Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 273 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 13:44): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Viernes 18 de octubre de 2013

Lectura del acta de la sesión solemne.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite la información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al Tercer Trimestre de 2013.

De la Cámara de Senadores

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, establezca una partida especial para la reconstrucción, reparación y rehabilitación de las escuelas afectadas por la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona el inciso d) a la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en relación con la exhibición pública de películas, presentada por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 26 y 31, y adiciona un artículo 43 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiación y del Código Civil Federal, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de La Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón y suscrita por el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado William Renán Sosa Altamira y suscrita por el diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Juan Isidro Del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el Capítulo Quinto y el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 81 y 82 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz y suscrita por el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz y suscrita por el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 Bis y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 86 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 52 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION SOLEMNE

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión solemne. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se consulta la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión solemne, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la Sesión Solemne celebrada el jueves diecisiete de octubre de dos mil trece, para dar cumplimiento al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para conmemorar el Sexagésimo Aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y a ser electas.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de trescientos veintiocho diputadas y diputados, a las diez horas con treinta minutos del jueves diecisiete de octubre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la Sesión Solemne para dar cumplimiento al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para conmemorar el sexagésimo aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y a ser electas.

El Presidente agradece la presencia de la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, en representación del Senado de la República; a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la ciudadana Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, en representación del titular del Poder Ejecutivo.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Nueva Alianza; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional; y Tanya Rellstab Carreto, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente dirige un mensaje a la Asamblea. Al finalizar, invita a la Asamblea a ponerse de pie para entonar el Himno Nacional.

A las once horas con cuarenta y dos minutos, el Presidente levanta la Sesión Solemne y solicita a la Asamblea permanecer en sus lugares para iniciar la Sesión Ordinaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión solemne.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta de la sesión solemne. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta de la sesión solemne.

Pasamos al siguiente asunto.

CAMBIOS DE INTEGRANTES Y DE JUNTAS DIRECTIVAS DE GRUPOS DE AMISTAD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

• Que la diputada Graciela Saldaña Fraire cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Alemania.

• Que la diputada Graciela Saldaña Fraire cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Nigeria.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Miguel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que el diputado Ossiel Omar Niaves López cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Pakistán.

• Que el diputado William Renán Sosa Altamira cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Arabia Saudita.

• Que el diputado Salomón Juan Marcos Issa cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Serbia.

• Que el diputado Eduardo Román Quian Alcocer cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Japón.

• Que el diputado Cesario Padilla Navarro cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Rusia.

• Que la diputada María Angélica Magaña Zepeda cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Reino Unido.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobadas. Comuníquense.

Pasamos al siguiente asunto.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 511.1.4/ 2728, signado por el doctor Héctor Pérez Galindo, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondiente al tercer trimestre de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como de su anexo en medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto

Se envía el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2013.

Fundamento

Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales yen la Cuenta Pública las contrataciones realizadas.

Oficio 312.A.-003312 de fecha 9 de octubre de 2013 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la SHCP.

Información

En atención al oficio 312.A.-003312 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la SHCP, mediante el cual recuerda el envío que se tiene que hacer al Congreso de la Unión respecto a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2013, me permito solicitar a usted su apoyo para cumplir con dicha obligación.

Para lo anterior, le envío en impresión y disco compacto, el formato Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2013del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con datos al tercer trimestre de 2013.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2013.— Doctor Héctor Pérez Galindo (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PARTIDA ESPECIAL PARA RECONSTRUIR, REPARAR Y REHABILITAR LAS ESCUELAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL MANUEL Y EL HURACAN INGRID

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a establecer una partida especial de recursos para la reconstrucción, reparación y rehabilitación de las escuelas afectadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, senador de la república, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 108, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los impactos causados por los fenómenos meteorológicos –huracán Ingrid y tormenta tropical Manuel– en septiembre pasado, afectaron a nivel nacional a 43 mil escuelas en su funcionamiento académico regular de las 225 mil que hay en el país; es decir casi el 20 por ciento del total.

Según cifras proporcionadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, 887 planteles presentan daños de leves a graves en su infraestructura, de los cuales 730 aproximadamente se ubican sólo en el estado de Guerrero.

Del total de los 887, 500 de ellos están considerados como pérdida total en 10 estados de la república y por lo menos 150 deben ser reubicados únicamente en Guerrero.

Silvia Romero Suárez, secretaria de Educación de Guerrero, informó el pasado 24 de septiembre en conferencia de prensa, las cifras preliminares con las que se contaba hasta ese momento, que la región que resultó con más escuelas dañadas de educación nivel preescolar, primaria, secundaria, educación, especial, y centros educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) fue La Montaña Alta, con 320 escuelas, y seguida por la región de Costa Chica, con 140 planteles, la zona de Acapulco-Coyuca de Benítez con 115, Costa Grande 38, Tierra Caliente 23, la región centro 21, la norte 19 y Montaña Baja con 11.

A estas cifras hay que sumarle por lo menos 40 planteles de Bachillerato afectados de los 126 con los que cuenta el Estado.

Hay que reconocer que los esfuerzos que ha emprendido el gobierno del estado encabezado por Ángel Aguirre Rivero, son muy importantes, ya que se ha comprometido a reponer los uniformes a todos los educandos de los niveles de primaria y secundaria que han sufrido la pérdida de sus pertenencias por las torrenciales lluvias; doce mil 500 uniformes serán destinados a estudiantes de nivel secundaria, y 35 mil para menores que cursan el nivel primaria. Así como también, se repondrá la pérdida de material didáctico y útiles.

Desafortunadamente las afectaciones sobrepasan por mucho los recursos estatales y a Guerrero mismo, ya que por lo menos otros nueve estados han sufrido afectaciones de este tipo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine una partida especial urgente para la reconstrucción, reubicación, reparación y rehabilitación de los centros escolares afectados por las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

Segundo.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, para la reconstrucción, reubicación, reparación y rehabilitación de los centros escolares afectados por las lluvias de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

Notas:

1 Higuera, Cecilia, (2013) “SEP reporta 43 mil escuelas dañadas”, La Crónica de Hoy, 24/09/2013, México. [En línea] www.cronica.com. mx/notas/2013/784918.html

2 Secretaría de Educación Pública, (2013) “Comunicado 141.- INIFED determinará número de escuelas afectadas por lluvias” México, D.F. [En línea] http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/septiembre/264-comunic ado-141-inifed-determinara-numero-de-escuelas-afectadas-por-lluvias

3 Gala TV acapulco, (2013) Conferencia de prensa de Silvia Romero Suárez, 24/09/2013, Chilpancingo, Guerrero, [En línea] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QlKuTgpvxw0J:www.televisar egional.com/acapulco/video/480-escuelas-danadas-en-Guerrero-225359532.html%3Fp% 3D5+&cd=9&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx

4 El Universal, (2013), Reubicarán 150 escuelas dañadas por lluvias en Guerrero, El Siglo de Torreón, México, 10/10/2013 [En línea] www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/922017.reubicaran-150-escuelas-danadas-por- lluvias-en-guerrero.html

5 Gala TV Acapulco, (2013) Conferencia de prensa de Silvia Romero Suárez, 24/09/2013, Chilpancingo, Guerrero, [En línea] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QlKuTgpvxw0J:www.televisar egional.com/acapulco/video/480-escuelas-danadas-en-Guerrero-225359532.html%3Fp% 3D5+&cd=9&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx

6 Gobierno de Guerrero, (2013) “Tormenta Manuel ocasionó daños a 40 de 126 planteles del Colegio de Bachilleres en el estado” Chilpancingo, [En línea] http://guerrero.gob.mx/2013/09/tormenta-manuel-ocasiono-danos-a-40-de-126-plant eles-del-colegio-de-bachilleres-en-el-estado/

7 Gobierno de Guerrero (2013), Guerrero Cumple repondrá la totalidad de uniformes escolares gratuitos en localidades afectadas por tormenta, Chilpancingo, Guerrero, México, [En línea] http://guerrero.gob.mx/ 2013/10/guerrero-cumple-repondra-la-totalidad-de-uniformes-escolares-gratuitos- en-localidades-afectadas-por-tormenta/

Dado en la honorable Cámara de Senadores, a catorce de octubre de 2013.— Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Quien suscribe, senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8o., numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, a efecto de fortalecer los recursos presupuestarios para la promoción turística de México a nivel internacional,al tenor de las siguientes

Consideraciones

El turismo es uno de los mayores motores económicos a nivel mundial, dicha actividad sirve para reducir la pobreza representando un factor de desarrollo sustentable ya que es consumido en el lugar en el que se produce, no depende del desarrollo de otros países, sustenta otras actividades económicas, es intensivo en la mano de obra, crea oportunidades para la creación de pequeñas y medianas empresas, fortalece el orgullo cultural y la infraestructura creada por el sector beneficia a las comunidades locales.

A nivel internacional el turismo representa más de una tercera parte del comercio mundial de servicios y es una de las fuentes más importantes de empleo a nivel mundial ya que requiere diversos niveles de cualificación permitiendo la incorporación de jóvenes, mujeres y trabajadores migrantes en la población activa.

Las cifras clave según el Panorama OMT de turismo internacional 2013” sobre turismo en el mundo son

• 9 por ciento del producto interno bruto mundial.

• 1 de cada 11 empleos.

• 6 por ciento de las exportaciones mundiales.

• Mil 35 millones de turistas internacionales.

• De 5 a 6 mil millones de turistas internos.

• 4.8 por ciento crecimiento en economías emergentes.

• 2.6 por ciento crecimiento en economías desarrolladas.

• 1 billón 75 mil millones de dólares de ingresos por turismo internacional.

Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5 por ciento durante la primera mitad de 2013, en comparación con el mismo periodo de 2012, llegándose a los casi 500 millones, según los datos que acaba de difundir la Organización Mundial del Turismo. El crecimiento estuvo por encima de la predicción formulada a principios de año que oscilaba de 3 por ciento y 4 por ciento y está superando también la tendencia de la previsión a largo plazo que figura en el informe de la OMT Tourism Towards 2030 de 3.8 por ciento al año.

En México, la industria turística representa la tercera fuente de ingresos de divisas al país, solo por debajo de actividades petroleras y remesas familiares. De acuerdo con la Secretaría de Turismo en 2013 el sector represento el 8.4 por ciento del producto interno bruto, que se busca aumentar un punto en seis años.

Durante el primer trimestre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Indicador Trimestral del PIB Turístico creció 2.1 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo de un año antes, producto del aumento en la demanda de los servicios turísticos, uno de los pocos sectores de la economía que creció en el primer semestre de 2013.

En 2012 el turismo dejó una derrama de 12 mil 600 millones de peso, según el reporte mas reciente del Banco de México, durante el primer semestre de 2013, el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México fue de siete mil 119 millones de dólares, lo que representa un aumento de 7.2 por ciento en relación con el mismo período del año pasado. Del 1 de enero al 30 de junio, nuestro país recibió 6.5 millones de turistas vía aérea, esto es, 7.1 por ciento superior a 6 millones de paseantes extranjeros en el mismo lapso de 2012.

Este sector es sin duda un generador de empleo sobre todo en los jóvenes, actualmente emplea alrededor de 2.5 millones de personas directamente y 5 millones indirectamente. Es importante mencionar que el informe de 2011 de la Sectur indica que 46 por ciento de la fuerza laboral en el sector turístico son mujeres.

En agosto de 2013, el actual presidente, Enrique Peña Nieto, anunció una inversión de 8 mil 631 millones de pesos para la realización de 176 proyectos que se llevarán a cabo en 17 entidades federativas, se reveló que durante este periodo se crearán 33 mil 107 cuartos de hotel, y con ello se generarán alrededor de 28 mil 097 empleos directos y 77 mil 619 indirectos, lo que da un total de 105 mil 716 plazas.

Sin embargo, el potencial turístico es todavía amplio, parte de los retos de la nueva administración, es el relanzamiento de la promoción de cada uno de los enclaves turísticos de México, como son el tradicional puerto de Acapulco, Cancún, Rivera Maya, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, los Cabos, Mazatlán, Ixtapa, así como puntos estratégicos del turismo religioso y artístico como la Basílica de la Ciudad de México, artístico-cultural en Guanajuato, y demás actividades de turismo alternativo y médico por explotar en la próxima década.

En Guerrero, el turismo representa 24 por ciento del PIB del estado, aporta 30 millones 689 mil 750 pesos, los empleos del sector terciario representan el 72 por ciento del empleo del estado, tan sólo los empleos directos en el sector turístico representan 140 mil empleos.

Hoy, Guerrero se ubica como el tercer polo turismo en el país, en función de ingresos por concepto de turismo. Según la Sectur, las entidades federativas que más obtuvieron ingresos por turismo en función del PIB turístico en 2008 fueron Quintana Roo (17.88 por ciento), Baja California Sur (12.1 por ciento), Guerrero (7.13 por ciento) y Nayarit (5.43 por ciento).

Por otro lado, los empresarios del sector turístico están convencidos que es fundamental fortalecer la promoción a nivel internacional de nuestras zonas turísticas, que permitiría cumplir con dos objetivos, el primero, consolidarse en los mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa, y ampliar nuestra oferta para la atracción de los llamados baby boomers y nuevos nichos de turismo juvenil, y segundo, ampliar nuestra presencia en los mercados de América Latina y Asia. A la par de los cambios en las tendencias comerciales en el mundo, nuestro sector turístico debe tener la posibilidad presupuestaria para hacer una mayor promoción para impulsar la diversificación de mercados y productos.

De acuerdo con el periódico Reforma, en su artículo de fondo del 16 de septiembre de 2013, indica que a pesar de las ofertas y descuentos de los proveedores de servicios turísticos, los paseantes internacionales evitan visitar varios estados ante la violencia que se vive en el país. En los últimos cuatro años, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí y Sinaloa han visto cómo se derrumba la llegada de turistas extranjeros, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Turismo federal.

De acuerdo con las cifras, de 2009 –año en que el turismo dejó de crecer a raíz de las crisis económica y energética y la influenza A H1N1– a 2012, la llegada de turistas internacionales a los destinos mencionados ha bajado de forma considerable. En el peor de los casos, esta caída ha sido de 46 por ciento.

En el primer semestre de este año la llegada de turistas de EU creció 8.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2012 al ubicarse en 4 millones 72 mil personas, esos destinos siguen castigados, aseguraron empresarios.

Las alertas de seguridad emitidas por el Departamento de Estado estadounidense son una de las principales causas que afectan la llegada de paseantes internacionales a México, consideraron.

De acuerdo con cálculos de Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, estiman que el año pasado este sector dejó de percibir alrededor de 2 mil millones de dólares en divisas turísticas por la percepción de inseguridad.

En Michoacán, por ejemplo, más de 630 hoteles han batallado para mantener la rentabilidad en un destino que pasó de recibir 73 mil 871 turistas extranjeros en 2009 a 41 mil 388 en 2012. La ocupación promedio anual que registra es de entre 18 y 20 por ciento, cuando en sus mejores épocas alcanzaba en temporada vacacional 90 por ciento entre huéspedes europeos, canadienses y estadounidenses.

Estados como Nuevo León y Guerrero también han resentido los embates de la inseguridad, pero el turismo comenzó a regresar el año pasado.

En el caso de Guerrero, las actividades de promoción que realizó le ayudaron a incrementar 8.1 por ciento la llegada de turistas al pasar de 195 mil 578 visitantes internacionales en 2011 a 211 mil 481 en 2012.

Sin embargo, como toda política pública, el financiamiento de la promoción requiere una fuente de recaudación, un estudio comparativo con diversos países nos indica lo siguiente:

a) Colombia:El impuesto de salida de Colombia tiene el valor de 66 dólares (861.564 pesos mexicanos) aplicable a todas las salidas internacionales, para los ciudadanos colombianos y extranjeros que permanecieron en el territorio de Colombia por más de 2 meses. En caso de una estadía más corta que dos meses, el valor del impuesto de salida para los extranjeros es de 33 dólares (422.641 pesos mexicanos) Algunas aerolíneas, como Air France, American Airlines y Avianca, dependiendo de la ruta en la cual operan, incluyen este impuesto en el precio del boleto aéreo.

El impuesto de salida se debe consignar a la salida del país en el aeropuerto en efectivo y en una sola moneda (pesos colombianos o dólares, excluyendo los billetes de 100 dólares).

b) Argentina:El criterio es cobrar una tasa de reciprocidad a viajeros que visiten el país, con un precio equivalente a lo que un argentino paga por una visa en sus países de origen. La implementación de esta norma es parecida a las que utilizan distintas naciones como son Chile y Brasil. En tanto desde el Ministerio del Interior, se aseveró que si bien no se les solicitará visa a los turistas extranjeros cuando estos lleguen a la aduana, deberá abonar un impuesto con un costo semejante al que un argentino debe pagar por la obtención de una visa. Además, informaron que la tasa no consiste en una visa, sino de un impuesto que los turistas pagarán una vez, y tendrá el mismo periodo de duración que las visas que esos países otorgan a los argentinos. En tanto el impuesto que se cobrará en aeropuertos, tiene como finalidad de invertir en infraestructura y tecnología y quedará efectiva a partir del año próximo. De esta forma, la tasa para ingresar al país será afín al precio del visado que requieren en otras naciones a los turistas argentinos.

c) Estados Unidos:Se aplica una tasa turística de 14 dólares, 10.5 euros, (182.756 pesos mexicanos) que se paga una vez cada dos años, independientemente del número de viajes que se hagan al país los viajeros que no necesitan visa para entrar en el país. Además las pernoctaciones en este país se recargan con un impuesto que equivale al 5.10 por ciento del precio de la habitación. Sólo es el más reciente, no el único. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, precisa que 10 de los 14 dólares se destinan íntegramente a la promoción del país, mientras que los cuatro restantes servirán para cubrir los gastos administrativos de la autorización electrónica obligatoria que se requiere para viajar. Una autorización que desde enero del 2009 afecta a 35 países exentos de visa para entrar a Estados Unidos (entre ellos España y 21 países más de la Unión Europea). El impuesto forma parte de la Travel Promotion Act de marzo de 2009, actualmente renombrada por el Presidente Obama como la Brand USA,es un programa de promoción turística. Con esta tasa se financiará hasta el 50 por ciento de las actividades de promoción turística de EU, la cual es mucho menor a las que pagan los estadounidenses cuando entran o salen de países extranjeros. Se destaca que con el plan de promoción turística generará miles de millones de dólares de gasto de nuevos turistas y cientos de empleos.

d) Chile: Existe el Impuesto de Reciprocidad, tratado internacional con Australia, Canadá, Estados Unidos y México en orden a responder recíprocamente al trato que reciben ciudadanos chilenos cuando se les aplica un impuesto por ingresar a estos países. Chile aplicaría la misma política con los ciudadanos provenientes de estos países a su ingreso por Policía Internacional, respondiendo de manera recíproca:

Australia 56 dólares (702.8 pesos)

Canadá 132 dólares (mil 597.20 pesos)

Estados Unidos 100 dólares (mil 305.4 pesos)

En el caso particular de México, el 31 de diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) en la que se agregaron las fracciones I, III y VII al artículo 8, que establece que “por la expedición de autorización en la que se otorga la calidad migratoria de No migrante a extranjeros y por las prórrogas correspondientes se pagará el derecho por servicios migratorios”. El derecho de no inmigrante es la contribución por servicios migratorios que deben pagar los extranjeros que ingresen en México con la calidad migratoria de no inmigrantes.

Los turistas, los visitantes personas de negocios o visitantes concejeros y transmigrantes, de acuerdo con las fracciones I, III y VIII del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos establecen como cuota la cantidad de 295.00 pesos. Los turistas deben entregar este derecho a su ingreso en el país, esto conforme a lo establecido en el último párrafo del mencionado artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. En 2010 se obtuvieron 343 millones 823 mil pesos, de los cuales se dieron al Consejo de Promoción Turística de México 240 millones 676 mil pesos y a Fonatur 34 millones 382 mil pesos, y los principales puntos turísticos de recaudación de dicho derecho fueron Quintana Roo, actual generadora de 46 por ciento de lo recaudado por el DNI; el Distrito Federal, 21 por ciento; Baja California Sur, 9; Puerto Vallarta, 9.5; y la riviera de Nayarit, 4.5.

Cabe señalar que el artículo segundo transitorio, fracción IV del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de noviembre de 2010 establece como excepción a la fracción I del artículo 8 que los turistas que visiten el País vía terrestre y cuya estancia no sea mayor a 7 días, no tendrán que pagar esta contribución.

Igual que el caso norteamericano, una parte de la recaudación de este derecho, conforme a lo que establece el artículo 18-A, primer párrafo, el 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para la promoción turística del país, mismo que en términos del artículo 18-A del total de los ingresos que obtenga por este derecho, deberá transferir el, 10 por ciento al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, así mismo, dichos ingreso podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

A la luz de la revisión de la experiencia internacional, se puede concluir que

a) Es una contribución que no afecta por el nivel de ingreso promedio del turista norteamericano y europeo.

b) El monto del derecho de 22 dólares que actualmente se aplica en México se ubica por debajo de la norma internacional, incluso, el Congreso de la Unión debe legislar para integrar este derecho a una estrategia de promoción federal de puntos estratégicos, tal como es el ejemplo en Estados Unidos.

c) Es necesario fortalecer integralmente la política de turismo, siendo uno de los sector más competitivos a nivel mundial, pero que en el caso mexicano contamos con un importante potencial de desarrollo, la experiencia, nuestras riquezas naturales y el potencial, nos da una ventaja comparativa con otros destinos, por lo que es una obligación para los trabajos de la LXII legislar en la materia.

En la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se abre la oportunidad para el Congreso de la Unión de fortalecer los recursos presupuestarios destinados para proyectar a México uno de los mejores destinos turísticos a nivel internacional, por lo que consideró indispensable impulsar una reforma a las fracciones I, III y IV del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos con el objeto de incrementar el derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y de Visitante regional de 295 pesos (22.6 dólares) a 456 pesos (alrededor de 36 dólares) esta pequeña modificación puede representar una recaudación de por lo menos 3 mil 400 millones de pesos anuales, lo anterior proyectado a partir los ajustes a las estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.

Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con el sector turístico para convertirlo en el primer generador de divisas del país, elevar su competitividad y promover la creación de empleos para nuestros jóvenes egresados en el ramo, y en plantearnos como objetivo de la nación recuperar nuestro liderazgo internacional como destino turístico a escala mundial.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman las fracciones I, III y IV del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue :

Artículo 8o. Por la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas           $456.00

II. Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas    $2 350.00

III. Visitante regional.......................... $456.00

IV. Visitante trabajador fronterizo... $456.00

V. Visitante con fines de adopción... $2 280.00

VI. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Notas:

1 Suárez, Karina. “Espanta violencia turismo”, en Reforma, 16 de septiembre de 2013.

2 De acuerdo con el tipo de cambio de 12.60 pesos por dólar proyectado por la SHCP dentro de los Criterios Generales de Política Económica para 2014, entregado al Congreso de la Unión el 8 de septiembre de 2013.

Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, a 18 de septiembre de 2013.— Senador Armando Ríos Piter (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Pública, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento -del Senado, dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Quien suscribe, senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8o. numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta para mejorar la progresividad del ISR a personas físicas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El fortalecimiento de la hacienda pública del Estado mexicano debe garantizar la viabilidad de las finanzas públicas nacionales que permitan garantizar los derechos sociales y económicos de los ciudadanos y mantener los niveles de inversión pública, necesarios para la competitividad y el crecimiento económico de manera sostenida en el tiempo.

En ese contexto, es imperativo fortalecer la hacienda pública del Estado mexicano, mediante una reforma integral que garantice el cumplimiento de los principios tributarios constitucionales de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31 fracción IV y el de la prohibición de las exenciones de impuestos, plasmado en el artículo 28 de la misma Carta Magna.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), establece que la productividad de un impuesto depende del cuanto se incrementa la recaudación como porcentaje del PIB por cada punto porcentual que se aumenta en la tasa impositiva. Considerando esta medición, nuestro país tiene uno de los menores niveles de productividad de ISR entre los miembros de este organismo. Además, si el pago de impuestos es complicado, se genera una elusión es regresiva, lo anterior implica que son las personas y empresas con mayores recursos las que contratan profesionales que les permitan identificar las fallas fiscales y disminuir lo que pagan de impuestos.

Como mencionan los Investigadores Carlos Tello y Domingo Hernández en su artículo “Sobre la Reforma Tributaria en México”, el potencial tributario del país es enorme ya que está en función de: a) el nivel de ingreso por habitante (que en México, a pesar del relativo estancamiento de la economía de los últimos treinta años, aún es comparativamente elevado); b) la distribución del ingreso -que en México está altamente concentrado-; c) la parte del ingreso generado que va a las utilidades privadas, en comparación con la inversión fija que los particulares llevan a cabo (en México la formación bruta de capital fijo más las variaciones en existencias representa alrededor de 12 por ciento del PIB y las utilidades privadas representan más de 50 por ciento del PIB); d) el valor agregado por tipo de actividad económica: en tanto más urbanas, mayor el potencial (en México las actividades primarias tan sólo aportan 5 por ciento del PIB); e) la existencia y cobertura de los diferentes tributos -muchos tributos no existen en México y los que existen tienen reducida cobertura-; f) la capacidad de las entidades de administrar los tributos. Salvo esto último, todos los factores antes enumerados favorecen, en México, una mayor recaudación.

Para aprovechar esta circunstancia el ISR se debe reformar en la eliminación de estímulos, tratamientos especiales y subsidios, se requiere incrementar el monto y la progresividad de la tasa para personas y para empresas; es necesario gravar los ingresos que obtienen a través de la banca; Es también indispensable incorporar al régimen normal de tributación a todas las actividades (incluyendo las agropecuarias).

Entre los países de la OCDE, México se encuentra muy por debajo de la media entre los países que cobran algún tipo de impuesto sobre la renta a las personas físicas, sólo por arriba de Suiza, Dinamarca, Noruega, Canadá y Finlandia, países todos con niveles de desarrollo muy por encima del nuestro. La tasa promedio de los países que aplican este tipo de impuesto es de 38.44 por ciento, con ejemplos como: Holanda con 52 por ciento; Reino Unido con 50 por ciento; Francia y Alemania con 45 por ciento; Chile y Japón con 40 por ciento; en particular resalta el caso de los Estados Unidos, principal socio comercial de nuestro país, donde la federación cobra un impuesto sobre la renta a las personas con una tasa del 35 por ciento.

La misma OCDE calcula que las personas físicas representan menos del 15 por ciento de la recaudación total, a diferencia del promedio de la OCDE  de 24 por ciento. En materia de evasión del pago del ISR la OCDE menciona que en el ISR la evasión es cercana al 80 por ciento.

La visión fundamental que sustenta el ISR consiste en que conforme más ingresos se perciben, se incremente el porcentaje de ingreso gravado. Sin embargo, en nuestro país la tasa máxima para las personas físicas (30 por ciento) se genera a partir de un ingreso de poco más de 32 mil pesos mensuales, lo que significa que este segmento de contribuyentes pagan la misma proporción un profesionista de clase media y el director de una empresa multinacional.

Otro elemento importante que debe considerar la reforma fiscal es la pésima distribución de la riqueza en México. De los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso.

Según su reporte 2013 sobre desigualdad y pobreza, en nuestro país la diferencia entre el ingreso de 10 por ciento de las familias más ricas y 10 por ciento de los hogares más pobres fue de 28.5 veces en 2010. En 2004 era de 25.8 veces; es decir, 10 por ciento menor.

El estudio se refiere a ingresos después de impuestos y transferencias ajustados por la diferencia en el tamaño del hogar. De acuerdo con el informe de la OCDE, 20.4 por ciento de los mexicanos vive con menos de 50 por ciento del ingreso medio nacional, mientras que el promedio de la Organización es de 11.1 por ciento.

El reporte 2010 del Banco Mundialre la concentración de los ingresos aumentó en México durante los últimos cuatro años, de tal manera que la décima parte de los mexicanos más ricos, concentró entradas equivalentes a US $439.597 millones, lo que representa 41,3 por ciento del ingreso total del país. Ello significa un sustantivo aumento, pues en 2004 el 10 por ciento de la población más privilegiada, recibía un ingreso equivalente a US $267.705 millones, que representó 35,4 por ciento del ingreso total de la nación.

En tanto, la participación de la población de menores ingresos de México bajó en los últimos cuatro años. Así, la décima parte más pobre recibió 1,2 por ciento del ingreso total, lo que significa una disminución respecto del 1.5 por ciento que registraba en 2004. Este sector recibió US $12.772 millones de la renta total, por lo que la diferencia de ingresos entre el 10 por ciento más pobre con respecto a la décima parte más acaudalada fue de 34 veces.

México se mantiene en un nivel bajo en cuanto a la facilidad administrativa para cumplir con las obligaciones tributarias, si lo comparamos con otros países. Nuestro país ocupa el lugar 106 de un total de 181 en lo que se refiere a la facilidad para pagar impuestos, por debajo de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y la totalidad de los países de la OCDE.

El pasado 8 de septiembre del presente año, el Ejecutivo presento el proyecto de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la que propone, entre un sinfín de cambios, agregar un último renglón a la Tarifa contemplada en el Artículo 147, para la determinación del Impuesto Sobre la Renta a aquéllas personas físicas cuyos ingresos acumulables anuales excedan de $500,000.00, aplicando al excedente sobre el límite inferior un porcentaje de 32 por ciento. Con esta propuesta, la tasa efectiva de impuesto sobre la renta, es de 21.17 por ciento. Sin embargo, aún cuando la finalidad es “que pague más el que más tiene”, no es suficiente con aumentar un renglón a la tarifa, ya que la estructura actual se mantiene, y las personas de menores ingresos, pagan más por esta progresividad no proporcional. Por ejemplo:

ISR 10 salarios mínimos del DF anuales: $37,180.12

ISR 20 salarios mínimos del DF anuales: $97,675.22

Aunque el ingreso es el 100 por ciento más, el impuesto representa 2.63 veces mas

Esta proporción disminuye a medida de que los ingresos son más altos, ejemplo:

ISR 100 salarios mínimos del DF anuales: $702,247.62

ISR 200 salarios mínimos del DF anuales: $l,458,644.42

En este caso, aunque el incremento en el ingreso también es el 100 por ciento, el impuesto es 2.07 veces más.

En una proporción de incremento de 10 veces el salario mínimo, tenemos:

ISR 100 salarios mínimos del DF anuales: $702,247.62

ISR 200 salarios mínimos del DF anuales: $1,458,644.42

Por 10 salarios mínimos anuales son $37,180.12 de ISR y la tasa efectiva es de 15.72 por ciento

Por 100 salarios mínimos anuales (10 veces más) el ISR es de $702,247.62 y la tasa efectiva es de 29.7 por ciento. El ISR en este caso no es una proporción de 10 veces más, sino de 18.89 veces más.

En este ejercicio observamos que la tasa efectiva de ISR no llega al 32 por ciento, aún en ingresos muy altos. La tarifa para la determinación del impuesto sobre la renta a personas físicas ha sido objeto de discusión, debido a que el impuesto no aumenta en forma proporcional a los ingresos. Recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió una tesis aislada donde se indica que las tarifas de los artículos 113 y 177 de la ley del impuesto sobre la renta, contenidas en el artículo segundo, fracción i, incisos e) y f), del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicha ley, entre otras, publicado en el DOF el 7 de diciembre de 2009, no vulneran el principio de proporcionalidad tributaria.

Esto es así, dado que lógica la progresividad de la tarifa, ya que conforme aumenta el ingreso incrementa la alícuota a pagar.

Derivado de lo anterior, no es suficiente agregar un renglón a la tarifa, sino revisar a fondo la estructura de la misma, ya que el ISR que se causa no es proporcional, y en ingresos menores, la tasa efectiva es más alta que e ingresos mayores. (Véase Tabla 1)

Tabla 1. Determinación del impuesto sobre la renta y la tasa efectiva de impuesto, en veces de salario mínimo vigente en 2013 para el Distrito Federal

La Tabla 1 demuestra que se requiere modificar la propuesta que actualmente se discute en la Colegisladora a fin de fortalecer el principio del Impuesto sobre la Renta, una contribución mayor en función del ingreso, desde nuestro punto de vista no es suficiente con aumentar un renglón a la tarifa, ya que para la determinación del impuesto sobre la renta es mediante la aplicación de una tarifa, en la que la tasa propuesta no es la tasa efectiva que finalmente se causa. Por lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes tarifas:

Adicionalmente, no podemos perder de vista que si bien el incremento en el ISR empresarial nos coloca a un nivel más cercano con Estados Unidos, no debemos colocar el monto de este impuesto como el único factor determinante para la inversión, ya que como lo dice el Investigador Carlos Tello, las tasas impositivas no son, ni el único ni el principal factor para evaluar la competitividad de un país. Si lo fueran, no habría diferencias en materia tributaria en el mundo. Incluso las hay -y muy grandes-dentro de los países que forman la Unión Europea.

Nuestro país ha optado en múltiples ocasiones por favorecer los estímulos, los incentivos y los tratamientos especiales como vía de concreción de las reformas fiscales. Sin embargo, si revisamos lo ocurrido en las últimas tres décadas resulta evidente que independientemente del gran número y diversidad de promociones fiscales, estas no han logrado detonar el crecimiento económico y tampoco han generado un cambio significativo en las inversiones del sector privado. El resultado palpable ha sido una falta de recaudación de recursos tributarios que fueron dejados de lado producto de estos “estímulos”.

En la presente exposición de motivos, se hace énfasis en la diferencia de la tasa nominal de ISR y la tasa efectiva de ISR, en el mejor de los casos, el supuesto de la tasa efectiva de 32 por ciento se alcanza en niveles de ingresos de 54 millones de pesos.

En este sentido, se propone:

• Modificar la propuesta del Ejecutivo Federal con el objeto de que la tabla de Tarifas del ISR sea más progresivocon los contribuyentes de ingresos superiores a 3 millones de pesos.

• La iniciativa hace énfasis en diferenciar el ISR nominal y efectivo.

• Se plantea el objetivo que la carga de la reforma fiscal se concentre en los contribuyentes de mayores ingresos.

• Se adicionan dos nuevos estratos para identificar a contribuyentes de mayores ingresos:

a) Contribuyentes con ingresos de medio millón a tres millonesde pesos con una tasa de 32 por ciento nominalde ISR (tasa efectiva de 21.17 por ciento).

b) Contribuyentes de ingresos anuales de 3 millones de pesosen adelante para aplicarles una tasa de 34 por ciento nominalde ISR (tasa efectiva de 30.20 por ciento).

• De 3 millones de pesos una tasa de ISR a 34 por cientonominal y con una tasa efectivadel 30 por ciento.

1) Se protege alos contribuyentes de menores ll1gresos con un gravamen más proporcional, justa y equitativa;con tasas efectivas que van desde 1.92 por ciento hasta 30 por ciento(con tasas efectivas que van de 0 por ciento a 21  por ciento, respectivamente).

Desde nuestro punto de vista, más que elevar la tasas del ISR nominala 32 por ciento, tenemos que concentramos sobre la tasa de ISR que efectivamente recauda el fisco, cualquier discusión de reforma fiscal que no reconozca esta diferencia, seguirá aprovechándose de los contribuyentes cautivos de la clase media para responder por el costo de los actuales servicios públicos del Estado. El GPPRD debe garantizar la progresividad del ISR en los estratos de mayores ingresos de la sociedad dentro de una nueva cultura contributiva en México, con rendición de cuentas y fiscalización de los impuestos de los contribuyentes.

En virtud de estos antecedentes presentamos en el marco del debate de la reforma fiscal el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reformanel segundo párrafo del artículo 113, primer y tercer párrafo, artículo 177; y se adicionanun antepenúltimo párrafo al artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,para quedar como sigue:

Artículo 133. ...

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Las retenciones a que se refiere este artículo, que se hagan a los servidores públicos de las entidades federativas y de los municipios, serán 100 por ciento participables.

(...)

Artículo 177 ....

...

Contra el impuesto calculado en los términos de este artículo, se podrán efectuar los siguientes acreditamientos:

I. y II. ...

III. El importe de los pagos efectuados durante el año de calendario de los impuestos locales sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales; sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles y por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Fuente: Estadísticas tributarias en América Latina. 2012. OCDE

2 Los datos contenidos en el informe del Banco Mundial cubren un periodo de que va de fines de 2004 a fines de 2008 y son los más actualizados para efectos de las comparaciones que hace el organismo entre los 186 países qué lo integran

3 CEFP, Diagnóstico del sistema fiscal Mexicano, Centro Estudios de las Finanzas Públicas, México, 2010, sección II, Política de Ingresos, p. 41.

i Tesis la. XVIl12012 (9a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 1, Pág. 1113, Décima Época, Tesis Aislada (Constitucional)

Salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013.— Senador Armando Ríos Piter (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso d) a la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en relación con la exhibición pública de películas.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo .1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o., numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso d) a la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en relación con la exhibición pública de películas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La industria mexicana de cine no se ha visto favorecida con los apoyo ni los estímulos que le corresponden por parte del Estado, a consecuencia de la falta de recursos presupuestales y por las condiciones desventajosas en que se le colocó con motivo de la negociación y suscripción del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN, que dio entrada al poderío de las grandes productoras, distribuidoras y exhibidoras de Hollywood a través de la inversión y acuerdos comerciales ventajosos para sus intereses.

Es fundamental destacar que en países como Colombia, Brasil, Argentina, Canadá, Francia, España e incluso Estados Unidos, existen esquemas de financiamiento público y de estímulos fiscales en materia de inversión en proyectos cinematográficos. Asimismo, es práctica común que en esos mismos países y en otros se aplican y observan reglas concernientes a la distribución del tiempo de pantalla para películas nacionales y películas extranjeras. Ejemplos de lo anterior son el caso de Colombia, dode se encuentran criterios muy detallados para definir la nacionalidad de una película, lo cual la hace acreedora o no a los apoyos, estímulos y cuotas de pantalla, o el de Argentina, que amplía el potencial de su cinematografía haciendo obligatoria la exhibición de cortometrajes para integrar la cuota de pantalla y extiende ésta incluso a la televisión.

Para llamar la atención sobre la relevancia de la industria fílmica, es suficiente señalar que si en 2010 acudieron a las salas cinematográficas 190 millones de espectadores, para 2012 la asistencia ascendió a 229.5 millones de espectadores, quienes dejaron en taquilla poco más de 815.4 millones de dólares, considerando un promedio de 46 pesos por boleto. En el año 2011, de la cantidad total recaudada en taquilla, sólo le correspondió al cine mexicano contribuir con el 7 por ciento de los de los estrenos, considerando que en 2008 se había alcanzado poco más del 8 por ciento, fenómeno que sin duda va de la mano con la disminución del tiempo en pantalla para nuestro cine, que antes de 1992, por disposición de la ley, contaba con un mínimo de 50 por ciento. En este sentido, con la reforma a la Ley Federal de Cinematografía en 1992, se dejó en un artículo transitorio un calendario ignominioso, pues quedó establecida la reducción gradual del tiempo en pantalla hasta quedar en el 10 por ciento fijado como máximo para el cine mexicano.

Una de las más grandes paradojas de nuestra industria fílmica reciente es que, por esa inequidad derivada de las condiciones que envolvieron al TLCAN, nuestra industria nacional ha resultado muy exitosa pero poco rentable. Para resolver esta paradoja y poder encontrarnos en condiciones de competitividad, ha sido indispensable impulsar diversas iniciativas mediante las cuales se ha buscado fortalecer el fomento y desarrollo de la industria cinematográfica mexicana. Ejemplo de lo anteiror es el estímulo fiscal establecido en el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Derecho que se dio en llamar “peso en taquilla”.

En relación con el “peso en taquilla”, el 15 de diciembre de 2002, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto relativo a varias disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en especial una, el artículo 19-C, fracción IV, cuya vigencia comenzó a correr a partir del 1 de enero de 2003, que estableció como derecho el pago de un peso por boleto adquirido por los espectadores en las taquillas de los cines.

Las distribuidoras promovieron varios juicios de garantías contra el establecimiento del “peso en taquilla”, hasta que el 21 de septiembre de 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la inconstitucionalidad del decreto que las obligaba al pago del “derecho”, argumentando que un “derecho” implica la prestación de un servicio por parte del Estado, como lo establece el artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, que dice:

Los derechos que establece esta ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Por otra parte, en el Código Fiscal de la Federación, en la fracción IV del artículo 2o. se define en los mismos términos lo que es un derecho, además de que en la fracción I del mismo artículo se define lo que es un impuesto:

Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo.

En consecuencia, a pesar de que la plausibilidad del “peso en taquilla” resultó jurídicamente improcedente se derogó la fracción IV del artículo 19-C de la Ley Federal de Derechos, con lo que el propósito de apoyar la producción de cine mexicano, quedó nuevamente obstaculizado.

Por lo anterior, con el propósito de encontrar una fuente de recaudación adicional de recursos que puede ser destinados al apoyo al cine mexicano, en lugar de grabarlo con un impuesto que no admite establecer un destino específico para lo recaudado por este concepto, se han analizado los antecedentes y la legislación tributaria vigente para concluir que la única manera de alcanzar el propósito señalado, es mediante el establecimiento de un impuesto especial cuyo objeto es gravar el precio de venta de cada boleto que da acceso a la contraprestación consistente en el servicio de exhibición pública de películas, según lo establece el artículo 18, fracción I, de la Ley Federal de Cinematografía:

Para los efectos de esta ley se entiende por explotación mercantil de películas, la acción que reditúa un beneficio económico derivado de:

I. La exhibición en salas cinematográficas, videosalas, transportes públicos, o cualquier otro lugar abierto o cerrado en que pueda efectuarse la misma, sin importar el soporte, formato o sistema conocido o por conocer, y que la haga accesible al público.

Consecuentemente, el sujeto como contribuyente para tal efecto lo es el exhibidor (persona física o moral, según lo previene el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), que presta el servicio de exhibición pública de películas.

Así, la base gravable se establece en el precio del boleto y el impuesto se calcularía multiplicándolo por el factor 0.0218, con el cual nos acercaríamos al “peso en taquilla” si consideramos que el promedio de precio por boleto es de 46 pesos según el informe de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales titulado “Panorama Audiovisual Iberoamericano2013. Para alcanzar este cálculo, se ha considerado, por supuesto, el principio de equidad que debe regir cualquier contribución, toda vez que la variación del monto considerado base gravable atiende a la capacidad económica de cada exhibidor y de su nicho de público asistente.

Por otra parte, atendiendo además al principio de reciprocidad que rige el establecimiento de una contribución, al establecerse el impuesto especial a la exhibición pública de películas se estará recaudando ingresos que fortalecerán la asignación de recursos presupuestales destinados al apoyo al cine mexicano a través de los organismos públicos destinados a tal misión.

En consideración de lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se adiciona el inciso d) a la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único: Se adiciona el inciso D) a la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas siguientes:

I. ...

II. En la prestación de los siguientes servicios:

A)...

B)...

C)...

D) La explotación mercantil de películas conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, de la Ley Federal de Cinematografía. El impuesto corresponderá al producto del precio de la contraprestación que cubre cada espectador por concepto de exhibición pública señalado para cada sala donde se preste dicho servicio multiplicado por el factor 0.0218.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Notas:

1 Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, “Panorama Audiovisual Iberoamericano2013” Madrid 2013. Consultado el 11 de octubre 2013. http://www.egeda.es/documentos/Panorama_Iberomaricano_2013_Final2_PRTGD.pdf

2 Ley Federal de Cinematografía, Consultado el 14 de Octubre de 2013, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/103.pdf

3 Ibíd.

Dado en el Senado de la República, LXII Legislatura, el 15 de octubre de 2013.— Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY PARA LA PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El diputado José Everardo Nava Gómez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho a la información como principal motor del periodismo son derechos humanos fundamentados y consagrados en los artículos 6o. y 7o. de nuestra Constitución, que además se encuentran sustentados en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Estas normas nacionales e internacionales han permitido impulsar acciones encaminadas a lograr la protección de los derechos humanos de los profesionales de la información ante la ola de violencia que durante los últimos años se encuentran enfrentando.

Pese a los esfuerzos del gobierno mexicano, en la actualidad seguimos siendo testigos de las demandas y exigencias de miles de periodistas de todas las regiones del país, quienes colocados peligrosamente en la mira de grupos de poder y de organizaciones delictivas siguen siendo objeto de intimidaciones, amenazas, persecuciones, torturas, secuestros, desapariciones y, por si fuera poco, los asesinatos continúan envolviendo al sector periodístico nacional.

Un análisis realizado recientemente por el Committee to Protect Journalists en el 2013 establece que los asesinatos de periodistas han disminuido en Irak, México, Colombia y Afganistán. No obstante, pese al descenso en las cifras de asesinatos, el estudio asegura que continúa presentando serios problemas por resolver en dichos países.

En el mismo sentido, cifras oficiales de las actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, reportaron en el sexto informe de labores de la PGR en el 2012, que los homicidios registrados entre el 2000 y junio de 2012 fueron de 89 periodistas asesinados y 17 desaparecidos dentro del territorio nacional, principalmente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal, México, Morelos, Colima, Nayarit, Michoacán, Jalisco y Veracruz.

La propia Casa de los Derechos de Periodistas, AC, afirma que en el último año del sexenio del ex presidente Felipe Calderón 20 periodistas fueron asesinados, 7 desaparecidos y al menos se han registrado 165 agresiones en contra del gremio.

El pasado 7 de julio, día de la conmemoración de la libertad de expresión, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió cinco recomendaciones para todos los estados del hemisferio, por considerar algunas zonas de la región como zonas de riesgo para el ejercicio del periodismo. De estas recomendaciones se pide a las naciones, principalmente, adoptar mecanismos de prevención adecuados y medidas eficientes de protección que garanticen el ejercicio de la seguridad y el ejercicio de la libertad de expresión para los periodistas.

El 19 de agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación general número 20, dirigida al secretario de Gobernación, al comisionado nacional de Seguridad, al procurador general de la República y procuradores generales de Justicia de las entidades.

A través de este documento reportó que del 1o. de enero del 2000 al 31 de julio de 2013 abrió 842 expedientes de quejas relacionadas con ataques a periodistas, de las cuales 231 corresponden a los últimos tres años. Y a través de esta recomendación se solicitó al secretario de Gobernación, gobernadores y jefe del Gobierno del Distrito Federal emprender acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad de este importante sector.

Ante esta difícil situación, nuestro actual gobierno federal ha manifestado su voluntad e interés para garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales, como lo ha demostrado con los avances legislativos que en la materia se han logrado en lo que va de su administración y cuya prioridad también se encuentra sustentado en el Pacto por México, que productivamente sigue en marcha.

En consecuencia, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, como representantes de la ciudadanía tenemos el compromiso de sumar esfuerzos con el gobierno federal para avanzar en las reformas legislativas impulsadas por este acuerdo nacional, particularmente en el compromiso 29 del Pacto por México, que busca fortalecer los mecanismos de protección implementados por el Estado mexicano para salvaguardar los derechos humanos de los periodistas.

En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa es proponer al pleno de la Cámara de Diputados diversas modificaciones a los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para agilizar administrativamente el desarrollo de los trámites del mecanismo de protección que actualmente exige la ley en materia y hacer más dinámica la operatividad en la implementación de las medidas de protección, con la finalidad de atender oportunamente cada una de las solicitudes de apoyo que demanden los profesionales de la información que se encuentren en situaciones de riesgo, con lo que estamos seguros se garantizará en todo momento el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea integrada mi iniciativa al Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, José Everardo Nava Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I, del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con la finalidad de sacar adelante las reformas que el Estado Mexicano necesita, el Ejecutivo Federal y las principales fuerzas políticas del país, se encuentran implantados cinco acuerdos políticos plasmados en el Pacto por México, cuyo objetivo es lograr transición democrática e impulsar el crecimiento económico que propicie la generación de empleo, así como disminuir la pobreza y desigualdad social en beneficio de los mexicanos.

El primer acuerdo del Pacto por México para una Sociedad de Derechos y Libertades, plasma en el compromiso número 29, el fortalecimiento de los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas contra los ataques del crimen organizado que durante el pasado sexenio se vieron incrementados y que lamentablemente fueron heredados al gobierno actual.

Como diputados federales y representantes del pueblo de México, tenemos el compromiso de sumar esfuerzos con el gobierno federal para lograr los retos que tenemos en común, y en este sentido desde el Congreso, tenemos la oportunidad de impulsar las adecuaciones legislativas que contribuyan a fortalecer la ley con miras a la protección del periodismo mexicano.

I. Marco jurídico nacional e internacional de protección al periodista en México

Actualmente, en el país el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho a la información como principal motor del periodismo, son derechos humanos fundamentales que además de estar consagrados en los artículos 6o. y 7o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos que cuentan con el aval jurídico de diversos tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Entre los principales tratados e instrumentos internacionales vinculados con la protección de las libertades de expresión e información como derechos humanos fundamentales que tienen vigencia en el país encontramos

1. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que establece textualmente en el artículo IV: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.

2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (suscrita en 1948), que establece en el artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.

3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976 (suscrita en 1981), que en el artículo 19, numeral 2, establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

4. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978 (suscrita en 1981), que en el artículo 13, numeral 1, también establece: “Toda persona tienen derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea orales, escrita, impresa o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

5. La Convención Internacional sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1975, en el artículo 5 establece: “En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente convención, los Estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes; VIII) El derecho a la libertad de opinión y de expresión”.

6. La Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José Costa Rica de 2000, que en el numeral 1 establece: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. Mientras, en el numeral 9 establece: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenazas a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Estas normas nacionales e internacionales motivaron al Estado mexicano para impulsar acciones encaminadas a lograr la protección de los derechos humanos de los profesionales de la información para detener la ola de violencia que durante los últimos años se encuentran enfrentando.

El 15 de febrero de 2006, por acuerdo del procurador general de la República, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, única en su género a escala internacional. “Según el acuerdo número A/031/06, la FEADP será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional”.

Con el mismo objetivo, el 25 de junio de 2012 fue publicada en el DOF una reforma del artículo 73 constitucional para facultar a las autoridades federales a conocer de los delitos del fuero común relacionados con delitos cometidos en contra de periodistas, facultándose al Congreso de la Unión para legislar en la materia, además de publicarse la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que vino a significar un gran avance en la coordinación entre la federación y los estados para impulsar un mecanismo de protección que garantizará la vida, liberad y seguridad de los profesionales del periodismo que se encontraran en situación de riesgo.

En noviembre de 2012, con el objetivo de reglamentar este mecanismo de protección, se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El 3 de mayo de 2013 fueron publicadas diversas modificaciones del Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que atribuyeron principalmente la facultad a la PGR para atraer los delitos cometidos contra los profesionales de la información.

Pese a estos importantes esfuerzos del gobierno mexicano, que han permitido la federalización de los delitos contra periodistas en el país, así como los mecanismos de protección implantados, y el trabajo de la fiscalía especial para la atención de este tipo de delitos, los periodistas mexicanos continúan siendo víctimas de la violencia.

II. Problemática actual del periodismo en México

Actualmente seguimos siendo testigos de las demandas y exigencias de miles de periodistas a lo largo y ancho de todas las regiones del país, colocados peligrosamente en la mira de grupos de poder y organizaciones delictivas siguen siendo objeto de intimidaciones, amenazas, persecuciones, torturas, secuestros, desapariciones y por si fuera poco, los asesinatos siguen envolviendo al sector periodístico nacional.

Un análisis realizado recientemente por el Committee to Protect Journalists (CPJ) en el 2013, establece que los asesinatos de periodistas han disminuido en Iraq, Sri Lanka, México, Colombia y Afganistán. No obstante, pese al descenso en las cifras de asesinatos, continúan presentando serios problemas por resolver en estos países, por ejemplo Afganistán, Sri Lanka y México, han fracasado en el enjuiciamiento de los responsables de los asesinatos”.

Se trata de una problemática mundial, como demuestra el informe realizado por Reporteros sin Fronteras Balance en cifras 2012, donde se indica que “en 2012 hubo 88 periodistas asesinados; 879 periodistas detenidos o interpelados; 1993 periodistas agredidos o amenazados; 38 periodistas secuestrados; 73 periodistas huyeron de su país, 6 elaboradores de los medios de comunicación asesinados, 47 netciudadanos y periodistas ciudadanos asesinados: y 144 blogueros y netciudadanos. Adicionalmente, este reporte advierte que los 5 países mortíferos para los periodistas son Somalia, Siria, Pakistán, Brasil y México”.

En el caso particular de nuestro país, cifras oficiales de las actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, reportaron en el sexto informe de labores de la PGR de 2012, “que los homicidios registrados entre enero de 2000 y junio de 2012 fueron de 89 periodistas asesinados y 17 desaparecidos dentro del territorio nacional, principalmente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal, México, Morelos, Colima, Nayarit, Michoacán, Jalisco y Veracruz”.

Datos proporcionados por la Casa de los Derechos de Periodistas, AC, afirman que en el último año del sexenio de Felipe Calderón y en lo que va del actual gobierno, 20 periodistas fueron asesinados, 7 desaparecidos y al menos se han registrado 175 agresiones en contra del gremio.

La Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 7 de julio de 2013 (Día de la Libertad de Expresión), cinco recomendaciones para todos los estados del hemisferio por considerar algunas zonas de la región como zonas de riego para el ejercicio del periodismo, de estas recomendaciones “se pide a las naciones adoptar mecanismos de prevención adecuados y medidas eficientes de protección que garanticen el ejercicio de la seguridad y el ejercicio de la libertad de expresión para los periodistas, a realizar investigaciones efectivas sobre los hechos de violencia cometidos contra los trabajadores de la comunicación, así como solicitar a los estados no propiciar campañas que puedan incentivas la violencia contra las personas en razón de sus opiniones”.

El 19 de agosto la CNDH publicó en el DOF “la recomendación general número 20, dirigida al secretario de Gobernación, comisionado nacional de Seguridad, al procurador general de la República, y procuradores generales de Justicia de las entidades”,reportó que del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013, abrió 842 expedientes de quejas relacionadas con ataques a periodistas de las cuales 231 corresponden a los últimos tres años, el mismo reporte establece que de 145 denuncias presentadas en este periodo por homicidio y desapariciones y atentados contra periodistas y medios de comunicación, sólo en 27 casos las procuradurías federales y estatales reportaron haber realizado las averiguaciones previas, y de las cuales, sólo en 14 casos el juez dictó sentencia condenatoria, a través de esta recomendación se solicitó al secretario de Gobernación, gobernadores y jefe del gobierno del Distrito Federal, emprender acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad de los periodistas.

Con lo anterior queda demostrado que esta situación sigue tornándose difícil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, y organismos internacionales han demostrado coincidir en sus estudios y análisis el deterioro de la libertad de expresión que sigue lastimando a México.

El actual gobierno federal ha manifestado su voluntad e interés para reconocer la importancia del ejercicio del derecho de la libertad de expresión en nuestra sociedad democrática, como demuestran los avances legislativos que en la materia se han logrado hasta lo que va de su administración y que también se encuentra sustentado en el Pacto por México que continúa impulsando.

En consecuencia, como representantes de la ciudadanía, tenemos la obligación de sumar los esfuerzos legislativos que permita avanzar en las reformas legislativas impulsadas por este acuerdo nacional, particularmente en el compromiso 29 del Pacto por México, del que reiteró tienen el principal objetivo de fortalecer los mecanismos de protección implantados por el Estado mexicano para salvaguardar los derechos humanos de los periodistas.

III. Objetivo de la iniciativa

De acuerdo con la ley en la materia, el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas vigente en México, actualmente funciona a través de Junta de gobierno como principal órgano de la toma de decisiones encargada de determinar suspender y modificar las medidas preventivas, las medidas de protección y las medidas urgentes, integrada por un representante de las Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, de la PGR y CNDH principalmente, además, cuenta con un consejo consultivo integrado por nueve consejeros que se encargan de atender las consultas, formular opiniones, recomendaciones e inconformidades a la Junta de Gobierno y una Coordinación Ejecutiva Nacional encabezada por un funcionario de la Secretaría de Gobernación, este órgano es el responsable de coordinar, con la administración federal, estatal, así como con los organismos autónomos, el funcionamiento de este mecanismo.

De manera específica, la Coordinación Ejecutiva se encuentra integrada por tres unidades auxiliares: de Recepción de Casos y Reacción Rápida; Unidad de Evaluación de Riesgo, y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, que se encargan principalmente de recibir las solicitudes de protección del mecanismo enviadas por los periodistas y determinar el procedimiento por seguir según sea el caso.

La ley actualmente determina dos procedimientos en la actuación del Mecanismos, será procedimiento extraordinario, cuando se demuestre el peligro inminente para la vida e integridad física, dicho procedimiento establece medidas urgentes de protección que deberán ser emitidas en un plazo no mayor a tres horas del ingreso de la solicitud e implantarse en un plazo no mayor a 9 horas a partir de su emisión por la Unidad de Recepción del Caso y Reacción Rápida, esto significa que tienen que transcurrir 12 horas para accionar con las medidas que se supone son de “urgente protección”, lo que a nuestra consideración es un periodo de tiempo fundamental que se está desperdiciando, y en el que se continúa expuesto tanto periodista como su familia al peligro de sufrir agresiones, por lo que lo más apropiado, tomando encuentra las opiniones de los propios profesionales de la información, sería actuar de manera inmediata, al ser la formas más eficiente para garantizar la seguridad, integridad física y sobre todo el derecho a la vida de periodistas.

El mismo inconveniente se observa en el procedimiento ordinario establecido también por la ley en la materia , en este caso, una vez ingresada la solicitud de protección, la Unidad de Recepción del Caso y Reacción Rápida la remite a la Unidad de Evaluación de Riesgo quien en un término de 10 días naturales debe realizar la evaluación de riegos y determinar las medidas de protección, mismas que serán decretadas por la Junta de Gobierno e implantadas por la Coordinación de Ejecutiva Nacional en un plazo no mayor de 30 días naturales.

Reconocemos el importante trabajo que hasta la fecha se impulsa con el mecanismo que en su primer año de funcionar atendió 81 solicitudes de protección de las cuales 47 fueron ingresadas en procedimiento ordinario, 25 en procedimiento extraordinario y 9 fueron negadas, pese a ello, observaciones realizas por los propios periodistas ponen de manifiesto que el mecanismo padece lentitud para accionar ante situaciones de emergencia, por lo que consideramos inaplazable implantar acciones legislativas que permitan fortalecer y mejorar su funcionamiento para que la protección y seguridad que brinde el mecanismo, salvaguarde el ejercicio pleno de los derechos humanos de los periodistas.

Luego entonces, objetivo de la presente iniciativa es proponer al pleno de la Cámara de Diputados diversas modificaciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas paraagilizar administrativamente el desarrollo de los trámites del mecanismo de protección que exige la ley en la materia, y hacer más dinámica la operatividad en la implantación de las medidas de protección, con la finalidad de atender oportunamente cada una de las solicitudes de apoyo que demanden los profesionales de la información, según sea procedente, y con ello, contribuir a garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales que nuestra constitución ampara para todos los mexicanos y que además tienen el sustento jurídico de los convenios y tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Por lo expuesto presento a la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Único. Se reforman los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:

Artículo 26.En el supuesto que el peticionario declare que su vida, integridad física o la de los señalados en el artículo 24 está en peligro inminente, el caso será considerado de riego alto y se iniciará el procedimiento extraordinario.

La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida procederá a

I. Emitir inmediatamentelas Medidasde urgente Protección

II. Implementar las medidas urgentes de protección, en un plazo no mayor de cinco horas a su emisión.

Artículo 27.El cualquier otro caso, la solicitud será tramitada a través del procedimiento ordinario y la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida la remitirá inmediatamente a su recepcióna la Unidad de Evaluación de Riesgos.

La Unidad de Evaluación de Riegos, en un término de siete días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud, procederá a

Artículo 29.Una vez definidas las medidas por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgo, la Junta de Gobierno decretará las Medidas Preventivas o Medidas de Protección y la Coordinación procederá a

I. ...

II. Coadyuvar en la implantación de las medidas preventivas o medidas de protección decretadas por la Junta de Gobierno en un plazo no mayor de 15 días naturales;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Pacto por México”, en http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf

2 Marco jurídico de protección al periodista en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, México, 2013, páginas 4 y 5.

3 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, en http://www.pgr.gob.mx

4 Hernández Reyes, Angélica, “ Protección a periodistas en México”, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Cámara de Diputados, México, 2013, página 2.

5 Ibídem, página 1.

6 Procuraduría General de la República, S exto informe de labores,2012, páginas 167-169. En http://www.pgr.gob.mx

7 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Obra citada, páginas 40 y 41.

8 Diario Oficial de la Federación, Recomendación general número 20 sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante, 2013. En http://www.dof.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.— Diputados: José Everardo Nava Gómez, María del Rocío Corona Nakamura, Faustino Félix Chávez, Miriam Cárdenas Cantú, Irma Elizondo Ramírez, Leobardo Alcalá Padilla, (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Así se hará, señor diputado don José Everardo Nava Gómez. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y MITIGACION DE LA DIABETES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra, por 10 minutos, la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes.

La diputada Margarita Saldaña Hernández: Con su venia, señor presidente; diputados y diputadas de esta honorable Cámara de Diputados, la suscrita, diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, pongo a la consideración de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes. Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión.

El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene el derecho humano a la protección de la salud. Ordenado por el Congreso de la Unión, emite leyes para definir las bases, modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer la concurrencia de la federación y las entidades federativas, en materia de salubridad general.

En el mundo se identifican tres tipos principales de diabetes. La tipo I, también llamada insulinodependiente, que es la menos frecuente. La tipo II, que la presenta el 90 por ciento de las personas con diabetes, y por lo tanto la que mayor cantidad de vidas humanas cobra al año, y la gestacional que se presenta durante el embarazo, cada vez es más frecuente y si no se atiende de manera adecuada, la madre puede padecer posteriormente diabetes tipo II y además puede ser causa de niños prematuros macrosómicos, con mayor tendencia a presentar enfermedades crónicas no transmisibles y en algunos casos con malformaciones.

La comunidad internacional ha desplegado esfuerzos ante la dramática realidad y desde 2007 se conmemora el Día de la Diabetes, con la finalidad de hacer un llamado a la sociedad y a los gobiernos para integrar un frente común en la lucha contra la enfermedad, que en 2011 cobró la vida de 4.6 millones de personas de entre 20 y 79 años en el mundo. En nuestro país es la primera causa de muerte, con un promedio de 82 mil defunciones por año.

En 2011 la Federación Internacional de Diabetes calculaba alrededor de 366 millones de personas en el mundo con esta enfermedad, mientras que en México se estimaba que 10 millones de habitantes ya la padecían y considerándose que para el año 2020 esta cifra se duplicará.

Hace algunas décadas se creía que la diabetes tipo II era exclusiva de adultos. Lamentablemente en los últimos años ha comenzado a afectar a niños y su crecimiento en el sector de la población es alarmante.

El Hospital Infantil perteneciente al Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI registra que entre 1990 y 2007 se multiplicó cinco veces el número de niños y adolescentes con esta enfermedad.

En la actualidad, las estadísticas indican que en la República Mexicana cada hora se diagnostican 38 nuevos casos. Cada dos horas fallecen cinco personas debido a las complicaciones originadas por la diabetes. Además, la tipo II es la principal causa de enfermedades cardiovasculares, ceguera, falla renal, amputaciones. Lo que se traduce en un elevado costo para el sector salud. Estos daños muestran por qué se ha convertido en el principal problema de salud pública en México.

La diabetes nos está ganando la batalla y no hacemos algo urgente, algo radical, con enfoque integral, multidisciplinario y participación de todos los sectores sociales, combatiendo los factores que la desencadenan: sobrepeso, obesidad y falta de actividad física.

Hoy a nombre de 13 millones de mexicanas y mexicanos que padecen sobrepeso y obesidad, pero sobre todo trayendo a esta tribuna la voz de los casi 8 millones de enfermos de diabetes, vengo a presentar una iniciativa de ley innovadora en su contenido, orientada al establecimiento de una cultura del conocimiento de la enfermedad, con mecanismos de acciones preventivas que faciliten el autocuidado y tratamiento oportuno.

Es urgente crear la normatividad que permita atender con un enfoque integral, multidisciplinario y con la participación de los sectores público, privado y social, el creciente porcentaje de población con diabetes. Incidir con énfasis en la prevención y que se involucre a estructuras y actores sobre todo gubernamentales.

En los contenidos de la ley que presento contemplo acciones de política pública, elevados a rangos de ley: la creación de un centro integral, tomando como referencia casos de éxito como el de Kuwait, y la incorporación al sistema de salud de una cartilla metabólica.

Señoras y señores legisladores, proponemos una legislación inédita en el ámbito federal en la materia, construidos sus contenidos con participación de expertos en el sector salud, tanto federal como del Distrito Federal. Con ello los y las diputadas federales estamos ante la oportunidad de ser los protagonistas de la regulación integral y de los tres aspectos más preocupantes: sobrepeso, obesidad y diabetes.

Este proyecto satisface los rubros, el énfasis en la prevención y la promoción de actividad física, hábitos saludables en la alimentación y el tratamiento de la enfermedad. Es una idea noble revestida del componente de salud preventiva. Una ley, que al mismo tiempo es política pública con mucha sensibilidad.

Por ello invitamos a todas las fuerzas políticas aquí representadas a que se sumen a este proyecto, pues con ello estamos abonando al futuro sustentable en materia de salud en México. Sobre todo es un tema de sensibilidad social.

Ésta es la iniciativa que estamos presentando, señor presidente, se la quiero entregar para que se inscriba en el Diario de los Debates. Espero que todos los diputados que conforman este honorable Congreso de la Unión se sumen a ella, nos apoyen y la suscriban. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, pongo a la consideración de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes. Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que sustentan la iniciativa

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:

Crear la normatividad que permita atender con un enfoque integral, multidisciplinario y con la participación de los sectores público, privado y social, el creciente porcentaje de población con Diabetes; incidir con énfasis en la prevención, a través de la disminución de los principales factores que la desencadenan, que son el sobrepeso y la obesidad; orientar con una cultura de conocimiento de la Diabetes que involucra estructuras y acciones que facilitan el auto cuidado y su tratamiento oportuno.

Argumentos que sustentan la iniciativa

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a la Diabetes mellitus como una amenaza mundial, llamada la epidemia del siglo XXI, la cual está íntimamente relacionada con la obesidad, el sobrepeso y la inactividad física.

El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene el derecho humano a la protección de la salud, ordenando que el Congreso de la Unión emita leyes para definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad general.

Sin embargo en México, alrededor de 13 millones de adultos son obesos, de los cuales 7.3 millones la padecen. Además, ya ocupamos el nada envidiable, primer lugar en obesidad infantil.

El sobrepeso y la obesidad son los principales factores que la desencadenan, tan sólo en el país, el 80 por ciento de los enfermos de Diabetes, tienen exceso de peso. Es por ello que la prevención de aquéllos, contribuye a prevenir y controlar la referida enfermedad.

De ahí, la urgente necesidad de atenderla con un enfoque integral, así como los factores que la desarrollan, estos son precisamente los propósitos centrales que animan los contenidos de la presente iniciativa.

No pasa inadvertido, que la legislación mexicana cuenta con un amplio marco regulador para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de la población, con la Ley General en la materia, que por su jerarquía, es obligado ceñir a ella, toda ley federal como la que aquí se propone, pero también, que no cuenta la mencionada legislación, ni en el orden federal, ni en el de las Entidades Federativas, con precedente alguno que regule la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes.

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) la define como la enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o bien, el cuerpo no puede utilizar efectivamente la insulina que se produce, por lo que se incrementan los niveles de glucosa en sangre, provocando a largo plazo daño al cuerpo y falla de diversos órganos y tejidos.

Se identifican 3 tipos principales: La tipo I, también llamada insulino-dependiente, que es la menos frecuente; la tipo II que la presenta el 90 por ciento de las personas con diabetes, y por lo tanto la que mayor cantidad de vidas humanas cobra al año; y la gestacional que se presenta durante el embarazo, cada vez es más frecuente y si no se atiende de manera adecuada la madre puede padecer posteriormente, la Diabetes tipo II, y además puede ser causa de niños prematuros, macrosómicos, con mayor tendencia a presentar Enfermedades Crónicas no Transmisibles y en algunos casos con malformaciones.

Tanto en el sobrepeso como en la obesidad, hay un aumento en los depósitos de grasa corporal, debido a problemas genéticos, el medio ambiente, tipo de alimentación y estilo de vida; la diferencia entre ambos, radica en que en el sobrepeso el índice de masa corporal (IMC) es igual o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado en adultos; mientras que en la obesidad el índice de masa corporal (IMC) es igual o superior a los 30 kilogramos por metro cuadrado en adultos.

La comunidad internacional ha desplegado esfuerzos ante la dramática realidad y desde 2007, se conmemora el día Mundial de la Diabetes, con la finalidad de hacer un llamado a la sociedad y a los gobiernos para integrar un frente común en la lucha contra esta enfermedad, que en 2011 cobró la vida de más de 4.6 millones de personas de entre 20 y 79 años, en el mundo. En nuestro país es la primera causa de muerte, con un promedio de 82 mil defunciones por año.

En 2011, la Federación Internacional de Diabetes, calculaba alrededor de 366 millones de personas en el mundo con Diabetes, mientras que en México se estimaba que 10 millones de habitantes ya la padecían, considerándose que para el 2020 esta cifra se duplique.

Hace algunas décadas se creía que la Diabetes Tipo II, era exclusiva de adultos, lamentablemente en los últimos años ha comenzado a afectar a niños, y su crecimiento en este sector de la población es alarmante. El Hospital Infantil, perteneciente al Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, registra que entre 1990 y 2007 se multiplicó cinco veces el número de niños y adolescentes con esta enfermedad.

En la actualidad, las estadísticas indican que en la República Mexicana, cada hora se diagnostican 38 nuevos casos y cada dos horas fallecen 5 personas, debido a las complicaciones originadas por la Diabetes.

Además, la tipo II, es la principal causa de enfermedades cardiovasculares, ceguera, falla renal y amputaciones, lo que se traduce en un elevado costo para el sector salud.

Estos datos muestran por qué se ha convertido en el principal problema de salud pública en México.

A nivel federal, las autoridades han realizado esfuerzos, con la implementación de programas para abatirla, sin embargo, no se ha logrado el objetivo central de evitar su avance. Por el contrario, en sólo unos años, ha crecido la cifra de personas con Diabetes entre la población mexicana de forma drástica, con altas expectativas de continuar creciendo, ante el incremento de los porcentajes de sobrepeso y obesidad.

Por eso, urge cambiar el rumbo de políticas públicas y tareas de gobierno para concentrar los esfuerzos en una política que abarque la prevención, el tratamiento y control, con enfoque integral, diseñado en una legislación que armonice y optimice la participación coordinada y concertada de los sectores público, privado y social.

La estrategia debe sustentarse, en la formación de una cultura de conocimiento de la Diabetes en la población, facilitando el diagnóstico oportuno, de la mano con la capacitación a la población en riesgo de contraerla o que la padece, para mejorar su calidad de vida, participando en el auto cuidado, en aquellas actividades que facultan la coadyuvancia de la sociedad en general.

Expertos en salud pública, consideran a las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la Diabetes, uno de los mayores retos del Sistema Nacional de Salud, por la gran cantidad de población afectada, su acelerado crecimiento, creciente contribución a la mortalidad general, porque es la causa más frecuente de incapacidad prematura, es complejo y elevado el costo de su tratamiento.

La emergencia como problema de salud pública, ha sido resultado de cambios sociales y económicos que modificaron el estilo de vida de un enorme porcentaje de población en el país.

Controlar enfermedades crónicas no transmisibles, en particular la Diabetes, requiere un proceso de educación para entenderla, de cambios significativos y focalizados de conducta, la utilización a largo plazo de múltiples fármacos y evaluaciones frecuentes, además de la participación de especialistas, de la mano con la familia y la comunidad.

Además de tiempos mayores de consulta, requiere la participación de diversos profesionales de la salud, por lo que la estructura y procedimientos de la mayoría de Instituciones de Salud, se tornan insuficientes y costosos para atender los diversos requerimientos de pacientes con Diabetes.

Uno de los principales problemas para la atención, radica en la carencia de medicamentos, instalaciones y médicos. Según el informe Sesenta Propuestas para el Fortalecimiento de la Atención Primaria a la Salud en los Servicios Estatales de Salud emitido por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud Federal, 41 por ciento de los centros de salud rurales no cuenta con médicos titulados sino pasantes, incluso en Estados como Colima, Nuevo León y Sonora llega a ser del 75 por ciento. Únicamente el 2.8 por ciento de las unidades ambulatorias cuentan con laboratorio y del total de unidades, ninguna de ellas posee el equipo suficiente para la atención de Diabetes e hipertensión arterial; en cuanto al medicamento el 34 por ciento tiene en promedio 85 de 264 claves seleccionadas del Cuadro Básico de Medicamentos. Y el 70 por ciento cuenta con cuatro de seis claves para la atención de personas con Diabetes.

La diversa y compleja problemática y los resultados adversos, evidencian que el tratamiento no se basa en las necesidades y expectativas del paciente y resulta insuficiente, tardío y costoso, no comprende los objetivos de su tratamiento y las modificaciones necesarias no se incorporan a su estilo de vida.

Los programas educativos conceden prioridad intermedia a las enfermedades crónico-degenerativas y no agregan a la familia al tratamiento, factor clave para modificar el estilo de vida. La intervención de especialistas en múltiples casos es para atender las complicaciones, además, por cuestiones culturales, muchos pacientes acuden hasta que se ha desencadenado la enfermedad o incluso, hasta que presenta diversas complicaciones.

Apostar al énfasis en su prevención y a un adecuado y oportuno control, también es contribuir a su mitigación, tarea central del Sistema Nacional de Salud, a través de las atribuciones de la Secretaría de Salud, así como de las Dependencias e Instituciones Federales, con una sólida estrategia, con enfoque multidisciplinario e interinstitucional.

Es importante dimensionar que el crecimiento y letalidad produce efectos negativos para el país, ya que afectan a personas en edades productivas, con costos elevados para el sector, lo que contribuye a acentuar la pobreza.

Además, económicamente ha sido un fuerte golpe para el país ya que el costo por persona desde su diagnóstico hasta el final de su vida es de alrededor de 3 millones de pesos (según datos del Periódico Reforma 08 noviembre 2012), esto es alrededor del 20 por ciento del gasto de las instituciones públicas.

Datos referidos en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad 2010, indican que los costos para atender enfermedades como la Diabetes tipo 2, atribuibles al sobrepeso y la obesidad, aumentaron entre 2000 y 2008, 61 por ciento, de 26 mil 283 millones de pesos a 42 mil 246 millones de pesos, cantidad que representó en ese año el 33.2 por ciento del gasto público federal en servicios de salud a la persona. Además se calcula que de continuar este crecimiento promedio anual, de 13.51 por ciento, en 2017 se destinarán 77 mil 919 millones de pesos.

Aunado a que los costos económicos asociados al tratamiento y complicaciones constituyen grave carga, tanto para los servicios de salud como para los pacientes, por lo que, de seguir en aumento la enfermedad y sin soluciones adecuadas para mitigarla, será imposible que gobierno y sociedad puedan absorberlos en un futuro.

El aumento de personas con enfermedades crónicas como la Diabetes, ha incrementado la demanda de servicios de salud. Cifras de 2011 indican que alrededor de 8 millones de mexicanos acuden a los centros de salud, cada año, por este tipo de padecimientos.

Por otra parte cabe mencionar que en las últimas dos décadas, el número de casos de Diabetes en niños se multiplicó 5 veces.

El 7 de noviembre del presente año, la Encuesta sobre Concientización de la Diabetes en México 2012, presentada por la Federación Mexicana de Diabetes, reveló que: el 38 por ciento de encuestados que la padecen, nunca ha asistido a tratamiento; el 43 porciento nunca fueron informados sobre el riesgo de desarrollarla; 19 por ciento no saben si padecen tipo I o II de Diabetes; el 61 por ciento de la población con alta propensión, no han recibido información preventiva; mientras que el 37 por ciento, no saben o no están seguros de padecerla ya que jamás se han realizado una prueba de glucosa en sangre.

Además de requerirse una política para su prevención, tratamiento y control, resulta necesario concientizar a la población sobre los riesgos y las causas que la provocan. Si bien es cierto que gran parte de la aparición de esta enfermedad se debe a cuestiones genéticas, datos de la Secretaría de Salud indican que el 80 por ciento de los casos, tienen su origen en el sobrepeso y obesidad, epidemia que afecta a 7 de cada 10 mexicanos en la actualidad.

Ello se debe al estilo de vida que ha adoptado la población mexicana en los últimos años, en el que por la falta de tiempo y /o dinero, la gente prefiere consumir productos con alto contenido de grasas saturadas y grasas trans, azúcares y sal; hipercalóricos y con un valor nutrimental muy bajo; además de la falta de actividad física, por lo que se consumen más calorías que las que se utilizan, se ha incrementado la población con sobrepeso y obesidad, que como ya se indicó, son factores clave para el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la Diabetes.

México enfrenta dos enormes retos: dotar a nuestro sistema de salud de infraestructura y especialistas que permitan a los pacientes con Diabetes mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones que podrían ser fatales; así como proporcionar a la población información preventiva que contribuya a llevar un estilo de vida saludable.

Como consecuencia del rápido crecimiento de población con sobrepeso y obesidad y por ello, el aumento de enfermedades como hipertensión, cardiopatías y la misma Diabetes, en 2004 la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización de las Naciones Unidas, a petición de los Estados Miembros, elaboró, aprobó y publicó la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud,en la cual se establecen directrices para las estrategias que deseen implementar los países, en el combate contra enfermedades no transmisibles.

La OMS lo plantea como una oportunidad, para que los Estados Miembros elaboren y apliquen políticas públicas eficaces y encaminadas a reducir la mortalidad a causa de las enfermedades no trasmisibles, a través de la promoción de actividad física y de una alimentación correcta. Además prevé mejorar la calidad de vida de la población con o sin la enfermedad, llevando una vida más sana, reduciendo la desigualdad entre los diferentes sectores de la población y promover el desarrollo.

Dentro de su apartado de datos probatorios para fundamentar las actividades, menciona que “Hay pruebas de que, cuando se controlan otras amenazas para la salud, las personas pueden mantenerse sanas después de los 70, 80 y 90 años de edad si adoptan comportamientos que promuevan la salud, como una alimentación sana y una actividad física regular y adecuada, y evitan el consumo de tabaco. Las investigaciones recientes permiten comprender mejor los beneficios de las dietas saludables, la actividad física, las acciones individuales y las intervenciones de salud pública aplicables a nivel colectivo.

Aunque se necesitan más investigaciones, los conocimientos actuales justifican una urgente acción de salud pública.”

La mencionada Estrategia señala que los gobiernos tienen la función no sólo de formular, aplicar y promocionar las políticas, sino que además es su responsabilidad que resulten efectivas y duraderas.

De igual forma propone aprovechar las estructuras con las que cuente cada país para afrontar los diferentes retos en materia alimentaria, nutricional y fomentar la actividad física. Asimismo plantea como principales responsables y pieza clave dentro de los gobiernos, al sector salud para coordinar las políticas públicas que se implementen.

Dentro de las pautas que marca, cabe mencionar:

• Los gobiernos deben facilitar información correcta y equilibrada.

• Educación, comunicación y concientización del público.

• Comercialización, publicidad, patrocinio y promoción.

• Etiquetado (de productos alimenticios).

• Declaración de propiedades relacionadas con la salud.

• Promoción de productos alimenticios acordes con una dieta saludable.

• Participación comunitaria y creación de entornos favorables.

• Las políticas y los programas escolares deben apoyar la alimentación sana y la actividad física.

• La prevención es un elemento esencial de los servicios de salud.

• Colaboración con asociaciones de profesionales de la salud y grupos de consumidores.

La autora de esta iniciativa considera de particular relevancia para el cumplimiento de las referidas pautas, la participación de la Secretaría de Salud en la orientación acerca de las propiedades nutritivas de alimentos y bebidas; y la autorización de la publicidad relacionada con la prevención del sobrepeso y la obesidad.

Así también, la de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el ámbito de competencia que le atribuyen la Ley General y demás disposiciones aplicables, para ejercer el control y vigilancia sanitarios relacionados con el proceso de elaboración y distribución de alimentos; y ejercer el control y vigilancia sanitaria de la publicidad de las actividades, productos y servicios relacionados con la prevención, atención y mitigación de la Diabetes.

Tan sólo en 2010, la asociación civil “El Poder de Consumidor”, reveló que México es el país, dentro de la OCDE, que más anuncios televisivos emite sobre los llamados alimentos chatarra; en promedio se transmiten 11 anuncios de estos productos en 1 hora de programación, por lo se calcula que una persona que ve televisión 3 horas al día, en un año habrá visto alrededor de 12 mil mensajes de este tipo.

Parte determinante en las estrategias y políticas, para la consecución de los objetivos propuestos, la constituye la propuesta de creación del Centro de Especialidades en Diabetes, cuya misión sería la prevención, control y mitigación del impacto de la Diabetes, así como de los factores y enfermedades asociadas, para mejorar la calidad de vida de la población.

Estaría avocado a la investigación, entrenamiento, educación y tratamiento de la Diabetes. A la promoción y difusión de medidas de prevención, atención y mitigación de la enfermedad; orientación en medicamentos, alimentos y prácticas del deporte, que mejoren la calidad de vida de las personas con este padecimiento.

Las actividades del Centro se sustentarían fundamentalmente en estrategias de educación nutricional y sanitaria, seguimiento de antecedentes hereditarios e historia clínica, educación integral sobre la Diabetes, educación física, aprovechamiento de instancias de formación educativa; y aprovechamiento de espacios de difusión. En suma, un Centro concentrador de actividades de formación de una cultura preventiva en su máxima expresión, con tareas de atención especializada y de capacitación para el auto cuidado del paciente en aquellas que no requieren de la participación del Médico, sino de la preparación básica para que él y en su caso la familia, lo realicen.

La promoción de la salud comprende, según lo establece la Ley General de Salud, entre otros, a la educación para la salud, la cual tiene por objeto fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud.

En este contexto y atendiendo a los propósitos que enmarcan esta iniciativa, se introduce la propuesta novedosa de la Cartilla Metabólica, como una bitácora a través de la cual cada persona en el país, podrá llevar un seguimiento personalizado y continuo de acciones de prevención de la Diabetes y protegerse de los factores y riesgos asociados a ella, que pongan en peligro su salud.

Se crea la Cartilla Metabólica, como herramienta fundamental para formar conciencia en la y el usuario de la importancia del auto cuidado de la salud y demandar oportunamente los servicios preventivos correspondientes.

Se propone que estédirigida a todas las etapas de la vida de la población, desde el nacimiento y contendrá cuando menos los datos relacionados con la edad, peso, talla, antecedentes hereditarios relacionados con familiares con Diabetes y enfermedades asociadas a ella.

La autora de esta iniciativa atendió en sus diversos contenidos elaborados cuidadosamente, con asesoría de expertos del Sector Salud federal, al marco normativo constitucional; al de una legislación general con visión de Sistema, abundante, que regula con exhaustividad competencias concurrentes, exclusivas y subsidiarias, entre los integrantes de dicho Sistema; a sus Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y Reglas Técnicas, relacionadas con la Diabetes, el sobrepeso y la obesidad. Todo ello, para lograr viabilidad y solidez jurídica.

Asumiendo el reto de dar por primera vez contenidos a una Ley que no tiene precedente ni en el ámbito federal, ni local de las Entidades Federativas del País, su autora se propone contribuir como representante de la sociedad mexicana, a que esta epidemia pueda prevenirse, atenderse y mitigarse, a partir de una cultura de conocimiento y participación de los sectores público, privado y social.

El proyecto de decreto se compone de seis títulos, 15 capítulos, 68 artículos y cuatro transitorios.

Por lo que se refiere al contenido específico de la Ley, el Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo I, Del Objeto de la Ley y Políticas en la Materia,establece que consiste enprevenir, tratar y mitigar la Diabetes, para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de la población; define conceptos que facilitan la comprensión, interpretación y alcance de los contenidos de la iniciativa.

Que la Secretaría, con la participación que corresponde por Ley al INEGI, coordinará la elaboración periódica de una estadística que se difunda a la población en general, que permita conocer el grado de avance en la prevención, tratamiento y control de la Diabetes, así como de los factores relacionados con la enfermedad.

El Capítulo II, De la Distribución de Competencias,precisa diversas de carácter exclusivo y concurrente para la Secretaría en los rubros de la iniciativa.

En el Capítulo III, De la Cartilla Metabólica,para fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de la Diabetes y protegerse de los factores y riesgos asociados a ella que pongan en peligro su salud, se crea la Cartilla Metabólica, como herramienta fundamental para formar conciencia en la y el usuario de la importancia del auto cuidado de la salud y demandar oportunamente los servicios preventivos correspondientes.

En el Título Segundo de los Tipos de Diabetes,en los siguientes Capítulos regula los distintos tipos de Diabetes: Capítulo I, Diabetes Tipo 1; en el Capítulo II, Prediabetes y Diabetes Tipo 2; en el Capítulo III, Diabetes Gestacional; y de particular relevancia resulta el Capítulo IV, referente a Otros Tipos de Diabetes, previendo que los tipos de Diabetes diferentes a los regulados en los Capítulos anteriores que existan o que surjan, serán tratados conforme lo dispongan las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas y, en su defecto, conforme a los procedimientos y protocolos médicos que se implementen con base en los avances científicos.

En el Título Tercero, Formación de la Cultura Sobre la Diabetes, con el fin de garantizar la salud pública, prevenir, controlar y tratar los síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la Diabetes, se fomentarán hábitos y medidas para un estilo de vida saludable, de igual forma se elaborarán programas y proyectos especializados, para lo cual participará el gobierno federal a través de las dependencias e instituciones integrantes del sistema, la Secretaría de Educación Pública, los medios de comunicación y los sectores público y privado.

Asimismo,la Secretaría impulsará la formación de una cultura integral de conocimiento de la Diabetes, dirigida a la población en general, con la finalidad de prepararla en la prevención con énfasis en el auto cuidado y autoanálisis de la glucosa capilar y en su caso, la oportuna detección, debido tratamiento y adecuado control.

Este mismo Título, se integra con 5 capítulos: Capítulo I,

De la Prevención; Capítulo II, Hábitos Alimenticios-Nutricionales,en el que establece que la Secretaría de Salud, a través de las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema, promoverá la cultura del buen comer, en donde se considerarán el tamaño de porción recomendada para la población mexicana, fomentando un mayor consumo de alimentos de alto valor nutrimental, frutas, verduras, leguminosas, entre otros y un menor consumo de alimentos fritos, capeados o empanizados.

En el Capítulo III, De la Difusión de Medidas Preventivas, establece que la Secretaría será la encargada de coordinar los programas y proyectos enfocados a la prevención, identificación, mitigación, control y tratamiento de los síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la Diabetes; que además orienten a la población hacía un estilo de vida saludable.

El mismo t ítulo, Capítulo IV, De la Atención y el Control,destaca que la Secretaría promoverá y coordinará entre los Integrantes del Sistema, la elaboración del Plan de Manejo Integral del paciente, a fin de estabilizar, mantener el control metabólico, evitar complicaciones crónicas y agudas; y en general mejorar la calidad de vida del paciente.

Con el fin de que la población comprenda la enfermedad, etapas y complicaciones, el Capítulo V,regula aspectos De la Participación de los Sectores Público, Privado y Social.Al efecto, el gobierno federal a través de la Secretaría, de Salud, promoverá la implementación de Grupos de Ayuda Mutua; por medio de los cuales se capacitará y orientará a las personas con Diabetes, familiares y gente cercana a ellos.

Prevé la iniciativa en el Título Cuarto, Del Proceso de Atención a la Población,en Capítulo Único,lo conducente, previendo un procedimiento para ello.

De enorme relevancia y novedad resulta el Título Quinto,que establece la creación Del Centro de Especialidades en Diabetes,en Capítulo Único,cuya misión será la prevención, control y mitigación del impacto de la Diabetes, así como de los factores y enfermedades asociadas, para mejorar la calidad de vida de la población. Avocado a la investigación, entrenamiento, educación y tratamiento de la Diabetes. A la promoción y difusión de medidas de prevención, atención y mitigación de la enfermedad; y orientación en medicamentos, alimentos y prácticas del deporte, que mejoran la calidad de vida de las personas con Diabetes.

El último Título,el Sexto de la Coordinación de Acciones,la regula en Capítulo Único,a partir de las disposiciones normativas aplicables, que establecen que la Secretaría de Salud, es la instancia coordinadora del Sistema de Salud, así como de sus facultades concurrentes.

Se contempla en el proyecto de decreto, cuatro artículos transitorios.

II. Fundamento legal de la iniciativa.

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad de Diputada Federal de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le confieren los artículos 71 fracción II y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 6º numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de Ley.

Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes.

IV. Ordenamientos a modificar.

Se trata de una iniciativa de Ley Federal inédita, con apego en sus contenidos a la Ley General de Salud, que no amerita modificaciones a ordenamiento alguno.

V. Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes, en los siguientes términos:

Título Primero Disposiciones Generales Capítulo I Del Objeto de la Ley y Políticas en la Materia

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social, de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto prevenir, tratar y mitigar la Diabetes, a través de la función que ejercen las Dependencias e Instituciones de los sectores público, privado y social, que prestan servicios de atención a la referida enfermedad, en el ámbito de competencia federal, para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de la población a través de:

I. La prevención de la Diabetes;

II. La detección, diagnostico y tratamiento de la Diabetes, de ser posible en forma temprana;

III. Control de la enfermedad;

IV. Contribuir a la prevención médica de sus complicaciones;

V. Orientar en la formación de una cultura del conocimiento, prevención, tratamiento y control de la enfermedad, que permita mejorar la calidad de vida de la población;

VI.Promover, orientar, fomentar y conducir la política nacional en la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes;

VII.Impulsar la creación del Centro ,avocado a la prevención, prestación de servicios de atención médica, capacitación y orientación de una cultura de conocimiento y auto cuidado de la Diabetes; y

VIII.Establecer bases y lineamientos para la regulación de publicidad dirigidos fundamentalmente a la prevención de la enfermedad, la formación de una cultura de la Diabetes, así como a estimular la amplia participación de los sectores social y privado en el tema.

Artículo 2.La atención de la Diabetes, es prioritaria para la Secretaría, por lo que ejercerá con toda eficiencia y eficacia las funciones concurrentes y exclusivas que le atribuye la Ley General.

Asimismo, en el marco del Sistema, se coordinará con las Dependencias e Instituciones de los sectores público, privado y social, que prestan servicios de atención a la referida enfermedad, en el ámbito de sus respectivas competencias, para optimizar su participación, destinar presupuesto, servicios, medidas y políticas públicas, que contribuyan a hacer efectivos su prevención, tratamiento, y mitigación.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I.Actividad física: a los actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas;

II.Alimentación: al conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la ingesta de alimentos, mediante la cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita para un buen funcionamiento;

III.Análisis de glucosa capilar: al análisis de glucosa que las personas con Diabetes o sus cuidadores realizan con ayuda de un medidor portátil y tiras reactivas en su casa, lugar de trabajo, escuela o cualquier otro lugar diferente a un Centro de Salud u Hospital, de acuerdo a las indicaciones de su Médico;

IV. Cartilla: la Cartilla Metabólica, dirigida a todas las etapas de la vida de la población, desde el nacimiento que contendrá cuando menos los datos relacionados con la edad, peso, talla, antecedentes hereditarios relacionados con familiares con Diabetes y enfermedades asociadas a ella, así como los hábitos alimenticios de la persona;

V. Centro: el Centro de Especialidades en Diabetes;

VI. Control: al proceso de monitorear los resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y efectuando los ajustes necesarios y el tratamiento farmacológico y no farmacológico de manera que logren los objetivos de control glucémico, acordados en un periodo de tiempo establecido;

VII. Curva de tolerancia a la glucosa: prueba mediante la cual se observa el comportamiento de glucosa en sangre en tres tiempos: en ayuno, una hora después de ingerir 50 gramos de glucosa y a las dos horas de de la ingesta de ésta;

VIII. Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema: a las Dependencias e Instituciones de la Administración Pública Federal, integrantes del Sistema Nacional de Salud;

IX. Detección: a la búsqueda activa de personas con Diabetes no diagnosticada o bien con alteración de la glucosa;

X. Diabetes: también conocida como Diabetes mellitus, a la enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, que se caracteriza por hiperglucemia crónica, debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas;

XI.Diabetes tipo 1: al tipo de Diabetes en la que existe destrucción de células beta del páncreas, generalmente con deficiencia absoluta de insulina. Cuya atención está dirigida al reemplazo fisiológico del patrón de secreción normal de insulina; para este manejo es indispensable la educación del paciente en su autocuidado continuo y dinámico diario a través del autoanálisis de glucosa capilar y la medición periódica de la hemoglobina glicada A1C;

XII. Diabetes tipo 2: al tipo de Diabetes en la que se presenta resistencia a la insulina y en forma concomitante una deficiencia en su producción, puede ser absoluta o relativa;

XIII. Diabetes gestacional: a la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez durante el embarazo, ésta traduce una insuficiente adaptación a la insulinoresistencia que se produce en la gestante;

XIV.Factor de Riesgo: al atributo o exposición de una persona, una población o el medio, que están asociados a la probabilidad de la ocurrencia de un evento;

XV.Glucemia anormal de ayuno: El resultado de un análisis clínico que arroja como resultado 100 a 125.9 miligramos por decilitro;

XVI.Hábitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por una persona, por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos;

XVII. Integrantes del Sistema: A las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud;

XVIII. Ley General: a la Ley General de Salud;

XIX.Macrosómico:bebé con peso mayor a 4 kilogramos al momento de su nacimiento;

XX. Médico: todas aquellas personas que tengan los conocimientos necesarios para diagnosticar, tratar y controlar enfermedades, y que cubran los requisitos que establece la normatividad aplicable;

XXI. Nutrición: a los procesos que están relacionados a la absorción, digestión, metabolismo y eliminación de nutrimentos;

XXII. Obesidad: enfermedad de etiología multifactorial de curso crónico en la cual se involucran aspectos genéticos, bioquímicos, dietéticos, ambientales y de estilo de vida que conducen a un trastorno metabólico, ocasionando un aumento en los depósitos de la grasa corporal y por ende ganancia de peso; el índice de masa corporal (IMC) es igual o superior a las 30 kilogramos por metro cuadrado en adultos. En los niños el tope superior está en función de edad, peso y talla;

XXIII. Persona en riesgo: a la que presenta uno o varios factores para llegar a desarrollar Diabetes;

XXIV. Prediabetes: a la presencia de alteraciones en la glucosa sanguínea, consistentes en glucosa anormal en ayuno e intolerancia a la glucosa, las que pueden presentarse en forma aislada o bien en forma combinada en una misma persona;

XXV.Prevalencia: la proporción de personas que en un área geográfica y período de tiempo establecidos sufren una determinada enfermedad. Se calcula dividiendo el número de individuos que padecen el trastorno por el del número total de habitantes del área considerada, incluyendo a los que lo padecen;

XXVI.Prevención:a la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales a causa de la Diabetes o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas;

XXVII.Productos light: a todos aquellos alimentos que según las Normas Oficiales Mexicanas tengan una reducción de calorías en comparación a otros productos de la misma denominación;

XXVIII.Secretaría: a la Secretaría de Salud de la Administración Pública Federal;

XXIX. Sistema: Al Sistema de Salud integrado en términos del artículo 5º. de la Ley General de Salud;

XXX. Sobrepeso: a la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, siempre y cuando el índice de masa corporal (IMC) sea igual o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado en adultos. En los niños, el tope superior está en función de edad, peso y talla;

XXXI.Tamiz de glucosa: prueba mediante la cual se observa el comportamiento de glucosa en sangre, en ayuno y una hora después de ingerir 50g de glucosa; y

XXXII. Trastornos de la conducta alimentaria: a las perturbaciones emocionales individuales que constituyen graves anormalidades en la ingesta de alimentos.

Artículo 4. La aplicación y vigilancia del cumplimiento del presente ordenamiento, corresponde a las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema, en el ámbito de competencia que les atribuye esta Ley, la Ley General, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas aplicables que emita el Gobierno Federal.

Artículo 5.La Secretaría elaborará los lineamientos y criterios que permitan a las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema proporcionar información en Salud, obtener y evaluar la que generen y manejen las personas físicas y morales de los sectores social y privado, para procurar su homologación, sistematización y difusión periódica a los Integrantes del Sistema.

La Secretaría, con la participación que corresponde al Instituto Nacional Estadística y Geografía de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, coordinará la elaboración periódica de una estadística que se difunda a la población en general, que permita conocer el grado de avance en la prevención, tratamiento y control de la Diabetes, así como de los factores relacionados con la enfermedad.

Capítulo II De la Distribución de Competencias

Artículo 6. La Secretaría impulsará la promoción de la salud para una amplia prevención, adecuada y oportuna atención, con la participación de los sectores público y privado en el auto cuidado, que contribuyan a incidir en la disminución de personas con Diabetes, así como en el número de decesos causados por la enfermedad.

Para tales efectos, promoverá en el ámbito de sus atribuciones:

I. La formación de una cultura de conocimiento de la Diabetes, factores y enfermedades asociados;

II. La integración e implementación del Programa Integral de prevención, atención y mitigación de la Diabetes, con énfasis en medidas dirigidas a evitar la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, a través de una adecuada salud alimentaria; y

III. Medidas de salud ocupacional, específicamente las dirigidas a fomentar el deporte.

Tratándose de las comunidades indígenas, el Programa Integral a que se refiere el presente artículo, deberá difundirse en español y en la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley, son facultades de la Secretaría:

I.Planear, normar, coordinar y evaluar las acciones para la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes que realicen los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema;

II.Establecer y conducir la política nacional de salud en materia de prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes, incluyendo la emisión y control de las cartillas, bases de datos y demás instrumentos de aplicación a la población de todo el país que establezca la Ley o los convenios que se suscriban con otros órdenes de Gobierno;

III.Propiciar y coordinar la participación de los sectores social y privado en el Sistema, por lo que hace a la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes, determinando las políticas y acciones de inducción y concertación especializadas correspondientes;

IV.Establecer y coordinar los programas de servicios de salud en materia de prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes en las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema;

V.Coordinar el proceso de programación de las actividades del sector salud en materia de prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes, con sujeción a las leyes que regulen a las entidades participantes;

VI.Coadyuvar con las dependencias competentes a la regulación y control de la transferencia de tecnología en el área de salud especializada en la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes;

VII.Promover que el sistema nacional de información básica en materia de salud contenga los rubros correspondientes y relevantes respecto a la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes;

VIII.Promover la participación en el Sistema, en materia de prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes, de los prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, así como de las autoridades o representantes de las comunidades indígenas;

IX.Fomentar la coordinación con los proveedores de insumos para la salud para la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes, a fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos;

X.Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general para la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes, que realicen los Gobiernos de las Entidades Federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia;

XI.Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables en materia de salubridad general;

XII.Determinar con base en la competencia de alimentos y bebidas, los productos a lo que pueda atribuirse propiedades nutritivas particulares, incluyendo los que se destinen a regímenes especiales de alimentación para contribuir a una adecuada educación alimentaria;

XIII. Autorizar la publicidad relacionada con la prevención del sobrepeso y obesidad, tratamiento de la Diabetes y productos e insumos que coadyuven en su tratamiento; y

XIV. Las demás atribuciones que en materia de prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes, establezcan las leyes y reglamentos.

Artículo 8. Con base en las disposiciones legales aplicables, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios ejercerá el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios relacionados con la prevención, atención y mitigación de la Diabetes.

Artículo 9. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en las materias de su competencia, ejercerá el control y vigilancia sanitarios, relacionados con el proceso de elaboración y distribución de los alimentos, atendiendo al cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley.

Artículo 10. Las facultades en materia de prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes que no se encuentran reservadas a la Federación, a través de la Secretaría, están reservadas para los Estados y el Distrito Federal, con excepción de las siguientes facultades concurrentes:

I.Crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de terapia social en materia de prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes;

II.Prestar los servicios especializadas en la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes, en el ámbito de sus competencias, directamente o en coordinación con otros órdenes de Gobierno;

III.Organizar congresos sanitarios y asistenciales especializados en la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes;

IV.Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud especializada en la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes;

V.Apoyar la coordinación entre las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema y las educativas, para formar y capacitar recursos humanos para la salud especializada en la prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes;

VI.Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud en materia de prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes; y

VII.Las demás atribuciones que en materia de prevención, tratamiento y mitigación de la Diabetes, establezcan las leyes y reglamentos.

Capítulo III De la Cartilla Metabólica

Articulo 11. Con el objeto de fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de la Diabetes y protegerse de los factores y riesgos asociados a ella que pongan en peligro su salud, se crea la Cartilla Metabólica, de uso obligatorio para los Integrantes del Sistema, como herramienta fundamental para formar conciencia en la y el usuario de la importancia del auto cuidado de la salud y demandar oportunamente los servicios preventivos correspondientes.

Artículo 12.La Cartilla Metabólica estará dirigida a todas las etapas de la vida de la población, desde el nacimiento y contendrá cuando menos los datos relacionados con la edad, peso, talla, antecedentes hereditarios relacionados con familiares con Diabetes y enfermedades asociadas a ella, así como los hábitos alimenticios de la persona.

Articulo 13.La Secretaría promoverá que las Instituciones del Sistema, garanticen la disponibilidad a la población de la Cartilla Metabólica

Título Segundo De los Tipos de Diabetes Capítulo I Diabetes Tipo 1

Artículo 14. Entre población en riesgo de padecer Diabetes tipo 1, las Instituciones del Sistema, deberán proveer información sobre las acciones para prevenirla, las previsiones a tomar, para la atención adecuada cuando eventualmente se presenten los primeros síntomas, así como para un diagnóstico oportuno, conforme a las mejores prácticas internacionales.

Artículo 15.La insulina humana biosintética o, en su defecto, los análogos biosintéticos de insulina, debe considerarse como el medicamento de primera línea en Diabetes tipo 1 en un reemplazo fisiológico basal-bolo durante el embarazo y en la Diabetes gestacional.

Lo anterior no significa que la insulina humana no pueda ser reemplazada, previa autorización de la Secretaría, por otra sustancia que otorgue mejores beneficios para el tratamiento de la Diabetes tipo 1, conforme al avance de la ciencia. La autorización a que se refiere este párrafo, debidamente fundada y motivada, se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación.

Capítulo II Prediabetes y Diabetes Tipo 2

Artículo 16. La Secretaría promoverá, en coordinación con las Secretarías de Salud de las Entidades Federativas, la implementación entre los habitantes, de campañas para la detección de la prediabetes y de la Diabetes tipo 2, en el ámbito comunitario y de trabajo donde los hombres o las mujeres suelen reunirse o desarrollar actividades y en los servicios del sistema de educación pública, de acuerdo a la normatividad aplicable, a partir de los 20 años, en la población general; o al inicio de la pubertad si presentan factores de riesgo y obesidad, con periodicidad de 3 años. Igualmente establecerá protocolos para el tratamiento estandarizado de la prediabetes y de la diabetes tipo 2.

Artículo 17.En caso de diagnosticarse la Diabetes, el Médico deberá observar, para la atención de la enfermedad los lineamientos mínimos siguientes:

I. En el manejo no farmacológico.

a) Control de peso. Procurar que el Índice de Masa Corporal se mantenga entre18 y 25 kilogramos por metro cuadrado;

b)Plan de alimentación. La dieta para el paciente con Diabetes será variada y contendrá entre tres y cinco raciones diarias de frutas y hortalizas, hidratos de carbono complejos, fibra y con restricciones en el consumo de grasas saturadas;

c) Actividad física. La práctica, por parte del enfermo, de al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada, la mayoría de los días de la semana;

d)Educación terapéutica. El cuidado de la Diabetes corresponde primordialmente a la persona con este padecimiento. Para lograr el control necesita ser educado en su auto cuidado; la educación terapéutica es parte integral del tratamiento, debe proveerse desde el diagnóstico del padecimiento y luego, de manera continua;

e) Autocontrol. La información que se recabe con el autoanálisis de la glucosa capilar será de utilidad para conocer la eficacia del plan de alimentación, actividad física y tratamiento farmacológico de la Diabetes permitiendo hacer los ajustes dinámicos en el día con día; para conocer el avance del tratamiento del paciente y poder ajustarlo para lograr un mejor control del padecimiento se medirá periódicamente la hemoglobina glicada A1C;

f) El Médico será responsable de la vigilancia de complicaciones; y

g) Recomendar la abstención en el consumo del tabaco.

II. En el manejo farmacológico.

a) Hipoglucemiantes orales; o

b) Utilización de insulina. En la Diabetes tipo 1 es indispensable su uso a partir del momento del diagnóstico; en la Diabetes tipo 2, ante la falla de los antidiabéticos orales a dosis máximas; y en la Diabetes gestacional.

III.Los lineamientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas Federales.

En todo caso, la Secretaría promoverá, en coordinación con las Secretarías de Salud de las Entidades Federativas, que los habitantes de ellas, tengan asegurado el acceso a los medicamentos que se les prescriban a un precio accesible, conforme a lo presupuestado anualmente, para tal fin, por las correspondientes Dependencias, Instituciones y Órganos competentes a nivel federal y en cada una de las Entidades Federativas.

Artículo 18.La educación terapéutica debe incluir a la persona con Diabetes y a su familia, para propiciar un estilo de vida saludable en su entorno inmediato, que aminore la percepción de aislamiento del enfermo, aumente la eficacia en su propio tratamiento y contribuya a prevenir o retrasar la aparición de nuevos casos de Diabetes.

Entre otros, se generarán materiales educativos sobre la materia para ser comunicados a la población en general a través de medios escritos, telefónicos y electrónicos, sin demérito de cualquier otro que se considere adecuado para el cumplimiento de los fines que establece este artículo.

Artículo 19. Los Integrantes del Sistema, fomentarán y apoyarán la práctica regular del autoanálisis de la glucosa capilar por el paciente con Diabetes. Implementarán campañas de información sobre el manejo y conveniencia del uso del glucómetro portátil y desarrollarán mecanismos para facilitar la adquisición de medidores portátiles de glucosa y sus consumibles, a un costo accesible, por parte del usuario.

Artículo 20.Las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema llevarán a cabo campañas permanentes de difusión masiva, sobre la importancia del uso de la insulina, en casos de falla de hipoglucemiantes orales. Pondrá énfasis en los beneficios comprobados clínicamente y los prejuicios existentes acerca de supuestos daños, como resultado de la administración de esta hormona.

Capítulo III Diabetes Gestacional

Artículo 21. Respecto a la Diabetes gestacional, los Integrantes del Sistema implementarán programas públicos permanentes para proporcionar información suficiente, entre la población femenina, acerca de factores de riesgo de esta enfermedad, que se determinen conforme a los avances de la ciencia.

Artículo 22.La Secretaría, conforme a los procedimientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y en las Normas Técnicas, practicará a todas las pacientes embarazadas que acudan a sus instalaciones para recibir atención médica, una primera prueba de curva de tolerancia a la glucosa, una vez cumplidas las 14 semanas de gestación; en todo caso deberá practicarse entre las semanas 24 y 26 de gestación una de tamiz de glucosa.

Artículo 23. A efecto de prevenir o retrasar el desarrollo de la Diabetes tipo 2, las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema, deberán establecer el seguimiento periódico, a través de las cartillas de salud en el primer nivel a todas las mujeres capitalinas con antecedente de Diabetes gestacional, o que sus productos hayan sido macrosómicos.

Dicho seguimiento se realizará a través de una base de datos que deberá regir su actuar en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Capítulo IV Otros Tipos de Diabetes

Artículo 24.Los tipos de Diabetes diferentes a los regulados en los Capítulos anteriores que existan o que surjan, serán tratados conforme lo dispongan las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas y, en su defecto, conforme a los procedimientos y protocolos médicos que se implementen con base en los avances científicos.

Título Tercero Formación de la Cultura sobre la Diabetes

Artículo 25.A fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar y tratar los síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la Diabetes, se fomentarán hábitos y medidas que permitan tener un estilo de vida saludable, de igual forma se elaborarán programas y proyectos especializados, para ello participará el Gobierno Federal a través de las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema, la Secretaría de Educación Pública, los medios de comunicación y los sectores público y privado.

Artículo 26.La Secretaría impulsará la formación de una cultura integral de conocimiento de la Diabetes, dirigida a la población en general, con la finalidad de prepararla en la prevención con énfasis en el auto cuidado y autoanálisis de la glucosa capilar y en su caso, la oportuna detección, debido tratamiento y adecuado control.

Artículo 27.La Secretaría implementará el método de procesamiento y de información estadística que permita la coincidencia de datos, entre otros, de la prevalencia e incidencia del padecimiento a nivel nacional y por Entidad Federativa.

Artículo 28.Las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema difundirán permanentemente información sobre el conocimiento de la Diabetes, su prevención sus síntomas y complicaciones crónicas y agudas, acompañada con recomendaciones específicas.

Capítulo I De la Prevención

Artículo 29.Las medidas preventivas a que hace referencia el presente Capítulo, estarán dirigidas a la población en general, con énfasis en los sectores con mayor vulnerabilidad y propensión a padecer Diabetes; y aquellos que presenten alguno o varios de los siguientes factores de riesgo:

I. Sobrepeso y Obesidad;

II.Hipertensión arterial;

III.Enfermedades cardiovasculares;

IV.Dislipidemias;

V.Sedentarismo;

VI.Familiares de primer grado con Diabetes;

VII.Mujeres con antecedentes de productos macrosómicos;

VIII.Mujeres con antecedes de Diabetes gestacional;

IX.Mujeres con antecedes de ovarios poliquísticos;

X.Antecedentes de enfermedades psiquiátricas; y

XI.Cualquier otro que se determine conforme al avance de la ciencia.

Artículo 30.Se creará un equipo multidisciplinario el cual se encargará de establecer las directrices para los programas orientados a la prevención, detección, tratamiento y control de la Diabetes, incluyendo la elaboración del plan de control metabólico, las actividades físicas que podrán realizar las personas con Diabetes y emitir una opinión sobre el tratamiento farmacológico y no farmacológico que se les proporcione a las personas con Diabetes.

Asimismo podrá participar en la elaboración de planes y proyectos orientados a la población en general.

Artículo 31.Se fomentará en todos los usuarios de los servicios de salud, el que se practiquen por lo menos una vez al año, las pruebas a que hace mención el artículo anterior.

Artículo 32.Para los tres niveles de atención: primaria, secundaria y terciaria, los Integrantes del Sistema, deberán implementar medidas preventivas con la finalidad de evitar complicaciones crónicas y agudas.

Artículo 33.A fin de evitar que la población contraiga Diabetes, se llevará a cabo la atención primaria.

En este nivel de atención, será facultad de los Integrantes del Sistema impulsar e implementar campañas a la población en general y a la población con factores de riesgo asociados a la Diabetes.

Artículo 34.Una vez que sea confirmado un caso de Diabetes, y con la finalidad de evitar la aparición de complicaciones, se llevará a cabo la prevención secundaria.

Artículo 35.A fin de evitar discapacidad por la presencia de complicaciones crónicas y agudas, se implementará la prevención terciaria.

Artículo 36.Debido a que tanto la prevención secundaria y la terciaria requieren atención especializada de los expertos, a las personas que se encuentren en estas etapas, las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema, les proporcionarán orientación y tratamiento farmacológico y no farmacológico.

Artículo 37.En los casos en que sean atendidas mujeres embarazadas, la Secretaría deberá realizarles una primera prueba de curva de tolerancia a la glucosa una vez cumplidas las 14 semanas de gestación; en todo caso deberá practicar entre la semana 24 y 26 de gestación, una de tamiz de glucosa.

En caso de confirmarse un caso de Diabetes gestacional, el Médico deberá canalizar a la paciente al primer nivel de atención.

Capítulo II Hábitos Alimenticios-Nutricionales

Artículo 38.La Secretaría a través las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema, promoverá la cultura del buen comer, en donde se considerarán el tamaño de porción recomendada para la población mexicana, fomentando un mayor consumo de alimentos de alto valor nutrimental, frutas, verduras, leguminosas, entre otros y un menor consumo de alimentos fritos, capeados o empanizados.

Artículo 39.La Secretaría elaborará y publicará un listado de productos de alto valor nutrimental pero que no sean considerados hipercalóricos, al igual que un listado de productos light y/o reducidos en calorías que esté comprobado que sean benéficos a la salud y que no causan efectos adversos.

Artículo 40.La Secretaría tomará en cuenta su contenido de oxidantes y consecuentemente con ello, propondrá los límites de su consumo.

La Secretaría se coordinará en el marco del Sistema con la Secretaría de Educación Pública, para que los listados a que hace referencia el párrafo anterior, se difundan en todos los centros educativos dependientes de ésta.

Capítulo III De la Difusión de Medidas Preventivas

Artículo 41.La Secretaría será la encargada de coordinar los programas y proyectos enfocados a la prevención, identificación, mitigación, control y tratamiento de los síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la Diabetes; que además orienten a la población hacía un estilo de vida saludable.

Artículo 42.Para la elaboración los programas y proyectos a que hace mención el artículo anterior, la Secretaría de Salud se auxiliará del equipo multidisciplinario al que hace mención el artículo 30 de la presente Ley.

Artículo 43.La Secretaría a través de las Instituciones integrantes del Sistema, serán las encargadas de difundir de manera permanente, información relacionada con la Diabetes, así como de actualizarla, con la finalidad de proporcionar a la población la más reciente.

Dentro de ella se incluirán datos para la prevención haciendo hincapié en el auto cuidado y autoanálisis de la glucosa capilar, identificación, tratamiento y control de la Diabetes así como de sus complicaciones crónicas y agudas.

Artículo 44.La Secretaría se coordinará con las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema, para proporcionar a todo el personal adscrito a las diferentes dependencias de Gobierno Federal, material informativo sobre la Diabetes.

Artículo 45.Las campañas y medidas preventivas se basarán en las directrices que implemente el equipo multidisciplinario y fomentarán un estilo de vida que abarque desde la reducción de peso a uno saludable, una nutrición balanceada y la realización de actividad física rutinaria y programada. Serán difundidas a través de los diferentes medios de comunicación.

Artículo 46.Con la finalidad de fomentar una cultura de prevención sobre la Diabetes, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Secretaría coordinará con la participación de los Integrantes del Sistema, una vez al año una Campaña Nacional para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes.

Capítulo IV De la Atención y el Control

Artículo 47.La Secretaría promoverá y coordinará entre los Integrantes del Sistema, la elaboración del Plan de Manejo Integral del paciente, a fin de estabilizar, mantener el control metabólico, evitar complicaciones crónicas y agudas; y en general mejorar la calidad de vida del paciente.

Artículo 48.A fin de mantener la salud del paciente estable, será responsabilidad del Médico y del paciente el control de peso a través de una adecuada alimentación y actividad física. En caso de que no se obtengan resultados se deberá modificar el plan de control.

Artículo 49.El Médico será el responsable de recomendar al paciente un tratamiento farmacológico o no farmacológico con base en su sintomatología y estado de salud, y en apego a lo emitido por el grupo multidisciplinario de especialistas.

Artículo 50.Lo previsto en el presente Capítulo, se realizará en términos de las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Técnicas que se emitan en la materia.

Capítulo V De la Participación de los Sectores Público, Privado y Social

Artículo 51.Para una mejor comprensión de la enfermedad, sus etapas y complicaciones, el Gobierno Federal a través de la Secretaría, promoverá la implementación de Grupos de Ayuda Mutua; por medio de los cuales se capacitará y orientará a las personas con Diabetes, familiares y gente cercana a ellos.

Con base en las directrices que marque el equipo multidisciplinario de especialistas, se promoverá la adopción de estilos saludables, realización de actividad física, alimentación balanceada y correcta, así como la promoción del autoanálisis de la glucosa capilar.

Estos Grupos podrán integrarse por personas con Diabetes, sus familiares, amigos, Médicos y cualquier otra persona interesada, no tendrán fines de lucro ni emolumento alguno.

Artículo 52.La Secretaría supervisará y fomentará la más amplia utilización y óptimo aprovechamiento de los servicios del Centro entre los sectores privado y social. Para tal efecto, promoverá su difusión entre la población.

Título Cuarto Del Proceso de Atención a la Población Capítulo Único

Artículo 53.Una vez que el Médico detecte y confirme un caso de Diabetes, o bien con glucemia anormal en ayuno, y dependiendo del estado de salud en el que se encuentre, deberá canalizarlo al correspondiente nivel de atención.

Artículo 54.El proceso de atención comprenderá por lo menos, los siguientes niveles:

I.Primer nivel:

a)La Secretaría a través de las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud y de sus Unidades Médicas así como los centros educativos pertenecientes de la Secretaría de Educación Pública se proporcionara este nivel de atención;

b)Su objetivo principal será el realizar una detección temprana de personas con Diabetes, así como el cuidado de la persona, la familia, comunidad y su entorno;

c)A fin de cumplir con el objetivo a que hace mención el inciso anterior, se tomará el peso, antecedentes familiares, medición de glucosa, presión arterial y perfil de lípidos del paciente;

d)El Médico decidirá en qué casos requiera recetarse tratamiento farmacológico como la insulina o algún medicamento, o bien sí únicamente llevará un tratamiento no farmacológico; y

e)Se orientará tanto al paciente para que aprenda a vivir con la enfermedad, evitar complicaciones, saber actuar ante una emergencia y a mejorar su calidad de vida, así como a los familiares y / o amigos de tal manera que ayuden a las personas con Diabetes durante su enfermedad;

II.Segundo Nivel:

a)Será responsabilidad del Médico, con base en la complejidad del cuadro clínico, canalizar al paciente a este nivel;

b)Estará dirigido a aquellos pacientes que presenten cuadros clínicos más complejos; y

c)Los pacientes que sean canalizados a este nivel, deberán ser enviados a unidades de atención especializada.

Título Quinto Del Centro de Especialidades en Diabetes Capítulo Único

Articulo 55.Se crea el Centro de Especialidades en Diabetes, dependiente de la Secretaría y cuya función será:

I. La prevención, control y mitigación del impacto de la Diabetes, así como de los factores y enfermedades asociadas, para mejorar la calidad de vida de la población;

II.La investigación, entrenamiento, educación y tratamiento de la Diabetes;

III. La promoción y difusión de medidas de prevención, atención y mitigación de la enfermedad; y

IV. La orientación en medicamentos, alimentos y prácticas del deporte, que mejoran la calidad de vida de las personas con Diabetes.

Artículo 56. La naturaleza jurídica del Centro será la de un órgano desconcentrado de la Secretaría, con autonomía administrativa, técnica y operativa. Su presupuesto estará integrado por las asignaciones que establezca la Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos de la Federación; los recursos financieros que le sean asignados y aquellos que en lo sucesivo se destinen a su servicio; los ingresos que el Centro obtenga por concepto de donativos y otros, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 57. Al frente del Centro, estará un Director, nombrado por el Secretario, de entre las propuestas formuladas por las Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente reconocidas, cuyos objetivos sean la prevención y atención de la Diabetes, en términos de la convocatoria que, al efecto, expida la Secretaría.

El perfil de Director del Centro incluirá los conocimientos y experiencia probados en Diabetes y factores relacionados con su prevención, atención y mitigación.

Artículo 58. Las actividades del Centro se sustentarán fundamentalmente, en las siguientes estrategias:

I. Educación nutricional y sanitaria;

II. Seguimiento de antecedentes hereditarios e historia clínica.

III. Educación integral sobre la Diabetes;

IV.Educación física;

V. Aprovechamiento de instancias de formación educativa; y

VI. Aprovechamiento de espacios de difusión.

Artículo 59. Para hacer efectiva su misión, el Centro contará con programas efectivos de investigación, entrenamiento, educación, tratamiento y promoción de la salud.

Asimismo, contará por lo menos, con médicos generales y especializados, odontólogos, podólogos, dietistas, educadores en Diabetes, así como con tecnología de punta para la operación y funcionamiento del Centro.

Artículo 60. El Centro contará para su operación, cuando menos con las siguientes áreas:

I. Clínica;

II. Educación alimentaria;

III. De nutrición;

IV. De educación física y rehabilitación;

IV. De diagnósticos; y

V. De difusión y orientación a la población.

Artículo 61. La Secretaría promoverá en el marco del Sistema, la más amplia participación de los sectores social y privado, en actividades del Centro, en aquellas tareas que les faculten las disposiciones legales aplicables, a fin de coadyuvar en las estrategias del Centro y contribuir a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de la población.

Título Sexto De la Coordinación de Acciones Capítulo Único

Artículo 62. La Secretaría suscribirá los acuerdos de coordinación necesarios con los gobiernos de las Entidades Federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, posibiliten el cumplimiento de los contenidos del presente ordenamiento.

La Secretaría se coordinará con sus similares en las Entidades Federativas a fin de homologar programas y proyectos preventivos, de tratamiento y control.

Artículo 63.La Secretaría a través de los diferentes medios de comunicación, promoverá un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, incluyendo todos los grupos alimenticios, así como las porciones recomendadas por grupo de edad y adecuadas al estilo de vida y genética de la población, asimismo fomentará la actividad física de manera rutinaria.

Artículo 64. La Secretaría fomentará la coordinación de los Integrantes del Sistema con los proveedores de insumos para la salud, necesarios en los diagnósticos de la Diabetes, a fin de racionalizar y procurar su disponibilidad.

Artículo 65.La Secretaría apoyará la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas para formar y capacitar recursos humanos en materia de salud alimentaria enfocada a la atención del sobrepeso y la obesidad.

Artículo 66.A fin de orientar a la población sobre una alimentación sana y de evitar trastornos de la conducta alimentaria, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y de los sectores privado y social promoverá la distribución en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, de folletos con la información necesaria y emitida por el grupo multidisciplinario de especialistas.

Artículo 67. La Secretaría coordinará las acciones que en materia de publicidad relacionada con la prevención, control y mitigación de la Diabetes, realicen las dependencias e Instituciones integrantes del Sistema, con la participación que corresponda a los sectores social y privado y con la intervención que compete a la Secretaría de Gobernación.

Artículo 68.La Secretaría en coordinación con las Dependencias e Instituciones integrantes del Sistema, promoverá que al interior de los penales federales se oriente a la población penitenciaria, en la prevención, y se le brinde atención y control de la Diabetes.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro de un plazo de un año, el secretario de Salud deberá establecer el Centro de Especialidades en Diabetes y designar a su director.

Tercero.El secretario de Salud, en el marco del Sistema Nacional de Salud, deberá realizar las gestiones necesarias para la implementación de la Cartilla Metabólica en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto.Las entidades federativas deberán emitir los protocolos a que se refiere esta Ley en un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Nota:

Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputados: Margarita Saldaña Hernández, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Ángel Cedillo Hernández, Angelina Carreño Mijares, María Celia Urciel Castañeda, Teresa de Jesús Mojica Morga, Beatriz Elena Yamamoto Cázares, Mariana Dunyaska García Rojas, Enrique Alejandro Flores Flores, José Martín López Cisneros, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Juan Carlos Muñoz Márquez, José Luis Esquivel Zalpa, Alberto Díaz Trujillo, Consuelo Argüelles Loya, Cinthya Noemí Valladares Couoh,  Mario Alberto Dávila Delgado, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Sergio Augusto Chan Lugo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Alberto Coronado Quintanilla, Martha Berenice Álvarez Tovar, Liliana Castillo Terreros, Graciela Saldaña Fraire, Genaro Carreño Muro, Alliet Mariana Bautista Bravo,  Purificación Carpinteyro Calderón, Leonor Romero Sevilla, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, María del Carmen Martínez Santillán, Isaías Cortés Berumen, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, José Guadalupe García Ramírez, Gabriel Gómez Michel, Omar Antonio Borboa Becerra, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Cesario Padilla Navarro, Germán Pacheco Díaz, Adriana Fuentes Téllez, Claudia Delgadillo González, Jorge Rosiñol Abreu, Sonia Rincón Chanona, Martha Edith Vital Vera, Rafael Acosta Croda, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Roberto López González, Petra Barrera Barrera, Máximo Othón Zayas,  Salvador Arellano Guzmán, María Esther Garza Moreno, Carla Alicia Padilla Ramos, Mario Miguel Carrillo Huerta, Ana Lilia Garza Cadena, Rubén Acosta Montoya, Ossiel Omar Niaves López, Faustino Félix Chávez, Lucila Garfias Gutiérrez, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Javier Orozco Gómez, José Angelino Caamal Mena, Rodrigo González Barrios, Felipe Arturo Camarena García, Francisco Tomás Rodríguez Montero, María del Rocío Corona Nakamura, María Elia Cabañas Aparicio, María Fernanda Shroeder Verdugo,  Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Juan Isidro del Bosque Márquez, Marco Antonio González Valdez, José Alfredo Botello Montes, María Eugenia de León Pérez, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, José Ángel González Serna, María Sanjuana Cerda Franco, Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Belaunzarán Méndez, José Antonio León Mendívil, Norma Ponce Orozco, Fernando Zamora Morales, José Luis Cruz Flores Gómez, Salvador Ortiz García, María Carmen López Segura, Carlos Augusto Morales López,  Rosendo Serrano Toledo, Zita Beatriz Pazzi Maza, Antonio García Conejo, Marcos Rosendo Medina filigrana, Javier López Zavala, José Pilar Moreno Montoya, Roberto Ruiz Moronatti, Marco Antonio Calzada Arroyo, Miguel Sámano Peralta, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Luis Olvera Correa, Elvia María Pérez Escalante Antonio Sansores Sastré, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Cristina Olvera Barrios, Gloria Bautista Cuevas, Joaquina Navarrete Contreras, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Rosalba de la Cruz Requena, Verónica Carreón Cervantes, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Patricia Guadalupe Peña Recio, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Ángel Abel Mavil Soto, Jorge del Ángel Acosta, Leopoldo Sánchez Cruz, Francisco González Vargas, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco, Diana Karina Velázquez Ramírez, Minerva Castillo Rodríguez, Erick Marte Rivera Villanueva, Francisco Javier Fernández Clamont, Alejandra López Noriega, José Enrique Reina Lizárraga, María Teresa Jiménez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Margarita Saldaña Hernández. Sonido en la curul de la diputada Teresa Mojica. Dígame, diputada, con qué objeto.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más para pedirle a la diputada Margarita Saldaña si puedo adherirme a su iniciativa, ya que prevenir y trabajar sobre el tema de salud y de la diabetes es muy importante para todo el pueblo mexicano.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No teniendo inconveniente la proponente, la Secretaría la pondrá a su disposición, diputada Teresa Mojica.

Sonido en la curul del diputado Roberto López González. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Roberto López González (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Primero para externar mi beneplácito y felicitar a todos los diputados que, no obstante la dura jornada del día de ayer, una gran parte de ellos fueron puntuales, incluyendo al presidente, lo cual reconozco y además aprecio.

Por otro lado, por su conducto, diputado presidente, que fuera tan amable de preguntarle a la ponente de esta iniciativa, dada la naturaleza del problema y lo que puede representar para la solución de esta grave enfermedad, que es prácticamente incurable, preguntar si podemos suscribir dicha iniciativa y nuevamente expresarle mi reconocimiento a esa responsabilidad de quienes estuvieron y estuvimos puntuales al inicio de esta sesión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado. Me dice la proponente que no tiene inconveniente alguno. La Secretaría la pondrá de inmediato a su disposición. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con la venia de la Presidencia. Después de unas horas de desvelo y de una ardua jornada este día, pues continuamos con esta sesión y vengo a presentar mi iniciativa.

En el contexto actual existen nuevos retos en materia ecológica y ambiental. Uno de ellos y que ha cobrado especial interés a la comunidad internacional, es el de la alteración de la composición de la atmósfera terrestre como resultado de las actividades humanas cotidianas.

Es lo que hoy en día se conoce como cambio climático, a lo que muchos no estamos familiarizados, y que en sí maneja signos de alerta dentro de la comunidad científica nacional e internacional.

El fenómeno del cambio climático ha adquirido gradual relevancia con el paso de los años en la agenda política de todos los países debido a los temas que éste implica, económicos, políticos, sociales, que como sabemos no son menores.

En razón de esto, hace poco en nuestro país se comenzó a legislar en esta materia, con lo que se buscó posicionar a México como un país que transite hacia una economía verde y competitiva, invitando al desarrollo de nuevas innovaciones e inversiones en tecnologías limpias y energías renovables, convirtiéndose así en el segundo país a nivel mundial y el primero en América en tener una legislación de esta naturaleza.

Sin embargo, la Ley General de Cambio climático —como toda normatividad— es perfectible y en análisis se determinó empoderarla. La implementación de políticas debe enfocarse hacia otro camino, no debemos estancarnos en temas intrascendentes y hoy en día las políticas deben orientarse con la ambición de apoyar la implementación de estrategias que ayuden a mitigar los efectos ambientales que prevalecen en la actualidad y prevenir aquellos que pudieran suscitarse.

La ambición del ser humano de poner la naturaleza a su servicio nos ha llevado a disponer de aquellos recursos que necesitamos, comprometiendo la mayoría del tiempo el bienestar de nuestro medio ambiente.

En México, al igual que en todo el mundo, las afectaciones principales del cambio climático provienen del que hemos denominado gas de efecto invernadero, provocando modificaciones en el clima, especialmente calentamientos, huracanes, incrementos en el nivel del mar, lluvias denominadas atípicas o irregulares.

Ejemplo de lo anterior lo vemos en los terribles acontecimientos suscitados en días pasados, que dejaron a más de un millón 600 mil afectados en 20 estados, como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, entre otros. Esos hechos nos obligan a dar pasos firmes para adecuar las políticas públicas y encaminarlas hacia una disminución de daños ambientales para detener la emisión de gases detonantes de cambio climático.

Por ello, en la presente propuesta se plantea apropiado ampliar el término de mitigación e incluir dentro de éste los problemas ambientales devengados por el hombre es decir la intervención antropogénica.

La propuesta nace con el objetivo de producir beneficios sociales, económicos y ambientales a través de la sinergia de políticas basadas en la sustitución de energías fósiles por fuentes alternas de energía.

Con la modificación del concepto de mitigación se incorpora lo establecido en el glosario Anexo B de términos del tercer informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde se menciona la intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero creando las condiciones y estructuras sociales, políticas y económicas que requieren para una mitigación eficaz.

Asimismo es propicio ampliar la concepción del término vulnerabilidad para hacerla equitativa al glosario anteriormente citado, reconociendo los objetivos de la Ley General de Cambio Climático de regular las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente aquellas generadas por acciones antropogénicas, así como propiciar acciones de mitigación.

La presente propuesta es una acción comprometida que responde a las necesidades de combatir el cambio climático. Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa que con proyecto de decreto que reforma las fracciones 23 y 34, ambas del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracción II, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Problemática

Podemos partir de la teoría de que en la actualidad coexisten un par de factores que determinan el deterioro del medio ambiente: la explosión demográfica y la satisfacción de las necesidades de esa población –una dependiente de la otra de manera crucial– teniendo como resultado el cambio climático de manera acelerada en respuesta a la actividad humana y su dependencia con los combustibles fósiles.

La parte demográfica se convierte en un factor determinante debido a que conjuga datos fundamentales como el incremento de la población y la reciprocidad que refiere de un incremento forzoso de la demanda de bienes naturales.

Por ello es que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) define que el cambio climático se debe a procesos naturales internos o a cambios antropogénicosen la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras.

Si bien la fertilidad de la tierra es de origen natural, como dice Marshall, el hombre proporciona una gran ayuda para la preparación mecánica del suelo.

“El principal objeto de su trabajo es ayudar a la naturaleza a hacer que el suelo pueda llevar en su seno con firmeza las raíces de las plantas y que el aire y el agua se muevan libremente en él.”

En ese mismo sentido, actualmente las políticas de estado se han fijado metas de reducción en un corto, mediano y largo plazo, ejemplo de lo anterior es el Protocolo de Kioto.

Asimismo, El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha indicado que no hay duda alguna de que los incrementos en la temperatura global del planeta tienen su origen en actividades antropogénicas, particularmente en aquellas relacionadas con la combustión de los energéticos fósiles y con la deforestación, así como en aquellos procesos que consumen energía donde se emiten enormes cantidades de bióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero.

Por lo señalado anteriormente es que la implementación de políticas ya no sientan sus discrepancias en si el clima está variando o no, hoy en día las políticas surgen como apoyo para la implementación de estrategias que abonen a mitigar los efectos ambientales adversos que hoy se viven.

Consideraciones

La presente iniciativa tiene razón de ser debido a la insuficiencia de la definición vigente que no considera de manera explícita la vulnerabilidad de los aspectos sociales, económicos, culturales, biológicos, sanitarios y ambientales.

La capa de la atmósfera está constituida de manera natural principalmente por oxígeno y nitrógeno (99.03 por ciento) existen además otros gases en concentraciones más bajas -bióxido de carbono (CO2), vapor de agua, ozono (O3), oxido nitroso (N2O), metano (CH4) y clorofluorocarbonos (CFC), estos últimos en cantidades -localizados en la parte más cercana a la tierra, llamada troposfera. Estos gases tienen la capacidad de retener parte de la energía, que refleja la tierra, proveniente del sol y remitirla como radiación infrarroja, produciendo un efecto neto de calentamiento. Por lo que son conocidos como gases de efecto invernadero (GEI).

El hombre en su afán de poner la naturaleza a su servicio, ha venido comprometiendo la capacidad de proveerse de aquellos recursos que necesita.

El fenómeno del cambio climático hoy en día ha sido muy analizado, concluyendo que cada vez tendremos climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos.

Una definición importante dentro de los organismos internacionales especializados, es la que hace conocer la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, quien lo describe como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”.

En teoría se puede describir al fenómeno climático como la ruptura del grupo de factores, condiciones y procesos definitorios del medio ambiente.

En México al igual que en todo el mundo, las afectaciones principales del cambio climático son provenientes de lo que hemos denominado gas efecto invernadero (GEI), provocando modificaciones en el clima en especial, calentamientos, huracanes, incrementos en el nivel del mar, lluvias denominadas atípicas o irregulares, entre otras.

La Secretaría de Medio Ambiente atribuye como causa principal del efecto de calentamiento global, a la producción principalmente de los gases como el bióxido de carbono (CO2), metano (CH4).

El territorio ocupado por nuestro país presenta una alta vulnerabilidad ante los cambios climatológicos, dentro de los impactos negativos diagnosticados destacan:

• La modificación espacial, temporal y cuantitativa de lluvias y sequías, así como de la distribución de escurrimientos superficiales e inundaciones, y

• El Incremento en la frecuencia de incendios forestales, intensificando los problemas de deforestación y pérdida de biodiversidad.

En su momento Nicholas Stern, en su informe de la economía del cambio climático, definió que “El cambio climático afectará los elementos básicos de la vida de personas de todas partes del mundo –el acceso al agua, la producción de alimentos, la sanidad, y el medio ambiente. Cientos de millones de personas podrían sufrir hambre, escasez de agua e inundaciones costeras a medida que se calienta el planeta.”

El paso que se tiene que dar es adecuar las políticas públicas para encaminar hacia una disminución de daños ambientales para detener la emisión de gases detonantes del cambio climático.

Esa adecuación se verá reflejado en lo que el IPCC define como Beneficios Secundarios, que son acciones encaminadas a mitigar los efectos negativos del cambio climático “Desde el punto de vista de políticas dirigidas a la disminución de la contaminación en el aire, también se puede considerar como un beneficio secundario la mitigación de los gases de efecto invernadero.”

Por ello es que se considera apropiado ampliar el término que define mitigación e incluir dentro de éste, los problemas ambientales devengados por el hombre, es decir la intervención antropogénica, que impacta de manera sustancial al medio ambiente.

La importancia de implementar acciones de mitigación nace con el objetivo de producir beneficios sociales, económicos y ambientales, a través de la sinergia de políticas basadas en la sustitución de energías fósiles por fuentes alternas de energías.

El compromiso adquirido de reducir emisiones de gas efecto invernadero (GEI), mediante la implementación de nuevas normas de mitigación y políticas públicas que faciliten el proceso de transformación ambiental favorable es inaplazable, por ello se considera pertinente que se contemple el factor antropogénico dentro del concepto de mitigación.

Con la modificación del concepto de mitigación, se incorpora lo establecido en el Glosario Anexo B de términos del Tercer Informe de Evaluación del IPCC (IPCC, 2001 a, b, c); que señala:

Mitigación. Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar, los sumideros de gases de efecto invernadero.

Como bien se busca dentro de los objetivos planteados en las agendas ambientales de cada país, las políticas de mitigación de GEI “tienen otras razones, a menudo de la misma importancia, (por ejemplo las relacionadas con los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y equidad)”.

Asimismo es propicio ampliar la concepción del término vulnerabilidad, para hacerla equitativa al glosario anteriormente citado que a la letra dice:

Vulnerabilidad. Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación.

Reconociendo los objetivos de la Ley General de Cambio Climático de regular las emisiones de GEI, principalmente aquellas generadas por acciones antropogénicas, así como propiciar acciones de mitigación, es que surge la presente propuesta, como una acción comprometida que responde a las necesidades para combatir el cambio climático.

Fundamento legal

La iniciativa en comento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones XXIII y XXXIV ambas del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático

Único.Se reforman las fracciones XXIII y XXXIV ambas del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I.-XXII. ...

XXIII.Mitigación: Aplicación de políticas y acciones de intervención antropogénicadestinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero.

XXIV.-XXXIII. ...

XXXIV.Vulnerabilidad: Grado de susceptibilidad o incapacidad de los sistemas naturales, humanos y productivos parasoportar los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Marshall, Alfred. 1890, p. 125

2. México ante el cambio climático. Evidencias, impactos, vulnerabilidad y adaptación. Greenpeace México 2010, p. 4

3. Fernández, Adrián y Julia, Martínez, Cambio climático y acciones para enfrentarlo.

4. IPCC, 2007b, Anexo B. Glosario de términos.

5. IPCC, 2007b, Anexo B. Glosario de términos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputados: Yesenia Nolasco Ramírez, Mario Alejandro Cuevas Mena, Mario Miguel Carrillo Huerta, José Luis Esquivel Zalpa, Graciela Saldaña Fraire, Alliet Mariana Bautista Bravo, Víctor Manuel Manríquez González, Graciela Saldaña Fraire (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Yesenia Nolasco Ramírez. Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En México la telefonía celular ha tenido un crecimiento exponencial, no solo porque representa una necesidad de comunicación con otras personas, también es un tema de costo y servicio. Hoy en día las tarifas son demasiado elevadas y representan ganancias exorbitantes para los prestadores de servicio.

El celular o telefonía móvil se ha convertido en una parte importante de la vida cotidiana de hombres y mujeres del mundo. México concentra 30 por ciento del mercado latinoamericano de las telecomunicaciones según datos de la Cofetel.

Hasta el primer semestre de 2012, 97.6 millones de mexicanos estaban suscritos a algún servicio de telefonía móvil, lo que significa que 87 de cada 100 habitantes cuentan con un teléfono celular.

Conforme al índice de producción del sector de telecomunicaciones de la Cofetel, se observa a la telefonía celular móvil con un crecimiento de 13.1 por ciento, lo que se traduce en una importante derrama económica de parte del público consumidor a favor de quienes proporcionan dicho servicio.

En consecuencia, de abril a junio de este año el servicio de la telefonía móvil registró un aumento de 5.11 por ciento, lo que representa un agregado de 857 mil suscriptores más que en el mismo periodo de 2012, por lo que a la fecha la base de usuarios suma 102.6 millones.

Desafortunadamente el avance y crecimiento exponencial de la telefonía móvil no ha traído consigo beneficios para el público consumidor. Con datos de la Cofetel hasta el segundo trimestre del 2013 la base de usuarios de telefonía móvil era de 102.6 millones, de los cuales el 15.9 por ciento son suscriptores de algún plan o paquete tarifario de renta mensual en sus diferentes modalidades. Es decir, 16.3 millones de usuarios pagan mensualmente por un servicio de telefonía móvil a diferentes concesionarios o permisionarios.

Ahora bien, si la mitad cuenta con un plan o paquete tarifario de renta mensual fija o mixta, en donde determinada cantidad de dinero representa un consumo en minutos, 8 millones 150 mil usuarios se encontrarían dentro de este rango de servicios. De tal manera y tomando en consideración que en algún momento del plazo de contratación esos 8 millones 150 mil usuarios no consumieron en un mes la totalidad de su servicio de plan tarifario fijo o mixto, y tomando del mismo modo cada base mínima que a cada uno de ellos les hubiese sobrado a la fecha de corte o vencimiento de la renta mensual determinada cantidad de minutos en tiempo aire, paquete de datos u otras modalidades equivalentes a 50 pesos a los usuarios. Esto significa una gran cantidad que le queda a los concesionarios o permisionarios, la cantidad de 407 millones de pesos mensuales de lo que no consumimos los usuarios.

Actualmente vemos con preocupación que desde mayo de 2011 hasta abril de 2013 se han presentado 37 mil 858 quejas de Cofetel y Profeco, con motivo de los servicios de telefonía móvil, de las cuales el 85 por ciento son por fallas en la red y por cobros indebidos por las empresas concesionarias y permisionarias que derivan de la caducidad o vencimiento del tiempo aire en minutos por consumir en llamadas, paquete de datos u otras modalidades correspondientes a algún plan o paquete tarifario de renta mensual fija o mixta. No se garantizó un reembolso, resguardo o acumulación de lo no agotado y se debieron haber acumulado.

En consecuencia, la presente propuesta, inspirada en un ánimo de garantizar al público consumidor el cobro real y cierto, por lo que haya o no consumido en base al servicio, ¿qué pretende?

1. Dotar al público consumidor de garantía real de que sea acumulado en minutos lo que ha pagado en servicios para su uso efectivo posterior, sin que se le genere menoscabo ni deterioro económico alguno. Asimismo se estaría garantizando el pago efectivo a los concesionarios y permisionarios de telecomunicaciones.

2. Imposibilitar a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicación la adjudicación de dinero, que finalmente se traduce en minutos de tiempo aire, derivado del corte mensual correspondiente al plan o paquete tarifario del que se trate.

3. La presente iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a efecto de establecer lineamientos que brinden y protejan al público consumidor de los abusos que se han venido concretando de parte de los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, a fin de garantizar, en principio, un respeto por la economía del público consumidor, haciendo valer que lo que se ha pagado en servicio y no fue consumido en su totalidad le sea resguardado o acumulado para el siguiente periodo.

Compañeras y compañeros diputados, todos aquí traemos un celular y tenemos un paquete y casi nunca lo terminamos, y entonces Teléfonos de México, la compañía que sea, se queda con esos minutos que ya pagamos.

Les suplico a todas y a todos los compañeros diputados y diputadas que me apoyen para que ya no nos sigan robando, prácticamente, lo que nosotros pagamos en minutos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por su tolerancia.

«Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Soto Martínez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo a la Ley Federal de Telecomunicaciones

Exposición de Motivos

Actualmente en México el tema de la telefonía celular ha tenido un crecimiento exponencial, no sólo por lo que representa la necesidad de estar siempre comunicados con otras personas y mantenernos informados de lo que acontece a nuestro alrededor, sino porque también es un tema de costos y servicios, que frente a todo análisis las tarifas resultan demasiado elevadas para los usuarios y representan ganancias exorbitantes para los prestadores de los servicios.

Es claro que el celular o la telefonía móvil se han convertido en parte importante en la vida cotidiana de hombres y mujeres en el mundo, particularmente de los mexicanos, que concentran 30 por ciento del mercado latinoamericano de las telecomunicaciones. Éste crecimiento se ha venido dando de manera homogénea impactando en todos los segmentos de la sociedad por igual.

Según datos de la Cofetel, hasta el primer semestre de 2012, 97.6 millones de mexicanos estaban suscritos a algún servicio de telefonía móvil, lo que significa que 86.9 de cada 100 habitantes cuentan con un teléfono celular; servicio que se incremento en un 73.9 por ciento más que el año anterior, lo que representa una fuente de inversión directa con fuertes ganancias para los concesionarios y permisionarios del sector.

Ahora bien, del índice de producción del sector telecomunicaciones, de la Cofetel, se observa que los segmentos con un desempeño por arriba del promedio del trimestre fueron:

1. Televisión vía Satélite con un crecimiento de 17.8 por ciento

2. Televisión por Cable con un crecimiento de 13.6 por ciento

3. Telefonía Celular Móvil con un crecimiento de 13.1 por ciento

Lo que se traduce en una importante derrama económica de parte del público consumidor, a favor de quienes proporcionan dichos servicios.

Como consecuencia de lo anterior y siguiendo la tendencia de crecimiento, innovación y auge tecnológico de las Telecomunicaciones, de abril a junio de éste año el servicio de la telefonía móvil registró un aumento de 5.11 por ciento, lo que representa un agregado de 857 mil suscriptores más que en el mismo periodo de 2012, por lo que a la fecha la base de usuarios suma 102.6 millones y equivale a una penetración de 87 suscriptores por cada 100 habitantes.

Desafortunadamente, el avance y crecimiento exponencial de la telefonía móvil no representa del todo un beneficio para todas y todos los mexicanos o para el público consumidor; ya que también se presentan abusos hacia el consumidor por un servicio, que en muchas de las ocasiones no es aprovechado en su totalidad, representando un cobro y pago total por un consumo parcial.

Por ello, es que de conformidad a lo informado por la Cofetel, como anteriormente se señala, hasta el segundo trimestre de 2013 la base de usuarios de telefonía móvil era de 102.6 millones, de los cuales el 15.9 por ciento son suscriptores de algún plan o paquete tarifario de renta mensual en sus diferentes modalidades; es decir, 16.3 millones de usuarios pagan mensualmente por un servicio de telefonía móvil a diferentes concesionarios o permisionarios.

Ahora bien, que de esos 16.3 millones de usuarios y tomando como base mínima que la mitad cuentan con un plan o paquete tarifario de renta mensual fija o mixta, en donde determinada cantidad de dinero representa un consumo en minutos a que se hacen acreedores quienes contratan este tipo de planes tarifarios, por lo que 8 millones 150 mil usuarios se encontrarían dentro de ese rango de servicio.

De tal manera y tomando en consideración, que en algún momento del plazo de contratación esos 8 millones 150 mil usuarios no consumieron en un mes la totalidad de su servicio de plan tarifario fijo o mixto, y tomando del mismo modo como base mínima que a cada uno de ellos les hubiese sobrado a la fecha de corte o vencimiento de la renta mensual, determinada cantidad de minutos en tiempo aire, paquete de datos u otra modalidad equivalente a $50.00 (cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), y que no fueron reembolsados o acumulados a los usuarios; esto significaría la adjudicación directa para los concesionarios o permisionarios de telefonía celular de $407’000,000.00 (cuatrocientos siete millones de pesos 00/100 moneda nacional), siendo un abuso, un menoscabo y detrimento económico para el público consumidor.

Argumentación

La Ley Federal de Telecomunicaciones recientemente ha sido objeto de numerosas reformas y adiciones en cuanto a la estructura orgánica de los entes administrativos que regula, inmersos en su marco normativo, así como la aplicación de las políticas de asignación y licitación de concesiones. No obstante los avances en cuanto a la prestación de los servicios concesionados no han sido del todo en beneficio para público consumidor.

Actualmente, vemos con preocupación que desde mayo de 2011 hasta abril de 2013 se han presentado 37,858 quejas ante la Cofetel y la Profeco con motivo de los servicios de Telefonía móvil, de las cuales el 85% son por fallas en la red y por cobros indebidos por las empresas concesionarias y permisionarias, que derivado de la caducidad o vencimientos del tiempo aire en minutos por consumir en llamadas, paquetes de datos u otras modalidades correspondientes a algún plan o paquete tarifario de renta mensual fija o mixto, no se garantizó un reembolso, resguardo o acumulación de lo no agotado por el consumidor y que a su vez representó una adjudicación arbitraria y directa de parte de los propios concesionarios y permisionarios en su favor de dicho sobrante; toda vez que esos minutos tiempo aire, paquete de datos u otros servicios tienen un equivalente en dinero cierto.

Lo anterior refleja que en diversos ámbitos del sector de telecomunicaciones, en especifico lo referente a la telefonía móvil. Existe un abuso flagrante hacia aquellos consumidores que cuentan con un plan tarifario de renta mensual fija o mixta, toda vez que representan un servicio en minutos tiempo aire, paquete de datos u otras modalidades tienen un equivalente a consumir y que éstos minutos se traducen en dinero cierto; es decir, el consumidor se ve menoscabado económicamente por determinados excesos en que llegan a incurrir los concesionarios y permisionarios de servicio de telecomunicaciones, por lo que tenemos que valorar ciertos aspectos para la obtención de servicios justos por pago real dando así protección al consumidor.

En consecuencia, la presente propuesta, inspirada en un ánimo de garantizar al público consumidor un cobro real y cierto por lo que haya o no consumido en base al servicio que le es proporcionado por un concesionario o permisionario de servicio de telecomunicaciones, pretende:

1. Dotar al público consumidor de la garantía real de que le sea acumulable en minutos lo que ha pagado en servicio para su uso efectivo  posterior, sin que se le genere menoscabo ni detrimento económico alguno; asimismo, también se estaría garantizando el pago efectivo a los concesionarios y permisionarios de telecomunicaciones;

2. Imposibilitar a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicación la adjudicación de dinero, que finalmente se traduce en minutos de tiempo aire, derivado del corte mensual correspondiente al plan o paquete tarifario del que se trate.

Finalmente, es importante señalar que la presente iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a efecto de establecer lineamientos que blinden y protejan al público consumidor de los abusos que se han venido concretando de parte de los concesionarios y permisionarios del servicio de telecomunicaciones, a fin de garantizar en principio un respeto por la economía del público consumidor y en general de los mexicanos, haciendo valer que lo que se ha pagado en servicio y no fue consumido en su totalidad, le será resguardado o acumulado para el siguiente periodo mensual; de concretarse la presente iniciativa se estaría dando un avance significativo en el tema de protección al consumidor en materia de Telecomunicaciones.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo a la Ley Federal de Telecomunicaciones

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:

Capítulo V De las tarifas

Artículo 60. ...

...

Asimismo, aquellos concesionarios y permisionarios de servicio de telecomunicaciones que dentro de su oferta comercial al público consumidor cuenten con planes y tarifas por determinado número de minutos incluidos en una renta mensual fija o mixta, ya sea a diferentes plazos su duración; en caso de que el consumidor no hubiese agotado la totalidad de minutos durante el tiempo efectivo mensual, se le deberán acumular los minutos incluidos con motivo del plan o paquete comercial que le fue ofertado y vendido, siempre y cuando se haya garantizado el pago de la renta mensual mediante el cobro efectivo del mes inmediato posterior.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.— Diputados: José Soto Martínez, Antonio Sansores Sastré, Nelly del CarmenVargas Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado, don José Soto Martínez. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, en la reforma constitucional del 2008 se incluyó en el artículo 20, apartado B, fracción I, el principio de presunción de inocencia.

Dicho principio radica en que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito sea tratada como inocente. Ello durante el trámite del procedimiento, incluso desde antes de su inicio.

Puede darse el caso de que ciertas actuaciones de los órganos del Estado incidan negativamente en dicho trato.

En ese sentido, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, al imputarse al justificable la comisión del delito, éste no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia. Es decir, que corresponde al Estado probar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado.

Ese alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales e irregulares.

Por su parte, el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política establece lo siguiente:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.

Dicha disposición puede ser interpretada de manera absoluta y literal, subsistiendo como una prohibición o restricción absoluta. Es decir, restringiendo el ejercicio de los derechos y prerrogativas de manera lisa y llana, en el que el solo dictado del auto de formal prisión, sin distinguir ningún supuesto o condición, es suficiente para llevar a cabo la suspensión.

En ese sentido, la redacción de la fracción II del artículo 38 constitucional resulta contradictoria con el principio de presunción de inocencia, en razón de que en materia penal ha existido tradicionalmente una distinción entre los ilícitos cuya sanción permite la libertad provisional y los que no. Asimismo se ha hecho la distinción entre delitos graves y no, como otro de los criterios para determinar si el sujeto tiene derecho a gozar de la libertad provisional.

Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa radica en reformar la fracción II del artículo 38 de la Carta Fundamental, con la finalidad de que la suspensión de derechos y prerrogativas por el dictado del auto de formal prisión sea siempre y cuando el inculpado esté efectivamente privado de la libertad.

Lo anterior se pretende a efecto de armonizar el texto constitucional y evitar las antinomias jurídicas que puedan presentarse. Aunado al respeto absoluto del principio de presunción de inocencia, contemplado por la Constitución y diversos instrumentos jurídicos internacionales.

Por todo lo anterior expuesto, solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara que esta intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La inocencia, para efectos jurídicos, y de conformidad con el Diccionario de la Academia: “Estado del alma limpia de culpa”; y también: “Exención de culpa en un delito o en una mala acción”. Hay en esos conceptos, como se advierte, dos ideas muy diferentes: una que podríamos llamar sustancial y, otra de alcance puramente formal.

De acuerdo con la primera, la inocencia sólo se da cuando de verdad no existe culpa; y conforme a la segunda, el estado de inocencia se logra mediante una declaración de inculpabilidad pronunciada por quien corresponda, se sea o no verdaderamente inocente en sentido sustancial, ya que eximir significa “libertar, desembarazar de cargos, obligaciones, cuidados, culpas, etcétera”. Mantiene este criterio formalista la propia Academia cuando dice que inocente es quien está “exento de culpa”.

Ateniéndose a ese concepto estrictamente judicial, Joaquín Escriche, dice que es inocente:

El que está libre del delito que se le imputa. Todo hombre tiene derecho a ser considerado inocente mientras no se pruebe que es culpable. Mas cuando habiéndose cometido un delito se reúnen contra él algunos indicios de ser su autor, tiene que responder judicialmente de su conducta y sujetarse a ser procesado. En cualquier estado de la causa en que resulte su inocencia, se le debe poner inmediatamente en libertad sin costas algunas, si es que se hallaba arrestado o preso por ser el delito digno de pena corporal; y si por una parte no aparece bien justificada su inocencia, ni por otra está bien probada su criminalidad, se le debe absolver en la duda, porque es menos malo exponerse a salvar a un criminal que a condenar a un inocente.

En definitiva, que existan delincuentes representa un hecho inevitable, como lo es –asimismo– que en ocasiones y aún frecuentemente no se encuentren los elementos suficientemente probatorios para establecer una responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.

En cambio la condena de un inocente subvierte el orden lógico de las cosas, porque la justicia se ha establecido para perseguir y penar a los criminales y no para condenar a los inocentes. El hecho de que resulten inevitables los errores judiciales en uno o en otro sentido, no afecta a la esencia del problema; pero cuando tal cosa sucede es natural que se valoren de distinto modo unas y otras equivocaciones.

Todo el derecho penal, de sentido liberal, está basado en esos principios, y lo que él ha significado en el progreso de la ciencia jurídica, únicamente se ha empezado a desconocer cuando los procedimientos dictatoriales y totalitarios han tratado y tratan de volver a imperar en el mundo, puesto que en esos reglamentos ni la libertad ni la dignidad individuales tienen la mínima importancia y so pretexto de una defensa social que se dice superior al Derecho de cada individuo, lo que se hace es proteger al interés del partido, del grupo o del hombre gobernantes.

La norma de absolver en cada caso de duda, representativa de un principio indiscutible dentro de un Estado liberal y democrático, no obedece a otra cosa sino a la exigencia de que vale más correr el riesgo de eximir a un culpable que castigar a un inocente.

Como obedece a ese mismo orden de ideas, los derechos de toda persona de no declarar contra sí misma, ni contra ciertos familiares, de no ser forzada a confesar un delito, aún cuando en efecto lo haya cometido, mediante el empleo de torturas, narcoanálisis o amenazas, ni siquiera de preguntas capciosas.

Quienes nieguen que la inocencia se presume en tanto no se pruebe la responsabilidad y que esa prueba por medios lícitos corresponde a quien acusa, y no a quien se defiende, tendrán que admitir la regresión a los tiempos bárbaros de aquellos procedimientos coactivos o de los métodos totalitarios que reducen a los individuos a meros juguetes del capricho de los detentadores del poder.

En ese contexto, el principio de presunción de inocencia ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales (de los que México es parte), como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según se desprende de la transcripción a las siguientes disposiciones:

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 8. Garantías judiciales. ... 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 14.

...2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad conforme a la ley.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 20, apartado A, fracción V y apartado B, fracción I; 21 y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva el principio de presunción de inocencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional, tal y como quedó definido en la tesis que a continuación se trascribe:

Décima Época

Registro: 2003692

Instancia: Primera Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1

Materia(s): Constitucional, Penal

Tesis: 1a. CLXXVII/2013 (10a.)

Página: 563

Presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal. Influencia de su violación en el proceso penal.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que como regla de trato, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso de que ciertas actuaciones de los órganos del Estado -sin limitarlos a quienes intervienen en la función jurisdiccional propiamente dicha- incidan negativamente en dicho tratamiento. En este sentido, la violación a esta faceta de la presunción de inocencia puede afectar de una forma grave los derechos relativos a la defensa del acusado, ya que puede alterar la evolución del proceso al introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa.

Así, la presunción de inocencia como regla de trato, en sus vertientes procesal y extraprocesal, incide tanto en el proceder de las autoridades en su consideración a la condición de inocente de la persona, como con la respuesta que pueda provenir de las demás partes involucradas en el juicio. Particularmente, la violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede influir en un proceso judicial cuando la actuación indebida de la policía que pretenda manipular la realidad, tienda a referirse a: (i) la conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o posibles testigos; (ii) la posibilidad de que se produjere una confesión, admisión de hechos, declaración previa del imputado o la negativa a declarar; (iii) el resultado de exámenes o análisis a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el proceso; (iv) cualquier opinión sobre la culpabilidad del detenido; y, (v) el hecho de que alguien hubiera identificado al detenido, entre muchas otras.

Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.

En ese tenor, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado a través del Ministerio Público quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado.

Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la justicia que imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna.

Por su parte, el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la instancia, es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe ser permanente y no provisoria, además de que el propio artículo 23 previene que no es lícito juzgar dos veces a alguien por el mismo delito (principio de non bis in ídem).

En este orden, si en un juicio penal el Estado no logra demostrar la responsabilidad criminal, el juzgador está obligado a dictar una sentencia en la que se ocupe de todas las cuestiones planteadas (artículo 17, segundo párrafo), y como ante la insuficiencia probatoria le está vedado postergar la resolución definitiva absolviendo de la instancia, esto es, suspendiendo el juicio hasta un mejor momento, necesariamente tendrá que absolver al procesado, para que una vez precluidos los términos legales de impugnación o agotados los recursos procedentes, tal decisión adquiera la calidad de cosa juzgada.

En ese sentido, el principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares.

En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de ‘no autor o no partícipe’ en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.

Bajo ese orden de ideas, la restricción establecida en el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser interpretada de manera absoluta y literal, subsistiendo como una prohibición o restricción absoluta, es decir, restringiendo el ejercicio de los derechos políticos de manera lisa y llana, verbigracia, el derecho del ciudadano a votar y ser votado por el solo dictado del auto de formal prisión, sin distinguir ningún supuesto o condición,  por lo que tal redacción es antinómica del artículo 1o. de la Constitución, así como los numerales que contemplan el principio de inocencia.

En ese contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el dieciocho (18) de septiembre de dos mil trece (2013), aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia número 39/2013, que a continuación se transcribe:

Suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano prevista en la fracción II del artículo 38 constitucional. Sólo procede cuando se prive de la libertad.- De la interpretación sistemática de los artículos 14, 16, 19, 21, 102 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafo 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11, párrafo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, párrafo 5, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión no es absoluta ni categórica, ya que, las citadas disposiciones establecen las bases para admitir que, aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales; pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos. Por lo anterior, congruentes con la presunción de inocencia reconocida en la Constitución Federal como derecho fundamental y recogida en los citados instrumentos internacionales, aprobados y ratificados en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión de derechos consistente en la restricción particular y transitoria del ejercicio de los derechos del ciudadano relativos a la participación política, debe basarse en criterios objetivos y razonables. Por tanto, tal situación resulta suficiente para considerar que, mientras no se le prive de la libertad y, por ende, se le impida el ejercicio de sus derechos y prerrogativas constitucionales, tampoco hay razones que justifiquen la suspensión o merma en el derecho político-electoral de votar del ciudadano.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-85/2007.- Actor: José Gregorio Pedraza Longi.- Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por conducto de su vocalía en la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla.- 20 de junio de 2007.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.- Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2045/2007.- Actor: Juan Ignacio García Zalvidea.- Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, por conducto de su vocalía en la Junta Distrital Ejecutiva 03 en Quintana Roo.- 29 de noviembre de 2007.- Mayoría de seis votos.- Ponente: Manuel González Oropeza.- Disidente: Flavio Galván Rivera.- Secretario: Carlos Ortiz Martínez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-98/2010.- Actor: Martín Orozco Sandoval.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Estatal Electoral del estado de Aguascalientes.- 13 de mayo de 2010.- Mayoría de cinco votos.—Engrose: José Alejandro Luna Ramos.- Disidente: Flavio Galván Rivera.- Secretario: Jorge Enrique Mata Gómez.

Por otra parte, debe advertirse que en materia penal ha existido tradicionalmente una distinción entre aquellos ilícitos cuya sanción permite la libertad provisional bajo caución o fianza, siendo un criterio muy generalizado entonces el de la duración de la pena para efectos de determinar si el indiciado puede o no disfrutar de un beneficio de esa naturaleza. Posteriormente, y por el incremento de la delincuencia, se ha distinguido entre delitos graves y no graves, como otro de los criterios para determinar si el sujeto tiene derecho o no a gozar de una libertad provisional bajo caución y, dada esta distinción, el texto Constitucional necesita ser reformado para ser redactado de manera diversa, para que una eventual suspensión de derechos no se prolongue indefinidamente y adquiera las características de una sanción.

En esa tesitura, si la norma constitucional contempla también la posibilidad de obtener una libertad provisional, distinguiendo si se trata o no de delitos graves, tal criterio debe hacerse extensivo también a lo dispuesto por el artículo 38, fracción II, de la Constitución federal y distinguir cuándo el dictado de un auto de formal prisión debe restringir también los derechos y prerrogativas del ciudadano, como lo es el derecho al voto y ser votado, pues si la misma Constitución distingue entre delitos graves o no graves y cuáles permiten, y cuáles no, el disfrute de una libertad provisional bajo caución, no hay razón válida alguna para no realizar esta distinción, tratándose del dictado de un auto de formal prisión, en relación con la suspensión del señalado derecho del ciudadano.

Es por ello que, en concordancia con los derechos humanos y garantías, el principio de inocencia, el objetivo de la presente iniciativa radica en reformar el artículo 38, fracción II, de la Constitución, en el sentido de que la restricción de los derechos o prerrogativas del ciudadano, por el dictado de un auto de formal prisión, sólo tenga lugar cuando el inculpado (procesado) esté efectivamente privado de su libertad, haciendo extensivo ese Derecho no sólo a la facultad de votar y ser votado sino a todos los derechos y prerrogativas del ciudadano, ello hasta que no medie sentencia penal condenatoria que haya adquirido la calidad de cosa juzgada.

Con base en lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 38, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar así:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. ...

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; siempre y cuando el inculpado esté efectivamente privado de la libertad.

III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En consecuencia, las legislaturas de los Estado y del Distrito Federal, dentro del plazo de noventa días, deberán de reformar sus ordenamientos legales que sean necesarios para cumplir con el presente decreto.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota:

1 Escriche, Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia,Norbajacaliforniana, México, 1974, página 881.

En México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil trece.— Diputada María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada María del Carmen Martínez Santillán. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 Bis y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy someto a la atenta consideración de ustedes tiene como propósito adicionar a los artículos 25 Bis y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, buscando dotar a la Procuraduría Federal del Consumidor de herramientas que le permitan a la institución enfrentar y combatir con mayor eficiencia a los especuladores de precios en los productos de la canasta básica y servicios de primera necesidad. Asimismo, considerar como graves aquellas infracciones que se cometan contra los consumidores cuando deriven a consecuencia de desastres que pongan en peligro o perturben el desarrollo de la colectividad.

Es preciso informar que a raíz del impacto de los huracanes Ingrid y Manuel sobre centenares de municipios de la geografía nacional, miles de personas enfrentaron, además de la pérdida de sus bienes el desabasto de productos básicos, siendo en muchos casos víctimas de la especulación de precios en artículos de primera necesidad.

Se documentaron con amplitud las denuncias contra los vendedores y ofertantes de servicios, quienes al amparo de los desastres ocasionados por las perturbaciones climáticas aprovecharon a su favor la contingencia para especular de manera impune con las mercancías básicas necesarias para la subsistencia humana y de primera necesidad.

Múltiples fueron las voces que denunciaron los abusos cometidos por comerciantes al amparo de la incertidumbre colectiva. La manera a través de los cuales algunos comerciantes irresponsables lucraron con las necesidades de los consumidores ha merecido la reprobación y condenas públicas. Especulación injusta, arbitraria y abusiva, que no tiene justificación, menos aún considerando las consecuencias de la emergencia climática.

En tal virtud, según lo documentado, la Procuraduría Federal del Consumidor instrumentó operativos de inspección y vigilancia buscando precisamente evitar prácticas abusivas de comerciantes contra los consumidores.

Sin embargo, se sabe que algunas sanciones contra comerciantes oportunistas quedaron solo en apercibimientos y decomisos de mercancías, quizás porque la Ley Federal de Protección al Consumidor no establece expresamente la actuación de la Procuraduría en la materia para actuar contra las especulación de precios en productos de primera necesidad que ocurre a partir de los desastres en sus diversas modalidades.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa busca precisamente adicionar a la ley en referencia, de tal suerte que en la misma se establezca el término especulación de precios, como un precepto que defina a prácticas comerciales abusivas. Asimismo establecer en el mismo ordenamiento legal que se considere además —como caso particularmente grave— aquellas infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o servicios, derivadas a consecuencia de desastres y que por este hecho afecten los derechos de un grupo de consumidores.

Por estos considerandos, agradezco a todos ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, el apoyo a la presente propuesta para que ya no se dé esta especulación cuando se sufran los embates de la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, presidente.

«Iniciativa que  reforma los artículos 25 Bis y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alfonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican el penúltimo párrafo del artículo 25 Bis y la fracción III del artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A raíz del impacto de los huracanes Ingrid y Manuel sobre centenares de municipios de la geografía nacional, miles de personas enfrentaron además de la pérdida de sus bienes, el desabasto de productos básicos, siendo en muchos casos, víctimas de la especulación de precios en artículos de primera necesidad.

Habitantes de cientos de comunidades anegadas por las intensas lluvias que ocasionaron ambos fenómenos hidrometeorológicos y que por efecto de ellos quedaron incomunicados por deslaves, inundaciones y destrozos, tanto en la red carretera como caminera, sufrieron como triste realidad los estragos causados por el desabasto de productos, no obstante la ayuda humanitaria enviada por el pueblo de México y las instituciones gubernamentales. Situación que se vio agravada por el sobreprecio en artículos y bienes de consumo y demanda generalizada.

Se documentaron con amplitud las denuncias contra vendedores y ofertantes de servicios, quienes al amparo de los desastres ocasionados por las perturbaciones climáticas, aprovecharon a su favor la contingencia para especular de manera impune con las mercancías básicas necesarias para la subsistencia humana y de primera necesidad

Múltiples fueron las voces que denunciaron los abusos cometidos por comerciantes al amparo de la incertidumbre colectiva. La práctica voraz y abusiva de los especuladores fue en detrimento todavía más de la gastada economía de miles de familias que tras el paso de los huracanes, perdieron sus pertenencias y hasta sus viviendas.

Publicaciones diversas dieron cuenta amplia de las quejas y denuncias ciudadanas en las que se acusó que algunos comerciantes incrementaron arbitrariamente los precios de alimentos y medicamentos básicos, en un porcentaje desmedido con relación al valor de venta original de los mismos.

La manera a través de la cual algunos comerciantes irresponsables lucraron con las necesidades de los consumidores, ha merecido la reprobación y condena públicas. Especulación injusta, arbitraria y abusiva que no tiene justificación, menos aun considerando las consecuencias de la emergencia climática.

Cual si fuera un mecanismo organizado de manera premeditada, comerciantes abusivos sacaron ventaja de la escasez y en algunos casos inexistencia de artículos básicos en bodegas y almacenes para golpear la economía de amplios núcleos de población, entre quienes figuraban miles de personas damnificadas a consecuencia del desastre.

En tal virtud, según lo documentado, la Procuraduría Federal del Consumidor instrumentó operativos de inspección y vigilancia, buscando precisamente evitar prácticas abusivas de comerciantes contra los consumidores.

Se sabe sin embargo que para el caso de los considerandos que ocupan la presente exposición de motivos, algunas sanciones contra comerciantes oportunistas quedaron sólo en apercibimientos y decomiso de mercancías, quizá porque la Ley Federal de Protección al Consumidor no establece expresamente la actuación de la Procuraduría en la materia para actuar contra la especulación de precios que ocurre a partir de los desastres en sus diversas modalidades.

En razón de lo anterior, la presente Iniciativa busca precisamente adicionar la ley en referencia, de tal suerte que en la misma se establezca el término especulación de precios como un precepto que define a prácticas comerciales abusivas.

Asimismo, establecer en el mismo ordenamiento legal se considere además como caso particularmente grave aquellas infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o servicios, derivadas a consecuencia de desastres y que por este hecho afecten los derechos de un grupo de consumidores.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifican el penúltimo párrafo del artículo 25 Bis y a la fracción III del artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Primero.Se modifica el penúltimo párrafo del artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 25 Bis.La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores:

I. a VI. ...

Las medidas precautorias se dictarán conforme a los criterios que al efecto expida la Procuraduría y dentro del procedimiento correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 57 y demás relativos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; así como cuando se advierta que se afecta o se puede afectar la economía de una colectividad de consumidores en los casos a que se refiere el artículo 128 Ter o cuando se violen disposiciones de esta ley por diversas conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como: la especulación de precios en los productos de la canasta básica, productos y servicios de primera necesidad, el incumplimiento de tarifas exhibidos; el condicionamiento de la venta de bienes o de servicios; el incumplimiento de ofertas y promociones; por conductas discriminatorias y por publicidad o información engañosa. En el caso de la medida precautoria a que se refiere la fracción IV de este precepto, previo a la colocación del sello e información respectiva, la Procuraduría aplicará la medida a que se refiere el artículo 25, fracción I, de esta ley, salvo el caso de que se encuentre en riesgo el principio señalado en la fracción X del artículo 1 de la presente ley. Tales medidas se levantarán una vez que se acredite el cese de las causas que hubieren originado su aplicación. En su caso, la Procuraduría hará del conocimiento de otras autoridades competentes la aplicación de la o las medidas a que se refiere este precepto.

Artículo Segundo.Se modifica la fracción III del artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 128 Ter.Se considerarán casos particularmente graves:

I. a II. ...

III. Aquellas infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o servicios que por la temporada, por las circunstancias especiales del mercado o como consecuencia de desastres señalados en la Ley General de Protección Civil o cualquier otra causa que haya puesto en peligro o perturbado el desarrollo de la vida cotidiana,afecten los derechos de un grupo de consumidores;

IV. a VIIII. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de dos mil trece.— Diputados: Alfonso Inzunza Montoya, María del Rocío Corona Nakamura, Angelina Carreño Mijares, Leobardo Alcalá Padilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Alfonso Inzunza Montoya. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 26 y 31; y adiciona un artículo 43 Bis a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya:Gracias, presidente. Vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 26 y 31 y adiciona el artículo 43 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

En diversas regiones y localidades de México, la lucha por tener tarifas eléctricas justas ha sido un reclamo permanente, sobre todo en las regiones del país donde durante la época de verano las altas temperaturas alcanzan niveles de calor que resultan humanamente difíciles de soportar.

Durante el verano existen cuando menos la mitad de los estados de la República que fácilmente superan la barrera de los 40 grados centígrados, desde Tabasco, Veracruz y Guerrero hasta Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Baja California, por mencionar algunos de ellos.

En Mexicali, Baja California, cada verano las temperaturas durante los meses de julio y agosto alcanzan un promedio diario de más de 45 grados centígrados, que en la mayoría de los casos —combinada con la humedad— nos da una sensación térmica de hasta 10 grados adicionales. Es decir, 55 grados centígrados.

Por tal motivo, los mexicalenses por décadas han peticionado al gobierno federal que durante la temporada de verano fije tarifas eléctricas especiales que sean acordes con la capacidad de pago de la mayoría de los residentes de dicho municipio.

Los cobros por la energía eléctrica llegan a ser tan altos que para la mayoría de las personas y familias cachanillas resultan difíciles de pagar. En consecuencia, los cortes de luz en los hogares son inminentes ante la falta de un solo pago, dejando en ocasiones a niños, adultos mayores y enfermos en situaciones de vulnerabilidad por las altas temperaturas que ocasiona la falta de aire acondicionado en sus habitaciones y que ya en algunas ha provocado la pérdida de vidas humanas.

La representación popular que ostento en estos momentos, me impulsa a sumarme a las diversas acciones que han emprendido desde diferentes trincheras la sociedad civil organizada, empresarios, líderes de opinión, y en general todos los habitantes de la ciudad de Mexicali del estado de Baja California.

Ahora bien, el tener tarifas eléctricas justas ha sido por años un anhelo de los mexicalenses. Pero también es un clamor de quienes habitan en estados de la República con temperaturas de extremo calor, que sin poder remediarlo durante la época de verano entregan a la Comisión Federal de Electricidad gran parte de su salario para pagar los recibos de energía eléctrica.

Esta situación demerita la calidad de vida de las personas, sobre todo en la temporada de verano, puesto que al tener menos dinero en sus bolsillos ocasiona un severo impacto en su capacidad adquisitiva, y por ende compran menos productos de la canasta básica para su consumo diario.

Se propone establecer principios básicos orientadores para la prestación del servicio público de energía eléctrica, tales como la justicia distributiva y la solidaridad con el objeto de garantizar a las personas, en razón de su necesidad del disfrute de dicho servicios, evitar su exclusión social y la afectación de sus derechos humanos a la salud y la vida.

Desde nuestra convicción, la prestación de este servicio público, con todo lo que ello implica, además de estar regido por criterios técnicos también debe estar regido por principios humanistas que incidan en la prestación cotidiana de este servicio: la fijación de tarifas, la atención a los usuarios, el reconocimiento de las diversas condiciones sociales, incluso para entender el origen de las demandas máximas por consumo de energía eléctrica, atendiendo a las condiciones climatológicas de las regiones del país que genera la diversidad en las necesidades de consumo de los usuarios.

También se incorporan —en relación a los supuestos de suspensión del servicio público de suministro de energía eléctrica de uso doméstico— una excepción consistente en que podrá otorgarse al usuario un plazo mayor para el pago del servicio, sin que se afecte, sin que se le corte el servicio, cuando se trate de usuarios en condición vulnerable.

Esta medida es con el propósito de salvaguardar principalmente el derecho a la salud e incluso a la vida, y por ende el desarrollo social y humano de los centros de población cuyas temperaturas son muy altas en verano. Por lo que es indispensable el suministro de energía eléctrica en los hogares para contar con ventiladores, refrigeradores, entre otros insumos que permitan mitigar el calor e incluso la preservación de alimentos, sobre todo considerando a la población vulnerable como son niños, adultos mayores, pensionados, personas de escasos recursos, entre otros.

También se incorporan criterios para fijar las tarifas especiales que aplica la Comisión Federal de Electricidad, incorporando principios humanistas para su definición.

Se incorporan en la ley la figura de los subsidios. Asimismo se establece que las tarifas especiales y subsidios respectivos solo puedan modificarse en beneficio de los usuarios atendiendo al principio de progresividad.

También se propone establecer una tarifa especial para las organizaciones de la sociedad civil que realicen actividades de asistencia social y las demás que regule la ley federal de la materia y que dicha tarifa sea homologada a la aplicable a la de uso doméstico.

Asimismo establecer que se deberán considerar los impactos en la competitividad, productividad y fomento al empleo cuando se fijen o modifiquen las tarifas eléctricas de uso comercial y uso industrial, así como en sus periodos u horarios punta.

Finalmente, nada más solicitar a la Mesa Directiva que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 26 y 31, y adiciona el 43 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LXII Legislatura, Andrés de la Rosa Anaya, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 2, 26 y 31, y adiciona el artículo 43 Bis, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En diversas regiones y localidades de México la lucha por tener tarifas eléctricas justas ha sido un reclamo permanente, sobre todo en las regiones del país donde durante la época de verano las altas temperaturas alcanzan niveles de calor que resultan humanamente difíciles de soportar.

Durante el verano, cuando menos la mitad de los estados de la república fácilmente supera la barrera de los 40 grados centígrados en temperatura ambiente. Desde Tabasco, Veracruz, y Guerrero, hasta Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Baja California, por mencionar algunos de ellos.

En Mexicali, Baja California, cada verano las temperaturas, durante los meses de julio y agosto, alcanzan un promedio diario de más de 45 grados centígrados, que en la mayoría de los casos, combinada con la humedad, nos da una sensación térmica de hasta 10 grados adicionales, es decir 55 grados centígrados.

Por tal motivo, los mexicalenses por décadas han peticionado al gobierno federal, que durante la temporada de verano, fije tarifas eléctricas especiales que sean acordes con la capacidad de pago de la mayoría de los residentes de dicho municipio.

Los cobros por la energía eléctrica llegan a ser tan altos, que para la mayoría de las personas y familias cachanillas resultan difíciles de pagar, en consecuencia los cortes de luz en los hogares son inminentes ante la falta de un solo pago, dejando en ocasiones a niños, adultos mayores y enfermos en situaciones de vulnerabilidad por las altas temperaturas que ocasiona la falta de aire acondicionado en sus habitaciones y que ya en algunas ocasiones ha provocado la pérdida de vidas humanas.

La representación popular que ostento en estos momentos, me impulsan a sumarme a las diversas acciones que han emprendido desde diferentes trincheras la sociedad civil organizada, empresarios, líderes de opinión, y en general todos los habitantes de la ciudad de Mexicali y del estado de Baja California.

Ahora bien, el tener tarifas eléctricas justas ha sido por años un anhelo de los mexicalenses, pero también es un clamor de quienes habitan en estados de la república con temperaturas de extremo calor que, sin poder remediarlo, durante la época de verano entregan a la Comisión Federal de Electricidad gran parte de su salario para pagar los recibos de energía eléctrica.

Esta situación demerita la calidad de vida de las personas, sobre todo en la temporada de verano, puesto que al tener menos dinero en sus bolsillos, ocasiona un severo impacto en su capacidad adquisitiva, y por ende compra menos productos de la canasta básica para su consumo diario.

La presente iniciativa tiene como propósito fundamental que la Comisión Federal de Electricidad, como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la prestación del servicio público de energía eléctrica, brinde un mejor servicio a los usuarios del mismo; destacando para ello el enfoque del respeto a los derechos humanos, con base en las garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido se propone lo siguiente:

a) Establecer principios básicos orientadores para la prestación del servicio público de energía eléctrica, tales como la justicia distributiva y la solidaridad; con el objeto de garantizar a las personas, en razón de su necesidad, del disfrute de dicho servicio, evitar su exclusión social y la afectación de sus derechos humanos a la salud y la vida.

Entendiendo porjusticia distributiva y solidaridad, lo previsto en el artículo 3, fracciones II y III, de la Ley General de Desarrollo Social. Es decir, por justicia distributiva, aquella que garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas. Asimismo, por solidaridad, la colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

Desde nuestra convicción, la prestación de este servicio público, con todo lo que ello implica, además de estar regido por criterios técnicos, también debe estar regido por principios humanistas; que incidan en la prestación cotidiana de este servicio, la fijación de tarifas, la atención a los usuarios, el reconocimiento a las diversas condiciones sociales; incluso para entender el origen de las demandas máximas por consumo de energía eléctrica, atendiendo a las condiciones climatológicas de las regiones del país, que genera la diversidad en las necesidades de consumo de los usuarios.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, documento emitido por la Secretaría de Energía en enero del presente año, establece que el adecuado acceso a la energía es relevante en términos de desarrollo social y humano de la población en general, incorporando para ello como objetivo estratégico la inclusión social, estableciendo al respecto lo siguiente

El acceso a la energía es un medio indispensable para mejorar la calidad de vida de la población y brindar las condiciones necesarias para que cada individuo optimice su desempeño; al igual que la salud y la educación, el acceso a la energía es uno de los principales elementos democratizadores y juega un papel relevante en el desarrollo social y humano. Por tal motivo, el acceso a la energía, oportuno y de calidad, debe ser considerado como una prioridad para el progreso de cada mexicano. (pp.14)

El acceso de la población a servicios energéticos aporta grandes beneficios en términos de calidad de vida e inclusión social.Mediante el suministro de agua potable, iluminación eficiente, calefacción, cocción de alimentos, refrigeración, transporte y telecomunicaciones, la energía tiene efectos que derivan en una mejor educación, salud, seguridad, igualdad de género y sostenibilidad del entorno y medio ambiente. (pp.17)

b) En consonancia con lo anterior, se incorpora en relación a los supuestos de suspensión del servicio público de suministro de energía eléctrica de uso doméstico, una excepción consistente en que no podrá suspenderse en temporada de verano en localidades cuya temperatura mínima mensual sea de 33 grados centígrados o más o, en su caso, se trate de aquellas localidades consideradas de altas temperaturas, con base en las mediciones termométricas que realicen las instancias correspondientes. Con excepción de aquellos usuarios considerados de alto consumo.

Esta medida es con el propósito de salvaguardar principalmente el derecho a la salud e incluso a la vida, y por ende, el desarrollo social y humano de los centros de población cuyas temperaturas son muy altas en verano, por lo que es indispensable el suministro de energía eléctrica en los hogares para contar con ventiladores, refrigeradores, etcétera. Que permitan mitigar el calor, e incluso la preservación de alimentos, sobre todo considerando a la población vulnerable como son niños, adultos mayores, pensionados, personas de escasos recursos, entre otros. Además debe considerarse que existen localidades de altas temperaturas, en las que éste es un factor que genera la pérdida de vidas humanas, y problemas graves de salud como consecuencia del llamado “golpe de calor”.

Respecto a la previsión del rango de temperatura mínima media mensual en verano, de 33 grados centígrados, es de señalarse que la Comisión Federal de Electricidad ya aplica tarifas especiales en localidades a partir de dichos rangos, siendo la denominada tarifa 1 F, considerando el más elevado para las regiones de altas temperaturas, es decir, se retoma ese parámetro para incorporarlo en la ley. Por otra parte los acuerdos emitidos respecto a estas tarifas, señalan que para definir dicha temperatura se tomarán como base las mediciones termométricas y reportes que realice la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalmente, esta medida legislativa tiene por objeto proteger a la población de escasos recursos, por lo que se establece como excepción que no aplicará este beneficio a aquellos usuarios que sean considerados de altos consumos, conforme a los rangos que ya tiene establecidos la Comisión Federal de Electricidad, siendo para el caso en concreto de la tarifa 1 F de dos mil kilowatts hora al mes.

Por otra parte, cabe destacar que respecto al impacto que genera el pago del consumo de energía eléctrica en las localidades de altas temperaturas, existen diversos estudios de instituciones académicas de educación superior, como la Universidad Autónoma de Baja California, a través de su Instituto de Investigaciones Sociales, emitiendo entre otras consideraciones, que los costos de la energía eléctrica en verano en localidades de altas temperaturas como Mexicali, Baja California, impactan sobre todo a los más pobres, ya que los hogares de menores ingresos deben destinar por lo menos 50 por ciento del gasto familiar para el pago de este servicio, siendo que en contraposición existen muchas localidades del país en que el porcentaje que destinan puede ser de hasta 3 por ciento de sus ingresos. Por ello, la inequidad consiste en que pagan más los que menos tienen, e incluso afecta de manera importante aunque en menor proporción a la población de ingresos medios. De ahí la importancia de las tarifas especiales, y de las medidas que se proponen, a efecto de que sea menos gravoso para dichas familias el acceso al servicio de energía eléctrica en temporada de verano, considerando el principio de justicia distributiva descrito en el apartado anterior.

c) Fortalecer los criterios para fijar las tarifas especiales que aplica la Comisión Federal de Electricidad, incorporando principios humanistas para su definición; se incorporan en la ley la figura de los subsidios; asimismo se establece que las tarifas especiales y subsidios respectivos sólo puedan modificarse en beneficio de los usuarios, atendiendo al principio de progresividad.

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece en su artículo 1, tercer párrafo, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El dictamen emitido por la Cámara de Senadores sobre estas reformas constitucionales, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2011, establece que se entiende por los principios de universalidad y progresividad, siendo relevantes para el caso que nos ocupa, lo siguiente:

Universalidad.Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el mismo peso que la falta respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción.

Progresividad.Establece la obligación del estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución en esta tarea.

Respecto al citado principio de progresividad, a su vez el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas tesis, estableciendo que “constituye el compromiso de los estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.”(Tesis: I.4o.A.9 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pág. 2254).

Ahora bien, como ya se mencionó, el acceso a la energía eléctrica juega un papel muy importante en el desarrollo social y humano, y es un medio indispensable para mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas, tal como lo establece la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, es imperioso que las autoridades encargadas de fijar las tarifas eléctricas consideren estos principios; y en ese sentido la propuesta consiste en que los beneficios que se obtienen por las tarifas especiales y los subsidios, sobre todo cuando estos tienden a apoyar a la población de escasos recursos, o a quienes son afectados por los altos consumos debido a las altas temperaturas de sus localidades, se mantengan, y en caso de modificaciones a dichas tarifas especiales y subsidios, éstas sean de carácter progresivo, es decir, sean en el sentido de otorgar mayores beneficios, que permitan ir avanzando gradual y constantemente hacia la plena efectividad de los derechos que está obligado a garantizar el estado; en este caso los derechos a la salud, la vida, la protección de las personas en condición de vulnerabilidad como los niños y los adultos mayores, entre otros.

d) Establecer una tarifa especial para las organizaciones de la sociedad civil que realicen actividades de asistencia social y las demás que regula la ley federal de la materia, y que dicha tarifa sea homologada a la aplicable a la de uso doméstico. Asimismo, establecer que se deberán considerar los impactos en la competitividad, productividad y fomento al empleo cuando se fijen o modifiquen las tarifas eléctricas de uso comercial y uso industrial, así como en sus periodos u horarios punta.

Al respecto es una demanda de las diversas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a actividades de asistencia social y en general las que regula la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, el que se les aplique una tarifa especial, toda vez que actualmente se les aplican criterios relativos al uso comercial de la energía eléctrica siendo esto en perjuicio de dichas organizaciones, ya que en muchos casos se trata de centros de atención y asistencia social al migrante, a niños, adultos mayores, y otras actividades de asistencia social igual de valiosas e importantes; por lo cual en este caso se propone se les aplique una tarifa similar a la de uso doméstico, a efecto de que se coadyuve al mejor logro de sus fines, y que los actuales altos costos de energía no perjudiquen la operación y permanencia de dichos espacios o establecimientos, cuyas acciones y logros son de interés social y por lo cual deben ser apoyadas decididamente por el estado.

Asimismo, se propone establecer criterios orientadores para fijar las tarifas eléctricas de uso comercial y de uso industrial, toda vez que estos sectores han resultado perjudicado en muchas ocasiones por los cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica, sin considerar los impactos de los mismos en la competitividad, la productividad y el fomento al empleo en las regiones o localidades respectivas, así como también en la fijación de los horarios o periodos punta en el consumo de energía.

Con sustento en la argumentación desarrollada a lo largo de esta exposición de motivos, y con el firme propósito de contribuir a dar mayor eficacia a los beneficios que deben producir, particularmente en las familias más pobres de nuestro país, en los grupos vulnerables y en nuestro sector productivo, los cambios a fondo que en materia energética están siendo impulsados por las iniciativas presentadas recientemente ante el Congreso de la Unión, por parte de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD, así como por el titular del Poder Ejecutivo federal; es como me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 2, 26 y 31, y adiciona el artículo 43 Bis, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

En los siguientes términos:

Artículo 2o.Todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público. En el suministro de energía eléctrica de uso doméstico, la justicia distributiva y la solidaridad serán principios orientadores, con el objeto de garantizar a las personas, en razón de su necesidad, del disfrute del servicio público de energía eléctrica, evitar su exclusión social y la afectación de sus derechos humanos a la salud y la vida.

Artículo 26. ...

I.Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación, salvo en el supuesto señalado en el último párrafo de este artículo;

II. a la V. ...

VI. ...

...

En las localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de treinta y tres o más grados centígrados o, en su caso, las que se consideren de altas temperaturas, la Comisión Federal de Electricidad podrá determinar no suspender el suministro de energía eléctrica y otorgar un plazo mayor para realizar el pago cuando se trate de usuarios en condición vulnerable y que por causa humanitaria se considere adoptar esta medida.

Artículo 31.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, y de Economía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía. De igual forma determinará los subsidios respectivos.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas ; además deberá fijar tarifas especiales considerando las mediciones termométricas de las diversas regiones del país, principalmente durante la temporada de verano, a efecto de garantizar el suministro de energía eléctrica conforme a lo previsto en el artículo 2 de la presente ley.

Las tarifas especiales sólo podrán ser modificadas para beneficio de los usuarios. Los subsidios que se fijen para el servicio público de energía eléctrica en estados, municipios o regiones del país, no podrán ser inferiores en términos reales a los aprobados en el año inmediato anterior. Dichos subsidios deberán ser aplicados durante los mismos periodos en que fueron otorgados en el año inmediato anterior.

A las organizaciones de la sociedad civil que se ajusten a lo dispuesto por los artículos 5 y 7 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, se les aplicará una tarifa especial equiparable a la de uso doméstico.

Las tarifas que se fijen para uso comercial y para uso industrial, así como los periodos u horarios de punta de éste último, deberán considerar los impactos en la competitividad, productividad y en el fomento al empleo en dichos sectores, principalmente en las regiones o localidades consideradas de altas temperaturas de acuerdo a las mediciones termométricas.

Artículo 43 Bis. El Reglamento Interior de la Comisión Federal de Electricidad establecerá un recurso para que el usuario pueda impugnar los montos contenidos en la facturación del servicio, cuando éste considere que existe alguna irregularidad o cobro excesivo, debiendo resolverse en el tiempo más breve que proceda.

El reglamento deberá señalar el órgano competente para resolver el recurso y atender a los principios de sencillez, rapidez y transparencia en su desahogo.

Transitorios

Primero.Las reformas a los artículos 2, 26 y 31, con excepción del último párrafo de este último, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El artículo 43 Bis entrará en vigor a los sesenta días naturales de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de ese término la Junta de Gobierno deberá adecuar el Reglamento Interior de la Comisión Federal de Electricidad atendiendo a los principios que se contienen en este decreto.

Tercero.Para efectos de lo previsto en los párrafos segundo y último del artículo 31 del presente decreto, deberán adecuarse dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a la publicación de estas reformas, las disposiciones o acuerdos emitidos al respecto, incluyendo lo relativo a los periodos punta en el consumo de uso industrial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputados: Andrés de la Rosa Anaya, Erick Marte Rivera Villanueva, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Faustino Félix Chávez (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Andrés de la Rosa. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Teresa Mojica Morga, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga:Muchas gracias, presidente, con su venia. Compañeras y compañeros diputados, agradezco profundamente al presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, al diputado Ricardo Anaya Cortés; al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos, al diputado Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI; al diputado Luis Alberto Villarreal García, coordinador del PAN; al diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, su coordinador; al diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Movimiento Ciudadano; al diputado Alberto Anaya, coordinador del Partido del Trabajo; a la diputada María Sanjuana Cerda, del Partido Nueva Alianza, su coordinadora.

También agradezco a los vicecoordinadores, el diputado Manuel Añorve Baños, del PRI, mi paisano guerrerense; al diputado y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Alonso Raya, y al diputado Ricardo Cantú Garza, vicecoordinador del Partido del Trabajo.

También agradezco a la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados; al diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; a la diputada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y a la diputada Margarita Saldaña, presidenta de la Comisión de Cultura.

También a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y al diputado José Alejandro Montano Guzmán, presidente de la Comisión de Desarrollo Social; a mi compañero de comisión, diputado Ernesto Núñez Aguilar, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Muchas gracias, compañeros diputados y diputadas por respaldar esta iniciativa que pretende reconocer constitucionalmente los derechos de la población afromexicana como una de las tres raíces culturales, sociales e históricas de nuestro país.

Quién aquí no conoce a José María Morelos y Pavón. Quién aquí no conoce a Vicente Guerrero Saldaña.

José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación, autor de los Sentimientos de la Nación e instaurador del Congreso de Anáhuac, que en este año 2013 se conmemora su bicentenario.

Quién no conoce al general Vicente Guerrero Saldaña, consumador de la Independencia y segundo presidente de México. Dos hombres afromexicanos que tienen grabados sus nombres con letras de oro en este recinto legislativo de esta honorable Cámara de Diputados. Dos hombres que hicieron posible la Independencia de México para que pudiéramos ser ciudadanos libres.

La grandeza de estos hombres nos debe llevar a reivindicar con orgullo todas las aportaciones sociales, culturales e históricas de los afromexicanos, mismas que no han sido reconocidas ni siquiera en los libros de texto. Por eso pedimos que la Secretaría de Educación Pública corrija el error histórico de ignorar el origen de estos héroes patrios, la existencia y el legado afromexicano.

Los afrodescendientes, que provienen de poblaciones africanas, que en su mayoría fueron traídos de manera forzada a México durante la Conquista y principalmente en la Colonia para sustituir la mano de obra indígena. A más de 500 años de su llegada a nuestro país, los autodenominados negros, costeños, jarochos o mascogos siguen siendo objeto de discriminación y racismo. Miles de afromexicanos viven en la invisibilidad total al no ser sujetos de derechos plenos por no estar reconocidos en la Constitución Política.

Por eso es importante el reconocimiento constitucional como una de las tres raíces culturales, sociales e históricas de nuestro país, junto con la indígena y la española, reconocimiento que debe ir acompañado con la asignación de recursos presupuestales para que las diferentes dependencias atiendan sus demandas y que se inscriba en el Plan Nacional de Desarrollo.

Es muy importante que en el conteo 2015, el Inegi aplique un censo a la población afromexicana ya que actualmente no sabemos con certeza cuántos somos, dónde estamos y con qué infraestructura contamos para poder desarrollarnos.

Tampoco existen políticas públicas, programas, proyectos productivos ni acciones afirmativas que fomenten nuestro desarrollo y tal situación ha sumido a los afromexicanos en la pobreza y marginación, quienes carecen de los servicios elementales, como el de salud, educación, agua, drenaje, luz e infraestructura en general.

Ante esta problemática es necesario que los tres niveles de gobierno realicen campañas informativas de sensibilización y visibilización de la existencia, historia, tradiciones y cultura de los afromexicanos, para que asuman como tales, se facilite su autoadscripción y que el resto de la población los reconozca y respete.

Por todo esto, es urgente que el Estado mexicano combata el racismo y la discriminación, adoptando —por ejemplo— las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas de 1965, por medio de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que siguen sin aplicarse.

De este modo, la diversidad de las formas de vida y el derecho de la diferencia, no pueden fundamentar, en ningún caso, prejuicios raciales ni legitimar en la norma o en la práctica ninguna conducta discriminatoria.

México tampoco ha cumplido con los acuerdos firmados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Formas Conexas de Intolerancia, realizado en Durban en el año 2001, que en el capítulo Afromexicanos y Afrodescendientes contempla 14 programas de acción para facilitar la participación de los afrodescendientes en todos los aspectos políticos y económicos.

La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes, donde la comunidad internacional reconoce que representan un sector definido de la sociedad cuyos derechos humanos deben ser promovidos y protegidos.

Esta iniciativa es el resultado del trabajo y de la acción política de muchas organizaciones sociales y de ciudadanos afromexicanos que reclaman su reconocimiento y respeto a sus derechos humanos. Responde a la esperanza y demandas de justicia de la población. Materializa los hallazgos académicos alcanzados por muchos historiadores, antropólogos, sociólogos y luchadores sociales comprometidos con las causas de nuestros hermanos afromexicanos.

Retoma las aportaciones de instituciones de gobierno que han trabajado intensamente en este tema, como la Conapred y el INAH. Asimismo es resultado de las conclusiones del Foro Nacional Afromexicano, realizado hace unos días aquí en la Cámara de Diputados.

Coincide también con las observaciones inquietudes y propuestas de infinidad de académicos y activistas de diversos países que confluyen con nuestra visión e interés en la materia. De igual manera constituye una respuesta concreta, desde la visión del Legislativo mexicano, frente a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la lucha contra la discriminación y el racismo.

Finalmente, la presente iniciativa constituye la posibilidad de que el Estado mexicano pague la deuda histórica que tiene hacia la población afromexicana del país, que se encuentra en su mayoría en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Coahuila y el Distrito Federal; aunque los hay en toda la República.

Es importante señalar que las modificaciones propuestas en la Constitución están basadas en los derechos de los pueblos indígenas, ya que ambas constituyen las raíces culturales de nuestra patria, y por tanto ambas tienen derecho a contar con el mismo nivel de garantía.

Tengo un sueño, un solo sueño: seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlo. Martin Luther King.

Por último, le solicito, presidente, se publique el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates y que sea publicado nuevamente en la Gaceta Parlamentaria. Les pido a mis compañeras diputadas y compañeros diputados puedan suscribir esta iniciativa para hacerle justicia al pueblo negro afromexicano. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Teresa de Jesús Mojica Morga, diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reconocer a la población negra afromexicana, sus aportes a la cultura y a la historia de nuestro país, así como su participación en la conformación de la identidad nacional, con la siguiente

Exposición de Motivos

¿Quién aquí no conoce a José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación?, autor de los Sentimientos de la Nación e instaurador del Congreso de Anáhuac, mismo que en este año 2013 conmemoramos su Bicentenario; ¿Quién no conoce al General Vicente Guerrero Saldaña?  Consumador de la Independencia y segundo presidente de México. Dos hombres afromexicanos que tienen grabado sus nombres en letras de oro en el recinto legislativo de esta honorable Cámara de Diputados, dos hombres que hicieron posible la Independencia de México para que pudiéramos ser ciudadanos libres.

La grandeza de estos hombres nos debe llevar a reivindicar con orgullo todas las aportaciones sociales, culturales e históricas de los afromexicanos, mismas que no han sido reconocidas en los libros de texto.

Por eso pedimos que la Secretaria de Educación Pública (SEP), corrija el error histórico de ignorar el origen de sus héroes patrios, la existencia y el legado afromexicano.

Los afrodescendientes provienen de poblaciones africanas, que en su mayoría fueron traídos de manera forzada a México durante la conquista y principalmente en la colonia para sustituir la mano de obra indígena.

A más de 500 años de su llegada a México, los autodenominados negros, jarochos, costeños o mascogos, siguen siendo objeto  de discriminación y racismo, miles de afromexicanos viven en la invisibilidad total al no ser sujetos de derechos plenos por no estar reconocidos en la Constitución Política.

Por eso es importante el reconocimiento constitucional como una de las tres raíces culturales de nuestro país, junto con la indígena y la española, el cual vaya acompañado con la asignación de recursos presupuestales para que las diferentes dependencias de gobierno atiendan  sus demandas y se inscriba en el Plan Nacional de Desarrollo.

Es muy importante que en el conteo 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aplique un censo a la población afromexicana ya que actualmente no sabemos con certeza cuántos son, dónde están y con qué infraestructura cuentan para poder desarrollarse.

Tampoco existen políticas públicas, programas, proyectos productivos y acciones afirmativas que fomenten su desarrollo y tal situación ha sumido a los afromexicanos  en la pobreza y marginación, quienes carecen de los servicios elementales como los de salud, educación, agua, drenaje, luz e infraestructura en general, pero sobre todo son excluidos del desarrollo económico.

Ante esta problemática, es necesario que los tres niveles de gobierno realicen campañas informativas de sensibilización y visibilización de la existencia, historia, tradiciones y cultura de los afromexicanos, para que se asuman como tales, se facilite su autoadscripción y que el resto de la población los reconozca y respete.

Por todo esto es urgente que el Estado mexicano combata el racismo y la discriminación adoptando por ejemplo, las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, de 1965 por medio de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La Convención fue firmada por México el 1 de noviembre de 1966 y ratificada el 20 de febrero de 1975. Su entrada en vigor a nivel internacional tuvo lugar el 4 de enero de 1969, desde entonces el Estado Mexicano sigue sin aplicar estos convenios.

De igual forma, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, aprobada y proclamada el 27 de noviembre de 1978 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece tanto la pertenencia de los seres humanos a una misma especie con un sólo origen, como su igualdad en cuanto a dignidad y derechos. De este modo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden fundamentar en ningún caso prejuicios raciales ni legitimar, en la norma o en la práctica, ninguna conducta discriminatoria.

También con los acuerdos firmados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizado en Durban en el año 2001, en el capítulo Africanos y Afrodescendientes y los 14 programas de acción que el Estado mexicano no ha cumplido, y en el que los países firmantes se comprometen a  facilitar la participación de los afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos y culturales de la sociedad; a que promuevan el conocimiento y el respeto de su patrimonio y su cultura.

En 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes, donde la comunidad internacional reconoce que representan un sector definido de la sociedad cuyos derechos humanos deben ser promovidos y protegidos.

Un gran número de países ya tienen en su legislación el reconocimiento constitucional de los Afrodescendientes cumpliendo con los acuerdos internacionales firmados también por México, país que no ha cumplido ni ha avanzado en el tema.

Es por ello que la Iniciativa que ahora pongo a su consideración pretende saldar la deuda histórica con los afromexicanos y cumplir con los mandatos internacionales, reconociéndolos en la Constitución como una de las tres raíces culturales de México.

Esta Iniciativa es resultado del trabajo y de la acción política de muchos ciudadanos, de comunidades de afromexicanos y de organizaciones de la sociedad civil; responde a la esperanza y demandas de justicia de la población; materializa los hallazgos académicos alcanzados por muchos historiadores, antropólogos, sociólogos y luchadores sociales comprometidos con las causas de nuestros hermanos afromexicanos.

Parte de estas aportaciones son resultado también de las conclusiones del Foro Nacional afromexicano, rumbo al reconocimiento constitucional como una de las tres raíces culturales del país, que se realizó en la Cámara de Diputados el 9 y el 10 de septiembre de 2013, donde por primera vez se les abrieron las puertas a Presidentes Municipales y representantes de organizaciones civiles afromexicanas, así como a instituciones educativas, instituciones de gobierno, y Diputados locales.

Coincide también con las observaciones, inquietudes y propuestas de infinidad de académicos y activistas de diversos países que confluyen con nuestra visión e intereses en la materia; de igual manera, constituye una respuesta concreta, desde la visión del Legislativo mexicano, frente a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en  la lucha contra la discriminación y el racismo.

Responde a la aspiración de poner al día el contenido de nuestra Carta Magna respecto a los derechos de los afromexicanos, frente a proyectos de legislación como las de Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, la presente Iniciativa constituye la posibilidad de que el Estado mexicano solvente la deuda histórica que tiene hacia la población afromexicana del país que se concentra en su mayoría en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Coahuila, y el Distrito Federal, aunque los hay en toda la República.

Fundamentación de la iniciativa

Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, así como en los pueblos y comunidades afromexicanas, que son aquellos cuyos ascendientes provienen de poblaciones africanas, que fueron traídos de manera forzada durante la conquista y mayormente en la colonia para sustituir la mano de obra indígena, o que arribaron a nuestro país con posterioridad, que se reconocen a sí mismas como tales, y que comparten rasgos culturales y sociopolíticos con otros pueblos afrodescendientes.

La conciencia de su identidad deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas y afromexicanos.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena o afromexicanas aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio.

El derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanasse hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. a VI.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena y afromexicana, representantes ante los ayuntamientos.

...

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Lo mismo aplica para los afromexicanos cuando así corresponda.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas y afromexicanos en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas y afromexicanascomo entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y afromexicanosy eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y afromexicanosy el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas y afrodescendientes con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas y afromexicanos en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas y afromexicanas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas y afromexicanos mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y afromexicanas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas y afromexicanasal desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas así como los pueblos afromexicanos puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas y afromexicanas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Lo mismo se aplicará en el caso de las comunidades y pueblos afromexicanas.

...

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas y afromexicanos, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 27. ...

...

...

...

...

...

...

...

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

I. a VI. ...

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras tanto de los grupos indígenas como las de los afromexicanos.

...

...

...

...

VIII. a XX. ...

Artículo 28. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias, las indígenas y aquellas de los afromexicanos, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.

Artículo 115. ...

I. ...

II. ...

III. ...

a) a i) ...

...

...

Las comunidades indígenas y las afromexicanas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo señalado en el presente decreto.

Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal contarán con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este decreto para, en el ámbito de sus respectivas competencias, efectúen las adecuaciones secundarias correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.— Diputados: Teresa de Jesús Mojica Morga, Angelina Carreño Mijares, Luis Alberto Villarreal García, María Sanjuana Cerda Franco, Ángel Cedillo Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Eufrosina Cruz Mendoza, Alberto Anaya Gutiérrez, Silvano Aureoles Conejo, Manlio Fabio Beltrones Rivera,  Ernesto Núñez Aguilar, Ricardo Cantú Garza, Margarita Saldaña Hernández, Aleida Alavez Ruiz, Miriam Cárdenas Cantú, María del Socorro Ceseñas Chapa, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, José Angelino Caamal Mena, Lucila Garfias Gutiérrez, María Esther Garza Moreno, Margarita Elena Tapia Fonllem, Sebastian Alfonso de la Rosa Peláez, María Fernanda Schroeder Verdugo, Petra Barrera Barrera, María Elia Cabañas Aparicio, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Arturo Cruz Ramírez, Rafael Acosta Croda, Fernando Belaunzarán Méndez, José Antonio León Mendívil, Norma Ponce Orozco, José Luis Cruz Flores Gómez, Vicario Portillo Martínez, Fernando Zamora Morales, Salvador Ortiz García, William Renán Sosa Altamira, Rodrigo González Barrios, María Carmen López Segura, Carlos Augusto Montes López, Rosendo Srrano Toledo, José Luis Esquivel Zalpa, Zita Beatriz Pazzi Maza,  Antonio García Conejo, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Javier López Zavala, Leticia Calderón Ramírez, Roberto Ruiz Moronatti, José Pilar Moreno Montoya, Miguel Sámano Peralta, Marco Antonio Calzada Arroyo, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Alfa Eliana González Magallanes, César Reynaldo Navarro de Alva, Salvador Arellano Guzmán, Patricia Elena Retamoza Vega, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, Mario Miguel Carrillo Huerta, Luis Olvera Correa, Elvia María Pérez Escalante,  Antonio Sansores Sastré, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Yesenia Nolasco Ramírez, Kamel Athie Flores, Cristina Olvera Barrios, Leobardo Alcalá Padilla, Gloria Bautista Cuevas, Rosalba de la Cruz Requena, Joaquina Navarrete Contreras, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, María del  Rocío García Olmedo, Verónica Carreón Cervantes, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Patricia Guadalupe Peña Recio, Jorge del Ángel Acosta, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Leopoldo Sánchez Cruz, Francisco González Vargas, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco, Diana Karina Velázquez Ramírez, Teresita de Jesús Borges Pasos, Verónica García Reyes, Alliet Mariana Bautista Bravo, Minerva Castillo Rodríguez, Claudia Elena Águila Torres, Víctor Manuel Manríquez González, Mario Alejandro Cuevas Mena, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, María del Rosario Merlin García, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Teresa Mojica Morga. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del señor diputado Manuel Añorve Baños. ¿Con qué objeto, señor diputado? Sonido en la curul del señor diputado.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Solamente para felicitar a la diputada. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI no solamente la felicitamos, sino que nos sumamos a su propuesta. Muchas felicidades, diputada, con mucho afecto y mucho respeto.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga: Muchas gracias, diputado, mi paisano afrodescendiente también.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Purificación Carpinteyro. Dígame, diputada ¿con qué objeto?

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Decir que me quisiera adherir a esta iniciativa. No solo eso, sino en lo que pueda colaborar para que ésta pueda aprobarse en breve.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado De la Rosa.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez(desde la curul): Gracias, presidente. Por supuesto, no solo felicitar a mi compañera y paisana la diputada Teresa Morga, sino reconocerle el esfuerzo que está realizando por esta iniciativa.

Uno de los distritos donde más se encuentran los negros —como nos dicen allá— es mi distrito, la costa chica de Guerrero. Por supuesto que me voy a sumar a esa iniciativa. Por supuesto, Tere, que la vamos a firmar. Y expresarles desde aquí a nuestros paisanos que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance.

Solicitamos también el respaldo, no solo del PRI —que ya lo dijo mi paisano Manuel Añorve— sino también el del grupo del PAN y los demás grupos parlamentarios, para que nos sumemos a la aprobación de esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Felicidades, Tere.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Sonido en la curul del diputado Jorrín.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, señor presidente. Con el mismo tema para felicitar a nuestra compañera Teresa. Muchas felicidades, sabemos la lucha que has estado realizado durante varios años. También la fracción de Movimiento Ciudadano te da todo el respaldo y estaremos contigo y con los afromexicanos. Felicidades.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Jorrín. Sonido en la curul del diputado Rosendo Medina Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Diputado presidente, en el mismo sentido, para felicitar a la diputada Teresa por esta magnífica iniciativa. Aprovecho también para —a destiempo— felicitar a Purificación Carpinteyro por su iniciativa de ayer.

Decirle a la diputada Teresa que esta iniciativa —entre otras cosas— es muy valiosa, porque trata de encaminarnos a una sociedad verdaderamente igualitaria entre todos los mexicanos, donde reconozcamos nuestras diferencias étnicas y de origen. Pero sobre todo que identifiquemos que somos mexicanas y mexicanos. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Rosendo Medina Filigrana. Sonido en la curul de la diputada Fernanda Schroeder Verdugo. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo (desde la curul): Buenas tardes a todos. Con el mismo objeto, felicitar a mi amiga y compañera de comisión. Tere, ya sabes, te apoyamos en todo y estoy contigo.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Nelly Vargas. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (desde la curul): Gracias, presidente. Con el mismo motivo, para sumarme a la iniciativa y felicitarla por esta gran lucha de la igualdad, a mi amiga la diputada Teresa Mojica. Suscribo tu iniciativa y felicidades Tere.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada María Sanjuana Cerda Franco. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (desde la curul): Con el mismo objeto. Señor presidente, gracias por la atención. Compañera diputada, reconocerle su esfuerzo, la iniciativa. Todo el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se suma, no nada más en esto, sino en lo que usted tenga que emprender más adelante.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Teresa Borges. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos (desde la curul): Felicitar a la compañera Tere. Muchas felicidades por esta iniciativa que acabas de presentar. Quisiera suscribirme, si nos lo permites, en una iniciativa tan importante, donde nos va a permitir buscar reconocer en nuestra Constitución los derechos de los pueblos afromexicanos. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Margarita Tapia Fonllem. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (desde la curul): De igual manera que las otras legisladoras, quiero felicitar a mi compañera de partido. Pero también a mi compañera de aquí, de curul, a Tere Mojica Morga, por esta iniciativa, que creo que es histórica y va a ser trascendente para la vida de la población afromexicana en nuestro país. Muchas felicidades.

Tere, por supuesto la vamos a suscribir y te vamos a ayudar a conseguir todas las firmas de todas y todos los diputados para que esta iniciativa salga adelante y sea aprobada.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada.

La diputada María Esther Garza Moreno (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada María Esther Garza. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María Esther Garza Moreno (desde la curul): Presidente, igualmente para adherirme a la iniciativa de la diputada Tere, ya que la hemos visto luchar durante tanto tiempo por este sueño y que esperamos que todos nos adhiramos a ella para que se haga realidad. Muchas gracias.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga: Gracias a ustedes, diputados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado William Renan Sosa Altamira, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, suscrita por el diputado Felipe de Jesús Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado William Renan Sosa Altamira:Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, la presente iniciativa tiene el objetivo de actualizar la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles en el capítulo denominado Disposiciones comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo, en los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis.

En la década de los años veinte, el deporte en México tomó gran relevancia. En 1923 se fundó el Comité Olímpico Mexicano. Por primera vez y con iniciativa mexicana se realizaron los Juegos Centroamericanos en 1926.

Asimismo, se creó el Organismo de Promoción Deportiva en la capital de la República y fue en este marco donde la sociedad civil tomó la iniciativa de convertir el desfile del día 20 de noviembre en un evento cívico-deportivo y en torno a esta celebración dar un sentido reconocimiento a los atletas mexicanos a través del Premio Nacional de Deportes y el Premio Nacional de Mérito Deportivo, siendo los máximos reconocimientos que pueden recibir los deportistas por parte de la Presidencia de la República.

Sin embargo, el pasado 10 de noviembre de 2011, la LXI Legislatura aprobó —con 325 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones— el proyecto de decreto que reformó la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, en donde se estableció el primer domingo de diciembre como la entrega de dichos reconocimientos.

La materia de fondo de esta iniciativa es proponer la reforma al artículo 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de recuperar el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, que año con año se celebra con un magnífico desfile deportivo, como la fecha idónea para la entrega de los premios Nacional de Deportes y Nacional al Mérito Deportivo.

Al recuperarse esta fecha tan significativa para el deporte nacional tendrá que ser modificado en consecuencia el artículo 62, primer párrafo, de la citada ley, que plantea el periodo desde la propuesta hasta el dictamen del Consejo de Premiación del 1 de octubre al 28 de noviembre.

La presente iniciativa propone que el periodo para la recepción de candidaturas se realice del 15 de septiembre al 20 de octubre, siendo la fecha del dictamen por parte del jurado a más tardar el día 10 de noviembre.

Ahora bien, por lo que respecta al Consejo de Premiación el actual artículo 59 de la ley antes mencionada establece que el Consejo de Premiación para el Premio Nacional de Mérito Deportivo estará integrado por el secretario de Educación Pública —quien lo presidirá— y por los titulares de las Comisiones de Juventud y Deporte de las Cámaras de Diputados y de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de la Confederación Deportiva Mexicana, Asociación Civil, del Comité Olímpico Mexicano, Asociación Civil, y del Comité Paralímpico Mexicano, Asociación Civil.

En este sentido, es importante recordar que el pasado 23 de abril del año en curso el pleno de esta Cámara aprobó la nueva Ley General de Educación Física y Deporte, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio. En la misma se estableció que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,Conade, es el organismo público descentralizado de la administración pública federal que conducirá la política nacional en la materia contando con las atribuciones necesarias para el logro de sus objetivos.

Por tal motivo, la asociación civil Confederación Deportiva Mexicana, Codeme, dejó de formar parte del Sistema Nacional del Deporte, y en consecuencia de participar tanto en el Consejo de Premiación como en el jurado a que se refiere el Capítulo IX Ter, denominado Disposiciones comunes para los Premios Nacionales de Deportes Y Mérito Deportivo, en sus artículos 59, párrafo primero, y en el artículo 63 respectivamente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el deporte en la vida de toda sociedad representa un símbolo de unión entre los pueblos, un vínculo de hermandad que permite construir espacios positivos tan necesarios hoy en día, al ser una de las actividades con mayor potencial de incidencia en el desarrollo humano y social de las personas, y su práctica genera beneficios importantes a quienes la realicen e influye de manera directa en el mejoramiento de las relaciones humanas y del entorno. Por ello impulsar a nuestros deportistas es tan importante, pero sobre todo reconocer su esfuerzo y dedicación en momentos de gran relevancia histórica.

Recuperar el 20 de noviembre como la fecha idónea para reconocer a nuestros deportistas da muestras de que conmemorar nuestra gesta revolucionaria con un evento cívico deportivo refleja la vocación pacifista de nuestro pueblo, que recuerda que el espíritu democrático que impulsó este movimiento social tenía y tiene el objetivo fundamental de construir una mejor sociedad. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de William Renán Sosa Altamira y suscrita por Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Felipe Muñoz Kapamas y William Renán Sosa Altamira, diputados federales integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción II del artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene el objetivo de actualizar la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, en su Capítulo IX-Ter denominado “Disposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo”, artículos 59, 62, 63 y 63 Bis.

Tomando en cuenta el nuevo entorno social, político y económico del país, en octubre de 2012 fue necesario generar una nueva configuración respecto de la cantidad y nomenclatura en algunos de los órganos legislativos de la Cámara de Diputados, que permitiera prestar atención con mayor especificidad en varias materias, entre las que se encontraba el deporte.

Por tal motivo, con fecha 8 de Octubre de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que  reformó el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para aumentar el número de comisiones ordinarias de la LXII Legislatura, instaurando, entre otras, la separación de la anterior Comisión de Juventud y Deporte, y creando como Comisiones Ordinarias la de Juventud y la de Deporte.

Por otra parte, en el actual artículo 59 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles se establece que el Consejo de Premiación para el Premio Nacional de Mérito Deportivo estará integrado por “ el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y por los titulares de las Comisiones de Juventud y Deporte de las Cámaras de Diputados y de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de la Confederación Deportiva Mexicana, AC, del Comité Olímpico Mexicano, AC, y del Comité Paralímpico Mexicano, AC”.

En el mismo contexto, el pasado 23 de abril del año en curso el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Educación Física y Deporte, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Junio de este mismo año.

En la misma se estableció que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es el organismo público descentralizado de la administración pública federal que conducirá la política nacional en la materia, contando con las atribuciones necesarias para el logro de sus objetivos.

Por tal motivo, la asociación civil Confederación Deportiva Mexicana dejó de formar parte del sistema nacional del deporte y en consecuencia de participar tanto en el Consejo de Premiación, como en el jurado a que se refiere el capítulo IX Ter denominado “Disposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo”, en los artículos 59, párrafo primero, y en el artículo 63, respectivamente.

Ahora bien, por lo que se refiere a la fecha en que actualmente son entregados los premios mencionados, de Deportes y de Mérito Deportivo, que es el primer domingo del mes de diciembre de cada año, conforme al artículo 63 Bis de la multicitada Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, se propone recuperar el día en que durante décadas  representó para la sociedad una fecha significativa: el Desfile del 20 de Noviembre; resulta indiscutible señalar que asociamos el desfile oficial de este día, con el desfile deportivo.

Este evento cívico-deportivo tiene su origen en la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, constituyendo para nosotros un símbolo preponderante de nuestra identidad; el primer antecedente deportivo identificado de este tradicional festejo fue en el año 1928, en que se realizó una carrera de relevos, pero el desfile como acto conmemorativo fue celebrado por primera vez hasta el año 1930, no obstante que desde 1917 se propuso a la Cámara de Diputados proclamar el 20 de Noviembre como fiesta nacional.

Históricamente esta conmemoración cívico-deportiva ha resaltado por lo que representa “...se festeja con este acto la conmemoración de hechos armados que costaron la vida a más de un millón de ciudadanos, y resulta congruente con la vocación pacifista de nuestro pueblo, y a su vez refleja una de las aspiraciones de la lucha revolucionaria: la  constitución de un Estado y una sociedad que deben asentarse en la fuerza de la ley y la razón y no en la de las armas”.

En esta década de los años 20, el deporte en México tomó gran relevancia: en 1923 se fundó el Comité Olímpico Mexicano; por primera vez, y con la iniciativa mexicana, se realizaron los Juegos Centroamericanos en 1926; asimismo se creó el organismo de promoción deportiva en la capital. En este marco es que la sociedad civil tomó la iniciativa de convertir el Desfile del 20 de Noviembre, en un evento cívico-deportivo.

Al recuperarse esta fecha tan significativa para el deporte nacional, tendrá que ser modificado en consecuencia el artículo 62, primer párrafo de la citada Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, que señala el periodo para proponer al consejo de premiación del 1 de octubre al 5 de noviembre, y la entrega del respectivo dictamen el 28 de noviembre.

Por las anteriores consideraciones, proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 59. ...

Este se integrará por el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y por los titulares de las Comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados, y de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano, AC, y del Comité Paralímpico Mexicano, AC.

Artículo 62.Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas registradas y reconocidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, o por los responsables de la información deportiva difundida por prensa escrita, radio o televisión, quienes lo podrán proponer a través de las asociaciones deportivas nacionales o asociaciones deportivas registradas.

Las candidaturas se propondrán al consejo de premiación dentro del periodo comprendido del 15 de septiembre al 20 de octubre de cada año. El consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los diez días naturales siguientes y a continuación los pondrá en manos del jurado, quien entregará su dictamen debidamente fundado, motivado y por escrito al consejo, a más tardar el 10 de noviembre.

Artículo 63. Habrá un solo jurado para los dos premios, que se integrará por: un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, uno del Comité Olímpico Mexicano, AC, y uno del Comité Paralímpico Mexicano, AC, quienes serán designados por los titulares de dichos organismos, respectivamente. Asimismo, por un ex galardonado del Premio Nacional del Deporte, un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo, un medallista olímpico, un medallista paralímpico, un representante de la prensa escrita, un representante de la televisión y un representante de la radio.

Artículo 63 Bis. Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Celebración del 20 de noviembre.- Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1910-1985

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.— Diputados: Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, William Renán Sosa Altamira, Leobardo Alcalá Padilla, María del Rocío Corona Nakamura, Angelina Carreño Mijares (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY DE EXPROPIACION - CODIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiación y del Código Civil Federal.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera: Un perpetuo debate se ha creado interpretando los referentes legales en torno a la ocupación de la propiedad privada, expropiación y utilidad pública.

Se han creado las más diversas interpretaciones y silogismos, y lo real es que la palabra mediante con la cual se procede a la expropiación dista mucho de crear una certeza sobre el tema de la propiedad y la expropiación. La palabra previa es de mucha mayor precisión y sí concede la certeza jurídica necesaria.

El vocablo mediante obscurece los fenómenos referentes a la expropiación en vez de aclararlos. Frente a esto es necesario cambiar el término, pues además de la mencionada certeza jurídica, abre la confianza hacia la libertad que brinda una sólida economía de mercado y que la propiedad privada continúe siendo una de las libertades y garantías que nos animan como nación.

El artículo 17 de la Declaración de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la propiedad privada es un aspecto de imprescindible necesidad en el establecimiento de una sociedad con orden y democracia.

La propiedad privada está fuertemente implantada en la naturaleza humana, en el hombre el amor así mismo, a las cosas y a la propiedad están íntimamente ligados a un afecto natural a la propiedad exclusiva.

El objeto de la iniciativa es establecer que el pago de indemnización por expropiación sea de forma previa y no después de realizado el acto expropiatorio. Por lo tanto, se trata de un proyecto que persigue mayores beneficios para todos los gobernados.

Nuestra propuesta atiende una necesidad social y se establecen mayores beneficios para la población que se pueda ver afectada por un acto expropiatorio. Diversos estudios de la Constitución señalan que, mientras en la Constitución de 1857 se señalaba que la expropiación de la propiedad privada podía hacerse previa indemnización, en la de 1917 se especificó que la expropiación podía llevarse a cabo mediante indemnización.

Esta modificación que cambió previa por mediante y que en apariencia no debería tener mucha importancia es sin embargo crucial para el inversionista privado. La palabra previa da garantías a la propiedad privada.

En la redacción del artículo 27, el Constituyente al especificar, mediante, buscó que no quedase una laguna legal respecto a que para la expropiación de la propiedad privada mediara una indemnización. Aunque una expropiación fuese hecha efectivamente con el objeto de proveer un bien o un servicio público y, por lo tanto, fuese justificable al señalar constitucionalmente que ésta será mediante indemnización. En lugar de previa indemnización, permitió al gobierno dar una interpretación temporal a la palabra mediante.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 constitucional, párrafo segundo; los artículos 2 Bis y 4o. de la Ley de Expropiación y los artículos 831 y 836 del Código Civil Federal.

Artículo Primero. Se modifica el segundo párrafo del artículo 27 constitucional para quedar en los siguientes términos.

Artículo 27. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y previa indemnización.

Artículo Segundo. Se reforma el tercer párrafo del artículo 2 Bis y se reforma el párrafo tercero del artículo 4o. de la Ley de Expropiación, de acuerdo al siguiente:

Artículo 2 Bis. La indemnización previa que en su caso proceda por la ocupación temporal o por la limitación de dominio consistirá en una compensación a valor de mercado.

Artículo 40. Los propietarios e interesados legítimos de los bienes y derechos que podrían resultar afectados, serán notificados personalmente del decreto respectivo, así como el avalúo en que se fije el monto de la indemnización y se procederá a su pago inminente.

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 831 y 836 del Código Civil, de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 831. La propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante previa indemnización.

Artículo 836. La autoridad puede mediante previa indemnización ocupar la propiedad particular, deteriorarla y aún destruirla, si esto es indispensable para prevenir o remediar una calamidad pública para salvar de un riesgo inminente a una población o para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiación y del Código Civil Federal, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado J. Jesús Oviedo Herrera  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo  27 Constitucional, párrafo segundo, Artículo 2, bis y el  4 de la Ley de Expropiación y los Artículos 831 y 836 del Código Civil Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un perpetuo debate se ha creado interpretando los referentes legales en torno a la ocupación  de la propiedad  privada, expropiación y utilidad pública.

Se ha creado las más diversas interpretaciones y silogismos, lo real es que la palabra mediante (con la cual se procede a la expropiación) dista mucho de crear una certeza sobre el tema de la propiedad y la expropiación. La palabra previa es de mucho mayor precisión y si concede la certeza jurídica necesaria.

El vocablo medianteobscurece los fenómenos referentes a la expropiación, en vez de aclararlos.

Frente a esto es necesario cambiar el término, pues además de la mencionada certeza jurídica abre confianza hacia la libertad que brinda una sólida economía de mercado, y que la propiedad privada continué siendo una de las libertades y garantías que nos animan como nación.

Nos dice el economista austriaco Ludwig Von Mises de la escuela económica Austriaca:

“La propiedad es un activo solo para quienes saben cómo emplearlo de la mejor forma posible en beneficio de los consumidores.”

“Todas las civilizaciones, hasta el presente, se han basado en la propiedad privada de los medios de producción. Civilización y propiedad privada fueron siempre de la mano.”

1) La propiedad privada no es producto de un sistema, ni de las circunstancias históricas, sino un derecho natural e inalienable entre los hombres.

2) Ir contra la propiedad privada es ir contra la naturaleza humana.

Definida por la ley romana, la propiedad constituye el uso, el goce y la disposición de bienes materiales.

El artículo 27 de la Constitución es complejo, siendo éste uno de los preceptos más discutidos en la historia nacional del siglo XX, debido a que contiene disposiciones de gran relevancia política y social. Considerando que el artículo 27 es algo más que un simple precepto constitucional, es, en parte, un diseño de proyecto de nación, como es sabido en la primera parte se trata lo relativo al derecho de propiedad, en la segunda parte del presente comentario abarca lo relativo a las distintas formas de propiedad de bienes públicos que señala la Constitución, si bien es cierto el derecho de propiedad es un importante punto de confluencia de la economía, la política y el derecho, la forma de reconocer el derecho a la propiedad eminentemente va a incidir en el derecho a la vivienda, los derechos a los trabajadores, el derecho al medio ambiente, etcétera, tal como lo demuestra la experiencia.

En resumen el artículo 27 constitucional contiene:

1. Toda la propiedad que se encuentre en el territorio mexicano será de sus habitantes (nación) y se podrá desafectar, es decir, se puede cambiar de régimen público a régimen privado.

2. Se puede expropiar si es de interés general, pero se indemniza.

3. La propiedad privada debe cumplir una función social, no pueden existir tierras que no se aprovechen económicamente.

4. Todas las riquezas encontradas en el territorio mexicano pertenecen a los mexicanos, en cuanto al mar, se determina que pertenece a la Nación por medio del Derecho Internacional.

5. La propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible, es decir, no se acaba el derecho porque alguien posea esta propiedad, este no podrá hacerse dueño. La energía nuclear sólo se utilizará para medios pacíficos.

6. Los mexicanos por nacimiento o naturalización pueden adquirir la propiedad, y los extranjeros siempre y cuando concurra a la Secretaría de Relaciones, pero no podrán adquirir territorios cercanos a las fronteras, ni a las playas. Las sociedades de educación no pueden adquirir más bienes que los necesarios para llevar a cabo su fin.

7. Los procedimientos para llevar a cabo las acciones de propiedad serán judiciales, y rendida la sentencia ejecutoria no se podrá hacer más.

8. Los indígenas gozan de protección de sus tierras, ya sean ejidos o comunitarios.

9. No pueden haber latifundios, la máxima extensión de tierra que se puede tener es de 100 hectáreas por individuo. Y si se dedican a cultivos será de 150 hectáreas.

10. El Estado fomentará el desarrollo de las actividades agropecuarias con el fin de mejorar la calidad de vida de los campesinos.

De su importancia deriva, a ciencia cierta, el hecho de que las normas sobre la propiedad hayan sido casi siempre maniobradas por los grandes poderes fácticos.

La Declaración de los Derechos del Hombre dedicaba dos artículos a la propiedad. En su artículo 2o. se incluía a la propiedad entre los derechos naturales imprescriptibles del hombre, el artículo 17 de la misma Declaración de 1789 establecía el que seguramente es uno de los primeros antecedentes de la expropiación, al menos consagrado a nivel supra legal; según este precepto siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, donde nadie puede ser privado de ella, salvo cuando lo exigía evidentemente la necesidad publica, legalmente comprobada, y a condición de una indemnización justa y previa.

Para algunos pensadores del siglo XIX, la propiedad era un requisito para poder ejercer otros derechos, como por ejemplo los derechos políticos. En el caso del sistema jurídico mexicano el derecho de propiedad presenta algunas dificultades añadidas a las que el tema tiene en general en todos los países democráticos. Sucede que el tema de propiedad ha generado en México muchos de los más sangrientos conflictos en la vida del país, desde la  doble expulsión de los españoles, la Guerra de Reforma, la Revolución, la Guerra Cristera, todos han tenido como ingrediente el derecho a la propiedad.

Los enfrentamientos por la posesión y la propiedad de la tierra han sido una constante desde que México nace como nación independiente y todavía perduran hasta nuestros días.

Reiteremos; en su segundo párrafo del artículo 27 contempla a la figura de la “expropiación por causa de utilidad pública”, la cual se establece en los siguientes términos:

“Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.

El procedimiento para llevar a cabo las expropiaciones, se encuentra establecido en la Ley de Expropiación.

Ahora bien, la jurisprudencia ha establecido que la facultad de expropiar corresponde tanto a la federación como a las entidades federativas.

Por otro lado, respecto a la utilidad pública como requisito para llevar a cabo la expropiación se establece que la

Utilidad pública (expropiación). Solamente la hay cuando en derecho común se sustituye la colectividad, llámese municipio, estado o nación, en el goce de la cosa expropiada. No existe cuando se priva a una persona de lo que legítimamente le pertenece para beneficiar a un particular, sea individuo, sociedad o corporación, pero siempre particular.

Ahora bien, tomando en consideración la serie de argumentos que han sido esgrimidos a lo largo de los párrafos anteriores, es preciso señalar que el objeto de la reforma al  Código Civil Federal, que se ponen para su consideración, surge de la imperiosa necesidad de establecer,  la garantía del previo pago que debe de regir en materia de expropiación, con lo cual se contribuirá positivamente y en gran medida, a la confianza en nuestro sistema jurídico.

Con esta reforma buscamos proteger la garantía de previaindemnización al gobernado de los actos del gobierno federales y locales, así como prevenir, además, que las futuras expropiaciones por causa de utilidad pública sean efectuadas con mayor conciencia de hecho, pero sobre todo, con una plena y cabal aplicación del derecho.

Otro aspecto que conllevara a respetar la garantía de audiencia en forma previa a la emisión del decreto expropiatorio.

“Es pertinente indicar que si bien es cierto la Ley de Expropiación en su artículo 4o. establece que la declaratoria de expropiación se hará mediante decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y será notificado personalmente a los interesados y en caso de ignorarse el domicilio de estos surtirá efectos de notificación personal en una segunda publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, también lo es que dicho numeral dispone únicamente la notificación del decreto expropiatorio como tal más no dispone la notificación de previa audiencia del procedimiento administrativo de expropiación, lo cual es objeto y materia del presente proyecto del decreto.”

El concepto de utilidad pública se  explica de la siguiente manera:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, ha sustentado diversos criterios, en los que inicialmente señaló que las causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro particular la propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, quien se sustituyera como propietario del bien a fin de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o realización de una obra públicos. Posteriormente amplió el concepto comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte reitera el criterio de que el concepto de utilidad pública es más amplio, al comprender no sólo los casos en que el Estado (Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin. De ahí que la noción de utilidad pública ya no sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social. Por ello, atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que se presenten, es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, sino que deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad. En consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional. (Diccionario Jurídico.)

Pues bien el artículo  832 del Código Civil Federal dice expresamente:

“Se declara de utilidad pública la adquisición que haga el gobierno de terrenos apropiados, a fin de venderlos para la constitución del patrimonio de la familia o para que se construyan casas habitaciones que se alquilen a las familias pobres, mediante el pago de una renta módica.”

Lo anterior pertenece a épocas remotas donde las grandes propiedades urbanas representaban un obstáculo para el crecimiento habitacional. En la actualidad este tipo de expropiaciones no se han realizado y el estado no se considera dotador de vivienda en alquiler  para familias de pobreza extrema, pues para ello la Secretaria de Desarrollo Social cuenta con diversos programas, a esto se agrega que para la construcción de vivienda se consideran diversos aspectos que van desde lo ambiental, higiénico etc. y desde luego la oferta del mercado.

Aunado a lo anterior la expropiación solo debe proceder cuando es evidente el bien  a la comunidad y no sólo a un interés falsamente caritativo.

Por lo expuesto me permito presentar ante esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo  27 constitucional, párrafo segundo; artículo 2 Bis y el  4 de la Ley de Expropiación; y los artículos 831 y 836 del Código Civil Federal

Artículo Primero. Se modifica el segundo párrafo del artículo 27 constitucional para quedar en los siguientes términos:

Artículo 27...

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y previa indemnización.

...

Artículo Segundo. Se reforma el tercer párrafo del artículo 2 bis y se reforma el párrafo tercero del artículo 4 de la Ley de Expropiación, de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 2 Bis...

...

La indemnización previa que, en su caso, proceda por la ocupación temporal o por la limitación de dominio consistirá en una compensación a valor de mercado.

Artículo 4. ...

...

Los propietarios e interesados legítimos de los bienes y derechos que podrían resultar afectados serán notificados personalmente del decreto respectivo, así como el avalúo en que se fije el monto de la indemnización y se procederá a su pago inmediato.

...

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 831 y 836 del Código Civil Federal, de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 831. La Propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa  de utilidad pública y mediante previa indemnización.

Artículo 836. La autoridad puede, mediante previa indemnización, ocupar la propiedad particular, deteriorarla y aun destruirla, si esto es indispensable para prevenir  o remediar una calamidad pública, para salvar de un riesgo inminente una población o para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Congresos locales constituidos en cada una de las entidades federativas y la Asamblea de Representantes del Distrito federal;  contarán con un plazo de 60 días naturales contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de proceder a adecuar su legislación local en materia de expropiación, ajustando dicho ordenamiento de conformidad con la presente reforma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre  de 2013.— Diputados: J. Jesús Oviedo Herrera, Raúl Gómez Ramírez, Alejandra López Noriega, Genaro Carreño Muro, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Erick Marte Rivera Villanueva, José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Justicia, para opinión.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE EVALUACION Y CONTROL DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Está suscrita por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado José Luis Muñoz Soria:Con su permiso, diputado presidente. La iniciativa que se presenta, que tiene que ver con el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, es a nombre de todas y todos los diputados integrantes de esta Comisión. De manera especial, es un reconocimiento a los integrantes de la Subcomisión de Reglamento de la Unidad de Evaluación y Control, que preside la diputada Alfa Eliana González Magallanes.

El 29 de diciembre del 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en la cual se sentaron las bases para un nuevo sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas. Asimismo el 14 de noviembre del año 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el cual se creó dentro del marco legal de la abrogada Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

El 29 de mayo del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Reglamentaria del Artículo 79 Constitucional. Dicha ley en el artículo sexto transitorio dispone: la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta ley, en un plazo no mayor de 90 días, a partir de la publicación del presente decreto. Esto fue publicado en mayo de 2009 y hasta esta fecha no existe el reglamento correspondiente.

En más de tres años no se ha dado cumplimiento al artículo sexto transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, dejándose de observar la trascendencia de dicha reforma, ya que la Unidad de Evaluación y Control es el órgano técnico y especializado que se encarga de apoyar en todo lo concerniente a los trabajos de la Comisión de Vigilancia.

La Comisión de Vigilancia juega un papel primordial, ya que garantiza la coordinación y apropiada relación entre la Cámara baja y la Auditoría Superior de la Federación para generar los cauces para la debida revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.

También la Comisión de Vigilancia se encarga de analizar los trabajos de la Auditoría Superior referentes al resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, a través de reuniones donde se realiza el estudio y análisis de los cuatro grupos funcionales.

Es también importante mencionar que por primera vez, desde que se formalizó esta comisión, es la primera vez que se han constituido cuatro subcomisiones para revisar el trabajo de la Auditoría en los cuatro grupos funcionales en los que realiza la Auditoría de la Cuenta Pública. Dichos grupos funcionales son gobierno, desarrollo económico, desarrollo social y gasto federalizado y sectores administrativos, observando en todo momento los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos públicos. De igual forma se encarga de evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

Por todo lo anterior y con el objeto de fortalecer y consolidar la Unidad de Evaluación y Control a efecto de que brinde un mejor apoyo a la Comisión de Vigilancia los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación presentamos ante ustedes esta iniciativa de ley. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los que suscribimos, diputadas y diputados federales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción X, y 107 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

1. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación el 29 de diciembre de 2000, se sentaron las bases para un nuevo sistema constitucional de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.

Con esta ley, el Legislativo Federal ordena la vigilancia de los recursos públicos al crear la entidad de fiscalización superior de la Federación, que sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda y dotó a la Comisión de Vigilancia de un órgano técnico denominado Unidad de Evaluación y Control para que le auxilie en su tarea de supervisar el desempeño del órgano de fiscalización superior.

Esta nueva entidad fiscalizadora desde sus orígenes es concebida como un órgano de la Cámara de Diputados, otorgándole autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. A diferencia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que únicamente emitía observaciones y recomendaciones, a éste nuevo órgano lo dotó de atribuciones para determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, facultándola además para fincar responsabilidades resarcitorias.

En el nuevo marco constitucional, el constituyente permanente ratifica la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de revisar la Cuenta Pública, así como coordinar y evaluar sin perjuicios de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior, para ello establece “evaluar su desempeño y constituirse en el enlace que permita garantizar la coordinación entre ambos”, es decir la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados.

En la exposición de motivos se establece: “a fin que la ASF preserve su carácter de órgano técnico de la Cámara de Diputados, en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y se impida que en uso de su autonomía se aparte de las atribuciones que para sus efectos tiene contenidos, es indispensable que la Cámara cuente, con un ‘órgano de autoridad adscrito a la Comisión de Vigilancia que le auxilie en el ejercicio de su función de evaluación y control del desempeño de la entidad de fiscalización superior”.

Congruente con las facultades de evaluación que la Constitución otorga a la Comisión de Vigilancia, define ésta en la Carta Magna como “de la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación”, creando para el ejercicio de su atribución el de vigilar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, a la Unidad de Evaluación y Control, por lo que estableció en el artículo 91 de la entonces Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que “la Comisión contará con una unidad especializada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de las Auditoría Superior de la Federación, a fin de aplicar en su caso, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas previstas en el ordenamiento citado, denominado Unidad de Evaluación y Control”.

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación abrogada el 30 de mayo de 2009, estableció en sentido estricto los principios de actuación que regirían a la Auditoría Superior de la Federación:

• Fiscalización Superior. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados con la facultad de supervisar el ejercicio de todos los recursos públicos federales.

• Autonomía. Establece un principio constitucional de autonomía técnica y de gestión para la toma de resoluciones y organización interna.

• Posterioridad. Salvo excepción, siempre se hará la fiscalización de los recursos públicos una vez que estos hayan sido ejercidos, tras la rendición de la Cuenta Pública, es decir, posterior al cierre del ejercicio fiscal.

• Anualidad. El trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, se limita a fiscalizar, y en su caso, promover o fincar responsabilidades, en relación con la Cuenta Pública que se está realizando.

• Control externo. La Auditoría Superior de la Federación ejerce un control externo a diferencia de los controles internos que en su momento realiza la Secretaria de Función Pública.

• Reserva de información. Se establece este principio constitucional para que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, no puedan revelar o develar información relacionada con el ejercicio de su función.

Por su parte, en el artículo 79 constitucional se precisan las atribuciones de la entidad de fiscalización superior de la federación:

• Fiscalizar en forma posterior los ingresos y los egresos; el manejo y la custodia y la aplicación de los fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y particulares;

• Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rindan en los términos que disponga la ley;

• Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales;

• Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de las investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos;

• Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales;

• Fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes;

• Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; y

• Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención de la ley.

2. Durante las dos legislaturas posteriores a las reformas de 1999 diversos grupos parlamentarios presentaron iniciativas para reformar el texto constitucional, el trabajo se orientó a fortalecer la fiscalización superior, incentivar la calidad en los procesos de administración pública, acotar la corrupción, fortalecer al órgano técnico encargado de revisar la Cuenta Pública, y elevar el estatus de credibilidad social de la acción pública a través de la contundencia de sus actos y resultados.

Sin embargo, es hasta la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, donde se reforma el texto constitucional por lo que, el 7 de Mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a los artículos 73, 74, 79, 116, 122 y 134 del texto constitucional.

De las deliberaciones del Poder Legislativo Federal, se confirma la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para revisar la Cuenta Pública, reducir el tiempo de revisión, fortalecer las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación y ordena que tanto ésta como la Unidad de Evaluación y Control adecuen sus respectivos reglamentos internos para responder a las nuevas atribuciones que confiere la reforma.

Entre los aspectos más sobresalientes del nuevo texto constitucional, destacan los siguientes:

- Se dispone que la Auditoría Superior de la Federación pueda verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas públicos, a través de la práctica de auditorías del desempeño.

- Se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de contabilidad gubernamental;

- Se reduce el tiempo de la revisión de la Cuenta Pública;

- Se establecen los principios de fiscalización con alcance también para las entidades federativas y el Distrito Federal;

- Se precisan los sujetos de la fiscalización;

- Se especifica que las entidades fiscalizadas tienen la obligación de llevar control y registro contable, patrimonial y presupuestario;

- Se especifica que el dictamen que concluye el proceso de la revisión de la Cuenta Pública debe someterse a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados;

- Se amplía el alcance de la revisión de la Cuenta Pública, incorporando la verificación del desempeño en el cumplimiento de objetivos;

- Se establece la obligación para la Auditoría Superior de la Federación de dar a conocer a las entidades fiscalizadas los resultados de su revisión de manera previa a la presentación del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados;

- Se define que las legislaturas de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán contar con entidades de fiscalización dotadas de autonomía técnica y de gestión;

- Se establece que los titulares de las entidades de fiscalización superior en los estados y el Distrito Federal serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por períodos no menores a siete años y deberán contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades;

- Se especifica que la Cámara de Diputados mantiene la facultad de evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación, y en su ejercicio podrá requerir le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; y

- Se amplía el objeto de la revisión de la Cuenta Pública, en el sentido de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto, y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

El artículo segundo transitorio del decreto de la reforma constitucional de mayo de 2008 estableció:

Segundo. El Congreso de la Unión, así como las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV constitucional.

3. Por su parte, el artículo 40, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones que le marca la ley reglamentaria, las cuales se fundamentan en el artículo 74, fracciones II y  VI, de la Constitución, que establecen como facultad exclusiva de la Honorable Cámara de Diputados evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, en los términos que disponga la ley.

4. El 29 de mayo de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, reglamentaria del artículo 79 constitucional, la que se emitió en concordancia con las reformas publicadas el 7 de mayo del 2008, con el propósito estratégico de mejorar la calidad del gasto público, coadyuvar en los avances de la rendición de cuentas y consolidar a rango de política de Estado la fiscalización superior en México.

En contribución con lo anterior, el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispuso:

Sexto. La Auditoría Superior de la Federación y la Unidad deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta Ley en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la publicación del presente decreto.

5. El 13 de septiembre de 2011, se celebró la vigésima reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la LXI Legislatura, en la que se aprobó por unanimidad el proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control (RIUEC), mediante Acuerdo CVASF/LXI/051/2011. El 6 de octubre del mismo año, el Pleno de la Cámara turnó la Iniciativa RIUEC, a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (CRRPP), para su estudio y dictamen. El 18 de noviembre de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, formuló prevención a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a efecto de que presentara el dictamen relativo al RIUEC.

6. El 13 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con fundamento en el artículo 89 numeral 1 fracción I del Reglamento de este órgano federal, publicó en la Gaceta Parlamentaria una lista entre las que se incluía la iniciativa del RIUEC por no haber sido dictaminada dentro del plazo que prevé el artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Consideraciones

Que la Unidad de Evaluación y Control a poco más de diez años del inicio de sus funciones, como órgano de apoyo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ha consolidado sus originales atribuciones contenidas en la abrogada Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en cuanto a auxiliar a la citada Comisión en evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, así como fungir como órgano de control para vigilar el debido cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la propia Auditoría Superior.

Que es de destacar que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que abrogó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, confiere a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación nuevas facultades, tales como:

- Evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación respecto del cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías, y proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión, con objeto de determinar si cumple con las atribuciones que le corresponden, el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora, en la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas;

- Requerir a la entidad de fiscalización superior de la Federación, informes sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

- Aprobar los indicadores para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y los elementos metodológicos que sean necesarios, así como los indicadores de la Unidad de Evaluación y Control;

- Formular observaciones y recomendaciones en materia de evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación;

- Presentar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, su análisis y conclusiones, tomando en cuenta las opiniones que hagan las comisiones ordinarias de la Cámara;

- Conocer el plan estratégico y el programa anual de actividades de la Auditoría Superior de la Federación y evaluar su cumplimiento;

- Aprobar políticas, lineamientos y manuales de la Unidad de Evaluación y Control;

- Emitir opinión e informe sobre las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado y evaluar el cumplimiento de sus objetivos;

- Recibir denuncias sobre el manejo irregular de recursos públicos que ameriten una revisión de situación excepcional;

- Aprobar las resoluciones del recurso de revocación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación sancionados por la Unidad de Evaluación y Control;

- Conocer el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación;

- Recibir solicitudes y denuncias de la sociedad civil; y

- Recibir opiniones, solicitudes y denuncias sobre la fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación.

Que a la Unidad de Evaluación y Control, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le confiere atribuciones adicionales, en relación con las que le confería la abrogada Ley de Fiscalización Superior de la Federación, entre las que resaltan

- Practicar auditorías para verificar el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior de la Federación;

- Resolver, con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación sancionados por la Unidad de Evaluación y Control;

- Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de mando superior de la Auditoría Superior de la Federación;

- Auxiliar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la elaboración del análisis y conclusiones del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública;

- Proponer a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación los sistemas de evaluación del desempeño e indicadores de la propia Unidad de Evaluación y Control y los que utilice para evaluar a la Auditoría Superior de la Federación, así como el seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan tanto la Unidad, como la Comisión; y

- Coadyuvar y asistir a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el cumplimiento de sus atribuciones.

Que por lo anterior se requiere fortalecer a la Unidad de Evaluación y Control, a efecto de que brinde un mejor apoyo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que ésta atienda con eficiencia, la atribución de evaluar el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora que genera la Auditoría Superior de la Federación en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.

Que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el 17 de mayo de 2011, instruyó rediseñar la Unidad de Evaluación y Control para que además de fortalecer sus funciones, disponga del marco normativo adecuado que le permita mejorar la evaluación en el desempeño y el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora.

Que se establecen en la presente iniciativa los objetivos fundamentales de la Unidad de Evaluación y Control como una unidad técnica especializada para el apoyo de la fiscalización y rendición de cuentas.

Que en la iniciativa se precisan las atribuciones de cada una de las unidades administrativas de la Unidad de Evaluación y Control, así como la propuesta para la creación de una Dirección encargada de ejercer las atribuciones de Ley en materia de evaluación del desempeño, con la función de evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación; esta atribución se le confiere a la Cámara de Diputados en el último párrafo de la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Federal, la cual se contempla al igual, en los artículos 77, fracción VII, 78, y 103, fracciones II y IX, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Lo anterior con base en la experiencia de la Unidad de Evaluación y Control.

Que la organización administrativa que se propone para la Unidad de Evaluación y Control consiste en consolidar su trabajo para apoyar de manera eficiente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el cumplimiento de sus atribuciones que conforme a la Ley le corresponden, evaluando el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación; apoyar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la presentación a la Comisión de Presupuesto del Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y proponer sus conclusiones, tomando en cuenta las opiniones que, en su caso, hagan las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, sin perjuicio y fortaleciendo la autonomía técnica y de gestión que la Constitución Federal le ha otorgado a la Auditoría Superior de la Federación.

Que se identifican cinco áreas de oportunidad para que la Unidad de Evaluación y Control ejerza su mandato legal, orientadas a la consolidación de la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior de la Federación; a saber:

- Conocer el Plan Estratégico y el Programa Anual de auditorías de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en concordancia con su autonomía técnica;

- Ejercer el requerimiento para que la Auditoría Superior de la Federación aclare y profundice en la fiscalización de la Cuenta Pública, así como en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, con respeto a su autonomía técnica, y en cumplimiento de lo que señala la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

- Conocer y opinar del presupuesto que proponga la entidad de fiscalización superior de la Federación, con respeto a su autonomía de gestión;

- Conocer la normativa de la Auditoría Superior de la Federación, concomitantemente con su autonomía de organización; y

- Valorar las convocatorias y comparecencias, en su caso, de los auditores especiales de la Auditoría Superior de la Federación, concomitantemente con su autonomía de funcionamiento.

Todo lo anterior tiene como propósito fundamental dar certidumbre y legalidad a toda actuación de la Unidad de Evaluación y Control.

Que en lo que se refiere a la organización administrativa de la Unidad de Evaluación y Control, se propone que esté integrada por un Titular, cuatro direcciones, una Secretaría Técnica, nueve subdirecciones y seis coordinaciones. Es importante mencionar que la organización administrativa que se propone no crea nuevas plazas, toda vez que se considera para su funcionamiento las plazas con las que actualmente cuenta la Unidad y que fueron autorizadas conforme a la normatividad por la Comisión y los órganos de gobierno de la Cámara.

Que la iniciativa plantea adecuar, conforme al espíritu de la reforma constitucional, el ordenamiento jurídico que regula la actividad del órgano especializado y profesional que auxilia en sus labores a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la encomienda de evaluar el desempeño del órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública.

Que la adecuación del instrumento de evaluación y control sobre la entidad de fiscalización superior es un avance en la organización del Poder Legislativo, el cual fortalece el control parlamentario hacia su interior.

Considerando que la Unidad de Evaluación y Control se encuentra en la estructura de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, coadyuvando y asistiéndola en sus funciones. Para tal efecto la Unidad ejercerá su presupuesto cumpliendo con la normatividad aplicable y vigente y en coordinación con las áreas administrativas de la Cámara de Diputados.

Que la estructura que a continuación se presenta, parte de la base de la plantilla de personal con que actualmente cuenta la Unidad de Evaluación y Control, por lo que no implicará un impacto presupuestal su instrumentación:

La actual Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Técnica cambia su nomenclatura por Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior, para precisar sus funciones, y se reestructura con cuatro áreas orientadas al análisis por grupo funcional, en armonía con la organización empleada por la Auditoría Superior de la Federación para la fiscalización superior de la Cuenta Pública y que, de igual forma, ha sido retomada por la Comisión de Vigilancia para la integración de sus correspondientes Subcomisiones de trabajo.

Se propone que esta Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior cuente con cuatro subdirecciones: de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Gobierno; de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Económico; de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Social; y de Análisis de la Fiscalización del Gasto Federalizado. Es en esta Dirección con sus cuatro subdirecciones, en la que se debe realizar de manera especializada, entre otras funciones, el apoyo técnico a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el cumplimiento de sus atribuciones respecto a los análisis y evaluación del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, proponiendo las conclusiones y, en su caso, las recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación; recibir, sistematizar e integrar al análisis del Informe del Resultado citado, las opiniones de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados; llevar el seguimiento de evaluación de las recomendaciones que emita la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior; analizar los informes semestrales de solventación de observaciones y resarcimientos al erario que turna la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión de Vigilancia; analizar los informes que turne la Auditoría Superior a la Cámara; y coordinar los trabajos de análisis, desde una perspectiva de fiscalización, de los documentos que en materia económico-presupuestal turne el Ejecutivo federal a la Cámara.

Por otra parte, se formaliza dentro de la estructura de la Unidad de Evaluación y Control, la Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social, cuya función es apoyar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en el cumplimiento del mandato constitucional dado a la Cámara de Diputados de evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación, así como auxiliar a la propia Comisión de Vigilancia en su función de contraloría social para la fiscalización superior. Esta Dirección contará con dos subdirecciones y una coordinación. Las subdirecciones serán de Evaluación de la Fiscalización Superior y la de Apoyo en la Función de Contraloría Social, en tanto que la Coordinación será de Evaluación de la Acción Fiscalizadora. Esta Dirección está especializada para ejercer entre otras, las atribuciones de integrar y, previa autorización de la Comisión de Vigilancia, poner en marcha los indicadores y elementos metodológicos para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, conocer si la entidad de fiscalización superior de la Federación cumple con las atribuciones que conforme a la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la. Federación corresponden, asimismo realizar todas las acciones necesarias para que la Comisión de Vigilancia abra los canales de comunicación con las personas y la sociedad civil y también realizará los estudios de las tendencias y avances en materia de fiscalización.

La Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica contará con dos subdirecciones y una coordinación. Las subdirecciones de Auditorías, y la de Investigación Administrativa y Responsabilidades, y una coordinación de Evaluación Técnica. Esta Dirección está especializada en la realización de los programas de auditoría, visitas, inspecciones y evaluaciones técnicas a la Auditoría Superior, tanto de regularidad, de desempeño y de carácter técnico, que se practique a todas las unidades administrativas de la Auditoría Superior de la Federación, además de evaluar su plan estratégico. De igual forma, contará con el área que maneje las investigaciones y los procedimientos administrativos derivados del incumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos por parte de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación. Además, llevará a cabo la recepción y custodia de las declaraciones de situación patrimonial de aquellos servidores públicos que por su nivel jerárquico la Ley lo exija, así como el análisis de la evolución patrimonial.

La Dirección Jurídica para la Evaluación y Control, antes Dirección de Asuntos Jurídicos está especializada y enfocada en el ámbito litigioso y de consulta jurídica que, en auxilio de la Comisión, le sea requerida, así como para satisfacer las necesidades que, en esas materias, tenga la Unidad de Evaluación y Control. Estará integrada por una subdirección, la Consultiva y de Análisis Jurídico y por la Coordinación de Procesos Legales. Esta Dirección, de manera relevante realizará las siguientes funciones: Asesorar en materia jurídica a la Unidad de Evaluación y Control, actuar como órgano de consulta jurídica y de proyectos legislativos en materia de fiscalización a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionando los análisis, propuestas y opiniones que se requieran; representar a la Unidad de Evaluación y Control cuando el Titular de ésta así lo disponga ante toda clase de tribunales y autoridades y, en apoyo a la Comisión de Vigilancia, representarla ante tribunales y autoridades; ejercer toda clase de acciones judiciales, civiles y administrativas en las que la Unidad de Evaluación y Control sea parte; apoyar a la Comisión de Vigilancia en la evaluación jurídica a la Auditoría Superior respecto al cumplimiento de las disposiciones en materia de fiscalización superior, llevando a cabo auditorías de legalidad a efecto de verificar el debido cumplimiento respecto de los procedimientos de responsabilidad resarcitoria, verificar el cumplimiento de la normativa en la propia Auditoría Superior de la Federación respecto de la integración de los expedientes generadores de Pliegos de Responsabilidad Sancionatoria, así como de los expedientes de las denuncias penales correspondientes; llevar a cabo investigaciones y análisis sobre áreas de opacidad detectadas por la sociedad para proponer dichos casos bajo el marco de revisión de situación excepcional ante la Auditoría Superior o, para que se integre en su programa de auditorías.

La Secretaría Técnica contará con tres coordinaciones: la de Planeación Estratégica; la Administrativa y la de Apoyo Técnico. En este sentido, la Secretaría Técnica por conducto de la Coordinación de Planeación Estratégica estará encargada de coordinar la elaboración del Plan Estratégico de la Unidad y verificar su seguimiento, llevar el Registro de Manuales de la Unidad de Evaluación y Control, integrar el Plan anual de Trabajo y el informe anual de gestión de la Unidad.

Este proyecto de Reglamento también contempla una Coordinación Administrativa adscrita a la Secretaría Técnica, la cual tendrá, entre otras atribuciones: administrar los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales de la propia Unidad; elaborar el manual de organización y procedimientos administrativos.

Asimismo, la Secretaría Técnica por conducto de la Coordinación de Apoyo. Técnico estará encargada de proponer convenios de colaboración con instituciones de educación, nacionales e internacionales, en materia de evaluación y control, fiscalización y rendición de cuentas, así como de capacitación, para lo cual instrumentará el programa respectivo. Adicionalmente, la Secretaría Técnica se encargará de desarrollar e implementar los sistemas, aplicaciones y procesos en materia de tecnologías de la información.

Con lo anteriormente descrito, se podrá observar que la estructura de la Unidad, interrelaciona las unidades administrativas.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción X, y 107 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el siguiente

Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados

Capítulo I De la Competencia y Organización

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, atribuciones y competencia del órgano técnico especializado denominado Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Honorable Cámara de Diputados.

Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se entenderá por

I. Auditor Superior: el Auditor Superior de la Federación;

II. Auditoría Superior: la entidad de fiscalización superior de la Federación a que se refieren los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Cámara: la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión;

IV. Comisión: la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados;

V. Comisión de Presupuesto: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados;

VI. Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Cuenta Pública: la Cuenta Pública Federal a que se refiere el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Cuenta Comprobada: documentos relativos a un periodo determinado, integrados por el resumen de operaciones de caja o de pólizas de ingresos o egresos;

IX. Documentos económico-presupuestales: se refiere a los principales documentos remitidos por el Ejecutivo Federal a la Cámara y que son, por su importancia: a) Cuenta Pública; b) proyecto de Ley de Ingresos de la Federación; y c) proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros;

X. Evaluación Técnica: proceso mediante el cual la Unidad valora si la entidad de fiscalización superior de la Federación, en su función sustantiva de fiscalización, se sujeta al marco rector y normas para la fiscalización superior de la gestión gubernamental, considerando que los procesos de planeación, ejecución, informe y seguimiento sean congruentes y sus resultados estén alineados con los objetivos determinados;

XI. Informe de Avance: el Informe de Avance de la Gestión Financiera a que se refieren los artículos 2, fracción XII, y 7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

XII. Informe del Resultado: el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública;

XIII. Ley: la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

XIV. Ley de Responsabilidades: la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

XV. Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

XVI. Manual de Organización: el Manual General de Organización de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados;

XVII. Manual de Procedimientos: el Manual de Procedimientos de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados;

XVIII. Presupuesto: el Presupuesto de Egresos de la Federación;

XIX. Reglamento: el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados;

XX. Reglamento de la Cámara: el Reglamento de la Cámara de Diputados;

XXI. Titular: el Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados; y

XXII. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Artículo 3. La Unidad es el órgano técnico y especializado de la Comisión encargado de apoyar a ésta en el cumplimiento de su competencia establecida en la Ley y en el Reglamento de la Cámara, relativa a evaluar el desempeño de la Auditoría Superior y vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de sus servidores públicos.

La Unidad se regirá por los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, exhaustividad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 4. Para la atención y cumplimiento de su competencia y el despacho de los asuntos, la Unidad contará con los servidores públicos, de conformidad al artículo 108 de la Ley y con las unidades administrativas siguientes:

I. Titular de la Unidad de Evaluación y Control;

II. Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior;

II.1 Subdirección de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Gobierno;

II.2 Subdirección de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Social;

II.3 Subdirección de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Económico;

II.4. Subdirección de Análisis de la Fiscalización del Gasto Federalizado;

III. Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social;

III.1 Subdirección de Evaluación de la Fiscalización Superior;

III.2 Subdirección de Apoyo en las Funciones de Contraloría Social;

III.3 Coordinación de Evaluación de la Acción Fiscalizadora;

IV. Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica;

IV.1 Subdirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades;

IV.2 Subdirección de Auditorías;

IV.3. Coordinación de Evaluación Técnica;

V. Dirección Jurídica para la Evaluación y Control;

V.1 Subdirección Consultiva y de Análisis Jurídico;

V.2 Coordinación de Procesos Legales;

VI. Secretaría Técnica;

VI.1 Coordinación de Planeación Estratégica;

VI.2 Coordinación Administrativa; y

VI.3 Coordinación de Apoyo Técnico.

La Unidad contará con la estructura ocupacional que autorice la Cámara, de acuerdo con los Lineamientos en la materia.

En el presupuesto anual se aprobarán los recursos humanos que integrarán la plantilla del personal de la Unidad, así como los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento.

Los recursos económicos se asignarán y administrarán bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Artículo 5. La Unidad por conducto de sus servidores públicos y unidades administrativas, llevará a cabo las actividades que establezcan los ordenamientos legales, en forma programada y conforme a las políticas que para el logro de los objetivos establezcan el Programa de Trabajo y el Plan Estratégico.

Capítulo II De la Competencia de la Unidad y Atribuciones de su Titular

Artículo 6. La Unidad tendrá la competencia prevista en el artículo 103 de la Ley.

Artículo 7. La Unidad elaborará su Programa Anual de Trabajo que deberá incluir el Programa Específico de Auditorías y Evaluaciones Técnicas con el objeto de verificar el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta, conforme a lo siguiente:

I. El Programa Anual de Trabajo deberá ser aprobado por la Comisión antes del 30 de noviembre del año inmediato anterior al que se deban realizar las auditorías y evaluaciones técnicas;

II. El Programa Específico de Auditorías y Evaluaciones Técnicas se realizará con apego a los plazos establecidos en el Programa Anual de Trabajo, para dar seguimiento a cada una de las actividades que deban cumplirse. El Programa Específico de Auditorías deberá contener

a) El marco metodológico en la planeación así como los criterios de selección y reglas de decisión que sustentan cada una de las auditorías y evaluaciones técnicas aprobadas;

b) El calendario estimado para la realización de auditorías y evaluaciones técnicas;

c) Los procedimientos para la práctica de auditorías y evaluaciones técnicas y los plazos para cada una de sus etapas;

d) Los plazos para que la Auditoría Superior entregue la información solicitada;

e) Los plazos y especificaciones para la realización de pre-confrontas y confrontas; y

f) Los plazos para la emisión de los resultados y las observaciones; y

III. Las acciones que se pueden emitir, así como sus tipos y características.

La Unidad rendirá a la Comisión informes semestrales sobre el cumplimiento y avance de su Programa Anual de Trabajo y del Programa Específico de Auditorías y Evaluaciones Técnicas.

La Comisión podrá adicionar en cualquier momento el Programa Anual de Trabajo, el de Auditorías y el de Evaluaciones Técnicas.

Artículo 8. El Titular tendrá, además de las atribuciones señaladas en el artículo 106 de la Ley, las siguientes:

I. Ser responsable administrativamente ante la propia Cámara, a la que deberá rendir, por conducto de la Comisión, un informe anual de su gestión, independientemente de que pueda ser citado cuando sea necesario para dar cuenta del ejercicio de sus funciones;

II. Representar legalmente a la Unidad ante toda clase de autoridades, entidades, personas físicas o morales; y delegar la representación a los servidores públicos de la Unidad que estime necesarias;

III. En apoyo jurídico a la Comisión, y con la aprobación de ésta, actuar como delegado, en toda clase de juicios de amparo en los que sea parte, auxiliándola en la formulación de informes previos y justificados, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos y, en general, dar debida atención a los juicios y a las sentencias ejecutoriadas;

IV. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad, que será aprobado por la Comisión y sometido a la consideración de la Cámara por conducto de la Junta de Coordinación Política;

V. Administrar y ejercer el presupuesto mensual, dando cuenta comprobada de su aplicación a la Comisión, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la información emitida por la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad;

VI. Informar semestralmente a la Comisión del ejercicio del presupuesto anual, con el apoyo de la información contable-presupuestal que le proporcionen las áreas competentes de la Cámara;

VII. Proponer a la Comisión, para su aprobación, los lineamientos que la Unidad requiere para el ejercicio de sus funciones, así como los indicadores y los elementos metodológicos que utilizará la Unidad para evaluar el desempeño y el impacto de la fiscalización de la Auditoría Superior, así como los indicadores de la propia Unidad;

VIII. Presentar a la Comisión, para su aprobación, a más tardar el 30 de octubre de cada año, el Programa Anual de Trabajo del año siguiente. Asimismo, presentar a la Comisión las políticas y manuales que la Unidad requiera para el ejercicio de sus funciones;

IX. Planear y programar las auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones que practicará la Unidad a las diversas unidades administrativas que integran la Auditoría Superior y rendir los informes de los resultados que le soliciten la Cámara y la Comisión;

X. Planear, programar y proponer a la Comisión, para su aprobación, la práctica de auditorías y evaluaciones técnicas, a través de terceros, a la Auditoría Superior;

XI. Emitir observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de las auditorías y evaluaciones técnicas practicadas a la Auditoría Superior, así como recomendaciones preventivas al desempeño en sus procesos;

XII. Previa autorización de la Comisión, validar la solventación de las observaciones y acciones emitidas a la Auditoría Superior, derivadas de las auditorías y evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones practicadas por la Unidad;

XIII. Proponer a la Comisión las conclusiones y recomendaciones que se deriven del análisis del Informe del Resultado, dar seguimiento a las mismas y evaluar su cumplimiento;

XIV. Presentar a la Comisión los resultados derivados del apoyo técnico que se otorga en materia de evaluación del desempeño de la Auditoría Superior respecto al cumplimiento de su mandato, para que determine lo conducente. Asimismo, presentar a la Comisión los resultados derivados del impacto de la acción fiscalizadora;

XV. Comunicar a la Comisión lo relacionado con el personal que intervendrá en las auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones que realice la Unidad a la Auditoría Superior;

XVI. Requerir a las unidades administrativas de la Auditoría Superior la información y documentación necesaria para cumplir con sus atribuciones;

XVII. Mantener comunicación con el Auditor Superior y demás servidores públicos de la misma, para facilitar la práctica de auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones;

XVIII. Proponer a la Comisión para su aprobación el sistema de la Unidad para dar seguimiento a las sanciones impuestas por la Auditoría Superior;

XIX. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor Superior, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría Superior e informarlas de manera inmediata a la Comisión;

XX. A instancia de la Comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas que puedan constituir delitos imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XXI. Iniciar investigaciones y, en su caso, sustanciar los procedimientos para determinar las responsabilidades en que incurran los servidores públicos de la Auditoría Superior, derivadas del incumplimiento de la Ley y de la Ley de Responsabilidades.

Con aprobación de la Comisión fincar responsabilidades y sanciones, en su caso, clasificadas como infracciones graves por el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades;

XXII. Conocer e iniciar investigaciones y, en su caso, sustanciar los procedimientos para determinar las responsabilidades y fincar sanciones que correspondan a infracciones no contempladas y/o previstas en la fracción anterior, previa aprobación de la Comisión.

XXIII. Previa aprobación de la Comisión, establecer los indicadores de evaluación del desempeño de la Auditoría Superior, así como los indicadores del impacto de la fiscalización y, por último, los indicadores de evaluación del desempeño de la propia Unidad;

XXIV. Definir, formular y establecer los procedimientos administrativos, bases, sistemas de control interno de la Unidad, procurando que asuman un carácter integral, congruente y homogéneo, para el logro de sus objetivos de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

XXV. Opinar, a petición de la Comisión, respecto al proyecto de presupuesto anual y del ejercicio de la cuenta comprobada de la Auditoría Superior;

XXVI. Proponer a la Junta Directiva de la Comisión los nombramientos de los puestos de mando, como resultado del concurso correspondiente. Asimismo informar los movimientos del personal;

XXVII. Delegar atribuciones por medio de acuerdos que permitan el desarrollo de las actividades inherentes al Titular;

XXVIII. Habilitar al personal a su cargo para realizar las auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones que se practiquen a la Auditoría Superior y demás atribuciones encomendadas a la Unidad;

XXIX. Ejecutar las sanciones que le informe el Órgano Interno de Control, a los servidores públicos de la Unidad, cuando incurran en actos u omisiones que afecten el desempeño de sus funciones, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que rigen el servicio público, en términos de la Ley de Responsabilidades;

XXX. Conocer de los procedimientos administrativos y resolver las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas de la Auditoría Superior por el incumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

XXXI. Dirigir los mecanismos de cooperación con otras instituciones para la obtención y expedición de constancias que acrediten la existencia de sanción administrativa impuesta por autoridad competente a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XXXII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la Unidad, salvo que se trate de documentos clasificados como reservados o confidenciales, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XXXIII. Previa autorización de la Comisión, celebrar convenios de colaboración para capacitar y actualizar al personal de la Unidad y ordenar la elaboración de estudios, planes, programas, proyectos y publicación, en su caso. También celebrar convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior, Organismos No Gubernamentales y demás instituciones nacionales e internacionales en materia de evaluación y control; fiscalización y rendición de cuentas;

XXXIV. Avalar el Programa Anual de Capacitación de la Unidad y presentarlo a la Comisión para su aprobación;

XXXV. Instrumentar los mecanismos de control interno, verificando que el ejercicio del presupuesto y los indicadores de desempeño de la Unidad, se apeguen a las disposiciones aplicables vigentes;

XXXVI. En coordinación con las unidades administrativas de la Cámara y cumpliendo con la normatividad aplicable, así como con los acuerdos de la Comisión, aprobar la estructura ocupacional de la Unidad; y

XXXVII. Las demás que establezcan la Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Para la mejor distribución y desarrollo del trabajo de la Unidad, el Titular podrá delegar sus facultades, en forma general o particular, a los servidores públicos subalternos, sin perjuicio de que las ejerza directamente, teniendo carácter de indelegables las que se mencionan en las fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XV, XVII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI de este artículo.

Capítulo III De las Atribuciones de las Unidades Administrativas

Artículo 9. Para el ejercicio de sus funciones, la Unidad contará con direcciones, las que tendrán sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos, las siguientes atribuciones y responsabilidades generales:

I. Acordar con el Titular el despacho de los asuntos relacionados con la oficina a su cargo, o los programas cuya coordinación se le hubieren asignado;

II. Planear y programar las actividades de las oficinas a su cargo y someterlas a la consideración del Titular;

III. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones y la ejecución de los programas de la Dirección a su cargo, de conformidad con el Reglamento, Manual de Organización, instrumentos normativos, normas técnicas, indicadores y metodologías para evaluar el desempeño, que apruebe la Comisión;

IV. Participar en la elaboración de la normativa necesaria para el desempeño de las atribuciones que tienen asignadas;

V. Proponer elementos para la realización y redacción de estudios, planes, programas y proyectos que competan a la Unidad, en la forma que determine el Titular, el Manual de Organización, los acuerdos de la Cámara y la Comisión;

VI. Aportar la información que corresponda para formular el proyecto de presupuesto anual de la Unidad, así como para sus informes semestrales y anual de gestión correspondiente;

VII. Asistir a la Comisión, como su órgano de consulta, en la realización de análisis, propuestas y opiniones en materia de fiscalización;

VIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en el análisis de los documentos que envíe la Auditoría Superior;

IX. Proporcionar los elementos para la elaboración, implementación y seguimiento de los sistemas de evaluación del desempeño de la propia Unidad y los que se utilicen para evaluar a la Auditoría Superior, así como los sistemas de seguimiento de las observaciones y acciones que promuevan la Unidad y la Comisión;

X. Realizar investigaciones y publicaciones en materia de evaluación, control y rendición de cuentas;

XI. Coordinarse con sus subalternos para acordar el trámite y resolución de los asuntos de su competencia;

XII. Proponer y acordar con el Titular, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentren dentro del ámbito de su competencia;

XIII. Proporcionar información de su competencia, solicitada por los integrantes de la Comisión;

XIV. Las demás que le otorguen el presente Reglamento, el Manual General de Organización, el Titular y los Acuerdos de la Cámara y la Comisión.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, los directores serán auxiliados por los servidores públicos de la Unidad.

La denominación, organización y funciones de las unidades administrativas que no se señalen, se precisarán en el Manual de Organización.

Artículo 10. A la Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior corresponde

I. Coordinar los trabajos de análisis del Informe del Resultado y generar los informes respectivos proponiendo las conclusiones y, en su caso, recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior;

II. Recibir, sistematizar e integrar al análisis del Informe del Resultado, las opiniones de las comisiones ordinarias de la Cámara en relación con su área de competencia;

III. Informar al Titular sobre las probables responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior, cuando al revisar el Informe del Resultado no formulen observaciones sobre las situaciones irregulares o con posterioridad se detecte que las observaciones reportadas fueron solventadas sin sustento normativo;

IV. Verificar que los resultados obtenidos por la Auditoría Superior en la revisión de la Cuenta Pública, se apeguen a los objetivos determinados por la Constitución y la Ley;

V. Evaluar el contenido de los informes de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior, clasificar y analizar sus observaciones y, de conformidad con los resultados, proponer al Titular las acciones pertinentes;

VI. Proponer la metodología y cronograma de actividades para el análisis del Informe del Resultado;

VII. Analizar y evaluar los programas de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública y verificar que sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara y con el programa de actividades de la Auditoría Superior;

VIII. Coordinar los trabajos de análisis desde una perspectiva de evaluación de la fiscalización, de documentos que en materia económico-presupuestal, turne el Ejecutivo Federal a la Cámara;

IX. Coordinar el análisis de los informes semestrales de solvatación de observaciones y resarcimientos al erario, que la Auditoría Superior entrega a la Comisión, y participar en las tareas de evaluación técnica del proceso de solventación;

X. Realizar un informe de los registros que la Auditoría Superior tenga sobre la ejecución de cobros, montos recuperados y resarcimientos operados, que deriven de la práctica de auditorías, y cotejar dicha información con los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XI. Analizar y, en su caso, proponer a su superior jerárquico, el proyecto de opinión sobre las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado que turne la Auditoría Superior a la Comisión;

XII. Auxiliar al Titular en la elaboración del documento de conclusiones derivadas del análisis del Informe del Resultado, para turnarlo a la Comisión y ésta a su vez lo envíe a la Comisión de Presupuesto de la Cámara, a efecto de apoyar su labor de dictamen de la Cuenta Pública;

XIII. Diseñar el sistema de seguimiento que utilice la Unidad para dar la atención a las recomendaciones formuladas a la Auditoría Superior, que deriven del análisis del Informe del Resultado, y realizar los análisis de procedencia respecto de la información que se aporte para atenderlas, proponiendo al Titular el proyecto de solventación cuando así corresponda, para que se someta a consideración de la Comisión;

XIV. Opinar sobre el análisis que entrega la Auditoría Superior a la Comisión sobre el Informe de Avance de la Gestión Financiera;

XV. Coordinar los análisis a los documentos que turne la Auditoría Superior a la Cámara;

XVI. Organizar la elaboración de los análisis sectoriales que apoyen la evaluación de la revisión del Informe del Resultado, que permita identificar áreas de riesgo y oportunidad, para la fiscalización superior;

XVII. Dirigir el proceso de diseño del sistema de información económico­presupuestal que permita apoyar las labores de evaluación de los resultados de la fiscalización superior;

XVIII. Brindar asesoría a las áreas de la Unidad que lo requieran sobre resultados de los análisis sectoriales que genere; y

XIX. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 11. La Subdirección de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Gobierno estará adscrita a la Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior y le corresponde

I. Evaluar que los resultados obtenidos por la Auditoría Superior en su labor de fiscalización a entes vinculados con funciones de gobierno, sean congruentes con los objetivos y metas trazados en sus programas anuales;

II. Participar en el diseño de la metodología de trabajo y llevar a cabo funciones relacionadas con el análisis del Informe del Resultado en el ámbito de su competencia;

III. Proponer las conclusiones y, en su caso, recomendaciones derivadas del análisis del Informe del Resultado en el ámbito de su competencia;

IV. Informar a su superior jerárquico sobre las probables responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior, cuando al revisar el Informe del Resultado en el ámbito de funciones de gobierno, no formulen observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o con posterioridad se detecte que las observaciones reportadas fueron solventadas sin sustento normativo;

V. Sistematizar las opiniones de las comisiones ordinarias de la Cámara vinculadas con funciones de gobierno, en relación con los contenidos del Informe del Resultado;

VI. Elaborar los informes de evaluación sectorial de los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior a entes vinculados con funciones de gobierno y participar en la integración de los documentos de conclusiones que establezca la legislación y normativa;

VII. Realizar el análisis de procedencia y llevar el registro documental de la información que aporte la Auditoría Superior para atender las recomendaciones que le son formuladas en el ámbito de su actuación;

VIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en el análisis y evaluación de los programas de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública y verificar que sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara y con el programa de actividades de la Auditoría Superior;

IX. Dar seguimiento sistemático a las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior a los entes vinculados con funciones de gobierno y participar en las tareas de evaluación del proceso de solventación;

X. Dar seguimiento de la atención a las recomendaciones formuladas por la Comisión a la Auditoría Superior, derivadas del análisis del Informe del Resultado en materia de funciones de gobierno;

XI. Participar en el análisis de los documentos que turne la Auditoría Superior a la Cámara;

XII. Aportar los elementos para la formulación de estrategias, programas, mecanismos y procedimientos de evaluación de las auditorías que practica la Auditoría Superior;

XIII. Participar en la realización de evaluaciones con enfoque de análisis de la fiscalización superior, sobre documentos que en materia presupuestal turne el Ejecutivo Federal a la Cámara, para apoyar el trabajo de evaluación de la revisión de la Cuenta Pública;

XIV. Analizar la información de los programas sectoriales, regionales y prioritarios que ejecute el Gobierno Federal en los sectores relacionados con funciones de gobierno a efecto de apoyar la elaboración de marcos de referencia para el análisis de la fiscalización superior;

XV. Recopilar, sistematizar y analizar la información de la Cuenta Pública, y el Informe del Resultado que turnan el Ejecutivo Federal y la Auditoría Superior a la Cámara, así como demás información que generen instituciones oficiales en el ámbito de su competencia;

XVI. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

XVII. Coordinarse en el ejercicio de sus atribuciones con las subdirecciones de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Económico, de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Social, así como la de Análisis de la Fiscalización del Gasto Federalizado; y

XVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 12. La Subdirección de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Social, estará adscrita a la Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior y le corresponde

I. Evaluar que los resultados obtenidos por la Auditoría Superior en su labor de fiscalización a entes vinculados con funciones de desarrollo social, sean congruentes con los objetivos y metas trazados en sus programas anuales;

II. Participar en el diseño de la metodología de trabajo y llevar a cabo funciones relacionadas con el análisis del Informe del Resultado en el ámbito de su competencia;

III. Proponer las conclusiones y, en su caso, recomendaciones derivadas del análisis del Informe del Resultado en el ámbito de su competencia;

IV. Informar a su superior jerárquico sobre las probables responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior, cuando al revisar el Informe del Resultado en el ámbito de funciones de desarrollo social, no formulen observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o con posterioridad se detecte que las observaciones reportadas fueron solventadas sin sustento normativo;

V. Sistematizar las opiniones de las comisiones ordinarias de la Cámara vinculadas con funciones de desarrollo social, en relación con los contenidos del Informe del Resultado;

VI. Elaborar los informes de evaluación sectorial de los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior a entes vinculados con funciones de desarrollo social y participar en la integración de los documentos de conclusiones que establezca la legislación y normativa;

VII. Realizar el análisis de procedencia y llevar el registro documental de la información que aporte la Auditoría Superior para atender las recomendaciones que le son formuladas en el ámbito de su competencia;

VIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en el análisis y evaluación de los programas de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública y verificar que sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara y con el programa de actividades de la Auditoría Superior;

IX. Dar seguimiento sistemático a las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior a los entes vinculados con funciones de desarrollo social y participar en las tareas de evaluación del proceso de solventación;

X. Dar seguimiento de la atención a las recomendaciones formuladas por la Comisión a la Auditoría Superior, que deriven del análisis del Informe del Resultado en materia de funciones de desarrollo social;

XI. Participar en el análisis de los documentos que turne la Auditoría Superior a la Cámara;

XII. Aportar los elementos para la formulación de estrategias, programas, mecanismos, y procedimientos de evaluación de las auditorías que practica la Auditoría Superior;

XIII. Participar en la realización de evaluaciones con enfoque de análisis de la fiscalización superior, sobre documentos que en materia presupuestal turne el Ejecutivo Federal a la Cámara, para apoyar el trabajo de evaluación de la revisión de la Cuenta Pública;

XIV. Analizar la información de los programas sectoriales, regionales y prioritarios que ejecuta el Gobierno Federal en los sectores relacionados con funciones de desarrollo social, a efecto de apoyar la elaboración de marcos de referencia para el análisis de la fiscalización superior;

XV. Recopilar, sistematizar y analizar la información de la Cuenta Pública, y el Informe del Resultado que turnan el Ejecutivo Federal y la Auditoría Superior a la Cámara, así como demás información que generen instituciones oficiales en el ámbito de su competencia;

XVI. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

XVII. Coordinarse en el ejercicio de sus atribuciones con las subdirecciones de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Gobierno, de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Económico, así como la de Análisis de Fiscalización del Gasto Federalizado; y

XVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 13. La Subdirección de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Económico estará adscrita a la Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior y le corresponde

I. Evaluar que los resultados obtenidos por la Auditoría Superior en su labor de fiscalización a entes vinculados con funciones de desarrollo económico, sean congruentes con los objetivos y metas trazados en sus programas anuales;

II. Participar en el diseño de la metodología de trabajo y llevar a cabo funciones relacionadas con el análisis del Informe del Resultado en el ámbito de su competencia;

III. Proponer las conclusiones y, en su caso, recomendaciones derivadas del análisis del Informe del Resultado en el ámbito de su competencia;

IV. Informar a su superior jerárquico sobre las probables responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior, cuando al revisar el Informe del Resultado en el ámbito de funciones de desarrollo económico, no formulen observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o con posterioridad se detecte que las observaciones reportadas fueron solventadas sin sustento normativo;

V. Sistematizar las opiniones de las comisiones ordinarias de la Cámara vinculadas con funciones de desarrollo económico, en relación con los contenidos del Informe del Resultado;

VI. Elaborar los informes de evaluación sectorial de los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior a entes vinculados con funciones de desarrollo económico y participar en la integración de los documentos de conclusiones que establezca la legislación y normativa;

VII. Realizar el análisis de procedencia y llevar el registro documental de la información que aporte la Auditoría Superior para atender las recomendaciones que le son formuladas en el ámbito de su competencia;

VIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en el análisis y evaluación de los programas de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública y verificar que sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara y con el programa de actividades de la Auditoría Superior;

IX. Dar seguimiento sistemático a las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior a los entes vinculados con funciones de desarrollo económico y participar en las tareas de evaluación del proceso de solventación;

X. Dar seguimiento de la atención a las recomendaciones formuladas por la Comisión a la Auditoría Superior, que deriven del análisis del Informe del Resultado en materia de funciones de desarrollo económico;

XI. Participar en el análisis de los documentos que turne la Auditoría Superior a la Cámara;

XII. Aportar los elementos para la formulación de estrategias, programas, mecanismos, y procedimientos de evaluación de las auditorías que practica la Auditoría Superior;

XIII. Participar en la realización de evaluaciones con enfoque de análisis de la fiscalización superior, sobre documentos que en materia presupuestal turne el Ejecutivo Federal a la Cámara, para apoyar el trabajo de evaluación de la revisión de la Cuenta Pública;

XIV. Analizar la información de los programas sectoriales, regionales y prioritarios que ejecute el Gobierno Federal en los sectores relacionados con funciones de desarrollo económico, a efecto de apoyar la elaboración de marcos de referencia para el análisis de la fiscalización superior;

XV. Recopilar, sistematizar y analizar la información de la Cuenta Pública, y el Informe del Resultado que turnan el Ejecutivo Federal y la Auditoría Superior a la Cámara, así como demás información que generen instituciones oficiales en el ámbito de su competencia;

XVI. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

XVII. Coordinarse en el ejercicio de sus atribuciones con las subdirecciones de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Gobierno, de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Social así como la de Análisis de la Fiscalización del Gasto Federalizado; y

XVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 14. La Subdirección de Análisis de la Fiscalización del Gasto Federalizado estará adscrita a la Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior y le corresponde

I. Evaluar que los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior al gasto federalizado y verificar que los resultados obtenidos sean congruentes con los objetivos y metas trazados en sus programas anuales;

II. Participar en el diseño de la metodología de trabajo y llevar a cabo funciones relacionadas con el análisis del Informe del Resultado en el ámbito de su competencia;

III. Proponer las conclusiones y, en su caso, recomendaciones derivadas del análisis del Informe del Resultado en el ámbito de su competencia;

IV. Informar a su superior jerárquico sobre las probables responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior, cuando al revisar el Informe del Resultado en el ámbito del gasto federalizado, no formulen observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o con posterioridad se detecte- que las observaciones reportadas fueron solventadas sin sustento normativo;

V. Sistematizar las opiniones de las comisiones ordinarias de la Cámara vinculadas con funciones de gasto federalizado, en relación con los contenidos del Informe del Resultado;

VI. Elaborar los informes de evaluación sectorial de los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior en entidades federativas y municipios y participar en la integración de los documentos de conclusiones que establezca la legislación y normativa;

VII. Realizar el análisis de procedencia y llevar el registro documental de la información que aporte la Auditoría Superior para atender las recomendaciones que le son formuladas en el ámbito de su competencia;

VIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en el análisis y evaluación de los programas de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública y verificar que sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara y con el programa de actividades de la Auditoría Superior;

IX. Dar seguimiento sistemático a las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior a entidades federativas y municipios y participar en las tareas de evaluación del proceso de solventación;

X. Dar seguimiento de la atención a las recomendaciones formuladas por la Comisión a la Auditoría Superior, que deriven del análisis del Informe del Resultado en materia de gasto federalizado;

XI. Participar en el análisis de los documentos que turne la Auditoría Superior a la Cámara;

XII. Aportar los elementos para la formulación de estrategias, programas, mecanismos, y procedimientos de evaluación de las auditorías que practica la Auditoría Superior;

XIII. Participar en la realización de evaluaciones con enfoque de análisis de la fiscalización superior sobre documentos que en materia presupuestal turne el Ejecutivo Federal a la Cámara, para apoyar el trabajo de evaluación de la revisión de la Cuenta Pública;

XIV. Recopilar, sistematizar y analizar la información de la Cuenta Pública, y el Informe del Resultado que turnan el Ejecutivo Federal y la Auditoría Superior a la Cámara, así como demás información que generen instituciones oficiales en el ámbito de su competencia;

XV. Realizar análisis sobre los recursos transferidos a entidades federativas y municipios a efecto de apoyar la evaluación de los resultados de la fiscalización al gasto federalizado;

XVI. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

XVII. Analizar y, en su caso, proponer a su superior jerárquico, el proyecto de opinión sobre las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado que turne la Auditoría Superior a la Comisión;

XVIII. Coordinarse en el ejercicio de sus atribuciones con las subdirecciones de Análisis de la Fiscalización de Funciones de Gobierno; de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Económico; y de Análisis de la Fiscalización en Funciones de Desarrollo Social; y

XIX. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 15. A la Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social corresponde

I. Coordinar y supervisar la evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la Auditoría Superior;

II. Integrar y supervisar los elementos que permitan evaluar el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora;

III. Proponer al Titular los métodos e indicadores para la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior;

IV. Coordinar y supervisar la elaboración y administración de los indicadores que permitan analizar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior;

V. Auxiliar a la Comisión, colaborar en el despacho de las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por personas y la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría Superior en su programa anual de auditorías, y cuyos resultados deberán ser considerados en el Informe del Resultado;

VI. Coordinar las labores que realice la Unidad en el apoyo otorgado a la Comisión en su función de Contraloría Social. Asimismo, contribuir para que ésta mantenga comunicación con las personas y la sociedad civil, a fin de fortalecer la rendición de cuentas.

Coadyuvar con la Comisión en la coordinación, supervisión y sistematización de las opiniones, solicitudes y denuncias de las personas y sociedad civil sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerza la Auditoría Superior.

El titular Informará trimestralmente a la Comisión de tales acciones.

VII. Definir y proponer las políticas y procedimientos en el acopio y acervo de datos e información en materia de evaluación del desempeño y sobre el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora;

VIII. Coordinar y supervisar el desarrollar y mantenimiento de una base de datos para proveer de información que permitan evaluar los alcances de la fiscalización superior;

IX. Coordinar y supervisar la elaboración y administración de los indicadores que permitan analizar y evaluar el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora;

X. Proponer la difusión y, en su caso, la publicación de los análisis que se realicen en el área de su responsabilidad, en materia de evaluación del desempeño de la fiscalización así como los relacionados con el efecto o la consecuencia de la fiscalización;

XI. Por instrucciones de la Comisión, autorizar los estudios que se realicen en el área de su responsabilidad, respecto a los avances y tendencias de la participación en materia de fiscalización;

XII. Conducir, previo acuerdo con el Titular, el Programa de Certificación de la Evaluación y Control;

XIII. A petición de la Comisión, supervisar y verificar que la Auditoría Superior realice el análisis y, en su caso, emita la recomendación que estime pertinente a los indicadores de gestión y servicios que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, someta a consideración de la Cámara; y

XIV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 16. La Subdirección de Evaluación de la Fiscalización Superior estará adscrita a la Dirección de Evaluación al Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social, y le corresponde

I. Realizar evaluaciones del desempeño de la Auditoría Superior conforme a los indicadores y elementos metodológicos aprobados;

II. Elaborar y proponer indicadores y métodos, así como instrumentos normativos que permitan evaluar el desempeño de la Auditoría Superior;

III. Administrar y operar los indicadores para la evaluación del desempeño de la fiscalización superior;

IV. Proponer a su superior jerárquico, las opiniones o recomendaciones dirigidas a la Auditoría Superior que deriven de la evaluación;

V. Llevar a cabo el desarrollo y mantenimiento de una base de datos para proveer de información que permitan evaluar el desempeño de la fiscalización superior;

VI. Desarrollar, por acuerdo de su superior jerárquico el Programa de Certificación de la  Fiscalización;

VII. A petición de la Comisión, verificar que la Auditoría Superior realice el análisis y, en su caso, emita la recomendación que estime pertinente a los indicadores de gestión y servicios que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, someta a consideración a la Cámara, e informar a su superior jerárquico del resultado;

VIII. Proponer al superior jerárquico las políticas y procedimientos en el acopio y acervo de datos e información en materia de evaluación del desempeño;

IX. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

X. Elaborar un informe anual sobre los resultados de los indicadores del desempeño de la Auditoría Superior; y

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 17. La Subdirección de Apoyo en las Funciones de Contraloría Social estará adscrita a la Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social, y le corresponde

I. Auxiliar a la Comisión en funciones de contraloría social para que ésta mantenga la relación y comunicación con las personas y sociedad civil y así fortalecer la rendición de cuentas;

II. Proponer a la Comisión estrategias y mecanismos para que mantenga comunicación con las personas y sociedad civil, a efecto de fomentar la cultura de la rendición de cuentas;

III. Realizar y llevar el registro y seguimiento de las peticiones, solicitudes y denuncias que reciba la Comisión, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría Superior en su programa anual de auditorías, y cuyos resultados deberán ser considerados en el Informe del Resultado;

IV. Proponer mecanismos para mejorar el funcionamiento de fiscalización considerando las opiniones, solicitudes y denuncias de las personas y sociedad civil;

V. Aportar los elementos a la Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social, para la integración del informe trimestral que el Titular debe rendir a la Comisión;

VI. Por instrucciones de la Comisión realizar investigaciones en relación a las tendencias de la participación ciudadana en la fiscalización;

VII. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

VIII. Proponer para la aprobación de la Comisión las políticas y procedimientos en el acopio y acervo de datos e información en materia de resultados de la fiscalización ciudadana; y

IX. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 18. La Coordinación de Evaluación de la Acción Fiscalizadora estará adscrita a la Dirección de Evaluación al Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social, y le corresponde

I. Realizar evaluaciones sobre el efecto o la consecuencia de la fiscalización que realiza la Auditoría Superior en el ejercicio de su función;

II. Elaborar y proponer a su superior jerárquico un método de evaluación sobre el efecto o la consecuencia de la fiscalización superior;

III. Administrar y operar los indicadores que permitan analizar y evaluar el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora;

IV. Proponer a su superior jerárquico, un informe anual sobre los resultados relevantes del efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora que podrá ser incorporado al proyecto de análisis al Informe del Resultado;

V. Llevar a cabo la evaluaciones sobre el efecto o la consecuencia de la fiscalización mediante el diseño e instrumentación de modelos para calificar cualitativamente los resultados del programa anual de auditorías de la Auditoría Superior;

VI. Desarrollar modelos cuantitativos para medir el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora en su nivel agregado y sectorial;

VII. Llevar a cabo el desarrollo y mantenimiento de una base de datos sobre la acción fiscalizadora de la Auditoría Superior que permita evaluar el efecto o la consecuencia cualitativa de su desempeño;

VIII. Realizar análisis en relación al efecto o la consecuencia de la fiscalización y proponer a su superior jerárquico mecanismos para su difusión y, en su caso, su publicación;

IX. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

X. Proponer a su superior jerárquico las políticas y procedimientos en el acopio y acervo de datos e información sobre el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora; y

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 19. A la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica corresponde

I. Proponer al Titular las políticas, bases, instrumentos normativos, criterios técnicos y operativos para regular el funcionamiento sobre la recepción y atención de las quejas o denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

II. Coordinar y supervisar la ejecución de los programas preventivos en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior, que podrán incluir el diseño de medidas vinculantes de carácter preventivo, resultante de procedimientos de investigación administrativa o disciplinarios no sancionatorios;

III. Coordinar la recepción e investigación de las quejas o denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

IV. Coordinar y supervisar el inicio de las investigaciones o verificaciones cuando, a juicio de la Unidad, existan indicios suficientes de responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

V. Emitir el acuerdo definitivo de la investigación o verificación, para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos de la Auditoría Superior, en su caso, el acuerdo de improcedencia;

VI. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y notificaciones en los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

VII. Tramitar y sustanciar el procedimiento administrativo de responsabilidades, citando a los servidores públicos de la Auditoría Superior, presuntos responsables, a la audiencia prevista en el artículo 21 de la Ley de Responsabilidades;

VIII. Imponer los medios de apremio establecidos en la Ley de Responsabilidades para el debido cumplimiento de sus atribuciones;

IX. Presentar al Titular, para su aprobación, el proyecto de resolución derivado de los procedimientos administrativos instaurados en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

X. Previa instrucción del Titular, sustanciar la investigación preliminar por vía especial, cuando se formule queja sobre los actos del Auditor Superior, proponiendo al Titular el dictamen correspondiente;

XI. Verificar la ejecución de las sanciones administrativas que se impongan a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XII. Resolver las inconformidades que presenten los proveedores, contratistas o licitantes de la Auditoría Superior, por el incumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

XIII. Dirigir las acciones relacionadas con la situación y análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XIV. Proponer al Titular y coordinar los programas preventivos en materia de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XV. Proponer al Titular y coordinar los programas para la recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XVI. Autorizar el diseño y elaboración así como supervisar el seguimiento del registro y control de los servidores públicos sancionados de la Auditoría Superior;

XVII. Proponer al Titular los mecanismos de cooperación con otras instancias para obtener y expedir las constancias que acrediten la existencia o no de sanción administrativa impuesta por autoridad competente a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XVIII. Coordinar los mecanismos de cooperación con otras instancias para la obtención y expedición de constancias que acrediten la existencia de sanción administrativa impuesta por autoridad competente a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XIX. Coordinar la participación de los servidores públicos adscritos a la Unidad, con voz pero sin voto, en los comités de adquisiciones y de obra pública y procedimientos de licitación de la Auditoría Superior. La participación en los comités y procedimientos, no exime su revisión, y menos aún significa que subsane cualquier irregularidad que pudiera existir en los mismos;

XX. Coordinar la participación de los servidores públicos adscritos a la Unidad, en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando superior de la Auditoría Superior;

XXI. Proponer, coordinar, supervisar y ejecutar los programas de auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, conforme a los instrumentos normativos y criterios que apruebe la Comisión;

XXII. Proponer al Titular el personal que deba intervenir en las auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones a su cargo y, en su caso, comunicar los cambios que se efectúen al respecto;

XXIII. Requerir la información y documentación que sea necesaria para realizar auditorías, evaluaciones técnicas, visitas o inspecciones a las distintas unidades administrativas de la Auditoría Superior, y a terceros que hubieren celebrado operaciones con ésta;

XXIV. Coordinar y supervisar las auditorías y evaluaciones técnicas que se practiquen a las unidades administrativas y auditoras de la Auditoría Superior;

XXV. Emitir, en el ámbito de su competencia, los informes del resultado de las auditorías y evaluaciones técnicas practicadas y, en su caso, proponer las observaciones, recomendaciones y acciones necesarias para solventar las irregularidades detectadas;

XXVI. Dar seguimiento a la atención de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a la Auditoría Superior, derivadas de la práctica de auditorías y evaluaciones técnicas y, en su caso, proponer su solventación y conclusión;

XXVII. Coordinar y supervisar la planeación, programación y ejecución de la evaluación técnica, seguimiento y control de los programas de auditorías que realiza la Auditoría Superior, vigilando el desarrollo de las mismas y que se practiquen conforme al marco legal aplicable;

XXVIII. Coordinar y supervisar la verificación de que las actividades de los servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a la normativa aplicable;

XXIX. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior que, con motivo de la fiscalización que realiza, pudieran constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas;

XXX. Coadyuvar en la preparación de los formatos para llevar el registro y el análisis del estado que guardan las recomendaciones, observaciones y acciones que formule la Auditoría Superior a las entidades fiscalizadas;

XXXI. Diseñar e instrumentar los sistemas de seguimiento, control y solventación de observaciones y acciones promovidas y llevar el registro de las observaciones y recomendaciones derivadas de la evaluación al desempeño de la Auditoría Superior;

XXXII. Proponer al Titular la solventación de las observaciones determinadas en la práctica de las revisiones y evaluaciones a la Auditoría Superior, cuando ésta ofrezca la información requerida o ejecute las acciones necesarias para corregir la irregularidad detectada;

XXXIII. Opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior y de la Unidad; y

XXXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 20. La Subdirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades estará adscrita a la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica, y le corresponde

I. Proponer a su superior jerárquico de su adscripción la normativa para regular la recepción y atención de quejas o denuncias relacionadas con el desempeño de las actividades de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

II. Proponer a su superior jerárquico y ejecutar los programas preventivos en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la Auditoría Superior, que podrán incluir el diseño de medidas vinculantes de carácter preventivo, resultante de procedimientos de investigación administrativa o disciplinarios no sancionatorios;

III. Recibir e investigar las quejas y denuncias que se promuevan con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

IV. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior, que puedan constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas;

V. Practicar las investigaciones o verificaciones cuando, a juicio de la Unidad, existan indicios suficientes de responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

VI. Auxiliar a su superior jerárquico en la sustanciación de la investigación preliminar por vía especial, cuando se formule queja sobre los actos del Auditor Superior, proponiendo el proyecto de dictamen correspondiente;

VII. Dar cuenta a su superior jerárquico con los escritos, promociones, oficios y demás documentos que se reciban en la Unidad, relacionados con los procedimientos administrativos de su competencia;

VIII. Asistir a su superior jerárquico en el trámite y sustanciación de los procedimientos administrativos de responsabilidades, por actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior que puedan constituir responsabilidades de acuerdo a la normativa aplicable, autorizando con su firma los acuerdos y resoluciones;

IX. Formular el proyecto de resolución en los procedimientos administrativos así como del proyecto del acuerdo definitivo de la investigación o verificación, para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos de la Auditoría Superior o el proyecto a través del cual se determine la no existencia de responsabilidad administrativa;

X. Participar, por sí o a través de los servidores públicos adscritos a la Unidad, en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Auditoría Superior, en los términos establecidos en sus instrumentos normativos;

XI. Participar, por sí o a través de los servidores públicos adscritos a la Unidad, con voz pero sin voto, en los comités de adquisiciones y de obra pública, en los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de licitación a que convoque la Auditoría Superior;

XII. Sustanciar las inconformidades que presenten los proveedores, contratistas o licitantes de la Auditoría Superior en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

XIII. Proponer a su superior jerárquico y ejecutar los programas preventivos en materia de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XIV. Proponer a su superior jerárquico y ejecutar los programas para la recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XV. Llevar el registro, control, resguardo, análisis, evolución y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior y, en su caso, sustanciar el procedimiento administrativo correspondiente;

XVI. Proponer los mecanismos de cooperación con otras instancias para obtener y expedir las constancias que acrediten la existencia o no de sanción administrativa impuesta por autoridad competente a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XVII. Turnar a su superior jerárquico los expedientes en los que, a su juicio, existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público de la Auditoría Superior es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener;

XVIII. Notificar a su superior jerárquico los casos de los servidores públicos de la Auditoría Superior que hayan omitido presentar su declaración de situación patrimonial, con oportunidad y veracidad;

XIX. Llevar el registro y control de los servidores públicos sancionados de la Auditoría Superior;

XX. Recibir los informes, dictámenes, peticiones, solicitudes y denuncias, que le sean enviadas por su superior jerárquico y, de ser procedente, iniciar los procedimientos de investigación o disciplinarios aplicando, en su caso, las sanciones correspondientes;

XXI. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

XXII. Dar seguimiento a la ejecución de las sanciones administrativas que se impongan a los servidores públicos de la Auditoría Superior e informar los resultados a su superior jerárquico;

XXIII. Proponer a su superior jerárquico los medios de apremio establecidos en la Ley de Responsabilidades para el debido cumplimiento de sus atribuciones; y

XXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 21. La Subdirección de Auditorías estará adscrita a la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica, y le corresponde

I. Elaborar y proponer a su superior jerárquico la metodología para llevar a cabo auditorías de regularidad y al desempeño a la Auditoría Superior;

II. Elaborar y proponer a su superior jerárquico, los elementos de control para la ejecución de auditorías de regularidad y al desempeño, así como visitas e inspecciones que permitan evaluar la operación y funcionamiento de las distintas unidades administrativas de la Auditoría Superior;

III. Proponer a su superior jerárquico, en el ámbito de su competencia, las políticas, procedimientos y programas en materia de procesos de auditoría de regularidad y al desempeño que llevará a cabo la Unidad;

IV. Proponer a su superior jerárquico el programa de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, conforme al programa de trabajo de la Unidad y los acuerdos de la Comisión;

V. Diseñar y coordinar la formulación de las guías de auditoría que aplicará la Unidad conforme a los programas que se ejecuten en las unidades administrativas de la Auditoría Superior;

VI. Verificar que la operación y funcionamiento de los sistemas de control de información de la Auditoría Superior se apeguen a la normativa aplicable proponiendo, en su caso, las medidas correctivas que procedan;

VII. Ejecutar las auditorías de regularidad y al desempeño, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, que conforme a sus funciones le corresponda realizar en el marco del programa de actividades de la Unidad y los acuerdos de la Comisión;

VIII. Verificar, en el ámbito de su competencia, que los actos realizados por los servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;

IX. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior y, conforme a los resultados, proponer las acciones pertinentes;

X. Dar seguimiento a la atención de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a la Auditoría Superior, derivadas de la práctica de auditorías de regularidad, al desempeño y evaluaciones técnicas y, en su caso, proponer su solventación y conclusión;

XI. Informar por escrito a su superior jerárquico los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior que puedan constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas, como resultado de la práctica de las auditorías realizadas;

XII. Verificar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos de la Auditoría Superior, se realicen en términos de eficacia, economía, honradez y transparencia, de acuerdo a las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y que las metas y objetivos, en materia administrativa, se cumplan;

XIII. Realizar las evaluaciones técnicas del proceso de seguimiento de las observaciones y recomendaciones que deriven de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior a los entes auditados;

XIV. Analizar y presentar a su superior jerárquico la propuesta de opinión sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior y de la Unidad;

XV. Analizar mensualmente la plantilla de personal y el ejercicio del presupuesto de la Auditoría Superior presentando los resultados al superior jerárquico;

XVI. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

XVII. Elaborar el proyecto de informe sobre la evaluación del cumplimiento de los objetivos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, con base en el informe que rinda la Auditoría Superior;

XVIII. Analizar y presentar a su superior jerárquico la propuesta de opinión respecto del Plan Estratégico y el Programa Anual de Actividades de la Auditoría Superior, en su caso, de sus modificaciones y evaluar su cumplimiento;

XIX. Evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Auditoría Superior, conforme a las órdenes de auditoría que sobre el particular instruya la Comisión;

XX. Apoyar a su superior jerárquico, en la realización de auditorías internas a la Unidad, verificando que los sistemas de control interno y el ejercicio del presupuesto se apeguen a las disposiciones vigentes; y

XXI. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 22. La Coordinación de Evaluación Técnica estará adscrita a la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica, y le corresponde

I. Elaborar y proponer a su superior jerárquico la metodología para llevar a cabo evaluaciones técnicas a la Auditoría Superior;

II. Proponer a su superior jerárquico los mecanismos para la evaluación del marco normativo de la actuación de la Auditoría Superior en relación con su trabajo técnico;

III. Diseñar los mecanismos de control y seguimiento como parte de las evaluaciones técnicas que lleve a cabo la Unidad, al proceso de planeación, programación y ejecución de las auditorías que realiza la Auditoría Superior;

IV. Proponer a su superior jerárquico el programa de evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior conforme al programa de trabajo de la Unidad y los acuerdos de la Comisión;

V. Diseñar y coordinar de conformidad con la metodología definida, la formulación de las guías de las evaluaciones técnicas que aplicará la Unidad conforme a los programas de auditorías que se ejecuten por la Auditoría Superior;

VI. Elaborar los elementos de análisis y evaluar los programas de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública, y verificar que sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara y con el programa de actividades de la Auditoría Superior;

VII. Participar en la evaluación y seguimiento de las revisiones que la Auditoría Superior practique a las entidades fiscalizadas, analizando los criterios de selección, los procedimientos aplicados y la eficiencia de sus acciones y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados;

VIII. Practicar evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior, para verificar si en sus revisiones a las entidades fiscalizadas, se observó el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para la ejecución y registro de los recursos federales asignados;

IX. Verificar, en el ámbito de su competencia, que los actos realizados por los servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;

X. Elaborar los informes de las evaluaciones técnicas realizadas a la Auditoría Superior, y proponer las acciones pertinentes;

XI. Verificar en el ámbito de su competencia que la Auditoría Superior atienda las recomendaciones y acciones que en materia de evaluación técnica promuevan la Unidad y la Comisión;

XII. Informar a su superior jerárquico los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría Superior, que puedan constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas, como resultado de la práctica de las evaluaciones técnicas realizadas; y

XIII. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 23. A la Dirección Jurídica para la Evaluación y Control corresponde

I. Asesorar en materia jurídica a la Unidad;

II. Actuar como órgano de consulta jurídica de la Comisión;

III. Opinar sobre los proyectos de Reglamento, manuales, instrumentos normativos y demás disposiciones jurídicas de la Unidad;

IV. Elaborar opinión para conocimiento de la Comisión, sobre el Reglamento Interior, y manuales de organización y de procedimientos de la Auditoría Superior;

V. Representar a la Unidad cuando el Titular así lo disponga ante toda clase de tribunales y autoridades;

VI. En apoyo jurídico a la Comisión, y en sus atribuciones en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades, actuar como delegado, en los juicios de amparo en que la Comisión sea señalada autoridad responsable, previo acuerdo del Titular, auxiliándola en la formulación de los informes previos y justificados, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos y, en general, dar debida atención a los juicios y a las sentencias ejecutoriadas;

VII. Ejercitar toda clase de acciones judiciales, civiles y administrativas en las que la Unidad sea parte, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos, y en general, dar debido seguimiento a los juicios;

VIII. A instancia de la Comisión, presentar por acuerdo del Titular, denuncias y querellas relacionadas con actos u omisiones que puedan constituir delitos imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

IX. Asesorar y, cuando sea necesario, intervenir en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de las auditorías, visitas e inspecciones que practique la Unidad a la Auditoría Superior;

X. Emitir opinión relativa a la legalidad de los proyectos de resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XI. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y notificaciones en los procedimientos administrativos que se inicien con motivo de los recursos o medios de impugnación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XII. Tramitar y sustanciar el procedimiento del recurso de revocación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones administrativas, y someter a consideración del Titular el proyecto de resolución;

XIII. Auxiliar al Titular en la opinión sobre la existencia de los motivos de remoción del Auditor Superior;

XIV. Opinar los proyectos de observaciones, recomendaciones y acciones que se promuevan a la Auditoría Superior, así como de su solventación y demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la Unidad;

XV. Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la Comisión y de la Unidad;

XVI. Ser enlace por parte de la Unidad, en asuntos jurídicos, con las áreas correspondientes de la Auditoría Superior y de los órganos de control respectivos;

XVII. Practicar, en el ámbito de su competencia, las auditorías de legalidad a la Auditoría Superior y evaluar su desempeño, respecto al cumplimiento de su mandato;

XVIII. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable de la promoción de acciones que emita y realice la Auditoría Superior, como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública;

XIX. Supervisar la intervención en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado al personal de la Unidad;

XX. Apoyar a la Comisión en la evaluación jurídica a la Auditoría Superior respecto del cumplimiento de las disposiciones en materia de fiscalización superior;

XXI. Coordinar los trabajos de seguimiento al resultado de los procedimientos de responsabilidad resarcitoria, así como de las promociones realizadas por la propia Auditoría Superior ante autoridades competentes, para el fincamiento de otras responsabilidades administrativas; y seguimiento a las denuncias o querellas penales presentadas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, todo ello derivado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública;

XXII. Proponer al Titular el personal que deba intervenir en las auditorías de legalidad a su cargo y, en su caso, comunicar los cambios que se efectúen al respecto; y

XXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 24. La Subdirección Consultiva y de Análisis Jurídico, estará adscrita a la Dirección Jurídica para la Evaluación y Control, y le corresponde

I. Analizar y, en su caso, proponer opinión legal sobre las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda;

II. Analizar y, en su caso, proponer opinión legal sobre la evaluación del cumplimiento de los objetivos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, con base en la información que remita la Auditoría Superior y enviar a la Comisión de Presupuesto la información relevante a fin de considerarla para la aprobación del Presupuesto del siguiente ejercicio fiscal;

III. Analizar y, en su caso, proponer opinión legal respecto de los instrumentos normativos, manuales, políticas que presente la Unidad ante la Comisión para su aprobación;

IV. Analizar, para la sanción del superior, los proyectos de observaciones, recomendaciones, acciones y demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la Unidad, en función de los escenarios de procesos legales que pudieran generarse, en caso de interpretación, duda o petición expresa;

V. Proponer al superior, cuando así lo solicite la Comisión, el proyecto de Reglamento, manuales, políticas, circulares y demás disposiciones jurídicas en las materias que sean competencia de la Unidad para su propia regulación;

VI. Auxiliar en el proceso de verificación del cumplimiento de la normativa aplicable de la promoción de acciones que emita y realice la Auditoría Superior, como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública;

VII. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

VIII. Proponer a su superior jerárquico el proyecto de compilación de las normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la Comisión y de la Unidad así como los mecanismos para su difusión;

IX. Auxiliar a su superior jerárquico en las acciones en materia consultiva que realice como enlace por parte de la Unidad, en asuntos jurídicos, con las áreas correspondientes de la Auditoría Superior y de los órganos de control respectivos;

X. Auxiliar a su superior jerárquico en la evaluación jurídica a la Auditoría Superior respecto del cumplimiento de las disposiciones en materia de fiscalización superior; y

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 25. La Coordinación de Procesos Legales, estará adscrita a la Dirección Jurídica para la Evaluación y Control, y le corresponde

I. Presentar a la consideración del superior, los proyectos de escritos de demandas, contestaciones, promociones, recursos y alegatos de los juicios en que la Unidad sea parte;

II. Presentar, por acuerdo de su superior jerárquico, denuncias y querellas relacionadas con actos u omisiones que puedan constituir delito imputable a los servidores públicos de la Auditoría Superior;

III. Dar seguimiento e intervenir en los juicios de amparo, civiles, penales, administrativos, laborales y en cualquier otra materia, en que la Unidad sea parte;

IV. Presentar a la consideración de su superior jerárquico los proyectos de dictámenes sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la Auditoría Superior;

V. Presentar a la consideración del superior jerárquico los proyectos de resolución a los recursos de revocación que hagan valer los servidores públicos de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones en las que se les impongan sanciones administrativas;

VI. Intervenir en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de las auditorías, visitas e inspecciones que practique la Unidad a la Auditoría Superior;

VII. Intervenir en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado al personal de la Unidad;

VIII. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

IX. Auxiliar a su superior jerárquico en los procedimientos que se requieran para la expedición de copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Unidad, salvo que se trate de documentos clasificados como reservados o confidenciales, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

X. Auxiliar a su superior jerárquico en los procedimientos para habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y notificaciones en los procedimientos administrativos que se inicien con motivo de los recursos o medios de impugnación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior;

XI. Auxiliar a su superior jerárquico en las acciones en materia contenciosa que realice como enlace por parte de la Unidad, en asuntos jurídicos, con las áreas correspondientes de la Auditoría Superior y de los órganos de control respectivos;

XII. Ser el conducto de comunicación en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, previo acuerdo de su superior jerárquico, entre la propia Unidad y la Comisión y en su caso la propia Cámara;

XIII. Llevar a cabo investigaciones y análisis sobre áreas de opacidad detectadas por la sociedad y, en su caso, presentar a su superior jerárquico un proyecto de dictamen de aquellos casos que permitan proponer a la Auditoría Superior revisiones de situación excepcional o para ser integrada en el respectivo programa de auditorías.

En el evento de que la investigación realizada sea sobre hechos o servidores públicos de la Auditoría Superior, emitirá un proyecto de opinión a su superior jerárquico, quien a su juicio dará cuenta a la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica;

XIV. Practicar, en el ámbito de su competencia, las auditorías de legalidad a la Auditoría Superior. Así como evaluar su desempeño, respecto al cumplimiento de su mandato;

XV. Proponer a su superior jerárquico el proyecto de dictamen sobre la existencia de los motivos de remoción del Auditor Superior;

XVI. Diseñar y proponer a su superior jerárquico el sistema de seguimiento de las sanciones impuestas por la Auditoría Superior y las acciones que de ella emanen; y

XVII. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 26. A la Secretaría Técnica corresponde

I. Fungir como enlace permanente y apoyo técnico y especializado con la Secretaría Técnica de la Comisión, así como coordinarse con el área de enlace de la Auditoría Superior;

II. Coordinar y dar seguimiento a los proyectos que contemplen la participación de diversas unidades administrativas;

III. Elaborar y proponer al Titular el programa de actividades de su área e integrar el de la Unidad;

IV. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto anual de la Unidad y del informe de su ejercicio anual;

V. Instruir que los recursos se administren de conformidad con la normatividad aplicable;

VI. Coordinar el suministro de recursos para el desarrollo de las actividades de las áreas y la elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos de la Unidad;

VII. Vigilar que se realicen las conciliaciones presupuestales con las áreas administrativas de la Cámara y proponer al Titular las adecuaciones presupuestarias que se requieran;

VIII. Registrar y coadyuvar en la elaboración de instrumentos normativos que formulen las direcciones para el funcionamiento de la Unidad y someterlos a la consideración del Titular;

IX. Integrar el Programa Anual de Gestión de la Unidad y someterlo a la consideración del Titular;

X. Coordinar e integrar el plan estratégico de la Unidad así como las tareas de planeación estratégica que realicen las áreas sustantivas;

XI. Proponer al Titular los indicadores de desempeño para la evaluación de las labores realizadas por la Unidad;

XII. Desarrollar, administrar e implementar los sistemas y procesos en materia de tecnología de la información;

XIII. Proponer al Titular políticas, programas y planes para el mejoramiento y modernización de la Unidad;

XIV. Realizar los concursos de ingreso del personal de mando de la Unidad;

XV. Proponer al Titular convenios de colaboración y/o contratos con Instituciones de Educación Superior, Organismos No Gubernamentales y demás instituciones nacionales e internacionales en materia de evaluación y control, fiscalización y rendición de cuentas; así como de capacitación para el personal de la Unidad;

XVI. Someter a la consideración del Titular el programa de capacitación para el personal de la Unidad e implementarlo;

XVII. Supervisar el proceso de evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el plan estratégico y el programa anual de actividades de la Unidad;

XVIII. Remitir al Titular el proyecto de estructura ocupacional de la Unidad;

XIX. Coordinar los trabajos de edición y publicación de los documentos, investigaciones, planes, programas y proyectos de la Unidad;

XX. Proponer y acordar con el Titular la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

XXI. Instrumentar, por acuerdo del Titular, y con la participación que corresponda a la Contraloría Interna de la Cámara, mecanismos de control interno, para verificar que el ejercicio del presupuesto y los indicadores de desempeño de la Unidad se apeguen a las disposiciones vigentes; y

XXII. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 27. La Coordinación de Planeación Estratégica estará adscrita a la Secretaría Técnica, y le corresponde

I. Desarrollar e implementar las metodologías y herramientas necesarias para la evaluación, coordinación y seguimiento de los proyectos especiales de la Unidad;

II. Elaborar y proponer al Secretario Técnico el programa de actividades de su área;

III. Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a los trabajos de análisis a documentos, informes y otros asuntos que turnen a la Unidad, la Cámara, la Comisión y la Auditoría Superior;

IV. Auxiliar al Secretario Técnico en el proceso de concentración de la información que emitan las direcciones a fin de elaborar, conjuntamente, los proyectos de manuales internos e instrumentos normativos que se requieran para el funcionamiento de la Unidad y someterlos a consideración del titular.

V. Realizar los trabajos necesarios para integrar el Programa Anual de gestión de la Unidad;

VI. Auxiliar a su superior jerárquico en la coordinación de las tareas de planeación estratégica que lleven a cabo las áreas sustantivas de la Unidad;

VII. Proponer a su superior jerárquico los indicadores de desempeño para la evaluación de las labores realizadas por la Unidad;

VIII. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el plan estratégico y el programa anual de actividades de la Unidad e informar de sus resultados a su superior jerárquico;

IX. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia; y

X. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 28. La Coordinación Administrativa estará adscrita a la Secretaría Técnica, y le corresponde

I. Administrar los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales de la Unidad, de conformidad con la normativa aplicable;

II. Elaborar y proponer al Secretario Técnico el programa de actividades de su área;

III. Formular el proyecto de presupuesto anual de la Unidad y administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

IV. Programar las adquisiciones y proporcionar a las áreas que integran la Unidad los insumos materiales y servicios necesarios para el óptimo desarrollo de sus actividades.

V. Elaborar el informe anual del presupuesto ejercido por la Unidad y presentarlo al Secretario Técnico, así como realizar las conciliaciones del presupuesto de la Unidad con las áreas administrativas y financieras de la Cámara;

VI. Proponer al Secretario Técnico las adecuaciones presupuestarias que se requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros asignados a la Unidad;

VII. Realizar las acciones necesarias a efecto de que el presupuesto de la Unidad sea ejercido en coordinación con la Cámara;

VIII. Elaborar el Manual de Organización de la Unidad, tomando en cuenta los elementos que aporten las áreas, así como formular los manuales de procedimientos administrativos;

IX. Proponer, diseñar e implementar el sistema de control de gestión de la Unidad.

X. Elaborar el proyecto de estructura ocupacional de la Unidad; y

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 29. La Coordinación de Apoyo Técnico estará adscrita a la Secretaría Técnica, y le corresponde

I. Proponer al Secretario Técnico políticas, programas y planes para el mejoramiento y modernización de la Unidad;

II. Instrumentar los concursos de ingreso del personal de mando de la Unidad; conforme a la Ley y al presente Reglamento.

III. Elaborar y proponer al Secretario Técnico el programa de capacitación para el personal de la Unidad;

IV. Coordinar, documentar y ejecutar estudios relacionados con la fiscalización, con el propósito de generar propuestas específicas para mejorar su desarrollo;

V. Proponer al Secretario Técnico convenios de colaboración y o contratos con Instituciones de Educación Superior, Organismos No Gubernamentales y demás instituciones nacionales e internacionales en materia de evaluación y control; fiscalización y rendición de cuentas, así como para la capacitación del personal de la Unidad;

VI. Dar seguimiento y reportar a su superior de la información que se genere en materia de fiscalización y rendición de cuentas tanto en los medios de comunicación, así de las conferencias de prensa que proporcionen tanto los legisladores como servidores públicos y la sociedad civil sobre la materia;

VII. Proponer y acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

VIII. Auxiliar a la Comisión, en su calidad de área técnica en materia de fiscalización superior en el ámbito municipal, estatal y federal, así como en las innovaciones que surjan a nivel internacional en materia de fiscalización gubernamental;

IX. Sistematizar la información que se genere en las reuniones del trabajo legislativo donde se traten temas relacionados con la fiscalización y rendición de cuentas;

X. Recopilar, integrar y sistematizar la información que en materia de fiscalización soliciten las Comisiones de la Cámara a la Comisión como apoyo a su trabajo legislativo;

XI. Apoyar al Secretario Técnico en el proceso de integración del Informe del Resultado, su análisis y conclusiones a la Comisión, con el objeto de que ésta pueda enviarlo a la Comisión de Presupuesto y se elabore el Dictamen de la Cuenta Pública correspondiente;

XII. Aportar elementos y detectar áreas de oportunidad derivadas de las propuestas que se generen en el desarrollo del trabajo legislativo de la Cámara;

XIII. Coordinarse con el área de enlace de la Auditoría Superior en la Cámara;

XIV. Coordinar y ejecutar los trabajos de análisis a documentos e informes que turnen a la Unidad, la Cámara, la Comisión y la Auditoría Superior;

XV. Apoyar a la Secretaria Técnica en la coordinación y ejecución de los trabajos de edición y publicación de los estudios, planes, programas y proyectos de la Unidad; y

XVI. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Capítulo IV Del Régimen Laboral

Artículo 30. Todos los servidores públicos de la Unidad, por la naturaleza de sus funciones, son trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución. Por lo cual están sujetos a lo establecido en la Ley de Responsabilidades bajo la competencia de la Contraloría Interna de la Cámara.

Para aquellos actos jurídico-administrativos o de carácter laboral que impliquen el ejercicio de recursos financieros, la Unidad observará los lineamientos que al efecto emita la Cámara.

Artículo 31. El nombramiento del Titular se regirá y deberá cumplir con lo establecido para el Auditor Superior en los artículos 80, 81 y 84 de la Ley.

El Titular durará en su encargo por el periodo de cuatro años. A propuesta de la Comisión, la Cámara podrá prorrogar su nombramiento hasta por otro periodo igual, siempre y cuando el Titular exponga ante la Comisión su propuesta, con una antelación de dos meses previos a la conclusión de su encargo.

El Titular de la Unidad podrá ser removido cuando en el desempeño de su cargo incurriere en faltas graves calificadas así por las leyes o este reglamento, notoria ineficiencia, incapacidad física o mental, o cometa algún delito intencional.

En tales casos, la Comisión propondrá a la Cámara, motivada y fundadamente, su remoción, la que resolverá, previo conocimiento de lo que el Titular de la Unidad hubiere alegado en su defensa.

Durante el receso de la Cámara, la Comisión podrá suspenderlo en el ejercicio de sus funciones para que aquélla resuelva en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Artículo 32. El ingreso a la Unidad de servidores públicos de mando será mediante concurso, en los términos de los procedimientos y bases para la selección, ingreso y evaluación del personal de la Unidad, que al efecto apruebe la Comisión.

Las promociones y movimientos del personal corresponden al Titular de la Unidad, salvo los casos de directores, subdirectores, secretario técnico y coordinadores que requerirán la aprobación de la Junta Directiva de la Comisión.

La contratación, administración y desarrollo del personal operativo y el contratado por servicios profesionales de honorarios, se regirá por los lineamientos de la Cámara, en la materia.

Artículo 33. Para ser director se requiere reunir los mismos requisitos que señala el artículo 87 de la Ley, para ser Auditor Especial.

En el caso del Director Jurídico para la Evaluación y Control, además, deberá contar con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho.

Artículo 34. Para ser secretario técnico, subdirector o coordinador, se requiere

I. Ser mexicano, mayor de edad y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, economía, administración, actuaría, o cualquiera otra relacionada con actividades de fiscalización, evaluación del desempeño y control.

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional;

IV. No haber desempeñado cargo de elección popular alguno, cuando menos dos años antes al momento de su designación;

V. No existir conflicto de intereses, entre las labores que previamente haya realizado y las que deba realizar en la Unidad, ni haber sido servidor público de la Auditoría Superior sino hasta un año después a la separación de su cargo o puesto respectivo; y

VI. Contar al día de su designación con una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión.

Los perfiles no especificados en este Capítulo, se normarán en los instrumentos normativos respectivos.

Los servidores públicos a partir del nivel de coordinador hasta Titular de la Unidad, tendrán la obligación de presentar, conforme a la Ley de Responsabilidades, la declaración de situación patrimonial correspondiente, así como formular el acta de entrega-recepción del despacho de los asuntos correspondientes.

Artículo 35. El cumplimiento de los principios que rigen a la Unidad, de conformidad con el artículo 3 del presente Reglamento, es obligación ineludible de los servidores públicos que la integran.

La Unidad tendrá como estrategia permanente la especialización técnica y profesionalización de su personal.

Artículo 36. El titular, así como todos los servidores públicos de la Unidad, durante el ejercicio de su cargo, tendrá prohibido

I. Formar parte de partido político, participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista;

II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, de beneficencia o colegios de profesionales; y

III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información, confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Unidad para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para los fines a que se encuentra afecta.

Debe privilegiarse el combate al potencial conflicto de intereses que la Ley de Responsabilidades prevé en sus artículos 8 fracción XII y 9, o el interés contingente, así como los propios principios que rigen a la Unidad; por ello, quienes hayan desempeñado un empleo, cargo o comisión en la Unidad, no podrán desempeñar algún cargo o puesto en la Auditoría Superior dentro del año siguiente a la terminación de su relación jurídico-laboral con la Unidad, a excepción de aquellos cargos designados por conducto de la Cámara.

Tampoco podrán contratarse para laborar en la plantilla de la Unidad los servidores públicos que estén o hayan estado al servicio de la Auditoría Superior sino hasta un año después de la separación del cargo o puesto respectivo.

Para los efectos de este Reglamento, se entiende por interés contingente aquel que se deriva de beneficios obtenidos cuando un servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y favoreciendo intereses especiales, propios o de terceros, una vez que el servidor público concluye el encargo correspondiente, se actualiza dicho beneficio al obtener un empleo, cargo o comisión vinculado con el favorecido.

Toda la documentación que sea generada u objeto de trámite, será considerada reservada. Por tal motivo los servidores públicos de la Unidad deberán guardar estricta reserva de su contenido y no podrán hacerla del conocimiento de personas ajenas a la propia Unidad sin la aprobación del Titular.

Las infracciones al presente artículo se considerarán como conductas graves en los términos de la Ley de Responsabilidades. También la violación a los principios que rigen a la Unidad, se considerará conducta grave.

Artículo 37. Las entidades fiscalizadas tendrán la facultad de formular queja ante la Unidad sobre los actos del Auditor Superior de la Federación que contravengan las disposiciones de la Ley, en cuyo caso la Unidad sustanciará la investigación preliminar, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere ese ordenamiento, o bien el previsto en la Ley de Responsabilidades, notificando al quejoso el dictamen correspondiente, previa aprobación de la Comisión.

Capítulo V De las Suplencias

Artículo 38. El Titular será suplido en sus ausencias por los directores Jurídico para la Evaluación y Control; de Control Interno y Evaluación Técnica, de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social, y de Análisis de la Fiscalización Superior, en ese orden, siempre que las ausencias no excedan de tres meses. Si la ausencia fuere mayor, la Comisión dará cuenta a la Cámara para que resuelva lo procedente. El encargado del Despacho podrá ejercer las facultades indelegables establecidas en el artículo 9 del presente Reglamento.

Por ausencia mayor a tres meses o renuncia del Titular, de ocurrir durante los recesos de la Cámara, el Director Jurídico para la Evaluación y Control estará encargado del despacho hasta en tanto la Cámara designe al Titular en el siguiente periodo de sesiones. En caso de ocurrir la ausencia del Director Jurídico para la Evaluación y Control, se estará a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 39. Durante las ausencias temporales de los directores, el despacho y la resolución de los asuntos correspondientes, quedarán a cargo de los Subdirectores y Coordinadores de su adscripción, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Transitorios

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2001.

Tercero. Los asuntos promovidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán su trámite hasta su conclusión, conforme a las disposiciones del Reglamento que se abroga, con excepción de la atribución de solventación de observaciones, recomendaciones y acciones; y se sustanciarán por las unidades administrativas señaladas en el presente Reglamento, que sustituyen en competencia a las que conocieron inicialmente de los asuntos pendientes de resolución.

Cuarto. Los asuntos en trámite, expedientes y archivos, a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, serán encomendados a las siguientes áreas:

a) Los que se encuentren en la Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Técnica, serán encomendados a la Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior y a la Dirección de Control Interno y Evaluación, según corresponda;

b) Los que se encuentren en la Dirección de Evaluación y Control de la Gestión Administrativa, serán encomendados a la Dirección de Control Interno y Evaluación;

c) Los que se encuentren en la Dirección de Asuntos Jurídicos, serán encomendados a la Dirección Jurídica para la Evaluación y Control;

d) Los que se encuentren en la Secretaría Técnica, serán encomendados a la Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo de las Funciones de Contraloría Social; y

e) Los que se encuentren en la Secretaría Particular, serán encomendados a la Secretaría Técnica.

Quinto. El Plan Estratégico, el Manual General de Organización, así como el Manual de Procedimientos Administrativos de la Unidad de Evaluación y Control, deberán ser expedidos dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento.

Sexto. Los instrumentos normativos para el mejor desempeño de las actividades de la Unidad, se emitirán dentro de los siguientes ciento ochenta días a la entrada en vigor de este Reglamento, los cuales de manera enunciativa y no limitativa son los siguientes:

a) En materia de auditorías y evaluación técnica;

b) En materia de investigación administrativa, responsabilidades y situación y evolución patrimonial;

c) Sistemas y metodologías para el Análisis de la Fiscalización Superior;

d) Para la evaluación del desempeño de la Fiscalización Superior;

e) Para la evaluación del impacto de la acción fiscalizadora; y

f) Para la evaluación del desempeño de la Unidad.

Séptimo. Una vez que se expidan los manuales e instrumentos normativos citados en los dos artículos transitorios precedentes, quedará sin efecto la normativa expedida durante la vigencia del Reglamento que se abroga.

Octavo. La contratación del personal de nuevo ingreso a la Unidad se realizará conforme a lo establecido en el presente Reglamento, en tanto la Cámara establezca un nuevo sistema de contratación, los lineamientos y la normatividad aplicable continuarán siendo los mismos que se utilizan para la contratación del personal de la Cámara.

La contratación del personal de la Unidad realizada antes de la emisión del presente Reglamento, no sufrirá ningún menoscabo en derechos laborales.

Noveno. Las percepciones salariales de los trabajadores de nuevo ingreso adscritos a la Unidad, se normarán de acuerdo al contenido del Manual que Regula las Remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal correspondiente, a la Ley Orgánica, así como a los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.

Décimo. Los asuntos no contemplados en el presente Reglamento, serán resueltos por la Comisión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputados: José Luis Muñoz Soria, Alfa Eliana González Magallanes, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Socorro de la Luz Quintana León, Manuel Añorve Baños, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Kamel Athie Flores, Lucila Garfias Gutiérrez, Ricardo Monreal Ávila, Carlos Octavio Castellanos Mijares, Carlos Sánchez Romero, José Luis Márquez Martínez, Javier López Zavala, Gerardo Xavier Hernández Tapia, José Sergio Manzur Quiroga, Minerva Castillo Rodríguez, Alfredo Anaya Gudiño, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Martha Leticia Sosa Govea, José Martín López Cisneros, Heberto Neblina Vega, Mariana Dunyaska García Rojas, Marcos Aguilar Vega, Verónica García Reyes, Víctor Manuel Bautista López, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Pedro Porras Pérez,  José Alberto Benavides Castañeda, Rubén Acosta Montoya, Verónica Beatriz Juárez Piña, Jorge Salgado Parra, Agustín Miguel Alonso Raya, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Mario Miguel Carrillo Huerta, Mario Alejandro Cuevas Mena, Víctor Manuel Manríquez González (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Dígame, diputado. Sonido en la curul del diputado.

El diputado Jorge Salgado Parra (desde la curul): Presidente, para pedirle a mi amigo diputado promovente que me permita suscribir la iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Me dice el diputado Muñoz Soria, que no tiene inconveniente. La dejamos en manos de la Secretaría para que pueda pasar a suscribirla. Muchas gracias, diputado.

VOLUMEN II

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, muy buenas tardes. Traigo a este pleno una iniciativa que considero que puede contribuir en gran medida a evitar problemas que ya han existido, pero que sabemos que si no tomamos en cuenta hoy la nueva era que estamos viviendo las mujeres vamos a continuar con esta situación, sobre todo en nuestras comunidades donde nos estamos rigiendo por el sistema de usos y costumbres.

En mi estado natal, Oaxaca, existen 570 municipios, pero en su mayoría —más de 460— se están rigiendo por el sistema de usos y costumbres. Agrupar en un solo documento los principios, valores, derechos y obligaciones que representan la fuente del sistema federal de una nación y la base de la organización política del Estado mexicano, no puede ser soslayada por quienes somos parte integrante y fundamental de la misma. Es decir, su gobierno y su población, una población que bien puede ser mujer u hombre, niño o anciano, joven o adulto, profesionista o empírico, mujer, hombre, artista o poeta, indígena o no indígena, pobre o rico. Al final, el objetivo debe ser el mismo: aprender a respetar los dogmas y la organización de nuestro país, concretando en la práctica lo que se establece en los ordenamientos jurídicos.

Tal es el caso del respeto a todos y cada uno de los derechos contemplados en nuestra Constitución, nuestra también denominada Carta Magna. En su artículo 4o. ha contemplado desde su origen que el varón y la mujer somos iguales ante la ley, luego entonces, si el varón tiene en todo momento el derecho de votar y ser votado por uno u otro sistema de elección popular, porque es que todavía no alcanzamos la paridad, como bien lo mencionábamos ayer.

Tratándose del sistema de usos y costumbres, en ocasiones las mujeres no son tomadas en cuenta para votar y en otros lugares votan, pero ni siquiera tienen derecho a ser votadas.

Este factor se repite en muchas comunidades de nuestro México, a pesar de que la historia de nuestros pueblos indígenas es una historia de lucha constante, pues son esas culturas las que vieron llegar a los conquistadores españoles, son las que resistieron los embates de la conquista, las que se aferraron a no perder el espíritu de sus antepasados y en ellas se recargó el movimiento de Independencia de 1910. En esta lucha los pueblos indígenas aportaron una gran cuota de sangre. Sin embargo, una vez establecida la nación independiente y el inicio de la organización política que habría de regir la patria naciente fueron ignorados por las elites dominantes.

La igualdad de todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción de europeos, africanos o indios, que establecía el Plan de Iguala era solo discurso, pues para nada eran iguales y cómo, si no tenían las mismas condiciones lingüísticas, sociales, económicas y culturales para hacerlo.

La Constitución promulgada en 1824 no otorga ninguna concesión a los pueblos indígenas, como no fuera aquella facultad del Congreso de la Unión de arreglar del comercio con las naciones extranjeras entre los estados de la federación y los pueblos indios, como si los indígenas de aquella época —como la inmensa mayoría de los de hoy— tuviesen capital económico para la inversión de negocios, mientras que en la Constitución de 1857 solo ideas importantes se discutieron, que de ninguna manera fueron incluidas en aquel texto.

Es la Revolución de 1910 una época decisiva en la vida de nuestro país enmarcada por la gran participación de hombres y mujeres indígenas. Y nuevamente estos grupos son quienes sacrifican caudales de sangre al movimiento que dio origen a la Constitución de 1917.

Las propuestas políticas fueron tentadoras, pero al final no correspondieron a las expectativas de los pueblos indígenas, pues si bien es cierto que se estableció en el artículo 27 la propiedad de la tierra, también lo es que nunca en calidad de propiedad individual, sino como ejido o comunidad.

Además de reservarse la nación, la propiedad originaria de ésta, justificando así una vez más la usurpación del feudo de los indígenas. De ahí que aun cuando se pretenda calificar a la Constitución de 1917 como una Constitución de avanzada en materia de derecho social, siguió ignorando a los pueblos y comunidades indígenas.

En 1992 hubo un intento del Congreso por reconocer a los pueblos indígenas. Sin embargo, solo se trataba de una declaración de la pluriculturalidad de la nación mexicana.

Fue necesario entonces un movimiento armado de los indígenas chiapanecos agrupados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, o acuerdos sobre derechos y cultura indígena, para que el gobierno accediera a insertar en el texto constitucional el reconocimiento por primera vez, desde el surgimiento del Estado mexicano, a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, entre los que destaca el derecho de elegir, de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.

Mismo que fue establecido hasta el 14 de agosto de 2001, casi 153 años después de que el entonces gobernador de Oaxaca, don Benito Juárez García, hiciera patente que el Congreso oaxaqueño hiciera el reconocimiento de que desde antes del establecimiento del sistema federal los pueblos del estado han tenido la costumbre democrática de elegir por sí mismos a sus funcionarios, que con el nombre de alcaldes y regidores cuidaban de la policía, de la conservación de la paz y de la administración de los fondos comunales.

Sin embargo, no fueron una, dos o tres décadas las que tuvieron que transcurrir para que las palabras del insigne patriota fueran elevadas a rango constitucional y se devolviera a los indígenas la autonomía y la libre determinación. Tuvieron para ello que pasar 153 años.

No obstante, en la actualidad aún la patria está en deuda con casi 13 millones de indígenas cuya forma de elegir a sus autoridades se conduce bajo el sistema de usos y costumbres, violentando con ello el pacto federal que incluye la igualdad entre todos y cada uno de los individuos de esta nación.

Si bien es cierto que la patria debe reivindicarse con los pueblos originarios, ello no implica que no pueda conducirlos a un esquema de igualdad y paridad en la elección de sus gobiernos internos, puesto que resulta innegable que dentro de las prácticas ancestrales lamentablemente aún se observan conductas discriminatorias por cuestiones de género, edad, discapacidades, salud, religión, estado civil y diversidad sexual.

El artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece a los efectos de la presente convención la expresión: discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera.

Ahora bien, establece en su artículo 2 que los Estados parte en la convención condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, por lo que conviene seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.

Con tal objeto, el Estado mexicano se comprometió al momento de ratificar y consagrar en la Constitución nacional la igualdad entre el hombre y la mujer, en los artículos 1o. y 4o.

Ahora, si bien es cierto que México ha adoptado medidas legislativas para erradicar la discriminación de género en materia de derechos políticos electorales, en algunos aspectos ha sido insuficiente.

Desafortunadamente y a pesar de todos los esfuerzos realizados, a 32 años de la ratificación del Estado mexicano en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, signada el 23 de marzo de 1981, no ha cambiado en nada la vida política de muchas mujeres en las comunidades indígenas.

Recordemos que en nuestro país son vigentes dos métodos para la elección de sus autoridades. El primero, por partidos políticos. El segundo, por el sistema de usos y costumbres.

Es por esto, presidente, que hoy presento ante este pleno la iniciativa para que podamos reformar la fracción III del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que podamos incluir textualmente —si me permiten leerlo—: incluyendo obligatoriamente la participación de las ciudadanas y ciudadanos que en pleno uso de sus derechos político-electorales decidan ejercerlos, buscando un esquema de paridad e incentivando dicha participación desde el inicio de los procedimientos de elección, de renovación de autoridades, hasta la ocupación y ejercicio del cargo en un marco que respete al pacto federal.

Es por ello que pido el apoyo de las diputadas, el apoyo de los diputados, para que finalmente hagamos valer los derechos de las mujeres que hoy están siendo limitadas en sus comunidades a participar, a dirigir y a tomar decisiones por un mejor rumbo. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Aída Fabiola Valencia Ramírez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos  71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Agrupar en un solo documento los principios, valores, derechos y obligaciones que representan la fuente del sistema federal de una nación y la base de la organización política del Estado mexicano, no puede ser soslayada por quienes somos parte integrante y fundamental de la misma, es decir, su gobierno y su población. Una población que bien puede ser mujer u hombre, niño o anciano, joven o adulto, profesionista o empírico, artista o poeta, indígena o no indígena, pobre o rico, al final, el objetivo debe ser el mismo, aprender a respetar los dogmas y la organización de nuestro país, concretando en la práctica lo que se establece en los ordenamientos jurídicos; tal es el caso del respeto a todos y cada uno de los derechos contemplados en nuestra Constitución.

Nuestra también denominada Carta Magna, en el artículo 4o. ha contemplado desde su origen, que el varón y la mujer son iguales ante la ley, luego entonces, si el varón tiene en todo momento el derecho de votar y ser votado por uno u otro sistema de elección popular, ¿qué circunstancia impide que la mujer, tratándose del régimen de partidos políticos, lo haga tan solo en un 40 por ciento y no en su real dimensión, o que en el sistema de usos y costumbres participe en ocasiones solo votando para elegir si tener derecho a representar o representar en cargos menores sin derecho a elegir?

Este factor se repite en muchas comunidades de nuestro México, a pesar de que la historia de los pueblos indígenas es una historia de lucha constante, pues son estas culturas las que vieron llegar a los conquistadores españoles, son los que resistieron los embates de la conquista, los que se aferraron a no perder el espíritu de sus antepasados y en ellos se recargó el movimiento de independencia en 1810; en esta lucha, los pueblos indígenas aportaron una gran cuota de sangre; sin embargo, una vez establecida la nación independiente y el inicio de la organización política que habría de regir la patria naciente, fueron ignorados por las elites dominantes.

La igualdad de todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción de europeos, africanos o indios, que establecía el Plan de Iguala era solo discurso, pues para nada eran iguales, y ¿cómo? si no tenían las condiciones lingüísticas, sociales, económicas y culturales para serlo.

La Constitución promulgada en 1824, no otorga ninguna concesión a los pueblos indígenas, como no fuera aquella facultad del Congreso de la Unión de arreglar el comercio con las naciones extranjeras entre los estados de la federación y los pueblos indios; como si los indígenas de aquella época, como la inmensa mayoría de los de hoy, tuviesen capital económico para la inversión de negocios; mientras que en la constitución de 1857, solo ideas importantes se discutieron que de ninguna manera fueron incluidas en aquel texto.

Es la revolución de 1910 una época decisiva en la vida de nuestro país, enmarcada por la gran participación de hombres y mujeres indígenas y nuevamente estos grupos, son quienes sacrifican caudales de sangre al movimiento que dio origen a la constitución de 1917; las propuesta políticas fueron tentadoras pero al final no respondieron a las expectativas de los pueblos indígenas, pues si bien es cierto que se estableció en el artículo 27 la propiedad de  la tierra, también lo es que nunca en calidad de propiedad individual sino como ejido o comunidad, además de reservarse la nación, la propiedad originaria de ésta, justificando así una vez más la usurpación del feudo de los indígenas, de ahí que aún cuando se pretenda calificar a la constitución de 1917, como una constitución de avanzada en materia de derecho social, siguió ignorando a los pueblos y comunidades indígenas.

En 1992, hubo un intento del Congreso por reconocer a los pueblos indígenas, sin embargo, solo se trataba de una declaración de la pluriculturalidad de la nación mexicana; fue necesario un movimiento armado de los indígenas chiapanecos agrupados en el Ejército Zapatista y de Liberación Nacional y la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar o Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena para que el gobierno accediera insertar en el texto constitucional el reconocimiento por primera vez, desde el surgimiento del estado mexicano, a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, entre los que destaca el derecho de elegir de acuerdo a sus normas y procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, mismo que fue establecido hasta el catorce de agosto del 2001, casi 153 años después de que el entonces gobernador de Oaxaca, don Benito Juárez García hiciera patente ante el Congreso Oaxaqueño el reconocimiento de que “desde antes del Establecimiento del sistema federal, los pueblos del Estado han tenido la costumbre democrática de elegir por sí mismo a los funcionarios, que con el nombre de alcaldes y regidores cuidaban de la policía, de la conservación de la paz y de la administración de los fondos comunales”;sin embargo, no fueron una, dos o tres décadas las que tuvieron que transcurrir para que las palabras del insigne patriota fueran elevadas a rango constitucional y se devolviera a los indígenas  la autonomía y la libre determinación; tuvieron para ello que pasar ciento cincuenta y tres años; no obstante ello, en la actualidad aún la patria está en deuda con casi trece millones de indígenas, cuya forma de elegir a sus autoridades se conduce bajo el sistema de usos y costumbres, violentando con ello el Pacto Federal que incluye la igualdad entre todos y cada uno de los individuos de esta nación, y que si bien es cierto que, la patria debe reivindicarse con los pueblos originarios, ello no implica que no pueda conducirlos a un esquema de igualdad y paridad en la elección de sus gobiernos internos, puesto que resulta innegable que dentro de las prácticas ancestrales lamentablemente, aún se observan conductas discriminatorias, por cuestiones de género, edad, discapacidades, salud, religión, estado civil y diversidad sexual.

El artículo uno de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece:

Artículo 1:

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Ahora bien, establece en su artículo dos que los estados parte en la Convención, condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, por lo que convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, el estado mexicano se comprometió al momento de ratificarla y consagrar en la constitución nacional la igualdad entre el hombre y la mujer, en los artículos 1 y 4; ahora, si bien es cierto que México ha adoptado medidas legislativas para erradicar la discriminación de género en materia de derechos políticos electorales en algunos aspectos ha sido insuficiente.

Desafortunadamente y a pesar de los esfuerzos realizados, a 32 años de la ratificación del Estado Mexicano de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, signada el 23 de marzo de 1981, no han cambiado en nada la vida política de muchas mujeres en las comunidades indígenas, recordemos que en nuestro país son vigentes dos métodos para la elección de las autoridades; el primero por el régimen de partidos políticos y el segundo por el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos en algunas entidades federativas, tal es el caso del Estado de Oaxaca, este último método de elección vigente en las comunidades, en su gran mayoría indígenas distribuidos en las entidades federativas de Hidalgo, Campeche, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, Veracruz, y mayoritariamente concentradas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son prácticas de gobierno usocostumbrista con raíces prehispánicas, que representan una democracia por deliberación, en donde los problemas del pueblo se socializan, prevaleciendo el carácter público sobre el privado, cuestión que muy pocas veces se observa en el sistema de partidos políticos; sin embargo, debe resaltarse que precisamente por tratarse de asambleas cuyo factor predominante es el consenso, éste no puede reducirse únicamente a la participación de los varones, en virtud de que la población la conformamos hombres y mujeres, y que si bien es cierto, no es precisamente una competencia electoral, porque para ello en éste tipo de sistemas sobresale una carrera de servicio público basado esencialmente en un sistema escalafonario,que se asemeja a una profesionalización del servicio público a nivel municipal, también es cierto que ésta oportunidad debe atender a la equidad de género, en donde la única limitación deberá ser la constitución fisiológica de la mujer.

El justo reclamo de la paridad, (como acertadamente lo menciona la magistrada María del Carmen Alanís, integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), no debe lastimar el más elemental de los derechos ciudadanos de un estado democrático, como lo es el derecho a votar y ser votados, y por ende no debe caber el argumento irracional de que la mujer no debe participar por tratarse de un “uso y costumbre”, pues en ese caso el derecho de la mujer a participar en la elección de renovación de sus autoridades municipales, estaría siendo mutilado.

Esta práctica representa una incongruencia dentro de nuestro sistema político electoral, toda vez que las mismas mujeres que ejercen libremente su derecho al sufragio en un proceso electoral local o federal y que políticamente se encuentran activas, son las mismas a quienes en el sistema de usos y costumbres, en muchas ocasiones les es vejado tal derecho, restringiéndoles la participación, a tres supuestos:

a) Pueden asistir a las asambleas para votar, sin derecho a ocupar algún cargo.

b) Pueden nombrarlas para ocupar cargos menores, sin facultades ejecutivas, sin su consentimiento y sin derecho a votar.

c) No pueden asistir a las asambleas, no pueden votar y mucho menos ocupar algún cargo.

En ese orden de ideas, al estar contemplado el derecho a la igualdad en nuestra Constitución Federal, es trascendental que no quede en letra muerta y para ello el Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos para la práctica de una justa  participación en la elección de renovación de autoridades municipales en el régimen de usos y costumbres, y no escudarse en la explicación de que para ello existe un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya instancia pueda ser motivada; cuestión que en ningún momento garantiza la participación de la mujer, si para ello consideramos que el inicio de un  procedimiento ante los tribunales previamente establecidos, representa ya la violación a un derecho y no la protección del mismo; es decir, el hecho de que exista un tribunal electoral y que haya suscrito desde el 30 de agosto de 2010, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PENUD), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México, el proyecto interinstitucional Igualdad de Género, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México: Por el Fortalecimiento del Ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres” y que tomó diversas acciones para incorporar en sus sentencias la perspectiva de género, no significa que ello se está garantizando o protegiendo el libre ejercicio del voto activo y pasivo, habida cuenta que en un país que presume de democracia, por contar con instituciones jurisdiccionales con facultad coercitiva para restituir el goce y disfrute de esa garantía, no es facultad de esta autoridad electoral vigilar de oficio el respeto al ejercicio de tal derecho, por el contrario funge como restaurador de un derecho violentado, siempre y cuando quien ha sido despojado de sendo derecho, ejercite la acción procesal como requisitodentro de los plazos procesales, de lo contrario el propio Estado lo considera como un acto  consentido, aún cuando a todas luces se trata de un acto altamente violatorio no solo a los derechos político – electorales, sino también a los derechos humanos; y a pesar de esta clara desigualdad, las autoridades correspondientes proceden a la validación de un acto discriminatorio y vejatorioen contra de la mujer, pero sobre todo de la mujer indígena que se rige bajo el sistema de usos y costumbres, quienes no solo enfrentan obstáculos de naturaleza educativa, lingüística, étnica, cultural, económica, social, de género, si no de marginación, lo que disminuye en gran porcentaje la posibilidad que ellas tienen de acudir ante el órgano jurisdiccional en la búsqueda de la restitución, el pleno goce y disfrute de sus garantías constitucionales, sin que el estado lo considere como la renuncia tacita al derecho.

De ahí la necesidad de reformar el texto constitucional en el sentido de establecer como requisito de validez de la elección efectuada bajo el régimen de usos y costumbres, la participación paritaria hombre-mujer, en los procesos de renovación de las autoridades municipales establecido en el texto de la carta magna, evitando con ello, violación a los derechos políticos electorales de que son víctimas las mujeres de las comunidades, toda vez que la participación de la mujer debe actualizarse desde el momento en que esta exteriorice su voluntad para hacerlo y no hasta el momento de someterse a un juicio, bajo la incertidumbre de saber si el derecho le asiste o no, o en su caso estar supeditada al criterio del juzgador.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del  pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma la fracción III del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2o.

(...)

III.Elegir a sus autoridades y representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, de acuerdo con sus normas, procedimientos, prácticas tradicionales y democráticas, incluyendo obligatoriamente la participación de las ciudadanas y ciudadanos, que en pleno uso de sus derechos político electorales decidan ejercerlos, buscando un esquema de paridad e incentivando dicha participación desde el inicio de los procedimientos de elección de renovación de autoridades hasta la ocupación y ejercicio del cargo,en un marco que respete el pacto federal; y la soberanía de los estados.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las legislaturas locales deberán adecuar sus disposiciones constitucionales en los términos del presente decreto en un plazo de 180 días, contados a partir de su publicación, en el sentido de establecer como requisito de validez en las elecciones de renovación de las autoridades municipales, que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos la participación de la mujer.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2013.— Diputados: Aída Fabiola Valencia Ramírez, José Soto Martínez, María del Socorro Ceseñas Chapa, Joaquina Navarrete Contreras, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Antonio Sansores Sastré, Yesenia Nolasco Ramírez, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gerardo Villanueva Albarrán, Gloria Bautista Cuevas, Verónica Carreón Cervantes, Zita Beatriz Pazzi Maza, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Patricia Guadalupe Peña Recio, Teresa de Jesús Mojica Morga, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Alicia Ricalde. Permítame un momento, diputado. Dígame, diputada.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (desde la curul): Para adherirme a la iniciativa de la diputada, si ella lo permite.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, creo que la diputada no tendrá inconveniente de que usted se adhiera.

El diputado José Soto Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: El diputado Soto. ¿Es para lo mismo, diputado? A ver, si la diputada no tiene inconveniente dejamos la iniciativa en manos de la Secretaría para que los que quieran suscribirla lo puedan hacer. Sonido en la curul del diputado Soto.

El diputado José Soto Martínez (desde la curul): También para suscribirla con gusto, aquí, a mí diputada paisana, porque cuando fui diputado local voté en contra de esa ley que fue aprobada, cuando estaba Diódoro Carrasco, precisamente, por ser tan nociva y por no dejar votar ni ser votadas a las mujeres. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. La iniciativa la pueden suscribir aquí en la Secretaría y ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, someto a consideración de esta soberanía una iniciativa en el que su objetivo fundamental es fortalecer la vocación en los alumnos, desde los niveles de primaria hasta el nivel superior, porque hoy en día hay un número muy importante de deserciones escolares, porque no hay una verdadera vocación de los alumnos en las carreras que escogen. Por eso, considero que es muy importante y espero el apoyo y respaldo para que esta iniciativa —que hoy someto a la consideración de ustedes— sea aprobada.

Es menester de esta Legislatura, a través de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, trabajar en los temas de mayor relevancia para la población, como lo es la calidad de la educación. Particularmente el fortalecimiento a las medidas del Estado, que finquen las bases para arraigar en los educandos la concepción de continuar con sus estudios, basada en la propia vocación mostrada a través de sus aptitudes, conocimientos y habilidades.

Hoy en día estas medidas representan una herramienta importante para la disminución de la deserción y los gastos superfluos que se generan en el Estado por la falta de medidas que la controlen.

Debemos recordar que en diciembre pasado el titular del Ejecutivo federal presentó su propuesta de reforma educativa, donde en su punto relacionado al tema, el imperativo de la calidad contempla normas con las que pueda darse un avance importante en este rubro. No obstante, hace falta también considerar el punto orientación vocacional, como parte de un programa integral que asegure firmeza rumbo a una educación de calidad.

Muchos coinciden con lo planteado en nuestra propuesta de reforma educativa, pero de igual manera también coinciden con que hace falta aún más para complementarla. Con ello, la presente propuesta tiene esa finalidad: coadyuvar para su enriquecimiento.

Habitualmente, en nuestro país nos encontramos con múltiples causas que provocan la deserción escolar a nivel universitario. Dentro de estos factores podemos considerar, principalmente, la necesidad de encontrar un empleo a más temprana edad y así poder ayudar al sostenimiento de sus familias.

Otro factor más es el relacionado a la falta de oferta educativa en la que se pueda dar la oportunidad para insertarse en las filas de alumnos inscritos a escuelas públicas, por ejemplo a nivel universitario en una institución pública como es la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, entre otras.

Un aspecto más se refiere a la inseguridad, ignorancia y confusión, que prevalece en los alumnos al no tomar en serio la opción educativa que escogieron al momento de realizar su inscripción a alguna escuela o para concursar y, en su caso, tomar una formación universitaria.

Bajo este criterio es pertinente tomar en cuenta que tan solo para el año 2005 —por solo hacer una referencia— el costo de la deserción y repetición universitaria para nuestro país era por un monto aproximado de 415 millones de pesos.

El costo per cápita —calculado hasta mediados de septiembre de 2011— se estimaba en los 6 mil 298 dólares y 2 mil 246 dólares, tanto para universitarios como para estudiantes de primaria, respectivamente. Por si fuera poco, los índices de deserción en los inmuebles educativos no han disminuido de la manera deseada.

Así entonces, podemos observar como del año 2000 al 2012 para nivel primaria, secundaria y bachillerato han logrado un avance prácticamente poco notorio, llegando a registrarse de 1.9 a 0.7, de 8.3 a 5.6 y de 17.5 a 14.9 por ciento respectivamente.

En este sentido, es necesario aclarar que uno de los objetivos centrales para el Estado y de igual manera para las universidades públicas del país, así como escuelas de todos los niveles de educación pública, es sin duda que no solo se hagan múltiples esfuerzos para aumentar la cobertura educativa, sino también que se disminuya la deserción y la repetición entre los jóvenes.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, ante ello coincidimos con la premisa de que es importante fomentar programas de apoyo para jóvenes en condiciones de deserción, para que arraiguen criterios de aspiraciones y de crecimiento profesional que finalmente permitan obtener mejores trabajos y mayores remuneraciones. Por desinterés debemos entender que principalmente la falta de una adecuada y pronta orientación educativa es la causal de éste.

En otras palabras, los jóvenes suelen postergar la decisión para elegir qué carrera cursar para dar continuidad con su formación profesional, además de encontrarse con un sistema educativo que auspicia una metodología para la orientación vocacional prácticamente paralizada y obsoleta frente a la evolución del mundo laboral y acorde a las necesidades del entorno social.

La idea principal en esta materia es que con apoyo de la información obtenida referente a los compendios y programas vigentes de las carreras técnicas y licenciaturas, así como de los talleres de artes y oficios impartidos en escuelas primarias, secundaria y preparatorias, puedan ser fortalecidos los compendios para la impartición de orientación vocacional acorde a las necesidades existentes en el mercado laboral, o para que sirvan de soporte para la orientación de los alumnos en la mejor toma de decisiones sobre sus carreras técnicas o licenciaturas a cursar de acuerdo a la vocación y formación estudiantil.

Por ello es que en la presente iniciativa proponemos que en la Ley General de Educación, en su artículo 47, quede plasmada la obligatoriedad de impartir talleres de orientación vocacional en todas las escuelas primarias, secundarias y preparatorias pertenecientes al Estado, así como de aquellas –estoy por terminar, diputado presidente– que se encuentran certificadas por la Secretaría de Educación Pública para impartir clases en estas modalidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación para incluir la orientación vocacional en los programas de estudios de primarias, secundarias y preparatorias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es menester de esta legislatura, a través de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, trabajar en los temas de mayor relevancia para la población como lo es la calidad de la educación, particularmente, el fortalecimiento a las medidas del estado que finquen las bases para arraigar en los educandos la concepción de continuar con sus estudios, basada en la propia vocación mostrada a través de sus aptitudes, conocimientos y habilidades.

Hoy en día estas medidas representan una herramienta importante para la disminución de la deserción y los gastos superfluos que se generan en el estado por la falta de medidas que la controlen.

Debemos recordar que en diciembre pasado, el titular del Ejecutivo federal presentó su propuesta de reforma educativa, donde en su punto relacionado al tema el imperativo de la calidad, contempla normas con las que pueda darse un avance importante en este rubro, no obstante hace falta también considerar el punto orientación vocacional como parte de un programa integral que asegure firmeza rumbo a una educación de calidad.

Muchos coinciden con lo planteado en esta propuesta de reforma educativa, pero de igual manera también coinciden con que hace falta aún más para complementarla. Con ello, la presente propuesta tiene esa finalidad, coadyuvar para su enriquecimiento.

Habitualmente en nuestro país nos encontramos con múltiples causas que provocan la deserción escolar a nivel universitario.

Dentro de estos factores, podemos considerar principalmente la necesidad de encontrar un empleo a más temprana edad y así poder ayudar al sostenimiento de sus familias.

Otro factor más es el relacionado con la falta de oferta educativa en la que se pueda dar la oportunidad para insertarse en las filas de alumnos inscritos en escuelas públicas, por ejemplo a nivel universitario, en una institución pública como lo es la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, entre otras.

Un aspecto más se refiere a la inseguridad, ignorancia y confusión que prevalece en los alumnos, al no tomar en serio la opción educativa que escogieron al momento de realizar su inscripción a alguna escuela o para concursar y en su caso tomar una formación universitaria.

Bajo este criterio, es pertinente tomar en cuenta que tan sólo para el año 2005 por sólo hacer una referencia, el costo de la deserción y repetición universitaria para nuestro país era por un monto máximo de los 415 millones de pesos.

El costo percapita calculado hasta mediados de septiembre de 2011, se estimaba en los 6 mil 298 dólares y 2 mil 246 dólares, tanto para universitarios como para estudiantes de primaria respectivamente.

Por si fuera poco, los índices de deserción en los demás niveles educativos no han disminuido de la manera deseada, así entonces podemos observar cómo del año 2000 a 2012, para nivel primaria, secundaria y bachillerato, han logrado un avance prácticamente poco notorio, llegando a registrarse de 1.9 al 0.7; 8.3 a 5.6 y 17.5 a 14.9 por ciento respectivamente.

En este sentido, es necesario aclarar que uno de los objetivos centrales para el estado y de igual manera para las universidades públicas del país, así como escuelas de todos los niveles de educación pública, es sin duda que no sólo se hagan múltiples esfuerzos para aumentar la cobertura educativa, sino también que se disminuya la deserción y la repetición entre los jóvenes.

De forma reiterada debemos tener en claro que esta preocupación debe ser compartida en todos los niveles de educación pública que se imparten en el país, pues hoy en día se tiene muestra fehaciente de que los alumnos que terminan su educación universitaria aún se encuentran sin una suficiente formación académica para salir al campo laboral, lo que en todos los sentidos se hacen prácticamente obligados a repetir materias o bien se ven orillados a cursar una segunda carrera para reafirmar sus conocimientos en el área deseada. Si esto sucede con los alumnos universitarios, ¿qué no podrá pasar con los alumnos de algún otro grado escolar inferior a este?

Bajo este criterio, especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por ejemplo, han demostrado que nuestro país es un caso paradójico, pues mientras se lucha por alcanzar las metas en cuanto a mejorar la calidad de la educación y erradicar la deserción escolar, se lucha también en resolver el grave problema de la falta de oportunidades para quienes completan su educación.

A nivel nacional, para muchos especialistas en temas como la deserción y educación de calidad, nuestra realidad se encuentra alojada en un hábito en los educandos basado en la premisa de lograr que los alumnos permanezcan en las escuelas, pero sin tomar en cuenta que este principio sólo se pretende aplicar con mayor fuerza desde las propias escuelas y no se responsabiliza también a los alumnos para que conscientemente se pronuncien a favor de una carrera profesional o un oficio en su caso, de acuerdo a sus aptitudes, capacidades creativas y cognoscitivas y su vocación. En este caso el factor personal juega un papel muy importante ya que la falta de personalidad y la madurez intelectual de los estudiantes, son factores determinantes para la toma de decisiones importantes, como la de precisamente de continuar o dejar de ir a la escuela.

Sin duda alguna, el ambiente en el que se desarrolla cualquier alumno resulta crucial para conseguir esta meta, debido a que las características de madurez, crecimiento y socialización, desde el ambiente familiar por ejemplo, amplía esa perspectiva que tiene toda persona para discernir en lo que realmente se quiere dedicar en su preparación para continuar forjando su vida futura.

De manera general la falta de recursos económicos, la diferencia en los ingresos entre quienes abandonan el nivel medio superior y quienes lo concluyen, puede ser transmitida generacionalmente y agravar con ello la desigualdad social.

En cuanto a motivación, podemos afirmar que una causa principal es el bajo nivel de escolaridad de los padres de familia, pues este factor que incide en la trayectoria educativa por parte de ellos hacia los jóvenes. No está por demás decirlo, los jóvenes que tienen padres desertores, también tienden a abandonar la escuela.

Ante ello, coincidimos con la premisa de que es importante fomentar programas de apoyo para jóvenes en condición de deserción, para que arraiguen criterios de aspiraciones y de crecimiento profesional, que finalmente permitirán obtener mejores trabajos y mayores remuneraciones.

Por desinterés, debemos entender que principalmente la falta de una adecuada y pronta orientación educativa, es la causal de este. En otras palabras, los jóvenes suelen postergar la decisión para elegir qué carrera cursar para dar continuidad con su formación profesional, además de encontrarse con un sistema educativo que auspicia una metodología para la orientación vocacional prácticamente “paralizada” y “obsoleta”, frente a la evolución del mundo laboral y acorde a las necesidades del entorno social.

En este sentido, es preciso tomar en cuenta que, diversos estudios han dado cuenta de la situación actual por la que pasa nuestro sistema educativo universitario por ejemplo. Este tipo de estudios nos arrojan información importante sobre los principales aspectos del porqué los alumnos desertores toman esta decisión, aún a sabiendas de que retomar sus estudios les será difícil, además de considerar que si bien esta decisión es la de iniciar una nueva carrera universitaria, seguramente les será más costoso pues prácticamente lo invertido se tendrá que dar como perdido o bien considerar que les será mayor el tiempo para su graduación y pronta inserción al campo laboral.

Como muestra, tenemos los siguientes datos retomados del estudio efectuado por algunos especialistas en la materia en el país, mismos datos que fueron publicados a mediados del mes de agosto del año pasado por importantes medios de comunicación.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce que de cada diez universitarios egresados, cinco son los que tienen trabajo distinto a lo que realmente se prepararon durante su formación universitaria, y da a conocer el listado del rol que juegan las universidades en cuanto a su demanda:

Las más demandadas:

1) Administración

2) Contaduría

3) Arquitectura

4) Ingeniería Eléctrica

5) Ingeniería en Computación

6) Informática

7) Derecho

8) Urbanismo

9) Comunicación

10) Ciencias Políticas

Estas carreras presentan un exceso de egresados, 135 mil alumnos año, que traen consigo salarios bajos y con un alto nivel de desempleo.

Las de mayor éxito:

1) Ingeniería en Biotecnología

2) Biomedicina

3) Nutrición

4) Medicina

5) Ingeniería en Desarrollo Sustentable

6) Diseño Automotriz

7) Mecatrónica

8) Ingeniería en Computación

9) Ingeniería en Electrónica

10) Tecnologías de la Información

Varias de estas ya son requeridas por las empresas a pesar de que no todas las universidades en el país cuentan con un plan de estudios específico para ellas.

Las de menor éxito:

1) Enfermería

2) Turismo

3) Ecología

4) Historia

5) Diseño Gráfico

Las carreras con más dificultades, laboral y económicamente hablando, según la SEP.

También es pertinente retomar las críticas que demás expertos en la materia señalan, cuando se comenta que de manera cotidiana los jóvenes estudiantes confunden el éxito con la obtención de dinero pronto, además de no dejarse llevar por las “costumbres” de estudiar un área en la que definitivamente sí exista posibilidad de insertarse en el mercado laboral, pero la realidad es que para ello sean mínimas las posibilidades o bien, que pueda ser manejada la toma de decisión bajo un criterio ajeno a las grandes directrices en las que los mismos especialistas coinciden, que son: en el área de la biotecnología y ciencias de la vida, la de tecnología de la información y la de comunicación y tecnologías verdes de desarrollo sustentable además de no procurar entender las necesidades existentes en el mercado y preparar a la gente para atender esas insuficiencias por parte del estado, todo ello sin olvidar que muchos de estos jóvenes e incluso de profesionistas ya de varias generaciones anteriores, suelen pensar en sólo estudiar algo para ser beneficiados con una base y percibir un sueldo fijo, olvidando de fondo inclusive la ética profesional en la que se comprometieron a respetar al cursar sus estudios.

Es importante señalar que a menudo en nuestro país así como en el mundo, los jóvenes principalmente al confundir el éxito con la obtención pronta de dinero, muchas veces lo ponen en marcha sin siquiera pensar un poco en la manera de lograrlo. Esto se convierte entonces en una vertiente más en la que hay que esmerarse por aclarar mediante técnicas de orientación vocacional, pues el tema es común y lamentablemente se refleja en muchos oficios y profesiones.

Considerando que la constante actualización de los programas de orientación vocacional puedan ser sujetos a su aplicabilidad a través de un ordenamiento legal, como lo es la propia Ley General de Educación, presentamos esta propuesta para incluir la obligación del estado para brindar orientación vocacional a los alumnos sin importar que cursen su educación primaria, secundaria o preparatoria, para así evitar la deserción y estimular el buen desempeño académico, además de incluir en estos mismos niveles de educación, programas de estudio con planes de entrenamiento y destrezas específicas relacionados a las capacitaciones técnicas y talleres, para que los egresados de escuelas con capacitaciones técnicas en su caso, no presenten tantas dificultades para incorporarse al campo laboral.

La idea principal en esta materia, es que con apoyo a la información obtenida referente a los compendios y programas vigentes de las carreras técnicas y licenciaturas, así como de los talleres de artes y oficios impartidos en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, puedan ser fortalecidos los compendios para la impartición de orientación vocacional acorde a las necesidades existentes en el mercado laboral o bien, para que sirvan de soporte para la orientación de los alumnos en la mejor toma de decisiones sobre sus carreras técnicas o licenciaturas a cursar, de acuerdo a la vocación y formación del estudiante.

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona una fracción V y sus segundo, tercero y cuarto párrafos, al artículo 47 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 47. ...

De I. a IV. ...

V. Será obligatorio impartir talleres de orientación vocacional en todas las escuelas primarias, secundarias y preparatorias pertenecientes al estado, así como de aquellas que se encuentren certificadas por la Secretaría de Educación Públicas para impartir clases en estas modalidades.

Para ejercer la orientación vocacional, los docentes siempre deberán anteponer la vocación de servicio y la formación académica de los estudiantes.

Con el fin de mantener vigentes los compendios impartidos en los talleres de orientación vocacional, la secretaría convocará anualmente junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mesas de trabajo entre los docentes que impartan dichos talleres y los representantes de los consejos universitarios, rectores o de la dirección de gobierno respectivos, para actualizar y obtener información relevante a todas las carreras técnicas y licenciaturas consideradas como oferta educativa en el país, para generar las recomendaciones respectivas para incluir en sus programas de estudio un plan de entrenamiento y destrezas específicas sobre las profesiones enseñadas a sus egresados.

De igual manera y con el mismo fin, la secretaría impartirá de manera anual, talleres para sus propios docentes, para actualizar y obtener información relevante a todos los talleres de artes y oficios, impartidos en educación primaria, secundaria y preparatoria, con la finalidad de conocer los alcances y viabilidad de sus programas de estudio, acorde a las necesidades existentes en el mercado laboral.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2013.— Diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, el impacto ambiental en gran medida es consecuencia de diversos problemas sociales y económicos que afectan y trastocan los distintos ecosistemas que conforman nuestro hábitat.

No podemos omitir que México ha logrado grandes acciones para hacer frente a los retos que de materia ambiental se trata consolidando políticas, estrategias, legislación y normatividad, así como la creación de instituciones ambientales.

Entre las acciones para atender la grave problemática del deterioro ecológico en México destaca la creación, en 1992, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, que marcó un hito en la determinación de atender las violaciones que afectaban al medio ambiente pues sus facultades se ciñen a la observación de la normatividad ambiental, a través de la aplicación y la verificación del cumplimiento de ésta, atribución que solo se realiza a nivel federal.

Pese a estos avances en materia de legislación, normatividad y la creación de instituciones que se encaminan a enfrentar los desafíos y retos en materia de restauración, protección y conservación del medio ambiente, el cumplimiento de dicha legislación ambiental a nivel local sigue siendo un reclamo de la sociedad mexicana que no se ha atendido de manera integral.

El estudio de evaluación de la OCDE sobre el desempeño ambiental de México —a manera de síntesis— indica que la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales disminuyeron un estimado del 100 por ciento del PIB en 2000, al 7 por ciento y 2010, donde la cifra continúa siendo muy elevada. México debe de enfrentar compromisos difíciles en la consecuencia de los objetivos ecosistemas sociales y ambientales.

Al respecto también —cita este documento de evaluación a nivel estatal— con excepción de dos estados, todas las entidades federativas tienen Secretarías con funciones ambientales y algunas han desarrollado marcos legales ambientales.

A pesar de que el programa del desarrollo de instituciones ambientales brinda asistencia útil en términos generales, la capacidad de las instituciones ambientales estatales continúa siendo débil, por lo que se puede establecer que la observación, aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental a nivel local continúa siendo un gran reto y se puede constatar a través de la reciente evaluación de la regularización, que se examinaron aspectos sobre la ley en 18 normas evaluadas, la mitad demostró un gran nulo de baja aplicación.

Los principales retos para la observancia, aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental, federal y local consiste no solo en una estrategia de difusión de la información, como lo de la explicación en su incorporación a la vida diaria de la entidad, sino de mejorar un diseño de medidas de control de la actualización de estrategias y mecanismos de inspección, por lo que es imperante la participación constante de la ciudadanía y de los esfuerzos permanentes de los estados y municipios, quienes son garantes de hacer valer la ley en la entidad.

La degradación ambiental continúa por lo que la demanda, con sentido de urgencia y alta prioridad política para una nueva estrategia comprometida para promover el cumplimiento de la legislación ambiental, debe ser ya para resolver a favor de un desarrollo sustentable en México.

En este contexto, con la presentación de esta propuesta se pretende que la modificación que se realiza a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en las diversas disposiciones de la legislación federal de los estados y de los municipios, donde se ubica el mayor rezago para contribuir en la exacta observación, aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental que nos rodea. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Cristina Olvera Barrios, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78  del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

a. Planteamiento del problema

El impacto ambiental en gran medida es consecuencia de diversos problemas sociales y económicos que afectan y trastocan los distintos ecosistemas que conforman nuestro hábitat. Dichas modificaciones a nuestro entorno natural obedecen en gran medida a la explotación irracional de la riqueza que se encuentra en las materias primas existentes en la biosfera, al privilegiar su uso indiscriminado con la finalidad de incrementar la producción de bienes de consumo masivo, generando a nivel mundial una crisis no solo ambiental, sino de distribución de la riqueza generada bajo este modelo consumista desechable.

A pesar de los avances logrados en la ciencia y la tecnología, la contaminación que se genera día con día, ya sea en el aire, suelo o agua, ha dado como resultado que el cambio climático global sea una realidad inobjetable. Las modificaciones y, sobre todo, las consecuencias por la alteración, destrucción y agotamiento de los recursos naturales, ha propiciado el adelgazamiento de la capa de ozono, la grave pérdida de la diversidad biológica, la deforestación y desertificación, así como la escasez en la disponibilidad del agua en ciertas regiones del planeta y el caso de nuestro país en la zona del norte.

En México, al día de hoy, se han logrado grandes avances en materia de legislación y normatividad, los cuales se encaminan a enfrentar los desafíos y retos en materia de restauración, protección y conservación del medio ambiente; sin embargo, el cumplimiento de la dicha legislación ambiental sigue siendo un reclamo de la sociedad mexicana que no se ha atendido de manera integral.

No podemos perder de vista, la información que contiene el Estudio de Evaluaciones de la OCDE sobre el desempeño ambiental de México, el cual tiene la finalidad de presentar un análisis sobre los avances y retos a los que se debe  enfrentar el país, a manera de síntesis indica que “la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales disminuyeron de un estimado 10 por ciento del PIB en 2000 a 7 por ciento en 2010, donde la cifra continúa siendo muy elevada. México debe enfrentar compromisos difíciles en la consecución de sus objetivos económicos, sociales y ambientales”.

Por lo que con esta propuesta se pretende, es que la modificación que se realiza a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, permee en las diversas  disposiciones de la legislación federal, de los estados y de los municipios, donde se ubica el mayor rezago, para contribuir en la exacta observancia, aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental.

b. Argumentación

No podemos omitir que México ha logrado grandes acciones para hacer frente a los retos que de materia ambiental se trata, consolidando políticas, estrategias, legislación y normatividad, así como la creación de instituciones ambientales.

Como ejemplo de lo anterior encontramos la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente promulgada en 1998, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y recientemente la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Cambio Climático, entre otras; aunado a la publicación en el ámbito administrativo de diversos reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y por último la regulación voluntaria conocida como Normas Mexicanas (NMX); aunado a estas, existen otra disposiciones como los permisos y licencias ambientales que se determinan dependiendo del proceso y de los productos químicos que son utilizados.

Después de una lectura realizada a la legislación vigente, consistente en leyes federales, leyes estatales y reglamentos del sector emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), podemos precisar que son diversas las autoridades las que llevan a cabo la aplicación y el cumplimiento de lo estipulado. Entre las acciones de fondo para atender la grave problemática del deterioro ecológico en México, destaca la creación en 1992 y paulatino fortalecimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual al iniciar sus funciones, marcó un hito en la determinación de atender de fondo y profesionalmente las violaciones que afectaban al medio ambiente, pues sus facultades se circunscriben básicamente a “la observancia de la normatividad ambiental, a través de la aplicación y la verificación del cumplimiento de esta”, lo anterior con el firme propósito de contribuir al desarrollo sustentable, cubrir los requerimientos presentes sin comprometer a las próximas generaciones de satisfacer sus necesidades.

Además, la Profepa, también se auxilia para la realizar sus actividades del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, esta responsabilidad tan loable, solo la ejecuta a nivel federal, ya que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece el ejercicio de las atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en dicha legislación y en otros ordenamientos legales, es decir, que los estados de la república podrán establecer su normatividad ambiental, siempre y cuando esta no entre en conflicto con la LGEEPA o que la materia de lo que se busque regular sea facultad exclusiva de la Semarnat.

Al respecto, se cita en el documento de evaluaciones que “A nivel estatal, con excepción de dos estados, todas las entidades federativas tienen secretarías con funciones ambientales y algunas han desarrollado marcos legales ambientales. Pero, a pesar de que el Programa de Desarrollo de Instituciones Ambientales (PDIA) brinda asistencia útil en términos generales la capacidad de las instituciones ambientales estatales, esta continúa siendo débil. Desde una perspectiva global, existen obstáculos institucionales significativos para lograr la eficiencia y la coordinación. Estos incluyen la proliferación de leyes subsectoriales, la inflexibilidad presupuestal, la asignación exclusiva de recursos para programas y en específico, múltiples representaciones de los organismos federales a nivel estatal, así como programas ambientales cuyas reglas de operación entorpecen la explotación de las sinergias entre estos. Además los presidentes municipales tienen periodos de tres años sin posibilidad de reelección, lo cual contribuye a la débil planeación ambiental y al débil desempeño de los municipios”. Por lo anterior se puede considerar, que la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental continúa siendo un gran reto, como se plasma en que en  la “Reciente evaluación de las regulaciones examinó aspectos sobre la ley como una de cuatro variables, de las 16 normas evaluadas, la mitad demostró un grado nulo o bajo de aplicación y cumplimiento, 25 por ciento mostró un grado medio y el 25 por ciento  mostró un grado alto”.

Los principales retos para la observancia, aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental, consisten no sólo en una estrategia de difusión de la información, como de la explicación de su incorporación a la vida diaria de la entidad sino, de un mejor diseño de medidas de control, de la actualización de estrategias y mecanismos de inspección, por lo que es imperante la participación constante de la ciudadanía y del esfuerzo permanente de los estados y municipios, quienes son garantes de hacer valer la ley en la entidad.

Sin embargo, los logros alcanzados serán modestos comparados con lo que aún tenemos que enfrentarnos como sociedad. La degradación ambiental continua, por lo que la demanda con sentido de urgencia y alta prioridad política por una nueva estrategia comprometida para promover el cumplimiento de la legislación ambiental debe ser ya para resolver a favor de un desarrollo sustentable en México.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea el presente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la fracción V del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 32 Bis.A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. ... IV.

V. Vigilar y estimular a través de un estricto mecanismo de control semestral, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento irrestrictode las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría , la falta de observancia y cumplimiento por parte de las autoridades competentes, los hará acreedores de sanciones correspondientes en la legislación de la materia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Tercera edición de Evaluaciones de la OCDE sobre el desempeño ambiental: México 2013.

2 Leyes y Normas de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, información de la página electrónica: http://www.semarnat. gob.mx/leyesynormas/Pages/leyesfederales.aspx

3 Fracción I del artículo 118 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, página electrónica: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-279.pdf

4 Fracción VIII del artículo 1 y el artículo 4 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

5 Tercera edición de Evaluaciones de la OCDE sobre el desempeño ambiental: México 2013, página 41

6 Ibídem, página 53.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2013.— Diputadas: Cristina Olvera Barrios, Angelina Carreño Mijares, (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez:Gracias, señor presidente, con su permiso. Diputados y diputadas, buenas tardes. Espero que estén un poco más frescos que anoche.

¿Cuántas veces el mexicano y la mexicana acostumbran ir a las instituciones bancarias y depositar un ahorro, un pequeño patrimonio y no le avisa a nadie? Se queda en secreto para que nadie le pida prestado, para que nadie lo aborde.

Entre las funciones que desarrollan las instituciones de crédito está la recepción de todos los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo o con previo aviso, así como aceptar créditos, préstamos, depósitos bancarios de administración de títulos o valores.

En estas operaciones los titulares designan beneficiarios, a fin de que en caso de que exista un fallecimiento las instituciones de crédito entreguen el importe que corresponda a las operaciones a quien haya sido designado como beneficiario.

Sin embargo, en razón de que no existe un mecanismo que establezca la manera de notificar a los beneficiarios de la existencia de esa cuenta o cuentas bancarias depositadas a su favor en las instituciones de crédito, en forma común se presenta que por ignorancia no acuden a reclamar el patrimonio que durante su vida el titular de la cuenta tuvo a bien ahorrar o invertir. Esto con el fin de dejar algún patrimonio a sus beneficiarios o herederos en el momento que llegue la muerte.

En este último supuesto los fondos son depositados en una cuenta global por tres años. Si durante ese periodo no es reclamada la cuenta, por el depositante o inversionista, los recursos pasarán a la beneficencia pública.

En este sentido, es oportuno precisar que la falta de notificación al depositante o inversionista de manera personal sobre sus cuentas, previo a ser trasladadas a una cuenta global, indudablemente es contrario al derecho que se tiene como garantía de seguridad jurídica sobre su patrimonio ya que la ley solo señala que es efectiva la notificación en el domicilio que está señalado en el expediente.

Basta con dejar un sobre debajo de la puerta de una casa, sin tener la claridad que lo haya recibido por parte de algún titular o familiar o, en su caso, algún beneficiario.

Esto trae como consecuencia, compañeras y compañeros, que en ocasiones los propios funcionarios de las instituciones, a sabiendas de conocer respecto a estas cuentas y la vida personal de la persona, si no sufren movimiento en esos tres años, o ninguna persona acude, con esta información se presta a que efectúen acciones fraudulentas, falsifican documentos con el objetivo de apoderarse esos recursos de las cuentas bancarias. Ha sucedido.

Por tal motivo, es menester implementar estrategias relativas a regular y supervisar eficazmente la banca comercial, a fin de que desempeñe adecuadamente su función en beneficio de sus cuentahabientes.

Es importante modificar los preceptos que se refieren a la notificación de los titulares de las cuentas y de los beneficiarios de las mismas, en caso de que exista el fallecimiento del titular. Esto con la única finalidad de asegurar que los clientes del sistema bancario adquieran pleno conocimiento de que pueden ser afectados con la privación de sus recursos, o en caso de los beneficiarios, que tengan conocimiento de la existencia de esos recursos en determinada institución bancaria.

Ante tal escenario, la propuesta que presento a esta honorable asamblea va encaminada a exigir a las instituciones bancarias notificar personalmente de la cuenta o en su caso a quien se localice en el domicilio, verificando con identificación quién recibe esa notificación y en caso de no localizarlo hacerlo a través de un medio de comunicación, de un periódico o lo que surja, precisando que tiene más de tres años sin movimiento la cuenta y la imposibilidad de notificar al titular.

Con respecto a los beneficiarios, propongo que se instrumente un registro nacional de operaciones, el cual será operado, supervisado y vigilado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien además debe establecer las normas encaminadas a la protección de datos personales.

El registro de operaciones tendrá la función de recabar los datos de las cuentas bancarias y los beneficiarios de las mismas, a fin de que los registros civiles al momento de expedir un acta de defunción se señalen los nombres de los beneficiarios de las cuentas y la institución bancaria donde se pueden reclamar. No se señalará ni el tipo de la cuenta ni el monto.

Por último, les comento que es muy oportuno recordar que las instituciones de crédito reguladas por nuestro marco jurídico deben enfocarse con respecto a sus clientes a tutelar su patrimonio, asegurando que estará correctamente invertido y protegido, ya que dicho patrimonio podría tratarse del ahorro de años de esfuerzo para estar en posibilidades de poder solventar alguna emergencia o contingencia, ya que de no apegarse a esta función se podrá generar un efecto desalentador en las inversiones o ahorros productivos en el país.

En muchos países pasan cinco, seis, siete años, se identifican y devuelven el dinero. Aquí es el único país donde no sucede esto. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 56, y el primer párrafo del artículo 61, y se adiciona el inciso j) a la fracción IV del artículo 108, todos de la Ley de Instituciones de Crédito, y se adiciona una fracción XIV al artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es conocido que dentro de las funciones que desarrollan las instituciones de crédito, está la recepción de depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, aceptar préstamos y créditos, y depósitos bancarios en administración de títulos o valores, en estas operaciones los titulares deberán designar beneficiarios, a fin de que en caso de fallecimiento, las instituciones de crédito entreguen el importe que corresponda a las operaciones a sus respectivos beneficiarios.

Sin embargo, en razón de que no existe un mecanismo que establezca la manera de notificar a los beneficiarios de la existencia de cuenta o cuentas bancarias depositadas a su favor en las instituciones de crédito, se presenta comúnmente que por ignorancia de los beneficiarios no acuden a reclamar dicho patrimonio que durante su vida el titular de la cuenta tuvo a bien ir ahorrando o invirtiendo, a fin de dejar un patrimonio a sus beneficiarios o herederos en el momento de su muerte.

En este rubro relativo a la notificación de los depósitos de dinero que se hacen a los cuentahabientes a través de los distintos instrumentos bancarios, existe en nuestro marco jurídico lo plasmado en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a la letra dice: “El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de crédito.

Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo respectivo.

Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo.

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo dentro de los dos primeros meses de cada año.”

Es de observarse que esta disposición sólo aplica la notificación a los titulares de la operación bancaria, existiendo también la posibilidad de que puedan perder los recursos que hubieren depositado ante las instituciones bancarias con el objetivo de poder enfrentar algún imprevisto como puede ser un accidente, o enfermedad, o sólo realizo depósitos para mantener una cuenta de ahorro o plazo fijo sin efectuar movimientos por más de tres años. Procediendo que los fondos serán depositados en una cuenta global por tres años, si durante ese periodo no es reclamada la cuenta por el depositante o inversionista, los recursos pasará a la beneficencia pública.

En esta materia es oportuno precisar que la falta de notificación al depositante o inversionista de manera personal sobre sus cuentas, previo a ser trasladadas a una cuenta global, indudablemente es contrario al derecho que se tiene como garantía de seguridad jurídica sobre su patrimonio. Actualmente sólo se especifica que es efectiva la notificación en el domicilio que este señalado en el expediente, es decir, basta con que se deje en el buzón de correo o dejar el documento debajo de la puerta del domicilio para que dicha comunicación sea considerada efectiva, sin tener la claridad de la recepción por parte del titular de la cuenta, familiar, o en su caso por algún beneficiario.

En ocasiones se han presentado casos en los cuales los propios funcionarios de las instituciones de crédito a sabiendas de conocer respecto de las cuentas que no han sufrido movimientos durante tres años, y ninguna persona a acudido a reclamar los depósitos o a solicitar información de las cuentas, efectúan acciones fraudulentas o falsificación de documentos con el objetivo de apoderase de los recursos contenidos en las cuentas o inversiones.

En este sentido, es menester implementar estrategias relativas a regular y supervisar eficazmente a la banca comercial a fin de que desempeñe adecuadamente su función en beneficio de sus cuentahabientes, principalmente en la protección de los recursos de los millones de mexicanos que utilizan el sistema bancario para construirse un patrimonio para sí o pensando en un futuro para sus beneficiarios. Ante tal situación, debemos apegarnos al principio de que todo acto que implique la privación de un derecho debe cumplir determinadas formalidades o requisitos, entre ellos, el respeto a la garantía de audiencia, exigiendo una debida notificación que permita al afectado formular su defensa.

Por tal motivo, resulta trascendental hacer una analogía de este principio en la materia financiera, ya que es claro que las operaciones bancarias no representan un acto de autoridad, sin embargo, es innegable la responsabilidad de tutelar plenamente los derechos de los cuentahabientes, por ello, es importante revisar y modificar los preceptos que se refieren a la notificación de los titulares de las cuentas y de los beneficiarios de las mismas en caso de fallecimiento del titular, con la única finalidad de asegurar que los cliente del sistema bancario adquieran pleno conocimiento de que puede ser afectado con la privación de sus recursos, o en el caso de los beneficiarios tengan conocimiento de la existencia de recursos en determinada institución bancaria.

Según datos de la Asociación de Bancos en este tema, entre las cuentas inactivas, se ubican las de personas fallecidas, pensionados, enfermos y padres de familia que abrieron una inversión para sus hijos recién nacidos ya sea para contar con recursos en caso de imprevistos o para su educación.

Por último, es oportuno recordar que las instituciones de crédito reguladas por nuestro marco jurídico deben enfocarse con respecto a sus clientes a tutelar su patrimonio asegurando que estará correctamente invertido y protegido, ya que dicho patrimonio podría tratarse del ahorro de años de esfuerzo para estar en posibilidades de poder solventar alguna emergencia o contingencia, ya que de no apegarse a esta función, se podría generar un efecto desalentador de las inversiones o ahorros productivos para el país.

Por todo lo anteriormente expresado presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados el presente proyecto de

Decreto, por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 56, y el primer párrafo del artículo 61, y se adiciona el inciso j) a la fracción IV del artículo 108, todosde la Ley de Instituciones de Crédito, y se adiciona una fracción XIV al artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Quedando de la siguiente manera:

Artículo Primero: Se reforman el segundo párrafo del artículo 56, y el primer párrafo del artículo 61, y se adiciona el inciso j) a la fracción IV del artículo 108, todos de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 56. El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos. Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente párrafo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en coordinación con las entidades federativas y el Distrito Federal, establecerán los lineamientos del registro de operaciones, el cual, contendrá el nombre de la institución de crédito, tipo de operación bancaria a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, y beneficiario o beneficiarios, con el objetivo de que los registros civiles al expedir las actas de defunción incluyan los nombres de los beneficiarios de las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, así como la institución de crédito donde será entregado el importe, de acuerdo a las normas, circulares, reglamento o lineamientos que se establezcan entre las entidades federativas, el Distrito Federal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones estarán obligadas a informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de las operaciones y beneficiarios de las mismas a fin de dar cumplimiento de dichos lineamientos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el funcionamiento del registro, así como de los nombres de los beneficiarios que han acudido a la entrega del importe de las operaciones.

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

Artículo 61. El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya notificado personalmente al cliente en el domicilio que conste en el expediente respectivo, en caso de no encontrarse podrá entregarse la notificación a un familiar que se localice en el domicilio, previa identificación, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de crédito. Cuando no se pueda encontrar o no se tenga noticias del titular de la operación, la institución procederá a la publicación en diarios de circulación nacional, precisando los datos de las operaciones a que hace referencia el primer párrafo del presente artículo, señalando que no han reportado movimientos en los últimos tres años y cuyo titulares no han sido notificados personalmente en los domicilios registrados en la institución de crédito.

...

...

...

...

Artículo 108. Las infracciones a esta ley o a las disposiciones que sean emitidas con base en ésta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores serán sancionadas con multa administrativa que impondrá la citada comisión, a razón de días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, conforme a lo siguiente:

I. a la III.

IV. Multa de 5 mil a 20 mil días de salario.

a) a la i) ...

j) A las instituciones de crédito que no cumplan con los lineamientos, requisitos y obligaciones previstos en los artículos 56 y 61 de la presente ley.

Segundo. Se adiciona una fracción XIV al artículo 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Artículo 94. La Comisión Nacional estará facultada para imponer las siguientes sanciones:

I. a la XIII. ...

XIV. Multa de 500 a 2000 días de salario, a la institución financiera que no proporcione el importe de las cuentas previstas en la ley en la materia, a los beneficiarios expresamente señalados por sus usuarios, así como aquellas instituciones financieras que no cumplan con el procedimiento establecido para tal efecto.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las instituciones de crédito publicarán en tres diarios de circulación nacional; así como a través de su página electrónica de Internet y con carteles publicados en sus sucursales, lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito.

Tercero. El registro a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, deberá crearse en plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto y deberá actualizarse bimestralmente.

Cuarto. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en coordinación con las entidades federativas y el Distrito Federal, en un plazo no mayor a 120 días, establecerán las normas aplicables a la operatividad de dicho registro, así como lo relativo a la protección de datos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores será la autoridad encargada de la operatividad del registro.

México, DF, septiembre de 2013.— Diputados: Juan Isidro del Bosque Márquez, Leticia Calderón Ramírez, Miriam Cárdenas Cantú, Irma Elizondo Ramírez, María del Rocío Corona Nakamura, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gerardo Villanueva Albarrán, María del Rosario de Fátima  Pariente Gavito, Arturo Escobar y Vega, Ricardo Astudillo Suárez, Ernesto Núñez Aguilar, Carlos Octavio Castellanos Mijares, Rubén Acosta Montoya, Carla Alicia Padilla Ramos, Felipe Arturo  Camarena García, Martha Edith Vital Vera, Judit Magdalena Guerrero López, Federico José González Luna Bueno, Gloria Bautista Cuevas, Joaquina Navarrete Contreras, Mario Miguel Carrillo Huerta, Brasil Alberto Acosta Peña, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Frine Soraya Córdova Morán, Lisandro Arístides Campos Córdova, Gabriel Gómez Michel, Rosalba de la Cruz Requena, Verónica Carreón Cervantes, Zita Beatriz Pazzi Maza, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Patricia Guadalupe Peña Recio, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Ángel Abel Mavil Soto, Jorge del Ángel Acosta, Leopoldo Sánchez Cruz, Francisca González Vargas, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco, Diana Karina Velázquez Ramírez, María Esther Garza Moreno, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Minerva Castillo Rodríguez, Francisco Javier Fernández Clamont, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbricas).»

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Juan Isidro del Bosque Márquez.

Sonido en la curul del señor diputado Ricardo Astudillo Suárez. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente preguntarle a nuestro compañero expositor de la iniciativa, si no tiene inconveniente en que podamos suscribirla en conjunto con él nuestro coordinador, Arturo Escobar y Vega, Ernesto Núñez, un servidor y todo el grupo del Partido Verde, porque nos parece que ha dado una explicación con argumentos muy responsables que apuestan por el cuidado de los bienes de todas las familias de los mexicanos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Manifiesta que no tiene ningún inconveniente el proponente. Por lo que la Secretaría pondrá a su disposición la iniciativa.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional.

El diputado Domitilo Posadas Hernández:Muchas gracias, señor presidente. No había tenido la oportunidad de subir a tribuna, a raíz de su nombramiento y quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlo y desearle éxitos —como los está teniendo— en la conducción de la Mesa Directiva. Enhorabuena.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Domitilo Posadas Hernández.

El diputado Domitilo Posadas Hernández: El día de hoy presento ante esta honorable asamblea una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional, a fin de que el Congreso, a través de una comisión bicamaral, intervenga en el diseño de la política de seguridad nacional, con base en las siguientes consideraciones.

En México, a pesar de los avances registrados en la constitución de un régimen democrático, persisten amenazas que ponen en riesgo los avances logrados. Entre los peligros que asechan a la incipiente democracia mexicana se localiza de manera preocupante la exclusión del Poder Legislativo en la toma de decisiones en varios temas sustantivos de la agenda nacional.

Es pertinente hacer una pausa en este tema para recordar lo que señala un especialista en la materia –se abren comillas–: En el contexto del sistema político mexicano, ha sido frecuente denunciar la supremacía del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo como una de las causas tanto de la limitada democracia en México, como de la corrupción pública experimentada en el país en las últimas décadas. La debilidad del Poder Legislativo mexicano ha impedido una efectiva facultad de control del Legislativo sobre el Ejecutivo que involucre, desde luego, a toda la administración pública. Se cierran comillas.

Un ejemplo de lo que ocurre lo representa la política instrumentada en materia de seguridad nacional, tema en el que es necesario formular un profundo replanteamiento.

En el marco jurídico existente, la Ley de Seguridad Nacional aprobada en el año 2005, en lo que respecta al control que le corresponde al Poder Legislativo en el tema, no solo hace una pequeña referencia a la creación de la comisión bicamaral de seguridad nacional, integrada por tres senadores y tres diputados.

En nuestra opinión, resulta muy improbable que el Congreso pueda orientar e incidir en la estrategia a seguir en materia de seguridad nacional, pues las disposiciones de este ordenamiento solo mandatan entregar informes al Legislativo, a través del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Siguiendo con la línea argumentativa de fortalecer la capacidad revisora y de control del Congreso, superando las disposiciones meramente presupuestales, consideramos que es necesario ampliar sus capacidades en una materia tan relevante, como lo es la seguridad nacional, superando los lugares comunes que apuntan a la seguridad nacional como un tema del que debido a su importancia estratégica solo deben ocuparse cierta élites de la administración pública. Es necesario instrumentar un rediseño institucional para su ejecución, en el cual el Congreso ocupe el sitio que debiera corresponderle.

La acotada y marginal atribución que la actual Ley de Seguridad Nacional otorga al Poder Legislativo debe ser subsanada para convertir a dicho ordenamiento en un instrumento donde el Congreso pueda encontrar un asidero que le permita actuar con el vigor que corresponde en el tema.

En lo que respecta a otras naciones, en Colombia, el marco jurídico prevé la creación de una comisión legal parlamentaria de seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, entre cuyas funciones están la de producir un informe anual reservado dirigido a la Comisión Segunda Conjunta, con copia al presidente de la República, que dé cuenta del cumplimiento de los controles y garantías contenidos en la presente ley y formular recomendaciones para el mejoramiento del ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, así como de presentar recomendaciones para la formulación del Plan Nacional de Inteligencia.

En los Estados Unidos de América existe el Comité Selecto del Senado y el Comité Selecto Permanente de la Cámara de Representantes, los cuales deben ser informados de las tareas que se desarrollan en materia de inteligencia.

En opinión de Jorge Luis Sierra Guzmán, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, es lamentable que México no cuente con una comisión bicamaral de seguridad nacional fuerte, además de considerar que la participación del Poder Legislativo es el mecanismo más eficaz de control sobre las instituciones de inteligencia.

Con base en lo anterior expuesto hemos elaborado la presente iniciativa, con la intención de fortalecer la capacidad revisora del Congreso en el tema de seguridad nacional, contemplando inclusive la incorporación de propuestas provenientes del mismo, así como la instrumentación del mecanismo de rendición de cuentas por parte de las instancias responsables.

La búsqueda de la equidad entre poderes no puede ser tratada como un despropósito, sino como una clara intención de sentar las bases de un rediseño institucional que apunte al mejoramiento de la conducción de los asuntos públicos.

La relevancia del tema de la seguridad nacional ya no resiste el diseño proveniente de un pequeño círculo cuyas decisiones son adoptadas sin ningún mecanismo de rendición de cuentas, y termina por convertirse en un corolario de ocurrencias, más que de una verdadera política en la materia.

La evaluación oportuna del Congreso en el tema de la seguridad nacional posibilita una nueva etapa de cooperación entre poderes, cuyo devenir, tomando las medidas conducentes, es promisorio.

Diputado presidente, le solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 12, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

En México, pese a los avances registrados en la construcción de un régimen democrático, persisten amenazas que ponen en riesgo los avances logrados.

Entre los peligros que acechan a la incipiente democracia mexicana, se localiza, de manera preocupante, la exclusión del Poder Legislativo en la toma de decisiones en varios temas sustantivos de la agenda nacional.

Mientras algunos sectores de la opinión pública siguen viendo como algo natural el predominio del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones que afectan al país, sin ningún mecanismo de rendición de cuentas, pasando por alto los riesgos que ello representa en la edificación de una verdadera democracia, las medidas que gravitan en la vida de millones de mexicanos siguen siendo adoptadas sin la incorporación de ningún mecanismo que permita su revisión y, llegado el caso, su corrección oportuna.

Es pertinente hacer una pausa en el tema para recordar lo que señala una especialista en la materia: “En el contexto del sistema político mexicano ha sido frecuente denunciar la supremacía del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo como una de las causas tanto de la limitada democracia en México como de la corrupción pública experimentada en el país en las últimas décadas. La debilidad del Poder Legislativo mexicano ha impedido una efectiva facultad de control del Legislativo sobre el Ejecutivo que involucre, desde luego, a toda la administración pública”.

Un ejemplo de lo que ocurre lo representa la política instaurada en materia de seguridad nacional, tema en el que es necesario formular un profundo replanteamiento, superando la visión errónea en que incurrió la administración federal 2006-2012, al ocuparse sólo de uno de sus componentes: la seguridad pública.

En el marco jurídico existente, la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2005, respecto al control que corresponde al Poder Legislativo en el tema, sólo hace una pequeña referencia a la creación de una comisión bicamaral de seguridad nacional, integrada ésta por tres senadores y tres diputados.

En nuestra opinión, resulta muy improbable que el Congreso pueda orientar o incidir en la estrategia por seguir en materia de seguridad nacional, pues las disposiciones de este ordenamiento mandan sólo entregar informes al Legislativo, a través del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Recordemos que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se define la seguridad nacional así: “El concepto jurídico de seguridad nacional condensa una serie de objetivos e intereses estratégicos nacionales, tales como la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la preservación de la unidad de las partes integrantes de la federación; la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y el desarrollo económico, social y político del país como ejes en la preservación de la democracia”.

Dicha definición es muy amplia en sus componentes y objetivos, por lo que resulta muy arriesgado asignar el cumplimiento de sus objetivos sólo al Ejecutivo.

Por ello, y siguiendo con la línea argumentativa de fortalecer la capacidad revisora y de control del Congreso, superando las disposiciones meramente presupuestales, consideramos que es necesario ampliar sus capacidades en una materia tan relevante.

Cecilia Mora-Donatto nos recuerda: “En la tarea de fortalecimiento del Poder Legislativo deben contribuir todos los órganos internos del Congreso de la Unión y especialmente los instrumentos que, con base en nuestra Constitución, han sido diseñados para ejercer una supervisión legislativa más detallada de las actividades del Ejecutivo... Es, también, característica esencial del Estado constitucional que en el mismo se constituya un amplio sistema de controles de muy diversos tipos: jurisdiccionales, políticos y sociales. El control parlamentario es un control de carácter político cuyo agente es el Parlamento y cuyo objeto es la acción general del gobierno”.

Superando los lugares comunes que apuntan a la seguridad nacional como un tema del que, debido a su importancia estratégica sólo deben ocuparse ciertas “elites” de la administración pública, es necesario instaurar un rediseño institucional para su ejecución, en el cual el Congreso ocupe un sitio que debería corresponderle.

Se ha vertido gran número de opiniones acerca del desconocimiento de los legisladores en el tema, así como de los riesgos que significaría el ampliar la esfera de competencia, ante los riesgos que implicaría una mayor difusión entre un creciente número de actores participantes.

Argumentación

La acotada y marginal atribución que la actual Ley de Seguridad Nacional otorga al Poder Legislativo es motivo de preocupación y debe ser subsanada para convertir a dicho ordenamiento en un instrumento donde el Congreso pueda encontrar un asidero que le permita actuar con el vigor que corresponde en el tema.

Respecto a otras naciones, en Argentina existe la disposición en la norma correspondiente de crear una comisión bicamaral de fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior.

Por lo que concierne a Colombia, el marco legal prevé la creación de una Comisión Legal Parlamentaria de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y contrainteligencia, entre cuyas funciones están la de producir un informe anual reservado dirigido a la Comisión Segunda Conjunta, con copia al Presidente de la República, que dé cuenta del cumplimiento de los controles y garantías contenidos en la presente ley y formular recomendaciones para el mejoramiento del ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, así como presentar recomendaciones para la formulación del Plan Nacional de Inteligencia.

En Estados Unidos hay el Comité Selecto del Senado y el Comité Selecto Permanente de la Cámara de Representantes, los cuáles deben ser informados de las tareas que se desarrollan en materia de inteligencia.

Es claro que las facultades conferidas al Poder Legislativo en México contrastan con las dos naciones latinoamericanas señaladas, donde el Congreso tiene un sitio preponderante en el tema de seguridad nacional.

En el número 348 del 19 de agosto de 2013 de la revista Contralínea, que se edita en México, aparecen una serie de comentarios de legisladores y de especialistas en el tema de la seguridad nacional, los cuáles dan cuenta de las limitaciones que enfrenta el Congreso mexicano para poder desempeñar un papel preponderante en el tema, debido, entre otros factores, a lo que ya nos habíamos referido: una ley de seguridad nacional que se refiere de manera tangencial a la actuación del Poder Legislativo.

Por considerarlo de sumo interés, a continuación se transcriben las opiniones aparecidas en la publicación citada, formuladas por Jorge Luis Sierra Guzmán, especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional. El especialista lamenta que México no cuente con una comisión bicamaral de seguridad nacional fuerte, además de considerar que la participación del Poder Legislativo es el mecanismo más eficaz de control sobre las instituciones de inteligencia.

Además, se remite a las facultades que tienen los legisladores en la materia en países de Europa, en Canadá, Estados Unidos y algunas naciones de América Latina: “Cuentan con comisiones legislativas con un mandato muy fuerte, que supervisa la acción de los cuerpos de inteligencia. Supervisan no sólo las maneras de alcanzar las metas en materia de seguridad nacional, sino también la legalidad: la calidad legal de sus operaciones. Y controlan la integridad de los directivos de estos cuerpos de seguridad nacional”.

Con base en lo expuesto, hemos elaborado la presente iniciativa, con la intención de fortalecer la capacidad revisora del Congreso en el tema de seguridad nacional, contemplando inclusive, la incorporación de propuestas provenientes del mismo, así como la instrumentación de mecanismos de rendición de cuentas por parte de las instancias responsables.

Es tiempo de que la transición a la democracia supere el empantanamiento y los no pocos retrocesos que le han impedido consolidarse como un sistema político que rija los destinos del país.

La búsqueda de la equidad entre poderes no puede ser tratado como un despropósito, sino como una clara intención de sentar las bases de un rediseño institucional que apunte al mejoramiento de la conducción de los asuntos públicos.

La relevancia del tema de la seguridad nacional ya no resiste el diseño proveniente de un pequeño círculo, cuyas decisiones son adoptadas sin ningún mecanismo de rendición de cuentas, y termina por convertirse en un corolario de “ocurrencias” más que de una verdadera política en la materia.

La evaluación oportuna del Congreso en el tema de la seguridad nacional, de ninguna manera puede ser considerada como una intromisión en asuntos vedados, sino por el contrario, posibilita una nueva etapa de cooperación entre poderes, cuyo devenir, tomando las medidas conducentes, es promisorio.

Fundamento legal

La iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ordenamientos por modificar

Por lo expuesto y fundado, el suscrito, Domitilo Posadas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 12, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, a fin de que el Congreso, a través de una comisión bicamaral, intervenga en el diseño de la política de seguridad nacional.

Artículo Primero.Se reforma el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, adicionando una fracción XII, para quedar como sigue:

Artículo 12.Para la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad Nacional se establece el Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado por

I. El titular del Ejecutivo federal, quien lo presidirá;

II. El secretario de Gobernación, quien fungirá como secretario ejecutivo;

III. El secretario de la Defensa Nacional;

IV. El secretario de Marina;

V. El secretario de Seguridad Pública;

VI. El secretario de Hacienda y Crédito Público;

VII. El secretario de la Función Pública;

VIII. El secretario de Relaciones Exteriores;

IX. El secretario de Comunicaciones y Transportes;

X. El procurador general de la República;

XI. El director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; y

XII. Un diputado y un senador integrantes de la comisión bicamaral del Congreso de la Unión.

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional, para modificar la fracción II:

Artículo 57.La comisión bicamaral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Solicitar informes concretos al centro, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades;

II. Aprobar el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos;

III. Conocer el informe a que hace referencia el artículo 58 de esta ley;

IV. Conocer los reportes de actividades que envíe el director general del centro al secretario ejecutivo;

V. Conocer los informes generales de cumplimiento de las directrices que dé por escrito el secretario ejecutivo al director general del centro;

VI. Conocer de los acuerdos de cooperación que establezca el centro y las acciones que realicen en cumplimiento de esos acuerdos;

VII. Requerir al centro y a las instancias correspondientes los resultados de las revisiones, auditorías y procedimientos que se practiquen a dicha institución;

VIII. Enviar al consejo cualquier recomendación que considere apropiada; y

IX. Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 58 de la Ley de Seguridad Nacional.

Artículo 58. En el primer mesen que inicien los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, el secretario técnico del consejo deberá rendir a la comisión bicamaral un informe general de las actividades desarrolladas en el semestre inmediato anterior.

La comisión bicamaral podrá citar al secretario técnico para que explique el contenido del informe.

En los mismos plazos señalados en el párrafo primero de este artículo, la comisión bicamaral recibirá un informe semestral de las actividades desarrolladas por el Consejo de Seguridad Nacional, teniendo la facultad de solicitar la comparecencia de los funcionarios responsables a fin de conocer detalladamente la estrategia aplicada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Cecilia Mora-Donatto. “Instrumentos constitucionales para el control parlamentario”, en Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Biblioteca Jurídica Virtual. Disponible en http://www.juridicas.unam. mx./publica/rev/cconst/cont/4/art/art4.htm

2 Obra citada.

3 Revista Contralínea, número 348, México, 19 de agosto de 2013, página 34.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.— Diputados: Domitilo Posadas Hernández, Gloria Bautista Cuevas, Joaquina Navarrete Contreras, Mario Miguel Carrillo Huerta, Teresa de Jesús Mojica Morga, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Domitilo Posadas Hernández. Así será. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

La diputada Adriana González Carrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): Con objeto, presidente, de sumarme a la iniciativa que ha presentado el diputado Domitilo. Sobre todo, compartiendo la visión de que hay que fortalecer la instancia de control de seguridad nacional que nos hemos dado en el Congreso de la Unión.

Por ejemplo, ha venido ocurriendo que tenemos un acuerdo firmado para poder tener la comparecencia sobre los temas de espionaje de Estados Unidos de América en México y no se ha realizado dicha reunión. Entonces, me parece muy pertinente la iniciativa y, sobre todo, el traer a la mesa el tema que a todos nos atañe y que tenemos que atender de manera correcta.

Desde aquí un exhorto a la comisión, a su presidente, para a la brevedad realizar esta comparecencia.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención. No teniendo inconveniente el señor diputado, la Secretaría pondrá la iniciativa a su disposición.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Joaquína Navarrete. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): De la misma manera, pedirle al proponente, al compañero Domitilo. Es un tema de mucha relevancia para el país y en estos días se ha tenido a bien tocar ese punto tan importante para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sobre todo porque dio la exposición de motivos y una especificación muy amplia y sí debemos estar conscientes y coadyuvar los poderes, principalmente nosotros, como legisladores. Ojalá que todos podamos adherirnos. Le doy las gracias de que me lo permita.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No teniendo inconveniente el diputado Domitilo, ponemos la iniciativa a su disposición.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Lizbeth Rosas.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero(desde la curul): Gracias, presidente. De la misma forma que la diputada Adriana Carrillo, con quien formo parte de la Bicamaral de Seguridad Nacional, nos parece que este tema que presenta el diputado Domitilo es de suma importancia, sobre todo en razón de que desafortunadamente a veces se maniobra políticamente para evitar que estos temas tan trascendentales para la Cámara, que están conferidos en su responsabilidad en esta comisión que se integra por senadores y diputados, verdaderamente sea fortalecida con un marco legal que le permita ir a fondo precisamente en la indagación, en la investigación, en el conocimiento de los hechos en materia de seguridad nacional.

Hemos visto que desafortunadamente se evade esa responsabilidad. Ojalá y el presidente de esta comisión, del Grupo Parlamentario del PRI, asuma esa responsabilidad con mayor diligencia y logremos —en este periodo que vamos iniciando— tener una productividad mayor y mayores logros, sobre todo en la parte de la fiscalización y la revisión de la información que entregan nuestras áreas de inteligencia nacional. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. La iniciativa queda a su disposición y su dicho registrado en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lorena Méndez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Lorena Méndez Denis:Muy buenas tardes, presidente de la Mesa Directiva. La formación médica en México, a diferencia de otros estudios de nivel superior es impartida, evaluada y monitoreada por dos organismos de Estado. Es decir, las ciencias de la salud son resultado del trabajo conjunto que realizan las Secretaría de Educación Pública y de Salud, cada una en el ámbito de sus facultades.

En esta tesitura, podemos decir que los estudios en medicina reciben distintos nombres, según el centro educativo donde se curse. La duración de la carrera también es distinta. El tiempo generalmente es de seis años, pero se pueden encontrar variaciones, según la universidad en la que se cursen los estudios, llegando incluso a ser hasta de siete años.

Cada universidad, una vez certificada por la Secretaría de Salud, cuenta con toda libertad de elaborar sus propios planes de estudios, con la única limitante de que los contenidos temáticos deben estar diseñados dentro de un modelo de cuatro fases: la formación básica, los ciclos clínicos, el internado de pregrado y el servicio social.

Es importante señalar que el último año en toda escuela o facultad de medicina consiste en realizar un servicio social obligatorio, el cual debe cumplir independientemente de la institución educativa en la que se esté cursando la carrera.

La constitución de la reglamentación de la educación en los hospitales deriva de una larga data, iniciando poco antes del comienzo del siglo XX en Alemania, Australia, Francia e Inglaterra. Poco después llegó al Continente Americano, teniendo el dato más antiguo en Estados Unidos de América, donde en 1904 se dio formalmente el internado y las residencias médicas.

En nuestro país se ha recorrido un largo camino, a fin de lograr formalizar la aplicación de conocimientos teóricos en la realidad de los enfermos. Fue entonces que en el año de 1906 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo plan de estudios para la carrera de medicina, en el cual se decretó que a partir del quinto año deberían realizar prácticas en el hospital, a fin de mejorar la calidad en su preparación.

Para 1912 se incluyó el término internado, contenido en el nuevo plan de estudios, publicado también en el Diario Oficial de la Federación, en el que se estipuló que los alumnos del sexto año de la carrera de medicina deberían permanecer dentro de un hospital para atender personalmente y bajo su responsabilidad los casos médicos.

Sin embargo, a consecuencia de la inestabilidad sociopolítica del país, vivida durante 1910 y 1930, tales lineamientos no se generalizaron y solo los alumnos que manifestaron el deseo de profundizar sus conocimientos en algunas de las ramas de la medicina realizaban prácticas para adquirir destrezas en el área de su interés.

Actualmente, los estudios en medicina y las residencias que deben cumplir los estudiantes de esta carrera están regulados —principalmente— por una norma oficial mexicana, la NOM-001SSA3-2012, la cual especifica las relaciones entre el sistema educativo y el de salud, así como principalmente el uso de las sedes médicas para la educación de los alumnos.

No obstante, la norma oficial mexicana en comento no contempla regulación alguna en relación a los horarios que deberían cubrir los pasantes en medicina en la unidad médica durante el tiempo en el que permanezca en calidad de residente.

La tendencia histórica instalada de que los médicos y estudiantes deben permanecer por largas jornadas laborales en los hospitales debe ser anulada, tomando en consideración los graves errores que los profesionistas pueden llegar a cometer debido a la falta de descanso.

Se debe dejar de tratar a los jóvenes profesionales como trabajadores y comenzar a hacerlo como lo que son: estudiantes de la salud en formación. Importantísima diferencia, ya que bajo la excusa de que están aprendiendo, los residentes médicos son sometidos a la misma responsabilidad de cualquier otro médico y son utilizados como mano de obra barata en los hospitales de todo el país.

En algunas partes del país persisten las jornadas laborales de hasta 24 horas seguidas, llegando a trabajar —algunos de los médicos— inclusive 36 horas, principalmente por la falta de personal en los diversos turnos y la corrupción existente en el sistema de salud, con motivo de la falta de plazas o de aviadores que llenan listas de la nómina en este sector.

El camino es difícil, ya que son muchos años de llevar a cabo este modelo de formación de los llamados recursos humanos de la salud, ya que las guardias deberían ser realizadas por médicos de planta, pero no es así y son muchos los casos que los residentes terminan por hacer el trabajo de otros.

En varios países de Europa, Estados Unidos de América, Brasil y Argentina existen prohibiciones de que los residentes de medicina no puedan trabajar más de 12 horas seguidas. Lo anterior, a raíz de la realización de diversos estudios que han revelado que aquellas personas que experimentan largos periodos en vigilia sufren importantes alteraciones en su fusión psicomotora, como lo haría la concentración de alcohol en la sangre, equivalente a 0.8 gramos por litro, cantidad mayor a la permitida para los conductores, de conformidad con el Reglamento de Tránsito vigente para el Distrito Federal.

Investigaciones de la Universidad de Harvard siguieron el desempeño de 20 residentes durante su rotación por terapia intensiva y describieron que aquellos estudiantes que trabajaron de entre 24 y 30 horas seguidas cometieron un 36 por ciento más de errores, considerados graves, en el cuidado de los pacientes y equivocaron el diagnóstico hasta cinco veces más que aquellos que trabajaron turnos inferiores a 16 horas.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: Decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo.

Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue.

Muchas gracias presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Lorena Méndez Denis , integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La formación médica en México, a diferencia de otros estudios de nivel superior es impartida, evaluada y monitoreada por dos organismos de Estado, es decir, las ciencias de la salud son resultado del trabajo conjunto que realizan las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, cada una en el ámbito de sus facultades.

En esta tesitura, podemos decir que los estudios en medicina reciben distintos nombres según el centro educativo donde se curse, la duración de la carrera también es distinto, el tiempo generalmente es de 6 años, pero se pueden encontrar variaciones según la universidad en la que se cursen los estudios llegando incluso a ser hasta 7 años.

Cada universidad una vez certificada por la Secretaría de Salud cuenta con toda libertad de elaborar su propio plan de estudios, con la única limitante de que los contenidos temáticos deben estar diseñados dentro de un modelo de cuatro fases: la formación básica, los ciclos clínicos, el internado de pregrado y el servicio social.

Es importante señalar que el último año en toda escuela o facultad de medicina consiste en realizar un servicio social obligatorio, el cual se debe cumplir independientemente de la institución educativa en la que se esté cursando la carrera.

La constitución de la reglamentación de la educación en los hospitales deriva de una larga data, iniciada poco antes del comienzo del siglo XX en Alemania, Australia, Francia e Inglaterra; poco después llegó al Continente Americano teniendo el dato más antiguo en Estados Unidos donde en 1904 se dio formalmente el internado y las residencias médicas.

En nuestro país se ha recorrido un largo camino, a fin de lograr y formalizar la aplicación de conocimientos teóricos en la realidad de los enfermos. Fue entonces que en el año 1906 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo plan de estudios para la carrera de medicina, en el cual se decretó “que a partir del quinto año deberían de realizar prácticas en el hospital, a fin de mejorar la calidad en su preparación”.

Para 1912 se incluyó el término internado, contenido en el nuevo plan de estudios, publicado también en el DOF, en el que se estipuló “que los alumnos del sexto año de la carrera de medicina deberían permanecer dentro de un hospital para atender personalmente y bajo su responsabilidad los casos médicos”.

Sin embargo, a consecuencia de la inestabilidad socio-política del país vivida durante 1910 y 1930, tales lineamientos no se generalizaron, y sólo los alumnos que manifestaran el deseo de profundizar sus conocimientos en alguna de las ramas de la medicina realizaban prácticas para adquirir destreza en el área de su interés.

Actualmente, los estudios en medicina y las residencias que deben cumplir los estudiantes de esta carrera están regulados principalmente por una norma oficial mexicana (NOM-001-SSA3-2012) la cual especifica las relaciones entre el sistema educativo y el de salud, así como principalmente el uso de las sedes médicas para la educación de los alumnos.

No obstante, la NOM en comento no contempla regulación alguna en relación con los horarios que deberán cubrir los pasantes en medicina en la unidad médica durante el tiempo en el tiempo en el que permanezca en calidad de residente.

La tendencia históricamente instalada, de que los médicos estudiantes deben permanecer por largas jornadas laborales en los hospitales debe ser anulada, tomando en consideración los graves errores que los profesionistas pueden llegar a cometer debido a la falta de descanso.

Se debe dejar de tratar a los jóvenes profesionales como trabajadores, y comenzar a hacerlo como lo que son, estudiantes de la salud en formación, importantísima diferencia, ya que bajo la excusa de que están aprendiendo, los residentes médicos son sometidos a las mismas responsabilidades de cualquier otro médico, y son utilizados como mano de obra barata en los hospitales de todo el país.

En algunas partes del país persisten las jornadas laborales de hasta 24 horas seguidas, llegando a trabajar algunos de los médicos inclusive 36, horas principalmente por la falta de personal en los diferentes turnos y la corrupción existente en el sistema de salud con motivo de la falta de plazas o de aviadores que llenan la lista de la nómina en este sector.

El camino es difícil, ya que son muchos años de llevar a cabo este modelo de formación de los llamados recursos humanos de la salud, ya que las guardias deberían ser realizadas por médicos de planta; pero no es así, y son muchos los casos que los residentes terminan por hacer el trabajo de otros.

En varios países de Europa, Estados Unidos, Brasil y Argentina existe prohibición expresa de que los residentes de medicina no pueden trabajar más de 12 horas seguidas.

Lo anterior a raíz de la realización de diversos estudios que ha revelado que aquellas personas que experimentan largos periodos en vigilia sufren importantes alteraciones en su función psicomotora, como lo haría la concentración de alcohol en la sangre equivalente a 0.8 gramos por litro, cantidad mayor a la permitida para los conductores de conformidad con el reglamento de Tránsito vigente para el Distrito Federal.

Investigaciones de la Universidad de Harvard siguieron el desempeño de veinte residentes durante su rotación por terapia intensiva, y describieron que aquellos estudiantes que trabajaron entre 24 y 30 horas seguidas cometieron un 36 por ciento más de errores considerados graves en el cuidado de los pacientes, y equivocaron el diagnostico hasta cinco veces más que aquellos que trabajaron turnos inferiores a 16 horas.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VII al Artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo para quedar como siguen:

Artículo 353-D.Son obligaciones especiales del médico residente, las siguientes:

[...][...][...]

VII. Cumplir diariamente una jornada laboral de 8 horas diarias, con independencia de los horarios de servicio de la unidad médica a la que se esté adscrito.

Para el caso de las guardias, se cubrirán sin exceder el número de horas equivalente a una jornada laboral ordinaria, hasta un máximo de tres veces por semana con intervalos por lo menos de dos días de descanso. 

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.— Diputados: Gabriel Gómez Michel, Claudia Elena Águila Torres, Uriel Flores Aguayo (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lorena Méndez. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.*

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden el día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Tiene la palabra, por 10 minutos, el diputado José Isabel Trejo Reyes, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado José Isabel Trejo Reyes:Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputadas y honorables diputados del Congreso de la Unión, hoy vengo aquí a esta tribuna para dar a conocer a ustedes la esencia de lo discutido y aprobado por la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados, relacionado con la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Todos ustedes saben que la discusión en materia del contenido de la Ley de Ingresos ha sido ampliamente discutido en foros de la Cámara de Diputados, en foros de la Cámara de Senadores, en medios de comunicación, entre los grupos parlamentarios, en los partidos políticos, como deben ser las leyes económicas de este país.

Finalmente, es el dinero del pueblo el que se discute, de cómo el pueblo de México contribuye para los ingresos para que el Estado mexicano lo distribuya a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Hubo cambios y quiero precisar para el Diario de los Debates las cantidades con puntualidad, en términos cerrados. El dictamen está publicado y aparece ahí con precisión, con pesos y centavos las cantidades.

El Ejecutivo federal mandó a esta Cámara de Diputados una Ley de Ingresos, que calculaba para el año 2014 una cantidad de 4 billones 479 mil millones de pesos. Después de los ajustes, de los debates y de las aprobaciones en la Cámara de Diputados, el día de ayer, la cantidad ha sufrido una merma de cerca de 10 mil millones para quedar en 4 billones 470 mil millones de pesos.

Los ajustes, señoras diputadas y señores diputados, obedecen en función a que en la discusión se tuvo una baja en la recaudación pronosticada en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se tuvo una disminución en lo calculado en la Ley del Impuesto sobre la Renta que rebasó los 55 mil millones de pesos, cantidad que fue compensada con un incremento del precio de barril de exportación de 81 dólares a 85 dólares, lo que implica un incremento de 45 mil millones de pesos, y un mejor aprovechamiento de los bienes de la nación le van a permitir al país 5 mil millones de pesos más. De tal manera que ahora tendrá que ajustarse el gasto de la federación en cerca de 10 mil millones de pesos.

Diputados y diputadas, estamos decidiendo a tiempo, de conformidad con la ley. Estamos decidiendo también de conformidad con el espíritu y la intención de la ley de aprobarse antes del 20 de octubre.

Ustedes saben que la Ley de Ingresos venía aprobándose hasta diciembre y provocaba incertidumbres de los ingresos del Estado. En un contexto en donde la incertidumbre económica sigue permeando en el mundo, lo que exigen los mercados financieros y también los mercados políticos es una definición en los ingresos de las naciones.

Los mercados, los inversionistas y las familias desean saber de la certidumbre del ingreso del gobierno. Por eso es importante, no solamente la certidumbre en la carátula de la Ley de Ingresos, sino que la decidamos a tiempo. El 20 de octubre es fecha fatal para que esta Cámara de Diputados vote esta Ley de Ingresos.

Decía y digo: son los impuestos del pueblo mexicano los que se contemplan en esta Ley de Ingresos. Es el ingreso del petróleo de los mexicanos lo que se contempla en esta Ley de Ingresos. Y es una cantidad millonaria de préstamos que va a solicitar el gobierno federal para el gasto, préstamos que tendrá que gastar, pero también pagar el pueblo mexicano.

Esta Ley de Ingresos, que es la más alta en la historia, no solamente en términos nominales, sino en términos reales en comparación de cualquier referente de la historia, es una cantidad de ingresos suficientes para enfrentar las exigencias del gasto del año 2014.

¿Por qué es importante el tiempo y también la forma? La discusión fue amplia en esta Cámara de Diputados. Ésta es la representación más pura del pueblo mexicano. Los representantes del pueblo de México van a decir hoy cómo se dota al Estado mexicano de sus ingresos y antes del 15 de noviembre la Cámara de Diputados dirá cómo se gasta. El tiempo es importante.

Lo más importante —adicionalmente— debo decir, compañeras y compañeros diputados, es que estamos decidiendo. Hay países como Estados Unidos de América que no ha decidido su política fiscal de ingresos aún para el 2014 y metiendo en la incertidumbre a la economía de México y a la economía del mundo. Ellos tienen una definición hasta el mes de febrero. Nosotros hoy vamos a tomar una definición hasta el mes de diciembre de 2014.

Hay certidumbre en los ingresos. Hay certidumbre en los ingresos en esas tres grandes columnas de los ingresos mexicanos. A tiempo para que nuestros compañeros senadores en la Cámara alta discutan desde ahora mismo con la carátula determinada si ratificarán los ingresos o le harán modificaciones. Tenemos hasta el 31 de octubre. Estos plazos que ha determinado la ley y que son buenos, hay quien dice que aún más debemos modificarlos para darle certidumbre al Estado mexicano.

¿Qué estamos diciendo con esto a los estados, a las entidades federativas, a los municipios? Con lo que les toca ya pueden hacer su presupuesto de egresos. Ya pueden ir proyectando sus planes de gobierno. La estabilidad macroeconómica del país, aún en la incertidumbre, está reflejada en la certidumbre de los ingresos en esta ley.

Podremos no estar de acuerdo las bancadas en muchas cosas, como se demostró ayer. Pero hoy va a salir un mensaje de acuerdo entre las bancadas en la Cámara de Diputados en materia de ingresos para darle estabilidad macroeconómica a nuestro país. Va a salir de un gran acuerdo mayoritario por los votos de la mayoría de los diputados de la Cámara. Eso no es poca cosa en un entorno difícil, en donde los propios legisladores con nuestro socio comercial no lo han podido hacer.

Se ha dicho que a veces nos enfrascamos en nuestras posturas políticas, legítimas, sí, pero lejos de no encontrarnos, la Ley de Ingresos es un punto de encuentro.

La Comisión de Hacienda está presentando las modificaciones. No hay un gran movimiento en relación con la que presentó el presidente a la que estamos presentando. La modificación no va más allá de un 3 por ciento de los ingresos presupuestarios, no va más allá de 1.4 del total de los ingresos que se presupuestaron. Es decir, la Cámara de Diputados le está respetando su visión de ingreso al Ejecutivo. Está coadyuvando, no exento de discusión, no exento de polémica, no exento de visiones de las diferentes bancadas. Pero estructuralmente estamos respetando los ingresos que ha pedido el Ejecutivo.

En 2014 entonces la Cámara de diputados tendrá —además— con la nueva reforma que hicimos al Presupuesto, a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dos cláusulas claras en el artículo 107 de esa ley, en donde esta Cámara de Diputados va a poder contar en abril, con precisión, todo lo relacionado con el endeudamiento, todo lo relacionado con el endeudamiento público, que para el 2014 llega a los 560 mil millones y un techo adicional de 10 mil millones de dólares.

Está garantizado el gasto, porque está garantizado el ingreso. No vamos a esperar recortes del gasto en el 2014. Esto le da certidumbre a los programas, le da certidumbre al gasto corriente del gobierno, le da certidumbre a las inversiones, le da certidumbre a uno de los principales componentes de la estabilidad económica que es el gasto público.

Esperamos, compañeras diputadas y diputados, que los datos que están en la carátula y en el contenido y estos datos que les estoy dando en mi calidad de presidente y a nombre de la Comisión de Hacienda los dejen con la condición de que es un trabajo no exento de discusión, no exento de polémica, pero tampoco no exento de un análisis profundo en grupos de trabajo, en la comisión y en este propio pleno de la Cámara de Diputados.

Es un buen instrumento la Ley de Ingresos. Los últimos años en los que el PAN gobernó siempre tuvo el apoyo de la Cámara de Diputados en todas sus leyes de ingresos y ese es un compromiso de la alternancia democrática. Esperamos su voto. Muchas gracias, diputadas y diputados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado José Isabel Trejo Reyes. Está a discusión en lo general. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 es una radiografía de la realidad económica, hacendaria y social de nuestro país.

La estructura de los ingresos públicos, la proporción que representan respecto al producto interno bruto y la vinculación que tienen con las prioridades presupuestales nos muestran los temas en los que tenemos que trabajar para que nuestra hacienda pública sea sostenible y efectiva para cumplir con las obligaciones del Estado.

Mi Grupo Parlamentario, Nueva Alianza, tiene claro que la situación económica que experimenta México es complicada, que estamos en un proceso de desaceleración que tendrá efectos en la generación de empleos, en la actividad productiva y en el bienestar social.

Es previsible una importante disminución de la recaudación tributaria, que obliga a encontrar alternativas para financiar el gasto público programado para este ejercicio 2013.

La misma situación se aplica para el ejercicio 2014, a pesar de los ingresos adicionales que generará la reforma hacendaria y de que se decidió incrementar el precio del barril de petróleo de 81 a 85 dólares.

Pero nos preocupa que se tenga que recurrir al instrumento del déficit fiscal para financiar las necesidades del gasto público, porque siempre se corre el riesgo de que la inercia del gasto público incorpore el instrumento del déficit, como un componente constante para complementar los ingresos públicos.

Esta situación podría generar una dinámica nociva, que consiste en hacer sistemático el endeudamiento público para financiar las obligaciones del Estado, sobre todo si el gasto público tiende a concentrarse en gasto corriente y no en una inversión en desarrollo de infraestructura o desarrollo social.

Ya padecimos un fenómeno en el pasado reciente y sería reconfortante que pudiéramos entre todos establecer mecanismos para evitar la vuelta de esos escenarios. La Ley de Ingresos que hoy discutimos y a la que Nueva Alianza otorgará su voto a favor, en lo general, ha estado determinada por la reforma hacendaria que acabamos de aprobar.

Apoyamos la reforma hacendaria, porque de entrada incrementa los ingresos del Estado y establece diversas disposiciones para corregir distorsiones de nuestro sistema tributario. Sin embargo, la discusión en torno a los ingresos públicos para el ejercicio 2014 debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de seguir avanzando, porque si observamos la estructura que nos presenta la Ley de Ingresos confirmamos una vez más que las finanzas públicas dependen en una tercera parte de la renta petrolera.

Tenemos que trascender esta situación con una perspectiva de largo plazo que otorgue sostenibilidad a la hacienda pública nacional y que proporcione bases de sustentabilidad al desarrollo económico y social, y es parte de nuestra gran responsabilidad.

Asimismo la propia carátula de la Ley de Ingresos nos revela una vez más que la recaudación tributaria propiamente dicha; es decir, la que no tiene relación con los hidrocarburos, tiene una participación muy baja en la estructura de los ingresos del Estado mexicano.

Es por ello que Nueva Alianza reitera lo que manifestó en los diferentes debates sobre la reforma hacendaria, en el sentido de que es indispensable ampliar sustancialmente la base de contribuyentes, así como seguir cerrando los resquicios que permiten prácticas de elusión y evasión de impuestos.

Efectivamente, es cierto, los que más tienen que paguen más. Pero que en concordancia con el principio de proporcionalidad también que paguen los que nunca pagan. Tenemos que intensificar los trabajos y generar los acuerdos necesarios para el que sistema tributario mexicano incremente de manera gradual y creciente su capacidad recaudatoria, hasta alcanzar niveles similares a otros países con los cuales podemos establecer una comparación.

En países como México caracterizados por una profunda desigualdad social, un alto porcentaje de la población en situación de pobreza, un inaceptable bajo nivel de satisfacción de los derechos sociales y un constante deterioro de la cohesión social la política tributaria debe entonces enfocarse como un poderoso instrumento de redistribución del ingreso y la riqueza.

En el contexto de lo anteriormente expuesto, estamos a favor en lo general del dictamen de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2014. Reiteramos nuestro objetivo de hacer del sistema tributario un instrumento sólido, diversificado, sostenible, legítimo y funcional para que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones sociales que establece la Constitución y genere condiciones para el crecimiento económico y la convivencia armónica de una sociedad cada vez más plural y más demandante.

Aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento muy sincero a los integrantes de la Comisión de Hacienda, sobre todo al presidente de la misma, nuestro compañero diputado José Isabel Trejo, por el esfuerzo que aquí se resume. Por su atención, muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada María Sanjuana Cerda Franco. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de ayer —y ahora seguramente no será la excepción— la hipocresía y la incongruencia seguirá marcando el discurso de aquellos que pretenden esconder la responsabilidad en la aprobación de mayores y nuevos impuestos a los mexicanos.

La realidad es que cualquiera que sea la posición del PRI y del PAN, el PAN históricamente ha impulsado el aumento y la generalización del IVA. El PRI históricamente se ha opuesto al IVA. Pero hace un par de meses, en una asamblea que podríamos calificar de vergonzante, en virtud de que entre cuatro mil delegados no hubo uno solo que argumentara ni a favor ni en contra de la modificación de sus estatutos básicos para dar paso al incremento al IVA.

La novedad es que ahora una parte de la izquierda ubicada en el PRD ha apoyado, en un acontecimiento que podríamos calificar de histórico, la aprobación de un impuesto, cuando esa responsabilidad la asumen invariablemente los partidos en el poder.

La economía es cada vez más política y cada vez con mayor frecuencia la política es también economía. Aquí en esta Cámara la mayoría que aprobó el atraco del paquete hacendario no entiende que las medidas económicas rebasan con mucho el ámbito de la economía.

Las dificultades económicas de la población pueden convertirse en un problema político y forzarnos a moderar la carga fiscal que aquí le han impuesto el PRI y una parte del PRD.

Con una economía paralizada, sin perspectiva favorable y sin un plan de emergencia frente a los impactos de una economía mundial en crisis, no es la mejor solución cargar al contribuyente con una carga de nuevos y mayores impuestos.

Tenemos claro que el gobierno requiere disponer de los recursos suficientes para cumplir con sus funciones básicas, pero hay otras formas de fortalecer las finanzas públicas sin aumentar impuestos y sin endeudar a las próximas generaciones.

La reforma hacendaria en su conjunto no establece ningún mecanismo de austeridad, unos cuantos datos para documentar su viabilidad. Actualmente la administración pública consume solo en servicios personales más de un tercio del gasto corriente. En 2013 solo 2.9 de los funcionarios acapararon 22 por ciento de la nómina.

De 2000 a 2012 el gasto devengado en servicios personales en todos los órdenes y niveles de gobierno creció 141 por ciento. Otro de los graves problemas para lograr el gasto eficiente es la corrupción.

La OCDE ha trazado —ahí les va este dato, espero que lo registren— que en el rubro de compras gubernamentales el gobierno se podría ahorrar 120 mil millones de pesos, cada año si se implementaran mecanismos eficientes y transparentes de licitaciones, compras y asignaciones; es decir, la mitad de lo que se espera recaudar con la nueva reforma.

Un par de ejemplos más. La ordeña de los ductos de Pemex equivale a 12 mil millones de pesos anuales. El comercio informal del país tributa con 25 mil millones de pesos anuales en mordidas y sobornos a inspectores de vía pública.

La desaparición de la consolidación fiscal no fue más que una cortina de humo. Este sistema de privilegios solo cambió de nombre a Régimen Opcional de Grupos de Sociedades, mientras los pequeños y medianos contribuyentes sufrirán un agravio sostenido en virtud de la reforma aquí aprobada.

En el periodo de 2000 a 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha devuelto a las grandes empresas integradas en estos esquemas fiscales 1 billón 641 mil millones de pesos. La aportación por parte de estas empresas seguirá siendo en promedio de 1.78 por ciento, que es lo que pagan actualmente las 420 empresas más grandes del país.

Podríamos decir —con toda razón— que aquí está —avalado por el PRI y por una parte del PRD— el capitalismo de cuates a todo lo que da.

Termino presidente. Igualmente, se aumentó el IVA en los estados fronterizos. El esquema recaudatorio del gobierno no para en estos impuestos, sino que contempla hacer crecer la deuda alrededor de 246 mil 400 millones de pesos. Esto no es reformar el sistema fiscal del país, sino deformarlo. Y para colmo del engaño se nos quiso hacer creer que la mayor parte del incremento impositivo se reflejaría en un mayor gasto social, a través de la pensión supuestamente universal y el limitado seguro de desempleo.

Por todo lo anterior, Movimiento Ciudadano rechaza categóricamente el presente dictamen, por no estar a la altura de las necesidades del país y traicionar a los mexicanos. Votaremos en contra, porque no aceptamos ni un impuesto más sin transparencia en el gasto, sin rendición de cuentas y sin un combate efectivo a la corrupción. Ni un impuesto más sin servicios públicos de calidad.

Votaremos en contra, porque no aceptamos ningún impuesto más, mientras el gobierno no sea capaz de proponerse un programa elemental de austeridad y de combate a la corrupción. Solo hasta entonces se podrá hablar de una reforma fiscal ciudadana, no del atraco fiscal que ha perpetrado una mayoría vergonzante y antipopular en esta Cámara. Muchas gracias, por su atención. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Alfonso Durazo Montaño. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Federico González Luna Bueno.

El diputado Federico José González Luna Bueno:Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados, el dictamen que hoy se presenta a discusión de este pleno es el resultado de un intenso trabajo legislativo, en donde hemos tratado de preservar lo esencial: la estabilidad económica y financiera en el país a partir de la solvencia de las finanzas públicas, siendo éste un requisito indispensable para generar crecimiento.

El trabajo legislativo de esta soberanía ha permitido desechar algunas propuestas que afectaban de manera importante algunos segmentos sensibles de la sociedad. Esta situación impactó en la recaudación proyectada en el proyecto de Ley de Ingresos del Ejecutivo federal original por poco más de 55 mil millones de pesos, que dejarán de percibirse a causa de las modificaciones realizadas por esta Cámara de Diputados.

Sin embargo, esto más que un obstáculo para el desarrollo nacional representa una oportunidad que las autoridades tributarias pueden y debe aprovechar para mejorar la utilización de los recursos y hacer más con menos.

Esta reducción de los ingresos ha tenido también un impacto sobre el nivel del déficit fiscal, endeudamiento y el precio del petróleo, variables que si bien nos han permitido manejar este hueco tributario, también han sido tratadas con responsabilidad y estrategia económica de largo plazo.

El aumento del precio del petróleo —de 81 a 85 dólares por barril— permitirá no solo hacer una presupuestación de ingresos al alza, sino más realista respecto a las condiciones del mercado, provocando con ello que los recursos sean adecuadamente distribuidos desde la ley y no existan excedentes bajo la discrecionalidad del Ejecutivo.

De igual forma, la modificación de la estimación del tipo de cambio de 12.6 a 12.9 pesos por dólar nos representa un escenario más real en el mercado cambiario que se proyecta para nuestro país para el siguiente ejercicio fiscal.

Por lo que toca a los niveles de endeudamiento, queremos puntualizar que si bien mantener un balance fiscal es una condición preponderante para proponer una estabilidad macroeconómica y una buena calificación internacional, también es un instrumento estratégico de la política fiscal que debe ser utilizado para generar un efecto contracíclico ante los impactos económicos del sector.

Asimismo en el dictamen se incluye la posibilidad de acceder a un endeudamiento externo de hasta 10 mil millones de dólares, lo cual no implica —y esto es muy importante subrayarlo— un endeudamiento obligado que se refleje en esta Ley de Ingresos.

No se trata de un endeudamiento para cubrir el ejercicio del gasto, sino solamente en caso de que los ingresos tributarios no basten para este propósito.

Queremos retomar una importante reforma que aprobamos el día de ayer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para limitar el crecimiento del gasto corriente al 2.5 por ciento anual, que es un aspecto —como todos sabemos— que es de alta sensibilidad social y que es un compromiso importante por parte del gobierno federal hacer también su parte para reducir estos volúmenes o niveles de ingreso o de gasto que en los últimos años se han incrementado de manera desordenada, incluso llegando a crecimientos de 10 por ciento por ejercicio fiscal.

También queremos reiterar que en las enmiendas aprobadas el día de ayer se aseguraron medidas para establecer una política de ingreso-gasto responsable, sujeta a la transparencia en la aplicación de los ingresos y el ejercicio del gasto, a través de informes más puntuales sobre la evolución de las finanzas públicas, con lo cual se han otorgado mayores condiciones de eficiencia y efectividad a esta Ley de Ingresos.

La discusión llevada a cabo durante todo este proceso legislativo ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar aún más en el fortalecimiento de los grandes pilares de nuestro aparato tributario, el gasto, la deuda y el patrimonio de la nación.

Por todo ello, diputadas y diputados, actuaremos con responsabilidad. Renunciemos a adoptar posiciones irreductibles y de resistencia a escuchar voces discrepantes a nuestro pensamiento. Apoyemos este importante dictamen con nuestro voto a favor, creando un esquema de ingresos públicos congruente con el contexto histórico-económico en el que nos encontramos.

El proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 es resultado de un trabajo arduo, en el que debemos reconocer la apertura y el diálogo democrático comprometido con el que se ha conducido el gobierno del presidente Peña Nieto. Este proyecto es también reflejo de un manejo responsable de las finanzas públicas, sustentado en fuentes reales y bien sustentadas de ingresos en nuestra economía.

Finalmente, muestra claramente el compromiso del presidente con el cambio a fondo de las estructuras, que hoy en día en mucho reflejan desigualdad y falta de oportunidades para la mayor parte de los mexicanos.

Los cambios que han sido promovidos por el Ejecutivo y aprobados a lo largo de esta semana por esta Cámara son muestra de sensibilidad social. Mucho más fácil hubiera sido dejar las cosas como estaban inercialmente. El cambio que promovemos en el fondo es una muestra de solidaridad entre todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Federico González Luna. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Cuéllar Reyes.

El diputado Fernando Cuéllar Reyes:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, han sido días muy intensos de trabajo, ayer estuvimos más de 16 horas corridas de trabajo.

Hace un rato nos preguntaban algunos reporteros si el trabajo había sido aquí o había sido fuera, si había sido en la Secretaría de Hacienda, y hoy nosotros fuimos muy claros con los reporteros en esta lógica de que fue aquí en esta Cámara —como debe ser— donde se revisó, se analizó y se tomaron las decisiones responsables en esta reforma hacendaria, en este paquete económico.

Quiero expresar, en la voz de muchas de mis compañeras y de mis compañeros de mi grupo parlamentario, que reconocemos avances importantes en los resultados que se presentaron durante esta semana. Y mientras en otros países, como el caso de Estados Unidos de América ha sido muy complicado poder tener en tiempo y forma estas responsabilidades del Congreso y del Ejecutivo, en un país con ese nivel de desarrollo, aquí en nuestro país los grupos parlamentarios representados en la Cámara, en un debate muy plural hemos dado un mensaje muy importante para todo el país, es el resultado de tener incluso antes de la fecha límite que es este domingo 20 de octubre.

Al día de hoy podemos decir que se van a concluir de manera muy importante estos cinco decretos que permiten tener un Código Fiscal, una Ley Aduanera, una Ley de Coordinación Fiscal, un paquete tributario, una Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y hoy ya en comisión –y como lo estamos haciendo en este momento– una Ley de Ingresos consistente, coherente y responsable.

Queremos decir —porque esto también es un elemento muy importante que queremos compartir— que no es que el PRD un día despertó y se puso a trabajar con tal o cual grupo parlamentario. Nosotros hicimos una serie de foros, consultamos especialistas de la UNAM del nivel de Rolando Cordera, de Ciro Murayama, de Carlos Tello, tuvimos debate adentro de nuestro grupo.

Y lo que hicimos —para que quede muy claro— no es una alianza en lo oscurito. Lo que nosotros hicimos —para que quede claridad de algunos compañeros que han puesto esto a debate— está en nuestra línea política, está en nuestro programa político la idea de la progresividad, la idea de la proporcionalidad, la idea de la redistribución. Ahí pueden ustedes leerlo, los que tengan duda.

Incluso nuestros compañeros de Acción Nacional, he podido revisar cuando hablan de humanismo económico y donde hacen referencia también a estos principios, pero que después lo niegan a la hora de defender a quien tienen que defender y a simular y a disfrazar sus argumentaciones.

Por eso creemos que un grupo parlamentario, como es el PRD, que está en el poder, que tiene una representatividad, tiene que asumir responsabilidades y lo tiene que hacer bien, no con caprichos ni con berrinches.

Por eso felicito a mi presidente de la Comisión de Hacienda y felicito a mis compañeras y compañeros de Acción Nacional, que de manera muy responsable decidieron votar en lo general esta Ley de Ingresos.

No obstante el propio debate que todos tenemos en nuestros grupos parlamentarios, qué bueno que Acción Nacional puso de frente su responsabilidad. Lo que implica mandar un mensaje a este país: en tiempo y forma los principales grupos parlamentarios son capaces de tener a tiempo estos instrumentos de política económica, de política de Estado, más allá de sus posiciones.

Esperemos que la próxima semana que vamos a empezar el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación, aquellos que han cuestionado estas decisiones y estas responsabilidades también sean congruentes y también tengan claro que si tuvieron una responsabilidad dentro de esta Ley de Ingresos, asimismo fijen su posición a la hora de pensar distribuir, porque es muy cómodo plantear y cuestionar el ingreso y después querer distribuir de manera particular el egreso.

Qué bueno que vamos en esa ruta. Vamos prácticamente a tres semanas intensas de trabajo. Qué bueno que pudimos distinguir lo que era la reforma energética y darle a cada tema cada momento, y darnos el respeto y la tolerancia a nuestras diferencias.

Quiero solo cerrar diciendo que el PRD entiende que esta Ley de Ingresos que hoy se está aprobando tiene las características de tener consistencia, de ser responsable, de ser coherente, de ser una decisión de Estado.

Por eso el Grupo Parlamentario del PRD en lo general —con el propio respeto a nuestras compañeras y compañeros que tengan su propia posición— vamos a ir a favor, porque con este instrumento estaremos cerrando uno de los instrumentos más poderosos y más importantes y estaremos mandando un mensaje a todo el país de que en esta Cámara de Diputados los diferentes grupos parlamentarios, con su representación, tuvieron la capacidad y la responsabilidad de dar resultados por México. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Cuéllar. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro:Con su venia, señor presidente. Diputados y diputadas, Acción Nacional es una fuerza política responsable, que ha demostrado que sabe competir electoralmente, que sabe debatir y que sabe consensuar cuando las propuestas son lo que México necesita, sin importar su origen político o ideológico. Así lo hemos hecho siempre y en las elecciones de este año no fue la excepción. Alejamos todo aquello que no pudiera favorecer al Pacto por México, pero salimos a ganar con argumentos la voluntad de los mexicanos.

El PAN es un partido de la estabilidad económica y del crecimiento. Todos los indicadores así lo señalan. A pesar de haber enfrentado una de las peores crisis económicas en el año de 2009, la calidad de vida de la familia mexicana no se vio afectada y el país siguió adelante.

Sabemos de lo que hablamos cuando tocamos el tema de las finanzas públicas. En los 12 años que fuimos gobierno respaldamos los proyectos económicos con un profundo sentido humanista y con la claridad de que la política debe de ser el primer reflejo de la solidaridad.

En las Legislaturas pasadas fueron nuestros legisladores los que siempre alzaron la voz e impulsaron paquetes económicos que nunca, nunca, pusieron en riesgo la estabilidad nacional.

Con esa calidad moral, con ese orgullo histórico nos presentamos y dimos la batalla en esta Cámara para evitar que se impusieran impuestos excesivos e injustos a la clase media, que ya paga suficientes impuestos y que es la que crea los trabajos en México.

Debatimos y propusimos los cambios que los mexicanos vivieron en todo el país cuando alzaban su voz en las calles y recordamos que la fuerza está en los ciudadanos, con los ciudadanos y no con los políticos.

Esperábamos una sensibilidad diferente del Ejecutivo ante esa actitud manifiesta de la población, pero no fue así. Pedimos una sensibilidad diferente que reconociera que en la frontera se viven condiciones de competencia muy distintas al resto de la República. Los ciudadanos pidieron una sensibilidad distinta del gobierno para que aceptara que las cargas impositivas que aquí se estaban votando les restarían competitividad a la industria maquiladora, a los productores agrícolas y al resto de los trabajadores mexicanos.

Pedimos una sensibilidad diferente, que notara que México se perfila a tener hoy una de las tasas corporativas más elevadas de los países, con quienes tenemos relaciones comerciales, tasa que llegará casi al 50 por ciento como resultado de indexar el 30 por ciento del ISR más el 10 por ciento de los dividendos y el 10 por ciento del PTU. Todo ello al margen de la elevada tasa confiscatoria del 35 por ciento a las personas con ingresos mayores.

Fueron los ciudadanos quienes exigieron al Ejecutivo que dejara de pensar que la obesidad se combate aumentado los impuestos al azúcar o pensando que 6 de cada 10 familias mexicanas viven en la opulencia tan solo por tener una mascota.

Nuestra actitud de respaldo a estas solicitudes era plena y así las mantendrá Acción Nacional.

Acción Nacional seguirá actuando con responsabilidad republicana para llevar al país por una ruta económica segura, en donde el bolsillo de las familias mexicanas no sea vea afectado.

Estamos en contra de que el gobierno pretenda contraer un adeuda de casi 700 mil millones de pesos, porque implica, señores, un impuesto adicional que pagarán nuestros hijos.

Las crisis que hemos sufrido en México siempre van de la mano con los endeudamientos del gobierno. México está en recesión y aumentar los impuestos en un momento así no era una solución a los retos que tenemos por delante. Es un claro agravante para la clase trabajadora y para los sectores que generan empleo en nuestro país.

Seremos responsables y no le negaremos a México una Ley de Ingresos, ya que nuestra fuerza radica en la congruencia histórica y en la fortaleza de espíritu. Pero sí seremos severos ante el intento de contratar una deuda que ponga en riesgo a nuestras familias.

El daño está hecho. En Acción Nacional esperamos que los ciudadanos juzguen en libertad qué partido defendió sus intereses, qué partido mintió en sus propuestas de campaña y qué partido aceptó venderse por unos cuantos beneficios negociados.

Compañeras y compañeros legisladores —concluyo, señor presidente— Carlos Castillo Peraza decía con claridad que la urgencia hacendaria en México se traducía en facilidades fiscales y financieras para que sus hombres emprendedores pudieran crear trabajo y con ése se creara un salario, consumo e impuestos. En Acción Nacional somos congruentes con dicho precepto.

Del mismo modo que supimos dar la batalla en el campo de las injusticias, hoy anunciamos que votaremos a favor de la Ley de Ingresos de la Federación para este Ejercicio 2014. Votaremos a favor, porque somos un partido responsable que no erigirá a la venganza como criterio de acción.

En esta tribuna hemos demostrado en todas las oportunidades que se han dado, que en el PAN no votamos con base a criterios electoreros o de mezquindad por el simple hecho de poder hacerlo. Hemos ponderado el interés superior de la nación en todas las ocasiones y hoy una vez más haremos lo que se debe de hacer, porque amamos a México. Por ello habremos de votar a favor del dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Juan Manuel Gastélum. Para fijar a postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra la diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre.

La diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes compañeros diputados y diputadas. La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 refleja el compromiso de nuestro grupo parlamentario para contar con finanzas públicas sanas.

Es una iniciativa que engloba los consensos logrados en torno a las reformas fiscales que tuvo a bien aprobar esta soberanía el día de ayer y que fortalece la capacidad del Estado mexicano para implementar políticas a favor de las familias mexicanas.

Los diputados hemos tomado las medidas necesarias para otorgar al gobierno federal las herramientas suficientes para compensar la caída previsible en los ingresos de la federación para 2014 en un escenario sin reforma hacendaria, debido a la caída de los ingresos petroleros y sentar las bases para finanzas públicas más sanas en el mediano y largo plazo.

La Ley de Ingresos refleja el compromiso con un sistema tributario más eficiente, justo y transparente. Hay que resaltar la trascendencia que tiene para todo el sistema hacendario la presente iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. En ella se hacen tangibles los esfuerzos de la reforma hacendaria y seguridad social.

En esta ley se hace la estimación de los ingresos que obtendrán el gobierno federal, los organismos y las empresas federales, así como los derivados de financiamientos requeridos para desarrollar el gasto público del ejercicio 2014.

De la misma manera se establecen los montos de endeudamiento neto del gobierno federal y del Distrito Federal, el margen de intermediación financiera, los ingresos derivados de los proyectos de inversión productiva, así como el monto de los nuevos proyectos a contratar por entidad y tipo de inversión.

El dictamen de esta iniciativa establece para el ejercicio fiscal 2014 un total de 4 billones 470 mil 249 millones de pesos por concepto de ingresos presupuestarios. De este total, 2 billones 712 mil millones corresponderán a ingresos del gobierno federal, un billón 106 mil 786 millones a ingresos de organismos y empresas estatales, y 650 mil 470 millones de pesos derivados de financiamiento. Todo esto bien definido y establecido para cada uno de su aplicación.

Entre los ingresos del gobierno federal destaca lo siguiente. Ingresos por impuestos sobre la renta, un billón 11 mil 500 millones de pesos. Impuesto al valor agregado, 609 mil 392 millones de pesos. Impuesto especial sobre producción y servicio, 132 mil 341 millones de pesos. Dichas estimaciones reflejan el impulso de las modificaciones aprobadas al marco tributario que otorgará a nuestro país.

Asimismo los ingresos por derechos se estiman en 822 mil 23 millones de pesos. Dentro de esto se contemplan primordialmente los ingresos por derecho a los hidrocarburos, que suman un total de 785 mil 383 millones de pesos.

Por parte de los organismos y empresas, se estiman que sus ingresos se verán beneficiados por ventas de bienes y servicios en 878 mil 598 millones de pesos.

La Ley de Ingresos establece de manera responsable techos de endeudamiento interno y externos consistentes en el déficit aprobado. Nuestro partido refrenda su compromiso de tener finanzas públicas sanas y fortalecer la estabilidad macroeconómica, otorgar mayor credibilidad y transparencia a la trayectoria del gasto y a las finanzas públicas de nuestro país.

Con las modificaciones aprobadas el día de ayer a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se institucionalizan reglas de transparencia y de rendición de cuentas. Lo que nos permitirá que no sea optativo que se incluyan en el decreto de cada año, que ha sido el justo reclamo de la sociedad que quiere saber el destino de los recursos.

Por eso es que estamos convencidos en nuestra fracción parlamentaria que la propuesta del Ejecutivo federal se ha enriquecido con las aportaciones de la pluralidad parlamentaria, que ha trabajado con el único propósito de contribuir a lograr una estabilidad económica y un crecimiento sostenido para lograr mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Nuestro compromiso es México. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Patricia Araujo de la Torre. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para hablar en contra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Hoy es importante decir que vengo a hablar a nombre del Movimiento Regeneración Nacional como diputado, y a nombre de millones y millones de mexicanos.

Miren, hoy más que nunca queda claro que no era necesario aumentar los impuestos. ¿Para qué tanto brinco? Como dice la gente en la calle. Señores diputados y señoras diputadas, ¿para qué tantas reformas? Con que no se roben el Presupuesto, con que no se claven el dinero del pueblo sería más que suficiente. Eso es lo que es el sentimiento de la calle de nuestro país.

En la propuesta inicial de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, el Ejecutivo federal consideraba un ingreso de 4 billones 479 mil 954.20 pesos. Considerando que el Presupuesto aprobado para 2013 fue de 3 billones 956 mil 361.6, se presenta un aumento nominal de 523 mil 592.60 millones de pesos para el ejercicio 2014.

Los Criterios Generales de Política Económica que presentó a esta Cámara el Ejecutivo federal estiman que sustentar su propuesta de ingresos y egresos 2014 no es acorde con la realidad de estos días ni con la proyección de estimaciones que pueden justificar el cálculo para cada concepto en la Ley de Ingresos.

Para el ingreso en 2014, el Ejecutivo federal considera que la demanda externa en nuestro país se acelere como reflejo del mayor crecimiento esperado para la producción industrial estadounidense y por la expectativa de un mayor dinamismo de la economía global en general. Una expansión mayor en la producción de manufacturas y de los servicios, con relación a la proyectada en 2013. Mayor demanda interna. Un mejor desempeño que el observado en 2013. Prever una aceleración de generación de empleos. Un incremento del crédito. Aumento de inversión pública. Y una mayor confianza de consumidores y productores. En dichos criterios se estima que va a crecer el PIB 3.9.

Pamplinas. Eso no va a ser porque hicieron justamente lo contrario. Esta estimación considerada, no solamente de difícil conclusión sino auguro que —y sin ser pitoniso— va a ser imposible de cumplir, básicamente por los efectos recesivos que el sector empresarial atribuye a las reformas fiscales aprobadas por esta Cámara, parte aunado al proceso inflacionario que provocará el aumento a productos y servicios que generarán las nuevas tasas impositivas y el difícil panorama de la economía nacional acotada por la situación de la economía internacional, para que luego el rey Videgaray —porque es el que realmente manda en este país— no ande dando pretextos. Él tuvo la culpa también.

Esta Cámara de diputados, con base a las reformas de las leyes que integran el paquete fiscal, modifica cantidades en los conceptos de ingresos considerados en la propuesta del Ejecutivo federal. Tienen una reducción de 55 mil millones de pesos.

Ahorita culmino, presidente. En este dictamen el boquete ocasionado por las reformas fiscales se cubre con los derechos, en particular con los hidrocarburos, al pasar de la propuesta del Ejecutivo de 773 a 822 mil millones de pesos. Esto es partir de un plumazo, subsanan 48 mil millones de pesos, con la simple determinación de estimar el valor del barril del petróleo a 85 dólares, cuatro dólares más que la estimación presentada por el Ejecutivo federal, pretenden cubrir el boquete de ingresos que provocó la reforma a las leyes fiscales.

Miren, ya ahorita voy a acabar, porque esto se va a ver más en este país a partir de lo que está ocurriendo hoy. La economía nacional sigue recurriendo a una forma fácil del patrimonio de los mexicanos. ¿Cuál es la reforma fiscal que tanto ha pregonado Peña Nieto? Más que pedir tiempo, vengan aquí a esta tribuna a decir cuál es la reforma fiscal que tanto pregonó Enrique Peña Nieto.

Los integrantes del pacto ven reducida su capacidad de análisis y proposición en los ajustes que ellos mismos han impulsado. Gran esfuerzo y capacidad financiera requirió elevar cuatro dólares el precio del barril del petróleo para cumplir con el monto de ingresos que propone el Ejecutivo federal. Véanlo en lo que ustedes están aprobando.

Esta comisión también le pide más de 650 mil millones de pesos, que provendrán de deuda pública. Vuelvo a preguntarles, dónde está la reforma del pacto contra México, si los ingresos estimados para este país se sustentan en lo que deriva del petróleo y en la deuda y eso es lo que ustedes están haciendo, un 32 por ciento de los ingresos de este país que no van a atender al sector productivo de aquí.

Les falta análisis, conocimiento de la realidad económica del país, para establecer —culmino, presidente— una reforma fiscal que atenderá en forma integral la necesidad de impulsar la economía nacional.

El argot publicitario del Ejecutivo federal de que su administración no viene a administrar a este país, sino a transformarlo, queda en pura demagogia, lo cual se confirmará con la política de propuesta de egresos que dictaminará en los siguientes días.

Miren, los 70 millones de mexicanos pobres de este país les exigen responsabilidad a los gobernantes y a ustedes, diputados. Más congruencia entre su discurso demagógico y lo que pretendan aprobar en esta Ley de Ingresos.

Culmino. Aquí no hay más que de dos opciones. O se van con el gobierno traicionero de Peña Nieto —como les decimos— que pretende entregar el petróleo de la nación a los extranjeros, o se van con el pueblo de México. Los que voten a favor se irán al mural de la ignominia que estaremos promoviendo. Es cuanto.

Ojalá se suban a la tribuna a dar argumentos y debate y no sirvan como simples gritones de pueblo.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Huerta. Tiene el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el señor diputado don Tomás Torres mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado:Con la autorización del señor presidente Ricardo Anaya y, por supuesto, con la venia de ustedes. Concluye o concluirá con la votación de este dictamen —nos parece— una fase muy importante en el debate político. Pero también en el debate de las finanzas públicas del Estado mexicano.

Nosotros respetamos, aunque no necesariamente compartamos la visión de compañeros legisladores de otros grupos parlamentarios. El Partido Verde Ecologista de México va a votar a favor en lo general y en lo particular, el dictamen que nos está ocupando, que es la ley de los ingresos de la nación para el ejercicio fiscal de 2014.

¿Por qué vamos a votar a favor? Escucho que se cuestiona el déficit, y con vehemencia y procurando que los vean decir: no voy en el incremento de la tasa del impuesto sobre la renta. No participo que se incluyan productos y se graven con el IVA.

¿Por qué sí votar a favor? Cuando conozco que en Oaxaca o en Zacatecas, en la negociación de derechos legítimos de trabajadores de la educación o de la salud arrastramos déficit de más de mil millones de pesos por ejercicio fiscal. Y porque decimos, inclúyase al Distrito Federal en el fondo para ejecutar infraestructura social.

¿Dónde le damos soporte financiero a ese gasto? Pero también —fíjense ustedes— del 2006 al 2012 el gasto se incrementó —en términos reales— en más de un 43 por ciento. En términos reales.

Pero les doy otro indicador. En un lapso de 12 años el precio del petróleo subió, la mezcla del barril del crudo mexicano, de 24 a más de 100 dólares. ¿Dónde quedó el ingreso? Este país ha triplicado su presupuesto de gasto, pero no ha combatido la pobreza.

Vamos a ir a favor del dictamen, lo vamos a acompañar, porque además tenemos que reconocer que en la fase que viene, a pesar de los cuestionamientos del contenido de la reforma fiscal: no pidas si no tienes ingreso. Venga a la discusión de los impuestos, pero asuma con responsabilidad la historia reciente del déficit del gasto. Pero también que finalmente el ingreso que aquí viene es para Sonora, para Baja California Sur, para Guanajuato, para Chihuahua, para Nayarit, para Durango y para Zacatecas.

Gracias por la reflexión política de acompañarnos y de ir a favor, incluso Acción Nacional, en el contenido del dictamen. Presidente, gracias. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, don Tomás Torres Mercado. Para hablar en contra, tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, nosotros votaremos en contra. El grupo parlamentario siempre lo hará cuando se afecte a la población, cuando se trate de engaños, cuando se trate de agraviar al pueblo de México.

Lo que ahora estamos discutiendo es la Ley de Ingresos, que evidentemente este cuerpo normativo es el principal instrumento para el sector público, para que éste pueda lograr sus fines.

¿Por qué estamos en desacuerdo? Primero, porque hay tres elementos con los que no podemos compartir. Este año, con la aprobación de la Ley de Ingresos, con este instrumento jurídico, fiscal, financiero se tendrá un ingreso de 4 billones 470 mil millones de pesos. Es decir, 500 mil millones de pesos más que el año que está concluyendo y aparte de que tendrá más, los que voten a favor autorizarán contratar deuda por 650 mil millones de pesos, más 10 mil millones de dólares. Es un exceso.

No puedes aprobar este empréstito, porque el Estado mexicano tendrá más de 500 mil millones de pesos que este año. Pero además contiene esta Ley de Ingresos, ciudadanos diputados, el aumento a la gasolina y al gas, de acuerdo con los índices de inflación.

No podemos seguir condenando al pueblo de México a seguir pagando combustibles caros, por la falta de una política energética adecuada. Pero tampoco podemos estar de acuerdo con toda la concepción de este dictamen que contiene Ley de Ingresos.

Ayer lo comentamos, el impuesto del IVA homogeneizado en las fronteras va a provocar una fiebre separatista y secesionista. Ya está en las fronteras. Los diputados que votaron en favor se los van a reclamar ahora que vayan a sus distritos: en Juárez, en Baja California, en Sonora, en Coahuila y en todos los estados con frontera no se las van a perdonar.

Dice la diputada que miento y se la pasa gritando, pero no es capaz de subir a debatir. Ése es el problema de ellos, se la pasan grite y grite, porque les incomoda la verdad. Dicen que van a recibirla con aplausos en la frontera, ahora que le ha afectado y que ha votado en favor del IVA en las fronteras. Vamos a ver si así es.

Pero miren ustedes, lo que sí les auguro, se los digo desde ahora, que con las reformas hacendarias aprobadas ayer va a desatarse una cascada de juicios de amparo. Una vez que entren en vigor tales reformas, los contribuyentes podrán combatirlas en amparo indirecto ante un juzgado de distrito en materia administrativa. ¿Saben por qué? Porque vulneran los principios de proporcionalidad y de equidad, previstos en el artículo 31, la fracción IV, de nuestra Carta Magna.

Se los aseguro, van a proceder los amparos en juzgados independientes. Se trata de una ley autoaplicativa o de individualización incondicional. Vamos a ver los próximos meses estas cascadas de juicios de amparo contra estas reformas.

Concluyo, presidente. No son capaces de debatir, pero sí de gritar e insultar lamentablemente. Mírenlas, mírenlas nada más. Pobre representación. Si estas diputadas lo representan, pobre pueblo. Pobre pueblo.

Por último, presidente, me da mucha tristeza que el PAN vaya a votar en favor. Toda su argumentación —incluso la he respetado— debería concluir en un voto en contra. Pero avalar la Ley de Ingresos es una canallada. Es más, nada ganan con haber logrado ayer con éxito votar en contra del IVA, ISR y IEPS, si hoy vota el PAN en favor de este instrumento jurídico pernicioso.

Llamo a la individualización del PAN. No voten en favor de este instrumento jurídico. Están contradiciendo su voto y están actuando de manera incongruente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Ricardo Monreal. Para hablar a favor, tiene el uso de la palabra el diputado Rodrigo González Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Rodrigo González Barrios:El Ayatola, Andrés Manuel López Obrador, ha llamado a sus adoradores a buscar que no se paguen impuestos. Y ha dicho —y lo han dicho aquí también en tribuna sus adoradores— que habrá un muro en donde inscribirán con letras y harán pasquines para denunciar a las y a los diputados que están a favor de que se cobren impuestos.

Ya me pueden ir anotando sus adoradores, porque sí estoy de acuerdo en que se grave con el 10 por ciento de las ganancias a la Bolsa Mexicana de Valores. A los que están en la bolsa. Y Andrés Manuel no quiere que se grave a los grandes ricos de este país.

Estoy de acuerdo en esta Ley de Ingresos, porque se logró que la mayoría del pueblo de México no pague IVA en alimentos y en medicinas. Sí estoy de acuerdo en esta Ley de Ingresos —a pesar de Andrés Manuel y de las amenazas en contra de las y los diputados— porque se va a romper lo que se llamó una política de más de 30 años del déficit cero.

Durante 30 años, a partir de Miguel de la Madrid y después de aquel derrumbe que tuvo López Portillo y atrás de él también Luis Echeverría, 30 años se planteó una política del déficit cero. ¿A dónde nos llevó esta política de tres gobiernos del PRI y de dos gobiernos panistas? ¿Cuál fue el crecimiento, el producto interno bruto?

El promedio de los últimos seis años del presidente del empleo fue apenas un pírrico 2 por ciento. En 30 años se acumuló una serie de ciudadanos, de jóvenes, prácticamente una generación que no pudo tener empleo. Y todavía en los últimos seis años —creo que el ex presidente de la República tendrá que pedir perdón por eso— se vino una mala estrategia de combate al crimen organizado. Una mala estrategia que dejó entre 70y 80 mil mexicanos muertos y cerca de 30 mil desaparecidos.

Creo que esta Ley de Ingresos va en positivo. El PRD va porque paguen los que más tienen. Es falso que sean las clases medias las que van a sufrir los impuestos.

En un perfecto artículo de Pepe Woldenberg y en base a datos del Inegi, decía muy claramente: en base a los ingresos las clases medias son los que están entre los cuatro y los seis deciles.

¿Cuánto ganan esas clases medias? No ganan más allá de 10 mil pesos al mes. Ellos no van a pagar el impuesto progresivo a las personas físicas del impuesto sobre la renta. No, es más —decía Pepe Woldenberg— hasta el noveno decil, de ahí para abajo apenas llegan a ganar 21 mil pesos.

¿Quiénes van a pagar el impuesto sobre la renta? Las personas físicas no son las clases medias, es apenas el 1 y cuando mucho el 2 por ciento de los hogares de este país.

¿Qué culpa tenemos nosotros de que el presidente de la República comparta parte de la política económica del Partido de la Revolución Democrática, que esté de acuerdo en que se grave a la bolsa, que esté de acuerdo y que comparta que los regímenes, que se grave a las grandes empresas, a esas cerca de 500 grandes empresas de este país?

¿Qué culpa tiene el PRD que el presidente de la República comparta que no se pague IVA en alimentos y en medicinas?

Por eso nosotros decimos a quién le dan pan que llore. Por eso vamos con la propuesta de esta iniciativa de Ley de Ingresos para votar a favor.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Rodrigo González Barrios. Sonido en la curul de la diputada.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Gracias, presidente. Ya se bajó el exponente, pero quería ver si me permitía hacerle una pregunta y una reflexión. ¿Puede todavía contestar?

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ya terminó su intervención, diputada.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Sí, pero estoy pidiendo la palabra desde que él estaba todavía en el atril.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El diputado ya terminó su intervención. Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Ciudadano presidente, con intervenciones como ésta me recuerda el adagio popular cría cuervos y te sacarán los ojos. Los plurinominales del Movimiento Progresista —muchos, aunque lo nieguen— se la deben a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que él encabezó. Ahora lo niegan, ahora son pro priistas, besamanos algunos, no todos. Pero me parece inadecuado. No generalizo. Pero me parece que no se debe pasar una ofensa así a Andrés Manuel López Obrador, nosotros no lo vamos a dejar pasar.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán y después el diputado Ricardo López. Díganme, ¿con qué objeto, señores diputados?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Diputado presidente, gracias. Creo que en esta Cámara no puede haber intocables y quien tiene la espada desenvainada no puede tener la piel sensible.

La crítica es de ida y vuelta y en una democracia todos estamos sujetos a ella y quien viene aquí y habla sobre muchas personas y muchos políticos con los cuales se pueden tener diferentes posiciones, me parece que todos tenemos que aguantar. No puede haber intocables.

Solo quería decir una cuestión. Hay una especie de efecto San Pablo. Recordemos a San Pablo, que perseguía a los cristianos y de repente le llegó una luz divina, se cayó del caballo y entonces ya era puro y evangelizaba.

Para algunos ese efecto San Pablo es solamente salirse del PRI. Apenas se salen del PRI y ya nos dan clases de moral, de moral revolucionaria, de avance. Hay quien se opuso a que hubiera aquí el Congreso con mayoría opositora, que traía incluso un claro boicot cuando aquí se instaló en 1997, representando al viejo régimen. Está bien, se vale cambiar de opinión, pero no le acepto ninguna lección moral.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates.

Voy a preguntar al diputado Roberto López, porque ya lo había anunciado, y después daré el uso de la palabra a Ricardo Mejía, que está registrado. Inmediatamente después de que hable Ricardo Mejía, con gusto les pregunto con qué objeto, porque ya le había dado la palabra. Le pido sea breve, diputado Roberto López. ¿Con qué objeto?

El diputado Roberto López González(desde la curul): Y así será, diputado presidente, no sin antes agradecer que me permita este comentario. Primero decirle que los que somos diputados plurinominales por el Movimiento Progresista no le debemos el favor a una persona en lo particular. Probablemente algunos se sientan comprometidos a decirlo públicamente; en mi caso no es así y también lo hago saber.

Cuánto lamento que en un discurso emocional alguien, a quien muchos de nosotros le tenemos un respeto como político, como persona, de momento caiga en un estado de ánimo que me parece que no corresponde ni a los cargos que ha tenido ni a la responsabilidad de coordinador que tiene en una fracción parlamentaria.

Lo lamento porque es un hombre inteligente. Lo lamento porque es una persona con un gran oficio político. Pero más lamento que quiera venir a involucrar a toda una fracción parlamentaria de los que somos diputados plurinominales, porque nos resta valor y le resta valor a nuestra trayectoria y a lo que representamos.

Por último, haría un llamado muy respetuoso a todos, diputado presidente, si me lo permite. No es así, mediante la descalificación directa, como vamos a lograr consensos y armonía en esta Cámara. Los que tenemos nuestra primera experiencia legislativa federal apelamos a esa enorme experiencia de muchos de ustedes para construir un Congreso respetuoso, un Congreso que construya, un Congreso de acuerdos y que como hoy, deberíamos sentirnos orgullosos con esta Ley de Ingresos que a muchos diputados del PRD nos tiene satisfechos, y por eso vamos ir a favor. Le agradezco la oportunidad, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ya le había dado la palabra al diputado Ricardo Mejía, después le preguntaré al diputado Villanueva, al diputado Durazo, a la diputada Bojórquez y al diputado Huerta, con qué objeto. Cuenten con que les preguntaré con qué objeto están pidiendo la palabra. Proceda diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Es muy triste que el PRI esté nada más mirando el espectáculo y eche a andar a la izquierda paraestatal, que ha cooptado en un ejercicio de prostitución política deplorable.

Nosotros seguimos reivindicando al Movimiento Progresista, a los 16 millones de mexicanos que creyeron en esta opción, y convoco ahora a todos los que hicimos coalición a que estemos con quien votamos y quien ha sido el principal estandarte de la izquierda en los últimos años de la vida política del país.

No se vale patear al pesebre. No se vale este ejercicio lamentable y deplorable de entreguismo político que están haciendo. El PRI está fascinado con este entreguismo de ustedes. Nosotros no vamos a caer en ese garlito. Quien vote la Ley de Ingresos está votando un endeudamiento de 650 mil millones de pesos, un endeudamiento de 10 mil millones de dólares, el peor endeudamiento que ha habido en los últimos 20 años en el país. Nosotros no lo vamos a avalar

Y como ayer votaron el IVA en las fronteras, como ayer votaron el atraco a la clase media, hoy van a votar el peor endeudamiento en la historia reciente del país.

Convoco respetuosamente a los diputados del PAN a que voten en contra de esta Ley de Ingresos, de este déficit monstruoso, de este déficit que pasó de cero a un déficit criminal.

Y Enrique Peña Nieto, en los hechos, está cambiando a Videgaray para meter a un criminal como Humberto Moreira a endeudar el país con esta deuda monstruosa.

Por eso nosotros no vamos con esta Ley de Ingresos. Hoy se va a votar más gasolinazos. Hoy se va a votar más endeudamientos. Y quien avale este atraco a la nación, lo vamos a exhibir, porque no se vale que se escondan en los pantanos legislativos. No se vale que se escondan en la madrugada, mientras están asestando golpes terribles a los mexicanos.

Nosotros no vamos a votar ni tampoco nos vamos a prestar a la cooptación política de este gobierno, que insisto, es autoritario, como Díaz Ordaz. Es corrupto, como Salinas de Gortari. Y es endeudador y populista, como López Portillo y Echeverría.

Compañeros que están con el país, no voten por esta Ley de Ingresos. Compañeros del PAN, ustedes han planteado no al populismo irresponsable y no a los endeudamientos criminales. No voten por este atraco y reencontrémonos la verdadera izquierda democrática del país, no la izquierda paraestatal, no la izquierda corrompida, no la izquierda que quiere colgar a quien le ha dado millones de votos a esta opción política.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier:Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Claudia Bojórquez. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

Diputado, le pido respeto en esta Cámara de los diputados.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier(desde la curul): Gracias, presidente. Creo que es vergonzosa esta acción que hoy ha tomado uno de los diputados del PRD. Digo que es vergonzosa, porque pertenezco también a la fracción.

Quiero pedir también una disculpa a todos los mexicanos que le dieron la confianza al Movimiento Progresista, por tan vergonzosa actuación de la gente en la que confió para que viniera y defendiera sus intereses aquí en la Cámara. Sin embargo, con el fin de congraciarse con quienes los han comprado, por regalías, por pequeñeces, hoy los venden y los entregan aprobando impuestos y aprobando reformas que no ayudan a la economía familiar y que hunden a todos los mexicanos. Disculpas a todos los mexicanos.

No podemos nosotros seguir permitiendo que hablen a nombre de la fracción, cuando no todos estamos de acuerdo ni estamos vendidos ni estamos dispuestos a vendernos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido a la curul del diputado Durazo. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Con objeto de aclarar algunas de las expresiones que aquí han habido, presidente. Solo para el récord del desarrollo de esta sesión, mencionar a los compañeros del PRD que fue uno de sus correligionarios quien abrió el fuego y sería injusto, por más ponderado que sea nuestro ánimo, dejarla pasar en esos términos.

Creo que sería indigno regatear méritos políticos a Andrés Manuel. No tengo duda —en lo personal— que fue gracias a su trabajo político que el PRD pudo recuperar parte de su espacio en esta Cámara. Lo prueba el hecho de que en la elección pasada en que no nos acompañó la figura ni el trabajo político de Andrés Manuel, el PRD sufrió una debacle. Pero al margen del origen de los votos que nos permitieron llegar a esta Cámara, el hecho es que todos tenemos una plataforma común derivada del Movimiento Progresista y en esa plataforma jamás se habló de que una vez que llegáramos a la Cámara sacrificaríamos a nuestros electores con nuevos impuestos.

Es simple y sencillamente una cuestión de congruencia la que —con todo respeto— clamamos a todos aquellos compañeros que surgimos de la plataforma del Movimiento Progresista. Gracias, presidente y a todos por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Gerardo Villanueva. Dígame, diputado, ¿con qué objeto? Le pido que sea breve, diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente, ocuparé el tiempo que les ha obsequiado a los otros diputados. Le agradezco mucho que me dé el uso de la palabra.

Me quedo con la intervención de la diputada Claudia Bojórquez, porque queda claro que el porrismo y el servilismo no priva en todos los diputados dizque de izquierda, que han sido coaptados por el Pacto por México, que ya habíamos anunciado que iba a ser corruptor y que iba a llenar de porquería a esta Cámara.

Concluyo únicamente reivindicando al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y efectivamente, gracias a Andrés Manuel López Obrador muchos están aquí, incluyendo al diputadito Belaunzarán. Muchas gracias.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal. Dígame, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, nosotros damos por concluido este vergonzoso incidente. Creo que hay más cosas que nos pueden enaltecer y unir y nosotros simplemente nos quedamos con lo positivo. Viva Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Con el permiso, presidente. Compañeros y compañeras diputadas, me parece que es importante retomar el tema de lo que estamos discutiendo, los otros temas tendrán oportunidad de ponerse o no de acuerdo entre sus tribus, grupos o como así pretendan denominarse.

El tema de hoy es de vital importancia. El tema de hoy hay que hablarlo con claridad, y por supuesto que sí vamos en pro los diputados del Partido Acción Nacional, vamos en pro de manera justificada en su historia, en su doctrina y en la libertad de sus decisiones.

Agradezco, por supuesto —en lo personal— como diputado de la fracción parlamentaria del PAN, las invitaciones que nos hacen otros compañeros de otros partidos políticos, pero las decisiones de los diputados del PAN las tomamos en ese sentido, no con incongruencia y sí con apego a la verdad y con apego a lo que más interesa aquí en esta Cámara de Diputados, o lo que más nos debería interesar: el bien de todos y cada uno de los mexicanos.

Es de resaltar que votar a favor de una Ley de Ingresos, donde estamos reservando por supuesto los temas de déficit y deuda, es en el sentido de que hemos dado una pelea, combate, argumentación, debate acerca del paquete fiscal o la miscelánea fiscal, acerca de los impuestos.

El PAN estuvo con los ciudadanos. El PAN apoyó a los ciudadanos y les dijo: no a más impuestos. No a más ingresos al gobierno sin transparencia y sin honestidad. El PAN votó y dio la batalla el día de ayer. Pero es muy importante hacer notar, el instrumento, el que hoy como el presidente de la Comisión de Hacienda ya señaló, estructuralmente se están respetando los ingresos como lo señaló el Ejecutivo, porque será su responsabilidad, porque será una herramienta de todos los diputados para medir si lo que argumentaron para pedir más impuestos se justificó en este año que va a venir, dónde se ampara en esta copia de Ley de Ingresos.

Estaremos vigilantes, estaremos checando y verificando si cumplieron con lo que se propusieron para incrementarles más impuestos a los ciudadanos. La Ley de Ingresos para eso nos servirá, para ver si como lo que argumentaron, así pudieron cumplirlo.

De no ser así, el próximo año, los mismos argumentos que usaron con el Ejecutivo serán utilizados para argumentar por nosotros, para que se respete el ingreso de todos y cada uno de los mexicanos y entonces sí se haga una reforma fiscal con sentido social, que hoy no la estamos viendo y por eso ayer votamos en contra.

Amigos y amigas diputadas y diputados, el PAN va a favor, en congruencia con su historia y, por supuesto, en libertad de todos los diputados del Partido Acción Nacional. Y para hablar aquí en esta tribuna y argumentar, no necesitamos de más tiempo ni agotar el tiempo de los demás ni la paciencia de los demás. El PAN vota por México y por los mexicanos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado don Sergio Augusto Chan Lugo.

Debo consultar a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. No omito mencionar que me han pedido la palabra —para que lo sepa la asamblea— el diputado Rosendo Serrano Toledo, el diputado Jhonatan Jardines Fraire, el diputado Domitilo Posadas, el diputado Javier Orihuela, el diputado Raymundo Nájera, la diputada Amalia García, el diputado Enrique Flores, el diputado Manuel Huerta.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión los siguientes artículos. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ellos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Artículo 1o., diputada Guadalupe Moctezuma.

Artículo 1o., numeral 10, diputado Ricardo Mejía.

Artículo 1o., numeral 10, diputado Martín Alonso Heredia.

Artículo 1o., párrafo tercero, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Artículo 1o., párrafo séptimo, diputado Luis Ángel Espinosa.

Artículo 1o., párrafo octavo, diputado José Luis Valle Magaña.

Artículo 2o., párrafo primero, diputado José Guillermo Anaya Llamas.

Artículo 2o., párrafo primero, diputada Loretta Ortiz.

Artículo 2o., párrafo primero, diputada Mariana García Rojas.

Artículo 2o., elimina el párrafo primero, diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

Artículo 2o., elimina párrafo primero, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Artículo 2o., párrafo décimo segundo, diputado José Soto Martínez.

Artículo 2o., modifica el párrafo noveno y adiciona un párrafo décimo sexto, diputado José Luis Muñoz Soria.

Artículo 6o., diputado Ricardo Monreal.

Artículo 8o., fracción II, adición de un numeral 4o., diputado José Luis Muñoz Soria.

Artículo 9o., adición de un párrafo cuarto, diputado Pedro Porras Pérez.

Artículo 11, párrafo primero, diputado Francisco Coronato Rodríguez.

Artículo 16, apartado A, fracción II, numeral 2, diputada Aída Valencia Ramírez.

Elimina el artículo cuarto transitorio, diputada Lilia Aguilar Gil.

Elimina el artículo cuarto transitorio, diputado Uriel Flores Aguayo.

Elimina el artículo segundo, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 387 votos a favor, 30 abstenciones y 52 votos en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 387 votos.

Procedemos al desahogo de las reservas. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo:Con su venia, señor presidente. El desliz del incremento a las gasolinas planteado en el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación a este pleno se distribuye de la siguiente manera: 9 centavos a la gasolina Magna, 11 centavos a la Premium y 11 centavos al diesel. Y busca recaudar un monto de 14 mil 100 millones de pesos, que se refleja técnicamente como el impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS; mientras que el precio de la gasolina está bajando a nivel mundial, pero no en México.

Apenas el 5 de octubre se decretó un nuevo incremento de 11 centavos. En lo que va de 2013 el precio ha subido 1.10 centavos por litro, según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Amegas. Esto es más del 10 por ciento desde los 10.81 centavos que registraba la Magna a fines de diciembre de 2012; la gasolina en México ya cuesta más que en Estados Unidos de América.

La Secretaría de Hacienda señaló en el comunicado que se dio a conocer este aumento que, aún con el aumento anunciado, los consumidores mexicanos seguirán recibiendo un apoyo que al mes de agosto de 2013 ascendió a 76 mil millones de pesos y más adelante que este apoyo beneficia principalmente a los hogares de mayores ingresos.

Añade que el subsidio de los combustibles ha sido dañino para las finanzas públicas y para el país por el daño ecológico generado y que ha beneficiado fundamentalmente a las personas de mayores ingresos.

Al respecto, el precio promedio de la gasolina regular en los Estados Unidos de América se ubicaba ayer al medio día en 3.379 dólares por galón, según GasBuddy.com. Esto equivale a 11.87 pesos por litro, ligeramente por debajo de los 11.91 de la gasolina Magna, la cual, sin embargo, es de menor calidad que la regular de la Unión Americana.

El que a pesar de que la gasolina en Estados Unidos de América tenga ya un precio inferior al de México, nosotros sigamos pagando un subsidio de 76 mil millones de pesos, tan solo en los ocho primeros meses de este 2013, según Hacienda sugiere que el problema no es de diferencia de precios, sino de falta de eficiencia o de corrupción.

El gobierno federal ha señalado que el precio de la gasolina seguirá aumentando, a pesar de que ya ha alcanzado el mismo nivel de los precios en Estados Unidos de América, nuestro vecino y principal socio comercial. Ahora el aumento será para crear un impuesto ecológico. En un principio uno puede entender un impuesto ecológico que reduzca las emisiones de contaminantes en nuestro país. En Europa los precios de los combustibles son significativamente más altos que en México o en el resto de Norteamérica, pero no podemos cerrar los ojos al hecho de que los precios elevados pongan en desventaja a la economía nacional frente a los productores no solo de Estados Unidos de América, sino de China y otros países.

Termino, señor presidente. Ya los altos precios de la electricidad y gas natural han costado empleos a los mexicanos. El incremento de los precios de las gasolinas y el diesel afectará la competitividad de la producción y el transporte en nuestro país. Al final sí es posible que se reduzcan las emisiones de contaminantes, pero también la prosperidad de un país en el que el 45 por ciento de su población vive en pobreza y casi un 10 por ciento en miseria.

Los precios de un mercado libre son el más eficaz regulador de una economía. En México el gobierno siempre ha tratado de manipular los precios de los productos importantes, como lo de los combustibles. Malo cuando los manipula para subsidiar los combustibles. Malo cuando lo hace para despojar de más dinero a los contribuyentes, porque se reduce la competitividad de un país. Pero cuando cobran precios más altos debido a la ineficiencia, de todas maneras hay que seguir pagando subsidios.

Lo anterior, en virtud de que representará una afectación seria para quienes poseen automóvil o incluso al campo, por ello la canasta básica. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Guadalupe Moctezuma Oviedo. Consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 1o., numeral 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Comentábamos hace un rato de los endeudamientos. En el 2000 se solicitaron 70 mil 992 millones. En el 2001, 59 mil. En el 2002, 58 mil. Y así sucesivamente. El mayor que hubo anteriormente fue de 379 mil en el 2010. Pero el monto de endeudamiento que se está solicitando ahora nos parece verdaderamente descomunal. Nos parece que no corresponde a la situación que vive el país.

Se están planteando 550 mil millones a través de la emisión de deuda interna, más 150 mil millones, que provendrían de un endeudamiento adicional para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Adicionalmente se está planteando emitir bonos de deuda externa por 10 mil millones de dólares. Es decir, es un endeudamiento verdaderamente monstruoso, que no tiene parangón, que no tiene comparación con muchos años de la historia política reciente del país.

Creemos que la economía del país está en recesión, que hay rebotes inflacionarios, que hay carestía y con todo el paquete de impuestos adicionales que golpean al sector productivo se está configurando un escenario catastrófico en términos económicos.

Nos preocupa que se vuelva a recurrir a las épocas del endeudamiento, a la época que ha marcado a generaciones enteras y del cual todavía no se recupera el país. Si de algo habían presumido los gobiernos neoliberales, tanto del PRI como del PAN, era una conducción económica disciplinada, una conducción económica basada en el monetarismo, en controlar las variables macroeconómicas y no recurrir a estos excesos financieros.

Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, se está volviendo a la época de los financiamientos excesivos, de un Estado despilfarrador, de un gobierno obeso, de un gobierno irresponsable.

Y no es porque vaya a programas sociales o a políticas sociales de gran calado, sino es porque no ha habido una reestructuración de la administración pública, un nuevo modelo de desarrollo económico y el Estado sigue absorbiendo mayores controles con mayor gasto público y sin disciplina fiscal.

Este fenómeno se reproduce también en los estados donde tenemos una deuda sub-nacional arriba de los 443 mil millones de pesos. Es decir, estamos hipotecando al país.

Por eso nosotros planteamos una reserva para que no haya este nivel de endeudamiento, para que se vaya a lo que era la política con la que arrancó este gobierno y que al parecer ya fracasó, que era la de un déficit controlado. Esa es nuestra propuesta.

Seguimos insistiendo también en no a los gasolinazos. Eso lo hemos platicado con legisladores de diferentes partidos, particularmente con el diputado Cáceres, del PAN, con otros más, en la necesidad de poner ese freno que mes con mes golpea a la economía de las familias. Mes con mes se despiertan con aumentos a la gasolina. Y aunque ahora se baja de 11 a 6 centavos por mes, siguen los gasolinazos y siguen los nuevos impuestos.

Por esa razón planteamos esta reserva y creemos que es de auténtica responsabilidad, como responsables de autorizar los ingresos de la nación, que no se apruebe este endeudamiento monstruoso. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Dígame, diputado Cáceres ¿con qué objeto? Tiene el uso de la palabra por alusiones personales.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente:Con la venia de esta soberanía y de la Presidencia. En alusión al comentario del diputado Ricardo Mejía, creo que es más que oportuno tratar el tema del incremento a la gasolina.

Miren señores, en las campañas políticas se hacen promesas y las promesas son para cumplirse. El 6 de mayo de 2012, en el primer debate el hoy presidente electo Peña Nieto ofreció que iban a bajar los combustibles y la obligación de esta Legislatura, y sobre todo de las fuerzas de oposición, especialmente en este caso —hablo en nombre personal y del PAN— es recordarle al señor presidente que cumpla sus promesas de campaña.

Lo hacemos de manera respetuosa, pero no entendemos qué está pasando. Si la palabra en campaña no se va a cumplir, nosotros estamos metidos en un problema o más bien la población está metida en un problema.

Aunado a esto, aprovecho la oportunidad para decirles que ya hoy los combustibles están más caros que en los Estados Unidos de América y todavía nos van a aplicar 72 centavos más el año que viene. Lo que les quiero aclarar es que se está incumpliendo algo que se ofreció.

Me preocupa el tema del endeudamiento, porque se está ofreciendo un endeudamiento que supuestamente es transitorio o cíclico, porque hoy la economía está en recesión, aunque le pese al PRI, provocada por un gobierno ineficiente, ineficaz, para que quede claro.

Me preocupa que salgan el año que viene o el resto del sexenio con que ya no es cíclico el endeudamiento, sino que así como el gasolinazo nos lo siguen aplicando, nos quieran seguir aplicando un endeudamiento brutal, como el que en este año está en el Presupuesto.

Nosotros ya vivimos eso. A este país endeudarlo de manera irresponsable lo llevó a crisis recurrentes, lo llevó a situaciones inflacionarias, donde solo gana el que más tiene. Por esa razón en estos temas el Partido Acción Nacional votará en contra del endeudamiento y, obviamente, votaremos en contra de que se siga incrementando el precio de la gasolina sin una razón de peso, pues ahí está el Presupuesto de Egresos de la Federación: viene endeudamiento y viene la reforma fiscal que hicieron. Es cuanto.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Martín Heredia Lizárraga, para presentar su reserva al artículo 1o., numeral 10. Perdón, no estaba en ese momento. Permítame, diputado Heredia.

Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si la propuesta presentada por el diputado Ricardo Mejía se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Para que no haya ninguna duda, ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger la votación respecto del trámite, en el entendido de que el voto a favor es para que se admita a discusión, y el voto en contra es porque no se admita. Dos minutos.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el tablero, hasta por dos minutos.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, 152 votos a favor, 0 abstenciones y 237 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Está muy claro. No se admite a discusión. Se desecha. Ahora sí, como ya lo habíamos dicho, tiene el uso de la voz el diputado Martín Heredia Lizárraga, para presentar su propuesta de modificación.

El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga:Con su permiso, señor presidente. En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional —y estoy seguro, sin duda, en la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país— sabemos que esta reforma hacendaria que hemos estado discutiendo en esta semana, enviada a esta soberanía por parte del Ejecutivo federal, cuenta con graves y serios errores que afectan de manera categórica la generación de empleos, crecimiento, la competitividad económica, la inversión y, en términos generales, el desarrollo del país.

En esta reserva que estoy proponiendo a nombre del grupo parlamentario, nosotros creemos que la propuesta del déficit de 1.5 por ciento del producto interno bruto en endeudamiento para el país va a llevar a éste, sin duda, a una cuenta regresiva en materia de las viejas prácticas que ha lastimado a este país desde la década de los ochentas, los noventas y que han lastimado —de verdad, insisto— la economía nacional.

En este sentido, en lugar de proponer incrementar la deuda interna, nosotros seguimos insistiendo que el gobierno federal debe proceder de inmediato a ejercer los recursos que injustificadamente se tienen en todas las dependencias y entidades federales a manera de subejercicio, ya que es un absurdo y una ofensa pedir dinero cuando aún no se ejerce el que tienen ya destinado.

Exigimos un gobierno transparente, que ejerza los recursos de manera responsable. ¿Cómo les pide el gobierno a los ciudadanos que pongan más, cuando él no ha hecho lo correcto? El país se encuentra en franca recesión, con altos índices de corrupción y sin ningún esquema de transparencia.

Los diputados del PAN, que asumimos con gran responsabilidad todo lo que contribuye al desarrollo de este país, hoy advertimos una alerta roja a la nación y les exigimos a las diversas fuerzas políticas representadas en este Congreso que hagan un voto razonado de esta reserva de propuesta de déficit, por el bien de miles de familias que necesitan de un empleo no de programas asistencialistas.

Necesitamos legislar para los más desprotegidos. Pero creo, creemos en el grupo parlamentario que esta reforma atenta contra ellos.

A nombre del grupo, quiero decir de manera rápida la responsabilidad con la que hemos actuado en estos momentos, en esta semana crucial para el país. Todos están siendo testigos —y más los diputados que pertenecen a la Comisión de Hacienda— que los diputados del PAN han tenido un papel crucial en el desarrollo y en las modificaciones que se hicieron a las iniciativas de reforma hacendaria del presidente Peña Nieto.

Quiero hacerles un reconocimiento a los miembros de la comisión, en el PAN, que lograron mitigar los efectos de esta iniciativa a través de sus propuestas. También les decimos que nosotros ayer votamos en contra de más impuestos para el pueblo de México. Hoy estamos diciendo: no déficit desmesurado, no endeudamiento que ponga en riesgo la economía del país y la necesidad de crear mejores condiciones para los que menos tienen.

Nadie en este país nos podrá juzgar de posturas electoreras, cuando hemos sido el motor de las grandes reformas estructurales que requieren los mexicanos. Reformas que ahora el gobierno y su ineficiencia no saben qué hacer con ellas.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite, se desecha. Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar su propuesta de modificación al párrafo tercero del artículo 1o.

¿Cuál es la otra? Ah, ya la vi. Y va a presentar también la propuesta de modificación al artículo 2o., donde pide que se elimine el primer párrafo del mismo artículo 2o. Adelante, diputado. Tiempo que le corresponde a las dos reservas.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Miren, todos se acuerdan de esta fotografía, en las redes sociales ya nada más le cambiaron la foto y en lugar de Roque le pusieron la cara de Peña Nieto.

Y miren, la verdad es que esa fotografía es una fotografía de José Antonio López Pantoja, que hay que reconocerlo, difícilmente se encuentra un fotoperiodista que capte la esencia de lo que ocurre, en este caso de lo que sigue ocurriendo y que es el espíritu de este Congreso, ¿cómo tratan a los mexicanos? Como le hizo Roque. Así, miren, así les hacen a los mexicanos y mexicanas.

Y por eso digo, no tenía caso de ponerle la foto de Peña Nieto, ya con la pura historia todos la tienen en la mente, porque acuérdense que ésta fue cuando el PRI solito —en la LVI Legislatura eran 300 solitos— de ese tiempo 15 por ciento al IVA a los mexicanos, 15 por ciento.

Ayer alegaban con el PAN —cuando eran PRIAN— que les subieran el 16 ya los demás gobiernos, pero de ahí empezó la tragedia de los mexicanos. Y es bueno que ese bienestar para tu familia, que desde entonces el PRI procesa, se sepa de cara a la nación, y recuerden con esta gran fotografía a este ciudadano y que cada quien asuma sus consecuencias, porque nosotros ya aquí no hablamos ni de los partidos.

Ya fíjense, ya no es ni el PRIAN, ahora es el partido del pacto contra México, y ahí los que estén ahí, ya luego por eso nosotros a los amigos les decimos: mira, solo los rufianes dan explicaciones, ya ni te disculpes, ya cada quien es lo que es y la historia los juzgará.

Es importante hablar de todo esto. Miren, porque uno les puede decir que las reservas que hicimos es para que quede claro que la propuesta que han presentado incumple con el artículo 9o., 10 y 11 de la Ley General de Deuda Pública, por lo que proponemos la eliminación, toda vez que carece de fundamentación y motivación que exige la ley.

El artículo 9o. refiere que el Ejecutivo federal informará al Congreso de la Unión, al remitir el proyecto de ingresos el estado de la deuda pública. Por otra parte, el artículo 10 de la misma ley señala que el Ejecutivo federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes...

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame. Él tiene tres minutos más para presentar su otra reserva, les pido su comprensión. Está presentando dos reservas en un momento.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Sí. Deberían de trabajar, proponer y subir aquí y no estar chiflando ahí, gritando, como acostumbran en las cantinas que seguramente visitan mucho.

Miren, decía que el artículo 10 de la misma ley señala que el Ejecutivo federal, al someter al Congreso de la Unión iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos del endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del Presupuesto federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta.

Y en el caso de que la propuesta de deuda que se presenta no proporciona los elementos de juicio para fundamentar la propuesta, ¿deuda para qué? ¿A qué proyectos o propuestas de gobierno atienden los montos propuestos? Nunca nadie del PRI se va a subir aquí a decir esto, porque no lo hacen.

Y el artículo 11 de la misma ley determina que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá conocer, por conducto de las secretarías de Estado encargadas de la coordinación del sector que corresponda, proyectos y programas de actividades debidamente aprobados por dicha Secretaría que requieran de financiamientos, etcétera.

No les importa. A ustedes la Constitución y la ley no les importa, nada más tienen que seguir la instrucción del que manda, que por cierto, ya nos enteramos ya anda fuera del país, ahora el que manda es Videgaray. No es Peña Nieto.

Y miren, ¿les decimos por qué? Porque están endeudando al país, 650 mil millones de deuda, ¿para qué? Desde hace 14 años, ya los amigos que gobernaron tienen una política económica que implica 14 por ciento anual de gasto corriente. A eso le dedican el dinero, porque dinero hay y la gente ha de saber qué Presupuesto hay. Oigan 4 billones, más de 4 billones y no les alcanza, ¿no tienen llenadera?

Pues claro, ¿en qué se lo están gastando? Gasto corriente, ahora déficit fiscal inclusive, 1.5 que son alrededor de 250 mil millones. Ahí está cómo van a cubrir lo que verdaderamente le interesa a Peña Nieto y a Videgaray, cumplir bien la tarea y los que nos secundaron con estos debates, entregar el petróleo a los extranjeros. No se les olvide que ésa es su tarea, a eso los pusieron. A lo mejor ni saben, pero luego les van a decir lo que tienen que hacer.

Como justamente Roque, que hace unos días andaba en el PRI dando conferencias, reclamando el nacionalismo revolucionario y ayer o antier anda diciendo que les urgen las inversiones extranjeras y que lo más correcto es que evidentemente ya se privatice el petróleo. En eso es lo que andan.

Nosotros —culmino— les hemos dicho, seamos congruentes, sean inteligentes. Con una política de austeridad pueden ahorrar 385 mil millones, nada más recorten el gasto suntuario, a los de la alta burocracia pónganlos a pan y agua y con eso y con que no se robaran el Presupuesto este país sería maravilloso. Pero obviamente, ustedes no están en eso, ustedes están en que este país entre a una crisis profunda.

Nada más hay que ver qué hicieron con los maestros ayer, estos neo halcones que están gobernando en el país, que nada más están golpeando a los movimientos populares. Pues ojalá que cambiaran las cosas. Lo dudo.

Y acabo y les digo que la gente se da cuenta. Miren, el 27 de octubre a las 10 de la mañana, Zócalo, el pueblo de México, Andrés Manuel, estaremos en un no a la reforma energética —culmino, presidente— tomando acuerdos para ver cómo vamos a seguir con las medidas que hemos tomado en desobediencia civil...

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No se van a pagar impuestos y eso lo van a hacer muchos por la vía legal con los amparos. No a la luz y, por último, mucha movilización ciudadana. Los esperamos. Y les vamos a —que recuerden bien esta foto—, porque muchos de ustedes van a estar así, eh. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta de modificación al párrafo séptimo del artículo 1o.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 tiene en su párrafo séptimo lo que parece el propósito de destinar 3 mil millones de pesos para financiar el presupuesto del Ramo 38 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Parece loable en una primera lectura destinar mayores recursos a la ciencia y tecnología mexicana, pero no lo es, al menos en este párrafo. Y no lo es, porque la fuente de financiamiento proviene de la venta de los hidrocarburos a través del cobro de un derecho destinado a la investigación científica, tecnológica, para los hidrocarburos y lo que se hace de facto es recortar —sí, recortar— los recursos destinados al Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico pues los condiciona de manera trucada.

Recorta también fondos a la formación de recursos humanos especializados en la industria petrolera. Todavía más, también se le reducen sustancialmente los recursos al Instituto Mexicano del Petróleo que es el brazo tecnológico de nuestra empresa pública Pemex.

El no dotar de recursos suficientes a la investigación científica y al desarrollo tecnológico inhibe la investigación en universidades, centros de estudio, programas y, por supuesto, en la creación de sus propios investigadores. Si no dotamos de recursos cómo pretendemos el desarrollo de investigación y tecnología.

No es posible sostener el discurso de la falta de tecnología para afrontar los retos de aguas profundas o gas de lutitas y, al mismo tiempo, recortar los recursos para la ciencia y el desarrollo tecnológico de estos rubros.

De cara a la reforma energética que tendremos que discutir en los días subsecuentes, la pregunta es si se buscan argumentos para dejar sin dinero a la investigación y luego decir que no tenemos tecnología y entonces que venga el capital privado para poder sustituirla.

Para aquellos que dicen que durante el 2013 no se ejercieron recursos de la investigación, comentamos: A la fecha el fondo sobre hidrocarburos tiene una cartera en ejecución de 47 proyectos. La investigación y el desarrollo tecnológico sobre hidrocarburos es un asunto de seguridad nacional, es la llave para garantizar la seguridad energética en nuestro país, es de verse así como un proyecto de mediano y largo plazo. Tenemos rezagos tecnológicos y científicos, es cierto. Tenemos centralizado el conocimiento y escasa aplicación tecnológica. Es necesario revertir esta situación a través de mayores apoyos para la ciencia y la tecnología.

Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente modificación del párrafo séptimo del artículo 1o. en comento.

Artículo 1o. Durante el ejercicio fiscal 2014, respecto de los recursos que genera el derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, que se refiere al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, en el tercer trimestre del año después de que se haya cumplido con las aportaciones correspondientes se deberá llevar a cabo conjuntamente con las autoridades de la Secretaría de Energía, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una revisión de los compromisos asumidos por los fondos hasta ese periodo, a fin de valorar la posibilidad de disponer de recursos hasta por un monto de 3 mil millones de pesos, con la finalidad de financiar únicamente otros proyectos dentro del presupuesto del Ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –concluyo, presidente– que preferentemente se vinculen a los objetivos del programa del sector energético.

La aplicación de estos recursos se hará de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014. Es cuanto, ciudadano presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.- Presente

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito someter a la consideración del Pleno la reserva al artículo 1o. para la modificación del séptimo párrafo contenido en el artículo primero del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, para quedar como sigue:

México, DF, a 18 de octubre de 2013.— Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sí se acepta. En consecuencia, se integra al dictamen y se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos.

Tiene la palabra, el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar su propuesta de modificación al párrafo octavo, del mismo artículo 1o.

El diputado José Luis Valle Magaña:Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado José Luis Valle Magaña: Legisladoras y legisladores, la corrupción es uno de los grandes obstáculos que impiden el desarrollo de nuestro país. Actualmente México ocupa el lugar 105, en un ranking de 176 naciones evaluadas en esta materia.

En la misma escala nuestro país resalta como uno de los más deshonestos de América Latina. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda son los países menos corruptos en todo el mundo, los tres son caracterizados por las normas que rigen a sus funcionarios y la alta transparencia de sus instituciones.

Contrario a lo que caracteriza a esas naciones, nuestro país se resalta por la opacidad de las instituciones y por la impunidad de sus funcionarios. La transparencia de los recursos y de la información no es una moda es un proceso que inició en 1766 en Suecia y que ha ido avanzando alrededor del mundo. Hasta el 2010 se habían aprobado 80 leyes nacionales, 184 estatales y 2 de organismos internacionales. Lo anterior, incluye a 45 por ciento de los países representados en la ONU.

En el caso noruego, el Parlamento es el encargado de formular la legislación que otorga el marco de la transparencia, lo que permite la planificación correcta, el alto nivel de bienestar para la población, la solidez de los indicadores macroeconómicos y las bajas tasas de inflación y de desempleo, así como un fondo de pensiones con amplios recursos para todos los ciudadanos.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la transparencia en el manejo de los recursos es un paso urgente y necesario si queremos erradicar la corrupción que caracteriza a las instituciones mexicanas, a sus funcionarios y —aunque nos duela, nos moleste—, a su sociedad.

Es por eso que el día de hoy presento esta reserva, en aras de impulsar la transparencia y el adecuado manejo de los recursos nacionales, porque antes de pretender imponer nuevas medidas fiscales —como ya lo hicieron— el gobierno de la República debería apelar por impulsar una administración transparente, democrática y libre de corrupción.

Mientras eso no se corrija, ni todos los impuestos del mundo sacarán a México de la crisis en la que está hundido.

Quiero resaltar que ésta no es una reserva en materia de recursos, es una reserva en materia de transparencia, que busca erradicar la corrupción y sus consecuencias. México está ahogado en la corrupción. Todas las medidas que tomemos para erradicarla serán insuficientes, pero por algo debemos empezar.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al párrafo noveno del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal 2014.

Único. Se modifica el párrafo noveno del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la federación para quedar como sigue:

Durante el ejercicio fiscal de 2014, de los recursos que genere el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, en primer término 10 mil millones de pesos —concluyo, señor presidente— se destinarán a lo que establecen las Leyes Federales de Derechos y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En segundo término, 85 mil 650.8 millones de pesos se destinarán a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La aplicación de estos recursos se hará de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Hasta ahí es exactamente como viene el dictamen.

Lo único que pedimos es que se agregue lo siguiente: Ambos fondos serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación bimestralmente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su reserva al párrafo primero del artículo 2o.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la presente reserva tiene por propósito reducir el techo de endeudamiento neto externo propuesto por el dictamen en estudio.

Al respecto, el artículo 2o. de dicho dictamen señala: el Ejecutivo federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas de ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, así como para canjear, refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo por 10 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con los organismos financieros internacionales.

Nada más riesgoso que aumentar el techo del endeudamiento externo. Cabe recordar la gran crisis de la deuda de 1982, con el entonces presidente José López Portillo, que llevó precisamente a tener las arcas del Banco de México sin una reserva y obligándolo a pedir que el Fondo Monetario Internacional sacara de la gran crisis a México. Todavía hoy en día se está pagando esa deuda.

Por si ello fuera poco, basta traer también a la memoria la crisis con Carlos Salinas de Gortari, 1994-1995, por la emisión de Tesobonos y que a la fecha todavía seguimos pagando. Pero todavía no aprendemos la lección, a pesar de haberle dado la autonomía al Banco de México, a pesar de haber cumplido con los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Precisamente durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, del año 2011 a 2012, también se aumentó el techo de la deuda externa, se incrementó a 9 mil millones de dólares corrientes.

¿Qué es lo que se ocasiona con el aumento del techo del endeudamiento externo y más cuando no está justificado? No está justificado, porque precisamente en lo que va del gobierno federal, durante los primeros ocho meses del año en curso sus ingresos son incluso superiores a 72.4 mil millones de pesos a los presupuestos calendarizados, de acuerdo con la información de finanzas públicas, deuda pública enero-agosto 2013.

Si no está justificado recurrir a la deuda externa, es nada más para cubrir sus expendios, el gasto corriente, con ello llevando a una posible crisis financiera a los Estados Unidos Mexicanos, a la nación y endeudando eternamente a todos los mexicanos.

Por estas razones, la reserva tiene por objeto establecer como un límite del endeudamiento externo, el de los 4 mil millones de dólares, que parece más que suficiente para poder ejercer el gasto público sin la necesidad de tener una deuda por 10 mil millones de dólares.

El Partido del Trabajo propone establecer como tope de endeudamiento externo neto en 4 mil millones de dólares, la cantidad que sería más que necesaria para prever cualquier reducción en los ingresos federales por las iniciativas hacendarias recientemente aprobadas, sin comprometer el bienestar de los mexicanos y el futuro de la economía del país. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. En consecuencia, se desecha. Tiene ahora la palabra para presentar su reserva al párrafo primero del artículo 2o, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas:Con su venia, diputado presidente. La historia de nuestro país no miente. La crisis y la deuda pública desde la época de López Portillo hasta Ernesto Zedillo, es conocida por los errores de diciembre. Así recibimos el gobierno.

Tuvimos 12 años de gobiernos panistas, con una economía estable y reconocida en su crecimiento y desarrollo a nivel internacional.

Al inicio de su gobierno, el Presidente Peña planteó un paquete económico con cero déficit presupuestario y hoy viene a solicitar deuda pública.

Presento ante ustedes esta reserva, ya que un déficit de 1.5 por ciento del producto interno bruto no es adecuado para México. Esto, más la deuda de Pemex, la de Comisión Federal de Electricidad y los 10 mil millones de dólares requiere que el Legislativo genere un marco jurídico que tutele las finanzas públicas. Es nuestra tarea, legisladores, es nuestra responsabilidad.

Ayer en este pleno se aprobó una enorme carga impositiva para las y los mexicanos, con el objetivo de recaudar y contar con los recursos necesarios para que el país salga adelante. Pero hoy nos piden deuda pública.

Al igual que un padre, que una mujer, que un trabajador o un campesino se endeudan acorde a lo que pueden pagar, hoy venimos a solicitar que el presidente Peña cumpla. Dijo cero déficit, pues hoy exigimos cero déficit presupuestario. Un marco jurídico que tutele las finanzas sanas en materia de deuda pública es nuestra responsabilidad.

Transparencia y rendición de cuentas, así como consecuencias penales a los que le metan la mano al cajón. Por ello Acción Nacional propone que no se autorice a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobar la deuda de 1.5 por ciento del producto interno bruto.

Actuar hacia una política moderna y responsable, que elimine las viejas prácticas de endeudamiento del viejo PRI, que está de regreso. No merecemos regresión ni crisis ni endeudamiento federal, porque ese será pagado por cada uno de los mexicanos.

Se propone al Ejecutivo que cumpla con su palabra, cero déficit para México. Por eso el Partido Acción Nacional estará siempre a favor del país y vigilante de cada uno de los pesos que desde esta Legislatura se propone para el Ejecutivo.

Por eso pido se integre el texto íntegro y agradezco desde este espacio de la más alta tribuna de la nación, al presidente Peña, para que cumpla su palabra. Cero déficit para México.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra Gerardo Villanueva Albarrán, propone que se elimine el párrafo primero del mismo artículo 2o. del proyecto de decreto.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes diputadas y diputados. Quiero insistir a partir del contenido del primer párrafo de este decreto de Ley de Ingresos que autoriza al Ejecutivo federal a un endeudamiento de 550 mil millones de pesos, o solamente expresar y reiterar algo que han comentado ya mis compañeros de bancada, tanto Ricardo Mejía, Ricardo Monreal, mi compañero Alfonso Durazo.

No hace falta imponerle a la clase media, al empresario promedio, al agricultor y a la población en general más impuestos. Hemos demostrado desde el 2012 que con un plan de austeridad serio, no el que presentó la Secretaría de Hacienda que es una farsa, uno de verdad, que implique la reducción de los grandes privilegios que existen en la administración pública federal, en la burocracia dorada de los organismos autónomos que prevalecen en la compra de vehículos para los funcionarios, los sueldos, sueldazos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, de diputados locales, federales, senadores, secretarios, subsecretarios.

No se vale que a la gente se le aplique otra vez la carga, incluso de las pensiones de los ex presidentes. La gente tiene que saber eso, porque la Ley de Ingresos es una parte, pero no se está tocando con seriedad, porque no existe un proyecto social visible.

Porque en el fondo lo que se está buscando —como ayer lo mencionábamos— es hacer un colchón con estos 240 mil millones de pesos para empezar, no a liberar a Pemex de su carga —ojalá así fuera— sino para ir haciendo el espacio financiero para entregar la renta petrolera.

La reforma hacendaria y el paquete económico tiene por detrás el tema de la reforma energética. Esa es una preocupación fundamental. Pero por si fuera poco, nosotros podemos demostrar que se pueden ahorrar 380 mil millones de pesos suspendiendo el dispendio en el gobierno de este país.

Definamos —de una vez por todas— la posibilidad de impulsar a través de una ley de austeridad. Ya la firmamos con Martí Batres en algún momento. Hay otra iniciativa, hay como tres de parte del Movimiento Ciudadano, pero no observo voluntad de parte de la mayoría en esta Cámara. Trescientos ochenta mil millones de pesos se pueden obtener de esa manera. Ya se dijo aquí.

En el rubro de compras nada más podríamos sumar otros 120 mil millones de pesos, evitando la asignación discrecional y la corrupción y transparentando los procesos de licitación pública.

Ya hablamos que la ordeña de combustible no puede ser parte del Presupuesto de este país y que le cuesta al erario público 12 mil millones de pesos. No se ha tomado la decisión para acabar con la informalidad en México y esto representa un costo de 25 mil millones de pesos.

Compañeros diputados, ahí está la solución, no es el endeudamiento. No comprometamos las finanzas de nuestro país a los siguientes años y a las siguientes generaciones.

Por eso propongo, diputado presidente —y con eso concluyo— a veces parece que hablamos en el desierto. Pero no perdemos, muchos de quienes formamos parte de esta Cámara, la esperanza de que un día esta mayoría acepte ponerle fin al dispendio y de esa manera suprimir el endeudamiento de nuestro gobierno.

Porque los argumentos que está dando actualmente desgraciadamente la Secretaría de Hacienda, con Videgaray al frente, son los mismos que dio en su momento Humberto Moreira, y ya sabemos cuál es el desenlace. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Villanueva.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su propuesta de modificación al párrafo décimo segundo del 2o. artículo del proyecto de decreto.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, México lejos de contar con un mercado bursátil sólido y estable que otorgue instrumentos de contribución para el crecimiento y la economía, se ha caracterizado por un sector bancario con una oligarquía hegemónica que se vale de barreras de entrada para inhibir posibles competidores e implementar mecanismos de colusión a los precios.

Como consecuencia, el acceso al crédito en México presenta niveles sumamente inferiores a las tendencias mundiales. El financiamiento al sector privado, como proporción del producto interno bruto es de 26.1 por ciento, lo cual hace que en nuestro país solo se preste la tercera parte de lo que otorgan otras nacionales latinoamericanas como Brasil y Chile.

No cabe duda que para lograr un desarrollo económico próspero que permita el fortalecimiento del mercado crediticio con el afán de reducir la brecha de desigualdad lacerante que permea en nuestro país, es necesario el impulso a la economía a través de la pequeña empresa.

La lucha contra las grandes empresas no es tarea sencilla, por lo que es nuestro deber otorgar instrumentos que faciliten la obtención de créditos y de clientes a la micro, pequeña y mediana empresa.

Resulta importante mencionar que la micro, pequeña y mediana empresa representan el 99.8 por ciento de compañías del país. Sin embargo, tan solo el 1,6 por ciento de dichas empresas se han visto favorecidos con un financiamiento. Así, en el 2011 se otorgó crédito únicamente a 77 mil de las 4.9 millones de negocios de este tipo, que existen en México.

La banca de desarrollo históricamente ha otorgado préstamos solo a estados y municipios y a otros bancos, dejando a un lado el objetivo de impulsar la actividad productiva, por lo que con lo previo no tan solo ha desvirtuado su naturaleza, también ha relegado el otorgamiento de empréstitos a esferas productivas, las cuales representan el motor de crecimiento de la economía nacional.

Es por esto que resulta menester la imposición de lineamientos que le otorguen a dicho sector financiero para brindar créditos a los sectores clave de nuestro país.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva al doceavo párrafo del artículo 2o. del dictamen con proyecto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Único. Se reforma el doceavo párrafo del artículo 2o. del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, para quedar como sigue:

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Rural, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un fondo conjunto de déficit de intermediación de la financiera, definida como el crédito neto otorgado al sector privado y social, más el déficit de operación de las instituciones de fomento de 62 mil 510 millones de pesos, de acuerdo con lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2014.

Los programas establecidos en el tomo séptimo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2014, al menos el 50 por ciento de los créditos netos otorgados al sector privado y social serán destinados a la esfera productiva del país a través de la micro, pequeña y mediana empresa.

Ojalá apoyemos a la pequeña y mediana empresa, que son las que dan muchísimos empleos a nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, para presentar dos reservas. Pido se le acumule el tiempo de sus dos reservas. La primera es al artículo 2o., modificando el párrafo noveno y adicionando un párrafo décimo sexto. Y la segunda es al 8o., fracción II, adicionando un numeral 4. Tiene seis minutos para presentar sus dos reservas.

Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado José Soto Martínez.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Adelante, diputado José Luis Muñoz Soria.

El diputado José Luis Muñoz Soria:Diputado presidente, quisiera informar a mis compañeras y compañeros que estaría bajando la segunda reserva. De tal manera que solamente expondré la relativa a la modificación del párrafo noveno y la adición de un párrafo décimo sexto del artículo 2o. Será la única que presentaré.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De acuerdo. Adelante. Tiene tres minutos, diputado.

El diputado José Luis Muñoz Soria: Con su permiso, diputado presidente. Esta reserva que presento tiene que ver con algo, que desde el punto de vista de quienes integramos la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación es de un aspecto fundamental, pero también —y lo he comentado con las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional que están en esta comisión— en el sentido de avanzar en todo lo que tiene que ver con transparencia. Y me voy a permitir solamente leer los agregados, la modificación al apartado nueve y el décimo sexto que proponemos.

La modificación al noveno tiene que ver con decir que: Asimismo en marzo de 2014 —a propósito de empréstitos— la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, determinará un plazo definitivo para la liquidación de las institución que tiene que ver con el Banco Nacional de Crédito Rural, el cual no deberá exceder de 18 meses.

El párrafo décimo sexto dice —y es el que se agrega—: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión un avance del programa anual de financiamiento a más tardar el 30 de de junio de cada ejercicio, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del gasto de capital y refinanciamiento.

Es cuanto, diputado presidente. Le dejo el texto íntegro. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y de conformidad con el acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; solicito sea considerado la reserva a la modificación del párrafo noveno y la adición de un párrafo décimo sexto del artículo 2 de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, del artículo primero, del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, para quedar como sigue:

Consideración

Banrural se encuentra en su etapa de liquidación, por lo que se propone un plazo máximo de un año para que la SHCP establezca un plazo no mayor a un año para que se concluya la misma, con lo anterior se evita la dilatación del proceso y el encarecimiento.

Asimismo se considera la intervención d la ASF en el análisis de la deuda del Gobierno Federal diferenciando la contratada para infraestructura de aquella contratada para financiamiento

La presente iniciativa no tiene impacto correlativo.

México, DF, a 18 de octubre de 2013.— Ingeniero José Luis Muñoz Soria (rúbrica), diputado federal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, y gracias por ajustarse al tiempo, diputado José Luis Muñoz Soria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la reserva.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la reserva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acepta y se integra la reserva al dictamen. Se reserva para su votación posterior en lo nominal.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 6o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, el panorama actual del Congreso mexicano es desalentador, no cuenta con equilibrios, no cuenta ni se ha convertido en un contrapeso. Hay un país en que predomina su régimen autoritario, hay una tentación regresiva a regímenes también dictatoriales, autoritarios y el Parlamento en estas condiciones debiera jugar un papel de mayor equilibrio.

Ser opositor ahora me llena de orgullo. Es un timbre de orgullo, lejos de que me lastimen por mi pasado político. Es sin ningún problema. El problema de muchos que hemos estado en el PRI -no es pecado político haber sido priista, conocí a muchos amigos ahí, conservo buenos amigos- el pecado político es ser comparsa del PRI. Ese sí es pecado político.

Me siento muy tranquilo con mi conciencia. Desde que renuncie al PRI nunca he sido comparsa de ellos. Es un timbre de orgullo estar en la oposición. Aquí me quedaré. He actuado de manera congruente toda mi vida, eso me ha generado descalificaciones, ataques. No pasa nada, estoy acostumbrado a vivir en la adversidad y a combatir la adversidad.

Esta reserva que hoy someto a la consideración de ustedes tiene que ver con el contrapeso, por eso el preámbulo. Este contrapeso que debiera ser el Congreso, no lo es ahora. Y lo que estoy planteando es que frente al predominio del presidencialismo, que frente a la actitud casi hegemónica del presidencialismo pueda el Congreso constituirse en un contrapeso.

Por eso propongo que para la fijación o modificación de las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación, o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciben, es necesario que dichas modificaciones se hagan con previa autorización del Congreso de la Unión.

Es el artículo 6o. el que estoy planteando modificar y que se agregue esta expresión denominada: Previa autorización del Congreso de la Unión.

Sé que no lo van a admitir, sé que no lo van a aceptar, porque ha sido así la costumbre lamentable de un Congreso que no escucha, no reflexiona, vota mecánicamente. Son casi siempre decisiones de grupo y a pesar de que esto pudiera enriquecer al equilibrio de poderes, no lo voy a lograr.

Sin embargo, seguiré insistiendo, seguiré intentándolo, porque el país merece y exige un Congreso autónomo, un Congreso independiente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Ricardo Monreal Ávila. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 9o., adicionando un párrafo cuarto. Nos informan que ha sido retirada esa reserva.

Tiene entonces el uso de la palabra el señor diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 11, en su párrafo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito presentar la reserva al artículo 11, primer párrafo, del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —como ustedes bien saben— de manera general establece las facultades del Ejecutivo federal, particularmente en la fracción I del artículo, previene la existencia de lo que se conoce como la facultad reglamentaria.

Esta facultad es determinante para el ejercicio adecuado del Ejecutivo federal y en términos generales se puede predicar que dicha norma cuenta con dos dimensiones. La primera refiere a la facultad del Ejecutivo para proveer en la esfera administrativa para el cumplimiento de sus leyes. Es decir, emitir reglamentos que profundicen lo dispuesto por la norma jurídica.

La segunda encierra una restricción clara para el ejercicio de esta facultad, conocida como el principio de supremacía de la ley. Lo que quiere decir que las normas que el Ejecutivo emita no podrán contradecir ni ir más allá de lo que dispone la propia norma. Esto es: el reglamento siempre será un mero complemento de la ley, impidiendo que innove sobre el contenido de la misma.

Este principio de primacía de la norma jurídica encuentra su justificación en un razonamiento democrático, ya que se entiende al Poder Legislativo como la representación directa de los gobernados por lo que las normas que deriven de ese poder cuentan con el aval de los gobernados, quienes la emiten a través de sus representantes directos.

Ahora bien, en la Ley de Ingresos que hoy discutimos, en el artículo 11, se pretende facultar al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Hacienda emita resoluciones que impongan las cuotas correspondientes a los productos que pretenden cobrar las dependencias de los particulares durante el ejercicio fiscal 2014, aún cuando su cobro esté constituido en otras normas jurídicas.

Lo anterior plantea una clara violación a la Constitución, específicamente en el artículo 89, fracción I, pues por una resolución emitida por la Secretaría de Hacienda se podría alterar incluso o invalidar el contenido de una propia norma jurídica.

Recordemos que en base al derecho público toda y todo servidor público solo puede y debe hacer lo que la norma le constriñe. Como consecuencia, los integrantes de este recinto protestamos hacer cumplir la Constitución. Sin embargo, con la aprobación de este tipo de disposiciones, la cual desafortunadamente en muchas ocasiones con las aprobaciones que realizan se violentan flagrantemente.

Por lo anterior y con el objetivo de emitir una norma que cumpla con la Constitución, se propone a través de esta reserva modificar el primer párrafo del artículo 11 de este dictamen, a efecto de sujetar la facultad del Ejecutivo a que no contravenga lo dispuesto en las leyes diversas sobre las cuotas que cobrarán a los organismos descentralizados.

En tal virtud, la propuesta consiste en modificar este artículo 11, en ese apartado, implementando lo siguiente: que las cuotas de productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal 2014 serán siempre y cuando su cobro no se encuentre previsto y establecido en otras leyes. Es cuanto. Le agradezco, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Francisco Coronato Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si  se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 16, apartado A, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Gracias, señor presidente. La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), según la exposición de motivos por la que fue creada, fue principalmente para tener recursos para la atención de enfermedades causadas por el alcohol, por la cerveza, por el tabaco. Pero además también estos recursos están sirviendo para combatir el impacto ambiental por el uso de energéticos y combustibles derivados del petróleo.

Cuando se estableció este impuesto en el 2003, no se pensó que también el combustible lo usan los productores primarios. Estamos hablando principalmente de los campesinos. Estamos hablando de la gente que está produciendo la verdura, la fruta, los pescadores ribereños y entonces se plantea el IEPS. Pero desde que se está planteando el IEPS, muy poco se está beneficiando a los productores, muy pocos están recibiendo la devolución de este impuesto, debido a que en el artículo 16, párrafo segundo, hay un impedimento legal —por decirlo así— que dice: Lo dispuesto en este numeral no será aplicable cuanto la tasa para la enajenación del diesel, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o. a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios resulte negativa o igual a cero.

Vengo a proponerle a esta asamblea que pudiéramos eliminar ese impedimento para que nuestros productores primarios puedan ser realmente beneficiados, porque mientras en nuestro país no tengamos las refinerías necesarias para cubrir la demanda del combustible que se requiere para todos nuestros productores, siempre vamos a estar dependiendo de los precios internacionales, y por lo tanto México no va a poder llegar a tener esta tasa cero, no va a poder eliminar.

Necesitamos de la fuerza de los diputados para que a los productores que hoy están sufriendo esto los podamos ayudar de a de veras.

Esto viene en la Gaceta que nos han entregado, anexo tercero, página 40 para los diputados y diputadas que deseen consultarlo y de esta manera a la mejor nos ayudan y sobre todo ayudamos al sector primario para que se beneficie con la devolución de este impuesto, lo que mucho les ayudaría para seguir invirtiendo en sus productos, sobre todo en el campo. Por la atención prestada, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva que plantea eliminar el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. El motivo de esta reserva es hacer un llamado a la asamblea, con el ánimo de derogar de esta ley de ingresos los aumentos constantes a la gasolina, lo que la gente conoce comúnmente como el gasolinazo.

Esta herencia de Carsterns, que desde el 8 de septiembre del 2009 —no se me va a olvidar— decía que los deslices mensuales del precio de la gasolina que se realizarían los segundos sábados de cada mes no serían permanentes y que ayudarían a llevar el precio de la gasolina al precio del mercado internacional. Lo que es cierto es que este es un país petrolero. Este es un país productor, que debería de conservar los precios bajos en los combustibles, como sucede en la mayoría de los estados petroleros y cuando menos ajustarlos a los temas inflacionarios.

Sin embargo, el gobierno federal, dando la excusa de que tiene que importar gasolina cara porque no tenemos la capacidad de procesarla, porque no tenemos inversión e infraestructura ni tecnología, entonces resulta que los mexicanos tenemos que pagar por gasolina cara porque el gobierno ha sido ineficiente en crear refinerías que nos ayuden a procesar el petróleo que le pertenece a todos los mexicanos.

Básicamente lo que estamos diciendo es que lo que Carstens decía en el 2009 es una gran mentira. Él decía que estas alzas de 8 centavos en la gasolina mensuales no iban a afectar a los mexicanos.

Les quiero decir que esa es una gran mentira y el ejemplo que tenemos, precisamente, han sido los impactos inflacionarios que han demostrado tener el aumento permanente de la gasolina.

Y tiene esto una explicación muy sencilla. Si ustedes suben el precio de la gasolina constantemente, no solamente afecta la gasolina que utilizamos nosotros, en nuestro carro o en nuestro coche —como se dice aquí en el centro del país— afecta también a los productores agrícolas, afecta también a la producción primaria y la producción industrial. Y eso como consecuencia afecta el precio de los bienes y servicios.

¿Qué es el llamado que les estamos haciendo, compañeras y compañeros diputados? Sabemos que esta es una Ley de Ingresos. Sabemos que el Presupuesto tiene que salir de algún lado, pero lo que proponemos es que no salga del aumento a la gasolina, que afectará la vida a los bienes y servicios de todos los mexicanos, sino que ajustemos otros temas, como el precio del barril del petróleo, que finalmente —aparentemente dicen los que saben— está subestimado en esta ley que estamos aprobando.

Agradezco su atención y le pediría a la Presidencia que se incluya íntegra la reserva en el Diario de los Debates. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Lilia Aguilar Gil. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva que elimina el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

El diputado Uriel Flores Aguayo:Con su permiso, diputado presidente. Se propone esta reserva, el transitorio cuarto de la Ley de Ingresos, en primer lugar, porque encontramos que no corresponde a lo que se va a aprobar. Se va a aprobar la Ley de Ingresos para el 2014 y estamos colocando una disposición para el 2015. No encontramos una justificación o un sustento que permita o permitiera avalarla.

Estamos ante un hecho importante. Vale la pena detenerse en ello. Actualmente, y todavía para el 2014 se va a aplicar una política de precios que incluye deslizamiento en el precio de las gasolinas y el diesel. Ya se dijo eso, y se va a cambiar la fórmula —se está planteando para el 2015— para que el ajuste de precios sea en base a la inflación y a los precios internacionales.

Ya se ha dicho, pero vale la pena reiterar, que todavía tenemos un Presupuesto petrolizado y que si vemos lo que se piensa recaudar, ¿cómo se tapa el hueco de lo que se presupuestó? Se aumenta 4 dólares el precio del barril y se coloca un ingreso de 30 mil millones y con el deslizamiento son 14 mil. Es decir, son más de 30 mil millones de pesos entre el aumento al precio del barril y el deslizamiento. Ese es el peso que tiene el ingreso petrolero.

Estamos ante el mito del subsidio, porque resulta que el precio de la gasolina en Estados Unidos de América prácticamente está parejo con el precio de México. Es decir, habría que revisar y estudiar con mucho cuidado y definirse ante el tema del subsidio, porque parece que este es un mito y es una justificación para seguir recaudando dinero.

Por último, plantear que se va a quitar el mecanismo del deslizamiento y colocar la nueva política de precios en base a la inflación. Nos está indicando que está esperando Hacienda y Crédito Público una mayor inflación al inicio de 2015 y, por lo tanto, se está previendo que vamos a tener gasolinas muy caras para ese año.

Por lo tanto, sería importante eliminar esta disposición y quedarnos simplemente con el deslizamiento, para ver después cómo se compone la economía, cuáles van a ser las acciones del gobierno federal y también, desde luego, las acciones de esta soberanía. Es todo, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Uriel Flores Aguayo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 2o. del párrafo primero del propio artículo segundo del decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:Gracias, presidente. Vengo hoy a presentar, amigas y amigos diputados, una reserva sobre un tema de lo más importante y relevante para el pueblo de México, que es decir no a la deuda.

Por varias circunstancias, la primera de ellas, nuestro país hoy no atraviesa una circunstancia alentadora en materia económica, sino todo lo contrario. Y el gobierno federal irresponsablemente, en lugar de establecer una política de austeridad, de inversión a la infraestructura, de generar más fuentes de empleo, decide aumentar el gasto corriente en 10.5 por ciento para el próximo ejercicio fiscal 2014.

Esto representa aproximadamente el 25.5 por ciento del producto interno bruto del PIB, con esto claramente el único camino que le queda al gobierno federal es pedir deuda, o lo que se llama el déficit. Pero llamemos las cosas por su nombre, el déficit es deuda, la deuda es gastar lo que no se tiene.

Señoras y señores diputados, deben saber que lo que hoy están aquí aprobando es una deuda que los mexicanos tarde que temprano tendremos que pagar. Los mexicanos no queremos regresar al manejo irresponsable de las finanzas públicas, no queremos presentarle a las nuevas generaciones la imagen del pasado, del fracaso, de la inflación, de las devaluaciones.

Decir sí a la deuda hoy, es tomar prestado el futuro de México. Es empeñar lo que les pertenece a nuestros hijos. Por eso hoy el PAN dice: no a la deuda. Quienes han usado la deuda como recurso aún le deben muchas explicaciones a los mexicanos. Gastar de manera indiscriminada es abrir una puerta falsa, que siempre ha resultado de consecuencias desastrosas.

Aún están vivos los recuerdos de López Portillo, de Miguel de la Madrid y del error de diciembre del 94. Si quieren un ejemplo más reciente y emblemático de la deuda, amigas y amigos, tenemos el caso de un estado, de mi estado, de Coahuila, del moreirazo, que de pasar de una deuda de 180 millones de pesos, en tan solo dos años dejó un endeudamiento de 37 mil millones de pesos, donde los coahuilenses estaremos pagando por más de 30 años y ha dejado empeñado e hipotecado el futuro de nuestros hijos, que por cierto ese gobernador no solamente fue un gobernador más que hoy vive autoexiliado en Barcelona, que por cierto ese ex gobernador de Coahuila fue el pasado presidente nacional del PRI.

Por eso, la reserva que hoy presento señala la incongruencia de pedir más deuda, cuando existe un subejercicio enorme para este 2013. Por eso no hay que tirar a la borda la estabilidad económica, amigas y amigos. Digamos no a la tentación de abandonar la disciplina en el manejo de las finanzas públicas.

Disciplina no es decir sí al presidente —termino, presidente— sino decir que no a lo que afecta a los mexicanos, a respetar y trabajar a favor del verdadero interés común y no heredar intereses que comprometan el futuro de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado José Guillermo Anaya Llamas.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Purificación Carpinteyro.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Ya se bajó el orador, pero hubiera querido la oportunidad, estaba yo buscando la oportunidad de hacerle una pregunta. No sé si el orador pudiera responderla.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ya ha concluido el tiempo del orador, pero si usted desea hacer algún comentario, diputada, adelante. Dígame, diputada.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Gracias, presidente. Solo recordarle al diputado y a todos aquellos que hablan precisamente que este endeudamiento es en perjuicio de los mexicanos, que hace no mucho —creo que fueron dos semanas— que aprobamos la reforma financiera y que en esta reforma financiera se aprobaron, precisamente, medidas para fomentar que la banca de desarrollo apoye a las micro y pequeñas empresas. Porque sabemos que es a través del financiamiento que se puede potenciar el crecimiento. Pero eso supongo que no lo han sabido extrapolar y saber que también las naciones...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Le ruego concluya, diputada.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): ... requieren de endeudamiento para poder crecer. Quisiera saber si es que entiende eso o no.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras, diputada. Vamos a desahogar la última reserva. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ahora sí entramos a desahogar la última reserva. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 2o., proponiendo eliminar el artículo. Este artículo está dentro del propio artículo segundo del decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, antes de plantear la reserva que va referida, precisamente, al no endeudamiento, quiero hacerles una reflexión. Hay una corriente psicológica, pedagógica de desarrollo social y empresarial a nivel mundial ahora, que se llama espíritu emprendedor. Y ésta se refiere, precisamente, a que se tiene que formar la cultura de enseñar a la planeación, a la imaginación, a la innovación y, sobre todo, a la administración del gasto, ya sea personal o público. Viene también ahí incluida la cultura del ahorro.

Si estos elementos no se integran y no se ponen en práctica, queda solamente en pura teoría. Pero para poderlas desarrollar se requiere también una visión, un proyecto de vida, una visión nacional del país que queremos.

He estado tratando de entender con profundidad lo que quiere el presidente de la República con el Plan de Desarrollo, y plantean muchos puntos. Sin embargo, recuerdo de más joven, que existía el Plan Morelos, existía el Plan Jalisco, existían los planes para cada uno de los estados.

Lo que le está fallando a este país es que no hay planeación, no hay una visión de futuro y falta desarrollar paso a paso cada uno de los puntos que queremos en este país. Y uno de los puntos fundamentales, antes de endeudarnos, es tener el Plan de Desarrollo totalmente desglosado, lo cual hace falta.

Por otra parte, si queremos un Plan de Desarrollo que pueda ser realizable necesitamos también desarrollar la producción. Y para desarrollar la producción necesitamos regresar la vista al campo, para poder tener los alimentos necesarios. Vamos a tener un déficit para el 2018 del 75 por ciento de los alimentos.

Ahora bien, ¿cómo plantea el espíritu emprendedor para un país el buscar el desarrollo del mismo? Primero, el ahorro interno. Segundo, la austeridad gubernamental. Tercero, una visión de país y enseñarle a la gente a producir.

Estoy en desacuerdo en estar repartiendo despensas, y ahora lo hemos estado haciendo en Acapulco por una contingencia. Pero necesitamos educar a nuestro país, no solamente adentro de las aulas, sino afuera de las aulas la educación social que no se enseña dentro de la escuela. Y hace falta un liderazgo nacional por parte del gobierno federal para educar a nuestra gente en ese sentido.

Revisando este artículo, encuentro que no es conveniente pedir un préstamo para el 2013, ya que va a terminar el año. Hubo un acuerdo por parte de nosotros de amarrarle las manos a los gobernadores, de decirles: no puedes pedir más dinero, ya que está acabando tu periodo fiscal o también tu periodo de gobierno.

Ahora nosotros vamos a terminar un año y ya estamos tratando de promover un préstamo. Sin embargo, si fuese necesario habrá que pedirlo. Estaría de acuerdo siempre y cuando me dijeran exactamente para qué lo vamos a ocupar.

Por otra parte, hay recursos del subejercicio, en el primer trimestre estaban 3 mil 717.8 millones de pesos. Otro punto es que en el proceso de aprobación de este préstamo ya va a terminar el año 2013, pero aparte de ello estamos con un error jurídico, en donde estamos pidiendo un préstamo para el 2013 con la ley del 2014. Es decir, en este transitorio me parece que hay un error jurídico que no nos va a permitir hacer precisamente el procedimiento de carácter legal. Termino, presidente.

¿Qué es lo que sugiero? ¿Y qué es lo que propongo? Es quitar, eliminar —y esto es la votación— este artículo en donde se solicita el préstamo. Y, por otra parte, lo que conmino es al gobierno federal al ahorro interno y la disminución de la nómina en el gobierno federal. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Jorrín. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 6o., 8o., 9o., décimo primero, décimo sexto y cuarto transitorio del artículo primero del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en términos del dictamen; 1o. y 2o., del artículo primero del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, con las modificaciones aceptadas. Y el artículo 2o. del propio artículo segundo del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en términos del dictamen.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados, en sus términos y con las modificaciones aceptadas por la asamblea según corresponda.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 300 votos a favor, 3 abstenciones y 153 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 20:00 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 22 de octubre, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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