Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 464 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 12:01 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.  Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 17 de octubre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de septiembre de 2013, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2012.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para que se publique el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Cámara de Senadores

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se asigne una partida presupuestal para el Instituto Tecnológico de Sonora.

Siete Proposiciones con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se destinen recursos para el desarrollo de proyectos en los municipios de: Tonila, Cihuatlán, Guachinango, Valle de Guadalupe, , Tepatitlán de Morelos y Valle de Juárez, en el Estado de Jalisco, presentadas por el Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con Punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia de la Cámara de Diputados para que resuelvan la Minuta con proyecto de decreto que Expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos y adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, al Código Penal Federal, presentada por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 5o.-A y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer un gravamen especial a la comida chatarra, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes: Federal sobre Metrología y Normalización, de Comercio Exterior, Aduanera, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Cambio Climático, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, presentada por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Mesa Directiva

Por el que se proponen las reglas básicas para el desarrollo de la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto que Expide, reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales que integran el paquete económico 2014. (Votación)

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y se Expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados de Durango, Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí a revisar, con perspectiva de género, sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativos a la celebración de ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativo a la realización de actividades para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Iniciativas

Que reforma los artículos 55, 82, 91, 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 Constitucional, en materia de Suspensión y Restricción de Derechos, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 26 y 31, y adiciona un artículo 43 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiación y del Código Civil Federal, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 106 y adiciona un artículo 355 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Reglamentaria de los artículos 2o., 6o., 7o., 27, 28 y 105 Constitucionales, en materia de Derechos al Libre Acceso a la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de La Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón y suscrita por el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado William Renán Sosa Altamira y suscrita por el diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Juan Isidro Del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Austeridad para Servidores Públicos de los Entes Públicos de la Federación, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján y suscrita por la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios y suscrita por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes y suscrita por el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el Capítulo Quinto y el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 81 y 82 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz y suscrita por el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz y suscrita por el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 Bis y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 86 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 52 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo relativo a la problemática actual que presenta el cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la condonación de multas a productores y concesionarios de pozos agropecuarios del estado de Zacatecas, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo federal, del estado de Oaxaca y del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, de esa entidad, para que garanticen a la población servicios públicos oportunos y de calidad; y se garantice a la C. Irma López Aurelio y su hijo recién nacido, justicia pronta y expedita, la reparación de daños y perjuicios, así como protección, seguridad y certeza jurídica, haciendo caer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables, suscrito por las diputadas Lourdes Eulalia Quiñones Canales e Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sener y de la Secretaría de Economía, a impulsar la producción de generadores de energía eólica, a cargo del diputado Fernando Zamora Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Segob, para que finiquiten a los trabajadores migratorios braceros de los años de 1942 a 1964, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que emita el Reglamento de la Ley General de Protección Civil, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conago, para que a través de su Presidente, se establezca la prevención, atención, combate y sanción de la trata de personas como acciones prioritarias en su agenda de trabajo, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, para que emprenda una campaña para informar a la población, sobre la situación que prevalece respecto de los contagios de cólera, los posibles alcances, riesgos y medidas de prevención que deben tomarse para evitar su contagio, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua y otras autoridades, para que se considere el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como factor de competitividad y conservación de recursos hídricos, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la responsabilidad de diversas autoridades, por los daños causados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que mantenga el Régimen de Pequeños Contribuyentes en la aprobación del dictamen a la reforma fiscal para el ejercicio fiscal 2014, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).»

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Mire, señor presidente, usted acaba de ser muy aplaudido de un discurso que dio y que habla de la legalidad, y que habla de que no hay que hacer chicanadas jurídicas, que no hay que hacer cálculos políticos, y que no hay que ser retrógradas. Y estoy muy de acuerdo con usted. Pero hoy me sorprende que en el orden del día —publicado ayer hasta la noche— no había lo que hoy ya aparece de orden del día, donde se incluye un acuerdo especial que propone la Mesa Directiva.

Estoy pidiendo desde ahorita que no puede ocurrir que con chicanadas de la Mesa Directiva se quiera sorprender a los diputados y, obviamente, a los ciudadanos con lo que hoy sabemos que pretenden debatir en términos del aumento de impuestos.

Por tanto, en relación al orden del día, pido que se lea el de ayer y que se nos explique en dado caso cómo se fundamenta el cambio que ustedes proponen, porque desde mi punto de vista es totalmente improcedente desde este momento.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto, diputado. Como lo establece el Reglamento, la obligación es publicar un día antes el proyecto. Sin embargo, el día de la sesión de pleno, en reunión de Mesa Directiva, estando representados todos los grupos parlamentarios, el día de hoy a las ocho de la mañana se votó el orden del día definitivo, que efectivamente incluye ese acuerdo que va a ser abierto a discusión aquí en esta Cámara de Diputados y, en su caso, de ser aprobado aplicaría.

El objeto del acuerdo, diputado, no es otro que normar un debate que sin duda será complejo y muy largo, respecto del paquete hacendario. No persigue objeto alguno distinto a ése.

Llegaremos al punto del orden del día que corresponda, lo abriremos a discusión, por supuesto usted podrá hacer uso de la palabra, y nos ajustaremos a lo que decida el pleno.

INICIATIVA QUE MODIFICA EL ARTICULO 1O. DE LA CONSTITUCION, RELACIONADA CON EL DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCION

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Roberto López. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente, solamente para preguntar, ¿cuál fue la resolución de la Mesa Directiva respecto a la solicitud de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos para que se nos pudiera turnar para dictamen la iniciativa del diputado Sotomayor?

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: La Mesa Directiva acordó, por mayoría de votos, que sean las dos comisiones las que dictaminen, en los términos en que había sido solicitado.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para solicitarle que se cite a comparecer al secretario de Hacienda y al de Fonden, con el objeto de tener con claridad qué cantidades están destinadas para cada uno de los estados y que nos pueda presentar una relación muy puntual de los gastos que ya se han realizado y cuánto más se le va a asignar a cada uno de los estados por concepto del Fonden, así como los gastos que no incluyen en el Fonden y que sean los gastos que está realizando Sedesol y otras dependencias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto, diputado Jorrín. Esperamos su solicitud por escrito y le daremos el trámite que corresponde de acuerdo al Reglamento.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dieciséis de octubre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del miércoles dieciséis de octubre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de Comisiones Ordinarias y Especiales. De enterado. Comuníquese.

b) Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite el informe de los avances financieros de los programas de protección a migrantes, así como el acumulado correspondiente al tercer trimestre de dos mil trece. Se remite a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Desde su curul el diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia un minuto de aplausos para la selección de basquetbol de niños Triqui de Oaxaca, que ganaron un título en Argentina y que representan un orgullo para México. El Presidente concede dicha solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie.

Realizan comentarios sobre diversos temas legislativos, desde sus respectivas curules, los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Martha Lucía Mícher Camarena, Roberto López Suárez, y Carlos de Jesús Alejandro, ambos del Partido de la Revolución Democrática, y Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Patricia Guadalupe Peña Recio, a nombre propio y del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Octavio Paz Lozano”. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos quinto y séptimo de la Ley del Servicio Militar. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Protección Civil, para dictamen; y a la Comisión de Marina, para opinión.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos tercero y ciento once de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley General de Salud Mental. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género, para dictamen.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Emilse Miranda Munive, a nombre propio y de los diputados Leobardo Alcalá Padilla y Martha Gutiérrez Manrique, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

A las doce horas con treinta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y un diputadas y diputados.

• Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado José Humberto Vega Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Transportes, que adiciona los artículos cuarenta y cinco Bis, cuarenta y cinco Bis Uno, cincuenta y cinco Bis, cincuenta y cinco Bis Uno, y cincuenta y cinco Bis Dos a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Manuel Arias Pallares, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Carlos Muñoz Márquez, del Partido Acción Nacional; y Juan Manuel Carbajal Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. Sin oradores registrados, ni artículos reservados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecinueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona los artículos cuarenta y cinco Bis, cuarenta y cinco Bis Uno, cincuenta y cinco bis, cincuenta y cinco Bis Uno, y cincuenta y cinco Bis Dos a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) De Seguridad Pública, que reforma el artículo doce de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Rafael Micalco Méndez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional; y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo doce de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) De Asuntos Migratorios, que adiciona una fracción sexta al artículo cuarenta y ocho de la Ley de Migración. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Amalia Dolores García Medina. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática; Néstor Octavio Gordillo Castillo, del Partido Acción Nacional; y María Carmen López Segura, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro del dictamen la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, y no habiendo artículos reservados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veinticinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta al artículo cuarenta y ocho de la Ley de Migración. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes en sentido negativo relativos a las siguientes iniciativas con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, que reforma los artículos ochenta y cuatro, y mil de la Ley Federal del Trabajo y veintisiete de la Ley del Seguro Social.

b) De Radio y Televisión:

• Que adiciona una fracción sexta al artículo cincuenta y nueve Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión.

• Que reforma los artículos once, fracción sexta, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, y ochenta y nueve de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se crea un Grupo de Amistad México-Colombia.

• Por el que informa cambios de integrantes y de Mesa Directiva en Grupos de Amistad.

En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley Federal de Derechos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley de Coordinación Fiscal; y abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Edilberto Algredo Jaramillo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cincuenta y uno Bis Seis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Valentín Maldonado Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos treinta y dos, setenta y nueve, y ochenta y uno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y siete Bis trece de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Francisco Grajales Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que implemente las medidas necesarias para otorgar la exención o en su caso, un descuento especial, en el pago de la tarifa del Tren Suburbano, a los trabajadores pensionados y jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en la glosa del Primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Miriam Cárdenas Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Administración Pública Federal, para que a través de las dependencias competentes, se firme y se dé continuidad al procedimiento correspondiente para que el Estado Mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita a la sesión solemne con motivo del sexagésimo aniversario del voto femenino en México, que tendrá lugar el día de mañana jueves diecisiete de octubre de dos mil trece, a las diez horas y a la sesión ordinaria que dará inicio al término de la misma. Se levanta la sesión a las quince horas con treinta y cinco minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.

CAMBIOS EN COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos:

• Que la diputada Francisca Elena Corrales Corrales cause alta como integrante en la Comisión Especial de Minería.

• Que la diputada Eva Diego Cruz cause alta como integrante en la Comisión Especial de Minería.

• Que la diputada María Rebeca Terán Guevara cause alta como integrante en la Comisión Especial para el análisis de la agroindustria azucarera.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que el diputado Ricardo Mejía Berdeja cause baja como integrante de la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Ricardo Monreal Ávila cause baja como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

• Que el diputado Ricardo Mejía Berdeja cause alta como secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobadas. Comuníquense.Pasamos al siguiente asunto.

PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2013

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de septiembre de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2012.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Doctor Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

Pasamos al siguiente asunto.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-1-1174, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UGAJ/578/2013 suscrito por el maestro David Arellano Cuan, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de esta secretaría, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la publicación del nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de octubre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SEL300/1418/13, del jueves 3 de octubre de 2013, mediante el cual remite a esta Unidad el oficio número D.G.P.L. 62-II-1-1174 por el que el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 2 del presente, relativo a publicar “el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 63 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito exponer las acciones que se han llevado a cabo por esta Unidad durante el proceso de revisión y emisión del proyecto de Reglamento que nos ocupa:

• Mediante oficio CNPEVM/0763/2012, del 28 de noviembre de 2012, la comisionada nacional de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), remitió para revisión, análisis y aprobación, la propuesta de reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (anteproyecto).

• Mediante oficio UAJ/027/13, del 23 de enero de 2013, esta Unidad respondió a la Conavim enviando el cuadro comparativo con las observaciones y comentarios al Anteproyecto, entre los que destacan solicitar la opinión de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.

• Lo anterior fue necesario toda vez que, derivado de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, fue fusionada la extinta Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Gobernación.

• Posteriormente, la Conavim informó a esta Unidad que el Anteproyecto había sido enviado a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad para su opinión.

• Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos para la revisión del Anteproyecto, el12 de febrero del 2013, se llevó a cabo una reunión con los representantes de la Conavim, de la entonces Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, así como de esta Unidad de Asuntos Jurídicos, en las que se abordaron cuestiones específicas del Reglamento como lo fueron el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) y la justicia restaurativa.

• Los acuerdos adoptados en la reunión mencionada fueron atendidos por esta Unidad y por la Conavim.

• Mediante oficio CNPEVM/0151/2013, del 4 de abril, la Conavim remitió a esta Unidad, para su análisis, las observaciones realizadas al anteproyecto por el comisionado nacional de Seguridad. Como resultado, mediante oficio DGAAC/142/13, esta Unidad remitió a la Conavim su opinión sobre las observaciones propuestas por la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.

• En respuesta a los comentarios, arriba citados~ mediante oficio CNPEVM/DGAAJ/015/2013, del 29 de abril de 2013, la Conavim envió a esta unidad una versión del anteproyecto que contenía las observaciones en comento, con la finalidad de continuar con los trámites tendientes a la formalización del mismo.

• Mediante oficio DGAAC/249/13, del 27 de mayo de 20J 3, esta unidad solicitó a la Conavim el visto bueno del Instituto Nacional de las Mujeres, por ser una de las áreas con mayor participación en la implementación del Anteproyecto, solicitud que fue reiterada mediante oficio DGAAC/332/13, del 14 de junio de 2013.

• Como resultado de las peticiones arriba citadas, mediante oficio SDH/900/455/2013, del 18 de junio de 2013, la Subsecretaría de Derechos Humanos, remitió a esta unidad la versión del anteproyecto con las observaciones tanto de la Conavim como del Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres.

• Posteriormente esta unidad procedió a recabar la opinión jurídica respecto del Anteproyecto de aquellas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que por su ámbito de competencia intervinieran en la ejecución del anteproyecto, de conformidad con el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de Reglamentos del Ejecutivo federal emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

• En atención a lo anterior, el 19 de junio de 2013, esta unidad envió para opinión o visto bueno, el Anteproyecto referido a las dependencias y entidades siguientes: Comisionado Nacional de Seguridad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Procuraduría General de la República. Asimismo, el 9 de julio de 2013, se solicitó la opinión o visto bueno del Instituto Nacional de las Mujeres.

• Las citadas dependencias y entidades competentes en la implementación del anteproyecto, emitieron sus opiniones, las cuales fueron consideradas e integradas al texto del anteproyecto por esta Unidad, teniendo como consecuencia, una versión cuyo contenido fue modificado sustancialmente, por lo que fue necesario enviar de nueva cuenta a opinión mediante oficios con fecha 7 de agosto. Se estableció como plazo límite para la recepción de las opiniones el 14 de agosto de 2013.

• Una vez recibidas las observaciones, esta Unidad integró al anteproyecto aquellas que se consideraron jurídicamente viables, teniendo una versión final del mismo, por lo que, con la finalidad de continuar con el procedimiento correspondiente para su formalización, esta unidad sometió dicha versión’ a consideración de la Conavim, mediante oficio UGAJ/GDCCC/342/13, del 28 de agosto de 2013.

• Derivado de lo anterior, la Conavim, mediante oficio CNPEVM/390/2013, del 29 de agosto de 2013, envió a esta unidad el Anteproyecto debidamente validado.

• Cabe señalar que con fecha 5 de septiembre de 2013, el Inmujeres emitió observaciones al anteproyecto, que fueron incorporadas, y sometidas nuevamente a consideración de la Conavim. El 11 de septiembre del presente, la encargada del despacho de Conavim, mediante correo electrónico, validó la versión del anteproyecto a fin de continuar con las gestiones para su formalización.

• Como parte del proceso de elaboración del anteproyecto, esta unidad tiene conocimiento que el Inmujeres sostuvo reuniones con diversas organizaciones de la sociedad civil quienes emitieron observaciones y comentarios al anteproyecto, que una vez analizadas y en caso de considerarse procedentes, fueron integradas.

• El 11 de septiembre de 2013, mediante oficio UAGJ/DGCCC/399/2013, esta unidad solicitó al oficial mayor de esta dependencia, la tramitación de la manifestación de impacto regulatorio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria respecto del anteproyecto. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de Programación y Presupuesto de esta dependencia, la tramitación de la evaluación del impacto presupuestario tanto de esa dirección, así como de las dependencias y entidades en las que el anteproyecto incide en el ámbito de sus competencias.

• Mediante oficio OM/DGPYP/1667/13, del 27 de septiembre de 2013, la Dirección General de Programación y Presupuesto, por instrucciones del oficial mayor, envió a esta unidad el dictamen favorable que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria realizó al anteproyecto.

• Es necesario mencionar que las evaluaciones de impacto presupuestario de las dependencias  y entidades en las que el anteproyecto incide en el ámbito de sus competencias, se encuentran en trámite.

• En consecuencia, una vez que sean remitidas en su totalidad las evaluaciones de impacto presupuestario a esta Unidad, se procederá a continuar con las gestiones necesarias para la formalización y publicación del Anteproyecto. La siguiente etapa consiste en enviar el documento a dictamen de impacto presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y finalmente, su envío a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para la consideración y firma del Presidente de la República.

Lo anterior, a fin de hacer de su conocimiento la información señalada para que en el ámbito de sus atribuciones decida si es necesario comunicarla a la Comisión de Igualdad de Género de la honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de octubre de 2013.— Maestro David Arellano Cuan (rúbrica), titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne una partida presupuestal de 320,523,380.00 pesos en el Ramo 11, dentro del rubro de subsidios al Instituto Tecnológico de Sonora.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Francisco Búrquez Valenzuela, senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2014 se asigne una partida presupuestal de 320,523,380.00 pesos en el ramo 11, dentro del rubro de subsidios al Instituto Tecnológico de Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es reconocida como el medio fundamental para adquirir, transmitir y desarrollar el conocimiento y la cultura, entre otras.

Actualmente, la educación se considera como la actividad estratégica para generar los cambios que demanda la realidad económica y cultural de la sociedad mundial.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 3o. que

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Educación del Estado de Sonora establece “que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes de la Entidad tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”.

Además, establece que “la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, y es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad sin duda alguna, es un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera tal que tenga sentido de solidaridad social”.

Cabe señalar que el Instituto Tecnológico de Sonora es una institución que nace de la iniciativa de la sociedad cajemense, de la necesidad de formar y preservar nuevas generaciones con mentalidad de progreso y superación, para mantener y transmitir lo más valioso de la sociedad a la que se sirve.

Dicha institución se distingue por ocupar el primer lugar nacional en el porcentaje de profesores con posgrado entre las universidades públicas estatales, por tener el segundo lugar nacional en el porcentaje de profesores con perfil deseable Promep ello en consecuencia de que el 85 por ciento de sus estudiantes están en programas de calidad según el reconocimiento otorgado por la Secretaria de Educación Pública en el año 2012 y por ser un potencia deportiva reconocida a nivel nacional.

Cabe señalar que en la actualidad, el Instituto Tecnológico de Sonora, cuenta con una matrícula de veinte mil personas de los cuales más de dieciséis mil quinientos son alumnos.

Es así que para que el Instituto Tecnológico de Sonora pueda continuar ofreciendo la educación superior de calidad que ha venido brindando a su alumnado con la obligación y compromiso que ya es característico de esta institución en donde a pesar que en últimos años ha recibido uno de los subsidios más bajos por estudiante entre las universidades públicas estatales, se requiere de recursos extraordinarios que permitan mejorar su infraestructura, disminuir su relación alumno/docente que es una de las más altas de la región noroeste, y desarrollar los proyectos que le permitan seguir contribuyendo con calidad al desarrollo social de la comunidad.

Aunado a lo anterior y con el propósito de que el Instituto Tecnológico de Sonora continúe ofertando una educación de calidad a los sonorenses es importante que en la aprobación para el presupuesto de Egresos de la Federación del año 2014, se consideren recursos que permitan atender de manera específica el incrementar el número de becas que posibiliten a los estudiantes de bajos recursos acceder a la Educación Superior, incrementar la matrícula para que el estado de Sonora siga ocupando los primeros lugares en cobertura universitaria y proporcionar a dicha institución la infraestructura necesaria para que continúe cumpliendo con calidad las funciones sustantivas de educación, investigación y difusión de la ciencia y la cultura en beneficio de los sonorenses.

Por lo anteriormente señalado, es que se debe considerar al Instituto Tecnológico de Sonora para que en el ejercicio fiscal del 2014 se le asignen los recursos económicos que le permitan tener una mayor y mejor infraestructura educativa, pues lo que permitirá contribuir con la formación integral de los estudiantes y mejorar los rendimientos académicos.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2014 se asigne una partida presupuestal de 320,523,380.00 pesos en el ramo 11, dentro del rubro de subsidios, al Instituto Tecnológico de Sonora.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.— Senador Francisco Búrquez Valenzuela (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

TONILA, CIHUATLAN, GUACHINANGO, VALLE DE GUADALUPE, TEPATITLAN DE MORELOS Y VALLE DE JUAREZ, JALISCO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Tonila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Tonila, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de carreteras debe enfocarse no como una inversión con fines de generación de empleos. Debe concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura de un país, misma que requiere de inversión para su mejoría y mantenimiento.

Los pavimentos de concreto, a diferencia de aquellos hechos con asfalto, ofrecen beneficios, tales como mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece menor resistencia al rodado de los neumáticos. El término pavimento puede referirse a una capa durable colocada sobre caminos, calles, banquetas o al interior de construcciones a fin de caminar o transportarse fácilmente por esas superficies. Los materiales más comunes para pavimentar son asfalto, losa, piedra, ladrillos, azulejos, etcétera.

El asfalto, particularmente, es el hidrocarburo más pesado obtenido en la destilación de petróleo crudo. Esta sustancia espesa, impermeable y de color negro es utilizada para fabricar cemento asfáltico, la mezcla con la que se pavimentan carreteras, avenidas, pistas de aeropuertos y estacionamientos. Dependiendo de su utilización puede ser mezclado con hormigón, arena natural o grava triturada para darle una resistencia o flexibilidad.

El municipio de Tonila, requiere de la asignación presupuestal para concretar los proyectos para la pavimentación de la vialidad en la Esperanza; del acceso principal a la localidad de San Marcos, y el acceso principal a la cabecera municipal, vialidades que beneficiarán de manera directa a los habitantes de este municipio, ya que, tendrán calles idóneas que facilitarán el tránsito vehicular y peatonal. De apoyarse estos proyectos se permitirá reducir los tiempos de traslados, facilitando el acceso y comunicación con otras localidades de mayor seguridad.

Es importante mencionar que la durabilidad de estos caminos es mayor que otras superficies y benéficos para los habitantes de las comunidades, inclusive existen empedrados que sin mantenimiento alguno han resistido por décadas. Por tal motivo, se solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades que les permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón, es muy importante apoyar las obras de construcción de huellas de concreto, empedrado ahogado en cemento, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras indispensables para este municipio.

Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tonila, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita su respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la pavimentación de vialidad en la Esperanza de Tonila, Jalisco, con una inversión total de 1 millón 764 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación del acceso principal a la localidad de San Marcos con una inversión total de 2 millones 675 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación del acceso principal a la cabecera municipal con una inversión total de 1 millón 589 mil de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte se puede experimentar al menos de dos maneras por un lado como parte de una actividad física practicándolo con mayor o menor regularidad y por otro lado, como espectáculo asistiendo a eventos deportivos como espectador.

Las cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, 2009, permiten apreciar algunos aspectos sobre cómo se relacionan los mexicanos como el deporte. En primer lugar, es una minoría la que realiza algún deporte o actividad física: 1 de cada 4 personas. De ellos, el promedio de tiempo que dedican a dicho deporte o actividad es de 4 horas y 36 minutos a la semana lo que representa 40 minutos al día, en promedio.

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos beneficios en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje y cumplimiento de reglas y a la convivencia. En México, según la Encuesta Nacional de Juventud, casi el 40 por ciento de los jóvenes de entre 12 a 29 años de edad realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1 por ciento) de los hombres de estas edades afirma que si realiza alguna actividad física, solo una de cada tres mujeres (29.8 por ciento) manifiesta lo mismo.

La mayoría de los jóvenes, uno de cada tres (36.6 por ciento) realiza actividad física tres veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7 por ciento), la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6 por ciento) la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres (24.8 por ciento) que de de mujeres (21.6 por ciento) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente inferior la proporción de hombres (31.7 por ciento) que de mujeres (44.5 por ciento) que la llevan a cabo tres veces por semana.

Por tal motivo, es indispensable rehabilitar espacios públicos que permitan desarrollar actividades deportivas, es el caso de las unidades deportivas: “El Bicentenario” y “El Llanito” de Cihuatlan, Jalisco, que requieren de cerco perimetral, alumbrado público, jardinería, canchas, colocación de arcilla y la integración de juegos infantiles. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

Es una prioridad, contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes, con la finalidad de dar la mejor atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; también poder detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio y con ello lograr una mejor calidad de los habitantes del mismo al contar con una instalación adecuada y permita coadyuvar en el abatimiento de la obesidad y fomento de la recreación deportiva.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional. Por tal motivo, las instalaciones deben de ser de primer nivel, y detonar el talento deportivo en la localidad.

Por tanto, se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida para el municipio de Cihuatlán, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de unidad deportiva “El Llanito” de Cihuatlán, Jalisco con una inversión total de 2 millones 926 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva “Bicentenario” de Cihuatlán, Jalisco con una inversión total de 1 millón 970 mil de pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los quince días del mes de octubre del 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Guachinango, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Guachinango, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de carreteras debe enfocarse no como una inversión con fines de generación de empleos. Debe concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura del país para promover la competitividad económica de este último.

Los empedrados ahogados de concreto, a diferencia de aquellos hechos con asfalto, ofrecen muchos beneficios, tales como: mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece mucha menor resistencia al rodado de los neumáticos. En consecuencia, el pavimento de concreto permite que el consumo de combustible, en vehículos que se trasladan a más de 30 Kilómetros por hora, sea menor en comparación con otros pavimentos como los hechos con asfalto.

El municipio de guachinango, requiere del apoyo de la asignación presupuestal para concretar los proyectos para la pavimentación de la vialidad en la esperanza; del acceso principal a la localidad de San Marcos, y el acceso principal a la cabecera municipal, con estas obras se beneficiará de manera directa a los habitantes de este municipio, ya que, tendrán calles idóneas que facilitarán el tránsito vehicular y peatonal. De apoyarse estos proyectos se permitirá reducir los tiempos de traslados, facilitando el acceso y comunicación con otras localidades de mayor seguridad.

Es importante mencionar, que la durabilidad de estos caminos es mucho mayor que otras superficies y son benéficos para los habitantes de las comunidades, inclusive existen empedrados que sin mantenimiento alguno, han resistido por décadas. Por tal motivo, se solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades que les permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón, es muy importante apoyar las obras de construcción de huellas de concreto, empedrado ahogado en cemento con los recursos, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras indispensables para este municipio.

Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Guachinango, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de empedrado ahogado en concreto de calles anexas a la plaza del lugar de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 830 mil 822 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en concreto de la calle principal (El Ranchito) de Guachinango, Jalisco, con una inversión total de 1 millón 259 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta. Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de .la construcción de empedrado ahogado en concreto de la calle principal (La Tarasca) de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 804 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en concreto de la calle principal (Llano de Grande) de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 1 millón 583 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Quinta.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en concreto de la calle López Mateos (Amajaquillo) de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 866 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República a los quince días del mes de octubre de 2013.—Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de carreteras debe concebirse no como una inversión con fines de generación de empleos sino como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura de un país y promueva la competitividad económica de este último.

Los pavimentos de concreto, a diferencia de los hechos con asfalto, ofrecen muchos beneficios, como mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece mucho menor resistencia al rodado de los neumáticos. En consecuencia, el pavimento de concreto permite que el consumo de combustible, en vehículos que se trasladan a más de 30 kilómetros por hora sea menor en comparación con otros pavimentos, como los hechos con asfalto.

El término pavimento puede referirse a una capa durable colocada sobre caminos, calles, banquetas o en construcciones a fin de caminar o transportarse fácilmente por esas superficies. Los materiales más comunes para pavimentar son asfalto, losa, piedra, ladrillos y azulejos.

El asfalto, particularmente, es el hidrocarburo más pesado obtenido en la destilación de petróleo crudo. Esta sustancia espesa, impermeable y de color negro es utilizada para fabricar cemento asfáltico, la mezcla con la que se pavimentan carreteras, avenidas, pistas de aeropuertos y estacionamientos. Dependiendo de su utilización puede ser mezclado con hormigón, arena natural o grava triturada para darle resistencia o flexibilidad.

Valle de Guadalupe requiere el apoyo de la asignación presupuestal para la pavimentación de varias calles en la cabecera municipal, lo cual beneficiará de manera directa el turismo de la región, mejorando las vías de comunicación en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, aumentando con ello la cantidad de turismo que visite esta parte del estado, haciendo del recorrido una experiencia más agradable y sobre todo de un recorrido más corto a la colonia San Juan Bosco con la zona centro. Con la pavimentación de estas calles se detonará la economía de esta parte de la región debido a la gran cantidad de visitantes, mexicanos e internacionales, con que contará el municipio.

Es indispensable concretar este proyecto con la finalidad de que pueda mejorar la calidad de vida de las personas al encontrarse adoquinadas estas calles ayudara a mejorar las diferentes actividades de la comunidad como es el comercio, educación, salud, vialidad pública y particular.

En cuestión de acceso y vialidad se evitaran riesgos en la circulación peatonal y vehicular, ya que la zona en la que se localizan estas calles gran afluencia peatonal, sobre todo de niños que van a clases. También se mejorará el tiempo de recorrido vehicular público y privado. Además de lograr una mejor comercialización de productos que los habitantes de las comunidades cosechan o producen en el municipio, por tener mejores vías de acceso.

La durabilidad de estos caminos es mucho mayor que otras superficies, inclusive existen empedrados que sin mantenimiento alguno, han resistido por décadas. Por tal motivo se solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades que les permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por tal razón, es muy importante apoyar las obras de construcción de huellas de concreto, empedrado ahogado en cemento con los recursos, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras son indispensables para este municipio.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Valle de Guadalupe, Jalisco, a fin de que la autoridad competente cuente con recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la pavimentación de varias calles de la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, con una inversión total de 5 millones 637 mil 315 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la rehabilitación y adecuación del curato en museo municipal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, Senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la rehabilitación y adecuación del curato en museo municipal en Valle de Guadalupe, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

La construcción de la historia nacional se basó, en el estudio de objetos y monumentos de la historia colonial y en su preservación y exaltación como testimonios de esa historia. Sin embargo, a diferencia de los objetos prehispánicos, la valoración del pasado colonial tenía una carga particular por tratarse de símbolos del régimen derrocado.

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los monumentos históricos son aquellos bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley. Se trata de inmuebles construidos en los siglos XVI, destinados a templos y sus anexos (arzobispados, obispados, casas rurales, seminarios, curatos, conventos, etcétera); así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. La Ley, también incluye los muebles, documentos, expedientes, archivos, manuscritos, libros, folletos, impresos y colecciones científicas y técnicas que se encuentren o hayan encontrado en dichos inmuebles.

Estos espacios por su historia y belleza, se han convertido en referencias directas de lo que representa el municipio. Es por tal motivo, que es importante rescatar estos espacios y acondicionarlos para la realización de actividades de carácter cultural, y con esto crear un lugar de sano esparcimiento en donde la familia pueda convivir y pasar un rato agradable.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficiente, adecuados y distribuirlos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

En el municipio de Valle de Guadalupe necesita un lugar adecuado tener piezas arqueológicas encontradas en los alrededores que se encuentran ubicadas actualmente en la Presidencia, en donde pueda acudir toda la familia y pasar un momento de convivencia agradable, además de salir de la rutina diaria, crear un espacio adecuado para incentivar la cultura general.

El desarrollo y fomento de la cultura; será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes. Profundizar en los procesos, explorar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos es la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos, debe ser el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el proyecto de rehabilitación y adecuación del curato en museo municipal con una inversión de 16 millones 482 mil pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los quince días del mes de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cihuatlán es un pueblo y municipio de la Costa Sur de Jalisco, México. Se encuentra aproximadamente a 201 kilómetros al suroeste de Guadalajara. Según el segundo Conteo de Población y Vivienda de 2005, el municipio tiene 30 mil 241 habitantes. Entre sus principales problemas se encuentran el abastecimiento y saneamiento del agua en el municipio, debido a la explotación racional y, a la falta de visión integral sobre el manejo del recurso. Por ejemplo, en la cabecera municipal se sigue luchando para proveer de agua a la población.

No debemos olvidar que el trabajo de conservar y utilizar de forma razonable el agua, no es de una sola persona, ni un solo gobierno, sino que requiere del esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Así pues, necesitamos trabajar unidos en la preservación de los recursos naturales del estado.

En materia de la industria agrícola se ha ido tecnificando el uso del agua para la agricultura, pues de las tierras dedicadas a la producción de hortalizas, 90 por ciento utiliza tecnología para la irrigación de sus plantíos, mediante modernos sistemas de irrigación por microaspersión o goteo, lo que significa reducción de manera significativa para la explotación de los mantos acuíferos.

Por tal motivo es indispensable que se realicen esfuerzos para que les sean asignados recursos que contribuyan a la definición de acciones concretas a corto plazo, que atiendan los problemas descritos y, con ello, evitar una crisis de cantidad y calidad del agua.

Cihuatlán necesita de un adecuado sistema de distribución y saneamiento, que le permita detonar la economía local mediante el fortalecimiento de actividades estratégicas sustentables e innovadoras.

Por tal razón es muy importante apoyar la formación de proyecto de enfoque como lo son construcción de la obra de drenaje potable en la localidad de Cuastecomate; planta de tratamiento en la cabecera municipal; y saneamiento y desazolve de la Laguna de Tule de Cihuatlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La inversión en infraestructura permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por ello, considero muy importante apoyar las obras de infraestructura hidráulica, para beneficiar a esta comunidad.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Cihuatlán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la obra de drenaje potable en la localidad de Cuastecomate con una inversión total de 10 millones 800 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la planta de tratamiento en la cabecera municipal con una inversión total de 24 millones, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el saneamiento y desazolve de la Laguna de Tule con una inversión total de 12 millones 500 mil pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en la comunidad, es con el fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explotar alternativas, y promover un ejercicio totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Es por ello que se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Cihuatlán, Jalisco, para la remodelación de la Casa de Cultura del municipio. Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el proyecto denominado “remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlán, Jalisco,” con una inversión total de 2 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los quince días del mes de octubre del 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores el 8 de noviembre de 2011.

La Presidencia acordó formular excitativa a la Cámara de Diputados a fin de que presente el dictamen que corresponda.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8, numeral 1, fracción III, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, someto a esta honorable soberanía la presente solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos.

Simón Bolívar

Históricamente, México ha sido uno de los países con mayor desigualdad en el contexto internacional, medido a través del índice de Gini. Este índice es una medida de desigualdad económica utilizada a escala mundial, que toma el valor cero cuando hay perfecta igualdad en la distribución de los ingresos y uno cuando hay perfecta desigualdad (Cortés y Rubalcaba, 1982).

De acuerdo con el índice de Gini, México presenta un nivel de desigualdad en el ingreso similar al de otras economías latinoamericanas, pero mayor al de países industrializados como Canadá, España, Estados Unidos, e incluso mayor que otras economías en desarrollo, como Turquía.

Asimismo, si bien se han mostrado avances hacia una distribución del ingreso más equitativa entre 1992 y 2010, también es cierto que ha persistido una enorme desigualdad, aun considerando distintos indicadores, y según el Coneval de entre los indicadores de la pobreza en México, los cargos públicos son los puestos con mayor estabilidad y generador de capacidad de ingreso en nuestro país.

Luego, la actividad política es vista no como una vocación profesional sino como una oportunidad para subir de clase socioeconómica, generando incentivos perversos en su quehacer, pues los funcionarios lejos de tener aptitudes para el servicio público simplemente buscan la obtención de una fuente segura de ingresos.

Ante la discrecionalidad en la política de sueldos en el Estado mexicano, carente ésta de criterios que ordenen un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país, de ahí que sea indispensable impulsar un esquema completo de remuneración de los servidores públicos y una política de sueldos de carácter nacional a la que deban someterse todos los entes públicos federales y también estados y municipios.

Con esta inquietud el entonces diputado Felipe Calderón Hinojosa el 20 de febrero de 2002 presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneraciones de los servidores públicos, en especial dotando de facultades para legislar al respecto al Congreso de la Unión.

Después d, un largo trámite se logró su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009.

Para dotar de vigencia a los preceptos constitucionales, el Senado de la República aprobó el 8 de noviembre de 2011 el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, misma que fue turnada como minuta a la Cámara de Diputados, turnándose el día 10 de noviembre de 2011 a la otrora Comisión Legislativa de la Función Pública; lamentablemente no ha sido impulsada por aquella Cámara Revisora.

Es de vital importancia retomar la mencionada minuta pues establece los parámetros que definen la remuneración máxima, tomando de referencia el cargo de presidente de la República.

Otra de las bondades de la minuta es que se da una definición amplia de los servidores públicos a quienes aplica la regulación y el derecho de los mismos a la remuneración adecuada por la prestación de sus servicios. Así como las reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos de egresos correspondientes de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Previene la equidad salarial ya que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo las propias excepciones que la ley señala.

En suma, la reforma constitucional determinó que la remuneración de los servidores públicos sea proporcional a sus responsabilidades y se determine anual y equitativamente en tabuladores sin embargo es impostergable la aprobación de la legislación secundaría para que tenga validez y vigencia dichos preceptos.

A pesar de la relevancia de la normativa mencionada, la minuta enviada a la Cámara de Diputados a permanecido inmóvil y en momentos hasta olvidada.

Las comisiones del Congreso son el espacio procesal designado para la construcción del consenso y los acercamientos entre fuerzas políticas.

Hoy, en las comisiones se analiza, se investiga, se valora, se discute, se define, se consensa, se suscribe y se rediseña el futuro del país; por ello, en un contexto de gobernabilidad democrática las comisiones adquieren el peso y la relevancia que les corresponde. La comisión legislativa tiene la finalidad de poner a consideración los proyectos de ley presentados en el pleno y turnados por la Mesa Directiva para su análisis y discusión.

Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del proceso legislativo es el de dictaminación que deben llevar a cabo las comisiones ordinarias, a las cuales se turnan las minutas aprobadas por alguna de las Cámaras, pues si éstas no se pronuncian positiva o negativamente en cada caso, las propuestas quedan en un estado de incertidumbre o indecisión a lo que comúnmente se le ha dado en llamar “congeladora”, es decir quedan congeladas por no existir interés político o condiciones para ser resueltas.

Si bien es cierto que hoy día se presenta un cúmulo de iniciativas que se han venido rezagando de una Legislatura a otra, independientemente de la importancia que tengan o pudieran tener la sociedad. De tal manera, que el funcionamiento de la Comisiones del Congreso y concretamente en la Cámara de Diputados, hayan sido objeto de muchos comentarios negativos relacionados con su funcionamiento y productividad.

Las comisiones parlamentarias en –todos los sistemas– son órganos determinantes en el proceso legislativo y de control. Asimismo se observa que estos órganos tienen por objeto eficientar la labor de los Parlamentos, mediante el principio elemental de la organización social, que es la división del trabajo en grupos especializados y menos numerosos.

Pese a la importancia de eficientar el trabajo de las comisiones legislativas, resulta que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Transparencia y Anticorrupción y de Justicia de la Cámara de Diputados, no han abordado el tema en cuestión y mantienen “congelada” la minuta que regula los salarios máximos de los funcionarios públicos.

Por lo anteriormente expuesto le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente

Excitativa

Único. En los términos de lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1 fracción III, 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República y artículo 95 del Reglamento de Cámara de Diputados, se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Transparencia y Anticorrupción y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que, en ejercicio de sus atribuciones, presenten el dictamen de la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 9 de octubre de 2013.— Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia, para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 a 4, 5-A y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer un gravamen especial a la comida chatarra.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Quien suscribe, senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8o., numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece un gravamen especial a la comida chatarra, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la protección de la salud implica la responsabilidad del Estado para desarrollar una serie de acciones impositivas que busquen resguardar la salud de su población, o bien, repararla cuando ha sido afectada.

La obligación del Estado de cubrir a través del gasto público lo vinculado con la protección de la salud constituye una tarea esencial y rectora de toda discusión fiscal. Por ello, la necesidad de establecer contribuciones que generen los ingresos públicos que permitan solventar tales gastos y, de manera paralela, que inhiban conductas nocivas a la salud, es una herramienta fundamental.

Una de las obligaciones más importantes del legislador es velar por la protección de los niños y las niñas y garantizar a través de las políticas públicas su acceso a la salud y a una vida sana. Sin embargo, igual que la pandemia de la desnutrición que asuela las regiones más pobres del país, la obesidad y el sobrepeso se ha convertido en otra amenaza para nuestra sociedad, afectando principalmente a nuestros hijos y la posibilidad de garantizar una vida saludable en su futuro.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición (1999), se encontró una alta prevalencia de sobrepeso en niños de 10-17 años de edad. Conforme a los criterios de evaluación internacionales propuestos por la International Obesity Task Force (IOTF), un total de 18.8 por ciento de niños y 22.3 de niñas tuvieron sobrepeso, así como 9.0 de niños y 8.2 de niñas presentaron obesidad. La prevalencia de sobrepeso para la población adolescente (12 a 19 años), en el sexo femenino fue de 23.3 por ciento, mientras que en el sexo masculino fue de 21.2. Esta prevalencia ha aumentado, sin importar el nivel socioeconómico, como se ha documentado en las encuestas nacionales de 1988, 1999 y 2006. Por ejemplo, en niñas en edad escolar (5 a 11 años), el sobrepeso aumentó 27 por ciento y la obesidad 47 en sólo 7 años (de 1999 a 2006), mientras que en mujeres adolescentes, en el mismo periodo, se observó un incremento de 7.8 para sobrepeso y 33.3 para obesidad.

Asimismo, la SEP también señaló que de 1988 a 2006 se observó un aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 4 años de 6.8 por ciento, usando el sistema de clasificación del IOTF. El aumento en sobrepeso entre 1988 y 2006, usando las nuevas normas de la OMS publicadas en 2006, es de 23 por ciento. La Academia Mexicana de Pediatría, AC, y la Academia Nacional de Medicina de México, AC, indican que casi 70 por ciento de los adultos mayores de 30 años y 26 por ciento de los niños en edad preescolar sufren de sobrepeso y obesidad, pero sobresale que la tasa de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años se mantuvo cerca de 16 por ciento entre 1998 y 2006.

La transición nutricional que experimenta el país tiene como características una occidentalización de la dieta, en la cual: aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados adicionados con altas cantidades de grasas, azúcar y sal; un aumento en el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la población; disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; aumenta la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo su gasto energético; aumenta la oferta de alimentos industrializados en general y disminuye la actividad física de la población.

Además del aumento en la densidad energética y del sodio en la dieta, el consumo de bebidas calóricas ha aumentado en los últimos años. México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, rebasando a los Estados Unidos con un consumo mayor a los 163 litros por persona al año.

México supera ya en 40 por ciento a Estados Unidos en el consumo de refrescos por persona y nuestra población infantil ya rebasa en sobrepeso y obesidad a la estadounidense. El consumo de bebidas carbonatadas en México es la principal fuente de calorías, cerca de una cuarta parte provienen de los refrescos. La Secretaría de Salud ha señalado que el alto consumo de energía a través de los refrescos es una de las causas principales de la epidemia de sobrepeso y obesidad. La falta de acceso a agua potable gratuita en escuelas y espacios públicos ha sido el más efectivo mecanismo de promoción del consumo de bebidas altas en calorías. De acuerdo con el Banco Interamericano y del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, 37 por ciento de las escuelas primarias rurales en México no tiene agua potable y 44 por ciento no cuenta con baños.

En el contexto escolar los alumnos tienen acceso de alimentos y bebidas con valor nutrimental que no son acordes con sus requerimientos. La Encuesta Nacional de Salud en Escolares (ENSE) 2008 señala que los alimentos y productos con mayor disponibilidad en las primarias son 81.2 por ciento dulces, 78.8 botanas industrializadas y 77.1 tortas y sándwiches. En secundaria, 87.9 por ciento son refrescos. De los alimentos que se comercializan al interior de las escuelas, 71 por ciento es de tipo industrializado, mientras que 29 por ciento son preparaciones de tipo artesanal. Asimismo, hay un uso excesivo de grasa en los alimentos preparados y 90 por ciento de las escuelas ofrece bebidas con alto contenido de azúcar.

Todos estos elementos favorecen el desarrollo de los problemas actuales de sobrepeso y obesidad. La urbanización junto con los cambios sociales, tecnológicos y económicos ha implicado modificaciones importantes en los patrones de actividad física en el entorno laboral y en los momentos de esparcimiento.

La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2012) encontró prevalencia de peso excesivo de 73 por ciento en mujeres y 69.4 en hombres adultos, 35.8 en adolescentes de sexo femenino, 34.1 en adolescentes varones y 32 en las niñas y 36.9 en niños en edad escolar.

De acuerdo con el libro Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado, durante el lapso de 24 años estudiado, entre 1988 y 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad tuvo un aumento sostenido en mujeres adultas y en adolescentes. Desde el primer periodo de encuestas la velocidad de aumento ha ido decreciendo, hasta llegar a la menor tasa de aumento, observada de 2006 a 2012. En suma, actualmente alrededor de 7 de cada 10 adultos (más de 49 millones) y 1 de cada tres niños de 5-19 años (alrededor de 12 millones) presentan peso excesivo (sobrepeso u obesidad).

La epidemia de la obesidad es una causa de múltiples enfermedades, por lo que su alta prevalencia incrementa la demanda que se genera sobre los ya de por sí saturados servicios de salud.

La obesidad tuvo un costo fiscal en salud alrededor de 67 mil millones de pesos en 2008 generados por las enfermedades crónicas no transmisibles atribuidas al exceso de peso, y de continuar con la tendencia para 2017 se proyecta un costo de 151 mil millones de pesos.

En los últimos 40 años, el país ha sufrido un cambio trascendental en su perfil epidemiológico de enfrentar de forma masiva los problemas de desnutrición y enfermedades infecciosas, hemos pasado a los problemas del “mundo moderno” donde las enfermedades crónicas no transmisibles, derivadas de problemas de nutrición, se han apoderado del cuadro de problemas de la salud de la población mexicana, entre las cuales se encuentran la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, todas ellas altamente relacionadas con la dieta y costumbres del afectado.

En México ha sido posible documentar un rápido incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población infantil y juvenil, y efectos adversos. En un análisis sobre la carga de enfermedad en México, utilizando datos de 2004, 75 por ciento de todas las muertes ocurridas en el país estuvieron causadas por enfermedades crónicas no transmisibles.

Las principales causas de mortalidad fueron diabetes mellitus, enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular. Los principales factores de riesgo responsables de la mortalidad fueron el sobrepeso y la obesidad, las concentraciones elevadas de glucosa en sangre, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Únicamente el sobrepeso, la obesidad y la glucosa elevada explicaron 25.3 por ciento del total de las muertes en el país. Diversos estudios nacionales e internacionales ubican a México dentro de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, pues 33.6 por ciento de la población infantil menor de 5 años padece de sobrepeso u obesidad, esta proporción se mantiene casi igual para los niños de entre 5 y 11 años de edad, pues alcanza 32.0 por ciento.

El sector salud e investigaciones especializadas han documentado y difundido ampliamente las consecuencias en la salud de las personas con obesidad y sobrepeso, pues contribuyen a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre las más importantes. El alto porcentaje de la población, de todos los sectores sociales, con obesidad y sobrepeso se debe entre otras cosas al consumo irracional y generalizado de productos, comida y bebida chatarra, que es sumamente alta en calorías y carbohidrato s negativos para salud.

Para el país, resulta impostergable arrancar una política efectiva de combate a la obesidad que explore distintas alternativas y opciones diversas para modificar la estructura de incentivos alrededor del consumo de alimentos y bebidas chatarra. Se requiere recuperar las experiencias exitosas en el resto del mundo.

Sin embargo, no podemos postergar más la toma de decisiones en este sentido, por lo que se propone incrementar la carga impositiva de estos productos.

Aunque las causas son multifactoriales como pueden ser i) la transición nutricional que experimenta el país tiene como características una occidentalización de la dieta, en la cual aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados adicionados con altas cantidades de grasas, azúcar y sal; ii) se presenta un aumento en el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la población; iii) disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; iv) aumenta la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo su gasto energético; v) se incrementa el poder adquisitivo de la población; vi) crece la oferta de alimentos industrializados en general; y vii) disminuye la actividad física de la población.

Hay tres antecedentes para fundamentar la propuesta que hoy se presenta ante el pleno de la Cámara de Senadores:

a) Decreto presidencial del 23 de agosto de 2010 por el que establece un acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, el pasado Lunes. Los lineamientos generó amplias expectativas en cuanto a un efectivo control de alimentos chatarra en los espacios públicos donde estudian los niños y los adolescentes, sin embargo, las expectativas se han visto seriamente defraudadas porque los lineamientos son de una obligatoriedad relativa, dado que los alimentos prohibidos serán definidos por los comités escolares y porque cada vez en mayor medida se incluyen nuevos productos chatarra a la lista de alimentos recomendados en la sección de anexos del acuerdo presidencial.

b) Prohibición constitucional de comida chatarra, diciembre de 2012. El Congreso de la Unión, en la última reforma constitucional en materia de calidad educativa, aprobó prohibir la comida que no favorezca a la salud de los educandos. Los alimentos que se proveerán tendrán que cumplir las normas oficiales de la Secretaría de Salud. Esta disposición significa que por mandato constitucional prohibir la comida chatarra en las escuelas.

c) Reforma fiscal de 2014, que establece un IEPS de 1 peso a bebidas azucaradas, 8 de septiembre de 2013. El pasado 8 de septiembre de 2013 el Ejecutivo Federal propuso el establecimiento a nivel de productor e importador de una cuota específica de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, dependiendo del rendimiento, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas. Se considera que la propuesta tiene un potencial de recaudación estimada en más de 12 mil 455 mdp (0.07 por ciento del PIB).

En este sentido, la propuesta del Ejecutivo de establecer en la reforma fiscal una cuota de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo azúcares añadidas, es una propuesta que avanza dentro de las políticas más progresistas a nivel internacional en materia fiscal en el combate de la obesidad.

Por otro lado, el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, con base en la cual se estableció el tributo por la enajenación e. importación de los bienes señalados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el legislador estableció una tasa impositiva mayor para los tabacos labrados a granel en relación con otros productos, con la finalidad de desalentar su consumo, es decir, con la indicada medida no atendió al propósito de todo impuesto de contribuir al gasto público, sino al fin extrafiscal consistente en desincentivar el consumo de un producto nocivo para la salud, lo cual es distinto e independiente de la facultad del Congreso de la Unión para imponer el tributo respectivo, pues si bien el impuesto especial sobre producción y servicios tiene un fin recaudatorio, éste es distinto del hecho de que pretenda desincentivarse el consumo de la comida chatarra, lo que se logra mediante la imposición de una tasa alta, no por el tributo en sí.

Los antecedentes presentados permiten al legislador razonar y que establecer un gravamen a una bebida de alto contenido de azúcar y poco valor nutricional, perfectamente se justifica un impuesto al “resto de los alimentos” con alto contenido de carbohidrato s, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, denominados “comida chatarra”.

La presente iniciativa de ley establece:

• Un impuesto especial ad valórem de 8 por ciento sobre el precio de venta al público de alimentos chatarra.

• La Secretaría de Salud está facultada para establecer aquellos alimentos de alto contenido de carbohidrato s, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, denominados comida chatarra, por los cuales por su composición reiterada y sin consciencia del consumidor contribuyen a fomentar el sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre otras enfermedades que afecten y encarecen los sistemas de salud pública.

La propuesta tiene un potencial de recaudación estimada en más de 20 mil millones de pesos (mdp), que representan 0.10 por ciento del PIB, 3.81 del aumento en la recaudación esperada de 523 mil 593 mdp y 0.44 de la recaudación 4 479 954.2 mdp. Esta recaudación potencial ayudaría a disminuir el subsidio implícito que el Estado mexicano otorga a las empresas productoras de productos chatarra, debido a que, el sistema de salud gasta en atender las enfermedades asociadas a las externalidades negativas producidas por estas empresas y comercializadoras, y junto con una política pública de combate a la obesidad, permitirá reducir la demanda de comida chatarra y mejorar la producción y acceso a comida más saludable.

Sin embargo, para el legislador, esta propuesta fiscal debe estar acompañada de una política pública que garantice el derecho de los niños y las niñas a una vida saludable, a mejorar la educación y la prevención de la obesidad como una política de Estado, una oportunidad de diálogo con el sector privado y padres de familia que garantice en todo momento el acceso y dotación de agua potable en lugares públicos, una correcta alimentación y deporte que de manera integral vele por el interés superior del niño.

El Senado de la República está con condiciones de proponer una ley reglamentaria que prohíba la venta de alimentos en las escuelas, pero que también establezca las bases de cooperación con el sector privado para acelerar la transición hacia productos más saludables. Por ello, en próximos días, ante la necesidad de establecer una política pública en esta materia, se propondrá a esta soberanía una iniciativa de ley para prevención y combate de la obesidad infantil.

En virtud de estos antecedentes presentamos en el marco del debate de la reforma fiscal la iniciativa con proyecto de decreto para gravar la comida chatarra en México, al tenor del siguiente proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., fracción l, inciso G), fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer párrafo, y 19, fracciones II, primer y tercer párrafo, VIII primer párrafo, X, XI Y XIII; se adiciona el artículo 2o., fracción l, inciso l); artículo 3, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ...

Incisos A) a F) ...

G. Alimentos y bebidas con alto contenido de carbohidratos, azucares, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional....................... 8 por ciento

II. ...

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), F) y G)de la fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma.

Incisos B) a C)

Artículo 3. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Alimentos y bebidas con alto contenido de proteínas de origen animal, aditivos como conservantes, colorantes y potenciadores del sabor, abundante cantidad de azucares simples, grasas saturadas, colesterol y sodio, y bajo o nulo de fibras y vitaminas o elevado aporte calórico por in gesta, denominados comida chatarra.

La Secretaría de Salud clasificará los alimentos que excedan de las siguientes cantidades de azúcares, grasas saturadas, ácidos grasos trans (AGT) y sal, con base en los siguientes criterios:

I. Cantidad total de azúcares: <5,0 g/100 g de alimento sólido o <2,5 g/100 ml de bebida;

II. Grasas saturadas: <1,5 g/100 g de alimento sólido o >0,75 g/100 ml de bebida;

III. Ácidos grasos trans: 0,09/100 g de alimento sólido o 100 ml de bebida;

IV. Sal <300 mg/l00 g de alimento sólido o 100 ml de bebida.

Artículo 4. ..

...

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren los inciso s A), F)y G), de la fracción 1 del artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), E), F) y G) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada ley.

...

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A), F) y G) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda.

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I. a V. ...

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Artículo 5-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatario s o distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas actividades.

...

Artículo 19. ...

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II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

...

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los inciso s A), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán asegurarse de que los datos relativos al nombre, denominación o razón social de la persona a favor de quien se expiden, corresponde con el registro con el que dicha persona acredite que es contribuyente del impuesto especial sobre producción y servicios respecto de dichos bienes. Asimismo, los citados contribuyentes deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria.

...

...

III. a VII. ...

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) y G), de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

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...

IX. ...

X. Los fabricantes, productores o. envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incrista1izab1es, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes y alimentos con alto contenido de carbohidratos, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control en el trimestre inmediato anterior al de su declaración.

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XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los inciso s A), B), C), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

XII. ...

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaría, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.

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XIV. a XXII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud publicará en un plazo no mayor de 30 días naturales a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente disposición y conforme a lo establecido en la reforma constitucional en materia de calidad educativa, la clasificación de alimentos de bajo contenido proteínico y alto contenido de azúcar, sales y grasas.

Tercero. Los alimentos que componen a la canasta básica están exentos de la presente disposición.

Cuarto. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días hábiles para establecer un ley reglamentaria que siente las bases generales de una política pública de prevención y combate a la obesidad infantil, que garantice el dialogo con el sector social y privado a fin de garantizar el acceso de agua potable en las escuelas y de alimentos sanos en los niveles preescolar, escolar, media superior y superior.

Quinto. El Congreso de la Unión a través del Presupuesto de Egresos de la Federación fortalecerá las políticas públicas de prevención y atención de enfermedades crónicas degenerativas asociadas al sobrepeso y a la obesidad, así como un programa especial para garantizar el acceso de alimentos sanos a niños y niñas con sobrepeso y desnutrición.

Nota:

1 De igual forma, resultan aplicables, igualmente por analogía, las tesis que enseguida se transcriben, por resultar ilustrativas: “Contribuciones. Fines extra fiscales. Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos. Contribuciones. Los fines extrafiscales no pueden justificar la violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados par el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto. “De donde se desprende la facultad del legislador para establecer contribuciones y expedir, entre otras, las leyes que resulten indispensables para encauzar y fomentar el desarrollo económico del país, así como para lograr una más justa distribución de la riqueza.

Cabe precisar que los fines extrafiscales se alcanzan no únicamente mediante el establecimiento de contribuciones, sino también con las exenciones. En efecto, el fin extrafiscal perseguido y que justifica el establecimiento del gravamen que más adelante se propone, es lograr una reducción en el consumo de alimentos chatarra, por tanto, de todos los costos públicos que en materia de salud se asocian a éste.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.— Senadores: Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar Solorio, Luz María Beristáin Navarrete, Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION - LEY DE COMERCIO EXTERIOR - LEY ADUANERA - LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO - LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS - LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que se recibió de los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Ávila Ruiz, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles relativos al comercio exterior.

El Presidente de la Mesa Directiva, acordó asignar turno directo de la referida iniciativa a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 163.2 y 176 del Reglamento del Senado.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernandez y Daniel Ávila Ruiz, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles relativos al comercio exterior.

Exposición de Motivos

En reconocimiento a la necesidad imperante de todos los países del mundo, por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, y de los que nos encontramos en vías de desarrollo, por erradicar la pobreza como prioridad en las decisiones de política pública de los gobiernos, además de la estrecha relación que tienen con el uso racional de los recursos naturales, con la capacidad de las sociedades para mejorar el bienestar de las personas y promover el desarrollo, se habla de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible.

Mantendrán los recursos naturales, resalta al menos dos temas. Primero, que no se puede hablar de economía verde independientemente de acciones directamente ligadas a atender las necesidades de los grupos más vulnerables; y segundo, que no puede existir una economía verde si los patrones de consumo y producción no garantizan la mejora en el ambiente, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y que los beneficios sociales estén presentes en corto, mediano y largo plazo.

Bajo estas premisas entonces, la economía verde es la que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la depresión ecológica. Se convierte en una herramienta fundamental para transitar a un desarrollo económico de baja huella de carbono así como un mecanismo que utiliza los recursos de forma eficiente siendo además es socialmente incluyente.

Es de suma importancia remarcar que el concepto de “economía verde”, creado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en el año 2008, ante la crisis económica mundial, no sustituye al de “desarrollo sostenible”, sino que es una ruta a tomar para alcanzarlo. El camino concreto no es igual para todos los países, sino que depende de la situación y perspectivas específicas de cada uno.

La falsa creencia de que los recursos naturales no tienen límites es la falta de reconocimiento de que la sociedad dispones de bienes y servicios naturales para promover su bienestar (como agua de ríos, lagos y el subsuelo, beneficios de los ecosistemas agrícolas que resultan en la producción de alimentos, aire limpio; y una infinidad más) pero que no retribuye a la naturaleza, ni la provee de los medios y tiempos necesarios para recuperar o regenerar eso que tomó.

Para corregir esta práctica errónea y las consecuencias que ha provocado, es necesario comprender la importancia de los bienes y servicios que provee la naturaleza, y el hecho de que muchos de esos bienes y servicios entran en una dinámica de mercado que no ha incorporado el costo ni el beneficio que tienen para la sociedad el asegurar que la naturaleza pueda seguir proporcionando dichos bienes y servicios.

Reconociendo que los países tienen una gama muy variada de condiciones sociales, ambientales, económicas y culturales, resulta evidente que no es posible aplicar un mismo conjunto de estrategias para lograr transformar una economía hacia una más respetuosa con el medio ambiente, baja en emisiones de carbono e incluyente socialmente hablando. Es labor de los gobiernos establecer las condiciones que consideren necesarias que permitan a su país asegurar en el corto, mediano y largo plazos, la erradicación de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida y la conservación de la naturaleza.

Igualmente, es responsabilidad de los estados definir, aplicar, promover y coordinar las acciones necesarias dentro del contexto específico de su país, para llevarlo hacia un desarrollo sostenible en el plazo más corto posible.

La transición a una economía verde no es un obstáculo para el desarrollo y la industrialización, generando condiciones que los puedan atrasar. Por el contrario, una economía verde está destinada a promover la industrialización basada en la eficiencia de recursos, asegurando un acceso fiable, local y asequible a la energía y la tecnología, así como mejorar la .eficiencia en el uso de los recursos que podría mejorar la competitividad.

Aunque el concepto de economía verde aún no ha sido adoptado al cien por ciento en sus políticas públicas, México es uno de los países más avanzados en la materia, aseguran expertos. “El gobierno ha hecho muy bien la tarea de poner en la mesa el tema y de llevarlo a todos los foros internacionales en los que participa y también de generar marcos regulatorios y políticas públicas”. “Por otro lado, las empresas ya han aterrizado esfuerzos muy significativos y han sido una especie de motor de las iniciativas en la materia, eso ha hecho que México esté muy adelantado en el tema, incluso más que naciones desarrolladas y otros países emergentes”. La vinculación que se ha dado entre el sector público, privado y las organizaciones no gubernamentales ha sido fundamental en este proceso.

En función de lo anterior, es que México ha promulgado en los últimos años diversos ordenamientos legales que precisan el cumplimiento de regulaciones en materia ambiental como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental entre muchas otras leyes aplicables a todos los sectores de producción nacional de manufacturas. Adicionalmente, se han implementado diversos Acuerdos Internacionales como el de Basilea (eliminación de bifenilos policlorados), Estocolmo (eliminación de Compuestos orgánico persistentes, incluyendo a los bifenilos policlorados), Montreal (eliminación de los clorofluorocarbonos) y el Protocolo de Kioto (emisiones a la atmósfera), logrando los objetivos a través de la emisión y cumplimiento de normas oficiales mexicanas que se derivan de estos compromisos internacionales asumidos. Ejemplo de esto es que el país ha logrado que en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, el promedio mundial de 4.7 ton C02/per cápita sea 27 por ciento superior al promedio mexicano de 3.7 ton C02/per cápita. Hay países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Australia que emiten de 4 a 5 veces más C02/per cápita al año. México está por debajo de la meta a la que muchos países desarrollados aspiran para el año 2050.

De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Kioto, por ser México un país en vías de desarrollo no está obligado a reducir sus emisiones de bióxido de carbono y sin embargo contamos hoy con una Ley General de Cambio Climático y una propuesta de impuestos verdes al consumo de todos los combustibles fósiles convirtiéndonos en punta de lanza respecto del resto de los países de mundo. Lo anterior ha tenido un costo para el país, por ejemplo, el esfuerzo realizado por la industria ante una política energética basada en el uso del gas natural representa hoy la importación del 30 por ciento del volumen de consumo nacional con pérdida de divisas por mil 216 millones de dólares en 2012 así como, paros productivos en la industria nacional ante la falta de un abasto de gas natural, derivado del incremento de la demanda del mismo, siendo esta cifra muy cercana al monto que se estima recaudar como resultado de la propuesta de creación del impuesto verde, aún y cuando México es un país que aporta únicamente el 1.6 por ciento de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial. Adicionalmente la falta de infraestructura para la distribución del gas natural ha afectado la competitividad e incrementado las emisiones atmosféricas, por la ineficiente distribución vía terrestre, tal es el caso que solo en el estado de Texas en los Estados Unidos existe una red de distribución de 600 mil kilómetros, cuando en nuestro país es de aproximadamente 9 mil kilómetros. La creación de infraestructura para incrementar políticas de eficiencia energética es fundamental aportando desarrollo económico y generación de empleos.

Es indispensable mencionar que las disposiciones medioambientales nacionales no exigen su cumplimiento a los productos que se importan de otros países y que ingresan al mercado mexicano. Estamos permitiendo el daño a la salud del planeta e imponiendo obligaciones a nuestro sector industrial, pero dejando de lado aquellos países que generan la mayor cantidad de emisiones de carbono o que no se han sumado a compromisos internacionales en materia ambiental.

Al momento, México ha firmado doce tratados de libre comercio con 44 países, aunque la mayor presencia tanto en importaciones como en exportaciones la mantiene con los Estados Unidos de América. La política comercial mexicana combina la apertura unilateral con acuerdos comerciales preferenciales con socios estratégicos.

México ha tenido grandes beneficios con el comercio exterior, pues ha incidido en prácticamente todas las actividades económicas, en la disponibilidad de bienes y servicios para productores y consumidores, en la variedad y calidad de las mercancías, y por supuesto, en los precios de los productos. También tiene una importante influencia en el empleo, los salarios, la inversión, la productividad y la transferencia tecnológica. Una virtud adicional del comercio exterior es que nos obliga a ser más competitivos y a innovar permanentemente para estar a la vanguardia. Sin embargo, la participación de nuestro país en el comercio mundial se ha visto afectado por condiciones de poca equidad en el tratamiento que reciben nuestros exportadores con respecto a los importadores.

La orientación al comercio exterior fue seguida también por la mayoría de las naciones, destacando China quien en noviembre del 2001 fue aceptada como miembro por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y solamente 11 años después, en 2012, exportó a EUA 425.6 mil millones de dólares.

China, junto con Brasil, Rusia e India, conforman el llamado BRIC, que son naciones que han tenido un crecimiento notable en su economía y en su nivel competitivo en el comercio internacional. Han intensificado sus exportaciones, a través de instrumentos legales que favorecen las condiciones para el crecimiento, lo que ha provocado el fortalecimiento de sus industrias nacionales.

México venía exportando principalmente manufacturas (75 por ciento), seguidas por combustibles y productos de la minería (17 por ciento) y productos agropecuarios (6 por ciento). Estados Unidos continúa siendo el principal interlocutor comercial de México, ya que absorbe alrededor de 80 por ciento de sus exportaciones. Otros socios comerciales relevantes son la Unión Europea (5 por ciento), Canadá (4 por ciento), Japón (2 por ciento), China (1 por ciento) y Brasil (1 por ciento).

Sin embargo, las condiciones económicas mundiales han venido cambiando de manera relevante en los últimos años, y las políticas de exportación de países desarrollados y en vías de desarrollo, como los BRIC, han creado condiciones de competencia inequitativa, llevando a México a convertirse en país exportador de materias primas e importador de manufacturas, situación que ha deteriorado la participación de la producción industrial en el producto interno bruto (PIB), pasando de 20 por ciento en el 2000 a 17.8 por ciento en 2012, mermando así, la capacidad de generar empleos.

En los países desarrollados la participación de la industria como porcentaje del PIB es de 24 por ciento en Japón, 27 por ciento en Brasil, 28 por ciento en Alemania, 37 por ciento en Rusia y 47 por ciento en China. Cifras muy superiores a las nuestras y a las que debemos aspirar. La presente iniciativa tiene la convicción de que el libre comercio y la competencia son buenos para la economía mexicana, al alentar su productividad y vocación exportadora. México debe mantener e incrementar su presencia en los mercados internacionales y también permitir la competencia en el mercado nacional.

El desarrollo industrial es de trascendente importancia en la solución de los grandes problemas nacionales y bajo una visión sustentable es mayormente trascendente; unos de los principales problemas para México, es la generación de empleo y son precisamente las industrias, las que según datos de la Secretaría de Economía, aportan 7 de cada 10; es también en la industria donde se pagan los más altos salarios a trabajadores; se dan los empleos con mayor permanencia, dando el mayor porcentaje de pensionados; se asimila y genera tecnología, aspecto esencial para la mejora en competitividad y la transición hacia una economía verde; se da valor agregado a los recursos naturales y es base del crecimiento del consumo nacional interno. México es un país que necesita crecer a tasas del 6 por ciento para lograr la generación de empleos que se requieren así como para mejorar sus indicadores nacionales de prosperidad para sus habitantes.

Muy a pesar de los atributos y cualidades de la industria nacional, de las cuales la sociedad mexicana es la receptora de los beneficios generados, los productores nacionales deben enfrentar el desafío de las importaciones con elementos como la calidad de sus productos, sus avances en mejoramiento del desempeño ambiental tanto desde el punto de vista de producción como de consumo de productos con cualidades ambientales que indiquen una disminución en la huella de carbono a lo largo de su ciclo de vida; pero también es preciso señalar que deben tener la garantía de que se desenvolverán en un mercado con reglas justas.

Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha emitido una propuesta de Reforma Hacendaria que incluye la implementación de Bonos de Carbón, a través del impuesto a ,la enajenación de ,los combustibles fósiles. Establecer impuestos verdes es de suma importancia para el bienestar de las sociedades, sin embargo es preciso reconocer el gran esfuerzo de nuestra industria para convertir a México en punta de lanza en el cuidado del ambiente.

Para lograr lo anterior, la presente Iniciativa propone incluir a nivel de Ley medidas que permitan una competencia equitativa entre los productos nacionales y los importados. Así, proponemos el establecimiento de una arancel verde a las importaciones, que representa una opción recaudatoria de ingresos para el Gobierno y que puedan estar direccionados a resolver los grandes rezagos de sustentabilidad en las poblaciones más vulnerables o marginadas del país; que permita destinar recursos a los gobiernos locales para realizar acciones de remediación de selvas y bosques, apoyo a la silvicultura; en general al fortalecimiento de las instituciones responsables de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, que finalmente se traducirá en bienestar social como lo solicita la reciente reforma al artículo 40 Constitucional en materia de derechos humanos. Se estima que este arancel verde puede lograr que se alcancen niveles recaudatorios equiparables al impuesto verde por el consumo de los combustibles, dependiendo de las ramas del sector industrial que se atiendan en materia de competitividad tanto ambiental como económica.

México indudablemente ha puesto a trabajar a su industria en materia ambiental, la creación de todo un marco regulatorio, no ha sido en vano, por lo que como principio de equidad, las importaciones con México que no cumplan con las mismos estándares ambientales para la comercialización de productos manufacturados en el país, deben ser gravados con el arancel verde, diferente a las importaciones que si cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que para el caso expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La presente iniciativa considera que la Semarnat debe de actuar en coordinación con la Secretaría de Economía para atender las solicitudes de la industria sobre las normas que deberán de ser integradas al acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida (Identificado normalmente como Acuerdo de Normas), emitido por esta última dependencia y requeridas para propiciar la equidad de las importaciones. Dichas normas podrán referirse a las especificaciones que deberán de cumplir tanto los productos como los procesos de transformación.

Como bien se sabe, la normas son un elemento importante para rediseñar los mecanismos que garanticen la equidad en el intercambio comercial internacional, tanto las voluntarias (NMX) como obligatorias (NOM), mismas que al aplicarse garantizan la competencia en igualdad de circunstancias, incluyendo temas de calidad del producto y cuidado al medio ambiente.

Las NOM son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias normalizadoras competentes, aplicables tantos a los productos nacionales que se comercializan en el país como los de procedencia extranjera.

Las NOM, las NMX así como otras medidas de diferente índole permiten impulsar el desarrollo de la economía nacional y consecuentemente la generación de empleos así como alentar un comercio exterior más equitativo, fomentar la protección del medio ambiente y promover que la competencia en el comercio internacional sea con los mismos estímulos y restricciones para todos.

Aun cuando al día de hoy, la legislación comercial en México especifica en su Ley Federal de Metrología y Normalización (Artículo 53) que cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma, es importante destacar que para dar cabal cumplimiento a dicho artículo debe iniciarse un procedimiento de modificación a leyes que propicien el principio de equidad, que además dentro del esquema de desarrollo económico sustentable, se identifica un área de oportunidad para obtener recursos bajo un principio de fomento y promoción al cuidado de los recursos naturales y del capital natural que cada país debe salvaguardar.

La norma una vez incluida en el acuerdo de normas, representa el instrumento a través de cual se establecen los requisitos ambientales a cumplir por los productos que pretenden ingresarse al país.

Con fundamento en los elementos hasta ahora expuestos, se realizó un análisis respecto de los aranceles promedio vigentes a las importaciones, relativo a los diferentes sectores industriales, encontrando la siguiente relación:

Como puede apreciarse en la tabla anterior, los alimentos se consideran estratégicos para la seguridad alimentaria de nuestra población, asimismo debe ser de carácter estratégico el establecimiento de aranceles a las importaciones como medio de compensación a las externalidades ambientales derivadas del consumo nacional no generadas en México.

Estos aranceles, deben de compensar aquellos costos asociados al cuidado ambiental y legislación a la’ que están sujetas las ramas industriales naciona1es; que han invertido en modernización, son eficiente, competitivas, dan valor agregado a los recursos naturales y/o participan de forma importante en la cadena de valor generando crecimiento económico, empleos, impuestos y evitando la pérdida de divisas.

Respecto de los aranceles contenidos por sector en la tabla inmediata anterior, se deduce también que hay sectores industriales muy vulnerables a las importaciones de productos similares a los suyos. Revisando cada uno de ellos y sin dejar de comentar que la presente iniciativa pretende que en un futuro cercano todos estos sectores vulnerables muestren su nivel de desempeño ambiental frente a sus similares extranjeros a efecto de ser considerados para la inclusión de un arancel verde, consideramos que el sector fundición, hierro, acero y manufacturas, resulta muy relevante del acuerdo con los siguientes aspectos:

1. El nivel de industrialización de un país se mide por el nivel de producción de acero. El consumo de acero en Kilogramos por habitante es de 180, siendo México de los más bajos a nivel mundial y debiendo alcanzar niveles de 400 Kg per cápita en el 2030 como se encuentran los países desarrollados.

2. La importancia del sector siderúrgico en México dentro de la actividad económica se refleja en una participación promedio del 2.4 por ciento respecto del PIS Nacional, con un comportamiento cíclico directamente proporcional al crecimiento de este indicador. Por otro lado, la siderurgia contribuye con 7.7 por ciento del PIS Industrial.

3. Por lo que se refiere a la Industria Manufacturera, en ocho años el PIS siderúrgico creció nueve puntos porcentuales del PIS manufacturero, para representar en 2008 un 17.6 por ciento de ese indicador. Situación que cambió radicalmente a partir de la crisis del 2008-2009, hasta ubicarse en 2012 en 15.2 por ciento con una recuperación cíclica que va en promedio de 0.4 por ciento de crecimiento anual post-crisis. El consumo de acero se encuentra en desaceleración al contrario de la tendencia de las importaciones por ejemplo de China que continúan creciendo.

4. Estimación de evasión fiscal. Durante el periodo enero-agosto de 2013 se importaron (definitiva y temporalmente) 42 mil toneladas de productos de acero en un 30 por ciento por debajo del precio de alerta (hasta septiembre 2013), lo cual representa un valor total posiblemente no declarado 11 millones de dólares, estimando así una evasión de IV A e IGI de 27 millones de pesos contra el fisco, a lo cual se debe sumar el no pago de las cuotas compensatorias.

5. El precio del acero ha tenido una caída del 30 por ciento en el precio en los últimos dos años, esta disminución no se ha visto reflejada en los precios de las manufacturas como carros y electrodomésticos. El acero solo afecta al 1.6 por ciento de la canasta básica.

6. Es un sector estratégico a nivel nacional, básicamente por ser el pilar del desarrollo económico nacional y regional y el inicio de múltiples cadenas productivas.

7. Canacero estima que la industria metálica básica y de productos metálicos genera más de 120 mil empleos directos y 600 mil indirectos, que son empleos bien remunerados, muy por encima de la media manufacturera de salarios promedio mensuales.

8. La industria siderúrgica tiene presencia prácticamente en todo el país y en 11 estados de la República se produce acero líquido, destacando: Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz cuya producción combinada representa 80.5 por ciento del total nacional.

9. El acero ha tenido avances tecnológicos importantes como es la invención de tecnología propia Como el proceso HYL patentado en México y que entre otros factores, permite reducir las emisiones lo cual comparado con el resto del mundo:

10. La industria siderúrgica mexicana ha invertido más de 12 mil millones de dólares en modernización y cumplimiento de los estándares ambientales, reduciendo en un 22 por ciento el consumo de energía por tonelada producida.

11. La Siderurgia emite solo el 3 por ciento del bióxido de carbono del país. Las emisiones promedio por tonelada producida a nivel mundial son 39 por ciento mayores que el promedio nacional.

12. Los procesos siderúrgicos optimizan su consumo energético a través de procesos de reciclado de chatarra. El acero es el material más reciclado del planeta, con una tasa promedio de reciclaje de un 34 por ciento, según las estadísticas del 1151 (lnternational Iron and Steel Institute). No sólo sus productos se reciclan, sino que también los residuos sólidos se procesan para poder recuperar otros metales como el zinc. Además, millones de toneladas de hierro y de acero son retiradas del flujo de residuos, debido a las características magnéticas del acero, haciendo más fácil su separación.

13. Cifras de la Canacero, señalan que el 37 por ciento de la producción nacional de acero se realiza a través del reciclaje de chatarra, monto superior al promedio mundial (26.7 por ciento), lo que reduce el consumo de materias primas y energía. Por cada tonelada de acero usado reciclado, se ahorra una tonelada y media de mineral de hierro y unos 500 kilogramos del carbón que se emplea para hacer el coque siderúrgico, que es el combustible utilizado en la fabricación de este metal, el consumo de energía disminuye en un 70 por ciento y el uso del agua, otro recurso natural se reduce en un 40 por ciento.

14. Cabe señalar que más del 90 por ciento de las emisiones totales de la industria, siderúrgica mundial son generadas por los siguientes países: Brasil, China, UE, India, Japón, Corea; Rusia, Ucrania y Estados Unidos. De los cuales, Estados Unidos, Japón, Corea y China están entre los 7 principales exportadores de acero a México.

15. De igual forma, los países del Acuerdo Asia Pacífico (APP: Australia, Canadá, China, India, Japón, Corea y Estados Unidos) generan más del 50 por ciento de las emisiones totales de la industria siderúrgica en el Mundo, de sus países integrantes Canadá, China, Japón, Corea y Estados Unidos están entre los 7 principales exportadores a México.

Fundamentado en las anteriores premisas, se agrega una propuesta que reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, a efecto de imponer un Arancel Verde de 13 por ciento a las importaciones de los productos contenidos en los capítulos 72 y 73 del artículo 1 de la misma. Este Arancel Verde aplicado únicamente a este sector, generaría recursos por 20 mil millones de pesos aproximadamente y será referente para iniciar con un proceso de erradicación de la inequidad de varios productos mexicanos que hoy en día compiten con importaciones de baja calidad y alta huella ecológica, por supuesto; independientemente de aquellos países con los que tenemos suscritos Tratados de Libre Comercio.

Los productos que provienen de otros países que pretenden ingresar al mercado nacional, podrán hacerlo previa demostración del cumplimiento de cualquiera de los siguientes numerales y el pago del arancel de 13 por ciento a aquellos productos contenidos en las tablas de los capítulos 72 y 73:

I. El país de origen del producto a importarse esté suscrito a los Acuerdos Internacionales de Basilea referente a la eliminación de bifenilos policlorados, Estocolmo referente a la eliminación de compuestos orgánico persistentes, incluyendo a los bifenilos policlorados, Montreal referente a la eliminación de los clorofluorocarbonos y Protocolo de Kioto referente al establecimiento de límites máximos de emisiones atmósferas durante los procesos de manufactura,

II. El país de origen del producto a importarse, tenga a esta fecha suscrita un TLC con México.

III. El producto a importarse cumpla con los mismos estándares ambientales que la industria nacional, como el pago al carbón, derivados de convenios o acuerdos internacionales listados en la fracción I y contenidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

En aquellos casos en que un producto cumpla con 19s tres numerales, se pague impuesto al carbono en su país de origen, equivalente o mayor al pagado en México y compruebe que las emisiones de C02 por tonelada de acero producida sea igualo menor al nacional, no aplicará el pago de éste arancel.

Esto permitirá a México contribuir a la responsabilidad que cada uno de los países en el mundo debe de asumir frente a estos temas ambientales internacionales tan relevantes.

Para cuantificar el Arancel Verde del 13 por ciento, se utilizó el precio del bono de carbono en el mercado internacional, utilizado también en la propuesta de impuestos a los combustibles en México de la Reforma Hacendaria equivalente 3.06 U$rron C02. El Anexo técnico de la presente Iniciativa, ilustra el cálculo a través del cual se determinó el arancel verde para las .importaciones a los productos de acero.

Es necesario insistir, que el sector siderúrgico se utiliza como primer ejemplo en materia de impuesto verde por su compromiso ambiental, reducción de emisiones frente a sus similares internacionales ya que el promedio internacional de emisiones es 40 por ciento mayor que el promedio mexicano, lo que por sí mismo provoca una importante vulnerabilidad frente al comercio internacional; por lo anterior, entraremos al estudio y revisión de otros sectores para considerar la posibilidad de imponer su propio impuesto verde bajo las circunstancias específicas de sus competidores en el exterior.

Adicionalmente, la presente iniciativa propone reformar los artículos 52 y 53 de la Ley Federal de Metrología y Normalización para que las importaciones cumplan con las NOM o normas mexicanas que correspondan; además, cuando no exista NOM, requerir que cumplan con las normas mexicanas o internacionales a las que están sujetos los productores nacionales.

Por otra parte, la presente propuesta modifica la fracción V del artículo 5 de la Ley de Comercio Exterior con el objeto de otorgar atribuciones a la Secretaría de Economía para establecer avisos automáticos. Se trata de atribuciones que estando reguladas en la Ley darán seguridad jurídica y garantizarán su permanencia.

Además, propone adicionar a la Ley de Comercio Exterior dos artículos, el 22 BIS Y 22 Bis 1. El primer artículo prevé la definición de aviso automático como instrumento de derecho público para fines de registro de las operaciones de comercio exterior; el segundo párrafo de este numeral dispone que no se pueda realizar trámite de importación y exportación sin el cumplimiento de este requisito; y el tercer párrafo refiere a la información que deberán contener los avisos automáticos, con el objeto de dar seguridad jurídica al particular interesado.

Por su parte, el artículo 22 Bis 1 regula las causales de cancelación de los avisos automáticos y de los permisos, ya que en la práctica comercial mexicana se ha podido constatar la realización recurrente y frecuente de conductas que constituyen fraudes como la indebida clasificación arancelaria de las mercancías, la evasión fiscal, subvaluación y la triangulación del origen, entre otras, que afectan el comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción nacional, por lo que es necesario que la Secretaría de Economía efectúe una revisión permanente y sistemática que con efectividad se aplican  se propone establecer un certificado especial por el que se demuestre de manera fehacinet de la estadística comercial relativa a mercancías de los sectores más sensibles y estratégicos.

Para ello, se considera que la revisión estadística se administre a través de un aviso automático de importación y que opere de manera transparente y ágil, según lo establece el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la Organización Mundial del Comercio (GATT de 1994), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.

Mediante la modificación al artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior se propone establecer un certificado especial por el que se demuestre de manera fehaciente el origen y procedencia de las mercancías que no deben pagar cuotas compensatorias y al mismo tiempo evitar que se ‘evada su puntual cumplimiento, salvo lo previsto en tratados comerciales suscritos por México. Esto, sin menoscabo de que las autoridades puedan fiscalizar si las mercancías califican para ser declaradas como originarias del país mencionado.

Asimismo, se adiciona una fracción XIII al artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior para garantizar el derecho a presentar el recurso de revocación ante la cancelación de permisos previos y avisos automáticos.

En congruencia con lo anterior, se adiciona una fracción XIII al artículo 2 de la Ley Aduanera para definir qué se entiende por aviso automático; además, se propone modificar la fracción 11 del artículo 44 de la misma Ley, para que la autoridad aduanera se cerciore del cumplimiento de los avisos automáticos, permisos de importación y certificados especiales en materia de cuotas compensatorias, para hacer efectivas las modificaciones sustantivas que se proponen a la Ley de Comercio Exterior. Esta medida probablemente tenga su mayor impacto con los países que no se tiene un Tratado de Libre Comercio.

Por otra parte, la presente iniciativa propone reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de Cambio Climático y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para precisar que los productos a importarse deberán de cumplir la regulación en materia ambiental aplicable a materias primas, productos, residuos y sus correspondientes procesos de transformación; adicionalmente, se complementa esta propuesta otorgando las facultades necesarias para su ejercicio a la Semarnat y su coordinación indispensable con Secretaría de Economía para desarrollar la gestión o proceso de inclusión en el Acuerdo de Normas de ésta última dependencia. Ambas dependencias deberán de emitir un procedimiento a través del cual reciba y procese las solicitudes de la industria, respecto de las normas que deberán de integrarse al Acuerdo de Normas que propicien la equidad en las importaciones.

A continuación, se muestra una tabla comparativa de los ordenamientos que se propone a esta Cámara, modificar para dar cauce a esta iniciativa:

1. Ley Federal de Metrología y Normalzación

2. Ley de Comercio Exterio

3. Ley Aduanera

4. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente

5. Ley General de Cambio Climático

6. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

El objetivo es beneficiar a los ecosistemas, los recursos naturales y a la industria que haya cumplido con los estándares nacionales e internacionales de cuidado al ambiente.

Por lo antes expuesto, se proponen las siguientes:

Iniciativas

Primero. Se reforman, el artículo 52 primer párrafo; y, el artículo 53 tercer párrafo, ambos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 52. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o normas mexicanas cuando aplique.

Articulo 53.

...

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes deberán requerir que los productos o servicios a importarse cumplan con las normas mexicanas o internacionales que les apliquen a los productores nacionales.

Cuando en otro país requieran el cumplimiento de normas o estándares a los productos mexicanos, las autoridades nacionales solicitarán el cumplimiento de esos mismos estándares a los productos a importarse, a través de normas oficiales mexicanas.

Segundo.Se reforman, la fracción V del artículo 5; y el primer párrafo del artículo 66. Además, se adicionan, los artículos 22 Bis y 22 Bis 1, en la sección segunda del capítulo II; un segundo párrafo al artículo 66; y una fracción XIII al artículo 94, todos de la Ley de Comercio Exterior, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 50. Son facultades de la Secretaría:

I. a IV. ...

V. Otorgar permisos previos y establecer avisos automáticos y asignar cupos de exportación e importación;

Capítulo II

Sección segunda

Permisos previos, avisos automáticos, cupos y marcado de país de origen

22 Bis. Se entiende por avisos automáticos la constancia o licencia por virtud de la cual las importaciones y exportaciones se sujetan a determinados requisitos e información, con el objeto de llevar un registro de las operaciones de comercio exterior.

Sin este requisito no se podrán realizar operaciones de comercio exterior o cuando se actualice lo previsto en el artículo 22 Bis 1.

Los avisos automáticos podrán contener información relativa a la fabricación, producción, procesamiento, uso y calidad de los productos de que se trate, que mediante certificaciones expidan las personas físicas o morales acreditadas para ello, conforme lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones reglamentarias aplicables.

22 Bis 1. La Secretaría podrá cancelar los permisos y avisos automáticos de importación o de exportación en los siguientes supuestos:

I. Cuando el particular, con motivo del trámite del permiso previo o aviso automático, presente ante la Secretaría documentos o datos falsos, diferentes a los reales o no reconocidos por su emisor;

II. Cuando el particular no presente ante la Secretaría la información o documentación requerida relacionada con el trámite del permiso previo o aviso automático otorgados;

III. Cuando se destine la mercancía objeto del permiso o aviso automático a un uso o fin distinto de aquél para el cual se otorgó el permiso previo o aviso automático de importación o de exportación;

IV. Cuando la Secretaría identifique que las condiciones de la planta o instalaciones del beneficiario del permiso previo o aviso automático no son las que motivaron su otorgamiento;

V. Cuando el particular no cumpla con los requisitos de las normas aplicables que requiere la mercancía objeto del permiso previo o aviso automático; y

VI. Cuando la Secretaría identifique que en el domicilio de la planta o instalaciones del beneficiario éste no sea localizado.

En caso de proceder la cancelación de los permisos previos y avisos automáticos, la Secretaría informará por medios electrónicos de esta circunstancia a las autoridades aduaneras y a los particulares por los medios oficiales que considere adecuados.

Artículo 66.­

Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a pagarla si prueban de manera fehaciente que el país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuota compensatoria, mediante un certificado de país de origen y/o los documentos comerciales que así lo acrediten.

Para los efectos de este artículo la prueba fehaciente del origen o procedencia de la mercancía se hará mediante la exhibición de certificados especiales ante la aduana del despacho que corresponda y conforme a los requisitos previstos en Reglamento o mediante reglas generales, salvo lo previsto en tratados comerciales suscritos por México.

Artículo 94. El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las resoluciones:

I-XII...

XIII. Que cancelen los permisos previos y avisos automáticos de importación o de exportación a que se refiere el arto 22 Bis 1.

Tercero. Se adiciona la fracción XIII del artículo 2; y se reforma la fracción II del artículo 144 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se considera:

XIII. Aviso automático, constancia o licencia por virtud de la cual las importaciones y exportaciones se sujetan a determinados requisitos e información, con el objeto de llevar un registro de las operaciones de comercio exterior.

Articulo 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

I.

II. Comprobar que en la importación y exportación de mercancías, la verificación de la exactitud de los datos contenidos en los avisos automáticos, permisos previos, certificados especiales en materia de cuotas compensatorias, los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, se realicen conforme a lo establecido en esta ley.

Cuarto. Se adicionan, una fracción XXII, una fracción XXIII y se recorre la actual fracción XXII a la fracción XXIV del artículo 5; y una fracción XVIII al artículo 15; y se agregan los transitorios correspondientes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 5o. Son facultades de la federación:

...

XXII. Regular en coordinación con la Secretaría de Economía, la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

XXIII. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el acuerdo de normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

XXIV. Las demás que esta ley u otras disposiciones legales atribuyan a la federación.

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:

I. ...

XVIII. Asegurar que los convenios o acuerdos internacionales establecidos, así como la regulación en materia ambiental aplicable a materias primas, productos, residuos y sus correspondientes procesos de transformación se cumplan en las transacciones derivadas del comercio internacional.

Transitorios

Primero. La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento señalado en la fracción XXII del artículo 5, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

Tercero. La Secretaría emitirá convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas. y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales, así como desarrollar las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Quinto. Se adiciona la fracción XXVIII, la fracción XXIX y se recorre la actual fracción XXVIII a la fracción XXX, del artículo 7, así como se agregan los transitorios correspondientes, de la Ley General de Cambio Climático, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. a XXVII. ...

XXVIII. Regular en coordinación con la Secretaría de Economía, la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

XXIX. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el Acuerdo de Normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

XXX. Las demás que esta ley y otras leyes le atribuyan a la Federación.

Transitorios

Primero. La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento señalado en la fracción XXII del artículo 5, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

Tercero. La Secretaría emitirá convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales, así como iniciar las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Sexto.Se reforma la fracción XIII y XIV del artículo 7, y se agregan los artículos transitorios correspondientes, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7. Son facultades de la Federación:

XIII. Autorizar la importación, exportación o tránsito de residuos peligrosos por el territorio nacional, de acuerdo con lo previsto en esta Ley así como regular en coordinación con la Secretaría de Economía, la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad. En todo caso, atender las solicitudes específicas que en la materia manifieste la industria.

Transitorios

XIV. La Secretaría se coordinará con la Secretaría de Economía para introducir en el Acuerdo de Normas emitido por esta última dependencia, las normas oficiales mexicanas que se derivan del cumplimiento de los convenios internacionales en materia de bifenilos policlorados, clorofluorocarbonos y emisiones atmosféricas, a efecto de vigilar su cumplimiento en los puntos de ingreso de productos al mercado nacional.

Transitorios

Primero. La Secretaria en coordinación con la Secretaría de Economía, emitirán el procedimiento señalado en la fracción XXII del artículo 5, en un plazo máximo de 6 meses siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría deberá de realizar las acciones necesarias para que en caso de que normas oficiales mexicanas relativas al cumplimiento de los convenios internacionales que hayan perdido vigencia o salido del catálogo de normas vigentes, puedan regresar al catálogo, previo a su inclusión en el Acuerdo de Normas.

Tercero. La Secretaría emitirá convocatoria a. unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que se deriven de la aplicación de los Convenios Internacionales. Así como iniciar las gestiones necesarias para establecer los procedimientos de reconocimiento mutuo, de conformidad con la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Séptimo. Se modifican los capítulos 72 y 73 del artículo I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, relativos a la fundición hierro y acero, a efecto de imponer un arancel del 13 por ciento a los productos indicados en dichos capítulos.

Artículo 1. ...

Los productos que provienen de otros países que pretenden ingresar al mercado nacional, podrán hacerlo previa demostración del cumplimiento de cualquiera de los siguientes numerales y el pago del arancel de 13 por ciento a aquellos productos contenidos en las tablas de los capítulos 72 y 73:

IV. El país de origen del producto a importarse esté suscrito a los Acuerdos Internacionales de Basilea referente a la eliminación de bifenilos policlorados, Estocolmo referente a la eliminación de Compuestos orgánico persistentes, incluyendo a los bifenilos policlorados, Montreal referente a la eliminación de los clorofluorocarbonos y Protocolo de Kioto referente al establecimiento de límites máximos de emisiones atmósferas durante los procesos de manufactura,

V. El país de origen del producto a importarse, tenga a esta fecha suscrito un TLC con México.

VI. El producto a importarse cumpla con los mismos estándares ambientales que la industria nacional, como el pago al carbón, derivados de convenios o acuerdos internacionales listados en la fracción I y contenidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

En aquellos casos en que un producto cumpla con los tres numerales, se pague impuesto al carbono en su país de origen, equivalente o mayor al pagado en México y compruebe que las emisiones de CO2 por tonelada de acero producida sea igual o menor al nacional, no aplicará el pago de éste arancel.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. PNUMA, 2013

2. U.S. Department of Energy, 2012

3. U.S. Department of Energy, 2012

4. Anuario Estadístico PEMEX 2013

5. Quinta Comunicación, Semarnat 2012.

6. Ley de los impuestos Generales de Importación y de Exportación

7. Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), perfil de la industria siderúrgica 2012

Dado en el salón de sesiones, a 17 de octubre de 2013.— Senadores: Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández, Daniel Ávila Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión.

Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se proponen las reglas básicas para el desarrollo de la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto que expide, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales que integran el paquete económico 2014.

REGLAS BASICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DISCUSION Y VOTACION DE LOS DICTAMENES DEL PAQUETE ECONOMICO 2014

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva

Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se proponen las reglas básicas para el desarrollo de la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto que expide, reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales que integran el Paquete Económico 2014.

En el marco de lo dispuesto por los artículos 20 numerales 1 y 2 incisos a), b) y d) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 104, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

I. Que en el marco de lo establecido en el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 8 de septiembre del año en curso, el Ejecutivo federal presentó el conjunto de proyectos e iniciativas que integran el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2014.

II. Que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, se avocaron al análisis y estudio de los proyectos e iniciativas que fueron turnadas con objeto de emitir los dictámenes correspondientes y remitirlos con oportunidad al Pleno de la Cámara, para que éste cumpla con los términos que refiere el artículo 42 fracción IV de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para lo cual realizaron los trabajos técnicos y obtuvieron los consensos necesarios tanto con las autoridades hacendarias como con los grupos parlamentarios, para aprobar diversos proyectos de decreto.

III. Que este órgano de gobierno, considerando lo anterior, así como la importancia que reviste para el país la aprobación de las normas que regularán el marco económico para el año fiscal 2014, estima pertinente que en el ámbito de sus atribuciones así como en lo dispuesto en la normatividad invocada relativa a las discusiones y votaciones en el Pleno, se promueva un método de debate dinámico y ágil que permita las mejores condiciones para su desahogo.

IV. Que derivado de lo anterior, esta Mesa Directiva realizó las consultas necesarias con la Junta de Coordinación Política a fin de contar con su anuencia para establecer las normas que regulen la discusión de los dictámenes en comento, misma que fue obsequiada.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del Pleno, la aprobación de las siguientes:

Reglas básicas para el desarrollo de la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto que expide, reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales que integran el Paquete Económico 2014.

Primero.El objeto único de las presentes reglas es normar el desarrollo de la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto que expide, reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales que integran el Paquete Económico de 2014.

Segundo.Los dictámenes serán del conocimiento del Pleno en el momento que sean publicados en las pantallas electrónicas de las curules en el salón de sesiones así como en la versión de Internet de la Gaceta Parlamentaria, y podrán ser incorporados al orden del día de la sesión en que se presente, recibir dispensa de trámites y someterse a discusión y votación de inmediato.

Si hubiere voto particular, se estará a lo dispuesto en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercero.En caso de que la Mesa Directiva reciba los dictámenes y el Pleno no se encuentre sesionando, dispondrá su publicación inmediata en la Gaceta Parlamentaria y su difusión en la página de Internet de la Cámara Diputados, lo cual surtirá efectos de declaratoria de publicidad.

Cuarto.La discusión en lo general y en lo particular se desarrollará de la siguiente manera:

1 Para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión dictaminadora, hará uso de la palabra hasta por diez minutos el presidente de la misma o quien dicho órgano designe.

II. Un integrante de cada grupo parlamentario, en orden ascendente, podrá disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura. El orador no podrá ser interrumpido por moción de cuestionamiento.

III. Posteriormente, el presidente integrará una lista de oradores para hablar en contra o en pro, hasta por tres minutos cada intervención, pudiendo registrar hasta tres oradores en cada sentido.

Al concluir, el presidente consultará si se encuentra suficientemente discutido, para pasar a la votación en lo general de los artículos no impugnados.

En caso de no estar suficientemente discutido, podrá hablar un orador en contra y otro en pro, posteriormente se repetirá la consulta y así sucesivamente.

Al término de la discusión se procederá a votar el dictamen en lo general.

IV. Una vez aprobado el dictamen en lo general, se dará paso a la discusión en lo particular.

V. Las reservas tendrán que presentarse exclusivamente por escrito ante la Secretaría de la Mesa Directiva durante la discusión del dictamen en lo general, que iniciará cuando la comisión presente su fundamentación y concluirá al término de la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios; después de este momento no se recibirá reserva alguna.

VI. Todas las propuestas de modificación o de adición a los artículos considerados en el proyecto de decreto deberán entregarse a la Mesa Directiva en hoja membretada, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora. De ninguna manera se admitirán reservas manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria.

El autor o autora deberá entregar la reserva de manera individual, precisando lo siguiente:

a. Artículo del decreto que se reserva.

b. Ley a que se refiere.

c. El artículo, párrafo, fracción y/o inciso que se modifica.

d. En los casos en que la ley reservada se encuentre referida en otro artículo del decreto, se deberá señalar con toda claridad si tiene o no, impacto correlativo.

De preferencia cada reserva deberá señalar el texto contenido en el dictamen así como el texto propuesto (a manera de cuadro comparativo).

VII. La Mesa Directiva únicamente registrará para su discusión las reservas integradas debidamente y deberá rechazar el registro de las que no satisfagan lo establecido en el presente acuerdo.

VIII. La presentación, discusión y votación de las reservas, se organizará como lo defina la Mesa Directiva informando al Pleno de su resolución, y se desahogarán de la siguiente manera:

1. Para presentar la reserva, el proponente hará uso de la palabra hasta por tres minutos, concluida la presentación, el presidente consultará en votación económica a la Asamblea si se admite a discusión.

a. En caso negativo se tendrá por desechada.

b. En caso de aceptarse, podrán hablar un orador a favor y otro en contra, hasta tres minutos por intervención.

Una vez concluidas las intervenciones correspondientes, la Presidencia consultará al Pleno, en votación económica, si se acepta la reserva; si la respuesta fuera negativa, se tendrá por desechada, pero si fuera afirmativa, se tendrá por aceptada.

2. Al finalizar la discusión de las reservas correspondientes, la Mesa Directiva determinará los momentos en que se realizará la votación nominal en conjunto de los artículos correspondientes, tanto modificados por la Asamblea como en los términos del dictamen, así hasta terminar con todas las reservas.

3. Cuando hubiere duda fundada sobre el resultado de una votación económica, a juicio de la Presidencia, se procederá a votación nominal.

Quinto. En el desarrollo de la sesión, la Mesa Directiva podrá determinar las formas que puedan adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones para el adecuado desarrollo de la sesión.

Sexto.Concluida la discusión en lo general y lo particular, la Mesa Directiva instruirá la aplicación del artículo 93 del citado Reglamento, a efecto de garantizar en el texto de las minutas que se remitan al Senado de la República quede plasmada la voluntad del Pleno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días de octubre de 2013.— Diputados:  Ricardo Anaya Cortés, Presidente; José González Morfín, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Aleida Alavez Ruiz, Maricela Velázquez Sánchez, vicepresidentes; Angelina Carreño Mijares, Xavier Azuara Zúñiga, Ángel Cedillo Hernández, Javier Orozco Gómez, Merilyn Gómez Pozos, Magdalena del Socorro Núñez  Monreal, Fernando Bribiesca Sahagún, secretarios (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias. Está a discusión. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para hablar en contra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Hoy es muy importante lo que vamos a debatir, por eso no le veo el caso a las chicanadas legislativas.

Miren, conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara —subrayo— garantizando que los trabajos legislativos prevalezcan en lo dispuesto en la Constitución y la ley.

En el acuerdo que se propone se establecen requisitos formales adicionales para la presentación de reservas —punto cuarto, fracción VI, del acuerdo que se presenta y que ya aquí leyeron— donde las reservas tendrán que presentarse exclusivamente por escrito ante la Secretaría y todas las propuestas de modificación deberán entregarse en hoja membretada, etcétera, etcétera.

Formalismo que no tiene otra finalidad que la de obstruir nuestro derecho a opinar sobre el dictamen que se presenta. Se apresura el procedimiento para la dispensa de trámites y se obstruye el derecho para reservar disposiciones que no atendieron a los principios básicos de publicidad, para el conocimiento de los mismos.

Se violenta la publicidad que señala el artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Diputados, publicación en la Gaceta a más tardar a las 22 horas del día anterior.

Aún más, en el artículo 109, párrafo tres, del Reglamento se establece el derecho para presentar reservas durante la discusión del dictamen que se presentó como resultado de la modificación al orden del día, que fue publicado el día de ayer en la Gaceta Parlamentaria.

Pediría a la Presidencia que en una moción de ilustración, se diera lectura al párrafo tres del artículo 109 del Reglamento de la Cámara, por favor.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría, en los términos en que lo solicita el diputado Huerta Ladrón de Guevara.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la discusión del dictamen y se registrarán ante la Secretaría, salvo que se discuta un dictamen como resultado de la modificación al orden del día, en cuyo caso las reservas se presentarán en el transcurso de la discusión en lo particular.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Chicana. Al aprobar hoy en el orden del día, que no fue publicado con antelación que refiere al Reglamento, esto es su publicación a las 22 horas del día anterior.

En consecuencia, la inclusión de las leyes del paquete presupuestal o fiscal debe considerarse, para efectos de las reservas, en los términos del artículo 109, párrafo tres. Esto es, admitir las reservas durante la discusión del dictamen que se presenta sobre leyes que hoy mismo se conocen.

Con ello se violenta el derecho de los diputados que pretendan ejercer su derecho para opinar a través de la reserva. Derechos contenidos en el artículo 6, fracciones II y X del mismo Reglamento.

Artículo 6 —y nada más voy a leer la fracción X—: Participar en los debates, votaciones y cualquier otro procedimiento parlamentario para el que se encuentre facultado.

La Mesa Directiva violenta el artículo 285 del Reglamento de esta Cámara. Se modifica una disposición del Reglamento que requiere la aprobación de la mayoría calificada. Reglas de procedimiento contenidas en el Reglamento que no pueden modificarse a través de acuerdo parlamentario.

Ya no voy a pedir que lo lean, porque sabemos un poco la tendencia que está ocurriendo el día de hoy, de cómo los arreglaron a partir del Pacto por México para votar o, en el mejor de los casos, abstenerse para aprobar estos impuestos tan lesivos a toda la población de México.

Porque sabemos que la prisa por aprobar el paquete fiscal por encima de los principios constitucionales en materia de impuestos no solo violenta las reglas de esta Cámara, sino que exhibe la demagogia de los discursos de legalidad y democracia que ustedes presentan en esta tribuna.

El discurso que pronuncian no puede engañar a más mexicanos. Exijo congruencia a la Mesa Directiva y, en consecuencia, el retiro del procedimiento legislativo sumario y ex profeso que se presenta a este pleno, y acatar lo dispuesto en el Reglamento de esta Cámara. Dejo en la Secretaría mi propuesta para que se vote y, evidentemente, decirles que ojalá regresen a la legalidad.

Señor presidente, estoy muy de acuerdo con usted que no necesitamos cálculo político y hacer chicanadas para ser retrógradas en lo que le vamos a hacer, ustedes, los que van a votar a favor de estas leyes en contra del pueblo de México, y que ustedes mismos en corto, por ahí andan diciendo que ni están de acuerdo. Pero la política de la línea que se impone en este país por el presidente que está lastimando a los mexicanos ustedes la van a acatar. Y a los que se las han llevado con el dichoso pacto contra México, aunque demagógicamente los del PAN digan que no están de acuerdo, en el fondo saben que es disciplina, porque lo que les urge es aprobar la reforma energética.

Por eso aquí van a ser omisos, no le van a querer entrar al debate. Van a pensar que no es, pero si lo hacen van a estar actuando contra la ley. Por eso pido que se rectifique y dejen que los mexicanos ya no piensen que este Congreso es un mercado, es un vodevil, es un tianguis, es un antro, como dicen por ahí.

Voy a culminar. Porque ustedes dicen: sí, los mexicanos, afuera, en la calle, dicen que esto es un antro, es un vodevil, es un mercado, es un tianguis. Ahí van y se venden los diputados al mejor postor. Dicen que no hay cabilderos, no se puede ni entrar, hay la voracidad de los que están atrás de ustedes cilindrándolos para cobrar impuestos en contra del pueblo de México.

Pido que mi propuesta se vote y eliminen la fracción VI, VII y VIII del punto cuarto de la propuesta que ustedes están haciendo. Es cuanto.

Ojalá el día de hoy se actúe con dignidad en este Congreso y usted, presidente, que es tan joven, se ciña a lo que dice la ley. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Huerta. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la modificación presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se acepta a discusión la modificación presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra, también para hablar en contra, el señor diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el día de ahora, el día de hoy, será una larga discusión. Nosotros estamos preparados con argumentos y razones, para demostrarles que las disposiciones que están por aprobar caminarán en detrimento de la población, en perjuicio de la nación, del pueblo. Nos bastan razones. Y por eso, en un clima de seriedad, queremos hacerlo.

Nos parece que el discurso del estado de derecho y de la legalidad suena hueco, es vacío, cuando se cometen este tipo de tropelías en la Cámara, como el contenido en la propuesta de acuerdo de los órganos de gobierno sobre el diseño y el funcionamiento de esta sesión.

Quiero expresarles que simple y sencillamente con este acuerdo se viola la Ley Orgánica y se viola el Reglamento. No se puede permitir. Lo único que estamos pidiendo es que se observe el Reglamento, que se aplique el Reglamento. Porque, solo les voy a mencionar tres artículos, el 97, el 104 y el 109 del Reglamento. En cada uno de ellos se establece un mecanismo de discusión en el caso de que haya modificaciones o discusiones en contra del proyecto de dictamen que en ese momento se está deliberando, y en reservas también hay un mecanismo que establece el Reglamento.

Les pregunto, ¿por qué tenemos que inventar? ¿Por qué tenemos que aprobar reglas especiales para esta sesión, cuando el Reglamento las previene? No hay que inventar. Pero, además, en materia de jerarquía de leyes, el acuerdo que ustedes pueden aprobar está por debajo del Reglamento y está por debajo de la Ley Orgánica y, por supuesto, de la Constitución. No queremos otra cosa más que se respete la ley, se respete el ordenamiento.

Porque miren, en este mecanismo que se está proponiendo para aprobación de esta Cámara se disminuye el tiempo de discusión de cinco a tres minutos y se disminuye el tiempo y el número de oradores en contra y también en las reservas. Pero, en todo caso, aunque ustedes aprobaran este mecanismo extraordinario, me sometería cuando me toque hacer uso de la palabra a lo que establece el Reglamento y el presidente no podrá evitar que exija que se aplique el Reglamento; porque —repito— en materia de jerarquía de leyes, un acuerdo está por debajo del Reglamento.

Los acuerdos normalmente se aprueban cuando hay ausencia de regulación jurídica. En este caso no hay ausencia de regulación jurídica, lo único que se intenta hacer de manera —lo digo con toda seriedad— absurda es restringir al número de oradores y restringir el tiempo para poder argumentar nuestras razones por las cuales no estamos a favor de una determinada ley o de un determinado artículo.

Por esa razón, hago un llamado a los legisladores simple y sencillamente para respetar el Reglamento. No hagamos cosas que aparentemente son buenas pero que resultan contradictorias con la ley. Puede ser impugnada la ley al no observarse estrictamente el principio de legalidad al que todos debemos sujetarnos.

Será una larga travesía, una noche prolongada y quisiera que todos pudiésemos respetar la ley. Porque nosotros lo hemos dicho, no estamos en favor de este atraco fiscal y queremos argumentar con razones suficientes porqué estamos en esta posición. Presidente, por su tolerancia, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado, don Ricardo Monreal Ávila. También para hablar en contra tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Presidente, si algo tenemos que reconocer en su conducción parlamentaria ha sido que es una gente escrupulosa del derecho, que es una gente tolerante, que es una gente que ha sabido dar cauce a la pluralidad legislativa. Nos llama la atención que ahora cuando se discute un tema de esta relevancia, que es el paquete fiscal —la mal llamada reforma hacendaria— venga un retroceso de este tamaño.

Un acuerdo que parece inocente, pero que en realidad es poner una camisa de fuerza a la deliberación parlamentaria. Por eso estamos en contra, porque además va a contrapelo de lo que establece el Reglamento.

El artículo 104 permite que la discusión en lo particular sea de seis oradores en pro y seis en contra y que cada quien fije su posición hasta cinco minutos. Y aquí se reduce el tiempo a tres minutos y se establecen únicamente tres oradores. Las reservas, en los artículos 109 y 110, son de cinco minutos y pueden inscribirse hasta tres oradores en un sentido o en otro. Y aquí se está dejando solamente uno a favor y otro en contra.

Desde el origen de la tributación, particularmente en Norteamérica, el tema de la representación parlamentaria está ligado al tema de los impuestos. Decían los representantes de las 13 colonias —que al final se emanciparon de la corona inglesa— que no hay impuestos sin representación. Y la representación no puede estar sujeta a una camisa de fuerza, que además tienda a la ilegalidad.

Por eso, presidente, le hacemos un llamado a que haya una reconsideración. Que se retire este proyecto y que nos vayamos directamente a lo que disponen el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso. No necesitamos este tipo de limitaciones, este tipo de cerraduras, este tipo de murallas para la discusión parlamentaria.

¿A qué se teme? ¿A que haya un debate prolongado en cuanto a la reforma hacendaria? ¿A qué se teme? ¿A que se discuta cada uno de los dictámenes a fondo? Son impuestos para los ciudadanos y nosotros, en Movimiento Ciudadano, reiteramos: Vamos en contra de esta reforma hacendaria que es abusiva, que es terrorista y que daña a millones de mexicanos.

Queremos decir cada uno de nuestros argumentos. No queremos limitaciones. Si nos va a dar aquí todo el día y toda la noche y el día de mañana, nos va a seguir dando, porque defender a millones de mexicanos no es un asunto de complacencias, no es un asunto de comodidades, no es un asunto de agendas personales, no es un asunto de itinerarios.

Por eso le pedimos respetuosamente, presidente, que siga haciendo honor a esta conducción atinada que ha tenido y este proyecto se retire y demos paso a la discusión con las dos herramientas que tenemos el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Ricardo Mejía Berdeja. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Iniciativa que reforma los artículos 55, 82, 91 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN

Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, diputado de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma los artículos 55, 82, 91, 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  a fin de hacer obligatorio el requisito de la prueba de antidoping para cargos de elección popular, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en su artículo 39 que: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

La soberanía etimológicamente significa lo que está por encima o sobre todas las cosas, de super-sobre y omnia-todo, esto es, el poder que esta sobre todos los demás poderes.

La soberanía en razón de su naturaleza debe ser depositada en una persona o en un grupo de personas, para la cual, previamente y para ser designados  depositarios de la misma, se hace necesario recurrir al sufragio o elecciones.

El pueblo delega ese poder soberano en sus representantes-diputados y senadores- ante la imposibilidad práctica de que él mismo lo realice para beneficio de sus integrantes, a estos representantes se les debe de exigir toda la responsabilidad que adquieren.

Por lo que entonces si el país está a cargo de estos depositarios de la soberanía para llevar a cabo las riendas del país, y que por tanto deciden el futuro de México, por ende, no puede recaer en personas que no cuenten con las aptitudes necesarias para asumir el cargo que ocupan, que padezcan de una adicción que les imposibilite cumplir de manera adecuada con esta gran responsabilidad.

Es por esta razón, que se hace imperativa la necesidad de supervisar el estado mental de quienes ocupen estos cargos, debe de existir compromiso y responsabilidad en su actuar, situación que no se logra cuando una persona padece de una adicción a las drogas.

Según datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la enfermedad de la adicción representa un problema cuyo control va mas allá de la simple voluntad de dejar de consumir, modifica el comportamiento de los enfermos y los predispone a la inadecuada toma de decisiones en diferentes áreas de su vida.

Desde la perspectiva psicológica y neurológica, la adicción es un trastorno de una cognición alterada. Las regiones y los procesos cerebrales que se involucran en el consumo de sustancias, se traslapan de forma extensiva con aquellos que se encuentran involucrados con las funciones cognitivas esenciales como son el aprendizaje, la memoria, atención, razonamiento y el control de impulsos

Por lo tanto, no es posible que una persona que padezca este tipo de consecuencias físicas y cognoscitivas y que aspira a un cargo de elección popular, pueda llevar a cabo la responsabilidad que le fue asignada en el desempeño del cargo que ocupa, con el compromiso, comportamiento, y capacidad de decisión adecuada para la comunidad que desea representar.

A nivel nacional, Baja California y Sonora han incluido en su legislación esta medida preventiva:

En Baja California, el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece en su Apartado A en el párrafo sexto lo siguiente: “los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, los resultados del examen para la detección de drogas de abuso, que deberán practicarse dentro de los treinta días anteriores a su presentación; para efectos de su posterior consulta por cualquier interesado”.

En Sonora, en su Código Electoral del Estado de Sonora, en su artículo 201, fracción VIII, establece lo siguiente: “Examen toxicológico que certifique que no es adicto al consumo de drogas prohibidas”.

Asimismo, en el artículo 202 del citado Código, establece en su fracción V, lo siguiente: “el requisito establecido en la fracción VIII del artículo anterior, deberá acreditarse con resultados recientes de exámenes toxicológico”.

Por lo que resulta necesario que la legislación se actualice y regule este aspecto referente al poder público, para restringir que este tipo de candidatos a contender a un cargo de elección popular no se encuentre bajo los efectos nocivos de las drogas.

Asimismo de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los tratados internacionales suscritos por el presidente y ratificados por el Senado, forman parte del sistema jurídico nacional, por lo que me permito mencionar lo que establece el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a los derechos políticos, dispone lo siguiente:

Artículo 23. Convención Americana sobre Derechos Humanos:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

De acuerdo al artículo 133 constitucional, la Constitución y las leyes federales así como los tratados internacionales son ley suprema de la Unión, lo cual implica que tiene validez en todo el territorio del país y deben ser acatados por todas las autoridades, sin importar si son federales, estatales, o municipales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de la aplicación e interpretación de la Convención Americana, ha estimado que:

“La aplicación y previsión de requisitos para ejercitar los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana no constituyen, perse, una restricción indebida a los derechos políticos. Estos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones.

Las restricciones deben encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo”.

En consecuencia, se propone un nuevo requisito de elegibilidad que consiste en evitar el acceso a aspirantes a los cargos de elección popular que estén sujetos algún tipo de adicción, al inicio del proceso electoral federal correspondiente.

La implantación de estas medidas como requisito obligatorio, contribuiría a dar mayor certeza que quienes ocupen estos cargos de elección popular, lo hagan atendiendo a su compromiso con la ciudadanía y no ha grupos delictivos.

Ya que como sabemos, en muchas ocasiones al ser, estos candidatos, adictos a las drogas llegan a tener vínculos con la delincuencia organizada, quienes son los que los proveen de estas sustancias, estos grupos de delincuencia organizada han aprovechado y han utilizado la corrupción en este sector como instrumento para transgredir nuestras instituciones y quebrantar nuestro estado de derecho.

La infiltración de la delincuencia organizada en estos sectores públicos se produce cuando los órganos de delincuencia organizada logran participar en precampañas o en campañas políticas financiando ó apoyando a través de los medios de comunicación o comprando votos y corrompiendo los procesos electorales democráticos. También logran influir coaccionando (mediante sobornos, amenazas o chantajes) a los políticos para obtener su apoyo gracias a los lazos familiares de estos o a la existencia de “deudas” con algunos miembros de la delincuencia organizada. Las alianzas con estas figuras políticas tienden a legitimar las actividades del grupo delictivo.

La infiltración de este nivel puede llegar a tal grado que la delincuencia organizada controle al Estado en sus decisiones más importantes, lo que equivale a comprar sus políticas públicas.

Luchar contra este tipo de prácticas es una condición necesaria si en verdad se pretende alcanzar  un desarrollo político y económico que permita combatir este sector de corrupción y combatir la pobreza y las marcadas diferencias sociales.

Los candidatos a estos puestos de elección popular deben de recaer en personas que puedan desempeñar su labor con eficiencia, compromiso, capacidad y con la salud mental suficiente para desempeñar el cargo.

Con esta iniciativa, se pretende dar mayor certeza a los ciudadanos que la persona por la que están votando va a representar adecuadamente sus intereses.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, propongo iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona una fracción VIII al artículo 55, se adiciona una fracción VIII al artículo 82, se reforma el párrafo primero del artículo 91, se adiciona una fracción VIII al artículo 95, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 55. ...

I. a VII. ...

VIII. No tener adicción sobre drogas u otras sustancias prohibidas por la ley, para acreditarlo deberá presentar los resultados de un examen practicado por una institución pública de salud ante el Instituto Federal Electoral.

...

Artículo 82. ...

I. a VII. ...

VIII. No tener adicción sobre drogas u otras sustancias prohibidas por la ley, para acreditarlo deberá presentar los resultados de un examen practicado por una institución pública de salud ante el Instituto Federal Electoral.

...

Artículo 91. Para ser secretario del despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos y no tener adicción sobre drogas u otras sustancias prohibidas por la Ley, para acreditarlo deberá presentar los resultados de un examen practicado por una institución pública de salud.

Artículo 95. ...

I. a VI. ...

VII. No tener adicción sobre drogas u otras sustancias prohibidas por la ley, para acreditarlo deberá presentar los resultados de un examen practicado por una institución pública de salud.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este decreto, a más tardar en tres meses a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1. Guerrero González, Joel, El concepto de soberanía en nuestra historia constitucional, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

2 Ibídem.

3 Actualidades en Adicciones 2012, Avances en la comprensión del fenómeno de las adicciones, Libro 1, Comisión Nacional contra las Adicciones, de la Secretaria de Salud.

4 Restricciones al ejercicio de los derechos político-electorales: los estándares internacionales de derechos humanos como criterios para su interpretación, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

5. Buscaglia, Edgardo, González Ruiz Samuel y Prieto Palma, Cesar, Causas y Consecuencias del vínculo entre la delincuencia organizada y la corrupción a altos niveles del Estado: Mejores prácticas para su combate, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

6. Ibídem.

Palacio Legislativo, en la Ciudad de México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.

REGLAS BASICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DISCUSION Y VOTACION DE LOS DICTAMENES DEL PAQUETE ECONOMICO 2014

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del señor diputado Alfredo Zamora. Dígame, señor diputado ¿con qué objeto?

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente, muchas gracias. Primero, reconocerle la prudencia, la tolerancia con la que está usted conduciendo estas sesiones. Pero también me parece que tiene que haber mayor espacio a la discusión y me parece que ahí los coordinadores de las diferentes bancadas debieran ser mucho más tolerantes.

Requerimos que este pleno realmente sea un espacio de análisis, de discusión de las ideas, donde los diputados sí con orden, sí con método pero que finalmente sí podamos discutir los temas que a la gente le van a impactar en la calle, en su bolsillo, en su familia. Creo que esto es importante y me parece que no es una cuestión menor. Solamente para dejar eso asentado, presidente y agradezco el espacio.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del señor diputado Ricardo Mejía Berdeja. Dígame, diputado ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente, al momento de levantar la votación no quedó claro el sentido de la votación. Ya aquí se han repetido votaciones cuando un punto de acuerdo de urgente resolución. Le pedimos respetuosamente que vuelva a someter la votación de este acuerdo de la Mesa Directiva para limitar la discusión del paquete hacendario.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado, no solamente ya se llevó a cabo la votación, ya se declaró el resultado. Y para la Mesa Directiva fue evidente la mayoría. Pasamos al siguiente asunto.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 29 CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE SUSPENSION Y RESTRICCION DE DERECHOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Iniciativa que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, en materia de Suspensión y Restricción de Derechos, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Arturo Escobar y Vega, y Carlos Octavio Castellanos Mijares, con el carácter de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, someten a consideración de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29, en Materia de Suspensión y Restricción de Derechos al siguiente tenor

Planteamiento del problema

Desde la instauración de la figura de suspensión de derechos, en la Constitución de 1857, no ha existido una disposición reguladora de la institución, dejando de este modo latente la aplicación de imposiciones en perjuicio de los ciudadanos.

Con lo anterior se deja ver la situación de incumplimiento en la cual se halla el Congreso mexicano, circunstancia que se agravó más a partir del 10 de junio de 2011, fecha en la cual se expidió un relevante decreto de modificación constitucional.

En aquél acto se determinó, en el artículo cuarto transitorio, la obligación del Congreso de la Unión de emitir una ley reglamentaria en el tema de la suspensión y restricción de derechos, circunstancia sin cumplir hasta el momento.

Por estas razones se presenta la siguiente iniciativa de ley con base en la siguiente

Argumentación

La limitación de los derechos de las personas dentro de un contexto de la legalidad se empezó a regular constitucionalmente a razón de 1857 continuando, posteriormente en la norma suprema de 1917.

El texto de la constitución de 1857 se hallaba, al igual que ahora, en el artículo 29. La redacción era la siguiente:

Constitución de 1857: “ Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el presidente de la República, de acuerdo con el consejo de ministros y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la diputación permanente, puede suspender las garantías otorgadas en esta constitución, con excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, y sin que la supresión pueda contraerse a determinado individuo.

Si la suspensión tuviere lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación.

Si la suspensión se verificare en tiempo de receso, la diputación permanente convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. ”

Por su parte, la redacción original del artículo 29, del texto supremo del orden jurídico mexicano de 1917 se plasmó de la siguiente manera:

“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el presidente de la República mexicana, de acuerdo con el consejo de ministros, y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrán suspender en todo el país, o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

En resumen, un análisis comparativo demuestra diferencias considerables entre una postura y otra

En ambos supuestos, incluso con los cambios sufridos antes del decreto de 10 de junio de 2011, se plasmaron siempre dos características comunes en ambas constituciones, a) el carácter de acto discrecional y, b) naturaleza política.

Al ser un acto discrecional, la autoridad encargada de llevar a cabo la suspensión no obedecía regla alguna para efectuarla, de esta manera solamente se conducía con base a su buen criterio; es decir, en una subjetividad que no propiciaba garantía alguna.

Por otro lado, la suspensión de derechos fue sin duda un acto político derivado de su falta de control judicial, en este sentido, nadie podría revisar el acto de autoridad imperante hacia la sociedad, dejando con ello la puerta abierta para poder cometerse una serie de improperios en perjuicio de la población.

Lo anterior siempre generó una molestia trascendental entre los estudiosos del tema, pero más grave resultaba la posible utilización de la institución sin la posibilidad de la revisión judicial, de este modo siempre quedó latente el peligro de vulnerar la esfera de los gobernados.

Otro aspecto controversial generador de molestia y angustia jurídica radicaba en los límites de la suspensión o restricción a los derechos, ya que los antecedentes en México dejaban mucho qué desear, por ejemplo, cuando se emitió la Ley de Prevenciones Generales Relativa a la Suspensión de Garantías Establecidas por el decreto del primero de junio de 1942, se apreciaron las garantías –Derechos fundamentales- que se suspendían, pero era tan amplía su descripción que no puede decirse de modo determinante cuáles eran sus límites.

Sin embargo, todo cambio drásticamente a razón del decreto de reforma constitucional publicado el 10 de junio de 2011. Dicho cambio fue radical para el constitucionalismo del país por las siguientes razones:

Primero, se estableció un régimen de protección hacia los derechos humanos, esto quiere decir que la defensa no se constriñe solamente sobre las prerrogativas positivadas en el orden jurídico mexicano, sino también sobre los derechos hallados en dispositivos internacionales;

Segundo, se reconoció, que a nivel internacional, los tratados cuyo objeto central de desarrollo fueran los derechos humanos, serían ley suprema, colocándolos al mismo nivel que la Constitución.

Tercero, se estableció la figura de restricción de derechos humanos y se precisó la suspensión sobre la misma materia, pero además, se legisló para que dejara de ser discrecional la instauración de la suspensión y/o restricción; asimismo, se fundó, sobre la materia, un control constitucional para que durante el tiempo de la restricción o suspensión, todo decreto del ejecutivo sea revisado de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. De esta manera se fundó un nuevo medio de control de la constitucionalidad en nuestro país;

Cuarto. Como resultado directo, se fundó en el sistema judicial mexicano la décima época, reconociéndose con el decreto que estamos comentando, un cambio de paradigma consistente en la ampliación de las esferas de protección de derechos humanos.

En este sentido, es indudable la exigencia de contar con una norma reguladora de la suspensión de derechos, para ello es imperioso tener en cuenta las obligaciones nacientes de la convencionalidad, pues la legislación y la práctica internacional obligan a respetar todo aquello suscrito por el Estado mexicano, en este sentido, los artículos 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se ocupan del tema, los cuales respectivamente están redactados del siguiente modo:

Convención Americana de Derechos Humanos

Artículo 27

Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás estados partes en la presente convención, por conducto del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 4

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo estado parte del presente pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás estados parte en el presente pacto, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Observación general sobre su aplicación.

En resumen, la suspensión o restricción de Derechos es un tema preponderante, la sociedad exige la vigencia de una norma de este tipo y precisamente para proveerles la seguridad jurídica deseada es que se presenta esta iniciativa reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por consiguiente, la iniciativa pretende regular retos derivados de la actual redacción de la Constitución, como por ejemplo, dar la cara por primera ocasión a Derechos Humanos, los cuales tradicionalmente en la historia del artículo 29 fueron asimilados a garantías, siendo ello algo impropio, pues esta última idea está más enfocada a los medios de protección de los Derechos Humanos; en este mismo tenor, bajo el cariz ideológico creemos propio referirnos a Derechos Fundamentales para el caso de los Derechos Humanos positivados en el orden constitucional y Derechos Humanos para el caso de las prerrogativas humanas reconocidas a través de los tratados internacionales.

De esta manera abordamos los tópicos aludidos como causas generadoras de la suspensión, como son la invasión, la perturbación grave de la paz pública y otros que pongan en peligro a la sociedad, reconociendo a todos los supuestos como una situación de emergencia, propiciatorias del llamado estado de excepción.

Caso de suspensión o restricción:Invasión.

En qué consiste:Invasión de un estado extranjero.

Caso de suspensión o restricción:Perturbación grave de la paz pública.

En qué consiste:Revuelta interna, cuartelazo, revolución.

Caso de suspensión o restricción:Cualquier otro que ponga en peligro a la sociedad (conflicto). En qué consiste:Terremoto, inundaciones, epidemias, hambruna, entre otras.

En la iniciativa se consideran los principios establecidos en la Constitución, como el de la proporcionalidad al peligro, legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación; pero de igual manera se toman en consideración algunas máximas como:

• La declaración de excepción será un acto administrativo generador del estado de suspensión o restricción de derechos;

• La suspensión no deberá proceder y será calificada de ilegal si atenta en contra del estado democrático;

• La labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de llevar a cabo un control constitucional ex officio;

• En ningún caso, después de concluir el estado de excepción, podrán extinguirse los derechos suspendidos o restringidos;

• Las medidas impuestas en un estado de excepción serán notificadas, en términos de la convencionalidad, a la comunidad internacional;

• Por ningún motivo, las disposiciones nacionales estarán en contra de las disposiciones internacionales aprobadas por el Estado mexicano;

• No podrá aplicarse tortura.

Por último, el texto de la iniciativa se relaciona sistemáticamente con los artículos 49 y 131 constitucionales, los cuales son las facultades extraordinarias para legislar que en este tipo de lapsos se le concede al presidente de acuerdo al texto constitucional.

Contenido y explicación de la ley

La propuesta estipula cuatro objetivos a la disposición, entre los cuales se halla regular los supuestos para la procedencia de una suspensión o restricción de derechos fundamentales o humanos; especificar el modo competencial de los órganos de poder público para la suspensión o restricción de derechos, pues reconocemos, en estos casos, un régimen de excepción a las operaciones normales de los órganos públicos; asimismo, se describe, de un modo sistemático, todos los procesos para asegurar el cumplimiento de todas las condiciones legales impuestas por los artículos constitucionales en la materia; y por último, se proveen reglas indecidibles, las cuales serán observadas por el estado con la única finalidad asegurar un estado de cosas similar al acontecido antes de la causa generadora del estado de excepción.

Para poder cumplir con todos y cada uno de los objetivos se desarrolla en la pretensión del articulado un aparato crítico, es decir definiciones sobre las cuales versa el contenido sustancial de la norma reglamentaria, en este caso se alude a expresiones discursivas del tema como lo son:

El acuerdo facultativo, referido a las facultades extraordinarias del presidente de la República para legislar respecto al aumento, disminución, creación o supresión de cuotas arancelarias, con la única finalidad de apoyar al comercio. Este acuerdo deberá emitirlo el Congreso de la Unión, el cual deberá contar por lo menos con la aprobación de las dos terceras partes de los individuos presentes de cada Cámara. Dicho acuerdo facultativo será distinto la autorización legislativa de suspensión o restricción de derechos.

El acuerdo secretarial de suspensión o restricción: será el medio por virtud del cual la mayoría de los secretarios de estado, incluido el procurador general de la República dan a conocer su autorización, por mayoría simple y de modo razonado, a la suspensión o restricción de derechos. En este sentido se pensó en una mayoría simple pues, aunque lo conveniente sin duda sería la aprobación unánime de todos los involucrados, también es cierto que las circunstancias extraordinarias del hecho pudieran contribuir a que nunca pudieran reunirse la totalidad de los Secretarios, en consecuencia y previendo una pronta respuesta del Estado, es que se propone, como un medio de pronta respuesta ante los conflictos, sesionar y autorizar con la mayoría de los involucrados.

La autorización legislativa será el documento legislativo por el cual el Congreso de la Unión, o la Comisión Permanente, si aquél no estuviera reunido, aprueba el decreto de suspensión o restricción de derechos del presidente.

Se especifican las causas generadoras del estado de excepción y a su vez se define como una declaración del Ejecutivo, proveniente por una invasión, perturbación grave a la paz pública o cualquiera otra que ponga a la sociedad en grave peligro, y las mismas a su vez debe atentar contra: el orden público, entendiendo a éste como el conjunto de los servicios y funciones públicas siguientes: la educación pública, la alimentación integral del pueblo, la demografía nacional, la seguridad pública y la planeación nacional; los derechos y libertades de los mexicanos; los servicios públicos esenciales para la comunidad; el ejercicio de las potestades ordinarias del presidente de la República y su administración, los órganos legislativos y judiciales.

La definición de garantía atiende a considerar esta voz como todos los medios procesales, por virtud del cual se puedan proteger específicamente, en los órganos jurisdiccionales, los derechos humanos y fundamentales, basándonos para obtener la presente definición en la siguiente jurisprudencia.

No. Registro: 199,492; Jurisprudencia; Materia(s): Común; Novena Época

Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; V, Enero de 1997; Tesis: P./J. 2/97; Página: 5; Genealogía: Novena Época, Tomo V, febrero 1, 1997, página 30.

Agravios inoperantes. lo son los que sostienen que los juzgadores de amparo violan garantias individuales, solamente en ese aspecto.

Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo . ...

Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios, en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 2/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y siete.

La invasión se cataloga como algún acto proveniente de algún sujeto de derecho internacional público cuya finalidad sea amenazar, generar cualquier modo de insurrección, o fuerza, contra la soberanía o independencia del país, así como contra su integridad territorial.

Por peligro se atiende a la definición dada por la fracción XXXVI del artículo 2, de la Ley General de Protección Civil, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado.

En este mismo tenor, esta exposición debe dejar en claro que la presente ley reglamentaria del artículo 29 solamente será utilizada si no es posible hacer frente a la circunstancia generadora del estado de excepción por las vías normales del estado, entendiéndose esta como las leyes de protección civil de la federación y de las entidades federativas.

Se define a la perturbación grave de la paz pública, catalogándola como todo acto de insurrección derivado de congregaciones de nacionales o grupos de extranjeros, teniendo como consecuencia el impedimento del orden constitucional en condiciones de normalidad.

Las prevenciones generales son catalogadas como el acto emitido por el presidente de la República, en términos de los artículos 29 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de las prevenciones generales se proveerán las disposiciones aplicables a todo o sólo parte del territorio nacional, por un lapso determinado de vigencia para poder concretizar una suspensión o restricción de derechos. Las prevenciones indicarán los límites de operación de los órganos de poder público y el modo de cómo asegurará el estado los derechos insuspendibles.

Asimismo, se clarifican los principios de no discriminación, proporcionalidad al peligro, racionalidad, publicidad, publicidad internacional.

Se contempla en la ley el término restricción para especificar que los derechos no solamente pueden suspenderse sino también restringirse. La diferencia entre la suspensión y la restricción radica, en que en la primera, existe una veda total sobre los derechos (a excepción de aquellos que no pueden suspenderse por enunciación constitucional); en cambio, la restricción se cataloga como la limitación parcial de los derechos, en este sentido, no puede existir la suspensión total de los mismos.

El Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra en el capítulo de las definiciones, aclarando que éste es el mismo aludido en la Ley General de Protección Civil. Se incluye en la ley porque se reconoce a este sistema como la institución con experiencia en el procesamiento de los sucesos considerados como peligrosos.

Se establece que los decretos suspensivos o restrictivos de derechos podrán ser controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vulneración a los principios de proporcionalidad al peligro, racionalidad y publicidad, teniendo derecho a ejercer la acción respectiva todo ciudadano mexicano. En este sentido, es evidente que solamente podrá incoar lo correspondiente quien demuestre un interés jurídico sobre su persona, su familia, posesiones y propiedades y jamás por la restricción de los Derechos difusos o por Derechos derivados del funcionamiento de cualquier autoridad pública en virtud de que se entiende que los mismos no operarán con normalidad en los términos de las prevenciones generales, bajo esta lógica, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado recibe de inmediato una inaplicación bajo estas circunstancias.

Por otra parte, se recuerda que por regla general y de acuerdo al proyecto de articulado presentado los actos suspensivos o restrictivos de derechos no afectarán el fondo de ningún procedimiento legislativo, administrativo, judicial, o cualquiera llevado a cabo por organismos autónomos constitucionales.

Asimismo se prevé, en caso de que tenga que alterarse por cuestiones del estado de excepción los términos de los asuntos judiciales, que el Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal emitirá un acuerdo para establecer todas las reglas pertinentes del caso.

Se estipula como máxima que la suspensión o restricción de derechos; así como la duración de los mismos, serán las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias. Todo lo anterior es consecuencia de la existencia de un proceso anormal, y por ende la lógica de restringir o suspender solamente lo indispensable. Todo lo anterior será objeto de valoración constitucional de modo oficioso por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para asegurar el cumplimiento constitucional y en ningún instante se permita o dilucide un uso faccioso de la institución consignada en el artículo 29 constitucional.

Para seguridad de los gobernados, se prevé que los actos y disposiciones de la administración pública adoptados durante la vigencia de la suspensión o restricción de derechos serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes

En atención a los compromisos internacionales y en concreto a los interamericanos se contempla que el presidente de la República, una vez aprobado el estado de excepción, instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para cumplir con el objetivo de informar, a la comunidad internacional, en términos de los compromisos internacionales suscritos por México, así como las condiciones generadoras del estado de excepción.

Se detallan en el articulado todos los elementos mínimos con los cuales debe de contar todo decreto suspensivo, los cuales debe ser establecidos con toda precisión, pues estos actos administrativos serán la base de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decretar la constitucionalidad o no de la suspensión o restricción de derechos.

En el tema del decreto suspensivo, la iniciativa aborda un caso singular, parecido al supuesto de la aprobación de los secretarios de estado para decretar la autorización a la suspensión o restricción. En este supuesto, creemos que la ley presentada solamente será utilizada ante un evento de consideraciones desproporcionadas, que desborde los causes establecidos por la protección civil, siendo así no es ajeno pensar que el evento generador del estado de excepción pueda impedir la reunión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia, se deben de buscar fórmulas que sin minar la calidad de órgano colegiado del máximo tribunal hagan un pronto y detallado análisis de todas las determinaciones emitidas administrativa y legislativamente, por lo cual se propone la fórmula de reunir al pleno con al menos nueve de sus once integrantes, sólo en caso de no poderse integrar de modo completo. En el supuesto de que no puedan reunirse nueve ministros podrá dispensarse su presencia sin que el número de éstos sea inferior a siete.

Por las consideraciones vertidas presentamos a esta asamblea el siguiente

Decreto por el cual se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en Materia de Suspensión de Derechos Humanos

Título Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1. Esta ley es reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Suspensión y Restricción  de Derechos Humanos, es de orden público e interés general, sus objetivos son, primero, regular los supuestos para la procedencia de una suspensión o restricción de Derechos Fundamentales o Humanos; segundo, especificar el modo competencial de los órganos de poder público para la suspensión o restricción de Derechos; tercero, establecer las disposiciones suficientes para configurar el pleno ejercicio de todos los Derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por México y; cuarto, asegurar, una vez concluido el estado de excepción, la restauración de la normalidad de la actuación de todas las instituciones del Estado y Derechos de las personas previos a la suspensión o restricción.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Acuerdo facultativo: Autorización emitida por el Congreso de la Unión el cual deberá contar por lo menos con la aprobación de las dos terceras partes de los individuos presentes de cada Cámara, por virtud del cual le autoriza al presidente de la República hacer uso de las facultad descrita en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional.

II. Acuerdo secretarial de suspensión o restricción: Acto formal y materialmente administrativo, por virtud del cual, los titulares de las secretarías de estado y el de la Procuraduría General de la República emiten, por mayoría simple, de modo razonado, la conformidad o no a la suspensión o restricción de derechos propuesta por el presidente de la República.

III. Autorización legislativa. Acto formalmente legislativo, pero materialmente ejecutivo, por el cual, el Congreso de la Unión, o la Comisión Permanente, si aquél no estuviera reunido, aprueba, de modo fundado y motivado el decreto de suspensión o restricción de derechos dado por el presidente de la República.

IV. Derechos Asociados: Los derechos fundamentales que los ciudadanos tendrán limitados como consecuencia lógica de la suspensión o restricción de derechos fundamentales o humanos.

V. Derechos Fundamentales: Todos los derechos humanos reconocidos en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes del orden jurídico mexicano.

VI. Derechos Humanos: Todos los derechos de protección al género humano reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México.

VII. Estado de excepción: Declaración del Ejecutivo, proveniente por una invasión, perturbación grave a la paz pública o cualquier otra circunstancia que ponga a la sociedad en grave peligro, y las mismas, a su vez deben ser atentatorias en contra de:

a) El orden público;

b) Los derechos y libertades de los mexicanos;

c) Los servicios públicos esenciales para la comunidad; o

d) El ejercicio de las potestades ordinarias de los poderes públicos.

VIII. Garantía: Medio procesal nacional, a través del cual se protegerán, por los órganos jurisdiccionales, los derechos humanos y fundamentales.

IX. Invasión: Actos provenientes de algún estado, confederación o sujetos de derecho internacional público cuya finalidad sea amenazar, generar cualquier modo de insurrección, o fuerza, contra la soberanía o independencia del país, así como contra su integridad territorial.

X. Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto período y en un sitio bien determinado.

XI. Perturbación grave de la paz pública: Todo acto de insurrección derivado de congregaciones de nacionales o grupos de extranjeros teniendo como consecuencia el impedimento del orden constitucional en condiciones de normalidad.

XII. Prevenciones Generales: Acto formal y materialmente ejecutivo emitido en términos de los artículos 29 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por virtud de los cuales se provén disposiciones aplicables a todo o sólo parte del territorio nacional, por un lapso determinado de vigencia para poder concretizar una suspensión o restricción de Derechos. Las prevenciones indicarán los límites de operación de los órganos de poder público y el modo de cómo asegurará el estado los derechos insuspendibles.

XIII. Principio de No Discriminación: Atención al pleno respeto de los derechos humanos para evitar y suprimir cualquier distinción en trato motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra acontecida contra la dignidad humana cuyo objeto sea anular o menoscabar las prerrogativas o libertades de las personas en la aplicación de la suspensión o restricción de derechos.

XIV. Principio de Proporcionalidad al Peligro: Estipulación plasmada siempre en el decreto suspensivo o restrictivo de derechos, por virtud del cual, la Constitución Política obliga al Presidente de la República, a optar sólo por aquellas medidas cualitativa y cuantitativamente adecuadas al fin.

XV. Principio de Racionalidad: Con base a datos objetivos y medibles emitir las determinaciones adecuadas para hacer frente a los supuestos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre en la inteligencia de generar el menor de los agravios y restricción de Derechos.

XVI. Publicidad: La obligación del gobierno y de los órganos legislativos, de dar a conocer a través de sus medios de difusión, tales como el Diario Oficial de la Federación, y sus sitios electrónicos, los avisos y disposiciones legales vinculados con la suspensión o restricción de derechos, así como la conclusión del periodo de suspensión de los mismos.

XVII. Publicidad Internacional: La obligación del Estado mexicano de dar a conocer a la comunidad internacional, en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la declaración del estado de excepción, así como los motivos que hayan suscitado el mismo.

XVIII. Restricción: Acto por virtud del cual, el presidente de la República, previo alguno de los supuestos reconocidos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquél no estuviere reunido, limite parcialmente el ejercicio de todos o algunos de los derechos fundamentales o humanos suscritos por México. Los derechos que no podrán limitarse en ningún caso son, los de no discriminación; al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la vida; a la integridad personal; a la protección a la familia; al nombre; a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento; conciencia y de profesar cualquier creencia religiosa; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

XIX. Sistema Nacional de Protección Civil: A la institución llamada Sistema Nacional de Protección Civil a la que hace referencia la Ley General de Protección Civil.

XX. Suspensión: Acto por virtud del cual, el presidente de la República, previo alguno de los supuestos reconocidos en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base al correspondiente acuerdo secretarial, los titulares de las secretarías de estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquél no estuviere reunido, a través de la correspondiente autorización legislativa, interrumpa de pleno, los derechos fundamentales o humanos. En ningún caso podrán suspenderse los derechos de no discriminación; al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la vida; a la integridad personal; a la protección a la familia; al nombre; a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento; conciencia y de profesar cualquier creencia religiosa; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Artículo 3. Los decretos suspensivos o restrictivos de derechos podrán ser controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vulneración a los principios de proporcionalidad al peligro, racionalidad y publicidad, teniendo derecho al ejercicio de la acción respectiva todo ciudadano mexicano.

Solamente podrá incoar lo correspondiente quien demuestre un interés jurídico sobre su persona, su familia, posesiones y propiedades y jamás por la restricción de los Derechos difusos.

Artículo 4. Los actos suspensivos o restrictivos de derechos no afectarán el contenido de ningún procedimiento legislativo, administrativo, judicial, o cualquiera llevado a cabo por organismos autónomos constitucionales.

Artículo 5. Los actos suspensivos o restrictivos de derechos no afectarán trámite, términos o plazo alguno dentro de los procedimientos enunciados en el artículo anterior, salvo que así se determine en las prevenciones generales, derivado de la naturaleza propia del supuesto del artículo 29 constitucional enfrentado.

En caso de que tenga que alterarse por razones del estado de excepción los términos de los asuntos judiciales, el Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, emitirá un acuerdo para establecer las reglas pertinentes del caso.

Artículo 6. La suspensión o restricción de derechos solamente procederá si las condiciones propias del peligro de que se trate hagan imposible enfrentarlas a través de las disposiciones contenidas en las leyes federales relativas a la protección civil.

La situación de viabilidad o no, del párrafo anterior, deberá plasmarse y razonarse en el correspondiente acuerdo secretarial y en el suspensivo o restrictivo hecho por el presidente; así como en las prevenciones generales.

Título Segundo

Limitación de Derechos

Artículo 7. Los derechos podrán ser, en términos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suspendidos o restringidos.

La correspondiente suspensión o restricción podrá ser ejercida en todo el territorio nacional o en lugar específico, determinado ello en las prevenciones generales.

Artículo 8. Procederá decretar el estado de excepción y en consecuencia la suspensión o restricción de derechos solamente ante los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otra circunstancia que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Artículo 9. Las medidas a adoptar para la suspensión o restricción de derechos; así como la duración de los mismos, serán las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias.

Las circunstancias del párrafo anterior serán objeto de valoración constitucional de modo oficioso por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 10. La declaración de la suspensión o restricción de derechos, no suspenderán, el funcionamiento de los poderes constitucionales del estado, excepto si las condiciones propias al estado de excepción no permitieran su desempeño fáctico.

Artículo 11. Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de la suspensión o restricción de derechos sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados, para ello, todo acto vulnerador de derechos podrá controvertirse, de modo directo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los plazos para controvertir lo aludido en el párrafo anterior serán desde la aplicación del acto y hasta un año natural, después de haber sido restituido el normal funcionamiento de las instituciones del estado.

Todas las indemnizaciones derivadas por el aprovechamiento de bienes fungibles por parte de las fuerzas armadas adquirirán el carácter de requisa por ello, previa comprobación de que los hechos efectivamente acontecieron, el estado deberá restituirlos en la misma cantidad, especie y calidad.

Artículo 12. Los actos y disposiciones de la administración pública adoptados durante la vigencia de la suspensión o restricción de derechos serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes, siempre y cuando no lesionen algunos de los derechos mencionados en el artículo anterior.

Título Tercero

Las condiciones previas a la suspensión o restricción de derechos fundamentales

Artículo 13. El presidente de la República considerará procedente la suspensión o restricción de derechos cuando se actualicen algunos de los siguientes supuestos, de modo generalizado en el país o en una localidad específica:

a) Una alteración grave al orden público que impida a los ciudadanos ejercer su derecho a la salud, o a la educación;

b) La limitación, independientemente de su hecho generador, del libre ejercicio de los derechos y libertades de los habitantes del país;

c) El impedimento del normal funcionamiento de las instituciones democráticas;

d) El de la limitación de los servicios públicos indispensables para el normal funcionamiento de la sociedad;

e) Ausencia de seguridad pública; El estado de cosas por virtud de las cuales las autoridades de la federación o de alguna entidad federativa demuestre, de modo constante, indubitable y general su incapacidad para prevenir delitos y llevar a cabo la seguridad de las personas en la vía pública.

Artículo 14. El acuerdo secretarial de suspensión o restricción deberá estar firmado por la mayoría de los correspondientes indicados en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo, de modo indubitable, aprobación o no a la suspensión o restricción de derechos, basando su razonamiento en criterios de oportunidad, eficacia, disposiciones constitucionales y de esta ley.

Artículo 15. Las facultades de los involucrados para firmar el acuerdo secretarial de suspensión o restricción de derechos no podrá ser delegado, ni los inferiores podrán asumirla por ausencia.

Título Cuarto

La Suspensión de Derechos

Artículo 16. Para que proceda la suspensión o restricción de derechos el presidente de la República fundamentará y motivará, de acuerdo a la Constitución y a esta ley reglamentaria, las circunstancias que considere extraordinarias y por las cuales hicieran imposible el mantenimiento de la normalidad constitucional mediante las instituciones ordinarias de las autoridades competentes.

Artículo 17. La suspensión o restricción de derechos solamente surtirá efectos previa emisión de los acuerdos secretariales; de autorización legislativa; declaración de excepción; y prevenciones generales; todos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 18. Una vez superados los hechos generadores del estado de excepción, o en caso de decretarse la inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un decreto revocatorio, dejarán de tener efectos, en su eficacia, todas las competencias en materia sancionadora y de actuación preventiva de cualquier autoridad facultada por el Sistema Nacional de Protección Civil correspondiente; así como también las medidas adoptadas en base a la suspensión o restricción.

En caso de no acatarse las disposiciones del párrafo anterior, los tribunales federales destituirán de su encargo al servidor o funcionario público renuente y se estará a lo dispuesto por las leyes administrativas y penales.

En caso de ser militares quienes incurran en la falta descrita en los dos párrafos anteriores, su actuación será juzgada bajo las leyes de dicho fuero.

Artículo 19. La suspensión y/o restricción solamente será aplicada en la parte del territorio a la cual se le aqueje el estado de excepción o en su defecto, a las extensiones determinadas por la mayoría del pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, para evitar la propagación del peligro.

Artículo 20. El presidente de la República, una vez aprobado el estado de excepción, instruirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores para cumplir con el objetivo de informar a la comunidad internacional, en términos de los compromisos internacionales suscritos por México, de la declaratoria del estado de excepción, así como las condiciones generadoras del mismo.

Capítulo Primero

De los Decretos

Artículo 21. El acuerdo secretarial; la autorización legislativa; así como las prevenciones generales deberán ser difundidos sin demora en el Diario Oficial de la Federación, así como en los demás medios de comunicación públicos del estado, escritos o electrónicos, entrando éstos en vigor desde el instante mismo de su publicación en el primero de los medios aludidos.

Asimismo, también serán de difusión obligatoria todas las otras disposiciones que la autoridad competente dicte durante la vigencia de la restricción o suspensión de derechos.

Artículo 22. Los decretos deben tener:

I. La mención de ser un acto suspensivo o restrictivo de derechos.

II. La especificación territorial en donde surtirá efectos la suspensión o restricción de derechos

III. La especificación de duración del acto administrativo de suspensión o restricción de derechos.

IV. Las circunstancias extraordinarias por las cuales devenga el decreto suspensivo o restrictivo de derechos.

V. Los artículos constitucionales y legales en los cuales se funde la determinación de suspensión y/o restricción.

VI. Las razones de la proporcionalidad al peligro y cómo las medidas asumidas en la suspensión de derechos colaborarán a eliminarlo.

VII. El principio de racionalidad por el cual se expresará cómo se asegurará generar el mínimo de limitaciones de derechos a las personas dependiendo del caso concreto sin hacer ninguna distinción en contra de grupo determinado o cualquier otro elemento que pudiera catalogarse como discriminatorio.

VIII. Un razonamiento completo, fundado y motivado por el cual se explique constitucionalmente por qué no pudo combatirse el peligro a través de las leyes federales relativas a la protección civil u otras de carácter ordinario.

Título Quinto

De la Actuación del Poder Judicial

Artículo 23. Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

Artículo 24. La Corte, para los efectos del artículo anterior, deberá reunirse en pleno con al menos nueve de sus once integrantes, en caso de no poderse integrar de ese modo en segunda convocatoria podrá dispensarse la presencia de los ministros sin que el número de éstos sea inferior a siete.

Artículo 25. Los integrantes del pleno de la Corte deberán reunirse a más tardar en un lapso de doce horas posteriores a la emisión del decreto correspondiente constituyéndose en sesión permanente para dictaminar la constitucionalidad o no del decreto de suspensión.

Artículo 26. La labor de análisis de la Corte respecto de los decretos se constreñirá exclusivamente a la declaración de su constitucionalidad, sin adentrarse en el estudio de premisas legales, salvo que la aplicación de las normas alternas afecte la propia constitucionalidad del acto o hagan sujeto de nulidad la actuación del presidente de la República.

Artículo 27. En caso de decretarse inconstitucional el decreto en estudio, dejará de tener efectos éste, así como todas sus implicaciones. Para tal efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá un acuerdo revocatorio judicial, el cual deberá darse a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, en donde podrán consultarse las razones de constitucionalidad y la restauración al orden, así como las medidas que en su caso deberán asumirse por el presidente de la República.

Artículo 28. Si una vez emitido el decreto de revocación judicial de la suspensión o revocación de derechos, éste no fuera acatado por el presidente de la República será labor del Poder Judicial de la Federación cumplir con lo establecido en su propio decreto, atendiendo a lo expresado en el artículo 18 de esta ley.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Poderes Legislativo y Judicial de la federación deberán sistematizar, al presente decreto, todas sus disposiciones orgánicas e internas.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas deberán sistematizar su legislación para hacer coherente el presente decreto con la normatividad local.

Notas:

1. Existió un antecedente indebido, el cual aconteció cuando Benito Juárez era presidente, y ministro de Gobernación Ignacio L. Vallarta, en aquella ocasión el gobernador, en su entidad suspendió derechos. Confere,Peniche López, Vicente, Garantías y Amparo,Poder Judicial de la Federación, SCJN, México, 2006, Pág. 98.

2. http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/00643087.pdf

3. 6 (La vida); 7 (prohibición de la tortura o tratos crueles); 8 (prohibición de la esclavitud); 11 (prohibición de ser encarcelado por el incumplimiento de obligaciones contractuales); 15 (prohibición de imponer condenas por actos no considerados como delictivos); 16 (personalidad jurídica); 17 (libertad de pensamiento, religión y conciencia).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2013.— Diputados: Arturo Escobar y Vega, Gabriela Medrano Galindo (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS - LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Generales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM, y suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXIX F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal en la honorable LXII Legislatura del Congreso de la Unión, someten a consideración de esta Comisión Permanente para que sea remitido a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes Generales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente presenta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los municipios son el orden de gobierno más próximo a las demandas de la ciudadanía y a pesar de que desde 1999 el poder reformador de la Unión estableció la más profunda transformación en su orden jurídico para dotarlos de una mayor fortaleza en sus atribuciones y en sus capacidades financieras, muchos de los problemas que enfrentan no sólo permanecen en su falta de atención, sino que algunos otros, se han agravado.

La obligación que hoy tienen los gobiernos municipales para ejecutar una gestión integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento y su disposición final se ve acompañada de una serie de problemas de falta de infraestructura, equipo, mecanismos de recolección y tratamiento en su disposición final congruente con las diferentes normas técnicas aplicables en la materia, algunas de ellas resultado de las características propias de los municipios, como la falta de espacios físicos o la debilidad financiera de las propias administraciones municipales.

De acuerdo con información dada a conocer en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales en nuestro país operan 238 rellenos sanitarios y 1,645 tiraderos a cielo abierto, si consideramos que en el país existen 2 mil 457 municipios, esto implica que los espacios para la disposición final de residuos deben recibir desechos de más de una municipalidad.

Adicionalmente a esta problemática y a pesar de que desde el 20 de octubre de 2004 fue publicada la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, “Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial” y que a través de los diferentes programas para la prevención y gestión integral de los residuos y el de remediación de sitios contaminados, así como de las diversas normas técnicas estatales que al respecto se han emitido, los resultados en materia de recolección separada de los residuos sigue siendo muy limitada.

La lenta adopción de los sistemas de recolección separada y sus consecuencias en la disposición y tratamiento final de los residuos sólidos provoca la pérdida de oportunidades relacionadas con el aprovechamiento de los mismos, de los efectos contaminantes en el medio ambiente e, incluso, en el caso de los municipios que han concesionado el servicio de disposición final, el incremento en el costo por el tratamiento de los altos volúmenes sin los beneficios de la separación.

En nuestro país, apenas el 11 por ciento del total de los 86 mil 357 toneladas de residuos sólidos que diariamente se recolectan en el país corresponden a una recolección separada y 76 mil 985 toneladas se recolectan sin ser  seleccionados al respecto.

No está por demás señalar que la alternancia en los gobiernos de los municipios ha provocado, en más de una ocasión, que los sistemas de recolección separados que se han incorporado innovadoramente en algunas administraciones municipales no siempre se conserven en los siguientes periodos de gobierno, lo que provoca que infraestructura como plantas de separación, vehículos con contenedores para su recolección selectiva y maquinaria para tal efecto sean sub utilizados o no empleados para su correcto fin.

Mientras prevalezca el actual diseño constitucional en la materia, las diferencias políticas, la ausencia de medidas de largo plazo y el cálculo inmediato se impondrán provocando que las inversiones públicas que se realizan en la materia, y que no son pocas, se desaprovechen en detrimento de la calidad de vida de la población, pero además que perdamos tiempo que difícilmente podremos recuperar en esta constante lucha por hacer efectivo el derecho humano a vivir en un ambiente sano.

La propuesta que se somete a su consideración pretende advertir que la respuesta integral y de fondo al problema generado por las deficiencias en el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, requiere políticas de estado, con visiones regionales y metropolitanas, de largo plazo, integrales, sistemáticas, con recursos económicos suficientes, que aprovechen el uso de tecnología de punta y la incorporación de procedimientos amables con el medio ambiente y respondan a los compromisos internacionales que nuestro país ha suscrito.

Acciones que los municipios, en el contexto actual de diversidad en sus fortalezas jurídicas, financieras y de capacidades, no pueden enfrentar sino reproduciendo las acciones deficitarias en la calidad de la prestación del servicio de disposición final y tratamiento de los residuos sólidos.

Por  lo que se considera oportuno proponer las siguientes reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Leyes Generales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de establecer un modelo de responsabilidades complementarias para que sean los gobiernos estatales quienes brinden los servicios de tratamiento y disposición final de residuos  sólidos y para que partir de las facultades legales que ya les son propias, muchas de las cuales se han contenido en las normas técnicas estatales pero cuya aplicación es de nula o muy bajo cumplimiento, determinen los criterios y características que los municipios deberán observar en la prestación de los servicios de limpia, recolección y traslado de residuos.

Cumplir con dichos estándares en la prestación del servicio público efectivamente exigirá más responsabilidad a las autoridades municipales pero dicha obligación es, a todas luces, indispensable para preservar el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano que debe pasar de la declaración formal del texto constitucional a un realidad objetiva y alcanzable con acciones diarias y verdaderas.

Sobre todo si consideramos que responder con mejores niveles de gestión en el servicio público incorporando mecanismos de recolección de residuos con métodos de selección, si bien es cierto que requiere de la adopción de medidas sustantivas como, por ejemplo, la adquisición de vehículos con características muy específicas, también lo es que la participación social, el ingenio y la creatividad de no pocas administraciones municipales ha permitido que con éxito y corresponsabilidad se adopten medidas alternativas como la recolección diferencia por origen de los residuos en diferentes días, entre otros mecanismos alternativos que demuestran que con eficiencia y eficacia pueden revertirse las grandes debilidades que las administraciones municipales enfrentan.

Pero además, la adopción de las reformas que se someten a la consideración de esta Asamblea, aliviará cargas económicas, técnicas y hasta políticas, que afectan sobre todo a gobiernos municipales que no cuentan en su territorio con lugares para el confinamiento final de los residuos, provocando controversias con los municipios circunvecinos, y que no siempre están preparados para la adopción de métodos sustentables en el tratamiento de los residuos, o que en ocasiones propician el desperdicio y mal uso de inversiones públicas pasadas por la falta de continuidad en la prestación de este servicios público.

No está por demás señalar que esperamos que la asignación de esta atribución a las autoridades estatales permita la adopción de las alternativas tecnológicas de vanguardia que incluso propicien la paulatina sustitución de los rellenos sanitarios y el mayor aprovechamiento de los residuos.

Decreto por el que se reforma el inciso c y adiciona un párrafo segundo al inciso i, ambos de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman los artículos 9 en su fracción XX, 10 en su primer párrafo y sus fracciones III a la V, IX y X, 99 en su primer párrafo y en sus fracciones II y III; se adicionan a los artículos 9 las fracciones XXI a la XXVI recorriéndose la actual XXI para pasar a ser la XXVII, al 99 una fracción IV los anteriores de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y se adiciona una fracción II Bis al artículo 7 y se reforma la fracción IV del artículo 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Primero.Se reforma el inciso c) y se adiciona un párrafo segundo al inciso i), ambos de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

...

III.Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

...

c)Limpia, recolección y traslado de residuos;

...

i)...

Los estados podrán transferir a los municipios la prestación del servicio público de tratamiento y disposición final de residuos  sólidos urbanos siempre y cuando cuenten con un plan de largo plazo autorizado por las legislaturas locales en los términos que las leyes aplicables determinen, los que deberán garantizar la calidad y nivel en la prestación del mismo de tal forma que no resulte regresivo.

Articulo Segundo. Se reforman los artículos 9 en su fracción XX, 10 en su primer párrafo y sus fracciones III a la V, IX y X, 99 en su primer párrafo y en sus fracciones II y III; se adicionan a los artículos 9 las fracciones XXI a la XXVI recorriéndose la actual XXI para pasar a ser la XXVII, al 99 una fracción IV los anteriores de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue:

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas:

...

XX. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente ordenamiento, e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales,

XXI. Controlar, en su tratamiento y disposición final, los residuos sólidos urbanos;

XXII. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público dentro del manejo integral de residuos sólidos urbanos y en lo que corresponde a las fases de su tratamiento y disposición final, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia;

XXIII. Otorgar las autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio de tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos;

XXIV. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable, de conformidad con lo establecido en esta ley;

XXV. Prevenir la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación;

X. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos, y

XXVI. Las demás que se establezcan en esta ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

...

Artículo 10. Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección y traslado, conforme a las siguientes facultades:

...

III. Controlar los residuos sólidos urbanos, en las fases de limpia, recolección y traslado;

IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de limpia, recolección y trasladode residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta ley y la legislación estatal en la materia;

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de los servicios de limpia, recolección y trasladode los residuos sólidos urbanos;

...

IX. Contribuir en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación, observando las normas técnicas que al efecto se emitan y sean aplicables en materia de limpia, recolección y traslado de residuos sólidos urbanos;

X. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de limpia, recolección y trasladode residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos,

...

Artículo 99. Los municipios, de conformidad con sus atribuciones constitucionales en la materia, las establecidas en las leyes estatales y, de ser el caso, con las que asuma como resultado de los convenios que al efecto suscriban con las entidades federativas llevarán a cabo las acciones necesarias para la prevención de la generación, valorización y la gestión integral de los residuos sólidos urbanosconsiderando:

I. Las obligaciones a las que se sujetarán los generadores de residuos sólidos urbanos;

II. Los requisitos para la prestación de los servicios de limpia, recolección y traslado; y

III. Los ingresos que deberán obtener por brindar los servicios de limpia, recolección y traslado.

IV. De ser el caso, los requisitos e ingresos por la prestación de los servicios que asuman como resultado de los convenios de asunción de funciones que para tal efecto suscriban con las entidades federativas.

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción II bis al artículo 7 y se reforma la fracción IV del artículo 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7o. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

...

II Bis. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por el almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente ley;

...

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

...

IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación y transporte, de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente ley;

...

Artículos Transitorios

Artículo Primero.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El presente decreto entrará en vigor a los noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Los estados adecuarán sus disposiciones legales en un plazo no mayor a los sesenta días desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Cuarto. Los municipios que administren y operen rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto adoptarán las disposiciones administrativas correspondientes para transferir a los estados el servicio público de tratamiento y disposición final, de los residuos sólidos urbanos.

Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Diputados: Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Víctor Manuel Bautista López (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica),  Enrique Alejandro  Flores Flores (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Lorena Méndez Denis, Tomás  Brito Lara, Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Antonio De Jesús Díaz Athié, Arturo Escobar y Vega,   Josefina García Hernández,  Verónica García Reyes (rúbrica),   Noé Hernández González,  Adriana Hernández Íñiguez,  Teresa de Jesús Mojica Morga, Graciela Saldaña Fraire, Gabriela Medrano Galindo (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM, y suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal

Quien suscribe, Ernesto Núñez Aguilar, diputado integrante de la LXII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el politólogo Dieter Nohlen, la reelección se entiende como el “derecho de un ciudadano (y no de un partido) que ha sido elegido y ha ejercido una función pública con renovación periódica de postular y de ser elegido una segunda vez o indefinidamente para el mismo cargo (ejecutivo) o mandato (parlamentario).  Es la posibilidad jurídica de un individuo que haya desempeñado algún cargo de elección popular, para contender nuevamente por el mismo cargo al finalizar el período de su ejercicio.

Se puede hablar de reelección inmediata o mediata, la primera basada: Del latín immediatus; de in, priv., y medium, medio, adjetivo, contiguo o muy cercano a otra cosa, lo que sucede en seguida sin tardanza para el mismo cargo y la segunda basada: Del latín medi?tus, part. pas. de medi?re, adjetivo, que en tiempo, lugar o grado está próximo a una cosa, mediando otra entre las dos,  es decir, deberán trascurrir uno o más periodos para postularse al mismo puesto de elección.

En México la reelección en sus diferentes modalidades y significados, es parte de un proceso que ha evolucionado desde los primeros textos jurídicos de los siglos XIX y XX principalmente. Desde la Constitución de Cádiz hasta las reformas de 1933 se ha definido su concepción e interpretación, así como las diversas corrientes interpretativas y doctrinarias derivadas de su contenido esencial, que a la fecha siguen desarrollando esquemas de viabilidad y argumentos en contra.

Al respecto, no se debe soslayar que el “contexto histórico” ha sido muy importante para su evolución. No es lo mismo, la discusión de la no reelección y reelección en los primeros textos históricos como la Constitución de Cádiz o la Constitución de Apatzingán en 1814, que en la Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos de 1917 o en su caso en el procedimiento legislativo de las reformas de 1933 antireeleccionistas, impulsadas por el Partido Nacional Revolucionario, bajo la figura del D. Plutarco Elías Calles después de la muerte D. Álvaro Obregón.

En algunas fases históricas, se previó la reelección y en otras se prohibió, de tal manera que en la actualidad prevalece el principio de no reelección inmediata para legisladores, presidentes municipales e integrantes de los ayuntamientos, así como la prohibición expresa y absoluta, en el texto constitucional vigente, de la no reelección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y para Gobernador de las entidades de la República Mexicana, a la par de una concepción que alienta la reelección como porte del proceso de democratización mexicana del siglo XXI,

En ese orden de ideas, es importante considerar que el producto histórico de la lucha revolucionaria que se inició en los albores de 1910 con las demandas político-sociales, encabezadas por Francisco I. Madero, basadas en el principio de la no reelección como un nuevo paradigma para la integración política del Estado mexicano fue la expresión que prevaleció en todos los textos político y jurídicos, posteriores a la Revolución Mexicana.

“Antes de la Constitución de 1917, todas nuestras leyes fundamentales admitieron el principio de la reelegibilidad del presidente de la República, ya sea de forma inmediata o mediata. Algunas establecieron la posibilidad de la reelección de manera explícita y otras de forma implícita, al no prohibirla. De esta forma, D. Antonio López de Santa Anna ocupo once veces la presidencia de la República; aun  cuando el tiempo total en que ocupó el cargo son poco menos de seis años: D. Benito Juárez se reeligió en tres ocasiones, y ocupó el cargo de 1858 a 1872, o sea catorce años, habiendo fallecido en el ejercicio pleno de su funciones presidenciales; D. Porfirio Díaz, se reeligió en ocho ocasiones, y gobernó de 1876 a 1911, con excepción de cuatro años (1880-1884) en que ocupó la presidencia el Gral. Manuel González, o sea treinta y un años [...]”

Los resabios de la era porfirista principalmente, los anhelos democráticos de los mexicanos en el siglo XX y los intereses para pasar de un gobierno de caudillos al de uno instituciones en la etapa posrevolucionaria, originaron una lucha y una cultura política en contra de todo acto de reeleccionista de las autoridades públicas, situación que a la fecha prevalece en varios sectores de la población, no obstante de las resistencias de doctrinarios y convencidos de la necesidad de una reelección moderada como instrumento para hacer eficiente, liberar y a su vez controlar el ejercicio del poder político.

Uno de los documentos que se pueden considerar fundamentales con los que consolidó y a su vez “finiquitó” el principio de la no reelección en México en el constitucionalismo mexicano, fue el discutido por la Convención Nacional Extraordinaria en Aguascalientes el 30 y 31 de octubre de de1932, promovido por el entonces presidente del Partido Nacional Revolucionario (PNR), Carlos Riva Palacio y el Presidente de la República Plutarco Elías Calles.

El documento fue motivado por el contexto histórico en que el Presidente Álvaro Obregón con sus afanes políticos logró reelegirse en 1928 y ser el primero en hacerlo después de la Revolución Mexicana de 1810. No obstante que no tomó protesta debido a que fue asesinado en 17 de julio del mismo año, fue electo presidente al periodo inmediato y puso en entredicho una de las demandas más sentidas del proceso revolucionario en los albores del siglo XX.

Una vez presentado y aprobado dicho acuerdo por la Convención Nacional Extraordinaria, el Comité Ejecutivo Nacional del PNR, lo presentó al Congreso una reforma cosntitucional de siete puntos el 29 de abril de 1933 en casi todos sus contenido impactando a varios artículos constitucionales.

1. Imposibilidad absoluta de reelección presidencial;

2. Imposibilidad de reelección para los gobernadores de los estados;

3. Prohibición de los gobernadores para presentarse como candidatos a diputados y senadores;

4. La extensión de dos a tres años en el mandato de los diputados al Congreso de la Unión;

5. La no-reelección inmediata para de los diputados o senadores al Congreso de la Unión;

6. La extensión del mandato de cuatro a seis años de los senadores, y

7. La renovación total de la Cámara de Senadores cada seis años.

También se incluyó que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato al igual que los miembros de los consejos municipales o de las juntas de administración civil.

En el recuento histórico, la lucha por suprimir la reelección del Sistema Jurídico Mexicano, se ha tornado importante en la medida en que se busca controlar los anhelos desmedidos por la continuación en el ejercicio del poder político. Los casos de D. Antonio López de Santa Anna y en mayor medida de D. Porfirio Díaz, son prototipitos y se encuentran en el pensamiento de los mexicanos como los detonadores principales.

El caso de la reelección de D. Álvaro Obregón y posteriormente su asesinato antes de tomar el cargo de presidente reelecto, fue paradigmático, fundó una gran reflexión para la clase política mexicana de lo que podía o no ser un retroceso de una de las demandadas y contenidos más importantes de la Revolución Mexicana de 1910, el regreso al pasado con la antítesis del Sufragio Efectivo y No reelección, enarbolado por D. Francisco Indalecio Madero.

Desde otra mirada, a pesar de que D. Benito Juárez también se reeligió en diversas ocasiones no provocó la imagen de un mal gobernante aunque su ímpetu reeleccionista privó hasta el final de sus días, con lo que se hace pertinente analizar el contexto en que se dieron los procesos de cambio histórico, en los que la idea reeleccionista o antireeleccionista en ocasiones se arraiga o deforma en la conducta de quien gobierna y no en una fórmula para controlar o liberar el poder político para su mejoramiento.

Al respecto, no es recomendable generalizar en que los contextos en los que prevaleció el reeleccionismo o antireeleccionismo son iguales, porque con seguridad se corre el riesgo de que su similitud logre persuadirnos, aunque es necesario reconocer que en varios contextos prevalece la idea de establecer incentivos positivos o negativos al presidente de la República para el ejercicio del poder, lo que trascendió injustamente en las mismas situaciones para la integración de poder legislativo y de los ayuntamientos.

Es importante considerar que el poder legislativo y los poderes de los municipios no se encuentran en las mismas condiciones que el poder presidencial, el proceso de aprendizaje en las labores del encargo son de diferentes tipos y en ambos se necesitan de habilidades obtenidas en la experiencia e incentivos en condiciones completamente diferentes.

Un ejemplo de ello, es en el perfil de los diferentes candidatos  a los puestos de elección popular. En el caso presidencial prevalece la figura de líder carismático y/o profesionalizado, entre otros, y en los de presidentes municipales, regidores y legisladores, predomina el liderazgo territorial y no necesariamente el liderazgo administrativo o en su caso legislativo. Sin embargo, en la cultura política, la idea de reelección es a rajatabla lo mismo en todos lo ordenes de gobierno, por la percepción que se tiene de los gobernantes o de las ambiciones políticas desmedidas.

La imposibilidad de la reelección presidencial, es un tema que aun pareciera antidemocrático y que se encuentra profundamente arraigado en el pensamiento y la cultura política de los mexicanos, aun con la limitante de que fuera por única vez, como en el caso más cercano, el de los Estados Unidos de América. Sin embargo en el caso de la reelección de legisladores y presidente municipales las opiniones son diversas, algunas de ellas, se inclinan a la reelección para el periodo inmediato.

A mediados del siglo pasado, comenzó nuevamente a evolucionar la discusión a favor del principio de la reelección inmediata, ésta solamente en el ámbito legislativo. Fue D. Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista quien presentó el 13 de octubre de 2013, la primera Iniciativa de Decreto en la Cámara de Diputados con la finalidad de adicionar una fracción V al artículo 59 constitucional para permitir la reelección de los diputados.

No obstante que el proyecto legislativo tuvo éxito en la Cámara de Diputados con el apoyo de los diputados Christlieb Ibarrola del Partido Acción Nacional y Alfonso Martínez Domínguez del Partido Revolucionario Institucional  “en la Cámara de Senadores, en las Comisiones Unidas, Primera de Gobernación y Segunda de Puntos Constitucionales presentaron un dictamen en que se proponía no aprobar la iniciativa de la colegisladora por lo que el proyecto fue desechado.”

Con la misma orientación de promover la reelección de merito, en 1976 el Diputado Héctor Ramírez Cuellar presentó una Iniciativa a los artículos 55 y 59 de la Constitución para permitir la elección inmediata e indefinida de los legisladores. Posteriormente en 1982, el Diputado Sergio Ruiz Pérez del Partido Popular Socialista presentó otra reforma al artículo 59 constitucional.

A partir de esas fechas, la discusión sobre la reelección legislativa tomo nuevos aires en la polémica doctrinaria a favor y en contra. Se presentaron diversas iniciativas de decreto con argumentos a favor de la reelección inmediata legislativa, en las que también se incluyó la reelección inmediata de autoridades de los ayuntamientos (presidentes municipales, síndicos y regidores), lo que significó un avance en la discusión y encontró nuevo argumentos en la célula madre del régimen jurídico mexicano, el “Municipio libre”.

Los argumentos para la defensa de este tipo de reelección en los órdenes de gobierno municipal y legisladores, tanto de los congreso locales como general de los Estados Unidos Mexicanos se basan principalmente  en la profesionalización y especialización, la rendición de cuentas, la democratización así como el fomento de relaciones políticas democracia.

En el derecho comparado destacan principalmente en el Continente Americano los casos de Paraguay, Colombia y México, en los que se permite la reelección de los ayuntamientos. Brasil aprobó la reelección por una ocasión de sus autoridades locales sólo por una ocasión.

De acuerdo a los centros de investigaciones legislativas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se han presentado, de la LVIII a la LXII legislatura, 37 propuestas de reforma y adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la reelección inmediata legislativa y en algunos casos de autoridades municipales.

• LVIII Legislatura 9 iniciativas (PAN, PRI, PRD, Congreso del Estado de Baja California)

• LIX Legislatura 10 iniciativas (Congreso de Jalisco, Congreso de Nuevo León, PAN y PRI)

• LX Legislatura 9 iniciativas (PAN, PRI, PRD y Congreso del Estado de Baja California)

• LXI Legislatura  7 iniciativas (PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano)

• LXII Legislatura 2 iniciativas (PAN y PVEM)

Los estudios que se han realizado sobre el tema son bastos, tanto de instituciones académicas, como centros de investigación legislativa, públicos y privados. En el mismo sentido, las agendas de varios partidos políticos han aceptado la reelección como parte de la democratización en México, principalmente en el ámbito legislativo y municipal

Por su parte, distinguidos constitucionalistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, también han realizado aportaciones importantes al tema de reelección, tanto en el ámbito legislativo como municipal, destacan Diego Valadés y Miguel Carbonell Miguel, entre otros, al considerar que:

“... se vuelve muy urgente y necesaria la reforma a los artículos 59 y 116 fracción II párrafo segundo constitucionales, de tal manera que se haga posible la reelección inmediatade los legisladores federales y locales. Y lo mismo vale para el caso de los dispuesto en la fracción I del artículo 115 constitucional en lo que respecta a las autoridades municipales.”

En el universo de la polémica sobre la reelección inmediata legislativa, ha surgido el tema de la reelección del mismo tipo de autoridades municipales, el cual es relativamente reciente. Se ha presentado en algunas iniciativas que proponen esta reelección en la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República, aunque su limitación nace también con la reforma constitucional de 1933.

La reelección inmediata de autoridades, objeto de la presente Iniciativa, ha sido una demanda de diversos sectores de la sociedad mexicana que han propuesto también reformas al artículo 115 en materia de ampliación de los periodos de gobierno, formación municipalista, fiscal, política, entre otros temas, así como una reforma integral en materia de municipal, para establecer la autonomía de los ayuntamientos y fortalecer sus facultades constitucionales.

Destacan organismos que han tenido una labor constante para avizorar cambios y un nuevo rumbo de los gobiernos y administraciones municipales, como los son principalmente los siguientes:

- La Federación Nacional de Municipios de México.

- La Asociación de Autoridades Locales de México.

- La Federación de Desarrollo Municipal.

- La Asociación Nacional de Alcaldes.

- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

- El Programa Nacional de las Naciones Unidas  para los Asentamientos Humanos.

El tema también ha sido parte de las agendas pública de diversas entidades federativas del la República Mexicana, así como de polémicas en los órdenes jurisdiccionales del Estado mexicanos, como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vale la pena recordar que:

“Durante la década de los noventa del siglo pasado los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango Guanajuato y Querétaro permitieron la reelección para las autoridades del ayuntamiento, mientras se tratase de un cargo distinto al que se ocupaba. Es decir, un síndico o un regidor podían postularse en el periodo inmediato para el cargo de Presidente Municipal. Este mecanismo fue cancelado con dos resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [...] al dictaminarse que la posibilidad contemplada en esas legislaciones violan lo establecido en el artículo 115 constitucional.”

La reelección inmediata de autoridades municipales, es parte de una polémica de contenidos genuinos, no es lo mismo plantear, la reelección presidencial, legislativa o municipal en el mismo orden, ambos tienen consecuencias e implicaciones diferentes, son ámbitos de gobierno diferenciados que merecen un análisis por separado.

La reelección de autoridades municipales es compleja, por lo que es recomendable que se acompañe de una reforma integral al artículo 115, para resolver las diferentes problemáticas. El hecho de que las autoridades, en un futuro puedan reelegirse al periodo inmediato, no resolverá del todo el problema, pero si contribuirá gradualmente  a fortalecer la esfera de la administración pública local.

La prohibición constitucional de 1933, se estableció para sucumbir a los gobiernos de caudillos y fortalecer al de las instituciones, preocupación, en su momento legítima. No obstante, la nueva visión del diseño de las instituciones se orienta a consolidar el trabajo entre el gobierno y los gobernados, la calidad de vida del Municipio y el perfeccionamiento de la administración. Todo ello, con la búsqueda  e innovación de controles del ejercicio del poder político, el respeto a los derechos humanos y ambientales.

Al respecto, la reelección municipalista inmediata se encuentra con dos incentivos importantes, uno fincado en el interés de los gobernantes para continuar en el encargo y la posibilidad de que la ciudadanía, a través del sufragio decida en la continuación o no de las autoridades y contar con la posibilidad de aprovechar o desechar al buen o mal gobernante, respectivamente.

Todo proyecto de cambio tiene riesgos, muchos de ellos por la implantación de las reglas no escritas que violentan el estricto apego a la ley y el respeto a las instituciones, conductas que subordinan la cultura de la legalidad por actos unilaterales. Al respecto será recomendable combatir lo invocado por varios especialistas en la materia.

[...] la reelección provocaría nuevas prácticas perversas para que los funcionarios se mantengan en sus encargos, con la posibilidad del surgimiento de nuevas formas de cacicazgo; que se provocarían problemas entre los partidos políticos y sus miembros debido a la falta de movilidad de los encargos derivada de la permanencia de los funcionarios en los mismos; que lo funcionarios descuidaran las tareas de su cargo para buscar la reelección y, sobre todo, que se perdería la expectativa cambio obligado en los ayuntamientos”

Al respecto, el estudioso Fernando Dowark, establece como argumentos a favor y en contra, los siguientes: la redición de cuentas y responsabilidad de los cuadros políticos, la profesionalización de los cuadros públicos y capacidad institucional, así como la continuidad en la planeación y los programas de gobierno, y por otra parte, reaparición o fortalecimiento de cacicazgos, los partidos políticos y el control de los gobernadores y la filtración del narcotráfico y el crimen organizado en los gobierno locales.

Es pertinente mencionar que los riesgos se tendrán prever en una reforma integral municipalista, que acompañe la reelección en éste ámbito de gobierno, para lo cual, se está trabajando desde la presidencia de la Comisión de Desarrollo Municipal y al seno del Partido Verde Ecologista de México. Se trata principalmente, de agotar las posibilidades de que prevalezca el caciquismo local que persiste, aún con reelección o sin reelección de autoridades municipales.

Para avanzar en el camino del desarrollo integral municipalista, es recomendable comenzar con la reelección inmediata de los ayuntamientos, de manera gradual, suprimiendo del texto constitucional de México los obstáculos, con la finalidad de que los Estados de la República Mexicana, congresos locales, con plena convicción federalista, juzguen lo conveniente, lo permitan o en consecuencia lo prohíban: serán ellos quienes lo decidan con pleno respeto a su soberanía.

Para lograr avanzar en la consolidación de los ayuntamientos, es necesario dotarlos de nuevas facultades, así como diseñar nuevas formas de integración política, con pleno respeto a la diversidad, la pluriculturalidad, disminuyendo la brecha entre municipios ricos y pobres, rurales, y metropolitanos, dotarlos de instrumentos para la formación de cuadros administrativos.

Para ello, se debe tomar en cuenta  que no obstante a los avances logrados en los ámbitos locales, el Municipio arrastra problemas de origen que a la fecha no han sido resueltos. La complejidad es basta por el diseño normativo propio del Sistema Jurídico Mexicano.

“En la doctrina mexicana ha sido criticada la formulación original del artículo 115. En su momento clásico el maestro Tena Ramírez, señaló que el municipio libre ingresó a la Constitución con dos defectos sustanciales: no señalar específicamente las fuentes impositivas que corresponde al municipio y la forma de resolver los conflictos de éste con las autoridades estatales. Por su parte el distinguido jurista Jorge Carpizo, señaló que al municipio `se le quería fuerte y sano, pero se le estructuró indeleble y enfermo; se le deseaba base de la división territorial y la base política y administrativa del estado pero no se le dotó de instrumentos para lograrlo.”

También se deben considerar que desde 1917 a la fecha se han realizado reformas constitucionales representativas, esfuerzos que buscan fortalecer la actividad de Municipio desde diferentes perspectivas, tanto en sus ámbitos de organización política, administrativa y jurídica, principalmente.

Según la base documental de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, el 20 de agosto de 1928 se realizó la primera reforma constitucional al artículo 115; seguido de ello, se han llevado a cabo 12 cambios más a la misma disposición jurídica. El último fue el 24 de agosto de 2009.

A la par de la reelección inmediata de las autoridades de los ayuntamientos, la reforma municipal en México es un gran desafío por resolver, debido a que el Municipio representa “una forma de descentralización [y] se debe ante todo, a que constituye una forma espontánea y primaria de organización comunal que el Estado autocrático puede pretender ahogar, pero que al Estado democrático sólo corresponde reconocerla e incorporarla a su estructura.”

En ese orden de ideas, es importante dejar claro que la presente iniciativa, al proponer la reelección inmediata de autoridades municipales, no pretende agotar la problemática y soluciones que aquejan a los ayuntamientos, solamente busca incentivar el mejor desempeño de las autoridades, fortalecer la relación entre gobernantes y gobernados, así como dar cauce a las demandas sociales en pro de la mejora de la administración y planeación del Ayuntamiento.

La presente iniciativa con la reelección municipal inmediata busca fortalecer a la célula madre de la división política y territorial de México que se halla en la estructura y formación del Municipio, a su organización e impacto en el ejercicio del poder político que se encuentran en la base de los pequeños territorios, en comunidades asentadas a lo largo y ancho del país, caracterizadas por la diversidad de población, formas primigenias, modernas y genuinas de desarrollo.

Se pretende contribuir a la mejora de Municipio que es parte de la estructura del Estado Federal Mexicano, concebido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, como base de la división territorial y administrativa de los estados, al cual, el propio precepto constitucional le reconoce la calidad de libre.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. (...)

I.(...)

(...)

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, elección indirecta, nombramiento o designación, podrán ser reelectos exclusivamente por elección directa, sólo en una ocasión.

(...)

(...)

(...)

II.(...)a X. (...)

Artículo Transitorio

Único:El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en del Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Dieter Nohlen, Diccionario de Ciencia Política, México, Editorial Porrúa, El Colegio de Veracruz, 2006 p. 1167. Ver: La reelección, México, Fundación de Estudios Sociopolíticos y Económicos Autogestión y Poder Popular, AC, – Partido del Trabajo, 2002, p. 1.

2 Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, volumen I, tomo I, México Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1997, p. 816.

3 Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Madrid, Real Academia de la Lengua Española, en línea, dirección URL: http://lema.rae.es/drae/ [consulta: 12 de septiembre de 2013].

4 Raúl González Schmal, Programa de derecho constitucional, México, Limusa, Universidad Iberoamericana, segunda edición, 2007, p. 340.

5 Derechos del Pueblo Mexicano, a través de sus constituciones, T. IV, México, Cámara de Diputados y Senadores LIX Legislatura, Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral y Editorial Porrúa, 2006 p. 939

6 Citlallin Batilde de Dios Calles, “¡Sufragio efectivo! ¿No reelección?”, México Instituto de Investigaciones Jurídicas, documentos en línea, PDF, dirección URL: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/238/18.pdf [consulta: 07 de septiembre de 2013], p. 156.

7 Ibídem, p. 158.

8 Amalia Mena Mora, “¿Tiempo de reelección?”, México, Bien Común y Gobierno, publicación mensual de la Fundación Rafael Preciado Hernández A. C., año 8, número 90, Junio de 2020, pp.45 y 46.

9 David Alberto Jaimes Delgado, “¿Cómo fortalecer el Poder Legislativo en México?: el caso de la reelección inmediata de los miembros del Congreso”, México, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm 25, Instituto de Investigaciones Jurídica UNAM, Julio-Diciembre de 2011, p. 65.

10 Consuelo Sirvent Gutiérrez, “Reelección de los legisladores en los Estados Unidos Mexicanos”, México, Quórum96, Centro de Estudio de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura. Enero-Marzo de 2009, pp. 44-45

11 Ibídem,  p. 132.

12 Miguel, Carbonell, Reforma del Estado y cambio constitucional en México,México, documento de trabajo, IIJ, UNAM, 2000, pp. 3-4.

13 Fernando Dowark,  “Un acercamiento a la reelección inmediata de las autoridades municipales”, en Fernando Pérez Noriega y Lucero Ramírez León (coordinadores), La reforma política desde la investigaciónlegislativa... Op. Cit., p. 146.

14 Crf. José Ramón Cossío Díaz y Fernando Franco, “Reelección a debate”, México, Voz y Voto, número 80, 0ctubre de 1999. Ver: José Ángel Nuño Sepúlveda, “La reelección Inmediata de los ayuntamientos, como instrumento para fortalecer los ingresos Municipales en México”, México, Revista Hacienda Municipal, número 87, Instituto para el Desarrollo el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

15 Fernando Dowark,  “Un acercamiento a la reelección inmediata de las autoridades municipales”, en Fernando Pérez Noriega y Lucero Ramírez León (coordinadores), La reforma política desde la investigaciónlegislativa, México, Instituto de Investigaciones Legislativas “Belisario Domínguez, Senado de la República, LXI Legislatura, 2010, p.133 a 143.

16 Cfr. Salvador Valencia Carmona,  “Constitución, Municipio y reforma”, en Salvador Valencia Carmona (coordinador), El Municipio en México y en el mundo, Primer Congreso Internacional Municipal, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2005, p. 526.

17 Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano,México, Editorial Porrúa, vigésima segunda edición, 1987, p. 147.

18 Cfr. Álvarez Montero, José Lorenzo, “La justicia municipal en el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Valle” en Valencia Carmona, Salvador, El Municipio en México y en el mundo, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2005, p. 3.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2013.— Diputados: Ernesto Núñez Aguilar, Tanya Rellstab Carreto, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica) Enrique Alejandro Flores (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Víctor Manuel Bautista López (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), Tomás Brito Lara (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Ahité (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Josefina García Hernández (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Gabriela Medrano Galindo (rúbrica).»

«Anexo

Texto vigente

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I.Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, perolos que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

(...)

(...)

(...)

II. (...) a X. (...)

Texto propuesto

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I.Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, elección indirecta, nombramiento o designación, podrán ser reelectos de manera inmediata, exclusivamente por elección directa, sólo en una ocasión.

(...)

(...)

(...)

II. (...) a X. (...).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY SOBRE INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, México es un país que tiene en sus manos la oportunidad de darle valor agregado a todos aquellos productos que recogen sus costumbres y sus tradiciones en los procesos de elaboración y comercialización.

De forma invaluable dichos procesos se han inmortalizado al legar oficios de generación en generación y sobretodo atesorar los valores que provienen de nuestras culturas originarias y autóctonas.

En las variedades incontables de productos únicos con características agroindustriales, así como artesanales, encontramos elementos que representan orgullosamente a los mexicanos a nivel internacional. Ejemplo de ello es el caso de éxito de la primera denominación de origen mexicana reconocida varios años atrás, el tequila, producto que nos identifica dignamente en todo el mundo.

Hoy en día los productos que se encuentran protegidos bajo denominaciones de origen emplean a más de 250 mil familias, que forman parte de la economía de 21 estados de la República, por lo que el potencial económico como factor de desarrollo nacional es altamente significativo.

México ha reconocido esa condición privilegiada y actualmente es miembro del Arreglo de Madrid y del Arreglo de Lisboa, a partir de los cuales ha registrado y protegido 14 productos bajo una denominación de origen. Por mencionar algunos, el tequila, el mezcal, la talavera, el café de Veracruz y el café de Chiapas y algunos otros más caracterizados todos por su excelente calidad y por sus procesos certificados de manufactura y comercialización.

Dichos productos no solo se identifican como originarios de un lugar, sino que representan la posibilidad de detonar el crecimiento económico de diversas regiones por contar con diferenciadores únicos, tanto industriales como humanos y en esa medida una oportunidad de nuevos empleos para miles de mexicanos.

Existen instrumentos internacionales que protegen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Desde luego el más importante es el Arreglo de Lisboa. Algunos países, entre ellos México, han desarrollado a partir de este instrumento sus ordenamientos legales internos.

La legislación mexicana en la materia se compone —entre otros— de los siguientes ordenamientos: la Ley para la Propiedad Industrial, de 1991; el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, de 1994; el Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte, de 1994; el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, del año 2000.

Adicionalmente existe gran diversidad de ordenamientos de carácter reglamentario, como las normas oficiales mexicanas y otros acuerdos, que son —insistimos— el andamiaje jurídico de la protección de las denominaciones de origen en el Estado mexicano.

Si bien a lo largo de los años se ha pretendido mejorar la regulación de los bienes protegidos bajo una denominación de origen dando mayores atribuciones a los consejos reguladores y sancionando en mayor medida la producción ilícita de bienes sin certificación alguna, esto se ha hecho desde una visión un tanto estrecha, resolviendo problemas particulares o de coyuntura de forma aislada y generando al menos las siguientes consecuencias:

Primero. Se ha hecho mucho más compleja y cada vez más desarticulada la regulación en la materia. En consecuencia, los trámites para lograr la declaratoria, los mecanismos de certificación y ejercer los medios de protección contra la producción ilegal o pirata se han vuelto mucho más complicados.

Segundo. Si bien el órgano rector en la materia es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las atribuciones que se le han dado a otros actores, como los consejos reguladores y la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen, pudieran traslaparse unas con otras generando en este entramado de atribuciones más complicaciones para la defensa de los bienes protegidos bajo una denominación de origen.

Tercero. Al ser la protección de denominaciones de origen un apéndice más en materia de protección industrial se ha nulificado lo que debería ser una política proactiva desde el gobierno para promover y fomentar la incorporación de bienes al mercado de denominaciones de origen. Desde luego, con todas las ventajas culturales, sociales y económicas que tanto a nivel regional como a nivel internacional se desprenderían de este hecho.

La problemática que hoy vivimos y venimos a señalar radica justamente en lo dispersa, y en cierta medida atomizada, que está la normatividad en materia de protección de productos bajo una denominación de origen, pero también en la parálisis que se pudiera dar en lo que debiera ser una prioridad para la agenda económica a nivel nacional y el detonante del desarrollo económico de muchas regiones de nuestro país.

Adicionalmente es oportuno comentarles que actualmente, tanto consumidores como productores se enfrentan a constantes engaños, abusos y permanentes actos de competencia desleal. Una mejor legislación debería proteger ampliamente a ambos grupos.

La producción y comercialización al margen de la ley, o incluso en contra de ella, pone en riesgo en primer lugar la salud de los consumidores y, desde luego, la estabilidad en las finanzas de los productores y los inversionistas que buscan incursionar en un mercado con productos de muy alta calidad y con rigurosos procesos de manufactura.

Esta condición de vulnerabilidad hace que sea fundamental para el país la protección y el desarrollo de mecanismos de protección a las indicaciones geográficas y la denominación de origen.

Los modelos de éxito como el tequila nos muestran claramente las oportunidades y necesidades de mejorar el sistema de protección con el que hoy se cuenta. El papel de los consejos reguladores es vital en esta tarea, en la que no solo es necesario evaluar el rol desempeñado por el organismo evaluador de la conformidad, sino también su promoción a las denominaciones de origen en los planos nacional e internacional.

La operatividad adecuada y la permanencia institucional de los consejos reguladores como asociaciones civiles, es decir, como entidades no lucrativas, debe ser garantizada dada su importancia como agentes promotores y operadores de las indicaciones geográficas.

Por ello establecer lineamientos generales apegados a principios y buenas prácticas de gobierno corporativo garantizan su adecuada y transparente operación, facilitando el desarrollo, el crecimiento y la consolidación de las denominaciones de origen.

Con cambios como estos se fortalecerá a las denominaciones de origen y, en general, a todas las indicaciones geográficas como patrimonio del Estado mexicano, activando a la vez los motores de desarrollo económico que he mencionado anteriormente.

Compañeras y compañeros diputados, los bienes inmateriales o intangibles de una nación conforman una de las partes cardinales de su patrimonio cultural y económico. La propiedad intelectual, industrial y el reconocimiento de la autenticidad de productos y servicios relacionados con su origen —entre otras materias— deben ser la prioridad en la lista de temas del Estado, principalmente por la necesidad de proteger aquellos valores no palpables que acarrean un beneficio económico y social de un gran rubro.

La comprensión de las figuras jurídicas, materia de la ley que hoy estamos presentando, debe alcanzar un nivel óptimo de detalle para poder constituirse en el andamiaje que efectivamente proteja y garantice un bienestar, desarrollo y promoción de los bienes de cierta calidad producidos en algunas regiones del territorio nacional.

Por una propuesta como la que exponemos mis compañeros legisladores de Jalisco y un servidor será posible, no solo una protección para fines comerciales de la figura jurídica de la denominación de origen —como hemos expresado anteriormente— ésta tiene una trascendencia que rebasa cualquier conclusión económica, debido principalmente a las tradiciones sociales y culturales que constituyen su elaboración, producción y comercio.

Por ello someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se crea la Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Insistimos, con esta ley se podrán establecer las bases para que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen tengan una protección legal adecuada, acorde al entorno y mercados actuales y, desde luego, al mejoramiento de la calidad de productos mexicanos con mayor proyección en mercados nacionales y extranjeros. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Abel Octavio Salgado Peña, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78  del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley sobre Indicaciones Geográficas Y Denominaciones de Origen, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país que tiene en sus manos la oportunidad de darle valor agregado a todos aquellos productos que recogen sus costumbres y tradiciones en sus procesos de elaboración y  comercialización. Invaluablemente dichos procesos se han inmortalizado al legar oficios de generación en generación y sobretodo hasta atesorar sus invaluables valores que provienen de sus culturas autóctonas, en sus variedades incontables de productos únicos con características agroindustriales, así como artesanías, y otros tantos elementos que representan orgullosamente a los mexicanos. Hoy podemos congratularnos de tener el gran ejemplo de éxito de la primera denominación de origen, reconocida varios años atrás, el Tequila, producto que identifica a todos los mexicanos internacionalmente.

Dichos productos no sólo se identifican como originarios de un lugar, sino que  representan la posibilidad de desarrollo por contar con diferenciadores únicos, una oportunidad de nuevos empleos para miles y miles de mexicanos.

El actual el Título V de la Ley de la Propiedad Industrial asimila la protección de las Denominaciones de Origen atendiendo los criterios previstos por el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional del 31 de octubre de 1958 (en lo sucesivo “el Arreglo de Lisboa”) del cual México es parte. Dicho ordenamiento define a las denominaciones de origen en el artículo 156 como “...el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos”. En adición a lo anterior, su artículo 157 señala que “La protección que esta Ley concede a las Denominaciones de Origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal”.

Las Denominaciones de Origen constituyen en sí mismas una acepción estricta de las Indicaciones Geográficas; las cuales son consideradas como el concepto en sentido amplio. Adicionando a lo antes mencionado,  la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el artículo [23] de los acuerdos ADPIC (como se define más adelante) nos aclara la diferencia estableciendo que “por Indicación Geográfica se entiende un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a dicho origen. Las Denominaciones de Origen son un tipo especial de Indicación Geográfica”.

Existen mecanismos internacionales que protegen a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, sin embargo algunos países han desarrollado sus ordenamientos legales internos que permiten proteger ese tipo de instrumentos a nivel local. En el caso de México existen diversos ordenamientos que establecen el marco legal entre ellos destacan los siguientes:

• Ley de la Propiedad Industrial (1991)

• Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (1994)

• Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (1994)

• Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (200)

• Otros acuerdos comerciales.

• Normas oficiales mexicanas aplicables.

A nivel mundial se han desarrollado instrumentos legales para proteger las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Entre los más importantes destacan:

• Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883).

• Arreglo de Madrid  para la Represión de Falsas y Engañosas Indicaciones de Origen en Bienes (1891).

• Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958)

• Acuerdo de los ADPIC (1994)

La problemática en estos menesteres radica principalmente en que la hoy regulada protección a las Denominaciones de Origen no es suficiente para satisfacer las demandas que la realidad establece; limitándose a proteger que los productos amparados por una Denominación de Origen cumplan con los requisitos establecidos en Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Economía. Sin embargo, en el mercado coexisten productos que no se encuentran regulados por normas oficiales o respecto de los cuales es potestativa la obligación a la cadena productiva de agruparse formalmente, o cumplir con requisitos mínimos para ser reconocidos como Indicaciones Geográficas.

Operar siempre bajo ese modelo puede ser muy costoso para algunos  productores, excluyendo a muchos productos mexicanos, de la posibilidad de tener una protección,  una proyección y sobretodo un valor agregado. El País pierde oportunidades de desarrollo al no tener una figura legal que contemple a las Indicaciones Geográficas en su sentido amplio dejando sin lugar a otros productos que no necesariamente pueden protegerse como Denominación de Origen.

Dichos esfuerzos serían sin duda convenientes debido a que México tiene que ampliar su legislación en estos temas, por el Arreglo de Lisboa, el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual  (ADPIC) relacionados con el Comercio, México tiene la obligación de instrumentar mayor protección.

Los Acuerdos ADPIC analizados a la luz del marco legal de la Organización Mundial del Comercio (en los sucesivo “OMC”) señala en su artículo 22 que las Indicaciones Geográficas “...son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico...”.

Ésta disposición continúa diciendo:

“....2. En relación con las Indicaciones Geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

 a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una Indicación Geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda Indicación Geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.”

México, tiene una signatura pendiente tratándose de Indicaciones Geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, (de las actuales Denominaciones de Origen al Tequila, Mezcal, Charanda y Sotol). El artículo 23 de este tratado internacional prevé que:

“1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una Indicación Geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la Indicación Geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la Indicación Geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la Indicación Geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas (Nota 10).

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una Indicación Geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una Indicación Geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de Indicaciones Geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las Indicaciones Geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las Indicaciones Geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los miembros participantes en ese sistema.”

Los consumidores se enfrentan a constantes engaños y abusos, y los productores a permanentes actos de competencia desleal. Una mejor legislación, protegería tanto a consumidores como a productores mexicanos fomentando una fuente de desarrollo económico y empleo.

La globalización de los mercados exige una amplia cobertura legal a nivel nacional con herramientas que permitan fortalecer la protección internacionalmente. Las figuras legales actuales han demostrado estar rebasadas por las acciones de piratería y competencia desleal.

El actual esquema de protección de Indicaciones Geográficas, se encuentra limitado a la sola inclusión de las Denominaciones de Origen como una subespecie de Indicaciones Geográficas pero en sentido estricto, dejando  de lado a otros productos que podrían protegerse con una Indicación Geográfica en sentido amplio, presenta adicionalmente la limitante del reducido número de países suscriptores del acuerdo de Lisboa (sólo veinticinco, lo cual en términos del mercado global es insignificante).

Debido a su diversidad cultural y geográfica México se encuentra en una situación privilegiada para la producción de bienes únicos en diversas zonas del país. Esta condición hace que sea fundamental para el país la protección y el desarrollo de mecanismos de protección a las indicaciones geográficas y la denominación de origen.

México ha reconocido esa condición privilegiada y actualmente es miembro del Arreglo de Madrid y del Arreglo de Lisboa a partir de los cuales ha registrado y protegido 14 productos bajo una Denominación de Origen:

1. Tequila

2. Mezcal

3. Olinalá

4. Talavera

5. Café Veracruz

6. Bacanora

7. Ámbar de Chiapas

8. Sotol

9. Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas

10. Charanda

11. Café Chiapas

12. Vainilla de Papantla

13. Chile habanero de la Península de Yucatán

14. Arroz del Estado de Morelos

Por otro lado, la administración de las denominaciones de origen en México presenta limitantes que se traducen en riesgos jurídicos inminentes para las mismas. La regulación actual carece de precisión respecto de las atribuciones sobre la titularidad de las denominaciones de origen y, sobretodo, la determinación de cuál es la dependencia de la administración pública federal que puede ejercer acciones relacionadas con las denominaciones de origen. Nos encontramos en un caso que pudiera definirse como problema práctico de “orfandad” respecto de las Denominaciones de Origen. La solución a lo anterior no es cargar más costos y estructura a la administración pública, cuando existen hoy en día modelos estructurales que han probado funcionar de forma más eficientes como son los Consejos Reguladores.

Lo anterior se suma a la falta de planeación en el principal eslabón de la cadena productiva de los productos agroalimentarios. Es menester proveer de una regulación que ordene económicamente la producción y el suministro de la materia prima proveniente del campo mexicano.

Los modelos de éxito como el Tequila nos muestran claramente oportunidades y necesidades de mejorar el sistema de protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. El papel de los Consejos Reguladores es vital en esta tarea, en la que no solo es necesario evaluar el papel desempeñado por el Organismo Evaluador de la Conformidad, sino también su promoción a las denominaciones de origen en los planos nacional e internacional.

El comercio internacional rebasa la capacidad de los Estados de proteger la introducción de productos apócrifos y violatorios de las indicaciones geográficas. Es imperativo dotar al Estado Mexicano de herramientas para el combate de la competencia desleal contra las denominaciones de origen y en general contra toda Indicación Geográfica. Para ello, se propone incluir la figura de las marcas de certificación de indicaciones geográficas que, como derecho privado de propiedad intelectual puede ser gestionado por los Consejos Reguladores evitando la proliferación de signos distintivos que sean motivo de actos de competencia desleal. Igualmente se propone incluir un capítulo relativo a los actos y prácticas de competencia desleal y mecanismos de difusión y promoción de las denominaciones de origen.

La creación de instituciones y figuras jurídicas que permitan la generación  y retención de valor en los eslabones primarios de las cadenas productivas de productos con Indicación Geográfica resultan igualmente importantes, la planeación estratégica a partir de la materia prima es imperante para retener valor en el tiempo y en  beneficio de todos los participantes.

Hasta ahora el marco legal mexicano en materia de denominaciones de origen ha sido soportado en el pilar de la calidad y no tanto en el de la reputación. La legislación es amplia tratándose de temas de normalización y evaluación de la conformidad, pero nos hemos olvidado de hacer una protección armónica. Razones por las cuales éste ordenamiento que proponemos fortalece las instituciones legales que protegen la reputación de las indicaciones geográficas.

Un elemento importante de protección que incorpora esta iniciativa es que la protección a las denominaciones de origen será asegurada contra toda usurpación o imitación de los términos alusivos a las indicaciones geográficas, cuya protección haya sido declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; incluso si el verdadero origen geográfico del producto figura indicado en la información comercial del mismo. También se encontrarán en éste supuesto las denominaciones o razones sociales y marcas comerciales que pretendan utilizarse de forma fraudulenta, en perjuicio, confusión o descrédito de las Indicaciones Geográficas.

No podemos ignorar que los productos con denominaciones de origen ingresan al mercado ostentando signos marcarios para distinguirse de otros de su misma clase, los productos ya en el mercado se hacen diferentes frente al consumidor por su marca. Los derechos marcarios, como una forma de propiedad privada se contraponen a los derechos directos sobre la titularidad de las denominaciones de origen, los cuales son de naturaleza pública. En México, el titular directo de las denominaciones de origen es el Estado mexicano. Esto puede generar otro tipo implicaciones sociales como la del sentimiento de “expropiación” entre quienes tradicionalmente producen bienes que con el tiempo llegan a ser denominaciones de origen. Los productos que eran de “ellos” ahora pasan a ser del Estado mexicano.

Por esos motivos es importante vincular el uso autorizado de las indicaciones geográficas con el registro de marcas de certificación de indicaciones geográficas, para tener un puente que permita unir el beneficio de un bien público con el uso de un bien privado; pero sin perder las atribuciones propias de la indicación geográfica.

Las marcas de certificación de indicaciones geográficas son modelos utilizados en otros países para proteger las indicaciones geográficas (Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Inglaterra, Canadá y China, entre otros).

Si bien el derecho que deviene por la autorización del uso de una denominación de origen es ya de carácter privado, resulta de utilidad pública la creación de figuras que permitan derechos de explotación basados en los signos distintivos de aquellos artículos protegidos bajo una denominación de origen.

la implementación en nuestro sistema legal de figuras tales como las marcas de certificación de indicaciones geográficas que hace este ordenamiento, permite vincular al control de la evaluación de la conformidad con el otorgamiento de derechos marcarios otorgados a los usuarios autorizados de las indicaciones geográficas y eso daría grandes ventajas.  La Ley Federal sobre Metrología y Normalización contiene una somera aproximación en este sentido al prever escuetamente las marcas y contraseñas oficiales, de manera que podemos decir que la ley mexicana contempla, de alguna forma, esta alternativa pero fuera de la legislación en materia de propiedad intelectual.

El registro de las marcas de certificación de indicaciones geográficas a favor de los Consejos Reguladores como usuarios administradores de éstas, permite, sin  modificar ni afectar la titularidad del Estado mexicano sobre las mismas, proteger a los productores autorizados del ingreso de productos apócrifos al mercado que evidentemente daña la reputación de las indicaciones geográficas, y además facilita al instituto mexicano de la propiedad industrial el ejercicio de sus atribuciones, al sólo otorgar registro de marcas a los solicitantes cuyos productos estén certificados, cumpliendo así con los compromisos de reciprocidad internacional.

Consecuentemente, las acciones legales de protección bajo esta ley serán ahora más eficaces, pues todo el sistema legal y judicial tiene invaluables experiencias en el ámbito marcario. Esto es así, ya que se contempla un derecho privado secundario a las indicaciones geográficas que desde el ámbito del derecho privado permitiría a los Consejos Reguladores proteger activamente las indicaciones geográficas.

La operatividad adecuada y la permanencia institucional de los Consejos Reguladores como asociaciones civiles (entidades no lucrativas) debe ser garantizada dada la importancia de ellos como agentes promotores y operadores de las indicaciones geográficas. Por ello el establecer lineamientos generales apegados a principios y buenas prácticas de gobierno corporativo garantizan su adecuada y transparente operación facilitando el desarrollo, el crecimiento y la consolidación de las denominaciones de origen.

Otra figura importante que recoge esta ley es el derecho a la oposición del registro marcario de signos distintivos que en cualquier forma contengan o aludan a una indicación geográfica o denominación de origen. La ley vigente sólo permite prevenir el registro de marcas violatorias de derechos de tercero, a posteriori, mediante acciones de nulidad.

Las políticas públicas deben permitir realizar acciones que los participantes de la cadena productiva, por si solos, no pueden emprender. La difusión de las indicaciones geográficas en los principales mercados del mundo es importante para impedir la generalización de los términos y el uso de signos descriptivos.

Con cambios como estos se fortalecerá a las denominaciones de origen y, en general, a todas las indicaciones geográficas como patrimonio del Estado mexicano, activando a la vez motores de desarrollo económico.

Por otra parte, esta iniciativa, incluye la creación de un tipo penal para proteger a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. No obstante los esfuerzos del legislador, las denominaciones de origen y sus industrias se encuentran en una situación de riesgo elevado ante un marco normativo que no cumple del todo con la función de protegerlas.

Como ejemplo hacemos alusión al Tequila, que es la primera denominación de origen reconocida por el Estado mexicano, y que ha servido de modelo para el reconocimiento, en los últimos 10 años, de más de una decena de denominaciones de origen en México. En virtud de ello, y por lo acentuado de su problemática que enseguida expondremos, constituye el ejemplo más claro para entender que las denominaciones de origen se encuentran en una profunda crisis ante un marco jurídico deficiente.

Desde los años 70 el gobierno mexicano impulsó la protección del Tequila como un producto con características particulares derivadas de su origen geográfico. De este modo fue que para 1974 se convirtió en la primera denominación de origen en el país y en 1978 fue registrada internacionalmente bajo el Sistema de Lisboa (OMPI). A pesar de la protección del Sistema de Lisboa y del propio TLCAN, en otras partes del mundo se seguían comercializando tequilas elaborados fuera de la región determinada. En Europa durante la década de los 90 se vendieron cerca de 3.5 millones de litros de licores procedentes de azúcar y que eran ilegalmente etiquetados como Tequila (OMPI).

Lamentablemente, el propio éxito comercial que hasta ahora ha alcanzado esta denominación de origen -lo que le puede suceder a cualquier indicación geográfica-, ha desatado un fenómeno ilegítimo consistente en la producción, venta y exportación de tequila apócrifo, que está dañando seriamente a la denominación de origen Tequila, con implicaciones sumamente graves: un riesgo potencial a la salud ante la falta de regulación del producto, la imagen desfavorable del tequila y el consecuente impacto negativo al comercio del tequila, ocasionando con ello un severo engaño al consumidor y la lesión premeditada en sus derechos. Insistimos, lo anterior puede ser analógicamente aplicable para todas las denominaciones de origen existentes y por existir.

Adicionalmente, siguiendo con el ejemplo del Tequila, las acciones de vigilancia y verificación realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas NOM-142-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Bebidas Alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial; NOM-006-SCFI-2012 Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones, y; NOM-070-SCFI-1994 Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, reportan que existe un significativo porcentaje de bebidas alcohólicas apócrifas denominadas “destilados de agave” y que en su gran mayoría se ofertan como Tequila.

Lo anterior demuestra cómo dichos productos representan un potencial daño al bienestar de la población de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al establecer que se afecta o se puede afectar la economía de una colectividad de consumidores cuando, en virtud de la comisión de conductas o prácticas comerciales abusivas o por el incumplimiento de normas oficiales mexicanas, se perjudican los derechos de los consumidores en forma generalizada.

En este ejemplo, el Consejo Regulador del Tequila, Asociación Civil acreditada y autorizada para evaluar la conformidad de la NOM-006-SCFI-2012 Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones, y las autoridades administrativas tales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Dirección General de Normas, la Procuraduría Federal del Consumidor, entre otras, han librado una batalla en contra de este sector de producción ilegal. Las autoridades judiciales, por su parte, no han podido ser un aliado importante de las administrativas, ante la falta de la tipificación de un delito específico que sancione el uso indebido de la denominación de origen Tequila.

La historia nos ha demostrado que las sanciones administrativas (multas, aseguramiento de producto y clausuras) impuestas a las personas o empresas que dolosa e ilegalmente atentan contra la industria del tequila mediante venta, producción o exportación de tequila falso, no han sido disuasivas de tales actividades por su rango de bajo impacto. Lo más grave es que el marco normativo actual no sólo ha sido insuficiente para frenar el problema, sino que cada día son más las personas que se suman al grupo de estafadores, pues es muy fácil advertir todos los espacios de impunidad que permite la ley al que decide defraudar al consumidor con seudotequila.

Consecuentemente, esta problemática jamás se podrá erradicar en tanto no se modifique el esquema de sanciones administrativas y el marco jurídico penal, y se sancione con cárcel a quien afecte, de una u otra forma, a las denominaciones de origen.

Esto, a pesar de que la Ley de Propiedad Industrial considera como delito la falsificación y el uso indebido de marcas comerciales, del mismo modo que considera como delito la reincidencia en infracciones administrativas, entre las que se encuentran “...usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen”.

Debe advertirse, sin embargo, que el delito de uso indebido o falsificación de marcas, protege a éstas y no a las denominaciones de origen; lo que quiere decir que el tequila falso sin marca o con una marca no registrada, quedará fuera de la hipótesis delictiva y sin posibilidad de que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia puedan reaccionar y contrarrestar estos eventos.

Por lo que hace al delito de reincidencia de infracciones administrativas, debe decirse que es una norma absolutamente ineficaz, porque el Ministerio Público está “atado de manos” para combatir el uso sin licencia de la denominación de origen, en tanto no se siga un procedimiento administrativo en todas sus instancias, y recaiga una sanción administrativa que haya quedado firme. Pero aún en el supuesto de una sanción administrativa, es muy sencillo evadir la sanción penal, pues simplemente se crea otra empresa que utilice la denominación de origen sin autorización, para no caer dentro del terreno de la reincidencia.

Existe otra razón de peso que hace ineficaz ese tipo penal; puede darse el caso de que, una empresa o persona, cuente con la autorización o licencia para usar una denominación de origen y que, sin embargo, comercialice o exporte producto adulterado o al margen de los requisitos de la norma oficial correspondiente. Este sería un supuesto que caería fuera de la norma penal comentada, porque la conducta es atípica cuando se cuenta con licencia o autorización.

La Ley General de Salud ha sido todavía menos útil para proteger a la industria tequilera. El Artículo 464 señala que “a quien adultere, contamine, altere o permita la adulteración, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, medicamentos o cualquier otra substancia o producto de uso o consumo humanos, con inminente peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”.

En muchas ocasiones no estamos en presencia de adulteración de productos, porque lo que acontece es que determinado producto, que no ha pasado por el proceso de verificación contenida en la norma oficial, es comercializado con el nombre de la denominación de origen. Este es un ejemplo de producto falso (no adulterado) que constituye un uso indebido y no autorizado de explotación comercial de una denominación de origen, la cual, como ya hemos expuesto, no es constitutiva de delito.

Elevar a rango delictivo el uso indebido o sin autorización de una denominación de origen, no solo es necesario sino obligatorio para el Congreso de la Unión, pues aquella conducta atenta contra diversos bienes jurídicos que protegen directamente las denominaciones de origen; es decir: la salud, la libre empresa, el derecho a la información, la economía familiar, etcétera. Mientras que la falsificación de marcas afecta normalmente a particulares, con consecuencias que no van más allá de lo económico, el uso indebido de una denominación de origen, afecta no sólo a la sociedad y a los involucrados en la cadena productiva de la denominación de origen respectiva, sino al titular absoluto de la denominación de origen: el Estado mexicano. De ahí que, el bien jurídico “denominación de origen”, debería tener igual o mayor protección jurídica que las “marcas comerciales”.

Por tanto, deviene incongruente que el uso indebido de marcas sea considerado delito mientras que el uso sin autorización de una denominación de origen se considere únicamente infracción administrativa.

Nuestro país al no proteger las denominaciones de origen penalmente, está faltando al principio elemental de reciprocidad internacional respecto de aquellos países que sí protegen nuestras denominaciones de origen, incluyendo la protección con tipos penales.

Por ello, podemos concluir que es manifiesta la necesidad de una política pública y de un plan estratégico de Estado que aterrice la implementación de acciones concretas tendientes a proteger las indicaciones geográficas en distintos ámbitos de la vida social. Un paso certero en esta dirección es la emisión de una legislación que proteja a las indicaciones geográficas en México con mayores y mejores alcances.

Como ya lo hemos señalado, las indicaciones geográficas son un motor de desarrollo que México ha desaprovechado. Productos que por sí mismos se ostentarían frente a la economía global como “mexicanos”, con sus respectivos diferenciadores naturales y esenciales que implican ventajas competitivas y barreras de entrada para otros competidores que no garanticen ni puedan igual la calidad ofrecida.

Este mercado debe dejar de ser potencial, debe convertirse en un mercado real, capaz de extraer ese valor hasta ahora “invisible” para algunos actores públicos y de la propia iniciativa privada que no respetan el buen nombre y la calidad de las indicaciones geográficas y, desde luego, de las denominaciones de origen.

El fortalecimiento de ambas figuras detonará, necesariamente, mano de obra mexicana. “Hecho en México” volverá a significar calidad total, a la vez que se traducirá en una sostenida y creciente fuente de generación de empleos. Autoridades y representantes no debemos esperar más, todos debemos coadyuvar desde nuestro ámbito de influencia.

Los bienes inmateriales o intangibles de una nación, conforman una de las partes cardinales de su patrimonio cultural y económico. La propiedad intelectual, industrial y el reconocimiento de la autenticidad de productos y servicios relacionados con su origen, entre otras materias, deben ser prioridad en la lista de temas que el todo Estado, principalmente, por la necesidad de proteger aquellos valores no palpables que acarrean un beneficio económico y social de gran rubor.

La comprensión de las figuras jurídicas, materia de la ley que estamos promoviendo, debe alcanzar una nivel óptimo de detalle para poder constituirse en el andamiaje jurídico que, efectivamente, proteja y garantice un bienestar, desarrollo y promoción de los bienes de cierta calidad, producidos en algunas regiones del territorio nacional. Con una propuesta como la que ahora exponemos, será posible no solo una protección para fines comerciales de la figura jurídica de la denominación de origen. Como hemos expresado anteriormente, ésta tiene una trascendencia que rebasa cualquier conclusión económica debido, principalmente, a las tradiciones sociales y culturales que constituyen su elaboración, producción y comercio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se crea la Ley sobre Indicaciones Geográficas Denominaciones de Origen

Índice de la iniciativa de la Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen:

Título I. Disposiciones preliminares

Capítulo Primero. Disposiciones Generales.

Título II. De las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen.

Capítulo Primero. De la Protección de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen.

Capítulo Segundo. De la autorización para su uso.

Título III. De las Marcas usadas en Productos designados con Indicaciones Geográficas.

Capítulo Primero.  Del las Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas.

Capítulo Segundo. Del Registro y Cancelación de Marcas relacionadas con Productos designados con una Indicación Geográfica o Denominación de Origen.

Capítulo Tercero. Del Derecho de Oposición contra Solicitudes de Registro de Marcas de Productos o Servicios.

Título IV. De las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen Extranjeras

Capítulo Primero. Del Registro y reconocimiento de las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen Extranjeras.

Título V.De la Protección Adicional de las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

Capítulo Primero.De la Nulidad de Registros Marcarios utilizados en Productos cuya Denominación se ha reconocido y registrados como Indicación Geográfica o Denominación de Origen.

Título VI. De los Consejos Reguladores.

Capítulo Primero. De la Forma de Constitución y su Autorización.

Capítulo Segundo. De las Asambleas.

Capítulo Tercero. De sus Órganos de Gobierno y Funcionarios.

Capítulo Cuarto. De sus Actividades Autorizadas.

Capítulo Quinto.De la Confidencialidad y de los Deberes de los Miembros de los Órganos de Administración.

Título VII. De la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen.

Capítulo Primero. De su Constitución.

Capítulo Segundo. De su Reconocimiento.

Capítulo Tercero. De sus Estatutos Sociales.

Capítulo Cuarto. De sus Funciones.

Capítulo Quinto. De su Financiamiento.

Título VIII. De los Apoyos en la Producción de Bienes bajo Indicación Geográfica o Denominación de Origen.

Capítulo Primero. De la Planeación Estratégica en el Suministro de Insumos Necesarios para la Producción o Fabricación de Productos designados con una Indicación Geográfica o Denominación de Origen.

Título IX. De la Protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en el Comercio.

Capítulo Primero. De los Actos de Competencia Desleal.

Título X.De las Sanciones Administrativas y Delitos.

Capítulo Primero.De la Imposición de Sanciones Administrativas.

Capítulo Segundo.De los Delitos

Título XI. De la Promoción, Difusión y Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas.

Transitorios

Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Título I Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de aplicación en toda la República sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto desarrollar productos mexicanos susceptibles de ser protegidos por una Indicación Geográfica o una Denominación de Origen, regulándolos en toda la cadena productiva, fomentar una sana competencia de los competidores y regular lo siguiente:

I. Establecer las bases para que las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen tengan una protección legal adecuada, acorde al entorno y al mercado actuales;

II. Establecer las bases para brindar una estructura adecuada a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen como motores de desarrollo económico;

III. Impulsar el mejoramiento de la calidad de productos mexicanos con mayor proyección en los mercados nacionales  y extranjeros;

IV. Dotar de atribuciones adecuadas a las dependencias de la Administración Pública Federal con relación a las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen y los sectores productivos relacionados con ellas;

V. Dotar de sanciones adecuadas para combatir la competencia desleal frente a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas;

VI. Regular la existencia y operación de los Consejos Reguladores como coadyuvantes de la protección y fomento de las Denominaciones de Origen, y

VII. Regular el registro de Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas  y marcas alusivas a productos designados por una Denominación de Origen o Indicación Geográfica.

Artículo 3o.  Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Asociación, a la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen que cuente con reconocimiento del Instituto de conformidad con lo previsto por el Título VII de esta Ley;

II. Clientes, a los adquirentes de los productos elaborados por los productores autorizados para usar una Denominación de Origen o Indicación Geográfica pudiendo ser consumidores finales, o bien, distribuidores o comercializadores de ellos;

III. Consejo Regulador, a las entidades referidas en el Título VI de esta Ley;

IV. Consumidores, a los clientes finales que utilicen o ingieran los Productos Protegidos;

V. Denominación de Origen, tendrá el significado referido en el Artículo 10° de esta Ley;

VI. Denominación de Origen Genérica o Indicación Geográfica Genérica, aquellas que, aunque se refieran al lugar o a la región donde se fabricó o comercializó inicialmente el producto, designan el nombre común de un producto en la Comunidad.

VII. Derecho de Oposición, al derecho a iniciar un procedimiento de oposición ante el Instituto.

VIII. Diario Oficial, al Diario Oficial de la Federación;

IX. Gaceta, a la Gaceta de Propiedad Industrial, referida en la Ley de la Propiedad Industrial.

X. Indicación de Procedencia, al signo utilizado para indicar que un producto proviene de un país, de una región o de un lugar determinado.

XI. Indicación Geográfica, tendrá el significado referido en el Artículo 9° de esta Ley;

XII. Indicación Geográfica Extranjera, al signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico ajeno a México y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen.

XIII. Instituto, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o IMPI;

XIV. Ley, a la Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen;

XV. Marca de Certificación, tendrá el significado referido en el Artículo 37° de esta Ley;

XVI. Marcas de productos o servicios, a las marcas utilizadas para distinguir a  productos protegidos por una Indicación Geográfica o una Denominación de Origen;

XVII. Productos Protegidos, a los productos protegidos por una Indicación Geográfica o una Denominación de Origen;

XVIII. Proveedores, a las personas físicas o morales de las que los productores autorizados para usar una Denominación de Origen o Indicación Geográfica adquieran cualquier artículo o insumo utilizado en el proceso de producción o distribución;

XIX. Reciprocidad o Principio de Reciprocidad, a la igualdad de derechos reconocidos por nuestras leyes a favor de los extranjeros en materia de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen;

XX. Sagarpa, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XXI. Secretaría, a la Secretaría de  Economía;

XXII. Tratados Internacionales, a los tratados internacionales suscritos por e Estado mexicano en la materia;

Artículo 4o.  Están sujetos a esta ley todos los productores de materias primas usadas en productos con Denominación de Origen o Indicación Geográfica, fabricantes, envasadores  comercializadores, distribuidores en cualquier forma de productos protegidos por una Indicación Geográfica o una Denominación de Origen, sus proveedores o clientes o cualquier persona que contrate o realice directa o indirectamente cualquier acto jurídico o actividad económica con o a través de cualquiera de ellos.

Artículo 5o.  Los actos jurídicos celebrados en contravención a lo previsto por esta Ley dará lugar al pago de daños y perjuicios y a la imposición de las sanciones administrativas y penales correspondientes, en el entendido de que dichos actos estarán afectados de nulidad, salvo que esta Ley señale expresamente lo contrario.

Artículo 6o. Serán supletorias de presente texto legal la Ley de Propiedad Industrial y la legislación federal. El Ejecutivo federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá interpretar y aplicar para efectos administrativos los preceptos de ésta y  tendrá las siguientes facultades:

I.  Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de las Indicaciones Geográficas y los productos derivados de ellas, la transferencia de tecnología aplicable a una Indicación Geográfica, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos protegidos por una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II.Propiciar la participación coordinada de los sectores agrícola e industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad de los productos protegidos, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo, considerándolos como un motor de la economía;

III. Tramitar y, en su caso, otorgar declaratorias de protección a Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen y autorizar el uso de las mismas bajo los supuestos previstos en esta Ley;

IV.Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de las declaratorias de protección de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica o de las autorizaciones de uso u otros registros previstos en esta Ley, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V.Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la Ley; emitir los dictámenes técnicos o solicitar a los Consejos Reguladores que emitan opiniones o dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la Ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX.Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X. Efectuar la publicación legal, a través del Diario Oficial de la Federación, así como difundir la información derivada de declaratorias y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

XI.Ostentar la titularidad primaria de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen y conceder la titularidad derivada de las Denominaciones de Origen bajo los términos de esta Ley a los Consejos Reguladores de cada denominación, cuando cumplan los requisitos previstos para tales efectos;

XII. Promover la declaratoria de Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen, según sea el caso, de productos mexicanos que por sus características pueden ser distinguidos como tales, rescatando nuestros valores y tradiciones y apoyando el desarrollo económico de los sectores primario y secundario. Para estos efectos, el Instituto fomentará:

a)La divulgación de acervos documentales sobre Indicaciones Geográficas y sus productos protegidos en el País o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La protección y registro de las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen y Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas en México y en el extranjero a través de los Consejos Reguladores autorizados y conceder el registro y protección a las Indicaciones Geográficas, Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen otorgadas en el extranjero, siempre que exista reciprocidad;

c)La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad económica alrededor de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen;

d)La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e)La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f)La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como con los Consejos Reguladores para promover y fomentar las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen, incluyendo la canalización de fondos para proyectos específicos de capacitación, promoción o investigación y desarrollo, entre otros;

XIII.Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de las Indicaciones Geográficas y Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la producción y comercialización de productos protegidos, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.Autorizar a los Consejos Reguladores que cumplan los requisitos previstos en esta Ley  y canalizar a través de ellos y los fideicomisos privados que para tales efectos sean creados en apego a las disposiciones de esta Ley, recursos para programas específicos;

XV.Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de las Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas, Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en estas materias;

XVII.Realizar estudios sobre la situación de las Indicaciones Geográficas en el ámbito nacional e internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII. Actuar como órgano de consulta en coordinación con los Consejos Reguladores autorizados, de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.Participar en la formación de recursos humanos especializados en Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar en coordinación con los Consejos Reguladores autorizados;

XX.Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI.Participar, en coordinación con las unidades competentes y direcciones generales de la Secretaría de Economía, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones;

XXII.Otorgar el reconocimiento a la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen confirme a lo previsto por el Título VII de esta Ley;

XXIII.Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables, y

XXIV. Las demás previstas en esta Ley.

Corresponde al Director General del Instituto el ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo, quien, sin perjuicio de su ejercicio directo, únicamente podrá delegarlas en los términos que se establezcan en los acuerdos respectivos, que deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno y publicados en el Diario Oficial de acuerdo a lo previsto por su estatuto orgánico.

Artículo 7o. De conformidad con lo previsto en la fracción XXII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son atribuciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las siguientes:

I. Emitir constancias de autorización para los predios a ser utilizados para la plantación de productos agrícolas o la cría de animales o peces que sean utilizados como materia prima para la producción de productos protegidos. Lo anterior en el entendido de que, tratándose de Denominaciones de Origen, dichas constancias solo se podrán emitir cuando dichos predios hubiesen sido previamente registrados ante los Consejos Reguladores en los términos que dispongan las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Establecer cuotas máximas de producción de productos agrícolas, ganaderos o pesqueros  a ser utilizados como materias primas de productos protegidos, mismas que sólo podrán concederse a los predios que cuenten con las constancias de autorización referidas en la fracción anterior. Las cuotas máximas de producción a que se refiere esta fracción, se determinarán con base en la información estadística disponible por dicha Secretaría, misma que podrá ser compartida y discutida con la colaboración y de los Consejos Reguladores y el Instituto.

III. Otorgar incentivos económicos a los participantes de las cadenas productivas relacionadas con productos protegidos

IV. Otorgar incentivos económicos especiales para programas de investigación o desarrollo a cargo de los Consejos Reguladores o bien de cualquier Denominación de Origen;

Artículo 8o. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación podrá generar un sistema de información estadística que publique datos económicos e indicadores relativos a las cadenas productivas relacionadas con Productos Protegidos. Para estos efectos podrá celebrar convenios con los distintos Consejos Reguladores a fin de intercambiar información de tal naturaleza.

Título II De las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen Capítulo Primero De la Protección de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen

Artículo 9o.Se entiende por Indicación Geográfica, en sentido amplio, al signo que se utiliza para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades, características o una reputación derivadas principalmente de su lugar de origen, y cuya producción o elaboración se realizan en la zona geográfica delimitada.

Artículo 10o.Se entiende por Denominación de Origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos y cuya producción o elaboración se realiza en la zona geográfica delimitada. Las Denominaciones de Origen son Indicaciones Geográficas en sentido estricto y quedan comprendidas dentro de las Indicaciones Geográficas.

Artículo 11o.La protección que esta Ley concede a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma está prohibido, será nulo y sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Artículo 12o.La declaración de protección de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, se hará a petición de quien demuestre tener interés jurídico. Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés jurídico:

I.Las personas físicas o morales que se localicen en un medio geográfico determinado que reúna los requisitos de reputación y los factores naturales y humanos que determinan las características esenciales del producto y que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la Indicación Geográfica o la Denominación de Origen;

II. Los Consejos Reguladores, entidades debidamente acreditadas y autorizadas para evaluar la conformidad de normas oficiales para productos de la Denominación de Origen solicitada, así como las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores que cuenten con miembros que cumplan con lo estipulado en el inciso anterior;

Artículo 13o.La declaración de protección de una Indicación Geográfica o de una Denominación de Origen, se hará de oficio por:

I.Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación y sus municipios.

Artículo 14o.La solicitud de declaración de protección a una Indicación Geográfica o Denominación de Origen se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente:

I.Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;

II. Interés jurídico del solicitante;

III. Señalamiento de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen;

IV.Descripción detallada del medio geográfico, la reputación del producto y los factores naturales, humanos, así como del producto o los productos terminados que abarcará la Indicación Geográfica o la Denominación de Origen, según sea el caso; incluyendo en el primer caso, la descripción de las características especiales del lugar del que son originarios y los diferenciadores del producto; y en el caso de los productos a ser protegidos por una Denominación de Origen, sus características, componentes, descripción del método de extracción y procesos de producción o elaboración incluyendo sus características, componentes, descripción del método de extracción y procesos de producción o elaboración incluidas en las materias primas y las principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas del producto. En su caso, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasado, así como sus controles de calidad;

V. Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la Indicación Geográfica o la Denominación de Origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas.

VI. Señalamiento detallado de los vínculos entre Denominación de Origen, producto y territorio; y en el caso de Indicaciones Geográficas los elementos que justifiquen los vínculos entre calidad y características del producto y los vínculos entre una cualidad determinada de los productos con su reputación y el origen geográfico del mismo;

VII. Las normas oficiales aplicables a los Productos Protegidos.

VIII. Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

Artículo 15o.Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará abandonada, pero el Instituto podrá continuar de oficio su tramitación en los términos del presente capítulo si lo considera pertinente.

Artículo 16o. Al registrar o proteger una Denominación de Origen o Indicación Geográfica homónima o parcialmente homónima de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica ya protegida de conformidad con lo previsto en este ordenamiento,  se deberán tomar en cuenta los factores que incitan a la confusión y en consecuencia:

I. No se registrará o protegerá una denominación homónima a menos que se diferencien entre sí suficientemente y se garantice trato equitativo a los usuarios autorizados y no inducir a error al consumidor.

II. No se registrará o protegerá una denominación homónima que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otra zona geográfica;

III. No se registrará o protegerá una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica cuando aprovechándose de la reputación de una marca, notoriedad y duración de su uso, el registro pueda inducir a error al consumidor sobre la verdadera identidad del producto.

Artículo 17o. Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de la solicitud.

Si el procedimiento se inicia de oficio, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de las menciones y requisitos establecidos en las fracciones III a la VII del Artículo 14 de esta Ley.

En ambos casos el Instituto otorgará un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Artículo 18o.Para los efectos de este capítulo se admitirá toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial. La pericial corresponderá al Instituto o a la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen. El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios, debiendo consultar, en su caso, a las cámaras, a los Consejo Reguladores o a las asociaciones que representen a los productores que demuestren interés jurídico.

Artículo 19o.Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 15 de esta ley, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, el Instituto dictará la resolución que corresponda.

El Instituto otorgará el plazo adicional de un mes para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 15 de esta Ley, sin que medie solicitud.

Artículo 20.Si la resolución a que se refiere el artículo anterior otorga la protección de la Indicación Geográfica o de la Denominación de Origen, según sea el caso; el Instituto hará la declaratoria y procederá a su publicación en el Diario Oficial. La declaración del Instituto que otorgue la protección a una Indicación Geográfica o de una Denominación de Origen, determinará en definitiva los elementos y requisitos previstos en el Artículo 14 de esta Ley.

Artículo 21.La vigencia de la declaración de protección de una Indicación Geográfica o de una Denominación de Origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto.

Artículo 22.Los términos de la declaración de protección a una Indicación Geográfica o de una Denominación de Origen podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en este capítulo, pero siempre en consenso de los usuarios, Consejos Reguladores y/o asociaciones de productores que sean usuarios autorizados de la Denominación de Origen o Indicación Geográfica que se pretende modificar. La solicitud relativa, deberá expresar lo exigido por el Artículo 14 de esta Ley, y un señalamiento detallado de las modificaciones que se piden y las causas justificadas que las motivan.

En ningún caso se podrá modificar el territorio de la declaratoria inicial tanto de una Denominación de Origen como de una Indicación Geográfica, salvo ésta sea solicitada por al menos el 80% de los productores usuarios autorizados.

Artículo 23.El Estado mexicano será el titular de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen. El Instituto a petición de parte podrá delegar la administración del uso de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica, con carácter de Administrador Delegado, primeramente en el organismo evaluador de la conformidad o Consejo Regulador encargado de evaluar la conformidad, tal y como se define en la Ley de Metrología y Normalización, de una Norma Oficial Mexicana para productos protegidos con Denominación de Origen, o bien en su defecto, la Cámara del giro que corresponda o en la Asociación de productores, la que represente a la mayoría de los productores. El reglamento de ésta ley señalará los requisitos necesarios para otorgar la administración a que este párrafo se refiere.

La Denominación de Origen o Indicación Geográfica sólo podrá usarse mediante autorización que expida, el Administrador Delegado o en su defecto, la expedirá el Instituto. En caso de negativa de otorgamiento de la Denominación de Origen o Indicación Geográfica por parte del Consejo Regulador, el solicitante podrá presentarlo ante el Instituto quien revisará la conformidad de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos y las razones y pruebas de ambas partes.

El Instituto emitirá y publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo delegatorio que de manera enunciativa y no limitativa otorgue las facultades y el mandato para llevar a cabo la administración y la defensa de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica.

Los Administradores Delegados de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica que sean designados conforme a este artículo, serán usuarios autorizados para los efectos previstos en el artículo quinto del Arreglo de Lisboa.

Artículo 24.El Instituto o los Administradores Delegados que administren una Denominación de Origen o Indicación Geográfica, previa notificación a la Secretaria de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de esta Ley, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales. La opinión de la Secretaría de Relaciones podrá emitirse en forma general sin que sea necesaria una opinión para cada caso concreto.

Capítulo Segundo De la autorización para su Uso

Artículo 25.La autorización para usar una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica constituye un derecho privado a favor de los terceros a quienes se les conceda, deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos:

I. Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la Denominación de Origen o la Indicación Geográfica;

II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

III. Tratándose de Denominaciones de Origen, que cumpla con las normas oficiales establecidas por las dependencias competentes conforme a las Leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate a opinión de la Asociación, y

IV. Los demás que señale la declaración.

Los actos realizados frente a un tercero o un Consejo Regulador por un productor o persona autorizada para usar una Denominación de Origen y viceversa, son actos de comercio y por tanto de derecho privado.

Para los efectos de los señalado en la fracción anterior, se entenderá que los solicitantes cumplen con la Norma Oficial Mexicana correspondiente, cuando cuenten con certificados de productor autorizado vigentes, de acuerdo con lo que para el efecto establezca.

Artículo 26.La solicitud para obtener una autorización de uso de la Indicación Geográfica o una Denominación de Origen deberá contener los datos y estar acompañada de los documentos que se señalen en el reglamento de esta Ley.  Igualmente deberán acompañar el dictamen favorable emitido por los Consejos Reguladores, tratándose de Denominaciones de Origen.

Artículo 27.Al recibir la solicitud de autorización de uso de una Indicación Geográfica o de una Denominación de Origen, el Instituto procederá en los términos previstos por el artículo 14 de esta Ley y, en caso de que se satisfagan los requisitos legales, procederá a su otorgamiento.

Igualmente deberán acompañar el dictamen favorable emitido por los Consejos Reguladores, tratándose de Denominaciones de Origen.

Artículo 28.Los efectos de la autorización para usar una Indicación Geográfica o una Denominación de Origen durarán 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto, y podrán renovarse por períodos iguales, previa solicitud y pago de derechos correspondiente.

Artículo  29.El usuario de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica esta obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización.

Artículo 30.El derecho a usar una Denominación de Origen o Indicación Geográfica podrá ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión sólo surtirá efectos a partir de su inscripción en el Instituto, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usar la Denominación de Origen o Indicación Geográfica, según corresponda.

Artículo 31.El usuario autorizado de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de dicha Denominación de Origen o Indicación Geográfica, únicamente a quienes distribuyan o vendan productos elaborados por el productor autorizado y que el producto cumpla con los requisitos previstos en éste capítulo, productos que deberán estar distinguidos mediante marcas u otros signos distintivos susceptibles de uso exclusivo, que sean propiedad de o se encuentren bajo licencia exclusiva a favor del usuario autorizado. El convenio surtirá efectos a partir de los 15  quince días naturales posteriores a su presentación en el Instituto o ante el administrador delegado de la Denominación de Origen o Indicación Geográfica.

El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del Artículo 25. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere o dejara de cumplir con esta obligación, procederá la negación o cancelación del Convenio por el Instituto, o su suspensión por el administrador delegado.

Tratándose de productos sujetos a una norma oficial mexicana, los usuarios autorizados que pretendan autorizar el uso de la Denominación de Origen o Indicación Geográfica a un tercero conforme a lo previsto por este artículo, deberán además contar con certificados de productor autorizado vigentes, de acuerdo con lo que para el efecto establezca la norma oficial correspondiente.

Artículo 32.La autorización de usuario de una Denominación de Origen o de una Indicación Geográfica dejará de surtir efectos por:

I. Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley o cuando se haya probado la preexistencia de una práctica de competencia desleal;

b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos;

II. Cancelación, cuando el usuario autorizado use la Denominación de Origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección;

III. Por terminación de su vigencia.

IV. En el caso de las Denominaciones de Origen, cuando la licencia para el uso de una Marca de Certificación de Indicación Geográfica quede sin efectos o sea cancelada por el Consejo Regulador correspondiente.

Artículo 33.Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación se harán por el Instituto, de oficio, a petición de parte, del administrador delegado o del Ministerio Público Federal o del Consejo Regulador autorizado, tratándose de Denominaciones de Origen.

Artículo 34.Además de las publicaciones previstas en este capítulo, se publicarán en la Gaceta las declaraciones que emita y autorizaciones que otorgue el Instituto, así como cualquier acto que dé por terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de Denominación de Origen.

Artículo 35. Para los efectos de lo previsto en el artículo 30 de este ordenamiento, únicamente se podrá convenir el uso con personas que cuenten con el uso autorizado de una Denominación de Origen o de una Indicación Geográfica, cuando dichas personas elaboren el producto final que ostentará la Denominación de Origen, dentro del territorio protegido por la declaratoria correspondiente. Para estos efectos se entiende por producto final el producto como será presentado para su consumo al cliente final. Tratándose de Denominaciones de Origen, se tendrá que comprobar ante el Instituto que el solicitante que adquiere cuenta con certificado vigente otorgado por el Consejo Regulador correspondiente.

Artículo 36.  Para efectos de lo previsto por la fracción III del artículo 25 anterior, se entenderá que el solicitante cumple con la Norma Oficial Mexicana correspondiente, cuando cuente con un certificado de conformidad vigente emitido por el Consejo Regulador autorizado por el Instituto bajo esta Ley.

Título III De las Marcas usadas en productos designados con Indicaciones Geográficas Capítulo Primero De las Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas

Artículo 37. Se entiende por Marca de Certificación cualquier palabra, nombre, símbolo o combinación, para ser usado o susceptible de usarse por una persona diferente de su titular, en el comercio con licencia de uso otorgada por el Consejo Regulador que sea titular de la misma, con la finalidad de distinguir los productos protegidos como productos certificados, así como el origen de una región geográfica, modos de manufactura, insumos, producción, cualidades y especificaciones del producto o servicio y en general el cumplimiento con las reglas de uso emitida por el Consejo Regulador correspondiente.

En lo no previsto por este ordenamiento, las Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas se entenderán protegidas como marcas notoriamente conocidas y famosas, en los términos previstos por el Capítulo II Bis del Título IV de la Ley de la Propiedad Industrial, sin necesidad de declaratoria sobre su notoriedad ni de actualización alguna.

Artículo 38. Tratándose de Denominaciones de Origen, el Instituto podrá autorizar como titulares de las Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas únicamente a los Consejos Reguladores de la Denominación de Origen correspondiente, siempre que cumplan los requisitos previstos en el Artículo 62 de esta Ley.

En el caso de las Denominaciones de Origen cuya declaratoria hubiese sido emitida por una autoridad extranjera, el titular de una Marca de Certificación de Indicación Geográfica podrá ser cualquier empresa o institución nacional o extranjera, de derecho público o privado, organismo estatal, regional o internacional que tenga un control legítimo sobre los productos o servicios protegidos por la Marca de Certificación de Indicación Geográfica, siempre que, de acuerdo a lo previsto en este ordenamiento, la misma no provoque confusión en los consumidores respecto de una Denominación de Origen protegida por el Instituto y siempre que en dicho país existiera reciprocidad con relación a las Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas otorgadas por el Instituto.

Artículo 39. El Consejo Regulador solicitante no podrá producir los productos o proporcionar los servicios protegidos por la Marca de Certificación, y deberá establecer un reglamento para el uso y la gestión de la misma.

El Consejo Regulador o en su caso el solicitante cuando se trate de Denominaciones de Origen extranjeras, deberá presentar ante el Instituto la solicitud de registro de la Marca de Certificación de Indicación Geográfica que deberá de contener:

I. Nombre de la Marca de Certificación de Indicación Geográfica,

II. Nombre del Consejo Regulador quien funge como titular y administrador de la Marca de Certificación de Indicación Geográfica incluyendo la autorización otorgada por el Instituto, o en su caso el nombre de la entidad que detenta el legítimo control de los productos protegidos,

III. Un expediente técnico de la Marca de Certificación de Indicación Geográfica, con la información referida en el Artículo 40 siguiente;

IV. Reglas de uso; y

V. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 40. El expediente técnico de la Marca de Certificación de Indicación Geográfica deberá expresar en adición a la solicitud y sus anexos:

I. En el caso de Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas a ser otorgadas por el Instituto:

a) Copia de sus estatutos sociales debidamente compulsados y documento que acredite la personalidad de su representante;

b) Copia de la Autorización del Instituto referida en el artículo 25;

c) Los criterios bajo los cuales se concederá el uso de la misma a las personas que cuenten con autorización de uso de la Denominación de Origen correspondiente;

d) Fecha de primer uso de la marca, y

e) Nombre y domicilio del solicitante.

II. En el caso de Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas extranjeras cuyo registro sea solicitado al Instituto:

a) Documentos que acrediten la legal existencia y la personalidad de su representante;

b) Las características físicas, químicas y cualesquiera otras relevantes en el producto;

c) La denominación y categoría de la Marca de Certificación;

d) El territorio geográfico delimitado por la Denominación de Origen que le haya sido designada a los productos;

e) Los criterios bajo los cuales se concederá el uso de la misma a las personas que cuenten con autorización de uso de la Denominación de Origen correspondiente;

f) Fecha de primer uso de la marca, y

g) Nombre y domicilio del solicitante.

Tratándose de Denominaciones de Origen, el solicitante deberá demostrar que ejerce un control legítimo sobre el las marcas relacionadas de manera directa o indirecta con la Marca de Certificación de Indicación Geográfica. Se entenderá que el Consejo Regulador solicitante ejerce el legítimo control cuando cuente con la autorización del Instituto.

El registro de una Marca de Certificación de Indicación Geográfica constituye derechos de carácter privado.

Artículo 41. Las reglas de uso de la Marca de Certificación de Indicación Geográfica deberán entre otras contener:

I. Condiciones y modalidades de uso.

II. Personas físicas o morales que se considerarán autorizadas para el uso.

III. Las características garantizadas por la presencia de la marca.

IV. Medidas de ejercicio de control anterior y posterior a la autorización o licencia de uso de la Marca de Certificación, incluyendo las causas de suspensión o cancelación de la licencia de uso.

V. Referencia a la Norma Oficial Mexicana cuya conformidad es certificada por el Consejo Regulador y las reglas de uso propuestas; y tratándose de solicitantes extranjeros con relación a Denominaciones de Origen extranjeras, incluir una copia de los estándares que determinen la manera en que se utilizará la Marca de Certificación de Indicación Geográfica.

Artículo 42. La Marca de Certificación de Indicación Geográfica tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de su solicitud, la cual podrá ser renovada por periodos iguales.

Si la Marca de Certificación de Indicación Geográfica fuera cancelada, anulada o no fuera renovada en tiempo, dicho signo distintivo no podrá ser usado ni registrado como signo distintivo por una persona distinta al titular durante un plazo de 10 años contados desde el vencimiento, cancelación, anulación, disolución o desaparición del titular, o cualquier otra situación que implicara la desaparición del signo distintivo.

Capítulo Segundo Del registro y cancelación de Marcas relacionadas con productos designados con una Indicación Geográfica o Denominación de Origen

Artículo 43. Solo podrán registrarse marcas con referencia a nombres geográficos cuando sean empleadas para productos protegidos por Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen designadas o reconocidas por el Instituto y sus solicitantes sean personas autorizadas por el Instituto para el uso de la Indicación Geográfica; y tratándose de Denominaciones de Origen, los solicitantes deberán contar con licencia para el uso de la Marca de Certificación de Indicación Geográfica otorgada por el Consejo Regulador correspondiente. Todas las solicitudes deberán reservarse el derecho exclusivo sobre el nombre de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen

Artículo 44. Las Denominaciones de Origen no podrán pasar a ser genéricas, tampoco podrán reconocerse ni registrarse denominaciones que se confundan con variedades vegetales o razas animales por considerarse que son denominaciones que confunden al consumidor.

Artículo 45.  Las Denominaciones de Origen, las Indicaciones Geográficas y las Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas serán oponibles a cualquier registro marcario y, en este sentido, tendrán la misma protección que se otorga a las marcas notoriamente conocidas y famosas, en los términos previstos por el Capítulo II Bis del Título IV de la Ley de la Propiedad Industrial, sin necesidad de declaratoria sobre su notoriedad ni de actualización alguna.

Artículo 46.Las marcas para Productos Protegidos se tramitarán y se registrarán conforme a lo previsto por la Ley de la Propiedad Industrial y por las disposiciones especiales contenidas en este ordenamiento, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales aplicables.

Artículo 47. El Instituto desechará cualquier solicitud de registro de una marca de productos o servicios relacionada con Productos Protegidos si dicha solicitud es contraria a lo previsto en este ordenamiento.

Capítulo Tercero Del derecho de oposición contra solicitudes de registro de marcas de productos o servicios

Artículo 48. Una vez que la solicitud de registro de un signo distintivo de los referidos en el Capítulo Segundo anterior haya pasado el examen de forma, antes de la conclusión de dicho examen de fondo, deberá ser publicado en la Gaceta de la propiedad industrial para efecto de oposición y manifestaciones de terceros perjudicados por el registro de los mismos o de los Consejos Reguladores.

La oposición deberá formularse ante el Instituto mediante escrito debidamente fundado y motivado conforme a lo señalado en el Artículo 51 siguiente, en un periodo no mayor a cuarenta y cinco días naturales después de la primera publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Artículo 49.Si en el plazo de  cuarenta y cinco días referido en el Artículo anterior no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del examen fondo efectuado resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones o limitaciones previstas en este ordenamiento o en la Ley de la Propiedad Industrial, la marca será registrada. En este caso, la el Instituto publicará el registro de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial y expedirá el título de registro de la marca.

Artículo 50.Podrá iniciarse un procedimiento administrativo de oposición cuando una vez publicada la solicitud de la marca, un tercero que se considere  perjudicado por el registro de la misma o el Consejo Regulador de la Denominación de Origen relacionada con los productos o servicios que se pretendan proteger con la marca en cuestión, invocando las prohibiciones previstas en este ordenamiento o en la Ley de Propiedad Industrial en lo que resulte aplicable.

Artículo 51.  La solicitud de Procedimiento de Oposición deberá contener:

I. Nombre del tercero perjudicado o Consejo Regulador afectado por el registro de la marca acreditando la legal existencia y la personalidad de su representante, en su caso.

II. Domicilio del tercero perjudicado o Consejo Regulador en donde se incluyan, calle, numero, ciudad, estado, código postal y teléfono.

III. Nombre y domicilio del representante legal del solicitante, en su caso.

IV. Razones por las cuales el tercero perjudicado o Consejo Regulador considera que el signo distintivo propuesto por el registrante no debe de ser registrado.

V. Comprobante de pago de derechos.

Artículo 52.El procedimiento administrativo de oposición será sustanciado de conformidad a las disposiciones establecidas para las infracciones en la Ley de la Propiedad Industrial.

Título IV Del registro y reconocimiento de las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen extranjeras Capítulo Primero

Artículo 53. Se entenderá por Indicación Geográfica extranjera aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad distinta al territorio mexicano, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, físico o humano.

El uso de las Indicaciones Geográficas por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal, aun en el caso de que dichos usos vayan acompañadas de expresiones tales como “género”, “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” y otras similares que igualmente creen confusión en el consumidor.

Articulo 54. No podrán ser reconocidas como Indicaciones Geográficas, cuando  sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o puedan inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos o puedan ser consideradas como comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate.

Artículo 55. La solicitud de declaración de protección de una Indicación Geográfica de procedencia extranjera se presentará ante el Instituto debiendo cumplir los mismos requisitos que una Indicación Geográfica de procedencia nacional y su vigencia estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, por lo cual el Instituto podrá dejar sin efecto dicha declaración en el evento de que se modifiquen las condiciones que la originaron. Los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección.

Articulo 56. La protección de las Indicaciones Geográficas de procedencia extranjera prevista en este ordenamiento estará sujeta a la reciprocidad que los países de origen concedan a las Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen designadas por el Instituto.

Título V Capítulo Primero De la Nulidad de  Registros Marcarios utilizados en productos cuya denominación se ha reconocido y registrados como Indicación Geográfica o Denominación de Origen

Artículo 57.No podrá usarse ni formar parte de una marca, de un nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una Denominación de Origen o Indicación Geográfica.

Artículo 58.El registro de una marca vinculada a una Marca de Certificación  de Indicación Geográfica será nulo, sin perjuicio de los demás supuestos de nulidad previstos por la Ley de Propiedad Industrial cuando:

I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley;

II. El registro se hubiese otorgado sin que el titular o solicitante contara previamente con la licencia para utilizar la Marca de Certificación de Indicación Geográfica por el Consejo Regulador correspondiente;

III. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud o la denominación del signo distintivo lleve dentro de si misma, en todo o en parte, una denominación geográfica o Indicación Geográfica o bien palabras construidas con parte de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica;

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse en los términos previstos por la Ley de Propiedad Industrial.

Artículo 59.Procederá la cancelación del registro de una marca vinculada a una Marca de Certificación de Indicación Geográfica, sí su titular pierde la autorización o licencia para usar la Marca de Certificación o incurre en una práctica de competencia desleal, sin perjuicio de los demás supuestos de cancelación previstos en la Ley de Propiedad Industrial.

Artículo 60.La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, o a petición de parte de un Consejo Regulador, cuando se trate de marcas vinculadas a una Marca de Certificación de Indicación Geográfica o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La nulidad a la que se refiere la Fracción I del Artículo 58 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

Título VI De los Consejos Reguladores Capítulo Primero De la Forma de Constitución y  su Autorización

Artículo 61. Los Consejos Reguladores son entidades privadas con personalidad y patrimonio propio sin fines de lucro y deberán constituirse o adoptar esta modalidad  conforme a lo previsto en esta Ley. Su duración será indefinida.

Las asociaciones civiles u otras entidades ya constituidas que actualmente operen como organismos evaluadores de la conformidad conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, podrán adoptar la modalidad de Consejo Regulador mediante asamblea que obtenga el voto favorable de al menos el setenta y cinco por ciento de sus miembros con derecho a voto, bajo el entendido de que los miembros que hubiesen votado en contra gozarán del derecho a se separados del Consejo Regulador de que se trate.

Los Consejos Reguladores deberán constituirse ante fedatario público. Las asambleas referidas en el párrafo anterior, se deberán formalizar ante fedatario público e inscribirse en el Registro Público de Comercio de su domicilio social. Todos los actos y acuerdos de la asamblea de miembros o de los órganos de administración de los Consejos Reguladores, incluyendo su constitución, disolución y liquidación, podrán hacerse constar o ser formalizados ante fedatario público.

La denominación de los Consejos Reguladores se formará con las palabras Consejo Regulador seguidas de las preposiciones “de”, “del”, o “de la” y éstas seguidas de la denominación geográfica o Indicación Geográfica de que se trate.

En lo no previsto en este título, se estará a lo previsto en el Código Civil Federal para las Asociaciones Civiles.

Artículo 62.  Para que un Consejo Regulador pueda fungir y operar como tal al amparo de esta Ley, deberá contar con las aprobaciones y acreditaciones previstas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y contar además con la autorización del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien vigilará que se cumplan todas las condiciones previstas en este ordenamiento.

Artículo 63. Los Consejos Reguladores son entidades de derecho privado y sus actos relacionados con cualquier materia prevista en este ordenamiento se considerarán siempre como actos de comercio por lo que cualquier controversia entre el consejo Regulador y sus miembros o cualquier persona que sea usuaria de sus servicios o afectada en cualquier forma por actos de un Consejo Regulador relacionados con materias previstas en esta Ley o en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas, deberá someter su diferencia a la competencia de los tribunales mercantiles federales, quienes serán los únicos competentes para dirimirlas, salvo en los casos en que se hubiese pactado una cláusula arbitral o convenio arbitral en cuyo supuesto se aplicará supletoriamente Código de Comercio en lo referente su Título Cuarto.

Los Consejos Reguladores se encuentran legitimados activa y pasivamente para realizar cualquier acto previsto o relacionado en este ordenamiento incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, la solicitud de registro o protección de la Denominación de Origen que le corresponda en jurisdicciones extranjeras o bien de la Marca de Certificación de Indicación Geográfica cuyo registro hubiese concedido el Instituto o se relacione con la Denominación de Origen que le corresponda, o bien los actos relacionados con la protección y defensa de la Denominación de Origen y las Marcas de Certificación de Indicaciones Geográficas correspondientes.

Artículo 64. Los Consejos Reguladores deberán contemplar en sus estatutos disposiciones que prevean lo establecido este Título y, en particular, en las fracciones siguientes:

I. Podrán ser miembros cualquier persona física o moral que se encuentre relacionada con la cadena valor de los Productos Protegidos y deberán ser agrupados de tal forma que se garantice la representación de todos los grupos de interés de la cadena productiva correspondiente a los Productos Protegidos que deberá incluir desde los productores de las materias primas básicas, hasta los comercializadores del producto final. Ningún miembro o grupo de personas relacionadas podrá ser representado ya sea directa o indirectamente por más de una empresa, entidad, persona o grupo de personas nacionales o extranjeras en más de una clase de miembros. Para estos efectos se entiende como personas relacionadas a aquellas que tengan en común directa o indirectamente a un miembro, socio, accionista, administrador, apoderado de nacionalidad mexicana o extranjera o cuyas decisiones sean directa o indirectamente tomadas por el mismo grupo de personas. El Consejo Regulador deberá contar con un registro actualizado en donde conste la información compruebe que sus miembros mantienen las condiciones para formar parte del mismo.

II. Deberán establecerse los derechos y obligaciones de los miembros, así como los procedimientos de admisión y separación de éstos.

III. El patrimonio estará formado por:

a) Los bienes muebles e inmuebles que sean de su propiedad o adquieran para su operación;

b) El efectivo, valores, intereses de capital, créditos, remanentes que sean de su propiedad o adquieran en el futuro;

c) Las cuotas que reciban de sus miembros;

d) El producto recibido por la prestación de sus servicios o la venta de sus bienes;

e) Los donativos que reciba de terceros,

f) Los apoyos financieros que reciba de instituciones públicas y privadas,

g) Los demás ingresos que reciba por cualquier otro concepto.

IV. Deberán preverse las reglas para la celebración de las asambleas de miembros, respetando las disposiciones generales que se describen en el capítulo siguiente.

V. Deberán administrarse por un Consejo Directivo y un Director General que desempeñarán las funciones que este ordenamiento establece.

VI. El Consejo Directivo estará formado por el número de miembros equivalente al número clases y subclases de miembros que existan y serán designados por la Asamblea General de Miembros, de tal manera que cada grupo de interés representado en una clase o subclase de miembros, pueda estar representado en el órgano de administración. Adicionalmente contará con un veinte por ciento de consejeros independientes y un secretario que no será miembro del Consejo Directivo.

Se consideran consejeros independientes los que reúnan las características previstas en el artículo 79 siguiente.

VII. El Consejo Directivo estará presidido por un miembro no Consejero que deberá de tener amplio prestigio y buen nombre profesional, y no estar ni haber estado vinculado de cualquier forma con la producción, venta, distribución o comercialización de los productos protegidos por la Denominación de Origen o de sus materias primas. El presidente del Consejo Directivo llevará la representación del Consejo Regulador y será su principal funcionario. Tendrá facultades amplias para actos de administración, pleitos y cobranzas y tendrá facultades de delegación para designar a los directores y gerentes del Consejo Regulador. El presidente del Consejo Directivo podrá participar en las sesiones con voz y solo tendrá voto de calidad en caso de empate.

VIII. Se designará un vicepresidente de entre los consejeros independientes del Consejo Directivo, quien suplirá las ausencias temporales del presidente. En caso de ausencia definitiva, el Vicepresidente ocupará el cargo de presidente hasta que la Asamblea General designe al presidente sustituto.

IX. El Consejo Regulador contará con un Tesorero quien será miembro propietario del Consejo Directivo y estará encargado de la situación financiera y fiscal del Consejo Regulador.

X. El Director General será un profesional honorable y de reconocido prestigio quien deberá reunir las características de independencia señaladas en el Artículo 89 y no deberá estar ni haber estado vinculado de cualquier forma con la producción, venta, distribución o comercialización de los productos protegidos por la Denominación de Origen o de sus materias primas. El Director General será designado por el Consejo Directivo a propuesta del presidente.

XI. El Consejo Regulador contará con un Comisionado Técnico quien será el representante legal de la Unidad de Verificación adscrita al Consejo Regulador ante la Secretaría de Economía. y no deberá estar ni haber estado vinculado de cualquier forma con la producción, venta, distribución o comercialización de los productos protegidos por la Denominación de Origen o de sus materias primas. Deberá tener plena autonomía técnica sobre sus dictámenes y demás actos relacionados con la evaluación de la conformidad de la norma oficial relacionada con la Denominación de Origen correspondiente. El Comisionado Técnico será designado por el Consejo Directivo a propuesta del presidente.

XII. El Consejo Directivo deberá contar además con Consejeros Honorarios en los términos previstos por el Artículo 81 siguiente.

Los miembros del Consejo Directivo serán electos por las Asambleas Especiales de cada sección de miembros del Consejo Regulador, que deberán celebrarse con anterioridad a la Asamblea General Anual. La Asamblea General Anual ratificará las elecciones realizadas por las Asambleas Especiales y designará a los miembros del Consejo Directivo, sin poder cuestionar la validez de la elección de la Asamblea Especial.

Los miembros del Consejo Directivo durarán en su cargo dos años, bajo el entendido de que cada periodo de dos años se renovarán los miembros suplentes y los suplentes designados como tales en el periodo inmediato anterior, pasarán a ser titulares.

El Consejo Directivo, contará con el auxilio de al menos tres comités: (i) el Comité de Certificación, (ii) El Comité de Verificación y (iii) El Comité de Normalización. Dichos comités deberán tener la representación de cada una de las secciones de miembros del Consejo Regulador y será presidido por el miembro que determine el Consejo Directivo, que en todo caso deberá ser productor de Productos Protegidos. Cada comité contará con un secretario que será funcionario del Consejo Regulador. Las resoluciones de los comités serán en todo caso recomendaciones para el Consejo Directivo y no tendrán efectos vinculantes, salvo los efectos para los miembros cuando los estatutos sociales del Consejo Regulador así lo determinen. El número mínimo de miembros de cada comité será el número de secciones de miembros de acuerdo con sus estatutos sociales, sin poder ser inferior de tres. Los miembros de los comités deberán ser personas distintas a aquellas que ocupen los cargos de consejeros titulares o suplentes o representen a los miembros del Consejo Directivo.

Cuando por cualquier causa faltare en forma indefinida o definitiva el número mínimo de miembros del Consejo Directivo, el mismo Consejo Directivo, mediante acuerdo de la mayoría de los miembros subsistentes,  podrá designar miembros provisionales hasta en tanto se convoque a una Asamblea de Miembros que designe a los sustitutos.

XIII. Procederá su liquidación, sin perjuicio de los supuestos previstos adicionalmente en la legislación aplicable, solo en los casos en que las autorizaciones previstas en esta Ley, así como las acreditaciones y aprobaciones previstas por la Ley Federal de Metrología y Normalización sean canceladas. En caso de liquidación, los miembros del Consejo Regulador deberán abstenerse de formar o pertenecer directa o indirectamente a otro Consejo Regulador que se sustituya en las actividades del que sea liquidado por un periodo mínimo de cinco años. Igualmente los miembros del Consejo Regulador, quedan autorizados para recibir la cuota de liquidación proporcionalmente en la medida en que hayan aportado recursos al patrimonio de dicho organismo, siempre que previamente se hubiesen cubierto todos los pasivos  del Consejo Regulador.

Capítulo Segundo De las Asambleas

Artículo 65. La Asamblea general de miembros es el órgano supremo del Consejo Regulador y podrá sesionar de manera ordinaria o extraordinaria. Se reunirá en el domicilio del Consejo Regulador o en otro lugar adecuado para ello y podrán participar todos los miembros  del Consejo Regulador.

Artículo 66. Las asambleas deberán ser presididas por el presidente del consejo directivo, a su falta por los vicepresidentes, en su respectivo orden, y a falta de éstos, por la persona quien designe la asamblea al momento de instalarse.

Actuará como secretario el del propio consejo directivo o en su ausencia, quien designe el presidente de la asamblea.

Artículo 67. Las Asambleas Ordinarias se celebrarán cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro primeros meses del mismo y solamente podrán tratar los siguientes asuntos:

I. Informe de las actividades desarrolladas por el consejo directivo  del Consejo Regulador;

II. El estado de la situación patrimonial y el de ingresos y egresos  del Consejo Regulador;

III. El programa de actividades  del Consejo Regulador, propuesto para el siguiente año;

IV. El programa de financiamiento de las actividades  del Consejo Regulador, incluyendo presupuestos de ingresos y egresos, y

V. La confirmación de los consejeros elegidos en asambleas especiales por cada sección o sub-sección, como las personas que integran el consejo directivo  del Consejo Regulador.

Artículo 68. Las asambleas extraordinarias se podrán celebrar en cualquier momento y podrán  tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

I. Separación de miembros en los términos del artículo décimo tercero de estos Estatutos;

II. Cualquier propuesta de modificación a los Estatutos o al Reglamento Interior  del Consejo Regulador;

III. Enajenación de activos fijos del Consejo Regulador;

IV. Contratación de financiamientos y créditos a cargo  del Consejo Regulador;

V. Establecimiento de las políticas de difusión de las actividades  del Consejo Regulador, tanto en el país como en el extranjero;

VI. Disolución  del Consejo Regulador; y

VIII. Los demás para los cuales sea convocada.

Artículo 69. Cada sección o sub-sección deberá celebrar asambleas especiales de miembros a fin de elegir los consejeros que los representarán en el consejo directivo, con anterioridad a la confirmación de estos en la respectiva asamblea general ordinaria de miembros. Las asambleas especiales deberán ser convocadas por el secretario del consejo directivo para este fin, así como en los casos que lo solicite por lo menos el cinco por ciento (5%) de cada sección o subsección, con anterioridad a la celebración de una asamblea general ordinaria o extraordinaria, con el objeto de buscar la adopción de criterios comunes sobre cualquier tema que este incluido en la orden del día de esas asambleas generales.

Artículo 70. Las asambleas deberán ser presididas por el presidente del Consejo Directivo, a su falta por los vicepresidentes, en su respectivo orden, y a falta de estos por la persona quien designe la asamblea al momento de instalarse. Actuará como secretario el del propio consejo directivo, y en su ausencia, quien designe el presidente de la asamblea.

Artículo 71. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias deberán ser convocadas cuando lo considere conveniente el consejo directivo, a través del presidente y el secretario del Consejo Directivo. Asimismo la asamblea general deberá ser convocada también por dichas personas si ello fuera requerido por lo menos por el 5 por ciento de los miembros, independientemente de la subsección o sección en la que estén registrados.

Artículo 72. Las convocatorias para asambleas generales de miembros deberán ser publicadas en uno de los periódicos de mayor circulación en su domicilio social y en un periódico de circulación a nivel nacional con cuando menos diez días naturales de anticipación a la fecha de su celebración. No será necesario este requisito para las asambleas especiales.

Además, las convocatorias se comunicarán a los miembros por cualquier medio que permita confirmar su recepción. En el caso de asambleas especiales, bastará con este requisito para considerar que el miembro fue debidamente notificado.

Las Convocatorias deberán contener el orden del día, lugar y fecha de celebración así como la firma de quien las haga. Se deberá informar además a los miembros en la propia convocatoria sobre el procedimiento para la obtención de tarjetas de asistencia.

Artículo 73. El procedimiento de obtención de tarjetas de asistencia contemplará el lugar en donde el miembro podrá acudir para obtener una tarjeta que lo distinga como miembro, indicando la sección o sub-sección en la que está registrado. Solo se darán tarjetas de asistencia a los miembros que cumplan los siguientes requisitos:

I. Que asistan personalmente a obtener la tarjeta, permitiéndose para el caso de miembros que sean personas morales que asistan en su representación mediante carta otorgada ante fedatario;

II. Que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas y aportaciones, y

III. Que no se encuentren en violación a sus demás obligaciones bajo estos Estatutos.

La entrega de tarjetas de asistencia se deberá llevar a cabo durante un período razonable que estará abierto a los miembros hasta 48 horas antes de la fecha de la asamblea.

No será necesario la obtención de tarjetas de asistencia para las asambleas especiales. Sin embargo para efectos de quórum y votación en asambleas especiales, sólo se tomarán en cuenta los miembros asistentes que cumplan los requisitos señalados en los incisos a), b) y c) de este artículo.

Artículo 74. Ninguna persona podrá, directa o indirectamente, bajo cualquier forma, representar a más de dos miembros. Sólo los miembros que cuenten con la tarjeta de asistencia podrán estar presentes en las Asambleas generales de miembros.

Artículo 75. Para que la Asamblea pueda considerarse legalmente instalada deberá haberse convocado conforme lo establecido sus estatutos, con la salvedad de que no será necesaria la convocatoria cuando estuvieren presentes en la Asamblea todos los miembros.

En primera convocatoria para asamblea general ordinaria o extraordinaria se considerará que existe quórum si se encuentran presentes las dos terceras partes de los miembros de cada sección de productores y cualesquiera que sea el número presente de miembros pertenecientes a las secciones de comercializadores o distribuidores

En caso de no haber quórum se procederá a hacer una segunda convocatoria a asamblea general de miembros, la cual no podrá celebrarse si no transcurridos quince días naturales de la fecha de la primera.

En segunda o ulterior convocatoria se considerará que hay quórum cuando se encuentren representados cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los miembros pertenecientes a las secciones de productores, independientemente en la sección o sub-sección en la que estén registrados.

Para las asambleas especiales de sección o sub-sección en todo caso se requerirá la presencia de dos terceras partes de sus miembros.

Artículo 76. El presidente de la Asamblea nombrará dos escrutadores para que hagan el recuento de los miembros presentes y preparen una lista de asistencia, la cual una vez firmada por los escrutadores deberá agregarse al acta que de la Asamblea se prepare.

Artículo 77. Cada Miembro tendrá en las Asambleas derecho a un voto. Para que las resoluciones de las asambleas sean válidas, obligando a los presentes, ausentes o disidentes, se estará a lo siguiente:

I. En asambleas generales ordinarias o extraordinarias se requerirá del voto favorable de cuando menos el 50 por ciento más uno de los miembros presentes de cada sub-sección de la sección de productores.

II. En asambleas especiales, se requerirá del voto favorable de cuando menos el 50 por ciento más uno de los miembros de cada sub-sección de productores o de la sección de productores en caso de que no existan subsecciones.

 III. El presidente del consejo directivo no tendrá voto de calidad en caso de empate en la votación de cualquier sección o sub-sección de la asamblea general o de la asamblea especial.

Artículo 78. De cada asamblea se levantará un acta que deberá contener la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día y el desahogo de la misma, en especial transcribiéndose las resoluciones tomadas.

A las actas se agregarán las listas de asistencia y demás informes y documentos que respalden su desahogo, debiéndose firmar las actas por el presidente y el secretario de la asamblea, así como de los escrutadores designados.

Capítulo Tercero De sus órganos de gobierno y funcionarios

Artículo 79.Los consejeros independientes y, en su caso, sus respectivos suplentes, deberán ser seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando además que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos.

La Asamblea de Miembros en la que se designe o ratifique a los miembros del Consejo Directivo o, en su caso, aquélla en la que se informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia de sus consejeros.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso podrán designarse ni fungir como consejeros independientes las personas siguientes:

I. Los directivos, consejeros, comisarios o empleados de la sociedad o de las personas morales que directa o indirectamente  integren el grupo empresarial o consorcio de las personas que cuenten con una autorización de uso de la Denominación de Origen o sean productores de Productos Protegidos. La referida limitación será aplicable a aquellas personas físicas que hubieren ocupado dichos cargos durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de designación.

II. Las personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando en la sociedad o en alguna de las personas morales referidas en la fracción anterior.

III. Los accionistas que sean parte del grupo de personas que mantenga el control de las sociedades referidas en la fracción I anterior.

IV. Los clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor importante de las sociedades referidas en la fracción I anterior.

Se considera que un cliente, prestador de servicios o proveedor es importante, cuando las ventas de la sociedad representen más del 10 (diez) por ciento de las ventas totales del cliente, del prestador de servicios o del proveedor, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante, cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos de la propia sociedad o de su contraparte.

V. Las que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina y el concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en las fracciones I a IV de este artículo.

Los consejeros independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica, deberán hacerlo del conocimiento del Consejo Directivo a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano.

Artículo 80. El Consejo Directivo de los Consejos Reguladores deberá contar al menos con un presidente, un secretario, un Tesorero y dos Vicepresidentes, quienes para el desempeño de su cargo contarán con las siguientes facultades y atribuciones, sin perjuicio de aquellas que adicionalmente se estipulen den sus estatutos sociales:

I. Son facultades del presidente del Consejo Directivo, de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

a) Llevar la representación social del Consejo Regulador ante autoridades y terceros, haciendo uso, por lo tanto,  de la firma social;

b) Vigilar que se cumplan los acuerdos de las asambleas generales de miembros y del consejo directivo del Consejo Regulador;

c) Realizar todas aquellas gestiones que interesen al buen funcionamiento del Consejo Regulador y propicien el cumplimiento de su objeto social, y

d) Las demás que le señalen expresamente los Estatutos del Consejo Regulador, así como las que deriven de las Leyes aplicables.

II. De manera enunciativa y no limitativa, el tesorero tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

a) Tener bajo su custodia y responsabilidad los fondos y libros contables del Consejo Regulador;

b) Rendir al consejo directivo, con la periodicidad que le indique, un informe sobre los ingresos y egresos del Consejo Regulador;

c) Realizar todas aquellas gestiones que interesen al buen funcionamiento del Consejo Regulador y propicien el cumplimiento de su objeto social, y

d) Las demás que le señalen expresamente la asamblea general de miembros del Consejo Regulador  y su Consejo Directivo, así como las que deriven de las Leyes aplicables.

III. Dos vicepresidentes, quienes serán miembros del consejo directivo y sustituirán, en su orden de nombramiento, las ausencias temporales del presidente.

IV. El secretario será el responsable de mantener los libros de registros de miembros y levantar las Actas de las asambleas y secciones del consejo directivo  del Consejo Regulador. De manera enunciativa y no limitativa, el secretario tendrá las facultades siguientes:

a) Coadyuvar con el presidente en la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos de la asamblea general de miembros y del consejo directivo  del Consejo Regulador;

b) Tener bajo su custodia y responsabilidad los los libros y registros corporativos del Consejo Regulador y documentos relacionados;

c) Realizar todas aquellas gestiones que interesen al buen funcionamiento del Consejo Regulador y propicien el cumplimiento de su Objeto Social, y

d) Las demás que le señalen expresamente la Asamblea general de Miembros y el Consejo Directivo del Consejo Regulador, así como las que deriven de las Leyes aplicables.

Artículo 81.El Consejo Directivo deberá de invitar a personas de reconocido prestigio, solvencia moral y conocimientos sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen a participar como consejeros honorarios  del Consejo Regulador. Los consejeros honorarios podrán participar con voz pero sin voto en las sesiones del consejo directivo y su número no excederá de diez, tomando en cuenta lo dispuesto por el Código Civil aplicable a cada Consejo Regulador. Las dependencias que participarán son las siguientes:

I. Dirección general de normas de la Secretaría de Economía,

II. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

III. Dirección general de política agrícola de la Sagarpa,

IV. Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno Estatal del domicilio social del Consejo Regulador,

V. Secretaria de Salud,

VI. Procuraduría Federal del Consumidor.

Cada una de las entidades antes mencionadas, deberá prever dentro de sus reglamentos interiores el cargo de las personas que se desempeñarán como consejeros honorarios de los Consejos Reguladores previstos en esta Ley procurando dar continuidad y carrera a dichos cargos.

La duración del cargo de consejero honorario es indefinida, salvo que se actualice, cualquiera de los supuestos contemplados en el presente artículo. De ser así, se iniciará el procedimiento señalado en el artículo 64, con las modificaciones que correspondan. En el procedimiento, el consejero honorario directamente involucrado no podrá intervenir en votación alguna.

Artículo 82.El Consejo Directivo de los Consejos Reguladores deberá sesionar al menos una vez al mes en la fecha, hora y lugar en que sea convocado, para tratar los asuntos contenidos en la orden del día correspondiente. Asimismo, se reunirá en forma extraordinaria las veces que sea necesario, cuando exista algún asunto que por su urgencia, a juicio del presidente, no deba ser aplazado hasta la próxima sesión ordinaria.

Sin perjuicio de lo anterior, las resoluciones tomadas fuera de sesión del Consejo Directivo, por unanimidad de sus miembros, tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesión. Para estos efectos, el secretario deberá remitir a cada uno de los Consejeros la resolución propuesta a manera de resolución circular.

Artículo 83.Las convocatorias para las sesiones del Consejo Directivo deberán contener la fecha, hora, lugar de las mismas y el orden del día propuesto, así como la firma del presidente. Se enviarán a cada consejero por medio de correo certificado con acuse de recibo, por correo electrónico o mediante entrega personal, con cuando menos diez días naturales de anticipación a su fecha. Si existen urgencias en atender los asuntos contemplados en el orden del día, la sesión podrá convocarse con tres días naturales de anticipación.

Artículo 84.El consejo se considerará instalado cuando se encuentren presentes por lo menos el presidente y dos terceras partes de los consejeros no honorarios, siempre con representación de las secciones correspondientes a los fabricantes de los Productos Protegidos y los productores de sus materias primas En caso de estar presentes el presidente del Consejo Directivo y todos los consejeros con derecho a voto se considerará que existe por quórum, aún cuando no haya habido convocatoria.

El presidente deberá nombrar dos escrutadores para que hagan el recuento de los consejeros y preparen una lista de asistencia, la cual deberá ser firmada por los presentes e incorporarla al acta de la sesión de consejo respectiva.

Se considerará que hubo quórum, aún en ausencia de sesión, y serán válidas las resoluciones que se adopten, cuando todos los consejeros con derecho a voto  hayan tomado resoluciones por escrito y sean suscritas por el presidente del Consejo Directivo.

Artículo 85.Los consejeros propietarios no honorarios y en su ausencia sus suplentes, tendrán derecho a un voto, cada uno, en las sesiones del consejo directivo.

Las resoluciones serán válidas con el voto favorable de por lo menos el cincuenta por ciento más uno de los consejeros presentes que cuenten con voz y voto. El presidente del Consejo Directivo tendrá siempre voto de calidad en caso de empate en la votación de las sesiones de dicho consejo.

Artículo 86.De cada sesión del consejo directivo se levantará un acta en la que se harán constar los asuntos que se trataron, el desarrollo de los mismos y principalmente las resoluciones tomadas. El acta deberá ser firmada por el presidente, el secretario y los escrutadores designados.

Capítulo Cuarto De las actividades autorizadas

Artículo 87. Son actos y actividades propias y autorizadas para ser realizados por los Consejos Reguladores y formarán parte de su objeto social:

I. Evaluar la conformidad respecto de las normas oficiales o mexicanas para las cuales se encuentren acreditados y aprobados bajo las disposiciones legales aplicables;

II.Prestar servicios de verificación y certificación así como practicar análisis de laboratorio en su caso, con relación a las normas oficiales o mexicanas para las cuales se encuentren acreditados y aprobados;

III. Fomentar el desarrollo económico y ser representante, para los asuntos que se les encomiende, de los participantes de la cadena de valor relativa a los productos relacionados con la Denominación de Origen para la cual se encuentren autorizados;

IV. Establecer las estrategias generales para la protección y el fomento de la Denominación de Origen autorizada, incluyendo el establecimiento y operación de sistemas de información respecto de toda la cadena de valor relacionada con los Productos Protegidos relativos a dicha Denominación de Origen. Para estos efectos, los productores autorizados, usuarios de los Consejos Reguladores o  participantes de la cadena de valor del sector, estarán obligados a proporcionar información estadística a los Consejo Reguladores que sea necesaria para establecer y mantener actualizado este sistema de información.

V. Vigilar la gestión y conducción del Consejo Regulador, así como el desempeño de sus funcionarios principales.

VI. Recibir donativos y apoyos financieros de entidades públicas y privadas, siempre que los mismos sean empleados en su actividad. Igualmente podrán ser sujetos de crédito en proyectos relacionados con sus actividades.

VII. Asesorar, informar y dictaminar respecto de actos, proyectos y ordenamientos que puedan afectar a la Denominación de Origen que les corresponda o a los productos designados con ella.

VIII. Elaborar planes estratégicos que coadyuven al desarrollo del sector y de la cadena productiva relativa a los productos designados por la Denominación de Origen correspondiente.

IX. Fomentar y llevar a cabo acciones de difusión, protección y evaluación de las Denominaciones de Origen que les corresponda.

X. Proponer las reformas a los ordenamientos, normas mexicanas y normas oficiales mexicanas relativas a los productos protegidos por la Denominación de Origen que les corresponda;

XI. Fungir como experto técnico para determinar la conformidad de los Productos Protegidos por la Denominación de Origen que les corresponda;

XII. Ser órgano de consulta obligatoria en todas las instancias de los Gobiernos Federal y Estatal en la entidad federativa correspondiente a su domicilio social, y en cualquier otra entidad federativa que se encuentre dentro del territorio protegido por la declaratoria de la Denominación de Origen correspondiente, en materia de acciones que resulten deseables o necesarias para fortalecer la Denominación de Origen de que se trate, incluyendo sin limitación, cuando se trate de negociaciones con gobiernos extranjeros o sujetos del derecho internacional público respecto de aspectos relativos a la Denominación de Origen para la cual se encuentren autorizados o de los Productos Protegidos;

XIII. Participar en foros nacionales o internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual;

XIV. Fungir como centros de investigación, estudio y análisis y desarrollo de tecnologías aplicables a los productos designados por una Denominación de Origen;

XV. Fungir como miembros de los comités nacionales de normalización;

XVI. Coadyuvar con el Instituto en asuntos que, en el ámbito privado pueda fomentar la promoción de las Denominaciones de Origen y el cumplimiento de las disposiciones previstas en este ordenamiento;

XVII. Percibir ingresos por los servicios que preste, incluyendo los cursos de capacitación con independencia de las cuotas de sus miembros;

XVIII. Suspender o cancelar las licencias de uso de la Marca de Certificación de Indicación Geográfica  cuando cuenten con información documental que pruebe un incumplimiento al contrato de licencia respectivo u otros contratos aplicables, o bien una infracción o un acto de competencia desleal por parte del usuario autorizado.

XIX. Utilizar como muestras para practicar análisis relativos a la evaluación de la conformidad de productos relacionados con la Denominación de Origen autorizada, cualquier producto obtenido lícitamente del  mercado o cualquier muestra tomada de los productores autorizados o envasadores de producto. Los análisis que resulten de estas muestras podrán ser base documental para los efectos previstos en la fracción anterior.

XX. Los demás actos permitidos por la Ley o contemplados en sus estatutos sociales.

Artículo 88.El Consejo Directivo, sin perjuicio de lo previsto por los estatutos sociales del Consejo Regulador,  deberá ocuparse de los asuntos siguientes:

I. Establecer las estrategias generales para la conducción del Consejo Regulador y en su caso de sus subsidiarias.

II. Vigilar la gestión y conducción del Consejo Regulador, así como el desempeño de sus funcionarios principales.

III. Aprobar, con la previa opinión de los Consejeros Independientes:

a) Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio del Consejo Regulador y de las personas morales que ésta controle, por parte de personas relacionadas.

b) Las operaciones, cada una en lo individual, con personas relacionadas, que pretenda celebrar el Consejo Regulador o sus subsidiarias.

No requerirán aprobación del Consejo Directivo, las operaciones que a continuación se señalan:

1. Las operaciones que en razón de su cuantía carezcan de relevancia para el Consejo Regulador.

2. Las operaciones que se realicen entre el Consejo Regulador y las personas morales que éste controle o en las que tenga una influencia significativa o entre éste y cualquier parte relacionada del mismo o de sus miembros, siempre que:

i) Sean del giro ordinario o habitual del Consejo Regulador.

ii) Se consideren hechas a precios de mercado.

3. Las operaciones que se realicen con empleados, siempre que se lleven a cabo en las mismas condiciones que con cualquier cliente o como resultado de prestaciones laborales de carácter general.

c) Las operaciones que se ejecuten, ya sea simultánea o sucesivamente, que por sus características puedan considerarse como una sola operación y que pretendan llevarse a cabo por el Consejo Regulador o sus subsidiarias, en el lapso de un ejercicio social, cuando sean inusuales o no recurrentes, o bien, su importe represente, con base en cifras correspondientes al cierre del ejercicio inmediato anterior en cualquiera de los supuestos siguientes:

1. La adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior al veinte por ciento de los activos del Consejo Regulador.

2. El otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igualo superior al veinte por ciento de los activos del Consejo Regulador.

Quedan exceptuadas las inversiones en valores renta fija, siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe el propio Consejo Directivo.

d) El nombramiento, elección y, en su caso, destitución del Director General y del Comisionado Técnico del Consejo Regulador y su retribución integral, así como las políticas para la designación y retribución integral de los demás funcionarios de los dos niveles inferiores al Director General. El presidente del Consejo Directivo tendrá derecho de veto en estos nombramientos.

e) Las políticas para el otorgamiento de mutuos, préstamos o cualquier tipo de créditos o garantías a empleados o personas relacionadas.

f) Las dispensas para que un consejero, funcionario o persona con poder de mando del Consejo Directivo o de uno de sus miembros o clientes, aproveche oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros, que correspondan al Consejo Regulador o a las personas morales que éste controle o en las que tenga una influencia importante en sus decisiones.

g) Los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna del Consejo Regulador y de las personas morales que éste controle.

h) Las políticas contables del Consejo Regulador, ajustándose a Normas de Información Financiera aplicables a las sociedades o asociaciones sin fines de lucro.

i) Los estados financieros del Consejo Regulador.

j) La contratación de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa y, en su caso, de servicios adicionales o complementarios a los de auditoría externa.

Cuando las determinaciones del Consejo Directivo no sean acordes con las opiniones que le proporcionen los consejeros independientes, el Director General lo deberá notificar a los auditores externos y al Instituto.

IV. Presentar a la Asamblea Miembros que se celebre con motivo del cierre del ejercicio social:

a) Los informes financieros de las actividades anuales.

b) El informe que el Director General elabore, acompañado del dictamen del auditor externo.

c) La opinión del Consejo Directivo sobre el contenido del informe del Director General a que se refiere el inciso anterior.

d) El informe financiero del Consejo Regulador que contenga las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, incluyendo sin limitación el balance y el estado de resultados del Consejo Regulador.

e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido conforme a lo previsto en esta Ley así como sus principales proyectos.

f) El presupuesto de gastos de operación para el ejercicio siguiente, señalando los principales proyectos para ese año.

V. Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesto el Consejo Regulador, identificados con base en la información presentada por los comités, el director general y la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como a los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría interna, registro, archivo o información, de éstas y aquélla, lo que podrá llevar a cabo por conducto de un comité que ejerza las funciones en materia de auditoría.

VI. Vigilar que toda la cadena productiva relacionada con los Productos Protegidos esté debidamente integrada y operando sobre planes estratégicos de mediano y largo plazo.

VII. Determinar las medidas de protección a la Denominación de Origen cuyo uso tengan delegado por el Instituto procurando tomar las medidas locales adecuadas en cada una de las jurisdicciones en las que los Productos Protegidos sean comercializados.

VIII. Determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su conocimiento e implementar las medidas correctivas correspondientes.

IX. Aprobar los manuales de operación y los contratos de prestación de servicios que serán utilizados por el Consejo Regulador, mismos que en su caso deberán ser aprobados por la Dirección General de Normas para los efectos previstos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

X. Llevar el registro de plantaciones o materia prima y productores autorizados relativos a la cadena de valor relacionada con los Productos Protegidos.

XI. Las demás que esta Ley establezca o se prevean en los estatutos sociales del Consejo Regulador, acordes con el Código Civil aplicable y el presente ordenamiento legal.

El Consejo Directivo será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Miembros.

Artículo 89.Los miembros del Consejo Directivo y su presidente desempeñarán su cargo de forma profesional, imparcial y libres de conflictos de interés, procurando la creación de valor de dicho organismo y de la Denominación de Origen y su Marca de Certificación de Indicación Geográfica  en beneficio del Consejo Regulador y todos y cada uno de sus miembros, sin favorecer directa o indirectamente a un determinado miembro o sus accionistas o grupos de accionistas. Al efecto, deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas tomadas con información suficiente y cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos por virtud de esta Ley o de los estatutos sociales.

Artículo 90.Los miembros del Consejo Directivo y su presidente, en el ejercicio diligente de las funciones que esta Ley y los estatutos sociales le confieran a dicho órgano social, deberán actuar de buena fe y en el mejor interés del Consejo Regulador, para lo cual podrán:

I. Solicitar información que sea razonablemente necesaria para la toma de decisiones.

Al efecto, el Consejo Directivo podrá establecer, con la previa opinión de los lineamientos que establezcan la forma en que se harán dichas solicitudes y, en su caso, el alcance de las propias solicitudes de información por parte de los consejeros.

II. Requerir la presencia de directivos relevantes y demás personas, incluyendo auditores externos, que puedan contribuir o aportar elementos para la toma de decisiones en las sesiones del consejo.

III. Aplazar las sesiones del Consejo Directivo, cuando un consejero no haya sido convocado o ello no hubiere sido en tiempo o, en su caso, por no habérsele proporcionado la información entregada a los demás consejeros. Dicho aplazamiento será hasta por tres días naturales, pudiendo sesionar el Consejo Directivo sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que se haya subsanado la deficiencia.

IV. Deliberar y votar, solicitando se encuentren presentes, si así lo desean, exclusivamente los miembros, el presidente y el secretario del Consejo de Directivo.

Capítulo Quinto De la confidencialidad y de los deberes de los miembros de los órganos de administración

Artículo 91.Los miembros del Consejo Directivo, su presidente, secretario y las demás personas que participen en una sesión del Consejo Directivo estarán obligados a guardar estricta confidencialidad de toda la información presentada durante las mismas.

Artículo 92.Los miembros del Consejo Directivo, su presidente, secretario y el Comisionado Técnico de los Consejos Reguladores, deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo en dicho Consejo Regulador, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público.

Los miembros y, en su caso, el presidente y el secretario del Consejo Directivo, que tengan conflicto de interés en algún asunto, deberán abstenerse de participar y estar presentes en la deliberación y votación de dicho asunto, sin que ello afecte el quórum requerido para la instalación del citado consejo.

Los consejeros, el presidente y el secretario serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaran por escrito al auditor externo. Asimismo, dichos consejeros estarán obligados a informar al presidente y al auditor externo, todas aquellas irregularidades que durante el ejercicio de su cargo, tengan conocimiento y que se relacionen con el Consejo Regulador.

Artículo 93.Los miembros y presidente del Consejo Directivo de los Consejos Reguladores incurrirán en deslealtad frente al Consejo Regulador y, en consecuencia, serán responsables de los daños y perjuicios causados al mismo cuando, sin causa legítima, por virtud de su empleo, cargo o comisión, obtengan beneficios económicos para sí o los procuren en favor de terceros, incluyendo a un determinado miembro o accionista o grupo de accionistas de un miembro.

Asimismo, los miembros del Consejo Directivo y su presidente incurrirán en deslealtad frente a al Consejo Regulador, siendo responsables de los daños y perjuicios causados a éste, cuando realicen cualquiera de las conductas siguientes:

I. Voten en las sesiones del Consejo Directivo o tomen determinaciones relacionadas con el patrimonio del Consejo Regulador, con conflicto de interés.

II. No revelen, en los asuntos que se traten en las sesiones del Consejo Directivo, los conflictos de interés que tengan. Al efecto, los consejeros deberán especificar los detalles del conflicto de interés, a menos que se encuentren obligados legal o contractualmente a guardar secreto o confidencialidad al respecto.

III. Favorezcan, a sabiendas, a un determinado miembro o a un accionista o grupo de accionistas de un miembro o de las personas morales que ésta controle.

IV. Aprueben las operaciones que celebre el Consejo Regulador, con personas relacionadas, sin ajustarse o dar cumplimiento a los requisitos que esta Ley establece.

V. Aprovechen para sí o aprueben en favor de terceros, el uso o goce de los bienes que formen parte del patrimonio del Consejo Regulador, en contravención de esta Ley o de las políticas aprobadas por el Consejo Directivo.

VI. Aprovechen o exploten, en beneficio propio o en favor de terceros, sin la dispensa del Consejo Directivo, oportunidades de negocio que correspondan al Consejo Regulador.

Artículo 94. La responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de los actos, hechos u omisiones a que hacen referencia los Artículos anteriores, será solidaria entre los culpables que hayan adoptado la decisión y será exigible como consecuencia de los daños o perjuicios ocasionados. La indemnización que corresponda deberá cubrir los daños y perjuicios causados al Consejo Regulador y, en todo caso, se procederá a la remoción del cargo de los culpables.

Los Consejos Reguladores, en ningún caso, podrán pactar en contrario, ni prever en sus estatutos sociales, prestaciones, beneficios o excluyentes de responsabilidad, que limiten, liberen, sustituyan o compensen las obligaciones por la responsabilidad a que se refieren los preceptos legales mencionados en el párrafo anterior, ni contratar en favor de persona alguna seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 95. Las funciones de gestión, conducción y ejecución de las actividades propias del Consejo Regulador, serán responsabilidad de su Director General, conforme a lo establecido en este artículo, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo Directivo o por los estatutos sociales.

El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más amplias facultades para representar al Consejo Regulador correspondiente en actos de administración y pleitos y cobranzas y actos de dominio, incluyendo facultades especiales que conforme a las Leyes requieran cláusula especial.

Tratándose de actos de dominio deberá contar con la previa aprobación del Consejo Directivo.

El Director General, sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, deberá:

I. Someter a la aprobación del Consejo Directivo las estrategias del Consejo Regulador.

II. Dar cumplimiento a los acuerdos de las asambleas de miembros y de sesiones del Consejo Directivo, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia asamblea o el referido consejo.

III. Proponer los lineamientos del sistema de control interno y auditoría interna del Consejo Regulador.

IV. Suscribir los dictámenes de presunción de incumplimiento o autorizar a algún funcionario del Consejo Regulador para que lo haga.

V. Difundir la información y eventos que deban ser revelados a los miembros o al público, ajustándose a lo previsto en esta Ley.

VI. Asegurar que se mantengan los sistemas de contabilidad, registro, archivo o información del Consejo Regulador.

VII. Elaborar y presentar al Consejo Directivo el informe a que se refiere la fracción IV del Artículo 88.

VIII. Las demás que esta Ley establezca o se prevean en los estatutos sociales de la sociedad, acordes con las funciones que el presente ordenamiento legal le asigna.

Artículo 96. En caso de que se realicen modificaciones a los estatutos sociales, se deberá practicar una auditoría legal a los Consejos Reguladores por abogados independientes, quienes emitirán una opinión sobre el cumplimiento de los Consejos Reguladores respecto de las normas previstas en este título. Dicha opinión será turnada al presidente y secretario del Consejo Regulador correspondiente, con copia para el Instituto.

Título VII De la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen Capítulo Primero De la Forma de Constitución y  su Autorización

Artículo 97. Los Consejos Reguladores, así como las asociaciones que representen a productores, usuarios de denominaciones de origen o indicaciones geográficas que se encuentren en procedo de formar sus consejos reguladores,  o bien a que representen titulares de marcas colectivas, podrán ser asociados en una Asociación Nacional que será una entidad privada constituida como asociación civil, con personalidad y patrimonio propio sin fines de lucro y deberá constituirse o en su caso liquidarse de acuerdo con lo previsto por la legislación civil que corresponda a su domicilio social y cumplir con las disposiciones orgánicas y reconocimiento previstos en esta Ley. La Asociación Nacional agrupará a los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y deberán contar con el reconocimiento como tal por parte del Instituto, el cual verificará que se hayan cumplido los requisitos previstos en esta Ley.

Los actos realizados por la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen serán actos de derecho privado.

Artículo 98. La solicitud de reconocimiento de Asociación Nacional de Denominaciones de Origen será otorgada por el Instituto a través de su Director General, previa solicitud escrita del su representante legal formulada en escrito libre en el que se acredite:

I. Tener la representación de los Consejos Reguladores, asociaciones de productores o que representen a una indicación geográfica, o a los titulares de marcas colectivas.

II. Tener los medios materiales, humanos y financieros, así como la capacidad técnica para poder llevar a cabo las funciones propias de la asociación descritas en esta Ley.

III. La viabilidad financiera que garantice cubrir su operación ordinaria acompañando su plan de negocios para los primeros tres años de operación.

IV. El registro para fungir como organismo de normalización, en los términos previstos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

V. Que sus estatutos sociales cumplen con los lineamientos generales enunciados por esta Ley.

VI. La representación legal del solicitante acompañada con copia certificada de la escritura pública correspondiente así como su identificación.

VII. El domicilio de la asociación.

Artículo 99. La resolución por la que se conceda o se niegue el reconocimiento de la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen deberá ser emitida por el Instituto dentro de los siguientes 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la solicitud. A falta de notificación de la respuesta en ese plazo al solicitante, se entenderá concedido el reconocimiento.

El reconocimiento deberá ser renovado cada diez años por el Instituto para lo cual la Asociación Nacional deberá demostrar que mantiene cumplimiento de los requisitos necesarios que dieron lugar al reconocimiento inicial.

Artículo 100. El reconocimiento concedido por el Instituto solo podrá ser revocado cuando se demuestre que la asociación ha dejado de cumplir los requisitos necesarios para ello, previa garantía de audiencia del interesado, o bien, por la liquidación de la Asociación.

Capítulo Segundo De la Representatividad

Artículo 101. La Asociación Nacional de Denominaciones de Origen deberá representar cuando menos a las tres cuartas partes de los Consejos Reguladores correspondientes a las denominaciones de origen vigentes.

Artículo 102. Todos los asociados deberán estar representados directa o indirectamente en el órgano de administración de la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen, siguiendo los principios de gobierno corporativo que igualmente se prevén en esta Ley para los Consejos Reguladores.

Capítulo Tercero De los Estatutos Sociales

Artículo 103. Dentro de sus Estatutos Sociales, la Asociación deberá prever:

I. Que dentro de su objeto social se incluya, sin limitación:

a) Promover las Denominaciones de Origen, o en su caso Indicaciones Geográficas, como herramienta generadora de desarrollo sustentable, así como instrumento para proteger los conocimientos locales enraizados en un determinado territorio a través de sus consejos reguladores, impulsando la promoción y comercialización de productos que de manera enunciativa mas no limitativa se señalan a continuación, cuando se encuentren relacionados a una denominación de origen o indicación geográfica:

i. Productos agropecuarios

ii. Productos pesqueros

iii. Productos acuícolas mexicanos

iv. Productos artesanales

Intercambiar información de experiencias y estrategias para lograr una óptima planeación de las cadenas productivas de las diferentes Denominaciones de Origen, o en su caso Indicaciones Geográficas, Mexicanas para lograr un desarrollo sostenible en los mercados nacional e internacional procurando que todas ellas cuenten con sus consejos reguladores en la medida que se estime necesario;

b) Intercambiar información sobre la problemática de las diferentes Denominaciones de Origen, o en su caso Indicaciones Geográficas, Mexicanas y crear sinergias para hacer frente a las problemáticas detectadas;

c) Abogar por y coadyuvar en la creación de una Política Pública a nivel nacional para la protección y defensa de las Denominaciones de Origen, o en su caso Indicaciones Geográficas, Mexicanas y el fortalecimiento de sus consejos reguladores;

d) Promover el fortalecimiento del sistema de protección para las Denominaciones de Origen, o en su caso Indicaciones Geográficas, Mexicanas, a través de la gestión de modificaciones legislativas, y de la promoción de una coordinación intergubernamental de combate a la piratería y falsificación de productos con Denominaciones de Origen, o en su caso Indicaciones Geográficas, Mexicanas así como la propuesta de Normas Oficiales Mexicanas o de Normas Mexicanas o Normas Emergentes relacionadas con las Denominaciones de Origen, o en su caso Indicaciones Geográficas, Mexicanas;

II. La representación de la asociación por un Consejo Directivo que estará formado por número impar de miembros que deberán representar indirectamente a todos los asociados, en el entendido de que ningún miembro del consejo, podrá a su vez representar a más de un asociado o a las filiales o afiliadas de estos.

III. La inclusión de un director general que se encargue de la conducción de los negocios ordinarios de la asociación.

IV. La inclusión de un secretario que no forme parte del consejo directivo y que será el responsable de llevar las actas y el seguimiento de los acuerdos de la asamblea y del consejo directivo así como de llevar los libros sociales de la asociación.

V. Todos los asociados tendrán un voto, con independencia de las aportaciones que realicen al patrimonio de la asociación o de las cuotas que paguen a la misma.

Capítulo IV De las funciones

Artículo 104.  La Asociación Nacional de Denominaciones de Origen que cuente con reconocimiento del Instituto tendrá como funciones para los efectos de esta Ley:

I. Actuar como Organismos de Normalización de acuerdo con lo previsto por  de la Ley Federal de Metrología y Normalización y estarán facultados para emitir Normas Mexicanas relativas a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas que cuenten con declaración de protección otorgada por el Instituto o bien para marcas colectivas;

II. Emitir criterios generales de certificación y disposiciones generales que puedan aclarar aspectos técnicos relativos a las disposiciones previstas en las Normas Oficiales  o en Normas Mexicanas relacionadas con las denominaciones de origen;

III. Promover las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas  o marcas colectivas de México, resaltando y preservando los valores y las tradiciones de los productos que de ellas deriven;

IV. Promover el desarrollo sustentable fomentando el intercambio y experiencias entre productores, resaltando el valor agregado de los productos con Denominación de Origen o Indicación Geográfica o marcas colectivas;

V. Actuar como órgano de consulta en la elaboración o modificación de normas oficiales mexicanas y disposiciones de carácter general emitidas por el poder ejecutivo o legislativo, según sea el caso, cuando sean relacionadas con las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas;

VI. Apoyar la formación y la gestión de los Consejos Reguladores y sus centros de referencia;

VII. Emitir opiniones técnicas para la adecuada asignación de tierras productivas dentro de los territorios protegidos para une Indicación Geográfica o Denominación de Origen como medio de coadyuvancia en la planeación estratégica contemplada en el Título VIII siguiente.

VIII. Asignar recursos para los proyectos aprobados en apoyo de sus asociados.

IX. Las demás previstas en esta Ley.

Capítulo Quinto Del Financiamiento

Artículo 105.  La Asociación Nacional de Denominaciones de Origen que cuente con reconocimiento podrá recibir aportaciones provenientes de fondos federales y otros estímulos o incentivos financieros con fondos públicos.

Título VIII Capítulo Primero De la planeación estratégica en el suministro de insumos necesarios para la producción o fabricación de productos designados con una Indicación Geográfica o Denominación de Origen

Artículo 106.  La planeación estratégica en el suministro de insumos necesarios para la producción o fabricación de productos designados con una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica es de orden público e interés nacional.

Artículo 107. Sin perjuicio de cualquier otra facultad prevista en este ordenamiento, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  podrá  establecer lineamientos para llevar a cabo el registro ante los Consejos Reguladores, de los contratos entre productores de productos agrícolas, ganaderos o pesqueros que sean utilizados como materia prima para la producción de Productos Protegidos y los fabricantes de dichos Productos Protegidos relacionados con una Denominación de Origen y cualquier otra acción que facilite la estimación de la oferta y la demanda de dichos Productos Protegidos y sus materias primas así como la estabilización de sus precios dentro de un marco de libre competencia, permitiendo así las planeaciones de mediano y largo plazo para toda la cadena productiva.

Título IX De la Protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en el Comercio Capítulo Primero De los actos de Competencia Desleal

Artículo 108.  Se consideran prácticas de competencia desleal y son sujetas a sanciones por esta Ley:

I.Todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

II.Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

III.Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público al error sobre la naturaleza, el modo de fabricación de las características, la aptitud en el empleo, o la cantidad de los productos.

IV.Utilizar, sin la autorización correspondiente, una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica.

V.Cuando aquellas marcas, diseños, y producto que se encuentren debidamente registradas, y protegidas por la Ley de propiedad industrial, se vean violados, por aquel productor que tuviera conocimiento de la misma o aun en grado de confusión.

Se considerará que una marca, diseño o producto fue violada cuando:

Se encuentren las características en el producto con “Denominación de Origen” o “Indicación Geográfica”  ya sea total o parcialmente, de tal manera en la que puedan llevar a la confusión de un consumidor.

VI.Cuando se realicen actos de imitación respecto de características predominantes de aquel que se pueda considerar competidor, copiando sin previa autorización de la secretaría correspondiente, logotipos, marcas, diseños, y en caso de la Denominación de Origen, sin previa autorización de los Consejos Reguladores.

VII.El hacer aparecer como productos patentados, o con Denominación de Origen, aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue nulificada, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad, o en su caso de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad.

VIII.Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada.

IX.Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial, o de una denominación social, Denominación de Origen o Indicación Geográfica, siempre que dichos nombres o denominaciones estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

X.Usar dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro.

XI.Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén o bien con una marca registrada vinculada a una Denominación de Origen o Indicación Geográfica, cuando no cuenten con las autorizaciones correspondientes o la licencia de una Marca de Certificación por parte del Consejo Regulador que administre la Denominación de Origen en su caso. Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la infracción, si la marca se sigue utilizando después de que haya causado estado de resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

XII.Utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre permisos, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole.

XIII.Intentar o lograr el propósito de desacreditar, confundiendo al cliente, en cuanto a la Denominación de Origen o Indicación Geográfica, haciéndole creer que el producto que esta adquiriendo es el original.

XIV.Cuando una sociedad sustraiga la atención de la clientela de un competidor, comerciante o fabricante, en su beneficio, no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o inventivas, si no realizando actos de imitación respecto de las características predominantes de su competidor.

XV.Usar una Marca de Certificación de Indicación Geográfica sin contar con la licencia correspondiente por parte del Consejo Regulador que sea su titular.

Título X De las sanciones administrativas y delitos Capítulo Primero De la imposición de sanciones administrativas

Artículo 109.Los incumplimientos de lo dispuesto en esta Ley, serán consideradas como infracciones administrativas, a las que serán aplicables las sanciones previstas en este ordenamiento y en lo no previsto, lo señalado en la Ley de la Propiedad Industrial. Los procedimientos administrativos y civiles, se seguirán conforme a lo estipulado en la Ley de Propiedad Industrial considerando las disposiciones especiales previstas en este ordenamiento.

Artículo 110. Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

Artículo 111.En los procedimientos judiciales a que se refiere el Artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 112. Durante el proceso litigioso, se podrán inmovilizar, en donde quiera que se encuentren, provisionalmente las mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos relacionados presuntamente con alguna de las infracciones previstas en esta Ley, debiendo el órgano competente para dicho acto, constar en acta, tanto el objeto, como los motivos de la intervención cautelar

Artículo 113. El Instituto, en la imposición de sanciones de carácter administrativo, se sujetará a lo siguiente:

I. Se otorgará audiencia al presunto infractor, quien en un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, deberá manifestar  por escrito lo que a su interés convenga, ofrecer pruebas y formular alegatos.

II. En caso de que el presunto infractor no hiciere uso del derecho de audiencia dentro del plazo establecido, o bien, habiéndolo ejercido lo lograre desvanecer las imputaciones vertidas en su contra, se tendrán por acreditadas las infracciones imputadas y se procederá a la imposición de la sanción correspondiente.

III. En la imposición de sanciones se tomará en cuenta:

a) Los antecedentes personales y condición económica del infractor;

b) La naturaleza y gravedad de la infracción cometida, así como la cuantía de la operación imputada dentro del hecho infractor;

c) Las atenuantes, así como l a no existencia de afectación a terceros;

d) En caso de reincidencia, las causas que la originaron y las acciones correctivas aplicadas por el presunto infractor.

Artículo 114.En el caso de personas morales, las multas podrán se impuestas tanto a dichas personas como a sus consejeros y empleados, incluyendo sin limitación, sus directores y gerentes, representantes y apoderados que hayan incurrido directamente o hayan ordenado la realización del acto o hecho generador de la infracción.

Artículo 115.Se impondrá multa de 30,000a 50,000,días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, pudiendo rebasar este importe hasta alcanzar el 50 por ciento del volumen de ventas, el valor de las mercancías, productos o superficies objetos de la infracción a quienes incurran en un acto de competencia desleal previstos en el título VI de esta Ley. Por cada infracción, corresponderá una multa, las que podrán ser acumulativas.

Artículo 116.Así mismo, a aquellos que violen dichos preceptos, se les podrá imponer como sanción accesoria, la pérdida permanente, o temporal del uso de la Denominación de Origen o Indicación Geográfica, la cancelación del uso de la Marca de Certificación de Indicación Geográfica o de cualquier marca utilizada para la comercialización de sus productos.

Artículo 117.Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, en caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta por las infracción anterior, sin que su monto exceda del doble del máximo y, como pena accesoria, la pérdida permanente del uso de dicha marca.

Artículo 118.Las sanciones previstas en esta Ley serán compatibles con la pérdida o retiro de derechos económicos previstos, además el Instituto para resolver, podrá imponer como sanción accesoria alguna de las siguientes:

I.Medidas de corrección, seguridad, o control que impidan la continuidad en la producción del daño.

II.Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas, y demás objetos relacionados con la infracción o cuando se trate de productos no identificados.

III.Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada.

IV.Suspensión del derecho a usar la Indicación Geográfica o la  Denominación de Origen por un período máximo de 10 años.

Artículo 119.Cuando se hayan intervenido cautelarmente mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos relacionados con la infracción sancionada, el Instituto acordará su destino. Las mercancías o productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo constituyeran peligro para la salud pública. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucción o el decomiso correrán por cuenta del infractor, incluida la indemnización que deba abonarse al propietario de la mercancía decomisada cuando éste no sea el infractor.

Artículo 120.Cuando el infractor no cumpla con la obligación impuesta por el Instituto, o lo haga de forma incompleta, así como cuando el infractor no cumpla una obligación impuesta como sanción accesoria, o lo haga de forma incompleta, podrán imponerse multas coercitivas a fin de que se cumpla íntegramente la obligación o la sanción establecida.

Capítulo Segundo De los Delitos

Artículo 121.Seimpondrán de 10 a 15 años de prisión y multa de 25,000 a 50,000 días de salario mínimo vigente general en el Distrito Federal, pudiendo rebasar este importe hasta alcanzar el 50 por ciento del volumen de ventas, el valor de las mercancías, productos o superficies objetos de la infracción,  a quién dentro del territorio nacional:

I.Utilice una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica, aun en grado de confusión, sin tener licencia o autorización correspondiente;

II.Teniendo licencia o autorización correspondiente, utilice indebidamente una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica, aun en grado de confusión,

III.Aporte o provea materias primas o insumos para un producto que ostente una Denominación de Origen o Indicación Geográfica, aun en grado de confusión, a sabiendas de que no se cuenta con licencia o autorización correspondiente, o de que, teniendo la licencia o autorización, la Denominación de Origen está siendo utilizada indebidamente.

Para los efectos de este artículo, por utilizar se deberá entender financiar, producir, suministrar, almacenar, transportar, introducir o sacar del país, distribuir, poner en venta, comercializar, o adquirir para intermediación, un producto que ostente una Indicación Geográfica o una Denominación de Origen.

La utilización de una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica en grado de confusión, incluirá los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera” “imitación”, “producido en” “hecho en” “elaborado en”, u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

Para determinar si una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica está siendo utilizada indebidamente, se requerirá la opinión técnica del organismo evaluador de la conformidad respectivo que reconozca la Ley.

IV.Fabrique o elabore productos amparados por la patente o certificado de Denominación de Origen, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente.

Artículo 111.La investigación previa relacionada con los delitos a los que se refiere la presente Ley, la iniciará el Ministerio Público, por querella de parte, tan pronto tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal, de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Economía, en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate. Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico no prejuzgarán sobre las acciones civiles, mercantiles o penales que procedan.

Título XI De la Promoción, Difusión y Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas

Artículo 123.  El Instituto, la Secretaría de Economía y la Sagarpa contarán con un fondo de apoyo para las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas que estará formado por todos los depósitos que reciba el Instituto por concepto de derechos relacionados con servicios o actos relacionados con los preceptos de este ordenamiento.

Artículo 124.  El Instituto elaborará anualmente un presupuesto de fomento y apoyo a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, considerando las propuestas de los Consejos Reguladores autorizados.

Artículo 125. Los recursos del fondo descrito en este Título, serán canalizados directa y exclusivamente a los Consejos Reguladores como apoyos y donativos, quienes deberán emplearlos específicamente para los proyectos de promoción y publicidad aprobados contemplados en el presupuesto; pudiendo tener la participación de diversos Consejos Reguladores o proyectos mixtos con otros participantes de la cadena de valor de los productos protegidos o con otras dependencias de gobierno.

Artículo 126. El Instituto procurará en todo momento que el fondo a que se refiere este título sea empleado en campañas de difusión de las Denominaciones de Origen y sus productos fortaleciendo la categoría tanto en el mercado nacional como en mercados internacionales, informando y difundiendo. Igualmente se procurará que en los proyectos que presenten los consejos Reguladores se recomiende el consumo de los productos protegidos, se informe de sus beneficios destacando sus aspectos históricos tradicionales así como los factores climáticos, geográficos, edáficos, biológicos y humanos u otras características de reputación respecto de los productos protegidos, haciendo alusión a las marcas certificadas que los distingan en el mercado de otros productos apócrifos.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor a los 10 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículos Segundo. El Ejecutivo federal deberá expedir el reglamento a la presente ley, en el término de 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto

Artículo Tercero. Se deroga el Título Quinto de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.— Diputados:Abel Octavio Salgado Peña, José Noel Pérez de Alba, Cecilia González Gómez, Gabriel Gómez Michel, Sergio Armando Chávez Dávalos, Leobardo Alcalá Padilla, María Leticia Mendoza Curiel, Claudia Delgadillo González, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Marco Antonio Barba Mariscal, Ossiel Omar Niaves López, Luis Armando Córdova Díaz, María Angélica Magaña Zepeda, Salvador Barajas del Toro, María del Rocío Corona Nakamura, Patricio Flores Sandoval, Cesario Padilla Navarro, Patricia Elena Retamoza Vega, Salvador Arellano Guzmán, Rafael González Reséndiz, Francisco Alberto Zepeda González (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Abel Octavio Salgado Peña. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

VOLUMEN II

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Víctor Emanuel Díaz Palacios, diputado federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, para tipificar como delito la construcción en zonas de riesgo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

El cambio climático y sus efectos devastadores en la alteración de las condiciones atmosféricas, se ha erigido en un tópico clave de la agenda política de las naciones desde la celebración de la “Cumbre de la Tierra”, convocada por la Organización de las Naciones Unidas y celebrada en Río de Janeiro en el año de 1992 y la sucedánea de Kioto en 1997.

Estos fenómenos afectan severamente la conformación de los ecosistemas y una  de sus más lesivas manifestaciones se contempla en cada temporada de huracanes, en la que miles de familias que se han asentado en espacios urbanos caracterizados, sufren el drama por la falta de infraestructura necesaria en sus viviendas, para realizar sus actividades cotidianas básicas.

Tal es la situación que está siendo vivida por muchos de nuestros compatriotas en este mes de septiembre, debido a la conformación de los meteoros “Ingrid” y “Manuel”, provenientes respectivamente del Golfo de México y el Océano Pacífico, y que al confluir en nuestro territorio nacional, trajeron consigo un verdadero drama humano de desolación y destrucción. Drama en el que las alteraciones climatológicas se entrelazaron con la especulación inmobiliaria y una corrupción administrativa que resulta intolerable a todas luces.

La regulación de los asentamientos humanos por su parte, cuenta con antecedentes tan conspicuos como lo podrían ser las “Ordenanzas de Población” de Felipe II, elaboradas en 1573 por el Presidente del Supremo Consejo de Indias, don Juan de Ovando. Sin embargo, la adecuada regulación de los asentamientos no vino a constituir una materia que llamara la atención de manera destacada a los responsables de elaborar las políticas públicas, sino a partir de la expedición, en 1931, del manifiesto del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, conocido bajo la denominación de “la Carta de Atenas”, y cuya principal autoría corresponde al célebre arquitecto suizo Le Corbusier.

La Organización de las Naciones Unidos ha convocado en dos ocasiones a sendas conferencias internacionales sobre la materia, mismas que se llevaron a cabo respectivamente en las ciudades de Vancouver en 1976 y de  Estambul en 1996. Cumbres de las que se derivaron compromisos a cargo de la comunidad de naciones y que, en su oportunidad, fueron suscritos y debidamente ratificados por nuestro país.

Consecuencia de los compromisos suscritos en las conferencias de Vancouver y Estambul, en México fueron expedidas las Leyes Generales de Asentamientos Humanos que han regido en el país en los últimos tiempos, contando con las “Ordenanzas” de Felipe II como único antecedente legislativo de importancia. La primera ley en el año de 1976, posteriormente reformada en 1982, y la actualmente en vigor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993.

La vida del país ha sido marcada en las últimas décadas por la especulación inmobiliaria y la expansión sin precedentes de las manchas urbanas, aumentando los casos citadinos sobre antiguas superficies ejidales, dedicadas al cultivo en un pasado que, aunque siendo reciente en el tiempo, se antoja sin embargo remoto dada la vertiginosa transformación de los paisajes.

Han surgido nuevos conflictos por la tierra a consecuencia de la reconversión del suelo, del régimen comunal a la propiedad de índole privada, sin que las formalidades exigidas al efecto por la ley estén siempre presentes en el proceso de reconversión.

La creación de instituciones como la Sociedad Hipotecaria Federal y el surgimiento de nuevos agentes financieros como las Sofoles hipotecarias, contribuyeron a expandir la construcción a lo largo y ancho del territorio nacional. Expansión que propició como nunca la corrupción enquistada en las oficinas públicas, de los diversos órdenes de gobierno, encargadas de otorgar las licencias de construcción y los permisos de uso de suelo que deben ser requeridos al efecto. Con ello ha quedado manifiesto el grado extremo de vulnerabilidad de diversos grupos humanos, ubicados entre los estratos menos favorecidos de nuestra sociedad y ante lo que la ley en la materia denomina “fenómenos naturales perturbadores”.

Resulta digno de destacarse, el hecho de que la colegisladora se apresta en éstos momentos a discutir la aprobación de una nueva Ley General de Asentamientos Humanos; cuyo objetivo central tiende a restringir la especulación inmobiliaria y a garantizar a todos los habitantes de los asentamientos humanos, la protección civil que debe asistir a todos los mexicanos.

Los estragos sociales provocados por el entrelazamiento de ambos fenómenos: la virulencia de las alteraciones climáticas por una parte, y la especulación inmobiliaria por la otra; encuentra un nudo toral en la corrupción administrativa que se observa en el otorgamiento deliberado de licencias de construcción o autorizaciones de uso de suelo en zonas de riesgo, en menoscabo de la seguridad de un sinnúmero de mexicanos. Por tal motivo y a criterio de éste legislador, el esfuerzo en la materia de la colegisladora, bien puede ser complementado tipificando la conducta de referencia en la legislación penal vigente.

Fundamento Constitucional

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso General, en su fracción XXI, para “establecer delitos contra la federación”; señalándose por lo demás en el inicio I de la fracción XXIX del propio artículo 73, que asiste al Congreso General la atribución para: “expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil”.

Aún cuando el artículo 75 de la Ley General de Protección Civil establece que corresponde a las autoridades locales “identificar y delimitar las zonas de riesgo”, dicha atribución se subordina a la observancia del Programa Nacional de Protección Civil, cuya expedición es atribución de las autoridades federales y que contiene el atlas de riesgo elaborado al respecto por la autoridad federal competente.

Por lo que se encuentra fuera de toda duda, la atribución que asiste a este Congreso General para tipificar en el Código Penal Federal, la conducta de la que se ha venido haciendo referencia en la presente exposición de motivos.

Planteamiento del problema

El artículos 84 de la Ley General de Protección Civil establece que

Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada, sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

Precepto que, tal y como se desprende de su lectura, sanciona en exclusiva la actuación irregular del constructor particular, en tanto que los artículos 89 y 90 del referido cuerpo legislativo, sancionan por su parte el otorgamiento de permisos de uso de suelo o utilización del mismo, sin que medien las acciones de prevención o reducción de riesgo a que se refiere el articulado de la citada ley.

Resulta destacable el hecho de que el artículo 90, además de establecer sanciones administrativas para la conducta en cuestión, señala que la misma se considera una conducta grave que se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta ley y de las demás disposiciones legales aplicables.

No obstante lo anterior, ninguno de los artículos ya mencionados establece alguna sanción para las conductas que está calificando como delitos.

La legislación mexicana ha observado la tendencia en las últimas décadas, de venir eliminando los tipos penales existentes en leyes especiales de índole administrativa en su gran mayoría, para concentrar las descripciones normativas de las “acciones u omisiones que sancionan las leyes penales” en el código federal de la materia.

En consecuencia, se propone en la presente iniciativa establecer en el Código Penal Federal, el tipo penal de “construcción en zonas de riesgo” como delito autónomo, estableciéndose un nuevo título vigésimo séptimo al Código Penal Federal, a efecto de que la protección civil de las personas en su patrimonio e integridad física constituya un bien jurídicamente protegido por las disposiciones punitivas.

La clásica composición del delito entendido como “conducta típica, antijurídica, culpable, susceptible de ser imputable a un sujeto activo, en el que la tipificación determine los elementos subjetivos de lo injusto en su caso y que resulte por demás punible mediante una sanción”; debe surtirse a cabalidad por parte de todo legislador que determine sancionar penalmente una conducta.

En tal tesitura, el legislador debe siempre tener en cuenta al describir una conducta como tipo penal, que ésta debe ser siempre antijurídica tal y como lo es en el caso que nos ocupa, toda vez que la “construcción en zona de riesgo” es en sí un ilícito en el ámbito del derecho administrativo según se establece al respecto en la Ley General de Protección Civil.

La referida conducta a tipificarse en la ley penal, y que es per se antijurídica según lo recientemente expresado, resulta asimismo culpable en grado de dolo al tener verificativo por parte de constructores, auxiliados o no, por servidores públicos, mediante la extensión respectiva de permisos o licencias de uso de suelo, toda vez que la misma tendría verificativo en abierta contravención de lo que al efecto se determine en cada caso en el Programa Nacional de Protección Civil, y en el Atlas de Riegos integrado al mismo.

La imputabilidad, por su parte, dependerá en cada caso de las condiciones del sujeto activo en la comisión de la conducta que se propone sancionar punitivamente mediante la presente iniciativa con proyecto de decreto. En tanto que, la punibilidad, dependerá en exclusiva de que ésta soberanía determine la existencia de una sanción para la conducta en cuestión, a diferencia de lo que se observa a la fecha en el texto en vigor del artículo 84 de la Ley General de Protección Civil, tal y como ha sido ya referido en la presente exposición de motivos.

Los elementos subjetivos de lo injusto, constituyen un elemento integrante del delito al decir del prominente jurista español Luis Jiménez de Asúa; elemento que juega un papel fundamental y clave en la materia que se aborda en la presente exposición de motivos. De suerte y manera tal que el referido elemento se surtiría a cabalidad por parte de los servidores públicos al otorgar permisos de construcción o de uso de suelo actuando en abierta contravención a las disposiciones concernientes a la protección civil; en tanto que, el constructor particular, tan sólo surtiría dicho elemento del delito al edificar de manera arbitraria sin mediar licencia o permiso, o bien, al construir de manera deliberada pese a contar con la plena conciencia de que los permisos o licencias que se hubiesen expedido a su favor se encontrasen en contravención de las referidas disposiciones.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa que hoy se somete a la consideración de ésta asamblea, propone la adición de un nuevo título vigésimo séptimo del Código Penal Federal, “De los delitos contra la protección civil”, integrado por cuatro nuevos artículos con el texto que a continuación se determina:

Artículo 430. Se sancionará como delito grave con pena corporal de 7 a 30 años de prisión, así como con multas equivalentes a los daños que de tal conducta pudiesen ocasionarse, a quien autorice el uso de suelo así como la expedición de permisos de construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos, que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, sin definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable.

Artículo 431. Se sancionará con pena corporal de 5 a 25 años de prisión, así como con multas equivalentes a los daños que de tal conducta pudiesen ocasionarse, a quien construya, edifique o realice obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos en zonas determinadas de riesgo en los términos de la ley en la materia, cuando los constructores no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

Artículo 432. Se impondrán de 7 a 35 años de prisión, a quien construya, edifique o realice de obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada de riesgo en los términos de la ley en la materia, aún contando con la autorización de la autoridad correspondiente.

Las penas descritas en el párrafo anterior aumentarán en una mitad más, cuando el constructor respectivo estuviese plenamente consciente de que la expedición de la autorización o permiso correspondiente fuesen expedidos en abierta contravención a las disposiciones aplicables en materia de protección civil.

El servidor público que resulte coparticipe mediante la expedición arbitraria de los acto jurídicos en cuestión, las penas se aumentarán hasta en un tercio adicional y  será destituido e inhabilitado para el desempeño de cargos empleos o comisiones de carácter público.

Artículo 433. Las penas previstas en el artículo anterior, serán aplicadas a todo aquel que incite, coordine o promueva la ocupación de predios ubicadas en zonas determinadas en riesgo.

Artículo 434. Las sanciones establecidas en el presente título, se aplicarán sin menoscabo de aquellas que correspondan por la incursión en otros delitos del orden común y cuyas sanciones se acumularán a las que al efecto se contienen en el presente.

Fundamentación

De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con fundamento en la anterior exposición de motivos, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, a efecto de tipificar penalmente la construcción en zonas de riesgo

Único. Se adiciona el título vigésimo séptimo del Código Penal Federal, Delitos contra la Protección Civil, formado por los artículos 430, 431, 432, 433 y 434 para quedar de la siguiente manera:

Título Vigésimo Séptimo

Delitos contra la Protección Civil

Artículo 430. Se impondrán de 7 a 30 años de prisión, así como con multas equivalentes a los daños que de tal conducta pudiesen ocasionarse, a quien autorice el uso de suelo así como la expedición de permisos de construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos, que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, sin definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable.

Artículo 431. Se impondrán de 5 a 25 años de prisión, así como con multas equivalentes a los daños que de tal conducta pudiesen ocasionarse, a quien construya, edifique o realice obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos en zonas determinadas de riesgo en los términos de la ley en la materia, cuando los constructores no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

Artículo 432. Se impondrán de 7 a 35 años de prisión, a quien construya, edifique o realice de obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada de riesgo en los términos de la ley en la materia, aún contando con la autorización de la autoridad correspondiente.

Las penas descritas en el párrafo anterior aumentarán en una mitad más, cuando el constructor respectivo estuviese plenamente consciente de que la expedición de la autorización o permiso correspondiente fuesen expedidos en abierta contravención a las disposiciones aplicables en materia de protección civil.

El servidor público que resulte coparticipe mediante la expedición arbitraria de los acto jurídicos en cuestión, las penas se aumentarán hasta en un tercio adicional y  será destituido e inhabilitado para el desempeño de cargos empleos o comisiones de carácter público.

Artículo 433. Las penas previstas en el artículo anterior, serán aplicadas a todo aquel que incite, coordine o promueva la ocupación de predios ubicadas en zonas determinadas en riesgo.

Artículo 434. Las sanciones establecidas en el presente título, se aplicarán sin menoscabo de aquellas que correspondan por la incursión en otros delitos del orden común y cuyas sanciones se acumularán a las que al efecto se contienen en el presente.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.— Diputados: Víctor Emanuel Díaz Palacios, Faustino Félix Chávez, Miriam Cárdenas Cantú, Irma Elizondo Ramírez, Francisca Elena Corrales Corrales (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El diputado Jesús Oviedo Herrera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el que suscribe, diputado Jesús Oviedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Es un hecho que actualmente encontramos ordenamientos legales que mantienen en sus textos disposiciones o términos que ya quedaron rebasados, principalmente porque el marco jurídico tiene que adaptarse constantemente y responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos, y al mismo tiempo debe armonizarse a los avances del orden jurídico internacional en todas las materias correspondientes, o de los tratados y convenciones en los que nuestro país es Estado parte.

Aunado a ello debe considerarse que toda norma es perfectible. En el caso que nos ocupa referente a la iniciativa, ésta busca sustituir el término territorios y agregar el de Distrito Federal, toda vez que de acuerdo al marco legal ya no es aplicable.

En la evolución contemporánea de la división territorial pueden distinguirse los siguientes episodios. El 30 de diciembre de 1930 el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales aprobaron las reformas a la Constitución por las cuales se crearon el territorio norte de Baja California y el territorio sur. El punto de partida sería el paralelo 28. Se publicaron en el Diario Oficial el 7 de febrero de 1931.

El 14 de diciembre de 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio decretó la anexión del territorio de Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche, poniendo como excusa que el territorio, al no poder bastarse así mismo, representaba un enorme egreso para la federación.

El 11 de enero de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 1935, mediante el cual se restituyó nuevamente el territorio federal de Quintana Roo.

El presidente Miguel Alemán anuncia el 1 de septiembre de 1951, que el territorio norte de Baja California, por razón de su población y de su capacidad económica para subsistir, satisface las condiciones exigidas por la Constitución para ser admitido como estado libre y soberano.

El presidente de la República, en 1974, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para que el territorio de Quintana Roo y el territorio del sur de Baja California fueran elevados a la categoría de estados.

La última reforma constitucional de creación de nuevos estados tuvo lugar el 8 de octubre de 1974, por cuyo medio Baja California Sur y Quintana Roo se convirtieron en estados, pues ya reunían las condiciones necesarias establecidas en el artículo 73 de la Constitución, el cual dispone que para dejar su condición de territorio debía contar con una población mínima de 80 mil habitantes, ingresos propios suficientes para cubrir los gastos de administración pública, así como la existencia de infraestructura agrícola, industrial, comercial y educativa, entre otras.

A 39 años de la reforma constitucional aún existen algunas lagunas en las leyes que continúan mencionando la calidad de territorios, como es el caso de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual proponemos actualizar.

Por tal motivo, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan los artículos 7o. y 8o. de la citada ley.

Artículo Único. Se reforman los artículos 7o., primer párrafo, y 8o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Las autoridades de los estados, Distrito Federal y municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos, lo harán siempre previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Artículo 8o. Las autoridades de los estados, Distrito Federal y municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije dicho instituto. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado J. Jesús Oviedo Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 7 y 8 de  la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

Es un hecho que actualmente encontramos ordenamientos legales que mantienen en sus textos disposiciones o términos que ya quedaron rebasados, principalmente porque el marco jurídico tiene que adaptarse constantemente y responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos; y al mismo tiempo, debe armonizarse a los avances del orden jurídico internacional en todas las materias correspondientes, o de los Tratados y Convenciones en los que nuestro país es Estado parte.

Aunado a ello debe considerarse que toda norma es perfectible. En el caso que nos ocupa referente a la iniciativa, ésta busca sustituir el término “Territorios” por el de “Distrito Federal” toda vez que, de acuerdo al marco legal ya no es aplicable.

La evolución territorial de nuestra nación se ha desarrollado  desde el Virreinato, el I Imperio, La Republica, nuevamente el Imperio y la República Restaurada, en el devenir histórico-territorial de  nuestro país podemos considerar:

Provincias

Estados y territorios

Departamentos

Departamentos Imperiales

Estados y Territorio y  finalmente por la actual;

Estados y un Distrito Federal,

Desde luego se debe considerar la separación de voluntaria de las provincias de Centroamérica  en 1823 y los territorios perdidos en la guerra con Estados Unidos en 1847

En la evolución contemporánea, de la división territorial, pueden distinguirse los siguientes episodios.

El 30 de diciembre de 1930.

El Congreso de la Unión y las legislaturas locales aprobaron las reformas a la Constitución por las cuales se crearon el Territorio Norte de Baja California y el Territorio Sur de Baja California, el punto de partida seria el paralelo 28, se publicaron en el Diario Oficial el 7 de febrero de 1931

28 de enero de 1931

El rey de Italia Víctor Manuel III dictó un fallo a favor de Francia por la posesión de la isla Clipperton, también conocida como Isla de la Pasión, por el cual México perdió la soberanía de ese atolón.

14 de diciembre de 1931

El presidente Pascual Ortiz Rubio decretó la anexión del territorio de Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche poniendo como excusa que el Territorio, al no poder bastarse a sí mismo económicamente, representaba un enorme egreso para la federación.

11 de enero de 1935

El presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto, publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 1935, mediante el cual se restituyó nuevamente el Territorio Federal de Quintana Roo.

1952

El presidente Miguel Alemán Valdés anuncia el 1 de septiembre de 1951 que el Territorio Norte de Baja California por razón de su población y de su capacidad económica para subsistir, satisface las condiciones exigidas por la Constitución para ser admitido como estado libre y soberano.

1963

Devolución formal de El Chamizal firmada entre el presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson y el presidente de México Adolfo López Mateos se reúnen en la Isla de Córdoba estableciendo la nueva frontera entre México y Estados Unidos.

28 de octubre de 1967

Devolución física de 333 ha de El Chamizal firmada entre el presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson y el presidente de México Gustavo Díaz Ordaz...

1974

El presidente Luis Echeverría Álvarez envío al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para que el Territorio de Quintana Roo y el Territorio Sur de la Baja California fueran elevados a la categoría de estados.

Tras la aprobación de las legislaturas estatales, el 8 de octubre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto, dándole a México su actual configuración.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  dice con prontitud  en los artículos:

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estadosde Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.

Artículo 45. Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.

Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores.

De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, en los términos de la fracción I del artículo 105 de esta Constitución....

Dos extremos geográficos del país permanecieron en calidad de “territorios”, hasta 1974.

Fue por Quintana Roo (Cozumel) que llegó el conquistador  Don Hernán Cortés,  y fue  Baja California Sur la última tierra en ser conquistada y evangelizada.

Ambos territorios fueron elevados a categoría de estado el mismo día, en la misma ceremonia.

Una nota periodística de esos años así lo anunciaba:

Baja California (Sur) y Quintana Roo, estados 30 y 31.

El Universal

25 de agosto de 1974.-El licenciado Luis Echeverría, Presidente de la República, someterá a la consideración del Congreso de la Unión una iniciativa para que los territorios de Baja California Sur y de Quintana Roo se transformen en estados libres y soberanos de la federación, al iniciarse el próximo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo.

El primer magisterio dio a conocer la noticia ayer en Los Pinos, en una reunión de trabajo en la que participaron los Gobernadores de trece entidades, representantes de diversos sectores de las mismas y tres secretarios de Estado, los cuales tributaron al Jefe del Poder Ejecutivo Federal una cerrada ovación cuando dio a conocer su acuerdo.

El gobernador de Quintana Roo, licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, se mostró complacido por la noticia y agradeció, por anticipado, al Presidente de la República, “su decisión histórica” en favor de la entidad que gobierna y de Baja California Sur....

Fue la última  reforma constitucional de creación de nuevos estados y tuvo lugar el 8 de octubre de 1974, por cuyo medio Baja California Sur y Quintana Roo se convirtieron en estados.

Al fin Baja California Sur y Quintana Roo reunían las condiciones necesarias establecidas en el artículo 73 de la Constitución el cual dispone, que para dejar su condición de territorio, debía contar con una población mínima de 80 mil habitantes, ingresos propios suficientes para cubrir los gastos de administración pública, así como la existencia de infraestructura agrícola, industrial, comercial y educativa, entre otras.

A 39 años de la reforma constitucional aún existen algunas lagunas en las leyes que continúan mencionando la calidad de “Territorios”.

La iniciativa que hoy presentamos cambia la denominación de territorios por estados y un Distrito Federal tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte es de observar los antecedentes del hoy INAH.

• La creación en 1825 del Museo Nacional Mexicano por el presidente Guadalupe Victoria poco después de la Independencia es uno de los primeros antecedentes del INAH; posteriormente la disposición en 1865 de Maximiliano de Habsburgo de instalar en el Palacio Nacional, el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia contribuye al esfuerzo de preservar las colecciones de figuras precolombinas.

• El reconocimiento en 1897 de que la nación es la propietaria de los inmuebles arqueológicos y el encargo de su custodia al Gobierno Federal y a los Gobiernos Estatales incrementa la participación del estado en el cuidado y estudio de las culturas mesoamericanas. Posteriormente en 1909 y con el festejo del centenario de la Independencia como marco el museo se divide en varias secciones: el Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de Arqueología y Etnografía inaugurado por el presidente Porfirio Díaz. En 1917, como parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento, se creada la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, que al año siguiente cambia el nombre por el de Dirección de Antropología; en 1925, es incorporada a la SEP, luego, en 1930 se fusionan la Dirección de Arqueología y la Inspección General de Monumentos para constituir el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la SEP, con las funciones de: exploración de las zonas arqueológicas del país; vigilancia, conservación y restauración de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de la República, y los objetos que en ellos se encuentran; las investigaciones científicas y artísticas que interesen a la Arqueología e Historia de México, antropológicas y etnográficas, principalmente de la población indígena del país y la publicación de obras. Finalmente en 1939 se crea el INAH. Y  la nueva Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, es decir dos años antes de que Baja California Sur y Quintana Roo pasaran a ser Estados de la Federación.

Por las anteriores consideraciones y con base en el Artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentamos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con proyecto de

Decreto por el cual  se reforma y adicionan los artículo 7 y 8  de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Artículo Único. Se reforman los artículos 7, primer párrafo, y 8 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Articulo 7o.Las autoridades de los estados, Distrito Federal y Municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

...

...

Articulo 8o.Las autoridades de los estados, Distrito Federal yMunicipios  podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije dicho Instituto.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2013.— Diputados: J. Jesús  Oviedo Herrera, Erick Marte Rivera Villanueva,  (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 106 y adiciona un artículo 355 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, vengo a presentar esta iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente exposición de motivos:

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Cofipe, faculta al Instituto Federal Electoral, IFE, para sancionar económicamente a partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, aspirantes a puestos de elección popular, ciudadanos, personas físicas o morales, concesionarios y permisionarios de radio y televisión, entre otros, que infrinjan el marco legal en materia electoral.

A través de los años los controles que regulan los ingresos y egresos de las instituciones que utilizan dinero público para desempeñar sus funciones se vuelven cada vez más rígidos, con la finalidad de garantizar la vigilancia y el buen funcionamiento de los recursos públicos.

La legislación es más clara y cada vez se describen cuáles son los sujetos y sanciones a quienes debe aplicarse esta ley, en caso de cometer una infracción a la misma.

Las causas por las cuales pueden ser infraccionados esta serie de sujetos son muy variadas y el Cofipe también las clasifica perfectamente. Entre ellas, los sujetos que pueden ser sancionados por el Cofipe —y de esto habla mucho la ley— tendrán que tener una normatividad específica para cada uno de los casos, sobre el uso y destino de los ingresos obtenidos por concepto de la imposición de multas y sanciones de carácter económico.

Si bien es cierto que el Cofipe —en su artículo 106— deja claro que el patrimonio del IFE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto derivados de la aplicación de las disposiciones de este Código, no se deja claro en qué se deben utilizar dichos recursos.

Para garantizar que el IFE no utilice la aplicación de multas para beneficiarse económicamente de los partidos políticos y con el fin de fomentar que el uso de los recursos económicos obtenidos por las multas no se instrumentalice de manera política, consideramos que es necesario garantizar, a través de un ordenamiento jurídico claro, el uso y destino de los recursos que el IFE obtiene por la aplicación de las sanciones que el Cofipe contempla.

El 24 de noviembre de 2004, con motivo de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se propuso que el destino de estos recursos recaudados por el IFE fuera precisamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Desde entonces, en cada ejercicio fiscal se han establecido criterios diversos de asignación, tanto para el Conacyt, como para centros públicos de investigación, situación que ha quedado plasmado en el ámbito del Presupuesto de Egresos de la Federación que cada año fiscal es aprobado por esta Cámara de Diputados. Sin embargo, esta situación ha quedado de manera muy discrecional en su aplicación actualmente.

No obstante de que se ha incluido en un artículo el destino de las multas, el 22 de febrero de 2010 la Junta General Ejecutiva del IFE, presidida por Leonardo Valdés Zurita, aprobó que el dinero recaudado por concepto de multas de los partidos políticos se quedaría en el propio instituto político, con el objeto de cubrir —compañeros diputados— sus pasivos laborales, en lugar de destinarlo —como se venía acostumbrando— a actividades de investigación.

En función de lo anterior, es necesario dar certeza y transparencia a través de un nuevo artículo al Cofipe sobre el destino de las multas, a fin de evitar interpretación, discrecionalidad y opacidad en el destino y en el manejo de estos recursos.

Por otra parte, es necesario apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en México, ya que es parte fundamental para el crecimiento sostenible del país la formación de profesionistas de alto nivel que desarrollen y promuevan la investigación científica.

Con la propuesta de esta iniciativa, compañeros diputados, se pretende subsanar los problemas planteados anteriormente, además de establecer obligatoriedad de las instituciones beneficiadas de informar sobre el destino de dichos recursos, tanto a la Cámara de Diputados, al instituto y a la ciudanía en general.

De estas reformas que contemplamos como artículo único se reformaría el artículo 106, adicionando un artículo 355, para quedar como sigue: El patrimonio del instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, exceptuando los ingresos obtenidos por la imposición de multas y sanciones derivadas de la aplicación del presente código.

Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos, así como de los ingresos obtenidos por la imposición de multas y sanciones no formarán parte del patrimonio del instituto. El instituto únicamente podrá utilizar los recursos económicos obtenidos por concepto de multas y sanciones conforme a lo establecido en el artículo 355 Bis.

Los recursos obtenidos por estos conceptos serán destinados de manera equitativa al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, los cuales deberán destinarse exclusivamente para apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en México.

Diputado presidente, solicito que se integre todo el documento que el día de hoy entrego. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 106 y adiciona el 355 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Cofipe faculta al Instituto Federal Electoral (IFE) para sancionar económicamente a partidos políticos; agrupaciones políticas nacionales; aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; ciudadanos, personas físicas o morales; observadores electorales, a los concesionarios y permisionarios de radio o televisión, entre otros, que infrinjan el marco legal en materia electoral.

A través de los años los controles que regulan los ingresos y los egresos de las instituciones que utilizan el dinero público para desempeñar sus funciones se vuelven cada vez más rígidos a fin de garantizar la vigilancia y el buen uso de los recursos públicos.

La función fiscalizadora de organismos autónomos como la del IFE nos dan certeza de que los recursos utilizados por los partidos políticos, para llevar a cabo sus actividades ordinarias y sus campañas políticas, son cada día más confiables.

La legislación es clara y firme al respecto, pues describe a cuáles sujetos y sanciones a quienes debe aplicarse la ley en caso de cometer una infracción.

De acuerdo con el Cofipe, el IFE está facultado para imponer sanciones o multas a casi cualquier persona que haya incumplido o quebrantado las disposiciones legales en materia electoral:

a) Los partidos políticos;

b) Las agrupaciones políticas nacionales (APN);

c) Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

e) Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;

f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público;

g) Los notarios públicos;

h) Los extranjeros;

i) Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión;

j) Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político;

k) Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos;

l) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; y

m) Los demás sujetos obligados en los términos del presente código.

Las causas por la cuales pueden ser infraccionados esta serie de sujetos son muy variadas y el Cofipe también las clasifica perfectamente. Entre ellas destacan las siguientes:

Para los partidos políticos y APN:

a) Dejar de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b) Recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

c) No contar con el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro...

Para los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos o, en su caso, de cualquier persona física o moral:

a) La negativa a entregar la información requerida por el Instituto, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

b) Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular;

c) Proporcionar documentación o información falsa al Registro Federal de Electores...

Para las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión, poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público:

a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del IFE.

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de urgencia.

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales.

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato...

Podríamos continuar enumerando las causas y los sujetos que pueden ser sancionados por el Cofipe; de eso la ley habla mucho. Sin embrago, el objetivo de la iniciativa es destacar que, paradójicamente, no hay aún en el Cofipe una reglamentación clara y precisa acerca del uso y destino que deben darse a los ingresos obtenidos por concepto de la imposición de multas y sanciones económicas .

Si bien el artículo 106 del Cofipe deja claro que el patrimonio del IFE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto derivados de la aplicación de las disposiciones del código, no deja claro en qué deben ser utilizados los recursos.

Para garantizar que el IFE no utiliza la aplicación de multas para beneficiarse económicamente de los partidos políticos y a fin de fomentar que el uso los recursos económicos, obtenidos por multas, no se instaure de manera política, consideramos que es necesario garantizar a través de un mecanismo jurídico, el uso y destino de los recursos que el IFE obtiene por la aplicación de las sanciones que el Cofipe considera.

Tomando en cuenta que los ingresos obtenidos por las multas no pueden ser equiparables a los aprovechamientos que el Código fiscal de la Federación define como ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal,consideramos que es necesario implementar una figura especial dentro del Cofipe, a través de la cual quede claro que los recursos que ingresan a las cuentas del IFE, por concepto de multas y sanciones, no son recursos generados por algún tipo de financiamiento o participación estatal.

En noviembre de 2004, con motivo de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en la Cámara de Diputados se propuso que el destino de los recursos financieros recaudados por el IFE por concepto de sanciones a los partidos políticos (multas), se canalizara directamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Desde entonces, en cada ejercicio fiscal, se han establecido criterios diversos de asignación tanto para el Conacyt, como para centros públicos de investigación, situación que ha quedado plasmada en el ámbito del Presupuesto de Egresos de la Federación que para cada año fiscal es aprobado por la Cámara de Diputados.

Dicha situación ha generado, entre otros, los siguientes problemas:

1. Los sujetos obligados. Inicialmente sólo se hablaba de las multas impuestas a los partidos políticos. Actualmente, deben considerarse todos los sujetos de responsabilidad que señala el artículo 341 del Cofipe (líneas arriba citados).

2. La imprecisión del tipo de multas que se destinan para dichos efectos, esto es, no sólo las derivadas de procedimientos ordinarios o especiales sancionadores, sino también de los procedimientos de fiscalización de las asociaciones políticas y, en general, de todos los entes obligados.

No obstante que se ha incluido en un artículo del PEF el destino de las multas, el 22 de febrero de 2010, la Junta General Ejecutiva del IFE, presidida por el doctor Leonardo Valdés Zurita, aprobó que el dinero recaudado por concepto de multas a los partidos políticos se quedaría en el propio Instituto, con el objeto de cubrir sus pasivos laborales, en lugar de destinarlo, como se venía acostumbrando, a actividades de investigación.

En función de lo anterior, es necesario dar certeza y transparencia a través de un nuevo artículo al artículo del Cofipe sobre el destino de las multas, a fin de evitar la interpretación, discrecionalidad y opacidad sobre el destino y manejo de dichos recursos. No solamente de la Cámara de Diputados sino del propio órgano electoral.

Por otra parte, es necesario apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en México,ya que es parte fundamental para crecimiento sostenible del país, la formación de profesionistas de alto nivel que desarrollen y promuevan la innovación y la ciencia.

Con la propuesta se pretende subsanar los problemas planteados anteriormente, además se establece la obligatoriedad de las instituciones beneficiadas de informar sobre el destino de dichos recursos tanto a la Cámara de Diputados, al instituto y a la ciudadanía en general.

Con base en la exposición de motivos que antecede, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforma el artículo 106 y se adiciona e 355 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 106

1. ...

2. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, exceptuando los ingresos obtenidos por la imposición de multas y sanciones derivadas de la aplicación del presente código.

3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos así como los ingresos obtenidos por la imposición de multas y sanciones derivadas de la aplicación del presente código no forman parte del patrimonio del Instituto. El instituto únicamente podrá utilizar los recursos económicos obtenidos por concepto de multas y sanciones, conforme lo establecido en el artículo 355 Bis de este código.

4. ...

Artículo 355 Bis

Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Federal Electoral a todos los sujetos de responsabilidad del régimen disciplinario que señala el artículo 341 del presente código serán reintegradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que dicha sanción cauce estado.

En el caso de los partidos políticos, el instituto descontará el monto correspondiente de las prerrogativas de los mismos, y será el responsable de reintegrar dichos recursos a la Tesorería de la Federación.

Los recursos obtenidos por estos conceptos serán destinados de manera equitativa al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, los cuales deberán destinarse exclusivamente para apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en México.

El destino de dichos recursos deberá ser reportado en los informes anuales correspondientes y en las páginas de transparencia de dichas instituciones. De igual manera, deberá remitirse un informe anual específico a la Cámara de Diputados y al Consejo General del Instituto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.— Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se inserta la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, que están aquí hoy invitados por la diputada María del Rocío García. Bienvenidas y bienvenidos.

Y también a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, que nos acompañan hoy aquí, invitados por la diputada Adriana González Carrillo. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal hemos decidido suscribir esta iniciativa, porque a lo largo de este año —de que se creó esta comisión— hemos recibido una gran cantidad de presidentes municipales, mismos que nos han manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de recursos. Además hemos venido trabajando con las federaciones municipalistas de todos los partidos políticos y éste es un tema también mucho muy sentido de todos y cada uno de ellos.

Como sabemos, los municipios son una de las instancias más perjudicadas porque tienen muy pocos recursos. Pero además son quienes tienen a su cargo los servicios públicos y que son el contacto mucho más directo con la ciudadanía.

Es por eso que presentamos esta iniciativa, cuya finalidad es que los mismos puedan —sin duda alguna— solicitar la devolución del IVA por las cantidades que resulten de sus operaciones en cumplimiento de su encargo institucional.

Creemos que la petición es muy razonable, es justa. Por eso este planteamiento. Sabemos que si bien el municipio —según la ley— no es un contribuyente del impuesto sobre la renta, sí recaba, exige y obtiene comprobantes con requisitos fiscales cuando realiza pagos a terceros. Además, el municipio es efectivo contribuyente del impuesto al valor agregado y los municipios deben aceptar el traslado del IVA que les hagan sus proveedores de bienes y servicios y, en su caso, pagarlo por aquellos actos o actividades que den lugar al pago de derechos.

En este sentido, creemos prudente trabajar para imponer en la ley la redacción pertinente para lograr fortalecer las arcas municipales, sobre todo en el entendido de que entre mayores recursos, deben ser suficientes para los encargados del ámbito autárquico del país, que son los municipios.

Por ello pido a todos ustedes, en pos de elevar la calidad de vida de sus representados, su apoyo para sacar adelante esta iniciativa.

Le pedimos, presidente, que pueda pasarla, registrarla íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM, y suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal

Quien suscribe, Ernesto Núñez Aguilar, diputado integrante de la LXII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La descentralización en México, ha sido un proceso que se ha relacionado como una causa necesaria para fortalecer las finanzas públicas de las entidades federativas de la República Mexicana y de los municipios en el contexto de la democratización del país, lo cual consiste principalmente en la transferencia gradual de funciones propias de la coordinación fiscal a los ámbitos locales de la federación.

No obstante los avances en la descentralización, es recomendable revisar los momentos históricos del pasado reciente que desencadenaron la crisis del centralismo, principalmente las estrategias utilizadas, con la finalidad de analizar los detonadores, sin menoscabo de sus objetivos basados en formas de interrelación entre Estados, municipios y el Gobierno Federal, según estudiosos del tema.

La crisis del centralismo, fue ante todo un fenómeno de falta de eficiencia, del cual se derivó un endeudamiento externo creciente, lo que generó los déficits de empresas públicas y del gobierno central. Este endeudamiento tendía a que se provocara la necesidad de un crecimiento más acelerado del producto nacional, que por razones de un abaja capacidad instalada, casi nunca se conseguía.

La complejidad de la administración del Estado se fue multiplicando y se hizo menos accesible a cualquier forma de participación, lo que favoreció al clientelismo y la corrupción. Todo ello propició que las decisiones se tomaran en círculos cada vez más cerrados, de forma más excluyente y que los recursos provenientes del creciente endeudamiento fueran aplicados ineficientemente con efectos contrarios para solventar la crisis.

La centralización llegó al extremo en los años 60’s con el recrudecimiento de la política hacía los movimientos opositores y el autoritarismo. La década de máximo centralismo fue la de 1970, que coincidió con la crisis del petróleo y la abundancia de petrodólares, lo que permitió recurrir en mayor escala deuda. Pero finalmente el paulatino agotamiento de la capacidad de endeudamiento acrecentó los déficits públicos.

En el mismo orden de ideas, debido a la inflexibilidad del gasto-salarios de empresas públicas y organizaciones paraestatales, de servicios sociales y de empleados públicos, emergieron presiones inflacionarias que no pudieron ser frenadas por el control de precios, lo que según Iván Finot “la extrema exclusión política, por un lado, y la creciente inflación, por otro, condujeron finalmente al centralismo a una crisis de gobernabilidad”

La crisis dejó desestabilización y el espacio a la política neoliberal que básicamente planteaba, devolver al libre mercado la función primordial de asignar recursos y reducir al aparato estatal para asegurar la estabilidad económica. Sin embargo, es recomendable considerar que para que el mercado funcione adecuadamente es indispensable un desarrollo institucional que garantice la competencia, de acuerdo con las características del desarrollo de la economía.

Al respecto, el avance de la democracia política buscó la recuperación de un funcionamiento distinto que planteaba la participación de las amplias mayorías de participar en las decisiones que pudieran afectar la vida colectiva. Esta práctica colocó al Estado Mexicano en una disyuntiva. Podría optar por convertirse en aparato represor o canalizar constructivamente este impulso participativo y convertirlo en un objetivo de gobernabilidad.

En esa disyuntiva la descentralización se propone como una condición para enfrentar la crisis, pero también para profundizar la democratización. Se plantea como la forma de organización más adecuada para implementar una nueva relación, no solo entre los tres sectores y ordenes de gobierno, sino que trasciende a los ámbitos privado, social y político de la sociedad.

La descentralización parece apropiada para facilitar la competitividad, porque las tendencias desconcentradoras permiten nuevas formas de producir. Asimismo, puede permitir un diseño institucional que incentive al Estado para desempeñar de forma más eficiente, la problemática fiscal y una mejor provisión de los servicios públicos, de acuerdo a la diversidad y pluralidad municipal y de las entidades federativas.

Dentro del ámbito político, la descentralización podría contribuir al logro de objetivos que son indispensables para la gobernabilidad democrática, como la promoción de la participación ciudadana como antídoto para combatir la corrupción. Incentivar a las autoridades municipales con mayores facultades para la obtención de recursos de la federación. Considerar una reforma integral municipal para el beneficio del país.

Bajo este contexto y con el objetivo de dar pasos hacía la eficiencia y el equilibrio fiscal encaminado al respeto irrestricto al municipio libre, principio establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como contribuir al fortalecimiento y desarrollo de los ayuntamientos del país, es que proponemos esta adición de un párrafo quinto al artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a los siguiente.

El proceso para que los municipios recuperen su saldo a favor del impuesto al valor agregado que les corresponde por Ley, se enfrenta al criterio de la Autoridad Fiscal, la que casi en todas las ocasiones niega al municipio la devolución del impuesto bajo el siguiente argumento:

“Aplicación estricta de la mecánica que establece el artículo 4o., de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se puede advertir que los municipios no cuentan con un monto de impuesto al valor agregado acreditable, porque este solo puede derivar de erogaciones que son deducibles para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así, los municipios no cuentan con dichas erogaciones o gastos deducibles”

Dicha opinión, que refleja el punto de vista del Servicio de Administración Tributaria, en lo sucesivo SAT, ha tenido un fundamento cuestionable, en virtud de que establece, que para las cantidades a favor del municipio derivadas del impuesto al valor agregado, que no sean sujetas de devolución se debe a que no tienen efectos deducibles para el Impuesto sobre la Renta, criterio que es contrario a la tesis jurisprudencial aislada de la Sala Regional Centro, que a continuación se transcribe:

Impuesto al valor agregado. Devolución del saldo a favor de dicha contribución no debe de condicionarse a la calidad de los municipios de las diversas entidades federativas guardan respecto del impuesto sobre la renta.No es razón fundada para negar la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado solicitada por loa municipios, el hecho de que dichas entidades gubernamentales no sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, dado que tal extremo no se encuentra previsto en los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como causa legal y determinante para negar la devolución de los saldos a favor de esta contribución, ya que el dispositivo legal último citado sólo contempla como requisitos para efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente –entre otros más- el que las adquisiciones relativas al impuesto al valor agregado que se pretenda acreditar, sean deducibles para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mas no se refiere al sujeto, esto es, que quien pretenda acreditar el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado, sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta.

Derivado de esta Tesis podemos considerar lo siguiente:

a) El municipio es un no contribuyente del impuesto sobre la renta, sin embargo debe recabar, exigir, y obtener comprobantes con requisitos fiscales cuando realiza pagos a terceros.

b) El municipio es contribuyente del impuesto al valor agregado.

c) El impuesto al valor agregado debe determinarlo, pagarlo y trasladarlo de acuerdo con los preceptos de la ley de la materia.

d) Los municipios deben aceptar el traslado del impuesto al valor agregado que les hagan sus proveedores de bienes y servicios y en su caso, pagarlo por aquellos actos o actividades que no den lugar al pago de derechos.

e) El impuesto al valor agregado causado pueden restar o disminuir el impuesto acreditable determinado, aplicando como fundamento, las disposiciones contenidas en los artículos 4o., y 5o., de la Ley en comento, así como el artículo 15 de su Reglamento.

f) El municipio tiene derecho de solicitar la devolución de los saldos a favor que resulten del impuesto al valor agregado, de conformidad con lo que establecen los artículos 6o., de la Ley en comento y 22 del Código Fiscal de la Federación.

g) Se desprende que, no es requisito indispensable para ejecutar los derechos del acreditamiento, traslado y solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado, que el interesado sea o no contribuyente del Impuesto sobre la Renta, y

h) Se concluye, que no es requisito indispensable, en todos los casos, que para aplicar el acreditamiento del impuesto al valor agregado, el que los comprobantes sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta; toda vez que en el caso específico de las personas morales no contribuyentes del impuesto sobre la renta, sería un requisito imposible de cumplir y bastará con que los comprobantes reúnas los requisitos fiscales establecidos en las leyes, que es justamente el espíritu y alcance que los legisladores desearon otorgarle a la norma.

A pesar de lo anterior, los municipios se han visto obligados a recurrir a juicios de substanciación longeva y costosa para exigir su derecho de devolución, y en muchos de los casos aún ganando procesos jurisdiccionales, el SAT no les hecho efectivo el fallo emitido por un juez, por lo que siguen ejercitando más recursos jurídicos para hacer efectiva la devolución.

Vale recordar el punto de acuerdo presentado el 22 de noviembre de 2005 por el senador Fernando Gómez Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el que exhortó a las autoridades fiscales devolver las cantidades que un juez ya sentenció a favor del municipio de Aguascalientes. En este documento se resume como, aunque, se hayan recorrido todas las instancias jurisdiccionales y ganando el juicio, el SAT, se niega a devolverle el saldo a favor a que tiene derecho el municipio.

Cabe mencionar, que para el caso de los municipios, el SAT interpreta que el impuesto al valor agregado es un costo, lo cual contradice lo que el Legislador le asigna en el Presupuesto a los municipios, considerando que no le fija cierta cantidad, restándole a la misma impuesto al valor agregado, y por lo tanto, también está aplicando incorrectamente lo que señala el artículo 1o., de la Ley del IVA, que establece lo siguiente:

“El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.- A o 3o., tercer párrafo de la misma.

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.

El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.”

Es decir, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, no se considera costo, por lo tanto los municipios como contribuyentes de este Impuesto, también son sujetos de la aplicación general de la norma, y por ende de la devolución. Al negarles su derecho en la recuperación de sus saldos a favor, se están vulnerando los contenidos establecidos en el artículo 1o., de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Los derechos que corresponden a los ayuntamientos, consagrados en el orden jurídico de mexicano, deben ser respetados en aras de fortalecer la descentralización y los recursos económico que mucha falta les hace, por lo que en materia de política tributaria es digno respetar la interpretación en beneficio o prejuicio de los ellos, y subsanar los agravios que durante las administraciones pasadas se han. Es un buen momento para ello ya que se prevé en el escenario político actual, voluntad para ello.

Es por estas razones, Compañeras y Compañeros legisladores, que los invito a perfeccionar la legislación de mérito, con la finalidad de hacer valer los derechos del municipio y permitamos que nuestros ayuntamientos reciban recursos que por ley les corresponde, y no dejar duda alguna de ello, a fin de que no se enfrenten más procesos jurisdiccionales innecesarios y erogar gastos que beneficiarían a millones de mexicanas y mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, con la pretensión dar un paso en el Fortalecimiento del Federalismo Fiscal en pro del desarrollo municipal, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Único.Se adiciona un párrafo quinto al artículo 3o., de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 3o.-(...)

(...)

(...)

(...)

Los municipios podrán solicitar la devolución de este impuesto, por las cantidades que resulten de sus operaciones en cumplimiento de su encargo Institucional, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

Artículo Transitorio

Único.La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y tendrá el carácter de aplicación retroactiva de acuerdo con los plazos que señala el Código Fiscal de la Federación, en virtud de su carácter aclaratorio.

Notas:

1 Finot, Iván, Descentralización en América Latina: Teoría y práctica, Naciones Unidas, CEPAL, serie gestión pública, 2005, p. 14.

2 Tesis Aislada, Juicio No. 1001/01-08-8 y su acumulado No. 496/02-08-01-7. Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de enero de 2003, por unanimidad de votos.-Magistrada Instructora: Ana María Mújica y Reyes.- Secretaria: Lic. Indiana Aceves Horn.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2013.— Diputados: Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica) Enrique Alejandro Flores (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Víctor Manuel Bautista López (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), Tomás Brito Lara (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Ahité (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Josefina García Hernández (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica) Gabriela Medrano Galindo (rúbrica).»

«Anexo

Texto vigente

Artículo 3o. La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquiera otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo primero y, en su caso, pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta ley.

La federación, el Distrito Federal, los estados, los Municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del 0 por ciento. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta ley.

La federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la fracción III del mismo artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley, en los casos en los que la Federación y sus organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como sus organismos descentralizados no efectuarán la retención a que se refiere este párrafo.

Para los efectos de este impuesto, se consideran residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o las morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país, por todos los actos o actividades que en los mismos realicen.

Texto propuesto

Artículo 3o. La federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquiera otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo primero y, en su caso, pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.

La federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa del 0 por ciento. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta ley.

La federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la fracción III del mismo artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley, en los casos en los que la federación y sus organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales. Los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como sus organismos descentralizados no efectuarán la retención a que se refiere este párrafo.

Para los efectos de este impuesto, se consideran residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o las morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país, por todos los actos o actividades que en los mismos realicen.

Los municipios podrán solicitar la devolución de este impuesto, por las cantidades que resulten de sus operaciones en cumplimiento de su encargo Institucional, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Con mucho gusto. La iniciativa quedará insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE AUSTERIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, la diputada Luisa María Alcalde Luján, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad para Servidores Públicos de los Entes Públicos de la Federación, suscrita también por la diputada Merilyn Gómez Pozos, ambas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidente. En efecto, vengo a hablar a nombre propio y de la diputada Merilyn Gómez Pozos, ambas proponentes de esta iniciativa de austeridad.

Considerando el contexto político y económico en el que vive México, una ley de austeridad es —sin duda— uno de los pendientes más necesarios para reivindicar en el país la conciencia de que solamente mediante una redistribución equitativa de los recursos podemos aspirar a alcanzar el principio más básico que debe caracterizar a los Estados constitucionales contemporáneos: la democracia.

No existe una justificación racional que explique por qué en un país con más de la mitad de la población pobre, los funcionarios públicos de alta burocracia sean quienes más beneficios económicos reciben por su trabajo. Estamos de acuerdo con que exista una remuneración digna, pero el caso mexicano es absurdo. Desde seguro de gastos médicos privados, seguro de separación, cajas de ahorro, bonos y salario, hasta compensaciones y aguinaldos, la vida de los altos funcionarios públicos es en definitiva lujosa. Tenemos una burocracia rica con cargo al erario público. Es un lujo que este país no se puede dar.

No es la gran base trabajadora del Estado a quien se dirige esta iniciativa. Es bien sabido que la desmesura no está en los salarios de los trabajadores de menor rango jerárquico, sino en la asignación irregular y privilegiada que proviene del ingreso adicional por concepto de bonos, compensaciones, sobresueldos y apoyos, y otros muchos que se otorgan en forma discrecional a funcionarios que están en la cúspide de los entes públicos.

Las altas remuneraciones son el resultado histórico de la opacidad con la que se han manejado las finanzas públicas hasta la fecha, con un sistema de transparencia y rendición de cuentas que deja mucho que desear.

Debemos asumir un papel proactivo en la generación de una nueva clase de trabajadores del servicio público, ejerciendo un gasto racional y justo. Quienes pretendan altos sueldos o amasar fortunas pueden elegir el ámbito privado empresarial, pero en las labores del Estado se debe privilegiar el sentido de austeridad, de capacidad y de vocación de servicio. La función pública no debe ser un negocio, sino una forma de hacer una vida digna al servicio de los demás.

Con respecto a la distribución del ingreso y el desequilibrio que impera en los altos salarios con respecto al resto de la población, de acuerdo a los datos del Inegi, en el segundo trimestre de 2011 el ingreso del 74 por ciento de la población se encontraba entre uno y cinco salarios mínimos, que se traduce en cifras reales entre mil 892 pesos y los nueve mil 460 pesos mensuales. La distancia entre las percepciones de la clase trabajadora a los funcionarios de altos cargos es escandalosa.

Los salarios de gobernantes y altos servidores públicos en México son mayores que en Estados Unidos de América, América Latina y Europa. Por mencionar algunos ejemplos, un secretario de Estado en México gana 198 mil pesos. Ésta es una cifra superior a la del primer ministro de Gran Bretaña, que gana el equivalente a 167 mil pesos. Y casi cinco veces más de lo que gana la presidenta de Brasil, con la cantidad equivalente a 41 mil pesos. En México tan solo el 2.9 por ciento de los servidores públicos se llevan el 22 por ciento de todo el Presupuesto destinado a los sueldos y salarios de todos los funcionarios.

Hoy proponemos una reducción del 50 por ciento de los sueldos de los altos servidores públicos, desde la Presidencia de la República, directores generales y homólogos, hasta senadores y diputados. Proponemos también la cancelación de prestaciones extraordinarias, como son servicios médicos privados, automóviles de lujo, seguros de separación individualizada y cajas de ahorro especiales. Y que se elimine la plaza de secretario particular.

Además planeamos la cancelación de las pensiones y otros servicios de los ex presidentes. Actualmente ellos y sus familias reciben seguros médicos, personal de seguridad y una pensión equivalente al sueldo que tenían al dejar el cargo. Todo ello con el dinero público.

Sobre la adquisición de vehículos, estos no deberán ser de lujo y se cambiarán cada 10 años, no cada seis meses.

Esta reducción de salarios podría representar un ahorro significativo de hasta 89 mil millones de pesos, tan solo con lo que respecta a los sueldos de la alta burocracia, dinero que podría asignarse a un destino más justo y prioritario para el país. Por ejemplo, aquellos que permitan la inversión en proyectos productivos, rescate del campo y soberanía alimentaria, salud pública o educación.

Las circunstancias económicas y sociales mexicanas demandan que sean eliminados los gastos del gobierno que no sea prioritarios, como casi sobra mencionar que lo es la compra del avión presidencial, que costará más de 6 mil 300 millones de pesos.

Estamos a tiempo, compañeras y compañeros, de enderezar el camino. A tiempo de recuperar la confianza de la población en la política como un medio para conciliar las diferencias y solucionar los problemas. A tiempo de ser más humanos y dejar un acto de buena voluntad en esta Legislatura que sirva como base del progreso a una perspectiva racional y social.

Solicitamos a las comisiones a las que se turnará la presente iniciativa elaborar un dictamen que refleje convicciones democráticas. Pero sobre todo, una escala de valores que nos presente como legisladores sensibles y responsables del destino de los recursos públicos, para así poder responder a la confianza que fue depositada en nuestras manos por quienes además satisfacen el gasto público. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley de Austeridad para Servidores Públicos de los Entes Públicos de la Federación, a cargo de Luisa María Alcalde Luján y suscrita por Merilyn Gómez Pozos, diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján y Merilyn Gómez Pozos, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa, que expide la Ley de Austeridad para Servidores Públicos de los Entes Públicos de la Federación:

Exposición de Motivos

El servicio público consiste en aportar un beneficio social a partir de la administración racional y correcta de lo que nos pertenece a todos, de gestionar de forma integral y eficiente las demandas ciudadanas y encauzar el pacto social hacia el sostenimiento de la armonía, la convivencia y la confianza institucional.

La austeridad en el gasto público es tal vez la forma más noble de encontrarnos con el pueblo; legislar en esta materia es una necesidad para reivindicar el servicio público. Por ello debemos pensar que el poder que nos han encomendado puede transformarse en una virtud, siempre que lo ejerzamos en beneficio de todos.

La inexistencia de una ley de austeridad y gasto público es un gran pendiente de nuestro sistema, tal vez el más reclamado por el pueblo que, con razón, ve los lujos con los que viven los altos servidores públicos en contraste con las carencias de la gran mayoría de la sociedad.

Podemos afirmar que el problema radica en la desigual distribución del ingreso en nuestro país, y en el orden de la transparencia y gobierno eficiente.

La tercera reforma del artículo 127, publicada en 2009,i estableció en seis fracciones los principios generales para la asignación de las percepciones de todos los entes públicos de la federación. Sin embargo, al quedar sujetas a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, no se estableció un límite para la asignación de estas dotaciones, quedando como tope las asignadas al Poder Ejecutivo federal.

Las altas remuneraciones son el resultado histórico de la opacidad con la que se conducían las finanzas antes de la entrada en vigor de un modelo de transparencia; es decir, no obedecieron nunca a principios de eficacia en la gestión, rendición de cuentas y austeridad.

En 1997, cuando el partido hegemónico perdió la mayoría absoluta en el Congreso, la demanda de transparencia reveló tangencialmente las asignaciones destinadas a la alta burocracia y, sobre todo, evidenció que el desfalco y la desmesura no están en los salarios base. La asignación irregular y privilegiada proviene, hasta hoy, del ingreso adicional por concepto de bonos, premios, compensaciones, sobresueldos y otros conceptos que se ofrecían en forma discrecional e inclusive con privilegios desde el punto de vista fiscal.

Si tomamos en cuenta el periodo 1997-2002, a la luz de la investigación Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparativa,ii observamos el irregular desarrollo de los ingresos de los altos servidores públicos en ese periodo al ser integrados todos los sobresueldos a la remuneración total, de manera que en el periodo citado los cargos de secretarios de Estado incrementaron en 58 por ciento sus percepciones, los subsecretarios en 123 y los directores generales en 131.

Lo anterior no revela una espontánea asignación extraordinaria sino el resultado de la transparencia que hizo manifiesta la integración de las percepciones reales anuales; a partir de ahí se pudieron construir escenarios más reales sobre las desproporciones de la distribución del ingreso respecto al resto de la población.

Pese a la distancia marcada por el año de publicación de la investigación, la tendencia ha sido la misma: el poder adquisitivo del salario de la alta burocracia de los poderes federales sigue garantizado por la misma lógica presupuestal.

Debemos asumir un papel proactivo en la generación de una nueva clase de trabajadores del servicio público, aplicar la ley en los casos de corrupción y ejercer un gasto racional, además de justo. Quienes pretendan altos sueldos o hacer una fortuna pueden elegir el mundo empresarial, pues en las labores del Estado debe prevalecer el alto sentido de austeridad, capacidad y vocación de servicio; el privilegio de servir a los demás.

La propuesta responde a una prioridad de la sociedad para lograr ahorros significativos que permitan la inversión a proyectos productivos, rescate del campo y soberanía alimentaria, salud pública y educación.

Respecto a la distribución del ingreso y el desfase que representan los altos salarios con respecto al resto de la población, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,iii74 por ciento de la población ocupada por nivel de ingreso mensual en el segundo trimestre de 2011 se encuentra entre uno y cinco salarios mínimos, que se traducen en cifras reales de entre mil 892 y 9 mil 460 pesos.

La distancia entre las percepciones de la clase trabajadora, incluidos los servidores públicos que no ocupan cargos de dirección general o superiores, es notable.

Proponemos una nueva racionalidad en la asignación de recursos presupuestales para que de este modo las viejas formas antidemocráticas que permitieron la creación de una burocracia obesa a costa del erario sean rebasadas. Durante décadas se formó una clase privilegiada con salarios y prestaciones que en ningún país existen. Esto debe desaparecer.

Se propone la reducción en la remuneración total de los altos servidores públicos, desde el presidente de la República, diputados y senadores hasta directores generales y puestos homólogos.

Los límites inferior y superior de los salarios que se proponen están en razón de la disminución de 50 por ciento de las percepciones netas de un director general adjunto adscrito a la Presidencia de la República, con clave LC1,iv y la misma proporción a la remuneración total neta del titular del Ejecutivo federal, percepción más alta para cualquier servidor público de acuerdo con la Carta Magna.

En el caso del Poder Judicial de la Federación, ministros, magistrados y jueces se ajustarían a la disposición propuesta, sin afectación de lo dispuesto en el texto constitucional, es decir, hasta finalizar el encargo.

Proponemos cancelar prestaciones extraordinarias, como servicios médicos privados, automóviles de lujo, seguros de separación individualizados y cajas de ahorro especiales, así como eliminar las plazas de secretarios particulares, privados y coordinaciones de asesores.

La reducción podría representar un ahorro significativo de 89 mil millones de pesos tan sólo en lo que respecta a los sueldos de la alta burocracia. Si tomamos en cuenta las estimaciones del equipo de asesores en materia económica de Andrés Manuel López Obrador el año pasado, propuesta que estimaba la reducción en 50 por ciento de todos los mandos superiores de la administración pública federal, quedaría de la siguiente forma:

Medida de austeridad

Ahorro generado

Descuento de 50 por ciento

(Millones de pesos)

Reducción de sueldos, mandos superiores de la administración pública centralizada 44 000

Reducción de sueldos, mandos superiores resto del gobierno: Pemex, CFE, poderes autónomos, IMSS, ISSSTE. 45 000

Total 89 000

De acuerdo con estudios de instituciones académicas, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, los salarios de gobernantes y servidores públicos en México son mayores que en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Por mencionar algunos ejemplos: un secretario de Estado en México gana 198 mil pesos, una cifra superior a la del primer ministro de Gran Bretaña, que gana el equivalente a 167 mil pesos, y casi cinco veces más de lo que gana la presidenta de Brasil, con la cantidad equivalente a 41 mil pesos.

Sobre las remuneraciones del Poder Legislativo comparadas con otras en el mundo, en el caso de los diputados, la remuneración es de 158 mil 737 pesos mensuales, que contrastan con los 144 mil 889 de los legisladores en Colombia, 118 mil 207 en Argentina y 43 mil 122 en Venezuela.

La tendencia es la misma en todos los cargos públicos. Uno de los casos más ilustrativos de los altos salarios está en el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien recibe 509 mil 905 pesos mensuales.

Respecto a las altas remuneraciones y a la disminución de la corrupción, podemos argumentar que no existe correlación alguna en sentido proporcional ni racional. Basta examinar el informe de Trasparencia Internacional de 2012, donde México ocupa la posición 105 de 176 países calificados.vi

En el mismo informe, si se compara México con otros países de bloques a los que pertenece, como el G20, ocupa la posición 17 de 19, y en el caso de la OCDE, ocupa el lugar 34 de 34.

Si los altos ingresos de las cúpulas de la administración pública no obedecen a ninguna razón del orden de la transparencia, combate de la corrupción,vii equidad, mérito o capacidad, nos queda claro que la intención es el sostenimiento de una capa privilegiada a costa del dinero público.

Así, con esta iniciativa, refrendamos la preocupación de las fuerzas de izquierda por la generación de un nuevo modelo de convivencia política, donde el servidor público viva decorosamente y sin menoscabo de su investidura.

Por todo lo expuesto solicitamos a las comisiones a que se turnará la presente iniciativa que elaboren un dictamen donde se reflejen convicciones republicanas, pero sobre todo una escala de valores que nos presente como legisladores sensibles y responsables del destino de los recursos para responder así a la confianza depositada en nuestras manos.

La reducción de la cuarta parte de las percepciones de los altos funcionarios es un paso hacia la austeridad; para nosotros puede ser un privilegio menos, pero para nuestros representados es la oportunidad de atención médica, del financiamiento de su empresa, de un aula más digna en la escuela de sus hijas e hijos.

La Constitución Política, en el artículo 73, fracción XI, faculta a esta soberanía para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, sin más limitaciones de las que imponen los artículos 127 y 94 del mismo ordenamiento. El segundo artículo, específico para el Poder Judicial de la Federación, impide en su párrafo noveno la reducción de salarios para los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, durante el tiempo que dure el encargo.

Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad para Servidores Públicos de los Entes Públicos de la Federación

Único. Se expide la Ley de Austeridad para Servidores Públicos de los Entes Públicos de la Federación, para quedar como sigue:

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1o. Esta ley establece los criterios de austeridad para los servidores públicos de los entes de la federación; es decir, los órganos centrales, los desconcentrados y los descentralizados de los Poderes de la Unión, así como los órganos autónomos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presente ordenamiento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales.

Artículo 2o. Para efectos de esta ley se entenderá por

Salario mínimo: El promedio de los salarios mínimos mensuales vigentes en todas las regiones del país.

Remuneración o percepción: Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, de conformidad con la fracción I del artículo 127 constitucional.

Capítulo II De los Ingresos, Bonos y Sobresueldos

Artículo 3o. La remuneración total neta mensual de los servidores de los entes públicos de la Federación que ocupen cargos de ministro, magistrado y juez del Poder Judicial de la Federación, presidente de la República, diputados, senadores, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores generales u homólogos, deberá ubicarse entre los 21 y 38 salarios mínimos mensuales.

Artículo 4o. No se autorizará el pago de bonos o percepciones extraordinarias.

Artículo 5o. La asignación de los salarios de los servidores de los entes públicos de la federación será proporcional a la responsabilidad de su encargo.

Artículo 6o. Serán obligaciones de los servidores públicos sujetos de la presente ley

I. No desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación o de los estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia; en caso contrario, cesarán en sus funciones por el tiempo en que dure su nueva actividad. La infracción de esta disposición será castigada con la separación inmediata del cargo en la administración pública y, en caso de diputados o senadores, serán sujetos a juicio político.

II. Presentar y hacer pública la declaración de situación patrimonial y de modificación a la misma, con oportunidad y veracidad;

III. Renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a su cargo o su impacto, beneficios económicos o en especie para

a) Sí mismo, su cónyuge, concubina o concubino;

b) Parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado;

c) Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios; o

d) Socios o empresas de las que el servidor público forme o haya formado parte.

Artículo 7o. Quedan prohibidas las pensiones a servidores públicos que no estén consideradas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Capítulo III De los Servicios Personales

Artículo 8o. Sólo contarán con secretario particular los siguientes servidores públicos:

I. Presidente de la República;

II. Ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación;

III. Legisladores federales;

IV. Titulares de los órganos autónomos;

V. Secretarios de despacho;

VI. Subsecretarios o puestos homólogos.

Queda prohibida la creación de plazas de secretario privado o equivalentes.

Artículo 9o. Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos de la federación sólo podrán sustituirse en cualquiera de los siguientes casos:

I. Si tienen al menos diez años de uso;

II. En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro correspondiente; y

III. Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o superior a su valor de enajenación presente.

Artículo 10. Las unidades nuevas que se adquieran estarán sujetas a los principios de austeridad, por lo cual no tendrán equipo de lujo y su valor no podrá exceder los 110 salarios mínimos mensuales.

Sólo podrán exceder del costo señalado en el párrafo anterior los vehículos blindados para los servidores públicos de seguridad pública y de procuración de justicia, así como los que la requieran debido a sus funciones o tareas específicas, previa autorización del titular del poder o ente autónomo correspondiente.

Artículo 11. Queda prohibida la contratación de servicios médicos privados para todos los servidores de los entes públicos de la federación, quienes deberán acudir a las instituciones de seguridad social de acuerdo a la ley vigente.

Capítulo V De las Sanciones

Artículo 12. Los servidores públicos que no cumplan las disposiciones previstas en esta ley incurrirán en falta grave.

La responsabilidad administrativa será independiente de las de orden civil o penal que pudieran derivar de la violación del presente ordenamiento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El costo de los vehículos a la que se refiere el primer párrafo del artículo 9o. de la presente ley se ajustará cada tres años de acuerdo con el principio de austeridad.

Tercero. Las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales estatales actualmente en funciones se sujetarán a la presente disposición si perjuicio de lo establecido en el artículo 94 de la Constitución, de manera que las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la presente ley se mantendrán durante el tiempo que dure el encargo.

Cuarto. Quedan cancelados los seguros de separación individualizados y cajas de ahorro especiales para todos los servidores de los entes públicos de la federación, quedando sujetos a las disposiciones contenidas en las leyes reglamentarias vigentes de seguridad social para trabajadores del Estado.

Quinto. A la entrada en vigor del presente decreto quedarán canceladas las pensiones y los servicios de cualquier índole a quienes hayan desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo federal y a sus familiares.

Notas:

i http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_189_24ago09.pdf

ii Carrillo Laura, Guerrero Juan Pablo, Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparativa, documento de trabajo, número 124, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2003.

iii http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integrac ion/pais/mexvista/2011/mex_2011.pdf, páginas 26.

iv http://portaltransparencia.gob.mx/pot/remuneracionMensual/consultarPuesto.do?me thod=showEdit&idPuesto=LC1&_idDependencia=02100

v http://www.semana.com/Especiales/salario-congresistas-suramerica/index.html Se realizó la estimación en pesos mexicanos con los valores de cambio vigentes al 17 de junio del 2013.

vi http://www.transparency.org/cpi2012/results Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2012.

vii Revisar Bureaucratic structure and bureaucratic performance in less developed countries, investigación realizada por James E. Rauch, disponible para su descarga en http://ideas.repec.org/p/cdl/ucsdec/ qt0sb0w38d.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.— Diputados: Luisa María Alcalde Luján, Merilyn Gómez Pozos, Gabriel Gómez Michel, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Alberto Díaz Trujillo, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Mariana Dunyaska García Rojas, Lorena Méndez Denis, María Fernanda Romero Lozano, Francisco Tomás Rodríguez Montero, José Alejandro Llanas Alba, Marcos Rosendo Medina Filigrana, José Luis Valle Magaña, Loretta Ortiz Ahlf, María Eugenia de León Pérez,  Joaquina Contreras Navarrete, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Erick Marte Rivera Villanueva, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Verónica Beatriz Juárez Piña, Arturo Cruz Ramírez, Margarita Elena Tapia Fonllem, Víctor Manuel Manríquez González,  Germán Pacheco Díaz, Antonio Sansores Sastré, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Saludo con mucho gusto a un grupo de mujeres que están hoy aquí acompañándonos, quintanarroenses, están aquí invitadas por la diputada Alicia Ricalde. Bienvenidas todas a la sesión de la Cámara de Diputados.

El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Néstor Gordillo.

El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Únicamente si nos permitiera la diputada proponente, para sumarnos a su iniciativa, pero con una adición, si fuera posible, de que todas esas reducciones de salarios, tanto desde el presidente de la República, el gabinete, los senadores, diputados y todos aquellos hacia quienes va dirigido, que todas esas reducciones también sean etiquetadas para que se vayan a apoyar a un niño indígena, a un niño que esté en pobreza en las zonas rurales.

Digo esto porque hay muchos programas en varios estados, como en Puebla, donde a través del sistema DIF estatal se está adoptando y apoyando a un niño indígena, y que si para eso es esa reducción, para apoyar a los que menos tienen, estamos totalmente de acuerdo y ojalá nos permita suscribir la iniciativa. Si es para comprar otras cosas o para más gasto corriente, no tendría ningún sentido. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Evidentemente, la iniciativa no está a discusión. Que nos diga la diputada Luisa María Alcalde si está de acuerdo en que la suscriba.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Estoy totalmente de acuerdo en que la suscriba e invito a los 500 diputados a que la suscriban también, a que hagamos un acto de autenticidad y de austeridad en este momento. Claro que estoy totalmente de acuerdo con lo aquí expresado por el diputado que acaba de hablar. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Pueden pasar a suscribir la iniciativa, está en la Secretaría. También el diputado Víctor Fuentes.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Esta iniciativa, aunque no está en el marco de la reforma hacendaria, viene a resultar muy pertinente, porque sí está en el marco de la reforma política que algunos están utilizando como moneda de cambio para aprobar esta reforma hacendaria y tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas de los diputados.

Permítanme explicarme. Mientras hoy en el Senado —y pocos lo saben— de fondo se está discutiendo en la reforma política que se apruebe una figura, que aparentemente ahora es indispensable y necesaria, que es la reelección de los diputados, que en realidad no le interesa a los ciudadanos, porque lo único que haría sería perpetuar la estancia de políticos y la clase política de siempre en los escaños de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, nunca se habla de la transparencia.

Se dice que la gran necesidad de la reelección es que haya profesionalismo parlamentario. Pero no se habla de la honestidad parlamentaria. Se dice que el gran tema para avanzar en la democracia es que los legisladores rindan cuentas para que puedan reelegirse. Pero no se dice cómo se ganan las elecciones en este país y cómo se van a rendir estas cuentas.

El planteamiento que hoy se está discutiendo en la Cámara de Senadores y que la semana entrante tendremos probablemente en esta Cámara de Diputados, que es la reforma política, está centrada en una figura que es la reelección y otras tantas de las que podremos hablar la semana entrante, pero que es una figura incompleta, que está solamente puesta ahí para beneficio de la clase política que se quiere perpetuar en el poder.

¿Por qué, señores diputados, estoy presentando esta iniciativa? Para que antes de que hablemos de reelección y aquellos diputados que hoy piensan que estos discursos estridentes en contra de ciertas cosas, e irse a sacar fotos con los perritos en algunos parques los van a poder hacer reelegirse, que hablemos de lo que realmente le interesa a la ciudadanía, que es la transparencia de las actividades legislativas.

¿Qué es lo que están haciendo sus diputados, de verdad? Antes de que hablen cómo se quieren quedar ustedes en la Cámara de Diputados, ¿por qué no le decimos a la gente cómo le vamos a rendir cuentas y cómo queremos que se enteren de lo que realmente estamos haciendo?

¿Cómo queremos decirle a nuestros ciudadanos cómo hemos votado? ¿Cómo vamos a votar el Presupuesto? ¿Cómo vamos a votar los impuestos? ¿Cómo vamos a votar todas estas cosas tan trascedentes que hoy se están deliberando, como por ejemplo, el IVA en la frontera? ¿Cómo van a votar, señores diputados, y cómo se lo van a informar a los miembros de su circunscripción o de su distrito?

Es sobre esto sobre lo que versa esta iniciativa, para que los diputados antes de que piensen cómo reelegirse, digan cómo van a presentar cuentas a sus representados.

Estamos proponiendo que se agregue en el Reglamento de la Cámara de Diputados, no solamente la obligación de presentar el informe, como ya está en la Cámara de Diputados, sino que tenga que presentarse claramente ante su distrito o su circunscripción. Primero, cómo votaron en las cosas más trascendentes de esta Cámara de Diputados: Presupuesto, aumento en los impuestos y cómo han realmente cumplido con sus propuestas de campaña.

¿Cuántos políticos no están por ahí en la calle diciendo que van a bajar el precio de la tortilla o que van a bajar la luz para hacer una promesa de campaña y poder ganar un distrito —además de con dinero, con mentiras— y luego vienen a la Cámara de Diputados y no hacen absolutamente nada al respecto? Primero, porque ni siquiera está en el ámbito de sus competencias.

Esta iniciativa lo que pretende es que se haga un informe y un reporte de los diputados, no solamente de manera continua a la sociedad en general, sino que sea puntual, cómo hemos votado y cómo hemos cumplido con nuestras promesas de campaña.

Entonces, compañeros diputados, cuando informemos y nos transparentemos podemos hablar de reelección. Mientras tanto, estamos engañando a nuestros representados.

Le pediría al presidente, que se incluya esta iniciativa de forma íntegra en el Diario de los Debates. Agradezco mucho su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; adiciona el numeral 4, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforma la fracción XVI, del artículo 8, del Reglamento de la Cámara de Diputados, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El problema que origina la presente propuesta, encuentra su fundamento en que, tanto diputadas y diputados, como senadoras y senadores no presentan los informes de labores a los que están obligados. Tanto el Reglamento del Senado de la República, como el Reglamento de la Cámara de Diputados establecen la obligación de presentar un informe sobre el desempeño de sus labores, situación que no se cumple como debería de ser.

En términos generales, la rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno, así como respecto del Congreso de la Unión.

Con la presente iniciativa se pretende perfeccionar la rendición de cuentas, respecto del Congreso de la Unión, quien es el representante de la soberanía popular en términos de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando establece que el pueblo ejercerá su soberanía a través de los Poderes de la Unión, por lo que resulta relevante que el Congreso de la Unión, integrados por la Cámara de diputados y la de Senadores, a su vez rinda cuentas a través de un informe de labores.

La razón por la cual las diputadas y los diputados, así como las senadoras y los senadores no presentan el informe de labores a los que están obligados, puede ser derivado de que esta obligación se encuentra contemplada a nivel reglamentario, además de que no se fijan sanciones cuando éstos incumplan con dicha obligación, por lo que se genera una situación de incumplimiento.

Ahora bien, debemos tomar en cuenta que aproximadamente en 28 legislaturas locales se encuentra plasmada la obligación de que los diputados locales rindan un informe de actividades. A manera de ejemplo, el Estado de Baja California Sur, establece en su artículo 49 la obligación de los diputados de presentar al congreso del Estado un informe de sus actividades; Así también, el Estado de Chihuahua establece, en la Constitución, el deber de presentar al Congreso, un informe por escrito.

Asimismo, podríamos citar los ejemplos de Durango, Campeche, Guerrero Hidalgo, Puebla, Nayarit, entre otros, en los que se establece la obligación de los legisladores locales de presentar un informe de actividades. Debemos de resaltar que los ejemplos citados, no dejan dicha obligación en una norma reglamentaria, la establecen en el máximo ordenamiento que rige a cada uno de esos estados, su Constitución.

En este orden de ideas, considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental que rige en nuestro país y que, asimismo, es la que sirve de modelo para que las constituciones de los estados, integrantes de la federación, se puedan apoyar en ella para establecer su régimen interno basado en un ordenamiento legal que siga los mismos principios y como debe de organizarse cada estado libre y soberano.

Asimismo, en una ordenación jerárquica o escalonada de las normas jurídicas de modo que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior que tiene mucho más valor, lo que quiere decir que, en un afán de congruencia jurídica, se trata de establecer desde la norma superior hasta una norma de menor jerarquía la obligación de que los representantes populares presenten un informe de labores.

Así pues, la presente propuesta pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la intención de establecer, desde la norma suprema que rige nuestro país, la obligación de las diputadas y los diputados u las senadoras y los senadores para presentar un informe sobre el desempeño de sus labores de conformidad con lo que establezca la Ley del Congreso y los respetivos reglamentos de cada una de las Cámaras. Con esta propuesta se pretende: primero, establecer desde la constitución dicha obligación, y segundo, dejar abierto los requisitos que deberá contener dicho informe para que sean planeados, tanto en la Ley del Congreso como en sus respectivos reglamentos.

Con el propósito de hacer congruente dicha propuesta, proponemos que de adicione un numeral 4 al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de contemplar que el informe que pretendemos se incorpore en la Constitución, para establecer que dicho informe deberá presentarse ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción de manera semestral y deberá cumplir con los requisitos establecidos en los reglamentos de cada una de las Cámaras.

Por último, hacemos mención que los diputados no tiene facultad para reformar el Reglamento del Senado de la República, por lo que proponemos una reforma al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la intención de establecer los requisitos que deberá contemplar el informe sobre el desempeño de sus labores, señalando que deberá ser semestral, se deberá enviar una copia a los principales medios de difusión y que deberá contener información que revele el sentido de sus votaciones en la actividad parlamentaria, entre otras.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 64. ...

Asimismo, las diputadas y los diputados y las senadoras y los senadores estarán obligados a presentar un informe sobre el desempeño de sus labores de conformidad con lo establecido en la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Segundo. Se adiciona el numeral 4, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11.

1. ...

2. ...

3. ...

4. Las diputadas y los diputados y las senadoras y los senadores, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 64 constitucional, estarán obligados a presentar un informe sobre el desempeño de sus labores. Dicho informe deberá presentarse ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción de manera semestral y deberá cumplir con los requisitos establecidos en los reglamentos de cada una de las Cámaras.

Tercero. Se reforma la fracción XVI, del artículo 8, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 8.

1. Serán obligaciones de los diputados y las diputadas:

I. a XV. ...

XVI. Presentar un Informe semestral sobre el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, así como también deberá enviar una copia a los principales medios de difusión en su localidad y en su Estado.

El informe sobre el desempeño de sus labores, además de la información que las diputadas y diputados consideren importante, forzosamente deberá contener la siguiente información:

a) El sentido en que las diputadas y diputados voten en el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos;

b) El sentido en que las diputadas y diputados voten en reformas estructurales;

c) El sentido en que las diputadas y diputados voten en cualquier tema que tenga que ver con las actividad de su distrito o circunscripción, y

d) Deberán informar a su distrito o circunscripción todo lo relativo a sus promesas de campaña.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las diputadas y los diputados y las senadoras y los senadores, deberán presentar el informe semestral de labores en los periodos de receso del Congreso de la Unión.

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2013.— Diputados: Lilia Aguilar Gil, Carlos Humberto Castaños Valenzuela,  Marcos Rosendo Medina Filigrana, (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Así se hará. La iniciativa quedará incluida íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o, párrafo tercero, establece que el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa tiene la responsabilidad de mantener la infraestructura escolar del país con instalaciones seguras, integrales, de calidad, vinculadas al modelo educativo nacional, de acuerdo a lo que señala en su artículo 16 la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

El objetivo de la presente iniciativa es:

1. Que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa no solo sea responsable de regular la infraestructura educativa de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública, sino que además esa infraestructura se amplíe para la enseñanza y la promoción de la cultura y las artes.

La importancia de involucrar a la cultura en el proceso de enseñanza consiste en que ésta engloba al conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta, considerando dentro de ella también a la cultura científica, la cual es el elemento fundamental de la educación de la población.

De acuerdo con la UNESCO, la educación artística constituye asimismo un medio para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La utilización de estos recursos y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socio-económico en los países menos desarrollados.

La cultura es un derecho humano, tal y como lo establece el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico en los beneficios que de él resulten.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza apoyamos, promovemos y fomentamos toda acción legislativa encaminada al desarrollo de la educación y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo Único. Se modifica el primer párrafo y se agrega un segundo, pasando el actual párrafo segundo a ser tercero de la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue.

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes:

Fracción XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir, modernizar, habilitar inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal, o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

Asimismo procurará construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, modernizar y habilitar inmuebles e instalaciones destinados a la enseñanza y a la promoción de la cultura y las artes, en las instituciones federales o cuando así convenga con las autoridades estatales.

Queda prohibido destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas.

Transitorios.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor presidente, solicito se inserte íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Sonia Rincón Chanona, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la esta asamblea la presente iniciativa, que modifica el primer párrafo y agrega uno segundo, con lo que el actual párrafo segundo pasa a tercero, a la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3o., párrafo segundo, que “la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano”. A su vez, el párrafo tercero del mismo artículo dispone: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Por esas razones invertir en la infraestructura física educativa no sólo para el desarrollo de la enseñanza sino para la promoción de la cultura, es una obligación de suma importancia para el Estado.

El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, es el ente encargado de realizar actividades en concordancia con las políticas, estrategias y prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y de acuerdo con las estrategias del gobierno federal. Participando también en los programas de construcción de obra del Distrito Federal y en los programas de inversión complementarios a las acciones de las entidades federativas.

El objetivo del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa es el de mantener la infraestructura escolar del país con instalaciones seguras, integrales, de calidad vinculadas al modelo educativo nacional de acuerdo a lo que señala en el artículo 16 la Ley General de Infraestructura Física Educativa, para que los niños y jóvenes de nuestro país puedan acceder a un mundo de mejores oportunidades a través del conocimiento teniendo planteles que inspiren y motiven su aprendizaje.

El objetivo de la presente iniciativa es

1. Que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa no solo sea el responsable de regular la infraestructura educativa de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública sino que además esa infraestructura se amplíe para la enseñanza y la promoción de la cultura y las artes.

2. Modificar el primer párrafo del mismo artículo, toda vez que la redacción es poco clara.

Argumentos

La importancia de involucrar a la cultura en el proceso de enseñanza consiste en que ésta engloba al conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta. Considerando dentro de ella también a la cultura científica la cual es el elemento fundamental de la educación de la población en general, la cual tiene la finalidad de lograr una ciudadanía que no solo valore el desarrollo del conocimiento, sino que fundamentalmente lo utilice para comprender y participar en la sociedad en la que se desarrolla.

La escuela es la institución donde se plantean exigencias sociales tanto en la formación como en el desarrollo los seres humanos, motivo por el cual no se puede dejar de tomar en cuenta que con las complejidades en las que nos desenvolvemos, la educación tiene un papel protagónico pues se encarga de preparar los recursos humanos del país y de convertirlos en agentes activos del desarrollo.

Se debe impulsar una política que sea consistente con la composición pluricultural de la nación que a su vez permita recuperar espacios públicos y fortalecer el tejido social, siendo la cultura un elemento clave para lograrlo. Por ello, en la planeación de la infraestructura no debe perderse de vista el papel que la cultura juega en el desarrollo de los seres humanos y en el proceso de aprendizaje.

Si bien la cultura es un elemento representativo de la sociedad, el cual dota a los individuos de identidad, debemos ir más allá de esta concepción y usar nuestra cultura como una base que podrá catapultarnos a constituir y lograr el desarrollo humano del país.

Debemos propiciar que tanto el concepto de cultura cómo el de educación, evolucionen de manera conjunta; éste último concepto ha sido ampliamente discutido, se habla de la necesidad de cambiar la manera de ver la educación y de actualizarla de acuerdo con los requerimientos actuales.

Hoy contamos con la oportunidad de reinterpretar el concepto de educación de acuerdo con los desafíos que se presentan y así elevarla al nivel de exigencia del mundo moderno. Tomando en cuenta que hoy en día la educación ocupa un lugar de gran importancia en el desarrollo de las políticas públicas, no perdamos la oportunidad de permitirle a los educandos una educación estrechamente ligada con su cultura.

Contar con la infraestructura adecuada para impartir la educación artística tendría grandes beneficios. De acuerdo con la UNESCO, “la educación artística constituye asimismo un medio para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La utilización de estos recursos y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en los países menos desarrollados”.

Las actividades artísticas en el proceso de enseñanza pueden tener implicaciones importantes, al desarrollar imaginación y sensibilidad por medio de las artes, le irá permitiendo al alumno desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico lo que a su vez le permitirá interpretar mejorar su entorno.

La educación artística no sólo propicia el desarrollo de las habilidades del ser humano, si no que al impulsar la sensibilidad y la creatividad se estimula el desarrollo y la formación integral de los seres humanos. Eso, sin contar que dichas actividades permiten estimular las habilidades de carácter cognitivo, lo cual se refleja de manera directa en los procesos de aprendizaje.

De acuerdo con un estudio realizado por la Junta Universitaria, asociación estadounidense de escuelas y universidades, los estudiantes que tomaron clases de arte o música durante un periodo de cuatro años obtuvieron 85 puntos promedio más en la prueba SAT que quienes tomaron únicamente por medio año. Esto demuestra que el desempeño escolar mejora cuando el arte es una parte significativa de la educación general de los estudiantes.

La cultura es un derecho humano, como establece el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Por ello debemos promover y garantizar la cultura y el acceso a ella, en todos los medios y ámbitos posibles, resultando así, imprescindible que la infraestructura física educativa sea la necesaria y adecuada para la enseñanza y la promoción de la cultura y las artes.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza apoyamos, promovemos y fomentamos toda acción legislativa encaminada al desarrollo de la educación y la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica el primer párrafo y agrega un segundo, con lo que el actual párrafo segundo pasa a ser tercero, a la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Educativa

Artículo Único. Se modifica el primer párrafo y se agrega un segundo, con lo que el actual párrafo segundo pasa ser tercero, a la fracción XII, del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Capítulo V De las Atribuciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes:

I. a XI. ...

XII.Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir, modernizar y habilitar inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública,en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

Asimismo, procurará construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, modernizar y habilitar inmuebles e instalaciones destinados a la enseñanza y la promoción de la cultura y las artes, en las instituciones federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

Queda prohibido destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas;

XIII....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 UNESCO. Conferencia nacional sobre la educación artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI, Lisboa, 6 a 9 de marzo de 2006.

2 Examen desarrollado por la Cámara de Universidades de Estados Unidos; valora los conocimientos adquiridos durante la etapa de secundaria por los estudiantes que deseen acceder a una carrera universitaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2013.— Diputados: Sonia Rincón Chanona, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Con mucho gusto la iniciativa se inserta íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida a un grupo de alumnos de la secundaria Libertad, del municipio de Naucalpan, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Irazema González Martínez. Bienvenidos a la sesión.

También saludo con mucho gusto la presencia de un grupo de alumnos de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, invitados hoy aquí por la diputada Leonor Romero. Bienvenidos también a la sesión.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

¿La diputada Dulce María no viene? ¿No está la diputada Dulce María Muñiz?

La diputada Dulce María Muñiz Martínez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la protección de zonas arqueológicas, artísticas e históricas es reconocida en México y en todo el mundo.

México es uno de los países de América Latina que cuenta con una amplia lista de bienes culturales y naturales avalados por la UNESCO y declarados como patrimonio de la humanidad. Además de ello, a nivel nacional existen elementos de excepcional valor cultural que forman parte de nuestro legado histórico, de identidad y costumbres.

Los espacios y expresiones culturales declarados como patrimonio incluyen en su interior una suma de significados y símbolos que dan identidad a nuestro ser como nación.

Debemos reconocer que en el caso particular del patrimonio de zonas arqueológicas con valor histórico y artístico el panorama es grave. En estos bienes hay una acción de deterioro causado por factores naturales, sociales y económicos. A ello se suma una problemática derivada del robo, excavación y tráfico ilícito de bienes que trascienden las fronteras nacionales.

Es por eso que se debe crear conciencia en la comunidad internacional para preservar y resguardar los sitios prehistóricos en las Américas. Ir reforzando algunas políticas imperativas de preservación y fortalecer la cooperación internacional para evitar el tráfico ilícito y el robo de bienes culturales, ya que no puede ser función de un solo país, sino de todo el mundo el cuidar y preservar las zonas arqueológicas e históricas reconocidas por todo el mundo.

La UNESCO ha insistido y ha elaborado, para poder erradicar el tráfico internacional de bienes nacionales y poder conservar nuestra identidad y cultura, el exhorto a apoyar la toma de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de estos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como a la transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras, ya que cuando se da paso a la modernidad y al progreso de un lugar que tiene historia, sobre todo en monumentos y zonas arqueológicas, por proyectos más sofisticados y modernos, se está terminando con la magia de un país, un estado, un municipio.

Siempre deberá haber más proyectos y más sanciones para poder conservar todo bien histórico de valor incalculable.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que adiciona el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Único. Se reforma el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 16. Los monumentos históricos...

Se prohíbe...

El instituto...

Asimismo impulsará la participación de México en los mecanismos internacionales establecidos para frenar la transferencia ilegal de los bienes culturales y de los pueblos del mundo.

Señor presidente, en virtud de lo anterior, le solicito se inserte íntegro el contenido de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Por su atención y apoyo, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Dulce María Muñiz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 16  de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es reconocido como uno de los principales países de América Latina que cuenta con una amplia lista de bienes culturales y naturales, avalados por la UNESCO y declarados como patrimonio de la humanidad, además de ello, a nivel nacional existen elementos de excepcional valor cultural y que forman parte de nuestro legado histórico, identidad y costumbres.

Los espacios y expresiones culturales declarados como patrimonio incluyen en su interior  un cúmulo de significados y símbolos que dan identidad a nuestro ser como nación.

En México hay manifestaciones de distintos grupos humanos. Minorías étnicas y sus  conocimientos reconstruidos son parte de ese bagaje que hoy requieren de revalorizaciones e incluso de esfuerzos que den firmeza al reconocimiento de lo que hemos sido en distintas épocas de la historia en el mundo.

Hoy, nos encontramos insertos en procesos de globalización indetenibles y parece que culturas y pueblos tendieran a su desaparición. La denominada aldea global que pretende unificar idea y perspectiva de la vida en el mundo. En paralelo a estas consideraciones catastrofistas se presentan enfoques alternos que plantean la pervivencia y ascenso de los pueblos que, con sus costumbres, su lengua, su territorio, sus maneras de ser y vivir tienen las potencialidades necesarias para coexistir en forma relevante en las dinámicas de la globalización económica mundial.

En el concepto cultura hay distinciones valiosas. Hay espacios híbridos que se construyen con la esperanza de entrar a escenarios de coexistencia con equidad y respeto a los diferentes pueblos  garantizando, así, su propia preservación y redimensionamiento entre expresiones culturales que configuran al mundo.

Hoy, tan sólo pensemos que existen más de 184 estados independientes culturalmente diversos y éstos contienen cerca de  600 grupos de lenguas vivas y 5 mil grupos étnicos. El resguardo de sus expresiones culturales es complicado y constantemente se encuentran bajo acecho por agentes que pretenden, o bien usufructuar sus producciones, o bien desaparecer sus cosmovisiones de culturas que se han originado hace miles o cientos de años.

Debemos reconocer que en el caso particular del patrimonio de zonas arqueológicas, con valor histórico y artístico, el panorama es grave.

En estos bienes hay una acción de deterioro causado por factores naturales, sociales o económicos. A ello se suma una problemática derivada del robo, excavación y tráfico ilícito de bienes que trasciende las fronteras nacionales.

Cabe citar a la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, que se ha pronunciado en contra de los daños causados al patrimonio cultural de los pueblos que son el legado de la humanidad. Por eso, la UNESCO alienta tanto a los estados involucrados como a la comunidad internacional para ampliar la comprensión de postulados que promueven principios de conservación de la paz mundial respetando diferenciaciones sociales y culturales. Esto es que “el poder del patrimonio mundial radica en la creación de un mundo más pacífico”.

En México, la importancia del patrimonio cultural radica no sólo en una cuestión de identidad nacional, sino tal como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013: el patrimonio cultural es un medio para “consolidar la red de representaciones de México en el exterior, como un instrumento eficaz de difusión y promoción económica, turística y cultural coordinada y eficiente, que derive en beneficios cuantificables para el país”.

Por eso, hablamos de una diplomacia específica que deben realizar los pueblos, naciones y gobiernos en el ámbito mundial para preservar sus patrimonios. Así, a la vez que promovemos nuestra cultura  promovemos la imagen del país en el exterior.

Hay una línea que hemos venido construyendo al respecto.

En los últimos años, nuestro país ha puesto énfasis en su participación en contra de las amenazas al patrimonio cultural y ha colaborado con la UNESCO para frenar este hecho lamentable.

En Puebla, recientemente se organizó la Reunión Internacional de Expertos sobre el Primer Poblamiento de las Américas y la Convención del Patrimonio Mundial, donde se acordó crear conciencia en la comunidad internacional para  preservar y resguardar los sitios prehistóricos en las Américas.

Por eso, vale la pena insistir e ir reforzando algunas políticas imperativas de preservación.

Debemos fortalecer la cooperación internacional, no hay duda pues evitar el tráfico ilícito y robo  de bienes culturales no puede ser función de un solo país por más poder que éste tenga en el universo.

De ahí, que se plantee insistir en esta estrategia prioritaria para conservar identidades de la cultura del país. México ha colaborado estrechamente con esta labor, pues desde 1970, en un contexto de tráfico internacional de bienes culturales participó en la Convención para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales de la UNESCO.

Este  tratado internacional, sentó las bases para que los Estados se integraran en programas de cooperación específicos de protección de sus bienes culturales al interior de sus propios territorios. Asimismo planteó el compromiso internacional para luchar contra la transferencia ilegal de estos bienes.

De igual modo, en 1995 se firmó el Convenio de Instituto Internacional para la Uni?cación del Derecho Privado (UNIDROIT)  acuerdo en el que no se incorporó México.

UNIDROIT,se ha consolidado actualmente como una organización intergubernamental situada en Roma. Su labor es armonizar instrumentos jurídicos de diferentes naciones  en cuanto a la restitución de objetos culturales robados o ilícitamente exportados, todo ello en el marco de la Convención de 1970 de la UNESCO.

De este modo, aunque México no forma parte del Convenio se ha comprometido arduamente con el tema, y ha contribuido jurídicamente al interior de su legislación.

De hecho, en el artículo 49 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se señala que “al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico  mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de mil a quince mil pesos”.

Además en la misma ley se puede leer en el artículo 53 que “al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del instituto competente, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de cien a cincuenta mil pesos”.

Sin embargo, dentro del marco de la propia ley aún se puede actuar de un modo más profundo y comprometerse de tal manera, que México reafirme su compromiso a nivel internacional. De hecho, a principios de julio de 2013, nuestro país se comprometió a presidir el Comité contra el Tráfico de Bienes Culturales de la UNESCO, donde se revitaliza y se da actualidad a la Convención de 1970, con el objetivo fundamental de alentar la cooperación internacional para facilitar  la restitución y devolución de bienes culturales.

México así, se alinea con disposiciones emanadas de la UNESCO que reconoce el imperativo para impedir el tráfico de bienes culturales en dos vertientes; la nacional y la internacional. De ahí que se recomiende a los estados “organizar reuniones regionales o nacionales de información, incluir un componente jurídico, un componente operativo, y un programa educativo y de sensibilización”.

En el caso particular de nuestro país, debe impulsarse el componente jurídico, el cual podría situarse en la modificación del artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para participar en todas las organizaciones que combatan el tráfico ilegal de bienes culturales.

En tal sentido, las modificaciones jurídicas propuestas armonizarían  los compromisos internacionales que México ha adquirido durante décadas, además de que se reconocería la importancia y la pérdida que representa, no sólo para nuestro país sino para todo el mundo la transferencia ilegal de los bienes culturales.

Fortaleceríamos de este modo la comprensión  de la problemática a la que se enfrenta el mundo y en particular nuestro país. El  referente mayor es la UNESCO que en 2011, nos alerta de la magnitud del problema en el país que es víctima del tráfico ilegal sin conocer el grado de esta situación. Se cita que un avión procedente  de México que transportaba 150 kilos de marihuana de Chiapas y antigüedades precolombinas, fue descubierto y detenido en Estados Unidos.

En ese mismo año, nuestro país informó a la UNESCO, la adopción de reglamentos especiales en materia de protección del patrimonio cultural, así como la gestión de planes de riesgos, seguridad y prevención de daños a los bienes culturales en los museos, yacimientos arqueológicos y monumentos.

Honorable Asamblea:

Lo aquí descrito demuestra por una parte la necesidad de los acuerdos internacionales de cooperación, y por la otra, el imperativo de incrementar los instrumentos en materia de protección de bienes, para evitar múltiples riesgos relacionados con el tráfico ilícito, las excavaciones arqueológicas ilegales y el robo,  fortaleciendo así los mecanismos de retorno y la difusión pública sobre el tema.

Es un exhorto a readecuar la normatividad en la materia e  impedir el deterioro, robo y tráfico del patrimonio nacional; todo en armonía con el marco de cooperación internacional.

El pronunciamiento de la UNESCO a nivel mundial resume la importancia del tema para todos los Estados miembros: El Patrimonio Mundial es un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad.

El exhorto a apoyar esta propuesta atiende a los sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial que cumplen una función de “hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona al artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Único. Se reforma el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para quedar como sigue:

Artículo 16

Los monumentos históricos...

Se prohíbe la exportación de...

El Instituto Nacional de Antropología e Historia...

Asimismo impulsara la participación de México en los mecanismos internacionales, establecidos para frenar la transferencia ilegal de los bienes culturales de los pueblos en el mundo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx

2www.unesco.org/.../stop-the-destruction-urges-unesco-dire ctor-general/?

3 http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf

4 www.unesco.org/.../expertos_internacionales_reunidos_en_puebla_ subra-06/09/2013

5 www.unesco.org/new/es/culture/themes/.../1995-unidroit-convention

6 www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit...of.../1970-convention

7 www.mcu.es/patrimonio/.../PN_CONSERVACION_PREVENTIVA.pdf

8 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191606F.pdf

9 www.mcu.es/patrimonio/.../PN_CONSERVACION_PREVENTIVA.pdf

10 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-traffic-of-cultural-propert y/legal-and-practical-instruments/

11 Oficina de la UNESCO en México. http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2013.— Diputada Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. La iniciativa se inserta íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Asentamientos Humanos.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga: El 28 de junio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 64/292, en la cual se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Por lo tanto, se exhortó a que los Estados intensificaran sus esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua.

En el caso de nuestro país, las acciones para reconocer el derecho al agua en nuestra Carta Magna culminaron con la reforma al artículo 4o. constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, estableciendo textualmente que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible, enunciando que el Estado deberá garantizar este derecho.

Es un hecho que el acceso al agua potable es esencial para que todas las personas tengan una vida digna, así como mejores niveles de salud, educación e ingreso. Por ello, la desigualdad en la distribución de este vital líquido, además de ser moralmente inaceptable, requiere del trabajo del Congreso de la Unión para garantizar que cada uno de los ciudadanos acceda a este derecho humano con equidad, pero con el compromiso de velar por el manejo sustentable de los recursos hídricos.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha señalado que el agua será el recurso que definirá a corto plazo los límites del desarrollo sostenible, toda vez que no tiene un sustituto y que actualmente solo un 2.5 por ciento de toda el agua existente en el mundo es agua dulce y tan solo un 0.5 por ciento es agua subterránea o superficial accesible.

En el caso de México, anualmente se reciben aproximadamente 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de lluvia, de los cuales solo el 4.7 por ciento se infiltra al subsuelo para recargar los acuíferos.

Sin embargo, los recursos hídricos del país se encuentran bajo una enorme presión, que principalmente proviene del marcado crecimiento poblacional de las últimas décadas, ya que en el periodo comprendido entre 1950 a 2005 la población de México se cuadruplicó y actualmente el 76.5 por ciento vive en zonas urbanas.

A esta situación se desprende que en las zonas centro y norte de México se concentra el 77 por ciento de la población y se genera el 87 por ciento del producto interno bruto, pero únicamente cuentan con el 31 por ciento de agua renovable. Mientras que la zona sur, donde habita el 23 por ciento de la población, se genera el 13 por ciento del PIB y ocurre el 69 por ciento del agua renovable.

Lo anterior deriva que de 650 acuíferos que existen en el país, 101 se encuentran sobreexplotados, ya que se está extrayendo más agua de la que se recarga de forma natural. Si bien los acuíferos proporcionan a la población un suministro económico y confiable del vital líquido, la Comisión Nacional del Agua ha insistido en que se debe tener especial atención y protección del agua subterránea, ya que estos son los que suministran cerca del 75 por ciento del agua en las ciudades, y además constituyen las únicas fuentes permanentes de agua para la población que habita en las zonas áridas y semiáridas del país.

La extracción intensiva de los acuíferos produce un balance negativo en su explotación-recarga, lo que amenaza la sustentabilidad de las actividades económicas y sociales de la población, ya que no solo se agota el preciado recurso, sino que además afecta la calidad y el precio del agua.

Estudios realizados por el Banco Mundial señalan que si no se protegen las aguas subterráneas en términos de calidad y cantidad habrá escasez de agua en los núcleos poblacionales más grandes, provocando ciclos costosos e ineficientes de profundización de los pozos para recuperar productividad. Lo que derivará en aumentos en los precios del agua, así como posibles consecuencias a la salud humana debido a la alta concentración de minerales en el líquido.

Igualmente la expansión de los núcleos urbanos ha conllevado a una impermeabilización del suelo, incidiendo directa y negativamente en el ciclo hidrológico natural del agua. Este crecimiento en la impermeabilización del terreno además de reducir la infiltración directa de las aguas pluviales, modifica los flujos naturales del ciclo hidrológico, disminuyendo la evapotranspiración y aumentando los niveles de escorrentía que generan inundaciones.

Conservar las zonas de recarga de los acuíferos es un objetivo prioritario para nuestro país. Para ello es necesario una reglamentación que permita planificar el uso del suelo para contener la impermeabilidad de las zonas de recarga de los acuíferos de los núcleos de población, así como una zonificación para la protección de la calidad del agua, esto con el único objetivo de asegurar a las generaciones futuras un abasto eficiente, barato y de calidad del vital líquido.

Por ello la presente iniciativa tiene por objeto proteger las zonas de recarga de los acuíferos por su posible impermeabilización, asegurando así su conservación y desarrollo para asegurar a corto, mediano y largo plazo el derecho humano del agua a todos los mexicanos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Xavier Azuara Zúñiga, con el carácter de diputado a la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1 fracción I del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona  inciso d) a la fracción III del artículo 35; y se reforman la fracción X del artículo 28, fracción III del artículo 45, y el primer párrafo del artículo 53 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se reforma la fracción I del artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 28 de Junio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución  64/292 en la cual reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humano,  por lo tanto se exhortó a que los Estados intensificaran sus esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua.

En el caso de nuestro país, las acciones para reconocer el derecho al agua en nuestra Carta Magna culminaron con la reforma al artículo 4º Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Febrero de 2012, estableciendo textualmente que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible” enunciando que el Estado deberá garantizar este derecho, y además establece que “la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentablede los recursos hídricos”.

Es un hecho que el acceso al agua potable es esencial para que todas las personas tengan una vida digna, así como mejores niveles de salud, educación e ingreso; por ello la desigualdad en la distribución de este vital líquido además de ser moralmente inaceptable, requiere del trabajo del Congreso de la Unión para garantizar que cada uno de los ciudadanos accedan a este derecho humano con equidad, pero con el compromiso de velar por el manejo sustentable de los recursos hídricos.

A su vez, el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha señalado que el agua será el recurso que definirá a corto plazo los límites del desarrollo sostenible, toda vez que no tiene un sustituto y que actualmente solo un 2.5% de toda el agua existente en el mundo es agua dulce, y tan solo un 0.5% es agua subterránea o superficial accesible.

En el caso de México, anualmente se reciben aproximadamente 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de lluvia, de los cuales el 73.2% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22.1% escurre por los ríos o arroyos, y solo el 4.7% se infiltra al subsuelo para recargar los acuíferos.

Sin embargo los recursos hídricos del país se encuentran bajo una enorme presión que principalmente proviene del marcado crecimiento poblacional de las últimas décadas, ya que en el período comprendido entre 1950 a 2005 la población de México se cuadruplicó, y actualmente el 76.5% vive en zonas urbanas.

A esta situación se desprende que en la zona centro y norte de México se concentra el 77% de la población, se genera el 87% del Producto Interno Bruto (PIB), pero únicamente cuentan con el 31% del agua renovable; mientras que la zona sur, donde habita el 23% de la población, se genera el 13% del PIB y ocurre el 69% del agua renovable.

Lo anterior deriva que de 653 acuíferos que existen en el país, 101 se encuentran sobreexplotados, ya que se está extrayendo más agua de la que se recarga en forma natural.

A mediano y largo plazo, el reto para abastecer de agua a la población será importante. Las estimaciones de la Comisión Nacional de Población (CONAPO), establecen que entre los años 2010 y 2030 la población del país se incrementará en 12.3 millones de personas, señalando que el 81% de la población se asentará en zonas urbanas.  El incremento de la población en este período de tiempo ocasionará que la disponibilidad de agua renovable per cápita pase de 4,230 metros cúbicos en el 2010, a 3,783 en el 2030; inclusive hay proyecciones que algunas de las Regiones Hidrológico-Administrativas, el agua renovable per cápita alcanzará niveles cercanos o inferiores a los 1,000 metros cúbicos al año, lo que será considerado como una escasez grave.

Si bien los acuíferos proporcionan a la población un suministro económico y confiable del vital líquido, la Comisión Nacional del Agua ha insistido en que se debe tener especial atención y protección  del agua subterránea, ya que estos son los que suministran cerca del 75% del agua en las ciudades, y además constituyen las únicas fuentes permanentes de agua para la población que habita en las zonas áridas y semiáridas del país.

La extracción intensiva de los acuíferos produce un balance negativo en su explotación – recarga, lo que amenaza la sustentabilidad de las actividades económicas y sociales de la población, ya que no solo se agota el preciado recurso, sino que además afecta la calidad y el precio del agua. Incluso en muchos acuíferos en los que el descenso en la cantidad de agua ha sido importante, se han registrado subsidencias del terreno por más de 9 metros, ocasionando daños a infraestructura de comunicación, edificios, y una mayor inundabilidad de territorio afectado.

Estudios realizados por el Banco Mundial señalan que si no se protegen las aguas subterráneas en términos de calidad y cantidad, habrá escasez de agua en los núcleos poblacionales más grandes, provocando ciclos costosos e ineficientes de profundización de los pozos para recuperar productividad, lo que derivará en aumentos en los precios del agua, así como posibles consecuencias a la salud humana debido a la alta concentración de minerales en el líquido.

Igualmente la expansión de los núcleos urbanos ha conllevado a una impermeabilización del suelo, incidiendo directa y negativamente en el ciclo hidrológico natural del agua. Este crecimiento en la impermeabilización del terreno además de reducir la infiltración directa de las aguas pluviales, modifica los flujos naturales del ciclo hidrológico, disminuyendo la evapotranspiración y aumentando los niveles de escorrentía que generan inundaciones.

Conservar  las zonas de recarga de los acuíferos es un objetivo prioritario para nuestro país. Para ello es necesario una reglamentación que permita planificar el uso del suelo para contener la impermeabilidad de las zonas de recarga de los acuíferos de los núcleos de población, así como una zonificación para la protección de la calidad del agua, esto con el único objetivo de asegurar a las generaciones futuras un abasto eficiente, barato y de calidad del vital líquido.

La UNESCO ha señalado que las aguas subterráneas que son gestionadas y utilizadas con eficiencia, actúan positivamente en la reducción de la pobreza, aumentan las cosechas agrícolas como resultado del riego seguro, aumenta las retribuciones económicas, existe una mayor equidad en la distribución del líquido, y atenúa la vulnerabilidad a las sequias o variaciones en la lluvia.

Por ello la presente iniciativa tiene por objeto proteger las zonas de recarga de los acuíferos de su posible impermeabilización, asegurando así su conservación y desarrollo para asegurar a corto, mediano y largo plazo el derecho humano del agua a todos los mexicanos.

En virtud, de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se adiciona inciso d) a la fracción III del artículo 35; y se reforman la fracción X del artículo 28, fracción III del artículo 45, y el primer párrafo del artículo 53 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 28....

I. a XI. ...

X. - Obras y actividades en humedales, zonas de recarga de acuíferos manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;

Artículo 35...

..

...

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:

I. y II. ...

III. Negar la autorización solicitada, cuando:

a) ...

b)La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies ;

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate o

d) La obra o actividad afecte la calidad y cantidad de agua infiltrada a los acuíferos que abastecen de agua a centros de población.

Artículo 45. El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:

I. y II. ...

III. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos , incluyendo las zonas de recarga de los acuíferos;

IV.a VII....

Artículo 53.Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas y sus zonas de recarga, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en el artículo 46 de esta Ley.

...

...

Artículo Segundo.Se reforma la fracción I del artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 33....

I. La protección ecológica de los centros de población , incluyendo las zonas de recarga de los acuíferos;

II. a X. ...

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Resolución aprobada por la Asamblea General 64/292. El derecho humano al agua y el saneamiento.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3Catarina de Albuquerque. Derechos Humanos Hacia el Final. Buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y al saneamiento.

4 Estadísticas del Agua en México, edición 2010. Comisión Nacional del Agua.

5 Ídem

6 Contraste Regional entre el Desarrollo y la Disponibilidad de Agua, 2007.

7 Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Libro verde, El Patrimonio natural de México, amenazas y herramientas para resolverlas.

8Estadísticas del Agua en México, edición 2010. Comisión Nacional del Agua.

9Ídem.

10 Simposio: Las ciencias de la Tierra en el Estudio del Agua Subterránea.

11 Andrés Ahuquillo, Emilio Custodio. La Gestión de las Aguas Subterráneas.

12 Stephen Foster. Las aguas Subterráneas en el desarrollo urbano. Banco Mundial,

13 Sara Perales Momparler, Ignacio Andrés Doménech. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible en la hidrogeología urbana.

14 UNESCO, Estrategias para la Gestión de Recarga de Acuíferos en Zonas Semiáridas.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.— Diputados: Xavier Azuara Zúñiga, Erick Marte Rivera Villanueva, José Alejandro Llanas Alba, María Eugenia de León Pérez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Antonio Sansores Sastré, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Gabriela Medrano Galindo (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 2O., 6O., 7O., 27, 28 Y 105 CONSTITUCIONALES, EN MATERIA DE DERECHOS AL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION Y LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de los artículos 2o., 6o., 7o., 27, 28 y 105 Constitucionales, en materia de Derechos al Libre Acceso a la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón:Diputadas y diputados, muy buenas tardes. Presidente, con su venia. Tengo el orgullo de estar aquí en tribuna para presentar la propuesta por parte del Partido de la Revolución Democrática de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones.

Una ley que se deriva de lo que todos nosotros consideramos uno de los mayores triunfos de esta Legislatura y es precisamente las reformas constitucionales de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 78, 79 y 105 de la Constitución, para efectos de generar las condiciones de competencia en un sector que es fundamental para el desarrollo de nuestro país.

Primero fue el Mediterráneo el medio de comunicación de las civilizaciones originarias, después pasaron a ser los caminos de Roma los que comunicaron a los ciudadanos del mundo. Luego lo fueron evidentemente las embarcaciones que llegaron al Nuevo Mundo, para después pasar a ser los ferrocarriles.

Hemos avanzado mucho desde entonces y hoy una de las principales herramientas del desarrollo, esa receta mágica, ese producto milagro que permite el desarrollo social individual, la educación, la cultura, el crecimiento económico, el desarrollo de la seguridad pública, es decir un remedio para todos los males. Es decir, las telecomunicaciones y la radiodifusión, que son fundamentales en toda sociedad, deben de ser reguladas.

Nuestro trabajo, señores legisladores, no quedó con la aprobación de la reforma constitucional. Nuestro trabajo, conforme al artículo tercero transitorio de la reforma constitucional establece: El congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Quiero decirles, señores, que apenas nos quedan de esos 180 días, 60, porque este decreto fue publicado el 11 de junio de este año, entrando en vigor al día siguiente de su publicación y que para el 12 de diciembre nosotros tendremos que haber aprobado esas legislaciones secundarias.

La pregunta que les hago a ustedes, legisladores, es si vamos a esperar a que alguien en algún escritorio decida cuál va a ser la legislación secundaria, o si vamos a tomar en serio nuestra responsabilidad como legisladores y vamos realmente a debatir en el seno de esta Cámara de Diputados para legislar y cumplir con las siguientes obligaciones: Establecer tipos penales que castiguen severamente las prácticas monopólicas y los fenómenos de concentración. Regular el organismo público, que se llama precisamente Televisión México a que se refiere el artículo 6o., que se adiciona en virtud del decreto que fue aprobado.

Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que solamente exista un solo título. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la industria de la producción independiente. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial.

Establecer los principios de competencia económica en el sector. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe otorgar las autorizaciones para acceso a otros servicios, como la multiprogramación. Crear un consejo consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aprobar las leyes y reformas que se derivan de ese decreto y en ese mismo plazo expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Esa obligación es una obligación nuestra, señores legisladores. Somos nosotros los que tenemos que cumplir con responsabilidad esta obligación que el Constituyente Permanente nos impuso y es ésta la patada de salida para llevar a cabo un debate serio y profundo.

Esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha tomado en consideración —obviamente— las iniciativas presentadas por asociaciones tales como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Industrias de Tecnologías de la Información, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, la Cámara de la Industria de Radiodifusión, así como múltiples foros en los que se ha discutido este tema hasta el cansancio.

Esta iniciativa considera, primero, que si bien es cierto que ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones —constituido en virtud de la reforma constitucional y que ya está en operaciones desde hace más de un mes— es la autoridad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es también la autoridad en materia de competencia económica. Pero que en México no podemos tener dos leyes de competencia económica, sino que lo que tenemos que tener es una Ley de Competencia Económica que sea aplicada por los dos distintos organismos autónomos creados por la reforma.

No obstante, esta ley considera las obligaciones específicas en relación a determinar quiénes son los actores preponderantes, estableciendo la obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones de que en un plazo de 180 días a partir de su constitución, es decir hace más de mes y medio, determinen quiénes son esos agentes preponderantes que tienen más del 50 por ciento, sea de la audiencia, sea de los suscriptores, sea de tráfico de redes o de cualquier otro indicador y adopten medidas para eliminar precisamente esa preponderancia, a fin de que efectivamente exista la competencia en este sector.

Además establece las bases sobre las cuales el Poder Ejecutivo deberá diseñar la política de inclusión digital universal, estableciendo metas anuales y sexenales, determinando evidentemente el objetivo final a cumplir, que es de 70 por ciento de cobertura de banda ancha para acceso a Internet en los hogares de todo el país, así como 85 por ciento de cobertura de la banda ancha para todas las empresas nacionales.

Se determina también la obligación del instituto de otorgar las concesiones, concesiones únicas para la prestación de todos los servicios, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, especificando aquellas concesiones que son de uso público comercial y las de uso social y determina específicamente la obligación de expedir dentro de los siguientes 60 días, a partir de que entre en vigor la ley secundaria, la obligación del instituto de expedir las concesiones para usos sociales y concesiones comunitarias e indígenas que se hubieran solicitado con anterioridad.

También determina la obligación de que dentro de los 45 días siguientes a la entrada en vigor de esta iniciativa el Ejecutivo dé a conocer al Senado de la República los resultados de la amplia encuesta pública para determinar a los consejeros ciudadanos que integrarán precisamente el consejo de la cadena de televisión pública, así como someterá al Senado de la República su designación para la Presidencia de ese organismos, que estará sectorizado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Determinará además los lineamientos para la prestación de servicios por una red pública compartida que utilizará 90 megahertz en la banda de los 700 megahertz y que servirá precisamente para cumplir con la política de inclusión digital universal, garantizando por cierto que antes de que terminen los 180 días —que son obligatorios para que el instituto haga la licitación de dos nuevas cadenas públicas comerciales— esté claro que antes del 31 de diciembre del 2015 se habrá llevado a cabo el apagón analógico y la transición a la televisión digital terrestre.

Todo esto suena muy complejo en términos técnicos, pero es lo que nos va a permitir a los mexicanos tener esta herramienta fundamental para el desarrollo, para la competencia y la competitividad de nuestro país, y sobre todo de esa parte de la población que está más marginada.

Señores legisladores, asumamos nuestro compromiso y nuestra obligación. Legislemos. Solo tenemos hasta el 12 de diciembre y es hora de empezar. Gracias.

«Iniciativa que expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 2o., 6o., 7o., 27, 28 y 105 Constitucionales, en materia de Derechos al Libre Acceso a la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por su digno conducto, sometemos ante esa honorable asamblea, la presente iniciativa de Ley Reglamentaria de los Artículos 2o., 6o., 7o., 27 y 28 Constitucionales en materia de Derechos al Libre Acceso a la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión (iniciativa de Ley Reglamentaria o iniciativa).

Antecedentes

El 11 de junio de 2013 el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (reforma constitucional) cuyo propósito general es fortalecer los derechos vinculados con la libertad de expresión e información, establecer el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos los servicios de banda ancha; así como fomentar la libre competencia en televisión abierta y restringida, radio, telefonía fija y móvil.

El decreto que publicó el Ejecutivo federal modificó los artículos 6o., 7o., 27, 28, la fracción XVII del artículo 73; la fracción VII del artículo 78 y el párrafo quinto del artículo 94 y la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma constitucional introdujo conceptos doctrinales de servicio público, inclusión digital, sociedad de la información y el conocimiento, servicio universal y convergencia en la reforma le otorga fortaleza jurídica, porque tanto autoridades como concesionarios deberán regirse bajo criterios de servicio público; a su vez, los usuarios adquieren derechos constitucionales al libre acceso a información veraz, plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión o plataforma tecnológica.

La reforma constitucional estableció el derecho de todos los mexicanos el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones cobijado bajo el derecho a la información que debe ser garantizado por el Estado, y definió a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como servicio público, destacando la función social de éstas y reconociendo su papel como factor de desarrollo, y se establece que las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones.

Asimismo, la reforma constitucional señaló que se deberá establecer un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

La reforma constitucional creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. El Ifetel será el encargado de licitar, otorgar y revocar las concesiones. El espectro radioeléctrico seguirá siendo propiedad de la nación, pero su administración y concesiones quedarán en manos del nuevo Ifetel. El Ejecutivo conserva sus facultades para diseñar las políticas públicas y el organismo autónomo de implementarlas.

A su autonomía el Ifetel sumó las facultades de otorgar y revocar concesiones, establecer sanciones, y como autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones regulará tanto el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales como, de forma asimétrica, a los operadores con preponderancia económica, reduciendo barreras a la entrada, limitando la propiedad cruzada de medios y ordenando la desincorporación de activos.

La reforma constitucional fijó un esquema efectivo de sanciones que señala como causal de revocación de una concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Ifetel deberá dar aviso previo al Ejecutivo federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.

Asimismo, la Reforma Constitucional señaló que los nuevos comisionados de Ifetel deberán ser profesionales en su desempeño y dictarán sus resoluciones con independencia, de forma colegiada, pública y transparente. Serán nombrados por el Presidente y ratificados por el Senado por periodos fijos de 9 años, previa acreditación y evaluación de conocimientos.

Para fortalecer al órgano regulador la Reforma Constitucional señaló que las normas generales, actos u omisiones del Ifetel podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

En materia de rendición de cuentas se estableció que el titular del Ifetel deberá presentar anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, y comparecerá ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso. Asimismo, los comisionados del Ifetel podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, y cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

La reforma constitucional eliminó límites a los porcentajes de participación de la inversión extranjera en el sector de telecomunicaciones, incluidos los satélites, y se establece que se permitirá una inversión extranjera directa de hasta 49 por ciento en radiodifusión sujeto a una cláusula de reciprocidad.

La reforma constitucional contempló los usos privados, comerciales, públicos y sociales, mismos que incluyen a los comunitarios e indígenas, del espectro radioeléctrico propiedad de la nación. De esta manera, se modernizó el régimen de concesiones y se reconoció la importancia que para el país tiene la radiodifusión pública y de uso social, las cuales que pueden recibir espectro por asignación directa, para garantizar la pluralidad y diversidad de la realidad nacional.

Para fomentar la convergencia tecnológica y de servicios la reforma constitucional introdujo la concesión única de radiodifusión y telecomunicaciones para que los concesionarios presten servicios convergentes a través del espectro que exploten o las redes que tengan desplegadas. Este nuevo ordenamiento elimina regulaciones como el Acuerdo de Convergencia de 2004 o el Convenio Marco de Interconexión. Asimismo, los operadores no estarán exentos de pagar una contraprestación al Estado por la provisión de servicios adicionales de telecomunicaciones.

Para fomentar un ambiente de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma constitucional señaló que en el caso de los concesionarios señalados por el Ifetel con carácter de agente económico preponderante, el instituto deberá establecer dentro de los sesenta días naturales siguientes a la promulgación del decreto de la misma, los requisitos, términos y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les autorice la prestación de servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de concesión, mediante lineamientos de carácter general.

La reforma constitucional estableció que dicha autorización solo podrá otorgarse a los agentes económicos preponderantes sólo cuando se encuentren en cumplimiento de las medidas que se les hayan impuesto. El instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este párrafo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las contraprestaciones correspondientes.

Asimismo, la reforma constitucional fijó que en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la integración del Ifetel, este determinará la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

Asimismo, en el mismo plazo el Ifetel deberá establecer las medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones de manera que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dicho agente. Estas medidas también serán aplicables al agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de servicios al usuario final.

Dichas medidas deberán considerar como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red local. En particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma. Las citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios de telecomunicaciones.

Las medidas se deberán pronunciar de conformidad con el procedimiento que establezca la legislación vigente en la fecha de su emisión. Únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, y su incumplimiento será sancionado en términos de las disposiciones aplicables. El incumplimiento de la separación contable, funcional o estructural dará lugar a la revocación de los títulos de concesión.

La reforma constitucional también señaló que dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, el Ifetel revisará los títulos de concesión vigentes, a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y modalidades, y recabará la información necesaria a fin de constituir el registro público de concesiones.

La reforma constitucional mantuvo como plazo para el apagón analógico el último día de diciembre de 2015 y obliga al Ifetel a determinar los criterios para la multiprogramación. La reforma reconoce que las señales y los servicios adicionales que puedan prestarse por efectos de la multiprogramación deben basarse en criterios de competencia y garantizar la libertad de expresión además de pagar, en su caso, una contraprestación.

Se estableció que en un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la integración del Ifetel deberá lanzarse la convocatoria para agrupar frecuencias y licitar dos cadenas de televisión digital abierta con cobertura nacional, y que ningún concesionario que tanga más de 12 megahertz, MHz, de espectro (dos canales de televisión) podrá participar en la licitación de nuevas frecuencias de televisión.

La reforma constitucional señalo que a partir de la conformación del Ifetel entran en vigencia de forma automática la obligación de que los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios, y la obligación de que los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde.

La reforma constitucional también señaló que el Ifetel deberá sancionar con la revocación de su concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la oferta de must-offer gratuito a través de otros concesionarios, además del pago de contraprestaciones y de la revocación de la concesión de estos últimos.

La reforma constitucional estableció que el Ejecutivo federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de tele salud, telemedicina y expediente clínico electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos.

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con velocidad real para descarga de información equivalente al promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y a precios competitivos internacionalmente.

Asimismo, el Ejecutivo federal deberá elaborar las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del gobierno federal y realizará acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias de la administración pública federal, mientras que las entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia. Por su parte, Ifetel deberá realizar acciones para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal.

La reforma constitucional señala que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá ceder a telecomunicaciones de México (TM) su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la CFE, garantizando a TM el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos.

La reforma señaló que TM tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por Ifetel.

Asimismo, el Ejecutivo federal, a través de las dependencias y entidades competentes, deberá instalar una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, la cual deberá iniciar su instalación en 2014 y deberá estar en operación antes de que concluya 2018, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.

Dicha red compartida contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre en la banda de los 700 MHz, de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la CFE y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida, podrá contemplar inversión pública o privada, y funcionara de manera neutral bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos.

La reforma constitucional establece que en un plazo no mayor a sesenta días naturales contado a partir de la entrada en vigor de la misma, el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Finalmente, la reforma constitucional establece que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme a la reforma dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor. Dichas adecuaciones deberán:

I. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración;

II. Regular el organismo público que sustituye al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, OPMA, transfiriendo al mismo los recursos humanos, financieros asignados con anterioridad al OPMA;

III. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, social y privado;

IV. Regular el derecho de réplica;

V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia;

VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente;

VII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, para el efecto de que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo Grupo de Interés Económico. Cada concesionario deberá fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de competencia, para la emisión de anuncios, las cuales serán presentadas ante el Ifetel para su registro público;

VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Ifetel otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas;

IX. Crear un Consejo Consultivo del Ifetel, integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor, y

X. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del presente Decreto.

Asimismo, la reforma establece que dentro del mismo periodo el Congreso deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Contenido

En ese contexto, y en cumplimiento de la obligación a cargo del Congreso de la Unión prevista en la reforma constitucional, se aprueba la presente iniciativa de Ley Reglamentaria en la que se establecen las normas generales bajo las cuales el Estado garantizará los derechos al libre acceso a la información; a la búsqueda, recepción y divulgación de información e ideas; los derechos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y el derecho a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones convergentes, mismos que son servicios de interés general y que se prestarán en condiciones de competencia efectiva entre operadores, sujetos a las políticas públicas de inclusión digital universal que permitan la integración de la población nacional a la sociedad de la información y el conocimiento.

Esta iniciativa garantiza el derecho de todos los mexicanos el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, estableciendo define a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como servicio público, Las libertades y derechos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, y los mecanismos de protección de carácter preventivo y correctivo que dichos usuarios tendrán, y destacando la función social de las mismas reconociendo su papel como factor de desarrollo, y se establece que las medidas de fomento a la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse de manera integral en todos los segmentos de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

Reconoce al Ifetel como una persona de derecho público con carácter autónomo y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el territorio nacional y, para ello, ejercerá la rectoría del Estado en estos sectores para lograr el bienestar social y la competitividad nacional. Para tales efectos, el Instituto tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, y garantizará los derechos reconocidos en los artículos 6o. y 7o. constitucionales.

Asimismo, en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica; optimizará el uso de los bienes de la nación en la prestación de dichos servicios públicos; promoverá la inversión pública y privada para la construcción, operación y modernización de infraestructura para la cobertura universal de tales servicios públicos; y asegurará la disponibilidad de los bienes públicos que puedan ser utilizados para el despliegue, operación y modernización de dicha infraestructura, asegurando libre concurrencia y una oferta de servicios a la población con mejores precios, diversidad y calidad.

El Ifetel tendrá las facultades de otorgar y revocar concesiones, establecer un esquema efectivo de sanciones que señala como causal de revocación de una concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas, y actuar como autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones regulará tanto el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales como, de forma asimétrica, a los operadores con preponderancia económica y con poder sustancial de mercado, reduciendo barreras a la entrada, limitando la propiedad cruzada de medios y ordenando la desincorporación de activos. La Iniciativa de Ley Reglamentaria ratifica que las normas generales, actos u omisiones del Ifetel podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

De igual manera, la presente Iniciativa de Ley Reglamentaria establece los principios regulatorios de máxima transparencia; imparcialidad e independencia de los regulados; proporcionalidad e idoneidad para lograr la consecución de los fines del Estado a que se refieren los artículos 2o., 6o., 7o. Y 28 Constitucionales; y, economía, celeridad procesal, eficacia y buena fe, a los cuales deberán sujetarse el Instituto y todos los servidores que laboren en el en el desempeño de sus funciones y ejercicio de sus atribuciones.

Además establece los requisitos que deberán cumplir los comisionados del Ifetel para no incurrir en conflictos de intereses, y tanto ratifica que los comisionados del Ifetel podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, como reglamenta el proceso de selección de los mismos, y a su vez, fija los criterios que deberán cumplir los trabajos del pleno del Ifetel a fin de que sus resoluciones sean emitidas resoluciones con independencia, de forma colegiada, pública y transparente, estableciendo y reglamentando consultas públicas para la emisión de regulación de carácter general.

Pero también establece las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (secretaría) de planear, formular y conducir las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes, y realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y diseñar, previa consulta pública, la Política de Inclusión Digital Universal. Asimismo, la secretaría deberá presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los requerimientos de recursos para cumplir con las metas anuales y sexenales de la Política de Inclusión Universal, antes de que concluya el primer semestre de cada año,

La iniciativa de Ley Reglamentaria señala los componentes de la Política de Inclusión Digital Universal, y establece que ésta deberá ser emitida en el primer año de gestión del Ejecutivo federal, y contar con metas sexenales y anuales, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dotar de suficiencia presupuestal en el Presupuesto de cada año a los programas y organismos que la llevaran a cabo. Asimismo, señala que su diseño, procesos e impactos deberán ser evaluados en forma periódica a fin de mejorar permanentemente su diseño y operación y de optimizar su impacto socioeconómico.

Asimismo, la presente Iniciativa señala que para el período del 2013 al 2018, la Política de Inclusión Universal deberá presentarse ante el Congreso de la Unión, conjuntamente con la iniciativa de presupuesto de egresos de la federación en el que se contemplen los recursos necesarios para alcanzar los objetivos correspondientes al ejercicio siguiente, y ratifica que dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información equivalente al promedio observado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a precios competitivos internacionalmente.

La iniciativa también señala que dentro de los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley, y previa consulta pública, la Secretaría deberá expedir las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes

La iniciativa de Ley Reglamentaria crea el organismo público descentralizado, no sectorizado, Visión México, con autonomía técnica, operativa, de decisión y gestión que proveerá el servicio de radiodifusión pública son fines de lucro. Dicho organismo deberá asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la federación, a contenidos que promuevan la integración nacional; la formación educativa, cultural y cívica; la igualdad entre mujeres y hombres; la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional; la difusión de las obras de producción independiente, y la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Se establece que Visión México tendrá un presidente designado, a propuesta del Ejecutivo federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, y que contara con un Consejo Ciudadano integrado por consejeros honorarios con reconocido prestigio profesional para asegurar su independencia y una política imparcial y objetiva.

La presente Iniciativa de Ley Reglamentaria señala que dentro de los 45 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria, el Ejecutivo deberá dar a conocer al Senado de la República los resultados de la consulta pública para la selección de los nueve consejeros honorarios de Visión México, y que a más tardar 15 días hábiles después de recibidos los resultados de dicha consulta, el Senado deberá elegir a los consejeros de Visión México, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes. Asimismo, de manera simultánea el Ejecutivo Federal propondrá al Senado su designación para Presidente de Visión México.

La iniciativa de Ley Reglamentaria ratifica que se permitirá un porcentaje de participación de 100 por ciento de la inversión extranjera directa en el sector de telecomunicaciones, incluidos los satélites, y de hasta 49 por ciento en radiodifusión sujeto a una cláusula de reciprocidad.

A su vez detalla los usos privados, comerciales, públicos y sociales de las concesiones, mismos que incluyen a los comunitarios e indígenas, del espectro radioeléctrico propiedad de la nación, señalando que la radiodifusión pública y de uso social pueden recibir espectro por asignación directa, para garantizar la presencia de información y contenidos plurales y diversos de la realidad nacional.

Esta iniciativa establece que el Instituto es responsable de planear, administrar y promover el uso eficiente del espectro electromagnético, así como de elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y que deberá garantizar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de seguridad nacional, inclusión digital universal y para usos sociales de pueblos y comunidades indígenas y de sus organizaciones sociales mediante un derecho preferente en la asignación de tales frecuencias a título primario. Asimismo, se establece que el Programa Anual de Frecuencias del Espectro Electromagnético que formule el instituto deberá propiciar grados de utilización eficiente y compartida del espectro radioeléctrico, el beneficio del público usuario, el desarrollo de la competencia, y la introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones, y la promoción de la innovación y adopción tecnológica de las redes, servicios y aplicaciones para lograr la eficiencia en el uso de infraestructura.

Para fomentar la convergencia tecnológica y la calidad de los servicios a los usuarios, la iniciativa de Ley Reglamentaria señala que el Instituto otorgará concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial por un plazo de veinte años, prorrogable hasta por un plazo igual de conformidad con el puntaje obtenido durante la vigencia de la concesión como resultado de la evaluación permanente de los servicios prestados, y que dichas concesiones deberán estar asociadas a una concesión única para prestar servicios públicos convergentes a través del espectro que exploten o las redes que tengan desplegadas.

La iniciativa de Ley Reglamentaria señala que las concesiones para uso, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico para usos comercial y privado se otorgarán a través de un proceso de licitación pública, estableciéndose que en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente el económico, debiendo tomar en cuenta el Instituto factores como los compromisos de cobertura e inversión, el precio y calidad de los servicios, y la innovación tecnológica, así como favorecer la entrada de nuevos competidores.

La iniciativa de Ley Reglamentaria establece que en la investigación y determinación de prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas, mercados relevantes, y agentes con Poder Sustancial de Mercado, así como en la autorización de fusiones y concentraciones en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión el Instituto deberá seguir los procedimientos, normas y criterios establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica.

También señala que a más tardar el 7 de marzo de 2014 el instituto deberá identificar a los agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión como aquellos que tienen una participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, en forma directa o indirecta, ya sea explícitamente como en el caso de la conducción de una empresa controladora hacia sus subsidiarias, o bien, implícitamente cuando dicha coordinación pueda ser efectuada por medio de medidas persuasivas que pueden darse entre las empresas, aun cuando no exista vínculo jurídico centralizado y jerarquizado, mayor al cincuenta por ciento.

Con relación a lo anterior, la iniciativa de Ley Reglamentaria señala que a partir de la publicación de la resolución por la que se determina que un operador de servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión es preponderante, mientras su participación de mercado sea de cincuenta por ciento a sesenta y cinco, el mismo deberá sujetarse a las obligaciones específicas generales establecidas por el Instituto para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. También se establece que en todos aquellos casos donde los agentes económicos preponderantes tengan una participación nacional superior al sesenta y cinco por ciento en el mercado de telecomunicaciones o radiodifusión, el instituto ordenará la desincorporación inmediata de activos y su venta a empresas de propiedad independiente al operador predominante.

La iniciativa de Ley Reglamentaria también señala que los operadores económicos preponderantes en telecomunicaciones estarán obligados a permitir que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local perteneciente a dicho agente bajo condiciones no discriminatorias, mediante la desagregación de su red local bajo las modalidades que establezca el instituto, y establece el procedimiento que se deberá seguir para desarrollar dicha desagregación.

La iniciativa señala que a más tardar el 6 de mayo de 2014 el Instituto deberá emitir lineamientos de carácter general, estableciendo los requisitos, términos y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les autorice la prestación de servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de concesión. La autorización podrá otorgarse a los agentes económicos preponderantes sólo cuando se encuentren en cumplimiento de las medidas que se les hayan impuesto conforme a lo previsto en los artículos 197, 197, 198 y 199 de la presente Ley, y el Instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este párrafo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las contraprestaciones correspondientes.

La iniciativa de Ley Reglamentaria establece que la transición digital terrestre deberá culminar el 31 de diciembre de 2015. Al respecto, se señala que los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios, y que los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.

En materia de títulos de concesión vigentes, la Iniciativa de Ley Reglamentaria señala que a más tardar el 7 de marzo de 2014 el instituto deberá revisar dichos títulos, a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y modalidades. Asimismo, el instituto, dentro del mismo plazo máximo, deberá recabar la información necesaria a fin de constituir el Registro Público de Concesiones a que refiere el artículo 28 de la Constitución.

En materia de contenidos audiovisuales la Iniciativa de Ley Reglamentaria señala que los contenidos audiovisuales transmitidos a través de vías generales de comunicación tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de convivencia humana, así como fomentar un régimen democrático y de respeto de los derechos humanos.

Para lo anterior, los prestadores de los servicios públicos de radiodifusión y de televisión y audio restringidos deberán, entre otros, respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales; respetar la libertad de expresión y el derecho a la información; promover un diálogo social amplio y plural, no excluyente ni discriminatorio; promover el respeto y reconocimiento a la composición multiétnica y multicultural de la nación mexicana; promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud; y, asegurar la imparcialidad, objetividad y veracidad de la información transmitida a la población.

Asimismo, la presente Iniciativa obliga a que todos los concesionarios del servicio de radiodifusión cuenten con código de ética y designen a un defensor de las audiencias, el cual deberá procurar mantener la confianza de la audiencia en el medio garantizando la calidad de los contenidos y que los mismos satisfagan las obligaciones establecidas en la presente ley, con el objetivo de que el concesionario brinde un servicio público a sus audiencias, concebida como ciudadanos con derechos a la información y a la comunicación, y de que se cumplan los demás derechos de las misma establecidos en la ley.

En materia de retransmisión de contenidos, la presente iniciativa señala que los concesionarios que presten servicios de televisión restringida deberán retransmitir las señales de televisión que sean radiodifundidas dentro de la misma zona de cobertura geográfica, de manera no discriminatoria, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde o su equivalente en los casos en que así lo defina el Instituto, sin costo alguno para los concesionarios de radiodifusión cuyas señales sean retransmitidas, con excepción de los concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión que tengan carácter de Agente Económico Preponderante, o con Poder Sustancial de Mercado, en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión. Asimismo, se establece que con excepción de los concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión y televisión restringida que tengan carácter de agente económico preponderante, o con poder sustancial de mercado, en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión, los concesionarios de radiodifusión deberán permitir la retransmisión de sus contenidos de manera gratuita.

La presente iniciativa señala que los concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión y televisión restringida que tengan carácter de agente económico preponderante, o con poder sustancial de mercado, en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión, deberán acordar las condiciones y precios de las señales radiodifundidas que deseen retransmitir, y que en caso de diferendo, el instituto establecerá las condiciones y precios aplicables.

En caso de que se requiera determinar los precios aplicables a la retransmisión de los contenidos de una o varios señales abiertas de un concesionario de radiodifusión, el instituto determinará éstos con base en los costos incrementales en que incurre el concesionario al permitir la retransmisión de sus contenidos.

Asimismo, la iniciativa establece que el instituto sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios sin prejuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan, revocándose la concesión también a estos últimos.

Para estos efectos, se considerará que las relaciones entre dos concesionarios, uno de los cuales es un agente con poder sustancial de mercado o preponderante en los términos de esta ley, genera un beneficio directo o indirecto a este derivado de la regla de gratuidad, cuando las relaciones jurídicas, comerciales o tecnológicas entre ambos concesionarios tengan por objeto la provisión de servicios de trasporte de señales, acceso a elementos de red, servicios de telecomunicaciones y, en general, servicios conexos o auxiliares que sean contratados con un concesionario que sea un agente con poder sustancial de mercado, y cuando las relaciones entre ambos concesionarios tengan por objeto servicios de facturación, re-facturación, cobranza, compra y venta de publicidad y otros actos similares, en lo que exista simulación o se realicen en términos preferentes o discriminatorios respecto del resto de los concesionarios en dicho mercado.

En materia de multiprogramación la presente Iniciativa señala que cualquier concesionario de radiodifusión que cuente con un canal de programación radiodifundida podrá solicitar al Instituto autorización para acceder a la multiprogramación, el cual resolverá la solicitud de acceso a la multiprogramación en un plazo máximo de 60 días hábiles.

Asimismo, se establece que los concesionarios interesados en ofrecer canales de programación de televisión o audio restringido mediante multiprogramación podrán hacerlo siempre y cuando cuenten con autorización para ofrecer un segundo o mayor número de canales de programación radiodifundido, en los términos establecidos en la presente Ley; cuenten con concesión única; sus servicios de televisión o audio restringido permitan el monitoreo de los contenidos por parte de las autoridades correspondientes; y paguen previamente una contraprestación económica cuando se trate de una concesión de uso comercial, misma que se determinara tomando en cuenta la capacidad del canal destinado al canal de programación encriptado que se propone.

Asimismo, la iniciativa de Ley Reglamentaria establece a mas tardar el 7 de marzo de 2014 el Instituto deberá publicar las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento eficiente de los mercados, máxima cobertura nacional de servicios, derecho a la información y función social de los medios de comunicación, y atendiendo de manera particular las barreras de entrada y las características existentes en el mercado de televisión abierta.

Por lo anterior, en ejercicio de las facultades que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esa soberanía, la siguiente iniciativa de

Ley Reglamentaria de los Articulos 2o., 6o., 7o., 27, 28 y 105 Constitucionales en materia de Derechos al Libre Acceso a la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Título I Objeto, Definiciones y Principios Generales

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 2o., 6o., 7o., 27, 28 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Es objeto de la presente ley establecer las normas generales bajo las cuales el Estado garantizará los derechos al libre acceso a la información; a la búsqueda, recepción y divulgación de información e ideas; los derechos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y el derecho a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones convergentes, que son servicios de interés general y que se prestarán en condiciones de competencia efectiva entre operadores, sujetos a las políticas públicas de inclusión digital universal que permitan la integración de la población nacional a la sociedad de la información y el conocimiento.

Artículo 3. Son sujetos activos obligados a la presente ley todas aquellas personas físicas o morales que en su carácter de concesionarios, permisionarios, registratarios o sus agentes o comisionistas filiales, presten servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con infraestructura propia o de terceros; así como aquellos agentes económicos públicos privados o mixtos que posean, participen o controlen infraestructura, insumos esenciales o bienes necesarios y sujetos pasivos las personas en su carácter de titulares de los derechos tutelados por esta ley, las personas con discapacidad; todos aquellos usuarios o consumidores sean personas físicas o morales así como cualesquiera personas o audiencias de contenidos sonoros o audiovisuales.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, son vías generales de comunicación, y por tanto estarán sujetas a las normas, autoridades y jurisdicción federales, el espectro radioeléctrico, los sistemas de comunicación vía satélite; las redes públicas de telecomunicaciones y radiodifusión, y los servicios públicos que se presten a través de ellas, cuando su cobertura abarque dos o más entidades federativas.

Tratándose de concesiones para la instalación y explotación de redes y servicios dentro de los límites de una entidad federativa, estarán también sujetos a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas federales así como a la jurisdicción de los tribunales federales especializados, pero las autoridades municipales o estatales vigilarán que los concesionarios, en la instalación de una red o infraestructura de telecomunicaciones o radiodifusión se sujeten a las normas oficiales, planes fundamentales y demás normatividad y convenios de colaboración que estas autoridades locales celebren con el Instituto, en materia de despliegue, seguridad y protección civil de redes urbanas y rurales.

En ningún caso las autoridades locales podrán exigir mayores requisitos o gravámenes que los establecidos en las leyes, normas oficiales, planes fundamentales u otras normas federales, a fin de no retrasar u obstaculizar el despliegue de infraestructura de redes para la prestación de servicios públicos.

Artículo 5. Salvo que el significado o alcance de un término quede especificado en algún otro artículo de esta ley, se entenderá por:

I. Acceso digital al usuario final: Enlace de transmisión entre las instalaciones del concesionario, y el punto de conexión terminal donde se conectan los equipos del usuario, y a través del cual se transmiten o reciben en código digital, signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonido, datos o información de cualquier naturaleza y el cual es parte integrante de una red pública de telecomunicaciones;

II. Acceso a las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento: Derecho de las personas a acceder en forma efectiva a dichas tecnologías, canales de comunicación, programación, aplicaciones, contenido y conocimiento, utilizando cualquier medio físico con capacidad de transmisión de banda ancha, sea a través de dispositivos propios o aquellos que el Estado ponga a disposición del público para tales efectos, mismo que forma parte del derecho a la información;

III. Arquitectura abierta: Conjunto de características técnicas de las redes públicas de Telecomunicaciones que les permite interconectarse entre sí, a nivel físico y lógico, de tal manera que exista interoperabilidad entre ellas; y comunicación entre sus usuarios o los equipos conectados a ellas.

IV. Acceso abierto: Derecho de todo concesionario de utilizar la infraestructura de una red de telecomunicaciones existente, bajo las mismas condiciones que las que utiliza el concesionario propietario o poseedor de la red en cuestión, o sus filiales o subsidiarias.

V. Agente económico preponderante: El o los concesionarios que por sí, o como parte de un grupo de interés económico, cuenten con una participación en los mercados de servicios públicos de radiodifusión o de telecomunicaciones, superior al cincuenta por ciento a nivel nacional, medido este porcentaje ya sea por número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto, y de conformidad al área de cobertura de las concesiones.

VI. Agente económico con poder sustancial de mercado: El o los concesionarios que por sí, o como parte de un grupo de interés económico, tengan la capacidad de afectar unilateralmente el precio o la disponibilidad de un servicio, sin necesidad de ser él o los únicos oferentes del mismo, en un mercado relevante de infraestructura o de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión. Tanto la determinación del mercado relevante, como la del agente económico con poder sustancial de mercado, se realizarán con base en el procedimiento establecido en la ley.

VII. Asignación de bandas de frecuencias: Concesión a una persona física o moral o una dependencia o entidad pública para el uso y en su caso explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, ya sea mediante licitación pública o asignación directa para utilizar un conjunto de frecuencias, en condiciones determinadas.

VIII. Atribución de frecuencias: Acto por el cual una banda de frecuencias determinada se destina al uso de uno o varios servicios de radiocomunicación determinados, conforme al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

IX. Banda ancha: Enlace físico, alámbrico o inalámbrico, entre el punto de localización del usuario final y la red de telecomunicaciones, que permite la transmisión y recepción de datos de alta capacidad y velocidad en cualquiera de sus aplicaciones: audio, voz, video, texto o imágenes a una velocidad real mínima de descarga que determinará anualmente el Instituto, fomentando que se migre a velocidades simétricas a fin de permitir el tráfico continuo, eficiente y veloz de todas las aplicaciones que se ofrecen al público a través de estas redes. Dicha velocidad será revisada anualmente por el Instituto y

X. Banda de frecuencias: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias determinadas;

XI. Canal de programación: Conjunto de contenidos audiovisuales o de audio, transmitidos en secuencia a lo largo de horarios de un día por un Concesionario;

XII. Comisión: Comisión Federal de Competencia Económica;

XIII. Compartición de infraestructura: Uso de infraestructura o de elementos de redes de Telecomunicaciones por dos o más operadores, a fin de reducir costos y barreras a la provisión de otros servicios, o cuando existan razones de protección del medio ambiente, salud pública, planeación urbana, seguridad pública o mandamiento administrativo o judicial;

XIV. Comunicaciones electrónicas: Término utilizado para referirse de forma conjunta a las telecomunicaciones, la radiodifusión y a la Internet;

XV. Concesión: Acto administrativo del instituto mediante el que se otorga a una persona física o moral el derecho de usar y en su caso explotar el espectro radioeléctrico, posiciones orbitales geoestacionarias o de otra naturaleza, y/o para prestar servicios públicos de telecomunicaciones o de radiodifusión, o ambos.

XVI. Concesión única: Acto administrativo mediante el cual el instituto le confiere al concesionario el derecho de prestar en forma convergente cualesquiera servicios públicos que sean técnicamente posibles a través de una misma infraestructura, banda de frecuencias o red, y en su caso el uso y explotación del espectro radioeléctrico u otros bienes del dominio público;

XVII. Concesión de espectro radioeléctrico o de posiciones o recursos orbitales: Acto administrativo mediante el cual el Instituto concede a una persona el derecho para usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y o recursos orbitales;

XVIII. Concesiones de uso social comunitarias: Acto administrativo mediante el cual el Instituto asigna espectro a comunidades para su uso y aprovechamiento sin fines de lucro con el fin de que presten dentro de la comunidad respectiva servicios de telecomunicaciones y o radiodifusión;

XIX. Concesiones de uso social para pueblos o comunidades indígenas: Acto administrativo mediante el cual el Instituto concede a pueblos y comunidades indígenas, o a las organizaciones que estos determinen de conformidad a sus sistemas normativos, el derecho al uso y aprovechamiento de espectro radioeléctrico a título primario para prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con la finalidad de la promoción y desarrollo de las lenguas, conocimientos y los demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas; el fortalecimiento de las formas de gobierno e instituciones políticas, jurídicas, económicas y sociales, entre otras, en el marco de la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas; la protección y cuidado de sus tierras, territorios y recursos naturales; para el ejercicio e implementación de los derechos reconocidos a dichos pueblos por el artículo 2o. constitucional y los instrumentos internacionales, entre otros.

XX. Convergencia de Servicios: Prestación de varios servicios de telecomunicaciones y/o radiodifusión, a través de una misma red o infraestructura;

XXI. Costo incremental: Es la suma de los costos en que incurre una empresa de telecomunicaciones eficiente, para proveer volúmenes adicionales del servicio correspondiente, incluido un margen razonable para la recuperación de los costos comunes y conjuntos;

XXII. Cuadro: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias es el instrumento mediante el cual el Instituto establece los usos, categorías y restricciones de las bandas de frecuencia a las que se les atribuyen los diferentes servicios de radiocomunicación de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

XXIII. Desagregación de la red local: Proceso que permite que múltiples operadores de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red de telecomunicaciones y el punto de acceso al usuario final, a la red local perteneciente al agente económico preponderante en el mercado de las Telecomunicaciones;

XXIV. Espacios blancos: Bandas no utilizadas y no asignadas del espectro ubicadas entre bandas asignadas de frecuencias electromagnéticas;

XXV. Espectro radioeléctrico: Espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 Gigahertz;

XXVI. Estación terrena: Antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para transmitir o recibir señales de comunicación vía satélite;

XXVII. Estatuto:El Estatuto Orgánico del Instituto;

XXVIII. Frecuencia de onda: Número de ciclos por segundo que efectúa una onda del espectro radioeléctrico lo cual determina su longitud;

XXIX. Grupo de interés económico: Conjunto de personas físicas o morales que tienen intereses comerciales y financieros afines, y que coordinan sus actividades para lograr un determinado objetivo común. Un Grupo de Interés Económico puede estar coordinado por una sola persona, como en el caso de la conducción de una empresa controladora hacia sus subsidiarias, o bien, implícitamente cuando dicha coordinación pueda ser efectuada por medio de medidas persuasivas que pueden darse entre las empresas, aun cuando no exista vínculo jurídico centralizado y jerarquizado;

XXX. Homologación: Acto por el cual el Instituto reconoce oficialmente directamente o a través de Unidades de Verificación, que las especificaciones de un equipo o dispositivo destinado a Telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser conectado a una red pública de Telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico.

XXXI. Inclusión digital universal: Conjunto de estrategias y acciones públicas, sociales y privadas que el Ejecutivo, en coordinación con el Instituto, deberá ejecutar para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y a las habilidades que les permitan utilizarlas de forma eficiente para su educación, desarrollo económico y social, intercambio comercial, integración cultural, , acceso a servicios de gobierno electrónico y seguridad pública y salud, servicios financieros, comunitarios, entretenimiento y cualquier otro servicio de comunicación a distancia que los integre a la sociedad de la información;

XXXII. Infraestructura activa: Elementos de una red de telecomunicaciones móvil que deben ser manejados por el operador de la misma como las antenas, sistema de antenas, sistema de transmisión, componentes de canal y otros;

XXXIII. Infraestructura pasiva: Elementos de una red de telecomunicaciones móvil que no son necesariamente controlados por el operador de la misma después de su instalación como los cables eléctricos o de fibra óptica, las torres y estructura de soporte, las construcciones de alojamiento, los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de alarma y otros;

XXXIV. Interconexión: La conexión física y lógica de redes separadas y servicios conexos tales como directorio, información cobro revertido, facturación y cobranza para permitir a los usuarios de dichas redes y a sus equipos comunicarse entre sí. La interconexión es un insumo de la interoperabilidad de los servicios que hace posible el que los usuarios puedan elegir una red sobre otra o un proveedor de servicios sobre otro;

XXXV. Instituto: Instituto Federal de Telecomunicaciones;

XXXVI. Interconexión: Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de Telecomunicaciones, que incluye todos los elementos, capacidades, funciones, servicios e infraestructura para permitir la conducción de tráfico entre dichas redes o entre servicios de Telecomunicaciones prestados a través de las mismas;

XXXVII. Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación;

XXXVIII. Internet: Redes globales interconectadas que usan el protocolo de Internet TCP/IP;

XXXIX. Interoperabilidad: Capacidad de las redes públicas de telecomunicaciones interconectadas, cuyas características técnicas comunes aseguran la provisión de un servicio específico de una manera consistente y predecible, en términos de la entrega funcional de servicios entre redes;

XL. Insumos esenciales: Elementos, recursos o instalaciones pertenecientes a una red pública de Telecomunicaciones suministrados en forma exclusiva o predominante por un concesionario, o por un número limitado de éstos, cuya sustitución no es factible técnica o económicamente;

XLI. Ley: La presente ley reglamentaria;

XLII. Mercado secundario: Arrendamiento parcial o total de frecuencias, canales o bandas de frecuencias concesionadas originalmente para uso comercial a favor de un tercero ya sea para uso privado o comercial;

XLIII. Multiplexión: Transmisión de señales de audio y video o datos de dos o más canales de información mediante su empaquetamiento digital en un solo canal para hacer un uso más eficiente del mismo;

XLIV. Multiprogramación: La capacidad de transmisión de diversos Canales de Programación a través de una Banda de Frecuencias de 6 Kilo Hertz;

XLV. Must-carry: Obligación de los concesionarios que presten servicios de televisión restringida de retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica de su concesión, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios;

XLVI. Must-offer: Obligación de los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida de permitir a los concesionarios de televisión restringida, la retransmisión de su señal de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde;

XLVII. Operador: Concesionario, permisionario o registratario que presta servicios públicos de Telecomunicaciones o Radiodifusión mediante una red propia o de terceros.

XLVIII. Orbita satelital: Trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra;

XLIX. Política de inclusión digital universal: A la política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales, establecida por el Ejecutivo, en colaboración con el Instituto, para garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I, del inciso b) del artículo 6o. de la Constitución;

L. Portabilidad: Derecho de los usuarios de numeración telefónica de cambiar de prestador de servicios de Telecomunicaciones, manteniendo la misma numeración que los identifica, sea ésta geográfica, no geográfica o cualquier otro tipo de numeración, y el equipo terminal vinculado a dicho número;

LI. Posiciones orbitales geoestacionarias: Ubicaciones en una órbita circular sobre el ecuador que permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la tierra, permitiendo que el satélite mantenga en forma permanente la misma latitud y longitud;

LII. Productores nacionales independientes: Aquellas personas físicas o morales mexicanas productoras de contenidos que no tienen participación accionaria, o control directo o indirecto del concesionario del servicio de radiodifusión;

LIII. Productores indígenas independientes: Aquellas personas físicas o morales de pueblos o comunidades indígenas que producen o coproducen con productores nacionales independientes, contenidos de radio o televisión relativo a los pueblos, cultura, arte, lenguas, tradiciones, conocimientos y sistemas normativos indígenas, sin tener una relación de dependencia con concesionarios de radiodifusión comercial.

LIV. Programación indígena: aquella producida por pueblos y comunidades indígenas, sus integrantes, sus propios medios, organizaciones o en colaboración con éstas, así como aquellas producidas por personas físicas o morales no indígenas que compartan sus aspiraciones.

LV. Punto de interconexión: Punto físico donde se conectan a una red pública de Telecomunicaciones otras redes públicas de Telecomunicaciones;

LVI. Radiocomunicación privada: Servicio de Telecomunicaciones inalámbrico que no implica explotación comercial directa o indirecta de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, y cuyos sistemas operan en segmentos específicos de las bandas de frecuencias señalados para tales efectos en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

LVII. Red compartida mayorista: Red mayorista de servicios de telecomunicaciones, la cual funcionará de manera neutral bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos;

LVIII. Red mayorista: Aquella red de telecomunicaciones destinada a proveer capacidad, infraestructura o servicios al mayoreo a cualquier concesionario o comercializadora de servicios que lo solicite;

LIX. Red de telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación y enrutamiento, torres, antenas, postes, ductos, canalizaciones o cualquier otro equipo necesario;

LX. Red de telecomunicaciones analógica: Red de Telecomunicaciones Electromagnéticas analógicas;

LXI. Red de telecomunicaciones digital: Red de telecomunicaciones electromagnéticas transmitidas en código digital;

LXII. Red privada de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades específicas de servicios de Telecomunicaciones que no impliquen explotación comercial directa o indirecta de capacidad de la red o de servicios de telecomunicaciones;

LXIII. Red pública de telecomunicaciones: Red alámbrica o inalámbrica a través de la cual se conducen señales o se presten servicios públicos de Telecomunicaciones a terceros. La red no comprende los equipos terminales de Telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de Telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal;

LXIV. Red local: Infraestructura de telecomunicaciones para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, desplegada en una determinada área geográfica dentro del territorio de una entidad federativa, sea urbano o rural;

LXV. Red troncal: Infraestructura de conectividad y transporte desplegada a lo largo de más de dos estados de la República Mexicana, que conecta Redes Locales, Redes Interurbanas y Redes Inter-estatales próximas a su ubicación geográfica, diseñada para la transmisión de volúmenes significativos de tráfico de telecomunicaciones;

LXVI. Registro: Registro público de telecomunicaciones;

LXVII. Secretaría: Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

LXVIII. Redes privadas de telecomunicaciones: Redes de telecomunicaciones que el usuario establece con su propia infraestructura o mediante líneas dedicadas o conmutadas arrendadas de terceros, para uso exclusivo de sus comunicaciones internas o privadas y sin fines de lucro ni de explotación comercial.

LXIX. Servicio público de radiodifusión: Aquél que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Instituto precisamente a tal servicio; con el que la población tiene derecho a recibir de manera gratuita las señales del emisor;

LXX. Servicio público de telecomunicaciones: Son aquellos servicios de comunicaciones electrónicas analógicas o digitales consistentes en la transmisión y recepción de voz, sonidos, imágenes, videos, texto o datos o paquetes de datos incluyendo el acceso a Internet, ya sea en forma unidireccional o bidireccional, a través de una o más redes interconectadas que involucran la utilización de uno o más elementos o instalaciones de dichas redes o de aplicaciones;

LXXI. Servicios de comunicación vía satélite. Los Servicios Públicos de Telecomunicaciones o de Radiodifusión que se transmiten de una estación terrestre transmisora a un satélite espacial que las recibe, amplifica y envía de regreso a la Tierra, para ser captadas por estaciones receptoras o dispositivos con capacidad para recepción de señales satelitales;

LXXII. Sociedad de la información y el conocimiento: Es aquella en que la implantación generalizada de las tecnologías de la información y la comunicación permiten que la creación, adición y distribución de la información sean el centro de las actividades económicas y culturales, y en la que los ciudadanos pueden apropiarse crítica y selectivamente de la información ya que saben cómo aprovecharla;

LXXIII. Subsidio cruzado: Práctica anticompetitiva mediante la cual un Agente Económico Preponderante o con Poder Sustancial de Mercado, presta servicios a precios al Usuario insuficientes para cubrir los costos incrementales incurridos en la prestación de los mismos, y compensa sus pérdidas con las ganancias provenientes de la prestación de otros servicios en el mismo mercado, o en cualquier otro, en el que participe por sí o a través de otro Agente Económico Preponderante o con Poder Sustancial que forme parte del mismo Grupo de Interés Económico;

LXXIV. Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos:

LXXV. Usuario: Persona física o moral que utiliza en forma ocasional o periódica un servicio de telecomunicaciones, sea o no el contratante o suscriptor, sea para fines personales o como usuario corporativo o institucional. Cuando una persona ha solicitado a un operador público o privado la provisión o acceso a un servicio, se considerará como usuario para efectos de la defensa de sus derechos e intereses.

Cuando en la presente ley o sus reglamentos se haga mención de otros conceptos o términos técnicos no definidos en los mismos, tendrán el significado y alcance establecido en los tratados, reglamentos, glosarios y demás instrumentos que haya adoptado la Unión Internacional de Telecomunicaciones, excepto en el caso en el que México haya objetado, hecho valer alguna reserva o declaración interpretativa a alguno de dichos instrumentos en los que se contienen los vocablos respectivos, en cuyo caso, el Instituto habrá de especificar el significado que reconoce a un término determinado y el contexto en el que será aplicable.

Principios generales

Artículo 6. En la observancia, aplicación e interpretación de la presente ley así como en la actuación del Instituto, los siguientes principios rectores habrán de regir:

I. En la interpretación de los derechos humanos materia de esta ley se aplicarán las normas constitucionales y las que se deriven de tratados internacionales aplicables, siempre favoreciendo la protección más amplia de la persona.

II. Transparencia. Tanto en los procesos regulatorios como en todos los actos de autoridad del Instituto, prevalecerá la máxima transparencia y publicidad para la toma de decisiones con el solo resguardo de información confidencial o reservada en términos de la ley de la materia.

III. Publicidad del inventario de los bienes del dominio público del Estado especialmente por lo que respecta al espectro radioeléctrico, las posiciones orbitales, los derechos de vía, torres, postes, ductos y demás bienes necesarios para el despliegue de redes e infraestructura.

IV. Máxima accesibilidad de los servicios y sus dispositivos para las personas con discapacidad y bajo condiciones no discriminatorias, exigible tanto a operadores privados como públicos.

V. Las comunicaciones electrónicas que se cursen a través de las redes y servicios que presenten los operadores son confidenciales e inviolables. Excepto en el caso de que medie una orden de juez competente fundada y motivada en contrario, el Estado y sus concesionarios y operadores en general habrán de tratar todas las señales de comunicación electrónica cursadas por sus redes físicas o virtuales, con máxima confidencialidad, privacidad e inviolabilidad. Las restricciones al derecho a la privacidad, el libre acceso a la información y la libre expresión y difusión por motivos de seguridad pública, deben reunir los principios de legitimidad, proporcionalidad, ser lo menos intrusivas y prolongadas, temporales, y demás parámetros internacionales reconocidos por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales.

VI. La convergencia de las telecomunicaciones y la informática permite la transmisión y recepción de diversos servicios y aplicaciones por el mismo medio en paquetes de datos multiplexados a través de redes de banda ancha y que el destinatario recibe ya sea como voz, texto, audio, video o imágenes y por tanto en el diseño de la regulación y otorgamiento de las concesiones deberán fomentarse los servicios convergentes.

VII. Interoperabilidad de los servicios, aplicaciones y redes. Los servicios públicos de telecomunicaciones deben ser interoperables. La arquitectura de las redes de telecomunicaciones debe permitir que los usuarios o equipos de cada una de ellas se pueda comunicar con los usuarios o equipos de las demás redes que prestan servicios públicos, y hacer posible que sea el usuario final quien elija el equipo terminal, aplicaciones y contenidos, para utilizar con la red de su elección.

VIII. La neutralidad de la red. Las redes digitales deberán dar libre acceso a los usuarios a los mayores contenidos y aplicaciones digitales en forma no discriminatoria, en la medida que la capacidad de las redes de banda ancha y las economías de escala lo permitan, evitando favorecer a determinados proveedores, aplicaciones o contenidos a título de protección a la industria, en perjuicio de los usuarios.

IX. El uso eficiente de recursos del dominio público es prioritario para el Estado, en consecuencia el Instituto se asegurará que quienes tengan bandas del espectro asignadas o concesionadas, las usen en forma eficiente o concedan su uso o lo compartan con un tercero que lo utilice eficientemente.

X. Interconexión obligatoria. Las redes públicas deben interconectarse para comunicar a todos los usuarios y equipos de unas y otras. La interconexión es un insumo esencial de la interoperabilidad y por tanto es de interés público.

XI. Intercambio de tráfico de datos en territorio nacional. Los operadores deberán realizar el intercambio de tráfico de datos en puntos de intercambio nacional. El Instituto llevará a cabo las acciones necesarias para acelerar el establecimiento de estos centros en por lo menos cuatro regiones nacionales.

XII. Neutralidad tecnológica. La regulación debe ser neutral a las diferentes tecnologías disponibles, por lo que no favorecerá a ninguna, en tanto sean seguras, brinden accesibilidad, acceso no discriminatorio y no constituyan una barrera a la competencia o a los derechos de los usuarios a elegir el equipo, programas de cómputo, contenidos, proveedor, aplicaciones o plataformas a los que desee acceder.

XIII. Son aplicables a las personas reguladas por la presente ley, la Ley Federal de Competencia Económica, las leyes federales en materia de protección del consumidor, protección de datos personales, el combate a la discriminación de las personas con discapacidad y aquéllas en materia de transparencia en la información financiera, sin perjuicio de toda la normatividad a la que queden sujetos en otros ámbitos.

XIV. Se considerarán sin fines de lucro aquellas actividades reguladas, desarrolladas por personas morales, siempre y cuando los remanentes de los ingresos de éstas no se distribuyan entre sus asociados o socios, y se reinviertan en su totalidad en el objeto social de la propia entidad, y en caso de disolución y liquidación, pasen a formar parte del patrimonio de otra persona moral sin fines de lucro con objeto social semejante, sin que sus socios o algunos de ellos puedan gozar de beneficio alguno.

XV.La evolución e innovación tecnológica. El Instituto deberá fomentar el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías, protocolos, estándares, equipos, programación, contenidos y aplicaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ya sea para la generación, transporte, distribución o recepción de señales electrónicas, contenidos, servicios públicos, uso o asignación del espectro, acceso a insumos esenciales, entre otros, siempre que se beneficie el interés general y no se incurra en prácticas anticompetitivas o de protección a la industria en perjuicio de los usuarios y la población en general.

XVI.La no interferencia entre señales de radiocomunicación que utilizan el espectro radioeléctrico, es la razón primordial por la que se asignan en forma exclusiva bandas de frecuencias en una zona y a una potencia determinadas. Sin embargo, en la medida que más de un concesionario o usuario de bandas o pares de frecuencias del espectro pueda convivir con otro u otros haciendo uso de una misma frecuencia en una ubicación geográfica determinada, se favorecerá la compartición de las éstas mediante el fomento de las nuevas tecnologías de radio cognitiva, espacios blancos y otras lo permitan.

XVII.Privacidad de las comunicaciones digitales de voz, datos o video. Los mensajes transmitidos mediante las redes públicas y la información almacenada en servidores o que viaja a través de aplicaciones de correo electrónico, sistemas de mensajes instantáneos, mensajes directos en redes sociales, aplicaciones para comunicarse por voz, texto o multimedia de persona a persona y análogos son privados y confidenciales, y no pueden ser objeto de intervención, escrutinio automatizado o humano, uso, localización geográfica, reconocimiento de identidad, inclusión en bases de datos con fines comerciales. Tampoco puede ser transferida la información de ellos derivada, con fines de mercadeo, minería de datos, atención o seguimiento al cliente, estudios de mercado ni cualquier otro similar, sin el consentimiento expreso y fehaciente del usuario que deberá renovarse periódicamente y no será un requisito para poder descargar o usar o acceder al servicio, aplicación o funcionalidad digital en cuestión.

Título II De las Libertades y Derechos

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a la libre manifestación de sus ideas y a divulgarlas a través de los medios de radiodifusión y las telecomunicaciones, o cualesquiera otros, sin estar sujetos a inquisiciones judiciales o administrativas excepto cuando se ataque la vida privada o los derechos de terceros o cuando con dicha manifestación provoque delitos.

Artículo 8. Toda persona mencionada, identificada o aludida y que se considere afectada por lo manifestado por un tercero, a través de los medios de radiodifusión o de telecomunicaciones, tiene derecho de réplica de conformidad con Ley Federal para Garantizar el Derecho de Réplica y las siguientes disposiciones, sin perjuicio de lo que otras leyes dispongan para los medios impresos u otros. El ejercicio de este derecho se regirá por la ley de la materia.

Artículo 9. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, veraz y oportuna y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Artículo 10. Para el ejercicio de las libertades antes enunciadas, el Estado garantizará el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones así como a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones incluidos la banda ancha y la Internet, mediante mecanismos de competencia efectiva de conformidad con lo dispuesto por la presente ley, los reglamentos y las disposiciones administrativas y resoluciones que dicte el Instituto, y la política pública de inclusión digital universal a cargo del Ejecutivo, en coordinación con el instituto, para garantizar la integración de la población a la sociedad de la información y el conocimiento.

Artículo 11. Toda persona tiene derecho a servicios públicos de telecomunicaciones universales, plurales, de calidad, convergentes, continuos, de acceso libre y sin injerencias arbitrarias, que podrá elegir de entre varios operadores en competencia. Dichos servicios públicos son de interés general. Los títulos de concesión y contratos de adhesión con el usuario, incluirán todas las obligaciones exigibles a sus titulares para que estos derechos sean observados en la prestación de los servicios.

Artículo 12. Toda persona tiene derecho a servicios públicos de radiodifusión gratuitos y de calidad, que contribuyan a la educación y la cultura, mediante los que se fomenten los valores de identidad nacional, el civismo, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, y la conciencia sobre la solidaridad internacional, la independencia y la justicia.

Artículo 13. La gratuidad de los servicios de radiodifusión, implica que toda persona podrá acceder directa o indirectamente y en forma gratuita, a la programación radiodifundida en su localidad, independientemente del medio que utilice para su recepción en los términos del artículo siguiente.

Artículo 14. Sin perjuicio de los derechos establecidos en ésta y otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas a favor de las personas usuarias, suscriptoras, consumidoras o de las audiencias de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, son derechos básicos de los usuarios y audiencias, según sea aplicable en cada caso, los siguientes:

a) Al acceso a conexiones de banda ancha;

b) Al acceso sin injerencias, a la red de Internet;

c) Al acceso a conexiones de Internet a velocidades reales de conexión de banda ancha iguales o superiores a las que determine periódicamente el Instituto en la inteligencia de que la tolerancia máxima en cuanto a velocidad, latencia y asimetría será la que establezca el Instituto;

d) Al acceso a direcciones IP estáticas asequibles;

e) A la protección de los datos personales y a la privacidad, inviolabilidad y no interferencia ni espionaje público o privado de las comunicaciones de los usuarios o sobre la información a que accedan a través de las redes públicas de telecomunicaciones y la Internet, excepto por orden judicial;

f) A recibir en forma gratuita programación y contenidos que se transmitan a través de señales radiodifundidas por al menos cuatro concesionarios de distintos grupos de interés económico que presten el servicio público de radiodifusión a nivel nacional. Se entenderá que el servicio público de radiodifusión se presta a nivel nacional por un concesionario, cuando los contenidos de uno o más de sus canales de programación sean transmitidos directamente o a través de terceros, en al menos el cincuenta por ciento del territorio nacional;

g) A tarifas y reglas tarifarias no discriminatorias, transparentes, desglosadas, competitivas, comparables y no abusivas ni engañosas, previamente registradas ante el instituto;

h) A elegir libremente al proveedor de equipos, servicios, programas de cómputo, plataformas, aplicaciones, contenidos, modalidades de contratación;

i) A la comunicación digital con usuarios y equipos de la red elegida y de otras redes, en igualdad de condiciones;

j) A condiciones contractuales claras, explícitas, justas, no engañosas o abusivas, equilibradas y sin barreras que le impidan elegir otros servicios u operadores;

k) A dispositivos, accesorios, herramientas o programas de accesibilidad para personas con discapacidad y servicios de emergencia tanto en servicios fijos, móviles o de televisión restringida;

l) A equipos homologados y con garantía utilizables en cualquier red;

m) A parámetros de calidad explícitos y que cumplan con los mínimos obligatorios establecidos por el instituto;

n) A proporcionar una sola vez sus datos personales a entidades y dependencias del gobierno federal, órganos autónomos y demás autoridades federales, las cuales deberán enlazar y coordinar sus bases de datos de la ciudadanía para acceder a ellas en forma digital;

o) A contar con un número telefónico que el contratante pueda portar para usarlo en la red de otro operador, en otra localidad geográfica dentro de territorio nacional o bajo otra modalidad de contratación, mediante un trámite que no excederá de 24 horas y con la consecuente portabilidad de equipo propiedad del usuario contratante;

p) A un periodo de prueba del servicio respectivo, de por lo menos catorce días, sin compromiso alguno de contratarlo, vencido el cual, el Operador habrá de cancelarlo salvo que el usuario decida conservarlo;

q) A mantener como privado y confidencial el número telefónico fijo o móvil de modo que no sea publicado en los directorios ni sea identificado como número de origen en los equipos terminales de destino que cuenten con identificador de llamadas. Asimismo los usuarios tienen derecho a rechazar llamadas originadas en números no identificados;

r) A cancelar el servicio contratado o cambiar de paquete o plan en forma anticipada sin pagar penas convencionales. En el supuesto de que el plazo forzoso sea el resultado de un financiamiento de equipo terminal atado a un plan tarifario, el consumidor tendrá la opción de liquidar el saldo para darlo por terminado anticipadamente, a los valores que se estipulen en el propio contrato;

s) A contratar servicios, capacidades, contenidos o equipos individuales o empaquetados, a su elección, y tarifas expresadas en la unidad menor aplicable sin redondear ni establecer cargos adicionales;

t) A ser atendido y reembolsado en el siguiente ciclo de facturación o a más tardar en los 10 días posteriores al reporte respectivo, en caso de interrupción en los servicios, fallas, o cargos indebidos y demás que establezcan las disposiciones administrativas del Instituto o de la Procuraduría;

u) A redes seguras y a normas que regulen las emisiones para evitar daños a la salud por las radiaciones derivadas de las emisiones electromagnéticas;

v) A publicidad veraz y que no exceda los límites de tiempo que dispongan las disposiciones reglamentarias o administrativas;

w) A ser informado del potencial impacto ambiental de los servicios y equipos y las restricciones y procedimientos en materia de desecho de basura electrónica.

Los demás que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas establezcan con sujeción a la presente ley por tratarse de servicios públicos de interés general.

Artículo 15. En materia de contenidos de radiodifusión y sistemas de audio y televisión restringidos, las audiencias tendrán además, los siguientes derechos:

a) A programación plural y de calidad;

b) A información veraz y plural;

c) A publicidad veraz y no engañosa y acorde a la normatividad en materia de derechos humanos, protección a la salud, la niñez y al consumidor y usuario de servicios financieros;

d) A contenidos no publicitarios en los tiempos mínimos y los horarios que establezcan las disposiciones administrativas aplicables. La publicidad comercial o propaganda política no podrá ser presentada como información periodística o noticiosa;

e) A contenidos debidamente clasificados de acuerdo a grupos de edades de la audiencia;

f) A contenidos y programación relativa a los pueblos y comunidades indígenas en un porcentaje mínimo del diez por ciento de la programación total diaria. Se entenderá por ésta a la producida por pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones de cualquier región del territorio nacional;

g) A contenidos de productores independientes nacionales, los cuales deberán tener acceso a la televisión de radiodifusión y restringida y a la multiprogramación en los términos de esta ley;

h) A la réplica en los términos y condiciones que establezca la ley de la materia.

Título III De los Mecanismos de Protección a los Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo 16. Los concesionarios, operadores o propietarios de redes públicas de telecomunicaciones, o de cualquier infraestructura o equipo que conforme una red, son portadores de comunicaciones electrónicas analógicas o digitales, y por tanto no son responsables de los contenidos que se cursen por sus redes o del uso que se haga de los mismos por terceros ni podrán discriminar unos de otros.

Todo hecho ilícito cometido utilizando dichas vías generales de comunicación o parte de ellas es responsabilidad de su autor, y los concesionarios, operadores o propietarios de redes que hayan sido interferidas ilegalmente, o cuya seguridad sea comprometida, tendrán la obligación de reportarlo de inmediato al Instituto y de informar oportunamente a las posibles víctimas cuyos datos personales se hayan visto comprometidos, y a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, colaborando con ellas en la investigación respectiva y con el Instituto y el Instituto Federal de Acceso a la Información, para mitigar los daños una vez descubierta la intromisión.

Los concesionarios de servicios públicos de radiodifusión y de servicios de audio y televisión restringidos son solidariamente responsables de que los contenidos que producen y ofrecen al público o a sus suscriptores, respectivamente, cumplan con todo el orden jurídico nacional aplicable.

Asimismo, los radiodifusores y operadores de televisión y audio restringidos serán corresponsables con los anunciantes de asegurarse que la publicidad comercial y la propaganda electoral cumplan con las normas y restricciones que las leyes y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables impongan, de conformidad con el Apartado B, fracción IV, del artículo 6o. constitucional.

El instituto, con la colaboración de todos los órganos autónomos, dependencias y entidades federales con jurisdicción en la materia, deberá habilitar un robusto sistema digital de atención ciudadana con ventanilla única, ante el cual el público podrá reportar quejas, deficiencias, fallas y abusos en los servicios públicos a que se refiere esta ley, interrupciones masivas por desastres naturales, transgresiones a la privacidad y protección de datos personales a través de redes públicas de telecomunicaciones, publicidad engañosa o ilegal, violación al Registro de Consumidores y Usuarios, robos de identidad y todas aquellas conductas ilícitas perpetradas a través de medios digitales. El Instituto atenderá todas las denuncias mediante un sistema digital eficiente digital de interfaces, canalizándolas tanto a los Concesionarios señalados como a las autoridades competentes para investigar y en su caso sancionar los hechos o conductas denunciadas, sin perjuicio de que el querellante o denunciante cumpla con las formalidades y procedimientos que las leyes de la materia establecen para presentar quejas, querellas o denuncias de carácter administrativo o penal.

Artículo 17. Los usuarios gozarán de los siguientes mecanismos de protección preventivos y correctivos sin perjuicio de aquéllos establecidos en otras leyes o disposiciones reglamentarias o administrativas:

A. Son mecanismos de carácter preventivo los siguientes:

1. El instituto, con la colaboración de los operadores y los sectores público y privado creará una escuela virtual de educación digital para la adquisición, y uso informado de tecnologías de la información, los derechos de los usuarios, y mecanismos de protección.

2. El concesionario y sus distribuidores o agentes deberán cumplir toda oferta unilateral hecha a través de su publicidad comercial, promociones y otros medios;

3. El concesionario debe informar oportunamente al usuario y sin cargo alguno, el número de minutos, mensajes y volúmenes de datos, y demás condiciones de los servicios bajo esquemas de prepago que adquiere el usuario con cada recarga, información que aparecerá en la pantalla del equipo terminal móvil o receptor de televisión al hacer el prepago por cualquier medio de pago.

4. A conocer gratuitamente el número de minutos, mensajes y volúmenes de datos y demás beneficios incluidos en el plan tarifario contratado, mediante un aviso enviado por mensaje de texto u otro medio electrónico antes de enviar la primera factura mensual, sin perjuicio de que dichas condiciones le hayan sido explicadas claramente al usuario con anterioridad a la firma del contrato respectivo.

5. A información multimedia en el propio dispositivo terminal, que explique en forma didáctica las características del servicio, los parámetros de calidad ofrecidos, los derechos del usuario conforme a ésta y otras leyes, la factura, los sistemas de atención al cliente disponibles todo el año, las garantías del equipo, en su caso el formato para cancelar el servicio o modificarlo y prevención de accidentes por el uso de dispositivos al conducir vehículos, o por el abuso de audífonos.

6. A contar con información comparativa de oferta de servicios, incluyendo tarifas, cobertura, calidad, garantías, plazos, y demás condiciones a través de la plataforma en línea que el Instituto, con la colaboración de los Operadores y la Procuraduría habrá de hacer pública y mantener actualizada, en la que se informe al público de todas las tarifas y planes en moneda nacional por unidad de tiempo, velocidad, capacidad, contenidos, llamadas, renta mensual u otras, así como las condiciones de aplicación y sus excepciones, debidamente registrados, de forma tal que pueda fácilmente comparar la oferta de servicios y tarifas de los diversos Operadores en cada localidad del país en que ofrezcan servicios.

7. La información clara, accesible y en moneda nacional relativa a las tarifas de roaming que pagaría un usuario que está en territorio extranjero como usuario itinerante. En este caso, al llegar al país visitado y conectarse a una red extranjera, su Operador mexicano le enviará una notificación a su dispositivo móvil con el listado de tarifas aplicables y el monto del límite autorizado y convenido previamente con el usuario o a falta de éste, el que determine el Operador en base al historial crediticio del usuario.

8. La información sobre servicios de directorio, emergencia e información y guías de programación, en su caso, en todas las redes públicas de telecomunicaciones convergentes.

9. El Concesionario deberá adoptar criterios de total transparencia y claridad en la información de pre-venta, venta y post-venta de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas aplicables y las mejores prácticas comerciales disponibles para servicios en competencia a nivel internacional.

10. A acceder en el portal oficial del Instituto, a los resultados de las evaluaciones periódicas que éste realice respecto de cada concesionario incluyendo evaluaciones de calidad de los servicios, prácticas comerciales, transparencia, publicidad, contratos de adhesión, uso del espectro, cobertura geográfica, número de quejas, entre otros aspectos.

B. Son mecanismos de protección correctivos, los siguientes:

1. El reembolso dentro de un plazo de 5 días naturales, de cualesquiera servicios adicionales no contratados por el cliente en forma explícita, cobros injustificados, o por interrupción o deficiencias del servicio y una compensación por otro tanto por las deficiencias en el servicio o su facturación.

2. Toda reclamación, reporte de fallas, aclaración, solicitud de reembolso, portabilidad o cancelación de servicios y su resultado final, que se procese en los sistemas de los operadores será reportado simultáneamente al Instituto y a la Procuraduría mediante la interfaz necesaria. Esta información será esencial para programar el monitoreo y verificación de los servicios públicos concesionados y evaluar el desempeño de los concesionarios.

3. Los usuarios podrán iniciar los procedimientos que les confiere la ley de la materia para presentar quejas individuales o colectivas y denuncias ante la Procuraduría. El instituto tendrá acceso a la base de datos y sistema de quejas y denuncias que opera la Procuraduría para conocer en todo momento, la estadística de quejas presentadas contra cada empresa concesionaria de servicios públicos de telecomunicaciones, la causa y monto de la reclamación y el resultado.

4. Los usuarios individuales o empresariales, sin excepción, tendrán acceso a un sistema y procedimiento de arbitraje de consumo en materia de servicios públicos de telecomunicaciones que al efecto establezca la ley respectiva para este fin. El mismo derecho tendrán las audiencias respecto de los concesionarios de radiodifusión en lo concerniente a los contenidos, publicidad, accesibilidad y el derecho de réplica.

5. El instituto creará un sistema de certificación de arbitraje de consumo ampliamente difundido para hacer del conocimiento público qué concesionarios, establecimientos o distribuidores de los Concesionarios se someten al arbitraje de consumo para la solución de controversias.

6. Los concesionarios podrán asumir un compromiso arbitral unilateral público, que los consumidores o usuarios podrán aceptar al momento de surgir alguna controversia con el concesionario.

7. El procedimiento se regirá por los siguientes principios generales: gratuidad, sencillez, contradicción, celeridad, simplicidad y audiencia.

8. El consumidor podrá elegir si el arbitraje de la controversia específica será de estricto derecho o de amigable composición.

9. El arbitraje lo llevará a cabo un panel arbitral tripartito.

10. Los consumidores, usuarios, solicitantes de servicios, suscriptores, individuales o empresariales, y las audiencias así como las asociaciones civiles que los representen para la defensa de sus intereses, en ejercicio de su derecho de acceso a la justicia colectiva, podrán presentar demandas colectivas ante los tribunales federales especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, para la defensa de sus derechos difusos y colectivos o individuales homogéneos derivados de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, así como para demandar la indemnización por los daños y perjuicios derivados de las prácticas monopólicas y otras conductas anticompetitivas sancionadas por esta ley y la ley en materia de competencia económica y sus reglamentos.

11. El derecho a ejercer o adherirse a una acción colectiva es irrenunciable.

12. El instituto es legitimado activo para iniciar demandas colectivas en contra de cualquier operador, ante los tribunales federales en los términos de los establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles actuando en representación de los usuarios o consumidores de servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión o bien podrá fungir como amicus curia en procedimientos colectivos iniciados por otro legitimado activo.

13. El instituto procurará, mediante acuerdos de colaboración con las entidades y dependencias respectivas, que los usuarios tengan acceso a un defensor de oficio que la federación, los estados y municipios o la Procuraduría provea.

14. Las asociaciones de consumidores acreditadas ante el Consejo de la Judicatura Federal, podrán actuar como representantes de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en juicios colectivos, y recibir los apoyos gubernamentales que disponga el presupuesto de egresos de la federación para dar servicios de asesoría y defensoría pública gratuita. Asimismo podrán fungir como árbitros certificados del sistema de arbitraje de consumo que la ley respectiva establezca, para formar parte de un panel arbitral.

Título IV Del Programa Permanente de Investigación y Capacitación en Innovación Tecnológica y Desarrollo Sustentable

Artículo 18. El instituto con la colaboración de instituciones públicas de tecnología, antropología social, desarrollo sustentable y organizaciones civiles y académicas especializadas en conocimiento digital, tecnologías de la información, formación de emprendedores entre otros, será responsable de integrar un programa permanente de investigación aplicada e innovación tecnológica dirigidas al desarrollo basado en el conocimiento mediante las tecnologías de la información.

Los recursos del fondo provendrán de las aportaciones que los concesionarios hagan como parte de las contraprestaciones por sus concesiones; apoyos de fundaciones internacionales, donaciones, servicios voluntarios, acervo de contenidos y herramientas digitales y demás activos. Será administrado por el Instituto y concursará los recursos entre las instituciones públicas, privadas y sociales especialistas en temas educativos, de investigación tecnológica, de uso y adopción de las tecnologías, bibliotecas digitales, aplicaciones, desarrollo de programas, aplicaciones y contenidos de pueblos indígenas; derechos de los consumidores, telemedicina, desarrollo rural y comunitario, protección civil y gobierno abierto, entre otros aspectos que anualmente defina el Instituto. Los planes, objetivos y proyectos del programa se elaborarán considerando las políticas públicas de inclusión digital universal del Ejecutivo Federal y las de los estados para no duplicar esfuerzos.

Título V Del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Artículo 19. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es una persona de derecho público con carácter autónomo y patrimonio propio. En el ejercicio de sus funciones y en su administración, el Instituto se regirá por las disposiciones de esta Ley Reglamentaria y su Estatuto.

Artículo 20. El instituto tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el territorio nacional y, para ello, ejercerá la rectoría del Estado en estos sectores para lograr el bienestar social y la competitividad nacional. Para tales efectos, el instituto tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, y garantizará los derechos reconocidos en los artículo 6º y 7º constitucionales.

Asimismo, en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica; optimizará el uso de los bienes de la Nación en la prestación de dichos servicios públicos; promoverá la inversión pública y privada para la construcción, operación y modernización de infraestructura para la cobertura universal de tales servicios públicos; y asegurará la disponibilidad de los bienes públicos que puedan ser utilizados para el despliegue, operación y modernización de dicha infraestructura, asegurando libre concurrencia y una oferta de servicios a la población con mejores precios, diversidad y calidad.

Para la consecución de los objetivos establecidos, corresponde al Instituto el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Emitir su Estatuto;

II. Ejercer las facultades que le otorga la Ley Federal de Competencia Económica y la presente Ley;

III. Interponer controversias constitucionales con otro órgano constitucional autónomo, el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

IV. Crear el fondo y programa para la investigación e innovación tecnológica y el desarrollo digital sustentable;

V. Elaborar anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales que resulten pertinentes;

VI. Expedir reglamentos;

VII. Expedir Planes Técnicos Fundamentales de Telecomunicaciones;

VIII. Autorizar, negar, revocar, cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones; tomando en consideración el Grupo de Interés Económico del que forme parte o encabece el solicitante;

IX. Fijar el monto y naturaleza de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones para la prestación de los servicios públicos vinculados a éstas, las cuales podrán ser fijadas en términos de aportaciones económicas al Estado, de mejores precios a los Usuarios por los servicios, obligaciones de cobertura, calidad y precio, y otras facilidades para incrementar la penetración de los servicios entre la población;

X. Recaudar los derechos, productos o aprovechamientos que procedan en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como dar aviso al servicio de administración tributaria en casos de incumplimiento del pago de dichos conceptos por parte de los operadores;

XI. Realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, la Política de Inclusión Digital Universal, los programas sectoriales correspondientes y demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones;

XII. Establecer los procedimientos, unidades y estándares para la adecuada homologación de equipos, así como procedimientos y unidades de evaluación de la conformidad para otorgar la certificación correspondiente y acreditar laboratorios nacionales o extranjeros de pruebas o de calibración de equipo de telecomunicaciones y radiodifusión;

XIII. Acreditar o autorizar unidades de verificación independientes de los regulados que monitoreen y evalúen la calidad y continuidad de los servicios públicos materia de la presente ley aún cuando no estén sujetos a una norma oficial mexicana;

XIV. Acreditar peritos nacionales o extranjeros en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;

XV. Administrar el registro público de concesiones y exigir a los operadores su actualización permanente a fin de lograr máxima transparencia;

XVI. Emitir los estándares y protocolos para promover la evolución de las tecnologías o la introducción de nuevas tecnologías;

XVII. Emitir las Normas Oficiales Mexicanas en la materia;

XVIII. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que se apeguen a las disposiciones de esta ley y demás que se expidan.

XIX. Vigilar el debido cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, en los títulos de concesión, permisos, registros, asignaciones y autorizaciones en las disposiciones administrativas y reglamentarias y ejercer las facultades de supervisión, inspección, radio monitoreo, verificación e imposición de sanciones;

XX. Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones o radiodifusión que operen sin concesión, asignación u homologación; o en contravención con las condiciones en ellos establecidas;

XXI. Exigir a cualquier operador la entrega de, o el acceso a, cualquier información, registro, base de datos documental o de otro tipo, sea de naturaleza técnica, económica, administrativa, contable o financiera, comercial, jurídica o cualquier otra, relativa a la infraestructura, ingeniería de red, operación, explotación y prestación de los servicios; el tráfico cursado en sus redes, así como la información contable, estadística, financiera, administrativa o comercial, relativa a la concesionaria y su grupo de interés económico, a fin de que el instituto pueda cumplir con cualesquiera de sus responsabilidades y atribuciones mediante el análisis y verificación de la información respectiva, así como cualquier otra información sobre alianzas, comunicaciones, acuerdos o convenios o compromisos con terceros que el Instituto requiera para cumplir con las disposiciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

XXII. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como a las condiciones establecidas en los títulos de concesión, asignaciones y autorizaciones; y otras disposiciones federales que regulen las actividades de los operadores o sus prácticas y relaciones con los usuarios;

XXIII. Salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y los derechos de las audiencias asegurando su acceso, a los servicios públicos concesionados, en adecuadas condiciones de precio y calidad, accesibilidad, privacidad, continuidad e igualdad, derecho de réplica, información objetiva, veraz y plural, entre otros principios establecidos en esta ley;

XXIV. Establecer, publicar y hacer cumplir los estándares o parámetros de calidad establecidos por cada servicio a que deberán sujetarse los operadores, sean concesionarios, permisionarios o asignatarios;

XXV. Formular directrices para la elaboración de la estadística de telecomunicaciones y de la medición de audiencias en radio y televisión e integrar y hacer disponible al público esta información a través de su portal de Internet;

XXVI. Promover el desarrollo de actividades encaminadas a la formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y administrar los fondos para éste;

XXVII. Interpretar para efectos administrativos las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;

XXVIII. Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia;

XXIX. Celebrar convenios con personas físicas o morales, y con organismos públicos, nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia;

XXX. Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior para desarrollar investigaciones en torno al comportamiento de las audiencias y el impacto social del servicio de radio y la televisión, cuyos resultados deberán hacerse públicos;

XXXI. Elaborar su proyecto de presupuesto conforme a lo dispuesto por la ley;

XXXII. Elaborar y hacer públicos su programa anual de trabajo y su informe anual de gestión; estos deberán incluir la evaluación del diseño, operación e impacto de sus acciones y programas, las acciones de mejora realizadas y una rendición de cuentas pormenorizada de sus actividades con base en las metodologías de impacto que elabore previamente;

XXXIII. Presentar en forma anual su programa de trabajo e informe de gestión, y trimestralmente un informe de actividades, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión;

XXXIV. Elaborar su manual de organización y los lineamientos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, la transparencia, eficiencia de sus procesos, imparcialidad y ética de sus servidores públicos;

XXXV. Ordenar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión de acuerdo a lo establecido en la presente ley;

XXXVI. Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que operen sin concesión;

XXXVII. Ordenar y ejecutar la requisa de las instalaciones, activos, equipos y demás bienes destinados a la prestación de los servicios públicos concesionados de conformidad con lo establecido en esta Ley;

XXXVIII. Resolver lo procedente cuando por circunstancias extraordinarias el concesionario deba interrumpir la prestación de sus servicios total o parcialmente;

XXXIX. Decretar medidas precautorias y de apremio en los procedimientos previstos en esta ley y la Ley Federal de Competencia Económica, así como en los casos de emergencia, desastres naturales, protección civil en casos de emergencia en que haya que poner la infraestructura de uno o más concesionarios a disposición de las autoridades para atender emergencias locales, regionales o nacionales;

XL. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delitos en el ámbito de su competencia;

XLI. Presentar demandas colectivas en su carácter de legitimado activo en representación de usuarios o audiencias de telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente;

XLII. Dar trámite a, y resolver, las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga, cesión, terminación, rescate y revocación de las concesiones en materia de espectro electromagnético, posiciones orbitales y servicios públicos y expedir los títulos de concesión correspondientes, en su caso;

XLIII. Inventariar, planear, administrar y exigir el uso eficiente del espectro electromagnético, así como elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

XLIV. Elaborar y publicar el Programa Anual de Frecuencias del Espectro Electromagnético, que contendrá las frecuencias o bandas de frecuencias que podrán ser asignadas o concesionadas;

XLV. Llevar a cabo los procesos de licitación pública de frecuencias del espectro radioeléctrico y posiciones orbitales de conformidad con esta Ley;

XLVI. Llevar a cabo los procesos de asignación directa de frecuencias para uso público, social, privado o, exclusivamente para el caso de las redes compartida mayoristas, de uso comercial, de conformidad con esta Ley;

XLVII. Actuar como administración notificante ante organismos internacionales para la obtención de posiciones orbitales y orbitas satelitales;

XLVIII. Llevar a cabo los procesos de asignación para ocupar y explotar posiciones orbítales geoestacionarias y órbitas satelitales asociadas a bandas de frecuencias específicas que se obtengan o estén asignadas al país y los correspondientes derechos de emisión y recepción de señales;

XLIX. Rescatar frecuencias y bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que no estén siendo utilizadas eficientemente, así como canjear aquellas por otras en aras de la eficiencia, la evolución tecnológica o el interés público;

L. Promover y vigilar el uso eficiente del espectro por parte del gobierno federal, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como las instituciones públicas de educación superior;

LI. Autorizar el arrendamiento de las bandas de frecuencias del espectro electromagnético, de conformidad con las disposiciones reglamentarias respectivas;

LII. Asegurar la disponibilidad de frecuencias para los concesionarios de usos sociales incluyendo el acceso a frecuencias concesionadas para usos comerciales de radiodifusión que como resultado de la multiplexión de señales dan cabida a la multiprogramación;

LIII. Promover, vigilar y, en su caso, resolver sobre las condiciones para lograr una eficiente interconexión e interoperabilidad y acceso de los equipos, aplicaciones, redes públicas y servicios de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, bajo el principio de no discriminación y los demás principios de esta ley;

LIV. Determinar y publicar las condiciones técnicas indispensables y las tarifas aplicables a la interconexión de redes de los concesionarios, cuando no puedan acordarlas ellos mismos o esté en peligro el interés público;

LV. Resolver las disputas que surjan entre operadores y concesionarios concernientes a la interconexión e interoperabilidad de las redes, el uso y acceso de infraestructura, la calidad de los servicios entre operadores y cualquier otra controversia que afecta la utilización de las redes y la prestación de los servicios públicos, con base en el procedimiento establecido para dichos efectos en esta Ley;

LVI. Establecer los términos y condiciones para la compartición de infraestructura de telecomunicaciones;

LVII. Establecer y hacer públicos los criterios de clasificación de la programación en el servicio de radio y televisión;

LVIII. Vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la presente ley señale para la transmisión de mensajes comerciales a fin de que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada;

LIX. Administrar los tiempos de Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a lo dispuesto por esta ley y otros ordenamientos aplicables;

LX. Vigilar y garantizar la observancia de la Ley Federal para Garantizar el Derecho de Réplica;

LXI. Promover la creación de códigos de ética y buenas prácticas y el nombramiento de defensores de las audiencias en el servicio de radio y televisión;

LXII. Asegurar y supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, así como las normas en materia de salud, y establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil;

LXIII. Resolver cualquier desacuerdo en materia de retransmisión de contenidos;

LXIV. Autorizar el que las señales y los servicios adicionales puedan prestarse a través de la multiprogramación, con base en criterios de competencia y calidad, pluralidad, garantías para la libertad de expresión, el derecho a la información y la concentración nacional y regional de frecuencias;

LXV. Actuar como órgano regulador y de competencia mediante la expedición de disposiciones administrativas de carácter general o particular en los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión que sean relativas al uso, aprovechamiento y explotación del espectro electromagnético, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión o los contenidos audiovisuales de radio y televisión; entre otras;

LXVI. Analizar y resolver solicitudes de concentraciones en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión;

LXVII. Declarar como agentes económicos preponderantes a determinados operadores, de acuerdo a las normas aplicables, o bien declarar como agentes con Poder Sustancial de Mercado a determinados operadores con sujeción a la presente ley, en ambos casos, en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.

LXVIII. Regular de forma asimétrica a los operadores preponderantes, y aquéllos con Poder Sustancial de Mercado, en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia;

LXIX. Establecer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, de concesiones y a la propiedad cruzada de varios medios de comunicación por parte de grupos de interés económico que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites;

LXX. Realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la Política de Inclusión Digital Universal del Ejecutivo federal, para la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones de servicios inalámbricos al mayoreo y para el funcionamiento de la red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite provista por Telecomunicaciones de México;

LXXI. Establecer los lineamientos y acuerdos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de telecomunicaciones de México en materia de fomentar el acceso a servicios de banda ancha, y planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional; y,

LXXII. Las demás facultades necesarias para cumplir con el mandato constitucional que le fue conferido.

De los Principios Rectores del Instituto

Artículo 21. En el desempeño de sus funciones y ejercicio de sus atribuciones el Instituto y todos los servidores públicos que laboran en él, deberán sujetarse a los siguientes principios regulatorios:

I. De máxima transparencia. Actuar en forma transparente, dando el mayor acceso a la información pública y utilizando mecanismos y procesos de gobierno digital y datos abiertos.

II. De imparcialidad en sus actuaciones, profesionalismo en su desempeño e independencia de los regulados y demás intereses privados y de los poderes públicos, en sus decisiones y funcionamiento.

III. De proporcionalidad e idoneidad para lograr la consecución de los fines del Estado a que se refieren los artículos 2o., 6o., 7o. Y 28 Constitucionales.

IV. De economía y celeridad procesal, eficacia, y buena fe.

Artículo 22. El instituto, elaborará y publicará anualmente un programa de trabajo que establezca claramente los objetivos de su actuación y los temas que serán objeto de regulación.

Artículo 23. Los reglamentos, disposiciones administrativas de carácter general así como las resoluciones particulares que emita el Instituto deberán estar sólidamente fundadas y motivadas, y ser proporcionales y consistentes.

De la ejecución de las resoluciones del instituto

Artículo 24. Una vez que el instituto haya adoptado una medida regulatoria, y sin perjuicio de lo que esta ley o la autoridad judicial disponga en contrario, será responsable de ejecutarla con firmeza y rapidez, vigilar su aplicación, sin excepciones o exenciones, demora o tolerancia, y vigilar cautelosa y constantemente su cumplimiento efectivo y oportuno.

De los comisionados del instituto

Articulo 25. Para ser comisionado o comisionada se requiere cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano o ciudadana mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de treinta y cinco años;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado(a) por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

IV. Poseer título y cédula profesionales.

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;

VI. Acreditar los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;

VII. No haber sido secretario de Estado, procurador general de la República, senador, diputado federal o local, gobernador de algún estado o jefe del gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento; y

VIII. No haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del instituto.

Artículo 26. Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y no podrán desempeñar nuevamente ese cargo bajo ninguna circunstancia. Solo podrán ser removidos por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, debidamente justificada.

Artículo 27. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación correspondiente, a través del procedimiento previsto en la Constitución, en el entendido de que Los aspirantes a ser designados como comisionados del Instituto deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 6o. constitucional, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones al menos dos meses antes de tenga lugar una vacante de comisionado, excepto en el caso de renuncia o destitución de algunos de ellos, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el Titular de la Entidad con mayor antigüedad en el cargo, el cual tendrá voto de calidad.

El comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante, y verificará el cumplimiento por parte de los aspirantes de los requisitos establecidos en la Constitución, requiriendo la presentación de la documentación que considere necesaria, y de las publicaciones de los aspirantes en los últimos tres años. Asimismo, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los aspirantes deberán proporcionar en sus fichas curriculares los nombres de las empresas sujetas a regulación con las que tenga o haya tenido relaciones profesionales, laborales o de negocio en los últimos tres años. Al respecto, la omisión de datos e información necesaria, o la falsedad de cualquiera de las manifestaciones que realicen los aspirantes bajo protesta de decir verdad, o de cualquier otro documento que se presente con motivo del procedimiento de selección, será causa de su descalificación.

Posteriormente el comité entrevistará a los aspirantes y aplicará un examen de conocimientos en la materia, mismo que deberá evaluar las capacidades analítica y de resolución de casos regulatorios y de competencia de los aspirantes. El procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y de máxima concurrencia, por lo cual tanto las fichas curriculares como las publicaciones presentadas por los aspirantes, y las calificaciones obtenidas por los mismos en el examen de conocimientos serán públicas.

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.

El Comité de Evaluación por cada vacante, enviara al ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieren obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionara de entre esos aspirantes al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.

Artículo 28. En términos de lo establecido en el artículo 28 de la Constitución, los comisionados del instituto, durante su encargo, no podrán:

I. Desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de actividades docentes, científicas, culturales, o de investigación;

II. Celebrar contratos o prestar servicios profesionales o dar consultorías de manera directa o indirecta vinculados con el sector regulado, a la federación, estados o municipios o a entidades u órganos de éstos;

III. Utilizar en beneficio propio o de terceros, la información de que dispongan en razón de su cargo, así como divulgarla sin autorización del instituto;

IV. Realizar convenios o concertaciones con operadores o prestadores de servicios fuera, o en contravención, de las disposiciones legales, administrativas o normativas, y

Asimismo, los comisionados tendrán el personal necesario para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con el presupuesto autorizado al instituto y su Estatuto.

En el transcurso de un año contado a partir de la conclusión de su cargo, los Comisionados no podrán desempeñarse como directivo, socio, accionista, asesor o consultor de algún concesionario o prestador de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión o entidades relacionadas a éstos, o a instituciones financieras de inversión o calificadoras de empresas de estos sectores.

Artículo 29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los integrantes del instituto deberán excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación, o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Del pleno del instituto

Artículo 30. El pleno es la suprema autoridad de decisión dentro del Instituto, y se integrará por siete comisionados con voz y voto, incluyendo al presidente, designados en forma escalonada por el Ejecutivo federal a propuesta del Comité de Evaluación y con la ratificación del Senado bajo el procedimiento establecido en el artículo 28 de la Constitución.

Artículo 31. Corresponde al pleno el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el Estatuto del instituto por mayoría calificada de cinco votos;

II. Ejercer en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión las atribuciones que la Ley Federal de Competencia Económica y sus Reglamentos le confieren al pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica;

III. Diseñar y aprobar el organigrama y procesos internos del Instituto tomando en cuenta los procedimientos establecidos en ley, las necesidades de servicio y los recursos presupuestales autorizados;

IV. Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de las unidades administrativas del Instituto las cuales en su gestión diaria reportarán en un sistema digital de control de gestión y administración eficiente, sus acciones y resultados en base a objetivos previamente establecidos.

V. Acordar el nombramiento, a propuesta de cualquier comisionado, y la remoción del secretario ejecutivo, o de cualquier otro funcionario público de los dos primeros niveles jerárquicos abajo del Secretario Ejecutivo adscritos a las unidades administrativas del Instituto por mayoría calificada de cinco votos.

VI. Vigilar que los funcionarios y empleados del Instituto actúen con apego a esta Ley y demás leyes aplicables a los servidores públicos, así como a lo dispuesto en el Estatuto y los reglamentos que expida; y que sean evaluados e incentivados de acuerdo a su desempeño semestral.

VII. Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que proponga el Presidente para que éste lo remita, una vez aprobado, al titular del Ejecutivo federal para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación;

VIII. Aprobar el programa anual de trabajo del instituto que presente el presidente para que éste lo remita, una vez aprobado, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión;

IX. Conocer los informes trimestrales de actividades del Instituto que presente el presidente para que éste lo remita a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión;

X. Conocer los informes que deba rendir la Contraloría Interna;

XI. Fijar las políticas y programas generales del instituto a propuesta del presidente;

XII. Aprobar los lineamientos para el funcionamiento del consejo y los comités;

XIII. Nombrar a los miembros del consejo consultivo y de los comités asesores que decida formar;

XIV. Interponer controversias constitucionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución; y

XV. Las demás que le otorguen esta y otras leyes.

Artículo 32. A fin de atender los asuntos de su competencia, el pleno del instituto deliberará en forma colegiada y decidirá los asuntos por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad. En ausencia del presidente, las sesiones serán presididas por el consejero que se elija para tal efecto por los demás consejeros, quien tendrá voto de calidad.

Los consejeros no podrán abstenerse de votar excepto por caso grave, o cuando tengan impedimento legal por tener interés directo o indirecto, en cuyo caso deberán presentar escrito ante el pleno exponiendo los motivos de dicho conflicto de intereses, y excusarse de participar en la discusión del tema correspondiente. Asimismo, los comisionados que se encuentren ausentes durante las sesiones del Pleno deberán de emitir su voto razonado por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sesión.

Artículo 33. Se considerará que hay conflicto de intereses cuando:

I. El comisionado utilice su voto para beneficiarse a sí mismo, familiares o amistades a través de, entre otras formas, la aceptación y recepción de cualquier tipo de regalo, privilegio, comida, viaje, donación, oferta de empleo, cargo o comisión para sí o para cualquier persona relacionada por parentesco o amistad con el comisionado, proveniente de un regulado o su grupo de interés económico.

II. El comisionado tenga un interés financiero directo o a través de un empleado o pariente o amistad, por el cual, en virtud de su cargo como comisionado, éste pueda beneficiar o afectar dicho interés al tomar cierta posición en un asunto.

III. En cualquiera de los supuestos previstos por el artículo 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 34. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su ratificación por el Senado, cada comisionado debe revelar todos los intereses y relaciones de las cuáles está consciente y que podrían dar lugar a un conflicto de interés. Si dicho interés surge durante su cargo como comisionado, éste deberá revelarlo de inmediato.

Artículo 35. Los entes regulados o sus representantes, socios, agentes, asesores o aliados solamente podrán reunirse con los comisionados, el secretario ejecutivo o demás servidores públicos del Instituto si la reunión ha sido previamente solicitada y registrada de acuerdo al procedimiento que establezca el Estatuto, y se celebra en presencia de por lo menos dos comisionados y otros servidores públicos. Se deberá levantar una minuta de la reunión que será turnada al Pleno indicando el nombre de todos los participantes y los temas abordados. Dicho informe deberá ser anexado al expediente del caso.

Artículo 36. El instituto podrá convocar en cualquier punto del territorio nacional, a foros, reuniones temáticas, grupos de discusión y talleres o mesas redondas a las que podrán asistir cualesquiera personas, entes regulados, consejeros, usuarios, especialistas y público en general para generar conocimiento en temas específicos y sin perjuicio de las consultas públicas formales que convoque el propio instituto.

Artículo 37. El pleno podrá sesionar válidamente con la presencia de cuatro de sus comisionados y la orden del día y las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, tendrán carácter público, salvo aquellas que formen parte de un proceso deliberativo que deba resolverse por otra instancia distinta al pleno, o involucren resoluciones de carácter no general que contengan información confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. También será pública la agenda diaria de cada comisionado, del secretario ejecutivo y los demás servidores públicos que determine el Instituto. Las sesiones del pleno podrán tener lugar en cualquier lugar dentro del territorio nacional, previa convocatoria que haga el presidente con por lo menos siete días naturales de anticipación para sesiones ordinarias y tres para sesiones extraordinarias.

Artículo 38. Para la resolución de los asuntos del pleno se adoptará el sistema de ponencias, conforme al cual un comisionado ponente elaborará el proyecto de resolución respectivo y lo someterá al pleno para su aprobación o modificación.

Al efecto, el turno de los asuntos a los comisionados ponentes se realizará por votación del pleno con base en el orden cronológico en el que se inició el expediente o procedimiento respectivo.

El secretario ejecutivo deberá integrar el expediente con la supervisión del comisionado ponente, a fin de que le sea turnado éste último una vez que haya sido concluida su integración, con el objeto de que elabore el proyecto de resolución correspondiente. Para lo anterior, el secretario ejecutivo y las unidades administrativas del Instituto estarán obligados a prestar el auxilio y colaboración necesarios, así como el que solicite el comisionado ponente.

Al dar inicio alguno de los procedimientos referidos, el secretario ejecutivo dará aviso al comisionado ponente que corresponda, a efecto que tenga acceso irrestricto a toda la información y documentos durante todas las etapas del asunto o procedimiento en cuestión.

El comisionado que elabore un proyecto de resolución, deberá distribuirlo entre el resto de los comisionados para su estudio por lo menos siete días naturales antes de que el proyecto se someta a la deliberación y votación del pleno.

Del presidente del instituto

Artículo 39.El presidente del instituto será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de 4 años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado.

Artículo 40. Al presidente del instituto le corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio de lo que establezca el Estatuto:

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, administrar y evaluar el funcionamiento del instituto, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II. Elaborar y proponer al pleno el anteproyecto de presupuesto de gastos e inversión del Instituto, y someterlo a aprobación de la Cámara de Diputados;

III. Actuar como representante legal del instituto y celebrar los actos y convenios inherentes al objeto del mismo y delegar facultades para tal efecto;

IV. Instruir la ejecución de las resoluciones del instituto y proveer lo necesario para su debido cumplimiento;

V. Elaborar para someter a votación del pleno, y en su caso hacer público su programa anual de trabajo, su informe anual de gestión, y sus informes trimestrales de actividades;

VI. Presentar anualmente su programa de trabajo e informe de gestión, y trimestralmente un informe de actividades, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión;

VII. Comparecer ante la Cámara de Senadores anualmente, y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de la Constitución;

VIII. Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emitan las unidades administrativas del instituto; y

IX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como aquéllas que le instruya el instituto.

Del secretario ejecutivo del instituto

Artículo 41. El instituto contará con un secretario ejecutivo designado por el pleno a propuesta de cualquiera de sus integrantes, quien tendrá a su cargo la coordinación operativa y dará fe de los actos en que intervenga.

En caso de que el secretario ejecutivo no sea designado dentro de los quince días naturales posteriores a que el cargo quede vacante, se requerirá la aprobación de cuando menos tres comisionados. En caso de que no sea designado dentro de los treinta días naturales posteriores a que el cargo quede vacante, el Presidente de la Comisión nombrará al Secretario Ejecutivo de entre los candidatos propuestos.

El secretario ejecutivo deberá cumplir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título profesional o de posgrado en las áreas de derecho, economía, ingeniería, administración, contaduría o materias afines al objeto de esta ley;

III. Haberse desempeñado durante al menos cinco años, en cuestiones profesionales, de servicio público o académicas relacionadas con el objeto de esta ley;

IV. No haber sido secretario de estado, procurador General de la República, senador, diputado federal o local, dirigentes de un partido o asociación política, gobernador de algún estado o jefe del gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y

V. No haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva o de asesoría en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las personas morales o fideicomisos a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.

VI. El secretario ejecutivo se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública o privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estará impedido para conocer de asuntos en que tenga interés directo o indirecto en los términos que establezcan el Estatuto y demás disposiciones aplicables.

VII. El secretario ejecutivo no podrá desempeñarse, durante el año posterior a que concluyan sus funciones, en ningún cargo o consultoría en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos previstos en esta ley.

Artículo 42. Al secretario ejecutivo del instituto le corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades, más aquellas que le otorgue el Estatuto:

I. Ejecutar las resoluciones y acuerdos del pleno y proveer lo necesarios para su notificación y debido cumplimiento;

II. Planear, coordinar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de las estructuras operativas del instituto con sujeción a las disposiciones aplicables e informando permanentemente al pleno y al presidente del instituto;

III. Auxiliar al pleno, al presidente y a los comisionados en el ejercicio de sus atribuciones;

IV. Asistir a las reuniones del pleno con voz pero sin voto;

V. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del pleno, los asuntos de su competencia;

VI. Conducir las quejas o denuncias por probables violaciones a esta ley, para lo cual podrá requerir informes y documentos relevantes y, en su caso, realizar las visitas de verificación correspondientes;

VII. Publicar en el Diario Oficial de la Federación las resoluciones de carácter general del pleno;

VIII. Exhibir copias certificadas p realizar cotejos de documentos o información para integrarlos a los expedientes;

IX. Proporcionar al pleno y a los comisionados ponentes la información que le sea requerida, así como aquella que le sea requerida por cualquier autoridad administrativa judicial;

X. Recabar declaraciones de testigos, o de eventuales infractores, para lo cual podrá solicitar el auxilio de las autoridades públicas;

XI. Presentar querella ante la Procuraduría General de la Republica respecto de probables conductas delictivas en las materias competencia del Instituto y en su caso, ser coadyuvante del Ministerio Público en el curso de las averiguaciones previas que deriven de las citadas querellas;

XII. Abogar por la protección de la garantía de libre competencia y de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;

XIII. Ejercitar acciones colectivas en materia de derechos de los consumidores, como legitimado activo, de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que el pleno lo haya aprobado;

XIV. Supervisar que las áreas del Instituto desempeñen sus labores para la integración de los expedientes de los asuntos que serán sometidos a consideración del pleno;

XV. Proporcionar al pleno, al presidente y a los comisionados la información que le sea solicitada;

XVI. Informar al pleno de las resoluciones que le competan dictadas por los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones;

XVII. Apoyar la realización de los estudios o procedimientos necesarios para cumplir con las atribuciones del instituto, y

XVIII. Las demás que le encomienden esta ley, el Estatuto, el pleno o el presidente del instituto.

De las consultas públicas para la emisión de disposiciones administrativas de carácter general

Artículo 43. Para la emisión de disposiciones administrativas regulatorias de carácter general en las materias de su competencia, el instituto realizará consultas públicas por escrito para conocer la opinión de todos los interesados en el tema.

Artículo 44. Las consultas públicas deberán ser plurales y efectivas, es decir, el Instituto deberá recibir y evaluar todos los puntos de vista y evidencia vertidos en ellas, e informará los motivos de su inclusión o desechamiento en su decisión final.

Artículo 45. El procedimiento para llevar a cabo las consultas públicas constará de tres etapas: publicación de la convocatoria, consulta o recepción de opiniones y cierre. Todas las etapas se harán con la mayor publicidad posible.

La convocatoria de la consulta se publicará en el portal del Instituto de manera visible, por lo menos 7 días antes de la fecha de inicio de recepción de documentos. En esta, se especificará claramente el objetivo de la consulta, los plazos, medios y formatos de recepción de opiniones. Junto con la convocatoria, el Instituto presentará los anteproyectos sometidos a consulta y un resumen de los mismos, el análisis costo-beneficio de las medidas contempladas en el anteproyecto, de acuerdo a la metodología internacionalmente reconocida para estos análisis que demuestre claramente, con base en la evidencia disponible, que los beneficios de la propuesta de regulación son superiores a sus costos de implementación y a las distorsiones asociadas a la misma. De impacto los cuales estarán disponibles durante todo el proceso.

Durante la etapa de consulta, el instituto recibirá todas las opiniones ofrecidas. Los participantes deberán presentar sus opiniones por escrito en la forma que lo establezca la convocatoria. El instituto definirá el plazo de recepción de documentos, en atención a la naturaleza del tema, pero en ningún caso este podrá ser menor de 30 días hábiles ni mayor a 60, y será prorrogable por el Instituto por causa justificada.

Al cierre de la consulta pública, la unidad administrativa del Instituto responsable de la misma, presentará un resumen para el comisionado ponente responsable de preparar el proyecto de nueva regulación, misma que deberá incluir toda la información relevante obtenida en la consulta pública, así como la obtenida mediante los mecanismos complementarios y las investigaciones realizadas.

El instituto al emitir la regulación respectiva, deberá señalar la forma en que las opiniones de los participantes en la consulta ayudaron a formularla, así como, cuando éstas no hubieren sido incorporadas, exponer los motivos para no hacerlo, así como presentar el análisis costo-beneficio de la regulación con las modificaciones pertinentes.

Artículo 46. El instituto podrá abrir un periodo de consulta previa para dar a conocer en foros públicos, seminarios y conferencias de prensa sus propuestas y generar un diálogo y debate públicos sobre el tema en cuestión así como hacer convocatorias para concursar proyectos de investigación independiente, sobre temas específicos, que deberá a incluir a colegios, institutos tecnológicos, incubadoras de tecnologías de la información, asociaciones de consumidores o usuarios, empresas, instituciones especialistas en temas de competencia, contenidos, desarrollo sustentable, salud, educación y cultura, derechos humanos e innovación, entre otros. También podrá celebrar reuniones públicas en cualquier etapa de la consulta para fomentar el intercambio de opiniones.

Artículo 47. El Instituto deberá mantener en su portal oficial una relación de las consultas actuales y las concluidas y todos los documentos y opiniones vertidos en cada una.

Del procedimiento para dirimir controversias entre concesionarios u otros operadores o entre un operador y un tercero con infraestructura de red o recursos esenciales

Artículo 48. En los supuestos de controversias entre concesionarios o cualesquiera otros operadores concernientes a la interconexión o interoperabilidad de las redes; la calidad de los servicios entre operadores, la compartición de infraestructura y cualquier otra controversia que afecte la operación de las redes, la prestación continua, eficiente, no discriminatoria y competitiva de los servicios públicos, las partes en conflicto tendrán un plazo de 60 días naturales para llegar a un acuerdo. Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el convenio, o antes si así lo solicitan ambas partes, el Instituto, dentro de los 60 días naturales siguientes resolverá dicha controversia con base en el siguiente procedimiento:

I. La parte que se considere agraviada, tendrá 9 días naturales para presentar al instituto y a su contraparte, de forma escrita o electrónica, su reclamación y los hechos y pruebas en los que basa su dicho. Este plazo se comenzará a contar a partir del día siguiente a aquél en que vencieron los 60 días naturales para llegar a un acuerdo o al que las partes hayan decidido someterse al presente método de solución de controversias.

II. Transcurridos los 9 días naturales referidos desde la notificación del escrito inicial, la parte a quien se le imputan hechos u omisiones contará con 9 días naturales para dar contestación a los argumentos presentados por la contraparte, presentar los argumentos y pruebas en los que basa sus contraprestaciones, si existiese alguna, y entregarlos al Instituto y a su contraparte de manera escrita o electrónica. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente al transcurso de los 9 días naturales referidos en la fracción anterior.

III. Una vez transcurrido el plazo anterior, el instituto requerirá a las partes desahogar todas las pruebas en las que basen sus dichos en caso de que las mismas pruebas existan. Dicho desahogo se realizará en una audiencia presencial en el que las partes expondrán de forma oral la forma en la cual las pruebas presentadas fundamentan sus pretensiones, contestaciones y contraprestaciones existentes. Al final de cada presentación respectiva, cada parte contará con tiempo equitativo para hacer valer sus alegatos y consideraciones. Dicha audiencia se realizará el noveno día siguiente al término del plazo referido en la fracción anterior.

IV. Una vez desahogadas las pruebas y realizada la anterior audiencia, el Instituto, a través de su división de investigación de acuerdo a su Estatuto, contará con 30 días contados a partir de la fecha de la audiencia, para valorar los argumentos de ambas partes y allegarse en caso de ser necesario de mayores elementos de valoración cerrar el expediente y turnarlo al Comisionado ponente quien habrá de someter al Pleno su proyecto de resolución de la controversia. Si la naturaleza del desacuerdo involucrase una práctica monopólica relativa, la misma habrá de desahogarse y resolverse de acuerdo al procedimiento previsto para este tipo de conductas.

Contra la resolución del Instituto para poner fin a la controversia solamente procederá el amparo indirecto.

Artículo 49. En estricto apego a las garantías constitucionales de legalidad y audiencia, el Estatuto deberá establecer las facultades y obligaciones del titular de cada unidad o área del Instituto de modo que sea indubitable la independencia entre las funciones de investigación y resolución en aquellos procedimientos seguidos en forma de juicios. Asimismo, en todo requerimiento, o actividad de supervisión o verificación, se deberá informar de los motivos y fines del procedimiento administrativo correspondiente.

De los mecanismos de conciliación y mediación del instituto

Artículo 50. El instituto privilegiará el logro de acuerdos entre los concesionarios y prestadores de servicios y, en caso de diferendos entre los mismos actuará como conciliador, previo al inicio de cualquier procedimiento administrativo. Para tal efecto, tan pronto como el Instituto conozca de la existencia de un conflicto entre los obligados por la presente Ley, conminará a las partes a someterse a un proceso de conciliación para resolución de controversias. Las partes informarán al Instituto de su decisión dentro de los cinco días hábiles posteriores a la conminación realizada por ésta. Asimismo, en cualquier momento las partes en un conflicto podrán solicitar la suspensión del procedimiento administrativo ante el Instituto para someterse al proceso de conciliación.

En el evento de que al menos alguna de las partes en un conflicto derivado de la aplicación de la Ley, se rehúse a someterse al proceso de conciliación, o de que al menos una de las partes involucrada en el proceso de conciliación informe al Instituto de su deseo de terminarlo, este iniciará de forma inmediata el proceso administrativo correspondiente.

De la Contraloría Interna y la rendición de cuentas del instituto

Artículo 51. El instituto contará con una Contraloría Interna y que operara bajo los principios de prevención, asesoría y acompañamiento. Su titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, y deberá ser seleccionado con base en su trayectoria profesional, y sus conocimientos sobre áreas de las telecomunicaciones y radiodifusión, así como normatividad pública, administración pública e ingeniería organizacional y de procesos.

Artículo 52. El instituto estará sujeto a un régimen de rendición de cuentas basado en evaluaciones anuales de resultados, las cuales incluirán indicadores de desempeño y de impacto que reflejen los resultados de las decisiones del regulador, así como sus efectos en el comportamiento relativo de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión de México respecto a otros países. Asimismo, el contralor deberá llevar a cabo de forma anual una evaluación de diseño y operación a fin de mejorar su estructura organizacional y sus procesos administrativos y regulatorios.

Los resultados de dichas evaluaciones, así como los indicadores y las acciones de mejora que emprenda el instituto con base en sus resultados, deberán formar parte de los programas anuales de trabajo y de los informes anuales de gestión que el instituto debe presentar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

Del Consejo Consultivo del instituto

Artículo 53. El instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano asesor del pleno, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y contenidos. El consejo emitirá recomendaciones que habrán de ser sometidas al Pleno en su sesión del mes inmediato posterior para su consideración; trabajos de investigación, foros locales, nacionales o internacionales sobre temas específicos, entre otras actividades que sirvan de apoyo y consejo al instituto de acuerdo a su programa anual de trabajo.

El Consejo Consultivo será un órgano plural de representación social, integrado por once miembros, nacionales o extranjeros, de amplio y reconocido prestigio profesional, en los diferentes campos involucrados en el desarrollo de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la educación y cultura, la ingeniería de redes y sistemas, el desarrollo sustentable y comunitario. Serán seleccionados por el Pleno del Instituto, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles, comunitarias, colegios profesionales u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento. Para ello, el Instituto realizará la convocatoria pública correspondiente.

Los consejeros consultivos durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos por un periodo más. Su actuación y participación será de carácter personal e intransferible, por lo que no actuarán en nombre o representación de las instituciones que los propusieron. El consejo sesionará al menos una vez cada dos meses, sus sesiones serán públicas y sus consejeros deberán informar en cada sesión en caso de que tengan algún conflicto de intereses en algún tema específico que vaya a tratar el Consejo. El presidente puede convocar a sesiones extraordinarias y deberá rendir anualmente un informe público de sus acuerdos y actividades.

De los comités asesores

Artículo 54. Los comités deberán estar integrados de manera equitativa por individuos expertos en las materias específicas a que se abocarán, ser multidisciplinarios e incluyentes. El instituto deberá incluir en su presupuesto anual fondos para dotar de recursos a los proyectos de cada comité, viáticos y recursos para investigación o programas de capacitación que apruebe el consejo a propuesta del comité respectivo y publicar todas sus investigaciones o material de capacitación. Sus integrantes serán seleccionados por el Pleno del Instituto, y su presidente será un miembro del Consejo Consultivo del instituto.

Artículo 55. El instituto deberá contar por lo menos, y sujeto a lo que establezca su Estatuto, con los siguientes comités asesores:

I. Comité de Innovación, Normalización y Estándares Internacionales;

II. Comité de asuntos de Usuarios y Audiencias;

III. Comité de Radiodifusión;

IV. Comité de Internet;

V. Comité de Espectro y Bienes del Dominio Público; y,

VI. Comité de Radiodifusión Social.

Los comités son órganos de consulta, podrán realizar proyectos de investigación, organizar foros o talleres con expertos invitados nacionales o extranjeros; diseñar encuestas o pruebas o métodos de evaluación de la calidad de servicios; análisis costo-beneficio, entre otros entregables.

De la investigación de mercados

Artículo 56.El instituto deberá contar con un área especializada en investigación y prospectiva de mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión que permanentemente investigue la evolución de estos mercados, incluyendo la oferta y demanda de servicios, la estructura industrial, y la innovación, adopción y uso de las tecnologías de la información. El Estatuto determinará el funcionamiento de esta área encargada también de formular la estadística del sector.

Título VI De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Artículo 57.Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Planear, formular y conducir las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del gobierno federal con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes, y realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal;

II. Diseñar, previa consulta pública, la Política de Inclusión Digital Universal a que se refiere el inciso I, del Apartado B del Artículo 6º Constitucional, en la que se deberán incluir los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos;

III. Presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los requerimientos de recursos para cumplir con las metas anuales y sexenales de la Política de Inclusión Universal, antes de que concluya el primer semestre de cada año, a fin de que dicha dependencia los incluya en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio siguiente;

IV. Coordinar, en colaboración con el Instituto, un Comité Técnico de Inclusión Digital Universal, el cual, administrando todos los esfuerzos de las dependencias del Ejecutivo Federal, y coordinando las acciones los particulares, de las entidades federativas y gobiernos municipales, deberá ejecutar y hacer cumplir la política de inclusión digital universal;

V. Establecer e implementar, en coordinación con el instituto, un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal;

VI. Realizar, en coordinación con el instituto, un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El estudio deberá incluir las contraprestaciones que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho de la población a acceder a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia infraestructura;

VII. Presentar anualmente a la Cámara de Diputados, el primer día del primer período de sesiones, el reporte del estado de cumplimiento de la Política de Inclusión Digital Universal, las metas anuales que deberán alcanzarse en el año inmediato posterior así como los recursos requeridos para su cumplimiento, que deberán incorporarse en una partida específica del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación que el Ejecutivo Federal presente a la Cámara de Diputados para su aprobación;

VIII. Adquirir, establecer y operar, en su caso, por sí o a través de terceros, redes de telecomunicaciones;

IX. Supervisar, en coordinación con el instituto, el adecuado funcionamiento de Telecomunicaciones de México y el cumplimiento de sus objetivos de promover el acceso a servicios de banda ancha, y planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos.

X. Garantizar, en coordinación con el Instituto, la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones la cual, aprovechando al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre en la banda de 700 MHz, de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida, deberá impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.

XI. Dicha red pública compartida de telecomunicaciones deberá operar bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, prestando exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. La secretaría deberá garantizar el crecimiento de dicha red ya sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la población;

XII. Emitir opinión no vinculante al Instituto en un plazo no mayor a treinta días naturales en el caso del otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones;

XIII. Coordinar, en colaboración con el Instituto, un Comité Técnico de Estrategia de Internet para propiciar el desarrollo eficiente de Internet y garantizar su estabilidad, seguridad y continuidad;

XIV. Coordinar la actuación de la Secretaría con las demás dependencias y órganos de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, y

XV. Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 58. La Política de Inclusión Digital Universal del Ejecutivo federal que coordinará la secretaría en colaboración con el instituto está formada por:

I. Los mecanismos y programas para garantizar el acceso generalizado a los equipos y servicios de banda ancha en regiones remotas y marginadas, y en grupos socioeconómicos de bajos ingresos en las diferentes localidades del país. Asimismo, la planeación y coordinación de los diferentes programas y actividades de alfabetización e inclusión digital para que la población pueda hacer un uso eficiente de los servicios de banda ancha, y para que las pequeñas y medianas empresas aumenten su productividad adoptando y capacitando a su personal en el uso adecuado de las tecnologías y servicios digitales.

II. Los mecanismos y programas que garanticen la asignación y administración eficiente de la infraestructura digital de la federación, a fin de generar incentivos para la inversión en infraestructura, equipos, desarrollo de servicios, generación de contenidos e información digital en las zonas geográficas y grupos sociales objetivo, así como el desarrollo de plataformas, aplicaciones, y programas que organicen y hagan accesible los contenidos e información digital a toda la población.

III. Los mecanismos, programas y estándares oficiales para optimizar los beneficios de las tecnologías y servicios digitales en la economía, la educación, la salud, los servicios gubernamentales, la seguridad pública, y el medio ambiente.

La Política de Inclusión Digital Universal deberá ser emitida en el primer año de gestión del Ejecutivo federal, y contar con metas sexenales y anuales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dotar de suficiencia presupuestal en el Presupuesto de cada año a los programas y organismos que la llevaran a cabo.

El diseño, los procesos y los impactos de la Política de Inclusión Digital Universal deberán ser evaluados en forma periódica a fin de mejorar permanentemente su diseño y operación y de optimizar su impacto socioeconómico, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales en la materia.

Artículo 59. La secretaría y el instituto deberán coordinarse de manera eficaz para:

I. Alcanzar las metas establecidas en la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y en la política de inclusión digital universal del gobierno federal, y

II. Buscar alcanzar dichas metas bajo las mejores condiciones económicas para el estado, y a través de implementar estrategias y acciones consistentes, efectivas, transparentes, con el mayor costo-beneficio social y la menor distorsión del mercado posible.

III. Optimizar la actuación y resultados de telecomunicaciones de México y mediar entre este organismo y la Comisión Federal de Electricidad y otros organismos descentralizados del gobierno federal con derechos de vía e infraestructura relevante en materia de telecomunicaciones.

Título VII Del organismo descentralizado de radiodifusión pública sin fines de lucro

Artículo 60. Se crea el organismo público descentralizado, no sectorizado, denominado Visión México, con autonomía técnica, operativa, de decisión y gestión que proveerá el servicio de radiodifusión pública son fines de lucro. Dicho organismo deberá asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan:

I. La integración nacional;

II. La formación educativa, cultural y cívica;

III. La igualdad entre mujeres y hombres;

IV. La difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional;

V. La difusión de las obras de producción independiente, y

VI. La expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

Artículo 61. El presidente de Visión México será designado, a propuesta del Ejecutivo federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, u sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

Artículo 62. Visión México contará con un Consejo Ciudadano para asegurar su independencia y una política imparcial y objetiva. Será integrada por nueve consejeros honorarios de reconocido prestigio profesional que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñaran su encargo en forma escalonada y durarán en su encargo cinco años, por lo que anualmente serán sustituidos los tres de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado.

Título VIII De las concesiones para el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico

De la administración y planeación del espectro radioeléctrico

Artículo 63. El instituto es responsable de planear, administrar y promover el uso eficiente del espectro electromagnético, así como de elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. En el desarrollo de estas actividades el instituto, con base en la experiencia internacional en la administración y planeación del espectro, deberá siempre buscar usos más incluyentes, eficientes y flexibles del mismo, así como la transparencia acerca de los concesionarios de bandas de frecuencia del espectro.

Artículo 64. El instituto deberá garantizar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de seguridad nacional, inclusión digital universal y para usos sociales de pueblos y comunidades indígenas y de sus organizaciones sociales mediante un derecho preferente en la asignación de tales frecuencias a título primario conforme a lo establecido en el artículo segundo, apartado B) fracción VI constitucional y los tratados internacionales de la materia de los que México es parte..

El instituto, como responsable de la promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a fin de asegurar grados de utilización adecuada del espectro, deberá revisar en forma permanente el estado en que se encuentra el uso de las bandas de frecuencia de dicho espectro.

Artículo 65. En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias el Instituto atribuirá las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que gozarán de protección de acuerdo a las siguientes categorías:

I. A título primario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuencias contarán con protección contra interferencias perjudiciales.

II. A título secundario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuencias no deben causar interferencia perjudicial al uso de las frecuencias o bandas de frecuencia otorgadas a título primario ni podrán reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estas últimas. Tendrán derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por otros operadores de frecuencias o bandas de frecuencias a título secundario.

Artículo 66. Las modalidades de uso de las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y las concesiones respectivas se clasificarán de acuerdo con lo siguiente:

I. Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias a título primario con fines de lucro, asignadas mediante concesión y un proceso de licitación por el Instituto, con la excepción de las que se asignen a redes compartidas mayoristas las cuales podrán ser otorgadas de manera directa;

II. Usos sociales. La utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de lucro, a título primario para alguno de los siguientes propósitos:

a) Indígenas. Comprenderá el uso y aprovechamiento de espectro radioeléctrico para prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, por parte de pueblos y comunidades indígenas o las organizaciones que estos determinen conforme a sus sistemas normativos, con la finalidad principal de la vinculación y fortalecimiento de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, reflejados sus sistemas de ejercicio de la autoridad, manejo del territorio, tradiciones, preservación y enriquecimiento de sus saberes tradicionales entre otros. otras organizaciones civiles colectivas en comunidades rurales o urbanas siempre que no tengan fines de lucro;

b) Comunitarias. Comprenderá el uso y aprovechamiento de espectro radioeléctrico para prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, por parte de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro constituidas por integrantes de colectivos urbanos o rurales para fines de concientización sobre la participación ciudadana, convivencia pacífica, equidad de género, derechos humanos, entre otros fines comunitarios; y

c) De experimentación y capacitación. Comprenderá el uso y aprovechamiento de espectro radioeléctrico para fines experimentales, de comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías de desarrollo; pruebas temporales de equipo para radioaficionados así como para la capacitación de miembros de organizaciones comunitarias o pueblos y comunidades indígenas interesados en aprender radiodifusión social.

III. Uso privado: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias sin fines de lucro con propósitos de radiocomunicación privada de personas físicas y morales.

IV. Uso público: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el cumplimiento de las atribuciones del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior, así como aquellas destinadas a la radiodifusión pública, todas las cuales serán asignadas de manera directa por parte del instituto;

V. Uso protegido: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el servicio ferroviario o atribuidas a la radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el gobierno federal;

VI. Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin requerir de concesión, o asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de operación que establezca el Instituto mediante reglas de carácter general;

VII. Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no concesionadas, no asignadas o no atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y que se encuentran en proceso de planificación por parte del instituto.

Los titulares de concesiones del espectro para uso público, privado o social no podrán usar, aprovechar o explotar con fines de lucro las respectivas bandas o frecuencias concesionadas.

Del Programa Anual de Concesiones de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico

Artículo 67. Dentro de los primeros 30 días naturales de cada año, el Instituto expedirá un Programa Anual de Frecuencias del Espectro Electromagnético, con las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que podrán ser asignadas. El programa contendrá, al menos, las frecuencias o bandas de frecuencias, a licitar o asignar; su categoría, modalidades de uso, y coberturas geográficas.

Asimismo, dicho programa deberá contener el calendario de licitaciones de frecuencias a realizar por el Instituto durante dicho ejercicio, con sus correspondientes fechas de realización, modalidades de uso y coberturas geográficas. El instituto tomará en cuenta las bandas o frecuencias que le hayan solicitado asignar o solicitar los interesados para los diversos usos posibles.

Artículo 68. El Programa Anual de Frecuencias del Espectro Electromagnético que formule el instituto deberá atender los siguientes criterios, sin perjuicio de los principios generales establecidos en esta ley:

I. Considerar el estado de ocupación y disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias para cada categoría, modalidad de uso y zona geográfica de cobertura, y los objetivos de satisfacer el interés público, respetar los derechos humanos que está ley tutela, el interés general de los servicios públicos, los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas en la asignación de espectro para uso social a título primario y las obligaciones de inclusión digital universal;

II. Buscar los usos más eficientes y flexibles del espectro radioeléctrico disponible con base en las mejores experiencias internacionales;

III. Valorar las solicitudes de frecuencias o bandas de frecuencias, categoría, modalidades de uso y coberturas geográficas que le hayan sido turnadas por los interesados;

IV. Propiciar grados de utilización eficiente y compartida del espectro radioeléctrico, el beneficio del público usuario, el desarrollo de la competencia, y la introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones;

V. Promover la innovación y adopción tecnológica de las redes, servicios y aplicaciones para lograr la eficiencia en el uso de infraestructura;

VI. Hacer público y actualizar el grado de ocupación, uso, y eficiencia de cada par de frecuencias indicando: concesionario o usuario del espectro; título, permiso o asignación, vigencia, servicios, y vigencia de la concesión o permiso;

VII. Considerar las políticas públicas de inclusión digital universal del gobierno federal.

De las Concesiones para el uso y aprovechamiento del Espectro Radioeléctrico en sus diversas modalidades

De las concesiones para usos comercial y privado

Artículo 69. El instituto otorgará concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial por un plazo de veinte años, prorrogable hasta por un plazo igual de conformidad con el puntaje obtenido durante la vigencia de la concesión como resultado de la evaluación permanente de los servicios prestados. Dichas concesiones deberán estar asociadas a una concesión única para prestar servicios públicos excepto en los casos de concesiones para uso privado o uso social con fines de experimentación, innovación o capacitación, a los que se refiere el artículo 66 fracción II inciso c).

Para el otorgamiento de la prórroga el concesionario deberá sujetarse a lo dispuesto por esta ley.

Artículo 70. Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial, privado, público o social determinado sólo se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o a los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo a sus sistemas normativos de representación. La participación de la inversión extranjera en sociedades concesionadas se permitirá en términos de lo establecido en la Ley de Inversión Extranjera.

Artículo 71. Las concesiones para uso, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico para usos comercial y privado se otorgarán a través de un proceso de licitación pública y la concesión respectiva tendrá una duración de veinte años.

En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente el económico, debiendo tomar en cuenta el Instituto factores como los compromisos de cobertura e inversión, el precio y calidad de los servicios, y la innovación tecnológica, así como favorecer la entrada de nuevos competidores. En el caso de licitaciones para espectro de uso privado, se deberá tomar en cuenta la disponibilidad y uso eficiente del espectro, la posibilidad de compartirlo y las necesidades de comunicación privada del solicitante.

Artículo 72. Para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública a que se refiere el artículo anterior el Instituto deberá plantear el desarrollo de la licitación en su Programa Anual de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, y publicará en su página de Internet y en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria respectiva.

Artículo 73. Las bases de licitación serán públicas y deberán incluir como mínimo:

I. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:

a) Los programas y compromisos de cobertura inversión, precio y calidad;

b) las especificaciones técnicas del proyecto, y

c) el proyecto de producción y programación en el caso de radiodifusión.

II. El modelo de título de concesión;

III. La obligación de los concesionarios de presentar garantías de seriedad;

IV. El precio mínimo de referencia, así como las contraprestaciones a pagar por el participante ganador al Ejecutivo federal;

V. El periodo de vigencia de la concesión, y

VI. Los criterios para seleccionar al ganador.

Artículo 74. El instituto declarará la licitación desierta, y podrá expedir una nueva convocatoria, cuando las propuestas presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones conforme al interés público, o no se cumpla con los requisitos establecidos en las bases de licitación.

Artículo 75. El título de concesión para el uso, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico para uso comercial deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. El nombre y domicilio del concesionario;

II. La banda de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que puede ser utilizada;

III. El periodo de vigencia;

IV. Los servicios convergentes que podrá prestar el concesionario;

V. Las contraprestaciones que deberán entregarse a la Tesorería de la Federación por el uso, aprovechamiento o explotación de la banda de frecuencias bajo un régimen único, simplificado y equitativo que deberá ser emitido por el instituto mediante reglas de carácter general, y

VI. Los derechos y obligaciones del concesionario.

VII. Los derechos de los usuarios y condiciones para la prestación de los servicios, en su caso.

El título de concesión para el uso, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico para uso privado deberá contener solamente los incisos I, II, III, V y VI.

Artículo 76. Las concesiones del espectro radioeléctrico para uso comercial para prestar el servicio de radiodifusión, se otorgarán hasta por un periodo de 20 años a través de un proceso de licitación pública.

En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente el económico, debiendo tomar en cuenta el Instituto factores como la pluralidad y calidad de la programación, la promoción de la educación y la cultura, el porcentaje de la programación dedicada a los productores nacionales independientes y los compromisos de cobertura e inversión, así como favorecer la entrada de nuevos competidores.

Artículo 77. Para el arrendamiento total o parcial de frecuencias o bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico de uso comercial se requerirá autorización del instituto.

Los términos de autorización del arrendamiento referido en el párrafo anterior se sujetarán a las disposiciones administrativas que emita el Instituto. En todos los casos el concesionario arrendador será directamente responsable ante el Instituto por el correcto uso del espectro que se arrendará, y deberá garantizar que no se afecte la continuidad en la prestación del servicio. El arrendatario del espectro podrá darle un uso comercial, privado o social al mismo.

De las concesiones para el uso y aprovechamiento de espectro de usos público y social

Disposiciones generales

Artículo 78. Las concesiones de espectro radioeléctrico para usos público y social se asignarán de manera directa y serán intransferibles. Dichas concesiones no se podrán utilizar para prestar de manera comercial servicios de telecomunicaciones o radiodifusión ni arrendar el espectro excedente a terceros.

Las dependencias y organismos de la administración pública en sus tres niveles de gobierno, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, y los gobiernos municipales que tengan concesiones de espectro para uso público podrán compartir bandas de frecuencias concesionadas previa autorización del instituto.

De las concesiones para usos públicos

Artículo 79. Para la asignación directa de concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos públicos el interesado deberá presentar ante el Instituto solicitud que contenga al menos la siguiente información:

I. Nombre y domicilio del solicitante y del servidor público que actuará en su nombre;

II. La función o servicio público que se pretende brindar con las frecuencias solicitadas;

III. La justificación del uso público de la concesión;

IV. El proyecto a desarrollar de conformidad con las características de la concesión que se pretenda obtener;

V. Las especificaciones técnicas del proyecto;

VI. Los programas y compromisos de cobertura, inversión y calidad de los servicios, y el ancho de banda requerido, y

VII. La documentación que acredite la capacidad técnica, jurídica y administrativa, atendiendo a la naturaleza del solicitante, así como la fuente de los recursos económicos para la instalación y operación del proyecto.

Una vez entregada la información, el instituto resolverá lo conducente dentro de los noventa días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley.

Artículo 80. Las concesiones del espectro radioeléctrico para uso público para prestar el servicio de radiodifusión, se otorgarán hasta por un periodo de 20 años, prorrogables hasta por un periodo igual, mediante asignación directa y a petición de parte.

La asignaciones directas podrán ser destinadas para el uso exclusivo de los poderes de la Unión, los poderes de los estados, los órganos de gobierno del Distrito Federal, los gobiernos municipales, los órganos constitucionales autónomos, y las instituciones públicas de educación superior.

En el caso de la asignación directa al gobierno federal, a los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y a los gobiernos municipales, deberán acreditar la creación de organismos públicos descentralizados, a través de los cuales prestarán el servicio, a fin de mejorar su autonomía de gestión e independencia editorial.

Dichos órganos deberán contar con mecanismos claros para la rendición de cuentas y sus ingresos y egresos deberán ser auditados y presentados ante el Instituto en forma anual.

Artículo 81. Los entes públicos interesados en obtener una asignación directa de frecuencias para uso radiodifusión pública deberán presentar solicitud en la cual deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Datos generales del solicitante;

II. Datos generales del representante social;

III. Justificar que la prestación del servicio cumplirá con los objetivos que la ley le asigna para el cumplimiento de sus funciones;

IV. Establecer las características del proyecto que garantice la pluralidad u diversidad en su programación, y

V. Plan de desarrollo con los siguientes apartados:

a) Descripción y especificaciones técnicas del proyecto,

b) Programa de cobertura,

c) Programa de inversión y presupuesto para la operación,

d) Programa de actualización y desarrollo tecnológico, y

e) Proyecto de producción y programación.

Artículo 82. Entregada la solicitud debidamente integrada el Instituto en un plazo máximo de noventa días hábiles resolverá sobre el otorgamiento de la concesión.

Una vez otorgada la concesión, el título correspondiente se publicará en el portal de Internet del instituto.

Artículo 83. Las concesiones de radiodifusión para uso público sólo se podrán ceder, gravar, o enajenar total o parcialmente a favor de alguna de las entidades públicas contempladas en el artículo 80. En todo caso se mantendrán vigentes los compromisos y condiciones establecidos en su título de concesión. Que prohibido dar en fideicomiso o arrendar la concesión bajo cualquier forma, por persona física o moral distinta a su titular.

Artículo 84. Para el cumplimiento de sus fines, la operación de las concesiones de radiodifusión de uso público se financiará con presupuesto público que garantizará su operación. Adicionalmente, podrán tener cualquiera de las siguientes fuentes de ingreso:

I. Donativos en dinero o en especie hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o que, en su caso, provengan de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales.

II. Venta de productos o servicios acordes con su capacidad legal y operativa;

III. Patrocinios y publicidad de acuerdo a lo establecido en esta ley;

IV. Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción y difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio,

V. Convenios de coinversión con otras dependencias públicas para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público.

Sobre estos ingresos los concesionarios deberán presentar un informe pormenorizado dentro del Informe Anual de Rendición de Cuentas a que se encuentran obligados, el cual será público y deberá ser presentado al Instituto.

Artículo 85. Sin perjuicio de otras obligaciones aplicables al servicio de radiodifusión, los concesionarios de espectro para uso público deberán:

I. Coadyuvar en la promoción y defensa de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial de los derechos a la educación, a la salud, a la información y la liberta de expresión;

II. Promover la educación y la cultura, incluyendo la cultura y lenguas indígenas;

III. Difundir información de interés público, plural y confiable.

IV. Fortalecer las identidades regionales en el marco de la unidad nacional fomentando en los contenidos el respeto de que nuestra nación es plural y multiétnica;

V. Transmitir programación de productores indígenas en sus lenguas por lo menos una hora diaria.

VI. Fomentar la creatividad y los valores artísticos nacionales y regionales a través del apoyo, diversificación y divulgación de la pluralidad de contenidos;

VII. Privilegiar los contenidos de producción nacional y estimular la producción independiente e indígena;

VIII. Promover la investigación sobre las telecomunicaciones, en especial sobre la radio y la televisión educativa, científica, social, cultural, informática y de entretenimiento con calidad;

IX. Fomentar la capacitación en telecomunicaciones y radiodifusión;

X. Promover la experimentación artística y tecnológica en los ámbitos audiovisual y sonoro;

XI. Conservar, custodiar y acrecentar el patrimonio audiovisual y sonoro nacional;

XII. Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y gestiones;

XIII. Garantizar el derecho de réplica de todo ciudadano;

XIV. Promover, fomentar, y garantizar la participación de la sociedad en la planeación, gestión, evaluación y vigilancia de su administración, dirección y contenidos;

XV. Evitar el uso con fines de promoción personal de los funcionarios públicos y dar un trato equitativo e imparcial en el manejo de la información pública sobre todo durante los procesos electorales, a fin de garantizar las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales;

XVI. Facilitar que los distintos entes públicos puedan desarrollar redes para el cumplimiento de sus obligaciones;

XVII. Facilitar la ubicación y el uso compartidos de infraestructura para lo cual podrá cobrar una contraprestación, y

XVIII. Las demás que señalen los ordenamientos específicos en la materia.

Artículo 86. Los concesionarios de radiodifusión de uso público deberán contar con un consejo consultivo encargado de promover contenidos acordes con su función social prevista en esta Ley, constituido al menos por siete integrantes de reconocido prestigio profesional en la materia, uno de los cuales tendrá que ser indígena, quienes rendirán un informe público anual de evaluación de la gestión del medio público, el cual podrá ser requeridos por el instituto.

Artículo 87. Los concesionarios del servicio de radiodifusión pública deberán poner a disposición de sus audiencias los mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos. Al efecto, sus órganos de gobierno nombrarán un defensor de las audiencias y emitirán códigos de ética con parámetros mínimos de conducta a que deberán sujetarse para garantizar el derecho a la información.

El defensor de las audiencias deberá entregar de manera trimestral un informe al órgano de gobierno y al consejo consultivo con la finalidad de que se tomen las medidas necesarias respecto de los asuntos de su competencia. Tanto el informe como las decisiones que adopte el órgano de gobierno se harán públicas y podrán ser requeridos por el Instituto.

De las Concesiones para Usos Sociales

De las Concesiones para los pueblos y comunidades indígenas y organizaciones comunitarias

Artículo 88. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículo segundo y sexto constitucionales el Instituto otorgará concesiones sociales a pueblos y comunidades indígenas, o a las organizaciones que estos determinen de conformidad a sus sistemas normativos, para el uso y aprovechamiento de espectro radioeléctrico a título primario para la prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con la finalidad de la promoción y desarrollo de las lenguas, conocimientos y los demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas; el fortalecimiento de las formas de gobierno e instituciones políticas, jurídicas, económicas y sociales, entre otras, en el marco de la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas; la protección y cuidado de sus tierras, territorios y recursos naturales; para el ejercicio e implementación de los derechos reconocidos a dichos pueblos por el artículo 2o. constitucional y los instrumentos internacionales de la materia de los que el Estado mexicano es parte.

Artículo 89. Las concesiones de radiodifusión para uso social de los pueblos o comunidades indígenas se otorgarán por veinte años, mediante asignación directa y serán susceptibles de prórroga por el mismo plazo sujeto a las reglas que establece la presente ley.

Artículo 90. Podrán obtener una concesión para uso social indígena los pueblos y comunidades indígenas a través de su asamblea comunitaria u otro órgano análogo conforme a su sistema normativo y tratándose de concesiones y comunitarias no indígenas, podrá solicitarla la asociación civil sin fines de lucro que represente a la comunidad respectiva.

Las solicitudes deberán contar con los siguientes requisitos:

I. Datos generales del solicitante y domicilio;

II. El acuerdo de la Asamblea Comunitaria u otro órgano análogo que compruebe la voluntad válida de la comunidad o pueblo de solicitar la concesión respectiva, o bien el acta constitutiva que conforme a derecho acredite la personalidad jurídica de la institución u organización civil comunitaria;

III. Nombre del representante nombrado por la asamblea o la organización civil;

IV. Territorio o zona geográfica que se pretende cubrir con los servicios respectivos;

V. Modalidad de uso o usos pretendidos y servicios;

VI. Plan de operación y, en su caso, acreditación de la sustentabilidad económica del solicitante.

VII. Designación de un responsable del proyecto;

VIII. Compromisos que se asumirían en caso de adjudicación de la frecuencia o banda de frecuencias, para cumplir en forma satisfactoria su función social;

IX. Potencia y horario de funcionamiento, y

X. Proyecto de producción y programación o servicios.

Artículo 91. Para el otorgamiento de las concesiones de radiodifusión para uso social indígena o comunitario el Instituto deberá tomar en consideración:

I. Congruencia entre los objetivos del pueblo o comunidad, su proyecto de programación y los fines establecidos para la atención de la función social de esta ley;

II. Área de cobertura y características de la población destinataria considerando las necesidades sociales, culturales, científicas, comunitarias, educativas y de servicio que s pretende atender, y

III. En su caso, que de acuerdo al objeto social de la organización civil comunitaria, se justifique el interés en prestar el servicio de radiodifusión.

Artículo 92. El instituto prestará en cualquier momento la asesoría necesaria para que los solicitantes indígenas puedan cumplir con los requisitos establecidos para el otorgamiento de las concesiones sociales y comunitarias y tomará en cuenta sus características particulares y sistemas normativos. En todos los casos, la capacidad técnica se acreditará tomando en cuenta la tecnología apropiada a sus contextos culturales, económicos y sociales.

Artículo 93. Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de noventa días hábiles contados a partir de que la solicitud se encuentre debidamente integrada, el Instituto resolverá sobre el otorgamiento de la concesión.

Artículo 94. Las organizaciones comunitarias, comunidades y pueblos indígenas que cuenten con una concesión de uso social podrán financiar su operación de acuerdo con lo establecido en el artículo 83, fracciones I, II, y III.

Artículo 95. Las concesiones sociales indígenas y comunitarias serán sin fines de lucro, lo que se implica el compromiso de la no obtención, acumulación, distribución o inversión de ganancias en objetivos distintos a la finalidad de la concesión. Por lo anterior, podrán realizar todas las actividades que les permitan contar con ingresos siempre y cuando se ajusten a este criterio y no haya remanentes distribuibles a sus miembros.

Los concesionarios están obligados a rendir cuentas de forma periódica a la comunidad a la que representan o pertenecen y por consiguiente presentarán anualmente un informe de actividades, programación y de contabilidad ante el instituto.

Artículo 96. Los ingresos que obtengan los concesionarios en la modalidad de uso social deberán invertirse en la operación y desarrollo del proyecto, dando prioridad a la producción de contenidos, capacitación del personal y a la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del servicio.

Artículo 97. El Instituto con la colaboración del Consejo Consultivo y el Comité de Radiodifusión Social desarrollarán la estrategia del programa fomento a medios indígenas de para que puedan allegarse de recursos tecnológicos, económicos y capacidades, en estricta observancia de lo dispuesto en el artículo 2º constitucional apartado B fracciones VI y IX. Dicho programa también establecerá partidas para la articulación de los medios indígenas a nivel nacional y regional, así como su vinculación con otras iniciativas de éstos pueblos.

Concesiones de Uso social experimental o para capacitación

Artículo 98. El espectro de uso social con fines de experimentación, comprobación de la viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo, realización de pruebas temporales de equipo, radioaficionados o para capacitación de pueblos y comunidades indígenas, se asignará directamente hasta por un plazo de dos años, no prorrogables, y no será transferible. Los lineamientos para la asignación de estas concesiones serán emitidos por el Instituto mediante reglas de carácter general.

El título de concesión para el aprovechamiento del espectro radioeléctrico para uso social experimental, deberá contener solamente lo establecido en los incisos I, II, III, V, VI y VII del artículo 89.

De las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales y sus bandas de frecuencias asociadas

Artículo 99. Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales, se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública a que se refieren los artículos 69 a 74 de la presente ley a cuyo efecto el Instituto podrá requerir una contraprestación económica por el otorgamiento de dichas concesiones.

Tratándose de dependencias y entidades de la administración pública federal, el instituto otorgará mediante asignación directa dichas posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales.

Artículo 100. El instituto podrá otorgar concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el país de origen de la señal y dichos tratados contemplen reciprocidad para los satélites mexicanos. Estas concesiones sólo se otorgarán a personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas.

Título IX De las concesiones únicas para la prestación de servicios convergentes

Artículo 101. Se requiere de concesión del Instituto para prestar servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión ya sea con infraestructura propia o de terceros. En el caso de servicios que requieran del uso de espectro radioeléctrico, se requerirá además de una concesión para su uso, aprovechamiento o explotación, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Artículo 102. El titular de una concesión otorgada por el Instituto podrá prestar, en forma convergente los diversos servicios públicos de comunicaciones electrónicas digitales que soporte la red respectiva, sujeto a las disposiciones de la presente ley y las disposiciones reglamentarias administrativas del Instituto. Dichos servicios habrán de competir con otros de terceros en el mismo mercado.

Artículo 103. Las concesiones para prestar servicios públicos tendrán una vigencia de 30 años sujeto a la condición resolutoria que los resultados de la evaluación de desempeño quinquenal que realice el Instituto, sean satisfactorios, conforme a las disposiciones de esta ley y la metodología de puntuación que apruebe el mismo. Sujeto al procedimiento establecido en los artículos 192 y 193 los concesionarios, podrán solicitar la prorroga que se resolverá con base en los resultados de la evaluación aplicada durante el periodo.

Artículo 104. Las concesiones terrestres o satelitales, tendrán la misma vigencia que la concesión para el uso de bandas del espectro que en su caso, les hayan sido concesionadas.

Artículo 105. Pueden solicitar una concesión única para prestar servicios las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y los pueblos y comunidades indígenas. En el caso de personas morales los solicitantes podrán admitir inversión cien por ciento extranjera siempre y cuando los servicios públicos que pretendan prestar no incluyan los de radiodifusión.

Artículo 106. En el caso de personas morales solicitantes de concesiones de bandas del espectro para prestar servicios públicos de radiodifusión, la inversión extranjera no podrá exceder bajo ningún esquema del cuarenta y nueve por ciento y estará sujeta al requisito de reciprocidad con el país de origen del inversionista extranjero.

Si una persona moral presta o pretende prestar servicios públicos de radiodifusión y de telecomunicaciones en forma convergente, estará sujeta al límite de inversión

De los requisitos para obtener una concesión para la prestación de servicios públicos con infraestructura propia

Artículo 107. Las personas interesadas en obtener una concesión para la prestación de servicios públicos con infraestructura propia, sin requerir el uso y explotación de bandas del espectro radioeléctrico, habrán de cumplimentar los siguientes requisitos, mismos que deberán presentarse en forma digital a través del portal del Instituto, con todos sus anexos y firmado por el representante legal con facultades suficientes.

El instituto habrá de resolver y notificar lo conducente al solicitante en un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud completa, y por la vía que haya autorizado el solicitante para recibir notificaciones.

I. Nombre completo o razón social del solicitante y en su caso, nombre comercial.

II. Nacionalidad y domicilio fiscal y social.

III. Fecha y lugar de nacimiento, constitución y datos de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en su caso.

IV. Datos de identificación de los socios, accionistas o asociados, con indicación de domicilio, nacionalidad y ocupación.

V. Declarar bajo protesta de decir verdad, si la persona moral solicitante pertenece a un grupo de interés económico, indicando cuál y si aquella o éste son titulares de alguna concesión o permiso del sector telecomunicaciones, radiodifusión, o de la industria relacionada con las tecnologías de la información.

VI. Declarar si es o ha sido en los últimos cinco años, sujeto pasivo o activo de algún procedimiento ante la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones o la Procuraduría Federal del Consumidor.

VII. Documentos que acrediten solvencia moral y económica de acuerdo a los formatos que elabore el instituto.

VIII. Infraestructura que pretende instalar, ubicación geográfica y operar y servicios que desea prestar.

IX. Poblaciones de la República y número de usuarios a atender en los primeros cinco años.

X. Propuesta específica y calendarizada de contribuciones a la meta de inclusión digital universal y al fondo de capacitación para el desarrollo de habilidades digitales.

Los documentos admisibles para acreditar la información anterior así como las formalidades para presentarlos serán determinados por el Instituto y publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 108. Recibida la solicitud, el Instituto se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Abrirá un expediente electrónico con un folio que identifique al solicitante, el trámite solicitado, y contenga todos los documentos presentados, las actuaciones del Instituto y otras autoridades, el estado que guarda el asunto y el plazo para resolverlo bajo las normas de seguridad, protección de datos personales, información confidencial y acceso a la información pública que resulten aplicables conforme a las leyes de la materia y los principios de transparencia, gobierno abierto y demás que rigen al Instituto.

II. Revisará y verificará la información presentada y en un plazo de treinta días naturales notificará al interesado si la solicitud está completa, debe ser adicionada o aclarada o si es rechazada por no cumplir con los requisitos legales.

III. Si de la revisión inicial se determinara que la solicitud puede tener un impacto en materia de competencia económica por virtud de concentraciones de un Grupo de Interés Económico o integración vertical, o propiedad cruzada de medios, el Secretario Ejecutivo lo notificará así al interesado a fin de que la solicitud se sujete al procedimiento del título XVI de esta ley.

IV. Si el solicitante cumple con todos los requisitos legales y no se encuentra en el supuesto del inciso c) el área competente la notificará al secretario de Comunicaciones y Transportes a fin de que emita su opinión no vinculante en un plazo no mayor de 30 días naturales.

V. Simultáneamente, el Instituto elaborará la propuesta de contraprestación a pagar por el solicitante de aceptar los términos y condiciones de la concesión, y la remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que esté en posibilidad de emitir su opinión no vinculante en un plazo máximo de treinta días.

VI. Transcurrido el plazo de 30 días el pleno habrá de resolver lo conducente sobre la solicitud presentada y hará públicas en el expediente electrónico que se abra para cada solicitante tanto las opiniones que las dependencias federales hayan emitido en su caso, como la resolución final del pleno y el título de concesión a que se deberá sujetar el concesionario.

Artículo 109. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión estarán sujetos a condiciones que garanticen los derechos e intereses del público y el interés general, relativas al acceso a los servicios prestados, parámetros de calidad, continuidad, velocidad de transmisión, interconexión, neutralidad, no discriminación, información y derechos de los usuarios, competencia, información al Instituto, y evaluación continua de desempeño así como las causas de revocación, y otras formas de terminación de la concesión, condiciones para la prórroga en su caso, y obligaciones o prohibiciones del concesionario, conforme a los objetivos de esta ley.

El instituto elaborará y publicará modelos de título de concesión de concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones y de radiodifusión sin perjuicio de las condiciones que apliquen en forma privativa a un concesionario, por motivos de competencia económica. Las condiciones generales incluirán:

I. Tipos de servicios digitales a prestar;

II. Poblaciones a servir incluyendo aquellas en el programa de inclusión digital universal.

III. Calidad y estándares de desempeño mínimos.

IV. Obligaciones de interconexión, interoperabilidad y neutralidad de la red.

V. Sistemas de seguridad y mecanismos de resolución de fallas.

VI. Velocidades mínimas reales de carga y descarga de datos cursados por la red a proveer.

VII. Confidencialidad e inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas.

VIII. Obligaciones de entrega de información completa y desglosada al Instituto relativa a la configuración y ubicación de la red y demás especificaciones técnicas, tráfico, tarifas e ingresos desglosados, reportes mensuales de velocidad real, reportes de fallas, quejas, reclamaciones de los usuarios.

IX. Adopción del protocolo de IPv6 en la construcción de nuevas redes y plan de adopción de innovación tecnológica.

X. Contraprestaciones monetarias o en especie por los servicios que pagará a la Tesorería de la Federación.

XI. Derechos de los usuarios.

XII. Responsabilidades frente a los usuarios.

XIII. Derechos, obligaciones y prohibiciones del Concesionario.

XIV. Responsabilidades frente al Instituto.

XV. Causas de terminación de la Concesión.

XVI. Requisitos para la prórroga de la concesión.

XVII. Requisitos para autorizar la cesión de la concesión.

De las concesiones para la prestación de servicios públicos con infraestructura ajena

Artículo 110. Los solicitantes de una concesión para prestar servicios públicos utilizando infraestructura de terceros, mediante el arrendamiento de capacidad de redes alámbricas, se sujetarán a los requisitos del artículo 108 anterior, indicando además el concesionario o en su caso el organismo público que le arrendará la infraestructura requerida en la inteligencia de que será la sola responsabilidad del concesionario la prestación de los servicios bajo las condiciones de su título de concesión.

Artículo 111. Las concesiones para prestar servicios convergentes mediante el arrendamiento de infraestructura alámbrica, se otorgarán mediante un régimen simplificado pero estarán sujetas a las mismas obligaciones de información, competencia y derechos de los usuarios. El Instituto creará un modelo de título de concesión para estos concesionarios.

De las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones únicas.

Artículo 112. El instituto deberá establecer el pago de una contraprestación a los titulares de concesiones para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones cualesquiera que sean éstos. En su caso, la misma podrá consistir en obligaciones de inclusión digital universal en los mercados relevantes en los que actúen, compromisos de precios, penetración, calidad y cualquier otro que el Instituto determine.

Artículo 113. Los concesionarios del espectro radioeléctrico para uso comercial pagarán por su uso una suma en numerario que determinará el Instituto misma que será inversamente proporcional a los compromisos de inclusión digital universal, programas de enseñanza en el uso y adopción de las tecnologías de la información, desarrollo de proyectos de telemedicina, tele-educación y desarrollo rural y otorgamiento de capacidad espectral a concesionarias de espectro de uso social de acuerdo a los lineamientos que dicte el Instituto y las bases de la licitación respectiva.

Artículo 114. En el caso de concesionarios de televisión de radiodifusión que hayan sido autorizados por el Instituto para ofrecer multiprogramación en sus canales digitales de conformidad con la presente ley, el Instituto exigirá el pago de una contraprestación que determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

I. Si la programación a transmitir es de carácter cultural, educativo, informativo o meramente de entretenimiento;

II. El porcentaje de programación de productores independientes;

III. Número de canales propiedad del solicitante.

Título XX De los contenidos audiovisuales

Artículo 115. Los contenidos audiovisuales transmitidos a través de vías generales de comunicación tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de convivencia humana, así como fomentar un régimen democrático y de respeto de los derechos humanos. Para el cumplimiento de esta función social, los prestadores de los servicios públicos de radiodifusión y de televisión y audio restringidos deberán:

I. Respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales;

II. Respetar la libertad de expresión y el derecho a la información;

III. Promover un diálogo social amplio y plural, no excluyente ni discriminatorio;

IV. Promover el respeto y reconocimiento a la composición multiétnica y multicultural de la nación mexicana;

V. Coadyuvar al desarrollo cultural y educativo, de conformidad con los principios que establece el artículo tercero constitucional;

VI. Promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud;

VII. Contribuir al fortalecimiento y uso apropiado del idioma, así como el uso, respeto y conocimiento de las lenguas indígenas;

VIII. Contribuir al fortalecimiento de una cultura ambiental que fomente el desarrollo y consumo sustentables; y un medio ambiente sano así como la preservación de la naturaleza;

IX. Promover la protección del derecho a la salud de la población;

X. Contribuir al entretenimiento y la recreación de la sociedad;

XI. Asegurar la imparcialidad, objetividad y veracidad de la información transmitida a la población;

XII. Corresponsabilizarse con los anunciantes de modo que la publicidad sea veraz, no engañosa, respetuosa de los derechos de todos los consumidores reconocidos por la normatividad nacional e internacional;

XIII. Promover el acceso a las redes públicas y a los servicios de telecomunicaciones de las personas con capacidades diferentes;

XIV. Fomentar la inclusión, acceso y capacitación de las comunidades y personas en zonas urbanas y rurales marginadas a las nuevas tecnologías digitales y a los programas de capacitación, y observar las demás obligaciones que dispongan las leyes;

XV. Dar acceso no discriminatorio a los anunciantes que soliciten tiempo publicitario en los medios de radiodifusión aunque sean competidores de éstos en cualquier mercado, y

XVI. Incluir programación indígena en lengua indígena de por lo menos una hora diaria.

Artículo 116. Toda la programación de televisión de radiodifusión o restringida, deberá respetar los horarios de transmisión de acuerdo a los lineamientos de clasificación que el Instituto establezca.

Los concesionarios deberán establecer las medidas técnicas necesarias que permitan al público realizar el bloqueo de programas no aptos para ciertas audiencias.

Artículo 117. Al iniciar cada programa de televisión se deberá hacer referencia a la clasificación de la programación y cualquier otra información que oriente sobre las características del contenido.

Si la programación cuenta con una clasificación del país de origen, podrá utilizarse ésta siempre que se informe al público sobre las equivalencias que resulten conforme a los lineamientos de clasificación, que al efecto establezca el Instituto.

Artículo 118. No podrá transmitirse programación de radio y televisión que:

I. Atente contra la dignidad humana y el respeto a las libertades política y religiosa;

II. Constituya cualquier forma de discriminación;

III. Afecte el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas y demás derechos y libertades consagradas en la Constitución y demás disposiciones legales aplicables;

IV. Promueva, estimule o haga apología de la violencia;

V. Difunda información contraria a la seguridad del Estado, la paz y al orden público;

VI Atente contra la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones privadas, o que no hayan sido emitidas para su difusión pública o destinadas al público en general, salvo que medie el consentimiento expreso de quienes participan en ellas.

Artículo 119. Toda la programación dirigida a la población infantil deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y demás ordenamientos aplicables para lo cual deberá:

I. Propiciar el desarrollo saludable de la infancia;

II. Evitar las transmisiones que fomenten la violencia, intolerancia, y cualquier forma de discriminación;

III. Informar y orientar sobre los derechos de las niñas y los niños;

IV. Incluir programación didáctica sobre aspectos científico, artístico y cultural;

V. Propiciar la comprensión de los valores humanos y nacionales, así como el conocimiento de la comunidad y cultura internacional;

VI. Estimular la creatividad, la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana; así como promover una cultura de prevención y cuidado de la salud;

VII. Difundir la importancia del cuidado, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente; y una cultura de respeto y protección a los animales, y el consumo sustentable y racional;

VIII. Presentar diversidad de opiniones, ideologías e igualdad de género.

La transmisión de programas y publicidad impropios para la niñez y la juventud, debe ir precedida de una advertencia de clasificación no apta al momento de iniciar la transmisión respectiva y limitarse a horarios nocturnos.

Artículo 120. Al menos el veinte por ciento de la programación de televisión de radiodifusión deberá ser contratada a productores nacionales independientes. Estos productores deberán incluir productores indígenas.

Artículo 121. En sus espacios informativos diarios, de manera simultánea al lenguaje oral, los prestadores del servicio de televisión deberán emplear la lengua de señas mexicana y o subtítulos y o subtitulado de acceso opcional conforme a las normas técnicas que establezca el instituto.

Artículo 122. Las emisoras locales de radio y televisión deberán contar con programas de contenido informativo relacionados con su área geográfica de cobertura.

Artículo 123. Los prestadores del servicio de radiodifusión están obligados a publicar, al menos semanalmente, en algún medio impreso y en su portal de Internet las guías de su programación con el nombre, género, clasificación y horario de cada programa.

Los que operen con sistemas digitales deberán transmitir gratuita y permanentemente la guía electrónica de su programación.

En el caso de contenidos de televisión y audio restringidos esta guía deberá estar disponible en un canal de su red, sin perjuicio de que pueda ser publicado a través de un medio impreso y en su portal de Internet.

Artículo 124. Los concesionarios del servicio de radio y televisión deberán contar con y poner a disposición del público su código de ética y designar a un representante, denominado defensor de las audiencias, el cual deberá procurar mantener la confianza de la audiencia en el medio garantizando la calidad de los contenidos y que los mismos satisfagan las obligaciones establecidas en el artículo 115, con el objetivo de que el concesionario brinde un servicio público a sus audiencias, concebida como ciudadanos con derechos a la información y a la comunicación, y de que se cumplan los demás derechos de las misma establecidos en el artículo 15.

Artículo 125. Los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión podrán negarse motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a esta ley o del código de ética, sin que ello pueda suponer sanción o despido o bien, tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación contractual o laboral con la empresa de comunicación en que trabajen y recibir por ello una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la ley para el despido injustificado.

También tendrán derecho a solicitar la terminación de su relación laboral o contractual y recibir una indemnización equivalente al despido injustificado cuando:

I. En la emisora de radio o televisión con la que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea editorial; o

II. La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura con la orientación profesional del informador.

De la publicidad

Artículo 126. La publicidad comercial que se transmita por radio, televisión y audio o televisión restringidos, se ajustará a las siguientes bases:

I. Deberá mantener una proporción razonable, a criterio del Instituto entre anuncios comerciales y programación. El Instituto establecerá los criterios que deberán de aplicarse en materia de tiempos máximos de publicidad, a concesionarios de espectro para uso comercial y aquéllos de concesionarios para usos sociales. La transmisión de publicidad, se deberá identificar como tal y diferenciarse claramente del programa, mediante simbología a través de medios ópticos, acústicos o ambos. No se podrá transmitir mensajes publicitarios de manera encubierta ni utilizar al propio conductor, informante o actor para transmitir publicidad comercial durante el programa que conduce, o en el que participa o actúa;

II. Queda prohibida la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística, noticiosa o recomendaciones médicas;

III. No se transmitirá propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de servicios o eventos que engañen al público, por la exageración, falsedad o confusión que generan;

IV. Durante la transmisión de programación infantil, no se podrá transmitir publicidad de tabaco, alcohol, medicamentos, golosinas, bebidas y comestibles con alto contenido de azúcar y harinas refinadas, sin perjuicio de las demás disposiciones que en materia de publicidad establezcan las leyes y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, y

V. No se transmitirá publicidad que promueva cualquier tipo de discriminación, denigración, violencia o humillación.

Artículo 127. No se considerará tiempo publicitario:

I. Los mensajes gratuitos, tanto de servicio a la comunidad como aquellos que no tengan la finalidad de venta o promoción de bienes y servicios;

II. Los mensajes transmitidos en los tiempos del Estado; y

III. La promoción que la misma empresa de radio o televisión haga de sus programas de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Artículo 128. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán estar exentos de información que pueda inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

La publicidad comercial se regirá también por las normas jurídicas que regulen contenidos publicitarios de la materia respectiva. Cualquier esfuerzo de autorregulación deberá contener estándares iguales o superiores a los establecidos en las normas aplicables.

Cuando a juicio fundado y motivado de las autoridades competentes una determinada publicidad en radio o televisión ponga en riesgo la salud, integridad, seguridad o solvencia de la población o parte de ella, contraviniendo las normas aplicables, en Instituto tendrá la facultad de ordenar sea suspendida provisionalmente y no transmitida por el medio contratado, actuando en todo momento en coordinación con las autoridades en materia sanitaria, financiera, de protección al consumidor o la que resulte competente hasta en tanto se modifique el mensaje para eliminar cualquier aspecto engañoso.

Los concesionarios serán corresponsales de la difusión de publicidad engañosa por cuenta de terceros y deberán acatar las órdenes del Instituto de suspender la publicidad provisionalmente de acuerdo a lo dispuesto por esta ley.

Artículo 129. Los concesionarios de radio y televisión deberán registrar ante el Instituto y tener a disposición del público, las tarifas por concepto de comercialización de tiempos publicitarios y sus reglas de aplicación.

No se podrán aplicar tarifas discriminatorias en materia de publicidad cuando se trate de mensajes, calidad o tiempos de las mismas características y emisoras.

De los tiempos del Estado

Artículo 130. Los operadores del servicio de radiodifusión deberán poner a disposición del Estado, por cada canal de programación operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales de salud física y mental, de orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y defensa de los derechos del consumidor.

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos, el uso del tiempo de Estado será para informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines informativos o de concientización u orientación social, y en ningún caso estos mensajes incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor ni poder público.

Artículo 131. El instituto coordinará las emisiones y distribución del material con la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de los tiempos referidos en el artículo anterior y garantizará su distribución proporcional en una programación anual.

Artículo 132.. En la transmisión de los contenidos con cargo a los tiempos de Estado, el radiodifusor estará obligado a conservar la misma calidad de difusión que emplee en su programación regular.

Artículo 133. Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos.

Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación y uso de los tiempos para fines electorales, los tiempos de Estado se distribuirán entre los siguientes rubros:

I. Poder Ejecutivo federal. En emisoras de radiodifusión de carácter local, la mitad del tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera proporcional entre los poderes locales;

II. Poder Legislativo, el tiempo se distribuirá en partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores;

III. Poder Judicial Federal;

IV. Órganos constitucionales autónomos

V. Campañas en beneficio social realizadas por el gobierno u organizaciones de la sociedad civil inscritas antes el Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Artículo 134. En materia de procesos electorales los concesionarios de radio y televisión se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal para Garantizar el Derecho de Réplica.

Artículo 135. Además de lo establecido para el tiempo de Estado, los operadores de radiodifusión sea radio o televisión están obligados a transmitir gratuitamente, por instrucciones del Instituto:

I. Información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional, educación, medio ambiente, salubridad general y protección civil;

II. El encadenamiento de las estaciones de radio y televisión para la transmisión de mensajes de interés de la nación por parte del Poder Ejecutivo. En el caso de que en estos mensajes se haga una alusión respecto a cualquiera de los otros dos poderes de la unión, estos tendrán el derecho de responder en las mismas estaciones disponiendo del mismo tiempo utilizado por el ejecutivo federal. En el caso del Poder Legislativo la respuesta se solicitará por conducto de cualquiera de las dos cámaras y se realizará por el conducto y la forma en que ellas mismas determinen. En el caso del poder judicial la respuesta se solicitará por conducto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 136. Los operadores deberán reservar para uso gratuito por concepto de tiempo de Estado:

I. Hasta 6 horas diarias, entre las 6:00 y las 24:00 horas en un canal específico cuando el servicio sea menor de 30 canales,

II. Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales;

III. Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales;

IV. Tres canales cuando el servicio consista de 46 a 64 canales; y

V. Cuando sea mayor a 64 canales, tres canales además de un canal por cada 32 canales adicionales.

En tanto no sea requerido por el Instituto, estos canales podrán ser utilizados por el operador respectivo.

De la multiprogramación

Artículo 137. Cualquier concesionario de radiodifusión que cuente con un canal de programación radiodifundida podrá solicitar al Instituto autorización para acceder a la multiprogramación.

En su solicitud los concesionarios deberán señalar para cada canal de programación propuesto lo siguiente:

I. El canal de transmisión que será utilizado;

II. La identidad del canal de programación, y si se trata de un canal de televisión o audio restringido;

III. La programación que difundirá el canal;

IV. La duración de las emisiones y horarios de las mismas identificando, en su caso, las emisiones correspondientes a contenidos de productores nacional independientes;

V. Número de horas de programación identificando, en su caso, el número de horas correspondiente a contenidos de Productores Nacional Independientes;

VI. Si se trata de un canal de programación cuyo contenido sea el mismo de algún canal radiodifundido en la misma zona de cobertura pero ofrecido con un retraso en las trasmisiones;

VII. Fecha en que se pretende iniciar las transmisiones; y,

VIII. La calidad de video y el estándar de compresión utilizado para las transmisiones.

Artículo 138. El instituto resolverá la solicitud de acceso a la multiprogramación en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se presente la solicitud. En caso de que el Instituto no emita la respuesta correspondiente dentro del plazo señalado, la solicitud se entenderá resuelta en sentido positivo.

Artículo 139. Cada canal de programación de multiprogramación que se autorice deberá cumplir con la transmisión de los tiempos de estado que establece la presente Ley. Asimismo, en el caso de canales de televisión además deberán cumplir con lo siguiente:

I. Contar con guía electrónica de programación conforme a las disposiciones aplicables;

II. Contar con servicios de subtitulaje y o doblaje para accesibilidad a personas con debilidad auditiva o visual, los cuales deberán estar disponibles, al menos, en los programas de tipo noticioso;

III. Contar con la opción para que el usuario seleccione el idioma original en producciones extranjeras.

Artículo 140. El instituto podrá autorizar el acceso a un segundo o mayor número de canales de multiprogramación de televisión o audio en la modalidad de multiprogramación siempre que:

I. La programación propuesta sea radiodifundida y su oferta sea diferenciada en al menos 10 horas de programación diaria de cualquier otra programación radiodifundida;

II. En el caso de que se trate de un concesionario que cuente con dos o más canales de transmisión deberá incluir contenidos generados de productores nacionales independientes para ser difundidos en al menos dos horas diarias en los horarios de mayor audiencia en la zona de cobertura;

III. En el caso de un concesionario que sea un agente económico preponderante o con poder sustancial de mercado, el segundo canal de programación deberá ser provisto por un programador nacional independiente.

Artículo 141. Los concesionarios interesados en ofrecer canales de programación de televisión o audio restringido mediante multiprogramación podrán hacerlo bajo las siguientes condiciones:

I. Contar con autorización para ofrecer un segundo o mayor número de canales de programación radiodifundido, en los términos establecidos en la presente ley;

II. Contar con concesión única;

II. Los servicios de televisión o audio restringido permitan el monitoreo de los contenidos por parte de las autoridades correspondientes;

IV. Paguen previamente una contraprestación económica cuando se trate de una concesión de uso comercial. Para determinar la contraprestación, se tomará en cuenta la capacidad del canal destinado al canal de programación encriptado que se propone.

De la capacidad de transmisión y la producción independiente

Artículo 142. Los concesionarios de radiodifusión están obligados a informar al Instituto anualmente acerca del uso de la capacidad de canal de transmisión.

Los concesionarios que cuenten con capacidad en su canal de trasmisión para emitir un segundo o mayor número de canales de programación, deberán publicar en el primer trimestre de cada año en un periódico de circulación nacional su página de internet una oferta pública de capacidad a efecto de que programadores nacionales independientes y o productores nacionales independientes conozcan las condiciones y tarifas mediante las cuales de manera no discriminatoria pueden tener acceso a dicha capacidad.

Los concesionarios de radiodifusión que den acceso a los productores nacionales independientes o programadores nacionales independientes a su canal de transmisión, deberán hacerlo bajo condiciones no discriminatorias, de conformidad con los lineamientos que al respecto expida el Instituto.

El instituto resolverá los diferendos entre los productores nacionales independientes o los programadores nacionales independientes y los concesionarios de radiodifusión.

De la retransmisión de contenidos

Artículo 143. Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida deberán retransmitir las señales de televisión que sean radiodifundidas dentro de la misma zona de cobertura geográfica, de manera no discriminatoria, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde o su equivalente en los casos en que así lo defina el Instituto, sin costo alguno para los concesionarios de radiodifusión cuyas señales sean retransmitidas, con excepción de los concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión que tengan carácter de Agente Económico Preponderante, o con Poder Sustancial de Mercado, en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión. Dicha programación deberá ser incluida en los servicios contratados por los suscriptores, sin costo adicional para los suscriptores.

Los concesionarios de televisión restringida vía satélite sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional.

Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales terrestres de televisión que sean radiodifundidas por instituciones públicas federales.

En ningún caso podrá condicionarse la retransmisión de las señales radiodifundidas a la adquisición de señales de televisión restringida comercializadas por el concesionario de televisión radiodifundida, o una entidad perteneciente a su mismo Grupo de Interés Económico, ni a ninguna otra circunstancia que limite o restrinja el acceso a dichas señales.

Artículo 144. Con excepción de los concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión y televisión restringida que tengan carácter de agente económico preponderante, o con poder sustancial de mercado, en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión, los concesionarios de radiodifusión deberán permitir la retransmisión de sus contenidos de manera gratuita. Sujeto a lo anterior, los concesionarios de radiodifusión y televisión restringida deberán acordar las condiciones para que los concesionarios de radiodifusión permitan la retransmisión de sus contenidos. Como parte de estos acuerdos, los concesionarios de radiodifusión deberán contar con la opción de ofrecer de manera individual cada canal de programación que transmitan.

Al efecto, deberán suscribir en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la solicitud por escrito de alguno de los concesionarios, un convenio que establezca las condiciones y precios correspondientes.

Una vez negociados los términos y condiciones el concesionario solicitante deberá registrar el convenio respetivo ante el Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración. El Instituto deberá poner a disposición de otros concesionarios interesados el convenio, salvo aquella información que esté reservada.

En ningún caso se considerara como información reservada los precios y los términos y condiciones del convenio.

Vencido el plazo son que las partes hubieran celebrado el convenio respectivo, o antes si así lo solicitan ambas partes, el Instituto resolverá las condiciones que no hayan sido acordadas bajo los principios de trato no discriminatorio.

En ningún caso un diferendo sobre el precio será causa suficiente para interrumpir o suspender la retransmisión de las señales radiodifundidas en sistemas de televisión restringida.

Artículo 145. El instituto podrá establecer lineamientos para la retransmisión de los contenidos audiovisuales con objeto de garantizar los derechos de las audiencias.

Artículo 146. Los concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión y televisión restringida que tengan carácter de Agente Económico Preponderante, o con Poder Sustancial de Mercado, en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión, deberán acordar las condiciones y precios de las señales radiodifundidas que deseen retransmitir.

Una vez negociados los términos y condiciones el concesionario solicitante deberá registrar el convenio respectivo ante el instituto dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración.

En caso de diferendo, el instituto establecerá las condiciones y precios aplicables. Para el caso en que se requiera determinar los precios aplicables a la retrasmisión los contenidos de una o varios señales abiertas de un concesionario de radiodifusión, el Instituto determinará los mismos con base en los costos incrementales en que incurre el concesionario al permitir la retransmisión de sus contenidos.

Artículo 147. Los concesionarios de telecomunicaciones o radiodifusión y televisión restringida que tengan carácter de agente económico preponderante, o con poder sustancial de mercado, en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión, deberán acordar las condiciones y precios para la retransmisión de sus señales radiodifundidas por parte de los concesionarios de televisión restringida.

Una vez negociados los términos y condiciones el concesionario solicitante deberá registrar el convenio respectivo ante el instituto dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración.

En caso de diferendo, el instituto establecerá las condiciones y precios aplicables atendiendo a los plazos y mecanismos establecidos en el artículo XXX. Para el caso en que se requiera determinar los precios aplicables a la retransmisión de los contenidos de una o varios señales abiertas por parte de un concesionario de televisión restringida, el Instituto determinará los mismos con base en los costos incrementales que correspondan al uso de la infraestructura del concesionario de televisión restringida destinada a la retransmisión de los contenidos.

Artículo 148. El instituto sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios sin prejuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a estos últimos.

Para estos efectos, se considerará que las relaciones entre dos concesionarios, uno de los cuales es un agente con poder sustancial de mercado o preponderante en los términos de esta ley, genera un beneficio directo o indirecto a este derivado de la regla de gratuidad, en los siguientes términos:

Cuando las relaciones jurídicas, comerciales o tecnológicas entre ambos concesionarios tengan por objeto la provisión de servicios de trasporte de señales, acceso a elementos de red, servicios de telecomunicaciones y, en general, servicios conexos o auxiliares que sean contratados con un concesionario que sea un agente con Poder Sustancial de Mercado;

Cuando las relaciones entre ambos concesionarios tengan por objeto servicios de facturación, re-facturación, cobranza, compra y venta de publicidad y otros actos similares, en lo que exista simulación o se realicen en términos preferentes o discriminatorios respecto del resto de los concesionarios en dicho mercado; y,

Los demás que se desprendan de criterios emitidos por el Pleno del Instituto en casos análogos a los previstos por este artículo.

Título X De la Infraestructura para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Interconexión de las Redes Públicas

De la Interconexión e Interoperabilidad de las Redes Públicas de Telecomunicaciones

Artículo 149. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes. A tal efecto, el Instituto elaborará y administrará los planes técnicos fundamentales a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios y tendrán los siguientes objetivos:

I. Permitir un amplio desarrollo de nuevos concesionarios, la evolución hacia redes de nueva generación;

II. Dar un trato no discriminatorio a los concesionarios; y

III. Fomentar condiciones de competencia efectiva entre concesionarios que beneficien a los usuarios.

Artículo 150. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio en un plazo no mayor de sesenta días naturales contados a partir de que alguno de ellos lo solicite. Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el convenio, o antes si así lo solicitan ambas partes, el Instituto, dentro de los sesenta días naturales siguientes, resolverá sobre las condiciones que no hayan podido convenirse. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 48bis, en cualquier momento las partes en un conflicto podrán solicitar la suspensión del procedimiento administrativo ante el Instituto para someterse a un proceso de mediación.

Artículo 151. En los convenios de interconexión a que se refiere el artículo anterior, las partes deberán:

I. Identificar los puntos de conexión terminal de su red;

II. Permitir el acceso de manera desagregada a servicios, capacidad y funciones de sus redes sobre bases de tarifas no discriminatorias;

III. Fijar las tarifas de interconexión con base en los costos incurridos por una red eficiente en la prestación del servicio, y abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las mismas;

IV. Actuar sobre bases de reciprocidad en la interconexión entre concesionarios que se provean servicios, capacidades o funciones similares entre sí, en tarifas y condiciones;

V. Llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible; Prever que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de los concesionarios, y ubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos o de un tercero;

VII. Establecer mecanismos para garantizar que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico demandado entre ambas redes;

VIII. Entregar la comunicación al operador seleccionado por el suscriptor en el punto más próximo en que sea técnicamente eficiente;

IX. Entregar la comunicación a su destino final o a un concesionario o combinación de concesionarios que puedan hacerlo;

X. Proporcionar toda la información necesaria que les permita identificar los números de origen y destino, así como a los usuarios que deben pagar por la llamada, la hora, y si hubo asistencia de operadora; y

XI. Llevar a cabo, si así se solicita, las tareas de medir y tasar los servicios prestados a sus propios usuarios por parte de otros concesionarios, así como proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos usando la misma unidad de medición para el usuario final que la utilizada entre los operadores contratantes.

Artículo 152. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. Permitir a concesionarios que comercialicen los servicios y capacidad que hayan adquirido de sus redes públicas de telecomunicaciones;

II. Abstenerse de interrumpir el tráfico de señales de telecomunicaciones entre concesionarios interconectados, sin la previa autorización del Instituto;

III. Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin contar con la anuencia de las partes afectadas y sin la aprobación previa del Instituto;

IV. Llevar contabilidad separada por servicio y atribuirse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas desagregadas y no discriminatorias por los diferentes servicios de interconexión;

V. Permitir la portabilidad de números y equipos;

VI. Proporcionar de acuerdo a lo que establezcan los títulos de concesión respectivos, los servicios al público de manera no discriminatoria;

VII. Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas con los usuarios;

VIII. Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de los usuarios, que cumplan con las normas establecidas;

IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados y equipos ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas;

X. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros, y

XI. Intercambiar el tráfico de datos de Internet en los centros de intercambio de tráfico ubicados en territorio nacional.

Artículo 153. Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país, los concesionarios de redes públicas o las personas que expresamente autorice el Instituto, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables.

La interconexión de redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras se llevará a cabo mediante convenios que negocien las partes interesadas.

Los concesionarios deberán presentar al Instituto, previamente a su formalización, los convenios de interconexión que se pretenden celebrar. Cuando se estime que dichos convenios perjudican los intereses del país en general, de los usuarios o de otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, el Instituto podrá establecer las modalidades a que deberán sujetarse los convenios, a fin de incorporar condiciones de proporcionalidad, reciprocidad y competitividad respecto de los servicios objeto de la interconexión.

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes concesionadas con redes extranjeras, los concesionarios solicitar al Instituto su intervención para celebrar los convenios respectivos.

De los Derechos de Vía y el Despliegue y Compartición de Infraestructura de Telecomunicaciones

Artículo 154. Cuando el Instituto determine que es procedente, los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados los cableados de distribución eléctrica; los terrenos adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén, o puedan estar instalados, cableados de redes públicas de telecomunicaciones, deberán hacerse disponibles, a todos los concesionarios que lo soliciten sobre bases no discriminatorias.

El instituto deberá coordinarse con las dependencias federales, estatales y municipales, y con las empresas públicas correspondientes, para actualizar los acervos y la localización de las tuberías de alcantarillado y distribución de agua potables, y demás ductos susceptibles de ser utilizados por redes de telecomunicaciones, así como para realizar las labores de mejora y mantenimiento necesarias para que se puedan utilizar para dichos fines.

Toda disputa que surja sobre los términos y condiciones de acceso entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones y los administradores de la infraestructura pública que se comparta será resuelta por el instituto conforme al procedimiento establecido en el artículo 48 de la presente ley.

Artículo 155. El instituto será el responsable de realizar labores de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, buscando que las diferentes autoridades involucradas en autorizar o facilitar el acceso a, y despliegue de sitios y activos susceptibles de ser utilizados por redes públicas de telecomunicaciones interestatales como las autorizaciones de derechos de vía, las autorizaciones de uso de suelo y las licencia de construcción, sean uniformes en su actuar aplicando las normas oficiales mexicanas en materia de instalación y operación de infraestructura de redes urbanas y equipos que emita el Instituto a fin de que se facilite el despliegue de redes en el menor tiempo y costo posible, en beneficio de los usuarios y una mayor eficiencia y otorgar mayor certidumbre técnica, económica y jurídica a los participantes en el sector, y garantizando el cumplimiento de las normas ambientales, de protección civil y de protección a la salud vigentes, y la prevención de daños a la salud por las radiaciones electromagnéticas.

Artículo 156. El instituto promoverá la creación de empresas independientes y cooperativas de operadores que puedan construir y/o operar hoteles de interconexión, torres de trasmisión y demás infraestructura de redes de telecomunicaciones fijas y móviles, empleando ductos, postería, tuberías de alcantarillado y distribución de agua potable, entro otras, bajo políticas de acceso abierto.

Artículo 157.A fin de propiciar un desarrollo eficiente de las vías generales de comunicación a que se refiere esta ley, el Instituto, en coordinación con las diferentes dependencias federales, deberá buscar establecer esquemas para incentivar acuerdos de compartición de infraestructura entre los diferentes concesionarios de redes ya existentes, así como en el despliegue de nuevas redes.

Dichos acuerdos deberán reflejar las reducciones de costos obtenidas en las tarifas a los usuarios, e impedir comportamientos de colusión entre los operadores involucrados.

Artículo 158. Cuando en opinión del Instituto se justifique, se deberá incluir el tendido de ductos con o sin fibra en nuevas obras de infraestructura pública y comunitaria, así como en el desarrollo de nuevos centros habitacionales o urbanos, y en las remodelaciones de los ya existentes, garantizando el acceso no discriminatorio de los diferentes concesionarios a estos recursos.

Artículo 159. Toda red de telecomunicaciones que arriende o utilice infraestructura propiedad de la federación, o de los gobiernos estatales o municipales, deberá operar bajo principios de acceso abierto a fin de incentivar que existan condiciones tarifarias y de calidad de servicios adecuadas para los usuarios.

De los Planes de Infraestructura Urbana en materia de Telecomunicaciones

Artículo 160.Los municipios de las áreas metropolitanas con más de medio millón de habitantes, en coordinación con el Instituto, deberán establecer planes de infraestructura urbana que permitan el despliegue eficiente de redes de telecomunicaciones. Dichos planes deberán contemplar tanto el despliegue de ductos que puedan ser compartidos por diversos operadores de telecomunicaciones, así como por diferentes infraestructuras de servicios urbanos como agua, electricidad, gas y drenaje, como la ubicación de un número adecuado de torres de infraestructura de telefonía móvil que podrán ser compartidas por cualquier operador.

De los Puntos Regionales de Intercambio de Tráfico de Internet

Artículo 161. A fin de que los servicios de transmisión de datos se presten con calidad, eficiencia, alta velocidad, baja latencia, y sin pérdida de paquetes o desorden en la entrega de los mismos, en beneficio de los usuarios finales, la Secretaria en colaboración con el Instituto coordinará a las diferentes autoridades federales para establecer un número suficiente de puntos regionales de intercambio de tráfico de internet en el territorio nacional que permita un ruteo eficiente del mismo.

Dichos puntos deberán ubicarse en las localidades que mejores condiciones ofrezcan para satisfacer la demanda de intercambio de tráfico de internet, y deberán funcionar bajo condiciones no discriminatorias para todos los operadores participantes.

El instituto otorgará los derechos a instalar, operar, mantener y ampliar la capacidad de cualquiera punto regional de intercambio de tráfico de internet mediante licitación pública, buscando que en las mismas únicamente participen empresas que no se encuentren vinculadas, directa o indirectamente, con alguno de los operadores, y que la reducción de costos por el intercambio de tráfico en los puntos regionales se traslade a las tarifas para los usuarios finales.

De las Redes Compartidas Mayoristas

Artículo 162. Cuando el instituto otorgue concesiones de uso comercial a entidades públicas, o a una sociedad que forme parte de una asociación público privada, estas tendrán el carácter de Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones para ofrecer capacidad y servicios a concesionarios prestadores de servicios de telecomunicaciones. Las redes compartidas mayoristas podrán ofrecer servicios a los usuarios finales solamente en aquellas poblaciones en donde no preste servicios de banda ancha por lo menos un operador de servicios públicos de telecomunicaciones.

Artículo 163.Las Redes Compartidas Mayoristas deberán sujetarse a principios de acceso abierto cuando sus fines sean comerciales o lleven actividades con fines de lucro. Asimismo, las redes Compartidas Mayoristas operarán bajo principios de compartición de toda su infraestructura y venta desagregada de todos sus servicios y capacidades bajo condiciones de no discriminación.

Los concesionarios que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada, estarán obligados a ofrecer a los demás concesionarios y comercializadoras las mismas condiciones que reciban de la Red Compartida Mayorista.

El Instituto deberá verificar periódicamente el desempeño de las Redes Compartidas Mayoristas en el marco de las disposiciones aplicables y podrá solicitar la información necesaria en los términos y plazos que determine.

Artículo 164.El instituto podrá otorgar directamente bandas de frecuencias a una Red Compartida Mayorista, mediante concesión de tipo comercial, e términos de las disposiciones que este emita. El Título de Concesión de una Red Compartida Mayorista incluirá además de lo dispuesto en la sección correspondiente a concesiones de uso comercial, obligaciones de cobertura, calidad y precio.

De la Confidencialidad de la Información transmitida a través de las redes

Artículo 165.La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será privada y confidencial, inviolable, y no sujeta a inquisición alguna, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad competente.

Título XI De la Calidad y Continuidad de Operación de los Servicios Públicos

De la calidad y continuidad de los servicios

Artículo 166. El instituto hará evaluaciones periódicas de los servicios prestados por los operadores para medir su continuidad, calidad, y homogeneidad, de acuerdo a los parámetros que establezca en los planes fundamentales y normas oficiales correspondientes.

Al efecto, el Instituto empleará los siguientes métodos de evaluación que habrá de implementar directamente o través de unidades de verificación autorizadas por el Instituto, independientes de todo operador y proveedor de equipo los cuales realizarán las pruebas conducentes por cuenta de los concesionarios.

Evaluación técnica de la calidad de los servicios públicos a través de las unidades de verificación que autorice el Instituto independientemente de que exista una norma oficial mexicana sobre el servicio a evaluar.

Encuestas sobre calidad, atención al cliente y grado de satisfacción, a nivel local, regional y nacional, a los consumidores, usuarios y audiencias, tanto en zonas urbanas como rurales.

Número de quejas, reconocimientos, procedimientos de infracción a la ley, reportes de fallas ante el propio concesionario o ante el portal del instituto.

De las normas, parámetros y estándares técnicos en la prestación de los servicios

Artículo 167. Las normas oficiales mexicanas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones administrativas que emita el Instituto para garantizar la calidad de los servicios públicos deberá incluir parámetros claros de desempeño óptimo, tolerancias máximas, velocidades mínimas de transmisión de datos, obligaciones de compensación a clientes, plan de contingencia y control de daños, de acuerdo a estándares de redes eficientes.

De la responsabilidad del concesionario por fallas, interrupciones, deficiencias o falta de accesibilidad en los servicios públicos

Artículo 168. Toda suspensión o deficiencia en los servicios será responsabilidad del concesionario y deberá reembolsar al usuario cualesquier cantidad pagada por el servicio más una compensación de acuerdo a las leyes en materia de protección al consumidor. Asimismo deberá notificar de inmediato al instituto y al público usuario de cualquier falla masiva y el plan de contingencia a seguir para repararla de inmediato.

Artículo 169.Los concesionarios no podrán interrumpir sus servicios o alguno de ellos para dar mantenimiento a sus redes o equipos sin previa notificación con ocho días de anticipación por los medios masivos de difusión de modo que queden prevenidos todos los usuarios, se les brinde opciones para comunicaciones de emergencia, y no abarquen las obras extensas áreas de cobertura en forma simultánea. Deberá haber alguna compensación o crédito a los usuarios por dicha suspensión.

Artículo 170.Los concesionarios que utilicen infraestructura ajena serán igualmente responsables de la calidad de sus servicios frente a sus usuarios, pero si las fallas o deficiencias son atribuibles al proveedor de la capacidad de red, podrán repetir contra éste por los daños causados a los usuarios.

De la obligación de someterse a evaluaciones de calidad

Artículo 171. El instituto está facultado para verificar la calidad de los servicios públicos objeto de la presente ley y para homologar los equipos o sistemas de telecomunicaciones o aquellos que se conecten a redes públicas de telecomunicaciones o sistemas de radiodifusión, directamente, o a través de las unidades de verificación independientes de los regulados y de sus proveedores de equipos que al efecto acredite el Instituto bajo la metodología y reglas que éste dicte.

Artículo 172. El instituto podrá emitir acuerdos específicos para dar por homologados aquellos equipos o sistemas que cuenten ya con la certificación o acreditación técnica de reconocidos organismos o laboratorios extranjeros siempre y cuando cumplan con las normas o planes técnicos mexicanos y haya convenios bilaterales con el país de origen de dichos organismos de acreditación que garanticen la idoneidad de las pruebas y procedimientos que éstos utilizan en el extranjero para asegurar la compatibilidad e interoperabilidad y seguridad de los equipos o sistemas extranjeros al conectarse con las redes de telecomunicaciones o sistemas de radiodifusión desplegados en territorio nacional.

Artículo 173.El instituto está facultado para dictar normas oficiales, o bien celebrar convenios de colaboración con entidades públicas, privadas y sociales a fin de asegurar que la vivienda nueva o renovada y los inmuebles de tipo industrial y comercial cuenten con los ductos, cableado y demás instalaciones necesarias que permitan el acceso indiscriminado a servicios de banda ancha de alta velocidad en competencia, que los residentes elijan en forma individual, en los complejos o unidades habitacionales sin gravámenes locales o estatales.

De las obligaciones de reportar al instituto de la calidad de los servicios, resultados de encuestas y reportes, quejas, y atención a los clientes

Artículo 174. Los concesionarios habrán de dar acceso en tiempo real al Instituto por conducto de las Unidades de Verificación acreditadas por éste, a sus sistemas de monitoreo y control de calidad del servicio, incluida la medición, tasación, facturación y atención de reportes, fallas o aclaraciones de sus propios servicios, y redes, en su caso, a través de los sistemas o interfaces que las Unidades diseñen e instrumenten, de conformidad con los lineamientos, normas oficiales, metodologías o planes técnicos que dicte el Instituto y que las Unidades habrán de verificar, con base en muestreos representativos en todas las poblaciones servidas del país, a fin de evaluar y publicar los resultados de la verificación, continuamente.

De las medidas correctivas en caso de bajos índices obtenidos en la evaluación de la calidad o continuidad de los servicios incluidos los de medición, tasación, facturación y atención de reportes, fallas y aclaraciones de facturación

Artículo 175.Sin perjuicio de la responsabilidad frente a sus usuarios, los concesionarios habrán de asumir compromisos claros de mejoras a corto plazo a fin de cumplir con los mínimos de calidad establecidos por el Instituto para lo cual una vez publicada la evaluación de calidad, el concesionario respectivo presentará al instituto un cronograma de mejoras sin perjuicio de las sanciones administrativas que resulten procedentes.

Artículo 176. Los resultados de la evaluación de la calidad de los servicios que periódicamente se practique, servirá de base, entre otros criterios que esta misma ley establece, para evaluar la procedencia de la solicitud de prórroga de la concesión respectiva que presente el concesionario e igualmente podrá ser causa de revocación de la concesión si la calidad es inferior a la mínima obligatoria durante más de dos años consecutivos o intermitentes, de acuerdo al puntaje que acumule el concesionario y de conformidad con la metodología que publique el Instituto.

Título XII De los Contratos de Servicios Públicos con los Usuarios y Prácticas Comerciales

Artículo 177. En los contratos de adhesión para la prestación del servicio público de telecomunicaciones que no hayan sido negociados individualmente, así como en las reglas tarifarias, queda prohibida la estipulación de cláusulas, contraprestaciones o condiciones abusivas, excesivas o desproporcionadas.

Artículo 178. Por cláusulas abusivas se entenderá toda aquella prestación o contraprestación u otra condición contractual que signifique una desproporción de derechos y obligaciones en favor del concesionario y en perjuicio del usuario.

Artículo 179.Para determinar si una cláusula o práctica es abusiva se tomará en cuenta las asimetrías de información entre las partes, el modo de comercializar el servicio, y el contenido mismo de las obligaciones y derechos de la cláusula o práctica en cuestión.

Artículo 180. De forma enunciativa, pero no limitativa ni exclusiva, son cláusulas condiciones del servicio o prácticas abusivas todas aquellas que:

I. Limiten o establezcan la renuncia a los derechos del consumidor reconocidos en esta ley, demás leyes nacionales e instrumentos internacionales.

II. Autoricen al proveedor la terminación anticipada o discrecional del contrato de tiempo definido.

III. Autoricen al proveedor modificar unilateralmente las especificaciones y estipulaciones del contrato o del servicio contratado, tales como las tarifas, plazos, calidad y cantidad de servicios o canales de programación, entre otros;

IV. Otorguen el derecho de interpretación de las cláusulas del contrato exclusivamente al proveedor y faculten al proveedor a decidir unilateralmente si el servicio prestado o el producto entregado cumple las especificaciones del contrato.

V. Excluyan o limiten la responsabilidad legal del proveedor en caso de deficiencias de los servicios públicos y daños ocasionados a los usuarios por una acción u omisión del proveedor.

VI. Permitan al proveedor prorrogar automáticamente un contrato de plazo de duración fija del consumidor, antes de que el plazo para manifestar dicha oposición, conforme al contrato, haya vencido.

VII. En el supuesto de portabilidad de número a otro operador, por parte del usuario, impidan por medios técnicos o contractuales la portabilidad del equipo terminal;

VIII. Prohíban o impidan al usuario dar por terminado un contrato de inmediato sin perjuicio de que éste liquide los adeudos pendientes a la fecha de la solicitud de terminación;

IX. Exijan garantías de pago excesivas, seguros, equipos u otros servicios adicionales empaquetados, no solicitados;

X. Las demás que establezcan otras leyes;

XI. No informen de la tarifa aplicable para cada funcionalidad prepagada en unidades de tiempo, capacidad de transmisión de datos o número de textos o de cualesquiera otros cargos aplicables;

Artículo 181. El instituto emitirá las bases para que los operadores emitan sus Códigos Modelo de Mejores Prácticas Comerciales en las que establecerá principios y mejores prácticas en favor de los usuarios tanto en la pre-venta, venta y post-venta de servicios, atención al cliente, cancelación de contratos y solución de controversias entre el usuario y el concesionario. Este Código procurará el bienestar del usuario a través de la tutela de sus derechos e intereses conforme a la presente ley.

Artículo 182. A través del Código Modelo y demás mecanismos que el Instituto considere eficaces, éste incentivará campañas de información de servicios prestados por los concesionarios, de garantías de productos y servicios prestados, y del sometimiento a arbitraje de consumo como mecanismo de solución de controversias entre usuarios y concesionarios.

Artículo 183.Los Códigos que elaboren los concesionarios deberán sujetarse a las bases y principios del código modelo.

Artículo 184.El instituto estará facultado para conocer de quejas y denuncias del público usuario sobre los siguientes temas:

I. Irregularidades en la contratación o prestación para efectos de ordenar verificaciones;

II. Bajos estándares de calidad de atención de fallas de los servicios;

III. Solicitudes de terminación de servicios;

IV. Negativa al acceso a los servicios o condiciones discriminatorias;

V. Ausencia de mecanismos de accesibilidad; y

VI. Violación a las reglas de publicidad y contenidos.

El instituto no será un órgano de conciliación entre usuarios y operadores pero mensualmente, las quejas recibidas de cada operador se computarán en el esquema de evaluación de cada uno de ellos, se publicarán y se le requerirá que presente una propuesta de solución masiva, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor.

El instituto celebrará convenios de colaboración con las asociaciones de consumidores en materia de telecomunicaciones inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para promover la asesoría y defensa, información e investigación en temas de derechos de los consumidores y usuarios o audiencias de telecomunicaciones y radiodifusión.

Título XIII De la Obligación de Presentar Información y del Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo 185. Los concesionarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión tendrán las siguientes obligaciones de suministro de información al Instituto de conformidad con las metodologías que al respecto establezca el mismo y bajo protesta de que la información suministrada es verídica, completa y exacta:

I. Aquella necesaria para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley y en sus Títulos de Concesión;

II. Aquella necesaria para satisfacer las necesidades de análisis estadístico o de elaboración de estudios de prospectiva u otros que realice el Instituto de conformidad con las facultades del mismo;

III. Aquella necesaria para evaluar la procedencia de solicitudes para la asignación de espectro radioeléctrico y de numeración;

IV. Aquella necesaria para la publicación de síntesis comparativas sobre precios, diversidad y calidad de los servicios, en interés de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión;

V. Información de contabilidad separada por servicio y región, e información sobre la arquitectura de sus redes, y costos de provisión de servicios de las mismas;

VI. Aquella necesaria para la elaboración de análisis que permitan la definición de los mercados relevantes de telecomunicaciones y radiodifusión; para la determinación de los operadores predominantes y/o con Poder Sustancial de Mercado; para el establecimiento de regulaciones asimétricas para los mismos, y para verificar el cumplimiento de las mismas;

VII. Aquella necesaria para verificar el cumplimiento de las restricciones a la propiedad cruzada de medios de radiodifusión; y

VIII. Aquella necesaria para cumplir requerimientos impuestos por los tribunales.

En cualquier caso el Instituto garantizará la confidencialidad de la información suministrada que pueda afectar al secreto comercial o industrial de acuerdo a la ley en la materia. Asimismo, las solicitudes de información que realice el Instituto de conformidad habrán de ser motivadas y proporcionales al fin perseguido.

El instituto denunciará ante las autoridades penales competentes al agente económico que proporcione información falsa, inexacta o incompleta.

Artículo 186. El instituto creará y mantendrá actualizada una base de datos mediante un sistema de información geográfica que contenga la información de toda la infraestructura activa, pasiva de telecomunicaciones, medios de radiodifusión, derechos de vía, sitios públicos que hospedan infraestructura, y redes que conformen vías generales de comunicación materia de la presente ley, sean concesionadas o del Estado. Asimismo brindará al público usuario la información de servicios disponibles por localidad a través de su portal de Internet.

Artículo 187. Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por el Instituto, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 188.El instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los servicios y la utilización eficiente del espectro.

Artículo 189. El instituto administrará el Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el que se inscribirán:

I. Los títulos de concesión y las asignaciones otorgadas; en su caso, las modificaciones de carácter legal o técnico de las concesiones y los datos generales por categoría, modalidad y distribución geográfica;

II. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y sus actualizaciones, así como la información relativa a los usuarios de cada segmento por región, con excepción de las bandas utilizadas para fines de seguridad pública y nacional;

III. El Programa Anual de Frecuencias del Espectro Electromagnético;

IV. Los gravámenes impuestos a las concesiones;

V. La cesión de derechos y obligaciones;

VI. Las bandas de frecuencias asignadas o concesionadas indicado usuario, uso y región en las distintas zonas del país, con excepción de aquellas asignadas para fines de seguridad pública;

VII. Los convenios de interconexión con otras redes;

VIII. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión;

X. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión;

XI. Los criterios adoptados por el Pleno relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones aplicables, acuerdos, actas, sesiones y resoluciones;

XII. Los Programas Anuales de Trabajo e Informes Anuales de Gestión, y los Informes trimestrales de actividades del Instituto;

XIII. Los acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;

XIV. Estadísticas actualizadas de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, acorde con las metodologías establecidas por el Instituto o por la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

XV. Las sanciones que imponga el Instituto y, tratándose de radiodifusión, las que imponga la Secretaría de Gobernación inclusive, todas aquellas contempladas en el Código Penal Federal y en los Códigos Penales de cada una de las entidades federativas, así como aquellas que hubieren quedado firmes;

XVII. Cualquier otro documento relativo a las operaciones de los concesionarios o asignatarios, cuando los reglamentos y demás disposiciones de carácter general derivados de esta Ley, u otras disposiciones legales o reglamentarias exijan dicha formalidad, y

XVIII. Los resultados de las evaluaciones de calidad de los concesionarios.

Artículo 190.La información contenida en el Registro a que se refiere el artículo anterior podrá ser consultada por el público en general en forma presencial o remota, salvo aquélla que, por sus propias características, se considere legalmente de carácter confidencial.

Los operadores y cualesquiera otros entes regulados directamente inscribirán en el Registro toda la información que les sea exigible conforme a sus títulos de concesión y normatividad aplicable de manera electrónica y el Instituto verificará la información registrada.

Título XIV De la Cesión de Derechos y Obligaciones Derivados de las Concesiones

Artículo 191. Toda cesión de derechos y obligaciones derivados de una concesión de uso comercial que está ya en operación, requerirá de previa autorización del Instituto, de lo contrario estará afectada de nulidad. Recibida la solicitud, el Secretario Ejecutivo la turnará al área respectiva que analizará si la cesión tiene efectos en la libre competencia del o los mercados relevantes o mercados relacionados, por implicar una concentración, propiedad cruzada o de otra manera impactar en el proceso de libre competencia. Si del análisis resulta que la cesión no impacta negativamente, el área correspondiente del instituto revisará que el cesionario reúna los requisitos de todo concesionario y se comprometa explícitamente a asumir las obligaciones derivadas de la concesión y aquéllas que podrá imponerle el instituto.

La cesión de derechos y obligaciones no ejercidos o explotados y cuyo plazo para el inicio de operaciones no ha vencido, derivados de un título de concesión de uso comercial de frecuencias o bandas del espectro radioeléctrico podrá ser autorizada si el Instituto resuelve no rescatar dichas frecuencias o bandas con el fin de dar el uso más eficiente al espectro concesionado.

En el caso de concesiones de uso privado o social comunitario, indígena o experimental, no procederá la cesión de los derechos y obligaciones de las concesiones sobre espectro y el concesionario deberá en todo caso renunciar a su concesión si no está en posibilidad de operarla.

El instituto tendrá un plazo de noventa días naturales para resolver sobre la solicitud de cesión.

Artículo 192.En ningún caso se podrá ceder, dar en fideicomiso, dar en prenda, hipotecar o de otra manera gravar total o parcialmente la concesión, los derechos derivados de ella, las instalaciones, infraestructura, contratos, servicios relacionados o auxiliares y demás bienes o derechos afectos a la misma, a ningún gobierno o estado extranjero.

Título XV De la Prórroga de las Concesiones

Artículo 193.Los titulares de las concesiones otorgadas por el Instituto podrán solicitar la prórroga del plazo de vigencia de la misma. La solicitud correspondiente deberá ser presentada por lo menos cuatro años antes de la fecha de vencimiento del plazo original, a fin de que el Instituto pueda evaluar tal solicitud y no se afecte la continuidad de los servicios.

Artículo 194. El instituto valorará la solicitud de prórroga en base a criterios objetivos, medibles, verificables relativos al desempeño del concesionario y sus servicios durante la vigencia de su concesión. Las evaluaciones que haga el Instituto a lo largo de la vigencia de la misma serán periódicas, estarán estipuladas en el título de concesión respectivo y versarán sobre los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento de los compromisos de inclusión digital universal o cobertura, número de usuarios y poblaciones o localidades a servir, servicios y en su caso programación.

b) Calidad de los servicios o emisiones de radiodifusión conforme a los compromisos, normas y planes fundamentales aplicables y de acuerdo a la evaluación practicada periódicamente por las Unidades de Verificación correspondientes.

c) Evolución y comportamiento tarifario.

d) Impacto social de los servicios prestados.

e) Impacto en el proceso de libre competencia.

f) Número de reportes o quejas de los usuarios de acuerdo a los reportes de la concesionaria, la Procuraduría y los recibidos en el instituto.

g) Grado de eficiencia en el uso del espectro, en su caso.

h) En el caso de radiodifusión, cumplimiento de las obligaciones en materia de contenidos, publicidad y acceso a productores independientes e indígenas.

i) Cumplimiento de otras obligaciones establecidas en el título de concesión correspondiente.

j) Grado de satisfacción de los usuarios en base a encuestas, sondeos conducidos por el Instituto o quien éste autorice.

El instituto mediante una metodología que será sometida a consulta pública establecerá las fórmulas para evaluar, ponderar y asignar una puntuación cuantitativa y cualitativa a los anteriores criterios de modo que el plazo, condiciones y contraprestaciones de la prórroga respectiva dependan de los puntos obtenidos por el concesionario durante la vigencia de la concesión, mismos que serán publicados periódicamente.

Aquel concesionario que acumule un determinado número de puntos tendrá derecho a la prórroga de su concesión bajo los términos y condiciones aplicables conforme al párrafo anterior, sin que sea necesaria una licitación del espectro en el caso de concesiones de uso comercial o privado.

Si el solicitante de la prórroga no alcanza los puntos mínimos para la prórroga, terminará su concesión y el Instituto rescatará las bandas del espectro y operará la reversión de los bienes, equipos y activos afectos a la concesión. El titular de la concesión que terminó por vencimiento de su vigencia tendrá derecho a recibir una indemnización que se cuantificará tomando como base la inversión efectuada y comprobada, la depreciación de los bienes, instalaciones y el avalúo que realice el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Título XVI De la Libre Competencia y Concurrencia en Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo 195. El instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo cual en estos sectores, tendrá las facultades que le otorga la Ley Federal de Competencia Económica. Con tal carácter regulará tanto el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales como, de forma asimétrica, a los operadores con preponderancia económica, eliminando barreras a la entrada, limitando la propiedad cruzada de medios y ordenando la desincorporación de activos.

Por lo anterior, en la investigación y determinación de prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas, mercados relevantes, y agentes con Poder Sustancial de Mercado, así como en la autorización de fusiones y concentraciones en estos sectores el Instituto deberá seguir los procedimientos, normas y criterios establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica.

Artículo 196. El instituto deberá identificar a los Agentes Económicos Preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión como aquellos que tienen una participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, en forma directa o indirecta, ya sea explícitamente como en el caso de la conducción de una empresa controladora hacia sus subsidiarias, o bien, implícitamente cuando dicha coordinación pueda ser efectuada por medio de medidas persuasivas que pueden darse entre las empresas, aun cuando no exista vínculo jurídico centralizado y jerarquizado, mayor al cincuenta por ciento.

Dicho porcentaje de participación nacional podrá ser medido ya sea: a) En el caso de las telecomunicaciones por el número de usuarios, tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, y b) En el caso de la radiodifusión por los suscriptores, audiencia, publicidad, o por la producción de contenidos, de acuerdo con los datos con que cuente el Instituto.

Artículo 197.A partir de la publicación de la resolución por la que se determina que un operador de servicios de telecomunicaciones es preponderante, mientras su participación de mercado sea de cincuenta por ciento a sesenta y cinco, el mismo deberá sujetarse a las obligaciones específicas generales establecidas por el Instituto para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas obligaciones deberán incluir al menos:

a) Permitir la desagregación de su red local de telecomunicaciones bajo los procedimientos establecidos en el artículo 198.

b) Publicar una oferta de interconexión de referencia previamente aprobada por el Instituto que incluya al menos puntos, tipos y plazos de interconexión, así como las tarifas y condiciones y calidad mínima de los servicios asociados. Dicha oferta deberá ser actualizada y publicada en el mes de Diciembre de cada año;

c) Publicar anualmente información sobre su red y centrales de interconexión detallando su jerarquía, funcionalidades y capacidades. Dicha información deberá publicarse en el mes de agosto de cada año, con información actualizada al primer semestre del año;

d) Permitir la interconexión e interoperabilidad entre diferentes operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones en cualquier punto factible, independientemente de donde se encuentren, incluyendo aquellos que ya se encuentren co-ubicados en sus centrales;

e) Ofrecer a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones competidores, la misma calidad de servicios de telecomunicaciones, en los mismos términos, condiciones y plazos que se ofrece a sí mismo, sus filiales, subsidiarias o clientes, mismos que deberán cumplir los niveles mínimos de calidad establecidos por el Instituto al respecto;

f) No establecer en los contratos que celebren para la prestación de servicios de telecomunicaciones penas convencionales o sanciones de cualquier tipo o barreras que inhiban a los consumidores a elegir a otro operador de servicios de telecomunicaciones;

g) Atender las solicitudes de servicios de telecomunicaciones presentadas por sus competidores u otros operadores en el mismo tiempo y forma en que atiende sus propias necesidades y las solicitudes de sus subsidiarias o filiales, bajo el principio el primero en solicitar, es el primero en ser atendido. El Instituto estará facultado para determinar los mecanismos que aseguren el cumplimiento de lo aquí previsto;

h) Permitir la compartición de su infraestructura en los términos y condiciones que determine el instituto;

i) Permitir que las nuevas capacidades, servicios o funciones que se desarrollen en su red de acceso, estén disponibles para todos los operadores que lo soliciten, en los mismos términos y condiciones que se ofrece a sí mismo, sus filiales o subsidiarias, cuando así lo determine el Instituto, y

j) Permitir que los usuarios utilicen cualquier equipo terminal que esté homologado o de otra manera cumpla con los estándares establecidos al efecto por el Instituto.

Artículo 198. Los Operadores Económicos Preponderantes en telecomunicaciones estarán obligados a permitir que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local perteneciente a dicho agente bajo condiciones no discriminatorias, mediante la desagregación de su red local bajo las modalidades que establezca el instituto.

Para desarrollar dicha desagregación el Instituto deberá seguir el siguiente procedimiento:

a) El instituto deberá establecer un protocolo de migración, mismo que contendrá fechas límites precisas para llevar a cabo la desagregación en las diferentes áreas de servicio local, que deberán seguir tanto el agente económico preponderante de telecomunicaciones como los concesionarios interesados en arrendar elementos de la red local del operador económico preponderante.

b) El instituto deberá establecer indicadores de calidad de servicio en la operación de la desagregación de los bucles de abonado local, los cuales deberán alcanzar los estándares alcanzados en las mejores experiencias de desagregación en un plazo de tiempo razonable;

c) El instituto deberá requerir a los agentes económicos preponderantes una oferta de acceso a elementos desagregados de su red local que cumpla las modalidades que establezca al respecto. Dicha oferta deberá ser lo suficientemente desagregada para que los concesionarios interesados en arrendar elementos de la red local del operador preponderante no tengan que pagar por elementos o servicios que no sean necesarios para la oferta de sus servicios, y deberá contener tanto una descripción de los diferentes componentes de la oferta, como los términos, condiciones, calidad de servicios y tarifas asociadas. Dicha oferta deberá ser actualizada y publicada en el mes de diciembre de cada año; y

d) En caso de desacuerdo entre el operador preponderante y otro concesionario acerca de las tarifas asociadas al arrendamiento de elementos de la red local, u otros términos y condiciones, el Instituto resolverá. En la fijación de las tarifas aplicables a la desagregación de la red local, el Instituto deberá buscar que las mismas permitan tanto la existencia de una competencia efectiva entre los diferentes concesionarios en los mercados locales de telecomunicaciones, como una recuperación adecuada de la inversión del agente económico preponderante que incentive su inversión en el mantenimiento y expansión de su red.

Estas medidas de desagregación también serán aplicables al agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de servicios al usuario final.

Artículo 199. A partir de la publicación de la resolución por la que se determine que un concesionario de servicios de radiodifusión es considerado Agente Económico Preponderante, y tenga una participación de mercado de 50 por ciento y hasta el 65 por ciento, deberá sujetarse a las obligaciones específicas generales establecidas por el Instituto para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas obligaciones deberán incluir al menos:

a) En la adquisición de contenidos, no podrá discriminar a favor de sus subsidiarias o filiales generadoras de contenidos;

b) Deberá brindar acceso a productores independientes de contenidos audiovisuales a sus redes de distribución de contenidos, es decir, redes de televisión restringida propias, de subsidiarias o filiales o sobre las que ejerza un control directo o indirecto, y a sus canales de multiprogramación, bajo condiciones no discriminatorias.

c) Deberá contratar al menos el 20 por ciento de su programación semanal a productores independientes;

d) Deberá compartir su infraestructura en antenas, torres o medios que por su naturaleza no son duplicables a los concesionarios que así lo soliciten en los mismos términos y condiciones que se ofrece a sí mismo, sus filiales o subsidiarias;

e) No podrá participar en proceso de licitación alguno sobre nuevas asignaciones de frecuencias para radiodifusión u operar bajo arrendamiento emisoras adicionales a las autorizadas;

f) No podrá, en ningún caso, tener participación accionaria, en cualquier porcentaje, ni adquirir el control, administrar, establecer alianzas comerciales, en más de dos plataformas de transmisión de contenidos; servicios de radio, televisión abierta, televisión de paga, y acceso a Internet a la vez, dentro de una misma plaza, servicio o zona geográfica de cobertura donde éstas se encuentren;

g) Deberá someter a la autorización del Instituto cualquier operación que implique una modificación en el control, administración, propiedad directa o indirecta, en cualquier porcentaje, o bien que establezca alianzas comerciales con operadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; y

h) Deberá obtener autorización del Instituto en caso de que pretenda adquirir el control, administrar, establecer alianzas comerciales, o tener participación accionaria directa o indirecta en otras redes o servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Artículo 200.A partir de la publicación de la resolución por la que se determine que un concesionario de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión es Agente Económico Preponderante, en todos aquellos casos donde los operadores sean Agentes Económicos Preponderantes tengan una participación nacional superior al sesenta y cinco por ciento en el mercado de telecomunicaciones o radiodifusión, el Instituto ordenará la desincorporación inmediata de activos y su venta a empresas de propiedad independiente al operador predominante.

Para realizar dicha desincorporación, el Instituto ofrecerá al operador económico preponderante al menos dos diferentes opciones de desincorporación de activos, debiendo escoger dicho operador una de las opciones.

La negativa, o el retraso injustificado en opinión del Instituto, a llevar a cabo la desincorporación de activos establecida en la modalidad seleccionada por el Agente Económico Preponderante será sancionada con la revocación de las concesiones en poder del Grupo de Interés Económico.

Título XVII De las Medidas Cautelares y Medios de Apremio

Artículo 201. Durante el curso de un procedimiento de investigación, verificación o solución de un desacuerdo entre partes por parte del Instituto, el Secretario Ejecutivo podrá ordenar alguna de las siguientes medidas cautelares:

I) Ordenar la interconexión provisional o el restablecimiento de los servicios públicos interrumpidos sin autorización del Instituto, por cuenta y a costa del concesionario o tercero que resulte responsable;

II) Ordenar la suspensión de una concentración que no le fue notificada y ha descubierto.

III) Poner sellos a instalaciones que resguarden la contabilidad, documentación o evidencia de un agente económico a fin de evitar su destrucción u ocultamiento;

IV) El rescate inmediato de frecuencias utilizadas sin la concesión, asignación o autorización del Instituto y el bloqueo del equipo utilizado para ello.

V) Ordenar a un radiodifusor el retiro de publicidad no autorizada cuando la salud, seguridad, o integridad de la población o de un sector de ésta, corre peligro;

VI) Las demás previstas en la Ley Federal de Competencia Económica.

El afectado por la medida podrá solicitar al Instituto que le fije caución a fin de evitar la medida cautelar en las hipótesis de las fracciones II) y V). La caución deberá ser bastante para reparar el daño que se pudiera causar a la colectividad o al proceso de libre competencia si no obtuviese resolución favorable.

Artículo 202.Para hacer cumplir sus resoluciones y actos, el Instituto podrá emplear, previo apercibimiento, los siguientes medios de apremio:

I) Multa de 1000 a 250,000 días de salario mínimo;

II) Multa adicional por cada día que no permita el acceso a los verificadores del Instituto a sus instalaciones, o no se otorguen las facilidades para realizar la verificación y/o no presente la información completa que se le requiera, dentro de un plazo máximo de 15 días naturales; y

III) El auxilio de la fuerza pública.

Si fuese insuficiente el apremio, se podrá solicitar a la autoridad competente se proceda contra el contumaz por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.

Para los efectos de la fracción c) de este artículo, las autoridades federales, y los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite el Instituto. En los casos de cuerpos de seguridad pública de las entidades federativas o los municipios, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública o de conformidad con acuerdos de colaboración administrativa que se tengan celebrados con el Instituto.

Título XVIII De las Facultades de Inspección, Verificación y Auditorías

Artículo 203. El instituto deberá verificar y supervisar el cumplimiento de esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas que deriven de ella y de otras leyes aplicables en materia de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, los títulos de concesión, permisos y otros actos administrativos.

Todos los concesionarios, permisionarios, y demás sujetos activos, estarán obligados a permitir a los verificadores, unidades de verificación autorizados o acreditados por el Instituto, el acceso al domicilio y demás instalaciones del sujeto activo, así como a otorgarles todas las facilidades, información, documentos, evidencia en cualquier medio para que realicen la verificación conforme a esta ley o la Ley de Competencia Económica siempre y cuando proporcionen oficio fundado y motivado que indique el motivo, propósito y alcance de la diligencia, el nombre de los verificadores autorizados, y demás pormenores del acto de molestia.

Artículo 204. La información que los sujetos activos deberán de facilitar al Instituto durante una visita de verificación es sin perjuicio de aquella información que periódicamente deben entregar sobre la topología de sus redes, capacidades, tráfico, ingresos, número de usuarios por servicio, quejas, reportes de calidad, así como toda aquella relativa a la operación, explotación de los servicios prestados, en la forma y periodicidad que determine el Instituto.

Artículo 205.El instituto estará facultado también para verificar la información que los sujetos activos proporcionan a los usuarios, los mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad, los contratos de adhesión, tarifas aplicadas, publicidad, reportes de quejas y demás que afecten a los usuarios.

Artículo 206. El instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo por sí o a través de Unidades de Verificación, la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas de telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de asegurar la calidad, seguridad, continuidad, universalidad y eficiencia de los servicios y la eficiencia en el uso del espectro, para lo cual podrá dictar las medidas necesarias.

Título XIX De las Infracciones, Delitos y Sanciones

Artículo 207. Las infracciones establecidas en esta Ley, y las disposiciones reglamentarias y administrativas, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente sin perjuicio de las facultades del Instituto para revocar las concesiones, y asignaciones conforme al artículo 220 y sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal en que incurran los infractores.

A. Con multa de entre cinco y diez por ciento de los ingresos brutos del concesionario infractor obtenidos en el año en que cometió la infracción.

I. La negativa o evasivas a proporcionar la información, documentación o registros al Instituto que esta ley exige a los Concesionarios en la forma, periodicidad, plazo y acuciosidad que exija esta ley, incluyendo aquella información sujeta a inscripción en el Registro Público de Concesiones.

II. Cuando en las concesiones del espectro radioeléctrico de uso comercial atribuidas y asignadas a la radiodifusión la inversión extranjera directa exceda del 49 por ciento;

III. La prestación de servicios públicos en violación de cualquiera de los preceptos de esta ley, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Protección de datos personales en posesión de particulares, la Ley para prevenir y combatir la discriminación de personas con discapacidad o bien las leyes y normas jurídicas en materia de transparencia del crédito bancario o comercial, la banca móvil o pagos móviles, entre otras normas que afecten los derechos de los usuarios de servicios públicos regulados por esta ley;

IV. La negativa a interconectar la red de un Operador con la propia no obstante haber quedado resueltos por el Instituto los términos de interconexión e interoperabilidad.

B. Con multa de entre dos y cinco por ciento de los ingresos brutos del concesionario infractor obtenidos en el año en que cometió la infracción.

I. Cuando los concesionarios que usen derechos de vía públicos y que instalen redes alámbricas no pongan a disposición de otros concesionarios que lo soliciten los recursos disponibles a tarifas que les permitan una recuperación adecuada de su inversión.

II. Cuando los concesionarios de redes públicas o las personas carezcan de autorización expresa del Instituto para instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país;

III. Cuando los concesionarios celebren convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes concesionadas con redes extranjeras sin la intervención del Instituto;

IV. Cuando la programación dirigida a la población infantil no se realice de conformidad con los principios establecidos en esta Ley. Sin detrimento de lo anterior, se procederá a la suspensión indefinida de la programación;

V. Cuando el tiempo máximo para transmisión de publicidad en la programación en radio y televisión se rebase en extensión u horario autorizado.

VI. Cuando los concesionarios sin fines de lucro incluyan publicidad con características que contravengan los términos de su concesión.

VII. Cuando en la transmisión de publicidad no le identifique como tal y se pretenda presentar como información o parte del programa.

VIII. Cuando se transmita publicidad de productos comestibles o bebibles no nutritivos, dirigida a la población infantil;

X. Cuando en los programas deportivos o de espectáculos que tienen una continuidad específica, ajena al medio que los transmite, se inserte publicidad durante el desarrollo del evento, mediante imágenes superpuestas que rebasen una quinta parte de la pantalla, interfirieran la visión del evento o contengan menciones o efectos sonoros;

X. Cuando en la publicidad de bebidas alcohólicas se empleen a menores de edad, se consuma real o aparentemente los productos que se anuncian y se desatienda la normatividad sanitaria relativa a la publicidad de bebidas alcohólicas;

XI. Cuando la publicidad de bebidas alcohólicas se transmita en espacios asociados a la actividad deportiva o de forma tal que el consumo de los productos anunciados se asocie directa o indirectamente con la realización, participación o asistencia a cualquier tipo de actividad deportiva;

XII. Cuando la publicidad de bebidas alcohólicas se transmita en el horario clasificado como para todo público;

XIII. Cuando se transmita publicidad que de acuerdo con la regulación establecida en otros ordenamientos, carezca de la autorización de la autoridad competente;

XIV. Cuando se transmita publicidad de bienes o servicios que haya sido prohibida por la Procuraduría Federal de Consumidor, el Instituto Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios o las autoridades financieras competentes en materia de servicios financieros;

XV. Cuando la publicidad transmita los mensajes restringidos.

C. Con multa de entre uno y dos por ciento de los ingresos brutos del concesionario infractor obtenidos en el año en que cometió la infracción.

I. Cuando los concesionarios otorguen subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo Grupo de Interés Económico;

II. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones suspendan la prestación de un servicio sin la autorización del Instituto;

III. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones divulguen o no resguarden eficazmente el contenido de los mensajes o la existencia de los mismos, no destinados al público en general que se cursan a través de sus redes;

V. Cuando la programación no respete los horarios de transmisión de acuerdo a su clasificación;

VI. Cuando la programación originada y programada localmente en la radio y televisión restringida no respete los horarios de transmisión de acuerdo a su clasificación, a menos que la misma no sea codificada;

VII. Cuando la programación general que se transmita considere algunos de los supuestos incorporados en el artículo 117 de la presente Ley. Sin perjuicio de lo anterior, se procederá a suspender indefinidamente el programa correspondiente;

VIII. Cuando se intercepten, divulguen o aprovechen los mensajes, noticias o informaciones que no estén destinados al dominio público y que se reciban por medio de los aparatos de radiodifusión;

X. Cuando los prestadores de televisión y audio restringidos transmitan contenidos nacionales en un porcentaje menor al 50 por ciento del tiempo total de la programación diaria en los canales de producción propia;

XI. Cuando del porcentaje para contenidos nacionales, los canales de televisión de cobertura nacional y las televisoras de uso público no incorporen al menos un 20 por ciento de programación contratada a productores independientes;

XII. Cuando en la radio y televisión restringida menos del 80 por ciento de los canales que transmitan no sean en español o con subtítulos;

XIII. Cuando los concesionarios de radio y televisión no transmitan gratuitamente los mensajes a que se refiere el este Ley;

XIV. Cuando los concesionarios no pongan a disposición del público su Código de Ética;

XV. Cuando los concesionarios no designen su defensor de la audiencia, o este no cumpla con sus obligaciones;

XVI. Cuando los concesionarios, a través de su defensor de la audiencia, no rindan un informe público de su gestión.

XVII. Cuando los prestadores del servicio de radio y televisión y los proveedores de contenidos en telecomunicaciones, den trato discriminatorio o nieguen el acceso a determinados anunciantes.

XVIII. Cuando los concesionarios de servicios de radio y televisión de los entes públicos, no pongan a disposición de sus audiencias los mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos;

Para determinar el monto de las sanciones establecidas en el presente capítulo aplicable a los concesionarios sin fines de lucro, se considerará el monto establecido en la multa a aplicar, multiplicado por el porcentaje autorizado para la transmisión de publicidad, dividido entre cien.

Para los efectos de este artículo se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 208. En caso de reincidencia, el Instituto podrá aplicar una multa hasta por el doble de la sanción originalmente impuesta y del triple en la segunda reincidencia.

Artículo 209. Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, así como para la interposición del recurso de revisión, se estará a lo previsto por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículo 210. Para la determinación del monto en el rango de las sanciones, la autoridad deberá considerar:

I. La capacidad económica del infractor;

II. La gravedad de la infracción;

III. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y

IV. El número de competidores y grado de concentración del mercado relevante en el que el Operador cometió la infracción.

Artículo 211. Ante la irregularidad en la información que presenten los concesionarios acerca de sus ingresos de ingresos como parte de los requisitos de información establecidos en el artículo 188, se aplicará una multa de hasta el doble del monto de lo no comprobado.

Artículo 212. Cuando los concesionarios del servicio de radio y televisión, se excedan del tiempo destinado a publicidad establecido en esta Ley el monto de la sanción será de hasta el equivalente a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo excedido.

Artículo 213. Tratándose de infracciones de tracto sucesivo, el Instituto podrá establecer sanciones por cada día que transcurra sin que dichas infracciones se hayan corregido.

Artículo 214.Las personas que presten servicios públicos o hagan uso del espectro radioeléctrico sin contar con la concesión o el permiso respectivo o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectivas, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en el Instituto de dichas infracciones.

Artículo 215. Para la aplicación de la sanción a que se refiere el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

I. Una vez que el Instituto tenga conocimiento de la infracción, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones, los equipos de telecomunicaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la utilización de la vía general de comunicación o a la prestación del servicio;

II. En el acta que se levante, el Instituto dejará constancia del aseguramiento de los bienes y designará al depositario de los mismos;

III. Posterior al aseguramiento, se concederá un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes;

IV. El Instituto dentro del término de 90 días naturales posteriores al vencimiento del plazo otorgado al visitado para ofrecer pruebas y defensas, o en su caso, al término del desahogo de las pruebas admitidas, dictará la resolución que corresponda., y

V. La resolución mediante la cual se determine la pérdida de los bienes del particular en beneficio de la Nación, deberá establecer que dichos bienes quedarán a disposición del Servicio de Administración de Bienes Asegurados.

Este procedimiento de naturaleza administrativa excluye la aplicación del procedimiento de naturaleza análoga que al efecto dispone la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que hace a la aplicación de sanciones o penas.

Artículo 216. El instituto podrá amonestar por única ocasión y hacerla pública en su portal de Internet.

Artículo 217. Las sanciones que se señalan en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que se derive de la conducta.

Artículo 218.Los montos recaudados por el Instituto por concepto de multas, se destinarán a financiar la Política de Inclusión Digital Universal.

Título XX De la Terminación, Revocación, Cambio y Rescate de Concesiones

De la terminación y revocación de las concesiones y permisos

Artículo 219. Las concesiones terminan por:

I. Vencimiento del plazo establecido en el título de concesión o, en su caso, en el permiso respectivo;

II. Renuncia del titular;

III. Revocación;

IV. Rescate;

V. Liquidación o quiebra del titular; y

VII. Cumplimiento de una condición resolutoria.

La terminación de la concesión o del permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.

Artículo 220.Al término de la concesión o de las prórrogas que se hubieren otorgado, se restituirán a la nación las frecuencias o bandas de frecuencias y las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales que hubieren sido afectas a los servicios previstos en la concesión. -

El gobierno federal tendrá derecho a revertir las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados directamente en la explotación de las frecuencias o bandas de frecuencias, posiciones orbitales u órbitas satelitales, objeto de la concesión.

Artículo 221.El instituto deberá proceder a iniciar y dar seguimiento al procedimiento de revocación de las concesiones que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. No prestar los servicios.

II. Interrumpir la conectividad, operación o acceso a su red o bien suspender o interrumpir la prestación de alguno o todos los servicios públicos que presta, a grupos o secciones localidades o regiones o áreas de servicio, sin autorización del Instituto y previo aviso a los usuarios con por lo menos cinco días hábiles de anticipación y especificando la duración de la interrupción o suspensión masiva, motivo, servicios alternativos y procedimiento para la bonificación proporcional al tiempo de la interrupción más una bonificación equitativa;

III. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que impidan, obstaculicen o encarezcan la actuación de otros concesionarios o permisionarios con derecho a ello o el acceso a recursos esenciales de su red o de las redes de terceros;

IV. No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en los títulos de concesión y en los permisos;

V. No interconectar a otros Operadores en el plazo requerido por esta ley;

VI. Enajenar, ceder, gravar, hipotecar, transferir, dar en garantía, o en fideicomiso las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en esta Ley;

VII. No cubrir al Estado las contraprestaciones, los productos, los derechos o aprovechamientos en numerario o en especie que se hubieren fijado;

VIII. Rebasar los límites establecidos para inversión extranjera directa en materia de radiodifusión;

IX. No cumplir con las obligaciones establecidas por el Instituto a agentes con carácter preponderante o con Poder Sustancial de Mercado;

X. No cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto en materia de desagregación de la red local del operador preponderante en telecomunicaciones;

XI. No cumplir con los compromisos de cobertura o servicio universal;

XII. Suspender sin justificación los servicios de radiodifusión por un período mayor de 24 horas;

XIII. Cambiar de nacionalidad mexicana o solicitar protección de algún gobierno, empresa o persona extranjeros;

XIV. Modificar la escritura social en contravención a las disposiciones de esta Ley;

XV. Infringir cualquier condición de la concesión o permiso; y,

XVI. Negarse a transmitir en los tiempos de Estado los mensajes indicados por el Instituto Federal Electoral en los términos establecidos en la normatividad aplicable.

En los casos de las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X y XIII, anteriores procederá la revocación directa. En los casos de las fracciones IV, IX, X, XIV, XIV y XVI, procederá la revocación cuando el concesionario o permisionario hubiese sido sancionado en dos ocasiones de manera firme por cualquiera de las causas previstas en dichas fracciones.

Artículo 222. La revocación, será declarada administrativamente por el Instituto conforme al procedimiento establecido en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En los casos de las fracciones VIII, XI y XIV del artículo anterior el concesionario perderá la propiedad de los bienes en favor de la nación. En los demás casos de terminación y de revocación, el concesionario o permisionario conservará la propiedad de los bienes pero tendrá obligación de desmantelar las instalaciones en el término que al efecto le señale el Instituto la cual podrá efectuar dicho desmantelamiento a costa del concesionario o permisionario.

Artículo 223. El instituto sustanciará los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 224. El titular de una concesión que hubieren sido revocados estará imposibilitado para obtener nuevas concesiones o permisos de los previstos en esta Ley, por un plazo de cinco años contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

Artículo 225. Los socios, accionistas o tenedores de partes sociales de un concesionario o permisionario cuya concesión o permiso hubiere sido revocada, se encontrarán imposibilitados para obtener nuevas concesiones o permisos, por un plazo igual al establecido en el artículo anterior.

Del cambio o rescate de frecuencias o bandas de frecuencias

Artículo 226. El instituto podrá rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada o asignada en los siguientes casos:

I. Cuando lo exija el interés público entendiendo por éste, fines o proyectos de servicio universal, mayor conectividad, menores precios, o mejores servicios, mayor eficiencia en la prestación de los mismos, aspectos de salubridad general, educación y campañas de protección civil.

II. Para la introducción de nuevos servicios;

IV. Para la introducción de nuevas tecnologías

V. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial;

VI. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por México en materia de radiocomunicaciones y de derechos humanos;

VII. Por no usar, aprovechar o explotar totalmente la capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias concesionadas o asignadas o no haber dado inicio a las operaciones dentro del plazo concedido para ello.

Para efectos del cambio, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas frecuencias o bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados.

Cuando ello sea posible, el Instituto podrá ofrecer otras bandas de frecuencia a cambio de las que ostenta un operador El cambio o rescate podrá ser parcial o total, y el procedimiento para llevarlo a cabo deberá ajustarse a lo establecido en la presente ley.

De la requisa

Artículo 227. En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público, o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el gobierno federal por conducto del instituto podrá hacer la requisa de las redes públicas, y las instalaciones necesarias para la prestación de los servicios públicos respectivos, incluyendo los bienes muebles e inmuebles necesarios para operar dichas redes para hacer frente a las circunstancias prevalecientes. El gobierno federal podrá igualmente contar con e instruir al personal que estuviere al servicio del Operador cuya red es objeto de la requisa cuando sea lo óptimo para afrontar la situación. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

Título XXI De la Impugnación de las Resoluciones del Instituto

Artículo 228. El instituto está facultado para expedir, entre otros, reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, programas, normas oficiales mexicanas y demás de carácter general sin perjuicio de los actos administrativos individuales que como autoridad reguladora y en materia de competencia económica emita.

En contra de los reglamentos y disposiciones administrativas del Instituto a que se refiere el párrafo anterior, procederá el juicio de amparo indirecto mas no procederá la suspensión del acto reclamado.

Título XXII De la Legislación Supletoria

Artículo 229. A falta de disposición expresa en esta Ley y sus reglamentos y en los tratados internacionales, se aplicarán en lo que no se oponga:

I. La Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento;

II. La Ley General de Bienes Nacionales;

III. La Ley de Vías Generales de Comunicación;

IV. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

V. La Ley Federal de Protección al Consumidor;

VI. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas;

VII. El Código Federal de Procedimientos Civiles;

VIII. Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

IX. La Ley General de Salud;

X. La Ley Federal de Protección de Datos personales en poder de particulares;

XI. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y

XII. El Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales;

XIII. La Ley para prevenir y combatir la discriminación de las personas con discapacidad

XIV. La Ley de Asociaciones Público-privadas.

Artículos Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para el período del 2013 al 2018, la Política de Inclusión Universal deberá presentarse ante el Congreso de la Unión, conjuntamente con la iniciativa de presupuesto de egresos de la Federación en el que se contemplen los recursos necesarios para alcanzar los objetivos correspondientes al ejercicio siguiente, en el entendido de que, de conformidad con el artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el “Diario Oficial” de la Federación el 11 de junio de 2013, dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información equivalente al promedio observado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a precios competitivos internacionalmente.

Tercero. La Secretaría, en coordinación con el Instituto, llevará a cabo las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el “Diario Oficial” de la Federación el 11 de junio de 2013, en el que se establece que la Red Pública Compartida de Telecomunicaciones cuya instalación deberá iniciar antes de que concluya el año 2014, y cuya operación deberá empezar antes de que concluya el año 2018.

Cuarto. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo deberá haber concluido con la cesión por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, y la transferencia de los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, incluyendo todos y cada uno de los contratos que la citada Comisión hubiese suscrito, a Telecomunicaciones de México.

Quinto. Dentro de los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, y previa consulta pública, la Secretaría deberá expedir las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del gobierno federal con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes.

Sexto. El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico a que se refiere la fracción V del artículo décimo séptimo transitorio, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado el 11 de junio de 2013, deberá sustentar de manera técnica y científica que no exista ninguna afectación para los concesionarios y permisionarios actuales y futuros, así como garantizar la transición a la radio digital de todos los concesionarios de Amplitud Modulada. En el caso de las Concesiones de Uso Social, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar los trabajos necesarios para asignar las frecuencias de uso social en la parte alta de la banda de FM. Estas estaciones serán de baja potencia y con la altura máxima que determine el Instituto mediante reglas de carácter general.

Séptimo.Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Instituto otorgará las concesiones para usos sociales que se hubiesen solicitado con anterioridad a esa fecha, en la parte alta de la banda FM.

Octavo.Dentro de los 45 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo dará a conocer al Senado de la República los resultados de la consulta pública que hubiese llevado a cabo de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del inciso V del apartado B del artículo 6o. constitucional, para la selección de los nueve consejeros honorarios de Visión México. A más tardar 15 días hábiles después de recibidos los resultados de dicha consulta, el Senado deberá elegir a los consejeros de Visión México, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes, o en sus recesos, de la Comisión Permanente.

Para efectos de lo anterior, y con objeto de garantizar el escalonamiento de la duración en el cargo de los consejeros, el Senado determinará ternas que durarán en su encargo, la primera, tres años a partir de su designación; la segunda, cuatro años a partir de su designación; y, la tercera, cinco años a partir de su designación. En cualquier caso, antes de terminar su encargo los consejeros podrán ser ratificados para un segundo periodo por el Senado.

Noveno. Simultáneamente a que se presente al Senado los resultados de la consulta pública para la designación de consejeros, el Ejecutivo Federal propondrá al Senado su designación para Presidente de Visión México, quién deberá ser aprobado por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

Décimo. De conformidad con lo establecido en el artículo Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 95 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el “Diario Oficial” de la Federación el 11 de junio de 2013, a más tardar el 7 de marzo de 2014 el Instituto deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones.

Décimo Primero. De conformidad con lo establecido en el artículo transitorio Cuarto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 95 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el “Diario Oficial” de la Federación el 11 de junio de 2013, a más tardar el 6 de mayo de 2014, el Instituto deberá emitir lineamientos de carácter general, estableciendo los requisitos, términos y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les autorice la prestación de servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de concesión. La autorización podrá otorgarse a los agentes económicos preponderantes sólo cuando se encuentren en cumplimiento de las medidas que se les hayan impuesto conforme a lo previsto en los artículos 196, 197, 198 y 199 de la presente Ley.

El instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este párrafo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las contraprestaciones correspondientes.

Décimo Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo transitorio Quinto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 95 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el “Diario Oficial” de la Federación el 11 de junio de 2013, la transición digital terrestre deberá culminar el 31 de diciembre de 2015. Al respecto, los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.

Décimo Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo transitorio octavo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 95 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el “Diario Oficial” de la Federación el 11 de junio de 2013, a más tardar el 7 de marzo de 2014 el Instituto deberá revisar, los títulos de concesión vigentes, a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y modalidades. Asimismo, el Instituto, dentro del mismo plazo máximo, deberá recabar la información necesaria a fin de constituir el Registro Público de Concesiones a que refiere el artículo 28 de la Constitución.

Décimo Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo transitorio octavo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 95 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, y para dar para dar cabal cumplimiento al Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, a más tardar el 7 de marzo de 2014 el instituto deberá publicar las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento eficiente de los mercados, máxima cobertura nacional de servicios, derecho a la información y función social de los medios de comunicación, y atendiendo de manera particular las barreras de entrada y las características existentes en el mercado de televisión abierta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.— Diputados: Purificación Carpinteyro Calderón, Rodrigo González Barrio, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Joaquina Navarrete Contreras, Antonio García Conejo, Mario Miguel Carrillo Huerta, Martha Lucía Micher Camarena, Mariana Dunyaska García Rojas, Verónica Beatriz Juárez Piña, Fernando Belaunzarán Méndez, Ángel Cedillo Hernández, Jhonatan Jardines Fraire, Margarita Elena Tapia Fonllem, Arturo Cruz Ramírez, Víctor Manuel Manríquez González, Germán Pacheco Díaz, José Ángel Ávila Pérez, Antonio Sansores Sastré, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Marcos Rosendo Medina Filigrana,  Alfa Eliana González Magallanes (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. El diputado Homero Niño de Rivera está pidiendo suscribir su intervención, ¿estaría usted de acuerdo? Y acá también la diputada Juárez Piña. Solamente le pregunto si está de acuerdo, diputada.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: Estoy de acuerdo y ojalá muchos más estén de acuerdo, porque no es posible que tengamos que esperar a que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Somos responsables y tenemos que hacer que todos participemos.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. La iniciativa quedará a disposición de la Secretaría para los diputados que quieran suscribirla. Sonido en la curul del diputado Niño de Rivera.

El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela(desde la curul): Presidente, aparte por supuesto de suscribir la iniciativa quisiera hacer un comentario. Hay que recordar que a principios de diciembre se vencen los plazos que nosotros mismos nos pusimos para la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y no veo que aquí nadie esté haciendo ese trabajo.

Por eso, aparte de suscribir, felicito a la diputada Carpinteyro, porque ella está presentando esta iniciativa en virtud de que no se está haciendo ese trabajo. Lo que me aterraría, presidente, es que algún burócrata del gobierno federal esté redactando y legislando desde un escritorio y vengan aquí al cuarto para las doce a pretender que les aprobemos algo sin moverle ni una coma.

Sí quisiera aprovechar aquí para convocar a mis compañeros de la Comisión de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para que hagamos la tarea, que ya comenzó a hacer la diputada Purificación Carpinteyro. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): En el mismo sentido, presidente, para sumarme y para felicitar a la compañera diputada Purificación Carpinteyro y exteriorizar también la preocupación que comparten muchos diputados y diputadas. Me parece que con la iniciativa que ahora presenta la compañera Carpinteyro, se estarán sentando las bases para que lo antes posible las comisiones correspondientes nos pongamos a trabajar. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Aprovecho la oportunidad para saludar la presencia aquí del presidente municipal de Acapulco, Guerrero, don Luis Walton, que está aquí invitado por el diputado Ricardo Monreal. Bienvenido, presidente.

Continúe la Secretaría.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos tercero Bis y décimo octavo de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y expide la Ley del Impuesto sobre la Renta.

1 El dictamen mencionado se encuentra en el Anexo I de esta sesión

2 El dictamen mencionado se encuentra en el Anexo II de esta sesión

El dictamen mencionado se encuentra en el Anexo III de esta sesión.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental*, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se ponga a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se autoriza. En consecuencia, tiene la palabra el diputado José Arturo Salinas Garza, por las comisiones dictaminadoras para fundamentar el dictamen.

El diputado José Arturo Salinas Garza:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, primero que nada quisiera agradecer y no quiero dejar pasar esta oportunidad a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a su presidente José Isabel Trejo Reyes, a los integrantes de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo y, obviamente, la disposición que tuvieron todos los diputados para los trabajos de esta iniciativa y de este dictamen.

Conformar una definición de federalismo es muy complicado y esto parte de la idea de que no hay un modelo único. La esencia del federalismo está —sin duda alguna— en crear instituciones, procesos que ayuden a que la vida diaria sea mucho más sencilla y que el aspecto democrático, sobre todo en los estados, en los municipios, se pueda vivir en forma de autogobierno.

El día de hoy con las reformas que estamos presentando a la Ley de Coordinación Fiscal estamos creando un nuevo paradigma, porque todos los estados tienen que reconocer que ya hay una interdependencia, que es un mosaico en el cual todas las entidades federativas son distintas y, sobre todo, que los municipios no se encuentran ni aislados ni solos, forman parte de una red de zonas metropolitanas o de convivencia entre unos y otros de manera no centralizada.

Hoy hemos logrado con esta reforma un cambio de paradigma, porque estamos fortaleciendo la transparencia de los recursos, al obligar que todas las entidades federativas publiquen a más tardar el 15 de febrero, en su periódico oficial, en su página de Internet, los montos que van a recibir de recursos de la federación y, sobre todo, la fecha, los calendarios, las variables y los montos que habrán de distribuirse entre sus municipios.

Sin duda alguna esto nos llevará a tener una mejor planeación en el área municipal, los alcaldes hoy podrán planear con certeza el uso de sus recursos y, sobre todo, los ciudadanos también podrán contar con la información de que el recurso que se está destinando a su entidad federativa y a sus municipios está siendo ejercido en tiempo y forma.

También se garantiza que cuando menos todas las entidades y municipios de este país reciban los recursos que en 2013 les fueron asignados. Ya no vamos a volver a ver lo que pasó en 2011, en donde más de mil 200 alcaldes de este país perdieron 6 mil millones de pesos por hacer bien su trabajo, por haber reducido los índices de marginación y de pobreza. Esa ley —la que hoy estamos modificando— los castigaba y les quitaba recursos. Esto ya no volverá a pasar, porque además esta reforma fortalece las finanzas municipales y premia la recaudación y premia el desempeño.

Hoy hemos logrado un cambio de paradigma, porque en el Fondo de Fiscalización y Recaudación los municipios podrán recibir en forma anticipada recursos mensualmente que les ayudarán a tener mejores flujos, mejor administración y, sobre todo, una mejor planeación para sus ciudadanos, porque además en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios estamos incluyendo una nueva fórmula, una fórmula en donde se va a premiar el desempeño para aquellos municipios que reduzcan los índices de marginación y reduzcan los índices o la intensidad de pobreza.

El dictamen también propone la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el cual va a generar un adecuado control administrativo de las nóminas de los maestros que son transferidas a los estados. Pero también este fondo va a incluir los gastos de servicios personales de prestaciones que correspondan a estas plazas.

Asimismo, en la creación de este fondo se está estableciendo un fondo de compensación, para que en aquellas entidades que por concepto de FAEP recibían recursos superiores o adicionales a las plazas que tienen contratadas sigan recibiendo ese recurso y pueda ser utilizado para el pago de plazas estatales o de servicios educativos. Pero, por otro lado, el Fone está logrando que aquellos estados de la República que hoy no tenían los recursos suficientes para pagar a sus maestros puedan contar con estos recursos y la federación estará cubriendo el 100 por ciento de los gastos de estas plazas de maestros federales, adicionadas con sus prestaciones y servicios operativos.

También se incorporan beneficios de adeudos que se tuvieran con la Comisión Nacional del Agua para aquellos municipios o estados que instalen medidores y que, en su caso, puedan poner un mejor control en sus aguas. También tendrán beneficios.

También estamos contando con la incorporación del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales en el FAIS y esto no va a implicar la pérdida de recursos para ningún otro estado o municipio, se están agregando 687 millones de pesos adicionales para que ellos también puedan forman parte de este fondo de apoyo a la pobreza y la marginación.

Quiero también aprovechar y reconocer que en esta Legislatura se está dando este cambio tan importante —entre muchas otras cosas— porque más de 100 legisladores han sido alcaldes y comprendían la problemática que tenía esta Ley de Coordinación Fiscal actual. Porque más de 100 legisladores vivieron en carne propia, cuando estuvieron al frente de sus municipios, las injusticias que tenía la Ley de Coordinación Fiscal y que gracias a estas reformas —que son apoyadas por todos los diputados de este Congreso de la Unión— estamos logrando cambiar el paradigma para tener una Ley de Coordinación Fiscal acorde a las nuevas necesidades del federalismo.

Una nueva Ley de Coordinación Fiscal que va a permitir tener parámetros de desempeño, parámetros de recaudación, parámetros de incentivos positivos para que todos los alcaldes hagan bien su trabajo, disminuyan la pobreza, trabajen constantemente y que van tener recursos adicionales y no los pierdan como solían hacerlo.

Gracias a todos por su solidaridad en el apoyo de este dictamen para impulsar estas reformas, que estoy seguro que serán de beneficio para las entidades federativas, para los municipios y, sobre todo, para los mexicanos porque estoy seguro que se va a traducir en una mejor calidad de vida.

Por lo anterior, compañeros y compañeras diputadas, les pido el voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores legisladores, Nueva Alianza votará a favor del dictamen que se presenta porque contribuye a lograr los objetivos de la reforma hacendaria que son establecer una red de protección social para todos y acelerar el crecimiento y la estabilidad económica.

En diferentes ámbitos del sector educativo nacional existe la idea de que es necesaria una profunda transformación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, conocido como FAEB, que es el principal rubro del gasto federalizado dentro del Ramo 33.

El presente dictamen plantea de manera acertada la transformación del FAEB en el nuevo Fondo de Aportación de Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya identificado como Fone. Éste tiene el objetivo de otorgar un tratamiento más eficaz y establecer mayor control de los recursos para cubrir los servicios personales de las plazas transferidas a los estados, así como en lo relativo a los recursos para apoyar a las entidades federativas en los gastos de operación, administración, formación, actualización, capacitación y superación profesional, incluyendo la atención de la educación inicial, básica, indígena y especial.

El actual panorama del sistema educativo nacional presenta abundantes evidencias de distorsiones e inequidades que mantienen y amplían los rezagos educativos. Justamente en estos meses hemos observado la manera en que la asignación de los recursos de los ramos educativos está supeditada en buena medida a la inercia del sistema y en otros factores como presiones políticas.

En este contexto, Nueva Alianza presentó reservas específicas para la creación del Fone, para que fortalezca la calidad, el control y la transparencia del gasto educativo en un contexto de pleno respeto a los derechos laborales, las conquistas salariales y las prestaciones de los trabajadores de la educación.

En función de nuestra propuesta, con el Fone se garantizan —entre otros— los siguientes aspectos: se respetarán íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación en apego a las disposiciones jurídicas y sus relaciones laborales se mantendrán en los mismos términos que hasta la fecha. Se atiende el financiamiento de todos los tipos, niveles y modalidades educativos que fueron transferidos. Se identifican claramente las plazas por tipo, nivel y modalidad educativa.

Se garantiza que en cada entidad federativa se atiendan las incidencias del personal y sean registradas puntualmente en el sistema de nómina, sin afectar al trabajador, ni en el desplazamiento para el trámite y defensa de sus derechos ni mucho menos en sus percepciones.

Se mantiene la relación laboral de los trabajadores de la educación con las respectivas autoridades educativas estatales. Los pagos retroactivos que excedan de 45 días no podrán omitirse cuando la causa de la demora no sea imputable al trabajador. Por el contrario, los pagos no realizados deberán hacerse efectivos en 30 días máximo.

En las partidas que se destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Fone se incluirá lo necesario para el pago del personal de todos los tipos, niveles y modalidades educativas que fueron transferidos.

Las reformas que hoy aprobamos podrán contribuir a atender los rezagos, superar las insuficiencias y resolver las disparidades que existen entre los estados y municipios, con el objetivo de brindar a todos los mexicanos educación de calidad con equidad.

También puede incidir en una mayor transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos destinados a la educación para evitar dinámicas de discrecionalidad, opacidad e ineficiencia en el ejercicio del gasto.

El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza concuerda con el presente dictamen porque las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de financiamiento educativo contribuyen a ordenar y transparentar el ejercicio de los recursos públicos.

Reconocemos y agradecemos la sensibilidad de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, porque en el dictamen a discusión retoman nuestras observaciones al respecto. Es por ello que manifestamos una vez más nuestro apoyo convencido al presente dictamen a favor. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Saludo al presidente municipal de Coyuca de Benítez, Ramiro Ávila, que está aquí invitado por el diputado Manuel Añorve. Bienvenido a la Cámara.

También le damos la más cordial bienvenida, a nombre de la Mesa Directiva, a un grupo de alumnos de la licenciatura en periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos acompañan hoy, invitados aquí por el diputado Marcos Aguilar.

También a algunos estudiantes de preparatoria y docentes del Centro Educativo Regional de Atotonilco, que están aquí invitados por el diputado Ossiel Omar Niaves López. Bienvenidos todos a la sesión.

Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Le agradezco mucho, señor presidente. Con la venia de la asamblea. El día de hoy iniciamos –creo– el grueso de las verdaderas reformas importantes de la tan controvertida reforma hacendaria. Es por eso que en el inicio de esta discusión hemos decidido posicionar no solamente sobre coordinación fiscal, sino la lógica completa que tenemos sobre la reforma hacendaria.

Primero. El Partido del Trabajo —lo hemos dicho en público y en privado— se posiciona en contra de la reforma hacendaria, en contra de todo aquel impuesto que afecte el patrimonio o bienestar, e inclusive el ánimo aspiracional de crecimiento de los mexicanos.

Sin embargo, hemos entrado a la discusión y hemos entrado también al estudio profundo de esta reforma y hemos separado, tenido la madurez de separar lo que es para eficiencia administrativa y lo que es estrictamente recaudador.

Nos pronunciamos en contra de lo que entendemos —primero— como una simulación del mal llamado seguro de desempleo. No podemos engañar a la gente y decirle que le estamos creando un seguro, cuando en realidad se está creando un fondo que saldrá de su propio dinero y que podrán utilizar eventualmente cuando coticen, y que éste es uno de los planteamientos centrales que hace esta reforma hacendaria supuestamente una reforma social. No podemos nosotros estar en este planteamiento de engaño.

Estamos rotundamente en contra del IVA en la frontera. Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, pero sobre todo como chihuahuense, no podemos permitir que se dañe la economía y la vida de los fronterizos de esta manera. Hemos también dicho muy claramente que estamos en contra del daño al patrimonio que se hace con la imposición del ISR en la enajenación de viviendas, porque acaba con el tema aspiracional de la gente de poder tener un patrimonio. Y gravarlo con hasta un 32 por ciento significa que el gobierno le va a quitar un valor casi del 40 por ciento a la vivienda de los mexicanos, aunque sea por un valor de 700 mil UDIs o más.

Nos hemos pronunciado igualmente en contra del ISR agropecuario, porque creemos que debe de permanecer en tasa cero. El tratar de gravar a las actividades primarias de este país no hace más que evitar que estas actividades primarias se retraigan. Nosotros creemos que debe devolverse a como está actualmente el régimen, para que el sector agropecuario y el sector primario se tasen cero en este país.

Estamos igualmente en contra del terrorismo fiscal que se aprobó en el Código Fiscal y que ya lo hemos dicho en días pasados. Estamos en contra del IEPS en las gasolinas y en el diesel, porque también afectará claramente la actividad primaria de este país.

Sin embargo, hay otras cosas que creo que avanzamos y que creemos que pudimos haber avanzado más. Primero, el ISR en transacciones bursátiles debió haber ido más a fondo.

En esta reforma fiscal no se debe tratar de gravar el consumo, sino de gravar la renta. Y uno de los temas que le duelen más a la ciudadanía es que no paguen más los que más tienen.

Debimos haber fijado el derecho del 7.5 de derecho minero sobre producción a boca de mina y no solamente sobre ganancias. Y también debimos haber aprovechado la oportunidad en ésta, precisamente en la discusión de este dictamen para realizar una verdadera reforma federalista que distribuyera de manera más equitativa los recursos entre la federación, entre el estado y los municipios. Igualmente —como lo verán en nuestras reservas— nos pronunciamos en contra de la centralización del pago de los maestros. Pero también reconocemos lo positivo y es por eso que nos vamos a abstener en esta Ley de Coordinación Fiscal. ¿Por qué? Porque se cambian las variables de determinación de los fondos. Este es un tema meramente de eficiencia administrativa, pero también de justicia —creo yo— para aquellos estados y municipios que verdaderamente están atacando la pobreza.

El FAIS actualmente se distribuye en función con niveles de pobreza extrema, lo cual origina un rezago. Lo que se está haciendo ahora es que se cambie este paradigma y también se premie a aquellos presidentes municipales y aquellos gobernadores que están tratando de sacar a sus regiones de la pobreza.

Finalmente, creemos que hay cosas positivas también en el tema del IEPS que señalaremos más adelante, pero anunciamos que en general iremos en contra de la reforma hacendaria. Pero en esta Ley de Coordinación Fiscal nos estamos absteniendo, porque el cambio de variables es verdaderamente un avance en el tema de actualización de la determinación de la pobreza y de cómo aliviar la pobreza en este país. Ésa es la posición del Partido del Trabajo.

Estamos fijando nuestro voto en abstención en la Ley de Coordinación Fiscal y en contra en todo lo que tiene que ver con lo impositivo en este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, señor presidente. Quiero comentarles que el posicionamiento de Movimiento Ciudadano va en contra, por la siguiente razón: Movimiento Ciudadano presentó el año pasado una reforma al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y considerando que el federalismo es la forma más democrática de organización de un Estado nacional no se ha fortalecido al municipio.

El municipio representa los núcleos sociales más importantes del país. Es ahí en donde se atiende toda la problemática, directamente con el presidente municipal, situación de la que no se entera ningún secretario de Estado, más que el presidente municipal y él es el gestor y es el que tiene menos recursos.

Hoy más de 1,800 presidentes municipales unidos, que apoyan la reforma al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se pide que la distribución del Presupuesto federal —en donde la federación se queda con el 80 por ciento y solamente el 20 por ciento lo da a estados y municipios— ahora con esta reforma, que se plantea como la gran reforma en donde los municipios van a salir de la pobreza, estamos hablando de incrementarle solamente 3 puntos a ese 20 por ciento. De los cuales, con esos 3 puntos solamente le va a tocar el 4 por ciento de ese 23 al municipio.

No creo que con un punto más que se le haya aumentado o tres puntos que se aumentan pueda resolverse el problema de la pobreza. Por esa razón, Movimiento Ciudadano no está de acuerdo con este tema.

Hoy les corresponde a los diputados hacer esta reforma y nuestros 1,800 presidentes municipales de los 2,400 están decepcionados por la actuación de la Cámara de Diputados. Vale la pena hacer la reflexión de reformar este artículo 2o. y el artículo 6o.

Municipios —no solamente los más pobres—, municipios como el de Monterrey que ha declarado que no tiene los recursos suficientes para continuar operando, municipios como Xochitepec, en Morelos, como Huautla, en Oaxaca, o como Acapulco, que se han quedado en quiebra. Y que consideramos que no es solamente recesión, sino es una quiebra total de los municipios.

Presidentes municipales recurren a actos desesperados para llamar la atención del gobierno federal para obtener recursos, como es el caso de Ignacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Anna, Michoacán, quien está en huelga de hambre frente al Senado.

¿Cuándo se ha visto que un presidente municipal tenga que recurrir a la huelga de hambre porque no tiene para administrar su municipio?

Falta sensibilidad por parte de nosotros, los diputados, para poder modificar este artículo. Aumentar el 3 por ciento de este Fondo de Participación Federal para Estados y Municipios, es seguir manteniendo en la pobreza a los municipios. Es solamente engañar al pueblo y engañar a los presidentes municipales de que van a obtener mayores recursos.

Seguro estoy que los municipios van a continuar con su lucha y los vamos a seguir apoyando a los presidentes municipales. Así como tardamos para poder aprobar que las mujeres tuvieran el derecho al voto, tal vez nosotros también nos vamos a tardar para hacer conciencia en las Cámaras de Diputados y de Senadores para entender que para fortalecer al federalismo y a los municipios necesitamos darles más recursos y ser más equitativos en la distribución del Presupuesto federal.

Hay que partir de un principio: el dinero no es de la federación. El dinero no es del gobierno federal ni de los estados. El dinero es del pueblo. Es el dinero que pagan todos los mexicanos al comprarse unos huaraches, al comprarse una camisa, al comprar un litro de leche, es a través de estas compras que se pagan los impuestos federales y los municipios se quedan sin estos recursos y se lo lleva la federación.

Por ese motivo es necesario reflexionar que no estamos de acuerdo con esta reforma de la Ley de Coordinación Fiscal, porque el dinero se le quita al mexicano no se le regresa eficientemente a través del municipio. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, señor presidente, honorable asamblea, no podríamos discutir esta importante reforma hacendaria sin el acompañamiento de más y mejores servicios públicos, una mejor distribución de los ingresos y, sobre todo, un fortalecimiento a nuestro federalismo.

Es en este contexto que la discusión sobre el dictamen de la Ley de Coordinación Fiscal se hace relevante, con mecanismos de sanciones, fijando límites que abonan a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Las propuestas que hoy aprobaremos cambiarán de manera importante el desarrollo y funcionamiento de nuestros estados y municipios. Basta señalar la conformación del nuevo fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo, mediante el cual será posible erogar un gasto más controlado, eficiente y con responsabilidades de una mayor fiscalización para cubrir la nómina de los maestros mexicanos.

La reforma educativa de nuestro país no podría concebirse sin una transformación en el ejercicio del gasto dentro de este sector. Por lo cual, celebramos la propuesta de nuestro presidente.

Por supuesto, debo reconocer el esfuerzo y trabajo de todos los legisladores de esta Cámara que votamos en comisiones unidas, tanto de Fortalecimiento al Federalismo como de Hacienda y Crédito Público, la noche anterior para asegurar que esta enmienda fuera acompañada de mecanismos que aseguren el respaldo total a nuestras entidades federativas.

Asimismo queda plasmado el compromiso y responsabilidad de la SEP para el adecuado manejo y control de los recursos a través de un sistema de administración moderno que garantice la entrega oportuna y transparente de los recursos.

Por otro lado, los mecanismos realizados en las reglas de operación en los fondos destinados a la procuración de la salud nos darán mayor transparencia y eficiencia en la aplicación del gasto.

Uno de los grandes avances que debemos destacar es la incorporación del Distrito Federal al Fondo para la Infraestructura Social, además de un reconocimiento a esas necesidades de la población capitalina, que aun siendo la ciudad más poblada de nuestro país no contaba con una disposición de recursos para planes de contingencia similar a la de otras entidades federativas.

Otro cambio que nos congratula es la posibilidad de que los estados puedan acceder a anticipos de los recursos programados para este ejercicio fiscal. Con ello, nuestros gobernadores y presidentes municipales tendrán la posibilidad de llevar a cabo una mejor planeación de sus proyectos y programas que impactarán positivamente al crecimiento y desarrollo local.

Asimismo se desarrollan mecanismos para lograr incentivar verdaderamente la eficiencia tributaria y el ejercicio del gasto al interior de los estados y municipios, ya que la eficiencia recaudatoria y la disminución de la marginación y la pobreza se verán premiadas con un mayor acceso a recursos públicos. Esto implicará un verdadero incentivo para que nuestros alcaldes tengan una mejor actuación, que tenga un impacto real y palpable en la población.

Esto se prevé que vaya muy de la mano con la capacitación que queda plasmada en uno de los apartados de los artículos. Nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido Verde, específicamente el diputado Ernesto Núñez, que preside la Comisión de Desarrollo Municipal, presentó una iniciativa al respecto para que se dé la capacitación adecuada a los funcionarios municipales, particularmente a la hora que van a ingresar a tomar las riendas de su gobierno.

Por otra parte, el agua es uno de los temas de mayor relevancia y preocupación para nuestro grupo parlamentario, de manera que los controles con los medidores que se instalarían aplicarían como incentivos para disminuir los adeudos y mejorar el cobro de este vital líquido a nuestros municipios. Ése es un cambio fundamental dentro de las reformas que hoy aprobaremos.

Finalmente, solo quiero manifestar nuestro total apoyo al presente dictamen, toda vez que representa una transformación significativa para nuestro federalismo. Las enmiendas que estamos a punto de aprobar ofrecerán un método para ser más eficientes en el uso de los recursos que beneficiará directamente a la gente, pues el municipio es el ente público con mayor contacto directo hacia la población. De manera que al quitar etiquetas y procedimientos que atan el desarrollo municipal estamos liberando mayores posibilidades para el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

Un federalismo fuerte es la clave para alcanzar un desarrollo equilibrado que se traducirá en la disminución de la marginación y la pobreza en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Jhonatan Jardines Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, venir a hablar de la Ley de Coordinación Fiscal, en un marco donde viene la reforma hacendaria que propuso el Ejecutivo federal, nos da la primera pauta para saber el desarrollo económico de nuestro país por lo menos por los próximos diez años.

Sabemos que toda esta tarde tendrá una trascendencia para todos nosotros y nosotras, que quedará —escúchenlo bien— en la historia legislativa de este país. Sin embargo, a mí me toca hablar de la Ley de Coordinación Fiscal y lo resumiremos en dos grandes rubros. Primeramente tendré que hablar de lo que representa el Fondo de Aportaciones Infraestructura Social para el Distrito Federal, de donde su servidor es diputado federal.

Durante más de 15 años nosotros, como PRD, estuvimos impulsando, gestionando que este fondo estuviera abierto, no al Distrito Federal, sino para la gente que vive aquí, que trabaja aquí, que también desarrolla y es parte de esta gran federación.

Este fondo —como ustedes lo saben— es de impacto principalmente para todo lo que son los municipios y, en nuestro caso, demarcaciones territoriales o también delegaciones políticas.

Nos pareció siempre injusta e inequitativa esa exclusión, porque el daño no era para un gobierno políticamente distinto al que gobernaba el resto del país, sino era implícitamente denostar la calidad de ciudadanía que tenemos todos los habitantes del Distrito Federal.

Reconocemos la sensibilidad del secretario de Hacienda, que pudo aperturar esta ley para que pudiéramos ser inscritos, porque hay que reconocer una consideración para todas las demás entidades federativas: Nadie tuvo que poner nada de sus fondos de la aportación que ya les tocaba, este cargo del Distrito Federal pasó directamente a los recursos federales.

Reconocemos también a los demás grupos parlamentarios que apoyaron esta posibilidad de que hoy estuviéramos inscritos. Reconocemos también a las entidades federativas que no obstaculizaron la apertura del capítulo del FAIS y del ingreso del Distrito Federal. Pero, sobre todo, reconocemos a la gente del Distrito Federal, por el gran beneficio y por la gran lucha que han hecho a través de sus gobiernos y que en este último momento —encabezado por el jefe de gobierno— se culminó en esta posibilidad de que hoy estemos inscritos.

Les agradeceremos a todas las diputadas y diputados que hoy materialicemos —en unos minutos— por el voto favorable, como lo emitirá el Grupo Parlamentario del PRD, en esta iniciativa.

También reconocemos que fue un gran esfuerzo de más de un año por la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, que también fue una propuesta de ellos que estuvieron con todos los integrantes, siempre tenazmente tratando de convencer a esta Legislatura para que se pudieran modificar las condiciones que los otros que me antecedieron, integrantes de diversos grupos parlamentarios ya han hecho.

Sin embargo, quiero terminar con esta parte, porque es algo que favoreció enormemente a los gobiernos de izquierda. El nuevo Fondo de la Nómina Educativa, Fone, debemos reconocer que todas las prestaciones que hoy gozan y tienen las plantas docentes en los estados estarán intactas, que sabremos que todas esas plazas que hoy existen, sabremos en dónde están, cómo están, si están en aula o no están en aula, porque en esa consideración se tendrá que precisar de forma transparente cuáles son y donde están los recursos de todo el pueblo mexicano y cómo se invierten.

Sabemos también que se garantizaron los recursos a las Escuelas Normales, donde sé que muchos diputados de aquí, como mi vicecoordinador, Alonso Raya, egresaron de una de estas instituciones. Por lo anterior y como ya lo manifesté, el voto del Grupo Parlamentario del PRD será a favor. Por todas estas consideraciones y por su atención, diputadas y diputados, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores:Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas, el día de hoy Acción Nacional se congratula al presentar este dictamen que emana de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo el cual sin duda alguna va a dotar a los municipios de mejores capacidades de ejercicio en cuestión de sus recursos y sus fondos.

Quiero agradecer el esfuerzo hecho por la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo desde hace ya más de un año, encabezada por su presidente José Arturo Salinas Garza. Este esfuerzo es un esfuerzo de legisladores, es un esfuerzo que el Ejecutivo está tomando como suyo. Es un esfuerzo que encontró el consenso de muchas fuerzas políticas, de todas. Sacamos el dictamen por unanimidad de votos en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo. Sin duda alguna es la única reforma que va a tener un consenso tan claro en esta reforma hacendaria que presenta el Ejecutivo. Sin duda alguna también este esfuerzo de legisladores va a dar frutos para beneficio de todos los municipios. Sin duda alguna todos contribuimos, todos aportamos, todos fuimos responsables en las propuestas.

En Acción Nacional siempre hemos tenido nuestro espíritu federalista y lo hemos demostrado ya con anterioridad. Siempre tomamos como base la política y la autonomía de todos los municipios.

Como ya se dijo aquí, trabajamos de forma ardua con asociaciones civiles, con expertos, incluso trabajamos con los principales interesados de esta reforma que son nuestros alcaldes. Estos alcaldes que tuvieron un desfalco a su nómina, que tuvieron descuentos en sus fondos por hacer bien su trabajo. Lamentablemente la fórmula que se presentaba hasta el día de hoy era perversa y castigaba aquellos municipios que hacían bien su trabajo, castigaba aquellos municipios que sacaban de la pobreza a su gente.

Con esto vamos a abonarle a la recaudación, a hacer municipios sanos, a hacer municipios que realmente trabajen como deben hacerlo a favor de su gente. No vamos a permitir alcaldes que quieran jugar con la pobreza de la gente.

Con esto, también aquellos gobernadores que a su arbitrio repartían el dinero de los fondos se va a quitar. Se establecen fechas claras, fechas que deben cumplir todos los gobernadores para bajar el recurso de sus fondos. Con esto vamos a dejarnos de chicanadas de los gobernadores, que por el simple hecho de militar en un partido distinto no bajaban sus recursos.

Quiero también decirles que sí estamos de acuerdo en el apoyo al DF. Pero para que se aplique directamente a las delegaciones. Aquí no va a haber ningún gobierno federal y no va a haber ningún Mancera que maneje ese recurso. Ese recurso debe llegar a la gente en el Distrito Federal. Esa es la consideración que pedimos, porque no vamos a enriquecer más al gobierno central, vamos a apoyar a las delegaciones del Distrito Federal.

Como decía, en este esquema la fórmula que se presentaba era perversa. El día de hoy invito a que los gobernadores, en conjunto con sus alcaldes, implementen nuevas técnicas y nuevos esquemas de recaudación, nuevos esquemas para ejercer bien el recurso.

Estamos ampliando la etiquetación. Actualmente era muy lamentable que el destino del fondo tenía que ser específicamente para escuelas y pavimentación, había municipios que tenían solamente una escuela y una calle. Y cada administración en cada año tenía que pintar la misma escuela y tenía que arreglar la misma calle porque no tenía más y tenía que gastarse el recurso solamente en eso. Con esto abrimos la etiquetación, le estamos dando apertura a que los alcaldes administren bien su riqueza y que le den mantenimiento a sus calles, mantenimiento a sus escuelas, a su gusto, porque nadie conoce más las necesidades de su población que sus alcaldes.

Acción Nacional en este espíritu federalista votará a favor de esta reforma. Votará a favor —como siempre— de esta reforma, que es de las pocas reformas que la reforma hacendaria está presentando con un beneficio real.

Acción Nacional nunca va a votar por reformas que lastimen la economía de los ciudadanos y no vamos ni siquiera a votar a favor de eso, incluso así nos den un fondo de capitalidad por muchos millones de pesos, no lo vamos a hacer.

La conciencia de Acción Nacional no está en venta. La conciencia de Acción Nacional está por los mexicanos y ni un fondo de capitalidad nos va a comprar la consciencia. Vamos en contra de las reformas que lastiman a México. Es cuanto, ciudadano presidente.

Presidencia diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado don Enrique Alejandro Flores Flores. Tiene el uso de la palabra el diputado Benito Caballero Garza, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Benito Caballero Garza:Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Distinguidos compañeros, todos, diputados y diputadas, esta iniciativa es producto de un esfuerzo compartido de las fuerzas políticas representadas en esta soberanía y cuyas propuestas fueron recogidas por el Ejecutivo federal.

Desde finales del año pasado, los diputados y las diputadas de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, apoyados por un panel de expertos, nos pusimos a trabajar fuertemente porque coincidíamos en algo: los fondos de los Ramos 28 y 33 eran inequitativos, eran injustos, porque ni llegaron a los más pobres de nuestro país ni las etiquetas permitían mejorar las condiciones de pobreza.

Asimismo estas fórmulas impedían la aplicación municipal a largo plazo, no son transparentes y ponían a los municipios en un estado de indefensión frente a sus gobiernos del estado. Cuando el estado no quería dar los recursos no había una forma de obligarlos. También castigaba al presidente municipal que había logrado bajar los índices de marginación porque les otorga menos recursos por haber disminuido la pobreza en sus ayuntamientos en los años anteriores.

Así todos los legisladores de todos los partidos trabajamos en conjunto. Logramos encontrar nuevos esquemas y nuevas fórmulas que redundarán en beneficio de los ayuntamientos de México y, por ende, de todos sus habitantes, pues todos coincidimos en la urgente necesidad de hacer modificaciones necesarias que fortalezcan y apoyen la economía de los estados y los municipios.

El 11 de septiembre pasado, luego de un año de trabajo en la comisión aprobamos una iniciativa que fue turnada a la Mesa Directiva de esta Cámara. Mi reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes de esta comisión, a su presidente, a su Junta Directiva y a todos y cada uno de los diputados que participaron para la elaboración de esta iniciativa, misma que fue también valorada por el Ejecutivo federal, pues el documento que hoy nos ocupa contiene la mayor parte de las propuestas que la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo presentó en su momento.

Esta iniciativa tiene tres rubros principales: privilegia la eficiencia en el combate a la pobreza, trasparenta la fórmula de distribución de los recursos y quita la camisa de fuerza en que se habían convertido estas etiquetas, además de que ya no se pueden secuestrar ni politizar los recursos entre el estado y los municipios. Pero además, el Ejecutivo federal fue más allá y agregó la creación del Fondo de Aportación de Nómina Educativa y Gasto Operativo, el cual genera un adecuado control administrativo de la nómina de los maestros transferidos a los estados, con lo cual se podrá hacer más eficiente y transparente en el pago de esta nómina.

También el Ejecutivo propone reformar el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que especifica que los estados deben transparentar la información relativa al número de las plazas docentes con las que cuenta y publicar esta información en el portal de la Secretaría de Educación Pública.

Compañeros y compañeras diputadas, hoy podríamos hacerlo mediante esta iniciativa que resuelve el Ejecutivo federal y que recoge también el trabajo de los diputados de esta Cámara, podemos garantizar que ningún estado o municipio vea disminuidos sus recursos en el 2014. Asimismo con esta iniciativa lograremos que los recursos se asignen de forma equitativa y de manera transparente, logrando —finalmente— que los recursos que se asignen al Ramo 28 sean resarcitorios y que los recursos que correspondan al Ramo 33 sean compensatorios para estados y municipios.

Las fórmulas y las propuestas que contiene esta iniciativa estimulan y fomentan el desarrollo de los gobiernos locales y contribuirán a disminuir sus índices de pobreza, eliminando la politización de la entrega y distribución de los recursos.

También contempla la modificación de las etiquetas actuales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y permite que puedan aplicarse con las necesidades propias de cada alcaldía o municipio, sin separarse de los objetivos originales de los fondos. También —por supuesto— incluye sanciones para los gobiernos estatales que se nieguen a entregar oportunamente los recursos a los municipios, lo cual contribuirá a la pronta ejecución y disposición de los recursos destinados a los ayuntamientos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, muchos de nosotros hemos sido presidentes municipales, sabemos de lo que estoy hablando. Y muchos de ustedes desean serlo y estarán en mejores condiciones para gobernar y para cumplir, porque esta iniciativa cambiará la forma en la aplicación y la distribución de los recursos, por lo cual la considero como una acción directa en beneficio de la ciudadanía. Porque, aunque más de dos mil municipios del país se verán directamente beneficiados, el objetivo es que este beneficio llegue a todos y cada uno de nuestros compatriotas.

Por lo anterior, los invito a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado, don Benito Caballero Garza. Para hablar en contra tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. En Movimiento Ciudadano estamos en contra de la reforma hacendaria. Estamos en contra porque se hace una reforma fiscal donde se suben impuestos en un momento de recesión económica, en un momento donde la economía va a la baja, y esto en la lucha que hemos librado no podemos nosotros avalarlo.

Votamos en contra del Código Fiscal porque implica medidas terroristas para los contribuyentes. Votamos en contra de la Ley Aduanera porque a un gremio que en base a su experiencia y su profesionalización ha hecho esta actividad repentinamente se le liberaliza, entre comillas, pero finalmente se pierde el control en las fronteras en un tema que también es de seguridad nacional.

En esta ley no podemos estar de acuerdo, porque no hay un verdadero federalismo hacendario. Los estados y los municipios tienen que seguir mendingando recursos, tienen que seguir los gobernadores haciendo antesalas en las oficinas para que les autorice el señor vicepresidente económico del país, Luis Videgaray, recursos para sus estados.

Y esto que se anuncia como un gran logro no es sino un goteo, algunos recursos al calor de negociaciones políticas, al calor de necesidades del régimen donde en estas transacciones se hacen cambios que no implican un fondo, que no implican una verdadera transformación.

Decía mi compañero Víctor Jorrín, que ha encabezado una lucha por un nuevo federalismo fiscal, las penurias y las angustias de cientos de alcaldes en el país que no encuentran justicia ante sus gestiones. Por eso no podemos avalar este régimen a cuenta gotas.

En el caso de la Ciudad de México, nos parece que es equiparable, de algún modo, a la lucha que han librado las mujeres del país por el reconocimiento de sus derechos. Los derechos se reivindican, no se imploran. La Ciudad de México ha ganado espacios en base a una lucha y así ha ido eligiendo a sus autoridades. Si fuera por el viejo régimen priista seguiría habiendo regentes de la Ciudad de México.

Por eso nuestro reconocimiento a Cuauhtémoc Cárdenas, a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard Casaubón. Ellos no tuvieron que arrodillarse para lograr beneficios para la Ciudad de México, lograron mantener las banderas progresistas y en base a su lucha, y de millones de habitantes del DF, lograron ganar más recursos para la Ciudad de México.

Por eso nosotros no estamos de acuerdo con estas migajas tributarias para los estados y para los municipios. Desde ahí empieza el mal, desde ahí empieza esta reforma hacendaria regresiva. Y por eso nuestro voto será en contra de este dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Para hablar a favor tiene el uso de la palabra la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Karen Quiroga Anguiano:Con la venia de la Presidencia. Es muy importante el avance que se ha tenido con estos ordenamientos que en unos minutos más estaremos aprobando. Es un gran esfuerzo por reforzar un pacto entre gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales y diputados. Todos los grupos parlamentarios responsables han estado a favor de generar las condiciones para que en este país, con los recursos que hay —que no son suficientes— se pueda conservar la gobernabilidad.

Qué pena que a esta tribuna suban los que no supieron gobernar y los que han votado infamias en contra de la clase trabajadora y a favor de los más ricos de este país. Qué pena que suban los que hicieron un gran daño y un baño de sangre en todo el país a decir que está mal ponerse de acuerdo. Cuando no les conviene levantan la mano y con el dedo flamígero apuntan y dicen: no estamos de acuerdo, porque no pudimos en los últimos dictámenes defender a los banqueros.

Y qué decepción del diputado que me antecedió. Respetuosamente le digo, diputado, deje de molestar a los habitantes de la Ciudad de México. Deje de querer perjudicar desde la izquierda y desde un discurso falso porque con la izquierda protesta y con la derecha cobra. Deje usted de molestar a la actitud responsable del jefe de gobierno por conseguir más recursos para que esta ciudad siga siendo generosa con todos los habitantes de la República.

Ojalá nadie de su familia se enferme y necesite que en un hospital de la Ciudad de México lo atiendan. Ojalá no necesite absolutamente nada y ningún transporte de la ciudad. Usted circula todos los días que viene a sesión con su carro por las calles de esta ciudad y le quiere quitar dinero diciendo que nos pusieron de rodillas.

Disculpe, está usted muy equivocado. Qué pena que desde la izquierda se dé un discurso en contra de esta ciudad que ha votado por la izquierda y de la cual usted y muchos otros se han visto beneficiados. Qué pena, diputado. No lo vamos a permitir.

Agradecemos, sí, a la visión del jefe de gobierno. Agradecemos a todos los diputados de la Comisión de Hacienda, que permitieron que este fondo de capitalidad se empiece a dar en el presupuesto.

A nosotros nos hubiese gustado que hubiese venido en la Ley de Coordinación Fiscal, pero seguiremos insistiendo, seguiremos insistiendo en que esto se dé, y vamos también por la reforma política. Espero que ahí también apoyen o que se desenmascaren los que están en contra de los habitantes de este generoso Distrito Federal. Gracias a todos por este apoyo tan grande y por generar una equidad que no perjudica absolutamente a nadie ...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputada, permítame. Sonido en la curul... Concluya, diputada, concluya. Concluya la oradora.

La diputada Karen Quiroga Anguiano:Iba a decir es cuanto, diputado presidente. Pero si quiere decir algo aquí el diputado con su moralina en contra de los habitantes de la ciudad, aquí está el PRD para contestarle.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Karen Quiroga Anguiano. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Para comentar que parecía que estaba escuchando al diputado Sotomayor del PAN. Es una postura fascista y me da vergüenza que les aplaudan más los del PRI que la gente de la izquierda. A nosotros nos parece que se conforman con migajas.

La Ciudad de México requiere mucho más recursos que los que han negociado con Videgaray y con el PRI. Esa es la vergüenza de la izquierda y nosotros contribuimos a que llegaran al poder.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrado su dicho en el Diario de los Debates. Para hablar en contra tiene ahora el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Claro que estamos en contra. Miren, en menos de ocho horas esta Cámara, los que van a votar a favor, los que antes estaban a favor del pueblo inclusive, hoy ellos mismos van a votar, en menos de ocho horas, a favor de subirles los impuestos a todos los mexicanos y mexicanas. Ese es el fondo del debate.

La esencia del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal básicamente consiste en que la federación y los estados suscriben convenios de coordinación fiscal, por medio de los cuales los estados se comprometen a limitar sus potestades tributarias a favor de la federación a cambio de participar en los ingresos fiscales federales.

La propuesta de reforma que se presenta, en su conjunto no atiende a los principios federalistas que históricamente han venido exigiendo el fortalecimiento de la administración pública y el gobierno de los estados y municipios.

Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal no modifican el control que puede ejercer la hacienda federal sobre los gobiernos en estados y municipios a partir de las fórmulas, porcentajes y fondos de participación de la recaudación federal participable.

Compañeros y compañeras, todos conocemos del peregrinar de los gobiernos estatales y municipales para lograr la transferencia de recursos en forma oportuna. Hoy ya algunos lo hacen hasta de manera anticipada.

La negociación política para obtener fuera del marco legal que este Congreso establece recursos oportunos o adicionales es —y seguirá siendo— carta de subordinación a las políticas que implementa el gobierno federal. Eso es lo que están entregando.

No es virrey, ahora ya casi es el rey al que recibieron, por este pasillo los del FUL, con confeti. Me refiero, ya saben, al frente único de lambiscones, cuando vino el secretario de Hacienda aquí y ustedes lo recibieron.

Insistimos, fuera de los supuestos beneficios que presenta el Partido Acción Nacional, siguen intocados los candados que impiden al fortalecimiento federal y la autonomía de los gobiernos municipales. Aunado a ello, la limitación que imponen los porcentajes de participación para municipios, que básicamente se resumen en acceder a una mínima porción del 20 por ciento de las participaciones que corresponden a las entidades federativas.

No se implementan políticas que fortalezcan la autonomía administrativa y de gestión de los gobiernos municipales, mecanismos que permiten implementar asignación de recursos en forma regional entre municipios de un mismo estado o entre municipios de entidades diferentes, pero que correspondan a una misma región económica o geográfica.

Por ejemplo, ¿cuál es el criterio para determinar en el artículo 4o.-B que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 0.6 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, a los estados que el Inegi ha definido como de extracción de petróleo y gas?

¿No se anuncia que Pemex es de los mexicanos? ¿Por qué no aplicar un principio equitativo y proporcional, no solo en la asignación de todos los estados del país y el Distrito Federal, sino del porcentaje de dichos derechos?

Podríamos hablar de otra forma que acredita que es una reforma de gabinete. Estamos conociendo un punto de acuerdo que firmó la Cámara para conocer en días pasados sobre el informe de montos de condonaciones sobre el impuesto sobre la renta, propuesta que seguimos sosteniendo a partir de un crecimiento desmedido de la deuda total de estados y municipios, que ha crecido en un 150 por ciento en los últimos seis años.

La reforma que se propone es de gabinete. No se consultó o se hizo partícipes a los gobiernos municipales. Hace falta una reforma integral que atienda la necesidad de apoyar a los municipios con los controles administrativos y de auditoría que garanticen la transparencia y ejercicios del Presupuesto público asignado.

Las líneas que sustentan la reforma tienden a fortalecer un centralismo administrativo de control. Muestra de ello es la reforma a los artículos 26 y 26-A del dictamen para el control de la nómina educativa y gasto operativo que corresponde a los estados y al Distrito Federal, lo cual no es garantía para combatir la corrupción con la que operan los sistemas educativos estatales en las plazas que artificialmente inflan los gastos por entidad, siendo el caso de aquellas que tienen los maestros comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de familiares de políticos, que cobran sin tener asignadas funciones educativas.

Ante la demagogia política de los gobiernos federales y estatales existe la duda fundada de que esta centralización administrativa combata la corrupción de uno de los pilares que sustenta la política electoral de los estados. Los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, organismo que se subordina a las políticas del gobierno federal y no a las necesidades y derechos de sus agremiados.

Tiempo nada para más para decirles algo. Sabemos de la anécdota de los diputados de esta Cámara que fueron —la Comisión de Educación— a ver a Chuayffet a decirle: queremos opinar sobre el Presupuesto. ¿Y qué opinó Chuayffet? No, todo lo manda Hacienda, el rey. Es ante el que ustedes son unos lambiscones. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Huerta. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Augusto Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.

El diputado Carlos Augusto Morales López:Con su permiso, diputado presidente. Vengo aquí a fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD y a decir por qué vamos a votar a favor de este paquete de reformas en materia económica.

La izquierda siempre ha luchado por buscar mayor equidad en la distribución de los recursos. La izquierda siempre ha luchado por buscar la igualdad entre los habitantes de una nación. Y en el marco de esta lucha que hemos dado desde la izquierda hoy votaremos a favor de estas reformas porque no se pone IVA en alimentos y medicinas, como lo querían los amigos del PAN. Y no se nos olvida que ustedes fueron los que subieron al 16 por ciento el IVA. Entendemos por qué están en contra de esta reforma.

Vamos a votar a favor de esta reforma...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Le ruego, me permita, señor diputado. Sonido en la curul del diputado Huerta. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Si el diputado acepta una interpelación.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame consultarle. Diputado, ¿acepta usted una pregunta del diputado Huerta?

El diputado Carlos Augusto Morales López: Voy a concluir mi intervención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No la acepta. Continúe.

El diputado Carlos Augusto Morales López: Vamos a votar a favor de esta propuesta, porque se aplica un ISR más progresivo que el que se venía aplicando en los últimos 20 años. Vamos a votar a favor de esta propuesta, porque por primera vez se gravan los capitales especulativos en la Bolsa de Valores y que, por cierto, es el espacio donde participan las personas que más recursos tienen en este país.

Vamos a votar a favor de esta propuesta, porque por primera vez se reconoce la capitalidad que tenemos en la Ciudad de México, y porque se corrige una grave desigualdad de un derecho negado —por cierto también en la administración del PAN— a los capitalinos, a la gente de la Ciudad de México: se nos reconoce la incorporación al FAIS.

Estamos nosotros convencidos que esta propuesta no es blanca y no es obscura, es una propuesta con grandes claroscuros. Pero estamos claros que con esto que acabamos de enunciar —y estamos fijando aquí en esta tribuna— es una propuesta que estamos seguros va a permitir que el gobierno tenga recursos suficientes para programas de desarrollo social.

Vamos a ser vigilantes de que esos recursos se ejerzan de manera eficiente, de que exista transparencia. No estamos dando un cheque en blanco. Vamos a ser vigilantes de que los esquemas de combate a la corrupción sean efectivos y eficaces.

El Grupo Parlamentario del PRD es un grupo comprometido con las causas de los más desprotegidos de este país. Y en este acto lo estamos demostrando de cara al pueblo de México, de frente, sin medias tintas y con un compromiso claro. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Carlos Augusto Morales. Para hablar en contra tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, abordamos uno de los temas más relevantes de este periodo de sesiones, en virtud de que el Presupuesto es uno de los instrumentos reales de gobierno. Lo que no esté contemplado en el Presupuesto tiene pocas posibilidades de prosperar.

Estoy en contra de esta iniciativa y todas aquellas que forman el paquete hacendario en virtud de que por principio estoy en contra de nuevos y mayores impuestos a la población. No se puede meter la mano al bolsillo de los contribuyentes, más profundamente en las actuales condiciones del país. Quisiera argumentar, más que en contra de la iniciativa que hoy abordamos, en contra del paquete hacendario.

Entiendo los acuerdos parlamentarios, y según informa la prensa se tienen ya suficientes votos para sacar adelante la iniciativa. Quisiera compartir particularmente con los compañeros legisladores del PRD, a quienes se supone sumados y según hemos escuchado apoyan esta iniciativa, convocarlos, invitarlos a que no veamos con un sentido burocrático la aprobación de esta propuesta, sino que ejerzamos nuestro derecho a votar en conciencia.

Los argumentos son múltiples. Voy a señalar rápidamente un par de ellos. El incremento al IVA en la zona fronteriza. El ISR al campo. El déficit presupuestal. La base de contribuyentes que no cambia ni la de los privilegiados tampoco. Se ha castigado fiscalmente a la mayoría de la población para no enfrentar a los sectores de la economía que gozan de privilegios fiscales y reducen en forma importante los ingresos del Estado.

En México 60 por ciento de la recaudación fiscal del ISR recae en personas físicas, aún cuando aportan solo con el 2.2 por ciento del PIB. Pero hay dos elementos fundamentales por lo que no podemos —creo— concederle mayores recursos a este gobierno, ni a ninguno, sin cumplir dos condiciones previas. A este gobierno en particular, porque ha mostrado con exceso su frivolidad y su carácter carnavalesco, pero si el gobierno no hace el primer esfuerzo mostrado en el combate a la corrupción y en un programa de austeridad no hay justificación moral, política ni económica para pedirle a los ciudadanos un esfuerzo adicional.

Les voy a dar un par de datos respecto a la corrupción y respecto al exceso del gasto en el gobierno. De acuerdo con el indicador de control de corrupción del Banco Mundial, los últimos cuatro años México ha empeorado notablemente y prácticamente desde el año 2000 se ha ido deteriorando el índice de corrupción.

Estamos acompañados a nivel global, en el lugar número 106, por Malí, Filipinas y Etiopía. En 2002, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calculó que la corrupción cuesta 1.5 billones de pesos. En 2011, el Foro Económico Mundial calculó que la corrupción en México representa el 9 por ciento del PIB. Mucho más que la inversión en educación, 20 veces más que la inversión en investigación científica. Según Transparencia Mexicana en 2010 los hogares destinaron 32 mil millones de pesos a mordidas.

Primero el gobierno tiene que reducir la corrupción para optimizar y eficientar el ejercicio del gasto público, y solo entonces pedir nuevos recursos. Mientras tanto, creo que cualquier cambio, cualquier recurso adicional tendría que absorberlo la lucha contra la corrupción y un programa de austeridad.

Fíjense ustedes, en 2012, según el Informe de Gobierno entre 2000 y 2012 –termino compañeros— el gasto devengado en servicios personales en todos los órdenes y niveles de gobierno creció 141.6 por ciento en términos nominales. En lo referente a las entidades federativas y los municipios el gasto creció 152 por ciento, y en los organismos autónomos 283 por ciento.

Así es que les pido que reconsideren, que analicen la conveniencia de que antes de meter más profundamente la mano al bolsillo de los contribuyentes pidamos al gobierno que haga un esfuerzo en serio para abatir la corrupción y eficientar el gasto público, cancelando el carácter carnavalesco que ha marcado a este gobierno. Muchas gracias, por su atención. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado don Alfonso Durazo Montaño. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán, para hablar a favor.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. México tiene —yo diría— el poco agradable mérito —entre comillas— de ser uno de los países más desiguales del mundo.

Tenemos —más o menos— más de tres decenas de multimillonarios en Forbes. Qué bueno que hagan su dinero, está bien, pero tenemos más de 50 millones de pobres. Eso muestra una deficiencia estructural importantísima, fundamental, grande. Si queremos decir cuál es el primer reto de este país, es abatir esa desigualdad que a todos nos ofende. Este sistema —el que tenemos hasta ahora— ha fomentado la concentración de la riqueza y un punto clave para nosotros —por lo menos los que nos reivindicamos de izquierda— es que haya una redistribución de la riqueza y para eso tienen que servir nuestros esquemas económicos en el país. Y es obvio que el que tenemos hasta ahora no ha funcionado de esa manera.

En gran medida nosotros planteamos —como la izquierda en todo el mundo— que es a través de los impuestos como podemos establecer mecanismos de redistribución de la riqueza para que haya servicios para todos, para que haya —de alguna manera— un equilibrio, que se cierre la brecha entre los que más tienen con los que menos tienen. Ése es el gran reto que tenemos y por eso tenemos y necesitamos más impuestos.

Reagan y Thatcher gritaban: no más impuestos. Y lo hacían en el momento del neoliberalismo, cuando nació el Consenso de Washington. Por cierto, también ellos generaron el mito del déficit cero, que por cierto, ellos no cumplían, pero le demandaban al tercer mundo eso. Ahora está más que comprobado que un déficit inteligente, racional, responsable puede ser una herramienta para el desarrollo.

Me parece natural que podamos discrepar con el PAN en el cómo conseguir más recursos. Somos ideologías distintas. Unos plantean el hecho de gravar el consumo, que por cierto, conseguimos que en esta propuesta no se gravara, que no hubiera IVA en alimentos y medicinas.

Nosotros siempre hemos sostenido —y así está en nuestra plataforma electoral— que sea sobre los ingresos, que quienes más ingresos tienen sean los que más aporten y que sean progresivos y así viene la reforma.

Me parece extraño que ahora los extremos se junten y que los que se dicen de izquierda ahora griten junto con Thatcher y Reagan que no se necesitan más impuestos.

Es cierto que es correcto combatir la corrupción y en eso necesitamos mucho qué avanzar. Pero es pura demagogia pensar que con solo el combate a la corrupción se puede sostener las necesidades sociales de México.

Termino con un comentario fundamental. Se ha cuestionado el fondo de capitalidad para la ciudad, y me parece que atenta contra el sentido común de nosotros, diputados federales. ¿A poco creen que este Congreso no le genera gastos al Distrito Federal? Y éste es un Congreso federal, donde estamos los de todos los estados. ¿A poco creen que no generan gastos el Senado, la Suprema Corte, etcétera? ¿A poco creen que no genera gastos a la Ciudad de México muchos problemas federales, que tenga que venir la gente de otros estados a demandar su solución? Claro que hay gasto.

Y termino desmintiendo una falacia que aquí se ha dicho. Se ha dicho que ha actuado de manera distinta Miguel Ángel Mancera de lo que fue Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Falso, absolutamente falso. Revisen las votaciones de Ley de Ingresos de 2000 a 2012, prácticamente la izquierda en todos ellos votó a favor de la Ley de Ingresos estando Andrés Manuel en la jefatura de gobierno y estando Marcelo Ebrard en la jefatura de gobierno. A favor la izquierda de la Ley de Ingresos en todos esos años.

No hay diferencia, hay responsabilidad. Y ahora que vamos a captar más recursos para que haya mayor redistribución de la riqueza, no nos digan que la izquierda, por consecuencia, no tiene que estar a favor. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Belaunzarán.

Se encuentran con nosotros 42 alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, invitados por el diputado José Francisco Coronato Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos.

Asimismo damos la bienvenida a regidores del honorable ayuntamiento de Santa Catarina, Guanajuato, invitados por la diputada Petra Barrera.

Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, nuestro grupo parlamentario estima que hoy se está consumando un atraco fiscal a los ciudadanos bajo este nombre de reforma hacendaria, que en la práctica va a ser una reforma incendiaria, porque va a generar un gran encono social por ser una gran injusticia para muchos sectores de la población.

Este adefesio que están por aprobar, ni es reforma ni es un nuevo diseño hacendario, simple y llanamente es una cascada de nuevos impuestos donde se grava el patrimonio de ciudadanos y empresas, especialmente de ciudadanos de clase media y se bolsean las finanzas de las pequeñas y medianas empresas.

Para justificar este atraco se ha querido presentar como una reforma de alto contenido social, aduciendo que los nuevos ingresos fiscales se destinarán a algunos elementos que ayudarán al país, lo que en realidad es un engaño.

Miren ustedes, nosotros sostenemos con razones y argumentos que esta reforma hacendaria caminará en detrimento de los ciudadanos. Sostenemos que esta reforma es meramente recaudatoria, no redistributiva. Y también nos parece correcto y normal que los ciudadanos hagan valer su legítimo derecho a protestar, a rechazar y resistir este atraco fiscal. Un movimiento ciudadano, como el que se expresa en cualquier parte del mundo, cuando los gobiernos no atienden el reclamo de los ciudadanos y cuando no se ofrece contraprestación a los mismos.

Nosotros no podemos avalar esta reforma. Quiero expresar contundentemente: respetamos a los que la avalan. Es un asunto que ellos habrán de valorar junto con los ciudadanos. No solo eso, qué bueno que el Distrito Federal recobró derechos que debieron haberse entregado desde hace muchas décadas, porque no se le podía restringir ni regatear al Distrito Federal recursos, como si fuese una entidad federativa, qué bueno que lo lograron y qué bueno que el Distrito Federal tendrá ahora esos recursos.

Nosotros sostenemos con toda seriedad, porque ya bastante división hay en la izquierda como para poder o querer abundar y profundizarla. Ya el grupo parlamentario que apoye esta reforma lo habrá decidido y discutido. Nosotros lo que queremos es que respeten también nuestros argumentos de estar en contra de esta reforma hacendaria a la que nosotros consideramos un verdadero atraco fiscal.

¿Por qué lo consideramos así y qué es lo que estamos planteando? Nosotros planteamos que no haya ni un impuesto más sin que antes se exprese una política de austeridad en el gobierno. Ni un impuesto más sin que antes se inicie un combate a la corrupción profundo. Ni un impuesto más sin transparencia en el gasto. Ni un impuesto más sin rendición de cuentas. Ni un impuesto más sin servicios públicos de calidad. Ni un impuesto más sin bajar la deuda pública. Ni un impuesto más sin etiqueta de destino. Ni un impuesto más sin bajar el sueldo de los altos funcionarios públicos. Ni un impuesto más sin cortar y sin disminuir el gasto corriente. Ni un impuesto más sin fortalecer la defensa de los contribuyentes.

Por eso nosotros no podemos avalar esta infamia contra las zonas fronterizas. Es más, contradice la tesis de jurisprudencia de la Corte. No podemos avalar la desaparición de los Repecos. No podemos aprobar de ninguna manera más impuestos a los mismos. Finalmente, los consumidores son los mismos y sobre de ellos van a ir los impuestos.

Le solicito, presidente, lamentablemente el tiempo es el mayor tirano en estas discusiones, que son de mucha seriedad y que nosotros queremos expresar nuestros argumentos con toda responsabilidad y con toda seriedad.

Le pido, presidente, plasme íntegro un documento que presenté en el grupo el día de hoy, que recoge parte del sentir de nuestro grupo. También le agradezco su tolerancia, la verdad es que es un momento clave, el país no puede esperar. Cada uno asuma su responsabilidad. Nosotros lo haremos con toda integridad y honestidad. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Ricardo Monreal. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión los artículos 2o., párrafo primero, y 4o., párrafo octavo, por parte del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Los artículos 4o., párrafo octavo; 4o.-B, párrafo cuarto; y 6o., párrafo primero, por la diputada Magdalena Núñez Monreal.

El artículo 26-A, párrafo primero, fracción IV, reservado por el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Y el artículo 49, párrafo segundo, reservado por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo.

Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda al presidente municipal de Santa Catarina de Minas, invitado por la diputada Eva Diego Cruz. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 423 votos en pro, 48 en contra y 9 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 423 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva relativa al artículo 2o., párrafo primero.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Miren, sí estudié economía política, no soy de la fracción talamantista. En época de recesión no se deben subir los impuestos. Ya no me preocupa que me den la razón los de la supuesta izquierda. Miren, hasta los empresarios, claro, los nacionalistas, los pequeños, los medianos nos dan la razón.

Obviamente va a disminuir el empleo y no se ven perjudicados el 1 por ciento al cual el régimen de Peña Nieto protege, los grupos empresariales Carso, Televisa, Slim, para los que trabajan todos ustedes y a la mejor ni lo saben.

De antemano conocemos que las reservas presentadas por los diputados que nos atrevemos a disentir de la línea impuesta por el pacto contra México no pueden ser reflexionadas por los integrantes de esta Cámara. La consigna está impuesta: aprobar esta ley lo más pronto posible para continuar con las leyes subsecuentes.

El paquete fiscal para el ejercicio 2014 es eso, un paquete. Se integra por cada una de las leyes que ahora aprueba este pleno, son complementarias y se integran en una visión económica y política.

El seccionamiento en que se presentan, sin tener a la vista la propuesta integral que permite tener certeza del ingreso que se estima por cada uno de los conceptos que lo integran.

No nos engañemos, el presidencialismo presupuestal se impone. Al final del día quedan grandes márgenes de discrecionalidad en el ejercicio del recurso público, en la determinación de créditos fiscales o en la condonación de los mismos.

Y miren, estamos haciendo teoría política. Hablamos de presidencialismo presupuestal, fiscal, porque acuérdense del innombrable, que no sabíamos si era el uno o Córdova era el dos o al revés, quién era el uno y quién el dos. Hoy pasa lo mismo con Peña Nieto y Videgaray; no saben a quién obedecer.

Señores diputados y señoras diputadas, ustedes al subir a esta tribuna anuncian que representan a sus electores, que son representantes populares de tal estado o municipio. Demagogia. La política fiscal para el 2014 no atiende a los supuestos principios federalistas que dicen ustedes representar.

En el dictamen que se presenta queda intocado el porcentaje de participación para las entidades y el Distrito Federal, continuando con el 20 por ciento de la recaudación federal participable.

En aras del fortalecimiento del federalismo, en la reserva que presento al artículo 2o., párrafo primero, del dictamen que se presenta se propone aumentar el porcentaje de las participaciones de un 20 a un 30 por ciento. Sabemos y conocemos que la demagogia de la supuesta izquierda adherida al pacto y la derecha de este país, subordinada a los oligarcas capitalistas, rechazarán esta propuesta. Sin embargo, es nuestra obligación venir a tratar de hacerlos reflexionar y que trataran de votar por el pueblo. Pero parece que eso es imposible. El día de hoy la suerte está echada y ustedes vinieron, en menos de ocho horas, a subirle los impuestos al pueblo de México. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, para presentar reserva al artículo 4o., párrafo octavo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con su permiso, señor presidente. Someto a la consideración del pleno de esta Cámara las reservas al artículo Primero del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con respecto a la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 4o., párrafo octavo; 4o.-B, en su cuarto párrafo, y el artículo 6o. en su primer párrafo, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Es bien sabido por todos ustedes que por primera vez en la Legislatura federal, en esta Cámara, nos encontramos más del 20 por ciento de los diputados federales que tuvimos ya la alta responsabilidad y el alto honor de encabezar un gobierno municipal o una delegación. Y que también a lo largo de los meses que lleva nuestra Legislatura compañeros de diversos grupos parlamentarios han subido a esta tribuna a presentar iniciativas con el propósito de fortalecer las arcas y las haciendas municipales.

A pesar de lo que acabo de decirles y de que las asociaciones de municipios de México agrupadas en la Conferencia Nacional de Municipios de México presentaron en su asamblea nacional al Ejecutivo federal un pliego petitorio, donde se les solicitaba considerar nuevas condiciones en la asignación de recursos y en la participación de los recursos distribuibles a este orden de gobierno, ninguna de esas peticiones fue atendida.

Por esa razón y en virtud de lo anterior y de que en nuestras reuniones de trabajo como diputados municipalistas hemos coincidido en la necesidad de fortalecer esta primera instancia de gobierno, la más cercana a la gente, es que subo a proponer y a presentar a ustedes esta reserva, solicitándoles que en el artículo 4o., en su párrafo octavo, en lugar de considerar el 20 por ciento como mínimo a distribuir a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, éste se incremente al 50 por ciento.

Asimismo en el artículo 4o.-B, en su cuarto párrafo, donde dice que los municipios recibirán cuando menos el 20 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas incluyendo las cantidades que se perciban por el concepto de compensación, también en este párrafo se incremente ese 20 por ciento al 50 por ciento.

De igual manera, en el artículo 6o., que habla de las participaciones federales que recibirán los municipios del total del fondo general de participaciones, incluyendo sus incrementos, señala la iniciativa que se está votando que nunca serán inferiores al 20 por ciento. Nuestra propuesta es que diga que nunca serán inferiores al 50 por ciento. De esta manera estoy haciendo patente lo que todos los compañeros diputados municipalistas han expresado en nuestras reuniones de trabajo: que hay que incrementarle los recursos directos a los gobiernos municipales. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar reserva relativa al artículo 4o., párrafo octavo.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar reserva al artículo 26-A, párrafo primero, fracción IV.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Esta Ley de Coordinación Fiscal en realidad es una reforma centralista y en un tema que se ve más claro es en el tema educativo.

Nosotros hemos señalado que la mal llamada reforma educativa en realidad era una reforma laboral. No una reforma para ir por mayor calidad en la educación, sino para tener mayor control de los maestros, mayor control para restringir derechos, para restringir la posibilidad de que sigan constituyéndose como un grupo muy importante para la formación de los educandos.

Y hoy vemos en esta reforma una maniobra centralista, una maniobra para otorgar mayor control a la Secretaría de Educación Pública federal, a su secretario Emilio Chuayffet, cuando ahora las nóminas se van a manejar centralizadamente. Es decir, van a tener un instrumento de presión para someter al magisterio disidente.

Por esa razón nosotros no podemos acompañar esta reforma, por esa razón en Movimiento Ciudadano estamos en contra de este proyecto hacendario centralista, lesivo para millones de mexicanos y que no genera un nuevo orden redistributivo en el país.

Y por eso estamos planteando esta reserva y estamos planteando que no haya este tipo de sometimiento de los estados en el tema educativo, porque esto no solamente representa un agravio para estas entidades federativas, sino una molestia para los maestros, que van ver ahora como desde una remota oficina de la capital se les restringe su sueldo, su salario y sus prestaciones.

Por eso estamos planteando en esta reserva que el pago, sobre todo en las comunidades más distantes, aquellas que no tienen servicios bancarios, se realice personalmente a los prestadores de servicios. Es decir, que vayan hasta las comunidades a pagársele a cada profesor rural y profesor de comunidades. Y que haya un monitoreo de la Auditoría Superior de la Federación, como una instancia ajena al manoseo de Emilio Chuayffet. Eso es lo que estamos planteando.

Por eso decimos que no es cierto que ésta sea una reforma para los estados y para los municipios. Y no es cierto que sea una reforma progresista. Quienes reivindicamos la bandera del Movimiento Progresista en campaña sabemos que nuestro mandato fue claro: no más impuestos y no más centralismo financiero. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar reserva al artículo 4o., párrafo octavo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Miren, el que calla otorga. Fíjense que hay una senadora, del PRD por cierto, que hoy los medios dan a conocer de sus estudios que ha presentado y en la información que ella presenta hay 422 grupos que representan a un total de 4 mil 850 empresas y en el 2012 solo esos grupos difirieron el pago de 127 mil millones de pesos. Obviamente estamos hablando de uno de los trucos que tienen los jerarcas del país, ese 1 por ciento para que el que trabajan, y a lo mejor ni saben, y al que ustedes les dan todas las concesiones. Todos estos holding que usan esas triquiñuelas que ustedes aquí aprueban.

Sería importante que los amigos diputados de esta senadora subieran a la tribuna, porque el que calla otorga. Ya ven que luego dicen que todos son de izquierda y a lo mejor acaban en otro lado.

De la derecha ya no lo esperamos, ya sabemos la habilidad del régimen, en particular del que manipula al país para controlar, como controló al PAN desde un principio y ahora casi se llevan a todos.

Miren, de nueva cuenta, aunque se incomoden por subrayar la incongruencia del contenido de sus discursos con las propuestas de ley que presentan —por eso luego gritan.

Las reformas no abonan al desarrollo municipal. La reserva que presento atiende a elevar el porcentaje de participación de los municipios a las participaciones que señala el artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Debemos tomar con mayor seriedad la función legislativa que la ciudadanía nos otorgó. Todavía un acto de fe en esta tribuna es venírselos a pedir.

La reforma que se propone no presenta incentivos para buscar reducir la dependencia financiera en los ayuntamientos con relación a los estados y la federación. Si bien las transferencias federales significan en la mayoría de los casos tres cuartas partes de los ingresos municipales, es necesario fortalecer su economía a partir de políticas de fortalecimiento en la gestión municipal.

Por ello propongo aumentar el porcentaje de las participaciones estatales para los municipios, a través de los estados, de un 20 a un 50 por ciento en las participaciones previstas en el artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Miren, ya vieron los resultados de pobreza: 53 millones de pobres y un 1 por ciento, 53 ciudadanos multimillonarios. Al paso que van con estas reformas que están haciendo, no dudamos que en menos de dos años va a haber 63 millones de pobres y 63 multimillonarios. Para eso están trabajando ustedes. Tendrían que reivindicar su labor legislativa y de verdad cumplirle a sus electores. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Huerta. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, para presentar reserva al artículo 49, párrafo segundo, de la misma Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, someto a la consideración de esta honorable soberanía la reserva que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De la Ley de Coordinación Fiscal el artículo 49, segundo párrafo del dictamen, por los siguientes motivos.

El Partido del Trabajo se opone a que ahora sea el gobierno federal el que controle el dinero para el pago de la nómina de los maestros de niveles de educación básica, respecto a la creación del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Educativo, Fone.

Se argumenta que se transparentará la información correspondiente a la nómina de profesores, pero hoy tuvimos una experiencia, la Comisión de Educación recibió a varios secretarios de Educación y hay preocupación en los estados en el sentido de que este fondo se fortalezca y fortalezca a las entidades. Porque desde los ochenta hubo un proceso de descentralización de los servicios de educación, pero el dinero no llegó a las entidades.

Y hoy está un problema en la calle, el Magisterio está movilizado y el gobierno federal dice: voy a centralizar la nómina, pero los problemas que los arreglen los gobiernos de los estados.

Creo que eso no puede ser posible. No podemos cerrar los ojos, compañeras y compañeros legisladores, que existe un verdadero problema. Ni siquiera ha habido la capacidad de levantar el famoso censo del Inegi. ¿Cómo se va a plantear una reforma educativa, si no tenemos un diagnóstico real de lo que en Educación debe tener este país? Y hoy lo discutimos, nada más y nada menos, con la Comisión de Educación de la Conago.

Nosotros no nos oponemos por oponernos, porque aquí se está también lacerando el federalismo, lo que en años de los ochenta se descentralizó hoy se está centralizando. Es decir, son argumentos válidos, compañeros. Llamo a la sensibilidad de ustedes para que veamos en toda la dimensión de estos problemas que están ocurriendo en nuestro país.

Por eso nosotros, en el párrafo segundo, estamos proponiendo que quede de la siguiente manera: Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes. En todos los casos deberán registrarlas como ingresos propios, que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior.

Ésta es pues la reserva que nosotros estamos proponiendo. Creo que no estamos fuera de lugar. Estamos sentados, tenemos los pies sobre la tierra, de que es un asunto que más tarde se va a fortalecer el Ejecutivo y se va a controlar que los maestros no estén en la calle, que no estén demandando sus derechos laborales, pero también se va a estar rompiendo con la soberanía nacional. Es cuanto. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 2o., 4o., 4o.-B, 6o., 26-A y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 2o., párrafo primero; 4o., párrafo octavo; 4o.-B, párrafo cuarto; 6o., párrafo primero; 26-A, párrafo primero, fracción IV; y 49, párrafo segundo, en términos del dictamen.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 426 votos en pro, 53 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los artículos 2o., párrafo primero, 4o., párrafo octavo, 4o.-B, párrafo cuarto, 6o., párrafo primero, 26-A, párrafo primero, fracción IV y 49, párrafo segundo, en términos del dictamen por 426 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pasan al Senado, para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN III

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

RECESO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 16:15 horas) Esta Presidencia, con las facultades que le confiere el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta un receso de 30 minutos. Lo anterior a solicitud de grupos parlamentarios, para permitir a todos ordenar e integrar con precisión las reservas.

(Receso)

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 17:08 horas): Se reanuda la sesión. En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Tiene la palabra, por 10 minutos, el señor diputado José Sergio Manzur Quiroga, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, el día de hoy, con el voto unánime de los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad principal de fortalecer el marco legal relativo al manejo y planeación de la política fiscal con la que se eleva a una política de Estado el manejo de las finanzas públicas sanas.

Esta reforma es para dar mayor credibilidad y transparencia a la trayectoria del gasto y finanzas públicas de México. Con el consenso de los diferentes grupos parlamentarios representados en la comisión se aprobó una reforma, que en lo sustancial logra fortalecer la actual regla de balance presupuestario, estableciendo un techo de crecimiento del gasto corriente que limitará y mejorará la calidad del mismo.

Establecer los requerimientos financieros del sector público como una guía para garantizar un manejo responsable de las finanzas. Los cuales eran un indicador y hoy se elevan a nivel de meta en el ejercicio de las mismas.

Simplificar el régimen de ingresos excedentes y fondos de estabilización al desaparecer el fondo de estabilización para la inversión de infraestructura de Petróleos Mexicanos, redireccionando los recursos para aumentar el porcentaje de ingresos en el fondo de estabilización de los ingresos petroleros. De igual manera, se simplifica el cálculo para el ahorro y uso de los ingresos excedentes con la creación de un fondo de ahorro soberano de largo plazo, sin afectar la actual distribución de excedentes entre el gobierno federal y las entidades federativas.

En base a lo anterior, la distribución de recursos entre el gobierno federal y las entidades federativas se mantiene sin cambio con respecto al esquema actual.

Con el fin de fortalecer la operatividad de las finanzas públicas se propone acotar la exposición de los riesgos en el criterio general de política económica, para permitir que en el transcurso del ejercicio fiscal los ejecutores del gasto lleven a cabo acciones para cumplir con el programa económico aprobado por el Congreso de la Unión.

Asimismo, con los cambios realizados al proyecto de Presupuesto por el titular del Ejecutivo federal se establece que el crecimiento del gasto corriente sea del 2.5 por ciento anual del año 2015 al año 2016, y del año 2017 en adelante el crecimiento se establecerá en el reglamento de la ley. Esta modificación otorgará mayor solidez a la conducción macroeconómica.

Por otro lado, de 2014 a 2016, los ingresos excedentes del gobierno federal se destinarán a reducir el déficit hasta en una tercera parte con el objeto de privilegiar el retorno al equilibrio presupuestario lo antes posible.

Por todo lo anterior, solicito su aprobación para esta noble iniciativa, la cual permite responder a los retos coyunturales que enfrenta el país, y apoyar la consolidación de la estabilidad macroeconómica como parte de la agenda estructural para elevar el potencial de desarrollo en nuestro país, en beneficio de las familias mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado José Manzur.

Está a discusión en lo general. No habiendo oradores registrados y en virtud... Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. El artículo 134 de la Constitución establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para los objetivos a los que estén destinados.

Dado que las necesidades del país son múltiples y los recursos son escasos, se requiere de una distribución del gasto óptimo, en donde cada peso gastado se refleje en las demandas de los ciudadanos. Lamentablemente en nuestra nación lo anterior no sucede. Por lo contrario, se sitúa en el extremo opuesto. El gobierno de Enrique Peña Nieto lejos de implementar una política de austeridad y eficiencia se ha concentrado en exigir una mayor recaudación, sin establecer parámetros que garanticen que ésta corregirá los vicios actuales.

De acuerdo con la memoria de los trabajos de análisis del informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011 de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías practicadas en el 2011 dieron lugar a 7,956 observaciones, las cuales a su vez originaron 6,369 acciones preventivas y 3,496 correctivas.

Las entidades que presentaron un mayor número de observaciones y acciones son Sagarpa, con 155 y 345, respectivamente; SEP, con 136 y 206; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 124 y 152; Pemex, con 116 y 166, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 95 y 143.

En el caso particular del grupo funcional de Desarrollo Económico, los rubros en los que se acumula una mayor recurrencia de irregularidades son recursos transferidos a programas, fideicomisos, mandatos y contratos de análogos en Agricultura, Economía, Reforma Agraria, Ciencia y Tecnología, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social y Medio Ambiente.

Asimismo la Auditoría Superior de la Federación determinó 10,934 inobservancias de los ordenamientos legales, entre las que destacan 4,545 de carácter general y disposiciones normativas, 1,589 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 930 al Presupuesto de Egresos y 897 al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Aunque el 14.5 por ciento de las irregularidades correspondieron a la ley que da origen al dictamen que nos compete el día de hoy, y 8.2 por ciento al reglamento de la misma, las modificaciones que se plantean no establecen ningún mecanismo para solucionar las ineficiencias en la ejecución del gasto.

El gobierno ha argumentado que las reformas en materia hacendaria y fiscal brindarán más recursos. Pero no plantea lineamientos que permitan que ese dinero se traduzca en un gasto eficiente.

Lo anterior resulta de suma gravedad, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su primer informe trimestral de 2013, ha declarado la existencia de subejercicios por 44 mil 101 millones de pesos. Aunque dicha Secretaría argumenta que al cierre del primer semestre de 2013 las dependencias federales habían ejercido el 99.1 por ciento de su presupuesto.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ha expuesto que el gobierno erogó hasta el último día de julio 42.7 por ciento del Presupuesto total autorizado para el ejercicio 2013.

El escenario se agrava al observar el último reporte de la situación financiera del gobierno federal para el período enero-julio de 2013, elaborado por la Secretaría de Hacienda, en el cual se evidencia que el gasto total acumulado asciende a un billón 692 mil millones de pesos, cifra que representa apenas 47.7 por ciento del presupuesto total autorizado para el presente ejercicio fiscal, aunque haya transcurrido casi 70 por ciento del año.

Mientras se hace caso omiso en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a las señales de mal desempeño emitidas por la ASF, la propuesta pretende establecer dentro de dicho ordenamiento cambios que responden únicamente a un interés del Ejecutivo para concentrar más el poder.

No obstante, el dictamen propone la eliminación del Banco de México dentro del establecimiento de lineamientos, tal y como lo vimos en la reforma financiera. La administración de Peña Nieto está empeñada en la creación de una súper Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se viola la división fundamental de poderes, haciendo que incluso organismos autónomos queden subordinados a la misma.

Por otra parte, los cambios planteados en el artículo 110 solicitan que dentro de la información que el Ejecutivo envíe para la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de Presupuesto de las dependencias y entidades deje de incluirse el desglose mensual de los datos.

¿Podemos darnos el lujo de exigir menos información a los gobernantes, cuando las deficiencias en la ejecución de recursos son abismales? Lo mismo ocurre con lo estipulado en el artículo 111, en el que se propone que la Secretarías de Hacienda y de la Función Pública verifiquen trimestralmente —y no cada dos meses, como se exige actualmente— los resultados de recaudación y de ejecución de los programas, con lo cual se dará un mayor rezago en la información y una mayor opacidad en el manejo del erario público.

Por último —termino, presidente— debemos mencionar que aunque en el artículo 86 se establece que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios gozarán de autonomía presupuestaria, lo previo no se traducirá en resultados concretos a menos que la contratación de deuda para inversión realizada por la paraestatal sea excluida del techo de endeudamiento federal.

En Movimiento Ciudadano jamás apoyaremos una reforma que busque otorgar más poder al Ejecutivo, deslindarlo de sus responsabilidades y continuar con una ejecución de gasto inercial, opaco, discrecional e ineficiente.

Invitamos a los diputados a asumir su labor como legisladores y a dejar de ser una oficialía de partes. Las reformas aprobadas hasta el momento han sumido al país en un desastre económico, no permitamos que esto vuelva a ocurrir.

No votaremos a favor de una reforma que persigue al contribuyente, que favorece a los grupos de poder a través de la permanencia de la consolidación fiscal, y que acentúa aún más la desigualdad lacerante que existe entre la clase política y los ciudadanos comunes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en contra.

En virtud de que se ha agotado la lista de oradores, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144. Ábrase el sistema electrónico de votación, por 10 minutos. Procedemos a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Diputada Claudia Águila, ¿cuál es el sentido de su voto?

La diputada Claudia Elena Águila Torres (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, 429 votos a favor, 1 abstención y 44 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

REFORMA HACENDARIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Rocío Reza. Dígame diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos(desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para manifestar que entrego a la Mesa Directiva, y para todos los diputados de esta Legislatura, 23 mil firmas de ciudadanos libres del estado de Chihuahua que se manifiestan en contra de esta reforma hacendaria. Y pedirles a todos los diputados y diputadas de esta Legislatura que hagan conciencia de lo que van a hacer con este país.

Aquí están todas estas firmas de ciudadanos libres que se manifiestan y que piden el voto razonado y consciente para que no se haga un atraco con este país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY  DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que se ponga a discusión y a votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y expide la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el señor diputado René Fujiwara Montelongo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores legisladores, la reforma hacendaria ha estado sometida a un intenso proceso de análisis y discusión, donde han confluido posiciones e intereses encontrados. Sin embargo, todos hemos coincidido en que esta reforma es inaplazable porque México necesita fortalecer su capacidad de recaudación para generar un crecimiento económico, hacer más competitivo al país y alcanzar un desarrollo social inclusivo.

Nueva Alianza votará a favor en lo general del presente dictamen, en el que se reflejan los aspectos sustanciales de la reforma hacendaria, en las Leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal. Estamos a favor de las disposiciones que propician que los que más ingresos y riquezas tienen aporten proporcionalmente más a la hacienda pública.

Es igualmente necesario actualizar la legislación tributaria para evitar y sancionar prácticas de elusión y evasión de impuestos, porque así vamos subsanando una de las principales debilidades de nuestro sistema tributario que es la falta de certeza, de control y de previsión. De este modo, disposiciones como gravar los dividendos y las utilidades bursátiles, acotar el régimen de consolidación fiscal y eliminar algunos privilegios de los que gozan grandes grupos económicos son indispensables para establecer normas justas en materia de contribuciones. Estas medidas otorgan carácter progresivo a nuestro sistema fiscal.

En Nueva Alianza consideramos que es importante seguir avanzando en la ampliación de la base de contribuyentes para que la carga fiscal no siga recayendo en los mismos contribuyentes cautivos, sino que se reparta proporcionalmente entre todos los actores económicos y sociales de nuestra nación.

Por eso apoyamos la propuesta del régimen de incorporación a la economía formal que contiene la reforma hacendaria, aunque consideramos que es necesario trabajar más para que esta estrategia tenga alcances integrales.

Algunas reservas que mi grupo parlamentario propuso fueron retomadas en el presente dictamen. En el caso de la Ley del IVA, nos preocupaba profundamente que se castigara a los sectores de la población que ante la falta de cobertura en las escuelas públicas, sobre todo en los niveles de preescolar, media superior y superior, tienen que realizar gastos para darles educación a sus hijos y encima tendrían que pagar el IVA.

También nos inquietaba que mucha gente que tiene que comprar o rentar una casa ante la escasez de vivienda social de calidad paguen el impuesto mencionado.

Respecto al IEPS, estamos de acuerdo con el gravamen que se establece a las bebidas azucaradas, porque estamos convencidos que esa medida tiene un impacto positivo en el mejoramiento de los hábitos alimentarios de la población.

Se retomó también nuestra propuesta de gravar la llamada comida chatarra. Esto es importante, porque tenemos que sentar las bases para que la población mejore su salud y calidad de vida, y que los recursos públicos millonarios que se utilizan en atender los males derivados de la obesidad se destinen a otras prioridades sociales.

En general, consideramos que es perfectible la reforma hacendaria en materia de IVA, IEPS, ISR y Derechos. No siempre se pueden satisfacer todas las propuestas ni todas las preocupaciones, pero es importante considerar que éste es un proceso en constante cambio y revisión, y que por lo pronto es aceptable y satisfactorio.

En función de esto, Nueva Alianza presentará reservas con el objeto de mejorar algunos aspectos de la reforma hacendaria. Consideramos que en la Ley del ISR se debe establecer un estímulo a quienes otorguen empleo a los adultos mayores. De este modo se complementaría el aspecto social de la reforma hacendaria, porque se le otorgaría protección a este grupo social, que enfrenta serios problemas de vulnerabilidad.

En la Ley del IVA consideramos que debe incorporarse un esquema de gradualidad para poner en marcha la homologación de la tasa del 16 por ciento en las zonas fronterizas de una manera gradual, de tal manera que se pueda ir midiendo, de forma paulatina, el impacto de la medida.

En la Ley del IEPS consideramos que debería incorporarse un incremento al gravamen a bebidas alcohólicas y al tabaco, para mejorar la salud de la población y mitigar el enorme gasto que realiza el Estado en el tratamiento de enfermedades derivadas del consumo de estos productos.

Es en estos términos que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza establece su postura en torno a la reforma hacendaria, siempre con el ánimo de contribuir a superar las deficiencias estructurales de nuestra hacienda pública y siempre pensando en el beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado René Fujiwara Montelongo. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el gobernante debe ser temido, más no odiado. Y para conseguirlo deberá ser cuidadoso con los bienes de los gobernados. Los hombres olvidan antes la pérdida de su padre que la pérdida de su patrimonio.

Este sistema tributario que se está diseñando, que hoy lo están votando la mayoría de los integrantes de esta asamblea, adolece de los principios constitucionales sobre la proporcionalidad, sobre la legalidad, sobre la equidad. Principios que contempla con toda claridad la Constitución, en su artículo 31, fracción IV.

Es una miscelánea en materia fiscal y hacendaria depredadora. No termina con los vicios de la recaudación fiscal de nuestro país, los reproduce y los agrava.

En el caso de las modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, observamos ataques frontales a los grupos con menor poder adquisitivo en el país. La pretensión de este Congreso de aumentar el impuesto en las fronteras, de gravar los alimentos para mascotas, y las importaciones temporales acarreará una fuerte contracción en la economía fronteriza y, lamentablemente, mayor inequidad y mayor injusticia.

La homologación del IVA en los actos o actividades que se realizan o que se van a realizar por residentes en la región fronteriza ocasionará efectos negativos para los ciudadanos, entre los que destacan: el inflacionario, al representar una fuga de consumidores. El recesivo, al reducir el poder adquisitivo, el consumo. La producción de las empresas se disminuirá y, por lo tanto, el empleo. Y el distributivo, al crear un sesgo en los precios que enfrentan las personas que tienen acceso a una visa de no inmigrante a los menos favorecidos. Y el recaudatorio, al deprimir la actividad económica y el de competitividad respecto a los productos del extranjero.

Pero no solo es este efecto pernicioso para los habitantes de las fronteras, lo más grave es que esta reforma contradice tesis jurisprudenciales emitidas por el alto Tribunal de Justicia en el sentido de establecer este IVA diferenciado porque así lo ameritan las condiciones —y así lo juzgó el tribunal más alto de justicia— para que no se vulneraran las disposiciones constitucionales. Por eso nos preocupa el contenido de esta reforma.

¿Cómo hablar de equidad y proporcionalidad, cuando se permite una simulación en los grandes grupos empresariales? ¿Cómo predicar la equitatividad y la proporcionalidad, cuando se mantiene un régimen totalmente obsoleto, caduco y de privilegios? ¿Cómo hablar de esas garantías si no se diferencian las condiciones específicas de los contribuyentes?

Se eliminan los pequeños beneficios de los marginados y se mantienen los de los opulentos. En nuestro país, las 30 empresas más grandes pagarán en promedio tan solo el 4 por ciento de sus ingresos, lejos del 30 por ciento que estipula la ley, debido a este régimen de privilegios que ahora su denominación es Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. Este régimen seguirá permitiendo que este patrón se reproduzca, ya que tan solo impone que los consorcios deberán ser dueños del 80 por ciento de las acciones de las empresas controladas.

Igualmente es alarmante la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta porque se elimina el régimen de pequeños contribuyentes, los llamados Repecos, provocando que los pequeños comercios tengan la obligación de llevar una contabilidad compleja y digital en un país en el que la penetración de Internet es de apenas el 36.5 por ciento de la población.

También es alarmante que se pretenda eliminar el régimen simplificado, que era el sustento de un campo empobrecido y marginado. Con la aprobación de esta reforma los agricultores —los más pobres de los pobres— deberán tributar, deberán pagar impuestos que generen por las cosechas sin ningún tipo de exención o deducciones, lo cual únicamente agravará la situación de abandono en que viven los campesinos, llegando incluso a vulnerar la soberanía alimentaria del país.

De igual forma se impone la restricción a la deducción de los conceptos exentos de los salarios, que son aquellos que integran el salario de los trabajadores y que se encuentran libres del pago de impuestos, como son los vales de despensa.

Son muchas las razones por las cuales no podemos admitir votar a favor. Sería una traición al pueblo de México. No sería conveniente asumir una nueva carga de impuestos para los consumidores. Nosotros seguimos sosteniendo que es inmoral nuevos impuestos sin antes combatir la corrupción, es inmoral imponer nuevos impuestos sin antes no haber emitido políticas de austeridad en el gasto corriente del gobierno.

Nosotros votaremos en consecuencia. Les pedimos a los legisladores que hagan lo propio. La gente está muy enterada de lo que estamos haciendo, muchos creen que no es así, que éste es un lugar cerrado, sin ninguna consecuencia ni conexión. Se equivocan, hoy más que nunca los ciudadanos están viendo el desempeño de cada uno de sus representantes. Enhorabuena, porque México sea distinto. Por su atención, muchas gracias.

«Posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto que ,reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y  Servicios y que expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con su venia, señor Presidente:

“El gobernante debe ser temido, más no odiado, y para conseguirlo deberá ser cuidadoso con los bienes de los gobernados, los hombres olvidan antes la pérdida de su padre que la pérdida del patrimonio.”

La configuración de un sistema tributario resulta un tema que involucra diversos factores. En Europa, al caracterizarse por gobiernos con estados benefactores, se ha decidido fincar las finanzas en un triple pilar recaudatorio: los gravámenes directos, la imposición indirecta y los aportes a la seguridad social.

En contraste, en el caso norteamericano se ha decidido utilizar tan sólo dos de estos componentes, basando la recaudación en los impuestos sobre la renta y en las contribuciones a la seguridad social.

En México, desde 1982 a la fecha, las distintas administraciones no han acertado en lograr instrumentar una reforma impositiva congruente que satisfaga los enormes cambios originados por la globalización y las demandas socio-económicas nacionales.

Debido a la carencia de una política integral que contemple los diversos sectores del país, la apertura al extranjero eliminó de manera abrupta los tributos al comercio exterior y las regalías e intereses de remesas.

La respuesta para compensar de manera cortoplacista la reducción de ingresos derivada de lo anterior, se encuentra, para perjuicio de la sociedad, en el aumento sistemático de las tasas de gravamen de impuestos orientadas a las clases medias, como el IVA, el IEPS y el ISR, y en la obtención de recursos por medio de privatizaciones.

Como consecuencia, vivimos en un constante estrangulamiento financiero, el cual inhibe a México de políticas públicas que permitan alentar el desarrollo, instrumentar mecanismos anticíclicos y terminar con el ahondamiento del déficit social.

Cada año, la miscelánea en materia fiscal y hacendaria representa una oportunidad para terminar con los vicios que la recaudación fiscal en nuestro país presenta; no obstante, el gobierno prefiero reproducirlos y agravarlos, lejos de erradicarlos.

En el caso de las modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, observamos ataques frontales a los grupos con menos poder adquisitivo en el país. La pretensión gubernamental de aumentar el impuesto en las fronteras, de gravar los alimentos para mascotas y las importaciones temporales acarrearía una fuerte contracción en la economía fronteriza, un aumento en el abandono de mascotas y una ola de despidos en la industria maquiladora.

La homologación del IVA en los actos o actividades que se realicen por residentes en la región fronteriza ocasionará efectos negativos para los ciudadanos, entre los que destacan: el inflacionario, al representar una fuga de consumidores; el recesivo, al reducir el poder adquisitivo, el consumo, la producción de las empresas y, por lo tanto, el empleo; el distributivo, al crear un sesgo en los precios que enfrentan las personas que tienen acceso a una visa de no inmigrante y los menos favorecidos; el recaudatorio, al deprimir la actividad económica y el de competitividad, respecto a los productos del extranjero.

El IVA a los alimentos de las mascotas traerá serias afectaciones a la salud pública y a la seguridad pues aumentará el abandono de éstos, sin mencionar el fuerte impacto que tendrá en los albergues de mascotas.

El cobro del Impuesto al Valor Agregado es un golpe fatal para la industria maquiladora de nuestro país, en especial la que se encuentra radicada en zonas próximas a las fronteras mexicanas, pues son quienes deberán pagar IVA por sus insumos y por el aumento en el impuesto fronterizo. Un doble golpe por parte del gobierno mexicano a este sector.

La maquila mexicana es una de las líderes en su ramo, el cobro de nuevos impuestos disminuirá su competitividad frente al resto del mundo.

Los priístas que en 2009 se abstuvieron de votar el aumento al impuesto, son los mismos que en febrero de este año eliminaron de sus estatutos la oposición al gravamen de alimentos y medicinas, los mismos que ahora proponen aumentar el IVA en la frontera por complacer al presidente, aunque eso impacte gravemente el comercio de la región; son los mismos que han llevado al país al pozo de endeudamiento y corrupción en el que nos estamos ahogando.

Los panistas en cambio, son los mismos de siempre, los que en 2001 propusieron el IVA a colegiaturas e hipotecas y ahora se rasgan las vestiduras y avanzan con la bandera de defensa a la clase media, y que seguramente hoy votarán como siempre con el PRI; son los mismos que impulsan contra viento y marea el impuesto generalizado a alimentos, libros y medicinas, los que quieren convertir artículos de primera necesidad en un lujo para unos cuantos.

Al igual que en la Ley del IVA, en el dictamen que expide la Ley del ISR, el gobierno pone en evidencia nuevamente la satisfacción de intereses de las cúpulas de poder sobre las demandas de los ciudadanos.

En nuestro país se han reconocido como garantías en materia fiscal, las establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, las cuales mencionan:

• La proporcionalidad: refiere la progresividad de los impuestos, obligando a pagar en mayor medida a quien tiene mayores posibilidades de hacerlo, en pocas palabras que pague más el que más tiene.

• Legalidad: Las contribuciones deben estar establecidas en leyes.

• Destino a gasto público: Las contribuciones deben ser destinadas a gasto público, pues de lo contrario desvirtuarían su sentido.

• La equidad: que no exista distinción alguna en la generación del tributo para que cada sujeto que se sitúe en la hipótesis normativa tenga la obligación de pago sin distinciones.

Las garantías señaladas no corresponden a una concesión graciosa del Estado, más bien refieren a la imperiosa necesidad de limitar las facultades del mismo, reconociendo en todo momento que la voluntad de los hombres para constituirlo es la misma que para deponerlo.

¿Cómo predicar la equitatividad y la proporcionalidad cuando se mantiene un régimen que permite que los patrones paguen menos impuestos que sus trabajadores?

¿Cómo hablar de equidad y proporcionalidad cuando se permite a los grupos empresariales deducir gastos hasta generar pérdidas y tener un pago efectivo de impuestos menor al 4%, y a las personas físicas se les impone un tope de deducciones del 10%?

¿Cómo hablar de esas garantías si no se diferencian las condiciones especificas de los contribuyentes, se eliminan los pequeños beneficios de los marginados y se mantienen los de los opulentos?

En nuestro país, las 30 empresas más grandes pagan a Hacienda en promedio tan sólo el 4% de sus ingresos, lejos del 30% que estipula la Ley. Debido a las exenciones que permite el régimen de consolidación fiscal se han condonado 850 mil millones de pesos  a 400 grupos empresariales. ¿Por qué se busca reducir el poder adquisitivo de los que menos tienen ante estas cifras?

Dichas compañías contribuyen de manera marginal a la recaudación fiscal, tal es el caso de Cemex, con un pago de impuestos en relación con sus ventas de -9.7%; Femsa, con 2.5%; Bimbo, con 2.6%; Comercial Mexicana, con -5.3%; América Móvil, con 5.8%, y Telmex, con 7.7%.

Como resultado de esto, vivimos en un país en el que Pemex paga más del triple de lo que pagan de ISR todas las empresas privadas del país; la paraestatal aportó al fisco en el 2012, 901 mil 876 millones de pesos, mientras que los consorcios brindaron únicamente 288 mil 360 millones de pesos. 4

El “Régimen Opcional para Grupos de Sociedades” sigue permitiendo que este patrón se reproduzca, ya que tan sólo Impone que los consorcios deberán ser dueños del 80% de las acciones de las empresas controladas, en lugar del 50% actual, y permite un diferimiento de tres años, en vez de cinco. Los ciudadanos no podemos diferir ni siquiera un mes ¿Por qué se permite a estos grupos hacerlo por tres años?

Con la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, se ha eliminado el régimen de pequeños contribuyentes (Repecos), provocando que los pequeños comercios tengan la obligación de llevar una contabilidad compleja y digital, en un país en que la penetración de internet es del 36.5% de la población.

Igualmente, es alarmante que se pretenda eliminar el régimen simplificado que era el sustento de un campo empobrecido y marginado.

Con la aprobación de la reforma, los agricultores deberán pagar los impuestos que generen por las cosechas sin ningún tipo de exención o deducciones ciegas, lo cual únicamente agravará la situación de abandono en que viven, llegando incluso a vulnerar la soberanía alimentaria del país.

De igual forma se impone una restricción a la deducción de los conceptos exentos de los salarios, que son aquéllos que integran el salario de los trabajadores y que se encuentran libres del pago de impuestos, como lo son los vales de despensa.

Esta medida tan sólo provocará que los patrones integren ese monto al salario y corresponderá a los trabajadores asumir el cobro de los impuestos correspondientes, con esto los trabajadores deberán pagar Impuesto Sobre la Renta por los 1 mil 942 pesos que reciban por ese concepto.

Lo cierto es que la reforma encierra una profunda desproporcionalidad en el sistema tributario, no atiende a generar una mayor base tributaria y a eliminar el régimen de privilegios que realmente ha vulnerado la hacienda nacional.

Los cambios propuestos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios resultan igual de lesivos que los previamente descritos. El  IEPS grava aquellas actividades que por sus características específicas generan un costo social o externalidades negativas, pero que son lícitas, por esta razón son acreedoras a un impuesto especial con tasas igualmente especiales que determina la ley en cuestión.

La presente reforma establece aumentos considerables en el cobro de impuestos especiales a las industrias y maquiladoras mexicanas, los cuales ponen en grave riesgo su permanencia, debido al aumento en los costos de producción, que restarán competitividad frente a otras empresas internacionales.

Este gravamen implicará necesariamente un incremento, no sólo en el costo de producción, sino también en las inversiones de las empresas, ya que incluye maquinaria y equipo, con la consecuente pérdida de competitividad.

Así, las empresas que están tomando decisiones respecto a su llegada a México van a tener que considerar este costo y comparar la situación con otros países, poniendo en grave riesgo el crecimiento del sector.

Por otro lado, en México la industria cervecera ha podido desarrollarse con éxito por el alto nivel de inversiones realizado en desarrollo de mercados, en tecnologías de punta y en creación de valor de marcas.

No obstante, con los cambios del dictamen, se pretende ignorar la disminución gradual de gravación de la industria cervecera y tequilera contenida en los transitorios de la Ley del IEPS, lo cual perjudicará seriamente a dichos rubros, aumentando sus costos de producción y comercialización.

Asimismo, la presente modificación establece gravar las bebidas con azucares añadidos, excluyendo  los edulcorantes sintéticos, argumentando que con este aumento se disminuirán los problemas de salud pública.

De esta manera, volvemos a constatar que los impuestos establecidos para el siguiente año, responden principalmente a los intereses de grandes empresarios, pues mientras se sigue perjudicando a la industria mexicana, el gobierno, no sólo no grava, sino que sigue permitiendo la importación indiscriminada de edulcorantes sintéticos que ponen en riesgo una industria que proporciona alrededor de 2 millones 650 mil empleos directos e indirectos.

En conclusión, no existe una sola iniciativa de esta reforma que promueva el uso eficiente de recursos y la austeridad en el gobierno; al día de hoy México ostenta una de las burocracias más caras del mundo, en donde 152 mil empleados del Estado reciben una remuneración anual de medio millón de pesos en promedio.

La burocracia mexicana es más costosa que el PIB entero de países como: Macedonia, Armenia, Malta, Mongolia, Bahamas, Madagascar, Mali, Nicaragua, Benín y Guinea.

Antes de pretender imponer nuevas medidas fiscales, el gobierno de Peña Nieto debería apelar por impulsar un gobierno austero, transparente, democrático y libre de corrupción, mientras eso no se corrija no pueden tocar el bolsillo de los ciudadanos para sacar lo poco que les queda, no pueden establecer ni un impuesto más.

¡Ni un impuesto más, sin transparencia en el gasto. Ni un impuesto más sin rendición de cuentas. Ni un impuesto más, sin combate a la corrupción. Ni un impuesto más, sin austeridad en el gasto. Ni un impuesto más, sin servicios públicos de calidad. Ni un impuesto más, sin bajar la deuda pública. Ni un impuesto más, sin etiqueta de destino. Ni un impuesto más, sin bajar el sueldo de los altos funcionarios públicos. Ni un impuesto más, sin cortar el gasto corriente. Ni un impuesto más, sin fortalecer la defensa de los contribuyentes!

El Poder Legislativo Federal está obligado constitucional, política y éticamente a responder de manera adecuada a la situación económica que viven las familias de nuestro país; en Movimiento Ciudadano no olvidaremos jamás esta responsabilidad, por lo que votaremos en contra del Dictamen que se discute el día de hoy.

Aún cuando somos los únicos de esta Cámara que no hemos olvidado lo dicho por Morelos en los Sentimientos de la Nación, lo seguiremos apoyando y abrazando como nuestra causa, nuestra plataforma y nuestra propuesta:

“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.”

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del dictamen.

Es cuánto.

Notas:

1 Nicolás Maquiavelo

2 http://www.jornada.unam.mx/2013/09 /19/política/018n1pol

3 http://aristeguinoticias.com/0910/méxico/400-grandes-empresas-casi-no-pagan-imp uestos/

4 http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/ informes_art70/informe_anual_2012_art70.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2013.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Ricardo Monreal Ávila. Tiene el uso de la palabra, la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. En el tema de la concepción de la teoría de la política pública, hay dos concepciones generales de cómo debe ser el régimen hacendario de un país. El primero, aquél que grava al consumo, que es una posición meramente neoliberal, porque trata a todos los ciudadanos por igual, porque no distingue a los ciudadanos que apenas tienen para comer y a los ciudadanos que tienen excesos y que gastan su dinero, sí, en mucho consumo, pero también que tienen todo un excedente que está solamente acumulándose.

Y existe también el de la teoría que grava la renta, que grava el ingreso y que es el que tienen los países más avanzados de todo el mundo. Es decir, donde pagan más los que más tienen, los que más ganan y donde hay una gradualidad que permite que la gente pueda aspirar, no solamente a ir avanzando a una mejor posición económica, sino que también a que la gente pueda aspirar a ser una clase media que tenga bienes y servicios de manera justa.

En el PT hemos dicho constantemente que nosotros creemos en una teoría hacendaria que grave a la renta, no que grave al consumo, porque es injusto tratar de sacar de la clase media y de los más necesitados este bache presupuestal en el que nos va a meter la privatización de Pemex.

Compañeras y compañeros diputados, hemos dicho en reiteradas ocasiones que el Partido del Trabajo —de manera responsable— se ha pronunciado en contra de esta reforma hacendaria, que pretende no solamente generar un IVA en la frontera, sino que pretende también generar un IEPS para la gasolina y el diesel, que permite gravar ahora también al sector agropecuario.

En efecto, es ésta una iniciativa o una serie de iniciativas que pretenden afectar no solamente a la clase media, sino como lo hemos dicho, al ánimo aspiracional de crecimiento de los mexicanos.

El ejemplo más claro es el ISR que se presenta hoy en la compraventa de casas habitación. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a la gente, si tiene que darle al fisco casi la mitad del valor de su casa a la hora de venderla? ¿Dónde está la concesión de que el ciudadano pueda ahora tener cuando menos la aspiración de una casa, de que algo les pertenezca y entonces de que esta aspiración pueda además irse elevando escalonadamente?

Nos hemos pronunciado también en contra del tan mal llamado seguro de desempleo, que es en realidad un fondo de desempleo que se genera con el dinero de los propios trabajadores.

Hemos también dicho y nos hemos pronunciado —insisto— fuertemente en contra de la homologación del IVA en la frontera, donde no solamente presentaremos una reserva, sino donde estaremos haciendo un frente común, porque como chihuahuense y como mexicana pensamos que esto no solamente afecta a las franjas fronterizas, sino también a la competitividad de este país.

Sobre el IEPS en las gasolinas y el diesel. Afecta definitivamente también al sector agropecuario y lo que ya hemos aprobado del manejo del sistema tributario de este país viene a complementar ésta como una iniciativa que se vuelve meramente recaudatoria y no de ninguna otra cosa.

Sin embargo —y lo reconocemos aquí— hay cosas positivas que el PT ha planteado desde antes. El gravar las ganancias en las transacciones bursátiles ha sido una bandera, una iniciativa que el PT presentó hace ya mucho tiempo y que nos congratulamos y reconocemos el avance en este tema de las fracciones parlamentarias, en general, que lo lograron, no solamente de un partido político que ha querido agenciarse este tema.

Igualmente nos congratulamos que ésta no sea un IVA generalizado en alimentos y medicinas. Sin embargo, esta miscelánea fiscal gravemente ataca a la clase media y no le apuesta ni a la gradualidad ni a la simplificación hacendaria.

Compañeras y compañeros diputados, nosotros presentaremos no solamente posicionamiento en contra, sino también reservas, porque creemos que es la manera en que se debe de venir a trabajar legislativamente. No en un pleito en la tribuna, sino responsablemente en el proceso legislativo.

El PT se pronuncia en general en contra de la reforma hacendaria, en contra del IVA en las fronteras, se pronuncia en contra del IEPS en gasolinas, se pronuncia en contra del ISR en el sector agropecuario y también presentaremos reservas al respecto. Éste es nuestro posicionamiento. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil. Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Tomás Torres Mercado:Deseo con la autorización de la asamblea —y porque es un convencimiento personal también— reiterar que en la celebración de los 60 años del voto de la mujer en México, reiterar el que ojalá y los pronunciamientos y celebración de la fecha consoliden en las propuestas político electorales, no en una cuota de equidad que pudiera ser un reconocimiento temporal, sino en la consolidación paritaria y que para las mujeres no solo sea el reconocimiento de estos 60 años del voto, sino de su presencia, de su lucha de ayer, de hoy y de siempre. Lo decimos de todo corazón.

Quiero por otra parte expresarles a ustedes que se ha colocado en el debate político nacional, en todos los sectores, esto que hemos denominado la reforma hacendaria, o algunos con un toquecito de descalificación, la miscelánea fiscal. Sea cual fuere la denominación quiero decirles, —para quienes anticipan su voto en contra— recordar que el conjunto de estos ordenamientos ha pasado ya el Código Fiscal de la Federación, ha pasado ya la legislación aduanera, han sido unánimemente votadas las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

¿Por qué el voto unánime en éstas y por qué la anticipación de ir en contra en lo sustantivo de esta reforma? Es decir, acepto, sí, que no se disminuyan los fondos para los municipios. Celebro, sí, que se mantengan y que crezcan los presupuestos para las entidades federativas. No acepto —dicen— que se cobre impuesto sobre la renta en vivienda de más de tres millones y medio. Pero quiero no dictar una sentencia, ustedes ya la firmaron: quien han votado Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, quien ha votado Coordinación Fiscal, intrínsecamente está votando a favor la reforma hacendaria. Dígase lo que se diga.

Quiero también que esta asamblea y que la gente afuera sepa que ahora se está tratando la Ley del IVA, del Impuesto sobre la Renta, IEPS y Derechos. Y que en la Junta sería además una ingratitud y una deslealtad, porque tengo que decir que en la Junta estuvo la participación brillante del diputado Villalobos o la conducción diligente de Trejo Reyes. Solo confirmo una verdad. Pero también estuvo el PRD, ¿y por qué no decir? Las aportaciones de Cuéllar o la inteligencia de la diputada Sanjuana o la experiencia serena y política del diputado Cantú, o la eficacia y la firmeza de Marco Bernal. Lo que ahora se discute es producto de la participación plural de los grupos parlamentarios.

No compartiremos todo. Podemos tener una visión diferente en el tratamiento. Pero, ¿por qué no? ¿Qué no la aduanera o la de Coordinación Fiscal incluso fue presentada por Acción Nacional, compartiendo la mesa de la Comisión de Hacienda y Crédito Público? Eso es motivo de reconocimiento y de orgullo.

Que nadie se adueñe el haber quitado el IVA de los intereses al crédito hipotecario o el IVA en colegiaturas o haber generado un régimen intermedio en el campo. Es importante decir que tenemos visiones diferentes, pero cualquiera diría —y desde allá afuera tienen que decir— presidente, si todos los ordenamientos correlacionados con la reforma hacendaria han sido votados unánimemente a favor, hay solo una conclusión: porque todos hemos formado parte y lo que bien ha empezado, seguramente bien va a concluir. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Tomás Torres Mercado. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Narváez para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Javier Salinas Narváez:Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática vengo a fijar nuestra postura respecto al paquete de reformas fiscales del año 2014.

Saludamos la congruencia de la mayoría de los diputados que trabajamos en las Comisiones de Hacienda y de este pleno, porque logramos, avances sustanciales en cuanto a parar las intenciones del Ejecutivo de gravar impuestos que iban a afectar a la ciudadanía en su conjunto.

Con ese objetivo y con el conocimiento de cómo iba a repercutir de manera negativa a la población alcanzamos acuerdos sustanciales para frenar la intención que se tenía de gravar más a impuestos como son el IVA, el impuesto sobre la renta, el IEPS y los derechos.

Así, alcanzamos acuerdos importantes para que en materia de impuesto sobre la renta, en el caso de las personas morales se mantuviera la deducción de las aportaciones a los fondos del retiro complementario que la ley permite, al mantener la deducción hasta en un 47 por ciento, con lo cual se mantendrá el incentivo para otorgar a los trabajadores prestaciones por encima de la ley.

En el régimen simplificado, aplicar a las empresas del sector primario, agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, logramos establecer un tratamiento diferenciado por tamaño de los contribuyentes, con lo cual se establece un tratamiento progresivo y se evitará la elusión de los grandes corporativos de producción, manteniendo el tratamiento especial para las organizaciones campesinas.

Insistiremos en la derogación de la consolidación fiscal, porque es una falacia, ya que se sustituye por un régimen acotado bajo el llamado Régimen Fiscal Opcional para Grupos de Sociedades, con lo cual se seguirá beneficiando a los empresarios más poderosos de este país.

En el impuesto sobre la renta para personas físicas señalamos que la propuesta para aumentar la tarifa pretendía recargar la reforma en la clase media, por lo que obtuvimos acuerdos para dotarla de mayor progresividad y gravar más a las personas con altos ingresos en este país.

En el mismo sentido, se frenó la propuesta para eliminar la exención de los ingresos derivados de la enajenación de casa-habitación mediante un acuerdo para mantener un límite de hasta 700 mil unidades de inversión.

Además, alcanzamos un acuerdo para ampliar la propuesta de régimen de incorporación fiscal de 1 a 2 millones de pesos para tributar en este nuevo régimen, a fin de incorporar a los pequeños contribuyentes, conocidos como Repecos.

Insistiremos en la propuesta para limitar el monto máximo de las deducciones personales al 10 por ciento del ingreso anual del contribuyente, que afectará sobre todo a la clase media, que son los que finalmente financian los servicios médicos con un 25 por ciento de sus ingresos, según datos de la OCDE.

En el caso del impuesto al valor agregado promovimos con éxito acuerdos para frenar la propuesta de cobrar el impuesto sobre la enajenación, hipoteca y renta de bienes inmuebles. Frenamos la intención de eliminar lo exento que están las colegiaturas, frenamos la intención que tenía el Ejecutivo de centralizar los juegos y sorteos y logramos que los estados siguieran con este beneficio, porque es un derecho que tienen en el sistema nacional de coordinación fiscal.

Vamos a insistir para que no se elimine la exención del transporte foráneo. Va a pegar muy fuerte en el bolsillo de los trabajadores y de los alumnos, que tienen la necesidad de transportarse de una ciudad a otra. No solo pagarán su pasaje, sino pagarán el 16 por ciento en IVA.

En cuanto al impuesto especial sobre producción y servicios alcanzamos acuerdos importantes en defensa de la economía popular. Por decir, las cuotas del nuevo impuesto de combustibles fósiles y exentar el petróleo crudo y el gas natural.

Finalmente, en materia de derechos federales alcanzamos acuerdos para permitir la disminución de los medios de agua salobre respecto al derecho de agua a cargo, con lo cual se fomentará el pago de esta contribución por la industria hotelera.

Se flexibiliza el régimen de gas grisú para simplificar el cálculo y disminuir la carga fiscal de la industria minera.

Señoras y señores diputados, este proyecto que hoy aprobamos lleva el sello de la izquierda propositiva, lleva el sello de la Revolución Democrática. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Javier Salinas Narváez. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez:Con el permiso de la Presidencia. Acción Nacional no será cómplice del asalto a la clase media y del atraco a los sectores productivos del país. La reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo ha demostrado ser retrógrada, es una agresión directa a los contribuyentes cautivos y representa una herramienta para reinstaurar el viejo régimen de control político a través de la política tributaria.

Una vez más se ha desperdiciado la posibilidad de aumentar la base de contribuyentes. Una vez más se ha despreciado la oportunidad de lograr que miles de personas que están en la informalidad contribuyan al gasto público. La reforma no corrige los regímenes especiales que aún mantiene la Ley del IVA. Por el contrario, echa mano de otras fuentes, como los impuestos especiales a ciertos productos, que solo causan distorsiones en el mercado, aumenta las tasas del impuesto sobre la renta, al tiempo que limita las deducciones y recurre al endeudamiento como puerta falsa del crecimiento económico.

Fuimos los primeros en señalar aquellos impuestos que dañarían severamente a las familias mexicanas. No fue el presidente ni fue el PRI quienes lograron eliminar el IVA en colegiaturas, ellos fueron quienes lo intentaron imponer, para no solo cobrar impuestos sobre una educación que el Estado no está otorgando y que además pretendía gravar.

Desde esta tribuna felicito a los miles de mexicanos que junto con el PAN alzaron la voz para decir: no al IVA en colegiaturas. También gracias a los ciudadanos que nos apoyaron en las calles logramos evitar que se cobre IVA en las hipotecas, en la compra, venta y renta de vivienda, porque no se debe atacar el patrimonio de las familias mexicanas. Hoy todos somos conscientes de lo difícil que es hacerse de un patrimonio para heredar a los hijos.

Sin embargo, aún se mantiene la propuesta de aumentar el IVA en la frontera y en las importaciones temporales a las empresas de maquila, restando competitividad al gran dinamismo económico que viven las ciudades fronterizas y que pone en peligro la creación y el mantenimiento de millones de empleos en esas regiones del país, que se ven impactadas con la migración de miles de personas de todo México que requieren empleos y servicios públicos.

La supresión de la deducción anticipada del activo fijo, el límite de las deducciones personales, el tope a la deducción de las prestaciones sociales en solo un 41 por ciento y la eliminación de las modalidades del régimen de maquila no generan un incentivo a la inversión y a la producción y, por lo tanto, elimina cualquier posibilidad de generar empleos.

¿Qué clase de país quieren los impulsores de este dictamen, cuando en vez de generar incentivos a la adquisición de activos productivos para la generación de empleos fincan su esperanza en la inversión pública del Estado, como un sofisma del pasado?

En Acción Nacional defendemos los estímulos a la propiedad privada como un derecho natural del hombre, que le permite el ejercicio de su libertad y que hoy esta libertad se ve amenazada con la instauración de este régimen político que pretende generar súbditos y no ciudadanos libres.

La mayoría de las modificaciones a la iniciativa original del presidente, que se reflejan en este dictamen, son el resultado de un esfuerzo por el PAN por contener los impactos negativos de esta desafortunada reforma. Pero no resultan suficientes para desvirtuar su verdadera esencia, que es pretender expropiar los recursos de la clase trabajadora y de los sectores que generan empleos en este país.

La miscelánea fiscal no tiene la más mínima intención de promover el crecimiento económico. Al contrario, tiene un evidente carácter recaudatorio, porque aumenta los ingresos del gobierno federal en 260 mil millones de pesos provenientes de deuda pública y casi 200 mil de ingresos derivados de impuestos para financiar dos nobles programas sociales, que a juicio de la propia Secretaría, solo le representan al gobierno 3 mil 500 millones de pesos. ¿Adónde se pretende destinar el resto de estos recursos?

En Acción Nacional consideramos que el apoyo únicamente a los programas sociales no es suficiente para revertir el crecimiento de la pobreza en el país. Solo la generación de empleos —que hoy se ve amenazada con esta reforma— ayudará a revertir la pobreza y la desigualdad.

Compañeras y compañeros legisladores, debemos decirlo con claridad: el presidente de la República se ha equivocado y no ha tenido la sensibilidad necesaria para construir una propuesta que genere una nueva relación fiscal entre el Estado y los contribuyentes.

En las calles hemos visto que los mexicanos exigen que se aumenten los salarios y que haya empleos, antes que pensar en aumentar los impuestos a los mismos de siempre.

No acompañamos el presente dictamen, porque las medidas planteadas —y aquí se ha citado— son insuficientes para fomentar el crecimiento de nuestra economía. Por el contrario, México se perfila a tener hoy una de las tasas corporativas más elevadas de los países con los que aún mantiene relación comercial, llegando casi al 50 por ciento como resultado de indexar el 30 por ciento del impuesto sobre la renta para personas morales, el 10 por ciento a los dividendos y el 10 por ciento a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Ello sin contar la elevada tasa confiscatoria a las personas físicas con ingresos de más de 3 millones.

Las concesiones que el gobierno y el PRI han pactado con el PRD resultarán efímeras al iniciar la discusión de rumbo energético que este país requiere. Con tal de conseguir recursos extraordinarios para el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal, hoy el PRD ha aceptado ser cómplice en el asalto de los mexicanos.

En Acción Nacional hemos aprobado y aprobaremos lo que será mejor para México, como ha sido el caso de la reforma —concluyo, señor presidente— a la coordinación fiscal recientemente aprobada. Pero no aprobaremos esta miscelánea fiscal que confisca el patrimonio de los mexicanos.

Nosotros en el PAN, a diferencia del PRI y del PRD, les hemos cumplido a los ciudadanos y por eso votaremos en contra del presente dictamen. No seremos cómplices de pegarle al patrimonio de las familias. No seremos cómplices en el asalto a la clase media. Y no seremos cómplices en el atraco a las fuentes de producción y del trabajo de los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Jorge Villalobos Seáñez. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Herrera Delgado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jorge Herrera Delgado:Con el permiso de esta Presidencia. Compañeras y compañeros, hoy tenemos ante nosotros un dictamen que tiene en su esencia el trabajo, el talento, la experiencia, la participación de todas las fuerzas políticas, en general de ellas. Y tenemos ante nosotros la oportunidad de construir un parteaguas y de cambiar paradigmas en la construcción de un nuevo sistema fiscal para los mexicanos.

Lamento mucho que al hablar de él no podamos hablar hoy todos en la misma manera, porque estuvimos ahí durante muchas horas trabajando y pudimos ver que con experiencia y con ganas se estuvo tratando de hacer un mejor dictamen que beneficie a las familias mexicanas.

Hoy, cuando escucho los posicionamientos, queda claro que habla aquí de alguna manera el dolor de que no estuviésemos dispuestos a poner IVA en alimentos y medicinas. Ésa es la realidad. Estamos hablando de que el único compromiso que tenemos es con las familias de los mexicanos. Y hoy queda aquí en evidencia que estamos echando abajo el trabajo y los compromisos al tapar los boquetes fiscales de aquellos tratamientos preferenciales que se les dieron a los grandes capitales durante la última década. Eso es lo que duele, por eso hoy se habla de otro tipo de alianzas.

Pero de lo que tenemos que hablar con toda claridad es que, más allá dé o al margen de ideologías políticas, la pobreza que se vive en este país, la situación económica que afecta a miles de familias mexicanas nos reclama urgentemente la redistribución de la riqueza, la cual —lo sabemos todos— encuentra en la tributación posiblemente el medio pacífico más idóneo para ello.

No basta cerrar los ojos para pensar que los problemas van a desaparecer, y mucho menos pensar que con ello no vaya a haber una situación que sea diferente de la pacífica, donde en menos de una generación estaremos viendo resoluciones de manera diferente.

Hoy estamos aquí, nuestro grupo parlamentario, convencidos de la necesidad de contar con un marco normativo fiscal que favorezca la capacidad recaudatoria del gobierno federal y que logre un efecto redistributivo mediante el gasto público, ofreciendo mayores y mejores servicios a los grupos sociales más vulnerables del país.

Las diputadas y los diputados del PRI, con este respaldo y con el voto a este dictamen refrendamos nuestro compromiso de hacer un marco tributario más justo, mediante la reducción de tratamientos preferenciales, lograr una mayor equidad y proporcionalidad, y avanzar en el establecimiento de medios que tiendan a evitar los abusos realizados por algunos contribuyentes.

Hoy podemos hablar con toda claridad que escuchamos a muchos de los sectores productivos y que incorporamos su visión en nuestro trabajo y dictamen. Aquí estuvieron muchos de ellos: el sector maquilador, el cual hoy tiene una respuesta. Los hoteleros y el sector turístico de Cancún. Los joyeros y los tequileros de Jalisco, que hoy tienen respuesta con nuestro trabajo. Estuvieron también los agentes aduanales, los mineros, grandes y pequeños, los productores del campo. Y para todos hay una respuesta.

Quizás no se pudo construir la de cada uno de ellos, pero se ha trabajado en la mayoría de los planteamientos y hoy tenemos ante nosotros un dictamen que significa el poder darle respuesta a ellos. Pero ante todo, en este dictamen que hoy tenemos aquí, que lo hemos construido para dar respuesta a las grandes mayorías de nuestro país, que buscamos fortalecer la economía de las familias mexicanas, especialmente la de los sectores más vulnerables y, por supuesto, la de las clases medias.

Hay que decirlo con toda claridad, tenemos ante nosotros la oportunidad de construir un sistema fiscal distinto, redistributivo, que acabe con las diferencias, las grandes diferencias que existen en nuestro país.

Ya han hablado —quienes me han antecedido— de que hoy tenemos que mirar hacia pocos ricos, muy ricos y muchos pobres, muy pobres. Esa diferencia tenemos que acabar con ella y la forma de hacerlo es redistribuyendo la riqueza. Es con un sistema fiscal que pueda llevar a los más pobres una respuesta.

Hoy tenemos una manera de combatir la pobreza con acciones concretas. Más allá de una visión meramente asistencialista, hoy tenemos ante nosotros la oportunidad de dar un derecho universal a todos los mexicanos, pensión universal, seguro de desempleo. Están aquí y este dictamen le da sustentabilidad para que año con año haya los recursos suficientes para hacer frente a los compromisos que generan.

Quiero terminar mi intervención, compañeras y compañeros diputados, invitándoles a apoyar este dictamen. Que tengamos en la conciencia que estamos construyendo una oportunidad para un país diferente. Pero ante todo, que estamos ante el momento de las responsabilidades y que dijimos, presentes, aquí estamos nosotros, aquí están ustedes y es la oportunidad de responderle al país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado Jorge Herrera Delgado. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Decía por ahí que otra vez. Pero nos gustaría ver debatiendo a los priistas, no solamente a Jorge Herrera, que subió hace un rato y que ayer fue el caballito de batalla en la Comisión de Hacienda. Esperamos que suban los demás del PRI y no solamente otros partidos a defender este atraco a la nación.

Hoy se define quién vota más impuestos para un gobierno autoritario, ineficaz y corrupto y quien está con los ciudadanos. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, decidimos definitivamente estar del lado del pueblo, él es que nos manda, él es el que nos puso aquí y él es al que defendemos. No al Ejecutivo, no a grupos de interés.

Reiteramos nuestro rechazo a esta reforma hacendaria presidencial por abusiva, terrorista y dañina para millones de mexicanos. Toda la reforma hacendaria se construyó a partir de una gran mentira.

Cuando vino el 8 de septiembre, el secretario de Hacienda la definió como una reforma social. Pero si analizamos la propuesta constitucional, en un transitorio se echa abajo la supuesta pensión universal para adultos mayores y el seguro del desempleo, porque todo está subordinado al regateo presupuestal y a los ahorros de los trabajadores. Es una gran mentira. Una supuesta garantía constitucional con un transitorio que la hace inviable.

Esta reforma es inconstitucional en términos del artículo 31, porque es desproporcionada y es inequitativa. Hay quienes presumen ahora impuestos para frenar la obesidad, pero no hacen nada para frenar la obesidad de un gobierno ineficiente. La obesidad de un gobierno oneroso que no da soluciones a los problemas de pobreza, inseguridad y desempleo.

Hay quienes dicen que van a gravar a la chatarra. Pero respaldan la chatarra de la corrupción, de los subejercicios criminales de un gobierno que habló de un crecimiento del 3.5 por ciento y según el Fondo Monetario Internacional, difícilmente alcanzaremos este año el 1.2.

Hoy Inegi acaba de dar a conocer que de cada nueve negocios instalados en el 2009, en el 2012 solo sobrevivían dos. Y todavía se quiere castigar más al sector productivo. Nosotros tenemos claro que el papel del Congreso en una sociedad democrática es ser un contrapeso al poder, no someterse al poder presidencial. Es una irresponsabilidad en estos momentos gravar con más impuestos, atacar a las clases medias del país y gravar a casi 10 millones de mexicanos, con un aumento al IVA del 5 por ciento en las fronteras del país.

Desde aquí le decimos a la gente de la frontera del país –a la gente de Ciudad Juárez, a la gente de Tijuana, a la gente de Ensenada, a la gente de Reynosa, a la gente de Matamoros, a la gente de Acuña, a la gente de Piedras Negras, a la gente de Cancún y de la frontera sur del país— que no vamos a aprobar este impuesto del 5 por ciento al IVA adicional en la frontera del país. Toda nuestra solidaridad con los habitantes de la frontera del país.

Esta reforma plantea también un déficit criminal: un endeudamiento del 1.4 por ciento del PIB. Es decir, este gobierno —concluyo— concentra el autoritarismo de Díaz Ordaz, la corrupción de Salinas de Gortari y el endeudamiento criminal de López Portillo y Echeverría. Ésa es la mezcla. Por eso, ni un paso atrás. No a la reforma hacendaria.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Para hablar a favor tiene el uso de la palabra el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, vengo a hablar a favor de este dictamen, porque este dictamen no es la propuesta que envió el Ejecutivo, es el dictamen y la propuesta que hemos construido la mayoría de los grupos parlamentarios buscando los acuerdos y los consensos.

No se ha hablado acá que hemos logrado quitar de estos dictámenes el cambio de régimen fiscal de Pemex, donde se abrían los contratos de utilidad compartida. Por un momento el PAN se seguirá frotando las manos como zopilote sobre Pemex. No se toca ahorita.

La izquierda no debe de ir dividida, la izquierda debe de ir unida. Es muy delgada la línea que nos separa de la derecha.

Miren, este dictamen recoge tesis de la izquierda, de luchas de hace más de 30 años. No IVA a alimentos ni medicinas, como quería el espurio Calderón. No, hasta hoy no hay IVA a alimentos ni medicinas.

Que paguen más impuestos quienes ganen más. En un país de desiguales no podemos pagar iguales. La gente pobre, los millones y millones de gente pobre y pobre y en pobreza extrema que crearon los gobiernos azules, no merecen un trato igual. No, señores.

También se acaban —y esta es una lucha ya antigua— los regímenes especiales y el régimen de consolidación fiscal para que las grandes empresas, las grandes empresas que ganan miles de millones de pesos y que hoy no paguen impuestos o los difieren a 10 años, sea una realidad que paguen impuestos. Hoy esas grandes empresas que les patrocinan van a pagar impuestos.

Es una mentira, no se grava el patrimonio. Pero no fue una concesión de nadie, fue un debate y acuerdos a los que llegamos para no gravar el patrimonio de las y los mexicanos. Grava el capital especulativo, la Bolsa, los dividendos. Grava los ingresos en minería, que extraen la riqueza del subsuelo de este país y se la llevan al extranjero. Esos van a pagar impuestos.

Esta propuesta, también estamos convencidos de que por sí sola, no va a sacar del problema económico que vive el país. Ahí también el Ejecutivo tiene que apretarse el cinturón, tiene que hacer un programa de austeridad republicana y tiene que combatir la corrupción, que antes y hoy sigue existiendo en el gobierno federal.

Amigos y amigas, debemos —como dicen en mi pueblo— quitarnos los chongos. Hay que plantear las cosas como son. Nosotros lo hemos dicho: que pague más el que más gana. Que no se le afecte a los más de 60 millones de pobres.

Y el PAN no plantea, porque si su lucha fuera de verdad por defender a la clase media y más baja de este país, no estuvieran defendiendo a las grandes empresas, como las refresqueras, que hoy no pagan impuestos. No estuvieran defendiendo eso.

Les quiero decir —para concluir, señor presidente— que en la reforma laboral fuimos en contra. Se aprobaron y se aplaudieron contratos temporales, contratos a prueba y en las mesas el PAN —y eso no lo ha dicho— estaba defendiendo que sean hereditarias las patentes de sus agentes aduanales. Ése es el doble discurso.

Por eso nosotros vamos a favor de esta propuesta. No es un cheque en blanco, se tiene que acabar y combatir la corrupción. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado. Sonido en la curul de la diputada Lilia Aguilar Gil. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Señor presidente, para rectificación de hechos y alusiones específicas a mí partido, en la intervención del orador que acaba de terminar el uso de la palabra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: La anoto para rectificar hechos al final de la lista de oradores. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Camarillo Ortega, para hablar en contra.

El diputado Rubén Camarillo Ortega:Diputadas y diputados, vengo hoy a la tribuna para que no le quede duda a nadie de cuál es la posición de los panistas de la Cámara de Diputados. El PAN votará en contra de esta mal llamada reforma hacendaria y social, que por cierto, no es lo uno ni lo otro, ni hacendaria ni social.

Lo que sí es, es una burda intentona de engaño a los ciudadanos de este país. Lo que sí es, es una decisión absurda y un despropósito de parte de la Presidencia de la República. Lo que sí es, es un atentado en contra del aparato productivo nacional. Lo que sí es, es una señal inequívoca de que el gobierno federal ha perdido la brújula, que a menos de un año de haber entrado en funciones el país se le está yendo de las manos. Eso es esta seudo-reforma.

El PAN ha sido una oposición responsable. Hemos acompañado al Ejecutivo federal en temas trascendentales, como la reforma en educación y en telecomunicaciones. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para colaborar por el bien de México. Pero una oposición responsable también debe saber decir no al presidente de la República, cuando se está equivocando. Y le decimos no, porque no seremos cómplices de quien en materia económica ha demostrado incapacidad para dar resultados.

Esta iniciativa tiene problemas de fondo y se presenta además en un momento total y completamente inoportuno. Y es un engaño —y aquí voy a ser muy claro con todos los compañeros que hoy van a votar a favor— es un discurso falso y lleno de cinismo para quienes dicen que esta reforma es para cobrarle más a los que más tienen. Eso es cinismo.

Es un cinismo, porque lo que realmente esconde es la incapacidad del gobierno para cobrarle a los que les tienen que cobrar. A esos que hoy no pagan impuestos. Qué fácil fue apretarle a los que ya pagan, cuando en contraparte tenemos 60 por ciento de la actividad económica de la informalidad. Qué fácil fue poner contra la pared a más de 800 mil micro y pequeñas empresas, que son el verdadero sustento del aparato productivo nacional. Esos no son los ricos de este país, los verdaderos ricos cuando no les convenga se irán de México a otro continente, si así les place. Los otros, los verdaderos empresarios, los verdaderos emprendedores van a tener que quedarse aquí a sufrir los errores de este gobierno.

Qué poca. Qué poca. Sí, qué poca creatividad tuvieron al presentar una miscelánea fiscal recesiva, abusiva y que va en contra de la generación de empleos en el peor de los momentos.

—Termino, presidente, porque sé que a algunos ya les calentó esto.

Pareciera ser que en el gobierno del presidente Peña Nieto se ha impuesto una vez más —como en el pasado— esa rancia estirpe del priismo populista y que han dejado de lado la responsabilidad y la mesura a la que se comprometió su presidente. Duele, duele mucho por los mexicanos. Ahí los veremos, cuando tengan que darle la cara a los mexicanos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Rubén Camarillo Ortega.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, invitados por la vicepresidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Treviño, para hablar a favor.

El diputado Javier Treviño Cantú:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, durante demasiado tiempo se ha dicho que los retos de México están sobre diagnosticados, que todo el mundo sabe cuáles son los principales problemas que enfrentamos para ser una sociedad más competitiva, más próspera, más equitativa. Sin embargo, pocas veces en nuestra historia reciente la clase política mexicana ha tenido la visión, la voluntad y el liderazgo político necesario para pasar de los simples diagnósticos y de las simples críticas, al planteamiento de propuestas concretas que atiendan con puntualidad tales desafíos.

Hoy ese paradigma está cambiando mediante el espacio de diálogo y negociación que se ha abierto entre las principales fuerzas políticas del país, así como a las iniciativas de reformas estructurales que ha presentado el presidente Enrique Peña Nieto ante el Congreso de la Unión para su discusión y eventual l aprobación e implementación.

Después de avanzar gracias a la aprobación de la reforma laboral, de telecomunicaciones, de competencia económica y de educación de nuevo se han dado pasos trascendentales al impulsar iniciativas para alcanzar tanto una reforma energética como una reforma hacendaria que a la vez es una ambiciosa reforma social.

Estas tres reformas —la energética, la hacendaria y la social— están estrechamente vinculadas entre sí. La iniciativa de reforma hacendaria representa un verdadero paso transformador porque plantea cuestiones determinantes para nuestra competitividad internacional y para nuestro desarrollo, como sociedad unida en lo fundamental. Por un lado incluye incentivos para que un creciente número de personas se incorporen al sector formal de nuestra economía y con ello se amplíe la base de contribuyentes. Por el otro lado contempla trascendentes acciones para fortalecer nuestro sistema de seguridad social, con disposiciones que incluyen el seguro de desempleo y una pensión universal para los adultos mayores.

Además considera mecanismos nuevos para darle no solo mayor transparencia al gasto federal, sino también para ejercer un control más estricto del mismo, de forma que se destine inversión productiva en servicios de salud, en educación creciente de calidad y en proyectos de infraestructura para hacer realidad nuestro enorme potencial de crecimiento.

Toda propuesta es perfectible y en la Cámara de Diputados el Grupo Parlamentario del PRI trabajó intensamente en todos los estados, en todos los distritos, con todos los grupos de la sociedad, para conocer sus preocupaciones, para escuchar sus sugerencias, para atender sus recomendaciones. Por eso estamos preparados para argumentar a favor de reformas que contribuyan a transformar a México, en un país más competitivo, más próspero y más justo.

Los profundos cambios en el mundo que nos exigen estar a la altura de los retos para que en lugar de seguir rezagándose —como lamentablemente ha ocurrido en la última década, donde pasamos de una sociedad que tenía grandes expectativas, a una que llegó a las grandes frustraciones— nuestro país ahora sí, con esta reforma hacendaria y con eficacia en la acción del gobierno, pueda dar así los pasos firmes en la búsqueda de un lugar más relevante e influyente. Ello necesariamente pasa por asumir la urgente necesidad de cambiar este modelo hacendario. Esa es nuestra responsabilidad.

Nuestra responsabilidad es trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente. La gente espera que trabajemos en este Congreso y que hoy aprobemos esta reforma hacendaria y de seguridad social. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado Javier Treviño. Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Diputados, no se hagan patos. Miren, las últimas declaraciones del señor Carstens, gobernador del Banco de México, ahora confirma para quienes trabajan los integrantes del pacto contra México. Él ha señalado que la concreción de las reformas estructurales que impulsa el gobierno federal y discute el Congreso, constituyen el antídoto para que México afronte con menos sobresalto el cambio de condiciones de liquidez del mundo. Esto es, garantizar la presencia del capital internacional en la economía nacional.

Refiere que la fortaleza de la política monetaria, mantener inflación baja, una política fiscal también sólida, deuda sostenible y, sobre todo, éxito en las reformas estructurales son los factores que permitirán a México enfrentar el entorno en los siguientes meses.

Recuerden, hablo de Carstens, subsecretario de Fox, secretario de Calderón. Ellos sí saben para quién trabajan, hasta hablan bien el inglés. No hay lugar a dudas, la meta es la atracción de mayores inversiones extranjeras, cuyo objetivo no es el de beneficiar a la población del país en el que radican temporalmente, sino el de obtener las mayores ganancias en la dinámica del mercado internacional.

No existe una política pública que fortalezca a la industria nacional con miras a una menor dependencia económica. Ello explica los cambios del Revolucionario Institucional en sus Documentos Básicos, en contravención a un supuesto nacionalismo revolucionario. Y que por cierto, el PRD no hace mención.

Y el propio discurso justificante del PRD, de ser una izquierda, ¿cómo dicen? Responsable. Silvano diría: modosita, ¿verdad? Cuando ha pactado en beneficio de sus tribus y no de su militancia y de la ciudadanía.

Las propuestas de las reformas estructurales aprueban apuntalar el funcionamiento en la economía nacional para un mayor lucro y explotación por parte del 1 por ciento de la población que dispone y abusa de este país. Que Manlio escuche bien, 53 millones de pobres y solo 53 multimillonarios. Para ellos trabajan.

El pacto contra México rompe con los principios constitucionales, en perjuicio de los distintos sectores económicos y sociales que actualmente cohesiona, con bastante dificultad, la propuesta programática contenida en la Constitución, misma que tiene como obligación de los mexicanos la de contribuir con los gastos públicos de la federación, el Distrito Federal, el estado y los municipios en que resida cada mexicano, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Para ello necesitamos identificar las garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad que debe observar en forma obligada el Estado mexicano en la reforma de las leyes que Peña Nieto presentó al Congreso de la Unión y no se cumplen.

—Presidente, le pediría que los que piden tiempo, que mejor pidan la palabra.

Ni el presidente ni el Congreso de la Unión tienen facultad omnímoda para establecer los impuestos que a su arbitrio consideren convenientes. La determinación de las tasas en los distintos impuestos que se aprueban por esta Legislatura se encuentran limitados por los requisitos esenciales de proporcionalidad, equidad y que se destinen al pago de los gastos públicos. El incumplimiento de estos demerita la obligatoriedad de los mismos.

Miren ustedes, no hay lugar a duda que la mayoría automática que genera el pacto contra México cumplirá con la votación necesaria para la legalidad de la imposición de tasas y tarifas. Sin embargo, son reformas que no tienen legitimidad, no solo frente a la clase trabajadora y el 70 por ciento de pobres de este país, sino ante el mismo sector empresarial.

Miren, la regla es muy simple, el impuesto debe estructurarse de forma que grave a cada uno según su capacidad económica. Las garantías de proporcionalidad y equidad no se atienden ni se entienden en la propuesta que presentan.

Y nada más voy a poner este ejemplo. Personas morales, tasa 30 por ciento, artículo 9o. de la Ley de Impuesto sobre la Renta, con un catálogo de deducciones contenidas del artículo 25 al 58 de esta misma ley, con el beneficio que les concede la nueva sociedad integradora que suple el régimen de consolidación fiscal.

Personas físicas —dicen ustedes— se gravan sus ingresos después de la cuota fija con tasas del 30 por ciento después de 500 mil pesos, 32 después de 750 mil y hasta 1 millón de pesos. Y de 1 millón a 3 millones, 34 por ciento.

La diferenciación de tasas y los conceptos de deducciones diferenciados nos arrojan desproporcionalidad en la carga fiscal de los distintos sectores sociales.

Por ejemplo, en 2011 Walmart —y esto para que los del PRD lo entiendan bien— presentó una carga efectiva del 2.1 en sus ingresos. Las personas físicas con ingresos de 20 mil pesos presentaron una carga efectiva a sus ingresos del 20.9 por ciento. Quien obtuvo 50 mil presenta una carga del 26.4 por ciento, ¿a poco pagan más los que más ganan? Mentira, eso es una mentira con la que están justificando su subordinación al pacto contra México.

Por lo tanto, miren —y culmino, presidente— la inconformidad que se manifiesta día a día en las calles y comunidades de este país prenden focos rojos al gobierno federal y a las cúpulas partidistas.

¿Dónde quedó la promesa de construcción de plantas petroquímicas de Felipe Calderón? ¿Dónde está la desincorporación de más del 50 por ciento de la petroquímica de Pajaritos a Mexichem, como parte de la política entreguista de Peña Nieto a los extranjeros?

Continuidad de todos los anteriores a Salinas, eso es lo que ustedes están avalando con sus acuerdos con el PRI. Del PRI no nos extraña, ellos están subordinados de toda la historia, ustedes que se están subiendo a esa subordinación. No se engañen, señores del Pacto.

Culmino. El freno a una mayor depredación fiscal atiende a la inconformidad y protesta social. No crean que sea porque los señores de los partidos aquí dicen no a las colegiaturas, no a los medicamentos, no al aumento al IVA, a la medicina, etcétera. No, no es eso, son reformas ilegítimas.

Y por eso la población —fíjense qué va a ocurrir— va a estar con la verdadera izquierda. Escúchenlo bien, para que se oiga bien, con Andrés Manuel López Obrador va a estar el día 27 del presente a las 10 de la mañana y ahí se van a tomar las medidas necesarias para evitar los atracos a la nación que están haciendo ustedes con estos impuestos. Ahí nos vamos a ver, están ustedes invitados.

Obviamente apoyaremos a los mexicanos y a las mexicanas bien nacidos, que legalmente tienen derecho a inconformarse y legítimamente a desobedecer las malas actitudes de servidores como ustedes. Sigan gritando todo el tiempo. Mejor aprendan, lean y súbanse a debatir. Y no sean cobardes y atenten contra el pueblo aquí. Es todo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, el señor diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Arturo Escobar y Vega:Gracias, presidente. Buenas noches. Antes que nada y con muy poco tiempo utilizaré simplemente para dirigirme a esa izquierda radical que tenemos en la Cámara, que es absolutamente vergonzoso que ni siquiera puedan reconocer el apoyo que este gobierno federal da al jefe de gobierno del Distrito Federal. Qué pena de veras, señores.

El caso del PAN es un caso increíble, es excepcional. Ayer un diputado del PAN se atrevió a subir a la tribuna a defender a las arrendadoras y a las aseguradoras, porque buscaba que ellos mantuvieran el régimen de intereses en contra de aquellos que tienen seguros. ¿Pero cuál es la realidad? Ésa es la cara del panismo. Ustedes han buscado patentar a nivel nacional que por ustedes se logró el no a IVA a colegiaturas y operaciones inmobiliarias. Falso. Falso. Al PAN le importa, al PAN le importan los ricos de México. Al PAN no le importa la clase media.

No en una, no en dos, en tres propusieron IVA en alimentos y medicinas para atentar contra los más pobres de México. Éste es el PAN. Éste es el partido...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputado. Pido a la asamblea que guardemos orden y escuchemos al orador.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Huerta. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Es que quiero preguntarle al señor diputado...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la asamblea que escuchemos a quien está pidiendo el uso de la palabra. Dígame, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Es que quiero preguntarle al orador. Es que se está escuchando que le están gritando palero y quiero saber si él me puede contestar...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame. ¿Acepta usted una pregunta del orador, diputado?

El diputado Arturo Escobar y Vega: El señor habla mucho, déjeme hablar a mí.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dijo que sí o que no. No acepta la pregunta. Continúe el orador.

El diputado Arturo Escobar y Vega: Pero ahora vamos a hablar. Viene aquí mi gran amigo Rubén Camarillo y habla que en tiempos de desaceleración cómo nos atrevemos a proponer una reforma que permita mayor recaudación.

2008-2009, en plena crisis le ponen a México, o intentan ponerle dos puntos al IVA. Nosotros nos detuvimos y quedó en uno más, estaba en 15 y se fue a 16. Aparte nos ponen el impuesto de costos en efectivo. Vámonos en contra del pueblo. Esa es la cara de Acción Nacional.

Pero seamos honestos, el problema del PAN no es la iniciativa, el problema del PAN no es este dictamen, el problema del PAN es que como están peleados entre ustedes y está la dirigencia nacional de por medio, quieren hacer campaña electoral interna para el PAN a costa de México. El patriotismo no está del lado del PAN. En el PAN está el partidismo barato; que prefieren utilizar la tribuna de la Cámara de Diputados y sus votos como legisladores para hacer campaña interna, política barata en favor de los más ricos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Me ha pedido la palabra para alusiones personales el diputado Rubén Camarillo Ortega Tiene el uso de la voz.

El diputado Rubén Camarillo Ortega:Qué bueno que me dan la oportunidad de venir a recordarles. Y otra vez, qué poca. Qué poca. Qué poca memoria tienen algunos que compartieron conmigo la LX Legislatura. Es falso, y estoy dispuesto a sostener lo que el que me antecedió en la palabra quiera apostar, su curul si es necesario, para decirle que está mintiendo. La propuesta del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, fue un impuesto de 2 por ciento. Sí, de 2 por ciento, pero para el combate a la pobreza y fue el PRI...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señoras y señores legisladores, esta Presidencia les pide que escuchemos con respeto a todas y a todos los oradores. Continúe, diputado.

El diputado Rubén Camarillo Ortega: Y es que, compañeros, fue el PRI justamente, aquí en esta Cámara, quien propuso a la nación el 1 por ciento adicional al IVA. Y le apuesto a quien me antecedió en el uso de la palabra, cuál fue el sentido de su voto y cuál fue el sentido del mío. Si voté a favor de ese incremento del 16 al 16 por ciento, yo me voy a Aguascalientes a mi casa. Pero si él fue el que votó a favor, entonces que él se vaya a su casa. Aquí está.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señoras y señores legisladores. Continúe.

El diputado Rubén Camarillo Ortega: Vengo a que se desenmascare al que está mintiendo. Aquí, delante de todos ustedes, de todos los diputados y las diputadas, reto a quien me antecedió en el uso de la palabra que si él hizo esa propuesta —el PRI— y él la voto a favor cuando era senador y yo la voté en contra; entonces, que uno de los dos se vaya a su casa, por mentiroso. Veamos quién se va a su casa.

El diputado Arturo Escobar y Vega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del...

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Le estoy preguntando con qué objeto, dígame. Sonido en la curul del diputado Arturo Escobar y Vega.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Para rectificar hechos, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si es para alusiones personales, tiene usted el uso de la palabra.

Señoras y señores legisladores, esta Presidencia solicita orden y respeto para escuchar a todas y a todos los oradores. Continúe, diputado.

El diputado Arturo Escobar y Vega: Diputado Camarillo, primera respuesta, en contra, en contra del IVA al 16. Primera respuesta.

Segunda respuesta. Qué valiente eres en atreverte a decir que el presidente Calderón propuso dos puntos al IVA, porque según tú, era para el combate a la pobreza. No, no, no, Rubén. Aquí hay datos duros: 60 millones de pobres; 60 millones de pobres. Ése es el país que dejaron. IETU, IDE. Ésta es la realidad. Pero es tan real, que no nada más no ganaron, no nada más no quedaron en segundo, quedaron en tercero. El pueblo los expulsó del gobierno, esa es la realidad.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Rubén Camarillo. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): El diputado que me antecedió en el uso de la palabra volvió a aludirme, por tanto solicito de nueva cuenta el uso de la palabra, por alusiones personales.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado, no procede moción sobre moción, pero dígame.

El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): Quiero dejar constancia una vez más de que mí propuesta al diputado coordinador del Verde Ecologista, mi propuesta a que nos vayamos al Diario de los Debates. Si él tiene razón de que el presidente Calderón presentó una iniciativa como él la describe y yo la voté a favor, me voy a mi casa. Pero si no es así, aquí delante de todos espero que tenga los pantalones para irse a su casa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Voy a dar el uso de la palabra a la diputada Lilia Aguilar Gil. Le pido sea breve.

Dígame, diputado ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Arturo Escobar y Vega.

El diputado Arturo Escobar y Vega(desde la curul): Señor presidente, no hay que ir al Diario de los Debates, es del conocimiento público que el presidente Calderón presentó una iniciativa que quería ponerle dos puntos al IVA en contra de los más pobres, en alimentos y medicinas, y el entonces secretario de Hacienda, por oficio, al Congreso mexicano turnó una propuesta de un punto. Rubén...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputadas y diputados, esta Presidencia les solicita que escuchemos con respeto. Continúe, señor diputado.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Se va a tener que ir a su casa el diputado Camarillo, por andar apostando. La propuesta del presidente Calderón buscaba aumentar dos puntos de IVA, según él y según el PAN, para combatir la pobreza. Según nosotros, para lastimar a los más pobres.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar. Inmediatamente después preguntaré con qué objeto. Adelante, diputada Lilia Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Le agradezco mucho, señor presidente. Evidentemente no vengo aquí a hacer pleitos de cantina ni retos de machitos de ocasión que me hagan perder la curul. Lo que venimos a hacer es una rectificación de hechos sobre el tema que ha sido señalado por el Partido de la Revolución Democrática hacia la posición del PT en esta votación.

No, no venimos como el Partido Acción Nacional —se los digo siempre con mucho respeto— ni con patrocinios, ni con banderas electorales, ni con la idea de que vamos a ganar una elección porque estamos posicionándonos en medios y sacándonos fotos con perritos. Tampoco venimos a usar este asunto como un intercambio en el pacto.

En el PT queremos ser una oposición desde un lugar responsable. Lo que nos tiene aquí son nuestros votantes. Ni nuestros patrocinadores ni nuestras banderas electorales absurdas ni tampoco, señores diputados, los pleitos ni los gritos de machitos ni tampoco podemos ser tan irresponsables, como para no señalar que esta reforma tiene avances que el PT ha señalado, como el impuesto al ISR en las transacciones bursátiles, que el PAN no lo puede votar porque ahí sí sus patrones no se lo permiten. Pero también tenemos que señalar con claridad que no vamos con la homologación de un IVA en la frontera.

Éste, señores, no es el juego de Juan Pirulero. Aquí no se trata de que cada quien haga su juego. Hablemos con honestidad y transparencia a la ciudadanía. Lo que hoy se presenta es la elaboración de un dictamen de los logros de todos los grupos parlamentarios. No del Partido Acción Nacional, no del PRD, no del PRI. De todos los que estuvimos ahí sentados construyendo este dictamen.

Les pediría que seamos honestos. Tan tienen intereses unos, como tienen intereses otros. Seamos responsables frente a los ciudadanos. Digamos lo que nos tiene aquí y dejemos de hacer pleitos de cantina.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Hay quienes piensan que la verdad se construye con su saliva y que dicen las cosas e inmediatamente ésa es la verdad por la cual todos tenemos que creerles.

Para su desgracia hay documentos. Está la plataforma que presentó el Movimiento Progresista, la plataforma de 2012, donde están retomados —en una gran cantidad— en esta reforma hacendaria nuestros planteamientos, los que defendimos en campaña y doy varios:

Uno. Gravar la Bolsa de Valores. Un punto que está claramente establecido de manera puntual. Otro, que sea a través del ISR y no del gasto al consumo, porque nos opusimos también en la campaña al pago de IVA en alimentos y medicinas, al impuesto en medicinas y alimentos.

Establecimos ahí que fuera a través del ISR. Dicen aquí que no se les va a cobrar más a los que más ganan. Bueno, ahora sí que hasta a Pitágoras se le pasó de noche, porque resulta que ahí está claramente que va progresivamente avanzando y cualquiera sabe que 36 es más que 35 y 37 es más que 36, etcétera. De acuerdo a como vayan sumando los ingresos de los demás.

Entonces, no puede decirse aquí que no se está cobrando más a los que más tienen, y también no se puede decir que no estamos empujando, con todo, el fin de la consolidación fiscal.

La izquierda en todo el mundo pide más impuestos para poder redistribuir la riqueza. Esa es la posición de la izquierda. Entiendo perfectamente la posición del PAN. Esos han defendido esta posición. Aquí tenemos una diferencia ideológica, es correcto que el PAN coincida con el Consejo Coordinador Empresarial, con Claudio X. González, es correcto, porque esos sectores se sienten identificados y es correcto que haya bancadas que representan esos intereses, que también son legítimos en nuestra sociedad. Lo que es extrañamente curioso es que haya quien se dice de izquierda y vengan a aquí a coincidir, precisamente, con esos intereses. Ahí es donde no checan las cosas. Y hay que decirlo, hay que decir esa incompatibilidad que hay en ese punto.

Nada más quisiera aclarar una cosa, parece que hay una estrategia política de un sector que dice: primero me opongo y luego averiguo por qué. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Vamos a consultar a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Pero antes debo informar que están anotados para hablar en contra la diputada Zuleyma Huidobro González, el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, el diputado Alfredo Zamora García. Y en pro los diputados Carlos Augusto Morales, Rosendo Serrano Toledo, Jhonatan Jardines, Fernando Cuéllar y José Luis Muñoz.

Y el diputado Alfonso Durazo en contra. José Luis Muñoz Soria, en contra, no a favor, así lo registramos.

Consulte la Secretaría.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto se considera lo suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados se han reservado para su discusión los artículos de los que dará cuenta la Secretaría.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículos reservados:

Artículo 1o, fracciones IV, V y VI. Artículo 2o., 5o., párrafo último, por la diputada Graciela Saldaña Fraire.

Artículo 1o.-C, segundo párrafo, fracciones IV, V y VI. 2o., 2o.-A, fracción I, párrafo último. 5o., párrafo último, por el diputado Jaime Bonilla Valdez.

Artículo 1o.-C, fracciones IX, IV y VI. 2o., 2o.-A, 5o. párrafo último, por el diputado David Pérez Tejada Padilla.

Artículo 1o.-C, fracciones IV, V; VI. 2o., 2o.-A, y 5o., por el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado.

Artículo 1o.-C, fracciones IX, V, XI. 2o.-A, 5o., y se elimina el artículo 2o., diputado Andrés de la Rosa Anaya.

Artículo 2o., párrafo último, por la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.

Artículo 2o., diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.

Artículo 2o., diputado Mario Miguel Carrillo Huerta.

Artículo 2o., diputado Jaime Bonilla Valdez.

Artículo 2o., diputado Juan Jesús Aquino Calvo.

Artículo 2o., diputado Francisco Pelayo Covarrubias.

Artículo 2o.-A, fracción I, inciso a), y elimina el numeral 6 del inciso B, diputado José Luis Muñoz Soria.

Artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 6, diputada Merilyn Gómez Pozos.

Artículo 2o. A, fracción I, inciso b), numeral a), diputada Adriana González Carrillo.

Artículo 2o.-A, elimina el numeral 6 del inciso b), fracción I, diputada Adriana González Carrillo.

Artículo 2o.-A, fracción II, inciso h), diputado José Luis Muñoz Soria.

Artículo 2o.-A, diputada Graciela Saldaña Fraire.

Artículo 2o.-A, diputada María de Lourdes Amaya Reyes.

Artículo 2o.-A, diputada Purificación Carpinteyro Calderón.

Artículo 2o.-A, inciso b), numeral 6, diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz.

Artículo 2o.-C, diputada Aleida Alavez Ruiz.

Artículo 15, elimina la fracción V, diputada Leonor Romero Sevilla.

Artículo 9o., fracción IX, diputado Carlos Fernando Angulo Parra.

Artículo 28-A, párrafo primero, diputado Carlos Fernando Angulo Parra.

Artículos 24, 25, fracciones I y IX. 28, elimina los artículos 28-A y 30, segundo párrafo, diputado Glafiro Salinas Mendiola.

Artículo 25, fracción I, párrafo segundo, diputado Francisco Coronato Rodríguez.

Artículo 28-A, eliminación, diputado Glafiro Salinas Mendiola.

Artículo 2o., fracción III, diputado Carlos Fernando Angulo Parra.

Artículo 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 1o., fracción I, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.

Artículo 2o., elimina el inciso g), diputado Juan Bueno Torio.

Artículo 2o., fracción I, inciso a), numeral 1, diputada Lorena Méndez Denis.

Artículo 2o., fracción I, inciso a), numeral 3, diputado José Luis Valle Magaña.

Artículo 2o., fracción I, inciso g), diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.

Artículo 2o., fracción I, inciso g), diputada Magdalena Núñez Monreal.

Artículo 2o., fracción I, inciso g), diputado José Soto Martínez.

Artículo 2o., fracción I, inciso h), diputada María del Carmen Martínez Santillán.

Artículo 2o., fracción I, inciso 1), y 2o., eliminando el inciso g), diputado Víctor Serralde Martínez.

Artículo 2o., fracción I, inciso j), diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo.

Artículo 2o., fracción I, inciso j). 2o., fracción I, inciso g), diputado Mario Sánchez Ruiz.

Artículo 2o., fracción I, incisos g) y j), diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios.

Artículo 2o.-A fracción II, diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Artículo 3o., fracciones XVIII, XIX, XX Y XXI, diputado Víctor Serralde Martínez.

Artículo 5o., el diputado Javier Orihuela García.

Artículo Cuarto, fracción VI, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, diputado Víctor Serralde Martínez.

Artículo Quinto, de la Ley Federal de Derechos. Artículo 239, diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.

Artículo 244-G, Tabla B, diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz.

Artículo 244-H, diputado Juan Pablo Adame Alemán.

Artículo 244-H, se elimina, diputado José González Luna Bueno.

Artículo 270, diputado Carlos Augusto Morales López.

Artículo 275, diputada Zuleyma Huidobro González.

Artículo Sexto, de las disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos, ninguno.

Artículo Séptimo, que expide la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 9, fracción II, párrafo tercero, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.

Artículo 17, fracción III, diputado Mario Sánchez Ruíz.

Artículo 25, fracción V, diputado José Luis Muñoz Soria.

Artículo 27, fracción III, párrafo tercero, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.

Artículo 27, fracción XI, diputado Carlos Augusto Morales López.

Artículo 28, fracción XV, diputado José Soto Martínez.

Artículo 28, fracción XX, diputado José Luis Valle Magaña.

Artículo 28, fracción XX, diputado José Luis Muñoz Soria.

Artículo 28, fracción XXX, diputada María Fernanda Romero Lozano.

Artículo 33, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.

Artículo 36, fracción II, diputado José Luis Muñoz Soria.

Artículos 56 al 70, diputado Silvano Blanco Deaquino.

Artículos 59 al 71, Fernando Belaunzarán Méndez.

Artículo 59, eliminar el Capítulo Sexto, Título Segundo; y el 64, fracción II, inciso b), diputada Luisa María Alcalde Luján.

Artículo 64, fracción V, diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

Artículo 73, diputado Roberto López Rosado.

Artículo 93, fracción XIX, inciso a), diputada Lilia Aguilar Gil.

Artículo 96, diputada Zuleyma Huidobro González.

Artículo 96, párrafo primero, diputado Alfonso Durazo Montaño.

Artículo 129, diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier.

Artículo 100, fracción I, diputado José Luis Oliveros Usabiaga.

Artículo 129, diputado Javier Treviño Cantú.

Artículo 151, párrafo último, diputado José Luis Muñoz Soria.

Eliminar los artículos 56 al 70 y el 152, diputada María del Socorro Ceseñas Chapa.

Artículo 194, diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

Artículo 7o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 28, fracción XXX, diputado José Ángel González Serna.

Artículo 28, fracción XX, diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo.

Artículos 28, fracción XXX, 181, 182 y 183, diputado Carlos Fernando Angulo Parra.

Artículo 35, fracción XV, diputado Ricardo Villarreal García.

Artículo 60 y 61, diputada María del Socorro Ceseñas Chapa.

Artículo 74 y 75, diputado Víctor Serralde Martínez.

Artículo 79, fracción X y 82, fracción I, diputada María Beatriz Zavala Peniche.

Artículo 109, el párrafo cuarto, diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez.

Artículo 109, párrafo último, el diputado José Luis Valle Magaña.

Artículo 113 Bis, el diputado Jhonatan Jardines Fraire.

Artículo 129, diputado Javier Treviño Cantú.

Artículo 151, párrafo último, diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Artículo 186, diputado José Angelino Caamal Mena.

Adición de un Capítulo Séptimo al Título VII, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo.

Artículo Octavo, Disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicion de un tercero transitorio la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo.

Artículo Noveno, tercero transitorio, fracciones XV y XVI, por el diputado Silvano Blanco Deaquino.

Artículo Noveno, Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fracción XXVI, diputado Fernando Rodríguez Doval.

Artículo 24, por el diputado Glafiro Salinas Mendiola, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, artículo 2o., el artículo 3o. y el artículo 19, por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero.

De la Ley Federal de Derechos, el artículo 268, por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.

De la Ley Federal de Derechos, el artículo 270, por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.

El artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; el artículo 79, fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo noveno, fracción XIV de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el Grupo Parlamentario del PRI.

El artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el diputado Ricardo Anaya.

El artículo 244-H de la Ley Federal de Derechos, por el diputado Ricardo Anaya.

El artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas.

El artículo noveno, fracción XV, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El artículo 2o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por el diputado Juan Bueno Torio.

El artículo noveno, fracción XXVI, de las disposiciones transitorias a la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el diputado Fernando Rodríguez Doval.

El artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, primer párrafo, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 15 y 101, fracción I, último párrafo, del artículo séptimo de la ley citada, por el diputado Fernando Cuéllar Reyes.

El artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Es cuanto, señor presidente

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia informa que se recibieron un total de 109 documentos, que implicarían en principio a 109 oradores, muchos de ellos habiendo reservado más de un artículo.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general de los artículos no reservados.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Diputada Claudia Elena, ¿cuál es el sentido de su voto?

La diputada Claudia Elena Águila Torres (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 317 votos a favor, 0 abstenciones y 164 votos en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 317 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene el uso de la palabra, por tres minutos, la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva a los artículos 1o., fracciones IV, V y VI, y 2o., párrafos quinto y último.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Compañeros diputados, voy a hablar con respecto a esta reserva, dado que represento al estado de Quintana Roo y evidentemente esta reserva es precisamente porque tiene afectaciones muy claras al estado de Quintana Roo y, sobre todo, a los estados que somos frontera.

Hay aspectos particulares que nos parecen inadmisibles. Es el caso al impuesto transfronterizo. El haber mantenido a una tasa razonable el impuesto al valor agregado en los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y algunos municipios de Sonora obedece a un mecanismo de política pública para alentar el dinamismo de la economía regional y como una fuente de competitividad en el comercio y la producción frente a economías desiguales.

No hay una sola razón —una sola— para afirmar que existe simetría y condiciones de igualdad en el comercio y la producción fronteriza. Ni una sola, amigas y amigos. Por el contrario, en el último año la economía nacional entró en un declive que huele, que apesta a recesión. Y por si eso fuera poco, la percepción de la seguridad pública ha ahuyentado inversiones y al turismo, en el caso de Quintana Roo, por ejemplo.

Ojalá y se pudieran dar una vuelta para que vean cómo se han dado las condiciones, principalmente en los municipios de Benito Juárez y de Solidaridad.

Si este gobierno no ha podido generar las condiciones para la reactivación de la economía nacional y para incrementar la seguridad pública y la confianza del turismo extranjero y de las inversiones locales y nacionales; entonces, compañeras y compañeros diputados, resulta inexplicable echar por la borda el estímulo fiscal de la tasa del 11 por ciento en la región fronteriza.

Si incrementamos el IVA a la frontera del 11 al 16 por ciento, tenemos un efecto recaudatorio muy modesto, pero estaremos propinando un daño severísimo a las economías regionales y fronterizas.

Es por eso, amigos diputadas y diputados, que les conmino a votar a favor de esta reserva que presentamos, misma que restituye la tasa original del 11 por ciento, tal y como a la fecha se encuentra vigente y que desgraciadamente ni siquiera se hizo ni se tomó en cuenta para ponerla a discusión, y menos de poner una propuesta o hacer una propuesta de forma progresiva. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Esta Presidencia ilustra a la asamblea que estamos discutiendo reservas relativas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. No es claro, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 200 votos a favor, 2 abstenciones y 252 votos en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Bonilla Valdez, para presentar reserva al artículo 1o.-C, segundo párrafo, fracciones IV, V y VI, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Jaime Bonilla Valdez:Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Presento esta reserva a mi nombre y a nombre de la diputada Lilia Aguilar y del Partido del Trabajo.

La exposición de motivos de la iniciativa presidencial para eliminar la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el tratamiento preferencial a los residentes de la región fronteriza, respecto a la tasa del 11 por ciento. Nada más por lograr su propósito falsean la realidad.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta al respecto su inconformidad y desacuerdo con base en los siguientes argumentos:

Dice la exposición que presenta el Ejecutivo, que el tratamiento resulta inequitativo frente a las operaciones similares que se realizan en el resto del territorio nacional. Por lo tanto, la aplicación de la tasa reducida es regresiva, ya que se reduce el pago de impuesto a los habitantes que en el promedio tienen un ingreso mayor que el resto del país.

Lo anterior es parcialmente cierto. Pero quiero saber por qué no se dice que la razón por la que se pagan más impuestos también allá es precisamente porque se gana más. Eso no lo dice la iniciativa del presidente.

La iniciativa del presidente Peña Nieto ubica, principalmente, con respecto a la franja aludida y por ello las puntualizaciones que tiene su documento. Por ello se dice que en cuanto a que el otorgamiento de la franquicia en el pasado fue derivado de que había la necesidad de mantener una competitividad entre los contribuyentes que residen en la frontera, por el aislamiento en que se encontraban. Esta circunstancia aún no se ha extinguido, la geografía no ha cambiado. Se agota este tema y carece de credibilidad.

Aduce el presidente que se ha logrado la integración económica y comercial de la región fronteriza gracias a la infraestructura de comunicaciones y avances tecnológicos. En este apartado debemos mencionar que la cercanía que originan las comunicaciones no es suficiente, porque obviamente no todos los habitantes pueden cubrir el costo de transportación, particularmente aérea.

Cita la propuesta que el diferencial de tasas no ha beneficiado a los consumidores de la región fronteriza, sobre lo que hay que decir que ese no es el planteamiento idóneo, puesto que de ninguna manera se pensó que esa circunstancia sería una de las bases para propiciar el tratamiento preferencial.

Afirmó el presidente Peña Nieto que los factores señalados sirven de base para eliminar la tasa preferencial, lo que resulta no ser cierto, debido a la argumentación antes mencionada. Es rotundamente equívoca para el proponente. Lo más importante —según dice el presidente— es que es constitucional, que es lo justo, que es recaudable, que es fiscalmente sano.

A este respecto, tenemos que la argumentación oficial por sí sola se nulifica, puesto que decir que la eliminación de la tasa para la región fronteriza resulta constitucional, ya que su establecimiento fue una decisión política tributaria que atendía un fin extra fiscal de estimular el comercio nacional en la frontera. En congruencia consigo mismo, se elimina.

Podemos seguir argumentando en contra de la posición presidencial. Pero por economía procesal solo mencionaremos que a favor de esta reserva nos encontramos en la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

Le damos un rotundo no a la homologación del IVA en la frontera y nosotros en el PT no traicionaremos a nuestros ciudadanos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, no es clara la votación.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el sistema, por dos minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Repítase la votación para que haya absoluta claridad. Se va a cerrar el sistema y se va a abrir nuevamente, para que no haya duda.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Tomás Torres.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Señor presidente, solamente para efectos del debido desarrollo de la votación, parece que el tablero no está funcionando correctamente. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, a favor 189, en contra 273.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha.

El diputado Roberto López González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputado. Sonido en la curul del diputado Roberto López.

El diputado Roberto López González (desde la curul): Diputado presidente, con el mayor de los respetos...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señoras y señores legisladores, pido orden para que podamos escuchar al orador. Dígame, diputado.

El diputado Roberto López González (desde la curul): Gracias, diputado presidente. En virtud de los resultados que ha habido en el tablero, que ha sido muy evidente la mayoría...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pedimos a la cabina de sonido que nos resuelva el problema para que podamos escuchar adecuadamente al señor diputado.

El diputado Roberto López González (desde la curul): Diputado presidente, gracias. En virtud de lo claras que han sido las votaciones y la imposibilidad de que tiene su secretario para poder dar cuenta quién es mayoría o no, le pediría de la manera más respetuosa, o cambiamos de secretario o le pedimos que sea más puntual y objetivo al momento de levantar las votaciones. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado David Pérez Tejada Padilla, para presentar reserva a los artículos 1o.-C, fracciones IX, IV y VI, 2o., 2o.-A, quinto párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Señor presidente, antes de comenzar, pedirle de manera encarecida el margen por haberme reservado cuatro artículos. De manera particular he manifestado y sigo dejando clara mi postura en lo personal, acerca de la inconformidad de incrementarnos el IVA en la franja fronteriza del 11 al 16 por ciento.

Para algunas entidades federativas no ha sido fácil salir adelante. Han sido muchas las ocasiones en que la toma de decisiones —llevadas a cabo en el centro del país— no logró comprender la situación que se vive en entidades lejanas, como Baja California.

En el Partido Verde compartimos la visión social del presidente. Reconocemos su máxima: que paguen más los que ganan más. Compartimos su intención de ir construyendo una mayor base gravable por medio de facilidades para migrar al sector formal y, sobre todo, aplaudimos los cambios significativos que se han logrado en esta miscelánea fiscal.

Quiero reconocer la comprensión de mi coordinador, el diputado Arturo Escobar y Vega y felicitar de manera personal a mi amigo, el diputado Tomás Torres Mercado, quien nos ha representando dignamente en la junta directiva de la Comisión de Hacienda, donde logramos no gravar las colegiaturas y no gravar sectores como la vivienda, que están lacerados.

Por otro lado, el IVA en espectáculos públicos, que fue un logro del Partido Verde. Temas para estados como Quintana Roo, tan importantes que son en el sector turístico para la derrama económica, la deducibilidad de tiempos compartidos. Aplicar la certificación en el sector maquilador para que se busque un esquema a las importaciones temporales.

Sin embargo, la homologación del IVA en la frontera representa un retroceso para entidades como Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, la zona parcial de Sonora y lo largo de la franja fronteriza hasta Tamaulipas, así como nuestros hermanos de Chiapas.

En este punto, en particular, sí debemos tener la firme convicción de que de llevarse a cabo la homologación representaría restarle competitividad a una de las regiones más dinámicas y económicamente activas, aunado a la pérdida de empleo, afectación del PIB, fuga de consumidores, turismo a la baja en regiones como la Riviera Maya. A la gente se le reflejaría en una disminución de su poder adquisitivo en servicios públicos básicos, como la energía eléctrica, que ya de por sí son costosos.

Asimismo hay estudios que indican que el 45 por ciento de la gente que vive en la frontera no tiene visa para cruzar. Para ellos sí sería injusto, ya que el resto de la gente tiene la ventaja de adquirir productos 37 por ciento más baratos. Municipios como Tijuana y Ciudad Juárez han sido afectados y han salido de crisis, como la inseguridad. Esto sería un golpe duro para su economía.

Agradezco al secretario de Hacienda su apertura a las mesas de diálogo. Asimismo reconozco ese bloque común que armamos, tanto legisladores federales, senadores y diputados de muchos grupos parlamentarios, y todos los sectores productivos de la frontera norte y sur, basándonos en estudios del Colegio de la Frontera Norte, de la Universidad del Caribe y del Tec de Monterrey. Pero los argumentos no fueron suficientes en el aspecto técnico para que esta iniciativa prosperara.

Es mi responsabilidad como legislador subir a esta máxima tribuna a alzar la voz por la gente que represento. Y que además se verán afectados estos estados alejados del centro.

Termino, señor presidente. Y subrayo, apoyamos la reforma, pero pedimos que se analicen las condiciones específicas que vive la frontera. Espero lograr la reflexión de su voto en el sentido de que nos apoyen a que no se homologue en la franja fronteriza. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se consulta a la asamblea si el asunto se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene le uso de la palabra el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, para presentar reserva a los artículos 1o.-C, fracciones IV, V, VI, 2o., 2o.-A y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado:Con su permiso, señor presidente. Acudo a esta tribuna con la representación de millones de mexicanos que no fueron escuchados por el presidente de la República ni por algunos grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados.

Vengo en representación —que a juicio de lo que han comentado aquí— de millones de mexicanos millonarios a quienes se les va a gravar con un impuesto adicional. Y es que es muy claro: la frontera del país ha producido, ha generado bienestar, y ahí es en donde hemos recibido a miles de connacionales que en los estados del sur no ha habido la capacidad de darles las oportunidades.

Y hoy, en este gobierno que afirma que sabe hacer las cosas, pareciera que todo se hace al revés, porque en lugar de copiar el modelo exitoso económico de la frontera, busca aplicar el modelo del sur del país para llevar las crisis al norte y que entonces el país esté en suelo parejo, pero para mal de los ciudadanos.

Es muy clara y congruente la propuesta y la postura de Acción Nacional: Nosotros no venimos a lucrar con los electores, nosotros no venimos a quedar bien con el gobierno. Nosotros venimos a responderles a las familias de miles de mexicanos, que a partir de este cambio, que a partir de este incremento del 5 por ciento en esta tasa impositiva pues verán más caros los servicios, verán más caros los productos y en una frontera en donde el 50 por ciento de los mexicanos no cuentan con visa para cruzar al otro lado y conseguir ahora los productos más baratos, pues esa clase trabajadora por la que dice gobernar la actual administración se verá aún más perjudicada, porque se aumentará la brecha entre la clase media y la clase más necesitada del país.

Esta es la reforma que se ha planteado y por eso Acción Nacional se opone a ella, porque no estamos de acuerdo en reducir el crecimiento del producto interno bruto de los estados del norte del país. Porque no estamos de acuerdo en el cierre de miles de establecimientos comerciales, en la pérdida de empleo y en la generación de más millones de pobres. Porque no estamos de acuerdo en que se aplique una política hacendaria, que aquí ha quedado claro —y no me dejarán mentir los habitantes de la frontera— no es cierto que vaya contra los ricos, porque los millones de habitantes de la frontera no somos ricos ni millonarios.

Es por eso que presento esta reserva para detener esta reforma y para buscar que esta Cámara de Diputados haga el trabajo que el Ejecutivo no hizo: escuchar a los ciudadanos y actuar en consecuencia.

Los diputados del PAN hemos defendido, seguiremos defendiendo la economía de las familias de México, por congruencia con nuestros principios y por congruencia con la expresión de la gente de la frontera. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorge Sotomayor. Dígame, diputado.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): Presidente, nada más para hacerle una solicitud. Hace un momento se tomó la votación de una manera sumamente rápida, donde no se alcanzó a ver quiénes votaban a favor y quiénes en contra. Solicito a la Secretaría que se haga con un poco más de tiempo para que se dé oportunidad a esa votación.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Registramos su solicitud, diputado Sotomayor. Adelante, diputado Andrés de la Rosa.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya:Gracias, presidente. Dicen que por la víspera se saca el día, y precisamente la víspera nos hace avizorar que éste puede ser un día aciago para los habitantes de la región y de la franja fronteriza, de persistir la idea de homologar el impuesto al valor agregado del 11 al 16 por ciento en la franja fronteriza.

La iniciativa del presidente Peña Nieto es una iniciativa totalmente lesiva y regresiva que atenta, que agrede fiscalmente a los habitantes de la región y de la franja fronteriza. No es posible, que se pretenda castigar a quienes más contribuyen a la hacienda pública como es esta región. No es posible que a través de argumentos irrisorios contenidos en la iniciativa que está integrada en este dictamen, se pretenda justificar esta agresión fiscal contra los ciudadanos.

Queda claro que hoy subsiste la pretensión del gobierno federal de poner a la región fronteriza bajo una visión recaudatoria sin importarle los efectos perniciosos que tendrá para la economía de esa franja fronteriza. Hay elementos suficientes y contundentes de la lesividad y del impacto económico que tendrá este aumento de cinco puntos porcentuales y que representa realmente un aumento del 45 por ciento.

De ser aprobada, es evidente también que esta medida habrá de generar —como bien lo dijo mi antecesor en esta tribuna— fuga de consumidores, pérdida de empleo, pérdida de competitividad, se encarecerán los bienes y servicios. Eso es, es ése el legado que va a dejar esta reforma para la región y la franja fronteriza. No debemos de hacer oídos sordos a lo que realmente habrá de acontecer de aprobarse.

Quiero decirles que cerca de 10 millones de habitantes de esta franja serán afectados. Serán afectados por este aumento al impuesto al valor agregado. Quiero decirles que no es un lujo esta diferenciación de la tasa del IVA. Ésta es una medida justa, que inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación —como lo expresó el diputado Monreal en su intervención— ha dejado clara la procedencia constitucional de esa tasa diferenciada, precisamente por la vecindad que tenemos con Estados Unidos de América.

Las tasas de impuestos que tiene ese país rondan de entre el 7 y el 8 por ciento. Ésa es una realidad, señoras y señores legisladores. Debemos verla. Debemos de actuar con la razón, con sensatez y con responsabilidad para con los ciudadanos.

Quiero hoy, aquí en esta tribuna, exhortar y exigir al diputado Manlio Fabio Beltrones que cumpla su palabra. Aquí está esta nota en donde el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el día 26 de mayo de este año —no sé si fue simplemente al calor de una campaña electoral— dijo y expresó públicamente que la homologación del IVA no iba a pasar. Aquí está esa expresión.

Hoy quiero pedirle al coordinador y a su bancada que sea congruente con sus palabras que fue y expresó en tierras bajacalifornianas. Porque si no es así —termino presidente, termino— quiere decir que fue a engañar a los bajacalifornianos al calor de esa campaña electoral.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Concluya, señor diputado.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Finalmente decir que paguen el costo quienes avalan este atentado contra las familias, los trabajadores y las inversiones de la región fronteriza. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 2o., párrafo último de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Muy buenas noches, compañeros diputados. Diputado presidente. La diferenciación del IVA fronterizo con el del resto del país responde desde su origen a una serie de consideraciones comerciales, en especial a la competencia que representa el comercio de los países vecinos, principalmente de la frontera norte y caracterizada por sus precios. ¿Por qué? Porque del otro lado de la frontera los precios son menores, aparte se paga un 8.25 por ciento de impuesto, cosa que no tenemos en las fronteras de nuestro país.

Es por eso que la modificación que ahora pretende aplicar el Ejecutivo en materia de impuesto al valor agregado condenaría a las fronteras mexicanas a un total sometimiento frente a la competencia comercial que representan los países del norte.

Lo más indignante de esta reforma es el argumento del gobierno federal. Según él, las regiones fronterizas tienen un mayor ingreso per cápita y el grado de marginación es menor que en el resto del país. Entonces, ellos aplican que allá están mejor, todos deben de estar igual de marginados en el norte.

En lugar de pretender aumentar el ingreso y el nivel de vida de todo el país, buscan disminuirlo con más impuestos.

Señoras y señores diputados, hagamos conciencia de qué es lo que está sucediendo en todo el país. ¿Qué no ven la inconformidad? ¿No ven la indignación del pueblo de México, que todos los días están saliendo a la calle a manifestarse?

Esto es culpa del mal gobierno que nos está rigiendo en este momento. Dejemos, como se los he dicho una y otra vez, dejemos ese doble discurso de que allá en su ciudad van y dicen una cosa y aquí vienen y votan en contra del pueblo de México. En el caso de la frontera norte, —ponga orden por favor, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputada. Solicito a las diputadas y diputados que ocupen sus curules. Diputadas y diputados ocupen sus curules. Señoras y señores legisladores, esta Presidencia les solicita atentamente ocupar sus curules y a la oradora continuar con su posicionamiento. Continúe, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Son unos maleducados. Se nota que les hacen falta unas clases de civilidad y de ética.

En el caso de la frontera norte, el primer golpe sería contra la industria maquiladora, dando esta industria más de 240 mil empleos en la zona norte, principalmente en Ciudad Juárez. De abandonar la industria maquiladora la frontera, imagínense lo que esto representaría para la frontera. La pérdida de miles de empleos y de miles de dólares que se irían al extranjero precisamente por esta fuga de capitales.

Quiero decirles que hemos iniciado una lucha desde hace más de un mes. Aquí tengo las firmas de más de 25 mil ciudadanos de Ciudad Juárez, quienes han manifestado estar inconformes con esta reforma hacendaria.

Qué es lo que haremos con estas firmas. Acudir a un recurso de inconstitucionalidad porque con todo lo antes expuesto puedo decirles que contraviene la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se eliminaría el privilegio fiscal que fortalece a las poblaciones fronterizas frente al mercado exterior, toda vez que el impuesto menor es diferencial, no es preferencial.

Con esto estamos en un franco atraco a México. Por favor, recapaciten. Les digo una vez más a los diputados del PAN: ya sálganse de ese Pacto por México, que en nada beneficia a los mexicanos. Y a los priistas les digo que dejen de ser tan sinvergüenzas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, para presentar reserva al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Zamora. Dígame, diputado Zamora, ¿con qué objeto?

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Gracias, presidente. Para comentar y compartir con todos los diputados y las diputadas que en Baja California Sur se hicieron foros en los que la ciudadanía puntualmente manifestó su rechazo a esa reforma hacendaria, pero especialmente al tema del IVA.

Baja California Sur está considerada como una zona fronteriza y el impacto va a ser brutal. Por ello la preocupación y por ello el compromiso nuestro de pedirles a los demás diputados, de todos los partidos, y especialmente a aquellos que están en fronteras, que sean sensibles, precisamente a todas los puntos, los argumentos que ya se han vertido, y que apoyen este punto para que no pase este aumento y no lesionemos a las familias de las fronteras. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrado su dicho en el Diario de los Debates. Adelante, diputada.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Gracias, con su permiso presidente. Planteamos esta reserva porque vemos con muchísima preocupación la falta de sensibilidad, la falta de entendimiento de la dinámica de nuestra frontera norte, particularmente que es esta zona la que tiene la mayoría en sus estados de esta tasa diferenciada, como bien comentaba quien me antecedió en la voz.

Pensamos que no es posible legislar desde el centro de la República, sin entender cuáles son los matices de cada una de nuestras regiones: la frontera norte enfrenta condiciones muy diferentes de competencia, porque tenemos un vecino gigante, que es Estados Unidos de América, y tenemos condiciones adversas para competir en esos mercados.

La homologación del IVA en la frontera representa una pérdida en el poder adquisitivo para las familias que habitan en esta región. El alza de precios, obviamente va a ser generalizada, el efecto inflacionario, el desplazamiento del consumo de bienes y servicios hacia el exterior y la pérdida consecuente de empleos. Se calcula en alrededor de 50 mil empleos los que se pueden perder en nuestra región. La afectación a la empresa, pero particularmente a la pequeña y mediana empresa. Se calculan pérdidas de alrededor del 25 por ciento en las ventas.

Por supuesto, también una pérdida potencial en la recaudación tributaria. Y déjenme decirles, déjenme darles cifras muy concretas, la homologación del IVA en la frontera representa 15 mil millones de pesos. Eso en porcentaje es el 0.38 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

¿Qué decimos con esto? Es mínimo lo que se aporta a la recaudación si se llegan a alcanzar estos niveles y es mucho el efecto negativo que se genera para toda nuestra región, y hablo particularmente de la frontera norte, que es donde habito.

Hacemos un llamado para que los diputados y las diputadas de los diferentes grupos parlamentarios volteen a ver cuál es nuestra realidad, que enfrentamos muy diversas situaciones a las que enfrenta el resto del país.

Se ha hablado de equidad, que todos paguemos por igual. Pero déjenme decirles que eso no significa la equidad, la equidad significa igualar las oportunidades para todas y todos, asumiendo las diferencias de cada una de nuestras regiones.

Sería un error avalar la homologación del IVA al 16 por ciento en la zona fronteriza de nuestro país, porque significaría un retroceso, una pérdida del bienestar para las familias que habitamos en esas regiones y, por supuesto, una afectación muy grave a la economía de esta región tan importante, que déjenme decirles que representamos el 18 por ciento de la población nacional, pero aportamos casi una cuarta parte del producto interno bruto de nuestro país.

También hay que decir que se ha hablado de salarios mejores en la zona fronteriza, pero también hay que hablar de que los precios de los bienes y servicios son mucho más caros que en otros lugares de nuestro país. Reflexionemos.

Hacemos un llamado de verdad, un exhorto a que actuemos con sensibilidad y responsabilidad. Hay millones de personas, millones de familias que vivimos en la frontera y que verán afectada su economía y su bienestar por esta medida, que es retrógrada desde nuestro punto de vista.

Ojalá puedan reflexionar y votar a favor de esta no homologación en nuestra frontera. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, a usted diputada Lorenia Valles. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, esperando que todos hayamos estudiado las iniciativas de decreto enviadas a esta soberanía por el titular del Ejecutivo federal, manifiesto haber reservado este artículo 2o. con la convicción que la propuesta de aplicar el régimen del 16 por ciento generalizado al impuesto al valor agregado en la región fronteriza no tiene una justificación aceptable, ni técnica, ni económica ni política, y muestra —eso sí— un profundo desconocimiento de la vida en las fronteras.

Técnicamente se basa en el argumento de la dificultad que representa para los recaudadores un esquema de impuestos diferenciados en el país. Sin embargo, flojera o ineficiencia no justifica la imposición de mayores cargas fiscales.

Económicamente se argumenta que la tasa diferenciada del 11 actual en la frontera no beneficia a los consumidores, ya que en la frontera —se dice— todos los productos son 4 por ciento más caros que en el resto del país, como si el transporte fuera gratuito y como si la nueva tasa del 16 no los fuera a hacer más caros.

Políticamente se argumenta que si los fronterizos mexicanos no pagan el 16 por ciento, entonces las demás entidades federativas tendrán que pagar por ello. ¿Y qué ha hecho el resto del país para retener a sus emigrantes en la frontera, donde más del 70 por ciento del crecimiento de la población de los últimos 50 años han llegado allá, provenientes de las otras entidades federativas?

A propósito, todas y todos han sido bienvenidos y bienvenidas. Conste, no vivo en la frontera, no soy fronterizo, pero he estudiado la frontera y ése es el punto por el cual estoy aquí.

Lo más claro en la propuesta es un profundo desconocimiento de lo que es la vida en la frontera. Se habla de que allá los ingresos promedios son más elevados. Y tienen razón. Pero también las desigualdades son más lacerantes allá. Se dice que antes estaban aislados, pero ya no. Entonces, ¿la idea es volverlos a aislar o de qué se trata? Faltaba más.

Finalmente, para vivir en el México fronterizo se necesita mucha mexicanidad, aunque sea para seguir viviendo de este lado del país, sobre todo en la frontera norte y para seguir siendo un baluarte de la cultura nacional.

Reflexionemos una cosa que quiero decir aquí, y es fundamentalmente el mensaje. Las maquiladoras en México ya enfrentan condiciones adversas a su desempeño, incluida la feroz competencia de China. Ya dimensionamos el efecto del aumento en sus costos de operación que resultarán del aumento del impuesto, tomando en cuenta las más de cerca de 3 mil plantas que emplean a más de un millón 200 mil trabajadores y que representan casi el 50 por ciento de nuestras exportaciones industriales.

No olvidemos —y con esto termino— que entre el año 2000 y 2002, dos años, el número de plantas maquiladoras cayó en casi mil, de 3 mil 700 a 2 mil 900, y su empleo cayó en casi 300 mil, de un millón 300 mil a un millón de empleos en dos años.

¿Por qué? En gran medida por el impuesto del 2 por ciento al activo fijo que de manera insensata y seguramente por desconocer lo que es la maquiladora, impuso el entonces secretario de Hacienda.

Diputadas y diputados, señor secretario de Hacienda, no tropecemos otra vez con la misma piedra, no cometamos el mismo error, dejemos el artículo 2o. como estaba antes de esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo:Con su permiso, ciudadano presidente. Señoras y señores diputados, con el apoyo de los 114 diputados que conformamos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos hoy aquí presentando, en defensa de todas y todos los habitantes de nuestra frontera sur, en nombre de Chiapas y Quintana Roo, principalmente, esta reserva con ánimo de generar conciencia y coincidencia con todos ustedes.

Sin dudarlo reconocemos que las circunstancias, en gran medida, las condiciones de nuestra frontera sur son diversas y distintas a las que se viven en la frontera norte. Pero amigas y amigos diputados también somos México, y mexicanos y necesitamos hoy de su apoyo, señores legisladores de México.

La propuesta del Ejecutivo federal es insensible y poco realista. Es una propuesta errónea. Se evidencia pues, que los funcionarios hacendarios federales o quienes asesoran al presidente Peña no conocen la realidad y necesidades de nuestra región frontera sur. No han caminado las fronteras de nuestro país.

Es evidente también, sin dudarlo, las repercusiones económicas y sociales que lamentaremos todos si el incremento del IVA en la frontera sur se aprueba. Serán desmesuradas, señores, y lo que provocará no podrán compensarlo ni las promesas vanas de apoyo presupuestal que ya ha hecho el Ejecutivo federal a los estados. No habrá promesa que subsane y haga frente a la inmovilidad económica, al desempleo, al cierre de comercios.

Lo lamentaremos todos, y espero estar en tiempo para que todos nos sumemos en defensa de la frontera sur. En Chiapas hoy lo estamos viviendo, el retraso en el ejercicio del presupuesto público federal, lo prometido no llega, nos tiene hoy en una situación económica muy difícil.

Es inadmisible el aumento del IVA en la frontera sur de México. Guatemala tiene una tasa del 12 por ciento, incrementarla al 16 por ciento generará pérdida de competitividad ante nuestros vecinos guatemaltecos.

El comercio, por lo menos en Tapachula, se estima en un 35 por ciento, es principalmente generado por el comercio con nuestros hermanos guatemaltecos. Hay algunos grandes comercios, en Tapachula principalmente, que mencionan que las ventas con sus socios centroamericanos superan hasta el 35 por ciento de su facturación total.

En la frontera sur de Chiapas, la región Soconusco y particularmente en Tapachula, la economía se vería afectada severamente, ya que Centroamérica es el mercado natural que tenemos, toda vez que carecemos de la falta de infraestructura, de conectividad, de inversión pública que nos genera un intercambio comercial con el centro de nuestro país a menor costo.

Igualmente, los costos de los implementos para producir nos son más caros por estas mismas razones. Que el gobierno federal nos dé conectividad, nos dé presupuesto y nos dé mayor inversión para infraestructura y platicamos después un incremento gradual, no de botepronto y de manera furtiva, como se quiere hacer.

Esta región es eminentemente agrícola, ganadera y comercial. Esta propuesta del incremento al IVA nos condenaría a la contracción económica en toda la región.

En el caso de Quintana Roo también es lamentable, reconociendo diferentes circunstancias a la de Chiapas la situación sería sumamente difícil. La Asociación de Hoteles de Cancún —permítame, señor presidente— anunció incrementos entre un 8 y 13 por ciento en las tarifas de cuarto-hotel y el golpe que los hoteleros sufrirían sería muy severo, ya que tendrían que absorber el sobrecosto que implicaría pasar del 11 al 16 por ciento.

A los empresarios en Chetumal —específicamente— los coloca en una situación de franca desventaja comercial, pues están expuestos a una zona de libre comercio de impuestos en el cruce con la frontera con Belice. Tengamos en cuenta que la tasa del 11 por ciento beneficia principalmente la entrada de productos que se consumen en casi las 90 mil habitaciones con que cuenta la hotelería de Quintana Roo.

Amigas legisladoras y amigos legisladores, estamos a tiempo de evitar que esta mala decisión del Ejecutivo federal la lamentemos todos. Los invito respetablemente a que nos unamos por Chiapas, por Quintana Roo y toda la frontera sur de México. Nos necesitan. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Juan Jesús Aquino Calvo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Francisco Pelayo Covarrubias:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, vengo a presentar esta reserva al artículo 2o. del dictamen de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a nombre de todos los diputados de Acción Nacional, ya que consideramos que es una injusticia basada en la ignorancia del Ejecutivo federal y del secretario de Hacienda que propusieron la derogación de este artículo, y quienes desconocen totalmente la dinámica de la región económica de la frontera y los estados que la componen.

Pero déjenme decirles que más que ignorancia y desconocimiento, es perversidad. Es un acto con dolo, ya que saben perfectamente que esto sería un freno al progreso, al desarrollo de estas regiones y al esquema de competitividad en el que se encuentran los estados de las fronteras, así como Quintana Roo y Baja California Sur.

Y digo perversidad, porque de aprobarse la modificación a esta ley se reduciría el poder adquisitivo de más de 10 millones de ciudadanos, y por desgracia, esto laceraría aún más a los más desprotegidos, a los más vulnerables, aquellos que no trasladan ni compensan impuestos y que son el último eslabón de la cadena comercial.

Esto no es lo más preocupante, hay una situación aún más grave, que es la fuga de divisas y consumidores de Estados Unidos de América y Centroamérica, ya que la preferencia de compra de los habitantes de esta región por obviedad sería ir al otro lado de la frontera, debido a que el impuesto está por debajo del 9 y en el caso de la frontera sur del 12 por ciento.

Pero esto sería posible solo en aquellos que tienen los recursos y los medios para trasladarse, que es cuando mucho la mitad de la población. Y aquellos en la frontera norte que no tienen visa, desgraciadamente serían los que van a pagar la falta de sensibilidad y la visión centralista del Ejecutivo federal y del secretario de Hacienda. Además, todos los consumidores que adquieran sus productos en estas condiciones tendrían que tributar en los países vecinos, lo cual sería una verdadera incongruencia, en la pretensión de recaudar más por parte del gobierno federal y lo único que lograrán es hacer más chica la ya disminuida base tributaria.

Compañeros diputados, la situación de Baja California Sur es aún más drástica, ya que es el estado que paga más por todo: el gas más caro del mundo, las tarifas más caras del país y los fletes más caros. Lo que pone en una verdadera desventaja la competitividad de los productores del sector primario, así como del sector turístico y de negocios.

Por eso exigimos para Baja California Sur un trato diferenciado. La eliminación de exenciones e importaciones temporales y otras medidas que afectan directamente al sector manufacturero provocarían la pérdida de miles de empleos y ese ánimo de gravar con IVA a los congresos y convenciones a extranjeros, que ven en nuestro país una oportunidad y no cargas tributarias impositivas. Es una insensatez que va en contra del desarrollo y el progreso de esta actividad.

Aprovecho la oportunidad, compañeros diputados, para exhortarlos a votar en conciencia, en solidaridad con los mexicanos y no en conveniencia de un partido político.

Por ello, proponemos no derogar el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y mantenerlo como está en el texto vigente. Y hacemos un llamado a la sensibilidad de este pleno para reflexionar sobre las consecuencias que generaría en la economía de las familias de la región fronteriza.

Asimismo pedimos a todas las fuerzas políticas aquí representadas que asumamos el compromiso con nuestros representados, que han alzado la voz para expresar su oposición a la homologación del IVA. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Francisco Pelayo Covarrubias.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 2o.-A, fracción I, inciso a) y eliminar el numeral 6, del inciso b) de la Ley al Impuesto al Valor Agregado.

El diputado José Luis Muñoz Soria:Con el permiso del pleno. Diputado presidente, hace un rato esta honorable Cámara se estaba convirtiendo en un ring de lucha. Hubiera sido bueno que a la mejor apostaran cabellera contra cabellera, porque la máscara ya se la han quitado los dos. Unos hipócritas y otros vendidos. Hubiera sido bueno dejarlos, presidente.

También quería comentar que respecto a esta propuesta de reforma hacendaria no todo el PRD está de acuerdo. Aquel compañero que se subió a decir que hablaba a nombre del PRD le queremos decir que no es así. Habemos compañeros del PRD que no vamos a apoyar esa iniciativa, que es hipócrita y mentirosa.

Le comentaba al presidente que tengo dos reservas seguidas y sé que no hay ninguna disposición a discutirlas y que voy a aprovechar el tiempo para argumentar y pedirle que las vote de una vez las dos, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante.

El diputado José Luis Muñoz Soria: El gobierno de Enrique Peña Nieto ofreció una reforma fiscal y hacendaria con carácter social. Promovió como un logro el no incremento al IVA en medicinas y alimentos e incorporó como propuestas suyas planteamientos de la izquierda. Pero que tan confusas las tiene, que ni siquiera ha sido capaz de diseñar los mecanismos para llevarlas adelante, como es el caso de la pensión universal y el seguro del desempleo.

Del análisis puntual del paquete de iniciativas presentadas consideramos que no se trata de una reforma con carácter social, sino de un paquete fiscal regresivo y recesivo, porque afectará más a las clases medias y a pequeños y medianos empresarios y a las y los trabajadores, a costa de los privilegios de los grupos empresariales que consolidan.

Es mentirosa, porque no desaparece el régimen de consolidación fiscal, sino simplemente le cambia de nombre. Es inequitativa, porque beneficia más a los poderosos consorcios extranjeros en materia minera, a los holdings y a los grupos financieros y a los monopolios en telecomunicaciones. Es regresiva, porque generaliza la tasa del IVA al 16 por ciento en las zonas fronterizas.

La pensión universal y el seguro de desempleo que ha prometido tienen esquemas financieros totalmente incompletos y tramposos. El seguro del desempleo se limita a los trabajadores formales. Es decir, para aquellos que en el momento de la pérdida del trabajo están afiliados al régimen del IMSS o del ISSSTE, dejando fuera a cerca de 49 millones de mexicanas y de mexicanos.

No elimina el régimen de consolidación fiscal. El costo fiscal estimado por las autoridades para el 2014 para este régimen es de 9 mil 954 millones de pesos. Una cantidad ridícula, justamente porque no se elimina.

No traza y no plantea ninguna medida, nada, para reducir el gasto corriente del obeso organismo del gobierno. Ninguna medida contra la corrupción. Ninguna medida por la rendición de cuentas o por la transparencia.

Tiene privilegios para las empresas mineras. Lejos de crear impuestos especiales por la extracción de una riqueza del subsuelo, en su enorme mayoría a 15 compañías internacionales de Canadá.

Existe un fuerte carácter regresivo en diversas adecuaciones tributarias que de aprobarse afectaría a las clases medias y a la economía familiar.

Las dos reservas que estoy planteando tienen que ver, una, con que se ponga tasa cero al suministro de agua, al suministro de energía eléctrica y al suministro de gas para uso doméstico.

La otra es recibir la gran demanda y que quizás muchos de ustedes la tienen, que no se grave el IVA en el alimento para las mascotas y en la compra-venta de ellas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor José Luis Muñoz Soria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las modificaciones presentadas por el diputado. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 2-A, fracción I, inciso b), numeral 6, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La diputada Merilyn Gómez Pozos:Gracias, presidente. El 50 por ciento de los hogares en el país tiene un animal de compañía y realizan un gasto promedio semanal de 70 pesos para su alimentación. En este universo hay familias de todos los estratos socioeconómicos, pero principalmente medio, medio bajo y niveles muy bajos.

El Estado mexicano pretende incrementar sus ingresos a costa de los dueños de los animales, cuando a cambio no ofrece ningún tipo de servicio o atención para ellos. Actualmente se carece de espacios públicos especializados y de atención veterinaria gratuita de calidad. Sin el compromiso de atender estas necesidades no hay justificación para este impuesto. Con la política que se pretende implementar únicamente se agravaría el problema de la sobrepoblación de perros en calle, agregando un incentivo económico para su abandono.

Vivimos una etapa de mayor conciencia hacia el respeto animal. Las redes sociales han permitido denunciar de forma masiva los abusos y el maltrato contra animales, así como la condena contra los delincuentes que disfrutan con el sufrimiento animal.

La presión en las redes sociales ha propiciado que varios gobiernos locales modernizaran y reforzaran sus leyes de protección animal.

Este movimiento de conscientización ha rendido otros buenos frutos. Las organizaciones civiles dedicadas al respeto animal y que buscan nuevos dueños para las mascotas han podido captar el respaldo de personas solidarias, recolectando apoyo monetario y en especie, que aunque insuficientes sirve de sobremanera. Sin embargo, estas organizaciones que sobreviven sin ningún recurso del gobierno podrían ver afectada su labor y su operatividad.

En los centros antirrábicos del país, 300 mil perros y gatos son sacrificados al año, lo que deja claro que el gobierno no tiene la capacidad de atender este grave problema de cultura y salud pública y todavía pretende incrementar la presión económica contra los albergues y las asociaciones que buscan subsanar su deficiencia.

No solo las familias y los albergues resultarán afectados por esta medida retrógrada. Qué decir de los productores de alimentos. El ramo produce 8.5 millones de toneladas, con un valor de 15 mil millones de pesos al año. En 2012 creció 21 por ciento, muy por arriba del ritmo de la economía mexicana. Esta industria hoy es blanco de una imposición que pone en riesgo sus ventas y su producción.

En Movimiento Ciudadano nos oponemos a este gravamen, porque resulta injustificado y, por el contrario, dañaría el ingreso de los hogares, ataca la actividad altruista de los refugios y afectaría a la industria, así como los empleos que genera y sus inversiones.

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente reserva que elimina el numeral 6, inciso b) fracción I del artículo 2o.-A del dictamen en discusión para mantener la exención del IVA a los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Merilyn Gómez Pozos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 2o.-A, eliminar el numeral 6 del inciso b) fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La diputada Adriana González Carrillo:Muchas gracias, presidente. Los mexicanos rechazamos lo que dice el gobierno que tener una mascota es un lujo. También rechazamos que el alimento para mascotas sea un producto suntuario y una manifestación de riqueza, tal como lo expresa en la iniciativa el Ejecutivo federal y que retoma el dictamen.

Uno es el país en el que vive el presidente y otra la realidad de los mexicanos. De acuerdo con los datos existentes, se calcula que 43.4 por ciento de los hogares en México conviven con al menos una mascota. Es decir, que dichas mascotas están conviviendo con alrededor de 52 millones de personas en este país, casi la mitad de la población.

Evidentemente, si revisamos los datos de Inegi sobre ingresos familiares, no corresponden en su gran mayoría a una población con alto poder adquisitivo o que represente capacidad contributiva, como establecen las consideraciones de la iniciativa y del dictamen.

De ser aprobado este dictamen, contrariamente a lo expresado por el gobierno, el sector mayoritariamente afectado serán las familias con menos recursos, así como los refugios de mascotas que día a día luchan incansablemente por proporcionarles una vida digna a los animales en situación de calle, así como fomentar su adopción y la tenencia responsable de estos animales.

El alimento procesado para mascotas se encuentra en el 100 por ciento de las tiendas de autoservicio. Pero el 57 por ciento de su consumo se ubica en las 412 mil tienditas de la esquina. En estas misceláneas es donde se lleva prácticamente la mayoría de la venta de alimento para mascotas.

El consumidor compra el producto dos veces por semana, con un gasto promedio de 19 pesos. Lo cual confirma que la compra del alimento procesado para mascotas forma parte de la despensa cotidiana del consumidor mexicano.

Actualmente la industria de fabricantes de alimentos balanceados para mascotas genera alrededor de 7 mil empleos directos y unos 18 mil empleos indirectos. Si se aprueba esta medida recaudatoria va a frenar al desarrollo de la industria e impactaría negativamente a la planta productiva nacional, poniendo en riesgo la inversión y la generación de empleos.

Detrás de los grandes productores que representan esta industria existe también una inversión científica muy significativa en desarrollo e innovación tecnológica de aproximadamente 160 millones de pesos anuales. Lo que le permite al país contar con productos de alta calidad nutricional y de esta forma también ser competitivos en el mercado internacional. El 95 por ciento de alimentos para mascotas se fabrica en México, por mexicanos y mayoritariamente con insumos mexicanos.

Lo anterior contradice las consideraciones del dictamen, cuando menciona que los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies no guarda relación con el tratamiento fiscal que se otorga a los productores de alimentos para animales, como parte del fomento a las actividades ganadera, pesquera y silvícola, ya que la materia prima que se utiliza en el alimento para mascotas es la misma que está destinada para animales de las actividades agropecuarias y eso afectaría el precio que establezcan los productores de ambos alimentos para no ver afectados su márgenes, seguramente el consumidor tendrá que pagarlo.

Las mascotas también cumplen una función social y afectiva dentro de una familia, lo que ha llevado a que éstas sean consideradas como un miembro más de las familias y su alimentación también es muy importante para su bienestar y cuidado, sin importar el nivel de ingresos que perciba su dueño. Asimismo la investigación científica revela que el tener una mascota produce efectos positivos en el bienestar físico y mental, tanto en niños como adultos y adultos mayores.

También existe la preocupación por el impacto que tendría la aplicación del IVA de 16 por ciento a estos alimentos en la economía de la personas con discapacidad visual que utilizan perros guías para acompañar su vida. De igual manera, las mascotas son auxiliares en los tratamientos de rehabilitación para personas con discapacidad y adultos mayores.

Concluyo, señor presidente. Este impuesto puede generar un mayor problema de salud pública, ya que existen millones de perros y gatos en situación de calle, lo cual genera problemas tales como enfermedades transmisibles al ser humano, heces fecales expuestas al aire y problemas de contaminación.

Corre el riesgo de que con el aumento de los precios en los alimentos para mascota, y la presión de los otros impuestos en el gasto familiar, se pueda estar generando un problema de abandono de más mascotas en las calles. Retomo lo que dicen los jóvenes en las redes sociales: tener hoy una mascota en México no es un lujo. Pero con esta propuesta seguramente lo será.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Adriana González Carrillo.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Gracias, señor presidente. Tener una mascota no es buen de lujo, contrario a lo que indica el Ejecutivo, mismo que retomo del dictamen de la Comisión de Hacienda. Desde las clases sociales menos privilegiadas hasta los medianos ingresos existe un gran número de familias e individuos que cuentan con una mascota, como bien ya se comentó en esta tribuna.

La teoría microeconómica nos enseña que cuando una mercancía se incrementa por encima de un precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar, comienza a operar un efecto sustitución. Es decir, los consumidores ante el aumento de precios comienzan a sustituir los bienes con otras mercancías de menor precio. Sin embargo, este efecto sustitución no opera en el caso de los alimentos para mascotas, porque mucha gente que cumple con una extensa jornada de trabajo los consume por la falta de tiempo para preparar alimentos.

En México existen de 23 millones de perros y gatos población que indica una relación de un ejemplar por cada 6 habitantes en el país, de los cuales solo el 30 por ciento de esos 23 millones se encuentra bajo el amparo de un hogar y el resto pertenece al rubro de animales callejeros.

De acuerdo con estimaciones realizadas de la Asociación Mexicana de Productores de Alimentos y Mascotas, de los perros y gatos que se encuentran en situación de calle se podrían sumar alrededor de 250 mil a 500 mil animales más debido a este impuesto a la comida de las mascotas.

Estamos hablando de un impuesto que en forma indirecta arrojaría a los animales a la calle o a las calles —como ya se ha mencionado— porque obviamente las mascotas caseras no comen en una fonda, como sí lo hacen sus dueños en el escaso tiempo que su jornada laboral les permite.

Tenemos que aceptarlo, en México no existe una cultura responsable —como también ya se comentó— de los animales de compañía y las consecuencias de la presencia de un mayor número de animales abandonados en las calles afectarían a la salud de toda la población. Tendríamos casos que irían desde personas mordidas por perros con rabia, la trasmisión de enfermedades parasitarias intestinales y la contaminación del aire, agua y alimentos, provocada por las heces fecales de los animales que habitan las calles.

Debemos considerar que una mascota puede ser un beneficio para las personas que enfrentan problemas de soledad y, sobre todo, reducir en ellas la posibilidad de experimentar depresión. Además, una mascota —como ya bien se dijo también— puede ayudar a la responsabilidad de adultos y de niños.

Esta iniciativa de reforma inducirá hacia el abandono de las mascotas, lo que puede convertirse en un problema de salud pública, como ya se dijo.

Además, algo que tampoco se consideró es que el incremento de los costos de la alimentación animal provocará la desaparición de organismos de la sociedad civil dedicados al rescate de animales para su cuidado, protección y manutención —como ya también se dijo— y que esto puede provocar —como ya lo dijimos— que los animales sean abandonados por sus dueños y que estos refugios de por sí no cuentan con su apoyo.

Compañeras y compañeros, no podemos imponer impuestos a capricho y abusando de las contribuciones cautivas, cuando hay un cúmulo de empresas que se les da un trato privilegiado y están exentas de pagar impuestos en la justa medida.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, estamos solicitando que se someta a discusión y se apruebe la supresión del numeral 6, fracción I, del artículo 2o.-A, inciso b), del dictamen del proyecto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de Ley del Impuesto al Valor Agregado. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva relativa al artículo 2o.-A, inciso b), numeral 6, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Compañeras y compañeros. Diputado Manlio Fabio Beltrones, la última vez que en esta tribuna se habló de los perros fue en aquella ocasión en que alguien juró y perjuró que iba a defender el peso como un perro. Hace más o menos 30 años. Un presidente priista. Y hoy, 30 años después, nuevamente el PRI trae a colación y a interés a los perros, sean de la clase social que sean, a todos por igual. Si en algo se destaca esta pretensión, es porque se está planteando aplicar un impuesto a seres vivos.

En contrapartida, compañeras y compañeros diputados, ¿saben ustedes cuál es el único apartado de toda esta reforma de ingresos en donde se está planteando una disminución? La que tiene que ver con la banda ancha. Porque —fíjense ustedes— mientras a los perros se les quiere aplicar el incremento en sus alimentos, en el caso de la banda de 2.5 gigahertz, que en momentos próximos habremos de discutir, se baja el costo del kilohertz, en contracorriente de lo que el presidente Peña Nieto les ordenó, porque, por ejemplo, para el caso de la región centro de la banda ancha, él planteó 8,685 pesos por kilohertz y resulta que el diputado Tomás Torres y el diputado Jorge Herrera, en ese espectro lo están bajando para que el aprovechamiento a favor de la República de un bien público baje a 3,790 pesos.

Entonces diría, compañeros y compañeras, defendamos a los perros como se merecen. Pero si pensamos que incrementar el IVA en sus alimentos es para ayudar a integrar una economía estable y desarrollar políticas públicas, no abusen de la ignorancia o el desconocimiento del pleno.

Por qué no se respeta la propuesta oficial que el presidente Peña Nieto envió a propósito de la banda 2.5 gigahertz, y respetando lo que él determinó obtendríamos 6 mil millones de pesos adicionales para el erario público por encima de los 600 millones de pesos que pretenden incrementar por los alimentos de los perros.

Así que evocando a aquel último negro personaje que defendió el peso como un perro, y que falló, no le fallemos nosotros a los perros.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Socorro Ceseñas Chapa, para presentar reserva a nombre de la diputada Aleida Alavez Ruiz, al artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Muy buenas noches, compañeras, compañeros diputados. Con su permiso, señor presidente. Enhorabuena, porque en la mayor parte de esta importante sesión hemos podido estar la mayoría de las y los diputados. Pero lamentablemente se repite el escenario de evitar tener debate a fondo con muchos temas. Y más en esta parte del paquete económico, que tiene qué ver con lo que el Estado, con el respaldo y la opinión de las y los legisladores tiene que hacer para fortalecer las finanzas públicas del Estado.

De tal manera que le permita enfrentar el escenario de muy bajo crecimiento y desaceleración económica y pobreza extrema, desempleo y demás, de manera más atinada, responsable, sensible y acorde con el escenario nacional. Sin embargo, hay muchos visos de tinte neoliberal de cómo decidir fortalecer las finanzas públicas del Estado.

Si bien es cierto hay algunas propuestas que atienden en muy mínima parte que haya el pago real de los impuestos. No es así. Si el Ejecutivo federal y el cuerpo de legisladores mayoritario en esta Legislatura tuviera a bien pensar, reflexionar, que lo que el Estado debe atender es principalmente lo que afecte, lo que mejore —mejor dicho— lo que mejore a las grandes mayorías afectando lo menos posible al resto de la población.

Esta iniciativa de cero IVA en la energía eléctrica de consumo doméstico es efectivamente, ésa sí sería una propuesta, con tinte netamente social, beneficiando a 32 millones de usuarios en este país. Y su costo no es tan grande. No se asusten, compañeras diputadas y compañeros diputados, que pretendamos que se logre quitar el IVA en esa tarifa de uso doméstico, son 13 mil 700 millones de pesos.

Recordemos cuánto cuesta o en cuánto está presupuestado y aprobado la compra del avión presidencial. Muy fácilmente se puede suspender esa compra, que no es una prioridad. Y sí es una prioridad ayudar, abonarle a que la economía de las familias en este país vaya mejorando día con día.

El Estado tiene la responsabilidad de fortalecer sus finanzas y de ver cómo. Es falso que se quiera decir que los que ganan más pagan más. ¿Qué está de fondo? No quieren pisar todos los callos de los pies, se conforman con pisar un solo callito. Es cuanto. Y espero que se reflexione a fondo en el apoyo a la economía familiar de este país, de los que ganan poco y mediano, en tarifa eléctrica.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada doña Socorro Ceseñas Chapa. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva relativa al artículo 15, eliminando la fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La diputada Leonor Romero Sevilla:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy con la complicidad de unos diputados se pretende gravar el pasaje de transportes foráneos que millones de mexicanos usan. Hoy el PRI y el PRD pretenden consumar un atraco más a la sociedad mexicana.

Jóvenes estudiantes, comerciantes, trabajadores, amas de casa y turistas, a partir de hoy —y gracias al presidente Enrique Peña Nieto— tendrán que pagar más por trasladarse de un estado a otro para realizar sus actividades cotidianas. Hoy una madre, una abuela o una hija que se ven obligadas a trasladarse de una ciudad a otra para buscar atención médica para sus familiares tendrán que pagar más impuestos.

Hoy los estudiantes, que se tienen que trasladar a una ciudad tendrán que sacrificar su bolsillo y el de sus padres para poder seguir recibiendo una buena educación. Hoy los trabajadores que menos tienen y se ven forzados a salir de su municipio para llevar su trabajo de labores diarias a otra ciudad tendrán que pagar IVA, trabajadores que solo buscan mejorar su ingreso tendrán que pagar más por un pasaje. Hoy las familias que con un gran sacrificio ahorran para poder salir en un periodo vacacional tendrán que duplicar su esfuerzo.

En contra de todo lo que prometió este gobierno y su partido los mexicanos que más luchan por mejorar su futuro tendrán que pagar más, dinamitando su bolsillo y presupuesto, afectando aún más la economía que con trabajo han construido. No conforme con haber pulverizado la estabilidad económica en solo 10 meses, Enrique Peña Nieto hoy pretende dañar a quienes menos tienen.

Cientos de millones de mexicanos serán las víctimas de esta medida que pretende orquestar el PRI en complicidad con el PRD y con todos los partidos que hoy votarán a favor de este impuesto, partidos que hoy hacen a un lado sus banderas y venden su voto al mejor postor.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, les pido votemos en contra del impuesto al transporte foráneo, porque daña la economía de los mexicanos que menos tienen y que son los que día a día hacen uso de este servicio.

El Partido Acción Nacional está actuando de una manera responsable votando en contra de este impuesto. Votamos en contra, porque ya conocemos cómo termina esta historia, una historia que ya vivimos en 1982, en 1988 y en 1994. Ése fue el PRI irresponsable del pasado. Éste es el PRI irresponsable del presente. Y estamos seguros de que no habrá más PRI en el futuro. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Leonor Romero Sevilla. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 9o., fracción IX y 28-A, párrafo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Gracias, presidente. Voy a hacer referencia a unos aspectos esenciales de la industria manufacturera y maquiladora de exportación, que representa alrededor del 80 por ciento, lo repito, el 80 por ciento de las manufacturas de exportación del país, por lo tanto una gran generadora de empleos, una gran generadora de divisas, una gran generadora de oportunidades de este país.

La industria maquiladora tiene alrededor de 45 años existencia y ha sido diseñada de una manera especial para desarrollar actividades productivas de una manera altamente competitiva ya que se mueve en la economía globalizada. Sin embargo, la industria maquiladora con esta iniciativa presidencial está siendo sujeta a una serie de embates sumamente graves en los impuestos, que la pueden afectar de manera grave, al grado de que pueden empezarse a perder innumerables empleos. Y voy a ser referencia a esto. La industria maquiladora se encuentra insertada en una serie de cadenas productivas que llegan al final a la industria automotriz, a la industria aeroespacial, a la industria de telecomunicaciones y electrónica, a la industria del juguete, a la industria de la salud y a muchas ramas industriales de alta tecnología, en donde México es campeón exportador.

La iniciativa presidencial atenta contra estas cadenas productivas al estar cargando IVA cuando hay ventas de un no residente en el extranjero hacia una maquiladora o hacia empresas que están en esta cadena productiva, que finalmente devienen en estas grandes industrias que acabo de mencionar, por lo que nos reservamos el artículo 9o., a fin de que se exente el IVA de estas cadenas productivas aplicables a los no residentes extranjeros cuando se venden en México.

También se estableció el IVA en las importaciones temporales, a menos de que las maquiladoras se sometan a un proceso de certificación. Esta certificación está establecida ahora en el adendum que se hizo a la iniciativa presidencial a través del dictamen a una certificación anual. Sí se quitó el impuesto a la importación temporal, pero siempre y cuando cada año las maquiladoras estén sujetas a la espada de Damocles, de que se les vuelva a dar autorización, como si no tuviéramos 45 años de experiencia industrial.

Esto verdaderamente atenta contra la competitividad del país. Atenta con las nuevas inversiones que se van a ver sujetas a esta espada de Damocles, que penda sobre su cabeza.

Finalmente, compañeras y compañeros, en el artículo segundo transitorio, fracción III, se hace la reserva de que esta certificación que se está proponiendo se inicie a partir del año de 2016 y no de 2015 como se tiene contemplado, para entrar en vigor toda esta serie de disposiciones de impuesto al valor agregado que afectan gravemente a las maquiladoras.

Les solicito que consideren verdaderamente de una manera responsable proteger la competitividad de esta gran industria que tenemos en el país y, sobre todo, que afecta gravemente a las fronteras, ya que tenemos ahora —según se ve— muy probablemente un voto a favor de la homologación del IVA en las fronteras. Con esta situación, además de lo que voy a mencionar más adelante en las reservas del impuesto sobre la renta, se afecta gravemente a esta industria en el país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Carlos Fernando Angulo Parra.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva a los artículos 24, 25, fracciones I y IX; 28, y elimina los artículos 28-A y 30, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Glafiro Salinas Mendiola:Con su venia, señor presidente. Presentamos esta reserva, porque estamos seguros que está en contra de una de las principales fuentes de trabajo de nuestro país.

Estamos preocupados por esta iniciativa del Ejecutivo, la cual pretende imponer el IVA a las importaciones temporales. Estos impuestos van disfrazados de créditos fiscales y de certificaciones anuales. Pero, ¿por qué estamos preocupados? Y es que en su exposición de motivos el Ejecutivo expresa que es necesario imponer estos impuestos a las importaciones temporales, porque algunas de ellas no regresan al país.

Esto verdaderamente raya en un error muy grande, porque si las importaciones temporales, algunas de ellas se quedan en nuestro país, estamos hablando de dos cosas: estamos hablando de delincuentes, de pillos, de gente que le gusta violar la ley y que merece ser castigada. Y por el otro lado, también estamos hablando de una deficiencia muy importante en la fiscalización de las autoridades aduaneras y que podrían trabajar en forma correcta, pues tienen en su poder el padrón de importadores.

Nosotros nos preguntamos, ¿es acaso suficiente esta exposición de motivos para que por unos cuantos o un grupo de delincuentes y una deficiencia en una función obligatoria de la autoridad fiscalizadora tenga como consecuencia gravar impuestos a empresas que cumplen con la ley y que representan una fuente muy importante de trabajo para los mexicanos?

¿Es esta exposición de motivos suficiente para poner en peligro una fuente de trabajo que representa más de 2 millones 300 mil empleos en nuestro país y que también representa más de 6 mil 500 empresas maquiladoras?

Les pregunto, compañeros, ¿debemos de seguir en México con ese pensamiento perverso de que el que cumpla con la ley le va mal y al que no cumpla con la ley le va bien? Porque este grupo de delincuentes no nos han dicho cómo van a resolver el problema.

Decimos esto también porque en México solamente el 38 por ciento de los mexicanos somos los que pagamos los impuestos y sostenemos el gasto nacional y somos los que otra vez vamos a sufrir los efectos del aumento de impuestos de esta reforma, mientras que más del 60 por ciento de los causantes o de los mexicanos no pagan impuestos.

¿Hasta cuándo nos daremos cuenta de que una de las soluciones a nuestros problemas en este renglón es el de aumentar la base gravable para que todos los mexicanos paguemos los impuestos que nos corresponden y no caiga en un pequeño grupo de estos ciudadanos de México el pago de los gastos de nuestro país? Por lo anteriormente expuesto, le pido una reserva para este artículo 28-A.

Por último, quiero desearles a todos mis amigos que tengo en los diferentes partidos y que soy afortunado por eso y que los respeto y los admiro, pero que les deseo suerte, porque si votan por esta reforma que tanto daño le hace al futuro de México y a los mexicanos, les aseguro que pronto vamos a pagar la factura. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado don Glafiro Salinas Mendiola. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 25, fracción I, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Señoras y señores legisladores, la votación ha sido ya determinada. Sonido en la curul del diputado Gastélum. Dígame señor diputado Gastélum, ¿con qué objeto?

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro(desde la curul): Señor presidente, con todo respeto y atento a lo irrespetuoso de la señorita diputada secretaria, no es posible en donde estamos todos aquí, donde hay una mayoría, no permita poner el tablero. No es posible que de manera irrespetuosa, con un ademán diga no.

Espéreme tantito. Somos pares, secretaria, consecuentemente pedimos la atención. Si es petición del tablero, ¿cuál es el problema de que se vaya a tablero? Lo peor que puede suceder es que el PRI y sus adláteres nos ganen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras, diputado Gastélum. Pondremos enorme cuidado en las votaciones sucesivas. Adelante, diputado, continúe.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito presentar la siguiente reserva al párrafo segundo de la fracción I del artículo 25, párrafo segundo del dictamen con proyecto de decreto.

La exposición de motivos de la reforma en comento habla de una industria manufacturera que comercializa el 90 por ciento de su producción dentro del territorio nacional.

Según el documento, hay una evasión en el pago de impuestos pues las maquiladoras utilizan el beneficio fiscal que les otorga la misma ley. Sin embargo, debo señalar que el fondo radica en el decreto presidencial de 1993, que abría a las maquiladoras la posibilidad de comercializar sus productos en territorio nacional, cuando el origen del beneficio fiscal era que aquí, en donde solo se hacía la transformación y los insumos y la maquinaría de trabajo venían del extranjero para la producción de artículos que allá se comercializarían.

La modificación que ahora pretenden hacer sin duda es un golpe fatal para la industria maquiladora de nuestro país, en especial la que se encuentra radicada en zonas próximas a las fronteras mexicanas, pues son quienes deberán pagar IVA por sus insumos y el aumento en el impuesto fronterizo. Un doble golpe por parte del gobierno mexicano a esta industria.

La maquila mexicana es uno de los líderes en su ramo. El cobro de nuevos impuestos disminuiría su competitividad frente al resto del mundo. El aumento de la carga impositiva definitivamente arrastraría una alarmante ola de desempleo, pues tan solo para el estado de Nuevo León se calculan alrededor de 235 mil empleos formales afectados. Esta reforma fiscal afectará a los que menos tienen y no garantiza de modo alguno el pago de los que más tienen.

Definitivamente, la disminución o desaparición de estas empresas impactaría de forma negativa a la economía local y nacional. Es un riesgo que en las circunstancias actuales de nuestro país, de recesión, no podemos ni debemos tomar.

Reiteramos lo que hace falta: es el impulsar una política de austeridad o implementar medidas anticorrupción además. Esas son las principales fallas gubernamentales, que no deben recaer en culpas en las clases medias y bajas, pues son ellas las que históricamente han resistido el peso de la corrupción y también de una burocracia onerosa.

Antes de pretender imponer nuevas medidas fiscales, el gobierno debería apelar por impulsar una administración austera, transparente, democrática y libre de corrupción. Si bien es cierto que el dictamen de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 25, fracción I, materia de esta reserva, establece una serie de hipótesis por las cuales establece exenciones, la cuales a nuestro juicio son insuficientes, por lo que me permito someter a su consideración sustituir el último párrafo de esta fracción en los siguientes términos: Tampoco se pagará este impuesto por los bienes que se introduzcan al país mediante el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Francisco Coronato Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Anteponiendo el respeto a quienes somos pares y solicitándolo, esta Secretaría pregunta a los diputados que estén por la mayoría de la discusión que se sirvan manifestarlo. Los que estén por la afirmativa de la discusión sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva relativa a la fracción III del artículo segundo, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Señor presidente, ya la presenté.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De acuerdo, está ya presentada. Gracias, diputado Angulo.

Proceda la Secretaría a recoger votación nominal en lo particular y en los términos del dictamen de todos los artículos reservados relativos a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus disposiciones transitorias contenidos en los artículos primero y segundo del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputado. Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): Gracias, diputado. Para solicitarle una aclaración. Estamos votando todos los artículos en su conjunto, así es, no hay votación separada.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Hasta este momento así ha sido planteado. ¿Tiene usted alguna propuesta, diputado?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Conjunta. Adelante.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Cuauhtémoc Galindo. Sonido en la curul del diputado Cuauhtémoc Galindo. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado(desde la curul): Con su permiso, señor presidente. Para solicitar que en efecto se haga una votación diferenciada, dejando por separado lo que se refiere a la propuesta del aumento del IVA en la región fronteriza.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Dígame, diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente, con fundamento en el 108, numeral 2, de nuestro Reglamento, para que lo ponga a consideración del pleno si es de separarse el articulado. Primero para ver si se aprueba por el pleno de esta asamblea si separa el articulado. Así está previsto, 108, numeral 2. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado. Sonido en la curul de la diputada Consuelo Argüelles. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Consuelo Argüelles Loya(desde la curul): Gracias, diputado. Para solicitarle a nombre de mi grupo parlamentario que se vote por separado cada tema, por favor. Frontera, alimento, el tema de las mascotas, todo por separado por favor.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría, para ilustración del pleno, lea el artículo 108, numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Articulo 108, numeral 2. Si lo propone algún miembro de la Cámara y se aprueba por el pleno, podrá votarse por separado cada uno de los artículos o fracciones del artículo o de la sección que esté a debate. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El artículo 108, numeral 2, es muy claro. Consultaremos al pleno si autoriza que los podamos votar por separado. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos. Los que voten a favor estarían autorizando que se voten por separado los artículos. Los que voten en contra estarían votando porque se voten todos en su conjunto. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El voto a favor es para que se separen los artículos. El voto en contra es para que se voten en su conjunto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 195 votos en pro y 278 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo particular y en los términos del dictamen de todos los artículos reservados relativos a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus disposiciones transitorias contenidos en los artículos primero y segundo del proyecto de decreto. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en conjunto de los artículos reservados de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus disposiciones transitorias contenidos en los artículos primero y segundo del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, se emitieron 290 votos a favor, 1 abstención y 176 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tome la votación, secretario.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): En contra.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Le informo, señor presidente, que fueron 291 votos a favor, 178 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo particular y en su conjunto los artículos relativos a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus disposiciones transitorias contenidas en los artículos primero y segundo del proyecto de decreto por 292 votos a favor, 177 votos en contra y 1 abstención.

Procedemos ahora al desahogo de las reservas relativas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar reserva relativa al artículo 1o., fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, señor presidente. La industria maquiladora está regida por ordenamientos, disposiciones legales y fiscales. El primer decreto con carácter legal fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1971, con la finalidad de otorgar mayores facilidades para la instalación de la industria y fomentar el empleo.

Actualmente la fracción I, del artículo 1o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción de Servicios establece.

Artículo 1o. Están obligados al pago de impuesto establecido en esta ley las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación en el territorio nacional o, en su caso, la importación definitiva de los bienes señalados en esta ley, por lo que se establece la posibilidad de importar sin pagar impuestos: equipo, materias primas y productos semi terminados necesarios para el proceso de transformación y ensamble de productos a exportar, siempre que estos regresaran al país de origen después del tiempo estipulado.

Sin embargo, con la presente reforma se establece el pago del impuesto especial sobre producción y servicios a la importación de bienes en general. Es decir, con esta modificación todas las importaciones temporales o definitivas serán gravadas con este impuesto.

Este gravamen implica necesariamente un incremento, no solo en el costo de producción, sino también en las inversiones de las empresas, ya que incluyen maquinaria y equipo con la consecuente pérdida de competitividad. Así las empresas que están tomando decisiones al respecto a su llegada a México van a tener que reconsiderar este costo y comparar la situación en otros países, poniendo en grave riesgo el crecimiento del sector.

Por lo anterior, la presente reserva está dirigida a mantener la exención del pago del IEPS a la industria maquiladora, como una estrategia de desarrollo que pretenda mantener la competitividad en términos de costo y calidad frente al exterior.

Es increíble cómo esta reforma, lejos de beneficiar a los ciudadanos con los cambios propuestos en la miscelánea fiscal, esté optando por una política que va a desincentivar la inversión nacional y extranjera en el establecimiento de compañías maquiladoras que generan nuevos empleos, desarrollo tecnológico. Pero, sobre todo, hacer que la industria siga creciendo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva:

Único. Se reforma la fracción I, del artículo 1o. del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y que expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y morales que realicen los actos o actividades siguientes:

1. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación definitiva de los bienes señalados en esta ley.

La diferencia entre el texto anterior y el texto propuesto es muy sencilla, termina de la siguiente manera: La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta ley, para efectos de la presente ley, se considerará la importación de la introducción al país de bienes.

Y quedaría de la siguiente manera: La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación definitiva de los bienes señalados en esta ley.

De esta manera continuaríamos apoyando a la industria maquiladora. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se acepta. Se desecha.

Tiene la palabra, la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva a la fracción I, inciso A), numeral 1 del artículo 2o.

La diputada Lorena Méndez Denis:Con su permiso, presidente de la Mesa Directiva.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Lorena Méndez Denis: En México la industria cervecera ha podido desarrollarse con éxito por el alto nivel de inversión realizado en desarrollo de mercados, en tecnologías de punta y en creación de valor de marcas. Sin embargo, el tratamiento fiscal discriminatorio incide negativamente en la capacidad de la industria de generar los recursos necesarios para mantenerse competitiva a nivel mundial, especialmente frente al mercado estadounidense y las nuevas tendencias de consolidación de la oferta en los mercados.

Por cada peso de la venta el ingreso neto después de impuestos para la industria cervecera mexicana es de aproximadamente 70 centavos, mientras que para la industria estadounidense es de 85 centavos.

En Estados Unidos de América se paga una cuota fija por cada litro de cerveza de 15.34 centavos, mientras que en México el impuesto especial sobre producción y servicios consiste en una tasa de acuerdo al valor del 25 por ciento sobre el precio de la cerveza al detallista. Si comparamos ambos impuestos en los mismos términos, encontramos que en Estados Unidos de América, la tasa de acuerdo al valor a la cerveza equivale al 10.4 por ciento.

Además de ser mayor el impuesto en México, crece a medida que aumenta el precio de la cerveza. Si además del IEPS de cerveza en México se considera el IVA del 16 por ciento, y al impuesto federal a la cerveza en Estados Unidos de América también se le considera el impuesto a las ventas del 6.5 por ciento en promedio, resulta que por cada peso vendido de cerveza al detallista en México se pagan 27 centavos de impuestos, mientras que en Estados Unidos de América solo 15 centavos.

Asimismo en la reforma de 2010 se estableció en el artículo noveno transitorio un aumento en el impuesto de la cerveza hasta del 26.5 por ciento, en un periodo de 2010 al 2012. En el 2013 sería del 26 por ciento y a partir de 2014 volvería al 25 por ciento. Con este aumento la industria cervecera ha tenido pérdidas graduales del mercado interno. Los costos de la inversión y producción se elevaron considerablemente, y con ello, los precios al consumidor.

Ahora bien, el artículo reservado propone mantener el impuesto especial sobre producción y servicios del 26.5 por ciento a la cerveza, ignorando por completo el mandato contenido en el noveno transitorio de la reforma aprobada en el 2010, que a la letra dice: Noveno. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 1, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, tratándose de cerveza en sustitución de la tasa establecida en dicho numeral durante los años 2010, 2011 y 2012, se aplicará la tasa del 26.5 por ciento y durante el 2013 la tasa del 26 por ciento.

En este contexto, la industria cervecera mexicana se encuentra en desventaja por la incapacidad de generar flujos financieros, pieza clave en la competencia mundial de la cerveza frente a los grandes grupos de otras partes del mundo.

La principal razón de esta desventaja está en la diferencia de cargas fiscales entre México y Estados Unidos de América, que lejos de beneficiar a la industria cervecera la sigue afectando con el cobro de mayores impuestos.

Por lo anterior expuesto, nuestra propuesta es eliminar la presente reforma y exhortar enérgicamente al Ejecutivo federal para que se respete el mandato contenido en el artículo noveno transitorio, que establece un impuesto especial sobre producción y servicios del 25 por ciento a partir del 2014.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva. El artículo 4o. del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, la producción y comercialización del tequila, bebida tradicional de México, ha logrado una gran expansión en los últimos años.

El tequila es la bebida más reconocida de México a nivel internacional. De hecho, para llamarse tequila la bebida debe de ser elaborada en México y contener al menos 51 por ciento de azúcares provenientes del agave azul tequilana weber.

El tequila tiene denominación de origen en cinco estados de la República mexicana: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas y beneficia a más de 181 municipios de los cinco estados de la República que integran el territorio de la denominación de origen tequila, así como a las más de 70 mil familias que conforman esta importante cadena productiva.

El año pasado México produjo 253.2 millones de litros de la bebida, de los cuales 166.7 fueron exportados, según datos del Consejo Regulador del Tequila. Sin embargo, con el presente dictamen se vuelve a confirmar abusos y perjuicios en contra de la industria tequilera mexicana, al aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios, el cual en la legislación vigente es del 50 por ciento.

La reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2010 establece en su artículo décimo transitorio lo siguiente: Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 3, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sustitución de la tasa establecida en dicho numeral, durante los años 2010, 2011 y 2012, se aplicará la tasa de 53 por ciento y durante el 2013 la tasa de 52 por ciento.

Es decir, que según el mandato contenido en el artículo transitorio anterior el impuesto especial sobre producción y servicios tendría que regresar al 50 por ciento en 2014.

No obstante, la nueva modificación que se establece en el presente dictamen propone ignorar lo anterior e incrementar permanentemente el IEPS a 53 por ciento para las bebidas con contenido alcohólico, poniendo en grave desventaja a miles de familias productoras que conforman la industria tequilera de México.

Este aumento generará incrementos en el costo de producción que se reflejarán en el costo al consumo. Además existe un temor fundado, que este incremento propiciará el crecimiento de la informalidad con el consiguiente riesgo para la salud y el daño a la imagen de la bebida, que tanto orgullo nos ha significado a los mexicanos.

Por lo anterior, nuestra propuesta es eliminar la presente reforma y exhortar al Ejecutivo federal para que se respete el mandato contenido en el artículo décimo transitorio, que establece un impuesto especial sobre producción y servicios del 50 por ciento a partir del 2014.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva: Único. Se reforma el inciso A), numeral 3, del artículo 2o. del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o en su caso en la importación de los siguientes bienes:

A). Bebidas con contenido alcohólico y cerveza.

3. Con una graduación alcohólica de más de 20 grados Gay-Lussac, 50 por ciento.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se consulta en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se desecha. Tiene la palabra la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar su propuesta de modificación a la fracción I, inciso G) del mismo artículo 2o.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot:Buenas noches, compañeras y compañeros diputados. Con relación a la reserva que hicimos de las bebidas saborizadas, sin duda alguna que hay que tener en cuenta las circunstancias de la aplicación que puede circunscribir a los impuestos, a los productos, sobre todo hoy que México vive una recesión, aunque no se quiera aceptar. Mucho tiene que ver el subejercicio que hay del gobierno federal.

El impuesto que se quiere aplicar de un peso por litro precisamente a las bebidas saborizadas, a las bebidas azucaradas va a acrecentar, compañeras y compañeros diputados, la crisis que tenemos en el sector cañero.

No es posible que hoy se contribuya aquí a darle el tiro de gracia a este sector tan golpeado. Por ello es necesario ir más allá. No es cierto que el azúcar sea la causa de la obesidad en los mexicanos, sin duda alguna son muchas situaciones las que conllevan a este mal, entre ellas la falta de una dieta balanceada, y bueno, cómo pensar en que el mexicano coma lo que requiere su organismo, cuando a veces ni siquiera para comer tiene.

Y el refresco, que es básicamente a donde impacta, pues cumple con una función que es precisamente la de hidratar y la de dar energía a quien lo consume. Y en la población más pobre es precisamente donde se consume y no es precisamente en ella donde están los problemas de obesidad.

Así es que este impuesto va a generar inflación, va a generar desempleo, afecta la economía, incentiva la informalidad. Compañeras y compañeros diputados, va a crear, sin duda alguna, va a generar el desplome del consumo del azúcar.

Se sataniza al azúcar, pero no se hace mención de la alta fructuosa. Y es precisamente esta mescolanza la que afecta la salud del mexicano. Habría que preguntarse qué es lo que hace el sector salud, porque obviamente que si en un momento dado se acepta que la alta fructuosa genera mayores problemas en la salud, en consecuencia quien tendría problemas sería el gobierno, porque no le podría cumplir al vecino país, a Estados Unidos de América, con la importación de la alta fructuosa.

Es casi casi criminal, pero lo tengo que decir, lo tengo que compartir aquí con ustedes, que se sataniza al azúcar. Pero no se está viendo realmente que la fructuosa es lo que genera más daño en la salud, y que entonces los empresarios refresqueros obviamente van a preferir el consumo de alta fructuosa en lugar del azúcar para no ver reducida sus utilidades.

Por eso, diputado presidente, solicito ponga a consideración que se quede tal cual, como está en la ley vigente, el articulado con relación a este impuesto, que hoy se pretende aplicar, que no se aplique y para ello se lo dejo por escrito. Diputado, presidente, es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su reserva al mismo artículo 2o., fracción I, inciso G).

Le avisan a la diputada Magdalena, que está aquí abajo. Estaba interesante la plática.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. La que suscribe esta reserva, integrante del Grupo Parlamentario del PT, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este pleno la reserva al artículo tercero del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y expide la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del artículo 2o., fracción I, inciso G), del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el cual se propone para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Nuestro Partido, el Partido del Trabajo, está comprometido con la salud de los mexicanos y tenemos presente el problema de salud pública que ha venido provocando la obesidad y el sobrepeso, no solo en personas adultas, sino de manera alarmante en las niñas, niños y adolescentes.

Una de las principales causas que generan dichas enfermedades es sin lugar a dudas el desmedido consumo de las bebidas endulzadas. Si bien estamos conscientes de que el origen de este padecimiento es multifactorial y que una razón muy importante es la falta de educación para generar un hábito alimenticio adecuado, consideramos también que una manera de contrarrestar este mal es imponer un gravamen más elevado a las bebidas endulzadas.

Si bien es cierto, en la iniciativa que hoy se pone a consideración se está incorporando una cuota aplicable de un peso por litro de estas bebidas endulzadas, nuestra proposición es que esta cuota sea todavía mayor, que esta cuota sea de dos pesos por litro. Pero además, proponemos que esta recaudación vaya orientada y etiquetada a establecer en todas las escuelas, en todas las comunidades, no solamente agua potable o bebederos en las escuelas, sino en todas las comunidades que no tienen agua potable.

Que esta recaudación vaya orientada para cubrir esta deficiencia y que el Estado mexicano le proporcione a toda la población agua limpia, potable y bebible. De tal manera que nuestra propuesta es que la cuota aplicable de un peso por litro se incremente a dos. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar su propuesta al mismo artículo, fracción e inciso. Artículo 2o., fracción I, inciso G).

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo aquí a esta tribuna a pedirles a mis compañeras y compañeros cenecistas, a los dirigentes cañeros que están por aquí, que conocen la situación de la agroindustria azucarera y la situación de los productores de caña y no creo que vayan a votar a favor de que se le incremente un peso a todas las bebidas que tengan azúcar y que a los sustitutos los dejen libremente que entren.

En el 2000, del 2000 al 2003, si se acuerdan muchos compañeros y compañeras que fueron diputados, tuvimos que ponerle un 20 por ciento a los refrescos que no utilizaran azúcar para beneficiar a la agroindustria azucarera, porque estábamos en una crisis igual a la que hoy están los productores de caña.

Más de 2 millones 650 mil familias viven de esa agroindustria y hoy si gravan a estas bebidas, por ende no van a utilizar azúcar y si no utilizan azúcar, entonces nosotros los cañeros —porque también soy cañero— nos va a disminuir el precio de la tonelada de caña y vamos a estar peor que en este año, que salimos perdiendo muchísimo.

No estoy defendiendo a las refresqueras. Estoy defendiendo también a la gente que consume los refrescos, porque quienes hemos ido a hacer campaña allá a las montañas, donde no hay agua y que lo único que toman es refresco, a esos vamos a perjudicar, porque son los que van a pagar ese impuesto que están imponiendo hoy.

Les pido, compañeros diputados, recuerden ustedes que en la Legislatura del 2000 al 2003 tuvimos que hacer muchas cosas para poder apoyar a la agroindustria azucarera.

No sé por qué quieren a fuerzas que la agroindustria azucarera, que es tan importante en nuestro país, quieren desaparecerla. Ya la han privatizado muchas veces y la han vuelto a vender —otra vez— a los mismos dueños y todavía se las regresan sin pagar un solo peso. Como decimos los campesinos, fiados los ingenios y todavía les prestan para su operación y después ni pagan el valor del ingenio ni pagan el dinero que les prestaron y así ha sido durante muchísimos años.

Y quieren desaparecer la agroindustria azucarera para que nos pase lo mismo, cuando dijeron que estábamos llenos de cólera, que nuestra agua no servía, ¿qué pasó con eso? En lugar de decir que hirvieran el agua, trajeron e introdujeron el agua embotellada de Estados Unidos de América y ahora nos la venden más cara que la leche. Eso mismo va a suceder si no defendemos a la agroindustria azucarera, si no defendemos a los cañeros.

Compañeros, aquí hay compañeros que fuimos, que estuvimos de secretarios generales juntos, que defendimos juntos, que luchamos juntos defendiéndola. No voten por este impuesto. ¿Qué van a hacer cuando vayan ustedes a allá a pedir el voto nuevamente? ¿Qué les van a decir a sus compañeros, a los campesinos, a la gente que estamos dañando? No lo hagan o por lo menos cárguenle el impuesto a todos los productos que también estén endulzados con los sustitutos de azúcar. Pero lo más importante es que lo dejen como está.

No sé si van a poder ustedes votar en contra de esa gente que hemos defendido y que los que están aquí también lo han defendido. Muchas gracias, presidente, por su tolerancia.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Juan Bueno Torio, para presentar su reserva al mismo artículo 2o., fracción I, inciso G).

El diputado Juan Bueno Torio:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, también vengo a pedirles se elimine este inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Suscribo lo que han dicho mis compañeros sobre este mismo tema y en el mismo tenor. La caña de azúcar es el modo de vida de cientos de miles de mexicanos que se dedican este cultivo y que normalmente y casi todos los años padecen de circunstancias.

Los productores de caña de azúcar han hecho un esfuerzo muy importante y aprovecharon políticas públicas de otro tiempo, y subieron la producción de azúcar de 5 millones de toneladas, que normalmente se vienen produciendo en México, a 7 millones y medio.

Hoy por esa sobreproducción están padeciendo problemas serios en el precio del producto. Es un mercado que está sobre-ofertado en este momento. Y cuando un mercado está sobre-ofertado y se le pone un impuesto teóricamente al consumo, no pasa otra cosa más que el impuesto se va directamente al costo. Y ese costo va a afectar el interés y va a dañar la economía de cientos de miles de familias en 15 estados de la República mexicana. No es un impuesto que vaya a venir a reducir el consumo del azúcar.

El azúcar es un buen alimento, es un carbohidrato como muchos otros: como el maíz, como el trigo, y otros más. En México consumimos 25 millones de toneladas de maíz y a las bebidas saborizantes se va a 1 millón 200 mil toneladas de azúcar. No hay diferencia, no hay parangón para poder resolver este tema.

El azúcar no es el único elemento o el único carbohidrato que provoca la obesidad en nuestra población. Ya lo dijo aquí nuestra compañera Yazmín Copete, que son otros los elementos que nos están lastimando. Para resolver el problema de obesidad se tienen que implementar políticas públicas a través del DIF, de la propia Sedesol, en el programa Oportunidades, para cambiar el sistema alimenticio de muchos mexicanos y resolver ese problema de la obesidad y la diabetes.

Quiero platicarles, quiero plantearles que reconsideren este voto sinceramente. Muchos de los compañeros que estamos aquí acudimos a pedir voto al sector cañero. Muchos, nuestros compañeros del PRI, cada vez que van a esos lugares se difunden y se publicitan diciendo que son los amigos de los cañeros, y así sale publicado en periódicos y en medios. La amistad y la lealtad se demuestran en los momentos difíciles y hoy los cañeros de México están pasando por un momento muy difícil económicamente hablando.

Ayer les pedí, compañeros, en la comisión que tuviéramos este tiempo y esta lapso para reflexionar sobre la importancia y el alcance de este gravamen, que no va a ir a ningún otro lado, más que a lastimar la economía de miles de familias en 15 estados de nuestro país, como se los digo.

En realidad, no es justo que cuando un sector está haciendo un esfuerzo importante para mejorar su productividad y su competitividad, como le hizo el sector cañero en estos últimos años, se les castigue con un impuesto esa productividad y ese ánimo. Aquí estuvieron los cañeros hace un mes o mes y medio pidiendo apoyo, porque los 3 pesos con 60 centavos que alcanzaron como liquidación por su kilo de azúcar no les alcanzó ni para pagar lo que le debían al ingenio. Hoy el azúcar vale en el mercado 9 pesos, 7 pesos lo vende la industria azucarera y el impuesto que implica a las bebidas saborizantes por el contenido de azúcar que tienen los refrescos, en un litro estamos poniéndole un impuesto de casi 10 pesos al kilo de azúcar, a ese millón 200 mil toneladas de azúcar que se va a la industria de aguas endulzadas. No es justo, cuando el campesino, el productor gana 3.60 pesos por kilo de azúcar, que en este segmento del mercado le pongamos un impuesto de 10 o de 11 pesos.

Nuevamente, amigos del PRI, de la CNC, de la CNPR, de todos los sectores, que siempre aquí se envuelven en la bandera y en la defensa de los cañeros cuando vienen los cañeros a pedirnos su apoyo. Les reitero, el apoyo, la amistad se demuestra en los momentos difíciles y hoy los cañeros están pasando por este momento muy difícil en su economía.

Tenemos la expectativa de 7 millones de toneladas otra vez para el próximo año. Reducir el consumo de la azúcar por este impuesto implicará elevar los niveles de inventarios que tiene este sector y deprimirá más el precio del azúcar. Por favor, sinceramente, por el bien y por la economía de todos ellos, les pido su reflexión y les pido que votemos para que se elimine esta fracción del artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, para presentar su propuesta de modificación a la fracción I, inciso H) del mismo artículo 2o.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con el permiso de la Presidencia. La presente reserva tiene por objeto eliminar el impuesto a los combustibles fósiles, estableciendo en el dictamen en comento.

Si bien es cierto que el uso de los combustibles fósiles libera bióxido de carbono, que es uno de los principales contaminantes ambientales, creemos que en la medida de gravar estos combustibles, no conseguirá los fines ecológicos perseguidos, sino que repercutiría profundamente en la economía de los mexicanos.

El Partido del Trabajo está a favor de tomar medidas para garantizar a los mexicanos un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Derechos consagrados en el artículo 4o. de la Carta Magna.

En ese sentido, consideramos necesario generar medidas que fomenten una reducción de emisión de bióxido de carbono a la atmósfera, principalmente el de gas de efecto invernadero. Sin embargo, estamos en contra de gravar los combustibles fósiles, debido que encarecerá el precio de los productos de la cadena productiva del sector industrial. Incrementará el costo de producción de bienes y servicios, los precios de éstos y el salario real de los consumidores.

En este sentido, se generará un círculo vicioso en donde habrá menores ingresos a la industria, menor inversión y menor empleo, afectando gravemente los costos de la vida de los mexicanos.

Por otro lado, esta propuesta restará competitividad al país al encarecer insumos esenciales para el sector industrial, con lo cual se contraviene lo establecido en el artículo 25 constitucional, que expresa: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Finalmente, es de mencionarse que no se ofrece alternativa al consumo de combustibles fósiles. Creemos que imponer un impuesto a los combustibles fósiles no ayudará a limpiar el aire de nuestras ciudades. El Partido del Trabajo legislará a favor de la reducción de emisores que incluyan campañas de información, difusión a nivel nacional para crear una cultura orientada a un mejor desempeño ambiental sin afectar el poder adquisitivo y el bienestar de los mexicanos.

Es por ello que proponemos la eliminación del inciso H) del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Víctor Serralde Martínez, para presentar sus propuestas de modificación a la fracción I, inciso I); y también propone eliminar el inciso G).

El diputado Víctor Serralde Martínez:Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Le ruego de antemano que sea obsequioso con el tiempo, toda vez que estoy presentando reserva a dos artículos.

Compañeros diputados, recuerdo el 8 de septiembre —el evento oficial— en que el Presidente Peña Nieto presentó la tan esperada reforma hacendaria. ¿Cómo olvidar las caras sonrientes, las frases obsequiosas y típicamente zalameras, con las cuales los diputados del PRI elogiaron la propuesta fiscal? La razón de júbilo era que el presidente no aplicaría el IVA ni en alimentos ni en medicinas. Pues qué poco les duró el gusto.

Cuando empezamos a leer las letras chiquitas del paquete fiscal, nos enteramos del IVA en las colegiaturas, IVA en vivienda, IVA generalizado en la frontera, impuestos a los maquiladores, a los transportistas, impuestos a los plaguicidas, impuestos, impuestos, impuestos.

Caray, me sorprende que no se les haya ocurrido ordenar que dieran de alta a las mascotas en Hacienda, porque hubieran puesto impuestos hasta para los perros.

No me sorprende que el presidente de la República viniera con nuevos y más impuestos a los mexicanos. Lo que me sorprende es el cinismo que los lleva a buscar fundamentos falaces, absurdos y mentirosos para justificar la aplicación de dichos impuestos, que no tienen otro objeto que el de recaudar más dinero a costa del bolsillo de los mexicanos.

¿Por qué refiero esto? Lo digo porque a partir de este paquete fiscal nos enteramos que el gobierno de la República encontró al verdadero culpable del problema de la obesidad de los mexicanos. A partir de este paquete fiscal nos enteramos que el azúcar ahora resulta es un producto nocivo para la salud, ahora resulta que es el principal precursor y el culpable del sobrepeso.

Escúchenlo bien, el enemigo público de hoy ya no se llama el Chapo Guzmán, se llama el azúcar mexicana. Pero la novedad que va a dar la vuelta al mundo a partir de este día, y es que en México los problemas de salud no se resuelven con medicinas, la novedad es que en México los problemas de salud los resolvemos imponiendo cargas fiscales.

Ya no son eficaces en este país ni los tratamientos ni las políticas públicas para generar nuevos hábitos alimenticios. Vaya, ni las curanderas ni los brujos de Catemaco. Ahora lo que está de moda es el impuesto.

El tabaquismo se combate imponiéndole impuestos a los puros de San Andrés. Diputada Marina Garay, le recuerdo que tiene un pendiente con su gente.

¿Cómo va a resolver el presidente? Ahora resulta que la obesidad se combate imponiéndole impuestos a los refrescos. ¿Cómo va a resolver, presidente Peña Nieto, un problema de colesterol? ¿Poniéndole impuestos al huevo? ¿Cómo va a resolver el presidente de la República el problema del ácido úrico de los triglicéridos? ¿Le va a poner impuestos a la carne de cerdo? Me pregunto, ¿cómo va a resolver el problema de la sobrepoblación? Porque capaz que le ponen impuestos hasta al mañanero. Y me refiero, por supuesto, al noticiero de Brozo.

Compañeros legisladores, me refiero especialmente a los 70 diputados de la Confederación Nacional Campesina que se encuentran en la bancada del PRI y a muchos de los diputados del PRD que representan a la CODUC, a la Conorevi, a las demás organizaciones de izquierda. Hace poco vimos a los líderes de estas organizaciones plantear en la mesa del secretario Enrique Martínez y Martínez el problema que vive el sector cañero. Reconozco la pelea que dieron.

El Presidente diputado José González Morfín: Les pido que respeten al orador. Está presentando tres reservas y pidió el tiempo necesario para presentarlas juntas, está en todo su derecho. Tiene tres reservas, diputado. Pido respeto al orador. Es la única forma cómo podemos avanzar. Continúe.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Gracias, presidente. Quiero reconocer la pelea que los líderes de las organizaciones, junto con los cañeros y un servidor, dimos en la mesa del secretario Enrique Martínez y Martínez. Esa vez unimos esfuerzos y el programa tan prometido, que por cierto no ha llegado, no dudo que llegará a la mesa de los cañeros.

Este impuesto dirigido al consumo de refresco constituye un golpe artero a la economía del sector. Va destinado a desincentivar el consumo de azúcar y peor que eso.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul de la diputada Garay.

La diputada Marina Garay Cabada (desde la curul): Señor presidente, por alusión personal quiero hacerle una pregunta al diputado Serralde.

El Presidente diputado José González Morfín: Son dos cosas, diputada. La puedo enlistar para responder a alusiones personales o si quiere hacerle una pregunta, le preguntaría al orador si la acepta.

La diputada Marina Garay Cabada (desde la curul): Le quiero hacer una pregunta.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Después de terminar con mi posicionamiento. Le pido al PRI que no le saque al parche a lo que tengo que decirles. Aguanten y escuchen, el que la vota que la pague.

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido al orador que continúe con su intervención y pido a la asamblea que permita que concluya con su intervención.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Gracias, presidente. Compañeros diputados, este impuesto va dirigido al consumo de refresco y constituye un golpe artero a la economía del sector. Va destinado a desincentivar el consumo de azúcar y, peor que eso, estigmatiza al azúcar como un producto nocivo, producto del cual viven cientos de miles de familias en el sector rural y en la industria de transformación.

De aprobarse esta medida, agudizará la grave crisis por la que atraviesan los cañeros. Ya basta de hablar con el antifaz puesto. Hablemos con la verdad a los mexicanos, porque atrás de este impuesto no hay ninguna intención de subsanar un problema.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Dígame, diputada Garay.

La diputada Marina Garay Cabada: Por alusiones personales enlísteme por favor, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya se lo había ofrecido, con mucho gusto, diputada. Está usted enlistada para contestar alusiones personales. Le pido al diputado que pueda concluir con su intervención.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Atrás de este impuesto no hay ninguna intención de subsanar un problema de salud. Lo que hay es el interés de recaudar 12 mil 500 millones de pesos a costa del bolsillo de los consumidores, a costa de las ventas de los pequeños comerciantes, pues este producto alcanza el 25 por ciento de su ingreso real, y a costa de los productores del campo, que representan —como se ha dicho— más de 170 mil familias en 15 estados, resaltando entre ellos: Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Nayarit y Oaxaca, por mencionar algunos.

Invito al PRD a que no sea comparsa ni cómplice de este acto de traición a los campesinos. Invito al diputado Fernando Zárate, diputado perredista a que deje de proponer que el impuesto a los consumidores de azúcar se duplique. Usted no conoce al campo, no siembra ni un pepino en su jardín. Piensen que esta medida lesiona a muchos hombres y mujeres cañeros, que les dieron su voto a diputados ceneperristas y cenecistas, diputados perredistas de la CODUC...

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que concluya su intervención. Su tiempo se ha agotado, diputado.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Termino, presidente. Solo quiero preguntarle a los diputados del PRI, ¿con qué cara van a volver a sus distritos? ¿Con qué cara volverán a volver a ver a los cañeros y a pedirles de nuevo el voto? Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Marina Garay, para contestar alusiones personales. Sonido en la curul de la diputada Garay, por favor.

La diputada Marina Garay Cabada(desde la curul): Desde aquí puedo hacerlo, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Marina Garay Cabada (desde la curul): Nada más quiero referirle al diputado que no piensa muy bien lo que dice, porque quiero saber cómo permitió el presidente Calderón tanta importación de azúcar de otros países, sabiendo que aquí había.

Además quiero también, vivo en una zona cañera, me preocupan los cañeros, y quiero que se haga el compromiso que las compañías refresqueras especifiquen claramente qué cantidad de azúcar llevan sus refrescos y qué cantidad de fructuosa, porque eso es lo que realmente perjudica a los niños y a todas las personas.

Ahora resulta que es muy cañero y muy productor. Y todo el Piso Firme que hizo en la administración anterior, gracias a lo cual logró estar en el ánimo de la gente. Que no venga a presumir de algo que no es, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en al curul del diputado Fernando Zárate. Dígame, diputado ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Pido uso de la tribuna para alusiones personales, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: También fue aludido, tiene derecho a responder.

El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidente. Buenas noches, compañeras y compañeros. Gracias por la alusión, diputado Serralde. Seamos serios y seamos honestos en este debate. En los últimos 12 años quisiera que me respondiera cuáles fueron los logros del presidente Vicente Fox y del presidente Felipe Calderón.

Quisiera que me respondiera, en las escuelas públicas, en la historia de nuestro país, ¿quién fue el que más fomentó la comida chatarra, los refrescos y todos los alimentos que han generado que México sea el país más obeso del mundo? Quisiera que usted me contestara y todo el PAN contestara, ¿por qué gasta el Instituto Mexicano del Seguro Social más de 42 mil millones de pesos en atenciones a enfermedades relativas a la obesidad?

Quisiera que usted me contestara, ¿por qué tres de cada cuatro camas en el Distrito Federal en los hospitales están destinadas al servicio y a la atención de enfermedades relativas a la obesidad?

Quisiera saber, ¿por qué usted con su acordeón aquí viene a rendirle tributo a la empresa Coca Cola?

Quisiera que usted venga a rendirle cuentas a la nación, ¿por qué a costa de los más pobres usted quiere que sigan pagando los que son las personas obesas, 37 por ciento más en medicamento y pierdan el 36 por ciento de su vida enfermos y en atención a la obesidad?

Quisiera saber, ¿por qué ustedes, cuando han pedido defender a la niñez, México se ha consolidado como el país más obeso del mundo entero?

Quisiera, sobre todo, que el PAN respondiera, ¿por qué durante 12 años pidieron aumento de impuestos y no pudieron tener ni la capacidad ni la voluntad ni la pericia para generar los acuerdos para que se le cobrara a los más ricos de este país?

Quisiera claramente, diputado Serralde, que el PAN aquí demostrara que perdieron el gobierno por una propia ineptitud. Que quedara muy claro que la ineptitud no es atribuible ni al partido en el gobierno ni mucho menos a la izquierda. Es propia torpeza. Ésa no es atribuible a nosotros.

Que quede muy claro, el azúcar tampoco es un factor. Si usted estudiara un poco y revisara los documentos de la Profeco, revisaría que de los 70 productos que se encuentran dentro de la canasta básica, 30 tienen azúcar. Su propuesta de gravar al azúcar y no a los refrescos, ¿sabe a quién perjudica más? A los que menos tienen, y eso no tiene el valor para decirlo ni el valor para enfrentar un pleno, para que con datos duros podamos discutir un tema serio.

Por supuesto que usted puede ser un testaferro de Femsa, puede ser un testaferro de Coca Cola, pero no va a ser un testaferro de los mexicanos y mucho menos un testaferro de los intereses más preciados, que es la niñez en México. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado. ¿Está usted solicitando la palabra, diputado? Diputado, no la ha pedido.

El diputado Víctor Serralde Martínez(desde la curul): Para alusiones personales, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Para contestar alusiones personales. Tiene la palabra para contestar alusiones personales.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Reconozco que es difícil hablar de temas de agricultura con quien no siembra ni un pepino en su jardín. A pesar de eso, qué bueno que el diputado Fernando Zárate la agarró al vuelo.

Quiero decirle, diputado, que así estaba previsto, sabía que usted iba a morder el anzuelo, iba a venir aquí a la tribuna a quererse lucir y a querer quedar bien en la televisión...

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la asamblea que podamos escuchar a quienes hacen uso de la palabra, aunque no nos guste lo que digan. Creo que está en su derecho de expresarse y de contestar las alusiones que le hicieron. Entonces, escuchemos para poder seguir con el debate. No tiene remedio.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Lo primero que quisiera aclararle, diputado Zarate, es que está usted equivocado. No hice ninguna propuesta para intercambiar impuestos al refresco por impuestos al azúcar, eso lo ha venido a proponer su partido aquí en las mesas de negociación, no ha sido el PAN el que está en contra de los cañeros.

Lo segundo que voy a decirle, es que no le puedo contestar cuántas cosas hizo Fox y Calderón, porque no acabaríamos en 12 años. Y sí quiero decir con mucha claridad que el anzuelo se lo tiramos para que subiera y sea usted quien responda cuánto le agarró al alcalde Bloomberg, de Nueva York, para defender esta guerra en contra del azúcar.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez(desde la curul): Presidente, para alusiones.

El Presidente diputado José González Morfín: El diputado Escajeda me está pidiendo la palabra para alusiones, pero no ha sido usted aludido en ninguna de las intervenciones. Diputado Escajeda, no ha sido usted aludido. Yo le preguntaría, ¿con qué objeto? Fue aludida la CNC, si a eso se va a referir.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Gracias, señor presidente. También quisiera preguntarles a los panistas, ¿dónde han estado en estos últimos 13 años? ¿Qué pasó con el campo devastado que le dejaron a este país? ¿Dónde estaban los panistas cuando los de la CNC construimos la nueva banca agropecuaria de este país? ¿Dónde estaban los panistas cuándo se trata de construir los presupuestos para el campo de este país? ¿Dónde estuvieron en esta reforma hacendaria buscando defender los intereses de los más pobres?

Al contrario, al contrario, estuvieron defendiendo los grandes intereses de los Bachoco para buscar que siguieran los regímenes de exención. Pero no nos extraña, no nos extraña, porque la formación...

La diputada Consuelo Argüelles Loya(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame, permítame un momento. Diputado, permítame. Le ruego al orador un momento. Dígame, diputada Argüelles, ¿con qué objeto?

La diputada Consuelo Argüelles Loya (desde la curul): Sí, presidente. Se está violando el Reglamento, el diputado no fue aludido y usted le está dando la palabra.

El Presidente diputado José González Morfín: No, diputada. Fue aludida la CNC y así lo dice el Reglamento, que puede ser implícita.

La diputada Consuelo Argüelles Loya (desde la curul): Por favor, le solicitamos que respete el Reglamento.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: ¿Dónde estaban los panistas en toda esta historia de desastre de este país?

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame, permítame, diputado, permítame contestar. Está haciendo uso de un derecho que le concede el Reglamento, aunque no haya sido...

La diputada Consuelo Argüelles Loya (desde la curul): Este grupo parlamentario le solicita que se respete y que los diputados que no son aludidos...

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Yo recuerdo...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, por favor, le ruego me permita contestar para poder conducir la sesión.

La diputada Consuelo Argüelles Loya (desde la curul): ... no suban a la tribuna, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se está violando el Reglamento. Lo lamento, diputada, es su opinión.

La diputada Consuelo Argüelles Loya (desde la curul): No fue aludido y pedimos, por favor, que los diputados que no fueron aludidos no suban a la tribuna.

El Presidente diputado José González Morfín: Pero tiene derecho a contestar esas alusiones y él había pedido en tiempo el uso de la palabra y la Presidencia se lo concedió.

La diputada Consuelo Argüelles Loya (desde la curul): Le pedimos eso, por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe el orador.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Ya que han hecho alusión a los diputados de la CNC con tanta insistencia, quisiera preguntarles, ¿cuándo en lugar de los diputados de la CNC ustedes han estado encabezando la lucha de los campesinos de este país?

Recuerdo —y voy a terminar mi intervención— cuando en la LX Legislatura de aquí, en esta la más alta tribuna del país, su servidor le pidió al inepto de Alberto Cárdenas, como secretario de Agricultura, y lo decía en términos textuales cuando me refería a lo que ustedes profesan, y decía en el lenguaje de los panistas de este país, le decía entonces: renuncie, por el amor de Dios, señor secretario. Y ustedes, los panistas, por el amor de Dios, ya no sigan defendiendo los grandes intereses de los empresarios de este país.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Serralde.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Que yo también fui aludido.

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón, diputado, lamento decirle que no hay moción sobre moción. En la primera ocasión le di el uso de la voz, pero el Reglamento es muy claro, no hay moción sobre moción, no lo puedo hacer. No se admiten a discusión las propuestas. No puedo en este momento, no puedo darle el uso de la voz en este momento y lo lamento de verdad, diputado, pero estaría violando el Reglamento.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Jorge Villalobos.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): Presidente, respetuosamente solicitarle que el diputado que antecedió el uso de la palabra fue aludido por pertenecer a una organización campesina y el compañero Víctor Serralde, que está solicitando el uso de la voz, está solicitando también el uso de la voz porque fue aludido por pertenecer a una organización partidista y le rogamos el mismo trato, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, el Reglamento es clarísimo, que puede ser aludido, dice el Reglamento, implícita o explícitamente y creo que aludió a todos los diputados de la CNC, es muy claro.

El Reglamento también es muy claro, que no hay moción sobre moción. Por eso el Reglamento impide los diálogos, para que esto no se convierta justamente en un diálogo de un diputado con otro diputado.

En la primera ocasión que fue aludido le di inmediatamente el uso de la palabra, fue la segunda intervención que tuvo el diputado Serralde. Pero en la tercera yo ya no podía, el Reglamento me lo impide y de verdad, lo lamento, pero no lo podía hacer.

El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Juan Bueno.

El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente, le solicito la palabra porque fuimos aludidos como partido.

El Presidente diputado José González Morfín: No, es que ya pasó ese momento, es inmediatamente cuando sucedió. Yo les dije que el diputado Escajeda había pedido la palabra desde que fue aludida la CNC en un principio. Ya este es un momento procesal distinto, no se aceptaron las modificaciones propuestas por el diputado Serralde.

Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Díaz Palacios, para presentar su propuesta de modificación a la fracción I, incisos G) y J).

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul del diputado Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Solo una convocatoria muy respetuosa a sus compañeros panistas. Quiero expresar mi reconocimiento, porque invariablemente usted ha tenido una conducción puntual, apegada a la legalidad y, sobre todo, muy tolerante.

Y me parece una falta de respeto que de su propia bancada surjan cuestionamientos a la conducción que puedan desordenar el proceso. Los invito de veras respetuosamente a que no desgastemos innecesariamente el desempeño de nuestro presidente, a quien en particular respeto por su tolerancia. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:Con la venia de la Presidencia. Y aspiro a que mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados me puedan regalar su atención en estos minutos. He escuchado brillantes discursos, siempre preocupados —de todos los partidos— por la salud, el comportamiento y, sobre todo, el bienestar de la niñez. Hoy vengo a pedirles que me ayuden a conseguir este voto.

Miren ustedes, un gansito de 50 gramos, que contiene de grasa 28.7, solo 2.4 tiene de fibra. Estudios de la UNAM nos dicen que se gasta en la atención a la obesidad 67 mil millones de pesos. Es por eso que estoy proponiendo que a todos estos productos chatarra en lugar del 5 por ciento que se está proponiendo vayamos al 20 por ciento.

Voy a dejar aquí estos documentos avalados por la UNAM y por el Instituto Nacional de Nutrición para que puedan darse cuenta de la veracidad de mis palabras. Qué lástima que ya no está por ahí el diputado Serralde. Él viene aquí a defender solo sus intereses, él no viene a decir por qué está en contra de que se cargue 20 por ciento a los refrescos y no 1 peso, como lo propone también mi compañera Magdalena y mi compañera legisladora que no de fracción parlamentaria. Eso es lo que él no dice, que viene a defender sus intereses.

No hay necesidad de ofender. Siempre Díaz Palacios se ha referido a todas las diputadas y a todos los diputados con respeto, jamás con ofensas. Siempre he manifestado que cuando alguien tiene que recurrir a la ofensa es porque no tiene la capacidad de mantener un debate de altura, inteligente, viable, pero sobre todo sustentado.

Por eso, señor presidente, dejo aquí la propuesta para la modificación del artículo 2o., del inciso G) y el inciso J), con el aumento del impuesto que estoy proponiendo a esta asamblea y de verdad aspirando a que más allá de siglas partidistas, primero la niñez.

Somos el primer país en el mundo con obesidad infantil. Muy lejos, muy lejos está el segundo lugar. Ojalá y esto los haga reflexionar. Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para contestar alusiones personales tiene el uso de la voz el diputado Víctor Serralde.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Diputado presidente, ya dijo aquí que usted, además de que lo ha hecho con cuidado y con apego a la ley, pero sobre todo con tolerancia. Quiero rogarle que en términos del artículo 114 del Reglamento, y aún en la hipótesis de que se haya aludido al señor diputado que se encuentra en el atril, no es procedente la moción de alusiones personales, virtud a que el asunto no está abierto a discusión.

Le ruego que en un acto de cortesía política se autorice eventualmente el uso de la palabra, pero no está la reserva a discusión y, por ende, no es procedente la moción, aún cuando haya sido aludido.

El Presidente diputado José González Morfín: Tengo una interpretación distinta del Reglamento y creo que el artículo 120 es clarísimo. Estamos en la discusión en lo particular de un dictamen que contiene una serie de reformas a leyes fiscales. Evidentemente la propuesta del diputado Díaz Palacios, no se ha admitido a discusión, pero estamos en la discusión en lo particular y el artículo 120 es clarísimo, dice: La moción para alusiones personales procede cuando, en el curso de la discusión, la diputada o el diputado hubiera sido mencionado implícita o explícitamente por el orador. Y además dice: el aludido podrá hacer uso de la palabra inmediatamente después del orador.

Ésa es la interpretación que siempre que me ha tocado conducir le he dado al Reglamento, diputado.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): No cuestionaría en momento alguno la facultad y la autoridad del señor presidente de esta Cámara. Pero le ruego solo para ilustrar la solicitud del que le está hablando, que la Secretaría dé lectura al artículo 114, la fracción IX, numeral

3.

Reitero, bajo la hipótesis de que la reserva aún en el apartado de la discusión en lo particular, no está abierta a discusión.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego a la Secretaría atienda la petición del diputado Tomás Torres Mercado.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículo 114.

1. Las mociones podrán ser de:

I. Orden;

II. Apego al tema;

III. Cuestionamiento al orador;

IV. Ilustración al Pleno;

V. Rectificación de trámite;

VI. Alusiones personales;

VII. Rectificación de hechos;

VIII. Discusión y votación por conjunto de artículos, en términos del artículo 108, numeral 1 de este Reglamento, o

IX. Suspensión de la discusión.

2. Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta tres minutos, desde su curul, excepto las alusiones personales y la rectificación de hechos que estarán a consideración del presidente.

3. Las mociones a que se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, solo procederán en la discusión de un asunto ante el pleno.

El Presidente diputado José González Morfín: Es exactamente lo que yo decía, diputado, si estamos en la discusión en lo particular de un asunto. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Muchas gracias, presidente. Quiero empezar diciendo al diputado que me antecedió, que precisamente en los pasillos me preguntaban algunas personas si Marinela le había dado un cheque al diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios.

Quiero decir respetuosamente que cuando venimos a defender los intereses del campo, quienes vienen a defender los intereses del gobierno suponen intereses soterrados atrás de cada moción con la que subimos en defensa de los intereses del campo. Atrás de estas palabras, el único interés soterrado que hay es la necesidad y el hambre; la pobreza y la falta de oportunidades en la que viven miles, miles de hombres que dependen del cultivo de la caña de azúcar.

De manera respetuosa, quiero referirme a los diputados de todas las bancadas. Ya basta de circo. Demostremos con nuestro voto de qué lado está nuestro juego. El mío del lado de los cañeros y votaré en contra de este impuesto lesivo para ellos. Ahí le dejo a la CNC la reflexión de su voto y en el tablero se va a reflejar. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para contestar alusiones personales me está pidiendo la palabra el diputado Díaz Palacios.

El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul). Presidente, por alusiones; aludió a la CNC.

El Presidente diputado José González Morfín: Primero el diputado Díaz Palacios, que fue aludido personalmente. Ya le di la palabra al diputado Díaz Palacios.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:Con la venia de la Presidencia. Qué poca. Qué poca. Qué poca vergüenza tienen algunos legisladores que con una gran facilidad levantan falsos incapaces de comprobar.

La propuesta de Díaz Palacios va en beneficio de las niñas y los niños. Y ustedes saben, todas y todos los legisladores, que tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Cuando no se tienen las cifras o cuando solo se refieren a defender los intereses propios o de grupo, no puede ponerlos por encima de los niños y las niñas. No es un impuesto al azúcar. Debemos cuidar la salud de todos.

Les decía, es un estudio de la UNAM. 67 mil millones de pesos es lo que se gastó el año pasado el gobierno en atender el problema de la obesidad. Y no estoy poniendo otras enfermedades.

Que no se equivoquen. Los diputados del Partido Revolucionario Institucional damos la cara de frente. No con mentiras, no con calumnias, no con ofensas. Pero si así quieren, Díaz Palacios está en el camino que ustedes escojan. Prefiero el debate sustentado, de habla inteligente. Si del otro lado no tienen la capacidad, en el camino me encuentran. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Le voy a conceder el uso de la voz también al diputado Cesario Padilla Navarro, para que conteste a alusiones.

El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame, diputado, me están pidiendo la palabra. Me pidió el uso de la voz y se la concedí al diputado Cesario Padilla Navarro, que fue aludido como cañero, y ya le había concedido el uso de la voz, diputado.

El diputado Cesario Padilla Navarro:Buenas noches, diputadas y diputados. Que quede claro, no estoy de acuerdo, como dirigente cañero, repito, del segundo ingenio más grande del país. No estoy de acuerdo en que satanicen el azúcar. Pero también eso no les da para que estén ofendiendo al Partido Revolucionario Institucional.

Y les voy a recordar. Cuando estaba el presidente Fox, expropió 27 ingenios azucareros, ¿saben lo que hizo? Se los devolvió limpios, sanos y con ganancias a los industriales que ustedes tanto defienden. Ya se les olvidó eso.

Por ello con todo respeto les digo: no estoy de acuerdo en que sea la pura azúcar, en eso no estoy de acuerdo. Pero también les digo y les repito, tampoco ustedes nos van a estar ofendiendo.

El Partido Acción Nacional desde que llegó al poder quiso acabar con las organizaciones cañeras, cenecistas y de todo tipo, pero no pudo. Por ello volvemos por lo de nosotros, porque ustedes no fueron capaces de defender el poder. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Díaz Palacios. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten, se desechan. Sonido en la curul del diputado Isaías Cortés, por favor.

El diputado Isaías Cortés Berumen(desde la curul): Gracias, presidente. Quisiera hacer uso de la voz, uso de la tribuna para puntualizar algunos datos que se han comentado por parte de los diputados que han discutido hasta el día de hoy y en esta tribuna el tema de la salud, el impuesto al refresco, el impuesto al azúcar y los cañeros.

Sé que no hay una reserva. Hace un rato usted comentó que se permitían por alusiones a una organización campesina. Hoy lo comento, porque se hicieron alusiones personales a todos los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El Presidente diputado José González Morfín: No, diputado, el asunto ya no está en este momento a discusión. Las alusiones son inmediatamente después de la intervención. La propuesta no se admitió a discusión.

Le voy a dar el uso de la voz al diputado Ricardo Mejía Berdeja, para que presente su propuesta de modificación al artículo 2o.-A, fracción II, de la misma Ley del IEPS.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Actualmente la gasolina Magna cuesta 11.99 pesos, la Premium 12.47 y el diesel 12.27. Ha habido un incremento sistemático y el pueblo de México sufre mes con mes los gasolinazos. Estos gasolinazos son nocivos para la economía de todo el país, porque no solamente afectan a quien consume la gasolina, sino a toda la población por la transportación, por la movilidad, por los costos que implica para la actividad productiva. Por eso creo que hoy se están votando cosas muy relevantes y el pueblo de México está viendo cómo vota cada legislador.

Aquí hace un rato no se quiso separar la votación del IVA del 16 por ciento en las fronteras. Pero ya está la lista de cómo votó cada diputado federal el tema del IVA en las fronteras, ya está circulando por las redes, ya la gente sabe cómo votó en Baja California, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Coahuila, en Quintana Roo, en Tabasco, en Chiapas. No se puede tapar el sol con un dedo, la gente sabe quién aprobó este 5 por ciento de incremento del IVA en las fronteras del país, sabe quién votó a favor de gravar los alimentos de mascotas.

Hoy queremos poner otro tema sobre la mesa, el tema de los gasolinazos. Actualmente hay un incremento de 11 centavos cada mes y se presume que se va a bajar a seis centavos, pero viene un impuesto supuestamente ecológico.

Por eso lo que queremos plantear en esta ley que estamos discutiendo —la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios— es meter un candado en el artículo 2o.-A, donde establecen los precios de las gasolinas Magna, Premium y del diesel, que evidentemente va ligado a la Ley de Ingresos.

Lo que queremos proponer es que se establezca un candado para que las tarifas previamente mencionadas sean fijas y no podrán ser modificadas por el Ejecutivo. Es decir, por la Secretaría de Hacienda, bajo ninguna circunstancia. Lo que estamos planteando en esta reserva, compañeras y compañeros diputados, es un candado a los gasolinazos. No más gasolinazos al país, que es otro golpe a la economía popular.

No solamente no ha habido crecimiento económico, hay una recesión económica, hay carestía, hay desempleo. Ahora habrá más impuestos y habrá un gasolinazo que continuará con un nuevo impuesto adicional. Por eso la propuesta es que se apruebe esta reserva a esta ley en el artículo 2o.-A, para poner un candado al Ejecutivo para que no haya más gasolinazos, que solamente sean mediante reforma del Congreso de la Unión.

Pedimos el voto a favor de esta reserva para que todo México sepa quién está a favor o no, de continuar con los gasolinazos. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene ahora la palabra el diputado Javier Orihuela García, del PRD, para presentar su propuesta de modificación al artículo 5o.

El diputado Javier Orihuela García:Buenas noches, compañeros y compañeras. Vengo aquí, no a reservar, sino a proponer una corrección al artículo 5o. contenido en el artículo tercero del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Como ustedes saben, a los hidrocarburos se les aplica una cuota, se le mal llama un fondo verde al impuesto que se impone a los diversos hidrocarburos.

La Comisión de Hacienda disminuyó esa cuota. Sin embargo, sigue siendo una cuota y se le llama bono verde. Este bono verde es un bono que se distribuye a los municipios, a los estados. Más bien este impuesto se les distribuye a los estados y a los municipios y es meramente recaudatorio, no promueve el cambio de actitudes, el cambio de conductas en todos aquellos ciudadanos que usan hidrocarburos para cualquier actividad, para automotores, para la industria y es deseable que la gente vaya cambiando sus actitudes con respecto al uso de los hidrocarburos.

Se plantea en el mismo párrafo una redacción que no queda clara, pero pretende que se cree una especie de mercado de carbono, con la idea de que todos aquellos ciudadanos que quieran migrar a usar energías renovables en sus vehículos, en sus industrias, en sus casas puedan acceder a un fondo de compensación, a un premio por cambiar esa actitud. Esa actitud que tiene que ver con el uso de energías renovables y con la posibilidad de reducir las emisiones a la atmósfera, de mitigar los efectos del cambio climático.

Esta propuesta la he comentado con el compañero Marte Rivera, que es presidente de la Comisión Especial de Energías Renovables. La comenté con el compañero Salvador Romero, que es presidente de la Comisión de Automotrices. Y el contenido es simplemente corregir, compañeros, corregir esta redacción para que este fondo no vaya otra vez al gasto corriente y no genere cambio de actitudes.

Dice así, y es un agregado: Tratándose del impuesto a que se refiere el inciso H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes podrán optar por pagar hasta el 10 por ciento del impuesto mediante la entrega de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o a través de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante los siguientes mecanismos:

1. Compensación a través de la acreditación de reducciones de proyectos propios de la empresa sujeta al gravamen, que no hayan sido comercializados.

2. Compensación a través de la compra de reducciones a proyectos ajenos a la empresa sujeta al gravamen en territorio nacional, que no participen en ningún otro mercado.

3. Compensación a través de la compra de reducciones internacionales de mercados que cuenten con el reconocimiento de Semarnat y no hayan sido comercializados.

4. Se propone que a partir del Ejercicio Fiscal 2014, de los ingresos totales producto de la aplicación de los impuestos a los combustibles fósiles, se destine un mínimo del 15 por ciento al Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, así como un mínimo de 15 por ciento para el Fondo para el Cambio Climático. Esto con la finalidad de incentivar la implementación de proyectos, sistemas, mecanismos para mitigar el cambio climático.

Estos mecanismos se ejecutarán de acuerdo con las reglas que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lo propongo, compañeros, con la idea de que en la recaudación vayamos generando un cambio en las conductas a favor de energías limpias, a favor de las energías renovables. De manera que esos impuestos no solamente sean recaudatorios. Ésa es nuestra propuesta y, repito, es solamente una corrección a la redacción del artículo 5o. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha.

En razón de que no se ha aceptado ninguna propuesta de modificación a la Ley de los IEPS, lo que procede es ahora recoger la votación nominal en conjunto. Sonido en la curul del diputado Juan Bueno.

El diputado Juan Bueno Torio(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Le solicito, por favor, encarecidamente, instruya usted para que se vote por separado el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. del IEPS, relativo al tema del azúcar, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputado. De acuerdo al artículo 108, lo tiene que aprobar el pleno. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si autoriza que este artículo se pueda votar por separado de los demás. Consulte la Secretaría, adelante.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si este artículo se vota por separado. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, para que no quede ninguna duda, ábrase el tablero electrónico para recoger la votación sobre el trámite, por dos minutos, para ver si la asamblea autoriza que este artículo se pueda votar por separado. En el entendido que el voto a favor es porque se pueda votar por separado y el voto en contra es porque se vote en conjunto con todos los demás.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 163 votos a favor, 3 abstenciones y 289 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en conjunto en lo particular y en los términos del dictamen de los artículos reservados relativos a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y sus disposiciones transitorias, contenidos en los artículos tercero y cuarto del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal en conjunto en términos del dictamen de los artículos reservados relativos a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y sus disposiciones transitorias, contenidos en los artículos tercero y cuarto del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 310 votos a favor, 5 abstenciones y 166 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados en lo particular por 310 votos los artículos relativos a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y sus disposiciones transitorias, contenidos en los artículos tercero y cuarto del proyecto de decreto.

Esta Presidencia informa a la asamblea que aún nos faltan por desahogar prácticamente 60 reservas. Adelante, diputada.

Tiene ahora la palabra la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del PRD, para presentar una reserva al artículo 239 de la Ley Federal de Derechos.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz:Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, propongo que en el dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la industria de radio y televisión con señal gratuita pague el derecho por el uso del espectro radioeléctrico, ya que como lo establece el artículo 4o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público. Por tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social, y el cumplimiento de esa función social implica la eliminación de privilegios en materia tributaria respecto de los diferentes actores que hacen uso también del espectro radioeléctrico.

Se hace necesario especificar el pago del derecho por el uso del espectro radioeléctrico en las empresas de la industria de la radio y la televisión, la cual comprende el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas mediante la instalación, funcionamiento y operación de estaciones radiodifusoras, por los sistemas de modulación, amplitud o frecuencia, televisión o cualquier otro procedimiento técnico posible dentro de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuidas a tal servicio y con el que la población puede recibir, de manera directa y gratuita, las señales de su emisor, utilizando los dispositivos idóneos para ello.

Por este conducto y con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos propongo modificar el artículo 239 en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 239. Las empresas de radio y televisión estarán obligadas al pago del derecho que se establece en este capítulo por los servicios de radiodifusión, no obstante estén obligadas a retener el impuesto por servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación.

Por servicios de radio difusión se entiende aquellos que se prestan mediante la propagación de ondas electromagnéticas, de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio, con el que la población pueda recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor, utilizando los dispositivos idóneos para ello.

Es por ello que presento esta reserva y lo pongo a su consideración, señores diputados y diputadas. Gracias, señor presidente.

Presidencia del  diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada doña Delfina Elizabeth Guzmán Díaz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva relativa al artículo 244-G, Tabla B, de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Después del sector energético, el sector más dinámico, rentable y que en un futuro no muy lejano será de mayor valor, es precisamente el de las telecomunicaciones. Y en este artículo 244-G lo que se está refiriendo es al costo que se le está planteando sea la cuota por kilohertz en las distintas regiones donde se presenta la banda ancha 2.5 gigahertz.

En tal virtud, lo que vengo a proponer es que la iniciativa que llegó a esta Cámara presentada por la Presidencia de la República sea respetada en sus términos. Y voy a explicar porqué.

En la iniciativa presidencial, para el caso —por ejemplo— de la región que comprende los municipios de los estados de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, la iniciativa presidencial planteaba una cuota de mil 906 pesos por cuota por cada kilohertz, pero la Comisión de Hacienda bajó el costo de esa cuota a 832 pesos y esto ocurrió en todas y cada una de las regiones y al final del día, diputadas y diputados, esta rebaja en los costos de kilohertz va en detrimento del erario público, porque al final del día los bienes públicos del dominio de la nación, como son las telecomunicaciones, requieren del mayor aprovechamiento.

Se ha dicho que el boquete financiero de 60 mil millones de pesos que está calculando la Secretaría de Hacienda va a ser resarcido con el conjunto de medidas que en este pleno hemos estado debatiendo. Si verdaderamente queremos contar con recursos para desarrollar económicamente a este país, respetemos la iniciativa tal y como fue presentada por la Presidencia en este artículo que aquí he señalado, para que el aprovechamiento de este derecho sea mejor y, por cierto, todas las televisoras se ajusten a estos precios que convienen para el país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Reyes Gámiz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva relativa al artículo 244-H de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán:Con su permiso, presidente. Qué incongruencia de parte de este gobierno y qué poca memoria tiene también el PRI y el Partido Verde Ecologista. Hace unos meses aprobamos en este recinto la reforma de telecomunicaciones, que dice en el artículo 6, que garanticemos para todos los mexicanos el derecho al acceso a la banda ancha y a las tecnologías de la información. Eso lo aprobamos y lo votamos aquí.

Hoy viene Hacienda a presentarnos un dictamen en donde le pone impuestos a las tecnologías de la información, en donde le pone impuestos al Internet y en donde ese derecho no se garantiza si tú le pones más impuestos.

Esto que venimos a discutir el día de hoy tiene que ver con el 3 por ciento de impuesto especial a las telecomunicaciones. Pero también tiene que ver con este cobro que se quiere hacer a la banda de 700 que tiene uso social.

Si nosotros le pretendemos dar uso social a la banda de 700, ¿cómo vamos a pretender tener calidad? ¿Cómo pretendemos también darle mejores servicios, que sean mejores precios para que los mexicanos puedan acceder a la tecnología y que se puedan comprar un celular, que pueda tener mejor recepción el Internet en las comunidades, si le estamos metiendo mucho más impuestos y si le estamos cobrando a algo que es un derecho para todos los mexicanos?

Lo que tenemos que venir a hablar el día de hoy es cómo le hacemos para garantizar ese derecho. Pero no pensar en esa incongruencia que en este momento está teniendo el PRI, que en este momento está teniendo el Verde y en esa poca memoria que está teniendo también el gobierno.

Pero también me da mucha vergüenza pensar que un sector del PRD —porque no es todo el PRD el que está votando con este PRI— que están regresando a esa madriguera, que están volviendo de donde nacieron. No voten con ellos esta propuesta. Esta propuesta va en contra de lo que votamos en la reforma de telecomunicaciones que logramos construir juntos.

Ponerle todos esos precios, ponerle esos impuestos a la reforma de telecomunicaciones, a estos derechos ya adquiridos por los mexicanos, es una total incongruencia, en donde pido para ese sector del PRD, que en este momento quiere votar y quiere aprobar esta reforma hacendaria, que reconsidere esta parte que es importantísima. Juntos logramos la reforma de telecomunicaciones.

No se equivoquen. No defrauden a todos los que votaron por ustedes. Vamos juntos por esta reserva. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Juan Pablo Adame Alemán. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Eligio González, para presentar reserva a nombre del diputado José González Luna Bueno, relativa al artículo 244-H, concretamente su eliminación de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farías: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, el razonamiento de la reserva es el siguiente:

El artículo decimosexto transitorio del decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 11 de junio de 2013, establece que el Estado, a través del Ejecutivo federal, en coordinación con el Ifetel garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.

De acuerdo con el mismo artículo dicha red contemplará el aprovechamiento de al menos 90 megahertz de la banda de 700 megahertz.

Además el artículo decimoséptimo transitorio del mismo decreto señala que en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática el Ejecutivo federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes —entre otras acciones— un programa de trabajo para garantizar:

1. El uso óptimo de las bandas de 700 megahertz y 2.5 gigahertz, bajo principios de acceso universal no discriminatorio compartido y continuo.

En este sentido, si bien la Constitución no sujeta el uso y la explotación de la banda de 2.5 gigahertz a la red compartida mayorista a desplegarse en la banda de 700 megahertz para impulsar la competencia y el acceso efectivo de la población a la banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, el hecho es que es posible que así sea para que su utilización cumpla con los principios similares que establece la propia Constitución.

Por ello, en tanto no esté definido en la legislación sectorial que regule la reforma constitucional en materia del uso y modelo que se le dará a estas bandas anchas del espectro radioeléctrico, se considera conveniente no establecer —por lo pronto— el régimen tributario a que deberá sujetarse la explotación del bien del dominio público de la federación.

En atención a lo anterior, es adecuado que las contraprestaciones que deban pagarse asociadas a las bandas de frecuencia de 700 megahertz y 2.5 gigahertz, sean consistentes con el destino y las características ordenadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que distinguen de cualquier otra banda cuya explotación se lleve a cabo a través de concesiones convencionales otorgadas al amparo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, o de otras leyes anteriores.

Se propone entonces que no se derogue el artículo 243 de la Ley Federal de Derechos, en tanto se resuelve el destino y uso de las concesiones vigentes que actualmente tributan bajo lo establecido en dicho ordenamiento.

Que no se adicionen los artículos 244-G y 244-H, relativos a las cuotas de derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias de las bandas de 700 megahertz y 2.5 gigahertz. En consecuencia, tampoco se adicionen los artículos primero transitorio, fracción III y octavo transitorio del artículo 6 de las disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos, al quedar sin materia. Es cuanto, presidente.

«Reserva al dictamen del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, por la que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo a los artículos 243, 244-G, 244-H de la Ley Federal de Derechos, así como el artículo primero transitorio, fracción III y octavo transitorio del artículo sexto de las disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos en Materia del Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación del Espectro Radioeléctrico

El suscrito Eligio Cuitláhuac González Farías, promoviendo en mi carácter de diputado federal a la LXII Legislatura de ésta Cámara de Diputados, ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que por este conducto, y con fundamento en el artículo 189, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de la Unión, vengo a interponer reserva al dictamen del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, por la que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relativo a los artículos 243, 244-G y 244-H de la Ley Federal de Derechos, así como el artículo primero transitorio, fracción III y octavo transitorio del artículo sexto de las disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos en materia del Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación del Espectro Radioeléctrico, para quedar como sigue:

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado, don Eligio González. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica...

Dígame, diputado Reyes Gámiz.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz(desde la curul): Solo para consultarle a usted cuál va a ser el sentido en el que usted va a solicitar la votación, si lo pudiese aclarar. En todo caso, en cuanto a la reserva que vamos a votar, si hubiera lugar a que la Secretaría fundara cuál es el argumento jurídico legal para darle procedencia a votar a favor o en contra de dicha reserva.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: ¿Me podría precisar su inquietud, diputado Reyes Gámiz?

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): La inquietud es una cosa muy sencilla. Si pudiera usted instruir a la Secretaría para que, antes de que fuera puesta a votación esta reserva, pudiera fundar jurídicamente cómo es que le vamos a dar procedencia a lo que el diputado ha pedido.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto, diputado. Primero consultaré a la asamblea si el asunto se admite a discusión. En caso de admitirse a discusión, se aclarará por supuesto el sentido antes de someterlo a votación de fondo.

Consulte a Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta para incluirse en el dictamen.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite para incluirse en el dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta y se incorpora al dictamen.Sonido en la curul del diputado Reyes Gámiz. ¿Con qué objeto?

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz(desde la curul): Es que lo que me interesa saber —y creo que el pleno debería ser informado— es precisamente, una vez aceptado esto, que nos pudieran señalar, ¿cómo se fundamenta jurídicamente esto que acabamos de votar?

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado, como todas las reservas, fueron presentadas por escrito en tiempo y forma, implican modificaciones al dictamen que se plantean por escrito. Se ha consultado a la asamblea si se admitía a discusión y la asamblea se ha pronunciado a favor. Se consultó después a la asamblea si esa modificación —que fue planteada por escrito— se incorpora al dictamen. La asamblea ha dicho que sí. Y se reserva para su votación nominal en la parte procesal oportuna.

Lo votaremos de manera nominal en el momento procesal oportuno. Ahora solo hemos incluido en el dictamen, porque así lo ha dispuesto la asamblea.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Reyes Gámiz. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): Lo que el diputado promovente de esta reserva presentó —si no entendí mal— es que se incluyera en el dictamen, presidente, que esta reserva fuera eliminada, ¿es correcto o no? ¿Cómo vamos a eliminar de un dictamen una reserva? La votamos a favor o en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: La reserva implica una eliminación. No la eliminación de la reserva. Efectivamente, la reserva lo que plantea es una modificación al dictamen en términos de una eliminación. Así es como fue planteada por escrito y así es como ha sido aceptada por esta asamblea. Incorporarlo al dictamen implica, efectivamente, una eliminación.

Tiene el uso de la palabra el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, para presentar reserva relativa al artículo 268 de la Ley Federal de Derechos. Presentará el diputado dos reservas, por lo que se concede el tiempo relativo a las dos reservas.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pero también de los más de dos millones de obreros, empleados directos e indirectos y sus familias del sector minero, se presenta reserva al artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, mismo que en términos del dictamen establece un derecho especial sobre minería, aplicando por consecuencia una tasa del 7.5 por ciento a la diferencia positiva que resulta de disminuir de los ingresos derivados de la venta de la actividad extractiva, entre otros factores.

¿Qué decirles, compañeros? Primero, que no se cuenta con un estudio o elementos que permitan concluir que el 7.5 sea el porcentaje adecuado que demuestre, por un lado, que no afectará la competitividad, la inversión y el empleo en el sector minero. Y por otro, que se garanticen los ingresos que se pretendan recaudar con esta contribución y, desde luego, no se tienen los elementos objetivos que garanticen que dicha tasa no afectará significativamente a la mediana y pequeña minería.

En ese sentido, y por aquellos legisladores que se empeñan en decir que la minería no paga impuestos, quiero llamar su atención, compañeras y compañeros diputados, y decirles que el sector minero sí paga contribuciones sociales, como el Seguro Social e Infonavit, que sí paga impuestos locales, como nómina y predial, que sí paga derechos de concesiones mineras, agua y explosivos. Que no tiene privilegio alguno como advierten algunos. Que la carga tributaria total que actualmente soporta la industria minera se calcula alrededor del 41 por ciento, porque —reitero— sí paga IVA, sí paga impuesto sobre la renta, sí paga derechos mineros.

Para tratar de conservar la viabilidad económica de las empresas mineras que actualmente operan, y que México pueda conservar la competitividad como país para la atracción de inversiones, en este caso específicamente para la minería, la tasa del derecho minero adicional que se pretende establecer no puede ser mayor al 5 por ciento, porque cualquier porcentaje superior convertiría a México en el país más caro del mundo para invertir en la minería, lo cual indudablemente significaría la pérdida de inversión en este sector y, por tanto, miles de empleos se perderán y con ello el desarrollo de las poblaciones mineras que dependen de la minería se hundiría.

No hay que olvidar que la minería es una industria cíclica, en la cual la determinación del precio de los metales depende de condiciones macroeconómicas mundiales y que en estos momentos ha empezado el declive del precio de los metales.

Ejemplo de ello es que el precio de los principales metales que se producen en México en los últimos 10 meses se ha contraído en un promedio del 20 por ciento, con una tendencia negativa, es decir viene a la baja y por consiguiente la utilidad sigue la misma suerte.

El principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no implica que los sujetos se encuentren en todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que en perjuicio del deber de los poderes públicos de procurarla, ésta se refiere al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato de quienes se ubican en similar situación de hecho.

Es decir, dicho principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentra en una misma hipótesis de causación guarden una idéntica situación frente a la norma que lo regula, lo que implica que estén en la misma situación jurídica o que en su caso se justifique la desigualdad de tratamiento que se les otorgue. Así, para satisfacer el mencionado principio debe darse el mismo tratamiento a los iguales, y desigual a los desiguales.

Por tanto, la propuesta que pongo a su consideración es disminuir del 7.5 por ciento al 5 por ciento la tasa de referencia, para que incluso no suceda lo que fue en el año 1979, donde el gobierno tuvo que dar marcha atrás a una compensación o impuesto similar una vez hecho el daño. Parece que no hemos aprendido de esos errores.

Respecto del artículo 270 del mismo ordenamiento, se propone eliminar el derecho extraordinario del 0.5 por ciento sobre ventas de oro, plata y platino, evitando una doble tributación y evitando que aún con pérdidas el sector esté obligado a pagar una contribución adicional.

Aunado a ello, no existe una justificación técnica, jurídica o económica que sustente este derecho especial. El hecho de que una mina produzca metales preciosos no la convierte automáticamente en un negocio más rentable que el resto de las operaciones mineras.

Por tanto, compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios, los exhorto a que hagamos conciencia y verdaderamente veamos por el porvenir de esta nación.

Recordemos que la minería es el cuarto sector de productividad de este país. Y el día de hoy, empresas importantes mexicanas han anunciado el retiro de inversiones que van a dañar la productividad, la competitividad y, por ende, el empleo de este país. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se acepta a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. En 60 años México perdió su capacidad metalúrgica, heredó pueblos fantasmas de lo que antes eran pueblos mineros, vio reducida su capacidad de planeación y, posiblemente, de progreso social, al perder fuentes de trabajo local que obligaron a la emigración masiva de sus habitantes a las grandes ciudades.

A pesar de la riqueza mineral con la que cuenta nuestro país, los beneficios no se ven reflejados en su población. Son las empresas mineras quienes acaparan el 26 por ciento del territorio nacional, pagando impuestos ínfimos y salarios mínimos, sin prestaciones y, en la mayoría de los casos, sin las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades.

La minería es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, lo que se refleja en la inversión del sector, el cual registra un máximo histórico de 25 mil 245 millones de dólares durante el periodo 2007 a 2012.

En ese sentido, es de señalar que en el año de 2012 se alcanzó el valor más alto de producción minero metalúrgica, registrado con 21 mil 318 millones de dólares, posicionando a México como uno de los principales productores de minerales metálicos.

Es necesario que se cubra por parte de quienes se benefician de las minas un ajuste o retribución a favor del Estado mexicano y de las propias comunidades en donde se realizan actividades mineras, mediante el establecimiento de un porcentaje razonable directo al beneficio obtenido por la extracción.

Podemos mencionar que las condiciones económicas por las que nuestro país atraviesa son alarmantes. Las administraciones municipales atraviesan problemas económicos serios por la baja recaudación y la caída de las participaciones.

Por lo anterior es que solicitamos que se aumenten los recursos a estados y municipios y que, por otra parte, los beneficios que la industria minera genere deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece.

Para efectos de lo anterior, la distribución se determinará con base en el valor de la actividad extractiva, a fin de contribuir a resarcir el entorno ambiental y ecológico de las entidades y comunidades en las cuales tuvo lugar la explotación minera.

En el dictamen se ajusta la distribución de los nuevos derechos mineros para quedar 40 por ciento gobierno federal, 30 por ciento entidades federativas mineras y 30 por ciento municipios mineros.

En la reserva que proponemos quedaría 20 por ciento gobierno federal, 40 por ciento entidades federativas mineras y 40 por ciento municipios mineros. Esto se lograría al modificar que se destine el 80 por ciento al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Zuleyma Huidobro González. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Hemos concluido las reservas relativas a la Ley Federal de Derechos. Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en conjunto, en lo particular, en términos del dictamen y con la modificación aceptada por la asamblea, de los artículos reservados de la Ley Federal de Derechos y sus disposiciones transitorias contenidas en los artículos quinto y sexto del proyecto de decreto.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame. Sonido en la curul del diputado Reyes Gámiz. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): Sí, para el caso del artículo 244 G y 244 H, quiero solicitar puedan votarse por separado.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de obsequiarse la solicitud hecha por el diputado Reyes Gámiz, para que la reserva referida sea votada por separado.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si es de obsequiarse la petición del compañero diputado. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en conjunto, en lo particular, en términos del dictamen y con la modificación aceptada por la asamblea, de los artículos reservados de la Ley Federal de Derechos y sus disposiciones transitorias, contenidos en los artículos quinto y sexto del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en conjunto de los artículos reservados de la Ley Federal de Derechos y sus disposiciones transitorias contenidos en los artículos quinto y sexto del proyecto de decreto, en los términos del dictamen y con la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 314 votos a favor, 0 abstenciones, 165 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo particular y en su conjunto con 314 votos a favor y 165 votos en contra los artículos reservados de la Ley Federal de Derechos y sus disposiciones transitorias contenidos en los artículos quinto y sexto del proyecto de decreto, con las modificaciones aceptadas y en los términos del dictamen, según corresponda.

Vamos a desahogar ahora las reservas relativas a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 9o., fracción II, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, señor presidente. México tiene un déficit de alimentos de aproximadamente el 45 por ciento. Para 2018 se calcula que el déficit alimentario estará reflejado en un 75 por ciento. Si entendemos que el campo es quien produce los alimentos, es quien genera todos los granos que nos comemos, es evidente que necesitamos apoyar al campo.

¿Por qué entonces colocarle más impuestos, en lugar de promover el desarrollo del campo? La propuesta es dejar este artículo tal como estaba antes, dándole los beneficios que tenía el campo anteriormente.

El campo se encuentra en desventaja y está totalmente abandonado, ahora le daremos el tiro de gracia al imponerle más impuestos. Todos sabemos que para poder aumentar la productividad de un país, para aumentar la riqueza y combatir el hambre es necesaria la producción de los alimentos, la producción de los granos. ¿Por qué no pensar mejor en ayudar al campo, tecnificarlo, mecanizarlo y, sobre todo, ayudarle a la transformación y a la comercialización? Para lograrlo no es aumentándole los impuestos, sino es aumentarle la tecnología y la ciencia dentro del campo.

En mi participación anterior explicaba que no estaba de acuerdo en que sigamos dando despensas a la gente, hay que promover mejor que el Instituto Nacional del Emprendedor tenga más recursos para que se pueda enseñar a la gente a producir, que Sagarpa se dedique más al campo y hagamos una convocatoria nacional de todos los veterinarios, de todos los agrónomos para que acudan al campo, en lugar de imponerles impuestos. Creo que ésta es la parte más sensible del país: el campo. Y si no lo atendemos y, por el contrario, lo perjudicamos, vamos a vivir la crisis alimentaria.

Solamente hagamos una reflexión, ¿qué pasaría si en el 2018 tenemos el 75 por ciento de los alimentos en importación y que existiera una crisis económica a nivel mundial, o simplemente una epidemia o una guerra en ese país productor de alimentos y ya no pudiésemos importarlos? Tendríamos ahora sí una verdadera crisis y un desastre económico y alimentario en el país. Hay que prevenirlo. Es mejor ayudar ahora al campo, dejando este artículo tal como estaba.

Les pediría, compañeros, que reflexionemos a futuro. Es la comida de nuestros hijos, es la comida de nuestros niños, es la comida de los mexicanos y debemos de cuidarla. Votemos a favor esta modificación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva a los artículos 15 y 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Fernando Cuéllar Reyes:Con su venia, presidente. Vengo a exponer, compañeras y compañeros, un tema que está vinculado con el tema de la evasión y la elusión.

Éste es un clásico ejemplo de cómo hemos ido creando a través de este sistema tributario un conjunto de prácticas nocivas, que sin duda ha generado que muchas de las empresas no paguen como deben de ser los impuestos.

Por eso lo hemos manifestado el Grupo Parlamentario del PRD en esta reforma y en el tema de consolidación fiscal —que vamos a insistir un poco más tarde— sin duda, decir que no estamos satisfechos y que vamos a seguir insistiendo en varios temas. Pero quiero comentarles muy rápidamente este tema, que tiene que ver con un asunto de simetría.

Uno de los pilares de los sistemas fiscales modernos es el principio de simetría fiscal, que consiste en que todo gasto de un contribuyente es al mismo tiempo ingreso de otro. Es decir, si un contribuyente paga un bien o un servicio, el prestador del mismo percibe un ingreso gravable y contribuye por ello, mientras que el primero lo deduce.

Este principio es muy importante, por dos razones. En primer lugar, evita la doble tributación al depositar la obligación solamente en quien percibió el ingreso. Y por otro lado, genera un flujo de información para la autoridad que coadyuva a combatir de manera más eficiente la evasión fiscal.

Un ejemplo real en cómo parte de la política fiscal se hace a un lado en la simetría mencionada lo encontramos en lo previsto en los artículos 15 y 101 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta —que hoy discutimos— los cuales establecen que no se considerará ingreso acumulable para el pago de impuestos el monto de las deudas perdonadas a contribuyentes que son sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, si dichas deudas exceden las pérdidas pendientes de disminuir el ejercicio de que se trate.

Esta norma reconoce una situación en que el contribuyente —a quien se le ha perdonado su deuda y está sujeto a concurso— carece de recursos económicos para hacer frente a sus obligaciones tributarias. Y con un fin eminentemente extrafiscal de conservar las fuentes de empleo, el Estado —en un papel subsidiario y en línea con el perdón otorgado— rompe la simetría fiscal, considerando no acumulables los montos perdonados, pero sí deducibles para quienes los perdona, a fin de generar condiciones para que el contribuyente pueda continuar su actividad como unidad económica, disminuyendo el impacto económico de la empresa que perdona.

Es por lo expuesto que se propone adecuar el texto de los artículos 15 y 101, fracción I, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta del dictamen aquí discutido, para considerar como ingreso acumulable el monto de las deudas perdonadas dentro de un procedimiento de concurso mercantil, cuando dichas deudas sean mayores a las pérdidas pendientes de disminuir, cuando el deudor y el acreedor sean partes relacionadas.

Para ello se propone adicionar la frase: salvo que la deuda perdonada provenga de transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas a que se refiere el artículo 179 de esta ley al final del artículo 15 y al final del último párrafo de la fracción I del artículo 101.

Es pues, esta propuesta, compañeras y compañeros, que le va a dar los elementos al Sistema de Administración Tributaria para que esta práctica nociva se corrija y sin duda logremos que la contribución sea justa. Es cuanto, diputado presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.—  Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la reforma a los artículos 15 y 101, fracción I último párrafo del artículo 7o. del dictamen misceláneo con proyecto de decreto de la Reforma Hacendaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Diputado Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Fernando Cuéllar Reyes. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se incluye en el dictamen la propuesta presentada por el diputado Cuéllar. Se reserva para su votación en lo nominal de forma posterior.

Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 17, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado José Arturo Salinas Garza:Con su permiso, diputado presidente. Vengo a presentar reserva al artículo 17, fracción III, del dictamen que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público señala que en el caso de las ventas a plazo los contribuyentes considerarán como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado.

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no estamos de acuerdo con éste ni con ningún otro texto de este dictamen que hoy se está sometiendo a votación, porque genera un duro golpe a los ciudadanos, porque genera un duro golpe a los emprendedores, porque genera un duro golpe a la generación de empleos y, sobre todo, porque la premisa fundamental es que el Ejecutivo y el secretario de Hacienda deben de conocer algo al menos de técnica fiscal y de impuestos. Sin embargo, se empeñan en demostrarnos lo contrario. Debo de recordarles algunos principios básicos en materia de impuestos:

Principio de justicia. Consiste en que todos los ciudadanos —los habitantes de una nación— contribuyamos de manera equitativa y en la proporción a nuestros ingresos al sostenimiento del gobierno.

Un principio de certidumbre. Todo impuesto debe contener una certeza en sus elementos esenciales: el objeto, cuándo se cobra, cuándo se paga la tarifa, etcétera.

El principio de comodidad. Que todo impuesto debe de recaudarse en la época y en la forma en la que es más probable que se obtenga el pago por parte del contribuyente.

Y el principio de economía. Que consiste en el rendimiento del impuesto que debe ser lo mayor posible y su recaudación no resulte gravosa.

Visto lo anterior, es evidente que en esta ley, en lo general y en lo particular y, sobre todo, el caso de las ventas en abonos, se demuestra una ignorancia fehaciente o una mala fe o un dolo, porque pretender cobrarle al contribuyente un impuesto antes de que exista efectivamente el ingreso me parece absurdo, me parece contra natura.

El tratamiento fiscal de las ventas en abonos consiste en diferir la acumulación del ingreso hasta el momento en que se da efectivamente el pago y al aprobarse este dictamen la acumulación y el pago del impuesto se estaría dando precisamente en el momento en que se firma el contrato de la venta a plazo, aún y cuando el ingreso no se ha generado.

Por eso proponemos regresar al esquema vigente en 2013. De no hacerlo, muchas de las ventas a plazos que adquieren los consumidores de diferentes bienes tendrían un impacto importante, toda vez que se aumentarían los costos de las empresas, y el impacto vuelve a ser para el consumidor.

Por eso, para evitar que la discusión mencionada sea violatoria a los principios fiscales, proponemos adecuarla para que quede en los términos de la ley vigente en el 2013 y en la forma que fue presentada a esta Presidencia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado don Arturo Salinas Garza. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 25, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sonido en la curul del diputado Muñoz Soria. ¿Quién la presentaría en su nombre, diputado?

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): El diputado Catalino Duarte Ortuño, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, para presentar reserva al artículo 25, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Con la anuencia de la plenaria. El numeral 25 señala que los contribuyentes podrán efectuar las adecuaciones siguientes: los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo. Ésa es la descripción que están proponiendo.

Seré muy puntual, porque quiero ocupar el tiempo en otra cosa. Proponemos que en esa visión, que en ese mecanismo de la deducción de créditos, no se deje a la libertad, que solamente sea tomado en cuenta al 50 por ciento, porque ésa es una forma de evadir los impuestos y de no contribuir a lo que señalan las disposiciones fiscales. Es una simulación más a lo que muchos han señalado aquí. Nos gustaría que no se dejara a la libertad de estos grandes capitalistas, que en la mayoría de los casos son los banqueros de este país que recurren a esta deducción de créditos para no pagar impuestos. Por eso señalamos que solamente sea tomado en cuenta al 50 por ciento. Esa es la propuesta.

Aquí se ha discutido la reforma hacendaria. Se han dado acusaciones entre Acción Nacional y el PRI, aduciendo que han gobernado bien al país, que todo ha sido correcto.

No le voy a preguntar a los de Acción Nacional ni a los del PRI, porque son los que han dirigido este país. Le voy a preguntar a esos que se dicen defienden al sector campesino. Que le pregunten al sector campesino si está bien, si han apoyado ese sector, si han trabajado en la infraestructura.

Les pregunto a los de Acción Nacional y les pregunto a los del PRI, ¿en la actualidad tienen el sector agropecuario garantizada una política pública, en la que todos sus productos se puedan vender? Pregúntenles a ellos.

Pregúntenles al sector educativo cómo está en infraestructura. Pregunten al pueblo de México cómo está la infraestructura en materia de salud. Ahí está la respuesta. Y pregunten –termino— cómo una isla tan pequeña, como Cuba, ha podido resolver el problema del analfabetismo y México no ha podido.

Han dicho aquí, compañeros de mi fracción –termino– que toda la fracción avala la propuesta hacendaria. Muchos de nosotros —del Partido de la Revolución Democrática— hemos votado en contra, porque en el fondo es una propuesta hacendaria que atenta contra los intereses de la clase más baja. Es una propuesta neoliberal para apoyar solamente a unos cuantos.

Respeto a mis amigos de mi partido que no piensan como nosotros. Pero la verdad, este país no va a salir adelante con esa visión, siempre legislar a favor de los más ricos y siempre legislar en contra de las clases más desprotegidas. Vayan y pregunten a los campesinos, pregunten al sector educativo si están bien las cosas. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Catalino Duarte. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el diputado. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 27, fracción III, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su venia, señor presidente. Los requisitos de las deducciones se constituyen en candados para evitar que los contribuyentes hagan uso indebido de los mismos y con ello se vulnere la hacienda pública. A través de estos candados se da certeza a las autoridades fiscales de la veracidad de las deducciones argumentadas por los contribuyentes, correspondiendo que tales requisitos sean de fácil cumplimiento para el contribuyente.

La simpleza de los requisitos atiende a la propia naturaleza de la medida impuesta. Es decir, toda vez que se trata de requisitos para la veracidad de una deducción que se encuentra relacionada con el pago de impuestos, corresponde que tenga una carga menor para el contribuyente y casi intrínseca a la actividad que se realiza.

Ahora bien, se propone como requisito a las deducciones que superen el monto de 2 mil pesos que únicamente sean pagadas por medios electrónicos, cheques, tarjetas de crédito, restringiendo el pago en efectivo, ponderando el control que supone el uso del sistema bancario.

Lo anterior encierra la falta de visión de la realidad de quien promueve esta reforma, ya que la disposición señalada no contempla en ningún momento que la penetración de los servicios financieros apenas asciende a 20 por ciento de las pequeñas y medianas empresas. Más aún si consideramos que en muchas zonas de nuestro país permanecen al margen de los servicios financieros, pues no cuentan con las sucursales bancarias que pudieran avalar las operaciones en los términos señalados. En ese sentido, la medida impuesta en la propuesta que hoy discutimos deja de manifiesto la carga excesiva que se plantea a los contribuyentes, pues se desconoce en todo momento la realidad en la que viven y les impone un requisito que en muchos casos será imposible de cumplir.

Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente reserva del artículo 27, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

Único. Se modifica la fracción III del artículo 27, para quedar como sigue:

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto excedan de 2 mil pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente e instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México (cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria).

Las autoridades fiscales deberán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 28, fracción XV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Vengo a presentar una reserva a la fracción XV del artículo 28 de este dictamen, pero sé que no me lo van a aprobar, así que voy a dedicar mi tiempo para hablar del campo.

Estaban exentos los campesinos hasta 40 salarios mínimos, Si no pasaban de 40 salarios mínimos no tenían obligación de presentar declaraciones y ni siquiera de darse de alta en Hacienda. No sé ahora cómo le van a hacer aquellos campesinos que apenas cosechan 4 o 5 toneladas o 10 toneladas de maíz, de frijol, de trigo, de garbanzo, etcétera para facturar. Lo único que va a pasar es que les van a dar más oportunidad a los llamados coyotes para decirle a los campesinos: te facturo, pero te voy a cobrar un porcentaje por facturar tu producto.

Van a tener que tener un contador, van a tener que hacer sus declaraciones. Como no saben; entonces, si es que pagaban antes pues ahora ya no van a pagar.

Compañeras y compañeros, hay mucha gente aquí que conoce la situación del campo. El campo está muriendo, está ya moribundo, raquítico, como están los millones de campesinos. Y todavía hay que meterlos a cobrarles impuestos o no van a pagar siquiera, pero van a tener que pagar por declarar lo que cosechan. De esa manera no va a producir el campo.

Les pido que recapaciten y que no les quiten la excepción que tienen, que tanto trabajo nos dio en esa Legislatura. Aquí hay diputados y diputadas que luchamos para que de 20 salarios mínimos subiera a 40. De esa forma salvamos a muchos productores de tener que pagar impuesto. No de pagar impuestos, sino de tener que facturar y de presentar declaraciones a ceros. Entonces, por favor, recapaciten compañeros diputados y compañeras diputadas.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputado. Sonido en la curul del diputado Rojo. Dígame, diputado, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba (desde la curul): Señor presidente, quisiera preguntarle al diputado José Soto —por quien tengo muchísimo respeto— si es que sus comentarios se refieren...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado, ¿acepta la pregunta del compañero diputado?

El diputado José Soto Martínez: No sé qué es lo que quiera preguntar.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Usted tiene que resolver si acepta la pregunta, diputado.

El diputado José Soto Martínez: Adelante.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí acepta su pregunta. Dígale.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba (desde la curul): Insisto, tengo muchísimo respeto por el diputado Soto, a quien conozco, y sus comentarios, que en algunos tiene mucha razón de cómo se encuentra el campo en México y que tenemos que trabajar por él, se refieren a la redacción del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla precisamente de que mantiene el campo la exención de los 40 salarios mínimos, la tasa reducida para el sector social y muchas otras cosas. Por su respuesta, en el sentido que sea, señor diputado, muchísimas gracias.

El diputado José Soto Martínez: Lo que pasa es que según, voy a contestarle primero, porque tenía tiempo todavía.

Lo que pasa es que los quieren llevar, los quieren llevar poco a poco a meterlos al régimen general. Y de todos modos, el tiempo que pase, los campesinos —y tú también lo conoces, diputado, conoces el campo, sabes de lo que estamos hablando— no van a poder cumplir con esas obligaciones, porque de todos modos no van a poder pagar impuestos, porque no pagan.

Hay muchísimos, muchos campesinos que inclusive hasta pierden en sus cosechas y que a veces siembran nada más porque les dan el Procampo. Hay lugares que van y tiran las semillas nada más de maíz para obtener el beneficio del Procampo.

Por eso es que les pido que luchemos por eso, porque ya lo hicimos una vez. Entonces, les pido a todos ustedes que protejamos a esa gente. A esa gente que está desprotegida y que no vamos a poder producir de esa manera.

El campo necesita apoyos, necesita tecnificarse, necesita una programación. Que el gobierno programe lo que tenemos que sembrar de maíz, que programe lo que tenemos que sembrar de trigo, que programe lo que tengamos que sembrar de cualquier producto o rama de producción. Que dé el financiamiento y que nos diga la manera en que nos va a pagar nuestro producto. Que contrate nuestro producto, que contrate las parcelas, que diga cuántas hectáreas se van a sembrar para ser productivos y para producir lo que México necesita para no seguir dependiendo del extranjero trayendo millones.

Y lo sabe, diputado, que traemos millones de toneladas de maíz, porque no somos capaces de producirlo, cuando tenemos las tierras suficientes y además muy productivas, para producir suficiente maíz y no comernos el maíz, que aquí come uno las tortillas y parecen tecatas de árbol. Les agradezco su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. El diputado Escajeda desea hacerle una pregunta, diputado, ¿desea usted aceptarla? Entiendo que ya no. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 28, fracción XX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, la deducción de los consumos en restaurantes tiene dos finalidades; por un lado, la de permitir a los gobernados deducir los consumos que por el ejercicio de sus actividades puedan incurrir. Y por el otro, a través de la solicitud de estos comprobantes tener un mayor control sobre este tipo de establecimientos.

El primer ejemplo de la utilidad de esta disposición actual es permitir que los contribuyentes bajo ciertas condiciones puedan deducir un gasto propio, reconociendo que por las actividades de los contribuyentes en muchas ocasiones resulta fundamental establecer lazos de negocios a través de reuniones con clientes.

Esta reserva que estoy presentando pretende que la deducibilidad que contempla hasta ahora este artículo se mantenga por lo menos como está. Es decir, puesto que no representa un monto grave para el ingreso a la hacienda pública y, por el contrario, sí representa un monto considerable para el contribuyente y un elemento más de control para las autoridades, que el porcentaje de 12 y medio del consumo que se permite deducir se conserve de esa manera.

Así las cosas, la utilidad de esta disposición es determinante para el buen funcionamiento del sistema tributario, pues facilita, tanto a los particulares como a las autoridades fiscales, un ejercicio fiscal en sus ámbitos.

No obstante, en la reforma planteada se propone reducir el monto de deducción autorizada para el consumo en restaurantes al 8 y medio por ciento.

Miren, sabemos de antemano que no va a ser aceptada. Sin embargo, lo hago convencido de que es una reserva buena. De hecho mi compañera, la diputada Liz Vargas —a quien quiero felicitar— presentará ella también una propuesta que inclusive se me hace mejor armada que la mía. Sin embargo, quiero decir que si por algo no se acepta la de ella que pide el 100 por ciento, se acepte por lo menos ésta y que es la mía, que dice:

Único. Se modifique el artículo 28, fracción XX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 28. Para los efectos de este título no serán deducibles:

XX. El 87.5 de los consumos en restaurantes, para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria.

Serán deducibles al 100 por ciento los consumos a restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo, sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles.

Agrego nada más algo que se me hace muy importante, que en el ramo restaurantero quienes se benefician más, que es alrededor del 55 por ciento de quienes se benefician, son precisamente jefas de familia y son madres solteras.

Hace unas horas estuvimos nosotros con mucho gusto recordando el 60 aniversario de ese gran logro que tuvo la mujer, precisamente al poder votar y ser votada. Qué bueno sería que también ese reconocimiento a la labor de la mujer y al papel que juega en la vida política y económica se traduzca en acciones muy concretas, muy cotidianas, como ésta que estamos presentando. Por su atención, gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado José Luis Valle Magaña. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva relativa al artículo 28, fracción XX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado José Luis Muñoz Soria:Con el permiso del pleno. Diputado presidente, parece realmente difícil el pasar a esta tribuna a exponer algunas consideraciones sobre modificaciones al dictamen, que creemos son necesarias para corregir esta propuesta, que es francamente agresiva de manera general a los intereses de las grandes mayorías, de los pequeños empresarios y de la clase media.

Tengo dos reservas, diputado presidente, y quisiera pedirle que pudiera ponerlas a votación las dos juntas. Es ésta a la fracción XX del artículo 28, y la modificación a la fracción II del artículo 36 de esta Ley del Impuesto sobre la Renta del Capítulo VII.

La primera a la fracción XX del artículo 28, sería simplemente en cambiar lo que no serían deducibles en cuanto al consumo en restaurantes. Solamente sería modificar el porcentaje y en lugar del 91.5 por ciento fuese el 87.5 por ciento.

La segunda a la fracción II del artículo 36, que se refiere a la deducción de las inversiones en cuanto a los automóviles. El marcar que las inversiones en automóviles serán deducibles hasta por un monto de 130 mil pesos me parece una burla. Por eso planteamos que las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 175 mil pesos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado don José Luis Muñoz Soria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión lo relativo a las dos reservas que ha presentado el diputado.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admiten a discusión las dos propuestas de modificación propuestas por el diputado. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desechan ambas. Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 28, fracción XX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy todos sabemos que la economía mexicana atraviesa por una severa crisis, que los pronósticos de crecimiento para este año se sitúan apenas en 1.2 por ciento.

Es cierto que hay factores externos que influyen en esta situación. Pero también lo es el hecho de que no hemos sabido catapultar el mercado interno para convertirlo en un importante motor de nuestro crecimiento.

En este contexto es mucho lo que podemos y debemos hacer. Por eso pongo a su consideración la siguiente propuesta, pues estoy cierta de que ayudará a nuestro maltrecho desarrollo económico.

Someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 29, capítulo II, correspondiente al tema de deducciones. Y se deroga la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de pasar del 12.5 por ciento al 100 por ciento la deducibilidad fiscal del gasto de las empresas en restaurantes.

Les comparto los datos que nos permiten asegurar que aprobar esta propuesta significa crear más empleos, más impuestos y, por ende, el crecimiento de una de las industrias más importantes del país.

De acuerdo a datos del Inegi, en México existen más de 400 mil establecimientos restauranteros, de los cuales más del 60 por ciento son informales. Esta industria genera 1 millón 350 mil empleos directos. Incrementar al 100 por ciento la deducibilidad permitiría recaudar más de mil 100 millones de pesos y generar 200 mil empleos, pues es un hecho que al tomar esa decisión se fomentará la inversión y la creación de fuentes de trabajo.

Esa expectativa se fundamenta en el hecho de que el consumo en restaurantes representa uno de los ocho principales rubros en el gasto de las familias mexicanas.

Otro vector que no hay que perder de vista es que el sector restaurantero es uno de los principales empleadores de mujeres —como ya lo dijo el compañero que me antecedió— pues el 55 por ciento del personal empleado es del sexo femenino, especialmente de jefas de familia y de madres solteras.

De no ser avalado en un 100 por ciento en la deducibilidad del consumo en restaurantes, se reduciría potencialmente el número de unidades en el sector formal. En contrapartida, eliminar la deducibilidad fomentará la evasión fiscal y la informalidad.

Sé que incrementarla al cien por ciento podría parecer un gasto fiscal. Sin embargo, los ingresos que se propiciarían por un alza en la recaudación superarían el costo inicial y se facilitaría la información para la autoridad tributaria. Mi propuesta señala que esos gastos deben hacerse vía bancaria, a fin de que la autoridad hacendaria los pueda revisar y fiscalizar.

Reitero que es momento de que cada quien, desde su sector, tome medidas para reactivar sectores de nuestra economía que puedan convertirse en locomotoras que empujen el crecimiento que hoy tanto necesitamos.

Compañeros legisladores, aprobemos esta propuesta y demos durante dos años la oportunidad al sector restaurantero para que con una deducibilidad al 100 por ciento pueda generar 200 mil empleos y promover una recaudación de más de mil 100 millones de pesos. Les pido que dejemos que los hechos hablen. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Liz Vargas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Hace un rato, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, un ciudadano en twitter enviaba y decía: Qué partida de madre le están dando al país. Eso no es un lenguaje que te ofenda. Lo que a la gente le ofende es tu comportamiento de votar mecánicamente por una reforma que es un atraco fiscal. Ése es el verdadero lenguaje que ofende a la gente. Lo demás, que te ofendas porque un ciudadano diga que qué partida de madre le están dando al país con esta reforma, no debiera escandalizarte.

Y se los digo porque es una farsa, todo esto es una farsa. Farsa. Tenemos 70 reservas. Razones sobran. Fíjense nada más qué desprecio. ¿Cómo puede una mujer expresarse de esa manera? Ignorando. Sí échale ganas —diciendo.

¿Ustedes creen que tengan respeto esas legisladoras? ¿Ustedes creen que la ciudadanía piensa que la representan con dignidad? ¿Ustedes creen que merezcamos ese tipo de representantes, aunque sean mujeres u hombres?

Sigan gritando. Luego piden respeto y no lo dan. En lugar de quedarse calladas y escuchar con respeto, como lo hemos hecho nosotros toda la noche. Tenemos 16 horas escuchando. Creo que un poco de paciencia, después de partirle la madre al país de esta manera, no les causa ningún problema.

Ciudadano presidente, vengo a reservar un artículo que me parece elemental. Miren, actualmente los conceptos exentos del salario son —entre otros— los vales de despensa, los seguros de vida y gastos médicos mayores, los seguros de gasto médicos menores, los seguros de gastos funerarios. ¿Qué pasará si nosotros votamos en favor de este artículo que reservamos? ¿Qué pasará con el trabajador?

Primero, se ha aplicado en los últimos años la contención salarial sistemáticamente como forma de reducir la inflación, con la consecuente caída del poder adquisitivo. La caída del poder adquisitivo del salario ahora es del 25 por ciento. El trabajador gana menos. Y ahora que se pretende gravar los vales de despensa —y otros— lo único que se va a provocar es que el trabajador se vea perjudicado, porque el patrón no lo hará, simplemente el patrón que actualmente expresa o emite una compensación con los vales de despensa dirá: te lo integro al salario y tú paga el impuesto sobre la renta.

Es decir, y no es un asunto de que si estás protegiendo a los grandes ricos. No es ese el tema. Cualquiera tiene 10 trabajadores, y hay muchos pequeños empresarios que dan vales de despensas como una forma de compensar al salario raquítico que ganan los trabajadores. Pues ahora el patrón dirá: como puedo ser gravado con esta prestación que tengo, los 100 pesos o los 700 pesos que te doy en despensa de vales, te los integro al salario. Nada más que Hacienda le va a quitar al trabajador el 22 o el 27 por ciento del impuesto sobre la renta. Y el trabajador percibirá en lugar de los 750 de vales, 450 pesos. Eso es en una forma muy sencilla cómo está este artículo redactado en perjuicio de la clase trabajadora.

Les pido su reflexión. Respeto todas las expresiones, finalmente la historia a cada uno nos colocará en su lugar y eso a mí me tiene muy tranquilo. Pero creo que al menos podríamos dar una serie de pinceladas en beneficio de la clase trabajadora.

Presidente, dejo mi propuesta. Le pediría que la plasme íntegra y que lamentablemente, a estas alturas de la noche la racionalidad obviamente esté ausente en muchas cabezas de esta Legislatura. Es obvio, por el cansancio y por lo prolongado de la sesión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Quedara plasmada de manera íntegra, como usted lo solicita.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado José Ángel González Serna:Con su venia, señor presidente. La misma reserva y en el mismo sentido de mi antecesor, comento lo siguiente. Esta reforma es una propuesta con sentido social. Esta reforma es una propuesta para que paguen más los que más tienen y se beneficien los que menos tienen. Palabras que se escuchan bien, pero que no son congruentes con la propuesta. Frases que prometen en el discurso, pero que en la realidad no se cumplirán. Populismo rampante, retórica sin sentido.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentamos la reserva al artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por considerarlo altamente lesivo para los obreros y la clase trabajadora de este país.

Ni un solo país en América Latina acota la deducibilidad en este rubro. Ni un solo país de la OCDE atenta contra las prestaciones sociales de los trabajadores que otorgan los empresarios.

El acotar la deducibilidad a un 43 por ciento de las prestaciones sociales que una empresa otorga a sus trabajadores es atentar directamente contra la clase trabajadora de este país. Primero, porque afecta las prestaciones en comento: vales de ayuda alimentaria, transporte, premios de puntualidad, asistencia, productividad. Las empresas estarán buscando integrar al salario y esto causará más impuestos a los trabajadores.

Segundo. De conformidad con la Encuesta Nacional de Empleo del Inegi, el 43 por ciento de la población económicamente activa del país gana entre uno y tres salarios mínimos, Por lo que los ingresos no monetarios, como lo son las prestaciones sociales, son un factor de mejora de la calidad de vida de los trabajadores.

En el mediano plazo a las empresas le será conveniente y sencillo liquidar, sobre todo, a este tipo de trabajadores y volver a contratar, otorgando solo el salario o sumando las prestaciones a éste.

Tercero. Las empresas a mediano y largo plazo buscarán automatizar o robotizar la producción, desplazando la mano de obra. Por otro lado, se nos propone derogar el IETU, cuando solo se traslada el impuesto al impuesto sobre la renta, como es el tema en comento.

No se trate a los contribuyentes como retrasados mentales, por favor. Se atenta contra los sectores económicos como el manufacturero, ya que el costo de mano de obra es el 80 por ciento del costo de la producción. Sin duda alguna, en el mediano plazo, con esta reforma borraremos del mapa nacional a este sector.

Necesitaría mucho más de tres minutos para presentar completa mi argumentación contra esta propuesta asesina de empleos.

En conclusión, la propuesta a la no deducibilidad, a las prestaciones sociales que otorgan los patrones a sus trabajadores parece ser un autoseguro que se otorga el gobierno federal, por si no se aprobara en el Senado la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con este engendro hacendario y, en particular, con este tipo de propuestas, como el tope a la deducibilidad, a las prestaciones sociales que las empresas otorgan a los trabajadores, digámoslo claramente, es ir en contra de la creación de empleos y de la clase trabajadora. El tiempo sin duda me dará la razón. No existe más pobreza para un pueblo que el no tener empleo.

Por lo anterior, propongo la eliminación de la fracción XXX del artículo 28 a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Termino, presidente. Termino haciendo propio el comentario de un conductor de noticiero matutino, que imposible ser más acertado en referencia a la mal llamada reforma hacendaria. Señor Videgaray, señor Peña Nieto, lo que ustedes están haciendo es tomar un cuchillo y atentar contra las familias mexicanas, contra sus trabajadores, contra las micro y pequeñas empresas. Ese sector al cual ustedes no pertenecen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado José Ángel González Serna. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción, para presentar reserva al artículo 28, fracción XXX, y presentará también reserva a los artículos 181, 182 y 183.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Gracias, presidente. El artículo 28, en este orden de ideas lo voy a mencionar al final, porque se une con la demás conceptualización que voy a explicar aquí, compañeras y compañeros. Y tiene qué ver, de nueva cuenta, con la industria maquiladora de exportación.

La industria maquiladora es un proceso que está diseñado para que una empresa en el extranjero mande maquinaria de equipo y materia prima a su empresa relacionada en México. Y ese solo hecho hace que la empresa en el extranjero tenga un establecimiento permanente en México.

El establecimiento permanente es la peor situación en que una empresa del extranjero puede estar en otro país, en virtud de que sin tener una presencia jurídica se convierte en contribuyente del otro país, en este caso, de México. Y ese estatus especial de contribuyente es sumamente inestable, ya que los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas no están claramente determinados en el régimen jurídico correspondiente, en este caso en el del propio país de México.

Ahora bien, la Ley del Impuesto de la Renta es de 1982 y tiene un mecanismo perfectamente bien estructurado para evitar el establecimiento permanente, siempre y cuando se lleven a cabo determinadas metodologías de precios de transferencia, para los efectos de que las partes relacionadas tengan una relación comercial como si no fueran relacionadas y sean aceptables esas relaciones comerciales para los fiscos, tanto mexicanos como en el extranjero, en donde tributan las partes relacionadas.

Estas metodologías fueron fijadas en el artículo 162 Bis de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta. La iniciativa del Presidente Peña Nieto elimina dos muy importantes, metodologías que —por desgracia— son las que son más reconocidas a nivel universal, que son las metodologías establecidas en los métodos de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, OCDE, que es esa metodología más un retorno en activos y esa metodología más 1 por ciento de maquinaria y equipo.

Esas dos metodologías fueron eliminadas y nos dejaron con dos metodologías que están establecidas en un convenio fiscal, que se llama el Convenio mutuo entre México y Estados Unidos de América de precios de transferencia. Que es el método de puerto seguro y el método de establecer un convenio de precios de transferencia con el gobierno mexicano o bilateral, gobierno mexicano y gobierno estadounidense.

Estas dos últimas metodologías —que son las que quedaron en la iniciativa— no necesariamente son aceptadas en países distintos a Estados Unidos de América, por lo que expone a las maquiladoras al concepto de establecimiento permanente. Eso es parte del problema.

Por el otro lado, quiero mencionar —ahora sí regreso al artículo 28— que la fracción XXX del artículo 28, que excluye los gastos de previsión social dentro de las deducciones, pone aun en mayor tela de duda que se vaya a poder acreditar en el extranjero los impuestos que las maquiladoras paguen en México. Eso las pone todavía en un predicamento mayor de tener un impuesto sobre la renta que no es acreditable en el extranjero. Por eso la reserva que se presenta en este artículo 28 para que sea excluido.

Finalmente, quiero hacer mención, compañeras y compañeros, de que el artículo –el último artículo creo que es el 131, ¿si o no?– 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla de los programas de albergue que están blindados del establecimiento permanente, pero con la iniciativa ese blindaje lo reduce a cuatro años.

Señor presidente, si me permite, como son varias reservas las que estoy presentando quisiera un poquito más de tiempo. Gracias.

En el artículo 183 estamos estableciendo un parámetro, a fin de que cuando venzan esos cuatro años no automáticamente se cree un establecimiento permanente, sino que la empresa en el extranjero, a través de la subsidiaria de la empresa mexicana normalmente que presta el programa de albergue se subsuma en la metodología establecida por el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la operadora del plan de albergue lleve a cabo los impuestos correspondientes de esa empresa, como si estuviera tributando en México con una subsidiaria propia.

De esa manera tenemos protegida a nuestras industrias mexicanas, principalmente que prestan estos programas de albergue. Y queda blindado perfectamente el establecimiento permanente y le damos viabilidad a estas empresas en México, teniendo una gran generación de empleos, sobre todo en Sonora, en Chihuahua, en el estado de Zacatecas y en Nuevo León, donde se concentran esta clase de empresas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. El diputado presentó dos reservas por eso se tomó más tiempo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar reserva al artículo 28, fracción XXXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, la permanente transformación y crecimiento de la sociedad civil organizada propicia el fortalecimiento de aquellas instituciones altruistas que atienden sin fines de lucro las necesidades apremiantes de la sociedad, complementando las acciones políticas gubernamentales en materia social.

Se estima que estas organizaciones brindan al año 50 millones de servicios asistenciales y para su objetivo, su sostenimiento y operación captan recursos mediante los donativos que la autoridad fiscal autoriza y que son deducibles para la persona física o moral que los otorga. Niños con cáncer, niños con autismo, personas de la tercera edad, mujeres que deben detectar en tiempo el cáncer de mama, vivienda para los mexicanos en situación de pobreza son —entre otros— a quienes diariamente atienden.

En el texto que nos ocupa se propone no permitir la deducibilidad de las donaciones entre partes relacionadas. Lo que consideramos no conveniente, en virtud de que existen requisitos específicos por parte de la autoridad para las personas que desean ser donatarias autorizadas. El no permitir dicha reducción generaría que las donatarias dejarán de recibir los donativos que destinan para sus fines, independientemente que sean partes relacionadas.

Por otro lado, se propone establecer medidas de control que eviten la manipulación de los donativos entre partes relacionadas. En tal virtud, se propone eliminar en el artículo 151, apartado tercero, el texto que reza: Para los efectos de este título no serán deducibles los donativos que se realicen entre partes relacionadas.

Y agregar: cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con su parte relacionada que le efectúe el donativo: la prestación de servicios, la enajenación o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá considerar el monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente, como un ingreso acumulable para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, actualizando desde la fecha en que se aplicó la deducción y hasta el momento en que lleve a cabo su acumulación.

De igual manera, se propone eliminar el numeral 32, del artículo 28 que dice: Los donativos que se realicen entre partes relacionadas.

En el PRI celebramos que esta propuesta de modificación haya generado consensos entre los grupos parlamentarios por su gran importancia social.

Antes de retirarme de esta tribuna, dejo constancia del reconocimiento de quienes integramos esta Cámara de Diputados, a las instituciones, sociedades y asociaciones civiles que se comprometen en el diario construir de un México mejor al servicio de los grupos más vulnerables. Y por ello les pido a todos, diputadas y diputados, su voto a favor. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe Paloma Villaseñor Vargas, diputado federal integrante de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, en relación con el dictamen con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Impuesto Sobre la Renta, elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito poner a consideración del Pleno la reserva al artículo 129 la Ley de Impuesto Sobre la Renta, para quedar en los términos siguientes:

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2013.— Diputada Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica).»

La diputada Margarita Licea González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Margarita Licea González.

La diputada Margarita Licea González (desde la curul): Presidente, nada más para sumarme. Esa reserva también su servidora la presentó.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí, por tratarse de una reserva en conjunto le iba a dar la palabra desde la tribuna. ¿Desea usted hablar desde la tribuna?

La diputada Margarita Licea González (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene usted el uso de la palabra. La reserva va a ser planteada en los mismos términos, está presentada por ambas diputadas. Tiene usted el uso de la palabra.

La diputada Margarita Licea González: Muchas gracias, presidente, con su permiso. Hablando de la misma reserva, en el colectivo social existe la apreciación de que las donaciones se otorgan para evadir impuestos, lo cual no es verdad.

Donar no es evadir, pues por cada peso que el donante entera aporta tres pesos adicionales a causas sociales. Es decir, quien decide apoyar a causas vulnerables a través de asociaciones civiles o fundaciones, lo hace pagando 70 por ciento más de lo que se gastaría si no diera el donativo y en lugar de eso pagara solo impuestos.

Hace poco este Congreso galardonó al señor Fernando Landeros Verdugo, quien es presidente del Patronato de la Fundación Teletón, por su altruista labor dentro de esa institución.

Hoy con aprobar que no sean deducibles los donativos que se realizan entre partes relacionadas, el señor Landeros, así como muchas otras asociaciones, no recibirán donativos de los miembros de su propio consejo ni de sus fundadores.

Las organizaciones no gubernamentales asumen, de manera comprometida, una diversidad de liderazgo y acciones conjuntas con la comunidad para atender de manera decidida a las familias que sufren y carecen de medios para atender problemas relacionados con la salud, con la educación —entre otras cosas— de carácter muy vulnerable.

Son diferentes asociaciones que se verían seriamente afectadas, como la Cruz Roja Mexicana, como APAC que atiende a personas con parálisis cerebral, como la Fundación Michu y Mau que atiende a niños que han sufrido quemaduras, como la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, el Banco de Alimentos, que incluso participa en el programa de la Cruzada contra el Hambre.

Por estas razones, no podemos estar de acuerdo en sancionar a las personas físicas y morales de buena voluntad que apoyan estas causas y que son de vital importancia en el desarrollo social de nuestro país.

Me parece importante señalar que muchos de nosotros encabezamos causas sociales a través de fundaciones y asociaciones civiles, hoy al no permitir que una persona física y moral le done a una fundación por quien tiene una parte relacionada, hoy ya no podríamos dar esas donaciones, situación que provoca que muchas asociaciones cierren sus puertas, porque su principal fuente de financiamiento son justamente sus fundadores.

El problema del que hablo es grave y estas fundaciones para poder sobrevivir tendrían que triangular sus donativos. Situación que no abona a la transparencia y a la simplificación y trastorna la dinámica de un bien público que apoya a las causas más vulnerables de este país.

Por ello, amigas y amigos, les pedimos que se admita la discusión de esta reserva que propongo. Eliminar la fracción XXXII del artículo 28; y el último párrafo de la fracción III del artículo 51 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, para que puedan ser deducibles los donativos que se realizan entre partes relacionadas.

Y a la vez que se adicione el párrafo que dice que cuando se otorgan donativos entre partes relacionadas la donataria no podrá contratar su parte relacionada que le efectúe el donativo, la prestación de un servicio o la enajenación del otorgamiento, del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario el donante deberá considerar el monto de la deducción efectuada por el donante correspondiente, como un ingreso acumulable para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta actualizado desde la fecha en que se aplicó la deducción y hasta el momento en que se lleve a cabo la acumulación. Es cuanto, muchísimas gracias y espero que nos apoyen en esta reserva. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Agradeciendo el aporte de la diputada Margarita Licea González a esta misma reserva, consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión. Sonido en la curul de la diputada Rosa Elba Pérez. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Es para celebrar un poco por adelantado el consenso partidista sobre este tema.

Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente en el tema que representa o que abandera mi partido, el Verde Ecologista, saben que el gobierno muchas veces no puede o no le alcanza hacer lo que tendría que hacer, y a la sociedad privada o al sector privado no le interesa hacer.

Por eso quiero celebrar un poco por adelantado el consenso partidista sobre mantener las disposiciones fiscales en el tratamiento de las fundaciones. Tal vez más adelante habrá que componer un poco la ley sobre este manejo de recursos en las fundaciones, pero por lo pronto quiero celebrar un poco el consenso partidista. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Paloma Villaseñor Vargas y apoyada por la diputada Margarita Licea González.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite la modificación propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda integrada la propuesta al dictamen.Se reserva para su votación nominal de forma posterior.

Tiene el uso de la palabra el diputado Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, veo con vergüenza que hoy tengamos una gran oportunidad para darle a los mexicanos la reforma que este país necesita, y que pide a gritos, y que simplemente no tengamos siquiera la capacidad para discutir temas tan relevantes.

Me parece que hoy esta Cámara de Diputados queda con una gran deuda para quienes representamos a todos los mexicanos.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presento ante esta soberanía reserva al artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo en el que se propone no eliminar la facilidad de deducir para efectos del impuesto sobre la renta las erogaciones de exploración y cuantificación de reservas del mismo año en que se ejecutan.

Compañeras y compañeros diputados, el beneficio no distorsiona en manera alguna la estructura de la ley ni produce inequidad, simplemente obedece a la realidad del sector minero y la naturaleza de esa actividad.

Quienes conocemos de minería, que somos los suficientes, sabemos que las inversiones en exploración son la base para el crecimiento del sector minero y representan siempre un alto grado de riesgo.

El imponer que se realice a 10 años la deducibilidad sin duda alguna desalienta y reduce los capitales necesarios en las etapas de mayor riesgo, limitando por supuesto las posibilidades de inversión por falta de nuevos proyectos.

Por tanto, compañeras y compañeros diputados, les pido abramos a discusión este tema y votemos a favor de esta reserva. Por su atención muchísimas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Marcelo Torres Cofiño. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 34, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo:Con su permiso, señor presidente. Esta reserva pretende lograr un consenso sobre el crecimiento que han tenido nuestras ciudades y busca que todas aquellas ciudades de nuestro país de más de 300 mil habitantes puedan contar con un incentivo fiscal para poder densificar dichas ciudades.

Actualmente nuestras ciudades van teniendo un cambio drástico en la formación de las mismas. Han tenido un crecimiento desmedido, lo que ha provocado una despoblación de los centros históricos.

Anteriormente el Código Fiscal, la Ley de Ingresos, en este caso la Ley del ISR, en su artículo 34, en los términos de esta iniciativa, traía algunos beneficios fiscales para aquellas personas que invirtieran en centros históricos, monumentos, algunos inmuebles catalogados como algún interés histórico para nuestra sociedad.

Pero también existe una gran preocupación por aquellas ciudades que son patrimonio de la humanidad que se ven inmersas en una falta de inversión en las mismas para rescatar estos monumentos históricos y que le dan belleza a estas ciudades catalogadas como patrimonio histórico de la humanidad.

Por ello pretendo que esta reserva pueda cambiar lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la fracción I, inciso a) y b), agregando un inciso c), para que todas las construcciones obtengan el 100 por ciento para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.

b) El 100 por ciento de las inversiones que se efectúen en bienes inmuebles ubicados en municipios con una población mayor de 300 mil habitantes dentro de un perímetro de 2.5 kilómetros del domicilio del ayuntamiento, siempre que este último no sea modificado con posterioridad a la entrada en vigor de esta disposición y se ubique dentro del perímetro de fundación.

También se incluirán los municipios que sin tener población mayor a 300 mil habitantes, el domicilio de su ayuntamiento se encuentre dentro del perímetro incluido en la lista del Patrimonio Mundial de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

c) El 5 por ciento de los demás casos.

Verán ustedes, la ciudad de donde soy originario, la ciudad de León, Guanajuato, ha tenido un crecimiento desmedido en los últimos años. Creció la población un 25 por ciento, pero la mancha urbana un 65 por ciento, lo cual provocó que el centro histórico de nuestra ciudad se vaya despoblando poco a poco.

Un incentivo fiscal —como el aquí propuesto— no traería solo beneficios para las ciudades que tienen este problema de densificación, sino para aquellas que tienen monumentos históricos o que son ciudades patrimonio de la humanidad y puedan, a través de este incentivo fiscal, lograr una inversión directa que beneficie a la economía de este país en estas ciudades de más de 300 mil habitantes.

Entiendo la postura política de muchos de ustedes, como partidos, pero espero que puedan hacer una reflexión sobre este tema, y logremos transformar a este país con este tipo de iniciativas.

No quiero dejar pasar la oportunidad de señalar que esto es una oportunidad histórica. Hace unos momentos vimos subir aquí a tribuna a un pirrurris hablar de su amor por los pobres. Hemos visto partidos que se decían odiarse ahora amarse. Les digo, legisladores del PRD, del PRI y del Verde no vengan a esta tribuna a hablarnos de moralidad con la bragueta abierta. Han tenido consensos en lo oscurito que luego hacen público.

El PRI tiene una frase muy famosa y que usan mucho los priistas: lo que tiene precio sale barato. Y nos lo acaban de demostrar hace unos días, el precio fue 8 mil millones de pesos para el gobierno del Distrito Federal y lo hicieron público en días pasados.

Legisladores, ojalá que lo barato no les salga caro. Pero, ¿saben qué es lo más lamentable? Que a quien le va a salir caro es a los miles de mexicanos que se van a ver afectados con esta reforma.

Ojalá hagan conciencia de lo que están aprobando en perjuicio de todos los mexicanos. Ojalá y tengan todavía la cara para ir a sus casas, a sus distritos, a decirle a la gente por qué votaron a favor de una reforma que daña la economía de los mexicanos. Eso vaya y dígaselo a su distrito, diputado. Eso que está diciendo vaya y dígale porqué votó a favor de este atraco a los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva del artículo 56 al 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de las legisladoras y legisladores que todavía están despiertos, voy a solicitarle tiempo ahí, derivado que en un solo acto vamos a precisar nosotros nuestra propuesta.

Nosotros de manera puntual siempre hemos referido que esos derechos que tenemos de reservarnos y de actuar en la Comisión y en el pleno hay que hacerlos valer, por eso estamos acá, aunque independientemente hemos aprendido en este proceso que si no se está ahí en el cabildeo entre los partidos las propuestas que uno hace no pasan. Pero independientemente de eso, nos sentimos con responsabilidad de presentarlas.

En la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta —como tal— se menciona que se elimina el régimen de consolidación fiscal. Sin embargo, esto no es así, solo se le cambia de nombre y se contempla el llamado Régimen Opcional para Grupos de Empresas, siendo ahí en donde migrarán las empresas que actualmente consolidan, debiendo la empresa integradora poseer al menos el 80 por ciento del capital de las integradas con las siguientes ventajas.

1. En dicho régimen opcional se les permite seguir difiriendo el ISR de cada ejercicio, para pagarlo cada tres años.

2. Si bien es cierto que al momento de tomar la opción no se va a permitir empresas con pérdidas, también lo es que al calcular el ISR grupal se permitirá considerar las pérdidas obtenidas en el mismo ejercicio.

3. El ISR diferido que determinarán por el año de 2014 lo pagarán hasta 2018.

4. Con una restructuración corporativa se puede subsanar la tenencia accionaria y así podrán acceder al régimen opcional.

5. Con empresas alternas se podrán generar sobre la marcha —una vez que hayan optado por el nuevo régimen— deducciones adicionales, las cuales se traducirán en pérdidas fiscales, que a su vez se restarán de la utilidad integrada, generándose con ello nuevamente el diferimiento de ISR correspondiente.

Con cifras a diciembre de 2012, el actual régimen de consolidación fiscal ha generado un ISR por pagar diferido de 94 mil millones de pesos. Por lo tanto, no es conveniente este nuevo régimen opcional para grupos de empresas, que a final de cuentas sigue siendo lo mismo, nada más —decíamos— con este nuevo cambio de nombre, pero es una tomada de pelo en ese sentido.

Debiendo considerar lo anterior y con la finalidad de que el ISR diferido al 31 de diciembre de 2013 sea cubierto por las empresas que consolidaron acorde con el calendario hoy mencionado, proponemos a esta soberanía que se eliminen los artículos 56 al 70 de las fracciones XV y XVI del artículo tercero transitorio del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es decir, así como se hizo solamente este cambio de nombre, porque a final de cuentas aunque se diga en los medios de comunicación que se elimina el régimen de consolidación fiscal, pues estamos viendo que efectivamente no es así, como algunos otros pequeños detalles que pasaron con esta iniciativa.

Se quiso vender al país de que era no una reforma hacendaria o una miscelánea fiscal sino que era una gran reforma social, porque estaba incluido el tema del seguro del desempleo y de la pensión universal. Simple y sencillamente se les olvidó una cosa, que para que esas iniciativas prosperaran tenía que modificarse previamente la Constitución y por eso no estamos discutiendo esa gran reforma social en teoría, que implicaba la pensión universal y el seguro del desempleo. Digo, peccata minuta que se les pasó ahí a los técnicos del Ejecutivo.

Efectivamente, vemos que se plantea que esta reforma a final de cuentas va a ser una reforma social que va a beneficiar a los mexicanos, lo cual tampoco, ya no lo vimos como tal, sino también ahí fue una simulación.

Esperemos que el Ejecutivo con estos más de 500 mil millones de pesos adicionales que va a tener este año, efectivamente no tengan pretextos para hacer un trabajo adecuado. Nos hubiese gustado —y lo hemos planteado con anterioridad— de que de la mano de esta propuesta de reforma hacendaria, por las condiciones de desastre que hay en más de 22 estados del país, hubiese venido acompañado de una propuesta de austeridad por la circunstancia y deficiencia del gasto, lo cual no viene en esos términos. Pero insisto, ahí tiene el Ejecutivo la posibilidad con esos más de 500 mil millones de pesos, efectivamente, de hacer algún trabajo adecuado. De no ser así, estoy convencido que en el 2018 la situación va a ser totalmente distinta en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Silvano Blanco Deaquino. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar reserva al artículo 35, fracción XV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Ricardo Villarreal García:Muchas gracias, señor presidente. Acción Nacional ha buscado en esta gran defensa, en este paquete fiscal, beneficiar a millones y millones de mexicanos y buscar que no se les perjudique. Y esta reserva precisamente busca preservar el futuro —literalmente— de nuestro país.

Y es un tema legislativamente muy fácil, es solamente no permitir que se le mine un beneficio que durante muchos años quienes han buscado mejorar el medio ambiente de este país han tenido, que es poder deducir sus inversiones en maquinaria y equipos que busquen preservar nuestro medio ambiente.

No estamos pidiendo absolutamente nada nuevo. Pero estamos buscando construir un mejor México para las futuras generaciones, a través de la inversión en nuestro medio ambiente.

Para el PAN el medio ambiente ha sido un tema de muchísima importancia, se han legislado muchísimas iniciativas para poder mejorar en esta materia. Vemos que este paquete fiscal no está pensando en el mañana de este país, vemos claramente que por un lado se busca afectar a los sectores de la producción, afectando el día de mañana la generación de empleos.

Vemos que por otro lado se busca endeudar a los mexicanos, afectando el día de mañana a este país con una crisis económica y vemos que se busca sancionar a quien quiera mejorar el medio ambiente de este país, afectando el futuro y el México que les vamos a dejar a las próximas generaciones.

Este paquete fiscal —decía la iniciativa— quiere un paquete fiscal verde. Lo que no entendí es por qué decían que era un paquete fiscal verde, si los únicos dos incentivos que tenía este país en materia fiscal, este paquete los eliminaba. Por un lado, eliminaba la posibilidad de deducir las inversiones en generación de un tema tan importante como las energías renovables, por las que tantos años hemos peleado. Y por otro lado, eliminó la posibilidad de deducir las inversiones para controlar y preservar la contaminación ambiental.

Celebro que en la comisión las distintas fuerzas parlamentarias hayamos logrado llegar a un acuerdo, el acuerdo de que se puedan deducir las inversiones en la generación de energías renovables. Pero repruebo tajantemente que no hayan querido ceder las demás fracciones parlamentarias en un tema tan sencillo, sí, pero tan importante, como poder deducir y fomentar que en este país se invierta en preservar y en controlar la contaminación ambiental que tanto daño nos hace.

Les quiero decir, compañeros, en todo el mundo se premia a quien invierte y abate las emisiones de carbono. Inclusive se pagan bonos económicos por hacerlo. Y en este país queremos legislar para castigar a quien invierta en la preservación y en la conservación de nuestro medio ambiente. Va a ser una de las legislaciones en la preservación de medio ambiente más retrógradas y atrasadas de todo el planeta.

Les pido, compañeros, que pensemos en el futuro que les queremos dejar a nuestros hijos. Les hablo en lo particular a todos los compañeros que participan en la Comisión de Cambio Climático, a todos los que durante esta Legislatura han trabajado por legislar fuertemente en preservar nuestro medio ambiente y en evitar el calentamiento global.

Les hablo también en lo particular a los compañeros del Verde Ecologista, a ustedes que son la cara ambiental de este gobierno, a ustedes que supuestamente son los que deben combatir cualquier iniciativa que vaya en contra de una iniciativa como esta que busca evitar la contaminación. Y estoy seguro que en el fondo lo quieren hacer, inclusive pienso que si su coordinador no votó en lo general este paquete es precisamente porque sabe que no puede votar a favor algo que perjudica el medio ambiente, como es evitar que se pueda invertir y poder deducir en el control de la contaminación.

Por eso les digo, compañeros y los invito a que reflexionen y me acompañen en esta reforma: ¿qué país le queremos dejar a las futuras generaciones? Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Villarreal García. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el tablero electrónico de votación, por tres minutos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 201 votos a favor, 0 abstenciones y 235 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra, desde su curul, el diputado Ricardo Villarreal. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Villarreal García(desde la curul): Nada más para que quede constancia en el Diario de los Debates que en el voto a mano alzada fue claramente a favor de que se discutiera este artículo y creo que no debió haber abierto el tablero nuevamente. Se cantó y desde mi punto de vista cuando ya se cantó, ya no hay manera de volverlo a hacer, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Villarreal, la declaratoria la hace el presidente, no había hecho la declaratoria. Créanme que desde acá arriba es mucho más claro y cuando nosotros lo vemos dividido abrimos el tablero justamente para que no haya duda en ninguna votación.

Tiene el uso de la palabra la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva que implica eliminar los artículos 56 al 70 y 152.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Buenos días. El tema, o mejor dicho el factor del impuesto sobre la renta es el factor que en el tema de recaudación es el que menos recauda y es el que permite la evasión mediante los diferimientos bajo la protección del régimen de consolidación fiscal, ahora llamado pomposamente Régimen Fiscal Opcional para Grupos de Sociedades.

Se quejan que no alcanza, que no da, y hay cómo. Aquí ha habido de todo, varias y varios que se han desgarrado las vestiduras, que han alzado la voz, dizque defendiendo a amplios sectores de la población y se les olvida que han hecho mancuerna en muchas ocasiones. La más reciente y que tiene relación con estas reformas es el gasolinazo.

Para mí, lo veo como un pleito pactado. Un pleito pactado, porque al ratito ya se les va a olvidar. El PRI tiene claro que a veces se maneja el chantaje por algunos partidos políticos, pero sabe que contará con ustedes en la reforma energética.

Muy lamentable que en este pleno, en un tema tan importante, como es la reforma hacendaria, haya habido el desechamiento de un número muy importante de reservas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios —no todos, algunos— y desechadas. Eso es muy lamentable y demuestra que no se ha hecho el esfuerzo suficiente para fortalecer el tema de la reforma hacendaria y, por ende, las finanzas públicas.

Sí escuchamos y compartimos los reclamos de por qué gravar o no gravar. Pero nunca escuchamos el tema de que fueran copartícipes unos y otros de eliminar este régimen, que es el que ha emproblemado el tema de evitar una recaudación suficiente.

No afectará. Aun como está, recordemos que hay el diferimiento de muchos años y se empezará a cumplir muchos de esos grupos de las empresas mayoritarias hasta el 2018, porque han sido muy bonanza el Ejecutivo federal, tanto del PAN como del PRI, porque nunca han planteado el equilibrio, nunca han planteado acabar con privilegios, nunca han planteado —de a de veras— que pague lo que debe de pagar.

Los argumentos que Hacienda ha presentado, desde mi punto de vista, me parecen muy bofos, muy flojos. Argumenta que ahora sí van a saber qué porcentaje de acciones tendrán algunas de las empresas agrupadas. Cuánto sus pérdidas y demás. No está el problema en garantizar saber. El problema está en que se sabe y no se aplica la ley. Ése es el problema y eso se llama corrupción.

Les pido, compañeras y compañeros que están silbando, no es una reserva, son del 56 al 70, y es el 152 y el 60 y el 61. Entonces, les pido tolerancia y el que no quiera escuchar que no escuche, que se haga sordo, pero obviamente tienen claro que ahí está el problema.

El Ejecutivo federal, a través de sus legisladores, de sus legisladoras, ha lanzado propuestas muy de avanzada, supuestamente a través de los medios. Hasta ahí se queda.

Si quieren acabar con la corrupción, no es deteniendo a una sola persona, es acabar y llevar a la cárcel a quienes han cometido delito. Y es también no permitir la impunidad. No es solamente transparentar, es aplicar la ley al que falte con ella. Hay manera.

Sé perfectamente bien que no se aceptará a discusión, como muchas otras reservas valiosas que se han presentado y que pudieron abonarle para que este paquete de reforma hacendaria quedara en mejores términos. No estamos porque queramos decir que la bandera es de aquí o es de allá. No estamos porque surgió de un grupo parlamentario.

¿Me permite? Son varias reservas.

No es eso, lo que se requiere es responsabilidad en la representación popular que todas y todos tenemos y no es engañar y simular y hacerse valer con simples medios de comunicación para decir que van con todo por el bien del país.

Se pueden hacer muchas cosas. Pero ustedes no quieren, porque quienes los mandan son los mismos y ya los veremos agarraditos de la mano en contra de la defensa de nuestros recursos energéticos y el petróleo.

Señor presidente, pido, solicito, dada la brevedad del tiempo, que sean de manera integral inscritas en el Diario de los Debates las reservas que he planteado a este pleno. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se integrarán de manera íntegra, tal como usted lo solicita. Gracias a usted, diputada doña Socorro Ceseñas Chapa. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desechan. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva a un capítulo completo del artículo 59 al artículo 71.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Tenemos evidentes problemas estructurales. Ya habíamos hablado de cómo este sistema que tenemos fomenta la concentración de la riqueza, 53 multimillonarios, 53 millones de pobres. El sistema no está funcionando como debiera ser. Pero preguntémonos otras cosas también, ¿por qué si los contribuyentes cautivos pagan impuestos —y muchos pagan impuestos— no tenemos impuestos bajos? ¿Por qué a pesar de eso nuestra recaudación es tan insuficiente?

En América Latina solo nos comparamos con Haití en lo que recaudamos. ¿Dónde está ese problema estructural? En donde la gente cautiva paga altos impuestos o por lo menos impuestos sustanciales, y sin embargo, tenemos una recaudación tan pequeña, que por supuesto es insuficiente para los requerimientos que tiene el Estado mexicano y más con el compromiso que tiene para combatir la desigualdad.

¿Por qué? Diría que tenemos dos problemas básicos. Uno —que ha sido señalado insistentemente por el Partido Acción Nacional, que comparto— que es que no todos pagan impuestos. Hay un sector informal muy amplio, que por cierto crece cada día, que no paga impuestos, y por supuesto, uno de los grandes retos que tenemos es ver cómo la informalidad paga impuestos. Por supuesto, con la consecuencia también de que tengan los derechos —que eso daría— con el Estado mexicano al cumplir ese compromiso.

Por una parte estoy de acuerdo con eso que ha dicho Acción Nacional de ampliar la base tributaria, que creo que es un gran reto. Pero hay otro punto clave, que es que quienes más ganan no pagan los impuestos que deberían.

Estamos hablando de la consolidación que ahora cambia de nombre. Sería falso decir que solo cambia de nombre. Es cierto que se le acota y en algunas cosas se le acota de manera importante, pero no de manera suficiente.

Lo que quiero decir es, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 422 empresas, de 22 consorcios, que representan más del 90 por ciento de la consolidación. Que tienen ingresos por más de cinco billones de pesos al año. Y de esos cinco billones de pesos al año solo contribuyen —cuando bien nos va— con 1.8 por ciento y cuando mal nos va con 1.5 por ciento en los últimos años. Cuando las demás personas morales pagan el 30 por ciento de ISR.

Es decir, que aquí hay una desigualdad absurda, porque los empresarios son los que menos debieran tener beneficios, porque son los más poderosos y pagan muchísimo menos que los demás. Estamos hablando, insisto, de 422 empresas y 22 consorcios, que solo pagan el 1.8 más o menos, entre 1.5 y 1.9, cuando las demás personas morales pagan 30 por ciento. Creemos que la solución de esto, si bien acotan, es insuficiente.

Venía con una propuesta y quizá siendo realista decía: va a ser difícil; es más fácil envolverse en la bandera y simplemente suprimir todo el articulado y todo el capítulo de la consolidación. Así venía mi propuesta y había reservado los 13 artículos para pedir su supresión. Pero pienso en una propuesta que pueda transitar, una propuesta que sea de sentido común.

Me decían amigos del PAN —que aparte me precio de tener buenos amigos en el PAN— que me equivocaba cuando decía que sus intereses eran representar a los empresarios más poderosos. Me decían: no, por supuesto son instancias legítimas y es correcto que tengan representación, pero me dicen: Fernando, no te equivoques, nosotros representamos a la clase media y estamos representando los intereses de la clase media, no de los grandes empresarios que no pagan impuestos como debieran.

Voy a hacer una propuesta pensando en eso, vamos a ver si efectivamente se defiende a la clase media o a los empresarios que no.

Son 13 reservas, por eso nada más pido para leer el artículo que sería, porque de las 13 reservas, voy a quitar 12, que queden como están esas 12 y solo voy a hacer la propuesta de un solo artículo y de un solo párrafo, que me parece que cambiaría sustancialmente. Habló del artículo 64 —ahorita lo entrego a la Secretaría— pero sería el único que en mi propuesta se modifica, los demás quedarían como están, pero creo que sería sustancial.

Lo leo y creo que además será transitorio, y además para que no paguen justos por pecadores, porque esta fue una buena idea que se aplica en muchos lugares del mundo, pero ser pervirtió.

Un poquito de paciencia, insisto, son 13. Lo voy a leer.

Artículo 64, fracción V —diría así—: la diferencia entre el impuesto que corresponda a la participación integrable y el obtenido conforme al inciso a) de la fracción IV del presente artículo será impuesto del ejercicio que podrá diferirse hasta por 12 meses, siendo prorrogable una sola vez hasta por un plazo igual, previa autorización razonada que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El monto del impuesto diferido no podrá ser mayor que la cantidad más alta que el contribuyente hubiera pagado como impuesto anual en alguno de los tres ejercicios anteriores a aquel que se pretenda diferir, al término del cual deberá enterarse, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 67 de esta ley.

Con esto me parece que serían muy atajados los abusos y pudiera ser aceptable. Es simplemente para que, efectivamente, quien gane más, pague más y esto se cumpla también con los grandes consorcios.

Esto sería —me parece— un paso que espero sea transitable para todos. Es cuanto, compañero presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Fernando Belaunzarán. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 59, eliminar el Capítulo VI, Título Segundo y 64, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidente. Con la reforma hacendaria se acabarán los privilegios que no tienen justificación ni razón de ser en cumplimiento al compromiso 72 del Pacto por México. También se propone eliminar el régimen de consolidación fiscal. Eso dijo Enrique Peña Nieto en su discurso de presentación de la reforma hacendaria el 8 de septiembre, en Los Pinos.

Se eliminan regímenes de privilegios, como lo es la consolidación fiscal, que francamente generan inequidades muy importantes. Se busca que tengamos un régimen más justo. Eso dijo Luis Videgaray en entrevista con Joaquín López Dóriga, en su noticiero de la noche al día siguiente.

La consolidación fiscal da un amplio margen de maniobra para las planeaciones fiscales, facilitando la evasión y la elusión fiscal, disminuyendo la capacidad recaudatoria del sistema. Es evidente que este régimen requiere eliminarse. Eso se establece en la exposición de motivos de la reforma hacendaria.

Entonces, me pregunto, si estamos todos de acuerdo en que se debe eliminar la consolidación fiscal, ¿por qué no la eliminaron? Porque definitivamente no lo hicieron, ciertamente le cambiaron de nombre, ahora se llama Régimen Especial para Grupos de Sociedades. Pero fuera de eso y dos cambios, como lo son el porcentaje de acciones del que deberán ser dueños y el plazo para el diferimiento de los pagos de impuesto sobre la renta, es exactamente lo mismo.

Ahí está en la ley, en el Capítulo VI del Título Segundo, de los artículos 56 al 70. Ahí está la consolidación fiscal.

Ahora bien, sé que no es un tema sencillo de comprender, pero permítanme tratar de expresar la importancia de este régimen y qué implica su existencia para las empresas y para el país.

La consolidación fiscal es una figura que permite que las grandes empresas no paguen impuestos individualmente, sino que puedan contar con las pérdidas de otras empresas de las que son dueñas o accionistas mayoritarias, como pérdidas propias y de esta forma compensar pérdidas con ganancias, simulando haber generado mucho menos ingresos para evitar aportar el impuesto sobre la renta que les corresponde.

Este régimen especial otorga un beneficio del que desde luego no gozan los pequeños contribuyentes, los pequeños negocios, los profesionistas independientes y, desde luego, quienes reciben su pago de nómina con el descuento incluido. El beneficio que obtienen estas megaempresas es en realidad escandaloso.

Por ejemplo, gracias a la consolidación fiscal Hacienda ha perdonado a 422 grupos empresariales, cerca de 850 mil millones de pesos en impuestos. Esto equivale a 26 veces el presupuesto que recibe la UNAM cada año o 65 veces lo estimado para reparar los daños materiales causados por los huracanes Ingrid y Manuel en todo el país.

Presidente, son tres reservas, le pido por favor que me dé tiempo suficiente para terminar.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Si desahoga las tres reservas sí. Adelante.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Voy a desahogar las tres reservas en este mismo momento, así que les pido por favor tolerancia. Gracias.

Decía que son 26 veces el presupuesto que recibe la UNAM cada año y 65 veces lo equivalente para reparar los daños materiales por los huracanes Ingrid y Manuel en todo el país. Nada más para que se den cuenta de qué tamaño estamos hablando.

¿Saben cuáles son las empresas que más se benefician con el régimen de consolidación fiscal? Adivinaron, las de Carlos Slim, las de los Azcárraga, las de Salinas Pliego, las de los Zambrano, los Bailleres y los Servitje.

Telcel, Grupo Carso, e Inbursa, de Carlos Slim, aunque ganan juntas más de 775 mil 70 millones de pesos, solo aportan 46 mil millones. Menos del 6 por ciento de sus ganancias.

Femsa, que embotella los productos de Coca-Cola en México, tiene ingresos por más de 236 mil 992 millones. Pero solo paga 3.3 por ciento en impuestos.

La Cementera Cemex tiene ganancias por 196 mil 330 millones de pesos. Y solo paga 3.1 por ciento.

El caso de Bimbo es aún más grave, pues de los 173 mil 139 millones de pesos que gana al año, aporta al fisco apenas 1.2 por ciento.

En cambio una papelería, por ejemplo, que gana 50 mil pesos al mes, paga 11 mil 200 pesos en impuestos. Es decir, aporta al fisco 22.4 por ciento de sus ganancias. Si pudiera consolidar como Bimbo pagaría 500 pesos.

Televisa, Walmart, Gruma y las empresas del Grupo Salinas como TV Azteca, Elektra y Banco Azteca, son otros gigantes que año con año buscan que se les reduzca, se les devuelva o se les difiera el pago de impuestos.

Este régimen de consolidación fiscal se mantiene en la nueva ley, no se elimina. Cambia que ahora las empresas deberán de ser dueñas de al menos un 80 por ciento de las acciones de las empresas controladas, en vez del 50 por ciento que contemplaba el régimen anterior. Y reduce la posibilidad de diferir los pagos de cinco a tres años. Por lo demás las cosas quedarán exactamente como están ahora y las grandes empresas seguirán sin pagar impuestos.

¿Les parece una solución suficiente cambiarle el nombre? Se debe eliminar por completo el régimen de consolidación fiscal, el cual está generando pérdidas multimillonarias para el país.

En lugar de que se afecte la clase media con impuestos, necesitamos que los grandes grupos corporativos paguen el 32 por ciento del ISR, que les corresponde por cada una de sus empresas.

Basta ya de privilegios y beneficios fiscales para los más ricos. No más simulación. No más evasión. No más consolidación. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Luisa María Alcalde Luján. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite la discusión de la modificación propuesta por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 64, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Buenos días a todas y a todos. Esta reforma hacendaria es para facilitar la reforma energética. El gobierno obtendrá más-menos 200 mil millones de pesos, para de esa manera poder entregar utilidades del petróleo a las empresas extranjeras con las que Enrique Peña Nieto se ha comprometido.

Ahora hasta los empresarios pequeños, medianos, agricultores, contribuyentes cautivos y clase media cargarán con el peso de la desnacionalización del petróleo y de la industria eléctrica. Se fabrica un ambiente falso de consenso y pluralidad para aprobar la reforma energética, al igual que hoy se aprueba la reforma hacendaria.

Los partidos del Pacto por México actúan como un solo grupo parlamentario en el Congreso de la Unión. Pero no hay tal consenso, hay diputados de izquierda que estamos en contra y dejaremos constancia de nuestro rechazo.

Al ser el neoliberalismo el proyecto de los poderes económicos, la consecuencia obvia es que las grandes empresas evadan impuestos o tuvieran durante los últimos 30 años todas las facilidades para la elusión.

Mientras en países desarrollados las grandes corporaciones pagan casi la mitad de sus ganancias al fisco, en México los 420 grupos empresariales más poderosos pagan apenas el 1.78 por ciento de sus ingresos brutos totales en materia de impuesto sobre la renta.

Se ha publicado en 2013, en la revista Forbes, a los hombres más ricos del mundo. Hay 35 mexicanos a los que les va muy bien y que no pagan impuestos que sí pagan profesionistas, el pueblo trabajador y el empresario promedio. Y ahí está Carlos Slim y su familia, con 73 mil millones de dólares. Ahí está Ricardo Salinas Pliego, con 9 mil 900 millones de dólares. La familia Servitje —como aquí se ha mencionado— con 4 mil 624 millones de dólares. Emilio Azcárraga, con 2 mil 500 millones de dólares. En fin.

En tanto, 11.7 millones de mexicanos son extremadamente pobres, 51.9 millones son pobres a secas y 32.2 millones se encuentran en situación de carencia. Es una vergüenza que con estos datos manejemos el informe por parte del Inegi de que 22 millones de mexicanas y mexicanos padecen —quizá— la peor de las pobrezas, que es la pobreza alimentaria.

La eliminación de la consolidación fiscal no fue más que un golpe publicitario sin sustento en la realidad. Una mera ficción. Chequemos los datos y yo los repaso —si me los permite el presidente— ya nada más para concluir.

La tasa efectiva de impuestos pagados al fisco en 2012 son los siguientes: América Móvil, 6.1 por ciento; Telmex, 6.5 por ciento; Carso, 2.5 por ciento; Peñoles, 9.2 por ciento; Walmart, 2.1 por ciento; el Palacio de Hierro, 2.8 por ciento; Coca-Cola Femsa, 3.8 por ciento; Televisa, 5.4 por ciento; Bimbo, 2.2 por ciento. Las devoluciones millonarias se mantendrán como los 3 mil millones de pesos, que este gobierno a través de la Secretaría de Hacienda le ha devuelto a Televisa.

Por eso, presidente, lo que estoy proponiendo es que se elimine la fracción V del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y decirle a la gente que nos puede ver todavía a estas horas de la madrugada, que lo que está detrás de este numerito es la privatización de la energía eléctrica. Y se prepara un ambiente artificial de pluralidad y de consenso, que nosotros no nos vamos a cansar de denunciar. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 73 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Roberto López Rosado:Gracias. Con el permiso de todos. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público ha establecido en su sección séptima de los coordinados en el Título II, Del régimen de las personas morales, para que los autotransportistas de pasajeros y bienes tengan la posibilidad de cumplir sus obligaciones, lo cual ha sido acertado.

No obstante, se hace necesario que existan facultades administrativas tendientes a lograr un adecuado y sencillo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que las mismas puedan ser emitidas por la autoridad fiscal, al mismo tiempo que se les permita una deducción del 8 por ciento del ingreso, con una retención del 17 por ciento.

Otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes del sector de autotransporte terrestre, de carga y de pasajeros, considerando las características propias para operar dicho sector es un esfuerzo que implica la intervención directa de la autoridad hacendaria, a través de la resolución de facilidades administrativas.

Artículo 73. Tratándose de personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales, por conductos de varios coordinados de los cuales son integrantes, cuando sus ingresos provengan exclusivamente del autotransporte terrestre.

En lo particular, se han estado presentando diversas propuestas en cada una de las reservas que aquí se han hecho, pero desafortunadamente de manera mecánica se han rechazado, se ha descartado la posibilidad de verdaderamente legislar a favor de nuestros representados y a favor de la mayoría de la población de nuestro país.

En lo general, quiero definir que los verdaderos y auténticos luchadores de la izquierda en este país seguiremos dando la batalla en contra de las reformas neoliberales y que en este batallar sin duda alguna se requiere del esfuerzo de la gente, del esfuerzo del pueblo de México, que sin duda alguna está consciente que aquí las medidas que se están tomando son un atraco, son —sin duda alguna— medidas lesivas que van a afectar a la mayoría de la población y a los sectores más vulnerables de este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Roberto López Rosado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputada y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 79, fracción X y 82, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche:Honorable Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros, la reserva que se presenta tiene por objetivo eliminar el condicionamiento que se impone a las asociaciones y sociedades que se dediquen a la enseñanza, es decir, las escuelas particulares, para no ser consideradas como contribuyentes del impuesto sobre la renta.

Nos referimos al requisito de ser instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles —en términos del artículo 82 de la misma propuesta de ley— que éstas son las menos, la mayoría no tienen esta autorización y, por tanto, esas escuelas pagarán ISR con esta propuesta del Ejecutivo.

En el Grupo Parlamentario del PAN consideramos que este condicionamiento atenta contra el derecho a la educación de muchos niños y niñas, que cursan su educación a través de estas sociedades o escuelas y que no pueden cumplir con las restricciones que la propuesta del dictamen señala.

Estas escuelas retribuyen al Estado a través de diversos condicionamientos que se les imponen. Por ejemplo, el 5 por ciento de sus alumnos becados. Sin embargo, existen muchas de ellas legalmente constituidas que subsisten sin que una parte sustancial de sus ingresos los reciban de fondos proporcionados por el Estado o de donativos, como sí los reciben varias de las asociaciones más grandes que se dedican a la enseñanza.

Las escuelas pequeñas, medianas, a donde van los niños de familias medias, medias bajas, estas sí tendrán que pagar el ISR. Además, estas asociaciones y sociedades se verán seriamente afectadas con esta reforma.

Es grande el apoyo que proporcionan al Estado en su función de cumplir con la obligación de otorgar educación a la niñez y a la juventud de México. Contribuyen, por tanto, al sostenimiento del sistema educativo del país. De ahí que es un atentado contra nuestro propio desarrollo gravarlas con el ISR, sobre todo cuando al hacerlo se pone en riesgo la existencia de muchas de ellas y si no desaparecen tendrán que subir las colegiaturas y las familias se verán afectadas en la posibilidad de que sus hijos reciban una educación de calidad.

Debemos tener en cuenta que ningún país que aspira a ser competitivo grava la educación. Consideramos que la educación no debe gravarse en México, que tiene tantos rezagos en esta materia.

Si se está a favor de la educación de la infancia, si se está a favor de que las familias que hacen un gran esfuerzo puedan sacar adelante a sus hijos para ser más competitivos en el futuro, no gravemos la educación como lo está proponiendo el gobierno de Peña Nieto, que por un lado hace una reforma educativa queriendo dar más calidad y por el otro lado grava a las escuelas que se esfuerzan en ofrecer calidad educativa.

Además, no existe seguridad jurídica en la medida legislativa que se pretende instrumentar, pues el contribuyente —es decir, estas escuelas— estarán sujetos a lo que determine la autoridad administrativa para saber si se puede o no ser considerado como contribuyente, es decir como donataria autorizada, lo cual resulta inadmisible en cualquier régimen de derecho.

Es por ello que los invito a votar a favor de esta reserva por la educación de México y de todos los niños y los jóvenes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada doña Beatriz Zavala Peniche. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe de Jesús Muñoz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar reserva al artículo 79, adicionando una fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas:Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados, quiero referirme a la propuesta del Ejecutivo federal para que las asociaciones o sociedades con fines deportivos tributen conforme al régimen general de personas morales.

Como bien se señala en el documento, efectivamente algunas de las asociaciones dedicadas a fines deportivos de carácter profesional —y que existen bien definidas— reciben cuantiosos ingresos por las actividades que realizan, por lo que es congruente que reciban el tratamiento fiscal acorde y tributen conforme al régimen de personas morales con actividad preponderantemente lucrativa.

Sin embargo, existe un número de asociaciones o sociedades deportivas no lucrativas, que —como es el caso de las pequeñas y medianas empresas— tienen menos recursos humanos y monetarios para atender su objetivo, incluso reciben apoyo económico por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para funcionar. Por lo que la imposición de esta carga tributaria ocasionaría un gran perjuicio, no solo a una asociación deportiva, sino a la sociedad en su conjunto y al propio Estado.

Inclusive parte importante de sus objetivos tienen que ver con el revertir la grave problemática de salud que está experimentando la sociedad mexicana debido al sedentarismo, que ya representa para el Estado un alto costo en el tratamiento de las enfermedades crónico degenerativas. Esto sí que impactaría negativamente el bienestar de la población.

Resulta importante destacar que el impacto negativo se extendería también a toda la comunidad deportiva que participa en eventos internacionales de la mayor importancia, como son los Juegos Deportivos Centroamericanos, Panamericanos, mundiales y los mismos Juegos Olímpicos.

Baste recordar las múltiples demandas y críticas por la sociedad por el poco apoyo que reciben los deportistas, aún teniendo gran talento, que no logran acceder a estas justas deportivas debido a que no cuentan con los recursos económicos y administrativos que se requieren para poder lograrlo.

Por otra parte, la prestación de servicios de entrenamiento físico personalizado o privado a que se alude pertenecen a clubes deportivos privados o de carácter cosmético donde se proporcionan servicios como masajes y tratamientos de otra índole, que también pueden y deben de ser diferenciados de las de carácter realmente deportivo y recibir el tratamiento fiscal como personas morales con carácter lucrativo, lográndose de esta manera el propósito del Ejecutivo de que la estructura impositiva sea equitativa.

Si hacemos un análisis de lo que se recaudaría al homogenizar a todas las asociaciones deportivas como personas morales con actividad preponderantemente lucrativa, definitivamente no contribuiría en mucho para fortalecer los ingresos del sector público y sí afectaría a una de las necesidades no solo apremiantes, sino también costosas, como es la salud de los habitantes.

Con la intención de que el propio Ejecutivo pueda definir cuáles son las asociaciones deportivas susceptibles para ser consideradas como personas morales con carácter lucrativo, propongo que sea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte el organismo que defina cuáles de todas las asociaciones civiles organizadas con fines deportivos tienen la presencia de un fin económico preponderantemente, que desde el punto de vista fiscal y en la práctica se contrapone al concepto de fin no lucrativo.

Por todo lo anterior señalado, propongo incorporar una fracción XXVI al artículo 79 del Título III, correspondiente al régimen de las personas morales con fines no lucrativos, para quedar en los términos siguientes:

XXVI. Asociaciones deportivas conocidas por la Comisión Nacional de Cultura Física, siempre y cuando estas sean miembros del Sistema Nacional de Cultura Física, en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es cuanto, señor presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, diputado federal integrante de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, en relación con el dictamen con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Impuesto Sobre la Renta, elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito poner a consideración del Pleno la reserva al artículo 129 la Ley de Impuesto Sobre la Renta, para quedar en los términos siguientes:

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2013.— Diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Felipe de Jesús Muñoz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se acepta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se integra al dictamen y se reserva para su votación nominal.

Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva al artículo 93, fracción XIX, inciso a).

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. La reserva que presento a nombre del Partido del Trabajo al artículo 93, fracción XIX, inciso a), tiene por objeto defender el patrimonio de las familias mexicanas.

Esta reserva se centra en el propósito de eliminar el gravamen propuesto en el dictamen en comento a la enajenación de casas-habitación, sin que se establezca un límite de 0.7 millones de UDI, alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, monto que se argumenta permitirá concentrar el efecto recaudatorio en poco más del 2 por ciento de las viviendas enajenadas.

Las consideraciones por las cuales establecemos que no debe precisamente establecerse este gravamen bajo ningún concepto y en base a ningún monto, es porque en la mayoría de los países de la comunidad internacional la enajenación de casas-habitación no está gravada. Las enajenaciones de bienes inmuebles con fines de lucro deben de estar gravadas, más no las que son de casa-habitación.

Una segunda consideración es que ya cubrió, o ya cubrieron los dueños de las casas-habitación el impuesto de adquisición sobre bienes inmuebles, y que ahora con esta reforma se les está privando o se está devaluando el bien inmueble en un 40 por ciento del valor, aproximadamente. Entonces, están teniendo una pérdida en su patrimonio de un 40 por ciento.

La tercera consideración o razón es el de proteger el patrimonio familiar de las familias mexicanas y el deseo legítimo de garantizar mejorar la casa-habitación de las familias en general, de las familias de los mexicanos.

Una última consideración es que el derecho a la vivienda se encuentra garantizado por el artículo 4o. constitucional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por todas las consideraciones antes señaladas, la propuesta del texto de reserva es la siguiente:

Artículo 93, fracción XIX. Los derivados de la enajenación de la casa-habitación del contribuyente.

Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted diputada doña Loretta Ortiz Ahlf. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Gracias, presidente. Los planteamientos de esta reforma fiscal encierran una profunda desigualdad. Por un lado, se mantienen los privilegios para los que más generan, y por el otro, se hace un sobrecargo a las obligaciones tributarias de los asalariados.

Con la reforma se plantea aumentar la tasa del impuesto sobre la renta de 30 a 35 por ciento a aquellas personas que tengan un ingreso mensual mayor a 41 mil 666 pesos, con 68 centavos.

Déjenme recordarles una historia que todos recibimos en nuestro correo electrónico: soy —según palabras del secretario de Hacienda y del presidente de la República— uno de esos mexicanos que más tienen. Pero gano mucho menos que un legislador, secretario de Estado y del mismo presidente. Sin embargo, soy de los que más tienen, cuando lo único que poseo es una casa de interés social con un valor comercial de 350 mil pesos y deudas por más de 500 mil pesos. Soy un ciudadano, como muchos mexicanos, que trabaja día a día para sacar adelante a su familia. Gano 44 mil pesos al mes, antes de impuestos y no por eso me considero rico.

Trabajo entre 54 y 60 horas a la semana para poder cumplir con lo que me encomiendan en la compañía para la que laboro. Sufro de estrés y he llegado a punto casi de divorcio por tanto trabajar.

Provengo de la cultura del esfuerzo. No me considero rico. No tengo capacidad de ahorro. Y como muchos de clase media pago todo por mi cuenta, incluyendo impuestos locales y federales.

Esta reforma nos pega directamente, no solamente a mí y a mi familia, sino también le va a afectar a familias para las cuales le beneficia directamente mi salario. Pago una trabajadora doméstica y ante el aumento de impuestos no tendría más remedio que decirle que ya no tendrá trabajo. Pago clases especiales de una de mis hijas que tiene problemas de desarrollo psicomotor y para la cual en el IMSS nunca nos atendieron ni diagnosticaron de manera adecuada. Por lo que este impacto implicaría reducir de tres a una clase a la semana y de la cual se beneficia directamente una doctora que brinda ese servicio y su familia y, obviamente, se vería afectada la salud de mi hija.

Trataba de vacacionar una vez al año, ya que trabajo muchas horas y la familia también requiere distracciones. ¿Quién no aspira a eso? Y seguramente ya no vacacionaremos y se verá afectada la contribución económica de las familias de los lugares turísticos. Todo esto es porque los impuestos aumentarán, pero no mi salario.

No me sobra dinero, trabajo todos los días para poder pagar colegiaturas, médicos, terapias, hipoteca, el crédito del auto, comida que cada vez es más cara, servicios básicos, como agua, luz y teléfono. Estoy a favor de brindar desarrollo a los más necesitados, pero en el entendido de que paguemos impuestos no solo unos cuantos, hay miles de trabajadores informales que ganan más al mes de lo que gano, ¿cómo se hará para que ellos paguen impuestos?

Muchos comerciantes millonarios que compran y pagan muy barato a los campesinos y venden obteniendo jugosas utilidades sin ser gravados. Imaginen lo que significaría atraer a la formalidad a miles de mexicanos. Hasta aquí la historia.

Pero la reforma propuesta de fondo no merecería ningún tipo de objeción, pues se cobra un mayor porcentaje a las personas que más ganan. Sin embargo, de un análisis global de la situación, lo anterior es falso. Únicamente se hace mayor cobro a los asalariados que más ganan, no a aquellos contribuyentes que más ingresos generan y que más impuestos deberían pagar.

Lo anterior plantea que la carga de la reforma fiscal sea soportada únicamente por la clase media, dejando a los grupos empresariales como entidades protegidas de la carga tributaria, permitiéndoles la existencia de un régimen tributario preferencial que atenta en todo momento contra la equidad tributaria.

Habría que preguntarnos qué equidad puede predicarse de un régimen tributario en el que un grupo empresarial reporta menores impuestos que sus empleados.

La reserva pretende modificar el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que la retención, que se calcula aplicando la totalidad de los impuestos obtenidos en un mes de calendario, sobre el 30 por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior.

Consideren acuciosamente el sentido de su voto contra esta propuesta. Se enfrentan a una ciudadanía cada vez más crítica y participativa que ya se encuentra cansada de abusos. Estamos a tiempo de realizar una reforma hacendaria en la que paguemos todos, incluyendo las grandes empresas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Zuleyma Huidobro. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar reserva al artículo 96, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, este artículo que nos hemos permitido reservar es un artículo que intenta llamar la atención de ustedes para que podamos atender la garantía de proporcionalidad, dado que lo que proponemos es elevar el rango del salario que está exento del pago de impuestos, porque lo que se plantea es que no esté exento de pago de impuestos un salario mínimo.

El ingreso de los trabajadores en ese rango de ingresos es claramente insuficiente para garantizar la subsistencia de éste y su familia. Como ustedes saben, un salario mínimo mensual equivale aproximadamente 1,800 pesos por mes, exactamente 1,870 pesos mensuales, a razón de 60 pesos el día. ¿Qué se puede hacer con 1,870 pesos mensuales? Nada. Comprar una canasta básica raquítica, con incluso pocos productos de esta canasta básica. Por eso lo que proponemos aquí es elevar el rango a dos salarios mínimos.

La mayor parte de mexicanos de este país oscila en este rango. Les pregunto, ¿por qué gravarles a los trabajadores que ganan más de mil 870 pesos al mes? Es decir, aquel que gana 2 mil pesos, 2 mil 500, 3 mil pesos, estaría y sería susceptible de gravarse.

Lo que planteo en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es que se eleve a dos salarios mínimos el nivel de afectación para que pudiera establecerse la carga impositiva, la retención a partir de dos salarios mínimos.

Lo que planteo es que en el artículo 91 diga: quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales, que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuentas del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban hasta dos salarios mínimos general, correspondiente al área geográfica de contribuyente. La retención se calculará aplicando la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario.

Ésta es la propuesta que planteo. Sé que es inútil, ustedes no escuchan razones. La mayoría mecánica se impone, pero nosotros no los vamos a cansar, por eso estamos hasta estas horas, porque seguiremos insistiendo en lo depredador, lo injusto, lo inequitativa y desproporcionada que resulta esta reforma fiscal.

Y no nos cansaremos, seguiremos insistiendo en propuestas razonables, aunque ustedes mecánicamente las rechacen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Ricardo Monreal Ávila.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se rechaza. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 100, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ha declinado la presentación de su reserva.

Tiene el uso de la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 109, párrafo cuarto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. Hago una reserva al artículo 109, cuarto párrafo, del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. La siguiente exposición de motivos que presento, lo hago pensando en que podría pasar. Pero siempre pensamos en la gente que menos tiene.

El campo mexicano está integrado principalmente por personas físicas que explotan pequeños núcleos de propiedad, que difícilmente pueden obtener los ingresos suficientes para su subsistencia. Sumado a lo anterior debemos tener en cuenta la ausencia de tecnología efectiva para el desarrollo industrial del campo, lo que somete a las actividades agrícolas a los temporales y a la siembra estacional.

No obstante lo anterior, el Estado lejos de fortalecer la industria a través de la creación de políticas públicas tendientes a la implementación de tecnología entre los productores y apoyos que efectivamente contribuyan para el desarrollo de la industria agrícola, han facilitado la marginación de este sector.

La reforma que hoy discutimos muestra de nueva cuenta que está siendo regresiva. En vez de cobrar lo correspondiente a los que más generan, en cumplimiento a la equidad tributaria, plantea la eliminación del régimen simplificado. Lo que indudablemente atentará de forma alarmante en contra de los productores agrícolas.

Se plantea que los productores agrícolas, quienes viven difícilmente y que apenas y producen para el sustento, también contribuyan de la misma forma que cualquier persona física que presta un servicio profesional. ¿Ustedes creen que un campesino va a poder hacer esta actividad?

La incorporación de los pequeños productores al sistema tributario debe ser razonada, estableciendo a la vez los incentivos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Su incorporación no puede ser por decreto cuando persisten tantas desigualdades.

Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente reserva: Reserva al artículo séptimo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo 109, cuarto párrafo del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Único. Se modifica el cuarto párrafo del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales en el mismo ejercicio, deberá determinar la renta gravable que en términos de esta sección corresponda a cada una de las actividades en lo individual. Para esos efectos se aplicará la misma proporción que se determine en los términos del artículo anterior.

Las personas físicas con actividades empresariales, que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, considerarán como ingresos exentos del impuesto los ingresos derivados de esas actividades, que no exceden los 200 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal.

Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer esta reserva o este dictamen estarían de acuerdo conmigo en que es necesario proteger al campo de nuestro país. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea, si se admite a discusión. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 109, párrafo último de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, los productores del campo siempre han estado en el discurso de los políticos muy cerca. Sin embargo, en la realidad no han recibido la atención que merecen.

Me referiré en esta reserva a los productores de agave. El agave se ha constituido como un emblema de la nacionalidad mexicana. Y el producto del mismo, el tequila, se constituye como la bebida nacional por excelencia. Sin embargo, el cultivo del agave no es sencillo y corresponde a un periodo de siete años, en donde el agave debe madurar antes de su utilización en el proceso y en la elaboración del tequila.

Durante este periodo no existen beneficios obtenidos por la cosecha de los agaves. Es decir, durante ese periodo de siete años las inversiones son fuertes y no existe remuneración alguna para los productores. No obstante esta condición natural adversa a los productores de agave, se pretende hoy eliminar el régimen simplificado, bajo el cual tributaban gran parte de los productores de este insumo.

Lo anterior representará un atentado contra de la economía de los productores de agave, pues no existe una aplicación de un régimen que les permita evitar la carga tributaria durante el periodo de maduración de ese insumo.

Por lo anterior, se plantea que se incluya la necesidad de reconocer un régimen tributario más favorable para los productores de agave y con ello beneficiar de igual forma a un producto nacional con reconocimiento en todo el mundo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente reserva al artículo 109, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenido en el artículo séptimo del decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y expide la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Único. Se modifica el artículo 109, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue.

Artículo 109. Los contribuyentes a que se refiere esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 147 de esta ley. Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, las deducciones autorizadas en esta sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate.

A la utilidad fiscal así determinada se le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y, en su caso, las pérdidas fiscales determinadas conforme a este artículo pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. El resultado será la utilidad gravable.

Concluyo, señor presidente. En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales en el mismo ejercicio, deberá determinar la renta gravable que en términos de esta sección corresponda a cada una de las actividades en lo individual. Para estos efectos se aplicará la misma proporción que se determine en los términos del artículo anterior.

En el caso de los productores de agave que se dedican preponderantemente a esta actividad y que lo acrediten de forma indubitable ante las autoridades fiscales, se les aplicará una exención de sus ingresos durante el periodo de cultivo de este producto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros, por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado José Luis Valle Magaña. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Treviño Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar reserva al artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Javier Treviño Cantú:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, mi reserva tiene que ver con el artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en esta sección segunda, sobre la enajenación de acciones en bolsa de valores.

Este artículo define claramente que las personas físicas estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se considerará como definitivo aplicando la tasa del 10 por ciento a las ganancias obtenidas en el ejercicio derivado de diferentes enajenaciones.

Más adelante, el artículo 129 señala que lo dispuesto en este artículo no será aplicable, por lo que se deberá pagar y enterar el impuesto conforme a las demás disposiciones aplicables a la enajenación de acciones previstas por este título, y ahí señala que caerían en esta definición la enajenación de acciones o títulos que no se consideren colocados entre el gran público inversionista o a la celebración de operaciones a que se refieren diferentes fracciones de este ordenamiento.

Mi reserva y mi propuesta, compañeras y compañeros legisladores, es añadir en este caso tres casos de excepción. Un primer caso sería que las acciones o títulos hubieran sido adquiridos como consecuencia de la escisión de sociedades emisoras, cuyas acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista, entre la fecha de escisión o como consecuencia de fusión, siempre que las acciones de las sociedades fusionadas y la fusionante se consideren colocadas entre el gran público inversionista en el momento de la fusión. Éste sería el primer caso de excepción en este señalamiento.

El segundo sería que las acciones o títulos hubieran sido adquiridos como consecuencia de aumentos de capital de sociedades emisoras cuyas acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista al momento de realizarse el aumento de capital.

Y el tercer caso de excepción sería que en cualquier otro caso en que se enajenen en bolsa de valores autorizadas acciones o títulos que se consideren colocados entre el gran público inversionista, siempre y cuando los títulos que sean enajenados mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo de 24 meses, no representen en ningún caso más del 1 por ciento de las acciones en circulación de la sociedad emisora de las acciones y que en ningún caso el enajenante de las acciones o títulos encuadre en los supuestos contenidos en el numeral 2 siguiente.

Estos serian los tres casos de excepción que se proponen añadir en este artículo 129, a fin de proteger también a muchos de los empleados o trabajadores que reciben como compensación acciones u opciones y esto tendría un beneficio claro para estos trabajadores y empleados.

Ésta sería la propuesta y espero que puedan apoyar esta reserva. Es cuanto, diputado presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe Javier Treviño Cantú, diputado federal integrante de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, en relación con el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Derechos, así como la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito poner a consideración del Pleno la reserva al artículo 129 la Ley de Impuesto Sobre la Renta, para quedar en los términos siguientes:

Artículo séptimo. Se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta:

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2013.— Diputado Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado don Javier Treviño Cantú. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si el asunto se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aceptarse.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aceptarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se integra al dictamen y se reserva para su votación nominal. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier:Buen día a todos, compañeras, compañeros. Con el permiso de la Mesa Directiva. Señor presidente. En el dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público se ha establecido acertadamente un gravamen para las ganancias obtenidas en la venta de acciones en las bolsas de valores.

No obstante, se hace necesario incrementar el 10 por ciento propuesto a un 15 por ciento como impuesto definitivo, ya que sería más justo cobrarles una tasa efectiva cercana al promedio de las tasas efectivas que se cobrarán en las tarifas del impuesto sobre la renta.

La tasa del 10 por ciento corresponde a ingresos que llegan hasta a 10 mil pesos mensuales de ingresos y la tasa del 15 por ciento se aproxima al promedio de la tasa efectiva de 31.45 por ciento, que se cobrará a los ingresos de 250 mil pesos mensuales para cualquier persona física.

Ya que ha sido evidente durante años lo abusiva que fue la excepción, porque ha sido aprovechada en forma excesiva por accionistas de grandes grupos empresariales de nuestro país —que hoy han nombrado y además que paradójicamente son personas físicas con grandes recursos patrimoniales a su disposición— es de suyo injusto para efectos constitucionales que los sectores de mayor rezago social en México, en particular los trabajadores de bajos salarios, a partir de ciertos niveles de ingresos, tengan que pagar el impuesto sobre la renta a su cargo, en tanto que los grandes empresarios del país cuyas fortunas personales exceden en forma mayúscula e incalculable las de aquellos gocen de una tasa preferencial, aunque hay que reconocer que ya no será de una exención total en el pago del propio impuesto al momento en que hacen efectivas sus ganancias del capital con motivo de la enajenación de acciones.

Por este conducto y con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, propongo modificar el artículo 129 en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y expide esta Ley de Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, desde el inicio de este gobierno se han ingresado iniciativas y aprobado reformas que dañan al pueblo mexicano y que no se les ha dado la oportunidad de opinar para decidir si están de acuerdo o no.

Con esto también nosotros violamos la Constitución que nos habla de que el pueblo tiene que decidir y debe tener la oportunidad de opinar. ¿Acaso ya se les olvidó a cada uno de los que estamos aquí hoy, a quiénes representamos? ¿Acaso no está todavía activo el 2015 y presente para cada uno al ir a mostrar sus caras para pedir en cada uno de sus distritos el voto, sabiendo que hoy muchos de los que hoy estamos aquí están votando a favor de Enrique Peña Nieto y en contra del pueblo de México?

Recuerden que el pueblo tiene memoria y —como decía Andrés Manuel López Obrador— tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto.

México: despierta, porque aquí Enrique Peña Nieto está trampeando con todos, todos y cada uno de los diputados que han estado apoyándolo en todas sus reformas y en todas sus iniciativas, y recuerda siempre que no hay ninguna reforma que sea a favor del pueblo mexicano. Todas van en contra de la economía familiar.

Por eso el llamado a los mexicanos a alzar la voz y a defender lo que es nuestro. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Claudia Bojórquez Javier. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 151, párrafo último, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Agradeciendo al diputado Mejía, proceda la Secretaría a dar lectura a la fe de erratas presentada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, quienes integramos la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, nos permitimos poner a su consideración la presente fe de erratas a la fracción IV del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contenido en el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para quedar de la siguiente manera:

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de octubre de 2013.— Diputados: José Isabel Trejo Reyes, Presidente; Humberto Alonso Morelli, Carlos Alberto García González, Ricardo Villarreal García, Javier Treviño Cantú, Elsa Patricia Araujo de la Torre, José Sergio Manzur Quiroga, Jorge Herrera Delgado, Issa Salomón Juan Marcos, Paulina Alejandra del Moral Vela, María Sanjuana Cerda Franco, Tomás Torres Mercado, Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbricas), secretarios.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría la asamblea si se admite a discusión la modificación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se incorpora al dictamen y se reserva para su votación nominal. Adelante, diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Cuando usted dijo que era una fe de erratas, pensé que era una fe de ratas, porque lo que ha habido aquí es un robo en despoblado al pueblo de México. Y por ahí algunos decían que tienen sueño, que ya se quieren ir a dormir, que cuántas reservas faltan. Pero les puedo decir que el que no va a dormir a partir de mañana son millones de mexicanos con el atraco fiscal que están cometiendo.

Están empeñando a millones de mexicanos en un régimen fiscal abusivo, depredador, injusto y que los va a perseguir por el resto de sus carreras políticas. Por esa razón, nosotros votamos en contra y estamos proponiendo que se elimine este régimen de deducibilidad, donde solamente las personas físicas, los profesionistas independientes, la gente que con esfuerzo logra abrirse camino van solamente a deducir el 10 por ciento, según el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Esto es un atraco, esto es un abuso, porque se está no solamente mermando sus ingresos con nuevos impuestos, elevando la tasa del impuesto sobre la renta, sino también quitándoles la posibilidad de deducir gastos. Es decir, más impuestos y menos posibilidad de deducir sus gastos.

Por eso nosotros estamos proponiendo que se elimine este tope ridículo, irrisorio a las deducciones de las personas físicas, a los profesionistas, que se vote un cambio al artículo 151. Éste es uno de los temas más relevantes para las personas física que pagan impuestos, el que de la noche a la mañana no solamente vayan a pagar más impuestos, sino tengan menor posibilidad de deducir sus gastos.

Ésta es una situación muy grave, tan grave como el IVA del 11 al 16 por ciento en las fronteras en varios estados del país, que afecta a millones de mexicanos. Es tan grave, como la afectación a los pequeños comerciantes, al campo, a los agricultores y a todos los sectores que el día de hoy están golpeando con esta reforma fiscal criminal.

Si atentan contra los profesionistas con esta reforma al artículo 151 será el tiro de gracia que simplemente van a ir a la informalidad, a la actividad no declarada y están dañando severamente a las clases medias del país. Pero creo que ahorita les importa más ir a dormir, no tienen conciencia, no tienen sentido del daño que han hecho a millones de mexicanos y simplemente están pensando cómo clausurar esta reunión.

Es lo que quería expresar. Sabemos que vendrá un rechazo mecánico, irreflexivo a estas propuestas. Pero nosotros queremos dejar constancia, nosotros no nos vamos a rendir. Sabemos que vienen más reformas regresivas, pero tarde o temprano el pueblo de México va a despertar y los va a poner a ustedes en su lugar, en el basurero de la historia.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos de Jesús Alejandro, para presentar reserva al artículo 151, párrafo último, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro:Con su permiso, presidente. Sin duda correré el mismo riesgo que el diputado Ricardo Mejía. No obstante, tenemos que seguir debatiendo, discutiendo, sensibilizando en esta reforma fiscal que sin duda que atenta contra millones de trabajadores.

En el mismo sentido, el artículo 151, contenido en el Título IV, relativo a las personas físicas, en el Capítulo XI, relativo a las deducciones personales en la declaración anual para las personas físicas que están bajo el régimen de honorarios profesionales, atenta aún más contra los impuestos que de por sí se cargan a las personas físicas.

No obstante, tienen que pagar IVA y recuperan solo un porcentaje mínimo. No obstante, se les retiene ya de por sí un porcentaje del 10 por ciento del impuesto sobre la renta. No contento con ello, esta propuesta de reforma fiscal propone reducir las deducciones personales que tienen que ver con los gastos elementales para el bienestar familiar: los gastos u honorarios médicos y gastos hospitalarios, los gastos de defunción, los gastos que tienen que ver también con los donativos, con los intereses, con los gastos de transporte escolar.

Le estamos quitando la posibilidad de que puedan deducir estos gastos, estas deducciones que sin duda se les otorga como ciudadanos bajo un esquema no de contribuyentes sino de personas.

Déjenme cambiar el tema, porque propongo en este sentido eliminar este último párrafo de este artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, ante esta embestida para las personas físicas bajo el régimen de honorarios se otorgan paraísos fiscales, nada más y nada menos que las empresas mineras, hoy se nos dice —y hay un discurso— de que van a tributar mayor, con un porcentaje mayor, cuando estas empresas mineras están en un paraíso fiscal.

En México, es el único país que contra la norma internacional se le sigue regalando el territorio y nuestros minerales.

En nuestro país existen más de 96 millones de hectáreas, de las cuales casi el 100 por ciento están en territorios indígenas. Donde las empresas han encontrado en México su minita de oro para seguir explotando y llevándose los recursos pagando irrisorias cantidades por los derechos por hectárea que se les concesiona para su exploración y para su explotación. Solamente en México pasan estas aberraciones.

Y hoy, supuestamente, decimos que hay un impuesto sobre estos derechos especiales mayor, que se eleva del 1.8 al 7.5, cuando a las personas físicas en este artículo 151 y sobre todo, en el 152, donde está contenida la tarifa de impuesto sobre la renta, ahí las personas físicas pagan desde el 31 hasta el 35 por ciento sobre su ingreso. Y a las empresas mineras se les permite apenas un pago de derechos del 7.5 por ciento, llevándose millonarias cantidades de recursos y que ni siquiera quedan en nuestro país, se van al extranjero.

Ojalá reflexionemos en este sentido, compañeras y compañeros legisladores y legisladoras. Para que hagamos justicia a millones de personas físicas que están bajo este régimen de honorarios profesionales, cuando no encuentran cabida para ser contratados por empresas donde puedan darles sus previsiones sociales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Carlos de Jesús Alejandro. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Víctor Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís:Gracias, presidente. Buenas noches a todos. La verdad que en un principio, en un comienzo busco y pretendo pedir paz a todos los compañeros y amigos de la oposición, pero principalmente a los de izquierda, y muy básicamente a los amigos del PRD.

Porque hace precisamente un año, cuando promoví esta misma reserva, fue apoyada precisamente por toda la oposición y logramos que Hacienda —como en muchos otros temas— reculara y sacara adelante este tema y que prosperara, que es muy sencillo.

Es simplemente no complicarle la vida al contribuyente, para efectos de poder deducir los ya tan limitados gastos que le permitimos deducir al obligar a bancarizarlos. Esto obligaría a que la compra de medicinas, a que las consultas médicas tuviesen que pagarse con cheque o que tuvieran que pagarse con una transferencia bancaria, lo cual para muchas familias es muy complicado.

Y les digo paz a los amigos del PRD, porque estoy seguro que lo que pasó el día de hoy, lo que viven con el PRI es solamente una aventura, es como una canita al aire, porque muy pronto se van a arrepentir. Venimos juntos de muchas cosas muy importantes. Venimos juntos —y no lo olviden— de ganar Oaxaca, de ganar Puebla, de ganar Sinaloa, y muy recientemente de ganar Baja California juntos.

Aquí algunos amigos de la izquierda del PRD nos han cuestionado, nos han preguntado que por qué perdió Josefina, por qué perdió el PAN. Les digo que no se pierdan, que no pierdan su tiempo, tampoco ganaron ustedes, tampoco ganó El Peje, como tampoco ganó en el 88 Cuauhtémoc Cárdenas, porque al PRI se le cayó el sistema, y no lo olviden.

Como tampoco ganó en el 2006 López Obrador, porque Madrazo no convenció ni a los mismos priistas, porque el Tucom nos dio una apoyadita, una ayudadita, y por eso tampoco ganaron. Como tampoco ganaron en esta reciente ocasión, porque esos grandes empresarios, esos grandes capitales lo surtieron de tarjetitas. Que por cierto no se les ha olvidado —estoy seguro— porque cuando vino Peña Nieto le aventaban ustedes billetes. Aquí lo vimos y quiero pensar que para mañana se van a acordar.

Ya para concluir, les quiero decir que no se dejen engañar, que no se vayan a dormir, porque si se duermen —concluyo, presidente— amigos del PRD, de la izquierda, les vaticino el mismo desenlace del cuento de Augusto Monterroso, que va en el siguiente tenor: y cuando despertó el dinosaurio estaba ahí. Estaba vivo. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Víctor Fuentes Solís. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

Diputadas y diputados, las reservas se entregan por escrito. La reserva es al artículo 151. Dependiendo de la claridad de la exposición están ustedes en absoluta libertad de votar en un sentido o en otro. Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Purificación Carpinteyro. Dígame diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Oiga, es que la verdad quisiera saber cuál es la reserva que tenemos que votar, o que nos traigan un intérprete, porque la verdad es que no entendimos. Rubén Aguilar, por ejemplo, lo que el diputado quiso decir ¿fue?

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Registramos su intervención, diputada. Ya ha sido votada y, por cierto, desechada por esta Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra, la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez:Gracias, presidente, con su venia. La verdad me alegro que Víctor me haya antecedido, porque ya me tocó una asamblea más despiertita, está mucho mejor el asunto.

Vengo a hablar aquí del impuesto sobre la renta a personas físicas, esta tasa progresiva. El argumento que he escuchado de compañeros y muy buenos amigos que tenemos en la izquierda —que están acompañando al PRI gobierno en esta miscelánea— es porque esto va a ser que paguen más los que ganan más. Entiendo que ése es el argumento y nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo con ese concepto.

Sin embargo, vengo a la tribuna a exponer a ustedes que de la forma en que determinaron la progresividad a partir de la mezcla de la tasa de ISR con el límite de deducciones personales, da por resultado que en porcentaje terminarán pagando más los trabajadores y profesionistas independientes que ganen menos. Como lo oyen compañeros diputados y compañeras diputadas.

Voy a poner un par de ejemplos, el cómo es eso. Un trabajador que gane 84 mil pesos al año. Es decir, 7 mil pesos al mes en el régimen actual, deduciendo como hasta hoy deducimos impuestos, si tuviera que pagar una emergencia médica que lo llevara a hospitalizarse por tres o cuatro días y a erogar 50 mil pesos, pagaría al año 1,909 pesos de ISR. Con la iniciativa que hoy quieren aprobar, ese mismo trabajador, bajo la misma lógica, tendría que pagar 5,695 pesos. Es decir, la tasa real pasaría de 2.27 por ciento a 6.78 por ciento, o sea, se le incrementaría un 198 por ciento, compañeros.

Otro ejemplo, un trabajador que gana 12 mil pesos al mes pagaría en la ley actual 2,898 pesos, asumiendo la misma emergencia médica del ejemplo anterior. Con la nueva iniciativa, el ISR progresivo, pagaría 14,373 pesos. Pasaría de una tasa del 2.012 por ciento a una de 9.98 por ciento. O sea, la tasa real crecería en 396 por ciento.

Pero vamos a los ricos. Quien hoy gana un millón 100 mil pesos al año, o sea 91,600 pesos al mes, con las mismas deducciones de los ejemplos anteriores, pagaría 257,485 pesos. Y con la nueva tasa, la progresiva, la que va a hacer que paguen más, pagaría 265,203 pesos. El crecimiento de la tasa real pasaría de 23.40 a 24.11. Solo el 3 por ciento.

No nos vayamos a equivocar. Los que de verdad son ricos en México, los que de veras, de veras son ricos —así como Granier, como Romero Deschamps, como Moreira y, por supuesto, sin olvidar al buen gober precioso— esos se van a llevar con la velocidad de un click su dinero a otros países a donde no tengan que pagar impuestos.

Con esta iniciativa están atentando contra los trabajadores, contra los mexicanos que día a día salen a ganarse el sustento para sus familias, y ven con impotencia cómo el gobierno gasta cada día más.

Cómo piden que esta soberanía apruebe aumento en el gasto de la oficina del presidente en más del 4 por ciento para 2014. Cómo el gobierno federal gasta más de 20 mil millones de pesos adicionales solo en gasto corriente y sigue sin iniciar acciones a favor de la transparencia y la rendición de cuentas que ofrecieron en campaña. No se les olvide.

Termino, presidente. No se vale, señores, exigirle al pueblo que pague más impuestos y se apriete el cinturón mientras no se predique con el ejemplo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Aurora Aguilar Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar reserva al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente; diputadas y diputados. Con todo respeto solicito su atención para expresarles que es nuestro deber como legisladores construir una cultura de la inclusión para nuestro país, por lo que es oportuno que pensemos también en los grupos vulnerables, ya que es nuestro deber también proteger sus derechos.

Me refiero específicamente a las personas adultas mayores, porque Nueva Alianza estima que este sector de nuestra población merece todo nuestro respeto y consideración. Es del conocimiento de todos los presentes que ellos han dado su vida por el crecimiento y desarrollo de nuestro país y es un acto de exclusión —estarán de acuerdo conmigo— que aún no tengamos condiciones para poderles garantizar pensiones dignas, y en este momento tener condiciones casi nulas posibilidades de que ellos puedan contar con un trabajo.

Cito para ilustrar unos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Durante el segundo trimestre de 2012, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más es de 34.9 por ciento y su comportamiento por edad y sexo indica que disminuye conforme avanza la edad y su nivel es mayor entre los hombres.

Cabe señalar que el 17 por ciento de la población que se encuentra en la etapa de vejez avanzada, es decir, 75 años y más, se inserta en el mercado laboral como persona ocupada o como persona que está luchando por encontrar un empleo.

Además de lo anterior, solo un 33.1 por ciento de los adultos mayores es empleado en trabajos calificados, porcentaje que disminuye en los trabajadores de 60 años y más a un 18 por ciento, situación que afecta su ingreso y, desde luego, su calidad de vida.

Ante esto es evidente que debemos impulsar el empleo formal de personas adultas mayores mediante el otorgamiento de estímulos a aquellos contribuyentes, personas físicas y morales, que los incorporen a sus plantillas de personal.

Resulta importante señalar que en el artículo 1.7 del decreto presidencial del 30 de marzo de 2012, se otorgó un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que emplearan a personas de 65 años o más de edad.

Lo que planteo es lo siguiente: que integremos este estímulo a la ley que hoy está a debate. Esto daría certidumbre tanto a los contribuyentes y seguridad a nuestros adultos mayores.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza propone a esta soberanía incorporar un párrafo en el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y armonizar la denominación del Capítulo II del Título VII, para quedar de la siguiente manera.

Artículo 189. Se otorga un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores consistente en el equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años o más. Para estos efectos se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular en el ejercicio que corresponda las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Su voto a favor de esta reserva nos abre la posibilidad de que como legisladores abramos opciones para que las condiciones de nuestros adultos mayores de todo el país vayan mejorando. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Ciudadanos  Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Diputado José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o. fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó al Pleno de esta honorable comisión, la reserva al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del artículo séptimo del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, por la que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de lo siguiente:

Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados, a los 17 días del mes de octubre de 2013.— Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don José Angelino Caamal Mena. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto es de aceptarse.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se consulta a la asamblea en votación económica si el asunto es de aceptarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se integra al dictamen y se reserva para su votación nominal.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar reserva al artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Buenos días, presidente. Es un proyecto de decreto que adiciona el artículo 194 a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Estimadas compañeras y compañeros diputados, el dictamen que propone la Comisión de Hacienda acerca de eliminar la posibilidad de deducir de forma inmediata el valor presente de las inversiones es un grave error dado el contexto de debilidad del mercado interno aunado a un clima de incertidumbre global.

Quitarle la posibilidad de deducción a los micro, pequeños y medianos industriales y empresarios tiene un impacto directo en el sector que genera 7 de cada 10 empleos en el país.

Si quitamos el esquema actual en que las personas físicas y morales pueden deducir de manera inmediata la inversión de bienes nuevos de activo fijo deja sin posibilidades de contar con liquidez, y desmotiva a los empresarios a que sigan reinvirtiendo para fortalecer la competitividad y productividad de sus empresas.

El cambio propuesto en este dictamen va en un sentido inverso a la lógica de la promoción del desarrollo económico, ya que la eliminación de la deducibilidad inmediata limita el desarrollo de la industria. No solo eso, dado que las empresas no son entes aislados sino que forman parte de las cadenas productivas que a su vez conforman la economía en las regiones del país.

Debemos reflexionar más a fondo sobre esta eliminación, porque el hecho de que estamos ante una desaceleración económica nos obliga a generar instrumentos de promoción económica que se aterricen en políticas públicas de fomento a la industria y no a privilegiar la recaudación como un fin en sí mismo.

La deducibilidad lineal al 100 por ciento propuesto en el dictamen hace que se pospongan las inversiones y limita el crecimiento productivo nacional.

Lo que propongo es impulsar el crecimiento que favorezca los empleos que el país necesita y fortalezca la competitividad. En épocas de crisis el Estado tiene que fomentar las inversiones y el crecimiento. Estamos porque se mantenga la deducibilidad en los términos de la ley vigente, por tanto sometemos a consideración de esta asamblea se adicione el artículo 194 a la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta propuesta en el dictamen, solicitando se traiga a cuenta el texto íntegro del artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta hoy vigente, para efectos de la economía legislativa solicitando se tenga por transcrito.

Asimismo solicito a la Presidencia se incluya mi reserva de forma íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Fernando Bribiesca Sahagún. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para proponer la adición de un Capítulo VII al Título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Hoy vengo a presentar una reserva para adicionar al final del cuerpo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se incluye en el dictamen de la Comisión de Hacienda que estamos discutiendo dos artículos el 194 y el 195, en un Capítulo VII, para regular el trato fiscal a las sociedades cooperativas de producción.

Me dirijo a ustedes con el ánimo de solicitar su solidaridad con el sector social de la economía y, en particular, con las sociedades cooperativas de producción. Como lo he señalado en múltiples ocasiones desde esta tribuna, como sociedad estamos obligados a impulsar la actividad del sector social de la economía, como lo señala el párrafo séptimo del artículo 25 de nuestra Constitución.

Es por eso que en mi carácter de diputada federal, como presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, y solidaria con el sector cooperativista de la economía les solicito su apoyo con el propósito de adicionar en el dictamen a discusión este capítulo, que persigue reconocer la importancia de esta forma asociativa que en otros países ha demostrado ser de gran importancia para fortalecer el tejido social y productivo, y para hacer frente a las recurrentes dificultades económicas.

Es importante señalar que las cooperativas de producción son formas asociativas que cumplen con sus obligaciones fiscales, pero que desafortunadamente hay grupos empresariales que buscan evadir impuestos y éstos simulan el registro de cooperativas defraudando al fisco. Nos oponemos totalmente a esos simuladores que casualmente son promovidos por algunas de las grandes empresas que operan en el país.

Por esa razón, consideramos conveniente acotar a solo dos años el plazo para que las sociedades cooperativas de producción realicen el pago del impuesto sobre la renta de los rendimientos que no hayan distribuido entre sus socios. De esta forma, se impide la simulación y se combate a las prácticas fraudulentas de algunos grupos empresariales.

Compañeras y compañeros diputados, al votar ustedes esta reserva se incorporará este Capítulo VII, con los párrafos que ya les mencioné, con dos nuevos artículos el 194 y el 195, que permitirán fortalecer a la economía social y deslindar a los cooperativistas responsables de aquellos que son francamente evasores fiscales.

Les pido votar a favor de esta propuesta, porque como lo proclamó la Organización de las Naciones Unidas en el año 2012, el Año Internacional de las Cooperativas, las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Muchas gracias por su apoyo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Alliet Mariana Bautista Bravo, promoviendo en mi carácter de diputada federal a la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados, ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que por este conducto, y con fundamento en los artículos 6, fracciones IX y X; 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso General de la Unión, vengo a interponer reserva al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto, relativo a su artículo séptimo, con la finalidad de adicionar un Capítulo VII al Título Séptimo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, denominado De las Sociedades Cooperativas de Producción, que contiene los artículos 194 y 195, para quedar como sigue:

México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Diputada Alliet Mariana Bravo Bautista (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se integra al dictamen y se reserva para su votación nominal.

Tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva a las fracciones XV y XVI del artículo noveno de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Declina su intervención don Silvano Blanco Deaquino.

Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Sánchez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una adición de un seguro párrafo al artículo noveno de las disposiciones transitorias. Nos informa que no declina.

El diputado Mario Sánchez Ruiz:Gracias. Con su venia, señor presidente. Amigas y amigos diputados, en el Partido Acción Nacional hemos estado siempre a favor de impulsar medidas que favorezcan la competitividad, el crecimiento económico del país y el beneficio de los mexicanos.

Hoy ponemos a consideración de esta honorable soberanía esta reserva, que va a evitar que se anule una medida que ha sido un importante estímulo para promover la inversión productiva y la generación de empleos en México, que es la deducción inmediata de inversiones, establecida en nuestra legislación vigente en materia del impuesto sobre la renta en su artículo 220.

Un argumento para impedir que se elimine esta medida es que en todos los sistemas impositivos de nuestros principales competidores comerciales existen alicientes para la inversión, como éste que hoy se pretende eliminar en el dictamen a discusión, esto nos pondría como nación en una clara desventaja competitiva.

Otro elemento es que si queremos tener ritmo de crecimiento económico sostenido de un 5 por ciento o más en el corto o mediano plazo es indispensable promover la inversión.

Que quede claro, sin inversión no hay crecimiento económico ni generación de empleos. Esto quedó demostrado en las recientes inundaciones suscitadas en diversas regiones del país. Las empresas encontraron en la deducción inmediata un elemento fundamental, que hoy —precisamente— está ayudando a activar la economía en las zonas afectadas, lo cual se verá reflejado sobre todo en la creación de empleos que hoy urge generar en esos estados del país.

Por si fuera poco, la deducción inmediata ha representado durante su vigencia una medida eficiente y eficaz para traer inversionistas del extranjero y consolidar los propios en nuestro país.

Los gobiernos estatales han encontrado en la deducción inmediata un activo valioso para atraer inversiones. Tal es el caso de los sectores automotriz y aeroespacial, que se verán seriamente afectadas las inversiones comprometidas si permitimos que lo dispuesto por este dictamen se concrete.

Esto es muy grave, amigas y amigos legisladores. En los últimos años la deducción inmediata ha sido un diferenciador en nuestro país para atraer inversiones japonesas, alemanas, americanas, canadienses sobre todo en la industria automotriz y aeroespacial.

Países con los que México compite, como Brasil, China e India incluyen en sus legislaciones esquemas de deducción inmediata, por lo que de eliminar este estímulo se reducirá de manera importante la competitividad de México para atraer inversiones. De no existir la deducción inmediata a partir de 2014 en nuestro sistema tributario se ponen en riesgo las nuevas inversiones.

México hoy demanda la necesidad de poner la inversión productiva, la generación de empleo y el ahorro interno. Al eliminar esta deducción ponemos en riesgo un elemento prioritario para retomar el crecimiento económico que requiere y demanda nuestro país.

Amigas y amigos legisladores, hago un exhorto respetuoso para que voten con responsabilidad y evitemos eliminar una medida que ha sido un motor indispensable para el desarrollo económico de México y sus empresas, que no hay que olvidar, hoy generan 8 de cada 10 empleos que tiene nuestro país.

Hoy está en nuestras manos la armonización de nuestro país. Hoy está en nuestras manos crear condiciones que propicien la generación de empleos que demanda nuestra nación. Hoy está en nuestras manos construir un futuro promisorio. Éste es el espíritu de esta reserva que dejo a consideración de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Mario Sánchez Ruiz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Regina Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar reserva a la fracción XIV del artículo noveno de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Regina Vázquez Saut:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, se ha dicho en esta tribuna que las diversas disposiciones que incluye la reforma hacendaria que se analiza por los diversos grupos parlamentarios van encaminadas a que contribuyan más con el país los que más tienen. Y más se beneficien con las diversas actividades lícitas que esta noble nación nos permite.

Es decir, el espíritu de esta reforma se sustenta en la mayor recaudación para beneficiar a quienes menos tienen, en una distribución de mayores y mejores servicios para la gran mayoría del país.

Así se ha reconocido por quienes han hecho uso de la voz, aún por aquellos que dicen estar en contra, pues en el fondo de su discurso reconocen implícitamente que sí serán los que más tienen los que más paguen. Aquellos que hasta ahora han gozado de beneficios y que hoy con una reforma justa alzan la voz de inconformidad y cuentan entre sus defensores algunos de los que en el pasado se decían férreos defensores de grupos vulnerables.

No es momento de lamentos, es momento de aportar. No es tiempo de rasgarse las vestiduras, es tiempo de trabajar y demostrar que somos capaces de tener acuerdos que beneficien a quien nos debemos, a los ciudadanos mexicanos.

Aprovecho esta tribuna para felicitar a los coordinadores parlamentarios que han privilegiado el diálogo para llegar a los acuerdos que hasta ahora han aportado positivamente a la reforma enviada por nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto.

La convicción de que esta es una reforma justa me trae hasta esta tribuna para exponer respetuosamente algunas precisiones sobre el artículo noveno de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, propósito de la presentación de esta reserva.

Por ello me refiero estrictamente a las operaciones de las instituciones de crédito, que hoy más que nunca deben tener la transparencia que ciudadanos y el fisco exigen, sobre todo cuando hay antecedentes de abusos documentados y denunciados por los usuarios principalmente.

Creo que el anexar el texto propuesto en la reserva, que dice a la letra: El saldo de las reservas preventivas globales que las instituciones de crédito tengan al 31 de diciembre de 2013, en términos del cuarto párrafo del artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, las podrá mantener en la cuenta contable que para esos efectos establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no aplicar lo establecido en este párrafo, sino hasta que se liquiden, quebranten, renueven o reestructuren los créditos que le dieron origen a dichas reservas.

En síntesis, el texto propuesto daría mayor claridad a las operaciones financieras y obligaría a las instituciones de crédito a no beneficiar con esos recovecos fiscales a clientes distinguidos.

Honorable asamblea, por lo antes expuesto solicito su apoyo para esta reserva. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Regina Vázquez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, me registro.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se registra el diputado Ricardo Monreal para hablar. ¿A favor o en contra, diputado?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Para hablar en contra, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para hablar en contra tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Hasta el final con esta infamia. Me he inscrito en contra porque miren, siendo honestos, nadie podrá mentir de que a estas horas, después de 20 horas ininterrumpidas de estar aquí, pocas mentes pueden mantener la lucidez de lo que se propone, ni siquiera el más capaz, el más sobrio o el más sano puede mantenerse incólume. Y es incorrecto, es una práctica inadecuada –estoy en el tema– que se introduzcan reservas, leyes o propuestas en estos niveles y a estas alturas.

Traté de escuchar con atención la reserva propuesta por la diputada, les aseguro que se requiere una lectura cuidadosa para saber qué es lo que se está aprobando. Nadie —o un gran porcentaje— sabe lo que está aprobando, se los aseguro. Y por eso no podemos admitir que esta práctica se haga común en un Parlamento que debe de ser racional y reflexivo. Por eso me opongo a que esta práctica se dé de manera reiterada. No puedo admitirlo.

Por eso me inscribí en contra, porque de la participación de la diputada se advierte —dice ella— que en el fondo todos estamos de acuerdo. No, no lo puedo admitir. Yo estoy en contra. No puedo admitir que de esa manera se le agravie al pueblo de México. Y aún con el cansancio, nosotros no podemos admitir la actitud de la mayoría que hoy ha consumado uno de los peores atracos, de los peores agravios que la nación haya sufrido.

Por esa razón me inscribí, porque no puede pasar entre bromas y entre licor un tema tan delicado. Son las cinco de la mañana, pero aun así –4:50– nosotros nos mantenemos inalterados. Nuestra posición es firme y definitiva. Que quede muy claro. Nada habrá de cambiar nuestra posición.

Podrá incomodarles a muchos lo que asumimos, lo que razonamos, lo que fundamentamos. Pero finalmente es nuestra verdad. Creemos que es la correcta. Ustedes pensarán que es correcto lo que hicieron, pero la premura, el apresuramiento, la actitud ésta de torpeza no conduce a nada bueno.

Revísenlo con cuidado y si fuéramos inteligentes diríamos que esta propuesta se revisara mañana, se aplicara mañana, se aprobara mañana, cuando ya la lucidez esté plenamente en las mentes de cada uno de ustedes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Monreal. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta. Quien esté por la afirmativa sírvase manifestarlo. Quien esté por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se incluye en el dictamen y se reserva para su votación nominal.

Procedemos a desahogar la última reserva. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que presenta reserva a la fracción XXVI del artículo noveno de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Diputado presidente, con su venia. Buenos días, compañeros diputados. Sin duda uno de los elementos más negativos de esta reforma que hoy aquí se ha aprobado es la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes, conocido como el régimen de los Repecos, que es el régimen a través del cual aquellas personas físicas que se dediquen al comercio, industria, transporte o actividades agropecuarias o ganaderas que estimen que sus ingresos anuales serán no mayores de 2 millones al año pueden adscribirse.

Desgraciadamente en esta reforma se elimina este régimen y se le sustituye por un ambiguo régimen de incorporación, donde se incluyen únicamente aquellas personas físicas con ingresos de hasta un millón de pesos al año. Es decir, los que ganen más de esto o que estimen ganar más de un millón de pesos al año tendrán que tributar como si fueran grandes empresas.

Tendrán que adscribirse al mismo régimen de las grandes empresas que tienen muchos empleados, sin que tengan la capacidad financiera, ni administrativa, ni operativa. Es decir, ahí entran empresas o comercios tan pequeños como pudiera ser una peluquería, como pudiera ser una tortillería, un café Internet que ahora serán considerados ya no como pequeños contribuyentes sino como grandes empresas.

¿Eso qué va a traer consigo? Primero, se está violando claramente el principio de equidad. Se ha dicho ya en esta tribuna que equidad es tratar igual a los que son iguales y tratar desigual a los que son desiguales. Aquí claramente se está tratando de igualdad a empresas y a comercios que no son iguales.

Pero además —y eso es lo más preocupante del caso— se va a entrar en un esquema de total simulación, porque muchos pequeños contribuyentes lo que va a ocurrir con ellos es que van a formar parte de las filas de la informalidad y entonces el fisco va a dejar de recabar un ingreso que vorazmente con esta reforma se pretendía que recaudara.

No se escuchó desgraciadamente a los pequeños comerciantes, que son los más agraviados con esta propuesta, que incluso estiman que podrían desaparecer alrededor de 3 millones de pequeños comercios en todo el país.

En esta tribuna se ha dicho que los diputados de Acción Nacional defendemos a las grandes empresas. Más bien los diputados del PRI y los diputados del PRD dejan de defender a aquellos pequeños comerciantes, que está comprobado que son además los que más empleos generan en una economía como la economía mexicana.

Pero además de esto, aquí lo que vemos es que esta reforma no es en verdad una auténtica reforma hacendaria. No implica ninguna transformación de fondo de nuestro régimen fiscal, es tan solo un conjunto de ocurrencias recaudatorias que van a traer bastantes males y no los bienes que dice perseguir.

Vemos también —y con esto concluyo, diputado presidente— que esta reforma es el mejor ejemplo de un gobierno que carece completamente de una dirección ideológica y programática. ¿Por qué? Porque por un lado busca ser una reforma energética que implique la apertura del capital privado, que implique la participación de empresas con libertad y en competencia. Pero por otro lado nos receta hoy una reforma fiscal que en realidad es una reforma estatista, es una reforma que va a traer más impuestos, más burocracia, más control y menos libertad. Esa es la contradicción de este gobierno que hoy queda claramente reflejada con esta mala reforma fiscal que desgraciadamente aquí se ha aprobado. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Fernando Rodríguez Doval. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en conjunto, en lo particular, en términos del dictamen.

Sonido en la curul de la diputada Margarita Licea. Dígame, diputada ¿con qué objeto?

La diputada Margarita Licea González (desde la curul):Muy buenos días, presidente. Solicitarle de la manera más atenta se pueda votar por separado la reserva que hice de los artículos 28 y 151, por favor. Fue aceptada para la discusión.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de otorgarse la solicitud de la diputada Margarita Licea.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si es de otorgarse la votación por separado a propuesta de la diputada Licea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en conjunto en lo particular en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la asamblea de los artículos reservados de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus disposiciones de vigencia temporal y sus disposiciones transitorias, contenidos en los artículos séptimo, octavo y noveno del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Hágase los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación nominal en conjunto de los artículos reservados de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus disposiciones de vigencia temporal y sus disposiciones transitorias contenidos en los artículos séptimo, octavo y noveno del proyecto de decreto, con las modificaciones aceptadas o en términos del dictamen, según corresponda.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 295 votos a favor, 2 abstenciones y 164 votos en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame diputada Mota, ¿en qué sentido?

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): En contra.

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farías (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Señor presidente, 296 votos a favor, 2 abstenciones y 165 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo particular y en su conjunto por 296 votos a favor, 165 en contra y 2 abstenciones los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus disposiciones de vigencia temporal y sus disposiciones transitorias contenidos en los artículos séptimo, octavo y noveno del proyecto de decreto en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la asamblea, según corresponda.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta a la Cámara de Senadores se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes, sin modificar lo aprobado por el pleno.

VOLUMEN IV

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 5:05 horas): Habiéndose agotado los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de hoy viernes 18 de octubre de 2013, a las 13 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 11:30 horas. Muy buenos días.

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