus ciudadanos. Es por eso que desde los diferentes ámbitos del gobierno y de la sociedad civil se hacen esfuerzos para generar políticas y mecanismos que permitan alcanzar ese fin.

3. Asimismo, los iniciantes señalan datos para exponer el problema de la delincuencia en México, tales como el reporte Risk map 2013 (el cual ubica a México en segundo lugar en número de secuestros), la Décima Primera Encuesta Nacional sobre percepción de Inseguridad Ciudadana realiza por Mitosfky (la cual ubica el problema de la delincuencia en México en el primer lugar) y el índice Global de Paz 2013, que sitúa a México en el lugar 133 de 162 países y como el peor de Centroamérica.

4. Igualmente, en su propuesta arrojan datos del estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en 2011 como son:

• Cuando se habla de políticas públicas en materia de seguridad, frecuentemente se generan confusiones en conceptos como “seguridad nacional”, “seguridad interior”, “seguridad pública” y “seguridad humana”, y esto afecta de manera directa la operación de las instituciones responsables de hacer cumplir la ley y de administrar justicia.

• Las prácticas institucionales de las procuradurías, policías, militares y marinos, en ocasiones no se adecuan al marco constitucional de la seguridad y los derechos humanos. Esto genera desconfianza en las instituciones.

• Es común encontrar políticas en materia de seguridad pública y justicia que se encuentran desvinculadas de los fines comunes que se buscan. Y parece que los objetivos son únicamente a corto plazo y de carácter político-electoral.

• Los sectores para la seguridad y la justicia están fragmentados. No hay colaboración entre las instituciones de seguridad como la policía y la milicia y el Poder Judicial.

• La prevención se ha desatendido, además de que existen altos niveles de corrupción e impunidad.

• En la discusión de los temas de seguridad pública se privilegia la discusión presupuestaria frente a la metodología de las políticas públicas.

• La capacitación de vanguardia casi no existe.

5. De la misma forma, refieren los diputados en su propuesta que los documentos presentados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que los aspectos mencionados en el apartado que antecede no han sido tomados en cuenta, afirmando que la política en materia de seguridad pública, no presenta avances y que ha generado una regresión tanto en resultados como en las políticas implementadas durante el gobierno anterior, toda vez que sus seis ejes rectores, carecen de una fundamentación seria y parece más el producto de la improvisación,

6. Finalmente, señala que por los motivos señalados en su exposición de motivos es que proponen creación del citado Centro de Estudios, en virtud de ser de gran importancia para tener una amplia perspectiva sobre el tema y ayuda en la toma de decisiones; ya que  en el Poder Legislativo resultaría de gran utilidad contar con esta clase de instrumentos que auxilien en el proceso de cumplir con la importante tarea de crear mejores leyes e instrumentos jurídicos que ayuden a generar las condiciones que tengan por objeto reducir los niveles de inseguridad y por consecuencia mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Por otra parte, se destaca la iniciativa presentada por los diputados Alfredo Rivadeneyra Hernández y Adriana González Carrillo, toda vez que toca un tema coyuntural que afecta a toda la sociedad mexicana y pone de manifiesto su franca preocupación por atender dicha problemática y presentar soluciones a favor de la ciudadanía.

3. No obstante lo anterior, esta dictaminadora estima conveniente no aprobar tal iniciativa por las razones siguientes:

a) Objetivos de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados

Efectivamente, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 49, numeral 3, señala expresamente que la Cámara de Diputados contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con centros de estudios, siendo los siguientes:

a) De las finanzas públicas;

b) De estudios de derecho e investigaciones parlamentarias;

c) De estudios sociales y de opinión pública;

d) De estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, y

e) De estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género

De lo anterior, claramente se pone de manifiesto que no se cuenta con un centro de estudios que en específico trate únicamente lo relativo a los temas de seguridad pública, máxime que no se establece en dicho ordenamiento cuáles serán sus funciones o sobre qué versarán sus actividades, circunstancia que tampoco en forma específica se alude en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

No obstante lo anterior, se advierte que de acuerdo a las facultades y competencias con los que cuentan cada centro de estudios en particular, se tiene que el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), tiene como objetivo el siguiente:

“Proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico y la información analítica sobre temas parlamentarios, legislativos, jurídicos, de constitucionalidad y en general sobre cualquier rama o disciplina afín, que les sean requeridos por los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios, diputados y Unidades Administrativas, para el cumplimiento de las atribuciones de la Cámara de Diputados, así como coordinar la elaboración y difusión de estudios, análisis e investigaciones que contribuyan al conocimiento de temas relacionados con el quehacer legislativo”.

Con lo anterior, se pone de manifiesto fehacientemente que aún cuando no se tiene un Centro de Estudios particularizado en temas de seguridad pública, sí existe actualmente un centro de estudios (CEDIP), que atiende ese tema, el cual lo tiene señalado expresamente dentro de sus objetivos.

De hecho, en su estructura orgánica cuenta con cuatro direcciones, la de Estudios Jurídicos; de Estudios de Constitucionalidad; de estudios Legislativos; y de Estudios Parlamentarios, como se puede observar en el propio organigrama del Centro de Estudios mencionado y que a continuación se muestra:

Sumado a ello, se debe tener en cuenta que al ser precisamente Centros de Estudios para la asistencia y atención de las diversas tareas parlamentarias realizadas en la Cámara de Diputados, se integran por investigadores, que en tal carácter deben contar con un perfil específico que les permita conocer sobre metodología y conocimientos de la tarea de investigación, con los cuales pueda abordar y analizar cualquier tema que se les solicite.

b) Opinión del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Del mismo modo, no se pasa por alto lo argumentado por el propio Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), con motivo de la solicitud de opinión hecha por esta comisión y que en tal sentido señaló:

“...En la lógica parlamentaria, la creación de los Centros de Estudios ha obedecido a temas y no a políticas públicas... si para crear un Centro de Estudios se tomara como base una política pública, se tendrían que crear tantos Centros de Estudios como políticas públicas se formulan. Dicho de otro modo, el que el fenómeno de la inseguridad sea hoy un grave problema no significa que deba serlo en el futuro...”

En otras palabras, el CEDIP señala que los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados deben investigar temas en específico, de cualquier índole pero no con motivo de políticas públicas, agregando en su opinión que para ello se cuentan con Centros de Estudios incluso no gubernamentales que realizan estudios sobre políticas públicas y su información se encuentra disponible para todo interesado.

Igualmente señala el CEDIP, cualquier Centro de Estudios de la Cámara pude recopilar información y dar seguimiento a las políticas públicas.

Finalmente en su opinión, alude que otro inconveniente para su creación sería el factor infraestructura y su impacto presupuestal.

En tales condiciones, la propuesta de crear un Centro de Estudios de Seguridad en la Cámara de Diputados, no se estima viable y se considera su desechamiento, ya que actualmente existen órganos constituidos que se encargan de tal temática

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura, proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los diputados Adriana González Carrillo y Alfredo Rivadeneyra Hernández.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Consultado en línea en http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/03_cen tro_de_estudios_de_derecho_e_inv_parlamentarias/01_canales_principales/03_funci ones

2 Consultado en línea en http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/03_cen tro_de_estudios_de_derecho_e_inv_parlamentarias/01_canales_principales/01_organ igrama

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión Ordinaria del día 25 del mes de septiembre 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez, Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 18 de junio de 2013, la LVII legislatura del Congreso de Colima, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. Con fecha 26 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a esta comisión dicha iniciativa para estudio y dictamen.

3. Que la LVII legislatura del Congreso de Hidalgo solicitó adhesión a la iniciativa comentada en el párrafo que antecede al Congreso de Hidalgo, y éste, con fecha 25 de julio de 2013, exhortó al Congreso de la Unión a dar la aprobación de dicha iniciativa.

II. Contenido de la iniciativa

Los promoventes señalan que entre los fines específicos que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con las bases establecidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, se encuentran regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.

Destacan que aprobar los exámenes de control de confianza es requisito para el ingreso, la selección y la permanencia de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública. Asimismo, que la entrega de recursos federales para el rubro de seguridad pública se encuentra condicionada al avance que realicen las entidades federativas en las metas de evaluación de control de confianza.

Señalan concretamente que la prueba poligráfica o del polígrafo se caracteriza por ser un medio tecnológico que no arroja resultados objetivos sobre la veracidad de información que rinde la persona evaluada, sino las fluctuaciones de ciertas variables vitales frente a ciertos estímulos, plasmándola sobre un papel continuo, interpretadas por un especialista y, basándose en la reacción del sujeto, determinarán si está diciendo la verdad o miente.

Agregan que la prueba de polígrafo no es determinante por sí sola y sólo determinan posibilidades de mentira o verdad, por lo que no es objetivo su resultado, emitiendo sólo probabilidades; además, factores como el estrés pueden producir resultados adversos.

Por todas esas razones consideran que el ingreso o la permanencia no deben estar sujetos a esos métodos para depurar las instituciones de seguridad pública. Por tanto, proponen eliminar la aplicación de la prueba.

Asimismo, para subsanar la aplicación del polígrafo se propone la formación de un comité multidisciplinario que opere en cada entidad federativa, municipio y la federación, el cual deba integrarse por personas especialistas en psicología, trabajo social y personas de prestigio social que por su honorabilidad puedan entrevistar a cada elemento sujeto de los exámenes de control de confianza y que de manera conjunta emitan un dictamen, denominando dicho estudio valoración multidisciplinaria.

La iniciativa plantea reformar la fracción III, del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Texto vigente

Artículo 108. ...

I. y II. ...

III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de acuerdo a la normatividad aplicable;

IV. a XV. ...

Iniciativa

Artículo 108. ...

I. y II. ...

III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, socioeconómicos, valoración multidisciplinaria y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;

IV. a XV. ...

III. Consideraciones

Primera.El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, también prevé que la actuación de las autoridades de seguridad se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

En el mismo artículo, el párrafo décimo establece que las instituciones de seguridad pública deberán coordinarse entre sí para formar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual estará sujeto a bases mínimas, entre las que se encuentra la señalada en el inciso a):

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Así, por mandato constitucional, los procesos de evaluación constituyen una de las bases no sólo de la formación del Sistema Nacional de Seguridad Pública sino también son elemento para la integración de instituciones de seguridad de carácter civil, disciplinado y profesional.

Destaca la importancia que revisten los procesos de evaluación de las personas que aspiran a formar y forman parte de las instituciones de seguridad pública, ya que la policía es la institución encargada de la salvaguarda del orden público, por lo que es necesario que los cuerpos de seguridad pública cuenten con un alto grado de profesionalización, honradez y confianza en el desempeño de sus funciones.

Segunda. El artículo 40, fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la naturaleza jurídica de las evaluaciones de control de confianza, al considerarlas una obligación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública:

Artículo 40. Con objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;

Por tanto, no es optativo para los miembros de las instituciones de seguridad pública someterse o no a estas evaluaciones, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

Tercera. De conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 96, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el centro de control de confianza correspondiente para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

El segundo párrafo de este artículo establece que las instituciones policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo.

A su vez, el artículo 106 de la misma ley reglamentaria establece: “El sistema nacional de acreditación y control de confianza se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en dicha ley, tendentes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública”.

De la lectura de estos preceptos podemos deducir el carácter complejo que la política pública de evaluación y certificación reviste, dotándola de un sistema con carácter multidisciplinario. Asimismo, las evaluaciones toman en cuenta aspectos como perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, evaluaciones que por su propia naturaleza requieren que sean practicadas por profesionales de distintos órdenes y especialidades, como médicos, trabajadores sociales o psicólogos.

Cuarta.En el mismo orden de ideas, en la vigésima quinta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se tomó el acuerdo número 3/XXV/08/1, por medio del cual se instaura el modelo nacional de evaluación y control de confianza, que establece que la evaluación de control de confianza en un esquema básico consistente en cinco pruebas: toxicología, psicología, poligrafía, investigación socioeconómica y médica.

Asimismo, los Criterios/05/2010, relativos a la aplicación de evaluaciones de control de confianza y el seguimiento de sus resultados, emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en el punto 1 establecen textualmente:

1. Se reitera que el procedimiento de evaluación y control de confianza es parte de un sistema integral de profesionalización.

Quinta.Al respecto, la Suprema Corte de Justicia, en jurisprudencia firme, registrada con el rubro “Evaluaciones de control de confianza. Son medios y no fines en sí mismos, y su constitucionalidad depende de la validez del requisito legal que pretenden medir”, se ha pronunciado con los siguientes criterios:

Las evaluaciones de control de confianza son instrumentos para acreditar que quienes se someten a ellas poseen ciertas cualidades para acceder o mantenerse en el ejercicio de alguna actividad dentro del servicio público; esto es, son medios y no fines en sí mismos.

Las evaluaciones de control de confianza califican las condiciones para el acceso y ejercicio de determinados cargos y que puedan medirse con tales exámenes, lo cual estará sujeto al respeto de los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte.

Sexta.Asimismo, en la hoja 3, párrafo cuarto, de la exposición de motivos de la iniciativa en dictamen se argumenta que para evitar el carácter poco objetivo de la prueba poligráfica se ofrece como alternativa

... conformación de un comité multidisciplinario que opere en cada entidad federativa, municipio y la federación, el cual deba integrarse por personas especialistas en psicología, trabajo social y personas de prestigio social por su honorabilidad, que puedan entrevistar a cada elemento sujeto de los exámenes de control de confianza y que de manera conjunta emitan un dictamen, denominando dicho estudio como valoración multidisciplinaria.

Esta comisión estima que el actual modelo de evaluación y control de confianza ya cuenta con un esquema multidisciplinario en el que, para definir un estatus de aprobado o no aprobado, evalúa cinco pruebas de muy distintas disciplinas del conocimiento humano y no sólo la prueba poligráfica en lo individual. Por ello, afirmar que la prueba poligráfica constituye por sí sola el sistema de evaluación es limitado.

Es importante tomar en cuenta que si bien la prueba poligráfica no cuenta con un carácter absoluto de objetividad, es utilizada actualmente por los servicios de inteligencia y órganos de seguridad nacional de más de 90 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Rusia, Bélgica, Canadá, Reino Unido, Japón e Israel, y está perfectamente implantado a nivel gubernamental y privado, aplicándose cada vez más también en el ámbito laboral.

En el mismo orden de ideas, se considera que la alternativa propuesta consistente en entrevistas realizadas por un comité disciplinario, tampoco representa total objetividad, ya que carece de precisión y de un nivel de comprobación científica; pues la valoración del evaluado por parte de otros individuos en sí misma ya cuenta con un grado de subjetividad inherente a la condición humana, más aún cuando el criterio de formación del comité justamente se trata de una estimación de “personas de prestigio social” en razón de “su honorabilidad” que, además, cuenten con una de las especialidades mencionadas en la iniciativa en estudio.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura sometemos a consideración de esta asamblea la aprobación de los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que remitió el Congreso de Colima el 26 de junio de 2013.

Segundo. Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica en abstención), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica en abstención), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII y adiciona la IX al artículo 73 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha el 24 de julio de 2013, el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII y adiciona la fracción IX al artículo 73 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para dictamen

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objetivo facultar a la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, para apoyar las acciones de prevención y atención de la depresión, con el objeto de fomentar y proteger la salud mental.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos  mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y  apoyarán:

I. a VII. ...

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento  de la salud mental de la población.

Iniciativa

Artículo 73. ...

I. a VII. ...

VIII. Las acciones de prevención y atención de la depresión, para que se contribuya a fomentar y proteger la salud mental, y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

IV. Consideraciones

Primera.Los trastornos mentales y conductuales se consideran padecimientos que se caracterizan por alteraciones de los procesos de pensamiento, de las emociones o del comportamiento, asociadas con angustia personal y/o con alteraciones del funcionamiento, es decir, no son sólo variaciones dentro de la “normalidad”.

La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores de índole social, ambiental, biológica y psicológica. La salud mental incluye: los síndromes depresivos y ansiosos, la epilepsia, la demencia, la esquizofrenia, las adicciones y los trastornos del desarrollo infantil, los cuales se han incrementado en México durante los últimos años.

Para homogeneizar este gran espectro de trastornos y padecimientos, se creó el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) por la Asociación Americana de Psiquiatría; y contiene una clasificación de los trastornos mentales y proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales.

Este manual clasifica los trastornos mentales en diecisiete categorías. Los trastornos depresivos se encuentran dentro de la categoría de los trastornos del estado de ánimo,  los cuales se dividen en trastornos depresivos («depresión unipolar »), trastornos bipolares y dos trastornos basados en la etiología: trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica y trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias.

Segunda. Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica los trastornos psiquiátricos se presentan en las primeras décadas de la vida; el 50 por ciento de los adultos que informaron haber sufrido un trastorno mental, lo padecieron antes de los 21 años de edad. Del mismo modo se estima que un 7 por ciento de la población infantil entre los 3 y los 12 años se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental y los más frecuentes son los problemas de aprendizaje, retraso mental, la angustia y los intentos de suicidio.

Tercera. La prevalencia de trastornos mentales es de 5-18 por ciento de la población general. La depresión es el trastorno más frecuente en uno y otro sexo (4.9 por ciento hombres y 9.7 por ciento, mujeres), por lo que se espera que 1 de cada 6 personas desarrolle eventualmente un trastorno mental que podría requerir atención especializada. Es decir, que en México padecen trastornos mentales casi 15 millones de personas. Cabe destacar que tales prevalencias son más bajas que las observadas en Estados Unidos, donde existen cifras de hasta 19.5 y 25 por ciento para cualquier trastorno afectivo y por ansiedad, respectivamente.

Cuarta. Es necesario referir que actualmente, conforme al marco jurídico sanitario vigente, la salud mental, concepto dentro del cual se encuentra la prevención y atención a los trastornos mentales y del comportamiento, los cuales comprenden entre otras cosas, los trastornos depresivos, se encuentra considerada como materia de salubridad general y como un servicio básico de salud (artículos 3, fracción VI; y 27, fracción VI, de la Ley General de Salud), lo cual determina que dichos padecimientos sean atendidos de manera prioritaria por las autoridades sanitarias de nuestro país.

Asimismo, respecto a los programas de promoción, que se especifican en el Artículo 73, se considera implícito el incluir las medidas de prevención y atención de los trastornos depresivos, dado que la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento abarca todos los trastornos mentales.

Prueba de lo anterior es el hecho de que dentro del Programa de Acción Específico 2007-2012 de Atención en Salud Mental, actualmente se consideran los trastornos depresivos como entidades prioritarias para intervenciones y asignaciones de recursos, cuyo objetivo primordial es el establecimiento de una vigilancia epidemiológica y de investigaciones adecuadas a nivel local para la obtención de un mayor conocimiento de dicho problema de salud pública y por ende la formulación de políticas de prevención al respecto.

Quinta. Las disposiciones de la Ley General de Salud, contempladas en los numerales 2, fracciones I y II; 3, fracción VI y XVI; 6, fracción I; 27, fracciones I, II, III y VI; 96, fracción III; 104, fracción I; 110; 111, fracción I, y 112, fracciones I y III, establecen disposiciones normativas generales que regulan criterios de prevención, tratamiento y cuidado por lo que respecta a padecimientos relacionados con el comportamiento humano y con la salud mental, por lo cual es procedente señalar que la iniciativa que nos ocupa, pretende adicionar disposiciones que ya se encuentran contenidas de manera genérica en la Ley General de Salud, resultando innecesaria, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la implementación de la misma.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII y adiciona la fracción IX al artículo 73 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el pasado 17 de julio de 2013, el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

La presente iniciativa tiene por objeto incluir el virus del papiloma humano en las enfermedades de las que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas realizarán actividades de vigilancia, prevención y control. Establecer la vacuna contra esta enfermedad como obligatoria.

La presente iniciativa propone reformar la fracción VIII del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 134. ...

I. a VII. ...

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX. a XIV. ...

Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Iniciativa

Artículo 134. ...

I. a VII. ...

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX. a XIV. ...

Artículo 144.Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión, el virus del papiloma humano dirigidas a ambos géneros, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Según la OMS, al año mueren 260 mil mujeres en el mundo por culpa del cáncer de cuello uterino, y otras 500 mil son diagnosticadas en ese mismo periodo.

El informe de la organización internacional indica que la infección del Virus del Papiloma Humano puede manifestarse como cáncer de cuello uterino, verrugas en los genitales, cáncer en la vagina o la zona vulvar, también puede causar cáncer en el pene, en el ano e incluso extenderse a la cabeza, el cuello y la garganta.

“Las dos vacunas (gardasil y cervarix) son igualmente seguras y se ha demostrado que protegen casi por completo contra las lesiones precancerosas y otras lesiones ano-genitales causadas por los tipos de VPH que contiene cada una de ellas durante los 5-6 años que han abarcado los estudios de observación hasta el momento”, señala el documento.

Tercera. En su argumentación el promovente de la presente iniciativa señala:

A nivel mundial, los tumores del tracto genital femenino provocados por el VPH representan una quinta parte de los tumores de la mujer. La mitad de las pacientes fallecen por la enfermedad. El cáncer cervical es una de las principales causas de muerte en Latinoamérica y el Caribe, ocurren 33 mil muertes anuales por esta causa.

En Estados Unidos de América ocurren 24 mil 900 casos de cáncer cervical al año. Se estima que en Estados Unidos, Brasil y México el 51.2 por ciento de las mujeres entre 18 y 19 años padecen el VPH. En México según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 5 mil muertes por cáncer cervical son reportadas al año y son descubiertos 30 mil casos anuales nuevos.

Un aspecto a considerar es que hasta hace poco, la atención se centraba casi exclusivamente en el sector femenino, no obstante, nuevos estudios han demostrado que este virus inicialmente vinculado al cáncer cérvico-uterino ahora está siendo asociado recurrentemente a más casos de cáncer en garganta, boca faringe, laringe, amígdalas, paladar y lengua. El aumento en la recurrencia de casos en hombres, está haciendo que los médicos se empiecen a referir como una epidemia que afecta también al sexo masculino (Avitzur, 2012).

...

En nuestro país, el 13 de julio del 2011, el Consejo Nacional de Vacunación en México aprobó que a partir del 1 de enero de 2012 la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) se incluya en la Cartilla Nacional de Vacunación para las niñas mexicanas de nueve años.

De igual forma, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino, en la que se señala que la prevención del cáncer uterino se realizará por medio de la promoción de la salud, la vacunación y la detección oportuna, orientadas a evitar o disminuir los factores de riesgo y a descubrir oportunamente lesiones precursoras.

Cuarta. La iniciativa propuesta no contraviene ninguna disposición jurídica nacional, por el contrario, se alinea en su objetivo a lo impulsado por la Secretaría de Salud para la prevención y control del cáncer cervicouterino, sin embargo, duplica las disposiciones y logros del Programa de Acción Específica de Cáncer Cervicouterino y el Programa de Vacunación Universal, ya que la vacunación universal contra VPH en los términos que se solicitan en la propuesta ya está incluida dentro del programa de vacunación universal de manera permanente.

El pasado 1 de octubre 2012, el gobierno federal anunció la universalidad de la vacuna contra el VPH en niñas de quinto año de primaria y en aquellas no escolarizadas de 11 años, con lo cual se incorporó la vacunación al esquema de vacunación universal. Durante la tercera semana nacional de salud se aplicó la primera dosis de la vacuna en las instituciones del Sistema Nacional de Salud y en coordinación con la SEP.

Quinta. El artículo 3o. de la Ley General de Salud, en su primer párrafo señala:

En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

Por otra parte la fracción XV, del citado artículo menciona:

La prevención y el control de enfermedades transmisibles;

Por su parte, el artículo 27, del mismo ordenamiento dice:

Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

Por otro lado, la fracción II, del mismo artículo señala:

La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

El artículo 134 del mismo ordenamiento menciona:

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

Por otro lado, la fracción XIV, del mismo artículo señala:

Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 135 del mismo ordenamiento dice:

La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República.

Y por último, el artículo 144 de la misma ley, apunta:

Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.”

Sexta. En la iniciativa que se presenta, se pretende incluir al virus del papiloma humano de manera expresa como una de las enfermedades transmisibles, respecto de las cuales se deben realizar vigilancia epidemiológica, prevención y control, sin embargo, ésta ya se encuentra contemplada como denominación genérica “enfermedades transmisibles” a que se refieren los artículos 134, 135 y 144 de la Ley General de Salud, antes citados, por lo que resulta innecesario el modificar la Ley General de Salud, solo por incluirla específicamente.

Ante estas consideraciones, la Comisión de Salud toma a bien que esta Iniciativa no sea viable, ya que la reforma propuesta, ya está contemplada en los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha Iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 134 y el artículo 144 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 fracción II, 82 numeral 1, 84, 85 y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión del 11 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3789, el martes 11 de junio de 2013.

3.  El 20 de junio de 2013, el iniciante fue convocado por la comisión dictaminadora, en cumplimiento al artículo 177 del Reglamento y con el fin de que ampliara sus argumentos respecto a la propuesta.

4. En fecha 20 de junio del año en curso, el diputado proponente hizo llegar a la Comisión, el oficio CRH/GGR/PT/CA/LEOC/502/13, por medio del cual adjunta nota ejecutiva con el objeto de ampliar el sentido de su iniciativa.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa presentada por el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa propone subsanar las inconsistencias que presenta el artículo 72 del Reglamento de la Cámara de Diputados, relativo a las cuestiones respecto a la declinatoria de competencia que pueden realizar las comisiones para conocer respecto a algún asunto.

2. En tal sentido, el proponente señala que el numeral 1, es contradictorio al numeral 2 del citado artículo 72 del Reglamento de la Cámara de Diputados, señalando esto en virtud de que el numeral 1 menciona que el presidente de la junta directiva presentará el escrito al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara y el segundo que debe estar firmado por la mayoría de los integrantes de la junta directiva.

3. Plantea también como problema que el numeral 3 del citado artículo, tampoco indica un plazo exacto en que el presidente de la Mesa Directiva debe resolver la declinatoria de competencia y que esto trae como consecuencia indefensión e incertidumbre jurídica a los diputados que integran las comisiones.

4. Igualmente señala que esa indefensión e incertidumbre se ve reflejada a manera de ejemplo, en los puntos de acuerdo o iniciativas que son turnadas a dos o más comisiones, ya que en tales casos, al estar en proceso de resolver una solicitud de declinatoria, las otras comisiones dictaminen sin saber que se encuentra pendiente tal resolución o que incluso se obstaculiza la función dictaminadora de las otras comisiones que no pueden cumplir en tiempo y forma.

5. Asimismo en su nota ejecutiva hecha llegar a la Comisión, alude a los puntos de acuerdo propuestos que puedan encontrarse en una situación en que una Comisión decline conocer de ellos y en virtud de no contar con un plazo para ello, este pueda llegar a perder sus efectos, sobre todo cuando se trate del algún evento o hecho reciente.

6. Para ello, el diputado propone que el Presidente de la Junta Directiva tenga por acreditada su personalidad para presentar declinatorias de competencia y que para ello baste únicamente su firma. Del mismo modo sugiere se establezca un plazo para que se resuelvan las solicitudes de declinatoria en tres días.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Por otra parte, es dable destacar la presente iniciativa presentada por su proponente, toda vez que establece como objeto primordial contar con normas claras que regulen en forma óptima el proceso legislativo y evitar el rezago legislativo.

3. No obstante lo anterior, esta dictaminadora estima conveniente no aprobar tal iniciativa por las razones siguientes:

a. Normas contradictorias

De la redacción de los numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, analizadas e interpretadas de forma lógica, podemos apreciar que en los mismos se establecen ciertos requisitos que debe cubrir la declinatoria de competencia, los cuáles son diversos y en virtud de ello no podemos considerar que se encuentren en contraposición.

Esto es, del numeral 1 desprendemos que se define la declinatoria (solicitud de modificación de turno hecha por una comisión), quien la presenta (Presidente de la Junta Directiva) y cómo debe hacerlo (a través de escrito dirigido al Presidente).

En tanto, el numeral 2 del citado artículo se refiere a la forma en que debe acreditarse la personalidad de la Comisión, que pretende declinar una competencia (mediante un escrito que contenga la firma de la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva).

Recapitulando entonces, los numerales referidos prevén un concepto de declinatoria, quién la presenta, cómo debe hacerlo y concatenado a ello, cómo debe acreditar la personalidad de la Comisión que preside y representa; requisitos que, como se ha dicho son diversos, diferentes y no se contraponen entre sí.

En este aspecto cabe aclarar que el precepto mencionado señala en su numeral 1, que el Presidente de la Junta Directiva, a través de un escrito presentará la declinatoria de competencia y en el numeral 2 señala que el escrito debe ir con la firma de la mayoría de los integrantes de la junta, esto se debe precisamente a que las Comisiones son órganos colegiados, es decir, se encuentran integradas por diversos legisladores de los diferentes grupos parlamentarios y como tal, todas sus decisiones deben ponerse a consideración de sus integrantes y las determinaciones se tomarán por mayoría de votos de los mismos.1

Para ello, no debemos pasar por alto que el propio artículo 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone puntualmente que en las reuniones de las comisiones, las resoluciones o dictámenes deben adoptarse por mayoría simple, lo cual implica, que deberán firmarse por los diputados que se hayan presentado a la misma.

b. Plazos

Como ya se mencionó, en la propuesta se señala que no existen plazos respecto a la resolución si se acepta o no la declinatoria de competencia que presente una Comisión a la Mesa Directiva.

Respecto a ello, resulta importante señalar que el numeral 3 del artículo 72 del Reglamento de la Cámara de Diputados claramente dispone que la sustanciación2 de declinatoria se tramitará en los términos que la modificación de turno. Por lo tanto debemos  tener en cuenta que para el trámite del proceso que sigue la declinatoria de competencia un turno, son las mismas reglas que las que se utilizan para modificar un turno y en tal sentido el artículo 73 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece lo siguiente:

Artículo 73.

1. La modificación del turno sólo la podrá realizar el Presidente, cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado para hacerlo. El plazo para resolver la modificación de turno será de cinco días, contados a partir de la recepción de la solicitud.

2. Durante la sustanciación del procedimiento de rectificación de turno, no correrá el plazo para emitir dictamen.

Con base en la transcripción del precepto anterior, es dable establecer que sí se cuenta con un plazo para que el Presidente de la Mesa Directiva resuelva la declinatoria de competencia y es precisamente el de cinco días3 contados a partir de la recepción de la solicitud, máxime que también se precisa que durante la sustanciación del procedimiento, no corren plazos para emitir el dictamen.

c. Proposiciones con punto de acuerdo

Otro de los temas que toca el proponente en su iniciativa es precisamente el ejemplo que señala en cuanto a que si el asunto materia de declinar la competencia se tratara de un punto de acuerdo que, normalmente se refieren a una situación en específico de un tiempo determinado y que por concepto del tiempo en que tarde en resolver, respecto a la declinatoria la Mesa Directiva, este puede perder vigencia.

Respecto a este tópico, si bien normalmente las propuestas de punto de acuerdo, que están encaminadas a que la Cámara se manifieste en un sentido o fije una postura respecto de un asunto determinado, y por tanto exista la premura de dictaminarlo en una forma más ágil, cabe recordar que el propio Reglamento de la Cámara de Diputados establece la figura de “urgente y obvia resolución”. Este tipo de proposiciones, de acuerdo al Artículo 79, numeral 2, podrán ser solicitadas con ese carácter por los diputados proponentes y en su caso la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados considerará si se presentan directamente al Pleno.

d. Dictamen de comisiones unidas

En la propuesta se menciona como problemática que se puede presentar, en virtud de la supuesta incertidumbre de no saber cuándo va a resolverse una declinatoria de competencia, la situación de que a otra Comisión le haya sido turnada la misma propuesta y la dictamine sin saber si se aceptó o no la solicitud de declinatoria.

Relativo a ello debemos señalar que, al encontrarse pendiente de resolver si procede o no la declinatoria de competencia, no corre término para la dictaminación de la propuesta. Ahora bien, el Reglamento de la Cámara de Diputados contiene disposiciones claras respecto al dictamen de comisiones unidas y en su artículo 173, numeral 1 establece que la primera comisión nombrada en turno será la responsable de elaborar el proyecto de dictamen.

Esto es, la que haya sido nombrada en primer término es la que se encarga de hacer el dictamen, que en su caso someterá a la aprobación de la otra u otras comisiones para su aprobación. En el supuesto de que se trate de una comisión que no haya sido la primera en turno quien solicite la declinatoria de competencia, reiteramos la claridad de la regla que menciona que no correrá el plazo para dictamen en tanto se resuelva el procedimiento respectivo.

En tales condiciones, no resulta procedente como sugiere la propuesta, establecer plazos para resolver la declinatoria de competencia, ya que actualmente sí existen disposiciones que determinan un proceso para ello y un tiempo definido para ello.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura, proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del PRD, el 11 de junio de 2013.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 En la doctrina se ha señalado que la comisión debe tomar sus decisiones por mayoría y que incluso los dictámenes deben ser firmados por quienes lo hayan aprobado  y los que disientan del mismo están en la posibilidad de emitir un voto particular, cfr. Pedroza de la Llave, Susana Thalía y Cruz Velázquez, Jesús Javier, “Introducción a la Técnica Legislativa”, en Elementos de técnica legislativa, de Carbonell, Miguel  y Pedroza de la Llave, Susana Thalía compiladores. Editorial Porrúa, tercera edición, México 2004, pág. 120.

2 No pasa por alto para esta Comisión, que en la propuesta del Diputado se señala que de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, el término sustanciar, en su definición general se refiere el dar fin a una controversia por parte de una Autoridad Jurisdiccional, lo cual si bien es cierto el Poder Legislativo dista mucho de tener el carácter judicial, se debe tener en cuenta que la disposición que alude al término sustanciar, de acuerdo a una lógica y clara interpretación al sentido de la misma, es que se refiere en específico al desarrollo del proceso en que la Mesa Directiva deberá desarrollar el procedimiento para resolver si acepta una declinatoria de competencia o bien una modificación de turno a una Comisión en específico.

3 En este sentido, sí se debe señalar que no se alude a si se trata de días naturales o hábiles, pero en tal caso resulta lógico considerar que se trata de días hábiles en virtud de que el horario del Órgano Legislativo no contempla como laborales los días festivos o inhábiles que incluyen sábados y domingos.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión Ordinaria del día 25 del mes de septiembre de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez, Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica en abstención), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo los dictámenes que sí han sido reservados, identificados con los números 1, 5 y 6 del orden del día.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 15:51 horas): Se levanta la sesión y se cita a la sesión solemne en la que la Cámara de Diputados otorgará la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, que tendrá lugar el día de mañana, 9 de octubre de 2013, a las 10 horas. Y al término de la misma, a la sesión ordinaria. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

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