Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 379 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 11:20 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de octubre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

Del diputado Mario Rafael Méndez Martínez.

De la Cámara de Senadores

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se consideren y destinen mayores recursos para la construcción, ampliación y modernización de carreteras en el estado de Yucatán, presentada por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Siete proposiciones con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se destinen recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en los municipios de Cihuatlán, Etzatlán, el Grullo, Mexticacán, Tonaya y Yahualica de González Gallo, en el estado de Jalisco, presentadas por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Minutas

Con proyecto de decreto que declara al año 2013 como “Año Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso del Estado de Colima

Con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 24; adiciona dos párrafos a la fracción IV y reforma el numeral 5 de la fracción VI del artículo 29 Bis 3, y adiciona el artículo Décimo Cuarto Transitorio a la Ley de Aguas Nacionales. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 45 bis, 45 bis1, 55 bis, 55 bis1 y 55 bis2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264; 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de BANOBRAS, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados de Durango, Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí a revisar, con perspectiva de género, sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativos a la celebración de ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativo a la realización de actividades para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 84 y 1000 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Radio y Televisión, con Puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en materia de Estado de Excepción y Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías; y reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 26 y 31, y adiciona un artículo 43 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 111 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiación y del Código Civil Federal, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de La Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 106 y adiciona un artículo 355 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Salud Mental, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado William Renán Sosa Altamira y suscrita por el diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Juan Isidro Del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Austeridad para Servidores Públicos de los Entes Públicos de la Federación, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján y suscrita por la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios y suscrita por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes y suscrita por el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza y suscrita por los diputados Gerardo Francisco Liceaga Arteaga y José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De Decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Octavio Paz Lozano”, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el Capítulo Quinto y el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón y suscrita por el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.a (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley Federal de Derechos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley de Coordinación Fiscal; y abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo relativo a la problemática actual que presenta el cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la condonación de multas a productores y concesionarios de pozos agropecuarios del estado de Zacatecas, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo federal, del estado de Oaxaca y del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, de esa entidad, para que garanticen a la población servicios públicos oportunos y de calidad; y se garantice a la C. Irma López Aurelio y su hijo recién nacido, justicia pronta y expedita, la reparación de daños y perjuicios, así como protección, seguridad y certeza jurídica, haciendo caer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables, suscrito por las diputadas Lourdes Eulalia Quiñones Canales e Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía extiende su reconocimiento y felicitaciones al gimnasta mexicano Daniel Corral, por obtener la medalla de plata en el Mundial de Gimnasia Artística de Bélgica 2013, a cargo del diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, para que a través de la unidad competente, implemente un Programa de supervisión de la aplicación de la Ley de Servicio Profesional de Carrera, en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la detención de jóvenes en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a fortalecer la estrategia de preservación de la capa de ozono, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sectur y de la Semarnat, para que generen mayor difusión turística y protección ecológica a la Laguna Bélgica, ubicada en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, estado de Chiapas, a cargo del diputado Harvey Gutiérrez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que revise y deseche la propuesta del Ejecutivo federal de homologar el IVA en la región fronteriza del país, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, para que haga pública la información referente al Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y para que constituya el Fideicomiso de dicho Programa, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las secretarías de salud estatales, implementen acciones para controlar y detener la epidémia de cólera que se ha manifestado en diversos estados de la República, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del estado de Morelos, para que se favorezca con los recursos otorgados por el Fonden a los damnificados de los municipios de Jojutla, Amacuzac, Tlaquitenango y Puente de Ixtla, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, para que haga pública la información referente al avance de la implementación del Empleo Temporal inmediato para la atención de las emergencias causadas por los fenómenos Ingrid y Manuel, y se reanuden los pagos de dicho Programa en los estados afectados, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB y a la PGR, para que investiguen el origen de los recursos destinados a la operación del Patronato “Zócalo 11 de julio”, con el que pretenden construir una obra en el predio de la plaza cívica Benito Juárez de Tijuana, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF, para que investigue y tome medidas por abusos efectuados en el operativo policiaco, instrumentado en torno a la marcha ciudadana conmemorativa del 2 de octubre de 1968; asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal, para que reubique el centro de acopio instalado en el Zócalo Capitalino, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conade, para que gestione la realización del Maratón Náutico del Río Balsas, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diez de octubre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con veintiún minutos del jueves diez de octubre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Acto seguido, una vez dispensada su lectura por encontrarse publicadas en la Gaceta Parlamentaria, se someten a discusión el Acta de la Sesión anterior, así como el Acta de la Sesión Solemne y, no habiendo oradores registrados, en sendas votaciones económicas se aprueban.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas en la custodia, cuidado y atención de la niñez. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

b) De la Cámara de Senadores:

• Con la que devuelve Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo cincuenta y ocho de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para los efectos de la fracción D del Artículo 72 Constitucional. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Con las que se remiten Minutas con proyecto de decreto:

– Que reforma y adiciona los artículos siete y catorce de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

– Que reforma el artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

– Que adiciona el artículo dieciocho de la Ley Sobre El escudo, la Bandera y el Himno Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma la fracción décimo primera del artículo trece de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para los efectos de la fracción E del Artículo 72 Constitucional. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

Desde su curul el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Partido Acción Nacional, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria del menor fallecido hace un año a manos de la patrulla fronteriza. El Presidente obsequia la solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios relativos a la conmemoración del Centenario de la disolución del Congreso, los siguientes diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México;

A las doce horas con diecinueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y ocho diputadas y diputados.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Francisco Tomás Rodríguez Montero, del Partido de la Revolución Democrática; Liliana Castillo Terreros, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

y Víctor Hugo Velasco Orozco, del Partido Revolucionario Institucional.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y uno, y ochenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Alfa Eliana González Magallanes. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, y Cristina González Cruz, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: cuarenta y uno, y ochenta y cinco.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En votación nominal por cuatrocientos veinticuatro votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general el proyecto de decreto.

Se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados a los siguientes diputados:

– Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y uno del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

– Brenda María Alvarado Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar propuestas de modificación a los artículos cuarenta y uno, y ochenta y cinco, del proyecto de decreto, no habiendo claridad en la votación económica, el Presidente instruye se abra el sistema electrónico para realizar votación nominal. Con un registro de doscientos seis votos a favor; ciento ochenta y seis en contra; una abstención, se admite a discusión. Intervienen en contra los diputados: Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien acepta interpelación del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática.

Desde su curul realiza moción de procedimiento y de ilustración el diputado Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones e instruye a la Asamblea dar lectura al artículo ciento diez del Reglamento de la Cámara de Diputados.

No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el Presidente instruye se abra el sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con un registro de doscientos votos a favor; y doscientos siete en contra, no se considera suficientemente discutido, y se continúa con la intervenciones en contra de los diputados Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; en su oportunidad, para responder alusiones personales, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; y Roberto López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

De conformidad con el artículo treinta y tres, y treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud de la Junta de Coordinación Política, en votación económica se devuelve el dictamen que reforma y adiciona los artículos cuarenta y uno, y ochenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación, a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que realice adecuaciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Reforma Agraria, que adiciona un segundo párrafo al artículo treinta y siete de la Ley Agraria. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México; José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática; José Guadalupe García Ramírez, del Partido Acción Nacional; y Blanca Estela Gómez Carmona, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos ocho votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo treinta y siete de la Ley Agraria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Desde su curul la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios con relación al día de mañana como “Día Internacional de las Niñas”.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos sesenta y uno, y setenta y uno de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera, y segunda del artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Mario Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos seis, veinticinco, treinta y cinco, y treinta y seis de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del general Salvador Alvarado. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Isaías Cortés Berumen y suscrita por el diputado Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos dos, tres, cinco-A, y diecinueve de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley Minera. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Josefina García Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo setenta y nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• José Noel Pérez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que atiendan las necesidades de saneamiento del Río Lagos, ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a crear y a expedir una Norma Oficial Mexicana para la detección, diagnóstico y tratamiento de la hemofilia, así como implementar un Programa nacional de detección y atención integral multidisciplinaria. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que actualice el Atlas Nacional de Prevención de Desastres y el Atlas Nacional de Riesgos, a fin de contar con un diagnóstico oportuno de las treinta y dos entidades federativas. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que a través de sus secretarías de Trabajo o de Asuntos Laborales, instalen las comisiones estatales de Productividad. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a fin de que en la estrategia para la implementación de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos, se gestione con especial prelación la instalación del Consejo Ciudadano. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Francisca Elena Corrales Corrales, Lisandro Arístides Campos Córdova y Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional, por el que esta Soberanía expresa sus condolencias a la República Socialista de Vietnam, por el fallecimiento del General Vo Wguyen Giap. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Jorge Rosiñol Abreu, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de que se construya la primera etapa del libramiento carretero de Ciudad del Carmen, Campeche. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• Genaro Carreño Muro, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de los gobiernos de las entidades federativas, se coordinen y complementen recursos, a fin de potencializar y desarrollar proyectos de infraestructura de alto impacto social. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, y de Infraestructura, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes quince de octubre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con siete minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Se encuentra a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta. Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunican modificaciones de turno.

MODIFICACION DE TURNO DE MINUTAS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de lo siguiente

• Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 11, 21, 23, 27, 33, 48, 57, 67, 68 y 81 de la Ley Federal de Aeropuertos, remitida por la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2006.

“Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.”

• Minuta proyecto de decreto que reforma la fracción II y deroga la fracción V del artículo 47 de la Ley de Aviación Civil, remitida por la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2005.

“Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.”

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

INICIATIVA QUE MODIFICA EL ARTICULO 1O. DE LA CONSTITUCION, RELACIONADA CON EL DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCION

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher. Dígame diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Buenos días, señor presidente. Quiero decirle que en dos oficios turnados a la Mesa Directiva hemos solicitado el turno a la Comisión de Igualdad de Género de la iniciativa que se presentó para modificar el artículo 1o. de la Constitución, relacionado con el derecho a la vida desde la concepción. He sido enterada que en la Mesa Directiva no se encuentran argumentos para turnar esa iniciativa a la Comisión de Igualdad de Género.

Quiero presentarle a usted mi mayor extrañamiento por eso, porque la Comisión de Igualdad de Género tiene como fundamento el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y la salud sexual y reproductiva de las mujeres sí es competencia de la Comisión de Igualdad de Género. Pero además le quiero decir que he entregado en sus oficinas el alegato por el cual defendemos y argumentamos que se turne a nuestra comisión por segunda vez en una petición esta iniciativa. Le solicito por favor que nos den respuesta por escrito.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Estaré muy atento a su comunicación, diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Pasamos al siguiente asunto.

RETIRO DE PROPOSICION

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortes, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— LXII Legislatura.— Presente.

Distinguido presidente:

Por este conducto le envió a usted un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito solicitar a usted que, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la siguiente proposición sea retirada definitivamente:

Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con objeto de que considere la opinión de la Cámara de Diputados en la construcción de las Reglas de Operación, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez. Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el martes 8 de octubre del 2013.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2013.— Diputado Marlo Rafael Méndez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registrados parlamentarios.Pasamos al siguiente asunto.

RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR Y MODERNIZAR CARRETERAS EN YUCATAN

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se consideren y destinen mayores recursos para la construcción, ampliación y modernización de carreteras en el estado de Yucatán.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito Daniel Gabriel Ávila Ruiz, senador de la república por el estado de Yucatán e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la sexagésima segunda legislatura del honorable Congreso de la Unión, con base en las facultades que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se consideren y destinen mayores recursos para la construcción, ampliación y modernización de carreteras en el estado de Yucatán; con base en las siguientes

Consideraciones

Las regiones de nuestro país requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones que incluyan la construcción y modernización de infraestructura carretera que permita el traslado de productos, y servicios así como un tránsito de las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo.

EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras. A través de ella fluye el 80 por ciento de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente el 98 por ciento del movimiento de pasajeros.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, actualmente, la red carretera del país suma 374,262 kilómetros, de estos, 49,169 kilómetros conforman la red federal (8,459 kilómetros son autopistas de cuota y 40,710 kilómetros constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24,308 kilómetros se consideran estratégicas, ya que conectan el 70 por ciento de la población del país.

Durante la última década, la inversión realizada por el sector público en infraestructura en México pasó de 3.1 por ciento del PIB a 4.5 por ciento. Sin duda los avances han sido importantes para satisfacer parte de los requerimientos en la materia; sin embargo, las necesidades de conectividad aún son elevadas.

Uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera de nuestro país, es que, cerca del 60 por ciento de los tramos existentes se construyeron hace más de 40 años con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos hoy en día. El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho mayor a lo previsto en su diseño original, el porcentaje de vehículos pesados se ha incrementado hasta en 50 por ciento en algunos tramos.

Para el caso concreto del estado de Yucatán, existen varias carreteras que requieren de modernización y ampliación, que por su localización repercutirán en una mejor distribución de mercancías, razón por la cual impactarán en el nivel de crecimiento regional. A continuación se mencionan algunas.

Modernización del tramo: Tizimín-Río Lagartos con una distancia de 54.2 kilómetros

La carretera fue construida hace más de cuatro décadas; sin embargo, en los últimos años ha sufrido una considerable disminución de sus dimensiones, específicamente en la anchura de rodamiento, esto, aunado a la falta de cunetas, rejillas y carril de acotamiento, ha propiciado un elevado número de accidentes carreteros por el tráfico de camiones de carga, autobuses, y automóviles, pero, principalmente por las unidades pesadas de uno y dos semirremolques que transitan las 24 horas del día y que en suma, transportan más de 500 mil toneladas anuales que se producen derivada de la explotación salinera ubicada en el municipio de Río Lagartos.

El municipio Río Lagartos no sólo es costero dedicado a la pesca ribereña, sino también es ganadero, turístico e industrial. A pesar del gran potencial económico que podría representar este municipio, la realidad es otra, su población está siendo afectada por problemas socio-económicos, principalmente por la falta de una vía de comunicación segura y moderna que lo conecte con el resto de los municipios imprescindible para su desarrollo. La mejora de éste tramo beneficiará a la población de Tizimín, Panabá y San Felipe.

Ampliación de la Carretera Mérida-Chetumal. Primera etapa

El proyecto consiste en la modernización y ampliación de la carretera MEX 184 Teya–Peto en sus tramos: Mérida–Tekoh (kilómetro 0+000–kilómetro 20+400), Tekoh–Teabo (kilómetro 20+400–kilómetro 70+000) y Teabo–Peto (kilómetro 70+000–kilómetro 126+200), con una longitud de 20.40, 49.60 y 56.20 kilómetros respectivamente. Se pretende  generar una vía con la capacidad adecuada para la circulación de automóviles, autobuses y vehículos de carga, ofreciendo con esto ahorros a los usuarios en tiempos de recorrido, costos de operación y mantenimiento.

Con este proyecto, la operación del tránsito se verá beneficiada en los siguientes aspectos: mayor seguridad para los usuarios al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes, aumento en las velocidades de operación, disminución en los tiempos de recorrido y costos de operación, mejoría en la interconexión de las carreteras federales y estatales del área de influencia del proyecto.

La deficiencia que presenta la carretera en sus diferentes tramos es, para el primero de ellos, una falta de capacidad vial para encauzar adecuadamente el tránsito, existiendo problemas de circulación fluida por la dificultad en los rebases y riesgo de accidentalidad por acotamientos reducidos. Lo anterior genera filas de espera, bajas velocidades y aumento tanto de tiempos de recorrido como de costos de operación.

En lo que respecta a los demás tramos, se observa en su estudio de factibilidad que la capacidad vial pronto será rebasada, esto generará los mismos problemas que en el primer trecho. Por otro lado, se observó que en estos trayectos los vehículos circulan a altas velocidades según las características de esta vía, lo cual puede provocar accidentes debido a las malas condiciones del pavimento.

Modernización del camino Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal

El alcance del proyecto consiste en la modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

La problemática que presenta el camino es el mal estado en general, concentración de agua ocasionando problemas de erosiones subsecuentes, dificultad de transporte de mercancías, víveres y personas de las poblaciones aledañas, así como el acceso a bienes y servicios básicos (salud, educación, etc.), lo cual afecta de manera importante la calidad de vida de los pobladores.

Los principales beneficios que traería la renovación de esta carretera sería, el disminuir el tiempo de recorrido, incrementar la seguridad, ahorro en los costos de operación vehicular y desarrollo de las principales actividades productivas de la región; se beneficiarán a 9,737 habitantes de las comunidades de Tixcancal, Chan Cenote, Chan Tres Reyes, Xim-Há y X-Can.

Modernización del camino Tunkás-Cenotillo

El proyecto consiste en la reconstrucción del camino alimentador: Tunkás–Cenotillo en una longitud de 16.0 kilómetros, se pretende levantar el asfalto actual para volver a pavimentarlo debido a las malas condiciones en las que se encuentra, ampliarlo a una sección con 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno.

El propósito es hacer más seguro, cómodo y eficiente el movimiento de bienes y personas que circulan a través de este camino. Se tendrán beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuirá a la disminución de los tiempos de recorrido y de los costos de operación vehicular, lo que se traducirá en una mayor competitividad del transporte de la región Este del estado de Yucatán.

Con la modernización de este camino se beneficiará a una población aproximada de 6,134 habitantes de la región, así como se logrará:

• Aumentar las velocidades de maniobra.

• Disminuir los tiempos de recorrido.

• Reducir los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos.

• Ofrecer comodidad y seguridad para los usuarios.

• Acortar la posibilidad de accidentes al estrechar los cruces a nivel.

• Mejorar los niveles de servicio.

• Aminorar la contaminación ambiental por gases y por ruido.

• Mejorar la actividad económica y productiva de las comunidades de Tunkás, San José Pitbuch y Cenotillo.

Finalmente, la ausencia de comunicaciones impide la oferta de bienes y servicios, además limita el bienestar de la población y las actividades econó­micas propicias para generar un crecimiento y desarrollo del país. El invertir en una infraestructura adecuada potenciará la capacidad productiva del país y abrirá nuevas oportunidades de progreso no sólo para los yucatecos sino para todos los mexicanos.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se consideren y destinen mayores recursos para la construcción, ampliación y modernización de carreteras en el estado de Yucatán.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación. Segunda Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado el 20 de mayo de 2013. Disponible: http://www.dof.gob.mx/

2 Ibídem.

3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Disponible en http://www.shcp.gob.mx/ EGRESOS/ppi/Paginas/Sistema_inversion.aspx

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de octubre de 2013.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PROYECTOS EN CIHUATLAN, ETZATLAN, EL GRULLO, MEXTICACAN, TONAYA Y YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Yahualica de González Gallo, está ubicado en la Región Altos Sur en el Estado de Jalisco, cuenta con una extensión territorial de 520.75 kilómetros cuadrados y está situado entre los 21,11’N latitud, y los 102°53’00” longitud con una altura de 1,750 metros sobre el nivel del mar, actualmente se cuenta con 22,284 habitantes en el municipio, según el censo de población y vivienda elaborado por el INEGI al 2010, siendo la cabecera municipal más poblada con 91 mil 959 personas.

La infraestructura deportiva es fundamental para fortalecer el desarrollo de las actividades físicas y deportivas, siendo los espacios deportivos, los medios idóneos para desarrollar una cultura deportiva. Jalisco, es un estado líder en la promoción y desarrollo de deportistas; que son la base de las selecciones nacionales, así como, de la formación de los profesionales de la cultura física y deportiva.

Es por ello, que dicho municipio tiene la necesidad de fomentar el deporte, siendo prioridad contar con nuevos y mejores espacios deportivos con equipamientos de calidad como eje central en el funcionamiento de la práctica deportiva, misma que, basándose en desarrollar nuevas habilidades en un ámbito de la población debe contar con el personal capacitado en materia de deporte.

El municipio de Yahualica de González Gallo, solicita el apoyo para la construcción de una cancha de futbol rápido con pasto sintético, ideal para la población que habita en dicho municipio, ya que, por las condiciones del deporte requiere de un pasto sintético resistente que evite lesiones por derrapes o caídas, así mismo, tiene como ventaja la conservación de su forma aún después del uso intenso y prolongado, teniendo una apariencia muy similar al pasto natural, con una gran durabilidad de vida aproximadamente entre 6 y 8 años, permitiendo un buen rodaje de balón y requiere de un mantenimiento mínimo, lo que implicaría con un pasto natural como; jardinero, miles de litros de agua al mes, abono, maquinaria para mantener un pasto a la perfección entre otros; siendo un gran beneficio el ahorro del mantenimiento. En pro del deporte, los pastos sintéticos son adaptables en superficie, escenario e inclusive en cualquier tipo de clima.

En otro contexto, la rehabilitación de canchas de frontón y sus obras complementarias, darán otra perspectiva de un deporte convencional, es decir; es un deporte exigente, el cual es excelente para desarrollar fuerza y condición física, te exige velocidad, agilidad mental, coordinación psicomotriz y buena preparación física teniendo un efecto anímico; lo que permitirá tener una mente positiva levantando el autoestima en general.

Con la inversión de la rehabilitación de la Unidad deportiva y sus obras complementarias definitivamente traerá para la zona turística del municipio, donde será una opción para que las personas tanto de la región como de las comunidades aledañas, practiquen el deporte y empiecen a tomar una disciplina para mejorar su calidad de vida.

Se requieren de espacios dignos para la práctica del deporte, y del desarrollo de talentos deportivos, con el objetivo de tener más elementos de alto rendimiento con el esfuerzo, disciplina y constancia, ya que, será una motivación para los habitantes en poder realizar cualquier tipo de ejercicio.

El impacto o resultados esperados en el ámbito económico, social y ambiental, son: disminuir la problemática social que existe en la comunidad; por ejemplo, pandillerismo, drogadicción, alcoholismo, violencia familiar; fomentar la integración familiar creando un espacio de esparcimiento y desarrollo para todos; así como incrementar el interés de los jóvenes por el deporte y mantener una cultura física.

Con esto, le permitirá al Gobierno Federal impulsar nuevos proyectos para fomentar el deporte y la actividad física de forma regular, teniendo como beneficio una mejoría en la calidad de vida y la formación de mejorar los hábitos de una vida sana y saludable, así mismo, combatir los altos índices de obesidad y de sobre peso que existen actualmente.

La generación de espacios que motiven la formación deportiva, cultural y educativa son herramientas eficaces en la búsqueda de combatir mecanismos que distancian día a día a la población en general de los vicios que solo generan conductas de violencias. Además teniendo como beneficio en cada estos espacios, fortalecen un mecanismo de acercar y convivencia familiar.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura deportiva para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, así mismo, con la construcción deportiva tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Ante la solicitud de este municipio, que se encuentra en crecimiento por parte de sus pobladores, es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como es la “Construcción de cancha de futbol rápido, Rehabilitación de las canchas de frontón y la segunda etapa de rehabilitación de la unidad deportiva Manuel Ávila Camacho” con sus obras complementarias del municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. La inversión en infraestructura deportiva permitirá rediseñar el futuro y la calidad de los habitantes del municipio.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de cancha de futbol rápido con una inversión total de 1 millón de pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014;

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Rehabilitación de las canchas de frontón con una inversión total de 600 mil pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la 2.da etapa de rehabilitación de unidad deportiva Manuel Ávila Camacho con una inversión total de 4 millones 300 mil pesos para el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diez días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para destinar los recursos necesarios para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tonaya, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tonaya es un pueblo y municipio de la región Sierra de Amula del estado de Jalisco, cuenta con una extensión territorial de 491.28 kilómetro cuadrados y está situado a 19°47’de latitud norte y 103°58’de longitud oeste, a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar, actualmente se cuenta con 5,930 habitantes y cuenta con 25 localidades siendo las principales: Tonaya (Cabecera municipal); Coatlancillo; El Cerrito; los asmoles y las liebres, según el censo de población y vivienda elaborado por el Inegi al 2010.

El municipio cuenta con una riqueza natural extraordinaria, con la que cuenta 4 mil 900 hectáreas de bosque, en las que predominan especies como lo son el roble, encino y el pino.

El municipio de Tonaya, tiene dos localidades que actualmente no cuentan con ningún espacio recreativo de áreas verdes para el esparcimiento y la recreación. Es por ello, que es necesario dotarlos de espacios que le permitan beneficios para la salud de los habitantes y mantener una calidad de vida adecuada. Con el establecimiento de sitios públicos abiertos, mismos que podrán ser visitados, y que beneficiaran a los habitantes, ya que, los jardines incrementan la humedad, inclusive los contaminantes son procesados por las plantas y transformados en nutrientes.

El contacto o la contemplación de los jardines atenúan sentimientos negativos, incrementa el nivel de concentración y comprensión, siendo un perfecto estimulante natural, con la construcción del quiosco se proporcionara un espacio de relativa protección de lluvia y de sol, o en su caso para fomentar un espacio escénico para el desarrollo de espectáculos al aire libre, ello provocara la atracción turística y de sus habitantes.

Por otro lado, complementando el bienestar puede obtenerse al salir a jugar o a caminar en un parque, ya que, el visitar uno contribuye a lograr beneficios de salud, es por ello, que la localidad de Tonaya, requiere ampliar su construcción para mejorar la cultura física de la población y aprovechar sus obras complementarias para fomentar una actividad física y mental.

Ante la solicitud de este municipio en desarrollo, se propone que sea considerado el apoyo a diversos proyectos relativos a construcciones de áreas verdes. Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tonaya, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de jardín principal en la localidad de Higueras con una inversión de 400 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de parque recreativo en la localidad de San Rafael con una inversión de 350 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2014.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de parque recreativo en la localidad el Cerrito con una inversión de 250 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2014.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de parque lineal el Balenton segunda etapa con una inversión de 1 millón 700 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diez días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo del empedrado ecológico en el municipio de Mexticacán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo del empedrado ecológico en el municipio de Mexticacán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Mexticacán, es un municipio situado en la parte noroeste de Jalisco, su territorio está constituido principalmente por rocas ígneas y sedimentarias, con algunas cúspides de antiguos volcanes y algunos manchones de basalto. Este municipio necesita potencializar sus capacidades económicas, sociales y culturales, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Este municipio, ha solicitado apoyo en diversas ocasiones, para pavimentar sus calles y mejorar el empedrado de otras vialidades. Es indispensable apoyarlo para que se pueda realizar la construcción de empedrado ecológico con carretera 207 estatal, tercera etapa en el municipio de Mexticacán, Jalisco, el municipio lo considera prioridad para dar conectividad y cercanía principalmente con la localidad de Chimaliquin de Abajo y posteriormente con varias de las localidades que éste camino ofrece como acceso.

En anteriores proyectos se ha estado avanzando en su construcción, pero la tercera etapa es crucial para la terminación, por lo tanto, ésta obra consta de cortes, prestamos de banco, terraplenes de 20 cm de espesor y acarreos de terracerías además de una excavación para estructuras, rellenos, mamposterías y tubo circular en drenaje, empedrado ecológico con huellas de concreto, comprendiendo la carretera Mexticacán-Comunidad de Chimaliquin, con una superficie de 10,626 m2 de pavimento ecológico, además de riego de impregnación, señalamiento horizontal y vertical.

Además se considera necesario asignar recursos para llevar a cabo la construcción de empedrado ecológico a las localidades de Tapias de Arriba, Llano Grande, Los Rincones y Loreto. Con esta acción se beneficiarán de manera directa a los habitantes de la comunidad, ya que contarán con calles que faciliten el tránsito de personas y vehículos, se crearán fuentes de empleo temporales, se mejorará la imagen urbana, se terminarán los encharcamientos en temporada de lluvias, así como la proliferación de tierra en el ambiente, todo lo cual mejorará la calidad de vida de los habitantes de este municipio.

Actualmente, este municipio se encuentra carente de calles que facilite el transito, por ello es necesario generar condiciones que permitan impulsar la creación y mantenimiento de infraestructura para el desarrollo e incidir de mejor manera, en la conservación y desarrollo de la localidad. Luego entonces, la mejora de espacios públicos aumentará y mejorará la calidad de vida de los habitantes del municipio; reduciendo niveles de marginación, buscando formar ciudadanos comprometidos con su entorno ambiental y social.

Mexticacán es un municipio competitivo, con buenos niveles de bienestar, en los últimos años han convertido a sus vías de comunicación en la posibilidad de desarrollo, lo que ha favorecido al turismo y a la inversión económica. Dicha inversión, representa un eje para rescatar y preservar el ecosistema del municipio, logrando armonizar los recursos naturales y la satisfacción de las necesidades básicas, estableciendo los cimientos del desarrollo sustentable.

Por ello, las obras que comuniquen a la comunidad con las carreteras principales, ello debe ser una prioridad con el fin de lograr una adecuada articulación de la sociedad, los productores y el gobierno. Esto con el fin de lograr el aprovechamiento sustentable del sector agrícola, ganadero y productivo de la zona a fin de generar arraigo, permanencia y oportunidades de acceso, para una mejoría de calidad de vida de todos los habitantes.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente a considerar los recursos necesarios para las distintas obras en materia de empedrado ecológico del municipio de Mexticacán.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar 5 millones 40 mil pesos para la construcción de empedrado ecológico en la comunidad del Llano Grande, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar 5 millones 785 mil 469 pesos para la Construcción de Empedrado Ecológico Mexticacán-Chimaliquin de Abajo, conexión con carretera 207, estatal, tercera etapa en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar un millón 392 mil pesos para la construcción de empedrado ecológico en la comunidad de Tapias en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar 2 millones 880 mil pesos para la construcción de empedrado ecológico en la comunidad de Los Rincones en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Quinto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar 2 millones 880 mil pesos para la construcción de empedrado ecológico en la comunidad de Loreto en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diez días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la segunda etapa de la explanada para usos culturales en la comunidad de El Santuario, en el municipio de Mexticacán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para la construcción de la segunda etapa de la explanada para usos culturales en la comunidad del santuario en el municipio de Mexticacán, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

La construcción de la historia nacional se basó, en el estudio de objetos y monumentos de la historia colonial y en su preservación y exaltación como testimonios de esa historia. Sin embargo, a diferencia de los objetos prehispánicos, la valoración del pasado colonial tenía una carga particular por tratarse de símbolos del régimen derrocado.

A mediados del siglo XIX las leyes de nacionalización de los bienes eclesiásticos afectaron este patrimonio de múltiples maneras. La Ley, prevé que las pinturas y otros objetos de las comunidades religiosas pasen a los museos, en tanto que diversas medidas derivadas del remate de los bienes inmuebles de las comunidades afectaron su unidad, lo que junto con la destrucción de edificios para la apertura de calles modifico de manera sensible el paisaje urbano de las ciudades coloniales.

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los monumentos históricos son aquellos bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley. Se trata de inmuebles construidos en los siglos XVI, destinados a templos y sus anexos (arzobispados, obispados, casas rurales, seminarios, conventos, etcétera); así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. La Ley, también incluye los muebles, documentos, expedientes, archivos, manuscritos, libros, folletos, impresos y colecciones científicas y técnicas que se encuentren o hayan encontrado en dichos inmuebles.

La explanada para usos culturales en la comunidad el santuario en el municipio de Mexticacán, es un proyecto que requiere del apoyo y le sean asignados los recursos suficientes para concluir con estas obras que tiene una incidencia directa en los ciudadanos. El desarrollo y fomento de la cultura; será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes. Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el proyecto denominado “construcción de la segunda etapa de la explanada para usos culturales en la comunidad del santuario en el municipio de Mexticacán”, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diez días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de empedrado ahogado en cemento en Etzatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de empedrado ahogado en cemento en Etzatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Etzatlán es un pueblo y municipio de la región Valles de Jalisco. Se halla entre los paralelos 20°38’ y 20°54’ de latitud norte; los meridianos 104°01’ y 104°15’ de longitud oeste; altitud entre mil y 2 mil 300 metros. Actualmente cuenta con 38 localidades y una población total de 18 mil 632 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010. Cuenta con una extensión territorial de 306.27 kilómetros cuadrados.

Actualmente, el municipio cuenta con una problemática de infraestructura vial, al perder a una de las arterias principales de este municipio, debido al deterioro del empedrado ecológico, ocasionando que los automóviles y bicicletas sufran desperfectos por el estado en el que se encuentra la calle. Esta situación además provoca que el tránsito vehicular sea demasiado lento afectando al turismo y a la comunidad en general.

Ante la necesidad y preocupación del municipio, es necesario apoyar este proyecto con la finalidad de proporcionar los recursos necesarios para el mantenimiento de infraestructura para el desarrollo de la localidad y para el beneficio de los habitantes que transitan de otros municipios tengan una ruta segura, próspera y las condiciones de tránsito vehicular sean más ágiles.

Con la construcción de la avenida principal y sus obras complementarias se beneficiará de manera directa a los habitantes de la comunidad, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales, así como, una avenida moderna con empedrado ahogado para que los habitantes se desplacen de una forma segura, eficiente y ágil.

Ante la solicitud de una ciudad que está en desarrollo económico por parte de sus pobladores se sugiere desarrollar una vialidad de integración, por tal razón, es muy importante apoyar la formación de proyecto de enfoque como “Empedrado ahogado en cemento y sus obras complementarias” en Etzatlán, Jalisco.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y la calidad del Municipio, además de cumplir la función de que los servicios de emergencia tengan acceso con más rapidez y efectividad en varias zonas de la población y en el municipio en general.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Etzatlán, Jalisco, a fin de que la autoridad competente cuente con recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la realización de la construcción de empedrado ahogado en cemento, con una inversión de 18 millones de pesos, en Etzatlán, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la modernización del canal de riego en la cabecera municipal El Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la modernización del canal de riego en la cabecera municipal El Grullo, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Grullo se localiza al suroeste de Jalisco y al oriente de la región de Autlán, las coordenadas extremas son de 19° 41’30” a 19° 53’50” de latitud norte y de 104° 19’35” a 104° 53’50” de longitud oeste, con una altura de 800 metros sobre el nivel del mar; cuenta con una superficie de 157.20 kilómetros cuadrados. Actualmente, en el municipio se cuenta con 23 mil 845 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2010.

El municipio se basa en la compraventa de bienes y productos, siendo la práctica la agricultura la segunda fuente de ingresos, actualmente se producen productos de origen animal que benefician la economía municipal, como la leche de vaca en primer lugar, la producción de miel de abeja como segundo lugar y la producción de huevo para plato como tercer lugar.

Actualmente, el municipio cuenta con canales de riesgo para el desarrollo de las actividades agrícolas, ya que gracias a ellos se ha logrado cosechar hectáreas de hortaliza, maíz y caña, las que son regadas durante la mayor parte del año, aun cuando no es temporada de lluvia.

Sin embargo, esos canales no cuentan con condiciones de protección civil, en estas condiciones representan un peligro para la población que transita por carreteras o caminos contiguos al canal, al no tener una protección y carecer de señalamientos que indiquen la proximidad del mismo. Esta situación, ha ocasionado accidentes con pérdidas humanas, creándose un peligró latente para la población.

Entre los factores que han provocado su deterioro se encuentra, la falta de mantenimiento y la contaminación a pesar de las medidas empleadas de su separación de desechos desde hace más de 15 años.

Por ello, con la inversión de esta obra, se beneficiará de manera directa a los habitantes de El Grullo obteniendo empleo temporal, con mejores vialidades, así como el mejoramiento de la imagen urbana, la seguridad a la población, los índices de perdidas y de accidentes, así como incrementar la plusvalía de los predios aledaños.

Ante la solicitud de una ciudad que está en desarrollo y que se encuentra en crecimiento por parte de sus pobladores se sugiere la reconstrucción de integración que otorguen seguridad a quienes transitan o caminan cerca del canal de riego en la cabecera municipal.

Por tal razón es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como es, la modernización del canal de riego en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para El Grullo, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la realización de la modernización del canal de riego en la cabecera municipal, segunda etapa, con una inversión de 12 millones de pesos, en El Grullo, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cihuatlán es un pueblo y municipio de la Región Costa Sur del estado de Jalisco, México. Se encuentra aproximadamente a 201 kilómetros al suroeste de Guadalajara. Según el II Conteo de Población y Vivienda de 2005, el municipio tiene 30 mil 241 habitantes.

El municipio de Cihuatlán sus habitantes se dedican al sector primario, el 16.96 por ciento al sector secundario, el 53.97 por ciento al sector terciario y al resto no se especifica. El 33.11 por ciento de la población se encuentra económicamente activa. Las principales actividades económicas son: agricultura, ganadería y servicios.

Este municipio, cuenta con una variedad de artesanías, arqueología y gastronomía. Entre los principales parques y reservas destacan: playa Cuestocomate, cascada de El Muerto, laguna de El Tule, bahía de Navidad, laguna de Barra de Navidad y Cuaixmala.

Es por ello, que el municipio de Cihuatlán necesita de un sistema carretero en óptimas condiciones, y detonar la economía local y mediante el fortalecimiento de actividades estratégicas sustentables e innovadoras para que se generen empleos o ingresos para los habitantes de esta localidad.

La construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en las diferentes calles del municipio de Cihuatlán, beneficiará de manera directa los habitantes de este municipio, ya que, tendrán calles idóneas que facilitarán el tránsito vehicular y peatonal. De apoyarse estos proyectos se permitirá reducir los tiempos de traslados, facilitando el acceso y comunicación con otras localidades de mayor seguridad.

Es por tal motivo, que se solicita el apoyo para la implementación de las distintas obras públicas en materia de pavimentación, mismas que permitirán crear fuentes de empleo temporales, evitaran los encharcamientos en temporadas de lluvias, así como la proliferación de tierra en el ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como una mayor seguridad a los que transitan en las calles a cualquier hora del día.

Es importante mencionar, que la durabilidad de estos caminos es mucho mayor que otras superficies y son benéficos para los habitantes de las comunidades, inclusive existen empedrados que sin mantenimiento alguno, han resistido por décadas. Por tal motivo, se solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades que les permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades, con la implementación de cortes, terracerías, bases para recibir el adoquín y machuelos.

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura para el desarrollo de la localidad y del comercio y para el beneficio de los habitantes que transitan de otros municipios tengan una ruta segura y próspera.

Ante la solicitud de este municipio para el desarrollo de vialidades de integración, considero indispensable asignar de recursos para la conformación de proyectos de enfoque como lo son: empedrado ahogado en cemento en la localidad Lázaro Cárdenas; modernización del tramo carretero antiguo camino a Barra de Navidad; empedrado ahogado en cemento en la localidad de Lázaro Cárdenas; construcción del andador peatonal Jalucao-Melaque; empedrado ahogado en cemento en la localidad de Emiliano Zapata; construcción de puente vehicular Pinal Villa; construcción de camino Melaque a Pinal Villa; construcción de la calle Morelos; construcción de camino Cihuatlán–Peñitas y Truchas; construcción de tramo carretero Tequesquitlan–Cihuatlán; construcción de Ceinjure en la cabecera municipal de Cihuatlán, y construcción del camino El Ranchito-Playa Calechosa del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón, es muy importante apoyar las obras de construcción de huellas de concreto, empedrado ahogado en cemento con los recursos, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras indispensables para este municipio.

Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Cihuatlán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la modernización del tramo carretero Antiguo Camino a Barra de Navidad, con una inversión total de 14 millones de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en cemento en la localidad de Lázaro Cárdenas con una inversión total de un millón 932 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de andador peatonal Jaluco-Melaque huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la calle Hidalgo y Guadalupe Victoria con una inversión total de 8 millones de pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la Construcción de huellas de concreto y empedrado ahogado en cemento en la Aldama con una inversión total de 723 mil 696 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Quinto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción del puente vehicular Pinal Villa con una inversión de 500 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Sexto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del camino de Melaque a Pinal Villa con una inversión de 3 millones 500 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de la calle Morelos de 5 millones 500 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Octavo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de camino de Cihuatlán–Peñitas y Truchas con una inversión de 23 millones 816 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Noveno. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de tramo carretero Tequesquitlan-Cihuatlán con una inversión de 30 millones de pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Décimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de Ceinjure, en la cabecera municipal de Cihuatlán con una inversión de 29 millones 200 mil pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Undécima. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del camino El Ranchito y playa Calechosa, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los diez días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

DECRETO QUE DECLARA 2013 COMO AÑO BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene por el que se declara a 2013 como “Año Belisario Dominguez, de la Libertad y la Republica”.

Atentamente

México, DF, a 20 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se declara a 2013 como “Año Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”

Artículo Único. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Primero. El honorable Congreso de la Unión declara: “2013, Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”, conmemorativo de las muertes del presidente don Francisco I. Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el ideal de una República libre, justa, social, democrática y constitucional.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del Estado, deberá contener al rubro o al calce, la siguiente leyenda “2013, Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”.

Tercero. Los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, realizarán actividades cívicas, académicas y culturales que tengan por objeto enaltecer la gesta heroica de los mártires de 1913.

Cuarto. El Banco de México podrá realizar la emisión de una moneda de cuño corriente conmemorativa a los ilustres Mártires de 1913 tratándose de su centenario, con las efigies del presidente Francisco I. Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del senador Belisario Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: “2013, Año de la Libertad y la República” de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros)

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75 por ciento (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25 por ciento (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 gramos (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 gramos (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92 por ciento (noventa y dos por ciento) de cobre; 6 por ciento (seis por ciento) de aluminio y 2 por ciento (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento (uno, cinco décimos por ciento) por elemento en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 gramos (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 gramos (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitoriodel presente decreto, apruebe el Banco de México y

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo. Corresponderá al Banco de México realizar el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el punto “Cuarto” del presente decreto, en un plazo no mayor a los 60 días naturales contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, la moneda podrá comenzar a acuñarse a más tardar a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite del diseño señalado en el párrafo anterior del presente artículo.

Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México, realizar los ajustes técnicos que se requieran observando, en todo momento, que éstos sean acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Cuarto. Corresponderá al Banco de México, cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual, derivado del diseño de acuñación de la moneda a que se refiere el presente decreto.

Quinto. El año de acuñación a que se refieren los decretos que fijan las características de las monedas previstas en el artículo 2o. Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, será el que el Banco de México indique en las correspondientes órdenes de acuñación que envíe a la Casa de Moneda de México.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura; y se modifica la denominación de la ley, para quedar como sigue:

Ley Federal para prevenir, sancionar y erradicar la Tortura

Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la tortura. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de fuero federal.

Artículo 2o. Los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, en los términos de los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, de conformidad con las leyes respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

I. La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos, de aquellas personas involucradas en la comisión de algún ilícito penal.

II. La organización de cursos de capacitación de su personal para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

III. La profesionalización de las instituciones de seguridad pública en una cultura de respeto a los derechos humanos.

IV. La profesionalización de todos los servicios públicos que participan en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión.

V. Prohibir el empleo de la tortura hacia toda persona sometida a arresto, detención, prisión o cualquier otra medida.

Artículo 2o. Bis. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como órgano constitucional autónomo y protector de los derechos humanos en el país, podrá realizar las visitas y supervisiones que considere pertinentes a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de readaptación social del país, así como en los órganos dependientes del Ejecutivo federal encargados de la procuración de justicia.

Artículo 3o. Comete el delito de tortura el servidor público que, intencionalmente, realiza cualquier acto u omisión por el cual se inflija a una persona sufrimiento físico o mental, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de cualquier acto u omisión tendiente a disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o mental, aunque no le cause dolor físico o angustia psíquica.

No se considerarán como tortura, las molestias o penalidades que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente, o las inherentes a éstas, o de actos legítimos de autoridad, siempre que estos no incluyan la realización de actos prohibidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o por esta ley.

Los delitos previstos en esta ley se investigarán y perseguirán de oficio.

Artículo 4o. A quien cometa el delito de tortura se le aplicará prisión de siete a dieciséis años, de quinientos a mil días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de manera permanente. Para los efectos de la determinación de los días multa se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal Federal.

Artículo 5o. Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que pudiendo hacerla, no evite que se cometa el delito de tortura; o al que autorice o tolere que un particular cometa alguna o algunas de las conductas descritas en el primer párrafo del artículo 3o. de esta ley.

Será sancionado con las penas establecidas en el artículo anterior el particular con cualquier grado de autoría o participación en el delito de tortura.

En caso de que el servidor público no pudiera evitar la comisión del hecho de tortura, está obligado a denunciarlo a autoridad competente de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión, de doscientos cincuenta a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta.

Sin perjuicio de lo establecido en esta ley para el delito de tortura, también se aplicarán las reglas de autoría y participación establecidas en el Código Penal Federal.

Las penas previstas para el delito de tortura se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando la tortura sea perpetrada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, y en este caso, el delito será imprescriptible.

Artículo 6o.No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales, incluyéndose los supuestos previstos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su respectiva ley reglamentaria. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárgico o de cualquier otra autoridad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan o contravengan lo dispuesto en el presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Colima.— LVII Legislatura.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso de Colima, en sesión verificada en esta fecha, aprobó un acuerdo en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta soberanía presenta a su consideración iniciativa de ley que propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 24; adicionar dos párrafos a la fracción IV y reformar el punto 5 de la fracción VI, ambas del artículo 29 Bis 3; y adicionar el artículo transitorio décimo cuarto de la Ley de Aguas Nacionales, en los siguientes términos:

Iniciativa de acuerdo con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 24; adiciona dos párrafos a la fracción IV y reforma el punto 5 de la fracción VI, ambas del artículo 29 Bis 3; y adiciona el artículo transitorio décimo cuarto a la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Primero.Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 24; se adicionan dos párrafos a la fracción IV y se reforma el punto 5 de la fracción VI, ambas del artículo 29 Bis 3; y se adiciona el artículo transitorio décimo cuarto a la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 24. ..

..

...

De conformidad con lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del presente artículo, la “Autoridad del Agua” deberá notificar al concesionario con un año de anticipación al vencimiento de la concesión para que haga uso de su derecho de prórroga si así lo desea, siempre que se trate de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento agrícola, pecuario o doméstico para zonas rurales.

..

...

Artículo 29 Bis 3. ...

I. a III. ...

IV. ...

Cuando no exista disposición testamentaria por parte del titular, los derechos que amparen la concesión se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

1. Al cónyuge;

2. A la concubina o concubinario;

3. A uno de los hijos del ejidatario;

4. A uno de sus ascendientes; y

5. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

En los casos a que se refieren los puntos 3, 4 y 5, si al fallecimiento del titular resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos de la concesión. En caso de que no se pusieran de acuerdo, la autoridad lo hará en su defecto.

V. y VI. .........

1. a 4. ...

5. El concesionario o asignatario haya realizado inversiones, o acciones tendentes a elevar la eficiencia en el uso del agua, por lo que sólo utilice una parte del volumen de agua concesionado o asignado;

6. ..................

VII. a IX. ...

Transitorios

Primero a Decimotercero. ...

Decimocuarto. Se exceptúa de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 24 de la presente ley durante 2013 y 2014, a efecto de que quienes no hayan solicitado la prórroga de su concesión de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales dentro de los plazos establecidos en el artículo en comento se les permita solicitar por única ocasión la prórroga de las mismas, siempre que se trate de concesiones para usos agrícolas, pecuarios o domésticos.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos dispondrá se publique, circule y observe.

Artículo Segundo.De ser aprobado este acuerdo por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Colima, se remita al Congreso de la Unión para efectos de que se le dé el trámite legislativo correspondiente.

Artículo Tercero.De ser aprobado el presente acuerdo, comuníquese lo anterior a las legislaturas de las entidades federativas del país a efecto de que se sumen a la presente iniciativa de acuerdo.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, adjuntándole copia del acuerdo de referencia, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 8 de octubre de 2013.— LAE Roberto Alcaraz Andrade (rúbrica), oficial mayor del Congreso del Estado.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

LEY ADUANERA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para su resolución de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “ Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

1.En sesión ordinaria de fecha 20 de agosto de 2013, el diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa mencionada a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio CP2R1A-2623, expediente 2366.

II. Contenido de la iniciativa

Las reformas que se plantean tienen el propósito de facilitar el procedimiento para que la autoridad competente pueda disponer de los vehículos que no son reclamados por quienes tienen derecho a los mismos y lograr así la consideración legal y expedita del abandono de los vehículos y poder realizar la puesta a disposición para enajenación o destrucción de los vehículos.

En ese sentido, la presente iniciativa propone establecer el mecanismo de notificación que la autoridad debe de llevar frente a los particulares propietarios o poseedores de vehículos en los supuestos en que se haya determinado por las diferentes autoridades federales la remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia a locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El diputado promovente argumenta que los vehículos que son retenidos por las diferentes autoridades federales a lo largo del país y que no son reclamados por sus propietarios, ha provocado la acumulación de miles de vehículos en los patios de los permisionarios federales que cuentan con la autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , así como los vehículos provenientes de procesos penales federales y aquellos que hayan sufrido accidentes o cometido violaciones administrativas en los caminos y puentes federales.

El diputado destaca que esta acumulación excesiva de vehículos no reclamados está provocando un gran daño ecológico en las áreas urbanas y rurales, pues afecta no sólo el suelo sobre el cual están depositados y abandonados dichos vehículos, sino también el entorno circundante mediante la dispersión de los subproductos originados en el mismo.

El diputado que suscribe la iniciativa considera pertinente reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para resolver el grave problema de hacinamiento de vehículos abandonados en los recintos de permisionarios, lo cual permitirá acabar con la acumulación de costos por guarda y custodia que llevan a una situación insostenible y eventualmente irresoluble, pues no hay quien cubra los costos y los vehículos no pueden salir pues tienen adeudos, por la larga estancia de los mismo en los recintos.

III. Consideraciones de la comisión

Primera.La comisión dictaminadora expresa su interés en reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para plasmar nuevas realidades que faciliten los procedimientos para que la autoridad disponga de los vehículos que no son reclamados y son abandonados por particulares en los patios de permisionarios, provocando así el desordenado hacinamiento de vehículos, con graves consecuencias en el medio ambiente.

Esta comisión que dictamina reconoce que la presente problemática del abandono de vehículos inicia por cuestiones legales, pero se agrava por cuestiones financieras, derivadas de la estadía en las pensiones o corralones que generan un costo diario, el cual en la mayoría de los casos en poco tiempo sobrepasa el valor del vehículo, provocando que el propietario decida no reclamar y obtener su recuperación, ya que le cuesta más pagar el arrastre y la pensión, que lo que vale el bien.

Segundo. La comisión que dictamina considera procedente reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ya que la falta de normatividad al respecto ha provocado que gran cantidad de vehículos sean abandonados sistemáticamente por las autoridades y por sus propietarios, sin que se cubra pago alguno a los permisionarios de grúas por los servicios proporcionados, constituyéndose así en un factor de gran descapitalización y empobrecimiento del sector y, generándole además graves problemas adicionales como son, por ejemplo: a) el crecimiento constante de los gastos de arrendamiento, mantenimiento, administración, vigilancia, re acomodo, etcétera, que genera la constante acumulación de vehículos; b) el costo financiero creciente y no recuperado por los gastos inherentes a los depósitos de vehículos; c) el constante ataque de delincuentes y hasta de organizaciones criminales, para el robo de autopartes y, en los últimos años también de unidades completas; d) el abuso de usuarios y autoridades que presionan a los permisionarios para eludir el pago de sus servicios; e) el riesgo de incendios y siniestros catastróficos por fenómenos.

Tercera. La comisión que dictamina está consciente que los depósitos de vehículos se convierten en focos de contaminación ambiental derivada de los óxidos ferrosos, y de los escurrimientos de aceites, ácidos y combustibles que inevitablemente emanan constantemente de los vehículos, y que se acentúan con las lluvias, los vientos intensos y otros eventos climáticos y meteorológicos, comprometiendo la integridad de los mantos freáticos, así como el suelo y el subsuelo, de las extensas áreas que estos depósitos ocupan y sus inmediaciones.

Como consecuencia de lo anterior, esta contaminación ambiental trae el peligro de afectaciones corporales, como pudieran ser epidemias e infecciones y criaderos potenciales de larva de moscos; roedores; plagas de diversa índole y en general fauna nociva, mismas que permiten que se produzcan enfermedades por la acumulación de agua y de fierros.

Además, consideramos que es importante destacar el alto potencial de reciclaje y reaprovechamiento en los procesos productivos de algunos de sus componentes, que pueden significar una reducción de la carga ambiental sobre los ecosistemas globales, así como disminución de costos.

Cuarta. La comisión que dictamina concuerda con la iniciativa en relación a la saturación de los depósitos, pues en el año 2005 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes publicó los lineamientos para la transferencia y enajenación de vehículos acumulados en los depósitos de los permisionarios federales, en el que estimó en aproximadamente 1 millón el número de vehículos en dichos depósitos.

Han transcurrido más de 7 años sin que se registren avances significativos en el proceso de desalojo de los depósitos y, por el contrario, desde entonces han continuado acumulándose vehículos en los depósitos agravándose mayormente la problemática, a tal extremo que se estima que ahora deben ser no menos de 1 millón 250 mil los vehículos existentes en los depósitos de los permisionarios federales.

Quinta. La comisión dictaminadora está en el entendido de que en el año 2005 en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de Reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público se ordenó la atención de este problema y que fueran emitidos los Lineamientos que permitieran la enajenación de los vehículos materia del presente.

Lo anterior, dio como resultado que se publicaran en Octubre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos para la Transferencia y Enajenación de los vehículos que se indican”. En ese tenor a partir del año 2006, se recibieron en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes solicitudes de 208 permisionarios federales para la transferencia a nivel nacional en términos de los Lineamientos y un total de 37,794 vehículos fueron puestos a disposición de las diversas entidades transferentes (SAT, PGR, SCT), por los permisionarios federales. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudo acreditar jurídicamente la posibilidad de disponer solamente de 2,785 vehículos.

Sexta. La comisión dictaminadora concuerda con el diputado promovente en adicionar un artículo 45 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objeto de establecer el mecanismo de notificación que la autoridad tiene que llevar a cabo frente a los particulares, así cuando la Autoridad Federal determine la remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia a locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aquélla deberá notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los siguientes 15 días a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta correspondiente, para que ejerza su derecho de audiencia.

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o grave el vehículo .Asimismo,en la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere la misma Ley, los bienes causarán abandono en favor del gobierno federal.

Esta comisión adecua la redacción de la iniciativa a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para que la Autoridad Federal que corresponda determine la remisión de los vehículos y no sólo la Policía Federal como venía estipulado en la iniciativa.

Séptima.La comisión que dictamina está de acuerdo con la propuesta del diputado para adicionar un artículo 45 Bis 1, para especificar cómo se llevarán a cabo las notificaciones y los plazos a las que se refiere la presente Ley.

Por ello, el mecanismo establece que la notificación se practicará personalmente en el domicilio del interesado .De no encontrarse la persona por notificar en la primera búsqueda, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en términos de la fracción II de este mismo artículo.

Por edictos, será cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado. Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de mayor circulación a nivel nacional y uno de mayor circulación en el lugar donde la resolución se haya expedido, por dos veces con intervalo de tres días.

Octava. Esta comisión está de acuerdo en las adiciones de los artículos 55 Bis y 55 Bis 1 a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, pues establece que los vehículos respecto de los cuales el interesado no manifieste lo que a su derecho convenga, por disposición legal causarán abandono a favor del Gobierno Federal transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, llevada a cabo al momento de retirarlos de la circulación.

Por su parte la adición al artículo 55 Bis 1, establece que la Autoridad Federal, notificará al interesado los plazos para que a partir de ello manifieste lo que a su derecho convenga, y bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, entonces los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal.

Esta comisión adecúa al marco normativo y al sentido de la iniciativa que presenta el diputado, la redacción de estos dos artículos, por ello, sustituye los términos de “Policía Federal” que contenía la iniciativa por “Autoridad Federal”, de la misma manera sustituye el término “Federación” por “Gobierno Federal”.

Novena. La comisión dictaminadora considera conveniente derogar el artículo 55 quater de la propuesta del diputado que establecía que la Dirección General de Autotransporte Federal, notificará al interesado, tratándose de vehículos que se encuentren en custodia de los permisionarios de servicios auxiliares del autotransporte, del vencimiento de los plazos para que después de dos meses a partir de la notificación y bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes causarán abandono.

Lo anterior, porque esta redacción se incluye en el siguiente artículo del decreto reformado. Con la eliminación del artículo 55 quater de la propuesta del diputado, entonces se recorrerían los subsiguientes artículos de la propuesta de dictamen.

La comisión considera necesario modificar la redacción del artículo 55 quinquies de la propuesta del diputado, que ahora es el 55 Bis 2 de la propuesta de dictamen, esto con el objeto de simplificar las notificaciones que el permisionario debe informar a la Dirección General de Autotransporte Federal como lo es el listado de unidades que cumplan con los requisitos para que por disposición legal se consideren abandonados, de aquéllos que no estén sujetos a procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación, bajo protesta de decir verdad por parte del permisionario, a efecto de que se realice la supervisión de la solicitud y con los datos proporcionados se haga la publicación correspondiente, por el medio que se estime más eficaz.

De esta manera, una vez transcurrido el plazo de 90 días naturales a partir de la publicación, se considerarán abandonados por disposición legal en favor de Gobierno Federal y el permisionario tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Décima. La comisión que dictamina adiciona seis artículos transitorios. El segundo, para que los permisionarios informen de acuerdo al reglamento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de causar abandono en favor de Gobierno Federal. En el tercero transitorio se propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes automatice los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses.

Esta comisión también propone un cuarto transitorio para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emita los lineamientos que regulen lo establecido en el artículo 55 Bis 2, dentro de los 30 días siguientes, en tanto se expide el Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal en un plazo máximo de 18 meses.

Por otra parte, la comisión que dictamina propone un quinto transitorio con el objeto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Programa de Reordenamiento General del Autotransporte Federal.

Finalmente, esta comisión considera relevante dejar claramente establecido, en un sexto transitorio, que los ingresos provenientes de la venta de vehículos que actualmente existen en los depósitos de guarda y custodia y sean estimados en la hipótesis de abandono después de haber permanecido menos de cinco años, en los patios de permisionarios, se estará a lo dispuesto al artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, incluyendo los gastos realizados por la Dirección General de Autotransporte Federal, en el marco del presente Decreto; en este supuesto, a los permisionarios se les cubrirán los adeudos generados con un porcentaje del remanente de los ingresos y el resto se destinará a la modernización del autotransporte federal de carga.

En el caso de los vehículos que causen abandono con más de cinco años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados, serán adjudicados en forma directa al permisionario federal correspondiente, quien cubrirá los gastos administrativos en que incurra la Dirección General de Autotransporte Federal y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera que con los cambios propuestos, la presente iniciativa busca terminar con un grave problema económico que cada día se agrava más, con el ingreso de más vehículos a los recintos de los permisionarios, sin tener alguna alternativa para su desalojo expedito. Además, resuelve también un problema ecológico y de imagen de las regiones donde se encuentran acumulados los miles de vehículos abandonados.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta comisión dictaminadora, tiene a bien emitir el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único.Se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 45 Bis. Toda Autoridad Federal cuando determine la remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia a locales permisionados por la Secretaría, deberán notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los 15 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta correspondiente, para que ejerza su derecho de audiencia.

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o grave el vehículo, si lo hiciere será nula de pleno derecho.

En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 55 Bis 1 de esta Ley, los bienes causarán abandono en favor del Gobierno Federal.

Artículo 45 Bis 1. Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como sigue:

I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:

a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el interesado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido;

b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de lo que se notifique y recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; asentando los datos del documento oficial con el que se identifique;

c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera búsqueda, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en términos de la fracción II de este artículo, y

d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique.

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así como en los casos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de conformidad con las reglas siguientes:

a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de mayor circulación a nivel nacional y uno de mayor circulación en el lugar donde la resolución se haya expedido, por dos veces con intervalo de tres días, y

b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.

Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por edictos el día de la última publicación.

Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación respectiva.

Artículo 55 Bis. Los vehículos respecto de los cuales el interesado o su representante legal no manifiesten lo que a su derecho convenga, causarán abandono a favor del Gobierno Federal transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso haya llevado a cabo la Autoridad Federal, al momento de retirarlos de la circulación.

Artículo 55 Bis 1. La Autoridad Federal, notificará al interesado o a su representante legal los plazos previstos en el artículo anterior, para que en el plazo de 90 días naturales a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal, en los términos de esta Ley.

Artículo 55 Bis 2. El permisionario deberá notificar a la Dirección General de Autotransporte Federal el listado de unidades que cumplan con los requisitos para considerarse en el supuesto de abandono, con excepción de los que estén sujetos a procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación, bajo protesta de decir verdad y que estén o hayan estado a disposición de autoridades federales, a efecto de que se realice la supervisión de la solicitud y con los datos proporcionados se haga la publicación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis1 de esta Ley.

Una vez transcurrido el plazo de 90 días naturales a partir de la publicación, se considerarán abandonados por disposición legal en favor de Gobierno Federal y el permisionario tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El otorgamiento de datos falsos por parte del permisionario lo hará responsable de las acciones penales, civiles o administrativas que pudiesen surgir y será causa de revocación del permiso.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los permisionarios deberán informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad al Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de considerarse en abandono en favor del gobierno federal.

Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá automatizar los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá los lineamientos que regularán lo establecido en el artículo 55 Bis 2, dentro de los 30 días naturales siguientes, en tanto se expide el Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal, el cual buscará salvaguardar el interés de los usuarios y evitar abusos de los prestadores de servicios, en un plazo máximo de 18 meses.

Quinto.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes gestionará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Programa de Reordenamiento General del Autotransporte Federal.

Sexto.Los ingresos provenientes de la venta de vehículos que causaron abandono, con menos de cinco años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se destinarán de conformidad con el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, incluyendo los gastos realizados por la Dirección General de Autotransporte Federal en el marco del presente Decreto y los lineamientos que al afecto se emitan. En este supuesto, a los permisionarios se les cubrirán los adeudos generados con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se destinará a la modernización del autotransporte federal de carga.

En el caso de los vehículos que causen abandono con más de cinco años en depósito de guarda y custodia, en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, serán adjudicados en forma directa al permisionario federal correspondiente, quien cubrirá los gastos administrativos en que incurra la Dirección General de Autotransporte Federal y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Asimismo, el permisionario federal aportará a la Dirección General de Autotransporte Federal, el uno por ciento de los ingresos que obtenga por este concepto, descontados los gastos administrativos mencionados en el presente párrafo, para el desarrollo de un sistema automatizado de control e información de los permisionarios del autotransporte federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño (rúbrica), Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DE RESTRICCIONES PARA CABILDEO DE FUNCIONARIOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264; 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264, y 2 y 3 al 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 2 del artículo 263 y se adicionan los párrafos 3 y 4 al artículo 264 y 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por la diputada Merilyn Gómez Pozos en la LXII Legislatura.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, numeral 2, 82, 84, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, es facultad de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias elaborar el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por la diputada Gómez Pozos a la LXII Legislatura, de acuerdo con los siguientes apartados: antecedentes, contenido de la iniciativa, consideraciones, conclusiones y proyecto.

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, celebrada el 29 de abril de 2013, la diputada Merilyn Gómez Pozos (Movimiento Ciudadano) presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 2 del artículo 263 y se adicionan los párrafos 3 y 4 al artículo 264 y 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

3. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 3757-IX, el jueves 25 de abril de 2013.

4. En la sexta reunión ordinaria de la comisión, la diputada Merilyn Gómez Pozos fue convocada para ampliar argumentos respecto a su iniciativa, con fundamento en el artículo 177, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa propone eliminar de la definición que se hace de “cabildero”, que éste realice una actividad por el cual obtenga un beneficio material o económico. Prohibir a los servidores públicos de la Cámara de Diputados en ejercicio de sus funciones o hasta después de 2 años de haber sido cesados, así como a sus cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, realizar actividades de cabildeo. Establecer que el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo, será de veinte por cada comisión, y dos por cada persona moral inscrita. Prohibir a los diputados y al personal de apoyo de la Cámara, aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de un cabildero, con el propósito de influir ilícitamente en las decisiones de dicho órgano legislativo.

2. La diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, señala en su exposición de motivos que: “Para fortalecer el régimen democrático de nuestro país resulta necesaria la implementación de diversos instrumentos que permitan que todas las voces sean escuchadas y que encuentren solución a sus demandas”.

3. “Aun cuando existe una restricción al número de cabilderos por Comisión, el Reglamento carece de un apartado que fije el límite de estos actores por el concepto de persona moral. Ante esta omisión es posible que un solo consorcio, empresa o trasnacional cuente con una gran cantidad de representantes”.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la minuta enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La comisión que dictamina considera, en primer término, que el planteamiento fundamental de la iniciativa presentada por la diputada en la que se propone reformar el numeral 2 del artículo 263 y se adicionan los párrafos 3 y 4 al artículo 264 y los párrafos 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es el de incrementar la regulación de la actividad en la Cámara de Diputados, de los llamados cabilderos.

3. Asimismo, es oportuno señalar que desde la LVII Legislatura, se han venido presentando diversas iniciativas para tratar de regular esta actividad. A través del servicio de información para la estadística parlamentaria de la Cámara de Diputados, se observó que fueron presentadas:

• Por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, el 27 de febrero de 2007, un proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal del Cabildeo;

• Por el diputado Rogelio Carbajal Tejada, del Partido Acción Nacional, el 4 de diciembre de 2007, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, en la que propone crear el servicio de registro y regulación del cabildeo, a cargo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios;

• Por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, el 4 de octubre de 2007, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En esta iniciativa se toca el tema del cabildeo, mediante la incorporación de los principios de transparencia en la ejecución y rendición de cuentas sobre los recursos asignados a los legisladores y a los grupos parlamentarios.

4. Como se observa, estas propuestas tienen que ver directamente con la Ley Orgánica y el Reglamento, pero se han presentado también algunas otras iniciativas que pretenden modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que este tema tiene que formar parte de nuestra norma fundamental y, en tal sentido, otorgar facultades específicas al Congreso de la Unión para legislar ampliamente en esta materia.

5. Los datos anteriores muestran una preocupación constante, así como la necesidad de regular una actividad que de manera cotidiana se desarrolla al interior del Congreso. De ahí que los reglamentos expedidos por cada una de las Cámaras reflejen actualmente muchas de las propuestas contenidas en las iniciativas arriba referidas. En igual sentido, la presente propuesta plantea en forma textual: “... que para transitar a una verdadera agenda colectiva, donde la toma de decisiones de los poderes públicos cuente con la mayor pluralidad posible, donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de ser cabilderos, donde existan mejores condiciones para transparentar las deliberaciones y donde las organizaciones y grupos representativos encuentren una plataforma para ser escuchados; es necesario establecer mejores lineamientos para el funcionamiento del cabildeo”.

6. En tal perspectiva, debemos señalar que actualmente el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su título octavo, capítulo III, regula lo concerniente a esta figura. Así, en el artículo 263, numeral 1, define cabildeo como “toda actividad que se haga ante cualquier diputado, diputada, órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros”.

7. Igualmente, en el numeral 2 del mismo artículo del Reglamento mencionado, establece como cabildero“al individuo ajeno a esta Cámaraque represente a una persona física, organismo privado o social, que realice actividades en los términos del numeral que antecede, por el cual obtenga un beneficio material o económico”.

Lo anterior nos permite establecer la efectiva existencia de la figura del cabildeo y de quien la ejerce, motivo por el cual es regulado en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

8. Ahora bien, partiendo de la base que, quienes desempeñan la actividad legislativa son representantes populares de la sociedad, resulta ideal que los ciudadanos se sientan realmente representados en la toma de decisiones que son dirigidas hacia su entorno.

9. En este sentido, no se puede negar que en la actualidad existe, por parte de la sociedad, desconfianza hacia el ejercicio de los cargos públicos y de representación popular. Incluso podemos referir cifras respecto al grado de confianza que la población tiene, con respecto a diversas instituciones político representativas, correspondiéndole al gobierno 36 puntos, al Congreso 26 puntos y a los partidos políticos 16 puntos, en contraste por ejemplo con la Iglesia, cuyo grado de confianza de la población es de 71 puntos.

10. Circunstancias las anteriores que evidencian la necesidad de contar con mecanismos que permitan una efectiva representación de la población y que ésta así lo sienta y se ha planteado como alternativa para ello la teoría del pluralismo, toda vez que precisamente da pauta al surgimiento de los grupos de interés, los cuales serán representados por los cabilderos, lo cual es acorde con el planteamiento de la propuesta en comento, por ello también resulta trascendente que la ley contemple esta figura como medio de representación democrática, pero que a su vez la regule en forma acertada y no se ponga en riesgo las prácticas ni las instituciones democráticas y realmente sea un factor que beneficie a la sociedad.

11. Por otra parte, es importante referir que el cabildeo profesional consiste en la utilización sistemática de mecanismos de vinculación de grupos sociales con quienes toman las decisiones públicas que buscan les sean acordes a sus intereses o necesidades, lo cual deja expuesto a que se incurran en prácticas deleznables y actos de corrupción. Por ello también es necesario contar con una regulación adecuada de esta figura, para que a través de su reglamentación se inhiban ese tipo de situaciones, Galaviz, en El cabildeo y su regulación, señala precisamente que la percepción de cabildeo es igual a corrupción, pero debe tomarse como el acceso que determinadas personas puedan tener con las personas que toman decisiones y el intercambio de información entre ellos y los grupos de interés, lo cual se traduciría en algo positivo.

12. Por lo anterior, esta dictaminadora estima conveniente avanzar en la regulación respecto al tema del cabildeo, pues si bien en la Cámara de Diputados existe una norma más específica que en la Cámara de Senadores, es una realidad que en la aplicación de dicha regulación pueden presentarse nuevos supuestos dignos de atenderse por la vía jurídica, por lo que se estima adecuado aprobar la propuesta en análisis, ya que aborda un tema relevante en la vida parlamentaria y contribuye a que la actividad se desarrolle con transparencia en el Congreso.

13. Se hace el señalamiento que aún cuando se considera viable la aprobación de la iniciativa, esta sólo será respecto a la adición planteada en los artículos 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados y no respecto a la del 263 numeral 2, en virtud de que es lógico considerar que quien realice la actividad de cabildero busca obtener algún tipo de beneficio y en caso de aprobar lo propuesto, debería entenderse como una práctica altruista, lo cual podría implicar que se dejara de realizar y lo que se pretende es contar con un cabildeo que genere acciones positivas.

14. Del mismo modo se modifica el proyecto de decreto original respecto a los artículos 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, únicamente en cuanto a su forma, a efecto de que éste tenga la adecuada técnica legislativa y se agilice su aprobación, con la precisión de que lo adicionado a tales preceptos no son párrafos sino numerales.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura ponemos a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 264 y 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 264 y 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 264.

1. y 2. ...

3. No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones; así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.

4. El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en la Cámara de Diputados será de veinte por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita; en caso de que exista un número mayor de solicitudes respecto a alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente.

Artículo 265.

1. ...

2. Las diputadas y los diputados o el personal de apoyo no podrán aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones de la Cámara de Diputados.

3. Toda infracción a esta norma será castigada en términos de las leyes de responsabilidades o la legislación penal, según corresponda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Reglamento de la Cámara de Diputados, consultado en línea en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados.pdf

2 Ídem.

3 Informe de Latinobarómetro 2005, citado por Galaviz, Efrén Elías en El cabildeo legislativo y su regulación, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2006, página 11.

4 Galaviz, Efrén Elías, obra citada, página 27.

5 Tal y como lo previene el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 263, numerales 1 y 2, que fue citado en párrafos anteriores, consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados.pdf

6 Galaviz, Efrén Elías, Obra citada, página 44.

7 Ibídem, página 45.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la reunión ordinaria del 20 de junio de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Muy buenos días, compañeros diputados que se encuentran presentes en esta sala de pleno. El día de hoy subo a esta máxima tribuna con el objeto de poner a consideración de ustedes el dictamen que ha tenido a bien aprobarse en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y, desde luego, destacar el trabajo que ha venido haciendo, no solamente en general toda la comisión, sino en particular el presidente de la misma, nuestro compañero diputado Marcos Aguilar.

Este dictamen versa sobre la regulación del cabildeo, el cual es un tema de suma relevancia dentro de las actividades parlamentarias y aún cuando ya se encuentra regulado en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en virtud de su importancia es pertinente incorporar reformas a la regulación de esta figura.

Es una realidad que en diversas partes del mundo esta actividad está relacionada directamente con el desempeño del Poder Legislativo y en ocasiones del Ejecutivo. Basta mencionar como ejemplo el caso de los Estados Unidos de América, donde se cree que una de las razones principales por las que el sistema de gobierno no funciona mejor es porque hay mucha influencia de grupos especiales de interés y cabilderos dentro del gobierno.

El cabildeo profesional consiste en la utilización sistemática de mecanismos de vinculación de grupos sociales con quienes toman las decisiones públicas, que buscan le sean acordes a sus intereses o necesidades, lo cual puede derivar en prácticas deleznables y actos de corrupción.

Así las cosas, el presente dictamen conlleva a regular en forma adecuada esta figura, para que a través de su reglamentación se inhiban este tipo de situaciones y, a su vez, permitir a quienes tenemos la oportunidad de desempeñarnos en el cargo de legislador realizar adecuadamente nuestras tareas y, sobre todo, en beneficio de la sociedad mexicana.

Es imperante puntualizar que el objeto primordial de este dictamen es contribuir a un honesto desarrollo de nuestras actividades en respeto de la ley y de la ciudadanía. Es decir, se pondera garantizar a la sociedad que nuestras tareas estarán fuera de prácticas corruptas y por encima de intereses de grupos en particular.

Por ello es que el dictamen propone delimitar quiénes pueden desarrollar el trabajo de cabildeo, siendo justo que quienes se encuentran en el ejercicio de un encargo o puesto del servicio público se abstengan de dicha práctica, ya que su actividad se debe centrar en el desempeño de este encargo, ya sea por elección o nombramiento, lo deben realizar con toda su atención en bien de los ciudadanos.

De la misma forma se limita a los cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de los funcionarios públicos para realizar esta actividad durante el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, porque como se menciona, se debe ponderar realizar las funciones públicas de manera clara y honesta en beneficio de la sociedad, sin que medien suspicacias o actos que pongan en entredicho este actuar, pues es de conocimiento general que en la actualidad existe, por parte de la sociedad, desconfianza hacia el ejercicio de los cargos públicos y, en particular, de la representación popular.

Por ello se insiste en la necesidad de regular claramente todas las actividades que permitan generar esa confianza de la ciudadanía en sus instituciones, pues constituye el principal pilar para sostener un Estado democrático de derecho, sin que ello signifique la negación a realizar esta actividad. Por el contrario, una clara regulación y limitación de ésta permitirá en forma correcta su ejercicio, como lo requiere la nación.

Compañeros, los límites no acortan la libertad, por el contrario, permiten ejercerla dentro de los marcos legales de nuestro estado de derecho reconocido por la sociedad.

De la misma forma se acota el número de quienes pueden realizar estas actividades, puesto que una de las consecuencias que conlleva a la proliferación de cabilderos o grupos de interés es la disminución de responsabilidad pública y la rendición de cuentas, ya que estos grupos no rinden cuentas a nadie, se encuentran fuera de control alguno por parte de la población.

También se propone impedir que quienes desempeñen el cargo de diputado federal acepten cualquier tipo de dádiva o pagos por personas que realicen cabildeo, o de quienes pretendan influir en las decisiones de la Cámara de Diputados y que, en todo caso, este tipo de conductas sean sancionadas conforme a las leyes. Inserción que prohíbe expresamente a los diputados y a las diputadas conducirse de esta forma y que, en su caso, evidentemente sean acreedores a las sanciones que prevén los ordenamientos correspondientes.

Por todo lo expuesto, compañeras y compañeros, los exhorto a votar a favor del presente dictamen, toda vez que el mismo busca el beneficio para nuestras tareas legislativas y, sobre todo, pretende otorgar la confianza de los ciudadanos hacia este país. Muchas gracias.

Y qué lamentable que una vez más seguimos viendo el poco interés y la poca responsabilidad de muchos compañeros diputados. Éste es un tema muy importante, porque ya basta de actos de corrupción desde la Cámara de Diputados. Y si no ponemos orden nosotros, ¿quién podrá hacerlo? ¿Esperaremos a que venga la LXIII Legislatura a hacerlo, o está en manos de nosotros? Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, señor diputado Felipe Arturo Camarena García. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras diputadas y estimados compañeros diputados, Nueva Alianza apoya el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentado a ustedes.

El cabildeo en la Cámara de Diputados ha sido analizado por nuestra soberanía, de tal forma que se han establecido normas generales relativas al procedimiento del registro de los cabilderos y las actividades que estos realizan.

El cabildeo es una actividad que se establece como una práctica política que requiere de un profundo análisis para lograr su profesionalización, a fin de que la información que se maneja se base en principios de igualdad, participación y construcción de consensos entre los actores involucrados. Si bien alrededor de esta práctica se tiene una percepción negativa en cuanto a la falta de rendición de cuentas, es deber de nosotros como legisladores profundizar en su análisis y mejorar este tipo de prácticas.

Experiencias internacionales nos reflejan que países como Estados Unidos de América se ha puesto a llevar acciones de auditorías a cabilderos en ambas Cámaras. En Perú se establece en su Reglamento los derechos y obligaciones, en Canadá se obliga a la presentación de un reporte de actividades de manera semanal o mensual, e incluso en casos como Colombia que exige una certificación para llevar a cabo esta práctica.

Es imprescindible dar certidumbre al cabildeo, por lo que es sancionable que en la ejecución de funciones se acepten dádivas u obsequios de cualquier tipo, o pago que pueda influir en la toma de decisiones. Es por ello importante reforzar acciones que den parámetros de transparencia y rendición de cuentas.

Nuestro Reglamento en materia no específica el número de cabilderos que se requiere en una comisión determinada. Pero sí es responsabilidad como legisladores establecer un proceso de estudio para saber qué comisiones requieren de más cabilderos y con qué número de ellos se puede trabajar.

Los esfuerzos que se destinen a mejorar la actividad de los cabilderos requieren una tendencia de profesionalización y la transparencia en sus actividades, además de la reglamentación de informes y mejores mecanismos para llevar a cabo una evaluación de actividades. Es por eso que los invitamos a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

Esta Mesa Directiva saluda a los presidentes municipales del estado de Jalisco que nos acompañan, de Zapotlán el Grande, Tamazula de Gordiano, Zapotiltic, Sayula, San Gabriel, Tolimán, Zapotitlán de Badillo, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, Amacueca, Tapalpa, Tecalitlán, Pihuamo, Gómez Farías y Tuxpan. Todos del estado de Jalisco, invitados por el señor diputado Salvador Barajas del Toro. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hago uso de esta tribuna para manifestar nuestro apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados. En el Título Octavo, Capítulo III, de los artículos antes mencionados, se regula lo referente a la actividad del cabildeo.

Durante muchos años ha sido práctica recurrente que personas físicas en representación de personas morales realicen gestiones ante esta Cámara de Diputados para favorecer a sus representados. Dicha actividad no estaba sujeta a reglas y era utilizada como medio de presión a los legisladores u otorgamiento de diversas dádivas, particularmente en la discusión de los temas fiscales.

La Cámara de Diputados introdujo en su Reglamento la actividad de los cabilderos al señalar que deben registrarse ante esta soberanía para poder realizar su actividad. Sin embargo, es pertinente establecer controles para quienes se acercan a esta Cámara a realizar las actividades mencionadas.

Por ello, en el dictamen que hoy discutimos se propone la adición de los numerales 3 y 4 del artículo 264. En el numeral 3, para prohibir que los servidores públicos no puedan llevar a cabo actividades de cabildeo durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad de cuarto grado.

En el numeral 4 se propone establecer un límite máximo de personas acreditadas para actividades de cabildeo. Hasta 20 por comisión y dos por cada persona moral inscrita. En el supuesto de que exista un número mayor de solicitantes, la Mesa Directiva resolverá lo conducente.

Con estas medidas se pretende evitar —como sucede en ocasiones— que sea mayor el número de cabilderos que estén en la Cámara realizando la actividad mencionada que el número de integrantes en este órgano legislativo.

Por su parte, en el artículo 265 se prohíbe categóricamente que las diputadas y los diputados acepten dádivas o pagos en efectivo por parte de los cabilderos. Y que en el supuesto de que así ocurra, dicha conducta será sancionada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o la legislación penal, según corresponda.

Esperamos que esta medida logre poner un coto o eliminar la nefasta práctica del tráfico de influencias y que quien rea-lice esta actividad enfrente las consecuencias legales que se requieran.

Por estas consideraciones votaremos a favor del dictamen que se nos presenta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loretta Ortiz Ahlf. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a la señora Anna Lindstedt, embajadora para Cambio Climático del gobierno sueco, invitada por la diputada María Isabel Ortiz Mantilla. Sea usted bienvenida.

Asimismo damos la más cordial bienvenida a estudiantes y profesores de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por la diputada Delvim Bárcenas Nieves. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos.

La diputada Merilyn Gómez Pozos:Gracias, presidente. Contar con un instrumento que permita una verdadera representación de la sociedad, erradicar los actos de corrupción y tener un control estricto sobre las actividades de los cabilderos fueron mis motivaciones para presentar la iniciativa que hoy nos ocupa.

Nos encontramos ante un dictamen que recoge varias de mis propuestas, pero que deja espacios para que persistan algunas malas prácticas que anteponen los intereses económicos sobre la representación ciudadana. La motivación de mi iniciativa era permitir que todas las voces sean escuchadas y que encuentren en esta Cámara solución a sus demandas.

Desde la LVII Legislatura a la fecha se han hecho importantes esfuerzos para regular las actividades del cabildeo, sin consolidar una norma que de fondo regule democráticamente esta actividad. Actualmente es considerado cabildero solo aquellos individuos ajenos a esta Cámara que representen a una persona física o moral, con el afán de conseguir un interés económico.

Si bien es cierto que la actividad de los cabilderos tiene algunas ventajas, como otorgar una mejor información a los legisladores, acceso al conocimiento especializado y un fortalecimiento de las vías de comunicación, lamentablemente la regulación en México sobre el tema sigue siendo insuficiente para conseguir que ese instrumento verdaderamente sirva como un motor de democratización de las decisiones públicas.

Entre los cabilderos finalmente acreditados destacan intereses solo de grandes corporaciones y no del ciudadano común. Aun cuando existe la restricción al número de cabilderos por comisión, el Reglamento carece de un apartado que fije el límite de estos actores por el concepto de persona moral. Ante esta omisión es posible que un solo consorcio, empresa o transnacional, cuente con una gran cantidad de representantes dentro de esta Cámara.

Derivado de lo anterior, aplaudimos el respaldo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Reglamentarias al retomar en el dictamen la propuesta de incluir dentro del Reglamento de la Cámara de Diputados la restricción de que no podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.

Asimismo el establecer un número máximo de 20 individuos por comisión, y dos por persona moral, inscritas para realizar actividades de cabildeo dentro de la Cámara resulta de suma importancia.

Sin embargo, insistimos que en el numeral 2 del artículo 263 se debe eliminar que el cabildero es aquella persona que realice acciones por las que obtenga un beneficio material o económico, ya que esto vicia el comportamiento de un mecanismo que tiene como propósito la representación e inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones.

No dejaremos de insistir. Si nuestro país desea transitar a una verdadera agenda colectiva donde la toma de decisiones de los poderes públicos cuente con la mayor pluralidad posible, donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de ser cabilderos, donde existan mejores condiciones para transparentar la toma de decisiones y donde las organizaciones y grupos representativos de la sociedad encuentre una plataforma para ser escuchados es necesario establecer mejores lineamientos para el funcionamiento del cabildeo.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen con las reservas que merece. Gracias, presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, quiero iniciar haciendo un reconocimiento a la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el acierto que tuvo de presentar esta iniciativa que va en el ánimo de transparentar, de hacer más claro y de luchar contra las posibles corruptelas que se pudieran dar al interior de esta Cámara.

En los últimos años se ha dado una práctica al interior de la Cámara que coloquialmente se le llama el cabildeo y que otras legislaturas tuvieron a bien iniciar reglamentando y definiendo qué se entiende por cabildeo. Así, en el texto actual de nuestro Reglamento se define que se entiende por cabildeo toda actividad que se haga ante cualquier diputado, diputada, órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros.

Por eso nos parece importante esta iniciativa, este dictamen, esta reforma que se hace al Reglamento, porque va en el afán de hacer más clara esta actividad de cabildeo, va en el afán de impedir que quienes seamos servidores públicos o nuestros familiares, en tanto que estamos en la función pública, puedan realizar actividades de cabildeo al interior de la Cámara.

Va también en el sentido de regular el número de personas que en lo individual o como persona moral pueden realizar estas actividades de cabildeo y va también en el sentido —y me parece importante destacarlo— de prohibir cualquier dádiva, pago en efectivo o en especie que pudiera recibir alguna diputada o diputado por favorecer a estos cabildeos.

Lo anterior me parece que va en clara concordancia con el artículo 109 constitucional, que señala la responsabilidad de nosotros los servidores públicos.

Sí quisiera destacar el hecho de que no se trata —como escuché por allí en los pasillos que alguna persona dedicada al cabildeo se quejaba— que decía que no es delito ser familiar de servidor público. Por supuesto que no es delito ser familiar de servidor público. Lo que es delito es que nos aprovechemos de la afinidad, de la consanguinidad de un servidor público para poder sacar ventaja a favor de algo y para obtener una dádiva, una prestación por ese trámite que hagamos. Por eso está bien que reglamentemos esta actividad.

Si de pronto un familiar de nosotros, si de pronto nuestro padre, nuestra madre, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra hija, nuestro hijo descubre que su vocación es ser cabildero, entonces que espere a que concluyamos la función pública, o en consecuencia, pidamos licencia para no obstaculizar esa vocación espontánea que le surge a este familiar. Por eso me parece importante. Y reitero la felicitación a la diputada Merilyn Gómez Pozos por esta acertada iniciativa. No se trata de que hagamos las reformas a posteriori de que se tengan hechos lamentables al interior de la Cámara, se trata de que la Cámara tenga la visión para prevenir lo que pudiera acontecer y lo que pudiera generar corrupción al interior del trabajo legislativo.

Aquí estamos previniendo que pudieran darse ese tipo de situaciones y estamos trabajando en el ánimo de consolidar la credibilidad y la imagen de la Cámara frente a la sociedad mexicana.

Espero —y lo digo a nombre del Grupo Parlamentario del PRD— que en las reservas que se van a presentar dentro de algún momento no se pretenda desvirtuar y cambiar el sentido de lo que en lo general vamos a aprobar —seguramente— en esta Cámara de Diputados.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática va a votar a favor de esta reforma porque queremos que haya transparencia en la Cámara, porque queremos que haya límites al tráfico de influencias, porque queremos que nadie saque ventaja del hecho de ser familiar de un funcionario público, porque queremos consolidar a la Cámara de Diputados como un espacio digno del cual se sientan orgullosos las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado don Rosendo Medina Filigrana. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra el señor diputado Rubén Camarillo Ortega.

El diputado Rubén Camarillo Ortega:Muchas gracias, presidente. Vengo a anunciar el voto a favor del Partido Acción Nacional de esta iniciativa que modifica los artículos 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de los diputados.

Ya aquí quienes me han antecedido en el uso de la palabra han puesto de manifiesto el porqué me parece que es importante que estos dos artículos, que estas modificaciones sean votadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Se me ocurren básicamente tres razones fundamentales. La primera es que el buen juez por su casa empieza. Si queremos los diputados y las diputadas exigirle transparencia, rendición de cuentas, prácticas anticorrupción al Poder Ejecutivo, me parece entonces que los diputados y las diputadas estamos obligados a ir a favor de todas aquellas iniciativas que nos den la posibilidad de acreditar que los diputados y las diputadas estamos en disposición de poner el ejemplo.

Los cabilderos son múltiples, es un fenómeno que no es nuevo, pero que ya en el pasado ha generado situaciones que han avergonzado a esta Cámara de los Diputados. Recuerdo uno de los casos más famosos, en donde diputados de una de las comisiones dictaminadoras en el paquete económico —hace ya casi 10 años— aceptaron un viaje patrocinado por las empresas cigarreras en medio prácticamente de la discusión de los impuestos que se debían de poner a esos productos, a los cigarros.

¿Con qué calidad moral, un diputado o una diputada podían ejercer su voto con entera libertad, cuando ya había aceptado una dádiva, un pago anticipado con un viaje a Mónaco al gran premio Fórmula 1? Esto nos demuestra que es necesario que la Cámara siga avanzando en estos temas de transparencia y de rendición de cuentas. Es importantísimo que mandemos el mensaje correcto.

Si como diputado el día de hoy estoy en el ejercicio de esta honrosa función debo estar seguro, debo de asegurarme que no hay la posibilidad que un familiar mío indebidamente esté haciendo cabildeo, probablemente usando mi nombre para gestionar tal o cual apoyo a tal o cual iniciativa.

Esto que estamos el día de hoy legislando deja plenamente claro que no habrá posibilidad que haya gestiones indebidas por partes relacionadas con los diputados y con las diputadas y, por otro lado, también queda perfectamente claro que habrá consecuencias, que habrá responsabilidades para aquel diputado o aquella diputada que acepte indebidamente dádivas —por no decir sobornos— de empresas o de particulares que quieran beneficiarse de la posición de algún diputado en alguna comisión.

Me parece que es relevante discutir este tema el día de hoy, porque precisamente estamos en medio de la temporada más clara de cuando puede haber conflicto de intereses en la gestión de un diputado. Estamos discutiendo el paquete económico, va a haber personas e intereses, grupos que se manifiesten a favor o en contra de tal o cual impuesto. Vendrá también la discusión del Presupuesto, en donde habrá grupos, asociaciones o personas físicas que querrán gestionar legítimamente para conseguir tal o cual proyecto. Pero lo que no debe de haber por ninguna circunstancia es que el legislador tenga un conflicto de intereses.

Por eso, compañeros y compañeras, la convocatoria es para que unánimemente esta Cámara de Diputados se manifieste a favor. De una vez por todas dejar claro que aquí, en esta Cámara, se vale el cabildeo, pero se vale también, y es muy importante, que el conflicto de intereses esté ajeno a cualquier gestión de estos cabilderos. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Rubén Camarillo Ortega. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra el diputado Darío Zacarías Capuchino.

El diputado Darío Zacarías Capuchino:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, para nadie es secreto que el ejercicio de la función legislativa se ve sometido a presiones de diversas índoles que buscan la protección de intereses, la formulación de propuestas, la ubicación de temas específicos en la agenda pública.

Que quede claro, el cabildeo se vuelve una forma de participación justificada de quienes tienen interés de generar una interlocución con el Poder Legislativo para así expresar el sentir de quienes buscan ser escuchados por los representantes populares.

En el año 2010 fue publicado el nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados, ordenamiento en el que se introdujo la figura del cabildeo, estableciéndose así su definición, requisitos y límites. Dicho intento por regular el cabildeo resultó especialmente valioso, dada la importancia de la participación de los sectores sociales y privados en la actividad legislativa, debido a que ésta aporta información amplia y detallada así como propuestas que enriquecen el trabajo legislativo. Empero las leyes son construcciones humanas, dinámicas y por ello se hace necesario adecuarlas a las necesidades actuales.

Por ello, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del dictamen que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para establecer la limitante acerca de que no podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto lugar.

Asimismo apoyamos que se regule el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo dentro del Palacio Legislativo, especificando que será de 20 personas por cada comisión y 2 por cada persona moral inscrita.

Pugnamos por la transparencia en las decisiones de la Cámara de Diputados, ya que debemos garantizar que la aprobación de los asuntos tratados en esta soberanía sean para el beneficio popular, por lo que votaremos a favor de la adición de los numerales 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento, a fin de que los servidores públicos de este órgano legislativo en ningún momento acepten dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de personas que realicen cabildeo y, en su caso, que quienes incurran en dicho supuesto sean sancionados en términos de las leyes de responsabilidades o en la legislación penal.

Finalmente, también manifestamos nuestro acuerdo con la idea de que —a fin de evitar conflictos de intereses— los servidores públicos no puedan llevar a cabo actividades de cabildeo durante el ejercicio de sus funciones, así como tampoco sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.

Compañeros legisladores, la dignificación del ejercicio público debe empezar por nuestra propia casa, que es la del pueblo. El correcto desempeño de las funciones encomendadas debe ser una constante por parte de los funcionarios a quienes se les ha delegado la importante responsabilidad de formular las leyes necesarias para el progreso y el desarrollo democrático de la nación.

Thomas Jefferson señalaba que la clave de un buen gobierno se basa en la honestidad. Tal es el espíritu de la reforma que ahora se pone a nuestra consideración, por lo que no dudaremos en otorgar nuestro voto favorable a la misma. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado, don Darío Zacarías Capuchino.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados. En pro, el diputado Ricardo Monreal Ávila, el diputado Ricardo Mejía Berdeja y el diputado Roberto López Suárez. Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y legisladoras, nuestro país es rehén de corrupción y de hipocresía política. No puede permitirse continuar con la simulación jurídica y la impunidad. Lamentablemente las mayorías legislativas mecánicas irreflexivas impiden que se legislen más materias delicadas como es ésta, la del cabildeo en el Congreso. A todos nos beneficiaría.

A todos nos resulta importante que la regulación de esta actividad, que se ha convertido en una gran actividad, que soporta y tolera corrupción, tráfico de influencias, impunidad pueda regularse en el país. Existen 549 grupos de cabilderos registrados en la Cámara y es irresponsable no someterlos a normas de conducta estricta y general.

Esta reforma fue propuesta por Movimiento Ciudadano a través de Merilyn Gómez Pozos. Pero debo advertirles, ciudadanos legisladores, que fue cercenada, y por tanto, es una reforma mocha, es una reforma light, insuficiente y descafeinada. Sería indispensable presentarla y aprobarla de manera integral. De no hacerlo sería otro engaño a la ciudadanía, por eso presentaremos reservas para modificar y ampliar el contenido de las normas.

Es escandaloso que haya cabilderos que otorguen y ofrezcan 1 millón de dólares por cada artículo modificado. Pero más escandaloso es que haya quienes lo acepten. Y más indigno es que no haya investigaciones, indagatorias y consecuencias penales. Trascurre como una mera información y pasa como una mera anécdota mediática.

A través de esta jurídica figura, de esta figura moral, se han escudado y ocultado verdaderos pillos y truhanes que trafican con influencias e incurren en conflicto de intereses. Y afuera aparecen como grandes demócratas, personas con prestigio y respetabilidad, siendo en realidad simples pelafustanes, ladrones de cuello blanco.

Esta reforma está llegando tarde. Para todos aquellos que señalan que es inconstitucional lo que había propuesto la diputada Merilyn, les quiero decir que llega tarde 138 años. En 1875 la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América exige el registro de esta figura. En 1927 los estados de dicho país ya contaban con una legislación sobre el tema. En 1946 se publica la primera Ley de Regulación de Cabildeo en Estados Unidos de América. En 1948 Australia aprueba la Ley de Registro de Cabilderos. En el 85 Canadá promueve su ley sobre el tema. En el 93 Estados Unidos de América aprueba la Ley de Divulgación de Actividades de Cabildero. Ucrania en 1998 y Escocia en el 2002.

Por eso llega tarde y aparte insuficiente, cercenada y lamentablemente no cumple los propósitos que nos habíamos hecho los diputados de Movimiento Ciudadano.

Ciudadano presidente, haremos reservas en su momento. Veo poco interés en la asamblea, seguramente están con los cabilderos recibiendo ofrecimientos de millones de dólares. Poco les interesa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Estamos atentos a la presentación de sus reservas. Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, presidente. Felicitar en primer término a la proponente, la diputada Merilyn Gómez Pozos, por esta iniciativa transformadora del Congreso y, por otro lado, a esta comisión, que ha venido haciendo aportaciones sustantivas para mejorar y transparentar el trabajo parlamentario. A su presidente Marcos Aguilar también nuestro reconocimiento.

Hay dos tipos de cabildeo, el cabildeo legislativo —que es objeto de esta regulación— y el cabildeo de los grandes grupos de poder económico en el país con el gobierno.

Por un lado debemos distinguir lo que es cabildeo en su acepción de tráfico de influencias, de corrupción política, en su acepción de ser moneda de cambio para favores en función de la conducta política del legislador, de lo que es el diálogo y la democracia participativa.

El tema del cabildeo, compañeras y compañeros diputados, es el tema de la corrupción política, del tráfico de influencias, de los negocios al amparo del poder que son temas que han marcado la vida política del país.

De manera escandalosa, a partir de los años oscuros del salinismo depredador corrupción política y privatización han ido de la mano. El adelgazamiento del Estado su transformación y privatización ha sido el instrumento para que funcionarios públicos hagan negocios al amparo del poder.

El interés que ha movido a la camarilla neoliberal y tecnocrática en el poder es hacer negocios a cargo del interés nacional y del presupuesto público. Servidores públicos pasan de la administración pública al sector privado de manera incesante y viceversa.

Por eso decía el diputado Alfonso Durazo —no sin razón— que se están quedando sin cabilderos muchas empresas, porque estos se han convertido en funcionarios públicos. De cabildero a funcionario y luego de funcionario a cabildero. Ése ha sido el camino. Pero los verdaderos cabilderos son aquellos que fueron servidores públicos y ahora aparecen como representantes de empresas o viceversa.

Emilio Lozoya, director de Pemex. Alberto Beauregard, director de Finanzas de Pemex, antes de estos cargos eran consejero y director de Finanzas de OHL México. Esta empresa a su vez tiene la participación de otros distinguidos ex funcionarios, como Carlos Ruiz Sacristán, que ahora a través de la empresa Sempra ha ganado negocios jugosos en el gasoducto Los Ramones, en la primera etapa de la licitación, en el gasoducto que va también a Guaymas. Es decir, traficantes de influencias.

Por eso nosotros estamos a favor de esta iniciativa. Porque es un paso para acabar con la corrupción política en México, un primer paso, porque la historia —insisto— desde el salinismo ha sido la corrupción.

Quien firmó los pagarés del Fobaproa como subsecretario con Zedillo, Martín Werner, apareció después en la empresa Goldman Sachs. Georgina Kessel, de secretaria de Energía a funcionaria de Iberdrola. Luis Téllez, de secretario de Comunicaciones, a presidente de la Bolsa y también funcionario de Sempra. Es decir, ha habido todo este entreveramiento entre los funcionarios y las empresas privadas haciendo negocios al amparo del poder.

A partir de 1997 llegaron al Congreso, cuando el PRI pierde la mayoría en 1997. Es a partir de ahí cuando han empezado a operar estos cabilderos en la Cámara —concluyo, presidente— Y ahora, a partir de la reforma energética y la reforma hacendaria han convertido a la Cámara en una subasta, en un mercado y los cabilderos actúan como aquel programa de Atínale al precio, viendo de cuánto con cada legislador.

Por eso qué bueno, Merilyn, por tu iniciativa. Pero falta más, falta más para acabar con esta lacra política del país, que es los negocios ligados al poder público.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. También para hablar a favor tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Roberto López Suárez:Gracias, señor presidente. Felicito también a la diputada proponente de esta iniciativa y, sobre todo, a la comisión y al presidente de Régimen y Reglamentos, porque procesamos esta iniciativa —ahora dictamen— precisamente con la idea de regular el funcionamiento de los cabilderos aquí en la Cámara de Diputados.

Hay que entender que esto no es un delito cuando se hace con transparencia, con eficacia y, sobre todo, para el beneficio de la ciudadanía.

Difiero de Ricardo Mejía, cuando señalaba que a partir de 97 estos entes empezaron a funcionar en la Cámara de Diputados. Se empezó a funcionar con los cabilderos desde Miguel de la Madrid, en 1982. Y no solamente en la Cámara de Diputados, sino en la agenda binacional con los Estados Unidos de América.

Una de las agencias principales que operaba y que ahora se ha transformado y que sigue operando es Hannaford Company, que en los temas binacionales sigue operando con cabilderos donde se pagan millones de dólares por los temas que a ellos les interesan.

Con Carlos Salinas de Gortari se intensificó este trabajo y subieron millones de pesos que se gastaban desde la Presidencia de la República para el funcionamiento. Ya con el tratado de libre comercio esto prácticamente se empezó a tratar de regular.

Les voy a dar un dato. En el periodo de Vicente Fox se gastaron 11 millones de dólares en cabilderos —desde el gobierno— para la agenda binacional, y creo que nadie lo ha comentado, salvo el diputado Monreal. El escándalo de la empresa Price Waterhouse Coopers, que los vemos operar día con día, aquí en los pasillos de la Cámara de Diputados.

Es más, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que en las corraletas hay cabilderos ahorita, y otros están en el restaurante de esta Cámara de Diputados haciendo su trabajo y cobrando millones de pesos y dólares, sobre todo por los temas polémicos que conocemos.

La guerra que se tiene ahora entre algunas empresas del impuesto al refresco, es una de las actividades principales que los cabilderos están realizando hoy en la Cámara de Diputados. Y pareciera que no pasa nada.

Diría que este dictamen, por el cual debemos de estar orgullosos desde la Comisión de Reglamentos, da un esfuerzo especial, sobre todo para regular esta actividad.

Quisiera decir que desde el PRD estaremos de acuerdo con las reservas que presenta el Partido Acción Nacional y las de Movimiento Ciudadano, porque hay que ir más allá, no es suficiente lo que obtuvimos con este dictamen.

Llamaría no solamente a que votemos a favor de este dictamen, sino que las reservas que vienen con el PAN y Movimiento Ciudadano, el PRD hace eco y vamos a sumarnos, por supuesto, para que vayamos a perfeccionar esta modificación que es por el bien del pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. No habiendo más oradores registrados se considera suficientemente discutido.

Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han recibido seis reservas para discusión de los siguientes artículos: 264, numeral 3, del diputado Ricardo Monreal Ávila; 264, numeral 4, del diputado Alfonso Durazo Montaño; 264, también numeral 4, en una primera parte, diputado Ricardo Mejía Berdeja y en una segunda parte el mismo 264, numeral 4, del mismo diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El 264, adición de un numeral 5, diputado Fernando Rodríguez Doval, y finalmente 265, numeral 2, del diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Secretario diputado Fernando Bribriesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 457 votos, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 457 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra el señor diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 264, numeral 3, a nombre del diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, una de las exigencias ciudadanas más radicales y consistentes en el país es la de acabar con la corrupción, que se ha vuelto sistémica en nuestro país, una corrupción descarada y muchas veces premiada.

México ocupó el lugar número 106 de los 176 países evaluados en el índice de percepción de corrupción 2012 del Banco Mundial. Este solo dato nos da idea de la necesidad de tomar cartas en el asunto desde esta representación.

Una de las prácticas que más refuerza la corrupción radica en la estructura denominada por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz como capitalismo de cuates, el cual permite que no sean los más talentosos o los más capacitados los que ocupen un puesto, sino aquellos que se encuentran cercanos al Ejecutivo federal.

Lo anterior resulta de suma gravedad, ya que en este tipo de modelo no tan solo no se fomenta la competencia, sino que no se incentiva la meritocracia. Por lo contrario, alimenta el concepto de privilegios, de posiciones dominantes, de nudos sindicales y de oligarquías.

Para terminar con este vicio en un asunto que debe ser intrínsecamente ciudadano, como lo es el tema del cabildeo, en la iniciativa que da origen a este dictamen propusimos que se estableciera como candado que deberían pasar dos años para que aquellos que han desempeñado cargos como funcionarios públicos pudieran ser cabilderos.

Se ha dicho aquí en esta tribuna, se han dado los nombres de funcionarios —ahora funcionarios y antes ejecutivos de empresas— que han pasado de un bando a otro con toda naturalidad.

Creemos que dejar pasar dos años para aquellos que se han desempeñado como funcionarios no es un requisito de la mayor exigencia, creemos que es aceptable y deberíamos impulsarlo en este pleno.

El derecho comparado internacional —por ejemplo— nos permite observar que dicha condición no solo es deseable, sino necesaria. En países como Chile, Colombia y Estados Unidos de América se establece una restricción de hasta tres años para personas que hayan ocupado un cargo oficial antes de poder dedicarse a tareas de cabildeo.

Por lo anterior, nos sorprende que el dictamen eliminara una medida tan trascendental. En Movimiento Ciudadano no permitiremos que los intereses de grandes grupos y de partidos políticos sigan dominando el cabildeo. Es necesario que este instrumento funcione para dar representación y voz a los ciudadanos comunes.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al numeral 3 del artículo 264 del dictamen con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264, y 2 y 3 al 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue.

Artículos 264, numeral 3. No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos años después de haber finalizado las mismas, así como sus cónyuges y sus parientes por su consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.

Agregado. Del mismo modo, no podrán asumir cargos en la administración pública federal aquellas personas que hayan realizado actividades de cabildeo en los últimos dos años.

Someto a su consideración esta propuesta, esperamos –—dado su carácter razonable en beneficio de la población— contar con su respaldo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado don Alfonso Durazo Montaño.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el tablero electrónico de votación, por tres minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla, invitados por el señor diputado Juan Pablo Adame Alemán. Sean ustedes bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Asimismo damos la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Continente Americano, plantel Celaya, invitados por el señor diputado Agustín Miguel Alonso Raya. Sean también ustedes bienvenidos.

Asimismo a estudiantes provenientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del estado de Michoacán, invitados por el señor diputado Antonio García Conejo.

Damos también la más cordial bienvenida a alumnos de la secundaria Alfonso Reyes, del municipio de Naucalpan, estado de México, invitados por la diputada Irazema González Martínez.

Los votos a favor son para que sí se admita a discusión, los votos en contra son para que no se admita a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 210 votos a favor, 233 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Mayoría por la negativa. Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 264, numeral 4.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, presidente. Nuevamente con una reserva complementaria. En la anterior proponíamos a ustedes que quienes hubiesen sido funcionarios no pudiesen dedicarse al cabildeo sino hasta dos años después, y a la inversa, quienes estuviesen en el cabildeo no pudiesen incorporarse en tareas del Ejecutivo, sino hasta dos años después. Lamentablemente no contó con la mayoría una propuesta tan elemental. Esperamos que ésta sí cuente con el respaldo de ustedes.

Miren, resulta sorprendente que en el proyecto de decreto que adiciona los numerales que estamos discutiendo sobre cabildeo se eliminara la propuesta original de Movimiento Ciudadano, presentada a través de la diputada Merilyn Gómez Pozos, para que no solo los cabilderos —que actualmente son aquellos individuos que obtienen un beneficio material o económico por representar los intereses de grandes empresas— puedan realizar su actividad dentro de la Cámara de Diputados. La eliminación de la propuesta de Movimiento Ciudadano permitirá que el padrón de cabilderos siga integrado exclusivamente por representantes de los intereses de grandes corporaciones y no del ciudadano común.

Este año —por ejemplo— se registraron los cabilderos de grandes trasnacionales, de poderosos grupos empresariales, de cigarreras, licoreras, telefónicas y automotrices, así como de influyentes despachos de profesionales de consultoría.

Debido a las restricciones que hoy estamos abordando sobre cabilderos quedaron excluidos —fíjense ustedes compañeros, les pido que pongan atención— los representantes de organizaciones no gubernamentales, los representantes de asociaciones sin fines de lucro y otras organizaciones que trabajan a favor de grupos vulnerables que impulsan iniciativas sociales o causas ciudadanas a las que afectan las decisiones de esta Cámara o requieren de presupuesto.

Si se aprueba en los términos dictaminados, estos representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales no podrán acudir a la Cámara a traer la voz de los ciudadanos comunes. Por eso proponemos a ustedes una reforma, y someto a la consideración de la asamblea la siguiente reserva, el numeral 4 del artículo 264 del dictamen de proyecto que aquí se ha presentado, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 264, numeral 4. El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en la Cámara de Diputados será de 20 por cada comisión y 2 por cada persona moral inscrita. En caso de que exista un número mayor de solicitudes respecto a alguna comisión o personal moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente.

Y aquí viene el agregado que proponemos, compañeros les pido que pongan atención para que voten a consciencia, para que sepan lo que van a votar. Se agrega: El padrón de cabilderos podrá incluir a aquellos individuos ajenos a esta Cámara que representen a una persona física, organismo privado o social, aún cuando no obtengan un beneficio material o económico por las actividades realizadas.

Esperamos que esta reserva cuente con el apoyo mayoritario de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se consulta a la asamblea si el asunto se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa. Señor presidente, no está clara la votación.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 114, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la escuela Preparatoria Oficial Número 92, del Valle de Chalco Solidaridad, estado de México, invitados por el diputado Arturo Cruz Ramírez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 217 votos a favor, 231 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Mayoría por la negativa. Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar dos reservas al artículo 264, ambas del numeral 4.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Vamos a plantear dos reservas, donde va a quedar claro quién quiere transparencia y quién no quiere transparencia, porque los intereses económicos y comerciales que hay detrás de ciertas decisiones son muy jugosos para quienes hacen de la política o de la actividad pública un negocio lucrativo, y no un asunto de convicciones de defender posturas de cara a la nación y de sus electores.

La transparencia legislativa implica seguir la pista al dinero, quién está detrás de cada cabildero, quién está detrás de cada decisión, y que esta información sea del conocimiento público. Que todos los ciudadanos sepan cómo actúan los legisladores, cómo se dejan influenciar, quién cabildea en la Cámara qué proyectos legislativos.

Por eso la propuesta que sometemos a su consideración es agregar al artículo 264 dos pequeños párrafos, que vendrían a transformar esta actividad y vendrían a hacer una realidad la transparencia legislativa.

Lo que proponemos es lo siguiente: Los cabilderos deben entregar información financiera y comercial específica, que permita conocer el origen y destino de los recursos erogados en su función. Esta información debe concentrarse en libros y registros detallados, sujetos a ser inspeccionados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en cualquier momento que ésta lo requiera. Asimismo las personas acreditadas tendrán la obligación de rendir un informe a la Junta de Coordinación Política al final de cada periodo ordinario de sesiones, en el que detallen las actividades efectuadas durante ese periodo y el correspondiente receso. Dicho informe será publicado en la Gaceta Parlamentaria para efectos de que sea conocido por la sociedad.

Es decir, lo que estamos planteando es transparencia total en el cabildeo. ¿Cuánto gastan los cabilderos, en qué lo gastan, con quién se reúnen y qué actividades desarrollan?

Estoy seguro que aquí nos van a acompañar los diputados federales del PRI. No creo que ellos no quieran que se informe de los gastos que realizan los cabilderos, que se informe con quién se reúnen, con qué diputado y que sus electores en cada distrito o circunscripción sepan cómo se realiza. A menos que lo publicaron de que Price Waterhouse está ofreciendo hasta un millón.

Si realmente se quiere transparencia, no habría porque someternos al tablero, sería abrumadora la votación. Pero si lo que se quiere es opacidad para que no se sepa con quién hablan los personeros de Chevron, de Exxon, de Halliburton, de Shell en la reforma energética, y de cuánto es el negocio de los contratos de utilidad compartida, definitivamente van a votar en contra de esta reserva.

Por eso nuestra exhortación es a que vayamos a fondo. Ya se dio un primer paso con la iniciativa de la diputada Gómez Pozos. Ya se dio un segundo paso con el dictamen aprobado de la comisión. Pero vayamos hasta el fondo como en otros Congresos de países democráticos, seguirle la pista al dinero: un informe detallado de gastos y un informe detallado de actividades. Ésa es, compañero presidente; compañeros diputados y diputadas, la propuesta de adición al artículo 264, numeral 4. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva relativa al artículo 264, concretamente adicionar un numeral 5.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Con su venia, diputado presidente. Por supuesto que los diputados de Acción Nacional nos congratulamos de la aprobación de este dictamen. Nosotros insistimos en que no hay que satanizar el trabajo de los cabilderos, pero sí hay que regularlo, sí hay que establecer reglas claras y también —como ya se ha comentado en esta tribuna— transparentar lo que estos personajes vienen a hacer aquí a la Cámara de Diputados.

Por eso es que nosotros queremos ahora proponer una reserva. ¿En qué sentido iría esta reserva? Hoy en día, en este dictamen que acabamos de aprobar, en el numeral 4, se establece que el número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en la Cámara será de 20 por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita.

Nosotros queremos que estas disposiciones también apliquen a aquellos individuos, que siendo ajenos a esta Cámara representen a una persona física, organismo privado o social y que no tenga un beneficio material o económico, en razón de dichas actividades.

¿Cuál es el objetivo de esta reserva? Es evitar la simulación. Es evitar que un cabildero hoy en día pueda presentarse como representante de una institución sin fines de lucro y que, en cambio, esté llevando a cabo la misma actividad, aún cuando quizá por abajo del agua sí esté percibiendo un ingreso.

Por eso nosotros también, sumándonos a lo que ya en esta tribuna han dicho los compañeros de Movimiento Ciudadano y del PRD, queremos ahora también poner reglas más claras para que esta actividad pueda llevarse a cabo con total transparencia.

En ese sentido, me permito a los compañeros diputados de todas las fracciones solicitar el voto a favor de esta reserva. Es cuanto, diputado presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito diputado federal Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno, la reserva mediante la cual se reforma el artículo 264, del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 3y 4 al artículo 264,  2 y 3 al 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados; para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2013.— Diputado federal Fernando Rodríguez Doval (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado don Fernando Rodríguez Doval. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados, y habiéndose admitido a discusión, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la asamblea, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Finalmente tiene el uso de la palabra, a nombre del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para presentar reserva al artículo 265, numeral 2.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Compañeros y compañeras, vengo a presentar la reserva al artículo 265 en su numeral 2. Mediante los cabilderos, los grupos de interés buscan apoyo legislativo para insertar sus propias iniciativas y verlas prosperar sin ocupar un asiento legislativo y es por eso que coincidimos en la importancia de su regulación. Sin embargo, la percepción negativa sobre esta actividad ha sido reforzada por casos en los que los cabilderos persuaden a legisladores a través de medios ilegales o poco éticos y la Cámara de Diputados no es la excepción.

En el 2004 la modificación de la Ley de Juegos y Sorteos —en cuanto a la instalación de casinos— generó que los cabilderos presionaran a las y los legisladores ofreciéndoles viajes a Las Bahamas, Las Vegas y Montecarlo, a fin de que conocieran cómo operaban estos negocios en estos lugares.

En el 2005, el entonces diputado federal panista, Miguel Toscano, denunció que un grupo de diputados, un senador y funcionarios de la Secretaría de Gobernación habían sido invitados por la empresa tabacalera a presenciar una carrera de Fórmula 1 en Montecarlo. Con el viaje que realizaron los legisladores la pretensión de esta empresa era no aumentar el gravamen en las cajetillas de cigarros dentro de la Ley de Ingresos del año 2006.

También en el año 2005, con la llamada Ley Televisa y su aprobación por unanimidad, y en menos de 10 minutos, se dio una muestra clara del trabajo de los cabilderos a favor de esta empresa.

¿Qué origen y destino tienen los recursos con los que los cabilderos cumplen sus funciones? ¿De qué forma y con qué procedimientos también lo hacen?

Durante esta Legislatura diversos diputados y diputadas han denunciado que cabilderos de empresas refresqueras presionan a los legisladores federales con dádivas o con amenazas de dañar su imagen si aprueban el impuesto a refrescos, como propuso el gobierno federal en su iniciativa hacendaria.

Invitaciones a comidas en donde se advierte a las y los legisladores sobre los peligros de votar a favor de más impuestos, con la amenaza de que tales hechos cancelarían su carrera política son tan solo algunos de los ejemplos que han acontecido en esta soberanía.

Por esos motivos consideramos indispensable que se conozca el origen y destino de los recursos empleados por los cabilderos durante el desempeño de sus funciones y que esta información pueda estar sujeta a revisión continua por parte de la Mesa Directiva.

Además consideramos que —dado que existen diversos beneficios que no necesariamente se encuentran incluidos en la esfera de los pagos en efectivo o en especie— la limitante a los beneficios que puedan recibir las y los legisladores debe de ser aún mayor.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva ya planteada, en donde queda como sigue:

Las diputadas y los diputados o el personal de apoyo, no podrán aceptar dádivas o pagos en efectivo, en especie o cualquier otro tipo de beneficio de cualquier naturaleza, por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las decisiones de esta honorable soberanía. Es cuanto, diputado presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

Reserva al artículo 265 numeral 2, del dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 264, y 2 y 3 al 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de Restricciones para Cabildeo de Funcionarios.

Diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción X 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264; y 2 y 3 al 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El lobbying (cabildeo) se ha profesionalizado desde el Siglo XIX y hoy en día es una actividad reconocida y regulada.

Mediante los cabilderos, los grupos de interés buscan apoyo legislativo para insertar sus propias iniciativas y verlas prosperar, sin ocupar un asiento legislativo y es por eso que coincidimos en la importancia de su regulación.

Sin embargo, la percepción negativa sobre esta actividad ha sido reforzada por casos en los que los cabilderos “persuaden” a legisladores a través de medios ilegales o poco éticos y la Cámara de Diputados no es una excepción.

En 2001, diputados federales de la bancada del Verde Ecologista, pretendían sacar adelante una iniciativa para reducir a 10 años el derecho a las patentes de las medicinas, lo cual se conoció como la Ley Simi.

En 2004 la modificación de la Ley de Juegos y Sorteos en cuanto a la instalación de casinos generó que los cabilderos presionaran a las y los legisladores ofreciéndoles viajes a las Bahamas, las Vegas y Montecarlo, a fin de que conocieran cómo operaban estos negocios en esos sitios.

En 2005 el entonces diputado federal panista Miguel Toscano, denunció que un grupo de diputados, un senador y funcionarios de la Secretaría de Gobernación habían sido invitados por la empresa tabacalera British American Tobacco a presenciar una carrera de Fórmula 1 en Montecarlo. Con el viaje que realizaron los legisladores la pretensión de la empresa era no aumentar el gravamen de las cajetillas de cigarros, dentro de la Ley de Ingresos de 2006.   También en 2005 con la llamada “Ley Televisa” y su aprobación por unanimidad –y en menos de 10 minutos-, se dio clara muestra del trabajo de los cabilderos a favor de la televisora.

¿Qué origen y destino tienen los recursos con los que los cabilderos cumplen sus funciones? ¿De qué forma y con qué procedimientos lo hacen?

Durante esta legislatura, diversos diputados y diputadas han denunciado que cabilderos de empresas refresqueras presionan a los legisladores federales con dádivas o con amenazas de dañar su imagen si aprueban el impuesto a refrescos, como propuso el Gobierno Federal en su iniciativa hacendaria.

Invitaciones a comidas en donde se advierte a las y los legisladores sobre los peligros de “votar a favor de más impuestos”, con la amenaza de que tales hechos “cancelarían nuestra carrera política”, son tan sólo algunos de los ejemplos que han acontecido en esta soberanía.

Por éstos motivos consideramos indispensable que se conozca el origen y destino de los recursos empleados por los cabilderos durante el desempeño de sus funciones y que esta información pueda estar sujeta a revisión continua por parte de la Mesa Directiva. Además, consideramos que dado que existen diversos beneficios que no necesariamente se encuentran incluidos en la esfera de los pagos en efectivo o en especie, la limitante a los beneficios que pueden recibir las y los legisladores debe ser aún mayor.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de la comisión las siguientes reservas que modifican y adicionan el dictamen en discusión:

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 264, numerales 3 y 4 en los términos del dictamen. La adición de un numeral 5 al artículo 264, aceptada por la asamblea. Y el artículo 265, numeral 2, con la modificación aceptada por la asamblea.

Dígame diputado Mejía Berdeja, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Para que pueda separar la votación, presidente. Hubo varias reservas que no prosperaron presentadas por Movimiento Ciudadano y por el PRD fundamentalmente. Luego están dos que se aprobaron, la del diputado Rodríguez Doval y la que presentó el diputado Juan Luis Martínez, para que quede claro el sentido de la votación en cada una.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el sistema electrónico de votación para proceder a la votación del artículo 264, numerales 3 y 4, en los términos del dictamen.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 431 votos a favor, 34 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado el artículo 264, numerales 3 y 4, en los términos del dictamen por 431 votos.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación relativa a la adición de un numeral 5 al artículo 264, presentada por el diputado Rodríguez Doval y aceptada por la asamblea. Y al artículo 265, numeral 2, presentada por el diputado Juan Luis Martínez, con la modificación también aceptada por la asamblea.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 437 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada la adición de un numeral 5 al artículo 264 y el artículo 265, numeral 2, con la modificación aceptada por la asamblea.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264; 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para practicar el cabildeo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

LEY ADUANERA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se pongan a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se pongan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera*.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado José Isabel Trejo Reyes, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado José Isabel Trejo Reyes:Gracias, señor presidente. Honorables diputadas y diputados de la Cámara baja del Congreso de la Unión, en primer lugar no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todos los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, con quien trabajamos para la integración de este dictamen correspondiente a la Ley Aduanera, agradecerles su disposición y apertura para el diálogo y los acuerdos adoptados en beneficio de nuestro país.

Hoy expongo ante ustedes los resultados de los trabajos relacionados con los dictámenes. Primero éste que someteremos a su consideración correspondiente al decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, así como posteriormente el del Código Fiscal de la Federación, correspondientes todos a las iniciativas del Ejecutivo dentro de la denominación del paquete de reforma hacendaria para el ejercicio fiscal 2014.

Debo resaltar que los días 25 y 26 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2013, nos reunimos para llevar a cabo cuatro foros en audiencias públicas, siguiendo los acuerdos alcanzados por la junta directiva de esta comisión legislativa y de las distintas fuerzas en esta Cámara, con la intención de analizar a detalle los distintos decretos enviados por el Ejecutivo federal.

Se contó con la participación de 105 representantes de empresas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, diversos profesionistas y académicos a fin de conocer su opinión sobre las propuestas contenidas en las iniciativas citadas. Hoy seguimos trabajando en sesión permanente de la comisión, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al mandato constitucional de aprobar la Ley de Ingresos de la Federación a más tardar el 20 del presente mes, por parte de esta honorable Cámara de Diputados.

De la Ley Aduanera. Por lo que hace al dictamen de esta iniciativa, debo comentar que el mismo es el resultado del análisis y valoración de todos los trabajos de las citadas audiencias públicas, así como de los diversos cambios, propuestas y mejoras que se han considerado convenientes y que han sido expuestas en el seno de estas comisiones por los distintos grupos parlamentarios, sus diputadas y sus diputados.

Derivado de ello, se concluyó que ante la dinámica mundial y apertura generalizada de mercados, México requiere de atraer inversión, facilitar el comercio exterior, brindar mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales a todas las empresas, y en especial a las pequeñas y medianas, impulsando la inversión en infraestructura y modernización de las aduanas para alcanzar ritmos mayores de crecimiento de la economía mexicana, aprovechando la privilegiada posición geográfica de nuestro país y la vasta red de acuerdos y tratados comerciales de los que México es parte en el mundo, por lo que para el logro de dichos elementos sin duda es necesario contar con mecanismos aduaneros modernos, sólidos y seguros.

En este entendido, en el dictamen que se somete a consideración de ustedes —diputadas y diputados— se comprende la gran amplitud de medidas, resaltando entre su contenido los temas siguientes. Entre otros, se regula el sistema electrónico aduanero a través del cual se efectúan los pagos de las contribuciones y cuotas compensatorias respectivas, a fin de reducir costos a cargo de las empresas y optimizando la interacción de los particulares con el quehacer gubernamental.

De igual manera, el empleo del sistema electrónico permite; primero, certidumbre jurídica a los contribuyentes; segundo, concentrar los trámites y pagos de un mismo portal electrónico; tercero, ofrecer conectividad a agentes privados que operan en la cadena de suministros; cuarto, interconecta dependencias del gobierno federal incluyendo aduanas y socios comerciales; quinto, disminución en el uso del papel, y sexto, simplifica trámites incorporando el uso de la firma electrónico avanzada. Establece la opcionalidad del uso de los agentes aduanales, acabando con lo que se decía que era un monopolio para llevar a cabo el despacho aduanero. Con esto, los importadores o exportadores podrán realizar sus trámites directamente a través de la figura de un representante legal.

Con lo anterior, los importadores o exportadores que así quieran podrán realizar directamente en las actividades del despacho aduanero de sus mercancías o contratar a un agente aduanal o a un representante legal, y así llevar de manera integral el proceso de importación-exportación, otorgando mayores opciones a los usuarios de comercio exterior, promoviendo la competitividad e innovación en los prestadores de servicios que reditúe en mayor valor agregado para los usuarios del comercio exterior; es decir, los mexicanos.

Cabe aclarar que la novedosa figura de representante legal, para los efectos, debe de cumplir ante la autoridad con requisitos que le permitan llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías bajo esquemas de seguridad, tanto para la soberanía nacional como para los usuarios del comercio exterior, tales como contar con una relación laboral con el importador o exportador, estar al corriente en sus obligaciones fiscales y demostrar experiencia o conocimientos en la materia de comercio exterior.

De igual manera, se establecen obligaciones que los importadores que opten por despachar sus mercancías a través de representante legal deberán cumplir, a fin de salvaguardar el debido control de las mercancías de procedencia extranjera que deban asegurar las autoridades aduaneras en los puntos de entrada y salida de las mercancías del país, así como la responsabilidad solidaria del representante legal ante el fisco federal.

En relación con los recintos fiscalizados estratégicos. Estos se podrán habilitar en cualquier parte del territorio nacional, a diferencia de lo actual, que requieren colindancia con algún recinto aduanero portuario, lo cual propiciará inversión en cualquier zona del país en la que resulte factible el establecimiento de estos centros de producción, almacenamiento y distribución de mercancías, con independencia de que se encuentren en entidades federativas que cuenten con oficinas aduaneras o no.

Lo anterior sin detrimento de los debidos controles que la autoridad ejerce sobre las mercancías de procedencia extranjera que se internan al país, al contar con los medios, tradicionales y tecnológicos, de control sobre las instalaciones del recinto y las personas que sean autorizadas para administrarlos y operarlos.

Por otro lado, siguiendo con la apertura en la prestación de servicios relacionados con el comercio exterior, se permite que cualquier persona moral que cumpla con los requisitos pueda solicitar la autorización al Servicio de Administración Tributaria para prestar el servicio de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos, lo que propiciará servicios de mayor calidad y valor agregado en beneficio de la comunidad importadora y exportadora.

De igual forma, la reforma a la citada ley elimina el segundo reconocimiento, cubriendo dicha revisión de la carga a través de un mecanismo de revisión mediante la inspección no intrusiva de las mercancías, lo cual consiste en el análisis de imágenes de mercancías y medios de transporte generados por medios tecnológicos con lo que se optimiza y agiliza el despacho aduanero.

En lo que se refiere a derechos de los contribuyentes se establecen facilidades para la rectificación de pedimentos, cambio de régimen de mercancías y regularización de las mismas, lo que incentiva el cumplimiento en las disposiciones fiscales y aduaneras, y procura que los importadores y exportadores tengan mayores opciones para realizar sus operaciones conforme a las razones de negocio frente al dinamismo del comercio exterior.

Finalmente, es de señalar que México ha firmado diversos acuerdos bilaterales, por lo que resulta necesario encaminar la ejecución de acciones de colaboración mutua para que nuestro país fortalezca sus esquemas ampliando los mecanismos de cooperación institucional e internacional existentes, relativos a la aplicación de tecnología y el intercambio de la información.

Con esto será posible sumar el esfuerzo de distintas agencias de gobierno e información disponible en territorio nacional y en el extranjero, a fin de contar con controles más eficaces y eficientes, sin que por ello se vea interrumpido el flujo comercial.

Por todas estas razones, señoras y señores diputados, esperamos su voto a favor. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado José Isabel Trejo Reyes. Está a discusión en lo general. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, para México modernizar sus instrumentos comerciales, arancelarios y aduaneros adquiere un carácter primordial, ya que mejorar los indicadores de nuestro comercio internacional significa —en muchos sentidos— elevar la calidad de vida de las y los mexicanos. Y para tal propósito, el papel que nos corresponde como Poder Legislativo es fundamental, pues atendemos con suma responsabilidad y sensibilidad las urgencias del país.

La economía de México ha ido cambiando notablemente en las dos últimas décadas. Ha dejado de lado las políticas de sustitución de importaciones para favorecer una orientación hacia el exterior.

Somos uno de los principales exportadores del mundo y por ello se requiere modernizar y poner al día nuestras disposiciones normativas, a fin de mejorar nuestra competitividad y que éstas sean acordes a lo que demanda el comercio internacional.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está consciente de que las reformas a la Ley Aduanera se propusieron bajo una visión de simplificación de los procedimientos aduaneros, con la intención de que se refleje un incremento de la dinámica comercial en las importaciones y exportaciones.

Asimismo pretende dotar de certeza jurídica a los usuarios del comercio exterior, implementar el uso de medios tecnológicos y establecer el intercambio de información entre autoridades a través de sistemas electrónicos.

Derivado de lo anterior, se debe reconocer que el esquema planteado trae consigo beneficios a los usuarios del comercio exterior en el mediano y largo plazo.

Dentro de los objetivos de la presente iniciativa sobresale la facilitación al comercio internacional, la modernización de las aduanas, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la eliminación de barreras comerciales mediante el otorgamiento de seguridad a los usuarios del comercio exterior, así como implementar mejores sistemas de análisis de riesgo.

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía —que hoy presentan su dictamen bajo una visión macro de análisis a la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera— se abocaron a hacer un análisis profundo de las motivaciones de transparencia, modernización, simplificación de procesos y garantías de seguridad jurídica que se identificaron como posibles áreas de oportunidad para fortalecer la propuesta de reforma a la referida ley.

Por lo que respecta a los representantes legales de despacho aduanero —personas morales—, se aprobaron requisitos que deberá reunir el representante legal de las personas morales que promueven despacho de mercancías sin intervención de un agente aduanal, así como la responsabilidad directa y solidaria en que puede incurrir quien promueva el despacho de mercancías sin agente aduanal.

Para Nueva Alianza la profesionalización es un tema de vital importancia, por ello se reconoce que se hayan sometido a los agentes aduanales a evaluación anual en los términos de las reglas que emita el Servicio de Administración Tributaria.

Por otro lado, se aprobó la adecuación de los supuestos para la cancelación de la patente aduanal para el caso de que permita a un tercero el uso de la patente y con ello se obtenga lucro o explotación de la misma.

Actualmente las exportaciones de México llegan a más de 80 países, suma más de 20 la red de tratados y acuerdos de libre comercio y tenemos un volumen comercial positivo, pero nos hace falta mejorar muchos aspectos del comercio internacional. Y uno de estos aspectos es el sistema aduanero que en nuestro país ha quedado rezagado ante la modernidad.

La demanda internacional para controlar la entrada y salida de mercancía hace necesario establecer mejores mecanismos para responder de manera eficaz y segura al comercio transnacional que a diario desplaza sus mercancías en gran parte del mundo.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, conscientes de la importancia económica y social que representa dotar de eficacia, eficiencia y modernidad el flujo de intercambios comerciales realizados por el país es que apoyamos con nuestro voto a favor de este dictamen a la Ley Aduanera, creyendo firmemente que con estas reformas a la ley se contribuirá de manera sustancial a mejorar el dinamismo comercial de México en el exterior. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. El Partido del Trabajo da su posicionamiento general y anuncia que dará su voto a favor sobre esta Ley Aduanera, porque consideramos que el objetivo final de esta reforma, más allá de todas estas mejoras de eficiencia administrativa, de eficiencia logística y de eficiencia en el proceso de modernización del sistema aduanero, el objetivo de esta reforma que nos hace avanzar es acabar con el monopolio de los agentes aduanales.

Evidentemente —y como espero que muchos de ustedes sepan— no se logra finalmente eliminar la figura de agente aduanal, porque hablando de cabilderos —y cabilderos internos en esta Cámara de Diputados— la reforma del presidente, que en este caso era de avanzada en este tema —se llevó a un término medio— que era llevar el representante aduanal para eliminar al agente aduanal al representante legal. Y digamos que los cabilderos no nada más están en los pasillos de San Lázaro.

Pero hablemos de datos duros. ¿Por qué es importante eliminar el monopolio que tenía el agente aduanal? Actualmente en México existen solamente 875 agentes aduanales, en Estados Unidos de América existen 11 mil. La ley aduanera española, por ejemplo, requiere la intervención de un agente de aduanas o un representante indirecto, mientras que en México no se puede hacer ninguna transacción. Es decir, el 94 por ciento de las transacciones de la balanza comercial de este país se tienen que hacer en tierra a través de un agente aduanal.

Estamos hablando que el impacto económico que la figura de los agentes aduanales —y ahora los representantes legales— tienen en el país es de transacciones de mercancías de hasta por 22.4 millones de dólares.

¿Qué es otra de las cosas que nosotros vemos positivas sobre esta reforma? No solamente da la democratización en el tema de que ahora los ciudadanos podamos manejar a través de un representante legal de las empresas el tema del manejo de mercancías en las aduanas, sino que también además facilita el despacho de mercancías.

Es decir, esta reforma que —como insisto— pretendía también quitar el monopolio del despacho en el comercio exterior que concentraban los agentes aduanales, permite ahora el despacho en un lugar distinto al autorizado, a fin de optimizar la logística al despacho de mercancías.

Además, pareciera que no es importante, pero se permite la apertura del comercio a través de medios ferroviarios, que estaba inclusive desde el tratado de libre comercio y que ni siquiera se había cambiado la Ley Aduanera para facilitar el tránsito de mercancías en este tema.

Se cambia además, se da la posibilidad de ampliar el tema de recintos fiscalizados estratégicos, que antes solamente podían estar en las fronteras y en los puertos, ahora pueden estar en cualquier parte del país y pueden ser además puestos en manos de privados, por licitaciones que haga la Secretaría de Hacienda.

En este tema nos gustaría decir que una gran preocupación que tenemos —y que presentaremos una reserva al respecto— es que estas licitaciones se hagan de manera muy cuidadosa, para que estos recintos estratégicos no se hagan o no se tengan por delincuentes y luego ahora tengamos delincuentes que puedan ser representantes legales y tengan recintos estratégicos y estén traficando mercancías.

Finalmente —porque tengo poco tiempo— creo que es importante hablar de otra de los grandes logros de esta reforma, me parece a mí, que es el tema de la herencia de las patentes que tenían o que tienen los agentes aduanales. Finalmente esto es algo que para democratizar este tráfico de mercancías se ha quitado y ahora la Secretaría de Hacienda va a determinar, a través de un concurso, quiénes son los que pueden ser representantes legales y quiénes son también los que pueden ser también agentes aduanales para quitar esta mafia que estaba dañando mucho la balanza comercial de este país y también la actividad comercial.

Agradezco mucho. Reiteramos que el Partido del Trabajo votará a favor, porque entendemos que tiene cuestiones de mucho avance esta iniciativa, aunque presentaremos tres reservas sobre el tema de la gradualidad para entrar en los sistemas tecnológicos, que no solamente sean a través de Internet. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Con su venia, señor presidente.

Si bien es cierto reconocemos las debilidades que actualmente existen en las aduanas de nuestro país, es verdad que existe una gran corrupción, es verdad que existe una gran deficiencia todavía, es verdad que en las aduanas se permite todo tipo de irregularidades. Sin embargo, en el análisis que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha hecho es que se pone en riesgo la seguridad nacional.

En este momento son alrededor de 900 agentes aduanales y aún así no se pueden controlar, la Secretaría de Hacienda no los puede controlar. Si se permite que se abra a más, estamos hablando a la mejor de alrededor de 100 mil agentes aduanales. Esto va a implicar entonces que cualquier particular no regulado en la ley pueda promover el despacho aduanero sin la intervención obligatoria de los agentes aduanales.

Implica eminentemente riesgos a la operación del comercio exterior, a la seguridad nacional, a la seguridad de la salud pública, la sanidad animal, e inclusive el peligro al uso de recursos de procedencia ilícita.

Por otro lado, no se prevén reformas para fortalecer facultades en materia de piratería en su valuación, triangulación u otros tipos de fraude cometidos en las 49 aduanas del país. Igualmente no se prevé ninguna medida para fomentar la transparencia, ni para erradicar la corrupción que por muchos años ha perjudicado seriamente al sector.

Por el contrario, se están desmantelando controles como la ratificación de datos del pedimento, cambio de régimen de importación temporal o definitiva, regularización de mercancías, la apertura de prevalidadores a cualquier interesado y la posibilidad de que cualquier persona sin registro, autorización, responsabilidad ni control alguno tramite operaciones, permitiendo que los contrabandistas cuenten con mecanismos para evadir todo tipo de controles.

El desmantelamiento de controles aduanales pone en riesgo la seguridad nacional, la reducción fiscal, la protección a la sociedad permitiendo que mercancías prohibidas puedan pasar. Se viola también la propiedad intelectual, el tráfico ilícito de armas, drogas y dinero, incluso el terrorismo.

Ningún país moderno puede darse el lujo de afectar su capacidad fiscalizadora. Si se buscan verdaderas oportunidades para impactar de manera positiva el comercio internacional primero deben revisar e implementar los cambios institucionales necesarios a los procesos y procedimientos internos. Procesos sencillos, transparentes y predecibles. Personal honesto y capacitado que garantice la seguridad jurídica y que tengan un impacto positivo, directo y en el largo plazo y que sean visibles para los usuarios.

Por lo anterior, México debe plantearse una modernización proactiva en las aduanas, con una visión de largo plazo, basada fundamentalmente en la gestión profunda del riesgo mediante una mejor utilización de la información.

Se requiere una reingeniería de los procesos, que junto a la reestructuración del marco normativo y a herramientas informáticas más robustas y modernas simplifique la actividad del comercio exterior y elimine los actos de corrupción.

La globalización de la economía mundial y la apertura comercial han sido detonantes en el intercambio de bienes y servicios entre los países lo cual, aunado a la privilegiada ubicación geográfica de México, ha permitido que en los últimos años las importaciones y exportaciones mantengan un continuo crecimiento.

Nosotros, Movimiento Ciudadano, vamos a votar en contra, porque se están vulnerando las medidas de control que la aduana en este momento tiene. Así como también estaremos votando en contra de la reforma fiscal, que seguramente muchos de ustedes han analizado y que sabemos viene a lesionar siempre a la gente que menos tiene, a los empresarios pequeños, a los transportistas, a la gente de a pie. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde el diputado Rubén Acosta Montoya.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy es un día importante para nosotros y para todo México, porque inicia la discusión de la reforma hacendaria e inicia con un instrumento legal, con un dictamen que se construyó —y esto lo debo de resaltar— con la capacidad de negociación y —por qué no— de conocimiento en la materia de las diferentes fuerzas políticas que participan en las comisiones de Economía y de Hacienda.

Felicitar a los integrantes de estas comisiones y felicitar también a los presidentes de las mismas por su gran capacidad de negociación y porque es un documento que definitivamente nos ayuda a construir un sistema aduanero mejor, que nos va a facilitar el comercio al interior y al exterior de nuestro país.

Al mismo tiempo debemos resaltar que este dictamen incorpora no solo la visión del Poder Ejecutivo federal y del Poder Legislativo, sino también la de la sociedad en su conjunto.

En este Congreso se hicieron grandes esfuerzos por escuchar a las diferentes voces que se sentían afectadas de manera positiva o negativa por este dictamen y esto hoy se ve reflejado como un consenso de los diferentes puntos de vista de la sociedad en su conjunto también.

Una de las premisas de este dictamen —y que hoy también lo incorpora— es que se modernice el comercio en México. Sin duda lo estamos haciendo al establecer distintos mecanismos que facilitan ese intercambio comercial.

Lo primero —y diría yo de los puntos que más resaltan en este dictamen— es el cambio de figura en el recinto fiscal estratégico. Hoy se pueden solo establecer estos recintos fiscales estratégicos pegados a aduanas o bien a puertos. Con este dictamen lo vamos a poder hacer en distintas partes del territorio nacional, lo que va a facilitar la transformación de esas mercancías y del propio despacho aduanero.

Otro tema fundamental —que no se ha resaltado mucho tanto en esta tribuna como en los medios de comunicación— es el apoyo al sector ferroviario. Sin duda esta iniciativa ve en este instrumento de transporte un importante medio de transporte para el intercambio comercial, y hoy lo fortalecemos en esta iniciativa también, permitiendo que la infraestructura que se utiliza para este fin pueda ser importada de manera temporal hasta por 10 años, con la opción de que pueda ser importada de manera definitiva.

La tecnología y la tecnificación de nuestras aduanas no quedaron ajenas en esta propuesta. Hoy vemos una tecnología y una tecnificación en estas aduanas a través de este dictamen que van a facilitar no solo que la autoridad pueda enfocar su vigilancia a las contribuciones de manera más focalizada. Esto es, no gastar esfuerzos en materia de burocracia de tramitología y mejor focalizarla a la supervisión aduanera. Pero al mismo tiempo estamos ayudando al importador y al exportador, les estamos desregulando sus trámites, los estamos simplificando, de manera tal que se permite el uso de todos los documentos digitales, firma y sello digital, simplificación de documentos en papel, comunicación entre dependencias, que también se hace a través de este sistema y al mismo sistema la conectividad entre agentes privados y públicos, así como conectividad con el exterior, con los países de donde provienen estas mercancías.

Sin duda ése es otro beneficio que en términos administrativos, en términos de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de comercio exterior representa un beneficio también para las empresas.

La eliminación del segundo reconocimiento aduanero sin duda es otro paso fundamental que da este dictamen, porque en primer lugar es una figura que hoy ya prácticamente no se usaba en las aduanas, a pesar de que estuviera establecida en nuestro marco legal, y al mismo tiempo, somos congruentes con nuestros socios comerciales. De los pocos socios comerciales que manejaban esta figura éramos nosotros.

Sin duda todas estas decisiones son congruentes para mejorar nuestro intercambio comercial con los 40 socios comerciales que tenemos.

Algo muy importante que debemos de resaltar también es que esta iniciativa en ningún momento ha visto como adversarios o enemigos a los agentes aduanales. Por el contrario, son figuras que hoy han contribuido al México que tenemos, al intercambio comercial estratégico que tenemos con más de 40 naciones, a través de más de 10 tratados comerciales y éste no es un paso a desaparecerlos. Por el contrario, es simplemente establecer la figura de representante legal aduanero, es simplificar un paso más a las empresas que, por rutina incluso, ya saben qué clasificación arancelaria les corresponde, qué producto se puede ingresar en el punto de entrada de la mercancía al país y qué restricciones o regulaciones arancelarias o no arancelarias tiene esa mercancía.

Por esa razón creo que es muy atinado también que se establezca la figura de representante legal, pero más atinado aún fue —por parte de este Congreso— establecer algo que no venía en la iniciativa del Ejecutivo: requisitos para que seas representante legal, el que tengas conocimiento en materia de comercio exterior, el que seas una persona física en cumplimiento de tus obligaciones fiscales y, sobre todo, que seas empleado de la empresa. Es algo muy importante.

Sin duda la responsabilidad solidaria era algo fundamental que tenga que estar en este dictamen. La responsabilidad solidaria de ese representante legal y, al mismo tiempo, que cumpla con los requisitos o con la mayoría de los requisitos que cumple también un agente aduanal.

Si bien se han mencionado algunas modificaciones relevantes que cambiarán la forma de operar de nuestras aduanas estas no son todas hay muchas más que enriquecen esta actividad, y que sin duda el Partido Verde apoyará con su voto a favor, a través de la aprobación de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se pronuncia a favor del dictamen de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, de acuerdo a los objetivos que alcanzan la reforma de dicho ordenamiento legal.

Cabe destacar en el documento la incorporación de adecuaciones y propuestas en las que el propósito ha sido coincidir con facilitar el comercio, impulsar la modernización de las aduanas, la inversión en infraestructura y la actualización e incorporación de mejores prácticas y procesos en materia aduanera.

Se ha previsto en el presente dictamen que en todo momento el ingreso y salida de mercancía se realice en apego a los mecanismos que la seguridad nacional demanda, fomentando al mismo tiempo la transparencia y simplificación de trámites relacionados con el comercio exterior.

Por lo tanto, es indispensable contar con un marco normativo claro y transparente reconociendo el uso de medios tecnológicos a través de los cuales se promuevan las importaciones y exportaciones, se impulse la apertura comercial para usuarios del comercio exterior y se establezca el intercambio de información entre autoridades de forma ágil a través de sistemas electrónicos.

Entre los avances que se reconocen al presente dictamen se pueden enumerar las siguientes:

1. Se establece que el almacenamiento y custodia gratuita de las mercancías en recintos fiscalizados que se encuentren en aduanas de tráfico marítimo será por siete días, en lugar de cinco.

Se establece que el representante legal que promueva el despacho de mercancías deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales, ser mexicano, acreditar relación laboral con la empresa, acreditar experiencia y conocimientos en materia de comercio exterior. Adicionalmente se establecen obligaciones a los representantes legales que hagan el despacho aduanero.

Y aquí no hay que buscarle la trampa ni el engaño. No es esto. Se busca acabar con el monopolio de los agentes aduanales y de crear una nueva figura que tenga las responsabilidades sin contar con las patentes, pero sí las obligaciones que actualmente tienen los representantes aduanales. Por cierto, las patentes son hereditarias y hoy con esta reforma lo dejan de ser. Ahora sí verán lo que los maestros sienten para presentar examen y perder sus plazas.

Se establece la excepción de responsabilidad solidaria, salvo cuando se utilicen los servicios de un agente aduanal y éste no resulte responsable. Se establece la obligación para que el SAT publique las reglas de carácter general y las que establecen los lineamientos para la aplicación de los exámenes para los agentes aduanales.

Se establece la excepción de que cuando se altere solo información estadística no se inicie la cancelación de la patente. Se establece que la sanción pecuniaria no sea uniforme para los tres supuestos de infracción cometidos en el artículo 184-A, y están contenidos en el artículo 184-B. Se diferencian las multas dependiendo de la infracción.

Por último, se establece que los registros fiscales estratégicos se extiendan más allá de las colindancias  de los estados fronterizos. Esto va a permitir que estados que no sean colindantes con estados fronterizos puedan gozar de estos beneficios y crear competitividad y generar empleos.

Amigos diputados y amigas diputadas, las reformas que hoy empezamos a discutir en el pleno en materia hacendaria y fiscal en este paquete para 2014 no son varita mágica para resolver todos los problemas económicos por los cuales atraviesa nuestro México, y atraviesan la mayoría de los países del mundo. Pero sí contribuirán en buena medida y por eso vamos en pro, a crear mecanismos que ayuden al mejor desarrollo de la nación.

Por tal motivo, pedimos a nombre del Grupo Parlamentario del PRD el voto a favor de esta propuesta. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Juan Bueno Torio, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.

Si me permiten, déjenme dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Londres de Querétaro, del primer semestre de derecho, que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos a la sesión.

El diputado Juan Bueno Torio:Con su venia, presidente. El PAN definitivamente votará en contra del paquete fiscal que presentó el presidente Peña Nieto, porque es una propuesta en la que encontramos una clara regresión y va a promover la recesión económica de nuestro país. Es un catálogo de las peores prácticas que el PRI le ha impuesto a los mexicanos durante sus gobiernos.

El PAN siempre ha actuado a favor de los ciudadanos y de las medidas económicas que generan estabilidad y bienestar, pero lo que tenemos frente a nosotros dista mucho de ser la reforma social que beneficia a los que menos tienen. Dista mucho de ser la propuesta hacendaria que comprometió Peña Nieto en su campaña. Comprometió una propuesta que alentara el crecimiento económico y la generación de empleos, y esta propuesta definitivamente no lo es.

Hoy estamos padeciendo una desaceleración muy severa en la economía de nuestro país, y con la pretensión que está teniendo el Ejecutivo en este momento va a implicar una recesión que provocará despidos, provocará desempleo y se caerá el mercado interno.

No ha planteado una reforma contracíclica que ayude a salir a nuestro país del bache. Por el contrario, está planteando un gasto excesivo, 10 por ciento por encima del Presupuesto del año pasado que pretende financiar con deuda, una deuda que van a tener que pagar las futuras generaciones.

Ya lo dijo el secretario Videgaray el día de ayer en una entrevista, que en los ochenta México se convirtió en una fábrica de pobres. Queremos decirles en este momento que el PAN no se prestará a contribuir a crear una nueva fábrica de pobres en nuestro país.

Esto que está proponiendo Peña Nieto no es como decía, mover a México. Es una propuesta que va a servir para congelar a México. Porque pretende sacar recursos públicos de quienes hoy ya pagan impuestos. Pretende sacar recursos públicos, además de la deuda, de quienes hoy son causantes y están desarrollando una cultura del esfuerzo para mejorar su patrimonio y sus condiciones de vida. Es una reforma regresiva que va a impedir que las empresas generen mayor riqueza y que haya mayor inversión para que el país progrese.

Debemos recordar que es en la empresa en donde se genera la capacidad productiva y de transformación del país. Y con esta propuesta de Peña Nieto el país no va a ir en ese sentido, por eso la rechazamos totalmente, como rechazamos conjuntamente con los ciudadanos de México la intención de ponerle IVA a las colegiaturas, a las hipotecas y a las rentas y compra-venta de las viviendas.

Por eso, compañeras y compañeros, decimos que el PAN como un partido serio se ha sentado a la mesa de análisis y de discusión. El PAN ha hecho sus propuestas, y como tales entendemos que esta iniciativa, que este dictamen que ahorita discutimos en este momento sobre la Ley Aduanera es un instrumento...

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a todos respeto al orador. Creo que tenemos que acostumbrarnos a escucharnos los unos a los otros. Estamos hablando del paquete económico, es la primera de las iniciativas del paquete económico que se pone a discusión, es la Ley Aduanera. Pido respeto para el que está haciendo uso de la palabra, porque creo que es la única forma como podemos entendernos. Adelante, diputado.

El diputado Juan Bueno Torio: No obstante que la propuesta de Peña Nieto es una miscelánea fiscal recaudatoria, hemos contribuido en una construcción de una mejor Ley Aduanera, como la que se discute en este momento, misma que vamos a apoyar con nuestro voto a favor.

Igualmente hemos reconocido que el PRI reguló en la intención del Ejecutivo, en la que traía en este código de terrorismo fiscal. Y como se han corregido los elementos también el PAN votará a favor de este instrumento.

Sin embargo, compañeras y compañeros, queremos hacer del conocimiento que esta propuesta del presidente Peña es una propuesta unilateral. No se confunda la gente con mencionar que esto surgió del Pacto por México. En este momento Peña Nieto tendrá que asumir las consecuencias de esta reforma tan desastrosa que meterá al país en una desaceleración y en una depresión económica.

Amigos diputados del PRI, ayuden a su compañero de partido, ayúdenlo a que reconozca lo que clama la gente en la calle. La gente pide mejores salarios, más empleos, no más impuestos a los que siempre están pagando los impuestos. Ayuden a su compañero de partido, a Peña Nieto, a que rectifique esta propuesta fiscal que va a dañar las estructuras sociales y económicas de nuestro país.

El Presidente diputado José González Morfín: Finalmente, en la ronda de posicionamientos, tiene el uso de la voz el diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez:Con el permiso de la Presidencia. Acusamos recibo los legisladores del PRI y compartimos, por supuesto, los costos y los aciertos que el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, está realizando en beneficio de los mexicanos y no permitiremos que haya también una inconsciencia gobernativa, porque apenas el pasado presidente de la República se decía el presidente del empleo.

El día de hoy, a nombre de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, venimos a respaldar el conjunto de modificaciones en materia aduanera. Lo hacemos convencidos de la necesidad de contar con un marco normativo claro y transparente que estimule las importaciones y las exportaciones, que brinde una protección más eficaz contra las prácticas ilícitas de comercio internacional y que establezca nuevos mecanismos para la información y la seguridad jurídica del contribuyente.

Los diputados del PRI, con este respaldo y con este voto, de nueva cuenta hacemos evidente nuestro compromiso de hacer de nuestro país una nación más competitiva que impulse el desarrollo y que atraiga mayor inversión.

Las medidas contenidas en la iniciativa de Ley Aduanera —que hoy nos ocupa— permitirá, sin lugar a dudas, impulsar a México al siguiente nivel en las mejores prácticas aduaneras, algunas de ellas reconocidas en diversos acuerdos, tratados o convenios internacionales y otras presentes en los distintos foros de discusión en los que participan las economías más dinámicas del mundo.

Por ello habremos de dotar a la legislación de condiciones propicias para fomentar que el flujo comercial sea cada vez más ágil, que el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y fiscales sea cada vez más sencillo, que la comunidad importadora y exportadora cuente con mejor información que le permita trazar sus operaciones de comercio exterior con mayor flexibilidad, atendiendo a razones legítimas de negocios.

Simplificar los trámites en la aduana a fin de incorporar en la actividad exportadora a las empresas que deseen incursionar en el comercio exterior. Dotar de herramientas y mecanismos de control más eficientes, acordes con los avances tecnológicos, que permita a las autoridades aduaneras realizar las funciones propias sobre las mercancías con mayor efectividad, propiciando también con ello beneficios en la eficiencia en la cadena logística.

En este orden de ideas, las medidas incluyen —entre otras— la adopción de un marco normativo claro y transparente para el uso de medios electrónicos en los trámites de comercio exterior, así como el uso de firmas electrónicas y sellos digitales en sustitución de la presentación física de los documentos aduaneros y fiscales.

Con el objetivo de agilizar el flujo comercial en las aduanas, optimizar el despacho aduanero, y atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio, la iniciativa propone la eliminación del segundo reconocimiento aduanero.

En concordancia con la facilitación se dispone el reconocimiento aduanero único y se privilegia la utilización de medios no intrusivos en el examen de mercancías, que redundan en disminuir tiempos y costos en la operación, generando mayor certidumbre y asertividad en las revisiones. Asimismo, con la finalidad de fomentar la competencia y apertura para los usuarios del comercio exterior, esta iniciativa establece que cualquier persona moral que cumpla con los requisitos pueda solicitar la autorización del Servicio de Administración Tributaria para prestar los servicios de prevalidación electrónica de datos, lo cual generará un mejor servicio y mayores opciones en beneficio de los importadores y exportadores.

Siguiendo la tendencia internacional se hace opcional la contratación del agente aduanal y, de la mano de esto, se elimina la figura del apoderado aduanal. Se permite a los importadores y exportadores efectuar directamente el despacho de sus mercancías sin intermediario alguno. Es decir, sin emplear a un agente aduanal sino a través de su representante legal, con quien deberá acreditar tener una relación laboral conforme a la legislación aplicable.

Es importante mencionar que con los importantes cambios a la Ley Aduanera diversos importadores tendrán la opción de despachar sus mercancías con un representante legal, pues el espíritu de la Ley Aduanera por ningún motivo es el de restringir el uso de la representación legal, sino al contrario, de abrir la posibilidad que varios importadores o exportadores realicen sus operaciones a través de un representante.

También es importante destacar que con la reforma se elimina la posibilidad de que los agentes aduanales transfieran los derechos de sus patentes, pues se deroga la figura del agente aduanal sustituto, inhibiéndose con ella la venta de patentes y la mala tradición de heredar las mismas.

Se establece la posibilidad de habilitar recintos fiscalizados estratégicos. Esta facilidad permitirá promover el desarrollo de centros de transformación, exhibición, comercialización —entre otros— en cualquier parte del país.

Por último —y no menos importante— la iniciativa incluye dentro de todas estas medidas de simplificación y facilitación otras más, pero cobran relevancia la apertura en las rectificaciones de las declaraciones aduaneras, la posibilidad de cambiar de régimen aduanero sujetándose a las distintas formalidades, así como la regularización de las mercancías propiciando la autocorrección y el cumplimiento de las disposiciones, en beneficio de los usuarios del comercio exterior y de la certeza jurídica de los diversos eslabones de la cadena.

Estamos dejando claro y de manifiesto los legisladores —no nada más del PRI, sino de todas las expresiones— que en esta Cámara se privilegia el consenso y el acuerdo. No podemos permitir que algunos tiren la piedra y escondan la mano. La mayoría de los diputados de todas las expresiones verán reconocidos en los textos de esta reforma aduanera, y de las demás de la reforma fiscal, sus propuestas y sugerencias. Muchísimas gracias a todos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, informo a la asamblea que han sido reservados, por la diputada Lilia Aguilar Gil, el artículo 36, el 36-A y el 40; por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el artículo 40; por la diputada Martha Leticia Sosa, el artículo 163 y el 163-A y por el diputado Arturo Salinas Garza, el artículo 167.

En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del CBTIS 66, de Jiutepec, Morelos, invitados por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Bienvenidos a la sesión.

También a un grupo de alumnos de la Universidad de Colima, de relaciones internacionales, invitados por el diputado Salvador Barajas. Bienvenidos todos a la sesión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, hay 443 votos a favor, 0 abstenciones y 24 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y los artículos no reservados por 443 votos.

Tiene ahora la palabra para presentar sus reservas al artículo 36 y 36-A, la diputada Magdalena Núñez Monreal.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. La presente reserva al artículo 36 y 36-A tiene por objeto establecer que la propuesta contenida en estos artículos, sobre trasmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento de la información que se dispone en el mismo artículo, mediante el denominado sistema electrónico aduanero, que sea una alternativa más para realizar dicho despacho y no el único medio.

Es decir, se pretende conservar el derecho de los usuarios del comercio exterior a realizar de manera física los trámites en comento y además darle la opción de utilizar el sistema electrónico aduanero. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que en nuestro país el equivalente al 30 por ciento de los hogares del país solamente tiene acceso a esas tecnologías. Así, el acceso a estas tecnologías avanzadas y al Internet todavía no es universal en nuestro país.

De esta manera, sustituir por completo el trámite de manera física del comercio exterior por un sistema exclusivamente electrónico pondría en serias dificultades a aquellos usuarios que a la fecha no cuentan con el acceso a esta tecnología.

En ese sentido, la presente reserva busca beneficiar a esos usuarios, así como a los micros, pequeños y medianos emprendedores que estuvieran en posibilidades de realizar los trámites de manera física al sustraerles los costos de adquirir los dispositivos electrónicos para cumplir con la obligación de llevar gestiones por medios digitales. Con esta reserva pretendemos legislar con la intención de que no existan prácticas discriminatorias para ningún usuario del comercio exterior.

Así, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso con la modernización y eficiencia de una actividad que resulta vital para la economía del país y el bienestar de sus habitantes. Pero como lo estamos señalando, sin que existan prácticas discriminatorias ni haya emprendedores o personas físicas que por no tener acceso a esta tecnología estén sin posibilidades de realizar el uso de este tipo de comercio exterior y estén completamente fuera del trámite por no –repito— tener acceso a las tecnologías y al Internet.

De tal manera que reiteramos que nuestra reserva es en el sentido de que los trámites para este tipo de comercio no sean exclusivamente a través de medios electrónicos o digitales, sino que se contemple también como se está en este momento realizando, también trámites en físico de éste tipo de comercio. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada Núñez Monreal.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten. Se desechan. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para presentar su propuesta de modificación al artículo 40.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: La presente reserva tiene por objeto preservar el texto del párrafo segundo del artículo 40 de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, en cuanto a la creación de la figura de representante aduanal a través de la cual los particulares, es decir personas físicas, pueden promover directamente el despacho aduanero de sus mercancías sin la intervención obligatoria de los servicios profesionales prestados por los agentes aduanales.

Esto permitiría —por un lado— hacer opcional la intervención del agente aduanal, acabando así con el monopolio de las facultades que mantienen dichos agentes sobre estos trámites actualmente y, por otro lado, generar una amplia oferta de servicios especializados en el mercado a través de los representantes aduanales, quienes estarían en competencia entre ellos mismos y con los agentes aduanales.

Consideramos que la redacción del dictamen referente a representantes legales no generaría la misma oferta de servicios especializados sobre comercio exterior que se busca mediante la propuesta de creación de la figura representante aduanal.

Con la presente reserva se pretende legislar con la intención de generar una mayor profesionalización y eficacia en el despacho de las actividades del comercio exterior.

Cabe apuntar que en diversas instituciones de educación superior existe precisamente la especialización de agente aduanal o representantes aduanales y a los cuales los estaríamos dejando sin la posibilidad de poder ejercer esta actividad profesional.

Por las razones señaladas, refrendamos el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con la modernización y la eficacia de la actividad que resulta vital para la economía del país y el bienestar de los habitantes.

El texto de la reserva puntualiza lo siguiente: Las personas morales que promuevan el despacho de las mercancías sin intervención de un agente aduanal tendrán la obligación de realizar el despacho aduanero a través de un representante aduanal, que deberán acreditar ante el Servicio de Administración Tributaria en los términos y condiciones que se establezcan en el Reglamento. Dicho representante cuando menos deberá reunir los siguientes requisitos... Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Ortiz Ahlf.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía, para presentar su reserva o su propuesta de modificación al mismo artículo 40.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente, compañeras y compañeros diputados, esta es la primera ley de las que integran la llamada reforma hacendaria y es momento de congruencias, porque hemos escuchado discursos grandilocuentes cuestionando la política económica, cuestionando el desempeño del gobierno de Enrique Peña Nieto pero votan la misma iniciativa. Y para Movimiento Ciudadano es importante la congruencia.

Nosotros estamos en contra de la reforma hacendaria en todas sus partes, desde la ley Aduanal, pasando por el Código Fiscal de la Federación y, desde luego, la Ley del Impuesto sobre la Renta y las demás disposiciones fiscales, porque nos parece un juego convenido en que se declara una cosa y se vota otra. Se hacen campañas en contra de la reforma hacendaria y ya vino la primera y votaron a favor y vendrá la segunda, el Código Fiscal, y votarán a favor. Para nosotros la reforma hacendaria es un todo y vamos a votar en contra de toda la reforma hacendaria.

Los impuestos nunca son evidentemente del agrado de los ciudadanos. Pero más cuando siempre van dirigidos a un solo sector, cuando los grupos de interés y los grupos privilegiados siempre encuentran rendijas para que sigan utilizando sus ganancias, sin que haya proporcionalidad fiscal, como lo establece la Constitución.

Ya por ahí a la consolidación fiscal le encontraron una salida para que las 400 empresas más poderosas del país sigan actuando impunemente a nivel fiscal. Por otro lado, ya hay un terrorismo fiscal que, aunque quitaron el artículo 5o. del Código, sigue habiendo varias cuestiones que no son del agrado de los ciudadanos.

Coincidimos en que en una época de recesión económica es un error aumentar los impuestos. Esto lo sabe cualquier alumno de economía de primer grado y, desde luego, la tozudez del gobierno federal en aumentar los impuestos, en imponer un régimen de terrorismo fiscal es una mala receta para el país. Es el camino al despeñadero, es el camino a que sigamos acrecentando el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y que los empresarios y los pequeños comerciales prefieran irse a la informalidad.

En este sentido, no podemos hacer menos la Ley Aduanera. El agente aduanal es la persona física que tiene una patente para realizar sus actividades, que lleva un registro, que tiene experiencia y que así desempeña las labores. No puede ser adecuado que ahora, bajo la figura de representante aduanal, se pierdan los controles y cualquier empresa pueda tener esta figura.

Nos parece que no les pegan solamente a los agentes aduanales, sino que esto implica riesgos para la operación del comercio exterior, para la seguridad nacional, para la salud pública, para la sanidad animal, e incluso el peligro de uso de recursos de procedencia ilícita.

Miles de armas se introducen ilegalmente cada día de Estados Unidos de América a México. Hay más de 13 millones de armas ilegales. Está todavía por ahí el tema de Rápido y Furioso. Y ahora con esta reforma podremos abrir la puerta a que representantes aduanales se conviertan en agentes que van no solamente a desequilibrar una actividad ya regulada del agente aduanal, sino también convertirse en un peligro para la seguridad y para la seguridad nacional.

Por esa razón estamos planteando una reserva, para que el representante aduanal cumpla con una serie de requisitos, que no haya tal discrecionalidad. Porque nos parece, por un lado, que se introducen riesgos, y por otro, no dudamos que se quiere inducir al contribuyente a errores, para que con este afán confiscatorio se le carguen nuevas multas y nuevos gravámenes.

El representante aduanal tendría que ser mexicano por nacimiento, acreditar vínculo laboral con el importador. También tendría que comprobar experiencia y conocimiento en la materia aduanera, conforme lo determine el Servicio de Administración Tributaria en los términos y condiciones que se establezcan en el Reglamento. Tendrá que comprobar experiencia y conocimiento. No simple y sencillamente abrir por abrir, con los riesgos que implica para el país y para una profesión que tampoco podemos satanizar.

Por eso planteamos esta reserva al artículo 40 y pedimos a la Mesa Directiva la someta a consideración.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Mejía.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. En consecuencia, se desecha. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Leticia Sosa, para presentar sus reservas al artículo 163 y 163-A.

Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos del CBTIS 66, de Jiutepec, Morelos, que están aquí invitados por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea:Gracias, presidente. Honorable asamblea. Diputados y diputadas, he pedido hacer uso de la voz para reservar lo que en el dictamen que nos ocupa habla de derogar el artículo 163, en su fracción VII, y el artículo 163-A de la Ley Aduanera.

Quiero recordarles que desde 1958 la Secretaría de Hacienda emitió un acuerdo estableciendo las normas para que los agentes aduanales pudieran designar personas que los sustituyeran en caso de fallecimiento o incapacidad física.

En ese acuerdo se decía: la persona designada como sustituto deberá comprobar que ha formado parte de la sociedad que explota la patente o prestado servicios efectivos en la agencia de que se trate, cuando menos con cinco años de anticipación a la fecha en que sea designado como sustituto y satisfacer, desde luego, todos los requisitos que se exijan para ser agente aduanal, inclusive el de garantía.

Queda muy claro, compañeros diputadas y diputados, que no era una herencia ni una venta lo que en ese tiempo, 1958, la Secretaría reconocía como derecho del agente aduanal. Este acuerdo se ratificó en 1967, reconociendo que el desempeño de las funciones de agente aduanal es una actividad de interés público por su naturaleza, y que por lo mismo se requería que existiera continuidad en su desarrollo así como la conservación del patrimonio formado por las inversiones realizadas.

La Ley Aduanera de diciembre de 1981 estableció, en su artículo 144, que la patente era personal e intransferible, pero que en caso del fallecimiento del titular, si hubiera sustituto autorizado se permitiría a éste, bajo su responsabilidad, la continuación de las operaciones durante un plazo de tres meses. Esta figura también quedó incluida en el artículo 194 del Reglamento de la Ley.

Así, compañeros y compañeras, se generó el derecho, por una parte de los agentes aduanales para designar agente aduanal sustituto, y por otra parte, el derecho del sustituto para que al ocurrir el fallecimiento, incapacidad física permanente o retiro voluntario del titular se le otorgara la patente aduanal respectiva.

Es el razonamiento de lo valioso de la negociación que emprende el agente aduanal, la inversión en materia de muebles e inmuebles, la seguridad de la fuente de trabajo para todos los trabajadores de una agencia aduanal. Y es el hecho también de que nunca se da la duplicidad de funciones, pues el sustituto solo asume cuando falta el titular permanentemente.

Los razonamientos que permitieron que en la actual ley vigente el artículo 163, en su fracción VII, reconociera como un derecho del agente aduanal el designar por única vez a una persona física ante el SAT como su agente aduanal adscrito, para que en caso de fallecimiento, incapacidad permanente o retiro voluntario éste lo sustituyera —insisto— previo examen de conocimientos técnicos a que se refiere la fracción IX del artículo 159, mediante examen aprobado dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha en que vaya a ejercer la sustitución, tal como lo prevé el artículo 163-A de la misma ley en comento.

Hoy las comisiones dictaminadoras, en consonancia con la propuesta presidencial, derogan los artículos en comento. Hoy que los derechos humanos tienen más vigencia que nunca se pretende que desconozcamos el que se ha logrado por quienes realizan funciones de interés público y coadyuvan en la vigilancia y control del comercio exterior.

Los invito, compañeros y compañeras, a reflexionar y a no permitir esta transgresión, poniendo a su consideración que la fracción VII del artículo 163 y el artículo 163-A queden en los términos vigentes y que no se deroguen como lo propone el dictamen.

Quitar el derecho a todos no es la solución para frenar las malas prácticas de algunos malos elementos que se dan en todas partes. Muchos ven en esto un patrimonio que lo cuidan y lo respetan. Debe haber mecanismos para que se vaya contra los malos elementos y no contra los agentes aduanales que cumplen su trabajo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite. Se desecha. Tiene finalmente en este apartado de reservas el uso de la voz el diputado Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una reserva al artículo 167.

El diputado José Arturo Salinas Garza:Gracias, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional me permito presentar reserva al artículo 167 del dictamen que reforma a la Ley Aduanera, bajo los siguientes argumentos.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía señala que en el caso de los procedimientos de suspensión, cancelación y extinción de la patente de agente aduanal la autoridad contará con un plazo de dos años posteriores a la fecha en que tenga conocimiento de la realización de los hechos u omisiones que configuren la causal para iniciar procedimiento.

Sin embargo, el texto de esta iniciativa —que está incluido en el dictamen— es omiso en señalar durante qué periodo de tiempo puede otorgarse esta posibilidad a la autoridad para que tenga conocimiento.

Al respecto, los diputados de Acción Nacional consideramos conveniente modificar la redacción del artículo 167, ya que en materia fiscal y aduanera —por seguridad jurídica de los contribuyentes— existe la figura de la caducidad, que consiste en la pérdida de las facultades de las autoridades fiscales para ejercer sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras por el transcurso del tiempo, que es hasta de cinco años de la conducta o hecho generador.

A fin de garantizar la seguridad jurídica del gobernado se propone precisar que la autoridad por ningún motivo podrá iniciar un procedimiento de cancelación, suspensión o extinción de la patente de agente aduanal cuando haya transcurrido más de cinco años, a menos de que la conducta infractora o por su naturaleza sea continua o continuada. Es decir, que se prolongue a través del tiempo y que no haya cesado durante los cinco años.

De no hacerlo así caeríamos en el absurdo que una operación realizada en 1980 a la que se le detectó irregularidad en este año pudiese provocar el inicio de un procedimiento de cancelación o suspensión de una patente aduanal. Lo que haría que las facultades de las autoridades aduaneras no tuvieran límite de tiempo.

En Acción Nacional estamos convencidos que con esta modificación estamos brindando seguridad jurídica, y siendo consistentes con las disposiciones fiscales contempladas en el Código Fiscal de la Federación, que es supletorio de la legislación aduanera.

En consecuencia, se propone adicionar al segundo párrafo del artículo 167 el siguiente texto: Por ningún motivo la autoridad podrá iniciar un procedimiento de los señalados en este párrafo, cuando los hechos que constituyan alguna de las causales de suspensión, cancelación o extinción del derecho a ejercer a patente hayan ocurrido con más de cinco años de antigüedad, a menos que la conducta infractora del agente aduanal, por su naturaleza no sea instantánea y se prolongue en el tiempo, caso en el cual los cinco años se computarán a partir de que dicha conducta haya cesado.

Por lo anteriormente expuesto, invito a todos los compañeros y compañeras diputados a votar a favor de esta propuesta. Presidente, la reserva ha sido entregada en tiempo y forma y le rogaría que se pusiera a votación. Es cuanto, diputado presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXII Legislatura.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito diputado federal José Arturo Salinas Garza, miembro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta Cámara de Diputados, correspondiente a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 110 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración del Pleno de esta Cámara, la reserva por la cual se propone modificar el artículo 167 del dictamen emitido en sentido positivo, referente al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, para su debida discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el dictamen correspondiente, lo cual se realiza al tenor de lo siguiente:

Es cuanto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre de 2013.— Diputado José Arturo Salinas Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Salinas Garza.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se admite a discusión. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta la propuesta.

En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal de los artículos 36, 36-A, 40, 163 y 163-A en los términos del dictamen. Y el artículo 167 con la modificación aceptada por la asamblea. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 36, 36-A, 40, 163 y 163-A en sus términos, y 167 con la modificación aceptada.

(Votación)

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 419 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los artículos 36, 36-A, 40, 163 y 163-A en los términos del dictamen; y el artículo 167 con la modificación aceptada por la asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación*.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Isabel Trejo Reyes para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado José Isabel Trejo Reyes:Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputadas y honorables diputados de esta Cámara baja del Congreso de la Unión, hace rato discutimos y aprobamos la Ley Aduanera y en ese contexto y en ese paquete de reformas fiscales nos toca ahora discutir y votar las reformas relacionadas al Código Fiscal de la Federación.

La iniciativa del presidente venía en conjunto con otras leyes a reformar. Las comisiones decidimos que lo mejor era separar el Código Fiscal de la Federación, por eso lo estamos votando en este dictamen.

En estos términos explicados, la parte de la iniciativa relativa al Código Fiscal de la Federación planteada por el Ejecutivo federal tiene como objetivos centrales los siguientes:

1. Introducir nuevos procedimientos simplificados que estimulen la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

2. Otorgar facilidades a los contribuyentes a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, la figura del buzón tributario con el que los contribuyentes podrán, vía electrónica, interactuar en tiempo real con la autoridad fiscal para lo relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Como ustedes saben, es uno de los signos de los tiempos en la comunicación.

3. Esclarecer a los contribuyentes la manera en la que deben cumplir con sus obligaciones fiscales. Tal es el caso de la manera en la que integrarán la contabilidad a través de los medios electrónicos.

4. Incentivar el cumplimiento espontáneo de los deberes tributarios.

5. Dotar a la autoridad fiscal en un marco legal que le permita disminuir en lo posible y lo más rápido la complejidad y los tecnicismos, aclarando el sentido de las disposiciones fiscales.

Estos objetivos permitirán a los contribuyentes contar con mecanismos más accesibles que simplifiquen el pago de impuestos. Ésa es la intención. Que permita captar nuevos contribuyentes y que inviertan menos tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como elemento de competitividad en las actividades empresariales en México.

Lo anterior atiende a que, como es por muchos percibido, México cuenta con un porcentaje considerable de la población que obtiene sus ingresos en la economía informal, con un grado considerable de incumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo cual ha permeado en la conciencia de los contribuyentes cumplidos provocando un desánimo e incentivos a evadir sus impuestos con aquello de que las reformas van en contra de los mismos de siempre.

Por tal motivo, con la aprobación del dictamen relativo a la iniciativa del Código Fiscal de la Federación —que hoy sometemos a su consideración— se refrenda el firme compromiso de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público en impulsar medidas que lleven a facilitar la comprensión y el cumplimiento de las disposiciones fiscales que estimulen la incorporación a la formalidad y que simplifiquen el pago de los tributos, generando condiciones para contar con un sistema tributario aún más sólido y eficiente en beneficio del país.

Hay que resaltar que derivado de los trabajos de las comisiones, el dictamen que hoy se somete a consideración es el resultado del análisis y valoración de la iniciativa propuesta en más de 60 artículos revisados a la iniciativa original.

La iniciativa contemplaba la creación de una cláusula antielusión, la cual evitaría la elusión fiscal por fraude a la ley, siempre que se detecten prácticas y operaciones que carecen de una razón de negocios y, por lo tanto, las consecuencias que generaron no fueron gravadas y a pesar de que debieron serlo es entonces que la autoridad podrá proceder a gravar la conducta, eliminando así la elusión realizada en fraude a la misma.

Sin embargo, acorde con criterios jurisprudenciales, esta comisión coincide que la interpretación estricta a la ley no implica que mediante una interpretación letrista de ésta se pueda cometer el fraude a la ley.

Por lo anterior, se estima que no es pertinente la modificación que se propone, pues la autoridad cuenta con los elementos jurídicos para analizar, no solo la forma, sino el fondo de los actos y operaciones a las que los contribuyentes atribuyen efectos fiscales, así como para resolver en consecuencia, y por lo tanto, eliminamos el contenido del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación en los términos en que se proponía.

De igual forma, respecto al domicilio fiscal, se propone dotar a las autoridades fiscales de información de los cuentahabientes, que estos mismos les proporcionan a las entidades financieras y de esta manera se puedan facilitar las prácticas de actos de fiscalización en los domicilios de los contribuyentes.

En otro orden de ideas, la presente iniciativa propone la creación de un buzón tributario, el cual permitirá tener una mejor comunicación entre la autoridad y los contribuyentes. En este buzón se podrán notificar diversos documentos y actos administrativos, así como dar cumplimiento a los distintos requerimientos por parte de la autoridad.

En relación con los delitos fiscales, la iniciativa de ley sanciona a los sujetos que tienen la obligación, en virtud de las disposiciones legales de un contrato o de los estatutos sociales de las personas morales, de impedir conductas que afectan al fisco y que como resultado de su actuar cometen delitos y omisión.

Ésta es de las más importantes, puesto que se coincide igualmente con la intención de establecer los casos en que determinados profesionistas o consejeros deben considerarse responsables, previas las formalidades procesales respectivas, de la comisión de un delito con motivo de su actividad profesional, estimando sin embargo innecesario precisar alguna o algunas ramas profesionales en específico, señalando más bien que se trata del ejercicio independiente de las funciones de consejería, asesoría u otros, con el mismo fin de orientar la actividad contributiva de la persona a quien prestan servicios.

Por cuanto a la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas por créditos fiscales de las empresas se estima que esta medida, empleada en su justa proporción, conlleva a combatir las acciones de defraudación fiscal como lo son los casos en que los socios o accionistas utilizan una sociedad con la sola intención de defraudar a terceros o burlar la aplicación de la ley utilizando a la sociedad como un vehículo para evadir responsabilidades. Por lo que solo en casos de mucha gravedad y que así lo ameriten, se justifica que la responsabilidad solidaria ante el fisco trascienda el patrimonio de los socios o accionistas.

Respecto de las contribuciones que se hubieren causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad, cuando tal calidad en la parte del crédito fiscal que son con los bienes de la misma no alcance con los bienes de la sociedad, entonces el fisco irá sobre el patrimonio de los socios, pero solamente hasta el monto del crédito hipotecario, que es lo mismo que las cuentas bancarias cuando se embargaban por cantidades que constituían la totalidad de los fondos, y ahora las cuentas bancarias solamente podrán ser embargadas hasta por el monto del crédito fiscal.

Estas son —entre otras cosas— las reformas que hicieron los diputados en relación con la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

Diputadas y diputados, en realidad en las comisiones creemos que hicimos un buen trabajo y creemos que el Código Fiscal ha quedado en términos de proteger al contribuyente. Pero de darle elementos también al fisco, al Estado mexicano, para que cada vez más mexicanos que tengan actividad económica contribuyan, y también los contribuyentes tengan el respeto por sus derechos al pie de la letra.

Sí, le estamos dando al Estado facultades expresas —no discrecionales— y también a los contribuyentes facultades expresas para defender sus derechos. Esperamos su voto, compañeras diputadas y compañeros diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don José Isabel Trejo Reyes. Está a discusión en lo general. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Agradezco mucho su generosidad para dejarme abrir la discusión de este tema, señor presidente. Con la venia de la asamblea. No quisiéramos dejar de señalar, antes de entrar al posicionamiento en forma del Código Fiscal —lo decimos obviamente como siempre, con todo el respeto que nos merecen los diputados en lo individual— la incongruencia en los posicionamientos del Partido Acción Nacional en esta tribuna, que viene y posiciona en contra pero vota a favor.

El ejercicio del chantaje —pareciera— se está volviendo una práctica en esta Cámara de Diputados y en el PT venimos a hacer una práctica parlamentaria diferente. No estamos por la práctica del chantaje, sino que queremos ser congruentes.

Es por eso, porque no estamos buscando ni raja política ni quedar bien hacia afuera y también quedar bien hacia adentro, que venimos a posicionar sobre este Código Fiscal en contra, porque creemos que en general pone en manos de una dependencia administrativa actividades persecutorias y de despojo.

No es, compañeros diputados, la atribución del Estado perseguir o aterrorizar a los ciudadanos o tratar a través de métodos de coacción y hasta persecución hacer cumplir a los ciudadanos el pago de impuestos. No podemos a través del terrorismo fiscal pretender cubrir el gran hoyo que dejará Pemex después de la reforma energética.

Es por eso que el PT dice: no estamos a favor de una reforma hacendaria que imponga impuestos a la clase media y a los ciudadanos y que los afecte en su vida y en su bienestar. Y tampoco estamos a favor de un Código Fiscal que trata de aterrorizar o de utilizar medidas de terrorismo fiscal y que tendrá graves consecuencias para obligar a los ciudadanos a pagar estos impuestos, que ahora se pretenden traer a discusión a esta Cámara de Diputados.

Porque seamos realistas, ¿por qué la gente allá afuera no paga impuestos? Porque no vemos los resultados, porque no vemos que tangiblemente si pagamos nuestro impuesto vamos a tener pavimentada nuestra calle, porque no vemos que tangiblemente si pagamos impuestos vamos a tener resuelto nuestro alumbrado público. Por eso la gente no paga impuestos.

El pensar que ir a aterrorizarlos, buscarlos, tratar de intervenir en sus cuentas bancarias y cobrarnos a lo chino eso va a hacer que los ciudadanos crean más en las instituciones y paguen sus impuestos, es una gran falacia.

¿Qué es lo que hace este Código Fiscal y por qué el PT se posiciona en contra? Primero trata de hacer, dicen, entrar a los informales a la formalidad. ¿A través de qué? A través de ir y fiscalizarlos en sus lugares de trabajo y tratar de hacerlos entrar a un sistema tributario, que no está ni simplificado ni siquiera es justo para ellos, cuando los informales quieren de verdad entrar a un sistema económico formal y de certeza, pero no se les ha permitido, porque lo único que se hace es perseguirlos y eso es lo que pretende también esta iniciativa.

Segundo, el tema de pretender que a través de las cuentas  bancarias y solicitar los RFC en las cuentas bancarias se pueda después cobrar Hacienda —disculpen el término— a lo chino, ya sea a través del dinero que está en estas cuentas de los ciudadanos o que está en nuestro domicilio fiscal, cuando se considere que estamos rompiendo con clausulas de evasión o con clausulas de antielusión.

Esto causaría no solamente una profunda crisis y actividades económicas recesivas, sino inclusive nosotros vemos una reducción en el mercado interno y quiebras en las Mipyme.

Y permítannos terminar diciendo porqué. La clausula de elusión que tiene como centro esta reforma en el Código Fiscal, que permite que Hacienda no solamente diga en qué régimen vas a estar, sino que pueda inclusive —y lo pongo en los términos más prácticos— cambiar tu declaración de impuestos y decir: lo que tú estás declarando no es válido y no es cierto, sino que yo creo y pienso que será de esta manera.

Y de eso, además cobrarse a través de nuestras cuentas bancarias, crea que esta dependencia no administrativa que es la Secretaría de Hacienda no solamente esté aterrorizando, sino que además se esté metiendo en atribuciones que no le corresponden.

Recordemos cuál es el papel del Estado y el principio constitucional básico: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Darle estas atribuciones a Hacienda es simplemente llevarnos a un terrorismo fiscal, que no podemos permitir ni avalar. Éste es claramente, en congruencia, el posicionamiento del PT y votaremos este Código Fiscal en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Aguilar Gil. Tiene el uso de a palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Preparatoria Oficial número 220 del municipio de Valle de Chaco Solidaridad, estado de México, invitados por el mismo diputado Arturo Cruz Ramírez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Señor presidente, con su permiso. Señoras y señores legisladores, la reforma hacendaria es una de las reformas estructurales largamente aplazadas en México. Desde hace muchos años se han multiplicado los indicios que reflejan una debilidad estructural de la hacienda pública mexicana.

Tenemos una baja capacidad recaudatoria, en promedio recaudamos la mitad de lo que recaudan los países de la OCDE. Incluso si la comparación la hacemos con otros países de América Latina sale a relucir la precariedad fiscal del Estado mexicano.

Las finanzas públicas dependen en una tercera parte de la renta petrolera, además de que no hemos podido ampliar la base de contribuyentes, ni incentivar el cumplimiento convencido de las obligaciones fiscales ni de los ciudadanos pequeños contribuyentes ni de los grandes grupos económicos.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza ha mostrado una abierta disposición a analizar con responsabilidad la propuesta de reforma hacendaria del presidente de la República, en un afán de identificar fortalezas y debilidades para plantear aportaciones que contribuyan a fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado en beneficio de la economía y de la sociedad.

Las reformas al Código Fiscal de la Federación contribuyen a actualizar el sistema de injusticia tributaria, aportan certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y establecen reglas más estrictas para cerrarle el paso a prácticas que constituyen quebranto a la hacienda pública y fraude a la ley.

Nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen, porque incorpora las reservas que propusimos para mejorar la iniciativa. Ha sido ampliamente conocida la serie de preocupaciones que despertó la propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación, sobre todo en lo que se refiere a las atribuciones excesivas que otorgaban a la autoridad fiscal que en algunos pasajes ponían en riesgo los derechos de los contribuyentes y dejaban a éstos en una situación cercana al estado de indefensión.

Bajo ninguna circunstancia era aceptable lo que se proponía en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, porque otorgaba a la autoridad fiscal la facultad de determinar la existencia de un crédito fiscal sin más bases que la mera presunción de prácticas u operaciones del contribuyente, que aunque formalmente no actualicen un acto ilícito, carezcan de racionalidad de negocios. Es decir, la autoridad fiscal tendría facultad de interpretación, más allá de lo que expresamente establece la legislación fiscal para determinar presuntos delitos fiscales y el adeudo correspondiente.

Nosotros consideramos que en efecto, existen prácticas que realizan las personas físicas y morales que constituyen los actos elusivos que dan lugar a prácticas u operaciones, que si bien no actualizan un delito fiscal específico, generan por consecuencia un aprovechamiento indebido en detrimento del erario federal.

Sin embargo, la justicia del sistema tributario y la vigencia del estado de derecho no se pueden basar en facultades interpretativas de la autoridad fiscal, porque de esa manera propician exceso y arbitrariedades en detrimento de la certidumbre a la que tiene derecho todo contribuyente.

En el mismo sentido, mencionamos la reserva que presentamos respecto a lo establecido en el artículo 28, en su fracción IV, en el sentido de que los contribuyentes deberán ingresar mensualmente su información contable a través de Internet.

Propusimos —y fue aceptado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público— que se estableciera una disposición para que en la reglamentación de esta obligación se reconociera que existe una gran desigualdad en el país. De tal manera que una buena cantidad de contribuyentes no podrán cumplir con esta disposición, sea porque no cuentan con la tecnología necesaria, o porque en las regiones donde se ubica no hay acceso a Internet.

También rechazamos la disposición de la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas aplicada de manera indiscriminada, porque esa disposición llevaba implícita una injusticia que tendría serios efectos en la estabilidad de las empresas. Pero concordamos con la decisión que al respecto asumió la comisión dictaminadora, al establecer que la responsabilidad solidaria solamente aplicará a los socios o accionistas que hayan tenido control efectivo de la empresa.

De igual forma, propusimos la eliminación de lo dispuesto en el artículo 95-B, que responsabilizaba a personal penalmente, a profesionistas contables o jurídicos, e incluso, a sus auxiliares por acciones que deriven en un delito fiscal. Esta disposición era inaceptable, porque además de adjudicar responsabilidades de manera arbitraria inhiben la práctica y el desarrollo profesional.

Compañeras y compañeros diputados, el Código Fiscal de la Federación es un componente fundamental para normar el sistema tributario y fortalecer la hacienda pública nacional.

Nueva Alianza reconoce el esfuerzo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para enriquecer la iniciativa que planteó el Ejecutivo. Asimismo reconoce la opinión que en su oportunidad vertió la Comisión de Economía al respecto.

El objeto de nuestro trabajo ha sido que los contribuyentes cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales. El imperio de la justicia en el diseño y proceso de las obligaciones fiscales favorecerá el convencimiento de los contribuyentes y otorgará legitimidad a nuestro sistema tributario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada María Sanjuana Cerda Franco. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y legisladoras, en Movimiento Ciudadano consideramos que todo el paquete fiscal es una verdadera afrenta y es una canallada aprobar leyes injustas, que perjudican a la mayoría de la población y que se aprueban sin ningún recato, sin ningún pudor, sin ninguna reflexión.

Este paquete fiscal que contiene diversas modificaciones a diversas leyes caminan en agravio de la nación, porque lejos de aumentar impuestos, lejos de establecer climas de terrorismo fiscal, primeramente deberíamos impulsar una política de combate a la corrupción, que en este país se ha elevado a rango constitucional y que ya no causa ningún asombro que se presente en todos los niveles del gobierno y de la administración pública.

Primeramente debería agotarse esta lucha contra la corrupción, y en segundo término, el que el gobierno se ajustara en su gasto superfluo y excesivo de lujos que generan desvergüenza y cinismo.

No se pueden aprobar nuevos impuestos o una política de terror sin que antes se hubiese implementado una política auténtica de austeridad republicana. Es un engaño hablar de una reforma fiscal equilibrada, equitativa y progresiva.

Esto ha concertado, ha generado un malestar generalizado, porque es meramente recaudatoria, regresiva y depredadora de las clases medias y de los campesinos. Ningún Estado de bienestar empieza generando tanta inconformidad.

Existen numerosas razones para argumentar que estas reformas propuestas vienen a generar un clima de terror. Ha trascurrido casi un año del actual gobierno y dentro de este año se han presentado reformas abusivas contra la población. A pesar de que se tiene sobradamente el impacto mediático y enormes gastos en los medios de comunicación, no han podido introducir al colectivo ciudadano que México esté creciendo y que esté en un buen nivel.

La terca realidad se opone, por eso nosotros no podemos avalar este clima de terror que ahora se genera a partir de las propuestas que contiene este Código Fiscal de la Federación. Resulta menester mencionar que los cambios planteados originarán verdaderamente un clima de persecución fiscal, donde se tiene un claro interés en facilitar el ejercicio de facultades de las autoridades fiscales, dotándolas de dispositivos que permitan un mayor control a los contribuyentes, que se permita que los deudores de impuestos sean publicados en la página del SAT, aun cuando no exista un crédito fiscal firme; que se amplíe el plazo máximo de caducidad de los créditos fiscales a 10 años. Y que se trate por igual a los que no pagan, porque no tienen recursos y a los que no lo hacen de manera fraudulenta, provocará que los contribuyentes se vean inmersos en un acoso fiscal constante.

La modificación al artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación contradice el principio de presunción de inocencia, ya que si durante el procedimiento administrativo de ejecución el contribuyente no puede ser localizado, se supondrá que incurre en prácticas ilegales. No obstante, dicha situación puede deberse a circunstancias diversas que no corresponden necesariamente a prácticas ilícitas.

Con el cambio anterior se da a la autoridad la capacidad de realizar sus operaciones de manera totalmente discrecional. Además son poco claros los mecanismos y criterios para que la autoridad decrete si puede o no localizar a un contribuyente.

De igual forma, se elimina la división que existe entre las figuras de evasión y elusión, pues la primera es no pagar haciendo engaños, aprovechando errores, falsificando documentos y alterando la contabilidad. En cambio la elusión es dejar de pagar, porque no se cuenta con el dinero para hacerlo, debido a la realización de pagos de necesidades básicas o por cuestiones que tienen que ver con la manera en que se realizó su planificación fiscal de forma legal, lo cual no le convierte en evasor.

Ciudadano presidente, con esta sala semivacía y con el virus de la gripa rondando a los diputados, poco entusiasmo se observa por la discusión y usted al tocar la campana no nos da oportunidad de desarrollar este tema que contiene el Código Fiscal de la Federación.

Le voy a solicitar, presidente, pueda plasmar este documento en el Diario de Debates. Ojalá y la Junta de Coordinación Política pudiera proveer un mayor tiempo para la discusión de este asunto tan importante para la nación.

Sé que hay gente que le interesa, aquí mismo observo gente que pone atención a lo que se está discutiendo. Pero cada vez es inútil la discusión, porque la decisión ya está tomada. Lo que están cometiendo, señores diputados, es una canallada contra el pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Ricardo Monreal Ávila. Así quedará en el Diario de los Debates.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Tomás Torres Mercado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Tomás Torres Mercado: Estimado y respetable señor presidente, no solo en nombre de mi grupo parlamentario, el Verde Ecologista, sino a título de mi responsabilidad política y de mi propia concepción política, debo iniciar reconociendo —por cierto no solo colega sino paisano, como quien me ha precedido en el uso de la voz— al diputado Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y lo mismo Mario Sánchez también, aunque son de Acción Nacional no les quita el mérito del esfuerzo y de su trabajo. De verdad, nuestro reconocimiento para a todos.

Miren, siempre es muy sencillo construir no solo un discurso sino hasta una pieza oratoria desde la visión de qué, lo que hacen otros no puede reconocerse si puntualmente no recoge la posición del adversario.

En este caso, digo que lo que estamos discutiendo es un dictamen que reforma, que adiciona disposiciones del Código Fiscal de la Federación y que formó parte del conjunto de iniciativas que el Ejecutivo federal ha presentado al Congreso. Y por cierto, de la facultad originaria. Es decir, primero quien debate y discute y vota esto es la Cámara de Diputados. Y puede construirse ese discurso insertándolo en el conjunto de las iniciativas, que por cierto, le recuerdo, son once. Esto es solamente Código Fiscal de la Federación.

¿Qué es esto? Es la ley que señala cuáles son las contribuciones a cargo de los gobernados para poder proveer, en la esfera de sus necesidades, la administración pública. Dime de dónde saco para darte educación o para pagarles a los diputados como se llame, dieta o salario, en una relación subordinada finalmente al ingreso nacional. Se construye con la recaudación, pero lo que ahora discutimos es, ¿quién está obligado a pagarla y cuál es el procedimiento?

Nos hemos pronunciado por principios de legalidad, de seguridad y de certidumbre jurídica. Es cierto que la iniciativa, colegas, contemplaba la cláusula antielusión, dándole facultades a la autoridad fiscal para meterse, incluso, en la cabeza de quien realiza un acto jurídico para decir, no era compra-venta de un inmueble, era de acciones. Y se le dio vuelta para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Vamos a darle certidumbre jurídica manteniendo un principio de estricta aplicación e interpretación de la ley fiscal, como opera en otras materias, como la penal: no hay delito si no hay ley. Es lo mismo.

Generó gran debate, por qué no decirlo, la responsabilidad solidaria de las personas físicas frente a la responsabilidad fiscal y legal en general de las personas morales. Hay un principio básico, la sociedad responde hasta el total de su capital social, de su propio patrimonio y no de las personas físicas que son accionistas. Sin embargo, se establecen casos en donde siendo la persona moral medio para la consecución o para la evasión fiscal se vaya al patrimonio en hipótesis específicas.

Pudiera, estimados colegas, debatir cada uno de los artículos contenidos en el dictamen. No puede cuestionarse la generación automática del Registro Federal de Contribuyentes con la apertura de una cuenta bancaria, porque esto no implica necesariamente una causación fiscal. Pero sí creo que si hay un país de malos cobradores, también hay una relación unívoca, hay malos pagadores de impuestos.

Cuidamos los puntos fundamentales de legalidad del contenido del dictamen, por lo demás solo les diré que este espacio es propicio para decir que se recogieron propuestas no solo de Acción Nacional —no solo de Acción Nacional– no solo del PRD. Y no quiero, para no decantar esos aportes, sino decir que hubo trato digno y se escuchó en el desarrollo de los trabajos a la representación también de Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza, del Partido del Trabajo, evidentemente del PRI y, bueno, de quien les está hablando, del Partido Verde.

Es un producto, es un bien público de la pluralidad representada en esa Cámara. Nadie se adjudique que es producto de un prohombre en el Congreso. Pero tampoco admitiremos la destrucción de su contenido sin argumentos sólidos. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Tomás Torres Mercado. Tiene el uso de la palabra la diputada Karen Quiroga Anguiano, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Karen Quiroga Anguiano:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, la política económica que ha tomado el actual Poder Ejecutivo federal para el año que se aproxima requiere necesariamente de la aprobación de diversas reformas que sin duda nuestro país necesita para la eficaz recaudación y distribución de la riqueza.

Nuestro partido siempre ha pugnado por seguir un método de trabajo conjunto, constructivo, que escuche la opinión del trabajador, de los expertos, de la iniciativa privada, de las autoridades, que permite el debate y la reflexión ordenada, porque no podemos olvidar que ésta es la casa del pueblo.

El Partido de la Revolución Democrática tiene el deber, como portavoz de los mexicanos más necesitados y como grupo social con una visión de izquierda, de defender a los que menos tienen y ponderar el principio de que paguen más los que más tienen, y no quien más necesita. Pero esto no es suficiente, sino que expresamos el sentir de los millones de mexicanos que se verán afectados por las diversas modificaciones a las leyes vigentes. De no cumplir con una visión justa y viable, la consolidación de una economía eficaz se verá truncada.

En el Partido de la Revolución Democrática tenemos claro que las modificaciones que se contemplan en el Código Fiscal de la Federación son de vital importancia para la transformación del México que se necesita, dotan al Ejecutivo federal de todas las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo primordial, que es la recaudación, mismas que deben ser proporcionales y equitativas, de acuerdo a los principios establecidos en nuestra Constitución.

Hemos hecho un esfuerzo para evitar el resquicio de la ley que permita que empresas como Televisa no cumplan con sus obligaciones. Esto es un logro de todos los partidos. En este contexto, nuestro partido aplaude el avance de la propuesta de modernizar el procedimiento fiscal recaudatorio y la plataforma digital.

Felicitamos la incorporación de medidas estrictas y correctivas a los contribuyentes defraudadores como son el desaparecer o no poner a disposición de la autoridad fiscal su contabilidad cuando sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación; el utilizar los comprobantes fiscales digitales para amparar probables operaciones inexistentes simuladas o ilícitas; el omitir en un mismo ejercicio fiscal, estando obligados a ello, la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, o la eliminación dolosa, o el desaparecer el domicilio fiscal durante el desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución.

No queremos que en nuestro país ocurra nuevamente otro caso donde empresas fantasmas, como Inizzio, Efra o Atama que fueron objeto de gran escándalo, carecían de un domicilio fiscal real, fomentando el lavado de dinero y otras actividades delictivas.

Por otra parte, la implementación y adaptación de las tecnologías de la información al sistema tributario de México permitirán estar a la vanguardia para el debido cumplimiento del pago de las contribuciones. Ésta deberá ser gradual y consistente. Lo anterior, en virtud de que hay todavía ciertas regiones en el país que aún no cuentan con la cobertura tecnológica suficiente para adaptar los cambios que se presentarán.

Por esta situación es menester que el propio Poder Ejecutivo federal impulse una amplia campaña de difusión del nuevo esquema de comunicación electrónica denominado buzón tributario, que promueva e informe a los millones de contribuyentes de la República la nueva plataforma tributaria para que este proyecto sea una realidad.

Respecto a la simplificación administrativa que se está poniendo en práctica, reconocemos las bondades de las nuevas formas de notificación, de la presentación de solicitudes, avisos y demás documentos en medios electrónicos y digitalizados. El uso de las tecnologías de la información para acercar a la autoridad con el ciudadano hace que el procedimiento y cumplimiento de las obligaciones fiscales sean más expeditos para el beneficio del contribuyente, además de que no tendrá ningún costo. Esta simplificación es un objetivo común que tenemos como partido para eliminar trámites burocráticos y así brindar servicios de mayor calidad.

Propiciará un aumento en la recaudación de los impuestos y permitirá una mayor eficiencia en el actuar de la administración pública federal, inhibiendo al mismo tiempo la evasión fiscal.

En cuanto a la firma electrónica, consideramos que es una herramienta ideal que garantizará la inalterabilidad, autoría, autenticidad y seguridad de todos los documentos, promociones y actuaciones.

Nuestro partido recibe con los brazos abiertos toda esta revolución tecnológica plasmada en nuevas reformas, pero siempre bajo una perspectiva que busque la igualdad y protección de los grupos más vulnerables y necesitados, donde impere la seguridad jurídica de los contribuyentes y se reparta la riqueza justamente.

Es importante destacar que estas reformas permitirán el pago de contribuyentes con tarjeta de crédito o débito, el requerimiento en materia de devoluciones por medios electrónicos, el fomento de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la contabilidad por Internet a través de sistemas informáticos, la obligación del uso del comprobante fiscal digital por Internet y la simplificación de comprobantes fiscales.

Por lo anteriormente expuesto, el PRD votará a favor en lo general y en lo particular del dictamen de reformas al Código Fiscal de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Aurora Aguilar Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez:Con su venia, señor presidente. El dictamen que en este momento se somete a consideración versa sobre la iniciativa de decreto de Código Fiscal de la Federación enviada a esta soberanía por el Ejecutivo federal y que hoy votaremos con las modificaciones acordadas, fruto de escuchar la voz ciudadana expresada en los diversos foros que al respecto organizó atinadamente la Comisión de Hacienda, presidida por el diputado José Isabel Trejo.

El planteamiento general del dictamen clasifica en 40 modificaciones la propuesta del Ejecutivo federal y fue corregida en diversas disposiciones. Quiero hacer énfasis en esto: fue corregida en beneficio de los contribuyentes, situación que el PRI y el gobierno priista aún se niegan a otorgar a los ciudadanos, manteniendo la postura de cargar con más y más injustos impuestos a las personas físicas y a las fuentes generadoras de empleo de nuestro México, en leyes como el IVA y el impuesto sobre la renta.

Con toda responsabilidad Acción Nacional, de la mano de los ciudadanos, propuso y defendió cambios en disposiciones que pretendían dotar a la autoridad fiscal de facultades discrecionales y arbitrarias en aspectos como la determinación de una cláusula antielusión básica, la notificación de cualquier comunicación de la autoridad hacendaria exclusivamente vía correo electrónico, la vaga e ilegal extensión de la responsabilidad solidaria a cualquier socio o accionista, la inconstitucional responsabilidad penal de abogados y contadores en las conductas de omisión que generan delitos fiscales y la pretendida eliminación del derecho a utilizar la figura del dictamen de los estados financieros por parte de los contadores públicos certificados.

Nos abocamos a corregir aquellas imperfecciones legislativas y medidas abiertamente inconstitucionales e ilegales que causaban agravio a millones de contribuyentes, particularmente a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales, a los ciudadanos cautivos por el fisco. Esos ciudadanos que son los que siempre pagan y a quienes el gobierno pretendía tratar con disposiciones que rayaban en terrorismo fiscal.

Corregimos pretensiones, como establecer una clausula antielusión, que dotaba a la autoridad hacendaria de facultades para determinar discrecionalmente la tipificación de un delito de fraude a la ley, sin que estuviera fehacientemente comprobada la responsabilidad del contribuyente.

Dijimos no a configurar responsabilidad solidaria de los accionistas para que estos respondieran con su patrimonio en relación con la determinación de un crédito o de una multa fiscal. Dijimos no a imponer que abogados y contadores fuesen sujetos con la calidad de garantes tratándose de delitos fiscales, sin que se establecieran claramente las conductas delictivas que generarían dicha responsabilidad penal.

Dijimos no a dotar a la autoridad de la facultad de notificar exclusivamente al correo electrónico cualquier aviso de comunicación vía buzón tributario, lo cual hubiese generado un claro perjuicio para el contribuyente respecto a la certeza jurídica de los actos de la autoridad hacendaria. Estos son claros ejemplos, entre otros, que la iniciativa del Ejecutivo federal está plagada de imprecisiones y de deficiencias.

La propuesta de Código Fiscal —como la reforma hacendaria en su conjunto— requirió y requiere cirugía mayor, cirugía que tenga como objetivo que el esfuerzo de los contribuyentes se vea reflejado en más y mejores servicios y condiciones de inversión y generación de empleos para los mexicanos.

Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del PAN celebra los acuerdos a los que se arribaron en la comisión dictaminadora. A nuestro juicio estas modificaciones garantizan la certeza jurídica para contribuyentes y previenen la arbitrariedad de la autoridad hacendaria en la determinación de sus actos y resoluciones.

No se equivoque el diputado Mejía Berdeja, que creo que ni siquiera está ya en el recinto. Allá estás, diputado. No se equivoque usted, diputado. Tal vez no escuchó usted bien nuestro posicionamiento. El PAN es un partido serio, es un partido responsable. Defendemos la posición favorable de la Ley Aduanera y del Código Fiscal porque se arregló lo que estaba mal.

Para nosotros el país no puede estar a expensas de posturas irreflexivas y populistas. Nunca verán los mexicanos a Acción Nacional en contra de todo y a favor de nada, como es práctica común en su partido.

Votaremos a favor de este Código Fiscal corregido. Votaremos a favor de los millones de ciudadanos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y en forma. Votaremos a favor de la legalidad y el estado de derecho en la certeza de los actos de las autoridades hacendarias.

En suma, a favor de todos aquellos mexicanos que exigen de su gobierno cuentas claras y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, que al final son sus contribuciones y que deben estar siempre destinadas al crecimiento y desarrollo de México.

La voz de los ciudadanos expresada por el PAN surtió efecto. El PAN ha estado desde su origen formado por ciudadanos. Somos el partido de los ciudadanos. El partido responsable que siempre escuchará y dará batallas que la sociedad mexicana nos exige a los políticos, que sin duda la sociedad merece y que el PAN defenderá siempre. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Por alusiones personales.

El Presidente diputado José González Morfín: En fijación de posiciones las mociones —y la de alusiones personales es una moción— no proceden, diputado. Está en el 104 del Reglamento, clarísimo, y no lo puedo poner tampoco para rectificación de hechos, porque usted está en la lista de oradores en contra del dictamen y las rectificaciones de hechos son solamente para los que no están en la lista. Espere su turno y le doy el tiempo necesario. Gracias, diputado.

Finalmente, en esta ronda de posicionamientos tiene el uso de la voz el diputado José Luis Márquez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Luis Márquez Martínez:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en lo que se refiere a la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación que sometió el Ejecutivo federal, el presidente Enrique Peña Nieto, representó un gran avance para nuestra tarea de mejorar la legislación y, en específico, destacamos los siguientes objetivos.

a) Simplificar la vida de los contribuyentes, fortalecer los derechos e invitar a los ciudadanos a la formalidad.

El dictamen moderniza el intercambio de información y comunicación entre la autoridad y los contribuyentes a través del uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el buzón tributario, que permite agilizar la comunicación y ahorrarle costos a ambas partes al momento de intercambiar información. Asimismo se modifican las disposiciones que permiten esclarecer los contenidos y criterios contables que deben de ser presentados por los contribuyentes para que puedan hacerlo de manera sencilla y fácil, sin necesidad de saber de contabilidad.

b) Herramientas para mejorar la recaudación e incentivar el pago espontáneo. Una de las prácticas que más preocupa al Grupo Parlamentario del PRI es la del tráfico de comprobantes fiscales, que consiste en expedir y vender comprobantes fiscales que cumplen con todos los requisitos legales, pero que amparan operaciones que nunca existieron o que son por cantidades muy superiores a las verdaderas y que se traducen en deducciones, e incluso en devoluciones, que en la realidad nunca sucedieron.

Se realizaron diversas reuniones con las autoridades hacendarias para cuestionar y solicitar explicaciones sobre las situaciones que motivaron dichos cambios. Pero también se escuchó a la sociedad civil en todos sus sectores, para contar con las experiencias que los contribuyentes tienen frente a la autoridad hacendaria.

Derivado de dicho ejercicio democrático se modificaron más de 60 artículos de la iniciativa, ya sea para enriquecer aquellas reformas en donde había coincidencia de los grupos parlamentarios o modificar aquellas en donde había coincidencias, pero también diferencias. Los cambios más relevantes son los siguientes:

1. Buzón tributario. Artículo 17-K. Aquellas notificaciones que tienen como efecto que empiece a correr un plazo legal perentorio son de vital importancia, por lo que se considera prudente crear un régimen de transitoriedad a la posibilidad de que la autoridad haga notificaciones mediante el buzón electrónico y así éstas se realizarán a partir del 30 de junio del 2014 para las personas morales y del 1 de enero del 2015 para las personas físicas.

2. Responsabilidad fiscal solidaria de accionistas. Artículo 26. Se modifica la iniciativa para limitar la responsabilidad solidaria de los accionistas y que ésta solo se aplique cuando exista un control efectivo de la sociedad y solo será aplicable para aquellos casos en donde la sociedad realizó las conductas más nocivas que derivaron en fincar un crédito fiscal o que el socio tomó las decisiones más importantes.

3. Tráfico de comprobantes. Artículo 69-Bis. El PRI coincide en que se debe sancionar penalmente a quienes expidan o adquieran o enajenen comprobantes fiscales simulados, por lo que se establece que las conductas, además de derivar en la determinación de un crédito fiscal, se tomarán como actos simulados por los delitos que establece el mismo Código Fiscal.

4. Prescripción de créditos fiscales. El régimen vigente en materia de prescripción de créditos fiscales presentaba un vicio enorme y que la autoridad hacía mucho. La autoridad podría reiniciar en un plazo de cinco años a través de una gestión de cobro y no existía límite para la misma. Es por eso que se decidió limitar a 10 años, independientemente de las gestiones de cobro que la autoridad realice.

5. Eliminación de la obligación de dictaminar estados financieros. Si bien se comparten algunas de las razones por las cuales el Ejecutivo sugirió dicha eliminación, se considera que la dictaminación tiene elementos rescatables, por lo que se estima necesario que se mantenga de manera opcional para contribuyentes que tengan ingresos gravables superiores a 100 millones de pesos.

6. Se elimina el artículo 5o., que contenía la cláusula antielusión.

Por lo anterior y en virtud de que el Grupo Parlamentario del PRI legisla y apoya las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto, pero sobre todo legisla escuchando a los ciudadanos votaremos a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de quienes posicionaron a sus grupos parlamentarios, tiene ahora el uso de la voz para hablar en contra del dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Vemos que la verdad no peca, pero incomoda. Y nosotros somos una oposición genuina y auténtica, no una oposición simulada. Una oposición que gasta millones de pesos en propaganda, en carteles espectaculares para oponerse a la reforma hacendaria y están a punto de votar el Código Fiscal de la Federación a favor. Puro juego simulado para los electores, pero la realidad es que están en contubernio con el PRI.

Además no pueden ir más lejos, por el enorme saldo de corrupción y el desastre de Vicente Fox y Felipe Calderón. Los miles de muertos, la pobreza, los casos de corrupción y tráfico de influencias son fantasmas que los persiguen. Y por eso en el PAN presionan, hacen campañas, pero en el lecho del Pacto por México, en la alcoba del Pacto por México acaban siempre votando todo juntos.

El Código Fiscal que hoy se propone es una ley draconiana, abusiva, persecutoria, injusta e inconstitucional. Reconózcanlo, va contra el principio de presunción de inocencia, va contra el debido proceso e incluso va por establecer penas de infamia para los contribuyentes, para los empresarios que ahora van a ser exhibidos por todos lados, incluso con sus clientes como supuestos delincuentes o criminales fiscales. Eso es lo que se va a aprobar.

La cláusula antielusión del artículo 5o. era el exceso mayor, pero lo que aquí se está legislando no es menor: ir contra el secreto fiscal, establecer un mecanismo para inducir al error en las notificaciones con el buzón hacendario. Es decir, facilitarle el trabajo persecutorio a la Secretaría de Hacienda ante su ineficacia para cobrar impuestos, ante su ineficacia para manejar la economía del país.

Por eso insistimos en que con Enrique Peña Nieto y el Pacto por México todo mundo es presunto evasor hasta que demuestre lo contrario. Y por esa razón nosotros vamos a votar en contra de esta reforma al Código Fiscal de la Federación.

Por acá se hablaba también de algunas empresas que han defraudado, como Monex, como Inizzio, como Efra. Pero se le dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y no ha hecho nada, porque son favoritos del régimen y los cubren con el manto de la impunidad.

¿Por qué habríamos de creer ahora que con esta reforma fiscal van a ir contra ellos? Nosotros por eso vamos a votar en contra, y estamos también en contra del impuesto en las fronteras, y estamos en contra del impuesto a los pequeños contribuyentes, a los transportistas.

Nosotros en Movimiento Ciudadano estamos con los contribuyentes y con los ciudadanos. No estamos para hacerle el trabajo sucio a la Secretaría de Hacienda y aprobar un régimen draconiano, un Código Fiscal depredador. Y como dice Monreal, sigan chiflando, chiveros.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:En esta Cámara se ha perdido todo. Recuerdo que había hasta un Bronx auténtico, ahora es un Bronx arrabalero. Y había una burbuja más o menos decente, ahora la burbuja se ha disminuido, se ha extinguido y sus representantes no pueden contener a este Bronx arrabalero.

Miren, no se desesperen, no griten, no chiflen, porque lo que está en discusión es muy delicado y muy serio, nada menos que reformas al Código Fiscal de la Federación. Voy a tratar de introducirme al tema, porque el dictamen que está a discusión es verdaderamente terror lo que propone. Ustedes me dicen si no es así y háganlo con toda seriedad.

En esta reforma se propone boletinar en la página del SAT a aquellos contribuyentes que se encuentran como no localizados ante la autoridad fiscal o impedidos de otorgar los comprobantes fiscales válidos para efecto de la contabilidad. Y estipula, ciudadanos legisladores y legisladoras, que se avisará a las personas con quien se haya realizado alguna operación de tipo comercial o de negocio. ¿No les parece a ustedes injusto? ¿Contradictorio?

Es evidente que al disminuir la confianza en la interacción de los agentes económicos se causará un efecto negativo, no solo en la recaudación de impuestos, sino en la actividad económica del país. Al mismo tiempo, sin duda se va a desincentivar el sector formal y fomentará aún más la informalidad. De acuerdo con el Inegi —ustedes lo saben muy bien— ya ocupa la informalidad el 60 por ciento de la fuerza laboral.

Miren ustedes, el Servicio de Administración Tributaria afirma —entre otras cosas— que se han podido identificar a patrones que están presentes en las sociedades que realizan tráfico de comprobantes fiscales, tales como obtener un objeto social muy amplio —casi todos los que son miembros de una sociedad así lo hacen— comprobantes cuyo pago por operaciones consignadas es solo un porcentaje sin proporción a las mismas, porque el SAT no tiene personal idóneo o suficiente para las operaciones que se especifican. Por esa razón, ahora se le carga la mano al contribuyente, porque los ingresos del contribuyente no tienen proporción a las características del establecimiento. Por eso es muy grave lo que está pasando en esta reforma que propone en el dictamen.

De aprobarse la propuesta del artículo 69-B, la autoridad fiscal procederá a notificar no solo en el buzón del aludido, sino a través —fíjense ustedes— de la página de Internet del SAT, o mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

Van a notificarle a las empresas o a sociedades que presenten un comportamiento al que me refiero. Es decir, esto viola aquí y en cualquier parte del mundo el secreto fiscal. Por eso les pido razonemos con toda seriedad.

En el dictamen —con este proyecto concluyo— al derogarse diversas disposiciones de Código Fiscal se considera que la conducta de un contribuyente de omitir el pago de los impuestos es peor que la de un delincuente, un homicida, porque se extiende el plazo de prescripción de las facultades de las autoridades administrativas de cobro a 10 años. Actualmente la extinción de los créditos fiscales concluye a los cinco años.

Concluyo, presidente. Es decir, ciudadanos legisladores, de verdad los llamo a que reflexionen. No me preocupa si los partidos de manera electorera afirman una cosa y hacen otra, es un asunto de cada partido. Nosotros estamos actuando con congruencia, porque no se vale engañar a la población. Votaremos en contra de estas modificaciones y votaremos en contra de la reforma hacendaria. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero informar a la asamblea que han sido reservados el artículo 17-H, por la diputada Nelly del Carmen Vargas; el 26, por el diputado Silvano Blanco; el 29-B, por la diputada Aleida Alavez; el 32-A, por la diputada Margarita Licea y la diputada Alliet Bautista, que también reservó el 32-B.

El artículo 46, por el diputado Silvano Blanco; el artículo 69, por el diputado Francisco Coronato; el 69-B, por la diputada Aleida Alavez y el diputado José Luis Valle; el 84-A y el 84-B, por la diputada Alliet Bautista; el 143, incisos b) y c), por el diputado Carlos Angulo, y el 146, por el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

También ha sido reservada por el diputado Tomás Torres Mercado, una disposición transitoria del Código Fiscal de la Federación. Es la adición de una fracción X al artículo segundo transitorio del Código Fiscal de la Federación.

En consecuencia, le ruego a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y de los artículos no reservados del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 407 votos a favor, 2 abstenciones, 57 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y los artículos no reservados por 407 votos.

Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para presentar su reserva al artículo 17-H.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente. Uno de los pilares jurídicos de cualquier Estado moderno es el principio de presunción de inocencia. Este importante precepto subraya que toda persona inculpada por delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

La modificación al artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación es contraria a este principio, pues supone que el contribuyente incurre en prácticas ilegales si durante el procedimiento administrativo de ejecución no se le localiza o no puede ser localizado, situación que puede deberse a diversas circunstancias que no necesariamente se relacionan con prácticas ilícitas.

Dicho cambio en el código da a las autoridades tributarias un margen muy amplio y discrecional en sus operaciones, además son poco claros los mecanismos y criterios para que la autoridad decrete si puede o no localizar a un contribuyente. Este procedimiento, combinado con el endurecimiento de las penas en faltas relacionadas con el fisco, podría fácilmente clasificarse como terrorismo fiscal.

Se borra además la división que existe entre las figuras de evasión y elusión, pues la primera es no pagar haciendo engaños, aprovechando errores, falsificando documentos y alternando la contabilidad. En cambio, la elusión es dejar de pagar, porque no se cuenta con el recurso para hacerlo, porque se hicieron pagos de necesidades básicas o por cuestiones que tienen que ver con la manera en que se realizó su planificación fiscal de forma legal, lo cual no los convierte en evasores.

Debe tomarse en cuenta que existe una diferencia sustantiva entre desaparecer y no poder ser localizado. El Estado posee el peno y legítimo derecho de cobrar impuestos para su funcionamiento, pero debe ser enmarcado dentro de ciertos límites, y esta medida puede exceder esos límites y ser violatoria de los derechos del contribuyente.

Existen otras alternativas antes que la notificación, acusación, por medio de un buzón para que los contribuyentes adquieran la cultura del pago de impuesto. Se deben dar oportunidades al contribuyente, darle facilidades para que pueda pagar y no la inmediata amenaza. Además, para que los ciudadanos cumplan sus obligaciones para con el Estado, el Estado debe cumplir sus obligaciones para con los ciudadanos.

Tal como ha insistido este Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en diversos espacios, los ciudadanos deben de tener la certeza que sus impuestos son manejados con austeridad, rectitud y transparencia y no para el enriquecimiento de funcionarios públicos. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva:

Único. Se reforma el artículo 17-H del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 17-H.

I a IX...

X. Las autoridades fiscales:

a) Detecten que los contribuyentes en un mismo ejercicio fiscal, y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas.

b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución, el contribuyente desaparezca.

c) En ejercicio de las facultades de comprobación, detecten que el contribuyente desaparezca durante el procedimiento, no ponga a disposición o no presente su contabilidad; o bien, se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

d) Detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si la reserva de la diputada Vargas Pérez, se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite. Se desecha. Tiene ahora la palabra el diputado Silvano Blanco, para presentar su reserva al artículo 26.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de las legisladoras y los legisladores, puntualizar que efectivamente se hizo un esfuerzo en la Comisión de Hacienda con el ánimo de irle quitando las situaciones más ásperas que traía la iniciativa del Ejecutivo. No se terminó de quitar del todo los aspectos negativos, pero sí de manera mayoritaria señalar que se modifica el tema del artículo 5o. así como venía.

El artículo 95, del cual voy a solicitar, presidente, una moción de ilustración para que la secretaria pueda leer cómo venía la redacción del artículo 95-B, por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría atienda la petición del diputado Blanco Deaquino y que pueda leer cómo venía el artículo 95-B.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículo 95-B. Los profesionistas contables o jurídicos, o sus auxiliares y los agentes aduanales o sus auxiliares, serán penalmente responsables de los delitos previstos en este código cuando, derivado de un contrato, convenio o cualquier otro acto que implique asesoría o desarrollo de la actividad profesional, sugieran, asesoren, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, mecanismos vinculados con esquemas ilícitos o incumplimiento a obligaciones fiscales que deriven de un delito fiscal.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, secretaria. Adelante, diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Y así como este artículo venían una serie de articulados, por eso decíamos nosotros que ahí en el Código Fiscal venía implícito lo que se le dio a conocer como terrorismo fiscal en los medios de comunicación.

Es decir, no fue una concesión graciosa de parte del Ejecutivo modificar no solo este artículo, sino otros que tienen que ver con el tema de las visitas domiciliarias, venía de una forma más dura en contra del contribuyente. Esto es derivado del propio proceso político que se da de la negociación.

En ese sentido, esos artículos que afectaban gravemente a los contribuyentes de nuestro país salieron del dictamen, pues derivado precisamente de la propuesta del PRD y de otros partidos inquietos, porque efectivamente se lesionaba de manera muy grave a los contribuyentes de nuestro país.

Por eso nosotros queremos señalar que vamos a estar insistiendo en el derecho que tenemos como diputados. Es decir, la forma en cómo a veces al interior de la comisión y de la mayoría de las comisiones se pretende que a veces ni siquiera ese derecho, que nos otorga el Reglamento, que tenemos en las comisiones, se pueda reservar el diputado o la diputada artículos en las comisiones.

Pero igual, ese derecho que tenemos a que en el pleno nosotros podamos hacer ejercicio de ese derecho indistintamente del resultado de la votación, ya sabemos que hay acuerdos previos, sabemos en qué términos se va a dar la votación. Pero aún así nosotros tenemos el derecho de tratar de respaldar al contribuyente o al ciudadano mexicano.

Por eso nuestra propuesta en términos del artículo 26, que tiene que ver con la responsabilidad solidaria, ahí en ese artículo en su fracción X, si bien se prevé que la responsabilidad del socio o accionista no deba exceder la aportación hecha al capital social, agregando que fue una aportación del PRD en ese sentido.

Pero en el segundo párrafo de esa fracción refiere: La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al momento de la causación por la contribución omitida en la parte en que no se logre cubrir con los bienes de la empresa.

Aquí decimos nosotros que se abre la posibilidad para que la responsabilidad del contribuyente sea mayor al capital aportado.

Algunos podrán tener alguna visión distinta de las cosas, pero nosotros estamos proponiendo, para tener una mayor certeza de que este párrafo de la fracción X sea derogado en este sentido y nosotros poder efectivamente darle más elementos al socio o accionista para que no pueda pagar una cantidad mucho mayor al porcentaje del capital social aportado.

Insisto, hay en este sentido opiniones diversas. Algunos dicen bueno, esto no afectaría, porque viene una redacción ahí abajo que de alguna forma puede limitar esto. Pero conociendo nosotros la forma en cómo actúa el Estado mexicano, preferimos mejor darle mayor seguridad al contribuyente y por eso estamos planteando de que se derogue el párrafo segundo de la fracción X. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Blanco Deaquino.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha. Tiene la palabra la diputada Julisa Mejía Guardado, a nombre de la diputada Aleida Alavez, para presentar sus reservas al artículo 29-B y también 69-B.

La diputada Julisa Mejía Guardado:Gracias, diputado presidente. Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a formular reserva a los artículos 29-B y el 69-B del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

El dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público ha sido modificado en 30 puntos que permiten mayor certidumbre fiscal a los contribuyentes y detiene los posibles abusos de las autoridades en este país. Es por ello que invito que apoyen estas dos modificaciones que propongo para darle mayor certidumbre al contribuyente sin dañar la capacidad de fiscalización que tiene la Hacienda.

Por un lado, se debe permitir que los esfuerzos de simplificación administrativa complementen la propuesta de uso ampliado de medios electrónicos, a fin de emplearlos también para las retenciones que se efectúen a las contribuciones. El cual, por cierto, no es posible para sueldos y salarios.

Con el propósito de contar con toda la información que la autoridad fiscal requiere a través de estos medios y estar en posibilidad de eliminar en breve tiempo la obligación de presentar declaraciones informativas, de retenciones y de expedir constancias.

Pero una situación es la obligación de expedir los comprobantes fiscales por los ingresos recibidos y otra —muy diferente— es la facilidad y complementariedad para que un contribuyente pueda deducir sus gastos mediante comprobantes alternos que han merecido, por su tipo de operación y control financiero, el reconocimiento de que también son eficaces medios de información y fiscalización, como los estados de cuenta impresos o electrónicos que expidan las entidades financieras, las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular o las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, con los requisitos que ha autorizado la autoridad y que en su momento implicó la intencionalidad de lograr una simplificación administrativa y reconocer operaciones que en la práctica no emiten comprobantes fiscales, pero sí tienen la intervención de un fedatario público, como lo son las escrituras públicas y demás documentos con fe pública.

Sería prudente que para evitar una cacería fiscal de forma o de fondo se pudiera aceptar que sigan siendo comprobantes fiscales.

También es plausible que la autoridad impida que un comprobante que fue expedido por operaciones inexistentes o por contribuyentes no localizados, no produzcan o no produjeron efecto fiscal alguno. Pero permitirle a la autoridad fiscal que tenga efectos generales para todas las operaciones con todos los contribuyentes con los que hayan tenido relaciones de negocios me parece, nos parece un exceso, ya que no permite que las demás operaciones demuestren que sí fueron reales e impide la posibilidad del contribuyente a ser oído ante las instancias respectivas, pudiendo generarle contingencias fiscales incalculables y además —agregamos— la forma de conducirse de los auditores al practicar sus facultades de revisión para calificar como inexistentes operaciones en donde al mostrar algún documento la autoridad lo califica como no válido.

Ponemos a los contribuyentes en riesgos que pueden terminar generando cierres de enormes negocios. Como efectos secundarios están el desempleo o malas prácticas fiscales para favorecer competidores de grupos no favorables a un poder político o al poder político en turno.

Si aspiramos a un Estado de justicia que respete los derechos de los contribuyentes no hagamos posibles los cambios propuestos que nos dañan, sino al contrario, apoyar los objetivos de las autoridades fiscales en el país. Para tener una mejor contribución requerimos apoyo verdadero a los contribuyentes. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Ruego a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada Mejía Guardado.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten. Se desechan. Tiene la palabra la diputada Margarita Licea González, para presentar su propuesta de modificación al artículo 32-A.

La diputada Margarita Licea González:Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso del diputado presidente, me permito presentar la reserva a la cual se propone modificar la redacción propuesta en el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público relativo al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

La propuesta es reducir a 50 millones el límite de ingresos para dictaminar los estados financieros para efectos fiscales, a fin de permitir a las empresas pequeñas y medianas a ejercer este derecho.

Al 31 de diciembre de 2012 existen un millón 500 mil contribuyentes aproximadamente como personas morales en México, de las cuales 90 mil, aproximadamente, optaron por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales.

En el 2010, el Ejecutivo federal eliminó la obligación de dictaminar. Sin embargo, más del 90 por ciento de las empresas obligadas continuó con el dictamen, por considerar que es un instrumento de valor que les permite tener la tranquilidad del deber cumplido.

Comparto a ustedes, compañeras y compañeros diputados, algunos detalles de este análisis. Resulta discriminatorio establecer un monto mínimo de ingresos acumulables, 100 millones de pesos, como requisito para que una persona moral pueda optar por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. Y pone en desventaja a las empresas con mediana o poca capacidad administrativa frente a aquellas que tienen mayor capacidad. Es decir, para las pequeñas empresas la fiscalización por parte de las autoridades tendrá un costo mayor, ya que deberán pagar las multas por diferencias en impuestos determinados como consecuencia de las auditorías directas que hará el SAT.

Excluye a la mayor parte de las empresas consideradas como pequeñas que contribuyen a la generación de la mayoría de los empleos. La pequeña empresa aporta el 24 por ciento de los empleos en nuestro país, según el censo económico del 2009.

Las empresas pequeñas y medianas generan aproximadamente el 20 por ciento del PIB nacional. Beneficia a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, que son las empresas del futuro.

Perjudica a nuestro propio empresariado mexicano, ya que las pequeñas y medianas empresas en su mayoría son mexicanas y no internacionales. Dificulta la fiscalización de las pequeñas empresas.

Si se elimina o se reduce a la mitad el monto de ingresos, se contribuiría a que las pequeñas y medianas empresas cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales y ayuda a incrementar la recaudación para las arcas de la nación.

Por lo tanto, entonces —concluyo— considero necesario al menos reducir a la mitad el requisito de ingresos acumulables para que una persona moral pueda optar por hacer dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. Esto contribuirá a mitigar la desventaja de las pequeñas y medianas empresas frente a las empresas de mayor capacidad administrativa, así como reducir el costo de fiscalización e impulsar y beneficiar a las empresas del futuro.

Por las consideraciones anteriores, propongo a este pleno que el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación quede en los términos que a continuación expongo:

Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 100 millones de pesos, que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, sea superior a 79 millones, o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por un contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo las entidades paraestatales de la administración pública federal.

Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere el párrafo anterior, lo manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado.

Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen de los estados financieros formulado por un contador público registrado deberán presentarlo dentro de los plazos autorizados, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código y las reglas de carácter general que a efecto emita el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 15 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio que se trate.

Por lo tanto, la propuesta del 32-A es que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 50 millones, y el valor de su activo determinado en los términos de la reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria sea superior a 79 millones de pesos puedan optar por esta opción. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. Repita la votación económica y si hay duda abrimos el tablero.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado José González Morfín: Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación sobre el trámite, en el entendido que el voto a favor es porque se admita a discusión y el voto en contra es porque no se admita a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Háganse los avisos correspondientes al artículo 144, numeral 2. Ábrase el sistema de votación, por tres minutos.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron 167 votos a favor, 0 abstenciones y 228 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, no se admite. Se desecha. Para presentar su reserva al mismo artículo 32-A, tiene el uso de la voz la diputada Alliet Bautista Bravo.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Señor presidente, muchas gracias. Compañeras y compañeros, la reserva que traigo es exactamente la misma reserva al artículo 32-A, y que efectivamente considero que en los términos en que se redactó el dictamen que hoy se pretenda sobre el Código Fiscal resulta innecesariamente a favor de las grandes empresas.

Sobra señalar la certidumbre y los beneficios que proporciona, en términos de dictaminar los estados financieros por contador público autorizado. Esto beneficia tanto a las autoridades fiscales como a los contribuyentes que puedan ejercer la opción en términos del artículo 32-A. Sin embargo, me llama mucho la atención que siendo un beneficio opcional —porque así lo dice el dictamen— la pregunta es, ¿por qué dejar ese beneficio solo a las empresas que obtienen más de 100 millones de pesos? Como estaba establecido anteriormente podría ser opcional para todos.

Entonces, me parece que este beneficio, porque solamente optar para los contribuyentes en términos del artículo 52 y que limite solo a las empresas con ingresos superiores a los 100 millones.

Por eso propongo que se reforme el artículo 32-A del dictamen a discusión, porque ese beneficio no debe limitarse a un grupo de contribuyentes que se definan por los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio anterior o el valor de los activos que posean, o por el número de trabajadores que les hayan prestado servicio en cada uno de los meses de ejercicio inmediato anterior. Si hay alguna empresa de menor tamaño que decida acogerse a ese beneficio, que de ninguna manera implica elusión o defraudación fiscal, se le debe dar la oportunidad de aprovechar esa práctica, que —como señalé— da certidumbre a la autoridad y al contribuyente.

Por esa razón propongo esta reserva, que la opción de dictaminar los estados financieros por contador público autorizado —en el artículo 32-A— sea igual para todos. Que sea igual para todos los contribuyentes, con las mismas condiciones establecidas en dicho artículo, sin distinción alguna. Ésa es la reserva, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Bautista Bravo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se desecha. Tiene ahora la palabra la misma diputada Alliet Bautista Bravo, para presentar sus reservas al artículo 32-B, 84-A y 84-B, en un solo momento.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Gracias, señor presidente. Propongo reservas también a los artículos 32-B, 84-A, 84-B, preocupada por el impacto que puede tener esta disposición a las condiciones de administración de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Pero también me preocupa la orientación de esta disposición, que en este caso a las instituciones financieras y a las sociedades cooperativas los convierte en instrumentos de fiscalización para que vigilen el comportamiento tributario de los ciudadanos y ciudadanas.

Por una parte, se presenta como un avance la eliminación del impuesto a los depósitos en efectivo, y por la otra, se establece en el código de las instituciones financieras que deberán cuidar que los contribuyentes estén dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.

Lo anterior según las fracciones V y IX del artículo 32-B del dictamen relacionado con el Código Fiscal, toda vez que no es un deber el obtener el Registro Federal de Contribuyentes de todos los socios de las sociedades cooperativas, ya que dicha circunstancia constituye un deber jurídico a cargo del Servicio de Administración Tributaria, según se desprende del catálogo de imperativos que le corresponde, en su carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aunado a que esto incrementa los costos administrativos, que en añadidura a los demás deberes jurídicos que les corresponden a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en las distintas disposiciones que regulan su funcionamiento se afectaría, de manera importante, la sostenibilidad de dichas personas morales integrantes del sector social de la economía. Que en razón de su teleología no persiguen un fin lucrativo, sin considerar que en este tipo de sociedades más del 50 por ciento de las personas que las integran son amas de casa que no desarrollan actividad empresarial o generadoras de otros ingresos y, en consecuencia, cuyo objeto fundamental lo constituye la satisfacción plena e inmediata de sus necesidades individuales y colectivas.

Por ello propongo eliminar la fracción XIV del artículo 84-A, así como la fracción IX del artículo 84-B, con el propósito de que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo no tengan el deber jurídico de expedir estados de cuenta en función de las operaciones de crédito que ellos mismos realizan, previa autorización al efecto del Sistema de Administración Tributaria, toda vez que —como he manifestado con antelación— dichas personas morales no tienen por finalidad esencial la constante de la búsqueda de una ganancia o de una utilidad mayor, sino solamente procurar una mejora sustancial en su nivel de vida de todas estas personas que componen las cooperativas. Lo que inexorablemente constituye el principal diferendo de las mismas con el resto de las sociedades consideradas por ministerio de ley como mercantiles.

Estamos hablando del sector social. Estamos hablando que la gente se constituye para que ellos mismos puedan ahorrar y de ahí mismo puedan tener créditos. No se les puede dar el trato igual a los desiguales. No podemos darles ese trato. Entendamos que tenemos un sector social de la economía y esa parte de la sociedad se auto organiza para poder tener sus propios créditos ya que en la banca mercantil no les es posible obtenerlos.

Esta parte es muy importante, ya que —como les digo— más de la mitad de las personas que están como socios de las cooperativas de ahorro y préstamo son amas de casa, son personas que reciben remesas del extranjero, y que ahora aparte tienen que registrarse, tienen que pagar más impuestos. Por favor, esperaría que consideraran esta reserva y que pudieran votarla a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Bautista Bravo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten a discusión. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Silvano Blanco, para presentar su propuesta de modificación al artículo 46.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con el permiso de las compañeras legisladoras y de los compañeros legisladores. Sé que cada vez está uno más consciente de la forma en cómo se dan los acuerdos al interior del Congreso. No está uno exento de eso. Pero, pues, no deja a uno de inquietarle el hecho de que, derivado a que hay una negociación anterior, las votaciones sean en el mismo sentido de abrir éste, que en teoría es el espacio de discusión del Poder Legislativo y negarse a debatir.

Es decir, simple y sencillamente utilizar la mayoría mecánica, irracional. Pero es parte de ese proceso de disciplina, pero no se abona mucho a dignificar al Congreso ni a la propia actividad de cada uno de nosotros. Pero bueno, cada quien actúa en consecuencia en ese sentido.

Nosotros inclusive al interior del propio PRD, pues a veces no somos tan bien vistos, por el hecho de que ahí también quieren imponernos la disciplina y también evitar la situación de que uno haga uso de ese derecho que tiene de reservarse los artículos y emitir la opinión que cree uno pertinente. Pero ahí esos compañeros de izquierda que están llegando a acuerdos con el gobierno federal, nosotros les damos la bendición también en ese sentido. Pero cada quien es responsable de sus actos y por eso nosotros hacemos un esfuerzo, por tratar de dignificar la actividad para la cual uno fue electo.

La reserva tiene que ver respecto al artículo 46, en ese sentido, en su fracción IV, les estamos proponiendo que se haga un agregado. Tiene que ver con el tema de las visitas domiciliarias y lo que nosotros estamos ahí proponiendo es una redacción que se incorpore a lo que ya está en el párrafo cuarto.

Dice: En la última acta parcial que al efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia debiéndose motivar y fundar las consideraciones para cuantificar los hechos u omisiones detectadas.

Es decir, ¿por qué nosotros planteamos el hecho de que en la última acta parcial se funde y motiven las consideraciones para cuantificar los hechos u omisiones detectadas? Es de vital importancia para el contribuyente que se funde y motive efectivamente la actuación del funcionario público en ese sentido, por todas las arbitrariedades que se dan en las actuaciones de estos funcionarios.

Algunos podrán referir que quizá está en el artículo 38, donde habla que todos los actos administrativos de los funcionarios deben de fundarse y motivarse. Pero curiosamente en la práctica se considera esto no un acto administrativo. Otros podrán decir está en el artículo 16. Y efectivamente, si la Constitución prevé que todos los actos deben de fundarse y motivarse, aquí lo único que propician es que el contribuyente tenga que pagar un abogado para que lo defienda cuando las acciones arbitrarias no sean fundadas ni motivadas.

Para nosotros sí es de vital importancia que quede de manera expresa esta redacción ahí y por eso el planteamiento de manera concreta.

Vamos a seguir —en nuestro caso— insistiendo en defender al ciudadano, en defender a los contribuyentes y cada quien —reitero— que asuma la responsabilidad que tiene que asumir con esta función que tiene. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha. Tiene la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para presentar su reserva al artículo 69.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito presentar la siguiente reserva al artículo 69 del dictamen con proyecto de decreto del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

En México la recaudación tributaria se funda en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las personas físicas y morales, que se conoce como recaudación primaria y que constituye alrededor del 95 por ciento de la recaudación federal por ingresos no petroleros.

En este sentido, el principio de confidencialidad que se otorga a los contribuyentes, como lo es al de la seguridad que la información que obtenga la autoridad será utilizada con estrictos fines recaudatorios. Ello genera la confianza indispensable para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Por el contrario, la violación al secreto fiscal atenta contra el estado de derecho y puede provocar un daño en la confianza que deben tener los contribuyentes hacia las autoridades, que obtienen y administran la información sobre su situación fiscal con el consecuente detrimento en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

El quebrantamiento del secreto fiscal constituye un atentado irresponsable en contra de los derechos de los contribuyentes, pues además de que se ha utilizado indebidamente información parcial sobre aspectos de su situación fiscal sin mediar procedimiento formal alguno, se han hecho afirmaciones concluyentes e imputado presuntas responsabilidades, que solo corresponde hacer a las autoridades administrativas y judiciales competentes dentro del marco de las garantías consagradas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando el principio de legalidad y seguridad jurídica, entre otros.

El proyecto de reforma hacendaria presentada por el gobierno federal contempla que aquellos contribuyentes que se encuentren como no localizados ante la autoridad fiscal o impedidos de otorgar los comprobantes fiscales válidos para efectos de la contabilidad sean boletinados en la página del Servicio de Administración Tributaria, SAT, como ya lo había señalado con antelación Ricardo Monreal. Además, se les avisará a aquellas personas —dice— con quienes hayan realizado alguna operación de tipo comercial o de negocios.

Lo anterior causará un efecto negativo sin duda, no solo en la recaudación de impuestos, sino en la actividad económica del país, pues mermará la confianza en la interacción de los agentes económicos. Al mismo tiempo se desincentiva al sector formal y se fomenta la informalidad, la cual de acuerdo al Inegi ya ocupa el 60 por ciento de la fuerza laboral.

Es indudable que el Estado mexicano debe redoblar esfuerzos para incrementar su recaudación, combatir la evasión y castigar a quienes incurran en delitos de la materia. Sin embargo, estas tareas deben realizarse a través de mecanismos transparentes y en el marco de la legalidad que no afecten los derechos de los contribuyentes, y por supuesto no se violen derechos fundamentales, como incluso el derecho a la seguridad jurídica y el principio reconocido internacionalmente como lo es el de la presunción de inocencia.

Estas características no se cumplen en este proyecto de ley, cuando se dice en el primer párrafo del artículo 69 que no resulta aplicable respecto del nombre, denominación, razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes, de aquellos que tengan a su cargo créditos fiscales firmes o que estando inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes se encuentren como no localizados. Estos supuestos son además poco claros y presentan un amplio margen para la discrecionalidad de la autoridad dejando en indefensión a los contribuyentes frente a ella.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente reserva. Suprimir las fracciones I y III del artículo 69 del proyecto, en aquellos casos en que se tengan a su cargo créditos fiscales firmes y en aquellos en que estando inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes se encuentren como no localizados. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Coronato.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. Tiene la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, para presentar su propuesta de modificación al artículo 69-B.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, si la cantidad de diputadas y de diputados que estamos presentes en este recinto fuera directamente proporcional a la importancia del tema que hoy nos ocupa, cualquiera diría —y con razón— que es un tema intrascendente.

Igualmente, si la atención que se le está prestando al tema que hoy nos ocupa y el estudio que se le haya dedicado al mismo estuviera en relación directa con su relevancia, igualmente cualquier ciudadano diría que lo que hoy en esta LXII Legislatura se está tratando es completamente irrelevante.

Sin embargo, sabemos que mejorar el esquema de control y fiscalización de las deducciones de los contribuyentes es fundamental para lograr los objetivos de la política fiscal propuestos. Para que los beneficios y los objetivos planteados por el Estado mexicano se apliquen y se logren este esquema debe desarrollarse en el marco de la legalidad y siempre buscando el beneficio del contribuyente.

Sin embargo, las adiciones propuestas al Código Fiscal de la Federación no observan esos supuestos, pues resultan muy agresivos para las actividades de los contribuyentes, rayando incluso en el terrorismo fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria afirma que se han podido identificar patrones que están presentes en las sociedades que realizan el tráfico de comprobantes fiscales, tales como tener un objeto social muy amplio. Comprobantes cuyo pago por operaciones consignadas es solo un porcentaje sin proporción a las mismas. Que su personal no es idóneo o suficiente para las operaciones que especifican. Que sus ingresos no tienen proporción a las características del establecimiento, ingresos en el ejercicio casi idénticos a sus deducciones, prestan servicios y a la vez reciben servicios por los mismos montos, entre otros.

Conforme a la propuesta, la autoridad fiscal procedería a notificar, no solo en el buzón del aludido, sino a través de la página de internet del SAT y mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación a las empresas o sociedades que presenten el comportamiento arriba indicado. Es decir, el SAT funcionará como juez de las empresas y sancionará poniendo en tela de juicio la legalidad en el funcionamiento de las empresas, aún y cuando posteriormente conceda audiencia, réplica y posterior corrección.

Este procedimiento resulta pernicioso para el desarrollo y el buen nombre de las empresas que sí cumplen con sus responsabilidades tributarias. Además de violentar el secreto fiscal, el mecanismo contraviene el principio de presunción de inocencia, que afirma que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, pues transmite la obligación de demostrar inocencia a la parte acusada.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva.

Único. Se modifica el artículo 69-B propuesto en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte de manera inequívoca —esto es lo que nosotros estamos pidiendo que se le agregue a este artículo, tres palabras—que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios a producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días, contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Valle Magaña.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. Tiene la palabra el diputado Carlos Angulo Parra, para presentar su reserva al artículo 143. Adelante, diputado, al artículo 143, incisos b) y c).

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, hay un adagio del derecho romano que dicta dura lex sed lex, ¿a qué nos referimos con esto? Que viviendo en un estado de derecho tenemos sí, muchas molestias para muchas personas, pero esas molestias para muchas personas son para poder proteger el entramado general del derecho que va dirigido de una manera precisa a que haya un orden, a que haya justicia, a que se respete el derecho de los demás.

Un elemento esencial del estado de derecho dictado de una manera contundente por nuestra Constitución, es que toda persona física y toda persona moral tiene el inalienable derecho de defensa de sus intereses, dentro de un estado de derecho en donde existe un procedimiento a seguir, en donde las resoluciones de las autoridades deben de estar debidamente motivadas y fundamentadas, en donde la autoridad no puede comportarse de una forma arbitraria.

Dentro del Código Fiscal de la Federación existe una serie de procedimientos precisamente dirigidos a proteger ese derecho, es el derecho de legalidad en donde la autoridad tiene un límite, el límite de la autoridad es lo que marca la ley. El límite de los particulares es en donde no hay una prohibición expresa.

Dentro de este sistema jurídico que han adoptado los países civilizados del mundo se encuentra México. Pero ahora tenemos, por desgracia, en nuestro dictamen, una serie de artículos o de disposiciones —mejor dicho— que vienen contenidas en el artículo 143, incisos b) e inciso c).

En el inciso b), en particular, se están limitando los días para poder interponer los recursos a 15 días. Nuestra propuesta es que vengan estos términos, a los términos que se han acostumbrado en el entramado jurídico del Código Fiscal de la Federación y el derecho fiscal a 45 días.

Esto en particular a la siguiente situación que voy a describir. Cuando un particular se ve involucrado en una violación supuesta de una disposición de índole fiscal que genere un crédito fiscal, y la autoridad fiscal vaya contra esa persona física o moral, es también de estado de derecho que la autoridad quede protegida mediante una garantía amplia y esa garantía amplia es la fianza, la prenda, la hipoteca, cualquier tipo de garantía que esté autorizada, tanto por la legislación civil como por el propio Código Fiscal de la Federación.

En el caso en particular, las compañías afianzadoras que gozan de una concesión como instituciones auxiliares de crédito, tienen una serie de disposiciones que las rigen para poder responder  por un tercero, garantizando por un tercero poder responder cabalmente de acuerdo con la extensión de la garantía otorgada.

En este caso en particular quiero mencionar lo siguiente. Se han eliminado del Código Fiscal de la Federación los derechos de defensa que estas compañías afianzadoras pueden tener. Al eliminarse esos derechos de defensa lo que vamos a ocasionar es que cuando un particular, sea persona física o moral,  se vea involucrado en un problema con el fisco, para garantizar su interés fiscal no va a poder ya acudir a las afianzadoras, porque las afianzadoras al denegarles esta disposición del Código Fiscal que se propone, su derecho de defensa, simple y sencillamente no las van a afianzar. Y la consecuencia es que la persona va a tener que depositar una caución en efectivo o va a tener que hipotecar sus bienes con un costo mucho más grande que el costo que representa el pagar una prima a una compañía afianzadora.

En esa tesitura, compañeras y compañeros, les solicito muy atentamente reconsideren poder retornar a este sistema de derecho que tiene todo país, en el sentido de que la afianzadora también está sujeta a las garantías que dicta nuestra Constitución de debida defensa, misma que se les deniega por parte del Código Fiscal de la Federación.

En caso contrario, lo que va a suceder —casi, casi se los puedo asegurar— es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la nueva Ley de Amparo que aquí aprobamos en esta Cámara de Diputados, va a dictar una resolución declarando inconstitucional el precepto y ordenándonos, como Poder Legislativo, a que repongamos este derecho de defensa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía, para presentar su reserva al artículo 146.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:La prescripción en términos generales es una figura que sanciona la inactividad en la ejecución de un derecho, tanto para particulares como para la autoridad.

Esto es fundamental, porque da certeza jurídica, establece plazos perentorios y no deja abierta la posibilidad de que se establezcan actos de molestia contra los particulares, contra los contribuyentes.

Las autoridades fiscales tienen todas las herramientas, tienen todas las armas para fiscalizar y echar a andar el procedimiento administrativo de ejecución. Sin embargo, pareciera que lo que ahora tienen es poco y ahora se establece el buzón fiscal y se darán por notificado, incluso sin consultar su correo electrónico. Pero por si esto no bastara, ahora el plazo de la prescripción se amplía al doble, un 100 por ciento más, cinco años más. Las facultades de la Secretaría de Hacienda ahora van a ser 10 años. O sea, más derechos para la autoridad y menos derechos para los ciudadanos.

Lo anterior representa un verdadero atropello para los contribuyentes y un premio para las autoridades fiscales que han sido incompetentes. Todo el personal, todos los auditores, todos los actuarios, todos los contadores del Sistema de Administración Tributaria serán ahora insuficientes y requiere ahora el fisco cinco años más. Cinco años más para estar indagando en el historial tributario de los contribuyentes y tratar de encontrar hasta por debajo de las piedras, como se dice coloquialmente.

En caso de aprobar esta reforma, particularmente al artículo 146, estaremos dándole todavía más tiempo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por eso hablamos en Movimiento Ciudadano que todo este entramado de reformas al Código Fiscal de la Federación constituye en los hechos un código del terror fiscal. Un código donde se establecen menos derechos para los ciudadanos y más facultades para la Secretaría de Hacienda. Nosotros creemos que no se puede premiar la incompetencia del fisco con más años, para estar generando actos de molestia en los contribuyentes.

Por esa razón, la reforma que estamos planteando, la reserva, tiene que ver con lo siguiente. El plazo para que se configure la prescripción nunca podrá exceder de cinco años, contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigible. Esto es, en el artículo 146, quinto párrafo, para hacer congruente el primer párrafo del 146 con el quinto párrafo y no que mediante subterfugios, notificaciones al aire o por medio del buzón se siga ampliando el plazo hasta 10 años.

Por eso creemos que esta propuesta es de estricto derecho, de estricta justicia tributaria, va en concordancia con la Constitución, y pedimos, en consecuencia, el voto a favor de esta reserva. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. Finalmente, tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, para proponer la adición de una fracción X al artículo segundo de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Tomás Torres Mercado:Estimados colegas, debo anticiparles, diputadas y diputados de que en la realidad los asuntos que de manera legítima los compañeros han ido presentando por su orden, bajo la modalidad de reservas, su tratamiento y su votación en este pleno de alguna manera fue prefigurado ya en los trabajos de la comisión o de las comisiones el día de ayer.

Traigo a la consideración de ustedes y lo digo con absoluto respeto y no solo con respeto sino con reconocimiento a mis colegas de Movimiento Ciudadano, porque, particularmente al señor coordinador, el diputado Monreal, hay una capacidad robusta para el debate y para el planteamiento, para el argumento. ¿Y por qué no también decirlo? Con fertilidad de ideas. Pero algunos, los que tenemos en esto un poco menos de esfuerzo, es necesario que distingamos las instituciones jurídicas.

Aquí se ha dicho que el Código Fiscal de la Federación —en la parte que estamos adicionando dice—: violenta principios de legalidad y de seguridad jurídica, particularmente en la prescripción.

Y debo puntualizarles, sobre todo los que hemos transitado por las escuelas o facultades de derecho, que hay una diferencia radical, central en saber qué es caducidad, qué es la preclusión y qué es la prescripción.

La preclusión es la pérdida de un derecho de naturaleza procesal, porque uno no lo ejerce en el plazo que la ley señala. Tienes 15 días para interponer una demanda de amparo en tales hipótesis. No lo haces, precluyó tu derecho de accionar. En cambio, la caducidad, ¿la caducidad qué contempla?

No traigo mis espejuelos, tengo que comentárselos sin leer. La caducidad es la falta de acción en materia fiscal de parte de la autoridad ejerciendo su facultad de comprobación. Es decir, inicia una visita o una auditoria, tiene permanentemente que ir desplegando actos tendientes a la determinación de un crédito y si no puede declararse, caduca su facultad.

La ley vigente, diputados y diputadas, el código en los términos vigentes señala cinco años para la caducidad en lo que hace a la facultad de comprobación y cinco años más en ciertas hipótesis. ¿Cuáles? No hubo una declaración, el contribuyente no se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.

Hay casos en que la ley dice: no son 5, sino 10. Pero, ojo colegas, la aportación que traemos a la consideración de ustedes es para ponerle límites a la prescripción. La prescripción es una institución diferente a aquellas dos, preclusión y caducidad, que son procesales o adjetivas. Con la prescripción se adquiere o se pierde un derecho por el transcurso del tiempo. La prescripción en este momento, amigos, está considerada en la ley fiscal en un plazo de cinco años. Es decir, un crédito fiscal puede cobrarse en un lapso de cinco años, contados a partir del momento en que se hace exigible ese crédito.

Pero fíjense ustedes, por eso les pido su voto a favor y porque creo que hay coincidencia del PRD, del PRI, del PAN, procuro con respeto —como luego también lo plantean— me acompañen o nos acompañe Movimiento Ciudadano, porque es en beneficio de la seguridad jurídica frente a los actos de autoridad, y Nueva Alianza por supuesto y el Partido del Trabajo, por esto: si el plazo de prescripción es de cinco años —óiganlo bien— se interrumpe por una gestión de cobro.

Es decir, falta un día para que transcurran los cinco años y se le notifica al contribuyente que está en curso el cobro. Pues fíjense que se interrumpe por otros cinco años. Y va llegando al décimo año y se notifica nuevamente una gestión de cobro, y vamos a 15 años, y podemos a perpetuidad con la sola gestión de cobro hacer imprescriptibles los créditos fiscales.

Mi apreciado y respetado presidente, solo digo que démosle certidumbre jurídica a los gobernados y también al recaudador démosle plazo para que haga efectivas las facultades que conforme a la ley tienen.

Déjeme solo agregar, apreciado diputado presidente González Morfín que también se les señala un plazo de gracia al SAT, ¿por qué? Porque si entra en vigor en enero esta disposición pueden caer decenas de miles de asuntos que ya serían incobrables. Démosle un plazo para que se pongan a trabajar y también que no se les castigue, en términos de responsabilidades administrativas, porque no hayan hecho las gestiones procedentes. Por su paciencia, nuevamente, de verdad gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El que suscribe diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109, 110  y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la reserva sobre el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, la cual se propone para su discusión y votación en lo particular con el propósito de que sea incorporada en el dictamen de mérito la reserva mediante la cual se propone la incorporación de un artículo transitorio que a la letra dice:

Código Fiscal de la Federación

Propuesta de transitorio para efectos de la prescripción de créditos

Artículo segundo...

I. a IX. ...

X. El plazo para el cómputo de la prescripción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, será aplicable para los créditos fiscales que hayan sido exigidos a partir del 1o. de enero de 2005.

Tratándose de los créditos fiscales exigibles con anterioridad al 1o. de enero de 2005 el Servicio de Administración Tributaria tendrá un plazo máximo de dos años para hacer efectivo el cobro de dichos créditos contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, siempre que se trate de créditos que no se encuentren controvertidos en dicho período; de controvertirse, el plazo máximo de dos años será suspendido.

La aplicación del presente artículo transitorio no configurará responsabilidad administrativa para servidores públicos encargados de la ejecución y cobro de créditos fiscales, siempre y cuando realicen las gestiones de cobro correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2013.— Diputado Tomás Torres Mercado (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Tengo que consultar si se admite a discusión y después, diputado Monreal.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se admite a discusión. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal. ¿En la discusión o para alusiones personales? Como usted prefiera.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ya vas a gritar. No tienes remedio. Sea por dios.

Ciudadano presidente, hay un libro que en la secundaria nos obligan a leer —los que procedemos de escuelas públicas— se llama: La vida inútil de Pito Pérez. Y en un pasaje interesante, un maestro rural pierde su casa, frente al uso de la elocuencia en un momento de dificultad. Inicia el incendio y dice el maestro al noctámbulo aquél que gritaba las doce en sereno: id y sonar, id y sonar el bronce cóncavo y plañidero antes de que el más voraz de los elementos incinere mi paupérrima morada. Y se lo dice un maestro rural en la sierra. El noctámbulo dice: qué quieres decir. —Se quema la paupérrima morada—. Y estando inclinado sobre las maderas calcinadas un leñador sube lo que quedó en un burro y dice: morador de las selvas umbrías, dónde creéis que llevad ese fardo de maderas calcinadas en ese rústico pollino. Y le dice el leñador: eso lo será usted, pinche roto, se aprovechan de su dinero para humillar al probe.

Y lo que aquí vino a decir el preopinante, es simple y sencillamente una verdad, qué es la preclusión, qué es la prescripción y qué es la caducidad. Cualquier aficionado al derecho lo sabría, cuáles son los términos de una y otra y donde se aplican. No es necesaria la elocuencia, ni es necesario este tipo de argumentos vacíos.

El problema es que el Código Fiscal de la Federación viene a perjudicar a la clase empresarial y a todos los ciudadanos. El problema es que el Código Fiscal de la Federación es un instrumento de terrorismo fiscal. Y como dijera otro viejo adagio: aunque la mona se vista de seda, terrorismo se queda. Es un instrumento terrorista, por más que le quieran justificar con elocuencia jurídica —que aplaudo— pero que finalmente el tema es otro.

Por eso no cabe, porque si ustedes leen con atención nuestros argumentos, incluso los esgrimidos por Francisco Coronato y por Ricardo Mejía, verán que son impecables en la redacción y en la propuesta.

Que no se confunda. El Código Fiscal de la Federación que hoy se está aprobando es un instrumento de terrorismo fiscal, de acoso fiscal contra los ciudadanos. Y aunque la mona se vista de seda, terrorismo se queda.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta que fue admitida a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 17-H, 26, 29-B, 32-A, 32-B, 46, 69, 69-B, 84-A, 84-B; 143, incisos b) y c); y 146, en los términos del dictamen. Además de la adición de una fracción X al artículo segundo transitorio del Código Fiscal de la Federación, que fue aceptada por la asamblea.

La diputada Margarita Licea González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputada.

La diputada Margarita Licea González (desde la curul): Presidente, para pedir se vote por separado el 32-A del resto de los artículos, por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: No fue aceptada la propuesta, diputada. Se tiene que votar en los términos del dictamen, por eso lo estoy haciendo así. Si se hubiera admitido la propuesta estaría totalmente de acuerdo, pero no se aceptó su propuesta. Hay que votar el artículo en los términos, no puede quedarse ese vacío jurídico ahí. Háganse los avisos. Adelante.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 17-H, 26, 29-B, 32-A, 32-B, 46, 69, 69-B, 84-A, 84-B; 143, inciso b), inciso c); 146; y la adición de una fracción X al artículo segundo transitorio al Código Fiscal de la Federación.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente se emitieron 357 votos a favor, 1 abstención y 94 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los artículos 17-H, 26, 29-B, 32-A, 32-B, 46, 69, 69-B, 84-A, 84-B, 143, incisos b) y c), y 146 en los términos del dictamen. Aprobada la adición de una fracción X al artículo segundo de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados ordena que antes de que se remita la minuta a la Cámara de Senadores se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes, sin modificar lo aprobado por el pleno.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 17:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 16 de octubre, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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