Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 312 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 11:18 horas): Se abre la sesión.

ROCIO MESINO MESINO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente, para solicitar respetuosamente un minuto de silencio en virtud del asesinato el pasado sábado de una reconocida dirigente social, Rocío Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en el estado de Guerrero, que fue asesinada el pasado sábado y, como ha sido tradición en esta Legislatura ante esos hechos reprobables, que en la máxima tribuna del país quede constancia de su memoria. Por eso pedimos un minuto de silencio.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: ¿Sobre el mismo asunto, diputado Muñoz Soria? También la diputada Socorro Ceseñas. Sonido en la curul del diputado Muñoz Soria.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Diputado presidente, en el mismo sentido que el diputado Mejía, pero hacer una denuncia contra esta limpieza social que están haciendo contra dirigentes sociales en todo el país.

El último asesinato de la compañera Rocío no está al margen de todos los asesinatos que se han presentado contra dirigentes sociales, luchadores sociales. Llamamos la atención de la sociedad, porque está haciéndose una limpieza social del régimen. Denunciamos eso y pedimos el minuto de silencio.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Socorro Ceseñas Chapa.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. En el mismo sentido, pero para añadir lo siguiente. Nuestras condolencias a la familia, al pueblo de Guerrero, al pueblo de Atoyac y al sinnúmero de comunidades, que tan valiente y atinadamente la compañera Rocío Mesino estuvo al frente, no de ahorita, sino de hace muchos años.

Exigir a las autoridades la investigación a fondo, que esclarezca y exigir, demandar un alto a la recriminación contra líderes sociales. Ya son muchas las muertes que el estado de Guerrero ha dado en la lucha social y ahora corresponde a nuestra gran amiga y compañera Rocío Mesino, a quien sentimos su pérdida.

Hay un gran vacío en esos lugares de la entidad porque dejó huella. Es muy lamentable que las autoridades correspondientes no se aboquen de fondo y se responsabilice y castigue a las y los culpables. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Entiendo para el mismo objeto, sonido en la curul del diputado Carlos de Jesús Alejandro.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Gracias, presidente. Con el mismo objeto. Lamentamos primero y nos solidarizamos con la familia de nuestra amiga y compañera Rocío Mesino. Pero también repudiamos estos crímenes de Estado, porque son eso, crímenes de Estado que han venido criminalizando la lucha social y, en consecuencia, a sus dirigentes.

Por ello no es novedoso, pero es repudiable y lamentable que en el Estado mexicano sigan ocurriendo estos hechos. Hace algunos meses fue el compañero Arturo Hernández Cardona, después siguió el compañero indígena Raymundo Velázquez, luego en Oaxaca siguió el compañero Arturo Pimentel, fundador del Frente Indígena Binacional de Oaxaca.

¿Quiénes más siguen? Todos ellos identificados con la lucha y la movilización social, y por supuesto, también identificados con nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática.

Por ello, presidente, demandamos, exigimos que el gobierno federal, que la Procuraduría General de la República atraiga este caso, dado que en Guerrero no existen por ahora las condiciones, dado estos hechos de violencia y crímenes que han quedado impunes, para que se puedan esclarecer estos hechos, se deslinden las responsabilidades y se castiguen a los culpables.

Es cuanto, señor presidente. Por ello también exigimos y pedimos solidariamente un minuto de silencio en favor de nuestra compañera Rocío Mesino.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado don Carlos de Jesús Alejandro.

NOMBRAMIENTO DEL CONSEJERO ELECTORAL QUE DEBERA SUPLIR A SERGIO GARCIA RAMIREZ

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente, pienso que seguramente usted va a dar el minuto de silencio. No sé en qué momento lo va a hacer, porque todavía estamos en el orden del día. Más bien tengo otro tema del orden del día, y si va a dar el minuto de silencio, me gustaría solidarizarme con el mismo, dejarlo pasar y pedirle para el orden del día, antes de que lo ponga a votación. Si usted me instruye que es el momento, de una vez le planteo mi tema.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto, diputado. Si quiere plantear el tema y después procedemos al minuto de silencio.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Una vez solidarizados —como debe de ser— porque sí es grave lo que pasa en el país, he estado reiterándole que la Mesa Directiva debe de poner a discusión lo del consejero vacante del IFE.

Me preocupa que los diputados no cumplan la ley, que no se respete la Constitución y esto se está volviendo una constante. Pero ya hoy las declaraciones que vemos en el periódico por parte de la Jucopo se me hace que ya entramos no nada más en violaciones anticonstitucionales, una ilegalidad muy grave.

Ya sabemos cómo activa aquí el Revolucionario Institucional a los demás poderes. Ya vimos inclusive las declaraciones del magistrado Oropeza, diciendo que no hay problema, que ahí cuando quieran los diputados. Pero pienso que la Presidencia y usted debería de estar preocupado por este tema.

Daniel Cosío Villegas ya hablaba de la sucesión presidencial y no vaya a ser que este caso se esté prestando para las guerras internas que hay en el Revolucionario Institucional para impedir... o bueno, no nada más del Revolucionario Institucional, hay que decirlo, del nuevo partido ése que hicieron, el del pacto contra México, porque están inmiscuidos los del PRD, los del PAN y el caso es que desde la Jucopo nos tienen trabados con este consejero, y ahora ya quieren echar los otros cuatro, y por otro lado traen la reforma. En fin.

Es tan sencillo cumplir la ley, es tan sencillo que usted se ponga los pantalones, se faje y hoy mismo ponga en el orden del día a votación consejero por consejero, y con eso cumplimos la ley. Lo exhorto a que introduzca en el orden del día este punto, o nos aclare cómo está este asunto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto, diputado Huerta. Primero decirle que esta Presidencia es sensible a su solicitud y a su reiterada exigencia.

Hemos sido comunicados por la Junta de Coordinación Política que el día de hoy se circulará un acuerdo que podría estar siendo votado el día de mañana para ambos propósitos, tanto para resolver el asunto relativo a la vacante que ha dejado Sergio García Ramírez, como para la elección de los tres consejeros y el presidente que terminan su encargo el día 30 de octubre.

Sus palabras quedan registradas y por supuesto que esta Presidencia es sensible al planteamiento. Y en caso de que la Junta lo resolviera mañana, lo estaríamos tratando en este pleno de la Cámara de los Diputados en la sesión del próximo jueves. Así es como nos lo ha propuesto la Junta de Coordinación Política por conducto de su presidente.

Ahora, si me lo permiten, esta Presidencia obsequia el minuto de silencio, que ha sido solicitado por el diputado Ricardo Mejía y respaldado por la diputada Socorro Ceseñas, por el propio diputado Manuel Huerta, por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, en memoria de Rocío Mesino.

(Minuto de Silencio)

Muchas gracias.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 22 de octubre de 2013

Lectura de las actas de sesiones anteriores.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva-

Del diputado Trinidad Morales Vargas-

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los recursos comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que durante el mes de septiembre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

De los congresos de los estados de Colima y Guanajuato

Con los que remiten acuerdos por los que se exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se asigne una partida presupuestaria a efecto de que se pueda operar la reforma educativa.

De la Cámara de Senadores

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se aumente el gasto en el rubro del Ramo 33, para expandir el padrón de beneficiarios del programa “desayunos escolares”, presentada por los senadores Fernando Yunes Márquez y Fidel Demédicis Hidalgo, de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, un incremento para fortalecer el Programa de Acceso, Atención y Prevención del Cáncer de Ovario, operado por el Instituto Nacional de Cancerología, presentada por la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo para que en el apartado de servicios de salud del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se asignen recursos financieros para la construcción de un hospital del IMSS en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, presentada por el senador Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 los recursos suficientes para apoyar a los 22 “Sistemas-Producto” en el estado de Guerrero, presentada por los senadores René Juárez Cisneros, Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández, de los Grupos Parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a etiquetar los recursos necesarios para realizar un estudio integral actualizado del territorio nacional, presentada por los senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar recursos para la implementación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino, presentada por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Pavlovich Arellano y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne una partida especial para la creación del fondo para la sociedad de la información y el conocimiento, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma el artículo Tercero Transitorio y adiciona los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto transitorios del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Efeméride

Con motivo del Aniversario de la Constitución de Apatzingán, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. y adiciona un párrafo al artículo 8o. de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la Sociedad Civil.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados de Durango, Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí a revisar, con perspectiva de género, sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativos a la celebración de ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativo a la realización de actividades para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que exhorta al Titular del Ejecutivo federal, realice las acciones conducentes para la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que integre una delegación plural y de alto nivel en la segunda revisión del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 23 de octubre de 2013 en Ginebra Suiza.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 2o, 3o. y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 10, 11, 12 y 48 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 de la Ley General de Educación y 21, 24, 25 y 26 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en materia de presupuesto.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 de la Ley General de Educación y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyectos de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 26 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona los artículos 19 y 22 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo relativo a la problemática actual que presenta el cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la condonación de multas a productores y concesionarios de pozos agropecuarios del estado de Zacatecas, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a homologar los municipios del estado de Quintana Roo a zona geográfica “A”, a fin de equilibrar el desarrollo económico de la región fronteriza, a cargo de los diputados Lizbeth Loy Gamboa Song, Raymundo King De la Rosa y Eduardo Roman Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón y suscrita por el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el Capítulo Quinto y el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 81 y 82 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz y suscrita por el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz y suscrita por el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 86 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 52 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 9o. y 32 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Marco Antonio Barba Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 81 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 50-A a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55, 56 y 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 39, 48 y 54 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Claudia Delgadillo González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 335 y 337, y adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Amalia García Medina y suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo de la diputada Amalia García Medina y suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 403 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Candidaturas Independientes, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina y suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que a través de la Profeco, se ponga en marcha una campaña informativa donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaria de Salud, implemente una campaña en contra del suicidio, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo con relación a la violación del artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por parte del titular del Ejecutivo federal, respecto a la recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a marchas y manifestaciones en la Ciudad de México, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que publique el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para declarar el próximo “2014, Año de Octavio Paz” y se realicen diferentes actividades alusivas al poeta, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a expedir la NOM que establezca los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire, a cargo del diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, en relación a la donación de órganos y tejidos, suscrito por los diputados Isaías Cortés Berumen, Carlos Humberto Castaños Valenzuela y Jaime Chris López Alvarado, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que considere la opinión de la Cámara de Diputados, en la construcción de las reglas de operación de diversos programas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, para que haga públicos los estados financieros de las filiales de su propiedad, existentes en diversos países, así como información general del estado financiero y patrimonial de dichas sociedades, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que publique las Reglas de Operación del Fondo de Cambio Climático, suscrito por los diputados Fernando Bribiesca Sahagún, Yesenia Nolasco Ramírez y María Isabel Ortiz Mantilla, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Nueva Alianza, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del INAH y de la Sectur, para que se dé mantenimiento y difusión turística a la zona arqueológica de Xicalango, ubicada en el municipio Del Carmen, estado de Campeche, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Tlaxcala, para que derogue las recientes reformas a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal, que criminalizan a las mujeres y restringen su derecho a la salud, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y al Servicio Nacional de Empleo, a generar programas especiales sobre proyectos productivos para migrantes mexicanos deportados, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instituir el mes de noviembre como el “Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Próstata”, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Condusef, para que fomente acciones tendientes a explicar en qué consiste la subrogación de acreedor, en materia de créditos hipotecarios, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que garantice el funcionamiento de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero, para que esclarezca el asesinato de Rocío Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que planeen, organicen y desarrollen un sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que a través de la Conanp, se realicen acciones en beneficio del “Parque Nacional Barranca del Cupatitzio”, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Sener y de Pemex, para que instrumenten acciones para cumplir con el mandato de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y el Programa de Introducción de Etanol en la matriz energética de nuestro país, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes Ejecutivo federal, del estado de Oaxaca y del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, de esa entidad, para que garanticen a la población servicios públicos oportunos y de calidad; y se garantice a la C. Irma López Aurelio y su hijo recién nacido, justicia pronta y expedita, la reparación de daños y perjuicios, así como protección, seguridad y certeza jurídica, haciendo caer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables, suscrito por las diputadas Lourdes Eulalia Quiñones Canales e Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y estales, para que promuevan y propongan la inclusión en los planes y programas de estudio de educación básica, las asignaturas de Civismo, de Educación Integral para la Salud y de Educación Sexual, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura de las actas de las sesiones del 17 y 18 de octubre del año en curso. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se les dispensa la lectura, tomando en consideración que han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se les dispensa la lectura, dado que han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecisiete de octubre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos sesenta y cuatro diputadas y diputados, a las doce horas con un minuto del jueves diecisiete de octubre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Acto seguido, una vez dispensada su lectura por encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria, se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules los diputados Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; y Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, realizan comentarios sobre el Orden del Día y sobre diversos temas legislativos. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y de Juntas Directivas de las Comisiones de Competitividad, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y Especiales de Minería, y para Análisis de la Agroindustria Azucarera. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de septiembre de dos mil trece, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para que se publique el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

d) De la Cámara de Senadores:

• Con las que remite Proposiciones con puntos de acuerdo:

– Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, se asigne una partida presupuestal para el Instituto Tecnológico de Sonora. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

– Siete, por los que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil catorce, se destinen recursos para el desarrollo de proyectos en los municipios de: Tonila, Cihuatlán, Guachinango, Valle de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos y Valle de Juárez, en el Estado de Jalisco, presentadas por el senador José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

– Por el que se solicita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia de la Cámara de Diputados para que resuelvan la Minuta con Proyecto de Decreto que Expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos setenta y cinco, y ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, al Código Penal Federal, presentada por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. Se remite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia, para su atención.

• Con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

– Que reforma y adiciona los artículos dos, tres, cuatro, cinco-A, y diecinueve de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer un gravamen especial a la comida chatarra, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes: Federal sobre Metrología y Normalización, de Comercio Exterior, Aduanera, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Cambio Climático, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, presentada por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se proponen las Reglas Básicas para el desarrollo de la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto que expide, reforma, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales que integran el paquete económico dos mil catorce. Se somete a discusión e intervienen en contra los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, quien realiza moción de ilustración, el Presidente instruye a la Secretaría dar lectura al artículo ciento nueve numeral tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados, y presenta una propuesta de modificación, que en votación económica no se acepta a discusión, y se desecha; Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

A las doce horas con treinta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos setenta y cinco diputadas y diputados.

Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados Alfredo Zamora García, del Partido Acción Nacional; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y cinco, ochenta y dos, noventa y uno, y noventa y cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Arturo Escobar y Vega y Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley Reglamentaria del artículo veintinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, para dictamen, y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley Sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado, Víctor Emanuel Díaz Palacios y suscrita por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• J. Jesús Oviedo Herrera, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos séptimo y octavo de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento seis y adiciona un artículo trescientos cincuenta y cinco Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal, que reforma el artículo tercero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján y suscrita por la diputada Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley de Austeridad para Servidores Públicos de los Entes Públicos de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, que reforma el artículo diecinueve de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Dulce María Muñiz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dieciséis de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Xavier Azuara Zúñiga, Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley Reglamentaria de los artículos segundo, sexto, séptimo, veintisiete, veintiocho, y ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos al Libre Acceso a la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Salud, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

b) Hacienda y Crédito Público:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y se Expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado José Arturo Salinas Garza. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Jhonatan Jardines Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Alejandro Flores Flores, del Partido Acción Nacional; y Benito Caballero Garza, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, en dos ocasiones, en la segunda desde su curul; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, y Ricardo Monreal Ávila, ambos de Movimiento Ciudadano; y en pro los diputados: Karen Quiroga Anguiano; Carlos Augusto Morales López; y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los siguientes artículos: segundo, párrafo primero; cuarto-B, párrafo cuarto, cuarto, párrafo octavo; sexto, párrafo primero; veintiséis-A, párrafo primero, fracción cuarta; y cuarenta y nueve, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. En votación nominal por cuatrocientos veintitrés votos a favor; cuarenta y ocho en contra; y nueve abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados de la Ley de Coordinación Fiscal a los siguientes diputados:

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, para presentar propuestas de modificación a los artículos cuarto, párrafo octavo; y sexto, párrafo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiséis-A, párrafo primero, fracción cuarta, de la Ley de Coordinación Fiscal, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarto, párrafo octavo, de la Ley de Coordinación Fiscal, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y nueve, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

No habiendo más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos veintiséis votos a favor; cincuenta y tres en contra; y dos abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos: segundo, párrafo primero; cuarto, cuarto-B, párrafo cuarto; cuarto, párrafo octavo; sexto, párrafo primero; veintiséis-A, párrafo primero, fracción cuarta; y cuarenta y nueve, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad

A las dieciséis horas con quince minutos el Presidente declara un

Receso

A las diecisiete horas con ocho minutos se reanuda la sesión.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado José Sergio Manzur Quiroga. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, y no habiendo artículos reservados, en votación nominal por cuatrocientos veintinueve votos a favor; cuarenta y cuatro en contra; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Iván Villalobos Seañez, del Partido Acción Nacional; y Jorge Herrera Delgado, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Rubén Camarillo Ortega, del Partido Acción Nacional; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y en pro los diputados: Mario Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Treviño Cantú, del Partido Revolucionario Institucional; Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. En su oportunidad intervienen para responder alusiones personales los diputados: Rubén Camarillo Ortega, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda desde su curul; y Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, en dos ocasiones, la segunda desde su curul. Para rectificación de hechos la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa que se han reservado para discusión en lo particular los artículos: primero; primero-C; segundo; segundo-A; segundo-C; quinto; noveno; quince; veinticuatro; veinticinco; veintiocho; veintiocho-A; y treinta, y las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; primero, segundo, segundo-A, tercero, y quinto, y disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; doscientos treinta y nueve, doscientos cuarenta y cuatro-G, doscientos cuarenta y cuatro-H, doscientos sesenta y ocho, doscientos setenta, doscientos setenta y cinco, de la Ley Federal de Derechos; noveno, quince, diecisiete, veinticinco, veintisiete, veintiocho, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, cincuenta y seis al setenta, setenta y uno, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y nueve, ochenta y dos, noventa y tres, noventa y seis, cien, ciento uno, ciento nueve, ciento trece, ciento veintinueve, ciento cincuenta y uno, ciento cincuenta y dos, ciento sesenta y uno, ciento ochenta y seis, ciento noventa y cuatro, adición de un Capítulo Séptimo al Título Séptimo, y las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En votación nominal por trescientos diecisiete votos a favor; y ciento sesenta y cuatro en contra, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar modificación a los artículos reservados de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a los siguientes diputados:

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos: primero, fracciones cuarta, quinta, y sexta; segundo; y quinto, párrafo último. No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el Presidente instruye se abra el sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con un registro de doscientos votos a favor; doscientos cincuenta y dos en contra; y dos abstenciones, no se admite a discusión, se desecha.

• Jaime Bonilla Valdez, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo primero-C, párrafo segundo, fracciones cuarta, quinta y sexta; segundo; segundo-A, fracción primera, párrafo último; y quinto, párrafo último. No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el Presidente instruye se abra el sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con un registro de ciento ochenta y nueve votos a favor; y doscientos setenta y tres en contra, no se admite a discusión, se desecha.

• David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar propuesta de modificación a los artículos primero-C, fracciones novena, cuarta y sexta; segundo; segundo-A; y quinto párrafo último, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación a los artículos: primero-C, fracciones cuarta, quinta, y sexta; segundo; segundo-A; y quinto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos: primero-C, fracciones novena, quinta, y décimo primera; segundo; segundo-A; quinto; en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, párrafo último, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Desde su curul realiza comentarios el diputado Alfredo Zamora García, del Partido Acción Nacional.

• Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Juan Jesús Aquino Calvo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Francisco Pelayo Covarrubias, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo-A, fracción primera, inciso A); y eliminación del numeral seis del inciso B); y segundo-A, fracción segunda, inciso H), en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo-A, fracción primera, inciso B), numeral seis, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo-A, y la eliminación del numeral seis, del inciso B), fracción primera, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo-A, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo-A, inciso B), numeral seis, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, en nombre propio y de la diputada Aleida Alavez Ruiz, ambas del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo-C, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Leonor Romero Sevilla, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo quince, eliminación de la fracción quinta, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos: noveno, fracción novena; y veintiocho-A, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y fracción tercera de las Disposiciones transitorias de la misma Ley, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Glafiro Salinas Mendiola, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación a los artículos veinticuatro; veinticinco, fracciones primera y novena; veintiocho; eliminación de los artículos veintiocho-A y treinta, segundo párrafo, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

• José Francisco Coronato Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veinticinco, fracción primera, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Desde sus respectivas curules los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; David Cuauhtémoc Galindo Delgado, y Consuelo Argüelles Loya, ambos del Partido Acción Nacional, realizan comentarios sobre la votación de los artículos reservados y disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y proponen se realice por separado. El Presidente realiza moción de ilustración e instruye a la Secretaría a dar lectura al artículo ciento ocho, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. En votación nominal con un registro de ciento noventa y cinco votos a favor; y doscientos setenta y ocho en contra, no se autoriza, y se votan en conjunto los artículos reservados.

En votación nominal por doscientos noventa y un votos a favor; ciento setenta y ocho en contra; y una abstención, se aprueban en lo particular los artículos reservados y las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en términos del dictamen.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar modificación a los artículos reservados de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a los siguientes diputados:

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, fracción primera, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, fracción primera, inciso-A), numeral uno, no se admite a discusión, se desecha.

• José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, fracción primera, inciso A), numeral tres, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, fracción primera, inciso G), en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, fracción primera, inciso G), en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, fracción primera, inciso G), en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, fracción primera, eliminación del inciso G), en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, fracción primera, inciso H), en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, fracción primera, eliminación del inciso G); y tercero, fracciones décimo octava, décimo novena, vigésima, y vigésimo primera. Intervienen para responder alusiones personales los diputados: Marina Garay Cabada, del Partido Revolucionario Institucional, desde su curul; Fernando Zarate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional; y José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, desde la tribuna. En votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

En su momento y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados: Consuelo Argüelles Loya, y Jorge Iván Villalobos Seáñez, ambos del Partido Acción Nacional; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

• Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, fracción primera, incisos G) y J). Intervienen para responder alusiones personales los diputados: Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional; Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido de la Revolución Democrática; y Cesario Padilla Navarro, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica no se admite a discusión, se desecha.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace moción de ilustración e instruye a la Secretaría dar lectura al artículo ciento catorce del Reglamento de la Cámara de Diputados.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo-A, fracción segunda, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo quinto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Desde su curul el diputado Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, solicita a la Presidencia se lleve a cabo votación por separado del artículo segundo, fracción primera, inciso G), de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. El Presidente realiza moción de ilustración e instruye a la Secretaría dar lectura al artículo ciento ocho, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. En votación nominal con un registro de ciento sesenta y tres votos a favor; doscientos ochenta y nueve en contra, y tres abstenciones, no se autoriza su votación por separado.

En votación nominal por trescientos diez votos a favor; ciento sesenta y tres en contra; y cinco abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos reservados y las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en términos del dictamen.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar modificación a los artículos reservados de la Ley Federal de Derechos, a los siguientes diputados:

• Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo doscientos treinta y nueve, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo doscientos cuarenta y cuatro-G, Tabla B, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo doscientos cuarenta y cuatro-H, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Eligio Cuitláhuac González Farias, del Partido Revolucionario Institucional, en nombre propio y del diputado José González Luna Bueno, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar propuesta de eliminación al artículo doscientos cuarenta y cuatro H, en votación económica se admite a discusión, no habiendo oradores registrados se acepta la propuesta de modificación por parte de la Asamblea.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones. El Presidente hace aclaraciones.

• Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación a los artículos doscientos sesenta y ocho; y doscientos setenta, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo doscientos setenta y cinco, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

En votación nominal por trescientos catorce votos a favor; y ciento sesenta y cinco en contra; se aprueban en lo particular, en conjunto, los artículos reservados: doscientos treinta y nueve; doscientos sesenta y ocho; doscientos setenta; y doscientos setenta y cinco, en términos del dictamen; y el artículo doscientos cuarenta y cuatro, con la modificación aceptada por la Asamblea, de la Ley Federal de Derechos.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a los siguientes diputados:

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo nueve, fracción segunda, párrafo tercero, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Fernando Cuéllar Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos quince, y ciento uno, en votación económica se admite a discusión, no habiendo oradores registrados, se acepta.

• José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo diecisiete, fracción tercera, votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo veinticinco, fracción quinta, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintisiete, fracción tercera, párrafo tercero, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiocho, fracción décimo quinta, quien acepta interpelación del diputado José Antonio Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiocho, fracción vigésima, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos veintiocho, fracción vigésima; y treinta y seis, fracción segunda, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiocho, fracción vigésima, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiocho, fracción trigésima, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Ángel González Serna, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiocho fracción trigésima, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación los artículos: veintiocho, fracción trigésima; ciento ochenta y uno; ciento ochenta y dos; y ciento ochenta y tres, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional; y la diputada Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiocho, fracción trigésimo segunda, en votación económica se admite a discusión, no habiendo oradores registrados en votación económica se acepta.

• Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y tres, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y cuatro, fracción primera, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación de los artículos cincuenta y seis al setenta, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Ricardo Villarreal García, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y cinco, fracción décimo quinta. No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el Presidente instruye se abra el sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con un registro de doscientos votos a favor; y doscientos treinta y cinco en contra, no se admite a discusión, se desecha.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de eliminación de los artículos cincuenta y seis al setenta, y la modificación al artículo ciento cincuenta dos, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos del cincuenta y nueve al setenta y uno, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de eliminación de Capítulo Sexto, Título Segundo; y modificación al artículo sesenta y cuatro, fracción segunda, inciso B), en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sesenta y cuatro, fracción quinta, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Roberto López Rosado, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo setenta y tres, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación de los artículos setenta y nueve, fracción décima; y ochenta y dos, fracción primera, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar propuesta de modificación al artículo setenta y nueve, fracción vigésimo sexta, en votación económica se admite a discusión, no habiendo oradores registrados en votación económica se acepta.

• Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo noventa y tres, fracción décimo novena, inciso A), en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo noventa y seis, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo noventa y seis, párrafo primero, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Partido Acción Nacional, declina su intervención para presentar propuesta de modificación al artículo cien, fracción primera.

• Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento nueve, párrafo cuarto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento nueve, párrafo último, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Javier Treviño Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento veintinueve, en votación económica se admite a discusión, sin oradores registrados, en votación económica se acepta.

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento veintinueve, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

El Presidente instruye a la Secretaría a dar lectura a una Fe de erratas, presentada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al artículo ciento cincuenta y uno, fracción cuarta, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En votación económica se admite a discusión la modificación, no habiendo oradores registrados, en votación económica se acepta y se incorpora al dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento cincuenta y uno, párrafo último, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento cincuenta y uno, párrafo último, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento cincuenta y uno, fracción tercera, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento cincuenta y dos, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento ochenta y seis, en votación económica se admite a discusión, no habiendo oradores registrados, en votación económica se acepta.

• Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento noventa y cuatro, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha.

• Alliet Marina Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de un Capítulo Séptimo, al Título Séptimo, en votación económica se admite a discusión, no habiendo oradores registrados, en votación económica se acepta.

El diputado Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, declina su intervención, para presentar propuesta de modificación al artículo noveno, Tercero Transitorio, fracciones décimo quinta, y décimo sexta, de las disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

• Mario Sánchez Ruiz, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo noveno, fracción décimo quinta, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Regina Vázquez Saut, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar propuesta de modificación al artículo noveno, fracción décimo cuarta, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en votación económica se admite a discusión e interviene en contra el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se acepta.

• Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo noveno fracción vigésimo sexta, de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Desde su curul la diputada Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional, solicita a la Presidencia se voten por separado los artículos veintiocho y ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En votación económica no se acepta y se vota en conjunto.

En votación nominal por doscientos noventa y seis votos a favor; ciento sesenta y cinco en contra; y dos abstenciones, se aprueban en lo particular, en conjunto, los artículos reservados en términos del dictamen, y los artículos aceptados por la Asamblea, así como las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y se Expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea que, con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita la Minuta a la Cámara de Senadores, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de hoy viernes dieciocho de octubre de dos mil trece, a las trece horas, y levanta la sesión el día viernes dieciocho de octubre a las cinco horas con cinco minutos.»

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes dieciocho de octubre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y tres diputadas y diputados, a las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del viernes dieciocho de octubre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el Acta de la Sesión Solemne y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios en Junta Directiva y de integrantes de Grupos de Amistad con Pakistán, Arabia Saudita, Serbia, Japón, Rusia, Reino Unido, Alemania, y Nigeria. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

b) De la Secretaría de Gobernación, remite la información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal dos mil trece, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al Tercer Trimestre de dos mil trece. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

c) De la Cámara de Senadores, con las que remite:

• Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, establezca una partida especial para la reconstrucción, reparación y rehabilitación de las escuelas afectadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, presentada por el senador Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Iniciativas con proyecto de decreto:

– Que reforma el artículo ocho de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos ciento trece y ciento setenta y siete de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que adiciona el inciso d) a la fracción segunda del artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en relación con la exhibición pública de películas, presentada por la senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• José Everardo Nava Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintiséis, veintisiete, veintinueve de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Margarita Saldaña Hernández, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tercero de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sesenta de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo treinta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alfonso Inzunza Montoya, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veinticinco Bis y ciento veintiocho Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos segundo, veintiséis, y treinta y uno, y adiciona un artículo cuarenta y tres Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma artículos segundo, veintisiete, veintiocho, y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• William Renán Sosa Altamira y suscrita por el diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y nueve, sesenta y dos, sesenta y tres, y sesenta y tres Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• J. Jesús Oviedo Herrera, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiación y del Código Civil Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Justicia, para opinión.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo cuarenta y siete de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, que reforma el artículo treinta y dos Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

• Juan Isidro del Bosque Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos doce, cincuenta y siete, y cincuenta y ocho de la Ley de Seguridad Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

A las quince horas con cincuenta y siete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos ochenta y un diputadas y diputados.

• Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo trescientos cincuenta y tres-D de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de Declaratoria de Publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado José Isabel Trejo Reyes. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Federico José González Luna Bueno, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Cuéllar Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional; y Elsa Patricia Araujo de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, y Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano; y en pro los diputados: Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Rodrigo González Barrios, del Partido de la Revolución Democrática; y Sergio Augusto Chan Lugo, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Fernando Belaunzarán Méndez, Roberto López González, y Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Alfonso Durazo Montaño, Gerardo Villanueva Albarrán, y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos: primero; segundo; sexto; octavo; noveno; once; dieciséis; y Cuarto Transitorio, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, contenida en el artículo primero del proyecto de decreto; el artículo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, contenida en el artículo segundo del proyecto de decreto. En votación nominal por trescientos ochenta y siete votos a favor; cincuenta y dos en contra; y treinta abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados, del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce a los siguientes diputados:

• Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, numeral diez. No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el Presidente instruye se abra el sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con un registro de ciento cincuenta y dos votos a favor; y doscientos treinta y siete en contra, no se admite a discusión, se desecha.

• Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, numeral diez, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, párrafo tercero; y la eliminación del párrafo primero del artículo segundo, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Luis Ángel Espinoza Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, párrafo séptimo, en votación económica se admite a discusión, no habiendo oradores registrados, en votación económica se acepta.

• José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, párrafo octavo, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, párrafo primero, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, párrafo primero, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de eliminación del párrafo primero, del artículo segundo, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, párrafo décimo segundo, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos segundo, párrafo noveno, y la adición de un párrafo décimo sexto; octavo, fracción segunda, y la adición de un numeral cuarto, en votación económica se admite a discusión, no habiendo oradores registrados, en votación económica se acepta.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

El diputado Pedro Porras Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, declina su intervención para presentar propuesta de modificación al artículo noveno, y la adición de un párrafo cuarto.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo once, párrafo primero, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo dieciséis, apartado A, fracción segunda, numeral dos, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de eliminación del artículo Cuarto Transitorio, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de eliminación del artículo Cuarto Transitorio, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, párrafo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, contenido en el artículo segundo del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de eliminación del artículo segundo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, contenido en el artículo segundo del proyecto de decreto en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios con relación al tema la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática.

En votación nominal por trescientos votos a favor; ciento cincuenta y tres en contra; y tres abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos reservados: primero y segundo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea; sexto; octavo; noveno; once; dieciséis; y Cuarto Transitorio, en términos del dictamen, todos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, contenida en el artículo primero del proyecto de decreto; así como el artículo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, contenida en el artículo segundo del proyecto de decreto, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veintidós de octubre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las veinte horas.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría poner a discusión las actas.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión las actas. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobadas las actas.

Pasamos al siguiente asunto.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Educación Pública y Servicios Educativos

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a generar mayores alternativas para las personas que no obtuvieron lugar en universidades públicas.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretaría de Educación Pública, y de Economía, así como al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, a implementar acciones en beneficio de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Relaciones Exteriores

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión refrenda su respetuoso llamado a las autoridades de Estados Unidos de América a atender la opinión número 19/2005 del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con los nacionales cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para que la honorable Cámara de Diputados condene enérgicamente los actos terroristas perpetrados en la República de Kenia y exprese sus condolencias al pueblo y al gobierno de aquella nación por tan graves acontecimientos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a generar mayores alternativas para las personas que no obtuvieron lugar en universidades públicas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 28 de agosto, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a generar mayores alternativas para las personas que no obtuvieron lugar en universidades públicas.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.

II. Descripción de la proposición

Los proponentes argumentan que los esfuerzos realizados, hasta el momento, por la administración pública federal no son suficientes en materia de educación superior, muestra de ello es que existe un desequilibrio entre la oferta y demanda de espacios educativos.

La situación anterior ha desencadenado que los jóvenes no cuenten con oportunidades de capacitación suficientes, tal que para el año 2013 el 90 por ciento de quienes aplicaron examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México, fueron rechazados.

Asimismo, mencionan que en México para el año 2013 un 37.8 por ciento de los jóvenes entre 15 y 29 años no asisten a la escuela ni tienen empleo (Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos).

Por otro lado, señalan que el Estado mexicano ha faltado a lo establecido en el artículo tercero constitucional, entre otras cosas en expresado en la fracción V:

Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

De esta forma, cientos de jóvenes con grandes ánimos por continuar sus estudios, conformaron desde hace varios años, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, el cual ante su organización y eventual movilización consiguió un acuerdo con varias instituciones de educación superior para que se otorgarán más lugares para el ciclo escolar 2014-2015, lo cual es un primer paso, para revertir la deuda en materia educativa a nivel superior; sin embargo debemos reconocer que con esto no se solucionará de raíz el problema educativo en México.

Con base en los argumentos anteriores, los diputados proponen el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a generar mayores alternativas para las personas que no obtuvieron un lugar en universidades públicas, tal y como pretende ser el programa emergente de matrícula en la educación superior, en coordinación con las mejores instituciones de educación superior del país.

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora comparte con los promoventes su preocupación sobre la capacitación de los jóvenes que se encuentran sin estudiar ni trabajar. No obstante, considera que para emitir el punto de acuerdo que proponen, se requiere considerar los siguientes argumentos:

La Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, SEP, cuenta con la Universidad Abierta y a Distancia de México (Unadm), que opera bajo la modalidad no escolarizada, basado en el desarrollo de competencias profesionales mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

En estos cursos en línea que ofrece la SEP se tiene la opción del título de técnico superior universitario (con duración de 2 años), así como el grado de licenciatura o ingeniería (duración de 4 años) , superando las restricciones de tiempo y espacio que caracterizan a la educación presencial.

A través de este programa se tiene acceso, en cualquier lugar donde se cuente con un equipo de cómputo con acceso a Internet, a cualquiera de los 12 programas de estudios a nivel licenciatura y, si no se cuenta con equipo de cómputo, se puede acudir a uno de los Centros de Acceso y Apoyo Universitario que formar parte de la Unadm, que permite acceder a la plataforma virtual de estudio y que se entran a lo largo de la República Mexicana.

Por otro lado, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una oferta de 21 carreras, que permiten una mayor flexibilidad para los estudiantes, lo que incentiva a la demanda por servicios educativos en el nivel superior.

Adicionalmente, se cuenta también con el Programa de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

De igual manera, el Sistema de Universidades Tecnológicas ofrece, a través de 59 instituciones oferta educativa para jóvenes.

Por otro lado, en el análisis realizado por el Subsecretario de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, se calcula que el aumento de la matrícula en educación superior implicaría un esfuerzo presupuestal sostenido de entre 6 y 7 mil millones de pesos adicionales al año. Lo que implicaría necesariamente la reubicación de recursos para lograr este cometido.

Por otro lado, la SEP –a través del Programa Emergente de Matrícula en Educación Superior 2013-2014– ofrece 36 mil 377 espacios adicionales en universidades públicas y privadas, de los cuales 20 mil corresponden al sistema abierto y a distancia.

Lo anterior, permite afirmar que los demandantes de educación superior cuentan con un importante cúmulo de alternativas en su acceso a universidad públicas; por lo que el problema de la educación parece estarse situando en la demanda, que privilegia la elección de ciertos tipos de escuelas en contra de otras (por menor trayectoria, fama, entre otros aspectos), por lo que insistir sobre la oferta nos llevaría a una medida que no soluciona la problemática, salvo si se crearan nuevos lugares en universidades de prestigio.

Por lo anterior, esta dictaminadora considera que la propuesta de este punto de acuerdo, no es suficiente para solucionar la problemática en comento.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a generar mayores alternativas para las personas que no obtuvieron un lugar en universidades públicas.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Anteriormente era el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, que publicó su primera convocatoria el 12 de agosto de 2009.

2 La educación superior en México: avances, rezagos y retos, en: ftp://ece.buap.mx/pub/ TRANSPARENCIA/PlanDesarrolloFCE_11-15/Educacion/EducSupMex_AvancRezagos Retos-SEP.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez, Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los secretarios de Educación Pública, y de Economía, así como al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, a implantar acciones en beneficio de los jóvenes que no estudian ni trabajan

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el 28 de agosto la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, y de Economía, así como al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, a implementar acciones en beneficio de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.

II. Descripción de la proposición

La proponente argumenta que el amplio número de jóvenes mexicanos de entre 12 y 29 años de edad (36.2 millones de personas) y las situaciones que enfrentan en su entorno social, que han empujado a que 6 millones 887 mil 152 jóvenes no estudien ni trabajen (75 por ciento de ellos mujeres), hacen necesaria la intervención de las autoridades a fin de que resolver esta problemática.

Adicionalmente, señala que es necesario generar opciones viables de apoyo para las y los jóvenes que no estudian ni trabajan, cuya situación afectará en un futuro el desarrollo de nuestra nación; ya que dentro de este sector de jóvenes, encontramos aproximadamente 5 millones de mujeres jóvenes que realizan actividades domésticas por razón de su género, acotándoles toda oportunidad para cumplir con la instrucción educativa obligatoria o en su caso la posibilidad de incorporarse a la vida laboral.

Por otro lado, la proponente señala que hay un número considerable de jóvenes que vive con alguna discapacidad que le impide incorporarse a la vida productiva y aproximadamente 3.2 millones de jóvenes que se desempeña en roles no identificables o marginales, ya que han dejado sus estudios para buscar un empleo, los cuales en estratos más bajos son presa fácil de las redes del crimen organizado.

Finalmente, concluye que si se mantiene a los jóvenes desvinculados del mercado laboral y del sistema educativo, estaremos generando en pocos años un importante porcentaje de población totalmente ajeno a la participación política y social de nuestra nación, así como altos costos para la economía mexicana.

Con base en los argumentos anteriores, la diputada propone el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, y de Economía, así como al director general del Instituto Mexicano de la Juventud a implementar acciones y políticas de apoyo para que las y los jóvenes que no estudian ni trabajan tengan fácil acceso a su inserción al sistema educativo y, en su caso, al mercado laboral.

III. Consideraciones

Esta comisión comparte con la promovente su preocupación sobre la necesidad de generar acciones en beneficio de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan. No obstante, se considera que para emitir el punto de acuerdo que proponen, se requiere considerar los siguientes argumentos:

El programa de Becas de Educación Media Superior tiene como objetivos que los estudiantes tengan un incentivo adicional para finalizar su educación secundaria e ingresen a la educación media superior, que los alumnos que ya estén inscritos en el bachillerato no abandonen la escuela por razones económicas y que los que tienen un buen desempeño académico lo mantengan. Asimismo, en el nivel superior, se cuenta con 9 programas distintos de becas, de los cuales se destaca el Programa Nacional de Becas y Financiamiento (Pronabes).

En materia de atención a la población discapacitada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con el bachillerato no escolarizado para estudiantes con discapacidad, que ofrece una educación a nivel bachillerato, que tiene el mismo nivel y respaldo de la preparatoria abierta, así como asesoría personalizada por asignatura, en horario flexible y con material didáctico adaptado a las diferentes discapacidades. Esta estrategia, junto con la de becas por discapacidad constituyen la batería de políticas en este campo, que incentivan a los jóvenes al estudio.

Por otro lado, ante la problemática compleja que implica resolver la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior pondrá en marcha el Modelo Mexicano de Formación Dual, como un proyecto piloto contribuirá a que los jóvenes estudiantes de educación media superior desarrollen competencias que les permitan incorporarse exitosamente al mercado laboral.

Por lo que se refiere a la promoción del trabajo de los jóvenes, el gobierno federal cuenta con programas que van desde la capacitación en el trabajo (Centros de Formación para el Trabajo), hasta la conformación de empresas para el caso de emprendedores (Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jóvenes Creadores de INAES, entre otros).

Por lo que cabe a la promoción para el trabajo, el Instituto Mexicano de la Juventud tiene bolsas de trabajo especializadas, independientemente de las bolsas de trabajo que operan sin esta distinción.

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que el punto de acuerdo en comento se basa en problemáticas de la mayor relevancia para los jóvenes mexicanos. Sin embargo, ya está contemplado en distintos programas que hoy ejerce la administración pública federal.

Por lo anterior, se considera que el exhorto propuesto por los promoventes no es suficiente para solucionar la problemática que se está tratando de solucionar.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos solicita a la Mesa Directiva que la presente proposición con punto de acuerdo sea archivada como asunto total y definitivamente concluido mediante los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, y de Economía, así como al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, a implementar acciones en beneficio de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez, Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión refrenda su respetuoso llamado a las autoridades de Estados Unidos de América a atender la opinión número 19/2005 del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con los nacionales cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, refrende su respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América de atender la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los ciudadanos cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso, presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción 1, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del pleno del miércoles 18 de septiembre de 2013, la diputada Aleida Alavez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la referida fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido

Solicita que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Refrende su respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los ciudadanos cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, fue arbitraria y en su  enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.

Así como se pronuncie por la inmediata liberación de los ciudadanos cubanos detenidos injustamente y solicite al Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, la misma, por razones humanitarias.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen. También se consideraron los puntos de acuerdo que en años y meses previos han sido aprobados sobre este tema tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.

Consideraciones

El objeto de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen consiste en que la honorable Cámara de Diputados refrende al gobierno federal de Estados Unidos de América la solicitud para atender la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los ciudadanos cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañlno Salazar y René González Sehwerert, fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.

La proponente aclara que el pasado 12 de septiembre se cumplieron 15 años de la detención de estas personas en Estados Unidos de América.

Al respecto, la comisión destaca que anteriormente se han aprobado diversos puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, responsable de la política exterior, a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice las acciones diplomáticas conducentes para solicitar que las autoridades estadounidenses atiendan la referida opinión número 19/2005, a saber:

El Senado de la República mediante punto de acuerdo del 28 de septiembre de 2006 y la honorable Cámara de Diputados a través de un punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, el 26 de febrero de 2009.

Durante la presente legislatura la honorable Cámara de Diputados también se ha realizado lo propio, precisamente mediante dictamen de esta Comisión de Relaciones Exteriores emitido el 2 de abril de 2013, que resolvió:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con los nacionales cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert.

Asimismo, la Junta de Coordinación Política, en la misma fecha que la promovente presentó la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, es decir el pasado 18 de septiembre, con fundamento en el inciso b) numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hizo suya una proposición con punto de acuerdo sobre la misma materia, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que fue aprobada por el pleno ese día y remitida al Ejecutivo federal el 19 de septiembre de 2013, el resolutivo correspondiente es:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considerando el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, hace suya la solicitud para que sean liberados los ciudadanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González L., Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, que se encuentran en prisión en Estados Unidos de América desde hace más de 15 años.

En virtud de lo anterior, esta comisión aprecia que se encuentra suficientemente atendida la materia de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz.

Conclusiones

Por lo anterior, los integrantes de Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones y argumentos que preceden, estiman desechar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se someten a la consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de octubre del dos mil trece.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Agustín Barrios Gómez, Tania Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia García Medina (rúbrica en abstención por los derechos humanos), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández, María Guadalupe Mondragón González, Luis Olvera Correa, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para que la honorable Cámara de Diputados condene enérgicamente los actos terroristas perpetrados en la República de Kenia y exprese sus condolencias al público y al gobierno de aquella nación por tan graves acontecimientos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condene enérgicamente los actos terroristas perpetrados en la República de Kenia y exprese sus condolencias al pueblo y al gobierno de aquella nación por tan graves acontecimientos, presentada por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del pleno del día 26 de septiembre de 2013, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

Se propone que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice una enérgica condena de los actos terroristas perpetrados en la República de Kenia y exprese sus condolencias al pueblo y al gobierno de aquella nación por tan graves acontecimientos.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictaminación. También se consideró el comunicado sobre el particular emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Consideraciones

La proponente menciona que de acuerdo con información dada a conocer por diversas agencias internacionales de noticias, decenas de personas murieron el fin de semana y otras tantas resultaron heridas como consecuencia de un ataque terrorista perpetrado en el centro comercial Westgate de la ciudad de Nairobi, capital de Kenia.

Asimismo, que la milicia islamista somalí Al-Shabab, se habría adjudicado el atentado, el cual se habría realizado en contra de civiles indefensos.

Señala que una vez realizado el ataque, un grupo de terroristas se atrincheró en el centro comercial y tomó como rehenes a varias personas, quienes fueron rescatadas gracias a un operativo de las fuerzas de seguridad kenianas.

Destaca que la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana condenó el ataque, informando que los connacionales ubicados en aquella metrópoli se encontraban a salvo.

Resalta que México, interesado por fortalecer sus relaciones con los pueblos de África, ha reconocido la importancia geopolítica que tiene Kenia en esa región del mundo, y por eso mantiene relaciones diplomáticas amistosas con aquella nación desde el 15 de marzo de 1977, las cuales se han caracterizado por una atmósfera de cooperación en las áreas científico-técnica y educativa cultural, así como en diversos foros multilaterales.

Finalmente, considera que los principios que sustentan la política exterior del Estado mexicano, así como la suscripción de diversos instrumentos internacionales en contra del terrorismo, nos ubican en una posición diametralmente opuesta respecto de quienes hacen uso de la violencia hacia civiles desarmados, como un arma de lucha política.

En virtud de lo anterior, propone se exprese una enérgica condena por los actos terroristas perpetrados en la República de Kenia, así como condolencias al pueblo y al gobierno de aquella nación por tan graves acontecimientos.

Sobre el particular, la Comisión puntualiza que el pasado sábado 21 de septiembre de 2013, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el comunicado 335 condenó el atentado y transmitió sus condolencias al pueblo y gobierno de Kenia, que a continuación se transcribe:

México condena el atentado en Kenia

Sábado 21.09.13| México, DF. | Comunicado 335

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) , deplora el atentado perpetrado el día de hoy en el centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia, que ocasionó la muerte de al menos 39 personas y dejó decenas de heridos.

México reitera su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que transmite sus condolencias al pueblo y gobierno keniano, así como a los familiares de las víctimas.

Se tiene conocimiento que algunos mexicanos se encontraban en el centro comercial Westgate pero ya han salido ilesos. La Embajada de México en Kenia ha mantenido constante contacto con la comunidad mexicana en ese país.

En este sentido, esta comisión dictaminadora, aprecia oportuno precisar que toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción X del artículo 89, establece que corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior y que al realizarse este comunicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en nombre del Gobierno de México, se entiende que se ha expresado la posición del Estado mexicano, la posición que la propuesta previene se encuentra debidamente atendida.

Además, dado el tiempo trascurrido de los hechos a la fecha, resultaría innecesario y extemporáneo la emisión de dicho punto de acuerdo, que posiblemente debió haberse tramitado solicitando la vía de la obvia y urgente resolución, dada su naturaleza y la prontitud que requieren este tipo de puntos de acuerdo declarativos de solidaridad, condolencias y condenas a actos o hechos violentos.

Conclusiones

Por lo anterior, los integrantes de Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones que preceden, estiman desechar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de octubre del dos mil trece.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), secretarios; Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica en abstención; la condena de la Cámara ... pertinente), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Guadalupe Mondragón González, Luis Olvera Correa, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

RETIRO DE INICIATIVA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto le solicito, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, que la siguiente iniciativa se retire definitivamente:

Que expide la Ley Minera y de los Derechos Sociales; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal, Presentada por un servidor el 17 de abril de 2013 y turnada a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Especial de Minería.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 21 de octubre de 2013.— Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

FONDO DE APOYO A MIGRANTES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-7-925 signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número E00.2013.DGP F.374, suscrito por la licenciada Adriana Tortajada Narváez, directora general de Programas de Emprendedores y Financiamiento de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a asignar los recursos comprometidos con el estado de Oaxaca, en el marco del Fondo de Apoyo a Migrantes y liberar los recursos de dicho fondo para todas las entidades federativas que no lo hayan recibido en su totalidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 18 de octubre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/1745/13, referente al punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el cual se exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende a asignar los recursos comprometidos con el estado de Oaxaca, en el marco del Fondo de Apoyo a Migrantes y a liberar los recursos del fondo en mención de todas las entidades federativas que no lo hayan recibido en su totalidad.

Sobre el particular le informo que conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, el Fideicomiso México Emprende opera los programas de garantías exclusivamente a través de instituciones de banca de desarrollo, en virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que el fideicomiso no tiene pendiente la ministración de recursos con el estado de Oaxaca ni con ninguna entidad federativa.

No omito mencionar, que el desarrollo de proyectos productivos de migrantes, en el año 2011, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó el programa denominado “Fondo Mutual de Garantías Líquidas para Migrantes”, a través de Financiera Rural, sin embargo, a solicitud de este organismo, el presente año el programa fue cancelado en el marco de la primera sesión ordinaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2013.— Licenciada Adriana Tortajada Narváez (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de septiembre de 2013, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de septiembre de 2013 fue de 69 mil 213 bienes, los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como pieza, kilogramo y litro, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Julio César Sánchez Gamiño (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

PARTIDA PRESUPUESTAL QUE PERMITA OPERAR LA REFORMA EDUCATIVA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Colima.— LVII Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— México, DF.

Por instrucciones de la Mesa Directiva informo a ustedes que en sesión pública ordinaria número 3, celebrada el 15 de octubre del año en curso, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Calima aprobó un acuerdo por el que hace un atento exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida de por lo menos 28 mil millones de pesos a efecto de que se pueda operar la reforma educativa.

Lo que se les comunica, en vía de petición y para su conocimiento, anexándose al presente oficio copia de dicho documento.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 16 de octubre de 2013.— LAE Roberto Alcaraz Andrade (rúbrica), Oficial Mayor del Congreso del Estado.»

«Presidente del Congreso del Estado.— Presente.

El suscrito, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, y demás integrantes de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su reglamento, someten a consideración de la asamblea la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 26 de enero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que destacan la fracción IX del artículo 3o, en la que se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, como un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Entre sus acciones principales destacan

• Establecer la efectiva coordinación de las autoridades educativas que lo integran y dar seguimiento a las acciones que al efecto se establezcan;

• Formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia de evaluación educativa;

• Promover la congruencia de los planes, los programas y las acciones que emprendan las autoridades educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el instituto;

• Analizar, sistematizar, administrar y difundir información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional; y

• Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas del sistema educativo nacional.

En la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución federal se establece que la coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dicho organismo tendrá la importante tarea de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, para lo cual deberá diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; expedir los lineamientos a que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden; y generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices relevantes para contribuir a las decisiones tendentes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

En el artículo 23 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se establece que el patrimonio de éste, entre otros rubros, se integrará por “los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación”. Por ello, los suscritos iniciadores realizamos un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 una partida presupuestal de al menos 28 mil millones de pesos para que se pueda operar tanto el Sistema Nacional de Evaluación Educativa como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La justificación de autorizar la cantidad mencionada en el presupuesto egresos para la educación pública tiene sustento en la propuesta enviada a la Cámara de Diputados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, en la cual se especifica que deben erogarse recursos para los cursos para el ingreso en el servicio en la educación básica y media superior de los docentes, para las promociones e incorporaciones en el programa que sustituirá la carrera magisterial, las asesorías técnico-pedagógicas, las tutorías y las evaluaciones del desempeño de los docentes, así como los programas de regularización para mejorar el nivel de los docentes y la regularización progresiva.

En el mismo documento se contiene la figura de asesores técnicos pedagógicos, para quienes se destinarán más de 15 mil 256 millones y se considerará 1 por cada 200 alumnos. Asimismo, se tiene presupuestado gastar 4 mil 129 millones de pesos para quienes se desempeñen como tutores –1 por escuela y tendrá un horario de 5 horas– y se tienen previstos más de 127 mil centros educativos en el país.

El proyecto también considera más de 8 mil millones de pesos para cubrir los desembolsos por concepto de retiros voluntarios de empleados con más de 30 años de servicio y más de 905 millones de pesos para la jubilación de trabajadores con más de 30 años de servicio.

Para la operación de los programas de planeación y evaluación educativa, para la formación continua de maestros, evaluaciones confiables de la calidad educativa y la formación de docentes de la educación media, entre otros, se tiene presupuestado gastar 17 mil 987 millones en 2014.

Lo anterior se considera de gran de importancia pues su operatividad repercutirá de manera positiva en todo el sistema educativo nacional, a través de las cuales esperamos que la educación que se imparta en el país eleve su calidad y mejore los estándares que se tienen de la educación en México a escala internacional.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, se somete a consideración del Congreso del estado el siguiente proyecto de

Acuerdos

Primero.La Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado realiza un atento exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida presupuestaria de al menos 28 mil millones de pesos, a efecto de que pueda operarse la reforma educativa.

Segundo.Una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al oficial mayor del Congreso del estado para que comunique lo anterior al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se dé vista a las legislaturas de las entidades federativas para que se adhieran a él, si así lo disponen.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 15 de octubre de 2013.— Diputados: José Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres, Heriberto Leal Valencia, Arturo García Arias, Esperanza Alcaraz Alcaraz, José Verduzco Moreno, Óscar Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villareal (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Para los efectos conducentes, con fundamento en el artículo 53, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, remitimos el acuerdo aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha; así como sus consideraciones, mediante el cual se formula un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que se considere tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2014, respectivamente, destinar los recursos presupuestales suficientes, a fin de alcanzar el porcentaje destinado al gasto en educación pública y servicios educativos, contemplado en el artículo 25 de la Ley General de Educación; así como para realizar las acciones tendientes a la implementación de la reforma en materia educativa.

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiteramos las seguridades de nuestra consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, 17 de octubre de 2013.— Mesa Directiva del Congreso del Estado. Diputada Karla Alejandrina Lanuza Hernández (rúbrica), secretaria; Diputado Luis Manuel Mejía Barreñada (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Acuerdo

La Sexagésima Segunda Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda

Artículo Primero. La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del estado de Guanajuato exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el ejercicio de análisis y aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, se considere destinar los recursos presupuestales suficientes, a fin de ir alcanzando paulatinamente el porcentaje destinado al gasto en educación pública y servicios educativos, contemplado en el artículo 25 de la Ley General de Educación; asimismo, para realizar las acciones derivadas a la implementación de la reforma en materia educativa.

Artículo Segundo. La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del estado de Guanajuato exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato, a fin de que en la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2014, se considere destinar los recursos presupuestales suficientes, a fin de ir alcanzando paulatinamente el porcentaje destinado al gasto en educación pública y servicios educativos, contemplado en el artículo 25 de la Ley General de Educación; asimismo, para realizar las acciones derivadas a la implementación de la reforma en materia educativa.

Comuníquese el acuerdo aprobado con sus consideraciones a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al gobernador del estado, para los efectos precisados en el mismo.

Guanajuato, Guanajuato, a 17 de octubre de 2013.— Diputado Pedro Chávez Arredondo (rúbrica), Presidente; Diputada Karla Alejandrina Lanuza Hernández (rúbrica), secretaria; Diputado Luis Manuel Mejía Barreñada (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Fernando Yunes Márquez y Fidel Demédicis Hidalgo presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se aumente el gasto en el rubro del Ramo 33, Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios (Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia Social); y de esta forma, se expanda el padrón de beneficiarios del programa Desayunos Escolares.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los que suscriben, senadores Fernando Yunes Márquez y Fidel Demédicis Hidalgo, integrantes de los Grupo Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolución Democrática, respectivamente, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo,de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Uno de los grandes retos que a lo largo de la historia México ha tenido es la educación. Por años, se ha discutido cuáles son las mejores estrategias para mejorar la calidad de la educación, ya que es la base fundamental para el desarrollo cualquier nación. México ha pasado de la centralización a la descentralización en la educación, se ha aumentado año con año el presupuesto en ese rubro, se ha buscado que haya mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, se han planteado reformas legislativas, y se han buscado políticas públicas tendientes, tanto a abarcar mayor número de niñas y niños con educación, como a mejorar su calidad de vida para que puedan tomar las clases de mejor manera.

De esta forma, entre muchas otras políticas públicas, en 1929 se creó el programa de desayunos escolares; este programa es el más viejo del gobierno federal, que inició con el denominado La Gota de Leche.

Sin embargo, a 84 años de su creación, los resultados no se han visto impactados de manera positiva en mejorar la educación en nuestro país, por el contrario, en muchos casos, se pasó de alimentar “bien” a los niños, a generar obesidad en ellos, ya que en ese entonces no se tenía control sobre el valor nutricional que debía tener cada desayuno.

Posteriormente, se fue modificando este programa en diversas ocasiones, hasta que en el 2001, el Sistema Nacional DIF, así como los 31 Sistemas Estatales DIF y DIF D.F., impulsaron los programas y acciones encaminados a proporcionar asistencia social alimentaria y fortalecer el desarrollo comunitario de la población vulnerable, creando la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA).

EIASA tiene por objeto la promoción de una correcta alimentación, abordada desde los aspectos familiar, comunitario, regional, de género y de apoyo a la seguridad alimentaria; además de implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia y acciones de orientación alimentaria.

En este sentido, el origen de los recursos, que corresponde al Ramo General 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de la Federación Fondo (Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia Social), se destina a la asistencia social, esto es recursos para otorgar desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de extrema pobreza y desamparo.

El programa de desayunos escolares tiene por objeto promover una alimentación correcta a la población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos fríos, desayunos calientes, o comidas, basados en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y de desarrollo comunitario. Dicho programa va dirigido a niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que acuden a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, preferentemente.

Sin embargo, a pesar de que estos programas parecen tener la mejor intención, su alcance se está viendo sumamente limitado, y por más que pasan los años, no se mejora mucho la situación de la educación en todo nuestro país. Como se decía anteriormente, son muchas las carencias en el sistema educativo mexicano, empero para efectos del presente punto de acuerdo, que son los desayunos escolares, éstos tampoco están tiendo suficiente impacto positivo, y esto en gran medida, se debe a la falta de recursos.

Por citar un ejemplo, Veracruz cuenta con más de 23 mil escuelas, en las cuales, se da clases a más de 2 millones 500 mil alumnos. De acuerdo al último informe del DIF Veracruz, se benefició a este programa a poco más de 200 mil niñas y niños.

Asimismo, cifras dadas a conocer por la presidenta del DIF en el estado de Veracruz, se tiene un padrón de 383 mil beneficiarios de este programa, es decir, de los más de 2 millones y medio de alumnos con que cuenta la entidad, sólo al 15 por ciento de ellos se les da desayuno escolar. Esto no se puede permitir, ya que además de tomar clases en condiciones sumamente deplorables, con temperaturas extremas, no se le está brindando este beneficio a prácticamente todo el estado.

Como se decía anteriormente, es un problema de recursos económicos, y también de distribución. México ha sufrido mucho al respecto, y todavía no puede estar a la altura de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A pesar de que el gasto educativo a crecido considerablemente en los últimos años (40 por ciento en términos reales entre 1995 y 2004), nuestro país sigue bajo la media de la OCDE, mientras que en México, el gasto anual promedio por estudiante desde primaria hasta educación superior es del 20 por ciento del PIB, en los países de la OCDE es de 28 por ciento.

Además, de acuerdo a las últimas cifras emitidas por la OCDE, México gasta por año 2 mil 993 dólares por estudiante, mientras que el promedio de los países que conforman esta organización, es de 9 mil dólares al año.

Esta situación, ha impactado definitivamente a la niñez mexicana, teniendo millones de niños en estado de desnutrición, y que a su vez, se tiene un porcentaje preocupante de defunciones por esta causa.

De acuerdo a las últimas cifras registradas, en todo el territorio nacional, hay 4.6 muertes por cien mil menores de cinco años; es evidente que las condiciones de pobreza y marginación de la población siguen incidiendo negativamente en el desarrollo de los niños en México.

Estos factores, no permiten que las niñas y niños tengan un sano desarrollo, y en consecuencia, los resultados de la educación en nuestro país son sumamente pobres. En los últimos días, se ha aumentado el nivel de culpas que se han repartido en diversos sectores de la población, ante la difícil situación que atraviesa este  sector, sin embargo, no es pertinente culpar a un solo sector, ya que por muchos años, la corrupción que impera en algunos estados por parte de los gobiernos estatales, han detenido estos loables esfuerzos por que los niños de México tengan la educación que se merecen.

En ese orden de ideas, es que consideramos pertinente que se aumente considerablemente los recursos que para este efecto se tienen considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, dentro del Ramo 33 (Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social), ya que se tiene contemplado la cantidad de 8 mil 674 millones 83 mil 738, y esto es sin duda insuficiente para atender a un número aceptable de la población infantil que toma clases en alguna de las escuelas de México, ya que de acuerdo al primer Informe de Gobierno, se otorga desayunos a 4 millones ochocientos mil niñas y niños diariamente, de los más de 30 millones aproximadamente, que hay en nuestro país, lo que evidentemente resulta insuficiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se hace un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se aumente considerablemente el gasto en el rubro del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de la Federación Fondo (Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia Social), y de esta forma se expanda el padrón de beneficiarios del programa Desayunos Escolares, por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Nota:

1 http://archivo.e-consulta.com/blogs/educación/?p=259

Dado en el salón de sesiones, a 15 de octubre de 2013.— Senadores: Fernando Yunes Márquez, Fidel Demédicis Hidalgo (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PROGRAMA DE ACCESO, ATENCION Y PREVENCION DEL CANCER DE OVARIO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a signar en el proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación de 2014 un incremento para fortalecer el Programa de Acceso, Atención y Prevención del Cáncer de Ovario, operado por el Instituto Nacional de Cancerología.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«La que suscribe, Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 un incremento para fortalecer el Programa de Acceso, Atención y Prevención del Cáncer de Ovario (Caov), operado por el Instituto Nacional de Cancerología, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México se encuentra en la segunda región de mayor incidencia y mortalidad por Caov en el mundo, con un número de 4 mil 265 casos nuevos y 2 mil 559 muertes por esta causa al año, según el Sistema de Información en Salud de la Secretaria de Salud.

Esta enfermedad ocupa ya la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico de las mujeres en el país, sólo por debajo del cáncer de mama y por arriba del cáncer de cérvix. De acuerdo con datos del Sistema de Información en Salud, de 1990 a 2011 el número de Caov se ha duplicado entre la población de mexicanas.

Si bien el Caov tiene tres modalidades: el epitelial, el germinal y del estroma. El primero representa 96 por ciento de los casos y es el más frecuente en mujeres mayores de 40 años, el cual se encuentra asociado con diversos patrones de riesgo, tales como la menopausia, no haber tenido hijos, la endometriosis, antecedentes familiares de cáncer de ovario, mama o colon principalmente. No obstante, hay un número significado de casos desde los 30 años.

El cáncer epitelial del ovario es un tumor que se clasifica dentro de las neoplasias malignas del ovario, además de ser el más letal debido a su propensión a formar tumores que se diseminan en el abdomen superior. Sus síntomas suelen confundirse con enfermedades comunes para la mujer, tales como colitis, cistitis, enfermedad pélvica inflamatoria, parasitosis, dispepsia. Por lo cual, pueden pasar de 6 a 12 meses para recibir el diagnóstico correcto. Por ello, 8 de cada 10 mujeres son detectadas en etapas avanzadas.

Las Comisiones de Equidad y de Género, y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de la LXI y LXII Legislaturas, sensibles a la problemática a que se enfrentan cientos de mexicanas, han destinado recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 a través del Programa de Acceso, Atención y Prevención del Cáncer de Ovario (Ca Ova) del Instituto Nacional de Cancerología (Incan).

Gracias a los recursos asignados, el Programa Ca Ova cuenta con cuatro vertientes importantes: la primera de ellas, la atención integral de pacientes y un rubro para la prevención en la que se encuentran, la educación a médicos de primer contacto de atención, el dirigido a la población en general y a la investigación.

Para 2013, Ca Ova cuenta con una cobertura integral de las pacientes, lo cual incluye la realización de exámenes de laboratorio, determinación de marcadores tumorales, estudios radiográficos y de tomografía, entre otros estudios. También, son realizados procedimientos quirúrgicos tales como laparotomía exploradora, laparoscopia, peritonectomía y tratamientos de quimioterapia y terapia molecular, entre otros.

Asimismo, se proporcionan servicios de apoyo psicooncológico, uso de antidepresivos, manejo de crisis, técnicas de relajación y talleres de actividades recreativas para brindar la mejor atención de las pacientes que padecen esta grave enfermedad.

La atención que brinda el Incan es para pacientes de primera vez, pacientes que tienen una recaída y las que se encuentran en proceso de tratamiento. En este sentido, el Programa Ca Ova ha atendido a 692 mujeres y según datos proporcionados por el Incan se proyecta una atención de 762 pacientes a finales del año, de las que 91 por ciento corresponde a casos de la modalidad de cáncer de ovario epitelial y 9 por ciento de germinal.

De acuerdo con datos proporcionados por el Incan, para 2013 el Programa Alas habrá otorgado a diciembre 6 mil 11 consultas, lo cual significa un incremento de 25 por ciento conforme al año anterior. Asimismo, sólo para 2013 se aplicaron 332 laparoscopias y mil 662 tratamientos de quimioterapia, lo cual representa un incremento de 30 por ciento respecto a 2012.

Entre sus actividades, el Incan, a través de Ca Ova, ha desarrollado investigación clínica y traslacional (se refiere a una investigación práctica e inmediata en beneficio de las pacientes del instituto, pero aplicada como modelo experimental para ayudar a la paciente en su tratamiento), la cual asegura un trabajo asistencial con niveles de excelencia. Esta investigación compila estudios epidemiológicos observacionales de las pacientes con cáncer de ovario, expresión molecular del gen ERCC1 y genotipificación para determinar la sensibilidad a fármacos en pacientes con cáncer de ovario, para poder ofrecer tratamiento personalizado.

Asimismo, se realiza la clínica de ovario familiar, que es la manera de identificar patrones hereditarios mediante el estudio de genes alterados (BRCA 1 y 2) que se presentan de 10 a 30 por ciento de la población, y que representa una medida efectiva de alerta hacia casos potenciales y de prevención con cáncer de ovario. En este estudio se construyen árboles genealógicos de las pacientes para localizar en sus familiares casos de cáncer de ovario y de mama, así como las edades en las que se presentaron, para con ello realizar un estudio genético por paciente.

También se realiza un estudio internacional fase III, aleatorizado de dosis fraccionadas de quimioterapia, posterior a la cirugía para pacientes con Caov, un estudio que explora el concepto de fraccionamiento de densidad de dosis semanal de quimioterapia.

El efecto de cáncer de ovario en la sociedad en general no se ha cuantificado aunque se piensa que es alto, pues la mayoría de las mujeres que lo padecen son el único soporte económico y sustento emocional de sus familias. La mayoría de las mujeres que son atendidas en el Incan tienen hijas e hijos adolescentes.

Lo anterior es relevante en virtud de que para el rubro de investigación se destina sólo 7 por ciento de los recursos proporcionados y aún así se han logrado avances importantes.

Considerando que la mayoría de las pacientes atendidas en el Incan son residentes en el Distrito Federal y el estado de México, se ha iniciado un programa de capacitación y sensibilización al personal de salud (médicos, enfermeros y trabajadores sociales) del primer nivel de atención de la Secretaria de Salud del DF y del estado de México, en el rubro dirigido a profesionales de la salud.

En este rubro se ha capacitado a 768 profesionales de primer contacto e impartido pláticas a mil 200 médicos de la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Familiares, AC, en la República Mexicana. Lo anterior, a fin de crear conciencia entre los médicos de atención primaria sobre los riesgos y consecuencias del Caov que pueden padecer mujeres con síntomas digestivos o pélvicos.

Finalmente, en la modalidad dirigida a la población en general, hay un programa permanente en medios de comunicación a través de entrevistas y testimoniales de pacientes, cuya finalidad ha sido crear conciencia sobre esta enfermedad que a la fecha ha sido poco reconocida. Se han realizado 20 entrevistas en medios impresos, así como en radio y televisión, que de acuerdo con datos del Incan han trascendido entre más de 7 millones de personas.

Asimismo, se han colocado carteles en el transporte colectivo Metro y en el transporte urbano Metrobús, a fin de crear conciencia entre la ciudadanía cuyo impacto, según el Incan, es alrededor de 26 millones de usuarios.

Todas estas acciones son el resultado de tres años de trabajo en los cuales se ha podido ir consolidando un proyecto relativamente nuevo, que sin él, no tendríamos registro en el país de las causas, las consecuencias y los medios con los cuales se puede enfrentar el Caov, ni los efectos que esta enfermedad tiene no sólo en las mujeres que lo padecen, sino en sus familias.

De acuerdo con datos proporcionados por el Incan, actualmente en el país son atendidos 7 mil 678 casos en el sector salud, de los cuales 6 mil 910 corresponden al cáncer de tipo epitelial y sólo 768 al tipo de cáncer germinal. Asimismo, la distribución de los casos de cáncer de ovario por grupos de edad refieren que 226 casos se dan en mujeres menores de 14 años; 2 mil 459 en grupos de mujeres entre los 15 y los 44 años de edad; 3 mil 618 en mujeres entre 45 y 64 años de edad y 1375 en mujeres de más de 65 años de edad. De igual manera los tratamientos asociados al Caov requieren una inversión anual que va de 45 mil pesos (la mayoría) hasta 300 mil (en alrededor de las pacientes), costos que no pueden afrontar la mayoría de las pacientes que carecen de seguridad social, viéndose obligadas a abandonar el tratamiento, generando una situación de iniquidad en el Sistema Nacional de Salud.

Si bien el programa ha beneficiado a pacientes de la zona metropolitana, así como de Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Morelia, entre otros. Resulta necesario que este modelo se fortalezca por dos razones, la primera con la finalidad de buscar una cobertura más amplia, oportuna y de calidad en las diversas entidades federativas y la segunda en virtud de que constituye un prototipo que puede ser implantado en otros centros oncológicos.

Como legisladoras y legisladores sabemos que la población mexicana enfrenta hoy series dificultades para ejercer de forma plena el derecho a la salud, las cuales, tienen su origen en situaciones tales como el desconocimiento de nuevas enfermedades; la falta de un diagnóstico oportuno, el acceso a los recursos económicos que permitan contrarrestar las enfermedades, entre otros. No obstante, fenómenos sociales como la pobreza, la violencia contra las mujeres, la desigualdad y la discriminación no permiten visibilizar que las mujeres requerimos ejercer nuestro derecho a la salud a partir de un enfoque de igualdad de oportunidades que permita distinguir las diferencias sustanciales en la vida de las mujeres y los hombres en los distintos ámbitos sociales, que deben ser contempladas en el momento de elegir, diseñar y evaluar las políticas públicas.

México se encuentra en la segunda región de mayor prevalencia de Caov en el mundo, el derecho a la vida y a la salud de las mujeres es hoy un tema vigente en la agenda pública, por ello no podemos retrasar, escatimar o negar los recursos necesarios que permitan lograr acciones eficaces para enfrentar esta grave enfermedad.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación del pleno de la Cámara de Senador el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Salud, de Igualdad de Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 un incremento para fortalecer el Programa de Atención Oportuna a las Mujeres con Cáncer de Ovario, operado por el Instituto Nacional de Cancerología.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de octubre de 2013.— Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

HOSPITAL DEL IMSS EN BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a considerar en el rubro de ampliaciones para proyectos de desarrollo regional, en el apartado de servicios de salud del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, recursos financieros para la construcción de un hospital del IMSS en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe senador de la República, Manuel Humberto Cota Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de ésta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta la Cámara de Diputados a considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, en el apartado de servicios de salud, recursos financieros para la construcción de un hospital de IMSS de la categoría de “segundo nivel” en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Bahía de Banderas es un municipio de Nayarit, México. El municipio de Bahía de Banderas representa e1 5.1 por ciento de la superficie total del estado, limita al norte y noreste con el municipio de Compostela, al este y al sur con Jalisco, al noroeste y oeste con el océano Pacífico. Cabe mencionar que Bahía de Banderas está dividida políticamente entre Jalisco y Nayarit, y dividida naturalmente en su parte media por la desembocadura del río Ameca. Es ¡un importante punto turístico tanto a nivel nacional como internacional ya que recibe con regularidad miles de turistas nacionales y de origen extranjero.

Debido a la importancia económica que tiene el municipio, yal incremento consta te que ha tenido la población, uno de los sectores fundamentales para atender es el sector salud, lo cual implica garantizar el acceso de los derechohabientes a los servicios de salud.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, la población total de Bahía de Banderas es de 124 mil 205, con una población de 61 mil 206 mujeres y 62 mil 999 hombres. De este total, 85 mil 627 es población derechohabiente a servicios de salud, categoría que ha tenido un incremento considerable con respecto al año 2005 en el que se contaba con un total de población derechohabiente a servicios de salud de 45 mil 122.

Aunado a lo anterior, en 2010, la población derechohabiente a servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representaba 51 mil 831, comparada con 33 mil 502 que se tenían en el año 2005. Siendo el IMSS, la institución con mayor población derechohabiente en el municipio de Bahía de Banderas.

Sin embargo, aún existe una población considerable que no cuenta con acceso a los servicios de salud, existiendo para el año 2010 un total de 36 mil 168 dentro de la categoría de “sin derechohabiencia a servicios de salud”.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sector de los servicios de atención médica se dividen en 4 categorías:

a. Hospital primer nivel: Se caracteriza por atención básica prestada por puestos de salud, centros de salud, y hospitales locales, los cuales cuentan con los servicios de: consulta externa, odontología, urgencias y hospitalización bajo la atención de médicos generales y los CAMI (centros de atención médica inmediata).

b. Hospital segundo nivel: Se caracteriza por la atención intermedia dada por médicos generales y de las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría, psiquiatría, anestesiología, línea de trauma y fisiatría, así como la atención de partos de bajo y mediano riesgo, urgencias, consulta externa, odontología, cirugía ambulatoria, hospitalización, CAMI.

c. Hospital tercer nivel: Se caracteriza por la atención de alta complejidad brindada por médicos y odontólogos especializados, especialistas tales como: Otorrinolaringólogo, Oftalmólogo, Gastroenterólogo, Endocrinólogo entre otros. También cuenta con algunos sub especialistas como: Pediatra, Endocrinólogo, Hematólogo, Oncólogo entre otros.

d. Hospital cuarto nivel: Son centros de salud con infraestructura y personal capaz de brindar atenciones complejas a la población. Presta servicios médico - quirúrgicos en hospitalización o de forma ambulatoria a las personas afectadas por enfermedades complejas, que requieren tratamientos especializados sofisticados.

En este contexto, el municipio de Bahía de Banderas cuenta con 30 Unidades médicas, las cuales proporcionan servicios de salud a la población. No obstante, el IMSS que como ya se señaló, representa la Institución con mayor número de población derechohabiente, para el año 2010 sólo contaba con 3 unidades médicas: la clínica número 22 San Juan de Abajo, la clínica número 27 y la Unidad de Medicina Familiar número 19.

Estas clínicas con las que cuenta el municipio resultan insuficientes para la creciente población de este municipio, por ejemplo, de acuerdo con un informe de 2011 de la jefa de Consulta de la Unidad Médica número 19, mejor conocida como IMSS Mezcales, existía una población de 37 mil 147 derechohabientes adscritos, pero sólo son usuarios 23 mil 279 derechohabientes, los cuales son atendidos en ocho consultorios, los cuales ni siquiera son considerados como clínicas de “primer nivel”, sino más bien son denominadas clínicas ambulatorias, es decir clínicas diseñadas para tratar afecciones comunes como el dolor de garganta y por lo general son atendidas por enfermeras profesionales y asistentes de médicos.

De igual forma, la clínica 27 ubicada en Infonavit, San José del Valle, respecto de la cual se informó por parte del IMSS México que sería constituido como un hospital de “segundo nivel”, el cual contaría con especialidades, sólo brinda atención médica básica.

Las estadísticas poblacionales del municipio de Bahía de Banderas indican que el crecimiento ha ido en aumento, y por ende la demanda de servicios de salud también se ha incrementado. Lamentablemente las clínicas con las que se cuenta resultan insuficientes para garantizar, tanto la demanda como la calidad en el servicio. Ante este escenario se presenta la urgente necesidad de construir en Bahía de Banderas una Clínica con más y mejores servicios, debido a que las clínicas existentes solo dan atención médica y no se cuenta con una clínica adecuada donde la población pueda recibir atención médica especializada y hospitalización.

De realizarse el proyecto de construcción de la clínica, facilitaría la vida a los familiares y enfermos de este municipio que ante enfermedades graves y maternidad, tienen que trasladarse al municipio de Vallarta para recibir atención médica en la clínica 170 o la 142 o hasta Tepic, Nayarit.

Dado lo anterior, se considera necesario la construcción de un hospital de “segundo nivel” en el municipio de Bahía de Banderas para garantizar el acceso a la salud de la población habitante en el municipio, ya que el de Vallarta, resulta insuficiente para brindar atención médica a alrededor de 133 mil derechohabientes de ese municipio ya los derechohabientes del municipio de Bahía de Banderas.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados, de la LXII Legislatura a considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, dentro del rubro ampliaciones para proyectos de desarrollo regional, en el apartado de servicios de salud, recursos financieros para el establecimiento de un hospital del IMSS de la categoría de “segundo nivel”, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 30 de septiembre de 2013.— Senador Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

SISTEMAS-PRODUCTO EN GUERRERO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores René Juárez Cisneros, Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 los recursos suficientes para apoyar a los 22 Sistemas-Producto en el estado de Guerrero.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos, senadores René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática respectivamente, a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de la promulgación de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable en 2001 se empezaron a organizar e integrar los denominados “sistemas-producto” en el sector agropecuario; cuya finalidad era buscar la participación de todos los eslabones de las cadenas productivas: productores primarios, agroindustriales, comercializadores, proveedores de insumos, instituciones de investigación y autoridades.

Con su creación, se pretendió una mayor integración de las cadenas productivas, mediante la concertación de programas de producción, elaboración de planes de expansión/repliegue acorde con las tendencias de los mercados, establecimiento de alianzas estratégicas, participación en las normas y los instrumentos de política comercial (aranceles y cupos) e inducción de esquemas de agricultura por contrato. En esencial se perseguía atender una de las grandes deficiencias del campo: la organización para la producción.

Algunos sistemas han tenido logros importantes en aspectos de coordinación productiva y comercial negociaciones con autoridades y legisladores (presupuesto, inversiones y medidas de comercio exterior), y apoyos a sus participantes mediante la instalación de centros de servicios.

No obstante, algunos otros han tenido problemas que han impedido su desarrollo, ocasionando perjuicios a los productores. Tal es el caso del estado de Guerrero, en el que productores agrícolas, ganaderos y pesqueros de 22 sistemas-producto demandaron que se incluya en el proyecto de Presupuesto Federal de 2014, 910 millones de pesos para proyectos estratégicos de Guerrero y 189 millones de recursos concurrentes para transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades y para la compra de infraestructura menor.

Los productores, han reclamado que “en los últimos tres años no ha habido un peso de inversión para los sistemas-producto de Guerrero, y en esta ocasión, como un hecho inédito, se organizaron diversos productores para gestionar este financiamiento”.

Indicaron que el Congreso de la Unión no autorizó presupuesto para los sistemas producto en Guerrero, siendo junto con Yucatán las dos entidades que no tuvieron presupuesto para los sistemas producto, “esto es grave porque en Guerrero la gente vive del campo, de la producción de alimentos para autoconsumo y esto la perjudica”.

Mencionaron que no hubo ningún argumento para que el gobierno federal haya excluido a Guerrero del financiamiento de los sistemas-producto en los últimos años, que reciben casi todos los estados de la República y que requieren un presupuesto para treinta proyectos estratégicos y otras necesidades de financiamiento.

Los representantes de sistemas-producto de agave mezcal, aguacate, apícola, carne de bovino, café, camarón, coco, jamaica, mango, entre otros, denunciaron que desde 2011 la inversión al campo guerrerense descendió drásticamente. De una inversión global de casi mil millones de pesos en 2009, se redujo a 68 millones del gobierno estatal y 213 millones de la federación en 2013.

Ante esta realidad, los proponentes, recurrimos a la sensibilidad de la colegisladora a fin de solicitarle que asigne más recursos para revertir la situación por la que atraviesan los diversos “sistema-producto” del estado de Guerrero; situación, que se agravó con la tormenta “Manuel”. Consideramos que el plan emergente de reconstrucción debe ser parte del financiamiento al campo de Guerrero, porque los apoyos para la emergencia apenas servirán para medio subsanar los daños.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 los recursos suficientes para apoyar a los 22 sistemas-producto, en el estado de Guerrero.

Notas:

1 http: www.elfinanciero.com.mx/opinion/columnas/-mariano-ruiz-funes/29352-sistemas- producto-experiencias-para-cadenas-productivas. html

2 http://suracapulco.mx/archivos/112698

Dado en el Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a 10 de octubre de 2013.— Senadores: René Juárez Cisneros (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández..»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

ESTUDIO INTEGRAL ACTUALIZADO DEL TERRITORIO NACIONAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a etiquetar los recursos necesarios para realizar un estudio actualizado del territorio nacional.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, vicepresidenta.»

«Los senadores, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral I, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, que  exhorta a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, etiqueten recursos necesarios para realizar un estudio integral actualizado del territorio nacional comprendido el de las islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se estima que en México existen alrededor de 240 islas, mismas que no se encuentran debidamente registradas y catalogadas, generando un vacío de información de un bien nacional que comprende parte del territorio nacional.

Entre las diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal se advierte una notable discrepancia en cuanto a la cantidad y nombres de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes.

Las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes juegan un papel preponderante para la salvaguarda de la delimitación de nuestros espacios marítimos, especialmente de la zona económica exclusiva.

Estas islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, tienen gran importancia desde el punto de vista territorial. La Ley Federal del Mar establece que nuestro mar territorial tiene una anchura de doce millas marinas, equivalente a veintidós mil doscientos veinticuatro metros, medidas a partir de la línea base adyacente a las costas, ya sean continentales o “insulares”; una zona contigua que mide veinticuatro millas marinas, equivalente a cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros, medidas a partir del límite exterior del mar territorial. Además, México tiene una zona económica exclusiva de doscientas millas marinas, equivalente a trescientos setenta mil cuatrocientos metros, cuyo límite interior es el límite exterior del mar territorial.

Lo anterior significa que el territorio del Estado mexicano cuenta con más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 11 mil 122 kilómetros de litorales aproximadamente. De no contar con los territorios insulares, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes del Pacífico, Golfo de México y Caribe, México perdería  gran parte de su territorio marino, incluido el control de las principales zonas pesqueras de atún y otros pelágicos de interés comercial, así como algunas de las principales vías marítimas internacionales.

Todo esto, sin considerar la gran riqueza biológica, tanto terrestre como marina, que albergan la mayoría de las islas, cayos y arrecifes mexicanos y que en algunos casos, como lo son las islas del Pacífico Norte de México, ha sido comparada, con la importancia filo-ontogenética biológica de las islas Galápagos de la República de Ecuador.

Esta diversidad biológica de los territorios insulares, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes de México, favorece el desarrollo de importantes actividades productivas prioritarias para el sector primario y algunas del sector terciario como el turismo, tanto en sus costas, como en los mares adyacentes.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada México el 10 de diciembre de 1982 y ratificada por el Senado en 1988, benefició a nuestro país al agregar al territorio nacional grandes extensiones marinas y sus recursos vivos y no vivos.

Tras la ratificación de esta Convención, México adquirió trascendentales compromisos ante la comunidad internacional, mismos que lo llevan a la necesidad de reafirmar su soberanía territorial sobre sus islas, cayos y arrecifes, así como a la explotación sustentable de sus recursos.

Que hemos tenido desafortunadamente perdidas de territorio nacional como el de la Isla de la Pasión (Cliperton) en un litigio de soberanía con la Republica de Francia, o la de isla Bermejo que de manera extraña desapareció del mapa, al parecer, tras haberse hundido a principios de los años 70 y alrededor de la cual se encuentran importantes yacimientos petroleros.

A pesar de las pérdidas territoriales, actualmente se mantiene un desinterés colectivo sobre el territorio nacional comprendido el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, poniendo en riesgo, no solo el control y la conservación natural de estos territorios para beneficio del país, sino la propia unidad territorial y soberanía del Estado mexicano.

Actualmente no existe una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la realización de estudios que actualicen el catalogo de islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes, extensión y características biológicas y no bióticas, entre otra información.

En el territorio insular, arrecifes y cayos en los mares adyacentes,  hay grandes oportunidades de desarrollo económico, turístico y de preservación ambiental. Contar con un registro fidedigno de las islas y archipiélagos de la nación, nos permitiría generar proyectos sustentables que poco hemos explorado y explotado.

Al margen de los asuntos coyunturales de naturaleza política o económica, el territorio insular, arrecifes y cayos en los mares adyacentes de México, deben ser parte de la agenda política nacional.

Si la situación de desamparo sigue prevaleciendo, la pérdida de biodiversidad en los territorios insulares, arrecifes y cayos en los mares adyacentes de México se podría concretar; el riesgo de que particulares realicen actividades que afecten los ecosistemas insulares o que vulneren la soberanía de la nación, se incrementará; y la posibilidad de que las islas  se utilicen como zonas de refugio para las actividades delictivas, será mayor.

Por lo anteriormente expuesto someto a la honorable Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República, a través de la LXII Legislatura exhorta a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, etiqueten recursos necesarios para realizar un estudio integral actualizado del territorio nacional comprendido el de las islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes.

Honorable Cámara de Senadores, a 10 de octubre de 2013.— Senadores: Francisco Salvador López Brito, Ernesto Ruffo Appel (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y ATENCION DEL CANCER DE MAMA Y DEL CERVICOUTERINO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada es esta fecha las senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Pavlovich Arellano, Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación de recursos bastos y suficientes para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno continúen con su tarea informativa, orientadora y educativa; así como en la implementación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Pavlovich Arellano, Mely Romero Celis, senadoras de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer en cualquiera de sus tipos, consiste en uno o varios tumores que se caracterizan por pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.

En el mes de octubre hacemos especial hincapié sobre la concientización en la prevención del cáncer de mama. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, establece las bases y lineamientos específicos a llevar a cabo dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, el cual, a partir de 2006, se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2009  ocurrieron casi 5 mil decesos atribuibles a este padecimiento, lo que representa la muerte por cáncer de mama de casi 14 mujeres cada día durante ese año. En 2010 se detectó que de cada 100 mujeres mayores de 20 años con tumor maligno, 24 padecían cáncer de mama. En 2011 el cáncer de mama se encontró en el primer lugar de mortalidad de los tumores malignos en mujeres con 13.8 por ciento y es la tasa de morbilidad hospitalaria más alta de los tumores malignos también en mujeres.

El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, aunque puede presentarse también en hombres hasta en 1 por ciento. Existen dos tipos principales de carcinoma mamario: in situ o invasivo. 95 por ciento son adenocarcinomas.

Los factores de riesgo para el cáncer de mama son: historia familiar de cáncer de mama, menstruación antes de los 12 años, menopausia después de los 55 años de edad, localización geográfica, mutaciones genéticas, nuliparidad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia personal de cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de terapia de reemplazo hormonal, disminución de la actividad física.

La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad. Las mujeres de 40 años o más, sin factores de riesgo y asintomáticas deben realizarse la mamografía anual. Otros estudios que apoyan al diagnóstico son la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo, la biopsia mamaria es el único medio para determinar un diagnóstico definitivo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar estudios de tamizaje para el cáncer cuando se ha demostrado un cambio en el estado de salud de la población.

Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar:

En la prevención primaria:

1. Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud.

2. Promover el ejercicio físico moderado ya que se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de mama en la población general.

3. Informar a las mujeres posmenopáusicas, la relación entre obesidad y cáncer de mama, ya que se incrementa dos veces el riesgo cuando se asocia a una ingesta de dieta rica en grasas. En mujeres posmenopáusicas con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, aumenta 2 veces más el riesgo de cáncer de mama.

4. Canalizar a las pacientes con sobrepeso al departamento de nutrición para su atención a fin de tener un control de peso adecuado.

5. Asesorar a las mujeres acerca de que la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y es benéfica.

6. Informar que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol.

7. Indicar que el tabaquismo se puede asociar con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto la recomendación es no fumar.

8. Notificar a las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, que están usando o van a iniciar terapia de reemplazo hormonal, sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama relacionado con el tipo y duración de la terapia.

9. Comunicar que el uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama.

10. Orientar que la lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama.

11. Advertir que la edad avanzada en el primer nacimiento vivo o en el primer nacimiento, está asociado con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama.

12. Notificar que el incremento en la paridad se ha encontrado que se ha asociado con una disminución con el riesgo de cáncer de mama.

13. Informar que la menstruación temprana se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de mama.

14. Ofrecer consejo genético en mujeres de alto riesgo secundario a historia familiar o al inicio temprano de cáncer de mama.

En la prevención secundaria se encuentran:

1. Identificar la presencia de factores hereditarios.

2. Dar seguimiento a las pacientes con historia personal de cáncer de mama.

La cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones que podemos llevar a cabo las mujeres para prevenir esta enfermedad, representa una de las necesidades más apremiantes del sector salud. Por lo que debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados para cumplir con esta misión.

Entre las mujeres mexicanas, tanto el cáncer de seno como el cérvico-uterino representan las primeras causas de mortalidad. Por ello, consideramos pertinente incluir dentro de la presente proposición con punto de acuerdo, la atención respecto de esta patología.

El cáncer cervico uterino (CaCu) es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta, inicialmente, a través de lesiones intraepiteliales precursoras de bajo y alto grado, de avance lento y progresivo hacia cáncer invasor.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer cérvico uterino es la segunda causa de muerte al año a nivel mundial de los tumores malignos en mujeres, cada año se diagnostican 500 mil nuevos casos, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en el mundo. En 2008 murieron 275 mil mujeres por esta enfermedad. Cada dos minutos muere una mujer en el mundo.

En México durante 2010, se observó que los principales tumores malignos que afectan a la población femenina adulta (de 20 años y más) que fue hospitalizada por este diagnóstico son el cáncer de mama (24.3 por ciento), el cervicouterino (9.7 por ciento) y el de colon (3.2 por ciento).

En 2011 las mujeres murieron por cáncer de mama (13.8 por ciento), por cervicouterino (10.4 por ciento) y de estómago (7 por ciento).En nuestro país es la primera causa de muerte por tumores malignos en edad productiva y reproductiva, cada dos horas muere una mujer.

La prevalencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), se observa como el factor más importante que contribuye al desarrollo del cáncer cérvico uterino. Otros factores de riesgo son: relaciones sexuales a edad temprana, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, inicio de vida sexual activa antes de los 18 años, tabaquismo, pareja sexual masculina infectada por VPH, tener una pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin antecedentes de control citológico, deficiencia de ácido fólico, mujeres inmunocomprometidas y mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados a largo plazo.

La prevención primaria del cáncer cérvico-uterino puede realizarse optando por las acciones siguientes:

1. Promoción a la salud.

2. Vacunación contra la infección por Virus del Papiloma Humano.

3. Detección oportuna del cáncer cervico-uterino.

4. Dejar de fumar.

5. Uso del condón masculino y femenino, de hecho el uso del condón al mismo tiempo tanto masculino como femenino disminuye aún más el riesgo de transmisión sexual que el uso de un solo condón.

Se deben crear campañas de educación para la salud que empoderen a las mujeres en relación con el cáncer cérvico uterino, incrementar la cobertura de la detección, facilitar el acceso de las mujeres con mayores barreras geográficas, culturales o económicas, aplicar nuevas tecnologías y campañas preventivas, garantizar el tratamiento completo de similar calidad para todas las mujeres.

La prueba de tamizaje de elección para esta enfermedad es la citología cervical, pero existen diferentes protocolos para su diagnóstico como son:

1. Citología cervical.

2. Citología cervical + detección del VPH-ADN.

3. Detección de VPH-ADN.

4. Inspección visual directa.

5. Inspección visual directa + Citología cervical.

6. Inspección visual directa + Citología cervical + detección del VPH-ADN.

La inspección visual directa también llamada colposcopia tiene la posibilidad de ser realizada por personal de salud no médico, el resultado es de inmediato en personal capacitado que identifica las lesiones, esto facilita el acceso en regiones con difícil adherencia de las mujeres a un programa regular de tamizaje, se puede realizar en mujeres con riesgo alto y con difícil acceso a los servicios de salud.

Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del gobierno federal así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar favorecer y promover estilos sanos de vida, una alimentación adecuada, evitar el consumo de drogas y sustancias que ponen en riesgo la salud y favorecen la presencia de diversos tipos de cáncer, conocer y practicar la autoexploración de las mamas y demás acciones que permitan prevenir y, en su caso, detectar tempranamente estas patologías y con ello, disminuir la tasa de mortalidad derivada de estas causas.

Reconocemos las necesidades económicas, sociales y educativas a las que debe hacer frente nuestra nación. No obstante lo anterior, es indispensable garantizar y considerar la importancia del cumplimiento de las acciones en el rubro de la salud pública. Por ello, al momento de analizar la distribución de recursos por parte de la Cámara de Diputados, solicitamos la consideración y atención de ese honorable cuerpo de legisladores, respecto de estos grandes males que aquejan la salud de la mujer.

Por lo anterior, amigas y amigos legisladores, en el primer año de ejercicio dentro de esta honorable asamblea, presenté una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Salud federal, así como a los titulares de las dependencias análogas en las entidades federativas, la realización de las gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno, así como las relativas a la atención médica debida de las personas que les sea detectada esta enfermedad.

En este sentido, continúa mi esfuerzo y mi intención por mejorar la salud de las mujeres, por lo que ahora sumamos a la presente proposición el exhorto a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se considere la asignación de recursos bastos y suficientes para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno puedan continuar en su tarea informativa, orientadora, educativa, respecto a las acciones de prevención tanto del cáncer de seno como del cérvico-uterino, para que el personal que cumple con dichas funciones cuente con la capacitación y actualización y para el personal médico que lleva a cabo los estudios, análisis y diagnósticos de detección de estas patologías, cuente con la capacitación e infraestructura necesaria, encaminada a la atención oportuna y prevención de muertes por estos males.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno del Senado de la República exhorta atentamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se considere la asignación de recursos bastos y suficientes para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno continúen con su tarea informativa, orientadora y educativa; así como en la implementación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino.

Notas:

1. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194157&fecha=09/06/ 2011

2. Inegi. Aguascalientes, Ags., 4 febrero de 2013

3. Lentz: Comprehensive Gynecology, chapter 15: Breast disease. 6thed.

4. IMSS.Guía de PrácticaClínica.Prevención, Tamizaje y Referencia Oportuna de Casos Sospechosos de Cáncer de Mama en el Primer Nivel de Atención.

5.U.S. Preventive Services Task Force.Screening for breast cancer 2009

6. OMS 2007

7. IMSS. Guía de Práctica Clínica. Prevención, Tamizaje y Referencia Oportuna de Casos Sospechosos de Cáncer de Mama en el Primer Nivel de Atención.

8. IMSS. Guía de Práctica Clíonica. Prevención y Detección Oportuna del Cáncer Cervico Uterino en el Primer Nivel de Atención. Actualización 2011.

9. Inegi. Aguascalientes, Ags. 4 febrero 2013.

10. NCCN. Cervical CancerScreeningVersion 1:2011

11. Almonte M, Murillo R, Sánchez GI, et al: Nuevos paradigmas y desafíos en la prevención y control del cáncer de cuello uterino en América Latina. Salud Pública 52 (6)

Cámara de Senadores, a 17 de octubre de 2013.— Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica), Angélica del Rosario Araujo Lara (rúbrica), Claudia Pavlovich Arellano, Mely Romero Celis.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

FONDO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne una partida especial para la creación del fondo para la sociedad de la información y el conocimiento.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 se asigne una partida especial para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a los compromisos de la Sociedad de la Información y los Objetivos de Desarrollo del Milenio suscritos y ratificados por el Estado mexicano, a partir de 2015 el gobierno federal y los gobiernos estatales serán evaluados por su capacidad de contar con conectividad de Banda Ancha y sus beneficios en al menos el 51 por ciento de su población, toda vez que estos objetivos acrecientan la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a través de aplicaciones educativas desarrolladas en Internet, mejoras en los servicios de salud a través de aplicaciones como el expediente clínico electrónico y la telemedicina, así como acercar el gobierno a la gente a través de procesos y trámites agiles en línea.

Sin embargo, derivado de la costosa oferta de servicios de conectividad y los altos niveles de pobreza existentes, el país enfrenta un enorme rezago en materia de brecha digital que imposibilitarán cumplir con los compromisos pactados con la Sociedad de la Información y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

De manera enunciativa y para ubicar el tema en el contexto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que tan solo en el estado de Oaxaca, de 934 mil viviendas particulares, 39.6 por ciento de ellas cuenta con al menos un teléfono celular (lugar 32 nacional); 20.7 por ciento dispone de telefonía fija (lugar 31), 14.4 por ciento tiene computadoras (lugar 31) y el 7.8 por ciento cuenta con acceso a Internet (lugar 31). Datos ilustrativos, pero que representan un atraso cuantitativo en materia de tecnología.

A partir de 2002, el gobierno federal puso en marcha la firma de cinco convenios de colaboración intersecretarial, que son: Secretaría de Educación Pública-Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Instituto Nacional de Educación para Adultos-Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Salud- Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Desarrollo Social- Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Gobernación- Secretaría de Comunicaciones y Transportes y suscribió la Declaratoria de Conectividad para el Sistema Nacional e-México, así como la constitución del Fideicomiso público E-México, instrumentos legales a cargo de la ejecución, supervisión y operación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El propósito del Fideicomiso E-México fue precisamente combatir la brecha digital y dotar de infraestructura de banda ancha y aplicaciones sobre Internet de impacto social a toda la población, en plena armonía con los objetivos de la Sociedad de la Información.

Al cierre del segundo trimestre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que el Fideicomiso E-México tuvo ingresos por mil 87 millones 551 mil 436.50 pesos; rendimientos por  noventa millones doscientos cuarenta mil sesenta y cuatro pesos; egresos por ciento treinta y un millones ciento sesenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos, quedándole una disponibilidad por nueve mil quinientos noventa y tres millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos diecisiete pesos.

A pesar del elevado rendimiento y acceso a los recursos, la Auditoría Superior de la Federación, al cierre del ejercicio 2010, consideró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso e-México, al no ejecutar recursos comprometidos en 28 proyectos evaluados y autorizados por el comité técnico.

De acuerdo con dicha auditoría, la carencia de políticas o procedimientos específicos que regulen la planeación, percepción, evaluación, aprobación, ejecución, control y administración financiera de los proyectos apoyados por el Fideicomiso e-México implicó que se negaran la asignación de proyectos, así como un mal manejo de los recursos destinados. De igual forma, el órgano fiscalizador detectó que la titular del Fideicomiso e-México no contaba con facultades legales o autorización del comité técnico para celebrar contratos y convenios de prestación de servicios, con lo cual se actualiza la malversación de los recursos.

Bajo ese panorama, la Auditoría Superior de la Federación ha solicitado al Congreso de la Unión analice la viabilidad de suspender la asignación de recursos presupuestales para el Fideicomiso e-México cuando conserve fondos presupuestales no asignados.

Lo anterior significa que no ha existido capacidad y visión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para aplicar los recursos destinados año tras año al Fideicomiso E-México, pues desde su creación en el año 2002, con una aportación inicial de 120 millones de pesos, no ha existido la capacidad por parte de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT para aplicar los recursos del fideicomiso; asimismo, el área técnica de la Sociedad de la Información y el Conocimiento no ha cumplido con el abatimiento de la brecha digital y dotar de infraestructura de banda ancha y aplicaciones sobre Internet y de impacto social a toda la población.

Propuesta

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática siempre ha propugnado por permitir el acceso a la información y la posibilidad de estar comunicados con el resto de la sociedad a través de la evolución tecnológica, así como de todas las herramientas técnicas que concreten el desarrollo de nuestro país.

De esta forma, consideramos que resulta urgente acrecentar el conocimiento de las fuentes de desarrollo y permitir el acceso igualitario a las tecnologías de la información y comunicaciones a la población, por lo que resulta imperativo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne la partida especial para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, considerando para ello, los recursos del propio Fideicomiso E-México y como parámetro, la base los datos del Inegi en materia de rezago en brecha digital, para crear una fórmula de distribución que permita canalizar estos recursos a los estados para que aceleren la construcción de su propia banda ancha y aplicaciones sobre Internet de impacto social.

Adicionalmente, consideramos necesario que a partir de la creación del mencionado fondo y en atención al pacto federal, en cada entidad federativa debe prever un Instituto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento el cual pueda tener plena coordinación y ejecución de programas de forma eficiente con la referida Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el desarrollo de las redes estatales de educación, salud y gobierno.

En suma, con la presente propuesta, el PRD considera que el Estado mexicano tendrá mayores posibilidades para asegurar a sus gobernados el acceso a los servicios electrónicos y digitales que actualmente existen en la sociedad.

En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne una partida especial para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con la finalidad de abatir el rezago en brecha digital y aplicaciones de Internet de impacto social.

Cámara de Senadores, a 10 de octubre de 2013.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se informa a la asamblea que por acuerdo de la Mesa Directiva el viernes 18 de octubre del año en curso se recibió la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio y adiciona los artículos decimotercero y decimocuarto transitorios del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio y se adicionan los artículos decimotercero y decimocuarto transitorios del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Por el que se reforma el artículo tercero transitorio y se adicionan los artículos decimotercero y decimocuarto transitorios del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo Primero.Se reforma el artículo tercero transitorio y se adicionan los artículos decimotercero y decimocuarto transitorios del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Transitorios

Primero. ...

Segundo. ...

Tercero.Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del servicio. Para los efectos de lo señalado en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo a que se refiere el presente artículo. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del programa a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto a Decimosegundo. ...

Decimotercero.El gobierno federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento del artículo tercero transitorio de la presente ley, y establecer una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

Decimocuarto.Los gobiernos estatales y del Distrito Federal deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento del artículo tercero transitorio de la presente ley, y establecer una partida presupuestal específica en sus respectivos presupuestos de egresos para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.

LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS - CODIGO CIVIL FEDERAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal

Artículo Primero.Se reforma la fracción I del artículo 15; y se adicionan la fracción XXXVII recorriéndose la actual del artículo 251 y un artículo 251 B, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 15....

I.Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles. En el mismo plazo, deberán enterar al Instituto respecto a sus trabajadores que sean deudores alimentarios, decretados así por resolución o convenio judicial.

II.a IX. ...

...

...

Artículo 251. ...

I.a XXXV. ...

XXXVI.Prestar servicios a quienes no sean sus derechohabientes, a título oneroso, a efecto de utilizar de manera eficiente su capacidad instalada y coadyuvar al financiamiento de su operación y mantenimiento, siempre que ello no represente menoscabo en la calidad y calidez del servicio que debe prestar a sus derechohabientes;

XXXVII.Llevar el Registro de trabajadores afiliados con la obligación de otorgar alimentos, así decretado por resolución o convenio judicial, y

XXXVIII.Las demás que le otorgue esta Ley, sus reglamentos y cualesquiera otra disposición aplicable.

Artículo 251 B.El Instituto llevará un Registro de deudores alimentarios, con la información que le proporcionen los patrones al afiliar trabajadores. Asimismo, celebrará convenios con otras instituciones de seguridad social de los sectores públicos federal y estatal, para intercambio e integración de información relacionada con dicho registro.

El Instituto, al afiliar trabajadores, deberá de verificar el Registro de deudores alimentarios. En caso de que un trabajador resulte deudor alimentario, deberá de comunicar por oficio al Juzgado donde se decretó la pensión para los efectos legales correspondientes.

Artículo Segundo.Se reforma el primer párrafo del artículo 7 y se adicionan los párrafos cinco y seis del mismo artículo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 7.Las Dependencias y Entidades, deberán remitir al Instituto de manera mensual en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del Instituto. En el mismo plazo, deberán enterar al Instituto respecto a sus trabajadores que sean deudores alimentarios, decretados así por resolución o convenio judicial.

...

...

...

El Instituto llevará un Registro de deudores alimentarios, con la información que le proporcionen las dependencias y entidades al afiliar trabajadores. Asimismo, celebrará convenios con otras instituciones de seguridad social de los sectores públicos federal y estatal, para intercambio e integración de información relacionada con dicho registro.

El Instituto, al afiliar trabajadores, deberá de verificar el Registro de deudores alimentarios. En caso de que un trabajador resulte deudor alimentario, deberá de comunicar por oficio al Juzgado donde decretó la pensión para los efectos legales correspondientes.

Artículo Tercero.Se reforma el primer párrafo del artículo 19 y se adicionan los párrafos cuarto y quinto del mismo artículo de la Ley de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 19.Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, tramitarán ante el Instituto, la afiliación de su respectivo personal en situación de activo y de retiro, y a sus derechohabientes. Asimismo, deberán enterar al Instituto respecto de su personal que sea decretado deudor alimentario por resolución o convenio judicial. Los documentos de identificación que expida el Instituto serán válidos para ejercitar los derechos a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior.

......

El Instituto llevará un Registro de deudores alimentarios, con la información que le proporcionen las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Asimismo, celebrará convenios con otras instituciones de seguridad social de los sectores públicos federal y estatal, para intercambio e integración de información relacionada con dicho registro.

El Instituto, al afiliar personal militar, deberá de verificar el Registro de deudores alimentarios. En caso de que alguien resulte deudor alimentario, deberá de comunicar por oficio al Juzgado donde se decretó la pensión para los efectos legales correspondientes.

Artículo Cuarto.Se adiciona un párrafo segundo al artículo 311 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 311.-...

El juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio, a efecto de garantizar que se cumplan en todo momento, las obligaciones alimentarias decretadas por sentencia o convenio.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 17 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Justicia, para dictamen.

FELIPE MUÑOZ KAPAMAS

El diputado Rodrigo González Barrios(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado González Barrios. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Rodrigo González Barrios (desde la curul): Presidente, solamente para recordarle a las diputadas y a los diputados de esta honorable asamblea legislativa que en 1968, un día como hoy, un joven nadador mexicano, Felipe “El Tibio” Muñoz, consiguió la medalla de oro en las olimpiadas en aquella fecha. La verdad, le tengo un profundo reconocimiento.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está Presidencia se suma al reconocimiento planteado por el señor diputado.

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es efeméride con motivo del aniversario de la Constitución de Apatzingán. Tiene el uso de la palabra, el señor diputado Silvano Aureoles Conejo, por cinco minutos.

El diputado Silvano Aureoles Conejo:Gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros, mucho se ha dicho de las Constituciones que han regido nuestro país, algunas de las cuales los historiadores no consideran su vigencia, sino hasta el inicio del periodo del México independiente. Por ello, algunas le restan méritos y no se encuentran suficientemente elevadas en el conocimiento de su valor, como acontece con la llamada Constitución de Apatzingán, cuyo nombre original fue Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

Este documento sancionado en esa ciudad de Michoacán, el 22 de octubre de 1914 y promulgada el 24 del mismo mes y año, por mandato del Supremo Congreso, representado por José María Morelos, José María Liceaga y José María Cos.

A la par de la lucha insurgente se daba el movimiento constitucionalista, como influencia de las ideas libertarias que campeaban entonces en el mundo, que impactaron en las consciencias y revolucionaron la forma de comprender el poder y situar el ser humano en el centro de todo.

Los fundadores de la patria no fueron ajenos a las reflexiones ilustradas de una sociedad dispuesta a terminar con el abuso del poder, sacudirse las cadenas de la opresión y cuestionar los privilegios. Tan lo entendían, que utilizaron los conceptos que hoy en día no terminan de ser superados.

La Constitución de Apatzingán es el resultado del desarrollo ideológico de las diferentes etapas que hasta entonces había tenido la lucha de Independencia iniciada en 1910 y continuadas en el Congreso de Chilpancingo en 1813.

La primera Constitución mexicana, como también se conoce la Constitución de Apatzingán, desdoblada con algunas variantes: Los Elementos Constitucionales de la Junta de Zitácuaro, atribuidas a Ignacio López Rayón, y recoge entonces los Sentimientos de la Nación, del propio José María Morelos. Es decir, la insurrección de los naturales de la Nueva España en guerra contra los ejércitos realistas para liberarse del dominio ibérico recurrió a la fuerza de la razón. En consecuencia, puso en práctica las ideas de la Europa liberal e ilustrada.

En la Constitución de Apatzingán se encuentra todo un planteamiento de organización política de nuestro país, conforme a la necesidad que tenían los insurgentes de darle rumbo a la tan anhelada nación. No se trató de un desorden en que apareciera la conquista del poder como motivo único. Tanta muerte, tanta sangre, tanto sacrificio de nuestros hermanos debería servir para algo. Ese algo era sin duda darle igualdad, seguridad, propiedad y libertad a los habitantes originarios de nuestras tierras, que habían padecido siglos de maltrato, discriminación, esclavitud, explotación y miseria.

En esta Constitución se contienen algunos de los más altos derechos humanos cuya protección se proclama para la felicidad del pueblo y en cada uno de los ciudadanos.

Se debe destacar que a casi 200 años de tan relevante acontecimiento, por ejemplo, sea la soberanía como facultad de autodeterminación, uno de los elementos soporte de nuestra doctrina, el cual se opone a toda idea del monarca de la Edad Media, cuyo poder se justificó por sobre todas las cosas y derivó en absolutismo. De ahí la consideración que subsiste hasta nuestros días de que su titular originario es el pueblo y se toma como simiente de nuestra independencia nacional.

Michoacán es un estado de un amplio bagaje histórico, cultural. Sus habitantes han participado en todas las etapas de trascendencia del devenir histórico de la República. Han sido piezas fundamentales y protagonistas de los avances democráticos que han influido decisivamente en el perfil de la patria y del México actual.

Desde los conspiradores de Valladolid, la presencia de Hidalgo, la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana, en Zitácuaro; la instalación del primer tribunal de justicia, en Ario de Rosales; en la Constitución de Apatzingán; en la guerra de Reforma, con los liberales reformistas como Ocampo y con todos los Constituyentes del 57, la participación decidida en la Revolución Mexicana; en el Congreso Constituyente del 17, de la etapa postrevolucionaria con el general Lázaro Cárdenas del Río al frente del gobierno federal; el movimiento democratizador de finales de la década de los ochentas, encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y muchos más fundadores de lo que hoy es el Partido de la Revolución Democrática.

Michoacán tiene la relevancia en materia económica, particularmente en su potencial de producción agrícola, en el que se ha consolidado como el primer estado a nivel nacional en distintos rubros de la producción del campo. Es la entidad hoy con el mayor porcentaje de ingresos en las ventas y exportaciones. En esta entidad se cosecha la totalidad de la producción de aguacate en el país y se mueve uno de cada 10 productos nacionales.

Sin embargo, en Michoacán la realidad hoy no corresponde con la magnitud de ese legado histórico. Tenemos que pasar de los discursos a los hechos, porque no hay duda de que en los últimos años ha sido laboratorio experimental de estrategias. Por ejemplo, en el combate a la delincuencia, que ha dejado un saldo negro para nuestra querida entidad.

En consecuencia, necesitamos dar un viraje a la política de atención a ésta y otras problemáticas. No es destacando solamente las consecuencias como se van a encauzar y a resolver los problemas. Hemos insistido y lo seguiremos haciendo en que se requieren importantes inversiones en nuestro estado para reactivar la economía, que se requiere dar atención a los jóvenes, con becas y mayores oportunidades de empleo para arrebatarlos de las garras de la delincuencia y de la inseguridad, porque todo intento por recomponer el tejido social pasa por la necesidad de un esfuerzo verdaderamente integral que involucre a todos los sectores de la sociedad, más allá de discursos y de buenas intenciones.

Michoacán necesita —y es el llamado— que todas las fuerzas políticas actuemos con responsabilidad. Dejar de lado los distractores sobre la situación e intereses de personas o de grupos para poner por encima los intereses superiores de Michoacán, de las michoacanas y los michoacanos.

Michoacán sigue padeciendo una situación de incertidumbre política, que priva hoy en día, que no ha podido ser superada ante indefiniciones políticas que ponen en entredicho y generan incertidumbre a los ciudadanos ante la indefinición de quien representa y ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo de la entidad.

En consecuencia, se limita la capacidad de gestión y de interlocución que se requiere para amarrar de manera firme y en beneficio de nuestro estado las obras, proyectos y programas de gobierno con carácter estratégico que permitan sacar al estado de la inercia, porque ya no hay tiempo que perder. Ni siquiera es un tema de administración, sino del ocultamiento a veces de la realidad que prevalece.

En consecuencia, las conmemoraciones históricas —sin duda— son indispensables para rescatar los valores del nacionalismo. Pero son también una gran oportunidad para revisar nuestro presente, con sentido crítico, pero también constructivo. Llamar la atención para que quienes somos responsables de tomar decisiones lo hagamos pensando en las michoacanas y en los michoacanos.

Por eso hoy, en el marco de la conmemoración de casi el bicentenario de la Constitución de Apatzingán, llamo sinceramente a todas y a todos quienes representamos fuerzas políticas, quienes queremos a Michoacán y que en esa ruta que hemos trazado, junto con mis compañeras y compañeros diputadas, diputados federales de Michoacán, de todos los partidos políticos, a que retomemos el espíritu y el compromiso para que pronto le regresemos la certidumbre, la posibilidad de desarrollo y el rumbo que Michoacán necesita.

Michoacán es mucho estado, y hoy demanda de la participación de todas y de todos, sin distingos, sin intereses particulares o de grupo, que por muy legítimos que sean, primero están Michoacán, las michoacanas y los michoacanos. Por su atención, muchas gracias. Y por su tolerancia también, ciudadano presidente, muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Sonido en la curul del diputado Eligio Cuitláhuac González Farias, por favor.

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias(desde la curul): Presidente, con la solicitud de que me permita hacer uso de la tribuna para referirme a la conmemoración del aniversario de la Constitución de Apatzingán...

El Presidente diputado José González Morfín: No puedo, porque el Reglamento y el orden del día que aprobamos me lo impide, diputado. No puedo concederle en este momento...

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias (desde la curul): Permítame que quede al menos asentado en el acta que ha sido el Grupo Parlamentario del PRI —los diputados de Michoacán del Grupo Parlamentario del PRI— quienes han propuesto a esta soberanía para que el 2014 sea declarado como el año del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán y que, al mismo tiempo, también hemos propuesto que cree esta soberanía una comisión especial para conmemorar dichos eventos, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Eso ya quedó en el Diario de los Debates.

Le doy la más cordial bienvenida al presidente municipal de Tequisquiapan, que está aquí invitado por los diputados Antonio Macías y Ricardo Astudillo. Bienvenido a la sesión.

El diputado Silvano Aureoles Conejo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Aureoles, por favor.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Muy breve, presidente. Muchas gracias. Solamente para decirle a mi paisano, el diputado Eligio, que coincido plenamente con él, y que hay ya un documento en ese sentido y que tengo toda la seguridad, la confianza y además el deseo de que juntos, amén de colores y de partidos políticos, vayamos a darle certidumbre y rumbo a nuestro querido estado de Michoacán. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Querétaro, que están hoy invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos a la Cámara de Diputados y bienvenidos a esta sesión.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera. Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente, nos parece que el tema de la Constitución de Apatzingán es un tema de Estado, es un tema relevante que debiese incluir un posicionamiento de cada grupo parlamentario, al haber sido la primer Constitución que recoge la lucha independentista y el pensamiento del generalísimo José María Morelos y Pavón.

Evidentemente, nos parece que no puede ser motivo de debate partidista, pero también me parece que el uso de la tribuna fue serio, dada la coyuntura difícil que vive el estado de Michoacán.

Nosotros, en Movimiento Ciudadano, plantearíamos que en estas fechas, en estas efemérides siempre haya no solo la propuesta del iniciador, el proponente, sino también de cada grupo parlamentario, por la relevancia histórica de los temas.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya queda registrada, diputado. Haremos saber esto a la Junta de Coordinación Política para futuras ocasiones.

FENOMENOS CLIMATICOS EXTREMOS

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Eloy Martínez. Dígame, diputado.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas(desde la curul): Gracias, presidente. Muy buenos días, compañeros. Únicamente para retomar el tema de los fenómenos climáticos extremos que están golpeando a nuestro país. Y sobre todo señalar la situación de descoordinación que existe en Protección Civil.

Lo comento porque la semana pasada medios de comunicación estuvieron invitando a visitar particularmente el puerto de Acapulco, unos tres días antes cuando se estaba formando lo que es ahora un huracán muy potente, el huracán Raymond, y pese a que ya estaba la información en el Servicio Meteorológico Nacional y en organismos internacionales, como el Centro Nacional de Huracanes, de que era un fenómeno con una gran capacidad destructiva, se insistió en estos medios de comunicación, particularmente Televisa, para que la gente fuera, lo cual no estaba mal.

Lo que pasa es que no era el momento para invitar a la gente a ir al puerto de Acapulco ante esta situación. Incluso se estaba promoviendo ahí...

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido, diputado, su comprensión para poder continuar con nuestro orden del día. Su intervención será registrada.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (desde la curul): Lo que pasa es que es un tema muy importante y está afectando y puede continuar siendo un potencial peligro para quienes visitan estos lugares, si no se mejora el sistema de protección civil.

Estamos por proponer un sistema de semáforo meteorológico para que a la gente le quede más claro. Precisamente vamos a hacer llegar la propuesta a la Comisión de Protección Civil, para que a la gente le quede más claro cuándo acudir o cuándo no a ciertos lugares, porque no podemos continuar exponiendo a la población a este tipo de fenómenos de esta manera tan irresponsable. Por su comprensión, gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Esperaremos la propuesta. Continúe la Secretaría.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal.*

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

* El dictamen mencionado se encuentra en el Anexo I de esta sesión.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. El 29 de abril de 2013 el diputado Mauricio Sahui Rivero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto .por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen correspondiente, recibiéndose en la Comisión el 14 de mayo de 2013.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa bajo estudio tiene por objeto que se adicionen dos artículos, el 4 Bis y el 4 Ter, así como que se reforme el artículo 7o. de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura.

Con el supuesto previsto en el artículo 4 Bis que se propone adicionar a la referida ley, se pretende desvincular a los servidores públicos que presumiblemente han cometido un acto de tortura, de toda función que se encuentre relacionada con la detención o vigilancia de personas. El texto propuesto por el iniciante refiere que:

Cuando se inicie una investigación sobre hechos constitutivos del delito de tortura y exista el riesgo de que el hecho se repita o se obstruya la investigación, se procurará que los funcionarios públicos probablemente involucrados en esos hechos, se les comisione realizar funciones que no estén relacionadas con la detención o vigilancia de personas.

Por su parte, el contenido del artículo 4 Ter propuesto delinea el ámbito de aplicación espacial y personal de la ley al señalar que:

Para efectos de la aplicación de la presente ley, se considera que los tribunales de los Estados Unidos Mexicanos tienen jurisdicción para conocer en los siguientes casos:

I. Cuando los delitos se cometan en cualquier parte de su territorio o a bordo de una aeronave o buque matriculado por éste;

II. Cuando el presunto delincuente sea de nacionalidad mexicana;

III. Cuando la víctima sea de nacionalidad mexicana; y

IV. Cuando el presunto delincuente sea extranjero y se encuentre en territorio nacional, siempre y cuando se niegue a éste su extradición.

Lo anterior, siempre y cuando el probable responsable no haya sido juzgado definitivamente en el país en que se cometió el delito.

Finalmente, la reforma al artículo 7o. busca que en los reconocimientos efectuados por peritos a los reos, se apliquen formularios ajustados al anexo IV del Protocolo de Estambul de manera que se propone:

En el momento en que lo solicite, cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste o si lo requiere además, por un facultativo de su elección. El perito deberá realizar el reconocimiento del reo en base a formularios ajustados al contenido del anexo IV del Protocolo de Estambul, quedando obligado a asentar en sus dictamen los signos físicos y psicológicos de tortura y malos tratos observados, debiendo expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o., deberá comunicarlo a la autoridad competente.

Dicho reconocimiento médico deberá realizarse en un área en la que tanto el examinado como el perito tengan privacidad.

El diputado iniciante, para sustentar su propuesta argumenta lo siguiente:

– La existencia de diversos tratados internacionales de los que México es Estado parte y por virtud de los cuales tiene la obligación de emprender medidas para combatir y erradicar la tortura.

– La insuficiencia de los actuales instrumentos jurídicos nacionales para erradicarla.

– Las recomendaciones hechas por diversos órganos internacionales en la materia, en especial, el Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, el cual ha observado con preocupación que “la información proporcionada por el Estado Mexicano, según la cual se habrían dictado únicamente seis sentencias por tortura desde 2005, además de 143 sentencias por abuso de autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 305 por uso indebido de atribuciones”.

– La reciente reforma constitucional en materia – de derechos humanos (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011) que obliga a todas las autoridades a velar por la máxima protección de los–derechos humanos:

Ahora bien, en cuanto a su propuesta concreta de modificación al marco legal correspondiente, el iniciante presenta los siguientes argumentos:

– Con respecto a su propuesta de adicionar un artículo cuarto bis, señala que “responde a la necesidad de establecer qué ocurrirá con los funcionarios públicos probablemente involucrados en hechos constitutivos de tortura, durante la investigación de tales hechos; ello con la intención de procurar que dichos funcionarios públicos no interfieran en la investigación y evitar que realicen actividades en las cuales se pudieran dar nuevos hechos de ese tipo; sin que ello implique la pérdida del trabajo”.

– Respecto de la adición del artículo cuarto ter, señala que “se pretende que la jurisdicción de los Tribunales de los Estados Unidos Mexicanos para conocer del ilícito de tortura, sea en su aspecto más amplio; ello con la intención de que no importando el lugar donde se cometieron dichos actos, éstos se puedan castigar y que no queden impunes con la restricción de que si dichos actos ya fueron juzgados definitivamente en otro país, no se podrán volver a analizar pues se estaría juzgando dos veces por los mismos hechos.

–En cuanto a la reforma del artículo 7o para incluir en el mismo ciertos lineamientos señalados en el Protocolo de Estambul, el iniciante señala: “...por lo que hace a las personas sujetas a un procedimiento penal, los actos de tortura generalmente se presentan en la etapa de investigación, por lo que es de especial importancia que el reconocimiento médico que el perito haga del reo sea en esa etapa, mismo que deberá cubrir determinados requisitos tendientes a verificar si éste sufrió actos de tortura, requisitos que ya se encuentran establecidos en el Protocolo de Estambul...”.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Los derechos humanos se constituyen hoy por hoy en la piedra angular en que debe sustentarse el quehacer de todo el aparato estatal.

El nuevo paradigma inaugurado con la reciente reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, refuerza la máxima ya señalada desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789:

La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre (artículo 2).

En este sentido, el Estado democrático, social y de derecho debe prevenir, proteger y garantizar todos los derechos humanos para todas las personas.

Como órgano representante de la voluntad popular y en un ejercicio de coherencia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, es evidente que para hacer de los derechos humanos tutelados en nuestra Constitución una realidad, es necesario rearticular el aparato estatal, a fin de estar en aptitud de proteger y garantizar de una mejor manera los derechos que reconoce la Constitución.

Como bien lo ha referido en otras ocasiones esta Comisión de Derechos Humanos, la tortura constituye uno de los crímenes más aberrantes que, aún hoy día, sujeta a su yugo a miles de personas y frente al cual debemos de tomar medidas contundentes.

Si bien es cierto que aún existen muchos retos y obstáculos por superar, tanto en el campo normativo como en el de la aplicación fáctica de las disposiciones legales en la materia, también es cierto que en los últimos años el Estado Mexicano ha mostrado cada vez mayor voluntad política para combatir ese flagelo.

En este sentido, el Congreso de la Unión ha reconocido la urgente necesidad de actualizar la legislación en comento y ha dado claras muestras de consenso y voluntad política de los grupos parlamentarios para hacerlo. Tan es así que el pasado 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos recaído a una Minuta del Senado en materia de tortura, mismo que el pasado 24 de abril de 2013 fue aprobado por la colegisladora –con modificaciones– y que versa precisamente sobre la necesidad de actualizar la ley en cuestión a los estándares internacionales en materia de tortura.

La iniciativa que en esta ocasión motiva el presente dictamen sigue precisamente este hilo conductor para que nuestra legislación sea acorde a las obligaciones que soberanamente ha asumido el Estado mexicano ante el concierto general de las naciones.

La propuesta del diputado iniciante versa sobre tres artículos, uno vigente que se pretende reformar y dos más que propone adicionar.

En orden cronológico en este dictamen se analizarán las propuestas planteadas por el diputado iniciante utilizando como métodos interpretativos el sistemático y el funcional, de manera que ello permita determinar sobre la viabilidad o inviabilidad de cada una de las mismas.

1. La adición de un artículo 4 bis

La primera propuesta, que consiste en la adición de un artículo 4 bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, pretende ser, sin lugar a dudas, una medida dirigida a resguardar la integridad de la presunta víctima, así como la debida realización de las investigaciones y aspectos concomitantes derivados del proceso jurisdiccional. Sin embargo, presenta múltiples complicaciones que, de suyo, podrían vulnerar el contenido material de los derechos y garantías del debido proceso penal.

En primera instancia, el principio de presunción de inocencia se vería socavado pues si bien es cierto que a los presuntos sujetos activos de la comisión del delito de tortura, no se les estaría relevando de su cargo, también lo es que, por una medida de seguridad, se les desvincularía de aquellas funciones relacionadas con la detención o vigilancia de personas. Esta medida, per se, implica una presuposición al menos fundada que pone en tela de juicio el principio de presunción de inocencia. Con esta acción, la autoridad estaría prejuzgando dentro del proceso penal y asumiendo una posición contraria al garantismo penal pues lejos de admitir el principio de “máxima protección a la persona” se estaría aplicando una medida propia del conocido modelo de “derecho penal del enemigo” que en lugar de centrarse en la presunción de inocencia toma como eje central la presunta peligrosidad de los sujetos, posición ésta que no puede ser compartida en un Estado democrático y de derecho como el nuestro.

En efecto, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1, 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consonancia con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte, esta concluye que “[...] nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma conocido como “derecho penal del acto” y rechaza a su opuesto, el ‘derecho de autor’ [...]”

Esto es así porque el derecho penal garantista asumido por nuestro Estado, está limitado a trabajar sobre actos y no sobre la peligrosidad supuesta de los sujetos, característica propia de los Estados no democráticos que asumen el modelo de “derecho penal del enemigo”. De acuerdo con el insigne jurista y Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni:

La esencia del trato diferencial que se depara al enemigo consiste en que el derecho le niega su condición de persona. Sólo es considerado bajo el aspecto de ente peligroso o dañino... En lamedida en que se trate a un ser humano como al o meramente peligroso y, por tanto, necesitando de pura contención, se le quita o niega su carácter de persona... el trato a un ser humano como cosa peligrosa que amenaza la seguridad o certeza acerca del futuro, no se limita a despersonalizar sólo al así tratado, sino que, reparando más detenidamente en esta cuestión, es conveniente advertir que la priorización del valor seguridad como certeza acerca de la conducta futura de alguien, y más aun su absolutización, acabaría en la despersonalización de toda la sociedad”. (negritas nuestras)

Como se ha señalado líneas arriba, sería contrario en un Estado garantista una disposición como la que plantea el diputado iniciante, en el sentido de que se procure que a los funcionarios públicos probablemente involucrados en esos hechos, se les comisiones a realizar otras funciones, no relacionadas con la detención o vigilancia de personas, con el propósito “de procurar que dichos funcionarios no interfieran en la investigación y evitar que realicen actividades en las cuales se pudieran dar nuevos hechos de ese tipo...”.

De asumirse el planteamiento propuesto por el diputado, se estaría violentando claramente el principio de presunción de inocencia puesto que se estaría tomando como eje conductor la presunta peligrosidad de los sujetos, implementándose para ello una medida de contención (la de desvincularlo de su función) fundada en una razón de hechos o situaciones que no han ocurrido y cuya certeza de ocurrir tampoco se encuentra racionalmente fundada en un criterio que  no apele a la supuesta peligrosidad.

El anterior argumento es bastante para considerar la inviabilidad de la propuesta planteada, no obstante, aún cuando pudiera argumentarse que tal pretensión no es contraria al garantismo penal, existen otros tantos argumentos para justificar su inviabilidad.

Allende lo anterior, justificando la falta de adecuación con los principios garantistas en materia penal, es de señalar que esta medida conlleva un profundo carácter de subjetividad al incluirse la expresión “...se procurará que los funcionarios públicos probablemente involucrados en esos hechos, se les comisione a realizar funciones que no estén relacionadas con la detención o vigilancia de personas”. Toda vez que la misma no proporciona criterios racionalmente objetivos que permitan saber en qué casos si y en cuáles no se comisionará en funciones distintas a los servidores públicos. La única regla que nos proporciona la propuesta es la existencia de un riesgo de que el hecho se repita o se obstruya la investigación, la cual como es de advertirse, es profundamente amplia.

Así, el riesgo que se toma frente a clausulas tan abiertas como la presente es que en vez de ser aplicada con una finalidad garantista, la misma pueda ser empleada más bien con un propósito político/ideológico para evitar que ciertas personas conozcan (o que otras más sean las que conozcan) del caso en cuestión.

Cabe precisar además que en la propuesta planteada por el iniciante, no se señala cuál sería la autoridad encargada en funciones distintas a los servidores públicos involucrados, como tampoco se distingue al órgano del que dependen dichos servidores ya que puede tratarse de servidores pertenecientes al poder judicial como a la administración pública, y en uno u otro caso, si no señala quién sería la autoridad competente para ordenar la realización de funciones distintas a las de detención o vigilancia, podrían derivarse problemas de competencia.

Ahora bien, si lo que se busca con la medida propuesta por el iniciante es resguardar la integridad de la víctima, así como las investigaciones correspondientes, en caso de existir indicios razonables fundados de que podrían verse éstos afectados, la autoridad judicial puede dictar las medidas y providencias que considere necesarias para protegerlos.

Finalmente, en un examen realizado a diversos ordenamientos jurídicos, así como a la jurisprudencia internacional en la materia, esta Comisión de Derechos Humanos no ha encontrado lineamientos que permitan justificar racionalmente –sin vulnerar el principio de presunción de inocencia y demás características de un Estado constitucional y democrático de derecho– la propuesta presentada en este rubro. Por todas estas razones, se considera inviable la inclusión del artículo 4 bis.

2. La adición del artículo 4 Ter

Con relación a la propuesta de adicionar el artículo 4 Ter, se advierte que el diputado iniciante toma como parámetro para la inclusión de este artículo lo dispuesto en los dos instrumentos internacionales más importantes en materia de protección contra la tortura. Por una parte, del sistema universal de protección de los derechos humanos, la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, de la que México es parte y cuyo artículo 5 dispone:

Artículo 5

1. Todo Estado parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos:

a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado;

b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;

c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

2. Todo Estado parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en  los casos en que el presunto delincuente se hallé en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales.

Por otro lado, del sistema regional de protección de derechos humanos, el diputado toma como marco de referencia la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, de la que México es estado parte, y cuyo artículo 12 dispone:

Artículo 12

Todo Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención en los siguientes casos:

a. cuando la tortura haya sido cometida en el ámbito de su jurisdicción;

b. cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o

c. cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.

Todo Estado parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicciónsobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en el ámbito de su jurisdicción y no proceda a extraditar lo de conformidad con el artículo 11.

La presente Convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con ‘el derecho interno.

Ciertamente, tales disposiciones son derecho válido en nuestro régimen interior y, a la vez obligaciones contraídas ante la comunidad internacional por lo que deben de ser cumplidas.

Allende, ambos instrumentos internacionales contienen el mandato de que los Estados parte tomarán las medidas necesarias para impedir los actos de tortura.

En este tenor, no se desconoce la obligación anterior, misma que es planteada por el iniciante, sin embargo debe hacerse un análisis sistemático de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura con el ordenamiento jurídico nacional del cual es parte, para determinar si la misma se encuentra ya prevista o no.

Ante ello, es pertinente la siguiente cita:

Cualquiera que sea el caso, el derecho no sólo es un conjunto de normas aisladas, sino que dichas normas constituyen un ordenamiento o un sistema con cierta estructura. Esta estructura consiste en que las normas de un ordenamiento no están recíprocamente desconectadas y son entre sí independientes sino que, por el contrario, hay relaciones entre las unas con las otras.

Ahora bien, la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura dispone en su artículo 1o. lo siguiente:

Artículo 1o.La presente ley tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura y se aplicará en todo el territorio nacional en materia de fuero federal y en el Distrito Federal en materia de fuero común.

El elemento a interpretar en el presente artículo es el de la competencia espacial, o mejor dicho el “ámbito espacial de validez” de la ley en cuestión. En este sentido, habrá que analizarse sistemáticamente el sentido y alcance de dicha competencia.

En primer lugar, el iniciante hace referencia a lo siguiente: Para efectos de la aplicación de la presente ley, se considera que los Tribunales de los Estados Unidos Mexicanos tienen jurisdicción para conocer...”

Al ser una “Ley Federal” la que se pretende modificar, consecuentemente son los “Tribunales Federales” los competentes para su conocimiento. La competencia de los jueces federales se encuentran determinada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que en su artículo 50 dispone lo siguiente:

Artículo50. Los jueces federales penales conocerán:

I. De los delitos del orden federal.

Son delitos del orden federal:

a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b) a i) de esta fracción;

b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal;

c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos;

d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras;

e) a m)...

II. a IV...

En este artículo se advierte que al menos una de las propuestas del iniciante se encuentra ya prevista en el inciso d) de la fracción I. Pero también, una interpretación sistemático/analítica, el inciso b) de la fracción I, nos remite al Código Penal Federal.

Cabe precisar, además, que la propia Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura dispone que se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la república en materia de fuero federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y la Ley Reglamentaria del Artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el Código Penal Federal, al cual remite la propia Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, dispone el ámbito de aplicación material y espacial en el que se aplicará para los delitos del orden federal:

Artículo1o. Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal.

Artículo2o. Se aplicará, asimismo:

I. Por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengas efectos en el territorio de la República; o bien, por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en el artículo 4o. de este Código y no se extradite al probable responsable al Estado que lo haya requerido; y

II. Por los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal cuando no hubieren sido juzgados en el país en que se cometieron.

Artículo3o. Los delitos continuos cometidos en el extranjero, que se sigan cometiendo en la República, se perseguirán con arreglo a las leyes de ésta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes.

La misma regla se aplicará en el caso de delitos continuados.

Artículo4o. Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos siguientes:

I. Que el acusado se encuentre en la República;

disposiciones de carácter federal se hagan al Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, se entenderán referidas al Código Penal Federal”.

II. Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió; y

III. Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República.

Artículo5. Se considerarán como ejecutados en territorio de la República:

I. Los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar, a bordo de buques nacionales;

II. Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional surto en puerto o en aguas territoriales de otra nación. Esto se extiende al caso en que el buque sea mercante, si el delincuente no ha sido juzgado en la nación a que pertenezca el puerto;

III1. Los cometidos a bordo de un buque extranjero surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad;

IV.Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras, en casos análogos a los que se señalan para buques las fracciones anteriores; y

V. Los cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas.

Como puede advertirse la propuesta presentada por el diputado iniciante se encuentra contenida tanto en el Código Penal Federal como en otras disposiciones normativas.

Si bien la intención del iniciante es la armonización legislativa acorde a los parámetros internacionales y cabe señalar que la misma ya existe al estar prevista en otros dispositivos normativos que conforman el sistema u ordenamiento jurídico nacional.

A mayor abundamiento es de mencionarse que la armonización legislativa es una tarea que se debe comprender al sistema jurídico, entendido éste como un conjunto pleno de normativas legales interrelacionadas y no como un conjunto de normas sin relación o vínculos concomitantes.

En concreto, se advierte que las propuestas del iniciante se encuentran ya previstas en el Código Penal Federal, y para ilustrar lo anterior se presenta el siguiente cuadro esquemático:

Como puede advertirse, el Código Penal Federal prevé hipótesis generales a aplicarse tratándose de la competencia espacial y personal para los delitos, hipótesis en las que se ubican cada uno de los planteamientos elaborados por el incidente.

Ahora bien, en cuanto al último párrafo que se pretende adicionar y que señala: “Lo anterior, siempre y cuando el probable responsable no haya sido juzgado definitivamente en el país en que se cometió el delito. Cabe señalar que existe un principio general de derecho que indica que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”. Este principio está previsto en el artículo 23 Constitucional, así como el artículo 118 del Código Penal Federal.

En este sentido, es dable concluir que cada una de las presentadas por el iniciante, se encuentran ya previstas sistema jurídico nacional.

3. La reforma del artículo 7o.

Finalmente, en cuanto a la última propuesta del diputado consistente en reformar el vigente artículo 7o. de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, la misma, al igual que las otras dos propuestas señaladas con antelación, se orienta a brindar mayores elementos que permitan la tutela de los derechos fundamentales.

Esto es así porque para identificar con certeza, en los reconocimientos médicos, los casos en los que el detenido o reo pudiera haber sido objeto de tortura, se propone que en las inspecciones o reconocimientos hechos por los médicos legistas se apliquen los parámetros señalados en el anexo IV del Protocolo de Estambul.

Analizando la naturaleza jurídica del Protocolo de Estambul se tiene que:

a. Su nombre oficial es Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

b. Se trata de un conjunto de reglas elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las que precisamente se señalan los procedimientos que deben seguir los Estados para documentar la tortura y sus consecuencias.

Entonces, el diputado iniciante refiere en su propuesta que se aplicará el Anexo IV del Protocolo, sin embargo, se observa que no existe tal anexo en dicho documento porque el mismo está dividido en capítulos. En todo caso, considerando el planteamiento presentado en su iniciativa y del contenido del artículo de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura que pretende reformar, se entiende claramente que se refiere al capítulo IV de dicho Protocolo, denominado “Consideraciones generales relativas a las entrevistas”. Dicho capítulo comienza señalando:

Cuando se entreviste a una persona que afirme haber sido torturada, se tendrá en cuenta una serie de cuestiones y factores prácticos. Las presentes consideraciones valen para todas las personas que realicen entrevistas, sean juristas, médicos, psicólogos, psiquiatras, defensores de los derechos humanos o miembros de cualquier otra profesión. A continuación se describe este “terreno común” y se trata de ponerlo en los distintos contextos que pueden hallarse cuando se investiga la tortura y se entrevista a sus víctimas.

En este capítulo, el Protocolo de Estambul detalla una serie de reglas que deben seguirse durante las entrevistas, tales como su finalidad, técnicas de interrogación, historia psicosocial y previa al arresto, resumen de la detención y los malos tratos (si los hubiera), circunstancias de la detención, lugar y condiciones de detención, utilización de intérpretes, cuestiones a considerarse por género, interpretación de hallazgos y conclusiones, entre otras.

Como se advierte, el capítulo del Protocolo que se pretende sea aplicado durante los reconocimientos médicos es idóneo para la prevención del delito de tortura. Se trata de una norma que vendría a maximizar el contenido material del derecho fundamental a no ser objeto de la tortura.

Si bien es cierto, el Protocolo de Estambul no es un tratado jurídicamente vinculante, la obligatoriedad del mismo puede defenderse argumentativamente, atento al control de convencionalidad que recientemente ha sido asumido por vía jurisprudencial.

Ciertamente, el Protocolo de Estambul es un manual sobre el tratamiento de la tortura elaborado por las Naciones Unidas, a través de diversos órganos especializados. En este sentido, constituye una interpretación auténtica sobre el deber de prevenir y garantizar la prohibición de la, tortura, así como también, de investigar y sancionar la comisión de esta conducta.

La jurisprudencia nacional e internacional (así como la interpretación maximizadora de los derechos humanos contenida en el artículo 1o. constitucional) ha defendido la posición de la obligatoriedad de las interpretaciones que realicen los órganos internacionales autorizados, respecto de los tratados de los que un Estado es parte. Al ser México parte de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, dicho Protocolo es obligatorio.

Sustenta este argumento, la siguiente cita del ex juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quién refiriéndose al ámbito americano señala:

Sustento mi punto de vista en la consideración de que los Estados parte en la Convención Americana –y otras– han acogido este instrumento soberanamente, como parte de la preceptiva nacional, asumiendo los deberes que asigna y afrontando los derechos personales que reconoce. Y esos mismos Estados han aceptado –también soberanamente, al constituirse en partes de la CADH que la Corte IDH, tribunal suprenacional, es el órgano judicial llamado a interpretar las disposiciones convencionales. Por lo tanto, la interpretación de la Corte establece formal y oficialmente el alcance de tales disposiciones y, en consecuencia la medida de los deberes de los Estados y los derechos de los particulares. Así, no es posible sostener que las interpretaciones establecidas por la Corte IDH constituyan un punto de vista atendible o desatendible, y no un acto de necesaria observancia... Implican, como prefiero decir, una interpretación vinculan te de textos normativos asimismo vinculantes para los Estados, que deben ser entendidos y aplicados interiormente en los términos de la interpretación formal y final dispuesta por la Convención y ejercida por la Corte.

Se reafirma lo anterior con la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación:

Control de convencionalidad en sede interna. Los tribunales mexicanos están obligados a ejercerlo.Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionalesque realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales,porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen.

(negritas nuestras)

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, señaló:

Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contraria a su objetivo y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana(negritas nuestro).

En consecuencia, para reforzar el contenido material del Protocolo en cita, sería conveniente la inclusión propuesta por el diputado iniciante, toda vez que la misma implica un contenido maximizador de los derechos humanos y no resulta contraria a ninguna disposición del ordenamiento jurídico nacional. Sólo cabría hacer dos ligeros cambios en la redacción propuesta por el iniciante; en primer lugar y toda vez que el legislador en su redacción propone: “El perito deberá realizar el reconocimiento del reo en base a formularios ajustados al contenido del anexo IV del Protocolo de Estambul...”; y el artículo 7o. se dirige no sólo al reo sino también a “cualquier detenido”, en este sentido se propone ampliar la redacción presentada por el iniciante a efecto de que también se maneje esa hipótesis. Adicionalmente, quienes integran este órgano legislativo, estiman oportuno que la referencia que se hace al Protocolo de Estambul sea ampliada a todos los instrumentos internacionales en la materia, a fin de que se contemplen, dentro de la norma, todos aquellos instrumentos supranacionales ya existentes o que sean creados en el futuro.

Por todos los argumentos antes expuestos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura

Artículo Único. Se reforma el artículo 70 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para quedar como sigue:

Artículo 7o. En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo requiere además, por un facultativo de su elección. El perito deberá realizar el reconocimiento del detenido o reo con base en formularios ajustados a los instrumentos internacionales en la materia, quedando obligado a asentar en su dictamen los signos físicos y psicológicos de tortura y malos tratos observados, debiendo expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o. de esta ley, deberá comunicarlo a la autoridad competente.

Dicho reconocimiento médico deberá realizarse en un área en la que tanto el examinado como el perito tengan privacidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 El método sistemático parte de considerar al derecho como un sistema de nomas relacionadas y/o conectadas entre sí y no como un simple conjunto de nomas aisladas. Ver: VÁZQUEZ, Rodolfo. Teoría del derecho. Oxford University Press. México, 2007. Páginas 66-67; Por su parte, el método funcional interpreta a la noma en razón del servicio o función que cumple dentro del subsistema social que es el derecho. Ver: VIGO, Rodolfo Luis. Interpretación constitucional. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1993. Pág. 215–217.

2 Tesis Aislada: 18. CCXXXVII/2011 (9”); Décima Época; Primera Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, noviembre de 2011 Tomo 1; p. 198; materia constitucional.

3 Zaffaroni, Eugenio Raúl. El enemigo en el derecho penal. Ed. Dykinson. Madrid, 2006. Pág. 18–20.

4 México la firmó el 18 de marzo de 1985, fue aprobada por el Senado el 9 de diciembre de 1985, aprobada mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1986, vinculante para México a partir del 23 de enero de 1986 (vía ratificación) y, en vigor para nuestro país desde el 26 de junio de 1987.

5 Fue firmado por México el 10 de febrero de 1986; aprobado por el Senado el 16 de Diciembre de 1986; vinculante para México a partir del 22 de junio de 1987 (ratificación); entrada en vigor para nuestro país el 22 de julio de 1987.

6 Vázquez, Rodolfo. Ob. Cit. Pág. 66.

7 Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1999, se modificó la denominación del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Conforme al segundo transitorio del decreto: “Las menciones que en otras

8 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. “Protocolo de Estambul”. Serie de capacitación profesional número 8. Naciones Unidas. Nueva York. 2004. Página 47. Consultado en la página oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 3 de junio de 2013, 15:32 horas. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf

9 Por interpretación auténtica se entiende “aquella realizada por el autor mismo del documento interpretado, independientemente de la identidad del autor y la naturaleza del documento.” VAZOUEZ, Rodolfo. Teoría del derecho. Oxford University Press. México, 2007. Pág. 202–203.

10 Véase: García Ramírez, Sergio. “El control judicial interno de convencionalidad”. Ob. Cit.; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera y Montiel Flores Vs. México. Párrafo 225; Tesis: 1.4o.A.91 K, “Control de Convencionalidad. Debe ser ejercido por los jueces del Estado mexicano en los asuntos sometidos a su consideración, a fin de verificar que la legislación interna no contravenga el objeto y finalidad de’ la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, Tomo XXXI, Marzo de 2010. Página 2927.

11 García Ramírez, Sergio. “El control judicial interno de convencionalidad”. En: Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. México, Año V, No. 29, Julio–Diciembre de 2011. Pág. 138–139.

12 Tesis XI.1o.A.T.47 K. Aislada. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito. Número de registro 164611. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, mayo de 2010. Página 1932.

13 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Párrafo 225.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de junio de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. y adiciona un párrafo al 8o. de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o, fracción VI, y adiciona un sexto párrafo al artículo 8o de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71 y 73, fracción XXIX-O, y a la luz de lo dispuesto por los artículos 6o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1 , fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. El veintinueve de abril de dos mil trece, la diputada Arely Madrid Tovilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o, fracción VI, y adiciona un sexto párrafo al artículo 80 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, misma que fue suscrita por el diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En esa misma fecha, veintinueve de abril de dos mil trece, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y análisis correspondiente.

3. Con fecha doce de septiembre de dos mil trece, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

Señala la iniciadora que la vertiginosa evolución tecnológica ha desarrollado diversas formas de identificar a una persona por sus características biométricas y que generan una gran cantidad de datos personales.

Esa evolución tecnológica ha desarrollado las técnicas de recopilación de información biométrica para la obtención de los datos personales a través a través del reconocimiento de las características fisiológicas de la persona, es decir, el reconocimiento facial, su huella dactilar, el análisis de la imagen del dedo, el reconocimiento del iris, el análisis de la retina, la geometría de la mano, el reconocimiento de la forma y tamaño del oído, el reconocimiento vocal, el análisis de los poros de la piel. Una segunda forma se fija en las formas de comportamiento como la comprobación de la firma manuscrita, el análisis del tecleado, del andar, etcétera.

La iniciadora argumenta que los datos biométricos no han sido incluidos en el marco jurídico vigente. Diversas empresas solicitan al usuario datos como los dactilares que les permiten tener una amplia base de datos biométricos cuyo tratamiento debe ser regulado. Además -continúa- las personas difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado tanto a la economía como a la vida social y requiere que se facilite aun más la libre circulación de datos y su transferencia entre instituciones, tanto nacionales como internacionales, por lo que se debe garantizar al mismo tiempo un elevado nivel de protección de datos personales.

La exposición de motivos argumenta, a través de un estudio comparado, que países con amplia tradición en la protección de los datos personales están tomando en cuenta los grandes avances científicos y tecnológicos por lo que proponen incorporar a su marco jurídico la ampliación para el tratamiento de este tipo de datos. Claro ejemplo de ello se encuentra en la Unión Europea en el documento denominado Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en el que en los incisos 10 y 11 del artículo 4 del primer capítulo relativo a las “Definiciones”, establece una clara diferenciación entre información genética y datos biométricos, que a la letra dice:

10) Datos gen éticos, todos los datos, con independencia de su tipo, relativo a las características de una persona que sean hereditarias o adquiridas durante el desarrollo prenatal temprano.

11) Datos biométricos, cualesquiera datos relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan su identificación única, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.

Por su parte en la 34 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad llevada a cabo el 23 y 24 de octubre de 2012 en Punta del Este, Uruguay, denominada Privacidad y Tecnología en Equilibrio, los expertos del mundo se pronunciaron por reforzar la seguridad de los datos biométricos en sus legislaciones; ya que existe una creciente recolección y conformación de base de datos con base en la biometría del individuo.

Dado que en México se están conformando bases de datos donde se almacena y tratan datos sensibles a través de la información biométrica, la iniciadora considera oportuno actualizar el actual marco normativo para garantizar la protección de los datos personales del individuo en todas sus manifestaciones, incluyendo los de los menores de edad quienes también sus datos sensibles son tratados. De esta forma, la iniciadora concluye que la iniciativa tiene como objeto fortalecer el marco jurídico de la protección de los datos personales en posesión de los particulares en dos aspectos fundamentales: los datos biométricos de las personas y la protección de los menores de edad en sus datos personales, por lo que propone la reforma del artículo 3o, fracción VI, y la adición de un sexto párrafo al artículo 8o de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes:

Consideraciones

1. Si bien la legislación sobre la protección de datos personales, en México, tiene un reconocimiento reciente, los orígenes del derecho a la protección de los datos personales, en cuanto a derecho autónomo respecto de la privacidad y la intimidad, se encuentran en Europa. En 1967 se constituyó en el seno del Consejo de Europa una Comisión Consultiva para estudiar las tecnologías de información y su potencial agresividad hacia los derechos, de las personas, especialmente en relación con su derecho a la intimidad. De esta comisión surgió la Resolución número 509 de la Asamblea del Consejo de Europa sobre los “derechos humanos y nuevos logros científicos y técnicos”.

2. Posteriormente, otros estados nacionales legislaron en materia de protección de datos; en 1977, la República Federal Alemana aprobó la Ley de Protección de Datos de la República Federal Alemana; en 1978, Francia publicó la Ley de Informática, Ficheros y Libertades. Otros países que legislaron en la materia fueron: Dinamarca, la Ley sobre ficheros públicos y privados (1978); Austria, la Ley de Protección de Datos (1978) y Luxemburgo por Ley sobre la utilización de datos en tratamientos informáticos (1979).

3. Hacia la década de los años ochenta el Consejo de Europa respaldó la protección de la intimidad frente a las nuevas tecnologías. Fue determinante el Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, en vigor el 1 de octubre de 1985, para garantizar a los ciudadanos el respeto de sus derechos y libertades, el derecho a la vida privada frente a los tratamientos de datos personales conciliando el respeto a ese derecho y la libre circulación de la información entre los estados.

4. En nuestro país, el 20 de julio de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los principios a la transparencia de la información pública gubernamental y las bases de la legislación relativa sobre esta materia. En estos principios, la mencionada disposición constitucional refiere a la protección en los términos establecidos por la Constitución y las leyes secundarias, de la vida privada y los datos personales.

5. Efectivamente, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, publicado el jueves 1 de marzo de 2007 en la Gaceta Parlamentaria, señaló que la reforma del artículo 6o constitucional “Establece una segunda limitación al derecho de acceso a la información, misma que se refiere a la protección de la vida privada y de los datos personales. Esta información no puede estar sujeta al principio de publicidad, pues pondría en grave riesgo otro derecho fundamental, que es el de la intimidad y la vida privada.

Es fundamental esclarecer que aunque íntimamente vinculados, no debe confundirse la vida privada con los datos personales...

La fracción segunda establece también una reserva de ley en el sentido que corresponderá a ésta, determinar los términos de la protección y las excepciones a este derecho”;de esta forma tiene protección constitucional de los datos personales y los derechos con los que cuentan los titulares de los mismos a través del acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO).

6. Así el artículo 6, fracción II, reconoce el derecho a la protección de datos personales señalando que:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. a VII. ...

7. Posteriormente, la reforma a los artículos 16 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009 y 30 de abril de 2009, respectivamente, fortalecieron el régimen de protección de datos personales en posesión de los particulares. La modificación constitucional adicionó al artículo 16 un párrafo segundo para reconocer el derecho a la protección de los Datos Personales, para quedar en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

8. Con la reforma al artículo 16 constitucional se reconoce y da contenido al derecho a la protección de datos personales. En ese sentido, se plasman los derechos con los que cuentan los titulares de los datos personales como lo son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición (denominados por su acrónimo como derechos ARCO).

9. La adición al artículo 73 de una fracción XXIX-O estableció la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de datos personales en posesión de los particulares, haciendo posible que los ordenamientos sobre la materia tengan un ámbito de aplicación nacional unificando la tutela de los datos personales en todo el país en cuanto a sus principios y procedimientos de protección en todas las entidades federativas; por otro lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías y el comercio internacional deben ser regidos por legislaciones donde se traten los datos personales y, en segundo término, la materia de comercio es de ámbito federal conforme a las disposiciones así establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. La protección de los datos personales está regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada el 5 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación; dicho ordenamiento tiene por objeto la protección de los datos personales para regular su tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

11. En este ordenamiento se señalan cuáles son los datos personales indicando que son los que afectan la esfera más íntima de las personas cuyo uso indebido pueda perjudicar o traer graves riesgos a sus titulares:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a V. ...

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

VII. a XIX. ...

12. Si bien nuestro país ha dado pasos fundamentales en el acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos en posesión de particulares, así como su debido tratamiento, es importante destacar que en esta materia el avance de las tecnologías hace posible el almacenamiento y tratamiento de datos sensibles que pueden revelar la personalidad y aspectos íntimos de sus titulares, entre los que se encuentran los recabados por los sistemas biométricos que permiten la identificación automática de la identidad de las personas.

13. Efectivamente, las técnicas biométricas usadas en las nuevas tecnologías permiten recabar aspectos físicos y fisiológicos de una persona que pueden ser transformados en datos sensibles personales imprimiéndole efectos para ser operativos en cualquier legislación al vincular datos con personas específicas lo que requiere de un tratamiento y protección debidos.

14. La biometría se refiere a sistemas que utilizan características físicas, fisiológicas o elementos de conducta mensurables con el fin de determinar o verificar la identidad supuesta de una persona para ser conservados en soportes y almacenajes que permitan el registro correspondiente.

15. Los datos biométricos implican la información de cualquier persona que lo hace identificables y único del resto de la población relacionándose con aspectos más íntimos de su titular. Algunos ejemplos de datos biométricos son los siguientes:

1. Las huellas dactilares;

2. Análisis de iris y de retina;

3. Geometría de la mano;

4. Venas del dorso de la mano;

5. Patrones de voz;

6. Análisis del ADN;

7. Forma o cadencia al caminar;

8. Análisis de los gestos del rostro;

9. Forma e impresión de la firma o de la escritura.

16. A juicio de los integrantes de esta comisión, la reforma propuesta al artículo 3o, fracción VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares representa una ampliación sobre el tratamiento y tutela de los datos de identificación de la persona mismo que, en un primer aspecto, implica la defensa de los derechos humanos, la dignidad de la persona, el respeto al derecho a la vida privada, al cuerpo humano y a aspectos más particulares e íntimos como la pertenencia a una raza de la especie humana y que pueden ser almacenados en sistemas gubernamentales y privados.

17. De igual forma, si bien los datos biométricos implican altas probabilidades de identidad correcta de las personas titulares, su debido tratamiento implica evitar cualquier clase de uso indebido y de falsificaciones e impedir el robo de identidad. El almacenamiento y uso de los datos biométricos deben, por lo tanto, evitar toda captura excesiva para cumplir con las finalidades de identidad conforme a los propósitos para los cuales fueron recabados.

18. En este sentido, la Comisión de Gobernación considera viable la reforma al artículo 30, fracción VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares para incluir en la definición de datos sensibles a los obtenidos por las técnicas biométricas, susceptibles de tratamiento.

19. No obstante, esta comisión realiza modificaciones a la reforma propuesta al artículo 3o, fracción VI, de la Ley Federal de Protección de Datos. Si bien esta modificación quiere consignar el catálogo de datos biométricos, la comisión considera suficiente señalar como datos sensibles sólo los “datos biométricos” entendiéndose todos los que ahí describe la iniciadora, a saber: reconocimiento facial, huellas dactilares, análisis de las imágenes de los dedos, reconocimiento de iris, el análisis de la retina, geometría de la mano, reconocimiento de la forma del oído u oreja, reconocimientos vocales, análisis de los poros de la piel y todas las demás que permitan los avances tecnológicos. Así no se estará limitando esta reforma para ser abierta a la posibilidad de otras técnicas biométricas no mencionadas en el proyecto de decreto.

20. De esta forma, la modificación al proyecto de reforma del artículo 3o, fracción VI, de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares se propone para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a V. ...

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, identificación biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

VII. a XIX. ...

21. Por lo que hace a la reforma del artículo 8o con el fin de incorporar un párrafo relativo al consentimiento para el tratamiento de datos personales de menores, esta comisión advierte que, desde la pasada administración, se inició la captura y almacenamiento de los datos personales y sensibles de menores de edad a través de la llamada Cédula de Identidad para Menores. Efectivamente, el 19 de enero de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 47, 52, 54, 59, 62 y 63 del Reglamento de la Ley General de Población con el fin ampliar los datos del Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad.

22. A mayor abundamiento, el artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Población señala cuáles son los datos de los menores mexicanos en el Registro de Menores de Edad, estableciendo los siguientes:

Artículo 52. El Registro de Menores de Edad se conforma con los datos de los mexicanos y mexicanas menores de dieciocho años que se recaben a través de los registros civiles, los cuales deberán ser, cuando menos, los siguientes:

a) Nombre completo;

b) Sexo del o la menor;

c) Lugar y fecha de nacimiento;

d) Lugar y fecha en donde se llevó a cabo el registro;

e) Nombres, apellidos y nacionalidad del padre y la madre del menor;

f) Datos de localización del acta de nacimiento en el Registro Civil, y

g) Clave Única de Registro de Población.

Además, dicho registro contendrá la fotografía, las huellas dactilares y la imagen del iris, que para tal efecto recabe el Registro Nacional de Población.

23. Los artículos 53 y 54 del mismo reglamento establecen la expedición y conformación de la Cédula de Identidad Personal. Dicha cédula de identidad sólo podrá ser otorgada siempre y cuando los padres o los tutores de los menores soliciten dicho documento. Así, el artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Población establece:

Artículo 55. La Cédula de Identidad Personal podrá ser solicitada por los padres o tutores del menor. Cuando éste haya cumplido los catorce años podrá solicitarla personalmente.

24. De acuerdo con lo anterior, esta comisión estima viable la reforma al artículo 8o de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en razón de que las disposiciones secundarias, en el caso de la Cédula de Identidad Personal, requieren del consentimiento de los padres y tutores para la realización de un acto jurídico con efectos plenos en el que intervienen menores conforme a lo establecido en el artículo 23 del Código Civil Federal que advierte que la minoría de edad incapacita jurídicamente por lo que sólo los padres o tutores pueden intervenir legalmente en los actos y que, en el tema que nos compete, conciernen sobre la protección y tratamiento de los datos personales de los menores de edad según lo dispuesto, de igual forma, en el artículo 89 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto que reforma el artículo 3 y adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Artículo Único. Se reforma el artículo 3, fracción VI y se adiciona un párrafo sexto al artículo 8 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a V....

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, identificación biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

VII. a XIX. ...

Artículo 8. ...

...

...

...

Si el titular de los datos es un menor de edad, el consentimiento nunca se presumirá tácito. Siempre deberá constar la autorización del padre, madre o tutor cuya validez será verificada por el responsable del tratamiento los datos conforme a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil Federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de septiembre de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PORORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de mayo de 2013, el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII bis al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turnó a esta comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa en estudio tiene como finalidad el adicionar una fracción XVIII bis al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, esto con el propósito de incorporar a la atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas como objeto de fomento en los términos de dicha legislación.

En el cuerpo de la misma, a manera de exposición de motivos hace un recuento del objeto de la Legislación en comento, así como los derechos a los que acceden las organizaciones de la sociedad civil, y enlista a las que, de acuerdo al Legislador, son aquéllas actividades que pueden ser objeto de fomento, que así mismo son las enumeradas por su artículo 5.

A continuación, reconoce el importante rol que ha tenido este cuerpo normativo, siendo un ejemplo claro de ello el incremento gradual en los recursos públicos destinados para que las organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades están soportadas por el mismo cumplan con su objeto social.

En razón de ello, el autor expone el recrudecimiento en la problemática particular de la sustracción o extravío de menores y de las personas desaparecidas; haciendo hincapié en el caso de menores de edad que caen en situaciones que atentan a la dignidad, como la pornografía, tráfico de órganos o adopción ilegal, y de las cifras preocupantes en materia de desaparecidos.

Culminando, la exposición de motivos redondea su propósito al señalar que las instituciones públicas pudieran resultar insuficientes por la saturación de casos, por lo cual la participación ciudadana es invaluable, y por ende debe ser auxiliada y reconocida; cuantimás dado el hecho de que quienes conforman las agrupaciones que persiguen la búsqueda, atención y localización de personas extraviadas, sustraídas o desaparecidas sacrifican su patrimonio y, en muchas ocasiones, quedan en alta vulnerabilidad para recuperar a sus seres queridos.

Por lo anterior, la iniciativa pretende la modificación que se ilustra en el siguiente cuadro

III. Consideraciones

Primera. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con la opinión predominante de los especialistas en la materia, reconoce dentro de las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública el rol de la participación de la comunidad para coadyuvar en los fines de la seguridad pública, revistiéndola de la importancia que implica elevarla a rango constitucional; lo cual es replicado en el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Segunda. Que la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada el nueve de febrero de 2004, tiene por objeto que se fomenten específicamente las actividades enumeradas en la misma ley, otorgándoles derechos, obligaciones y sentando las bases para una acción coordinada del Estado mexicano en favor del fortalecimiento del tercer sector; y que se hace en razón de que la sociedad civil organizada apoya la acción del Estado, en ocasiones coordinándose y en otras por iniciativa propia.

Tercera. Que la participación de la comunidad es vital en apoyo a la autoridad para la atención, búsqueda y localización de personas extraviadas, sustraídas o desaparecidas, y que este hecho es reconocido incluso en el marco de instrumentos internacionales, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada el 18 de marzo de 2008 por nuestro país, y que en su artículo 24 reconoce a todo aquel que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición como víctima de la misma, y por ende reconociéndole los derechos a la verdad, a la reparación, y a que los Estados Parte garanticen su derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones cuyo objeto persiga el esclarecimiento de las desapariciones forzadas.

Cuarta. Que esta comisión ha tenido contacto con organizaciones cuyo objeto social se encuentra dentro de las actividades que pretende incorporar el autor de la iniciativa, y que en razón de ello se cuenta con una fuente directa de la problemática particular que sufren los integrantes de las mismas, dado que principalmente se conforman por familiares y personas cercanas a las personas desaparecidas, que en efecto sacrifican sus empleos, propiedades, posesiones, derechos y la misma integridad en perseguir un fin que a la par de ser social, es muy propio.

Quinta. Que, en consonancia con el marco internacional de los Derechos Humanos, consideramos apropiado el ampliar el objeto que propone la iniciativa, con la finalidad de que no solamente se limite el fomento a las actividades consistentes en la atención, búsqueda y localización de los menores de edad sustraídos o extraviados y a las personas mayores de edad desaparecidas, sino que también pueda resguardar a aquellas agrupaciones que prestan su apoyo a las víctimas indirectas de estos actos lesivos distintas al sustraído, extraviado o desaparecido, que desde luego reciben un impacto serio y que cuyo fin es igualmente noble y digno de tutela al que atinada mente pretende proteger el autor.

Sexta. Que por razones de técnica legislativa y para una adecuada armonización de cada una de las fracciones que componen el artículo 5, los integrantes de esta Comisión estimamos necesario reformar la fracción XVIII del artículo materia de la iniciativa, únicamente para remover la conjunción al final de la misma y sin alterar su sentido; así como proponemos que la propuesta de adición quede en una fracción XIX, y el contenido actual de la fracción XIX pase a ser XX, con lo cual se evitará tener una fracción Bis.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIX, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana;

XIX. Apoyo a las autoridades competentes en la atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas, y asistencia a las víctimas indirectas de dichos actos que hayan sufrido un perjuicio directo derivado de tales situaciones; y

XX. Las que determinen otras leyes.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio, Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica en abstención), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica en abstención), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.*

Tiene la palabra para fundamentar el dictamen por la Comisión, el diputado Isaías Cortés Berumen.

El diputado Isaías Cortés Berumen:Buenos días. Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras legisladores, el derecho a la protección de la salud es un derecho consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todos y no solo un derecho laboral, por lo cual todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tenemos la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de acuerdo con los principios de universalidad.

En el año 2002, el titular del Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, con el propósito de establecer un sistema de protección social en salud, cuyo objetivo general era brindar cobertura en materia de servicios en salud al vasto sector de la población que no tenía acceso a estos servicios y que por su condición socioeconómica no contaba con los recursos para acceder a los servicios de salud privados.

El 15 de mayo de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó y adicionó la Ley General de Salud, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2004 y cuyo objeto fue la creación del Sistema de Protección Social en Salud, en materia de salubridad general, fortaleciendo con esto el derecho de la población a la protección de la salud.

Esta protección social en salud es el mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso oportuno de calidad, sin desembolso y en el momento de utilización sin discriminación alguna de los servicios médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de la salud de los afiliados.

El dictamen que aprobamos en la Comisión de Salud tiene como objeto establecer una serie de elementos que permitan consolidar una instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección de Salud, hacer efectivo los beneficios que otorga la ley y mejorar la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos que se destinen a salud en las propias entidades federativas.

Entre los cambios propuestos destacan los siguientes. La transparencia de los recursos federales podrá hacerse numerario en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención.

Tratándose de los recursos en numerario, estos serán administrados por las autoridades locales, mediante cuentas bancarias productivas específicas para dicho fin y a través de depósitos en la Tesorería de la Federación, quien mediante instrucciones a los regímenes estatales de protección social en salud podrá realizar los pagos a los proveedores de los bienes y servicios que determinen dichos regímenes, con cargo a los referidos depósitos, a efecto de que las Secretarías de Finanzas de las entidades federativas, de Protección Social, depositados por la propia Tesorería, los mencionados regímenes deberán dar aviso de las instrucciones que giren a la Tesorería del estado y de la federación.

Desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, a fin de no duplicar instancias de coordinación con los servicios estatales, como el mecanismo de coordinación de acciones con las entidades federativas en la materia, que sesiona con regularidad en el año siendo el foro idóneo para tratar los asuntos vinculados al Sistema de Protección Social en Salud.

Se fortalece además la portabilidad en los beneficios que otorga la afiliación, toda vez que se da mayor certeza respecto al pago por prestación de servicios que se brinde entre entidades federativas distintas a la cual fueron afiliadas.

Se da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos.

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos se destinaron a los fines específicos para los que fueron destinados, las autoridades que tengan conocimiento de dicha situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que proceda su investigación y, en su caso, la sanción. Además se establece como un delito grave en materia de desvío el objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerarios o en especie, según el caso.

Si por la razón de las funciones o actividades de quien los hubiera recibido en la administración o por cualquier causa, fueron usados para fines distintos.

Por lo anterior, se vuelve necesario aprobar las reformas debido a que la propuesta impulsa medidas para fomentar la mayor eficiencia en los servicios estatales de salud. Sobre todo las que aseguran que los recursos que se transfieran a los sistemas estatales de salud se utilicen de la mejor manera y para los fines para los que fueron transferidos.

Por otro lado, establece claramente la separación de funciones entre el financiamiento que se debe realizar y la prestación de servicios. Además, fortalece los mecanismos de información y rendición de cuentas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para presentar una moción suspensiva tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Gracias. Todavía en pasillos se oye el argumento de que otra vez los corruptos gobernadores. Claro, la mayoría del PRI, aunque hay otros del mismo pacto contra México. Y sin duda lo son, sin duda lo son, muy corruptos. Pero Peña Nieto no canta mal las rancheras. Se gana la medalla de oro y que recuerdan aquí al Tibio, casi frío Muñoz.

Miren, el dictamen con proyecto de decreto que se presenta atiende a modificaciones al procedimiento en el sistema de asignación de recursos en materia de salud. Se establecen nuevas atribuciones para la Secretaría de Salud, como instancia rectora y articuladora del sistema de protección social de salud. Pero lo que fundamentalmente quieren es fortalecer a su rey, a su rey sí, a Videgaray.

Destacan en la propuesta la transferencia de los recursos federales, los que podrán hacerse en numerario o en especie a sí mismos. Propone fortalecer la portabilidad de los beneficios que otorga la afiliación al sistema de protección social en salud, otorgando mayor certeza respecto del pago por prestación de servicios de salud que se brinde para entidades federativas, entre entidades federativas y los que se otorguen para las instituciones federales.

Pero como en otros casos, la iniciativa que se presenta en la exposición de motivos del proponente, que es Peña Nieto, omite presentar el costo o impacto presupuestal que implica las modificaciones a la Ley General de Salud. En particular, la transferencia de recursos en numerario o especie y la viabilidad de la portabilidad de costos y servicios de salud para las familias entre los sistemas estatales de salud.

En contravención a lo dispuesto en el artículo 18, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dónde queda entonces la transparencia supuesta que buscan.

Está como lo del avión de Peña Nieto, si quisieran ser austeros, si quisieran ahorrar, ¿por qué gastar 6 mil 300 millones de pesos para que el presidente ande en el avión y, por otro lado, no tengan recursos ni para los damnificados en Guerrero? Que dejen de comprar ese avión y que le den a los damnificados de Guerrero, es lo que se debería hacer.

Es de subrayar que el Seguro Popular, como parte del sistema de protección de salud para este año se estima que registra 53.2 millones de beneficiarios, lo que representa el 45 por ciento de la población.

Estudios realizados del sector salud en nuestro país indican que el gasto público en salud en México es de 442 dólares per cápita, misma que el promedio de los países es de 2 mil 414 pesos per cápita y solamente representa el 47 por ciento del gasto total en salud, mientras que el promedio de la OCDE es del 72 por ciento y —son encuestas de la Nacional de Salud y Nutrición— cerca de 30 millones de mexicanos siguen sin contar con protección en salud. Si bien es cierto que en la letra de la iniciativa que presentan va la idea de transparentar la administración de recursos en salud, en el dictamen no se justifica adecuadamente la reforma que impactará la asignación de recursos para la atención médica de la población que no accede a la seguridad social que proviene del IMSS o ISSSTE.

La escasez de recursos en el ramo de salud pública exige un uso racional, transparente y con rendición de cuentas. Las nuevas reglas para la asignación de recursos en numerario o especie no atiende —aunque no lo dice la iniciativa de Peña Nieto, o cuando menos en el dictamen que presentan— al alto grado de corrupción en el uso de los recursos de salud pública.

Y como todo lo que ha sucedido con el antecesor a Peña Nieto y con los gobernadores corruptos, obviamente todo lo tapan, eso ni les preocupa, que todo siga igual. Al fin que son parte de lo mismo.

No son menores las denuncias de desvíos de recursos por los gobiernos estatales y por los administradores de hospitales y centros de salud, ello se acredita en los resultados que ha publicado la Auditoría Superior de Hacienda. En el ejercicio fiscal 2010, de las 32 auditorías practicadas a las entidades fue negativa en 20, y fue negativa con salvedades en las 12 restantes.

Las observaciones recurrentes derivadas de la fiscalización al Seguro Popular 2008 al 2010 fueron: irregularidades sobre remuneraciones al personal, falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, irregularidades en la administración y operación del recurso, y deficiencias en la adquisición y manejo del medicamento.

Por otra parte, la comisión dictaminadora evita la valoración de impacto presupuestal que se refiere —lo dije— al artículo 85, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Omisión que, de acuerdo al artículo 63 —culmino— del mismo Reglamento, debe ser cuidada y atendida por la Mesa Directiva de este pleno, por ello solicito se suspenda la discusión en lo general del dictamen con proyecto de decreto para estas reformas que pretenden.

Si ustedes siguen persistiendo en violar la ley —que creo que es lo que van a hacer— y no hacen caso a esta moción que presentamos en lo particular —como un diputado que busca que se respete la Constitución y la ley, y que está en contra de la corrupción de a de veras— pues estaré votando en contra de esta ley. Es cuanto, señor presidente.

«Moción suspensiva de la discusión en Pleno del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los títulos Tercero Bis, y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, presentada por el el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó moción suspensiva de la discusión en Pleno del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los títulos Tercero Bis, y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, por los hechos y razones de derecho que a continuación se exponen:

El dictamen con proyecto de decreto que se presenta atiende a modificaciones al procedimiento en el sistema de asignación de recursos en materia de salud. Se establecen nuevas atribuciones para la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social de Salud.

Destaca la propuesta de transferencia de los recursos federales, los que podrán hacerse en numerario o en especie (77 bis 15.III y 77 bis 16). Los recursos en numerario, serán administrados por las autoridades locales mediante cuentas bancarias productivas específicas para dicho fin y, a través de depósitos en la Tesorería de la Federación. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud para los efectos contables y presupuestarios correspondientes. Así mismos, propone fortalecer la portabilidad de los beneficios que otorga la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud, otorgando mayor certeza respecto del pago por prestación de servicios de salud que se brinde entre entidades federativas y los que se otorguen por las instituciones federales

El Seguro Popular, como parte del sistema de protección de salud, para este año se estima que registra 53.2 millones de beneficiarios, lo que representa el 45% de la población mexicana. Estudios realizados al sector salud en nuestro país indican que el gasto público en salud en México es de $442 dólares per cápita mientras que el promedio de los países de la OCDE es de $2,414 pesos per cápita y solamente representa el 47 por ciento del gasto total en salud mientras que el promedio de la OCDE es de 72%. Por otra parte los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, cerca de 30 millones de mexicanos siguen sin contar con protección en salud.

Si bien, no puedo negar la intención de la reforma para transparentar la administración de recursos en salud, en el dictamen no se justifica adecuadamente las reformas que impactarán la asignación de recursos para atender a la población que no es atendida por la seguridad social que proviene del IMSS o ISSSTE. El nuevo procedimiento de asignación de recursos, en numerario o en especie, atiende -aunque no se mencione en la iniciativa de Peña Nieto o en el dictamen que se presenta al combate de la corrupción en la asignación y uso de recursos en salud.

En la exposición de motivos del proponente de la iniciativa Enrique Peña Nieto omite presentar el costo o impacto presupuestal que implica las modificaciones a la Ley General de Salud, en particular la trasferencia de recursos el numerario o en especie y la viabilidad de la portabilidad de costos y servicios de salud para las familias entre los sistemas estatales de salud. En contravención a lo dispuesto en el artículo 18, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por otra parte, la comisión dictaminadora omite la valoración de impacto presupuestal que refiere el artículo 85, numeral 1, fracción VIII del Reglamento de la Cámara de Diputados. Omisión que, de acuerdo al artículo 63 del mismo reglamento, debe ser cuidada y atendida por la Mesa Directiva de este Pleno.

Conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, la Mesa Directiva garantizará que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley. En el párrafo segundo, inciso e), se precisa que la Mesa Directiva “cuidará que los dictámenes cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación”.

En consecuencia, solicito a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, lo siguiente:

Único.Se suspenda la discusión en lo general del dictamen con proyecto de decreto proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

Nota:

1 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 18. A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.—Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Antes de dar trámite a la moción, quiero saludar aquí en este salón de sesiones la presencia del Excelentísimo señor Patricio Alfonso López Araujo, embajador de la República de Ecuador en México, quien ha participado hoy en la instalación del Grupo de Amistad México-Ecuador, que preside el diputado Rosendo Serrano. Sea usted bienvenido, señor embajador. Por su conducto quisiéramos hacerle llegar un saludo de esta asamblea a la Asamblea Nacional de la República de Ecuador. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.

Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva presentada por el diputado Huerta Ladrón de Guevara.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediata para la discusión la moción suspensiva presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se toma en consideración. En consecuencia, se desecha.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas.

Aprovecho la oportunidad para saludar a los estudiantes de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública de la Universidad Autónoma del estado de Aguascalientes, que están aquí hoy invitados por el diputado José Pilar Moreno Montoya. Bienvenidos a la sesión y bienvenidos a la Cámara de Diputados.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, uno de los temas más sensibles para la sociedad es el acceso a un sistema de salud con servicios oportunos y de calidad.

Como derecho humano, la atención a la salud no puede estar condicionada a la afiliación de una institución en lo particular, su acceso debe ser de carácter universal y gratuito para aspirar a un país incluyente y democrático.

El dictamen presentado por la Comisión de Salud, sometido a la consideración de esta asamblea, contiene la propuesta del Poder Ejecutivo federal para consolidar el sistema de protección social, con ello se pretende hacer más eficientes los servicios de salud en las entidades federativas, cuidando que los recursos transferidos a los sistemas de protección social en salud se utilicen bien y cumplan con el objetivo de brindar servicios de calidad a la sociedad.

En nuestra agenda legislativa, la salud es un tema de la más alta prioridad, ya que además de ser un derecho humano constituye un principio de justicia social. Fortalecer el sistema de protección social en salud es una imperiosa necesidad que debemos atender con la serenidad que el tema requiere.

Es por ello que el presente dictamen engloba una serie de definiciones y acciones que encaminan al sistema a establecerse como un beneficio real para los usuarios que garantizará la transparencia y la utilización de los recursos del mismo.

El presente dictamen plantea la eliminación de la figura del Consejo de Protección Social en Salud, con la finalidad de no duplicar las instancias, ya que a la fecha también existe el Consejo Nacional de Salud, mismo que tiene todas las facultades para abordar lo respectivo al sistema de protección social de salud.

Por otra parte, se incluyen los órganos fiscalizadores, tanto estatales como a nivel federal, dando certeza al tema de la vigilancia de los recursos transferidos a través del sistema.

La presente propuesta atiende también a la necesidad de que aquellos recursos del sistema sean transferidos en tiempo y forma a los Regímenes Estatales de Protección Social (REPS), cuestión que definitivamente abonará a evitar el desvío de los recursos hacia acciones diferentes a las que fueron destinados.

Sin lugar a dudas otra de las grandes aportaciones de la reforma en cuestión es la determinación del perfil que debe cubrir el titular del régimen estatal de protección social, lo cual sin duda impulsará la profesionalización de la función tan vital que se desempeñará.

El abastecimiento de los medicamentos siempre ha sido uno de los grandes vicios del sistema de protección de salud. La presente reforma busca mediante diversas acciones combatir y evitar el desvío de los recursos destinados al abastecimiento de medicamentos necesarios.

Otro aspecto positivo de esta reforma es el aumento a las penas por el desvío de los recursos para el cual fueron transferidos. Lo anterior, dejando esta acción tipificada como delito grave.

Las y los diputados de Nueva Alianza nos manifestamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas. Hoy sabemos que la ausencia de esos conceptos es un mal que ha ido en aumento en el sistema de protección social y es por ello que celebramos las acciones contempladas en el presente dictamen que fortalecerán la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en materia de salud nacional.

Derivado de lo anterior, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, que reforma los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, en el entendido de las grandes aportaciones que éste tiene en materia de fortalecimiento del sistema de protección social de salud, apoyando completamente la transparencia y rendición de cuentas así como las respectivas sanciones en caso de incumplimiento. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, apenas en el mes de septiembre pasado el Ejecutivo federal remitió para su estudio y discusión la iniciativa de ley para adicionar y modificar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de protección social de la salud.

Esta propuesta tiene por objeto establecer todas las herramientas legales suficientes para permitir que la Secretaría de Salud funja como una instancia rectora de este sistema de protección social en salud, logrando así una definición exacta de los regímenes estatales de protección social en salud y proponer una estructura administrativa que dé respuesta coherente a las determinaciones sanitarias de la dirección nacional acorde a las necesidades de la población.

Es de hacer un reconocimiento por el trabajo hecho en el seno de la Comisión de Salud, toda vez que de manera unánime se han aprobado determinaciones importantes como la eliminación del Consejo Nacional de Protección en Salud. Esta instancia prácticamente duplicaba tareas a nivel dirección junto con el hoy existente Consejo Nacional de Salud, siendo éste último la instancia correcta para tratar los asuntos vinculados al sistema de protección social en salud de todo el país.

De igual manera coincidimos con la eliminación del Consejo de Protección Social en Salud, pues éste emite decisiones en materia de acciones de las entidades federativas y también se encontraban realizando funciones de las que hoy el Consejo Nacional de Salud debe tener únicamente como facultad para coordinar a nivel nacional.

Compañeras y compañeros, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el presente dictamen es —por mucho— un gran avance en lo relativo a la implementación de un sistema de salud, que francamente se encontraba paralizado, ya sea por duplicidad de funciones o por condiciones burocráticas, incluso por desvío de fondos públicos, que en definitiva solo han producido que la política de salud nacional se estanque más y se denigre el prestigio de todo el sistema que cuenta con altas posibilidades de encontrarse a la altura de muchos sistemas de salud a nivel mundial.

Aspectos como los aquí acordados en cuanto a precisar los tiempos y las modificaciones de transferencias económicas por concepto de Seguro Popular hacia los llamados Reds (red de prestadores del sistema) ya no serán objetivo de observaciones por la Auditoría Superior, teniendo como argumento que estas transferencias no son usadas para el desvío de recursos, para acciones diferentes a los fines de origen que fueron destinadas.

Este tipo de acciones en definitiva abonan al control y a la fiscalización veraz de las transferencias de los recursos, además de dar mayor fortalecimiento a la Secretaría de Salud, vista como ente coordinador y rector del sistema de protección de la salud.

Es oportuno precisar que estas propuestas de adición y modificación a la Ley General de Salud, lejos de parecer una herramienta para endurecimiento de penas, es más bien una serie de elementos que destraba la operatividad del sistema de salud tan criticado y paulatinamente decadente.

Esta propuesta de ley nos da los elementos base para comenzar a transformar al sistema de salud público de la nación que por generaciones nos ha exigido el pueblo y, sobre todo, los mexicanos.

Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. Nuestro país tiene una gran experiencia en la organización de servicios de salud. Esto es cierto, tanto para el caso de los servicios personales como para aquellos de orden colectivo, pero también para los públicos, los privados o los correspondientes al sector social.

El mayor desarrollo de los servicios se ha dado en el sector público, que cuenta con una amplia infraestructura y varios miles de trabajadores responsables de los programas de salud pública y los de atención individual.

Existe una gran segmentación de las instituciones prestadoras de servicios y por lo tanto a la población a la que están dirigidos sus esfuerzos.

Como es bien sabido, las principales instituciones son la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Pero existen otras de tipo federal, como es el caso de los servicios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina o el servicio de Pemex, así como otras de tipo estatal y municipal, además de aquellas del sector social, señaladamente la Cruz Roja Mexicana, con servicios primordialmente destinados a la atención de urgencias.

Esta estructuración segmentada hace ineficiente el sistema, ya que existen distintos niveles de organización, aparatos burocráticos y administrativos duplicados e hipertrofiados y, obviamente, una enorme dificultad para establecer la coordinación que se requiere para este servicio.

Consecuencia inmediata de esto es que no existe todavía cobertura universal ni siquiera en el caso de los servicios esenciales y menos en los de hospitalización que, por otra parte, en ocasiones son subutilizados. A esto hay que añadir que existen casos en que alguien tiene derecho a los servicios de dos o tres instituciones y que además se utilizan los destinados a la población abierta.

Además de este panorama, emerge el tema crucial de la portabilidad ciudadana y el derecho a la salud, así como la falta de precisión constitucional que este derecho tiene cuando se busca concretarlo como un derecho de todos. Es decir, efectivamente ciudadano y universal y con firmes propósitos de redistribución y equidad.

El sistema —tal y como ha evolucionado hasta el presente— ha impedido que esta circunstancia de universabilidad y equidad se vislumbre como una realidad, aunque sea de manera progresiva. Ha confundido la discusión central, que debería ser la referente precisamente a los caminos para hacer operativa dicha universabilidad.

Por lo que respecta a la atención médica proporcionada por los servicios privados de salud, recordemos que con frecuencia se trata solo de atención curativa de tipo episódico. Esto es, sin continuidad.

Por otra parte, en el sector privado también se dan importantes deficiencias, entre las que sobresalen la enorme heterogeneidad en la calidad, sus costos, la baja cobertura que se alcanza y la tendencia creciente al modelo conocido como medicina administrada, el cual genera una distorsión de la realidad médico-paciente, con un predominio de los factores financieros y administrativos por encima de los de orden médico.

Hay que agregar que hoy se dan la mano servicios de alta calidad numerosos, gastos catastróficos y un creciente uso de la medicina privada por parte de todos los sectores sociales. La automedicación y la dependencia de servicios no regulados y sin calidad redundan en el mayor empobrecimiento de los pobres que no tienen acceso a la seguridad social.

Si bien es cierto que la mitad del gasto que en salud se efectúa en el país se origina en el sector privado, esto no corresponde con la fuerza de trabajo ni con la infraestructura disponible ni con el número de servicios que se prestan. Por cada cuatro médicos y enfermeras que se disponen en el sector público, existe uno en el privado. El número de egresados hospitalarios del sector privado asciende a menos del 40 por ciento del notificado en el sector público, en tanto que las cirugías únicamente representan el 28 por ciento.

La dimensión del sistema público de atención a la salud salta al recordar que en las instituciones laboran 141 mil 865 médicos y 193 mil 770 enfermeras. Estos profesionales de la salud se distribuyen en miles de centros de trabajo en todas las entidades del país para la aplicación de los programas sanitarios y se cuenta asimismo con cerca de 20 mil unidades de salud, 18 mil 664 destinadas a la consulta externa y mil 150 para la hospitalización de pacientes.

Ahora bien —y como ya lo hemos mencionado— el acceso a la salud se constituye como derecho fundamental consagrado en la Carta Magna. Por ello, el garantizarlo por parte del Estado debería de ser uno de los temas de mayor relevancia en su agenda de gobierno.

La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ensanut) reportó que la carencia social más prevaleciente en la población mexicana fue la falta de acceso a la seguridad social, que para el 2012 aumentó en un 4 por ciento de lo reportado por el Coneval en el 2010.

La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2012 identificó un decremento del 32 por ciento en la aproximación estimada del porcentaje de la población con carencia por acceso a la salud y del 31.7 reportado por el Coneval en el 2010, al 21.4 en el 2012.

La reforma en esta materia establece que las cuotas familiares y reguladoras, que en su caso se establezcan, serán recibidas, administradas y ejercidas por los servicios estatales de salud a través de los regímenes estatales de protección social en salud, conforme a lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias de esta ley.

La modificación abona una discrecionalidad en el uso de los recursos públicos en moneda o en especie, dejando la puerta abierta a la aplicación que determinen las disposiciones reglamentarias, sin agotar que este gasto es solo para destinarse —específicamente— al abasto de medicamentos, equipos y otros insumos de salud. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, el Programa de Seguro Popular se introdujo en 2004, con el objetivo de prestar atención médica, servicios preventivos y protección financiera a las personas que carecen de cobertura de salud. A finales de 2011 ofrecía servicios de salud gratuitos a más de 50 millones de personas.

Este seguro ha contribuido a reducir gradualmente las grandes disparidades regionales en el acceso a los servicios de salud. El país ha logrado grandes avances en el aumento de la cobertura de la salud.

Sin embargo, aún persisten importantes problemas. El sistema de protección social mexicano enfrenta retos críticos, como son proporcionar mejor acceso a los instrumentos de manejo de riesgo a los principales grupos vulnerables. México debe garantizar y mejorar el acceso a la atención, ampliando la gama de servicios cubiertos por el programa, facilitando su accesibilidad en todos los estados y mejorando la calidad de la atención.

La iniciativa que hoy se somete a votación trae consigo la obligación de las autoridades en el ámbito de sus competencias para que el derecho a la salud lo promuevan, respeten, protejan y garanticen, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Para ello, la iniciativa que nos ocupa establece como principales cambios que la transferencia de los recursos federales podrá hacerse numerario en especie. Asimismo desparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud.

De igual manera se fortalece la portabilidad de los beneficios que otorga la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud, toda vez que se da mayor certeza respecto del pago por prestación de servicios de salud que se brinde entre entidades federativas y los que se otorguen por las instituciones federales.

En el mismo sentido, se da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos.

En el artículo 77 bis 16 de la Ley General de Salud se establece que en caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de dicha situación tendrán la obligación de informarlo a la autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción. Se establece un delito específico en materia de desvío del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie.

Por último, el dictamen de la Comisión de Salud consideró la iniciativa en estudio como viable, aunque realizó una modificación respecto de la propuesta original, en la que el artículo 469 Bis se proponía sancionar, con una pena de dos a siete años de prisión, a cualquier persona que desviara el objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso. La pena mínima nosotros decidimos al interior de la Comisión en aumentarla de dos a cuatro años.

Por todo lo anterior, sabemos que el problema no radica en la determinación del derecho en sí, sino en los mecanismos que las autoridades deben implementar para que se garantice el cumplimiento de este derecho fundamental sin distinción alguna.

Por ello las diputadas y los diputados de mi Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos manifestamos a favor de las reformas que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, ya que lo consideramos de vital importancia para su inmediata implementación. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Carla Alicia Padilla Ramos. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra la diputada Eva Diego Cruz.

La diputada Eva Diego Cruz:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, después de la descentralización en el país existe una gran descoordinación en los servicios de salud que ha traído efectos negativos.

Hemos escuchado de manera recurrente denuncias sobre corrupción y desvío de recursos que reciben las entidades federativas para el Seguro Popular, ocasionando la falta de personal, falta de equipo médico, medicamentos. Además hemos visto adicionada la compra de medicamentos a altos costos y su subsecuente desabasto.

Es urgente ordenar la casa, unir esfuerzos para combatir la corrupción y emprender el desafío de proteger el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución.

En el PRD no estamos de acuerdo con la centralización, porque consideramos que para ninguna institución es adecuada. Sin embargo, sabemos que este dictamen tiene puntos positivos, ya que contribuye al cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE, como garantizar el financiamiento adecuado del sistema de salud, adoptando reformas fiscales necesarias y mejorar el buen gobierno del sistema fortaleciendo los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas de todas las instituciones.

Con este dictamen se establecen elementos que permiten consolidar a la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora de los sistemas de protección social en salud.

Define en esta ley a los regímenes estatales de protección social en salud como las estructuras administrativas que proporcionen las acciones en dicha materia, mejora la transparencia, la supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del sistema.

Establece que los recursos que transfiere el gobierno federal a las entidades federativas por concepto de cuota social y de aportación solidaria podrán realizarse en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para la atención.

En el PRD estamos claros que la transparencia y la fiscalización son los únicos mecanismos que evitan el mal uso de los recursos públicos, el secreto, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria y el abuso en el ejercicio de la función pública.

Por ello, la fracción parlamentaria del PRD fue el primero en presentar una iniciativa en esta materia y hoy celebramos la homologación de la Ley General de Salud y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a la transferencia de los recursos federales a las entidades federativas.

Celebramos el establecimiento de la obligación de informar a la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento de que alguna entidad federativa no haya comprobado los recursos aportados por el gobierno federal para el sistema de protección social en salud y que se sepa que se hayan destinado para otros fines que no fueron transferidos.

Celebramos que se sancione con prisión de cuatro a siete años y con multa de mil a mil 500 días de salario mínimo general vigente, a la persona que desvíe los recursos del objeto para el cual fueron entregados.

En el PRD tenemos claro que no es suficiente la voluntad de los funcionarios públicos para comportarse de manera transparente. No solo se requieren funcionarios íntegros con vocación de servicio, también debe existir un marco jurídico que promueva la transparencia, la supervisión, la fiscalización en el manejo de los recursos públicos, principalmente en un tema tan sensible como es el tema de salud.

Por tal motivo, compañeras diputadas y compañeros diputados, la fracción parlamentaria del PRD va a votar a favor de este dictamen, porque sabemos del compromiso que tenemos con las comunidades de garantizar la salud, una atención de calidad y calidez para los mexicanos y las mexicanas. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Eva Diego Cruz.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los estudiantes del primer y tercer semestre de la carrera de derecho de la Universidad del Valle de México, campus Torreón, invitados por la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Igualmente damos la más cordial bienvenida a alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares.

Asimismo a alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Contaduría, invitados por el diputado José Guadalupe García Ramírez.

Tiene el uso de la palabra la diputada Marcelina Orta Coronado, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Marcelina Orta Coronado:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la protección de la salud para toda persona, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es uno de los grandes hitos de la historia de nuestro país. Gracias a este precepto se transformó el enfoque de nuestra sociedad respecto al estado de salud como derecho humano en este país.

En el sistema nacional de salud mexicano, los servicios que proporciona el sector público de salud constituyen el principal recurso empleado por la sociedad mexicana para proteger su salud. Sin embargo, hasta antes del año 2003, en que se creó el sistema nacional de protección social en salud, la mitad de la población no contaba con el acceso efectivo a los servicios de salud, por no poseer una relación laboral formal que se le diera acceso a la seguridad social.

Un año después de la gran reforma a la Ley General de Salud, que dio origen al sistema nacional de protección social en salud, en nuestro país se creó un brazo técnico, el Seguro Popular, esto en el año 2004.

Uno de los grandes retos que afrontó en su momento este programa fue el de evitar que más familias se siguieran empobreciendo por hacer frente a la enfermedad de un familiar. Por ello, uno de sus objetivos fue evitar el gasto del bolsillo para sus beneficiarios y, principalmente, para aquellos que se encontraran en condiciones de pobreza.

Debe reconocerse que en la constitución de esa gran proeza de transformación de nuestro sistema nacional de salud participó el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal, que fueron quienes se encargaron de la reforma legislativa. Pero debemos reconocer también —de manera especial— a los gobiernos de las entidades federativas, que se han constituido en la piedra angular para la instrumentación del Seguro Popular.

Hoy, después de 10 años de crear el Seguro Popular, este programa tiene a más de 50 millones de beneficiarios a través de su catálogo universal de servicios de salud, financiando la atención médica de 284 intervenciones de primer y segundo nivel de atención, lo que representa una cobertura de más de 500 mil enfermedades. Esto se traduce en la atención del 100 por ciento de padecimientos.

Dada la gran magnitud de la cobertura de este programa, es necesario que se realicen las acciones necesarias para lograr la máxima efectividad y eficiencia de los recursos que se destinan a su funcionamiento y en beneficio de los millones de mexicanos que son sus beneficiarios.

Por ello el dictamen cuya discusión ocupa a este pleno el día de hoy tiene como objeto consolidar la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del sistema nacional de protección social de la salud, generar mejores condiciones y transparencia de supervisión y control de fiscalización de los recursos que le son asignados.

Asimismo se presenta establecer que los recursos que se transfieran del gobierno federal a las entidades federativas por concepto de cuota social y de aportación solidaria se puedan asignar en dos modalidades: en recursos monetarios o en especie. Con esta última modalidad se pretende garantizar el abasto de medicamentos para todos los usuarios del país.

Se pretende sancionar, incluso con prisión, a las autoridades que otorguen destinos distintos a los recursos desviados del objeto al que se indica, generando una afectación al servicio que debiera proporcionarse. Esto y otros aspectos del dictamen que hoy está a nuestra consideración buscan que tengamos un Seguro Popular más eficiente, con mayor transparencia.

Por ello, los diputados de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen, porque somos consecuentes con nuestra historia y con nuestros principios de doctrina. Con base en ello nuestra labor permanente es nuestra brega de eternidad y radicará en eliminar todo obstáculo que impida que toda persona con toda dignidad pueda ejercer plenos sus derechos humanos y sus derechos ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Marcelina Orta Coronado.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra la diputada María de las Nieves García Fernández.

La diputada María de las Nieves García Fernández:Con su venia, señor presidente. Estimadas compañeras diputadas y estimados compañeros diputados, la salud es un factor indispensable para disfrutar de la vida y para el desarrollo óptimo de las potencialidades. Preservarla es el primer paso para alcanzar las metas que cada uno de nosotros se ha puesto. El Grupo Parlamentario del PRI, con compromiso y con responsabilidad, presenta su posicionamiento con base en la siguiente reflexión.

El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que además es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

No obstante los importantes avances en materia de salud para la población mexicana a través de los frutos, tanto de la Secretaría de Salud como de las instituciones de seguridad social (el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Sedena, Secretaría de la Marina), para el año 2000 México enfrentaba retos que ameritaban una reforma de fondo.

El crecimiento económico a finales del siglo XX no avanzaba al ritmo deseado, existían pocos puestos de trabajo asalariados y aproximadamente la mitad de la población carecía de un esquema de aseguramiento público.

Resultaba injusto que quienes contaban con un empleo formal fueran sujetos del derecho a la salud, cuando paradójicamente quienes carecen del mismo están en una posición mucho más vulnerable, porque uno de los gastos más importantes es el que se refiere al cuidado de la salud.

Y ante la presencia de enfermedades catastróficas como cáncer, como el sida y, en general, todos los padecimientos crónico-degenerativos, pueden estos significar la pérdida absoluta del patrimonio familiar y en el peor de los casos el fallecimiento temprano de algún ser querido debido a la falta de recursos económicos que son necesarios para costear la atención médica, como consecuencia de la falta de aseguramiento público, el gasto privado, o sea el gasto de bolsillo, el 55 por ciento, el más alto gasto del mundo en México.

Adicionalmente, el gasto público se distribuía inequitativamente, no solo entre las instituciones del sector salud, sino también dentro de las entidades federativas. Ante esta situación, era urgente considerar el modelo de atención a la salud para, por un lado, asegurar la cobertura de todos los mexicanos y, por otro, ofrecer mayor flexibilidad al sistema de salud mexicano, a fin de que estuviera en condiciones de satisfacer las necesidades de una población con características demográficas diferentes a las que existían cuando se creó el modelo de seguridad social.

México requería avanzar entonces en el fortalecimiento gubernamental de su sistema de salud y legalizar la consolidación del acceso universal y equitativo a los servicios de salud, conforme el artículo 4o. constitucional.

El trabajo analítico —generador de evidencias para sustentar un cambio estructural— se inició en 1999. La reforma contenida en la Ley General de Salud fue diseñada, discutida, modificada y aprobada en el 2003 por el Congreso de la Unión, y tocó justamente a la LVIII Legislatura, de la cual fui honrosamente integrante.

Esta reforma de fondo es considerada entonces como una verdadera reforma de Estado, ya que tuvo el concurso, no nada más del Congreso de la Unión, sino también de las entidades federativas, de los Congresos locales también. Es así como se aprueba el Sistema de Protección Social en Salud, con su brazo operativo que es el Seguro Popular.

La protección social es el mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso oportuno de calidad, sin desembolso en el momento de utilización y sin discriminación de los servicios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de los afiliados.

En el 2002 se gastaba solo el 5.8 del producto interno bruto. De los más bajos de América Latina, que entonces era el 6.9 por ciento. Hoy, con este incremento en el recurso muy importante de salud para las entidades federativas hemos incrementado casi en el 2 por ciento más del producto interno bruto.

¿Por qué es tan importante esta reforma? Porque vino a quitar los desequilibrios que existían en el sector salud. Predominio del pago de bolsillo —como lo acabo de comentar— la inversión insuficiente que con este recurso que se está dando a las entidades federativas puede cubrir ya hoy de mejor manera los servicios de salud. También la distribución —lo comentaba— entre las poblaciones, 1.5 veces entre asegurados y no asegurados, entre los estados de 8 a 1, el estado con mayor gasto federal per cápita y el estado con menor gasto federal per cápita. Termino, presidente.

Los beneficios —obviamente— de esta reforma son fundamentales e importantes. Establece finalmente la rectoría de la Secretaría de Salud, que es fundamental e importante en las políticas. Define los regímenes estatales de protección social. Mejora la transparencia —eso es fundamental— y la rendición de cuentas. Elimina el Consejo de Protección al crearse como parte de la unidad rectora que es la Secretaría de Salud.

Es por todo ello que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este esperado dictamen, exhortando a cada integrante de esta honorable Legislatura, acompañe este esfuerzo por dotar al país del bien más preciado: la salud. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada María de las Nieves García Fernández.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a las ciudadanas y a los ciudadanos de la Sierra Gorda, del estado de Querétaro, que nos acompañan en esta sesión. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Para hablar en contra, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, quiero expresarles que durante muchos años he sostenido mi posición federalista. La Constitución del 24 y la de Apatzingán —que hoy se hizo referencia en efeméride— sostenían como principio fundamental de nuestro país constituirse en República federativa, representativa y popular.

A través de los años, desde 1824, desde la Constitución del 14 de Apatzingán, México en letras ha observado el federalismo, pero en la práctica política en los últimos años México ha sido un país centralista y todos los días, cada sesión de esta Cámara, se vuelve a agredir al federalismo. Todos los días. Hoy es uno de ellos.

He escuchado las razones de quienes sostienen que deba modificarse la Ley General de Salud y una de las razones que he escuchado de manera reiterada es que con el convenio de descentralización de los servicios de salud en los estados se ha generado una enorme corrupción en la compra de medicamentos. Ésta no es una razón suficiente para retroceder en medidas federalistas y para generar centralismo en las decisiones políticas del país.

Lo que se está haciendo ahora —de aprobarse esta Ley General de Salud— es de nueva cuenta una agresión contra el federalismo, porque concentras el poder de decisión en el centro y concentras influencia política para decidir a quién darle medicamentos y a quién no. Y consultas a la Secretaría de Hacienda para poder llevar a cabo precisamente el suministro de medicamentos o de instrumentos médicos. Es un retroceso el que está viviendo el federalismo en México.

Vamos a plantear reservas concretas. Pero les puedo decir y afirmar que los argumentos que he escuchado no son suficientes para revertir el federalismo mexicano y convertirlo —en la práctica y en la letra— en un profundo centralismo.

Si hay corrupción en los estados en la compra de medicamentos, hay que combatir la corrupción. Si hay corrupción en los servicios de educación, en el pago de cheques y comisionados, hay que combatir la corrupción en los estados. Porque finalmente lo único que están haciendo es eliminar a 32 truhanes o pillos –supuestos– que compran medicamento inflado y que obtienen prebendas de manera ilegal, a uno, un pillo grandote, un truhán grandote. En el federalismo no se puede admitir esta situación. Por eso nosotros nos reservamos.

Las expresiones que hemos escuchado no atienden al federalismo de fondo. Les pido que reflexionen, porque todos los días —todos los días— se están cometiendo regresiones, reversiones al sistema federativo mexicano.

En la práctica y en los hechos se está retrocediendo y se está restaurando el viejo autoritarismo y el profundo centralismo de nuestro país. Véanlo con mucha seriedad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Ricardo Monreal Ávila.

Para hablar a favor tiene ahora el uso de la palabra el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la carrera de ingeniería en desarrollo sustentable, del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, invitados por el diputado René Fujiwara Montelongo.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla:Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, también en salud hay ocasiones en donde uno pierde el conocimiento y normalmente uno vuelve en sí, pero hay otros que vuelven en no.

Es verdaderamente en ocasiones lamentable el que podamos hoy tener la oportunidad de discutir algo que va a favorecer a miles y millones de mexicanos, a miles y millones de seres humanos.

Quiero hacer una reflexión puntual de lo que va a suceder de aquí al 2018. En este momento somos líderes prácticamente mundiales en obesidad. No nos va a alcanzar el recurso económico en el 2018 con lo que hoy tiene presupuestada la Secretaría de Salud, cerca de 150, 140 mil millones de pesos que tendrán que ser destinados si hoy no hacemos algo, que tendrán que ser destinados para nada más para atender las enfermedades de la propia obesidad.

Vamos a ser en el 2018-2020 cerca de 20 millones de adultos mayores, sin tener en este momento la capacidad, la propia Secretaría o el propio sistema de salud, la capacidad de poderlos atender. Vamos a ser y en este momento somos casi el 10 o más por ciento de diabéticos, cerca de 14 millones. Más de 20 millones de hipertensos.

Los invito a que reflexionemos de lo significativo e importante que es esta iniciativa, el poderla votar a favor. Hoy no solamente existe la Secretaría de Salud, existen más de cinco sistemas de salud en nuestro país, el de la propia Secretaría, el del Instituto Mexicano del Seguro Social, el del ISSSTE, el de los propios hospitales privados, existe también el sistema de salud del Ejército y la Marina Nacional, entre otros.

Hoy debemos, señoras y señores, compañeras y compañeros, hoy se debe apoyar la consolidación de la propia Secretaría de Salud...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, por favor, diputado. Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Quisiera hacerle una pregunta al orador, si me lo permite.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame consultar al orador. Diputado ¿acepta usted la pregunta del diputado Huerta?

El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Me daría mucho gusto. Tengo un año escuchándolo cada que se levanta, cada que se para. Claro que no le voy a permitir que me pregunte. Ahora escúcheme por favor.

El día de hoy se debe de consolidar un sistema de salud a nivel nacional y claro que se le deben de dar herramientas a la propia Secretaría para que pueda ser el instrumento de fiscalización en el país.

Hace un año varios de ustedes reclamaban el hecho de que se fiscalizaran los estados por el tema del Seguro Popular. Hoy qué lamentable es que retrotraigan los comentarios que hicieron. Es lamentable que para todo estén en negativa. Es lamentable que no haya nada que sea positivo y no haya nada que les agrade ni que les guste de lo que se discuta.

Esta tribuna no es solamente la máxima a nivel nacional, no solamente representamos a la población, también tenemos la posibilidad de tener libertad de expresión. Pero —carajo— ojalá la gente algún día pudiera tener la posibilidad de algo poder votar a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Leobardo Alcalá Padilla.

Sonido en la curul del diputado José Luis Muñoz Soria. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Diputado, presidente, para informar al diputado que hizo uso de la tribuna, muy respetuosamente, que quien fiscaliza son los órganos de fiscalización. La Auditoría Superior —aunque lo digan así, aunque lo digan.

Solamente quiero comentarles que el diputado acaba de decir que la Secretaría de Salud fiscalice. Quien fiscaliza es la Auditoría Superior de la Federación, los órganos de fiscalización locales y quien previene son las contralorías. Solamente para eso, una cuestión de precisión, aunque sigan riéndose, para que se ilustren. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrado su dicho en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Por favor anóteme en rectificación de hechos, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Lo anoto para rectificar hechos al final de la lista de oradores.

Para hablar en contra tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a las ciudadanas y ciudadanos que nos visitan de la Huasteca potosina, invitados por la diputada Conchita Ramírez Diez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Nosotros tenemos muy claro que el tema de salud es quizá uno de los dos o tres temas más importantes, junto con el tema del empleo y de la inseguridad. Pero las situaciones graves de salud han regresado en este gobierno. Volvió el cólera, que estaba erradicado. Hay varios estados del país con fuerte brote de dengue hemorrágico.

¿Dónde queda la preocupación, más allá de una barata demagogia? Tenemos claro que el voto que define una posición política es el voto en lo general, es el voto que dice si se está a favor o en contra de una ley. Por eso en la reforma hacendaria votamos en contra de todas las leyes, porque hay quien votó en lo general a favor de ciertos impuestos. Y luego decía a sus electores: pero en lo particular voté en contra, sabiendo que no iba a pasar a nada, que era una simulación, porque el voto que define es el voto en lo general, sobre todo cuando no hay voluntad política para modificar decisiones ya tomadas, como era el tema del impuesto al IVA en la frontera, como era lo de las deducibilidades, como era el tema de alimentos de mascotas.

Ahora tienen que aclarar que votaron en lo general a favor y tratar de defenderse con una simulación en lo particular. El voto que cuenta es el voto en lo general. Y por eso nosotros estamos en contra en esta ley, porque no es cierto que resuelva los problemas de salud, es meter la mano de la Secretaría de Hacienda en el reparto de los recursos de salud.

Y la Secretaría de Hacienda no tiene porqué estarse metiendo en los temas de la salud pública del país. El doctor Videgaray, en lugar de meterse de doctor en medicina, que arregle la economía del país que está hecha garras, con una recesión económica galopante, con un problema de desempleo, con un problema de carestía y con un endeudamiento federal verdaderamente monstruoso.

Están planteando —porque todo esto es parte de la discusión hacendaria y financiera—un déficit presupuestario de 3.5 por ciento del producto interno bruto, una cifra que no se daba desde hace 24 años en el país, un endeudamiento de 650 mil millones de pesos y 10 mil millones de dólares. Eso es lo que se aprobó en la jornada de la semana pasada y por eso que no se desgarren las vestiduras ahora diciendo que les preocupa la salud.

Lo que se busca —al igual que en el tema de educación— es una concentración centralista de los recursos, como un mecanismo de control político. Y nosotros estamos en contra de un centralismo, pero también estamos en contra de la corrupción, porque hay casos documentados de corrupción del gobierno federal en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad y en diferentes dependencias, que están haciendo negocios y ahora dicen que quieren transparencia.

Por eso, por ejemplo, no estamos de acuerdo. Ya lo comentará la compañera diputada Nelly de Vargas en una reserva, con que ahora todas las competencias entre la federación y las entidades federativas y el reparto de los recursos de salud estén a capricho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por eso vamos a votar en contra, no porque no estemos a favor de la salud. Al contrario, que se haga algo en salud en este gobierno, que ya tan mal ha hecho en la prevención, que ya volvió el cólera, que era una enfermedad erradicada.

Por otro lado, están planteando en otro artículo que los recursos de las cuotas familiares —concluyo, presidente— para el sistema de salud que se reciban, irán a una disposición reglamentaria y sabemos cómo se las gastan con los reglamentos.

Lo que nosotros proponemos es que esté etiquetado al abasto de medicamentos, equipo y otros insumos para la salud, no que quede a la discrecionalidad. Y que haya controles. Que haya controles en la auditoría, en las contralorías para que no haya corrupción, pero esto no puede ser pretexto para una concentración centralista. Lo que se requiere es prevención. Lo que se requiere en salud, fundamentalmente, también es por la economía maltrecha de este país.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Para hablar a favor, tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Antonio Sansores Sastré:Compañeras y compañeros diputados, siempre que hablamos de un tema, como es el tema de la salud, va a ser controversial.

En estos momentos de crisis que vive el país no estamos nosotros para estar pensando si podemos o no comprar de manera consolidada a nivel central los medicamentos que tanta falta hace a los ciudadanos de esta República.

Les voy a poner un ejemplo. Cuando se compra en el interior de los estados, ¿qué ocurre? El ejemplo más práctico es el ácido fólico, que cuesta 3 pesos y llega a venderse hasta en 30 pesos. No tan solo nos está limitando la compra, sino que no tenemos ahorro cuando hacemos la licitación de manera práctica.

Lo que hoy estoy queriéndoles a ustedes exponer es que esta ley, esta iniciativa va a favorecer a los estados que se han visto envueltos en corrupción. No quiero poner ejemplos, porque son más de uno, pero un servidor que viene del estado de Tabasco, en donde más de mil 800 millones de pesos se utilizaron para otras cosas, tampoco sé exactamente para qué, pero lo que sí les puedo decir es que no se utilizaron para salud.

Debemos de tener la oportunidad de ver que los recursos de salud, que de por sí no son los suficientes. Porque cuando se habla de salud, por más que sea el esfuerzo, nunca será suficiente a nivel presupuestal, puesto que nos falta el binomio. En materia de salud no estamos educando para prevenir. Esto lo dejo aquí para que ustedes sepan que no podemos hablar de salud si no mejoramos y fortalecemos a nivel básico de educación las enfermedades que hoy son un flagelo en esta República mexicana.

Cuando hablamos de salud estamos hablando de enfermedades que sí matan. Pero muchas enfermedades son prevenibles con educación, entonces debemos de ir de la mano de la educación para tener mejor prevención en salud.

Los presupuestos no son infinitos y no alcanzan, y según la Organización Mundial de la Salud está establecido que ya para el año 2016 no va a alcanzar presupuesto para atender enfermedades, como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades circulatorias y cáncer.

Por ello quiero dejar aquí constancia de que necesitamos tener la oportunidad de poder clasificar lo que es en materia de salud lo prevenible y lo que es crónico-degenerativo, aportarles lo que es necesario, mayor presupuestación. Pero no comprando hacia el interior de los estados, en donde en el interior de los estados los grupos empresariales no tan solo venden tres o cuatro veces más caro, sino que acaban con el recurso, porque se ven beneficiados por aquellos que no supervisan la compra de manera específica. Muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Sansores Sastré. Para rectificar hechos tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadanos legisladores. Ciudadano presidente, solicité el uso de la palabra para rectificar hechos y es que se extrañan por nuestras posiciones políticas en esta Cámara y nos dicen que debemos apoyar sus atrocidades jurídicas y sus desviaciones ideológicas. Se molestan porque asumimos una actitud razonada y se expresan indignados, porque votamos contra leyes que afectan al país, que afectan al pueblo de México. Carajo, ¿cómo creen que vamos a votar por estas leyes centralistas y draconianas?

Repito la expresión: carajo, ¿cómo vamos a votar por esta reforma hacendaria confiscatoria? Carajo, ¿cómo vamos a votar por el aumento criminal de las gasolinas de manera mensual, por la energía y por el diesel? Carajo, ¿cómo van a creer que vamos a apoyar el endeudamiento desmesurado de 650 mil millones de pesos, más 10 mil millones de dólares? Carajo, ¿cómo van a creer que vamos a apoyar estas reformas contra los productores, que prácticamente los liquidan? Carajo, ¿cómo creen que vamos a apoyar estas reformas contra la clase media en el país? Carajo, ¿cómo creen que vamos a votar contra nuestra propia dignidad? Carajo, no se miden.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, Ricardo Monreal Ávila. Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Miren, los diputados del no son los del PRI, son los diputados del no a la patria. Mírenlos, nada más. Y luego se quejan de que no hablan, les tienen bozal, no los dejan subir o de a tiro no saben qué decir.

A una simple interpelación esconden su miedo entre gritos y aplausos, que aquí son pródigos ustedes. Claro que no iba a poder responder la interpelación el diputado, que ni su nombre me sé —la verdad— porque son tan anónimos, se esconden ahí, en la bola, para votar todas estas atrocidades.

Miren, ¿a poco iba a responder este diputado? Y lo reto a que se suba a responder, porque tienen miedo a responder esto. ¿A poco el diputado, éste o cualquiera de ustedes, estaría de acuerdo en decirle a Peña Nieto que no compre su avioncito de 6 mil 300 millones? En dado caso que lo venda para dárselo a la salud de los damnificados y de los afectados en Guerrero. Díganmelo, ¿están de acuerdo? Le tienen miedo a decir el no, porque son ustedes los diputados del no, son cínicos en eso.

Ustedes son los que liberaron a Raúl Salinas. Ése que cobraba el 10 por ciento y ahora se lo quieren pasar a Videgaray, para que Videgaray cobre el 10 por ciento de esas compras centralizadas. No lo dudo, porque son la corrupción.

Ahora miren qué demagogia, el avión presidencial de Peña Nieto, 6 mil 300 millones de pesos. La Cruzada contra el Hambre este año, 3 mil 500 millones y no llegan ni los frijoles con gorgojo que siempre reparten. Y el próximo año, ahora vienen a engañar aquí con la pensión, dizque universal.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, por favor, diputado Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Voy a concluir y ahorita valoramos.

Que la pensión universal de adultos mayores y, evidentemente, si acaso, 14 mil millones, que es la mitad de lo que le están destinando al avión de Peña Nieto. A ver qué tanto le urge al diputado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, por favor, diputado Huerta. Sonido en la curul del diputado Durazo. Sonido en la curul del diputado Alfonso Durazo. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Con el objeto de complementar la información que ha expresado el diputado Ladrón de Guevara. Decirle, diputado, que como están hoy de disparados los niveles de corrupción, quiero decir, sin cinismo, que sería una bendición que regresara Raúl Salinas a reimponer el 10 por ciento. Así están las cosas en el país. Espero les sirva esta información, diputado, porque ya andamos en el 20, en el 30 por ciento.

El diputado Alejandro Rangel Segovia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Alejandro Rangel. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Alejandro Rangel Segovia (desde la curul): Sí, diputado presidente. Es para hacerle un muy respetuoso llamado a la investidura que usted ostenta como presidente de esta Cámara.

El diputado que antecedió en el uso de la voz al que ahora la tiene, y el que ahora la tiene, hicieron su solicitud para rectificación de hechos y hemos escuchado todo tipo de sandeces, todo tipo de despropósitos y de calificativos. Pero nunca se han apegado al tema para el cual han pedido la rectificación de hechos.

Le solicitaría, sí, de la manera más atenta, su atención para que se apeguen a la solicitud para la cual desean hacer uso de la palabra y no venir reiteradamente a seguir perdiendo el tiempo y haciéndonos perder el tiempo al resto de los diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras. Continúe, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Es que hablar de la corrupción es algo que les provoca, como la sal a los babosos, los pone así, difíciles, porque es muy fuerte.

Tiene razón el diputado Durazo, mejor estaríamos aquí con Raúl Salinas. La corrupción realmente es fuerte y eso es lo que van a provocar, por eso violan la ley, la Constitución y todo con lo que están haciendo.

¿Y quién fue el culpable, el responsable? Hagánse cargo del problema de la salud en este país. Gobiernan sus gobernadores en los estados y ahora los quieren traer.

Miren, la corrupción es lo que quieren fomentar. Nosotros nada más decimos: si quieren hablar súbanse a la tribuna, y a una simple interpelación no le tengan miedo. Y si hay un valiente en esta Cámara del PRI, que se suba a decir aquí si está de acuerdo en el avión de Peña Nieto, 6 mil 300 millones contra las necesidades de este país.

Y les reitero, 3 mil 500 millones contra la Cruzada contra el Hambre, que ni se ha visto. Y si a caso le pretenden destinar —para que no engañen al pueblo de México— 14 mil millones a su programa estelar, que a partir del jueves van a querer estar diciendo con mentiras, nunca será pensión universal para adultos mayores. Y eso ustedes lo saben.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Finalmente, para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra el diputado Leobardo Alcalá Padilla.

Saludamos a los jóvenes ganadores de las eliminatorias estatales del Concurso Nacional Juvenil de Debate Político 2013, invitados por la Comisión de Juventud y su presidente el diputado José Luis Oliveros Usabiaga. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputado.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla:Muchísimas gracias, presidente. Y quiero decirle a quien me antecedió que uno sí es respetuoso, mi nombre es Leobardo Alcalá, como igual sé cuál es su nombre. Y le decía que hace un año, a la fecha, he venido escuchando con atención que siempre y de manera particular están en contra de todo. Ustedes o un grupo, pareciera que en las madrugadas si alguien les toca a la puerta le piden a Dios que sea pleito.

Claro que sí subo a esta tribuna con argumentos, porque conocemos de lo lamentable que ha existido en el sistema de salud en el país: 10 millones de mexicanos con diabetes, 20 millones de mexicanos con hipertensión, cerca de 20 de adultos mayores que serán en el 2018 y hoy no hay un sistema adecuado.

Por tanto, es normal y es preciso el hecho de que haya un sistema de salud universal para todos los mexicanos. Y no para quienes particularmente hoy están apegados a un sistema, sino para la gente que menos tiene, para la gente que no tiene una seguridad social, para la gente que hoy necesita un trasplante, para la gente que hoy necesita el ser atendido, para la gente que hoy necesita una diálisis, para la gente que hoy necesita una hemodiálisis.

Lo digo con todo respeto, lo que hoy se votó, lo que hoy se estará votando es algo que va a beneficiar al país, es algo que va a beneficiar a cientos, a miles y a millones de mexicanos. Porque finalmente tendrán la seguridad de que el recurso económico asignado a los estados en aras al tema del federalismo, el dinero que se va a los estados será, sí, fiscalizado de manera anualizada. Y no como hoy, que cada quien hace uso del propio recurso económico como mejor le convenga. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Huerta, para alusiones personales.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:No. Nosotros somos pacifistas. Somos de la resistencia civil pacífica, por eso traemos nuestro moño que defiende a la patria. Y sí declaramos a Peña Nieto como traidor a la patria. Eso sí, los mexicanos lo tienen que saber. Eso lo tienen que saber, porque todo lo que está haciendo no le sirve al pueblo, y ése es el tema.

Y qué bueno, diputado Leonardo Alcalá, muy respetuosamente, inclusive lo aludo por si quiere volver a subir, con mucho gusto. Esperaría que lo hiciera, que tuviera usted el valor de hacerlo, le voy a decir porqué. Porque aquí no estamos discutiendo si esto va a ser, y qué bueno, porque peor, luego como se las gastan. Ya me daría miedo que dijeran ahora que va a ser el sistema universal de salud, que va a dar la salud a todos, como decían que no iban a haber aumento a gasolinas y ya deslizaron el precio de la gasolina, más gasolinazos para la gente, en gasolina y en diesel, y eso ustedes lo hicieron.

Aparte, qué bueno que ya quitaron sus spots, porque todavía andaban con esa mentira. Ya he dicho que es un régimen de mentiras, y qué bueno que no están exagerando la nota. Pero la discusión está en que éstas reformas lo que pretenden es centralizar el gasto, so pretexto de la corrupción, que nunca han hecho nada.

Es más, hasta acabaron con la ineficiente Secretaría de la Función Pública, que existía de la administración anterior y no suplen con nada, porque no les interesa combatir la corrupción.

Le decía, tan es así, que aquí en varios temas, incluyendo en éste, hablan de la corrupción, pero no hacen nada por resolver este problema, por fincar las responsabilidades en los que anteriormente fueron los responsables y menos si son del cartel de esos gobernadores. Porque ahí sí, puente de plata, ahí sí hay que cuidarlos, porque si no, luego no hay votos ¿verdad, diputado?

El tema y la pregunta que le quería hacer y que usted no aceptó en mi interpelación es muy sencilla y lo reto a que se suba a esta tribuna. Estaría usted de acuerdo en decirle a Peña Nieto, con todos sus compañeros del PRI, pero ya olvídese de todos. Usted venga a la tribuna a decirle a Peña Nieto que deje de comprar un avión de 6 mil 300 millones de pesos y que se los dedique a la salud del pueblo de Guerrero, que tanta falta les hace, porque hay muchas comunidades que no han llegado con la mínima atención todavía al día de hoy. Y mire que ya llevamos días.

Dígale a Peña Nieto que no quiere el avión de 6 mil 300 millones, para dedicárselos a más necesidades que el pueblo tiene. Súbase usted a decir eso, diputado, y lo respetaré por su valentía. De no ser así, la verdad pienso que tiene miedo. Pero hábleme del avión de Peña Nieto. Eso es lo que quiero oír.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputado. Sonido en la curul del diputado Leobardo Alcalá. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): Solamente, señor presidente, por alusiones personales. Claro que me gustaría, como a muchos nos gustaría en su momento poder subir a la tribuna y poder verdaderamente debatir. Pero es lamentable el que una y otra, y otra vez, y de manera reiterada se suban, pero nunca tocan el tema el cual se está discutiendo. Decir que no vale la pena ni siquiera ya aludirlo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión los siguientes artículos.

El 77 Bis 5, inciso A), fracción XVI, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. El 77 Bis 15, párrafo segundo, diputada Eva Diego Cruz, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El 77 Bis 18, párrafo primero, diputado José Soto Martínez, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 77 Bis 22, párrafo primero, diputado Alfonso Durazo Montaño, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Finalmente, una que elimina el artículo 469 Bis, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnas y a alumnos de la Universidad  Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Contaduría y Administración, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente, pido la palabra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Estamos en votación, diputada. Si usted me lo permite, en cuanto cerremos la votación le pregunto con qué objeto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se registraron 390 votos a favor, 20 en contra y 25 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Buenas tardes, diputado presidente, gracias. Le quiero decir con mucho gusto —y se los quiero comunicar a todo el pleno— que el Tribunal Electoral ha emitido su resolución a favor de la convocatoria que emitió el IFE para que 100 mujeres concursen para el servicio profesional del Instituto Federal Electoral. Se ampararon 22 hombres y se rechazó esa convocatoria.

Por lo tanto, quiero que todas y todos nos felicitemos, porque es una acción afirmativa al interior de un organismo autónomo como el IFE. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Malú Mícher. Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates.

Tiene el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 77 Bis 5, inciso A), fracción XVI, del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Es una gran felicidad al escuchar, diputada Malú Mícher, esta gran batalla que hemos ganado las mujeres en este rubro. Felicidades a todas.

El artículo que se encuentra a discusión ante el pleno de esta Cámara pretende establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas a través de una súper secretaría de Estado.

Se continúa con la dinámica de otorgar recursos a las instituciones, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotándola de más atribuciones que centralizan aún más el poder.

La reforma que hoy se presenta no contempla la racionalidad como un eje trascendental para la toma de decisiones, al querer dotar de facultades a una sola secretaría, sin saber si ésta tiene la capacidad de llevar a cabo el manejo de los asuntos que se le requieren conferir.

Ahora bien, el artículo reservado establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe dar su opinión en la definición de las bases para la compensación económica entre entidades federativas, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud, por concepto de prestación de servicios de salud.

La propuesta que se presenta denota el control que el Ejecutivo quiere dar a la Secretaría de Hacienda, haciéndola una súper secretaría, como lo hizo con Gobernación.

Una revisión mínima de la historia de México debe desalentar cualquier intento de concentración del poder. Lo que este país necesita no es más poder en una secretaría o en la figura del presidente, sino darle más poder a la ciudadanía, dotarla de instrumentos de rendición de cuentas y de interlocución con los órganos de gobierno, fortalecer los contrapesos y el equilibrio entre poderes.

En Tabasco ya conocemos este tema. La Secretaría de Finanzas, a través del gobernador Andrés Granier en aquel entonces, priista, hizo una desviación importante de los recursos que se canalizaron a la caja de la Secretaría de Finanzas, desviando esos recursos a otros temas y dejando sin medicamentos a miles de ciudadanos y dejando sin dinero para operar a varios hospitales.

Aquí el tema es que tenemos que transparentar las licitaciones de los estados y agilizar la transferencia de las cajas de la Secretaría de Finanzas hacia los hospitales, hacia el sector salud. Esa ruta es donde se debe de transparentar el dinero.

Este dictamen afecta también a los farmacéuticos en los estados. Es decir, al concentrar las compras a nivel nacional, a nivel central, dejamos sin percibir ingresos a muchas, a miles de familias que dependen de la venta de los farmacéuticos.

El Ejecutivo con esta reforma pretende utilizar a las instituciones como un medio auditable para alcanzar el monopolio de la información a través del secretario de Hacienda.

La función del secretario de Hacienda es la de atender la política interior económica del país. Por tal razón, rechazamos rotundamente que se faculte a dicha dependencia gubernamental del Estado para opinar en temas que competen exclusivamente al sector salud. De esta manera, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano velará porque se mantenga una institucionalidad alejada de valores autoritarios y para que se establezcan —de manera clara— las formas en las que la sociedad se desarrolle con mayor certidumbre.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del pleno la siguiente reserva al artículo 77 Bis 5, inciso A), fracción XVI del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 75 Bis 5. La competencia entre la federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

XVI. Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, el Distrito Federal, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud, por concepto de prestación de servicios de salud. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Eva Diego Cruz, para presentar reserva al artículo 77 Bis 15, párrafo segundo, de la Ley General de Salud.

La diputada Eva Diego Cruz:Gracias, presidente. Pedirle por favor le solicite a la asamblea que pongan atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con todo gusto, diputada. Esta Presidencia solicita a las y a los diputados escuchar con respeto a la oradora. Adelante.

La diputada Eva Diego Cruz: Gracias, presidente. El día de hoy vengo a reservar el segundo párrafo del artículo 77 Bis 15, del dictamen en comento.

En la exposición de motivos el Ejecutivo federal menciona que la transferencia de los recursos federales podrá ser realizada en numerario o en especie, a fin de garantizar a la población medicamente y demás insumos para su atención.

Estos supuestos se establecen en el artículo 77 Bis 15, donde a la letra dice: la transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse en numerario directamente a las entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las cuentas que constituyan los regímenes estatales de protección en salud en la Tesorería de la Federación, o en especie, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En esta hipótesis, compañeras y compañeros diputados, deja abierta a la federación la posibilidad de entregar su aportación si ella quiere, si la federación así lo considera, su aportación al 100 por ciento en especie, lo que ocasionaría un déficit insostenible para los servicios de salud, en especial para los estados más pobres, para los estados del sur de la República Mexicana.

Un ejemplo, mi estado, Oaxaca, del total del presupuesto del Seguro Popular, el 40 por ciento es destinado para el pago de sueldos de más de 4 mil eventuales regularizados, que hace sumamente indispensable que la transferencia de las aportaciones sean en dinero líquido. El 30 por ciento de los recursos que llegan al Seguro Popular se destina en medicamentos, de acuerdo a las reglas de operación, y el 20 por ciento en programas de promoción y  prevención para la salud.

Sigo citando a mi ejemplo, a mi estado, Oaxaca. Oaxaca tiene 570 municipios más casi 10 mil localidades, 3.5 millones de habitantes y solo 500 mil son atendidos por el IMSS o por el ISSSTE, lo que le deja a servicios de salud la atención de 3 millones de usuarios.

Tenemos en Oaxaca 584 centros de salud rurales, 17 centros de salud urbanos, 2 unidades de especialidades, 17 hospitales. Pero también tenemos un gran déficit, tenemos 300 unidades médicas construidas sin soporte presupuestal para pago de personal, aún cuando fueron autorizadas por la federación. Tenemos 140 unidades médicas inconclusas, que solo sirven como elefantes blancos. Tenemos 5 mil 158 trabajadores eventuales, que son pagados por el gobierno del estado y que se les llaman plazas precarias por las condiciones laborales en las que trabajan.

Y no solamente mi estado, Oaxaca, presenta estas irregularidades, son muchos estados, casi el 80 por ciento de la República mexicana presenta irregularidades y, obviamente, a los que nos pega más el tema de que la federación nos transfiera la aportación en especie es a los estados del sur, que somos los estados más pobres.

Por tales razones, compañeros y compañeras, es necesario que dejemos establecidos de forma clara y sin ambigüedades los lineamientos que serán emitidos para regular el tema de las aportaciones. Mi propuesta es que en las aportaciones se deben considerar las características y necesidades de cada entidad federativa.

Por lo anterior, pongo a consideración de este pleno la siguiente propuesta de modificación al segundo párrafo del artículo 77 Bis 15. La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse en numerario directamente a las entidades federativas, en numerario mediante depósito en las cuentas que constituyan los regímenes estatales de protección en salud en la Tesorería de la Federación, o en especie conforme a los lineamientos que para tal efecto emitan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomando siempre en consideración las características y necesidades de las entidades federativas.

Compañeras y compañeros, no basta solo el discurso, no basta solo aprobar leyes que busquen la transparencia, siempre es importante situarse en la situación real de cada estado para poderle dar esa salud que requieren las mexicanas y los mexicanos y enfocarse en qué es lo que necesita cada uno de nuestros estados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Eva Diego Cruz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo 77 Bis 18, párrafo primero.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Vengo a presentar reserva al dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley de Salud, artículo 77 Bis 18, primer párrafo.

Compañeros y compañeras, aquí hemos hablado mucho de la salud, que es tan importante para el pueblo de México. Hablaron mucho de la corrupción, porque en realidad es lo que más ha dañado, no solo a la salud en México, sino en todos los campos y en todos los niveles. Y por eso es lo que decía nuestra compañera diputada —que acaba de terminar— hay en Oaxaca, pero no solo en Oaxaca, en Oaxaca hay muchos hospitales inconclusos, pero son producto de la corrupción.

Podemos hacer historia de los últimos secretarios de Salud, que han estado y ahora son grandes millonarios.

También acusan a nuestro grupo parlamentario de que a todo decimos que no, pero sí hemos aprobado muchas leyes, más de 90 hemos aprobado a favor y ustedes no nos aprueban nada, no importa que tengamos razón, pero también ustedes no nos lo aprueban.

Lo que les voy a pedir es algo muy sencillo y casi estoy seguro que no lo van a aprobar, no lo van a querer aprobar. Miren lo grande que es la corrupción, solo para mencionar a unos estados y no mencionarlos a todos, pero son 4 mil 280 millones de pesos nada más que detectaron en los estados de Tabasco, de Morelos y de Chiapas, que con eso hubiéramos cubierto las jornadas del Hospital Siglo XXI que llevan a cabo para combatir el VIH, el sida, y así es en muchos de los estados.

Por eso es importante que haya de veras transparencia y que de veras tengamos ganas de mejorar. Miren,  nada más lo que les pido es que le quitemos la palabra preferentemente. Eso es todo lo que les estoy pidiendo, compañeras diputadas y diputados, para quedar como sigue.

Artículo 77 Bis 18, dice: De las cuotas sociales. La cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 3 por ciento de dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal, aplicando a través de un fondo, sin límites de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para la atención primaria y especialidades básicas en las entidades federativas con mayor marginación social, y una tercera parte sujeta a anualidad para atender las diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal.

Es todo lo que les pido, ojalá y ésta no la voten a favor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todas y todos ustedes.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Soto Martínez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, para presentar reserva al artículo 77 Bis 22, párrafo primero.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, estamos abordando uno de los temas más sensibles en nuestro país, en virtud de la inadmisible situación que enfrentan los institutos de seguridad social debido a una estrategia de abandono. Desde hace años dichos institutos están afectados por la insuficiencia y por la corrupción. Esto ha tenido como consecuencia el desabasto de medicamentos y un servicio limitado de acceso a la población.

Si a ello le sumamos que en años recientes se estableció el llamado Seguro Popular, que se basaba en la creación de una red de hospitales públicos con el objetivo de llegar a contar con una cobertura médica del 100 por ciento de la población, podremos entender entonces que se han agudizado las deficiencias en el servicio.

Particularmente porque el gasto de la inversión física, por ejemplo, en el año 2000 representó un incremento de apenas el 8.8 por ciento respecto al 2011. A todas luces insuficientes, mientras que la mayor parte de su presupuesto es destinado al gasto corriente.

La reserva que presentamos elimina la modificación que se propone, ya que permite desvío de los recursos a modo, utilizando los capitales públicos con discrecionalidad, por lo que proponemos que se etiqueten los recursos destinados al abasto de medicamentos, equipos y otros insumos para la salud. De lo contrario seguirá la corrupción y las mismas prácticas de los funcionarios, generando carencias en la provisión de este servicio.

Pero quisiera compartir con ustedes, particularmente, una reflexión. Creo que concentrar las atribuciones y el ejercicio del gasto significará tan solo concentrar en la administración pública federal la administración de la corrupción.

Más si consideramos la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y el congelamiento de la iniciativa para crear la Comisión Anticorrupción. Es decir, frente a la concentración del ejercicio del gasto y la ausencia de instituciones responsables de fiscalizarlo obviamente se incrementará la corrupción.

Derivado de lo anterior, propongo una modificación al artículo 72 Bis 22 para quedar como sigue: Las cuotas familiares se recibirán, administrarán y aplicarán conforme a las disposiciones de esta ley y serán destinadas específicamente al abasto de medicamentos, equipo y otros insumos para la salud que sea necesarios para el Sistema de Protección Social en Salud. Espero contar con su apoyo para sacar adelante esta reserva. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alfonso Durazo Montaño. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se pregunta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para proponer la eliminación del artículo 469 Bis de la Ley General de Salud.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, he reservado este artículo 469, porque me parece que es un exceso que se contemple en la Ley General de Salud. Nosotros estimamos que las leyes no pueden ser draconianas y que deben ser ubicadas en el contexto correcto.

Como ustedes recuerdan, Dracón, en el siglo VI, hacia el año 600 antes de Cristo, elaboró un código con sangre, con leyes severas. No resultó, a los años siguientes Solón derogó el Código draconiano, porque no pudo aplicar.

Ahora, en este artículo que estoy refiriendo, es un artículo que su ubicación no debería estar en la Ley General de Salud. Sigo la teoría clásica de los delitos, algunos que son abogados o estudiosos del derecho o aficionados al derecho o que tienen sentido común habrán de coincidir conmigo.

¿Por qué no debe estar en la Ley General de Salud? Porque esta norma jurídico-penal debe de estar en el Código Penal Federal; porque es la naturaleza de los delitos, el tipo penal debe ser regulado por los códigos penales locales y por el Código Penal Federal, aunque hay criterios jurisprudenciales que definen que puede también establecerse en una norma de carácter general, aunque no sea de naturaleza jurídica penal.

Sigo la teoría clásica y para mí este artículo debería trasladarse al Código Penal Federal. No puede una ley federal prever una sanción penal de privación legal, de la privación de la libertad, cuando se violen disposiciones de carácter general en una norma cuya naturaleza es la salud.

Por cierto, agradezco el comentario atingente y respetuoso del presidente de la comisión, que es diferente a los fanfarrones que de manera extravagante y sin haber leído y sin saber lo mínimo vienen a establecer criterios de intolerancia. Sabe él que coincido en esta teoría clásica del derecho penal y por eso creo que no debería estar aquí, sin perjuicio de debatir y discutir si corresponde a la conducta ilegal típica establecer esta sanción de cuatro a siete años de prisión para aquel que incurra en desviación de los recursos en esta materia. No estoy de acuerdo, porque para mí es una posición draconiana y está en un artículo ubicado al que no le corresponde y debería ser trasladado al Código Penal Federal.

Por cierto, felicito a Nacho Samperio, él es nuestro representante en la comisión y ha estado actuando de manera congruente en este tipo de propuestas y por eso trato de dar razones.

Les quiero decir —para todos aquellos brabucones— que hemos aprobado en Movimiento Ciudadano el 92 por ciento de leyes y normas generales en este Congreso, solo el 8 por ciento las hemos votado en contra, porque no podemos afectar a la población y por mantener nuestra congruencia y así lo vamos a seguir sosteniendo.

Estoy seguro que no me van a conceder este voto, pero tengo que seguir intentando que entren en razón y que no cometan tanta tropelía jurídica constitucional.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, se desecha.

Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados 77 Bis 5, 77 Bis 15, 77 Bis 18, 77 Bis 22 y 469 Bis, en los términos del dictamen.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 77 Bis 5, 77 Bis 15, 77 Bis 18, 77 Bis 22 y 469 Bis, en los términos del dictamen.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 361 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

MODIFICACION AL ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia informa a la asamblea que la Comisión de Seguridad Pública entregó a la Mesa Directiva el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio y adiciona los artículos décimo tercero y décimo cuarto transitorios del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El día de ayer la Junta de Coordinación Política remitió comunicación, que en lo conducente dice: De recibirse el dictamen que la Comisión de Seguridad Pública emitirá en su reunión convocada para el día de mañana respecto a la minuta que reforma disposiciones transitorias de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, éste sería incluido en el orden del día para publicidad y consulta a la asamblea si se autoriza su discusión y votación de inmediato.

De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se modifica.

VOLUMEN II

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio y adiciona los artículos décimo tercero y décimo cuarto transitorios del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y un voto particular.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Por lo que para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que se someta a discusión y a votación de inmediato.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución y se le dispensan los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se autoriza.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio y adiciona los artículos décimo tercero y décimo cuarto transitorios del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública ponemos a consideración de esta soberanía el dictamen que versa sobre la minuta remitida por la Cámara de Senadores, que contiene el proyecto de decreto que reforma el artículo transitorio tercero y la adición del transitorio décimo tercero y décimo cuarto al decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Concretamente este dictamen planea ampliar el plazo establecido para cumplir con las metas establecidas con el Programa de Evaluación y Certificación de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, señalar la obligación del gobierno federal, es hacer las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento del artículo tercero transitorio de la ley que los gobiernos federal y estatal establecen en una partida presupuestal específica en sus respectivos Presupuestos de Egresos para los siguientes ejercicios fiscales a entrar en vigor.

Como recordaremos, el 2 de enero del año 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que contenía en su artículo tercero transitorio la obligación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de evaluarse y certificarse, añadiendo con sanción que de no ser así estos integrantes deberán ser dados de baja.

Por tal motivo, en diciembre del año pasado en esta Cámara de Diputados votamos la minuta del Senado de la República para prorrogar por 10 meses más el término establecido en cuestión, en virtud de que el porcentaje en los avances de las evaluaciones seguirán siendo insuficientes, lo de que no haberse aprobado hubiera ocasionado la baja inmediata de los elementos que no estuvieran certificados.

A punto de cumplirse el término de los cumplimiento a la meta de certificación y acreditación del control de confianza, la realidad nos muestra que principalmente las entidades federativas y los municipios del país no cumplirán con el operativo legal, de conformidad con el informe de avance del Programa de Evaluación y Certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad, llevada a cabo el 17 de julio del año en curso.

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública hemos sido sensibles a esta problemática, ya que desde la instalación de la misma ha sido una constante en nuestro trabajo de análisis, discusión y elaboración de dictámenes con respecto a la evaluación de control de confianza procurar siempre el respeto a los derechos humanos y a la prevalencia de los criterios científicos multidisciplinarios, como eje de evaluación.

En el mismo orden de ideas, la legislación vigente establece como obligaciones a las cuales deben sujetarse los integrantes de las instituciones de seguridad pública el someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los requisitos de pertenencia y mantener vigente la certificación respectiva.

El artículo 87 de este ordenamiento jurídico establece que la carrera policial, tanto en su ingreso como para la permanencia, implica el trámite de obtener y mantener actualizado el certificado único de control de confianza.

Es por eso que los legisladores miembros de esta Comisión de Seguridad Pública estamos a favor y estamos conscientes de lo que tenemos que hacer en los siguientes meses para poder evaluar a todos los elementos policiacos de los municipios, de los estados y de la federación, para poder darle resultados a la ciudadanía.

Es un tema, compañeras y compañeros, que le duele al país. Esperamos en este próximo año estar junto con nuestros gobernadores para que se cumplan estas metas. Es cuanto, diputado Presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, estamos conscientes de la gran responsabilidad que tiene el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios respecto de las instituciones de seguridad pública, ya que debemos de contar en todo el país con cuerpos policiacos confiables, honrados, mejor capacitados, con absoluto respeto a los derechos humanos y con gran cercanía a la gente. Estos juegan un papel importante para mantener el orden y la paz en nuestra nación.

Estamos por concluir con la fecha que se otorgó para la certificación, pero el último informe del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de que se tiene un avance de 326 mil 463 elementos estatales y municipales evaluados, lo que equivale a un avance cercano al 70 por ciento, lo que hace prácticamente imposible cumplir con la totalidad en la fecha fatal.

Para lograr estas certificaciones los estados tuvieron que crear los centros estatales de control de confianza, preparar y contratar personal poligráfico y sicológico y hacer grandes esfuerzos presupuestales con los cuales no se contaba. Sin embargo, todas estas acciones no han sido suficientes para lograr cumplir al 100 por ciento la fecha fijada en la ley.

Es por ello urgente aprobar una nueva modificación a esta ley para permitir que el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales puedan cumplir con la encomienda de los exámenes.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, por el que se reforma el artículo tercero transitorio y adiciona los artículos décimo tercero y décimo cuarto transitorios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para ampliar por un año más el plazo establecido.

Es importante mencionar que de no tomar esta decisión tendríamos un colapso en algunas direcciones de seguridad pública. Tendríamos que despedir a miles de elementos que no han sido evaluados, en algunos casos por incumplimiento e incapacidad de algunos gobiernos.

El objetivo es muy claro: permitir a los estados y municipios cumplir con el 100 por ciento de la certificación. Pero también comprometer a los gobiernos a emplear todos los recursos públicos a su alcance para lograrlo y no solamente los comprometidos por el gobierno federal.

En el tema de seguridad no debemos de escatimar esfuerzos. Es necesario regresarle la tranquilidad a la ciudadanía. México necesita una policía capacitada y profesional que dé confianza. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. No está en este momento en el recinto. Se la damos un poco más adelante.

Se concede el uso de la voz al diputado Francisco Coronato Rodríguez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Me permito exponer la posición de Movimiento Ciudadano respecto de este dictamen, a través de un voto particular que me permití formular en base a los artículos 90 y 91 y demás del Reglamento de esta Cámara de Diputados.

Compañeras y compañeros, como ustedes bien saben, los derechos humanos son un conjunto de atributos inherentes a nuestra propia esencia que necesitamos para desarrollarnos en una forma plena y armónica, siendo uno de ellos, de los de mayor trascendencia, el relativo a la seguridad pública que consagra precisamente el artículo 21 de nuestra Carta Magna.

Ahí se establecen cuatro principios torales bajo los cuales deben de regirse todas las instituciones que convergen en esta materia, que son el de la legalidad, la honestidad, la eficiencia y, por supuesto, el profesionalismo.

Aquí se trata de hacer evaluaciones a través de cinco reacciones, cinco baterías: la física, la toxicológica, la sicología, el entorno social y el polígrafo. Me pregunto, cómo van a ser profesionales nuestros elementos de estas corporaciones —por ejemplo— en el aspecto físico, cuando nunca se les da el adiestramiento ni el acondicionamiento físico para que estén en óptimas condiciones.

¿Cómo van a cumplimentar una orden de aprehensión, si no tienen precisamente ese adiestramiento de las técnicas de sometimiento y conducción de presuntos responsables? Y todo ello nos lleva precisamente a aseverar que antes de hablar de evaluación hay que hablar necesariamente de capacitación y esto sin duda es un tema pendiente.

Por eso un servidor celebra esta disposición de sostener reuniones con la Cámara colegisladora, con los gobernadores y con los titulares del Ejecutivo federal, para verdaderamente introducirnos en un fondo que nos permita cimentar estas nuevas corporaciones públicas en el ámbito de la seguridad, que tanta falta nos hacen a las y los mexicanos.

En ese orden, quiero destacar que este dictamen que estamos hoy discutiendo genera la carga de la prueba a los elementos de las corporaciones policiales, donde expresamente se señala que a ellos deberán de generar dentro de esta prórroga, si se otorga, el que puedan acreditar a través de estas baterías esa confianza que garantizaría —según su dicho— el que son elementos probos y honestos.

Esto quiere decir que una responsabilidad que le corresponde al Estado en los tres órdenes de gobierno, hoy se las estaríamos endilgando –permítanme ese término– a los elementos de las corporaciones policiales, ya que precisamente el dictamen en cuestión establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y confianza.

De no ser así, este dictamen establece que deberán ser separados de sus cargos, lo cual a todas luces resulta ser contrario a los principios de seguridad jurídica, de legalidad, resultando como consecuencia inconstitucional, contrario al 14 y al 16 y por supuesto a tratados internacionales de la materia.

Solo para comentar un aspecto adicional, si estaríamos hablando de una prórroga en un sentido estricto, tendríamos que señalar y en una técnica legislativa que no se puede prorrogar lo que ya se feneció. Se tendría que hablar como de cuatro años en su momento más 10 meses, y ahora de cinco años más 12.

En suma, la propuesta que nosotros hacemos es precisamente que se elimine el término de la separación ipso facto, toda vez que deberá de quedar a disposición de las autoridades para someterse a la serie de exámenes y quitarles esa carga de la prueba, que indebidamente e ilegalmente se pretende hacer. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente. Con la venia de la asamblea. La confianza pública como factor de credibilidad es muy útil, tanto para la legitimación política como para los rendimientos.

Por eso todos los sectores del Estado y de la sociedad civil recibieron con agrado, en el año 2009, la noticia de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública imponía a los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno en el país la obligación de certificarse.

Sin embargo, el camino ha sido tortuoso, pues se han presentado infinidad de problemas para cumplir cabalmente con el objetivo planteado. En este contexto y con la única finalidad de no violentar la propia norma pública en enero de 2009, es que se vuelve determinante prorrogar el tiempo límite hasta el día de hoy, y está mencionado en este decreto, en el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.

La destitución de varios elementos que no hayan sido certificados aún por razones ajenas a ellos mismos, o podría presentarse la triste opción de sustituir o cesar a varios elementos de seguridad pública sin causa o legitimidad, cometiéndose así una vulneración a los derechos laborales y humanos de los mismos.

Todo lo anterior, sin detenernos a explicar las consecuencias económicas producidas en las familias de los guardianes del orden al verse desplazados de su empleo. Si bien es cierto que no pueden soslayarse los avances que se han venido presentando en materia de seguridad pública, también debemos reconocer que estos aún no resultan suficientes para revertir por completo el grave problema de la inseguridad por el cual atraviesa nuestro país.

Por lo anterior, la bancada del Partido Verde Ecologista de México expresa su postura a favor de ampliar el lapso de la certificación, ya que estamos convencidos de que los procesos de esta naturaleza —tan determinantes del orden público— deben ser llevados a cabo con prudencia y profesionalismo, y no permitir que la premura señale los tiempos, pasando por ello los altos estudios, meticulosos, a los cuales deben someterse todos los guardianes del orden.

En este sentido, consideramos que el plazo de 12 meses que se propone es propicio para asegurar, en todos los niveles federales y en todas las entidades federativas, una certificación eficiente.

Compañeros y compañeras, las autoridades ejecutivas no deben dilatar más el proceso, es hora de abocarse con disposición y compromiso para la obtención de la certificación respectiva, pues una nueva postergación solamente dejaría ver la debilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país, lo cual seguramente sería recibido con desagrado por la población.

Recordemos que la seguridad pública es uno de los elementos fundamentales del orden público, por lo cual este tema no puede tomarse a la ligera, pues está hablando de todos quienes exponen su vida por preservar un estado de paz y de tranquilidad para todos los ciudadanos, que les permita a éstos desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente.

Es hora de ser conscientes y sensibles de la realidad que viven muchos mexicanos. Cerrar los ojos y no considerar cuando menos la posibilidad de que algunas de las personas encargadas del orden estén siendo influenciados en estos momentos por los grupos criminales para delinquir es algo ingenuo.

Reiteramos. No cerremos los ojos ante sucesos como el acontecido en la Ciudad de México, en donde se advirtió que policías de esta misma localidad, todos con grado de policía segundo, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana colaboraran para sustraer a un extranjero de origen colombiano, del cual hasta la fecha se desconoce su paradero.

Ahora bien, ampliar el plazo original no servirá de nada si no se invierten también los recursos necesarios para convertir la aspiración de la certificación en una realidad, por lo cual se está dando el apoyo a esta minuta también para que se requiera al gobierno federal como a las entidades federativas para apoyar el Presupuesto. Pero no podemos perder de vista que una de las responsabilidades que se tiene por el gobierno federal es que no se ha nombrado al titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual ejerce la orientación y doctrina operativa del proceso de evaluación y certificación, ya que a dicho órgano le corresponde verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, estados y Distrito Federal realicen sus funciones, de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.

Si bien es cierto se aprovecha y se da este plazo y este apoyo económico, tampoco podemos dejar de señalar que existe un subejercicio constante en las entidades federativas, que en este año alcanzó el 88 por ciento.

Creo que debemos obligar también a los gobernadores de las entidades federativas para que hagan el mejor y el mayor de los esfuerzos y cumplan. Y no dentro de seis meses estemos otra vez buscando ampliar el término del año que se está dando ahorita para que puedan cumplir con esa obligación que se tiene.

Por tanto y por lo esgrimido, reiteramos la necesidad de colaborar en pro de este asunto, el cual beneficiará a toda la población. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Con su venia, diputado presidente. En el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor del presente dictamen, independientemente, compañeros y compañeras diputadas, que es inaceptable que la preocupación número uno de la población de nuestra ciudadanía —que es este tema— sea tema de parches, de enmiendas año tras año, en un tema fundamental que tiene qué ver con la evaluación y la certificación de nuestros policías.

Y votaremos a favor, sobre todo por la ecuánime y acertada postura de nuestros compañeros senadores y diputados de la Comisión de Seguridad Pública al aprobar dicha minuta. Pero al mismo tiempo hacemos una crítica severa al incumplimiento y, sobre todo, a la ineptitud tanto de la federación como de los estados, que no han podido ejercer ese recurso que se ha destinado para ese importante objetivo.

De fondo es inaceptable que la evaluación y certificación se sigan basando solamente en una ciencia criminológica de tipo lombrosiana. Es decir, no es posible que en este país, en donde la inseguridad pública es la principal problemática, se siga confiando solo a una certificación y evaluación a través del polígrafo.

Coincido incluso con aquellos que reclaman una reforma policial a fondo, con foros y consultas amplias, en donde involucremos a la sociedad civil, a las organizaciones ciudadanas que traen mucho trabajo en este tema. Pero sobre todo al sector académico.

Y que vayamos precisamente a una reforma integral en todo lo que tiene que ver con la capacitación y la formación de estos elementos. Pero también, compañeros, a revisar la situación patrimonial de estos elementos de policía.

Sin embargo, votar en contra el día de hoy solo abonaría en profundizar el desacierto que constituye este artículo tercero transitorio. Por ello, de manera responsable, votaremos en pro de esta ampliación de la prórroga. Pero el PRD no daremos un voto en blanco, un cheque en blanco, porque precisamente habremos de construir una iniciativa de reforma integral que además contemple, no solamente la certificación de los que están abajo, sino de los que están arriba, de los titulares de las áreas de seguridad, que muchas veces entran por compadrazgos o amiguismos y no cumplen con los requisitos mínimos que sí les exigen a los policías de abajo.

Es inconcebible que desde el 2009 vengamos moviendo la fecha por esta incapacidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno, sobre todo en este sistema que precisamente se ha acordado en las reuniones de la Conago y en la última reunión del 16 de octubre al 30, pues nos revelan datos muy significativos que me parecen importantes comentar.

Existen 38 centros de evaluación y centros de confianza, de los cuales solamente 14 renovaron su vigencia de acreditación. Cinco, compañeros, se encuentran todavía en proceso, o sea, simplemente no les importó. Del personal de los 513 mil 888 elementos tan solo se han evaluado un 75 por ciento de estos, 58 han aprobado y 21 todavía se encuentran en proceso.

Lamentablemente las entidades federativas son las principales afectadas por estas ineficiencias. De los 31 estados y el Distrito Federal precisamente el total de la base —90 por ciento— están en proceso de certificación. Estamos hablando de un porcentaje muy alto.

En las últimas entidades precisamente que se encuentran los porcentajes de certificación —y hay que decirlo con nombres— se encuentran el estado de Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero y estado de México, solamente con un avance del 51 por ciento. Ni la mitad, justo precisamente en entidades en donde la inseguridad está a sus niveles más altos.

Este tipo de certificación, compañeros diputados y compañeras diputadas, está claro que no está dando resultados, que no sirve. Y precisamente para ello un botón, un ejemplo clarísimo que acabamos de vivir: los más de 10 elementos de la Policía Federal, que a pesar de haber pasado por este sistema de control de confianza, delinquieron de manera flagrante en el estado de Guerrero. Y eran certificados, compañeros. Habría que revisar de fondo el mecanismo de evaluación.

Finalmente, que quede claro que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor. Pero no se confundan, no estamos ni conformes ni satisfechos con este precario sistema de evaluación y certificación.

Exhortamos y emplazamos a esta Cámara, que es la responsable, a entrarle al debate a fondo antes de diciembre y que no estemos en un año, como sucedió el año pasado, volviendo a darles otros 12 meses de gracia a la federación y a los estados. Este asunto se tiene que resolver antes de este año, si verdaderamente a nosotros y a la ciudadanía —como nos lo ha dicho en reiteradas ocasiones— nos importa la seguridad de este país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Consuelo Argüelles Loya.

La diputada Consuelo Argüelles Loya:Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros legisladores. Ha sido desde hace varias semanas un punto controvertido la viabilidad para culminar con el proceso del Programa de Evaluación y Certificación de los integrantes de los elementos de seguridad pública, por la dificultad que ésta representa para todos en los tres niveles de gobierno en el país.

Tomando en cuenta los datos proporcionados por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos observar que aún no se llega a la meta a cumplir el 100 por ciento al mes de agosto del presente año, se ha alcanzado apenas un 64 por ciento de las evaluaciones. Lo que indica que a cinco años de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se desprende que el proceso de evaluación y control de confianza es muy lento.

También se coincide que existen diversas dificultades para el debido cumplimiento del artículo tercero transitorio de dicha ley, en el cual se estipula el plazo límite de 12 meses para completar el proceso de evaluación.

A este grupo parlamentario le resulta notorio la incapacidad para poder dar cumplimiento a dicho programa, existiendo un subejercicio por parte de las entidades federativas para la evaluación y el control de confianza, ya que con el primer Informe de Gobierno, el año anterior se había alcanzado un 33 por ciento y que al mes de junio del presente año se alcanzó un 88 por ciento, por lo que es de extrañarse el avance significativo que ha tenido en tan pocos meses el gobierno federal.

Este grupo parlamentario tiene la firme convicción que la policía es el servidor público que está en contacto con los ciudadanos y que su labor es alcanzar el clima de la paz, convivencia y respeto entre los gobernados, y además su más grande misión es el ser el protector del libre ejercicio de los derechos de todos los mexicanos.

La presencia policial no solo tiene que ver con el número de policías en la calle, sino con la cercanía entre los mismos y los ciudadanos que protegen. Para lograr un policía confiable no se debe de tomar nada más el control de confianza como sinónimo de limpieza institucional, sino como una forma de desarrollo policial, ya que su fin es el desarrollar el mecanismo clave.

También se debe de reconocer que el gobierno federal ha apoyado a las entidades federativas en cuestiones como la formación en técnicos en poligrafía y la certificación de la totalidad de los centros de control de confianza en cada estado.

Si bien es cierto para llevar a cabo de la mejor manera posible dicho programa es necesario preparar a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal, los presupuestos necesarios para que al momento de la ejecución de ese proyecto haya suficiente recurso y que al darle cumplimiento se denoten los resultados esperados.

Es por eso que el día de hoy en la Comisión de Seguridad Pública se tomó la decisión de crear una pequeñita Comisión, en la cual están todos cordialmente invitados. Se va a conformar un grupo entre diputados federales, senadores y el Ejecutivo federal, para que en conjunto demos celeridad a este programa.

Así en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos de acuerdo, tal y como lo mencionó mi diputada que me antecede, estamos igual que el PRD en que sí vamos a proceder a dar esta prórroga, pero con la condición de no darle otros 12 meses más.

El gobierno federal ya ha tenido por segunda vez esta prórroga. Tiene el recurso, tiene los lineamientos, tiene a la Cámara y ya tiene un equipo conformado por senadores, diputados y el Ejecutivo federal y no habrá pretexto para darle marcha atrás a este programa.

Es por lo que nos parece que la reforma al artículo tercero transitorio es conveniente en lo referente a los 12 meses para dar cumplimiento a la obtención de la certificación de los centros de evaluación y el control de confianza, pues este tiempo es suficiente para completar el proceso por parte de los elementos policíacos y que esto no les represente un conflicto de sus derechos laborales.

En todo lo concerniente a los artículos décimo tercero transitorio y décimo cuarto transitorio, se concuerda que el gobierno federal haga las previsiones presupuestales necesarias, así como cada entidad federativa realice las debidas prevenciones respecto de su presupuesto y establecer una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para darle el ejercicio fiscal y poder dar cumplimiento al artículo tercero transitorio. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ana Isabel Allende Cano:Compañeras y compañeros legisladores, el diseño de la política de seguridad nacional del Estado mexicano debe atender todos aquellos factores que puedan vulnerar el elemento humano del Estado, por lo cual es necesario vigilar el estricto apego de las actuaciones de los servidores públicos al ordenamiento legal.

Es fundamental que el respeto absoluto de los derechos de las personas y el resguardo de su integridad deban existir siempre en un marco de estricta observancia de personal calificado que se empate al diseño institucional, las disposiciones legales y los derechos fundamentales plasmados en la Carta Magna y en las leyes reglamentarias.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la obligación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de ser evaluados y certificados, generando con ello certidumbre y confianza a la ciudadanía de que cuentan con profesionales objetivos, eficientes y responsables en el cumplimiento de la observancia de los derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos no se ha logrado consolidar el sistema de control de confianza para la evaluación y certificación de la totalidad del personal, principalmente a nivel estatal y municipal, por distintos motivos, como constantes cambios de administración, rotación de mandos y personal, o la insuficiencia del personal especializado para realizar los estudios pertinentes, entre otras cosas.

Estamos conscientes de que debemos cumplir los ordenamientos legales, pero también es comprensible la necesidad de extender el plazo actualmente previsto en el régimen transitorio de la ley en comento a 12 meses más, con el firme compromiso de conformar instituciones de seguridad pública sólidas y eficaces, así como proteger a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que están en riesgo de ser separados de su encargo porque aún no han sido evaluados por circunstancias ajenas a ellos.

Por ello los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor del dictamen por el que se reforma el artículo tercero transitorio y se adicionan los artículos décimo tercero y décimo cuarto del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de ampliar el plazo establecido para finalizar con el Programa de Evaluación y Certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como establecer las partidas presupuestales necesarias para su ejecución.

Compañeros legisladores, estas concesiones conllevan una responsabilidad mayor en la vigilancia respecto al manejo que se hace de estos recursos en nuestras entidades federativas, que hoy se encuentran con retrasos y subejercicios considerables.

Es necesario realizar una reingeniería respecto a los controles de confianza que se tienen en la actualidad y es un tema que tendremos muy presente en lo subsecuente para abonar en la construcción de una solución de fondo e integral.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en contra del dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, presidente. Para nosotros los argumentos y el conocimiento del diputado Francisco Coronato, quien es secretario de la Comisión de Seguridad Pública, ha sido procurador de justicia en Morelos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nos parecen muy acertados, no solo en cuanto a las implicaciones técnicas y de plazo en este dictamen, sino también por el tema de fondo.

El tema de fondo que se ve en este dictamen es el colapso de la estrategia de seguridad pública en el país. Y este tema de la certificación y el control de confianza es apenas una parte de un problema muy grave que se viene arrastrando en el país, y sobre el cual el 72 por ciento de los mexicanos estima que ha aumentado la inseguridad.

Estamos hablando de casi 14 mil ejecuciones en el primer semestre del año y estamos hablando de un incremento de los secuestros en un 27 por ciento, más que en el anterior sexenio en el plazo correspondiente. Es una gran mentira que haya bajado la inseguridad en el país.

En Movimiento Ciudadano lo atribuimos en parte al fracaso de la reforma en materia de la administración pública, donde se concentraron las funciones de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública para revisar temas que por su vastedad implican la atención en un solo ministerio.

Estamos viendo cómo esta reforma a la Ley Orgánica a la Administración Pública no solamente no ha ayudado a la gobernabilidad del país, no solamente no ha ayudado a evitar la polarización social, sino que la inseguridad pública sigue siendo un fracaso.

Por eso decíamos que si se está de cachito en cachito dando plazos, de una vez demos de plazo todo el sexenio, a ver si así completan la certificación y el control de confianza, porque esto parece broma. Hace poco tiempo reformamos para dar un plazo. No se ha cumplido, falta todavía aproximadamente el 36 por ciento, según las estadísticas oficiales. Pues de una vez ya, si se trata de ir de plazo en plazo, démosle todo el sexenio al actual gobierno, a ver si así acaban con este problema del control de confianza.

Pero además creemos que no solamente es un tema de establecer un centro de certificación y acreditación, sino es un tema también de transparencia e integralidad en las evaluaciones.

Se habla de que 4 de cada 10 no pasan estas evaluaciones de control de confianza. Queremos saber qué pasa con todos estos elementos policiacos que no cubren esta expectativa, a dónde se lleva el control, cómo se lleva el seguimiento para que no pasen a engrosar las filas de la delincuencia.

Queremos saber también criterios, porque hay directores de seguridad pública en ayuntamientos que son auténticos delincuentes, auténticos pillos, auténticos jefes de la delincuencia y, sin embargo, resulta que pasaron sobradamente los exámenes de control de confianza.

Por eso creemos que esta reforma es también la oportunidad para repasar lo que ha sido la política de seguridad pública en este gobierno y definitivamente, en nuestra opinión, está reprobada.

Por eso no vamos a caer en el garlito de estar dando plazos para ver si de esta manera cubren una política que debía ser integral. Por esa razón nuestro voto será en contra, insistiendo en que votar en contra en lo general es definir sin medias tintas una posición política. En materia de seguridad pública definitivamente no avalamos lo que ha hecho este gobierno.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en pro del dictamen, el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:Con la venia del presidente. Quiero referirme hoy al tema de los controles de confianza. Quiero preguntarles a mis amigas y a mis amigos diputados —y lo hago con el mayor de los respetos— ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la descortesía, el desdén de los señores gobernadores y del jefe del Distrito Federal?

Sustento mis palabras. No han cumplido porque no han querido. Han tenido el presupuesto que hemos aprobado en esta Legislatura y en anteriores. Sus centros de evaluación estatal no cumplen, porque solo simulan las evaluaciones.

¿Por qué no van a cumplir tampoco con este año? Primero, los policías de nuevo ingreso. Segundo, el rezago que tienen. Tercero, la permanencia. Ilustro a la asamblea, la permanencia es los elementos que previamente fueron evaluados y aprobados hace dos años, entonces no les va a dar tiempo.

Y aquí voy a referirme a mi amigo, al señor diputado Tomás Torres, que fue mi compañero en la LVIII Legislatura de este lado, hoy en la LXII —más para acá— espero no encontrármelo más a mi derecha. Y Tomás Torres sabe de lo que estoy hablando, porque fue secretario general de Gobierno.

Las pruebas de confianza tienen cinco elementos: el toxicológico, el médico, el de entorno o el económico, el polígrafo. ¿Por qué vamos a evaluar de la misma manera a un policía federal preventivo que a un policía de crucero de un municipio que ni siquiera puede accesar al programa de Subsemun?

Además en los municipios —vean ustedes, aquí hay varios que han sido alcaldes— la rotación de personal que tienen no van a cumplir. Y todavía dicen los señores gobernadores que no han tenido el tiempo para realizar esta evaluación. No, señores gobernadores, lo que no han tenido es voluntad. Y que consté que no me refiero a una sigla en particular. Porque tenemos subejercicios, porque tenemos evaluaciones parciales, porque tenemos evaluaciones a modo. Espero que en esta nueva prórroga que se les otorgará.

Realmente invito a la Comisión de Seguridad que sí trabaje muy coordinadamente con los senadores de la República, con los gobiernos estatales y con el gobierno federal. Sería una vergüenza que dentro de un año nuevamente vinieran con su cara —los gobernadores— a pedir el favor de que se les otorgue una prórroga. Ellos sabían que esa prórroga se les iba a dar, porque ni modo de dejar sin policía al gobierno federal, estatal y municipal.

Ojalá, señoras y señores diputados, tomemos en cuenta nuestra función y no estemos solapando caprichos de los gobernadores. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para responder alusiones personales tiene el uso de la voz el diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado:Gracias, estimado presidente González Morfín. Las alusiones deben ser atendidas, colegas. Pero además, debo decirlo con mucho orgullo. Primero mi gratitud política y personal a quienes me han dado oportunidad del servicio público. No solo fui una, sino dos veces secretario general de gobierno, amigo Víctor Díaz. Y si usted consulta datos estadísticos y también la parte cualitativa del estado de Zacatecas, hasta la última oportunidad de haber sido secretario general de gobierno, sin Secretaría de Seguridad Pública estuvo el estado colocado entre las tres entidades con menos incidencia delictiva del país.

Se movió del primero al tercero, lo cual para mí es un orgullo y repito, también expresar gratitud política para quien me ha dado esa oportunidad.

Pero quiero darle una recomendación. Estaba muy en paz en mi curul, pero creo, estimados diputadas y diputados, que el asunto no está en el tercero transitorio, no está ahí. Es decir, dar 12 meses más para que el Sistema Nacional a través del consejo evalúe a los integrantes de cuerpos y corporaciones policiacas del país, no está ahí.

En principio tenemos que refrendar confianza política al sistema. No tenemos de otra. Y en todo caso no sería aplazar los lapsos de evaluación, sino dejarle al consejo facultad plena para decir cuánto tiempo necesita para continuar con el proceso.

No comparto en absoluto amenazar con bajas, con rescisiones o con despidos, porque —en efecto— se afecta no solo el derecho legítimo al trabajo de quien forme parte de la corporación, aunque se ha creado a partir de la reforma constitucional un régimen laboral específico que garantiza plenamente los derechos constitucionales.

Entonces, solo atiendo la alusión diciendo, amigo Víctor: La experiencia en el servicio público y mi experiencia política y mi práctica me tiene tranquilo. Puedo sugerir, incluso, sobre el tema.

Creo que traemos alguna preocupación que es superior. No solamente es la evaluación de cuerpos policiacos, creo que en el fondo es si va a ser posible —en los mejores términos— la transición a un sistema acusatorio que la Constitución mandata y que contempla plazos fatales.

Por lo demás, el Grupo Parlamentario del Partido Verde no regateará nada que tenga que ver con planteamientos, con iniciativas o con reformas, que tengan como propósito poner en el eje de lo social llevarle a la gente paz y tranquilidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Dígame, diputado Díaz Palacios. Tiene la palabra para alusiones personales.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:Con la venia, señor presidente. Precisamente por eso aludí a mi compañero legislador, de quien reconozco su talento y honradez y su trayectoria dentro de la administración pública que tiene que ver con la seguridad.

Y efectivamente, si nosotros no modificamos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública poco vamos a lograr, señoras y señores diputados. El que un gobernador o dos, diga: he despedido a 300, 400 u 800 elementos. No tiene ningún sentido. ¿Y por qué no tiene ese sentido? Nada más hay que preguntarle a ese gobernador, ¿en dónde están esos policías que han despedido? Y les puedo asegurar que no existe un padrón donde esté la dirección, la actividad a la que se están dedicando a partir del momento en que fueron despedidos.

No es así como se va a corregir. Lo que sí debemos hacer es puntualizar el tipo de evaluación que debe tener cada elemento, de acuerdo a la actividad que va a realizar. Ésa es la única manera.

Por supuesto que tenemos que votar a favor, porque si no el país, el estado y los municipios se quedan sin el 50 o 40 por ciento de los policías. Pero si no corregimos esto, si no vigilamos la aplicación correcta de los recursos, el año que entra estarán nuevamente los señores gobernadores pidiendo protección del Congreso de la Unión para que ambas Cámaras les vuelvan a entregar otra prórroga. Nos lo hicieron en diciembre, lo hacen en octubre y nos veremos el próximo octubre haciendo la misma cola de los señores gobernadores. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, para hablar en contra del dictamen.

Aprovecho la oportunidad para saludar y dar la bienvenida al alcalde de San Juan del Río, Fabián Pineda, que está aquí invitado por el diputado Ricardo Astudillo. Bienvenido a la sesión.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, voy a permitirme leer un breve párrafo del dictamen mediante el cual se aprobó, en su momento, la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional.

Decía uno de los argumentos que el programa de evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública es un programa prioritario. Esto se definió en 2009. Es un programa prioritario de los tres órdenes de gobierno, a fin de asegurar la idoneidad y valores de los elementos de los cuerpos policiales y prevenir la inclusión de personas no aptas.

Se ha reiterado aquí, en esta tribuna —lo vuelvo a señalar— que a cinco años de la entrada en vigor de esta ley solo se ha certificado al 64 por ciento de los integrantes de los cuerpos de seguridad.

Lo importante es —en este dato— que se argumenta que las causas por las cuales no se ha cumplido la meta del 100 por ciento es ajena a los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Si no son ellos los responsables, entonces, ¿a quién le podemos exigir cuentas por el retraso?

No obstante —señala el dictamen— que la causa que se alega es la insuficiencia de personal para realizar la prueba poligráfica. Es decir, son ajenos los funcionarios de los cuerpos de seguridad y la causa es la insuficiencia de personal.

Para señalar un dato sobre la responsabilidad del gobierno federal —y aquí cabría decir— para no sorprendernos del incumplimiento de los estados, que si la cabeza no funciona el cuerpo menos. No se ha nombrado al titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. ¿Cómo podemos estar en posibilidades de aceptar las razones del Ejecutivo para extender el plazo de certificación si a nueve, diez meses de iniciado este gobierno no se ha nombrado siquiera al titular del Centro de Certificación y Acreditación?

Consecuentemente, nos oponemos a esta propuesta en Movimiento Ciudadano, porque se estaría retrasando con el aval de esta Cámara el cumplimiento de las metas que se plantearon en materia de seguridad el 2009. Además, nada nos garantiza que sea la última vez —como aquí se ha expresado— que nos soliciten una prórroga para cumplir lo que desde hace tiempo se debió haber atendido. Creo que es tiempo ya de cumplir o de ejercer una de las atribuciones de esta Cámara, que es la de fiscalizar al Ejecutivo para exigirle responsabilidad por el incumplimiento de esta meta.

Ya el presidente Peña Nieto nos adelantó hace unos días, por ejemplo, que los resultados suficientes en materia de seguridad trascenderían este sexenio. Es decir, se lavó anticipadamente las manos.

Lo mismo ha pasado con la economía, cuyos desastrosos resultados son hoy responsabilidad del entorno internacional. Pero en materia de seguridad, la gendarmería, también se cancelaron o se recorrieron los tiempos, y con los resultados ofrecidos para aprobar las reformas estructurales ha sucedido lo mismo.

Además se ha señalado aquí que se deja la responsabilidad de cumplir con la certificación a los integrantes de los cuerpos de seguridad, aun —como señala este informe— cuando el gobierno no tenga suficientes calificadores para la prueba.

Por último, creo que es imprescindible la certificación de los integrantes de los cuerpos de seguridad. Pero es también imprescindible que el gobierno federal haga su parte, sin ello no será posible concluir exitosamente este proceso, si el gobierno no hace su parte y sobre todo si no la hace a tiempo. Muchas gracias por su atención y su flexibilidad, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado.

Agotada la lista de oradores y al no haber artículos reservados, voy a pedirle a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe Mondragón González (desde la curul): A favor.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 389 votos a favor, 10 abstenciones y 22 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por 389 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio y adiciona el artículo décimo tercero y décimo cuarto transitorios del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

SELECCION INFANTIL TRIQUI DE BASQUETBOL, DE OAXACA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la selección infantil de basquetbol triqui, del estado Oaxaca, que obtuvo el primer lugar en un evento internacional de mini básquetbol, organizado por la Federación Internacional de las Américas.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Deporte, para que los niños que integran la selección triqui de basquetbol, del estado de Oaxaca, y su equipo técnico, sean acreedores al Premio Nacional del Deporte.

Segundo. La Cámara de Diputados rendirá un homenaje y entregará un reconocimiento público a cada uno de los niños triquis del estado de Oaxaca y a su equipo técnico, que obtuvieron el primer lugar en basquetbol en el Campeonato Mundial de Minibasquetbol, organizado por la Federación Internacional de las Américas, celebrado en Argentina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del  Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Son los resolutivos.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Felipe Muñoz.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para informarles que el Grupo Parlamentario del PRI, no solo nos unimos a esta propuesta, sino también manifestamos por mi conducto, nuestra decisión para proponer que de los recursos del Programa de Infraestructura Deportiva Municipal que se asignen al PRI, sean utilizados para la construcción de un gimnasio en la zona donde habitan estos excelentes y magníficos deportistas. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente, gracias. Congratularnos con la Junta de Coordinación Política por haber hecho suyo este punto de acuerdo que estamos impulsando desde el PRD, desde la Comisión de los Derechos de la Niñez.

El reconocimiento a las niñas y a los niños triquis sin duda que los impulsa a seguir luchando por la garantía de sus derechos y a seguir rompiendo barreras por alcanzar sus sueños. Se han convertido en un ejemplo, no solamente para las niñas y los niños de México, sino también para todas las mexicanas y mexicanos. Sin lugar a dudas ésta es una selección que sí nos da mucha satisfacción. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Eufrosina Cruz.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (desde la curul): Presidente, a nombre propio y de mi fracción, también exhorto a cada uno de los compañeros, en los próximos días se va a debatir el tema de Presupuesto y esperamos también de esa forma, como lo están felicitando hoy, que en el Presupuesto en materia indígena también se refleje el Presupuesto en educación, en salud y, por supuesto, en deporte.

No basta con solamente aplausos, sino con realidades y hechos. Espero de verdad ver resultados en el Anexo 9 de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Gerardo Villanueva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Desde luego que estamos de acuerdo con cualquier iniciativa, provenga de donde provenga, que apoye a la niñez y a los deportistas. Por supuesto que apoyamos la posibilidad de brindar ese espacio deportivo a esta comunidad indígena triqui.

También quiero dejar esta reflexión, diputado presidente. Nos vamos a quedar en la demagogia si no abordamos la reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte. Lo que tratamos con la supuesta nueva ley fueron superficialidades y se abordaron únicamente temas que tienen que ver con el deporte competitivo.

Aquí hago un llamado a mis compañeras y compañeros de la Comisión del Deporte, pero de todos los diputados en general de que se aborde el tema del derecho social al deporte. No puede ser flor de un día ni protagonismo político de nadie. De nadie.

Tenemos que apoyar y respaldar el espíritu de la reforma constitucional, cosa que se negó a hacer la Comisión del Deporte en una gran oportunidad que dejó ir la comisión y que, por lo menos en Movimiento Ciudadano vamos a dar la pelea para que se plasme en la ley el espíritu de la reforma constitucional y que no es otra cosa más que el derecho humano al deporte como derecho social. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Roberto López Rosado.

El diputado Roberto López Rosado(desde la curul): Presidente, primeramente expresar nuestro reconocimiento por esta decisión y decirles que tomamos la palabra también al diputado que expresa el compromiso de impulsar la construcción de una unidad deportiva en esta región. Pero creo que los presentes, diputados y diputadas, debemos ir más allá de un reconocimiento expresado en diplomas o solamente en documentos.

Tenemos que retomar la necesidad de impulsar el deporte de manera institucional y particularmente en las zonas indígenas, donde grandes talentos deportivos, académicos, se pierden por la falta de presupuesto, por la falta de un apoyo y un respaldo de la federación.

En este caso, creo que Oaxaca amerita ser respaldado con mayor presupuesto y con un respaldo solidario de toda esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado David Pérez Tejada.

El diputado David Pérez Tejada Padilla(desde la curul): Presidente, muchas gracias. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde no nos queremos quedar atrás y unirnos a estas muestras de afecto y felicitación a este gran equipo de niños, que nos representó no únicamente en Estados Unidos de América, sino también en el torneo internacional.

Estos niños oaxaqueños, estos niños de la comunidad triqui, que son un gran ejemplo nacional que debe de tomar cualquier joven, cualquier niño que tenga esa inquietud por el deporte y nosotros que estamos muy bien representados en esa comisión que encabeza nuestro amigo Felipe Muñoz, también este gran reconocimiento a este equipo y muchos otros que tienen que llamar la atención desde aquí, desde el órgano legislativo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Gloria Bautista.

La diputada Gloria Bautista Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. Qué bueno que Oaxaca nuevamente sea motivo de orgullo, que sea motivo de unidad. Es muy bueno todo lo que se ha propuesto aquí, todo. Pero sepan que esa región es de las más pobres del país y no solamente hace falta una cancha, hacen falta escuelas, hace falta que se arreglen las carreteras para que esas gentes puedan salir de sus lugares de origen. Pero también hay que garantizar la educación a estos jóvenes que hoy son orgullo de México. Les pido que sea incluido también las becas escolares para que se les garanticen sus estudios. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Teresa Mojica.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga(desde la curul): Gracias, presidente. Unirme también a la posibilidad de darles el Premio Nacional del Deporte a estos niños triquis, que desde la gran pobreza y marginación en la que están en Oaxaca han podido llevar en alto el nombre de México.

Y como ya lo decían aquí, tanto la diputada Eufrosina como la diputada Gloria, que no sean nada más felicitaciones y aplausos, hagámoslo realidad con recursos para esos municipios tan pobres y marginados. Lo podemos hacer desde la reasignación del Presupuesto 2013, que en el tema de deportes todavía en su gran mayoría no ha podido ser bajado a los municipios. Enhorabuena con los triunfos de los niños triquis. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Aída Fabiola Valencia.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Desde aquí Movimiento Ciudadano por supuesto está orgulloso de estos niños triquis y quiero comentar que Oaxaca no solo es pobreza, no solo es marginación, Oaxaca es talento, Oaxaca es tierra de artistas.

Hoy estamos demostrando que Oaxaca también es tierra de deportistas y estos niños triquis, déjenme decirles que en lo personal me siento bastante emocionada, muy orgullosa de ellos, porque son el claro ejemplo de que cuando se tiene voluntad, no importa la raza, no importa la condición social, solamente importa que ellos tienen ganas y tienen capacidad de hacerlo.

Me sumo por supuesto al llamado que hace la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas para que este pleno ayude a que el Presupuesto que se vaya a asignar a los pueblos indígenas sea también un buen presupuesto para abatir el rezago en los caminos, la educación. Y ojalá haya esas becas que sirvan para estimular a estos jóvenes en su educación. Ojalá y las comisiones que estén implicadas en este tema ayuden a los niños que hoy son nuestro orgullo. Felicitaciones a estos niños desde este Congreso. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Socorro Ceseñas.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Enhorabuena por este reconocimiento, enhorabuena por estar pensando y reconocer el esfuerzo realizado por esos niños triquis.

Recordarles que no solo tiene que ser en el momento de ganar o de obtener algún triunfo. Este apoyo debe ser de carácter permanente y debe ser integral.

Coincido con los planteamientos hechos por las y los diputados que me antecedieron en la palabra, pero me gustaría que recordaran que en días recientes también hubo un equipo de niñas de San Pedro Cholula de Tehuacán, Puebla. El 17 de octubre hubo un campeonato de carácter mundial en Argentina y también fueron acreedoras de un triunfo en mini básquet.

No podemos estar viendo nada más en particular; debemos generalizar y potenciar. México tiene niñas, niños, jóvenes muy valiosos que carecen de todo el apoyo para poder sobresalir en las diferentes áreas del deporte.

Recordar que el 17 de octubre hubo un triunfo también de equipos de niñas de Puebla, de San Pedro Cholula y haría la solicitud de que fueran incorporadas. No olvidar que cuando se esté discutiendo el tema correspondiente para fortalecer esta área tan importante del deporte, nos aboquemos en todos y todas las comunidades de nuestro país y de manera integral lo que tenga que ver con su alimentación, con su educación.

Estos triunfos tienen que ver con la acción de las niñas y los niños. Pero también con sus maestros, sus maestras, sus padres de familia, y sobre todo sus entrenadores, hombres y mujeres. No dejar fuera a estas niñas de Puebla.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Nadie puede estar en desacuerdo con esta propuesta, estaremos de acuerdo. Pero en lo que no podemos estar de acuerdo es en la demagogia del Partido Revolucionario Institucional.

Ya muchos compañeros los expresaron. Venir a decir que con una simple cancha en la región van a solucionar todo. Y lo cantan con orgullo. Y el PRI va a proponer, como si estuvieran en campaña. Eso es demagogia y eso hay que denunciarlo.

Aquí el PRI ha hecho ni lo que los norteamericanos ni los rusos pudieron: enfriar al Tibio y eso me da mucha pena. Ojalá escuchara algún día a este señor pidiendo que se responsabilice y se castigue a Ulises Ruiz por todos los asesinatos y represión a lo que vio sometido el pueblo de Oaxaca. Es cuanto. Contra la demagogia del PRI.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Gerardo Liceaga.

El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga(desde la curul): Si me permite, señor presidente, muchas gracias. Me da mucho gusto que varios diputados se sumen a esta situación sin ver colores. Creo que los niños triquis no traen una playera ni del PRI ni del PAN ni del PRD ni del Verde ni Nueva Alianza, traen una playera que se llama México.

Para todos aquellos que desconocen el deporte o para todos aquellos que desconocen el esfuerzo de quien realmente pone el corazón para representar a nuestro país, muy lejos de lo que pasa con la selección nacional de fútbol.

Es muy importante, verdaderamente, que en esta tribuna, que en este momento en el Congreso todas las fuerzas, todas las voces se sumen. Aquí no es un esfuerzo de nadie en personal, y mire que soy de un grupo parlamentario, pero aquí no es un esfuerzo personal de nadie es un esfuerzo de todos.

Ojalá estos temas de revanchismos se acaben, porque esos niños no fueron con ninguna playera de ningún partido político, fueron a representarnos y lo hicieron con categoría: seis partidos, el primero lo ganaron  86-3 y quien crea que conocemos a los niños triquis por el triunfo de Sudamérica están muy equivocados. Se les han hecho reportajes y estamos muy pendientes de la niñez.

El deporte es eso, es comunión. El deporte es hermanar. El deporte es que todas las voces se unan. Y lo que me dio muchísimo gusto el día que pedimos un minuto de aplausos —y no importa que haya sido yo, eh— soy el que estoy verdaderamente emocionado por el deporte, el deporte es una política transversal para sacar a nuestros niños de la miseria, luchar contra las adversidades, las adicciones.

Me dio mucho gusto que los diputados de Oaxaca, todos los diputados de Oaxaca aquí, ése día se unieron para decir: vamos a hacer un proyecto para estos niños, y que no únicamente sea la cancha de básquet, sino arreglar su escuela. Porque les quiero recordar una cosa, aquí también se propuso crear un fideicomiso para que estos niños pudieran terminar su carrera.

Los niños triquis —por si no lo saben— para jugar en esta selección tienen que tener un promedio de 8.5 de calificación. No son únicamente niños que votan el balón ni que entregan el corazón en los juegos, son niños que tienen aspiraciones a ser verdaderos profesionales.

Así es que, María de las Nieves y toda la gente de Oaxaca, los diputados del PRD, que los vi que se unieron ese día y dijeron: vamos a proponer todos nosotros un proyecto para meterlo a la comisión.

Fueron ustedes, la comisión lo hizo propio y los vamos a ayudar. Y, diputados, vamos a pedir el fideicomiso de educación para que estos niños terminen una carrera. No es demagogia, vamos a echarlos para adelante. Esto es México, señores, no es ningún partido político.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Carlos de Jesús Alejandro.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Desde luego, aquel día que el diputado Liceaga propuso diéramos un minuto de aplausos fui de los primeros que dije que no bastaba el minuto de aplausos y qué bueno que hoy empezamos a ver algunos resultados para apoyar verdaderamente a los niños triquis en este caso.

Pero creo que no debemos de particularizar. Necesitamos ver, en verdad, la cuestión del deporte, sobre todo para regiones indígenas como una política pública, así como están definidas políticas públicas para ciertos sectores de la sociedad, en ese sentido debe de existir una política pública, programas y acciones y presupuestos que se reflejen efectivamente para el desarrollo para estos niños, jóvenes de alto rendimiento que existen en todas las regiones indígenas de nuestro estado.

En mi estado, en Guerrero, año con año se hace un maratón que ahora ha cobrado la relevancia de maratón internacional en el aniversario de Vicente Guerrero y los hermanos tarahumaras han sido los que año con año han obtenido los triunfos de este maratón. Y ahí están, invisibles. Necesitamos por eso una política pública de gran calado, programas y acciones concretas y verlo como lo propone el diputado Liceaga, como una política transversal.

Entonces llamaría a la Comisión de Asuntos Indígenas, llamaría a la Comisión del Deporte para que en verdad veamos reflejado esto en el Presupuesto transversal que ahora vamos a discutir, el Anexo 9, relativo al desarrollo de las comunidades y regiones indígenas. Ahí creo que está la oportunidad de que hagamos justicia como soberanía y no verlo hoy solamente como un asunto estrictamente coyuntural y político.

La iniciativa privada, sobre todo las televisoras que tienen tantos recursos y tantos medios, que nos ayuden a ser equitativos en la publicidad, en la promoción de este deporte, porque me parece que solamente coyunturalmente se hace. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Finalmente, sonido en la curul del diputado Francisco Zepeda.

El diputado Francisco Alberto Zepeda González(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Además de la felicitación, que creo que todos estamos de acuerdo con este gran resultado de este equipo formidable, no hay que desdeñar las propuestas que se han generado aquí, en especial la de nuestro amigo Felipe el Tibio Muñoz, la de Gerardo Liceaga y otros compañeros más. Es un tema positivo y que lo debemos de ver así.

El deporte no puede seguir siendo un tema solo de complemento, en algunos gobiernos tema de relleno como política pública, sino tenemos que ir más allá y si hoy tenemos esta plataforma, a partir del resultado de este enorme equipo que nos ha dado una gran alegría a los mexicanos, creo que es el momento de actuar y para poderlo reflejar más allá de una política pública tenemos que ver la posibilidad de que el deporte pueda incidir directamente en el Ramo 33 de la aplicación de los recursos del gobierno federal, no solamente a la infraestructura básica, sino ver el deporte como complemento del desarrollo integral de una familia, lo que representa en salud.

Si logramos que en las reglas de operación se establezca que la infraestructura deportiva es también una obra que entra en este rubro, podemos dar resultados en todo el país al tema al que hoy nos estamos refiriendo con el resultado de los triquis.

Es una propuesta que hago al pleno para que la analicemos, para que la infraestructura deportiva sea también contemplada como obra básica en el Ramo 33 del Presupuesto federal. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados por unanimidad los puntos de acuerdo.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

EXHORTO A LOS CONGRESOS DE DURANGO, JALISCO, ESTADO DE MEXICO Y SAN LUIS POTOSI A REVISAR CON PERSPECTIVA DE GENERO SUS LEGISLACIONES EN MATERIA PENAL Y, EN SU CASO DEROGAR LOS DELITOS DE ADULTERIO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí a revisar con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y, en su caso, derogar los delitos de adulterio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión de la Comisión Permanente celebrada el 28 de agosto de 2013, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados de Coahuila, Durango, Jalisco, México y San Luis Potosí, a que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y, en su caso, deroguen los delitos de adulterio.

Contenido de la proposición

La proposición consiste en el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal.

Las consideraciones en que basa su propuesta la diputada Adriana Hernández Íñiguez inician al hacer alusión a los diversos instrumentos jurídicos suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención de Belém do Pará, que mandatan la armonización legislativa para asegurar los derechos de las mujeres, como es el derecho a una vida libre de toda forma de violencia.

La promovente refiere que es necesario derogar el delito de adulterio porque sostiene que “es un delito cultural que busca menoscabar la libertad sexual”; además señala que la legislación penal de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí, son las únicas entidades donde subsiste la penalización del adulterio.

Por otro lado, la legisladora señala que técnicamente es imposible que en la práctica se configure el delito, pues éste sólo puede configurarse en el lecho conyugal o con escándalo. Abunda en mencionar que lo que realmente se busca proteger, desde una perspectiva machista, y se sanciona es el buen nombre, el prestigio y el honor del cónyuge inocente.

Por lo anterior, propone derogar los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios en razón de honor.

Con base en las consideraciones expuestas propuso el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de Coa- huila de Zaragoza, Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. constitucional prohíbe toda discriminación motivada por el género, o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Adicionalmente en el artículo 4° reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

En el ámbito internacional, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece en su artículo 2o. que los Estados parte deben derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra las mujeres. El Comité de vigilancia para la aplicación de la CEDAW (Cocedaw) recomendó en el año 2012 al Estado mexicano tomar todas las medidas necesarias para eliminar las inconsistencias de los marcos legales federal, estatal y municipal, así como definir y sancionar delitos como las lesiones y el homicidio en razón de honor, así como el adulterio.

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece en su artículo 7o. que los Estados parte deberán de tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, recomendó en su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, promover que se elimine de los códigos penales todo elemento que opere en detrimento de la protección de los derechos de las mujeres y de bienes jurídicos de gran valor social como la vida, la integridad física, emocional y sexual, y la libertad corporal, emocional, sexual y de tránsito. Particularmente se señala que se deben de derogar las agravantes, atenuantes o eximentes que responden a consideraciones morales y protegen el honor, así como las disposiciones que perdonan o que sancionan con penas muy bajas ciertas conductas que se consideran “irrefrenables” por ser propias de la naturaleza humana.

Segunda. Según el estudio Delitos contra las mujeres. Análisis de la clasificación mexicana de delitos, “en algunas entidades federativas todavía se encuentran en los Códigos Penales respectivos los llamados homicidios por infidelidad conyugal, que son señalados en el derecho internacional como homicidios en razón de honor”, en el caso de las lesiones, se argumenta el “estado de emoción violenta” para “considerar las circunstancias que llevan a una persona a cometer un delito, por lo que la sanción al mismo deberá atender a tales circunstancias” (Olamendi, 2007, páginas 24 y 27).

Tercera. La atenuante de emoción violenta cae en una generalidad que puede dejar en estado de indefensión a las víctimas y dar lugar a la impunidad del homicida. Aunque esta atenuante no menciona el sexo de las personas, su construcción de género evidencia discriminación contra las mujeres. Lo anterior deriva que en estos delitos, el bien jurídicamente tutelado, es el honor.

Laura Salinas refiere que el argumento de “honor” para los cónyuges y los padres que sorprenden a sus parejas o a sus hijas menores de edad teniendo una relación sexual, además de atenuar la pena, legitima la violencia, y ataca la libertad sexual (Salinas, 2002).

Cuarta. En todo el país, excepto en los estados de Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí, se ha derogado el delito de adulterio. Los mencionados estados aún mantienen tipificado este delito de la siguiente manera:

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango

Artículo 296. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, privación de derechos civiles hasta por seis años, a la persona casada que en el domicilio conyugal o con escándalo, tenga cópula con otra que no sea su cónyuge y a la que con ella lo tenga, sabiendo que es casada.

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco

Artículo 182. Se impondrán de quince días a dos años de prisión al hombre o mujer que tengan entre sí relaciones sexuales, bien sea en el domicilio conyugal o causando escándalo, sabiendo que uno de ellos o los dos están casados con otra u otras personas. Este delito se sancionará por querella del ofendido, pero el perdón del último beneficiará a ambos responsables, siempre que se otorgue hasta antes de dictar sentencia.

Código Penal del estado de México

Artículo 222. A la persona casada que en el domicilio conyugal o con escándalo, tenga cópula con otra que no sea su cónyuge y a la que con ella lo tenga, sabiendo que es casada, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y suspensión de derechos civiles hasta por seis años.

Artículo 223. No se podrá proceder contra los adúlteros sino a petición del cónyuge ofendido, pero cuando éste formule su querella contra uno sólo de los inculpados, se procederá contra los dos.

Código Penal del estado de San Luis Potosí.

Articulo 174. Comete el delito de adulterio la persona casada que tiene relación sexual con otra que no es su cónyuge y quien la tiene con aquélla sabiendo que lo es, si se realiza en el domicilio conyugal o con escándalo.

Este delito se sancionará con una pena de tres meses a dos años de prisión, privación de derechos civiles hasta por cinco años y sanción pecuniaria de cinco a cuarenta días de salario mínimo.

Artículo 175. No se procederá contra los adúlteros sino por querella necesaria del cónyuge, pero, cuando éste la formule contra uno solo de los culpables, se procederá contra los dos y contra los que aparezcan como codelincuentes.

Artículo 176. Cuando el ofendido perdone a su cónyuge, cesará todo procedimiento. Esta disposición favorecerá a todos los presuntos responsables.

Quinta. Se excluye del presente punto de acuerdo, el exhortar respetuosamente la derogación del delito de adulterio del Código Penal del estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que éste fue derogado el 2 de julio de 2010.

Esta comisión considera que el exhorto materia del presente dictamen, coadyuva al trabajo de armonización legislativa, que abona en asegurar los derechos humanos de las mujeres y además da cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano, al suscribir los tratados en la materia.

Por lo anterior, se considera de suma importancia promover la derogación del delito de adulterio en las entidades federativas que aún lo tienen estipulado y revisar con perspectiva de género en su legislación penal aquellos delitos que contemplan atenuantes por estado de emoción violenta o en razón de honor en los delitos de homicidio y lesiones.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de Durango, Jalisco, México y San Luis Potosí, con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal.

Notas:

1 Olamendi, Patricia (2007). Delitos contra las mujeres. Análisis de la clasificación mexicana de delitos.Unifem, Inegi: México.

2 Salinas, L. (2002). Derecho, Género e Infancia. Mujeres, niños, y niñas en los Códigos Penales de América Latina y el Caribe Hispano.Unifem/UAM/Universidad Nacional de Colombia: México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González, Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

CELEBRACION DE CEREMONIAS CIVICAS PARA CONMEMORAR LOS 60 AÑOS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO EN MEXICO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativos a la celebración de ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado el 12 de septiembre del año en curso, para su estudio y dictamen, el expediente número 2508 que contiene la proposición con punto de acuerdo sobre la conmemoración de los 60 años del sufragio femenino, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y suscrita por las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, presentada el 12 de septiembre de 2013.

Señalan las diputadas proponentes que el 17 de octubre de 2013 se conmemoran 60 años de las reformas constitucionales que dieron pauta al sufragio femenino y, con ello, a la participación ciudadana de las mujeres, reivindicación que, argumentan, fue el resultado de una fuerte movilización y lucha del movimiento feminista y las organizaciones y grupos de mujeres conformados para la defensa de sus derechos.

Refieren que a partir del ejercicio de sus derechos políticos, las mujeres han logrado impulsar reformas legislativas que permiten reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como avanzar en la construcción de condiciones que permitan una participación política en condiciones de igualdad respecto a los hombres.

En su proposición enumeran una serie de acciones impulsadas a partir de la incursión de las mujeres en la política, destacan la creación de las Comisiones de Equidad y Género en el Congreso de la Unión (1998) y el Instituto Nacional de las Mujeres (2001), así como los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las distintas Entidades Federativas. Además sobresalen iniciativas como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2006 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, así como acciones afirmativas en materia electoral.

Sin embargo, señalan que a pesar de estos avances, las mujeres se siguen enfrentando a situaciones de discriminación y violencia al tratar de ejercer su legítimo derecho a la participación política. Con frecuencia, argumentan, la posición de las mujeres sigue siendo duramente cuestionada por líderes y caciques que consideran que el sexo masculino es más merecedor de los cargos de elección popular.

La conquista de hace 60 años ha permitido avanzar, pero hace falta mucho trabajo para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y con ello garantizar una participación política plena de las mujeres. Las proponentes consideran que en esta coyuntura es fundamental visibilizar la importancia de estos hechos históricos, por lo que proponen realizar un exhorto a las personas titulares de los tribunales superiores de justicia de las 31 entidades federativas y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que realicen ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del derecho al voto de las mujeres en México, así como al secretario de Educación Pública, para que, a su vez, instruya la realización de ceremonias cívicas por esta conmemoración, en todos los planteles educativos del país.

Consideraciones

Esta dictaminadora estima que a 60 años de la reivindicación del sufragio femenino es un acto de justicia, homenajear a quienes en aquellos momentos alzaron la voz y abrieron camino para que las mujeres mexicanas ejercieran sus derechos políticos. Rememorar eventos de esta naturaleza debe ser parte del bagaje histórico y cultural que el Estado debe preservar como un legado para las generaciones de hoy y del mañana.

Visibilizar estos avances es un acto de congruencia con la política para avanzar hacia la igualdad sustantiva que deben impulsar las instancias de los gobiernos federal, estatales y municipales. Esta dictaminadora coincide con las proponentes en que es evidente que lo que no se nombra no se ve y que, por ello, la lucha de las mujeres sufragistas debe ser nombrada y recordada para que niñas y niños, jóvenes, adultos no olviden que ese hecho histórico marcó un cambio de paradigma y trazó un rumbo distinto en la vida de las mujeres mexicanas.

Esta dictaminadora considera que es fundamental visibilizar la participación de las mujeres en la conquista por el reconocimiento de sus derechos, al mismo tiempo que se reconoce y fomenta su participación en condiciones de igualdad y, en específico, a participar plenamente en la vida pública de nuestro país. Debemos preservar la memoria histórica desde una visión de género, recordar y dignificar la lucha de las sufragistas, estima esta Comisión, es un acto de justicia cívica.

Por lo expuesto y por la importancia para la construcción de una democracia igualitaria en México, la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de la honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las personas titulares de los tribunales superiores de justicia de las 31 entidades federativas y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a realizar ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del derecho al voto de las mujeres en México.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a instruir la realización de ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del derecho al voto de las mujeres en México, en todos los planteles educativos del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica a favor y en contra), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR LOS 60 AÑOS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO EN MEXICO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativos a la realización de actividades para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado el 18 de septiembre del año en curso, para su estudio y dictamen, el expediente número 2522 que contiene la proposición con punto de sobre la conmemoración de los 60 años del sufragio femenino, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y suscrita por las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, presentada el 18 de septiembre de 2013.

Las proponentes manifiestan que desde hace 60 años las mujeres pudieron ejercer por primera vez sus derechos civiles y políticos que implican la posibilidad de votar y ser electas. Y que esta reivindicación fue producto de la lucha y participación de las mujeres en los foros feministas demandando sus derechos ciudadanos.

Señala la propuesta que desde los espacios públicos las mujeres han logrado impulsar reformas legislativas que permiten reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como avanzar en la construcción de condiciones que permitan una participación política en condiciones de igualdad respecto a los hombres.

Destacan las proponentes, que gracias a la labor de las mujeres en la política se crearon las Comisiones de Equidad y Género en el Congreso de la Unión (1998), y el Instituto Nacional de las Mujeres (2001), así como los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las distintas entidades federativas, incluso en algunas, con el carácter de secretarías. Además de esto también sobresalen en 2006 la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las reformas que se han hecho en materia electoral para establecer las cuotas de género, que aunque muy lentamente han sido replicadas en los estados de la república, es necesario señalar que algunas han establecido desde la legislación cuotas hacia la paridad de género.

Sin embargo, puntualizan que a pesar de estos avances, las mujeres se siguen enfrentando a situaciones de discriminación y violencia, se les sigue marginando de la participación política y sobre todos de los espacios de poder.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con las proponentes en su apreciación sobre la discriminación que aún padecen las mujeres, particularmente en el contexto político.

Como bien señalan, en nuestro país las mujeres enfrentan dificultades latentes para acceder a los espacios de poder, muestra de ello es el panorama político actual en el que no hay alguna mujer Gobernadora o Jefa de Gobierno del Distrito Federal; en las legislaturas locales, apenas una de cada cuatro diputadas locales es mujer. Hay estados como Aguascalientes, Querétaro, Coahuila y Puebla en los que la representación femenina es menor al 15 por ciento. Y sabemos que en los municipios la situación empeora: siete de cada 100 alcaldes son mujeres, es decir, sólo 7 por ciento.

Por ello, esta comisión coincide con el ánimo del Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al haber recomendado al Estado mexicano: eliminar obstáculos discriminatorios, corregir legislación y poner sanciones a quienes incumplan las cuotas de género, sugiriendo campañas de concientización para ampliar la participación política de las mujeres. En este sentido, es el llamado a los Gobiernos Estatales para promover la celebración cívica de la conmemoración del voto de las mujeres en el país, es un acierto.

La conquista de hace 60 años ha permitido avanzar, pero hace falta mucho trabajo para materializar el sueño de lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y con ello garantizar una participación política plena de las mujeres. Un aspecto relevante de esta reivindicación de derechos es, precisamente, colocar la lucha y el avance de las mujeres como parte de la memoria histórica y de las luchas democráticas de este país.

Coincidimos con las proponentes en la importancia de que a 60 años de este logro, es necesario y justo no olvidar a quienes alzaron la voz y abrieron camino para que las mujeres mexicanas sigamos avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos y, en específico, a participar plenamente en la vida pública de nuestro país. Evocarlas es, pues, un deber cívico así como recordarlas y honrar su memoria.

Por lo expuesto, dada su importancia para la construcción de la democracia en México y en virtud de que en octubre de 2013 se conmemora el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en el país, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal, a los Congresos de las 31 entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las autoridades municipales y de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar actividades para conmemorar el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica a favor y en contra), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica a favor y en contra), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica a favor y en contra), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

FIRMA DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de junio de 2008, presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, fracción I, 182, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del pleno del día 2 de octubre de 2013, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acordó que se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

Propone que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice un respetuoso exhorto titular del Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Protocolo) aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de junio de 2008.

Metodología

La comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictaminación. También se consideró el punto de acuerdo previamente aprobado sobre este tema en el Senado de la República el pasado 22 de noviembre de 2012.

Consideraciones

La Comisión de Relaciones Exteriores respecto al Protocolo referido desea destacar lo siguiente:

Es una resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas (en adelante ONU), el 10 de diciembre de 2008, que establece un mecanismo para que se planteen en el Comité de Derechos Económicos, Sociales Culturales (Comité DESC) quejas por parte de personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación en esos derechos por parte de un Estado miembro del propio Protocolo. Es decir, reconoce la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar denuncias de particulares.

El Comité DESC, es el órgano que supervisa el cumplimiento del Pacto, conformado por 18 expertos independientes, con sede en Ginebra.

Este mecanismo de defensa se seguirá únicamente como última instancia cuando se hayan agotado todos los recursos internos en el Estado parte.

Es un proceso de amigable solución entre las partes mediante la intervención del Comité DESC mediante “buenos oficios”, además, se incorporan mecanismos para solucionar conflictos no sólo entre un Estado y un individuo, sino también entre Estados por violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y prevé un procedimiento de investigación autónomo ante violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de cualesquiera de los derechos económicos, sociales y culturales previstos en el pacto.

El proceso de firmas de este Protocolo se abrió en septiembre de 2009 y entraría en vigor una vez que lo hayan ratificado 10 Estados miembros.

Actualmente, de acuerdo con información publicada en la página web de la Organización de Naciones Unidas (*) lo han ratificado 11 Estados: Ecuador (enero 11, 2010) Mongolia ( julio 1, 2010) España ( septiembre 23, 2010) El Salvador ( septiembre 20, 2011) Argentina ( octubre 24,2011) Bolivia (enero 13, 2012) Bosnia y Herzegovina (enero 18, 2012) Eslovaquia (marzo 7, 2012) Portugal (enero 28, 2013) Uruguay (febrero 5, 2013) y Montenegro (septiembre 24, 2013). (+) http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang =en

En virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 18 del propio instrumento internacional, el Protocolo entró en vigor tres meses después de la ratificación de Uruguay:

Artículo 18 entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido depositado en poder del secretario general de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después del depósito del décimo instrumento de ratificación o adhesión, el Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.

Por otra parte, desde el anterior periodo ordinario de sesiones la comisión tomó conocimiento del punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República en la sesión del pleno del pasado 22 de noviembre de 2012, consistente en exhortar al Ejecutivo federal a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a que, una vez firmado, lo enviara al Senado de la República para los efectos del artículo 76, fracción I, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además se revisó una proposición en idéntico sentido de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, que en su oportunidad no fue resuelto en virtud de haberse aprobado recientemente el del Senado de la República, con el mismo propósito y la promovente lo retiró.

En este sentido, en ese momento se consultó a personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el particular, informando que a partir del exhorto emitido por el Senado de la República se realizaban consultas a otras dependencias y entidades de la administración pública federal para determinar, en su oportunidad, la procedencia de la firma correspondiente.

No obstante lo anterior, toda vez que a la fecha no se ha informado ningún avance o resolución sobre el particular, ni signado el referido Protocolo Facultativo, a casi un año de la emisión del exhorto del Senado de la República, esta comisión consultó a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara, quien manifestó su acuerdo con esta proposición, por lo que se considera aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen, a efecto de que se realice nuevamente esta solicitud al Ejecutivo federal y así conocer en qué etapa se encuentran las referidas consultas a las dependencias y entidades de la administración pública federal y/o en su caso, conocer el resultado de las mismas.

Conclusiones

Los integrantes de Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Resolutivo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice las acciones conducentes para ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de junio de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de dos mil trece.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), secretarios; Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldan (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, Luis Olvera Correa, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que ninguno de ellos ha sido reservado para su discusión en lo particular, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los acuerdos. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo.

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. a 3o. y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 29 de abril 2013, la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 1o. a 3o. y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por la diputada Irma Elizondo muestra especial interés en el fomento de la lectura del libro a las personas indígenas y con discapacidad, como una acción de ampliar la cultura de las personas. “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales” (artículo 4o. constitucional).

Por ello, todas las personas tienen la garantía de gozar de los derechos conferidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyo “ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

La promovente refiere que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de fomentar, salvaguardar y respetar los derechos humanos de acuerdo con los “principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

En opinión de Roberto Stavenhagen, experto defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, es recomendable impulsar la lectura, escritura y otras competencias básicas, contando con profesores bilingües y materiales didácticos adecuados para tal fin.

La cultura no debe constreñirse a sólo un aspecto limitativo, sino que debe apreciarse en todas las expresiones posibles, incluyendo el gran universo cultural e histórico que poseemos en nuestro país, además de sus vastas tradiciones que se presentan en todo lo largo y ancho de la República Mexicana.

En conclusión, el objetivo de esta iniciativa es asegurar y defender el derecho a la cultura y a la igualdad de oportunidades de los indígenas y las personas con discapacidad en el fomento de la lectura del libro.

Con base en los anteriores argumentos, la diputada propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único. Se reforman el párrafo primero del artículo 1, el párrafo octavo del artículo 2, el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero al artículo 3, y un párrafo segundo a la fracción I del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional para fomentar el acceso a la educación y a la cultura, en términos de lo señalado en el párrafo duodécimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Artículo 2....

...

...

...

...

...

...

Libro: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter cultural,literario, artístico, histórico, tradicional, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conformen, conjuntamente con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 3. El fomento de la lectura y el libro se establece en esta ley en el marco de los derechos humanos y sus garantías constitucionalespara el ejercicio de los derechos culturales,libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro a toda la población.

...

Particularmente las autoridades educativas locales, fomentarán el acceso a la lectura de las personas indígenas y de las personas con discapacidad visual.

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública

I. ...

Aplicar las medidas que permitan asegurar el acceso al libro y a la lectura a las personas indígenas y a las personas con discapacidad visual.

II. a VIII. ...

III. Consideraciones generales

La comisión dictaminadora determina que la lectura es un tema fundamental que las autoridades del orden público deberán atender. Hay leyes, políticas públicas, programas y acciones que ayudan a la formación de lectores a partir de la promoción de la lectura del libro.

En el compromiso de una educación para todos promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se definen seis objetivos por alcanzar para una educación de calidad y con igualdad de oportunidades. Uno de los objetivos pretende “mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizajes reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas”.

La lectura representa una de las contribuciones disciplinarias de la Educación para el desarrollo sostenible. La lectura es un

complejo conjunto de procesos mentales que incluyen información de dos clases: lingüística (sobre el significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma del texto, las letras, etcétera) y extraligüísticas (sobre la situación comunicativa, el objeto a que el texto se refiere, el modo de tratar la información, etcétera).

En la Ley General de Educación, artículo 7, fracción XIV Bis, se establece como fin de la educación la promoción y el fomento de la lectura y el libro, además de ser una atribución concurrente entre las autoridades educativas federal y locales (artículo 14, fracción X).

En la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se crea con el fin de salvaguardar la “libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro a toda la población” (artículo 3o.) Además en la fracción V del artículo cuarto, se establece que dicha ley tiene por objeto el “hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector”. En estos últimos artículos se establece el derecho que tienen tanto los indígenas, las personas con discapacidad y la población en general, a la lectura de los libros.

IV. Consideraciones específicas

Respecto de algunos aspectos del proyecto de decreto de la diputada Irma Elizondo, se tienen los siguientes argumentos:

1. En el artículo 1o. no es necesario especificar que la ley de fomento del libro está en conformidad con el 4o. constitucional, pues diversos artículos constitucionales también tratan el tema de acceso a la educación y a la cultura.

Además, todas las reformas y las leyes mexicanas deben establecerse sin perjuicio de lo ordenado en la Constitución Política u otras leyes de la misma materia.

2. En el artículo tercero de la Ley, se establece que el fomento a la lectura y el libro es “conforme a las garantías constitucionales”. Por tanto, no se requiere especificar cada uno de los derechos de las personas.

3. En cuanto a la descripción del libro, en el artículo 2o., de acuerdo con la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, en la clasificación de géneros y categorías por color de las bibliotecas escolares y de aula, el género literario comprende la narrativa histórica, de ciencia ficción, de vida cotidiana, de mitos y leyendas, contemporánea y clásica, entre otros.

Como se aprecia, la preocupación de la promovente se encuentra atendida, por lo cual no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

La comisión dictaminadora considera necesario que los grupos vulnerables reciban atención en materia de fomento a la lectura y el libro, pero hacer señalamiento normativo en este sentido, sin haber de por medio fondos presupuestales para tal efecto, no solucionaría la mayor problemática que enfrentan estos grupos y, por otro lado, la actual legislación contempla a estos grupos vulnerables en igualdad de condiciones respecto a otros grupos.

En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, fracción g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta asamblea que el presente proyecto de decreto, que reforma los artículos 1o. a 3o. y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, a efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia del dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 1o. a 3o. y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 UNESCO. Los seis objetivos EPT.Recuperado el 16 de agosto de 2013 desde http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/ education-for-all/efa-goals/

2 UNESCO. Aportes para la enseñanza de la lectura,página 17. Recuperado el 16 de agosto de 2013 desde http://unesdoc.unesco.org/ images/0018/001802/180220s.pdf

3 DGME (2012) Libros del Rincón. Bibliotecas escolares y de aula 2012-2013. Catálogo de selección. Recuperado el 18 de septiembre de 2013 desde http://lectura.dgme.sep.gob.mx/coleccion/CatalogosDeSeleccion/2012-2013/ind_12. pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez, Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 10 a 12 y 48 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 29 de abril de 2013, el diputado Roberto López González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica los artículos 7o., 10, 11, 12 y 48 de la Ley General de Educación.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa, en comento, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Roberto López menciona que la educación es un derecho indisoluble para las personas y que la educación debe ser un tema prioritario para la agenda de los gobiernos federal, estatal y municipal del país.

La Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI establece que la educación tiene la misión de desarrollar en las personas “sus talentos y sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal”.

El diputado muestra especial interés en la reforma al artículo tercero y 73 constitucionales publicada el 26 de febrero de 2013. El promovente menciona que se requiere una articulación entre la reforma educativa y la Ley General de Educación. Por tanto, en su iniciativa propone la modificación de diversos artículos de la Ley General de Educación para que exista una inclusión de los temas aprobados por la reforma.

Con base en los anteriores argumentos, el diputado propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único. Se reforman el artículo 7, 12 y 48; se adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden las demás fracciones del artículo 10; y se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo y tercer párrafos, del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XVI. ...

Artículo 10. ...

...

I. a III. ...

IV. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;

V. Los planes y programas;

VI. Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados;

VII. Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y

VIII. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.

Artículo 11. ...

...

I. a IV. ...

V. El Instituto Nacional para la Evaluación;

Las funciones del instituto son:

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

Artículo 12. ...

I. Determinar para toda la república los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales, de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos del artículo 48;

II. a XIV. ...

Artículo 48. ...

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de los gobiernos de los estados, de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.

...

...

...

III. Consideraciones generales

La comisión dictaminadora considera de gran importancia el salvaguardar el derecho y la gratuidad de la educación que imparta el Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “todo individuo tiene derecho a recibir educación”. Ante este principio todos deben tener las mismas oportunidades para ingresar y recibir educación básica y media superior del sistema educativo nacional.

El derecho a la educación es esencial para que las personas desarrollen al máximo sus competencias. El derecho a la educación implica, entre otros elementos, la existencia del servicio de educación básica, que los niños y las niñas asistan a la escuela, permanezcan en ella el tiempo estipulado para realizar sus estudios básicos, transiten de un grado a otro y de un nivel a otro de manera regular, logren aprendizajes relevantes para su vida presente y futura y concluyan estos estudios con oportunidad. Además, la educación ofrecida debe ser para todos de calidad con equidad.

Con la reforma a los artículos 3o. y 73 constitucionales, se renueva el compromiso del Estado por garantizar a toda persona la educación, asegurando que sea de calidad y para todos los niños, las niñas y adolescentes. Además que los alumnos cuenten con los “materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos” necesarios para su desarrollo.

La comisión dictaminadora está de acuerdo en que debe de haber una vinculación entre los artículos modificados en la Constitución y la Ley General de Educación. Sin embargo, la propuesta del diputado Roberto López ha sido atendida con la nueva reforma que modifica diversos artículos de la Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 11 de septiembre de 2013. Esta reforma atiende los temas sobre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la inclusión de la opinión de los padres de familia y profesores en los planes y programas de estudio.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, fracción g), de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 10, 11, 12 y 48 de la Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 7o., 10, 11, 12 y 48 de la Ley General de Educación.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2010) El derecho a la educación en México. Informe 2009. Página 11. Extraído el 23 de mayo de 2013, desde: http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones/informes-institucionales/informe s-anuales/4657

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 octubre de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez, Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 de la Ley General de Educación, y 21 y 24 a 26 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en materia de presupuesto

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el lunes 29 de abril de 2013, el diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 25 de la Ley General de Educación y 21, 24, 25 y 26 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Fernando Cuéllar considera preocupante que se tenga un índice bajo de cobertura en educación superior y que las el presupuesto no sea regular cada año para las instituciones públicas de educación superior. Señala que es necesario generar políticas públicas que permitan mayores oportunidades a los jóvenes a estudiar y generar intereses profesionales.

Para que existan mayores beneficios para los jóvenes se requiere la ampliación del presupuesto en cobertura, debido a que la mayor parte de los recursos destinados a las IPES son principalmente para el “pago de nómina y gastos administrativos, limitando las posibilidades de inversión en infraestructura”.

El promovente menciona que una de las mejores maneras para que los jóvenes contribuyan al desarrollo de la sociedad es invertir en educación. Con una mayor y mejor educación se “tendrá un impacto positivo en sus ingresos personales, que se traduce en mayor poder adquisitivo, lo cual indirectamente es mayor recaudación fiscal por parte del gobierno”.

Por tanto, el objetivo de la iniciativa es lograr un presupuesto digno y constante que no limite o detenga los programas y proyectos de las instituciones públicas de educación superior.

Con base en los anteriores argumentos, el diputado propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Primero. Se modifica y se agrega un párrafo segundo, recorriéndose los siguientes párrafos del artículo 25 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 25. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas , y al menos el 0.5% del producto interno bruto a la ampliación de matrícula estudiantil de las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por gasto público para las instituciones públicas de educación superior, la suma del gasto federal más el que realicen las entidades federativas y los municipios, conforme a la concurrencia establecida por esta ley.

...

...

...

Artículo Segundo. Se modifican los artículos 21, 24, 25 y 26 de la Ley para la Coordinación de la Educación Pública, para quedar como sigue:

Artículo 21. La federación, las entidades federativas y los municipios, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignarán recursos conforme a esta ley y demás disposiciones aplicablespara el cumplimiento de sus fines.

...

Artículo 24. Para los fines de esta ley, los recursos que la federación otorgue a las instituciones de educación superior serán ordinarios y específicos.

...

Artículo 25. ...

Los recursos ordinarios serán considerados como presupuesto regularizable para garantizar el desarrollo de las instituciones públicas de educación superior.

Artículo 26....

Para el fortalecimiento de las funciones de docencia e investigación y difusión de la cultura, la federación apoyará a las instituciones públicas de educación superior con recursos destinados a fondos específicos.

III. Consideraciones generales

La comisión dictaminadora considera que el tema de regular el presupuesto de las instituciones de educación superior (IES) y atender la ampliación de la cobertura son temas relevantes. Sin embargo, uno de los puntos fundamentales para este tipo de iniciativas que necesitan presupuesto, es que el promovente realice una propuesta de ingreso de recursos. En el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), establece que:

A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Con respecto al 0.5 por ciento destinado a la ampliación de la matrícula. Es necesario señalar, que el monto anual que el Estado destina al gasto en educación es menor al ocho por ciento. La participación del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia educativa con respecto del producto interno bruto ha estado disminuyendo. En el año 2009, la participación del presupuesto con respecto al PIB fue del 4.07 por ciento, y  en el año 2012 del 3.67 por ciento (véase gráfica 1).

Fuente: Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados (2012) Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

La ampliación de la cobertura implica gastos de operación, infraestructura y contratación de personal para atender al alumnado. Cada una de las instituciones tiene diferentes necesidades por lo que se requiere un estudio de factibilidad por cada una de ellas. Porque llegará un momento en que la demanda disminuya en ciertas carreras o en ciertos lugares.

En la Ley General de Educación como su nombre lo indica, trata los temas de manera generalizada, ya que podríamos caer en la omisión de algunas de las actividades o necesidades que presentan las instituciones de educación superior en la docencia, investigación, gestión y vinculación y extensión.

La Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior lleva a cabo el fondo destinado a la ampliación y diversificación de la oferta educativa del nivel superior. Este fondo es una manera de obtener recursos en ese tópico.

Asimismo uno de los aspectos que deben considerar los ejecutores de gasto es la austeridad y la disciplina presupuestaria, ya que se tienen que  tomar medidas preventivas para organizar el gasto destinado a los programas y actividades de las instituciones educativas sin perjudicar el cumplimiento de las metas propuestas en el Presupuesto de Egresos. El ahorro que se genere deberá aplicarse a programas prioritarios para el ejecutor de gasto (artículo 31 de la LFPRH).

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción G, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma los artículos 25 de la Ley General de Educación y 21, 24, 25 y 26 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 25 de la Ley General de Educación y 21, 24, 25 y 26 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en materia de presupuesto.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez, Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 de la Ley General de Educación y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el miércoles 15 de mayo 2013, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 7o. de la Ley General de Educación y el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por los diputados afirma que están interesados en el bienestar y la identidad sexual de las niñas, niños y jóvenes. Mencionan que una de las etapas de la vida con mayor importancia es la de la infancia, porque es donde se desarrollan “las capacidades intelectuales y emotivas, se consolidan las capacidades físicas e intelectuales que conllevan al proceso de socialización, y al tiempo se forma la identidad y autoestima”.

En la etapa de la adolescencia, es una de las más complejas debido a que el ser humano está en el proceso de ser adulto, por lo que la identidad es uno de los temas más recurrentes en ellos, ya que establecen su yo interior y exterior.

Los promoventes mencionan que en estas etapas los seres humanos establecen su forma de ser y de actuar en la sociedad. Muchas de estas personas tienen una identidad sexual diferente, por lo que es necesario “educar de acuerdo a parámetros de respeto y tolerancia, sin prejuicios a la diferencia desde temprana edad”. Lo que se requiere es que los padres de familia, docentes y alumnos, se instruyan respecto a la identidad sexual.

Esta iniciativa es una “respuesta ante nuevas formas de discriminación entre niños, niñas y adolescentes, por lo que resulta necesario una mayor protección a la niñez frente a actos discriminatorios relacionados con la identidad sexual que es vivida de manera muy dolorosa y dramática por las niñas, niños y adolescentes casi siempre, como una agresión a sus posibilidades de expresión como seres humanos”.

Con base en los anteriores argumentos, los diputados proponen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Primero. Se reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación.

Artículo 7o. ...

I. a IX. ...

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el conocimiento integral y el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias.

XI. a XVI. ...

Artículo Segundo. Se adiciona el inciso e) al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 22. ...

A. a D. ...

E. La formación de su personalidad, en atención a su identidad sexual y expresión de género.

...

III. Consideraciones generales

La comisión dictaminadora considera que el derecho a la identidad es muy importante en una persona desde su nacimiento. El derecho de la identidad, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), consiste en el “reconocimiento del derecho a un nombre, derecho a la nacionalidad y el derecho a la personalidad jurídica que le permiten a un individuo ejercer su ciudadanía”. Debido a la importancia del derecho a la identidad, en la Convención de los derechos de los niños, se convino que los Estados respetaran el derecho del niño a “preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas (artículo 8)”.

El marco jurídico mexicano también establece el derecho a la identidad de tener derecho a un nombre, a una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres o tutores y que éstos cuiden de ellos. Este derecho se establece de manera expresa en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 22, que a la letra dice:

El derecho a la identidad está compuesto por:

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el registro civil.

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban.

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos (artículo 22).

En cuanto al concepto que manejan los diputados sobre identidad sexual, es en otro contexto. En la psicología, dicho término se refiere a un “juicio sobre la propia figura corporal (hombre-mujer), basado en características biológicas (genitales, figura corporal)”. Se refiere a como las personas se perciben, como hombre, mujer o una mezcla de ambos. El término de identidad sexual abarca el concepto de orientación sexual. La orientación sexual consiste en la “atracción emocional, intelectual, física y sexual que una persona siente por otra”. La orientación sexual es un proceso en el que influyen una serie de factores como la familia, la cultura, la personalidad, el género, etc. A partir de este concepto surgen los términos de homosexual, heterosexual o bisexual.

Con respecto a la modificación del artículo 7o. de la Ley General de Educación, no es necesario agregar las palabras “conocimiento integral”, ya que al momento de desarrollar actitudes solidarias en los individuos y al crear conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, es porque se tiene los conocimientos necesarios para vivir una vida plena y saludable.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción g), de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación y el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación y el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de identidad sexual.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 UNICEF (2007) Primera Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y Registro Universal de Nacimiento. Recuperado el 10 de septiembre de 2013, desde: http://www.unicef. org/lac/overview_9654.htm

2 UNICEF (1989) Convención de los derechos de los niños. Recuperado el 10 de septiembre de 2013, desde: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Discapacidad/ Conv_DNi% C3%B1o.pdf

3 Universidad Autónoma Metropolitana (s.f.) Tema 4. El derecho de la identidad sexual y de género. Recuperado el 10 de septiembre de 2013, desde: http://www.uam.es/personal_pdi /psicologia/santayana/temario_desa_social/tema4.pdf

4 Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (2013) Sexualidad. Recuperado el 10 de septiembre de 201, desde: http://www.infojoven. cl/2-3.php

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez, Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo enlistados en el orden del día con los números 3, 4, 5 y 6.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo.Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero informar a la asamblea que se acaba de recibir del Ejecutivo federal iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese Organo Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los oficios números 315-A-02184 y 353.A.-0496, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el dictamen de impacto presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto, ante esa honorable Asamblea, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

I. Antecedentes

El 9 y 21 de abril de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió las peticiones 302-04 y 386-04, presentadas por J.S.C.H., ex Subteniente Conductor en la Secretaría de la Defensa Nacional y M.G.S., ex Cabo de Infantería de la misma Secretaría, en contra de los Estados Unidos Mexicanos, por la probable discriminación cometida en su perjuicio, en razón de haber sido dados de baja del Ejército mexicano por ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y que tuvo como consecuencia una afectación a su vida privada e integridad personal.

El 31 de octubre de 2011, la CIDH emitió el informe de fondo No. 139/11, relativo al caso 12.689 (J.S.C.H y M.G.S.), en el que recomienda al Estado mexicano reformar los artículos 24 y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a fin de que sea compatible con las obligaciones del Estado respecto a los derechos consagrados en los artículos 1.1, 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, para aclarar que la seropositividad al VIH no limita en automático la actividad funcional militar.

En el Informe, la Comisión destaca que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que las medicinas antivirales atacan la enfermedad a través de la interrupción o interferencia de la reproducción del virus en el cuerpo humano, y que las personas que viven con VIH, con un tratamiento médico adecuado, pueden realizar su actividad laboral en las mismas condiciones que una persona que no padezca la enfermedad, por lo que no hay ninguna razón sanitaria para imponer restricciones de empleo a las personas infectadas por el VIH.

La CIDH concluyó que si bien hay situaciones en las que de acuerdo al grado de evolución de la enfermedad, algunas personas infectadas con VIH no estarán en la capacidad óptima para desempeñarse en sus labores, ello no es razón suficiente para justificar el retiro inmediato de las personas que los padezcan; por lo tanto, el retiro del personal del ejército por padecer VIH sin analizar el grado de afectación a la salud para desempeñarse en sus obligaciones laborales, perpetúa los estereotipos, los estigmas y la exclusión que el Estado debe combatir.

II. Criterios nacionales e internacionales

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), cuyo principal propósito es el de eliminar el estigma y la discriminación contra las personas que viven con el VIH o se ven afectadas por éste, ha señalado que al personal militar diagnosticado con seropositividad a los anticuerpos contra el VIH, se les debe dar la oportunidad de realizar las tareas para las que han sido entrenados y que siguen estando capacitados para cumplir; además de que se les debe proporcionar y garantizar la asistencia y apoyo médico, aun cuando se incorporen a la vida civil, extendiéndose este derecho a su familia (“El Sida y el Personal Militar”, ONUSIDA, 1998).

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), señala que gracias a los nuevos tratamientos, las personas con VIH tienen una mejor calidad de vida, lo que les permite seguir activos, es decir, con la capacidad necesaria para integrarse al campo laboral y permanecer en él aun cuando se haya presentado el padecimiento (“Guía de manejo antirretroviral de las personas que viven con el VIH/SIDA”). El CENSIDA destaca que el VIH/SIDA, al ser tratado en una etapa inicial no ocasiona deficiencias en la persona y ésta puede operar de manera habitual; incluso, en los casos de una etapa de enfermedad terminal, con un adecuado tratamiento se puede lograr que la persona infectada restablezca su estado de salud significativamente, incluyendo su funcionalidad laboral. Así, el recibir tratamiento y hacerse pruebas de monitoreo no es causa de disminución de la funcionalidad, por lo tanto, el control de las personas con VIH no limita el ejercicio de su actividad laboral.

En esos términos, los estudios han sido contundentes en reafirmar la capacidad productiva y laboral de los portadores del VIH, por lo que resulta fundamental contar con medidas legislativas que contrarresten el estigma social de “inu-tilidad” del que muchas personas seropositivas han sido objeto, en detrimento de sus derechos humanos y su calidad de vida.

Al respecto, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibe, entre otras formas, la discriminación por condiciones de salud, y los artículos 5o. y 123 establecen, respectivamente, el derecho de toda persona a dedicarse a la profesión o trabajo lícito que le acomode y el derecho a un trabajo digno y socialmente útil.

Por su parte, la Ley de Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuya finalidad es establecer las medidas necesarias para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato, en su artículo 9o. prohibe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

En el ámbito internacional, el Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos en materia de protección de derechos humanos a fin de evitar la discriminación bajo cualquier distinción, exclusión o preferencia, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades, destacando los siguientes:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en sus artículos 1o., 11 y 24, salvaguarda los derechos de toda persona a no ser discriminada por ningún motivo y a la protección de su honra y dignidad.

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

• Convenio Internacional del Trabajo No. 111 Relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis de Jurisprudencia “Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el artículo 226, segunda categoría, fracción 45, de la ley del instituto relativo, que prevé la causa legal de retiro por inutilidad basada en la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), viola el artículo 1o. de la Constitución federal”, señaló que no existen bases para justificar la equiparación del concepto de inutilidad con el de enfermedad, en concreto con la seropositividad a los anticuerpos contra el VIH, pues bajo esa concepción habria múltiples casos en los que la merma en la salud permitiría justificar la separación inmediata del trabajo y la sustracción a los servicios de salud respectivos, sin analizar previamente si los efectos del mal le permiten o no desplegar con solvencia la actividad para la cual hubiera sido contratado, nombrado o reclutado.

De este modo, la causa que justifica la baja del activo de las Fuerzas Armadas y el alta en situación de retiro por motivos de salud, es la no aptitud física o mental para el servicio de las armas y no la sola existencia de un padecimiento o enfermedad.

En esta tesitura, una tarea imprescindible para las instituciones gubernamentales de nuestro país es prevenir y combatir la discriminación en el empleo por motivos de infección del VIH/SIDA, así como facilitar la reinserción y permanencia laboral de los afectados cuando su aptitud física se los permita.

III. Contenido de la iniciativa

El artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, establece dentro de las causales de retiro del personal castrense:

a) Los estados de inmunodeficiencia de cualquier etiología, con susceptibilidad a infecciones recurrentes.

La presente iniciativa propone derogar este supuesto, en razón de que los estados de inmunodeficiencia no implican en sí mismos la falta de aptitud física o mental para el servicio de las armas.

b) La seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficienda humana, confirmada con pruebas suplementarias más infecciones por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas, en etapa terminal por más de seis meses.

Se plantea la modificación de este supuesto para condicionar el retiro a que el padecimiento genere necesariamente la pérdida de la funcionalidad para el desempeño de los actos del servicio.

c) Los padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20% ameritan cambio de Arma o Servicio a petición de un Consejo Médico.

La lista de padecimientos se reubica en un nuevo artículo, con el propósito de que dichos padecimientos no sean considerados como causales de retiro. Además, se adiciona un último párrafo que establece que en todos los casos en que sea médicamente posible, se deberá ajustar el control y tratamiento médico a las actividades específicas del militar, sin afectar al servicio y sin ningún tipo de discriminación.

De igual manera, se reforma la fracción IV del artículo 24, a efecto de establecer como requisito para declarar la incapacidad en actos fuera de servicio, la existencia de certificados o dictámenes que así lo acrediten, mismos que deberán estar suscritos cuando menos por dos médicos militares o navales especialistas en el padecimieríto de que se trate.

Con estas reformas se garantizan los derechos de igualdad y no discriminación del personal militar portador del VIH/SIDA, dando con ello cumplimiento a la recomendación de la CIDH para hacer compatible la Ley del Instituto de Segundad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con los artículos 1.1, 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Artículo Único.Se reforman la fracción IV del artículo 24, y el numeral 83 de la Primera Categoría del artículo 226; se adiciona el artículo 226 bis: y se derogan el numeral 82 de la Primera Categoría y la Lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20% ameritan cambio de Arma o Servicio a petición de un Consejo Médico, del artículo 226, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 24....

I. a III. ...

IV. Quedar incapacitado en actos fuera del servicio, conforme a lo establecido en los artículos 174 y 183 de esta Ley.

V. ...

VI. ...

Artículo 226. ...

Primera Categoría

1. a 81. ...

82. (Se deroga)

83. El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, manifestado por la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, confirmada con pruebas suplementarias más infecciones por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas, que impliquen la pérdida de la funcionalidad para el desempeño de los actos del servicio.

84. a 122. ...

Segunda Categoría

1. a 45. ....

Tercera Categoría

1. a 53. ...

(Se deroga)

Artículo 226 bis.Lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20% ameritan cambio de Arma o Servicio a petición de un Consejo Médico.

1.Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables que provoquen que la visión central en cada ojo, aun después de corregir los vicios de refracción, alcance a lo sumo 20/40.

2.El desprendimiento de la retina tratado, cuando a juicio del médico limite la actividad física.

3.Los procesos patológicos de la conjuntiva que tengan tendencia a la cronicidad, que no cedan a la terapéutica habitual y que constituyan causa de disfunción visual.

4.La hipoacusia media de un lado con audición normal del otro.

5.La hipoacusia superficial.

6.Las alteraciones alérgicas o vasomotoras de vías respiratorias que requieren que el individuo cambie de medio ambiente.

7.Las insuficiencias respiratorias menores del 20%, valoradas por espirometría consecutivas a padecimientos pulmonares, pleurales, mediastinales, diafragmáticos o de pared torácica, aun cuando estos padecimientos hayan sido tratados hasta su curación.

8.La insuficiencia coronaria crónica o aguda, incluyendo al infarto del miocardio, no complicado y sin isquemia residual.

9.La hipertensión arterial no complicada.

10.La litiasis renal unilateral recidivante.

11.La resección parcial del esófago, sin trastornos de la deglución.

12.La gastrectomía subtotal.

13.La obesidad con un índice de masa corporal entre 28 a 29.9.

14.La diabetes mellitus tipo 2 sin complicación crónica.

15.Las lesiones permanentes orgánicas o funcionales de cualquiera de los tejidos o glándulas del sistema endocrino, que ocasionen hiperfunción o hipofunción de menos del 20%.

16.Los individuos en quienes se haya realizado trasplante de un tejido, que queden con trastornos funcionales mínimos.

17.Las dermatosis crónicas rebeldes al tratamiento o de forma recidivante.

18.La pérdida anatómica o funcional permanente o las deformaciones de:

a) Pérdida parcial o incompleta de 2 o más dedos de una mano.

b) De falange distal de uno o de ambos pulgares.

19.La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias, cuyo control y tratamiento médico limite el desempeño de los actos del servicio.

20.Las alteraciones permanentes, anatómicas o funcionales, de los diversos aparatos y sistemas, que disminuyen la capacidad funcional del individuo entre el 10% y el 20% y que no han quedado comprendidas en esta categoría.

En todos los casos en que sea médicamente posible, se deberá ajustar el control y tratamiento médico a las actividades específicas del militar, sin afectar al servicio y sin ningún tipo de discriminación.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a usted, ciudadano Presidente, la seguridad de mi distinguida consideración.

Dado en la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil trece.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestra Julieta Yelena Fernández Ugalde, directora general Jurídica de Egresos de la Subsecretaría de Egresos.— Presente.

Hago referencia a su oficio número 354-S-0458, de fecha 5 de julio del presente año, mediante el cual remite el anteproyecto de iniciativa de reformas a la “Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM)”, así como la evaluación de impacto presupuestario remitido por el jefe de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y elaborado por la Dirección General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con el objeto de que esta Dirección General de Programación y Presupuesto “A”(DGPyP”A”) emita su opinión sobre el impacto presupuestario que tienen el referido anteproyecto.

Al respecto, me permito comunicar a usted que el anteproyecto de iniciativa de reforma a la LISSFAM tiene por objeto reformar la fracción IV del artículo 34, el numeral 83 de la primera categoría del artículo 226; se deroga el numeral 82 de la primera categoría del artículo 226, y la lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20% ameriten cambios de arma o servicio a petición de un consejo médico del mismo artículo, y se adiciona el artículo 226 Bis.

En este sentido, la Sedena en cumplimiento de lo señalado en el artículo 19 del Reglamento de la LFPRH, por medio del oficio número 65330 emitido por el jefe de la asesoría jurídica del Estado Mayor en el que remite la evaluación de impacto presupuestario elaborada por la Dirección General del ISSFAM, plantea lo siguiente:

1. Impacto en la estructura ocupacional por la creación de unidades administrativas y plazas;

Para la implementación del citado anteproyecto, no es necesario integrar efectivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

2. Impacto en los programas aprobados;

En el anteproyecto de referencia no existen nuevos programas aprobados.

3. Establecimiento de destinos específicos de gasto público;

No aplica, toda vez que no existe  nuevos programas aprobados.

4. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades;

No aplica, ya que no es necesario el establecimiento de nuevas atribuciones y actividades.

5. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria;

Tampoco es necesaria la inclusión de nuevas disposiciones de regulación en materia presupuestaria.

6. Fuente de financiamiento;

No aplica, ya que no se requiere señalar fuente de financiamiento.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 8 A, 18 al 20 del RLFPRH, 65 apartado A, fracción I, apartado B, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con lo señalado por la Sedena en el documento de evaluación de Impacto Presupuestario, le comunico a usted que la entrada en vigor de dicha iniciativa de reformas no tendrá impacto presupuestario adicional para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Finalmente, se propone incorporar un segundo artículo transitorio, con la siguiente redacción:

“Segundo. Las erogaciones que, en su caso, sean necesarias para cumplir con la entrada en vigor del presente decreto, se realizarán con cargo a su presupuesto aprobado, por lo que no requerirá de recursos adicionales para tales efectos y no incrementará su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal”.

Cabe señalar, que el análisis se realizó en el ámbito de competencia de esta Dirección General por lo que nuestra opinión no prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone el contenido del mismo, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto a otras leyes y disposiciones.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

México, DF, a 13 de julio de 2013.— María Elena Reyna (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Luis Fernando Corona Horta, Director General de Legislación y Consulta Presupuestaria y de Asuntos Jurídicos.— Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.— Presente

Se hace referencia a su oficio número 529-II-DGLCPAJ-166/13, mediante el cual remitió a esta Subsecretaría de Egresos (SSE), copia simple del anteproyecto de iniciativa de reformas a la “Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas”, así como de su respectiva evaluación de impacto presupuestario enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional para efectos del dictamen de impacto presupuestario correspondiente.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 de su reglamento; 65 y 65-A, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y para efectos de lo dispuesto en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo Federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003), y su respectivo acuerdo modificatorio (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2005), para los efectos del dictamen de impacto presupuestario a que se refieren las disposiciones de la ley anteriormente citada y de su reglamento, le informo lo siguiente:

1) Esta unidad administrativa, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del RLFPRH, no tiene observaciones en el ámbito jurídico, presupuestario sobre las disposiciones contenidas en el anteproyecto señalado anteriormente.

2) Se anexa copia del oficio 315-A-02184, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de esta SSE.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 penúltimo párrafo del RLFPRH, el cual señala que la evaluación de impacto presupuestario y su dictamen se anexarán a las iniciativas de leyes o decretos que se presenten al Congreso de la Unión o, en su caso, a los reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos que se sometan a firma del presidente de la República.

La presente opinión se emite sobre la versión del anteproyecto referido en el proemio, por lo que no prejuzga respecto de las modificaciones que, en su caso, se realicen a la misma.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

México, DF, a 23 de julio de 2013.— Maestra Julieta Yelena Fernández Ugalde (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

CAMBIOS EN COMISIONES ORDINARIAS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que el diputado Salvador Romero Valencia cause baja como integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Leopoldo Sánchez Cruz cause baja como integrante de la Comisión de Protección Civil.

• Que el diputado Salvador Romero Valencia cause alta como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que el diputado Leopoldo Sánchez Cruz cause alta como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: De enterado. Comuníquense.

PROBLEMATICA ACTUAL DEL CULTIVO DEL CAFE

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la problemática actual que presenta el cultivo de café.

El diputado Héctor Narcia Álvarez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es cierto que en este segundo periodo ordinario de sesiones se han vertido temas de gran relevancia para el bien de México y de los mexicanos. Pero el que hoy tengo la oportunidad de presentar como punto de acuerdo de urgente u obvia resolución no es de menor relevancia, ya que dentro de su entorno se trastocan temas con gran sensibilidad y vulnerabilidad, como son los aspectos económicos, político, social, cultural, pero sobre todo, el aspecto del medio ambiente.

Vengo a referirme al cultivo del café en riesgo y cómo controlar la roya. Antes quiero decirles que el café está considerado como el tercer generador de divisas después del petróleo y del turismo. Este aromático se considera que es originario de Etiopía y llega a México a mediados del siglo XVIII.

Llegó a quedarse en tierras mexicanas y se cultiva en trece estados. Se adaptó y encontró condiciones apropiadas para su desarrollo, producción y calidad. Al grado que en los años noventa su gran auge en producción lo llevó a ocupar el cuarto lugar en la producción mundial, con una cifra de seis millones de sacos, cosecha record. En México, paralelamente hay una gran interrelación, mayor presupuesto, mayor producción.

A partir de ahí ambos factores como el presupuesto y la producción irónicamente van de la mano. Sin embargo, a finales de los noventa a la fecha, la falta de interés de aquellos gobiernos y de los productores, que por falta de estímulos hicieron que la producción de este aromático se diera en caída libre, ocupando, en 2013 aproximadamente el treceavo lugar en la producción mundial.

Superada, desde luego, por varios países que no figuraban en los lugares importantes de esta producción. México, de producir 6 millones de sacos, hoy producimos 3 millones.  De obtener un presupuesto de mil 700 millones en el 2004, en 2013 fue de 350 millones.

En el aspecto social, este cultivo se encuentra ubicado en regiones de alta y muy alta marginación, en donde actualmente hay pobreza y pobreza extrema. Pero, sobre todo, este cultivo prospera en regiones donde otros cultivos es difícil su adaptabilidad.

Desde luego, vale la pena subrayar que en México se dedican 500 mil familias en una superficie de 700 mil hectáreas, que son ocupadas, sobre todo, el 80 por ciento por etnias y el 90 por ciento son minifundistas, con un promedio de 1.5 hectáreas por productor.

En lo económico. Su producción es cotizada en dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York y el 80 por ciento de la producción es de exportación.

En lo político. De generar expectativas de empleo, oportunidad, desde luego habrá estabilidad social, ya que son regiones de alto índice de vulnerabilidad y con mayor producción habrá —desde luego— seguridad social, seguridad alimentaria, mejor armonía familiar y disminuye la migración en busca de mejores oportunidades a otros países o a otros estados al interior de nuestro país.

En el aspecto cultural. Como es un producto de talla internacional genera gran interrelación entre países de todo el mundo, de los cinco continentes, desde el proceso de la producción, comercialización, exportación, valor agregado, industrialización, calidad y mercado. Esto permite que todo se interrelacione en este mundo del café.

El aspecto más importante y relevante es el tema el medio ambiente, por el impacto del cambio climático que el hombre ha provocado. Sin embargo, estas regiones siguen siendo las más privilegiadas, donde hay abundancia de recursos naturales, como agua, bosques, selva, flora, fauna. Pero sobre todo amigable con el medio ambiente, el mejor cuidado de nuestro planeta tierra.

El mejor legado que podemos también dejar a nuestros hijos, a nuestras familias y a las próximas generaciones, qué mejor generando empleo y generando economía. Por ello, como integrante del Partido Verde, planteamos este punto de urgente u obvia resolución, para que el presupuesto del cultivo del café en el Programa Especial Concurrente en su apartado sea único y exclusivo al café, y con un mayor presupuesto en relación a las cifras que nos envían en el paquete económico 2014 de 316 millones de pesos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, de no cambiar el rumbo de las políticas cafetaleras, donde siga faltando la capacitación, la asistencia técnica, la falta de inversión, así como políticas de producción, investigación, comercialización y renovación de los mismos, quiero decirles que casi estamos dando el tiro de gracia a este cultivo. Y seguro estoy que en los próximos tres años seremos importadores de este aromático que ya iniciamos. Un producto más que se sumará a la lista de las importaciones.

Diputadas y diputados, el problema del cafeto quiero decirles que no es la roya. La roya es el artefacto político de moda o el instrumento que usamos de culpabilidad. El verdadero problema del cultivo del café es la falta de políticas adecuadas que atiendan de fondo la problemática, como ya antes lo señalé.

Los invito a defender este punto de acuerdo por el bien de todos, quiero decirles sin colores partidistas, ni al verde ni los rojos ni los azules ni los amarillos, todos a defender por el color café. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la problemática actual del cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienessuscriben, los diputados integrantes de la Comisión Especial del Café de diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El café es una bebida aromática y exótica, difundida en el mundo, fruto de un arbusto llamado cafeto y con origen en las tierras africanas específicamente en Abisinia (actualmente Etiopía). La popularidad del café llegaría tras su introducción, a principios del siglo XVIII, en Arabia, donde Yemen se convirtió en un importante centro de cultivo y distribución por todo el mundo musulmán y Europa.

Los europeos trataron de cultivarlo, pero fracasaron por razones climatológicas, surgieron plantaciones en países de clima propicio como Haití, Santo Domingo, Jamaica, Brasil, Colombia, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela y por supuesto México.

En 1790 el café llegó a nuestro país, a las entidades de Veracruz, Morelos, Michoacán y Oaxaca. Durante el Porfiriato la cafeticultura mexicana tuvo una producción importante. A partir de entonces, el café es el producto agrícola con mayor proyección a nivel nacional. En la actualidad genera divisas sólo por debajo del petróleo y el turismo, siendo de este modo también uno de los más importantes en el mercado internacional.

El volumen de producción del café en nuestro país oscila entre los 4 a 5 millones de sacos por año, lo cual representa el 3.27 por ciento mundialmente, ocupando así el quinto lugar en exportación, después de Vietnam, Brasil, Colombia e Indonesia.

México tiene un consumo bajo, con tan sólo 1.2 kilogramos per cápita; posiblemente se derive a situaciones como la falta de difusión para aumentar su consumo, la insuficiencia de la cultura de café y los tabús con respecto a la salud.

En nuestro país el cafeto se cultiva principalmente en 13 entidades, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro, Tabasco y Estado de México, en total se cuenta con una superficie de 750 mil hectáreas y un padrón de 500 mil productores.

Es evidente, tenemos un destacado potencial para ser un fuerte productor de café a nivel global; sin embargo, el sector cafetalero no se encuentra en su mejor momento, así mismo es imprescindible mencionar que el 80 por ciento de las principales regiones productoras del café son etnias indígenas de alta marginación y se caracterizan por encontrarse en pobreza y pobreza extrema.

A pesar de los beneficios que el cultivo del café provee para el medio en todas sus componentes (físico, biótico y socioeconómico), no se le ha reconocido, apoyado, ni dado la importancia que para el país representa en su estabilidad política, económica, social, cultural y ambiental debido a políticas nacionales inadecuadas, lo que se puede convertir en corto tiempo en un gran conflicto social.

Para el ciclo 2011-2012, la producción mundial de café ascendió a 131.3 millones de sacos; México apenas produjo 4.3 millones, representando así apenas el 3.27 por ciento. Es decir, la producción nacional disminuyó de una forma importante. Pues durante aquel periodo se dieron altibajos importantes, ya que mientras en el ciclo 1999-2000 la producción alcanzó los 6.2 millones de sacos, en el ciclo 2004-2005 disminuyó hasta 3.8 millones, cifra muy distante a la alcanzada en el siglo anterior. Debido a la caída de la producción tan drástica del café, actualmente se estima que ocupamos el treceavo lugar a nivel mundial.

Por ello, es necesario implementar políticas adecuadas a la cafeticultura, con la finalidad de promover su crecimiento y productividad, sostenido en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.

Existen diversas problemáticas para el cultivo del café en México como,

• Plantaciones avejentadas.

• Drástica caída en el precio por quintal.

• Afectación severa en el rendimiento por la enfermedad de la roya.

• Alto costo de insumos.

• Pérdida de la fertilidad del suelo.

Fenómenos meteorológicos adversos provocados por el cambio climático.

• Dificultades para acceder al crédito.

• Falta de asistencia técnica y capacitación.

• Falta de infraestructura y equipamiento.

• Recursos insuficientes para coberturas de precios.

• Insuficiente cobertura de seguro agrícola.

México, efectivamente tiene un déficit en el consumo de café en comparación con otros países, por ello y para revertir la tendencia es necesario que el Gobierno Federal coadyuve en una intensa campaña de consumo, comercialización y valor agregado, además es importante delinear estrategias efectivas, las cuales soporten las metas del Plan Nacional de Desarrollo a través de los siguientes puntos a considerar:

• Depuración del padrón cafetalero.

• Renovación de cafetales.

• Apoyo en capacitación y asistencia técnica, para mejorar la calidad del café desde la producción hasta el consumo.

• Promover e incrementar la producción de café de calidad.

• Impulsar un Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en Café.

• Construcción y rehabilitación de infraestructura.

• Modernización de maquinaria para el beneficio húmedo y seco del café.

• Promover:

1. Financiamiento

2. Seguro Agrícola

3. Cobertura de precios.

• Reforzar las acciones fitosanitarias que protejan y den sustentabilidad a la cafeticultura, en beneficio de nuestros ecosistemas.

• Impulso al acopio, comercialización y promoción al consumo del café.

• Fomento de organizaciones para la comercialización.

• Fomento productivo.

Por lo anterior, se pone a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución,

Punto de Acuerdo

Único. Dada la problemática actual para el cultivo del café, como lo es la drástica caída en el precio, el ataque de la enfermedad de la roya y la considerable disminución histórica del presupuesto, se hace un llamado a todos los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias a que tomemos las acciones y políticas indicadas, de no ser así, se estará importando en fechas futuras grandes cantidades de café, lo que pone en peligro a este importante cultivo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.— Diputados: Héctor Narcia Álvarez, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Mariana Dunyaska García Rojas, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Héctor Hugo Roblero Gordillo Sonia Rincón Chanona (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que es primordial proteger, fomentar e incentivar el cultivo de café ya que de esta actividad dependen los más de tres millones de personas que participan en este sector cafetalero, del cual el 80 por ciento de la producción nacional se obtiene en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo. El café es un producto cuya importancia no le ha sido reconocida a pesar de su trascendencia y del rol crucial que juega en las comunidades de los estados productores, comunidades que se encuentran en regiones de pobreza y marginación. El potencial que tiene México es para que sea un productor con fortaleza a nivel internacional.

La preocupación de los productores dedicados al cultivo del café es evidente y bien fundamentado, pues no han recibido los apoyos debidos por parte del Estado que permitan la alta tecnificación y productividad de los campos cafetaleros. De la misma manera no han recibido apoyos suficientes para implementar medidas de prevención apropiados que eviten la destrucción de las plantaciones. Sin duda alguna, la falta de recursos impide mejorar la organización y la amplia comercialización de este producto.

En México —como ya se ha dicho— en el ciclo 99-2000 se producían 6 millones de sacos de café; para el periodo 2004-2005 solo se produjeron 3 millones 200 mil sacos. Lo que muestra evidentemente que a este ritmo, en lugar de crecer como productor en el ramo, podríamos convertirnos en un país importador de café. Esta situación requiere una atención urgente.

Por ello, consideramos correcto el punto de acuerdo, para que desde el Poder Legislativo impulsemos políticas públicas adecuadas para promover el crecimiento y productividad de este sector.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se pronuncia a favor de que se tomen las acciones y políticas indicadas para mejorar, rehabilitar y renovar la infraestructura necesaria para el proceso del cultivo del café. Al impulsarse las mejoras en la producción e incentivarse la comercialización podrá evitarse la necesidad de importar café para nuestro país.

Compañeras y compañeros diputados, no olvidemos que el café es parte de la riqueza de México, por lo que debemos de sumar las voluntades a favor de este punto de acuerdo para lograr beneficios a estos núcleos poblacionales de mexicanas y mexicanos. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de jóvenes del estado de Baja California Sur, que vinieron a la inauguración del Concurso Nacional Juvenil de Debate Político y están aquí invitados por el diputado Francisco Pelayo y los demás diputados de Baja California Sur. Bienvenidos a la sesión.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda la proposición con punto de acuerdo de obvia o urgente resolución presentada por nuestro amigo y compañero legislador Héctor Narcia Álvarez, acerca de la problemática de la producción del café.

El proyecto —muy bien documentado por cierto— nos hace ver que uno de los rubros principales de la agricultura mexicana está muy abandonado. Se le ha dejado a su suerte, sin otorgarle los beneficios que requiere un cultivo con las características del café.

Los problemas del café van desde su cultivo hasta su comercialización y financiamiento, amén del embate de los especuladores del mercado internacional. Por ello la inversión que requiere el sector tiene que ser muy amplia, tanto como para ir revirtiendo los arbustos del cafeto en plazos de cinco años para financiar al sector, para atacar a fondo la roya y la broca, para obtener la asistencia técnica y capacitación para infraestructura y equipamiento y para seguros de amplia cobertura.

Por otra parte, coincidimos con el promovente en el sentido de que un sector fuerte de los productores está conformado por habitantes procedentes de los pueblos originarios en un 8 por ciento de las principales regiones productoras del aromático.

No sobra decir que el cultivo del café tiene importancia capital por el papel que juega en la economía, produciendo divisas que ubican al sector en el tercer lugar, solo por debajo del petróleo y el turismo. El sector genera 4.5 millones de empleos y representa el 6 por ciento del producto interno bruto agrícola, siendo un cultivo preservador del medio ambiente.

Otras bondades del cultivo de este insumo son las siguientes. El cultivo se encuentra y adapta muy bien en regiones montañosas. Se produce en cuatro mil 500 comunidades de las que el 85 por ciento son indígenas de alta marginación y pobreza extrema. Fortalece la economía en aspectos sociales, políticos, culturales y medioambientales, preservando la flora y la fauna. En suma, estamos hablando de un sector que cae en las actividades primarias de la economía y al que hay que proteger y no abandonar.

En tales circunstancias, debe mencionarse que en la proyección del Presupuesto de Egresos de la Federación está asignada una cifra muy por debajo de las expectativas del sector. En efecto, la suma etiquetada ha venido disminuyendo desde 1,775 millones de pesos en el 2004, hasta a 350 millones en el 2013. Peor aún, 334 millones de pesos están programados en el 2014.

Sobran los comentarios relativos de las asignaciones, que se antojan ridículas para un sector productivo como es el café. Por ello la Comisión Especial del Café —de la cual formo parte— ha propuesto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía un presupuesto de 2 mil 200 millones de pesos para poder atender las necesidades ingentes de este sector.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del punto de acuerdo de obvia o urgente resolución que nuestro compañero diputado Narcia Álvarez presentó al pleno de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. Quién de esta Cámara no ha disfrutado de un buen café, El café es romance, el café es acuerdo, el café nos acompaña en los buenos y en los malos momentos. Sin embargo, se está descuidando la producción del café.

Lamentablemente estamos permitiendo que se vaya al borde de la quiebra la industria cafetalera. Si no hacemos algo porque este año se aprueben alrededor de 2 mil 200 millones de pesos para salvar al cultivo del café, vamos a estar mañana lamentándonos que tengamos que importar de China el café, porque ahora ya China está también produciendo café, lo que nos va a llevar a la quiebra. Pero además de eso, vamos nuevamente a descuidar el campo mexicano.

Hemos hecho como Comisión Especial del Café foros, reuniones en los distintos estados cafetaleros del país y en todas nos encontramos con la misma petición. Los productores nos piden la renovación de los cafetales. Los productores nos piden atención en el precio internacional del café. Los productores del café nos piden créditos para poder levantar su cosecha. Y seguimos nosotros en la preocupación de que este año nos están proponiendo solamente 350 millones de pesos para atender el cultivo del café.

¿Qué está pasando con la Sagarpa? ¿Qué está pasando que no se están dando cuenta de que estamos llevando entonces a una crisis fuerte a este producto, a esta forma de vida —como ya se ha dicho— de las comunidades indígenas? No solamente falta la renovación. También en esas comunidades prevalece la pobreza. Nuevamente no hay caminos para sacar la producción. Nuevamente nos falta agua, luz, drenaje.

Por eso es que nos sumamos, por supuesto, a la propuesta que está haciendo el diputado Narcia, para que podamos atender en este nuevo presupuesto que está por aprobarse, que incrementemos la atención, que incrementemos el recurso para la atención a este producto.

Ojalá y la gente que va a estar en el tema de las finanzas de Sagarpa, pero sobre todo en la Comisión de Presupuesto consideren que allá hay un México que está esperando que salvemos este producto tan delicioso como es el café. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez:Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. La actividad cafetalera dentro de la agricultura es una de las más importantes a nivel nacional, tanto por el número de actores sociales que intervienen como por la situación socioeconómica de los mismos. Por los ingresos que genera que en varias zonas rurales del país son el principal motor de la economía regional, así como por las divisas que genera.

En lo económico —como ya mencionamos— es fuente de empleo en zonas donde generalmente no hay otras opciones productivas, proporcionando una cantidad importante de empleos directos e indirectos.

Simplemente el padrón de cafetaleros —que está inconcluso— maneja cifras que rebasan el medio millón de productores. En cuanto a los empleos indirectos, los estudiosos del tema los calculan en alrededor de los tres millones.

En cuanto a la producción, puesta en datos duros, para el ciclo 2011-2012 la producción fue de un millón 285 mil 800 toneladas, con un valor de 6 mil 806 millones 900 mil pesos e ingresos por exportaciones para el mismo periodo por 875 millones 900 mil dólares. Para esto se ocupó una superficie de 760 mil hectáreas sembradas.

Pese a la importancia económica y social del sector cafetalero, la mayoría de sus factores se encuentran subestimados en los últimos gobiernos federales. De los productores de café, el 80 por ciento vive en comunidades de alta marginación y pobreza extrema. De estos, el 66 por ciento son indígenas.

Para efectos de cómo está planteado el sistema-producto para este cultivo, solo el 10 por ciento de los productores está en una organización que preste servicios de acopio y comercialización y, por lo mismo, el 90 por ciento restante está a merced de los acopiadores o coyotes que les pagan míseros precios por su producción.

Como bien menciona la proposición con punto de acuerdo que da lugar a la presente intervención, son muchos los problemas que enfrenta el sector. Se requiere depurar el padrón e incluir a cientos de miles de productores que no se encuentran inscritos en el mismo.

Los cafetales, en su mayoría, rebasan los 30 años y ya son plantas poco productivas. Urge el extensionismo bien llevado, que brinde capacitación y asistencia técnica a los productores. Sin olvidar las frecuentes plagas que afectan a los cafetales y que son el reflejo de que requerimos más investigación, más aplicación de esta investigación y planes de manejo fitosanitarios eficientes.

Más urgente todavía es que se construyan los métodos para que todos los productores puedan comercializar su producto de forma directa. Estas y otras carencias presenta este sector.

Por su parte, el gobierno federal ha culpado de la crítica situación al minifundio. En los últimos 25 años las pérdidas cafetaleras del país han tenido un proceso sostenido de atomización. La superficie promedio del productor en 1978 era de 3.48 hectáreas y en 2004 se redujo a 1.38 hectáreas.

Se argumenta que la falta de productividad y competitividad se debe a que la tierra se ha dividido entre muchos productores. Pero, ¿cuáles han sido las políticas públicas de las últimas administraciones? Han sido políticas que han desincentivado al sector. Los apoyos económicos de los últimos años solo llegan al 30 por ciento de los productores y estos son los que cuentan con terrenos grandes.

El monto de los apoyos económicos también ha descendido de 436 millones de pesos, que se destinaron para el sector cafetalero en el Programa Especial Concurrente de 2004. Para el año del 2011, en el PEC, tan solo se otorgaron para este rubro 212 millones.

De igual forma, la superficie que recibe apoyo ha disminuido de 375 mil 500 hectáreas, que se apoyaron en 2007 para el año pasado, ya nada más se recibieron apoyo para 254 mil hectáreas.

Entonces, ¿qué es realmente lo que está causando que el sector cafetalero vaya rumbo la extinción? Desde nuestro de vista han sido las políticas públicas mal diseñadas y que solo favorecen a los grandes terratenientes, por lo cual le pido a nuestros compañeros que apoyen las políticas que favorezcan a los productores cafetaleros, en especial a los pequeños productores.

Y que este apoyo se vea reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y, desde luego, en el Programa Especial Concurrente del próximo año. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo:Con su permiso, diputado presidente. El Grupo Parlamentario del PAN está a favor del punto de acuerdo presentado por el diputado Héctor Narcia Álvarez, presidente de la Comisión Especial del Café.

Reconocemos que es necesario implementar políticas adecuadas a favor de la cafeticultura, con la finalidad de promover su crecimiento y productividad, sostenido siempre en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.

Compañeras y compañeros legisladores, es necesario un incremento presupuestal que permita dar pie a la implementación de estrategias, con el ánimo de impulsar la producción y también de combatir el déficit en su consumo.

Compañeras y compañeros, es necesario que el gobierno federal coadyuve en una intensa campaña para incrementar su consumo, su comercialización y para apoyar la renovación de nuestros viejos cafetos. Además es importante delinear estrategias efectivas, las cuales soporten las metas que están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo presentada por el gobierno federal.

Siendo un legislador proveniente del estado de Chiapas, el cual de acuerdo con el Consejo Mexicano del Café es de los 12 estados productores el que ocupa el primer lugar nacional en la producción, es para mí obligado estar solicitando este apoyo.

La variedad de café que más se produce en el estado y en México, es la denominada arábica, la cual se cultiva casi en tu totalidad en pendientes escarpadas bajo árboles de sombra y con un uso muy limitado de agroquímicos, característica que lo hacen un cultivo ambientalmente verde por excelencia.

También tenemos el café robusta, que es la otra especie que se produce comercialmente en el mundo y se usa principalmente en la industria de los cafés solubles.

Debemos tener en cuenta que la mayor parte de los productores son ejidatarios, muchos de ellos pertenecientes a etnias y a nuestros pueblos originarios, quienes siembran el café en superficies menores a las dos hectáreas, lo cual refleja también que este cultivo es preponderantemente de interés social y económico para los que menos tienen.

Muchas de las productoras son orgullosamente mujeres, así que también fortalecemos las políticas de género apoyando el presupuesto solicitado.

Algunos números que reflejan la importancia de este cultivo es que el 80 por ciento del café orgánico que se exporta principalmente a Estados Unidos de América, en Chiapas por ejemplo, es producido por manos que producen y que trabajan en nuestros campos y particularmente son productores reunidos y pertenecientes a nuestros pueblos originarios.

Somos también el principal productor de café orgánico en el mundo. Es un tema de orgullo, señoras y señores. No podemos perder de vista lo grandes beneficios sociales y económicos que la producción del café le ha dado a nuestro país.

Amigas y amigos parlamentarios, el Grupo Parlamentario del PAN apoyará este punto de acuerdo, ya que además de ser un cultivo que pasa por un momento difícil por la depreciación del grano a nivel internacional, también es un producto que nos da identidad y pertenencia como país.

Tenemos que generar presupuesto para la investigación y el análisis para afrontar los retos como la roya, hongo que hoy en día padecen la mayor parte de nuestros cafetos. Necesitamos este presupuesto para generar capacitación y asistencia técnica a favor de nuestros productores para fortalecerlos y bien organizarlos, para poder competir frente a los retos venideros.

Tenemos que generar las herramientas técnicas y la infraestructura en beneficio de los productores, que nos dará la posibilidad de que nuestro café —que es de gran calidad— compita como merece en el mundo globalizado. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Juan Aquino Calvo. Tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Verónica Carreón Cervantes:Con su venia, señor presidente. Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional resulta de la mayor importancia el apoyo de los productores agrícolas mexicanos, muy en especial en los sistemas-producto, que constituyen importantes fuentes de empleo y desarrollo económico para nuestro país.

Los cambios climáticos que se viven en los últimos años han provocado un alarmante aumento de enfermedades en los cultivos, lo cual trae como consecuencia disminución en la producción, recolección de productos de baja calidad y afectaciones severas a la economía de las familias que tienen en las actividades agrícolas su principal sustento económico.

Uno de estos casos es el aumento inusual de la roya en las plantaciones de café, principalmente de países centroamericanos, como México y el Caribe, la cual ha afectado el 65 por ciento de los cultivos regionales y ha provocado pérdidas por 500 millones de dólares, solo en el istmo, donde hay 350 mil familias que dependen de este cultivo.

En el caso de México, la zona más perjudicada lo es el estado de Chiapas, nuestro principal estado productor de café y el primer exportador mundial de café orgánico. Ante esta situación diversos países de Centroamérica, como el caso de Guatemala, Honduras y Costa Rica han decretado una situación de emergencia y están tomando medidas para evitar la propagación de esta enfermedad.

Compañeras y compañeros legisladores, México ocupa el sexto lugar mundial en la producción de café, de café aromático, y más de 400 mil productores tienen su principal sustento en esta actividad agrícola, de los cuales el 90 por ciento posee extensiones de tierra menores de cinco hectáreas y un 30 por ciento son mujeres.

El 60 por ciento de estos pequeños productores son indígenas, la producción de café se constituye en la base económica de 3.2 millones de personas y los ingresos generados por exportaciones alcanzaron en el año 2012 942 millones de dólares.

Compañeras y compañeros legisladores, es el momento que impulsemos las medidas urgentes que constituyan la menor afectación de estos cultivos tan importantes y de esa manera tener la posibilidad de obtener apoyos para que así se desarrolle su actividad normalmente en el menor tiempo posible. Compañeras y compañeros, los exhorto a dar este respaldo en una vital actividad como es la producción del café. Es cuanto, señor presidente. Agradezco la atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Verónica Carreón Cervantes.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

CONDONACION DE MULTAS A PRODUCTORES Y CONCESIONARIOS DE POZOS AGROPECUARIOS DE ZACATECAS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la condonación de multas a productores y concesionarios de pozos agropecuarios del estado de Zacatecas, a cargo del propio diputado Monreal y del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Gracias, presidente. Seré demasiado breve en esta ocasión. Le agradezco a Roberto, del PRD y a José Soto, de Movimiento Ciudadano, que han ofrecido declinar y votar a favor para este punto tan importante de los productores de Zacatecas.

Es muy sencillo. A los productores de Zacatecas de uso de riego, que tienen pozos de riego, este año Conagua pretende multarlos con 300 mil pesos por no haber instalado —en algunos casos— el medidor o por fallas, que establecen los propios funcionarios, que se cometieron en perjuicio de Conagua.

Lo que estoy planteando es que se condone la multa y que se les dé un tratamiento especial a los usuarios de pozos de riego de Zacatecas. Pretenden aplicar la multa a 200 productores de a 300 mil pesos cada productor.

Esta etapa que están viviendo es terrible en Zacatecas. No solo la lluvia abundante, primero fue la sequía ocho años y ahora la lluvia abundante y se perdieron muchos cultivos de frijol, de chile, de tomate, de hortícolas. Y entonces, lo mínimo que podemos hacer es pedirle a Conagua que tenga consideración con estos productores que usan riego para cultivo y que les sea condonada la multa.

Es urgente, porque además no van a poder pagar. No tienen recursos y están endeudados con instituciones de crédito. Es más profundo el asunto que necesita el rescate el campo mexicano y, particularmente, los productores de Zacatecas, de todo el norte y del país, que requieren con urgencia que esta Cámara pueda ayudar a resolver estos problemas.

Dije que tres minutos, faltan seis segundos. Pero muchas gracias para todos aquellos que apoyen este punto de acuerdo de obvia o urgente resolución. Es un exhorto simplemente, es un exhorto a Conagua para que no aplique estas multas criminales en contra de productores de riego, productores agrícolas que usan riego en Zacatecas y así debe estar el país. Muchas gracias y espero que obsequien su voto a favor. Presidente, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la condonación de multas a productores y concesionarios de pozos agropecuarios de Zacatecas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja ,integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país se encuentra en el desarrollo rural; durante años se ha decidido ignorar al campo, marginándolo a niveles que no permiten un desarrollo digno para sus habitantes.

A través de políticas cortoplacistas que sólo benefician a unos cuantos, se ha visto como las zonas rurales se convierten en sinónimo de abandono y pobreza.

Nuestra nación tiene con Estados Unidos 90 por ciento de su comercio internacional, 90 por ciento de su turismo, 70 por ciento de la inversión extranjera, un millón de norteamericanos residentes en México y 12 millones de mexicanos trabajando en dicho país.

Debido a la dependencia con nuestro vecino del norte, cada vez que se trata de implementar una medida contra alimentos domésticos las consecuencias para los mexicanos son enormes, como ejemplos tenemos: la importación de papa y los aranceles al jitomate y frijol.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aprobó con el afán de facilitar el intercambio entre países, lo cual tiene como finalidad mejoras económicas; sin embargo, esto no se ha observado desde su implementación, al contrario hemos sido testigos de atropellos sistemáticos realizados a este convenio siempre que se trata de proteger sectores vulnerables de la economía estadounidense, mientras que nunca se ha visto esa reciprocidad a nuestro favor.

A pesar de que nuestro sector agrícola presenta asimetrías económicas, tecnológicas y de producción, se presionó para la completa liberalización de productos básicos, sin importar las consecuencias para México.

En 1994, año de entrada en vigor del TLCAN, importábamos 10 por ciento de los productos que consumíamos; veinte años después dicho porcentaje se ha cuadriplicado.

En 1995, México vendía más productos agrícolas en el mundo que los que compraba; es decir, sus exportaciones eran superiores a las importaciones por 939 millones de dólares. En el 2000, la balanza comercial agrícola del país fue deficitaria por 2 mil 465 millones de dólares, en otras palabras, nuestro país incrementó su dependencia agrícola del mercado mundial.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras en México presentan a 2012 una tasa de crecimiento anual promedio del 10 por ciento.

En contraste, México importa el 95 por ciento de la soya que consume, el 74 por ciento del arroz, el 42 por ciento del trigo y el 25 por ciento del maíz que requiere la población.

Aún cuando el campo mexicano atraviesa uno de los momentos más críticos y preocupantes, encontramos casos como el del Estado de Zacatecas, en donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende ejecutar una multa por un monto de 299 mil 899.42 pesos a los productores de pozos agropecuarios de la Entidad.

La resolución de la Conagua expone que los involucrados contravinieron las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, la cual señala:

Artículo 119. “La Autoridad del Agua” sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, las siguientes faltas:

VII. No instalar, no conservar, no reparar o no sustituir, los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas, en los términos que establece esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua explotados, usados o aprovechados, sin permiso correspondiente, incluyendo aquellos que en ejercicio de sus facultades hubiere instalado la “Autoridad del Agua”;

No obstante, resulta sorprendente que se pretendan imponer multas excesivas para los usuarios de pozos, las cuales se realizan de manera parcial y acotada, sin tomar en cuenta las verdaderas causas que engloban la problemática histórica de la agricultura de riego.

Debemos mencionar que los productores de la zona enfrentan: un alto costo de insumos y combustibles, lo cual eleva mes a mes los precios de producción en los cultivos; excesivas tarifas de bombeo, debido a la ineficiencia de los equipos obsoletos; una caída drástica de los precios pagados al productor; una completa descapitalización, que conlleva deudas con instituciones financieras, y cultivos afectados por el exceso de humedad.

Los recargos que Conagua busca fijar por cuestiones normativas, desmantelarán la base productiva y pondrán en riesgo la sobrevivencia de 8,500 concesionarios de pozos de riego, lo cual se traducirá en 140 mil hectáreas, 25 mil 500 empleos directos y 85 mil indirectos.

El perfil de los afectados corresponde a pequeños, medianos y grandes productores, y a proveedores de insumos y servicios. Aunado a lo anterior, no podemos dejar de mencionar que si bien hace cinco años el 70 por ciento de los productores de riego presentaban problemas, ahora el 100 por ciento se encuentra en crisis.

Con base en lo descrito, resulta claro que el campo exige una reglamentación actualizada del uso del agua, líneas de crédito accesibles y oportunas, una flexibilización de las reglas de operación y una protección a la base productiva nacional.

El objetivo principal del gobierno en este tema debe ser el rescate de la agricultura, por lo que exigimos que se suspenda el procedimiento de ejecución en contra de 175 pozos de riego agrícola en el Estado de Zacatecas y la condonación de las multas impuestas por Conagua; sólo a través de estas medidas lograremos devolver al campo la dignidad que por extensión y recursos naturales le corresponde. Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través del director local de Zacatecas, el doctor Felipe Benjamín de León Mojarro, a suspender el procedimiento de ejecución en contra de 175 productores y concesionarios de pozos de riego agrícola en el estado de Zacatecas, por contravenir las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.

Segundo.Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a través del director local de Zacatecas, el doctor Felipe Benjamín de León Mojarro, a condonar las multas por un monto de 299 mil 899.42 pesos, impuestas a 175 productores y concesionarios de pozos de riego agrícola en el estado de Zacatecas, por contravenir las disposiciones previstas en la fracción VII del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados a establecer mesas de trabajo con los productores y concesionarios de pozos de riego agrícola, con el propósito de instaurar una reglamentación del uso del agua acorde a la situación actual del campo mexicano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2013.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Ricardo Monreal Ávila.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí se considera de urgente resolución. Tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Cualquier orador que decline nos lo notifica. Muchas gracias.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, el agua es considerada por la Organización de las Naciones Unidas como pieza clave en el desarrollo futuro.

En la celebración del Día Mundial del Agua, el pasado 22 de marzo, Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, reflexionó sobre el tema. Hizo hincapié en que la escasez de este vital líquido, junto con los diversos fenómenos potenciados por el cambio climático, está reduciendo las tasas de producción agrícola.

Es por ello que frente al crecimiento de la población a nivel nacional es tarea y responsabilidad de todos los mexicanos, así como de los tres órdenes de gobierno garantizar su cuidado y uso sostenible.

En nuestro país su uso y explotación es también causa de conflictos, como ya lo demuestran los apuros que están pasando entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, así como Sonora.

En esta misma situación se encuentra el estado de Zacatecas, al ser una de las entidades federativas en donde es un imperativo abatir la sobreexplotación de los mantos acuíferos, reducir la escasez de agua, contar con plantas recolectoras y tratadoras, así como implementar una cultura integral del uso del agua.

El estado de Zacatecas es en su mayor parte árido. El volumen de agua concesionado en el estado es de mil 457 millones de metros cúbicos, de los cuales el 90 por ciento se destina al riego, el 8 por ciento al uso municipal y el 2 por ciento al industrial.

El 70 por ciento de su superficie presenta precipitaciones inferiores a 500 mililitros anuales, lo cual define un panorama adverso en cuanto a la disponibilidad del recurso para los usos del estado.

Como en otras ocasiones, Nueva Alianza ha planteado propuestas que tienen que ver con la sustentabilidad y lo hacemos de nuevo al apoyar este punto de acuerdo que se ha presentado. Urge, porque urge atender el campo mexicano, y en especial ese estado que es azotado recurrentemente por las sequías.

Expresamos nuestro apoyo a los jornaleros zacatecanos y exhortamos a que se restablezcan los canales de comunicación, los canales de diálogo de la Conagua, de los consejos de cuenca involucrados, ¿esto para qué? Para que tengamos certeza de que se logren acuerdos y se otorguen soluciones positivas a los ciudadanos de este estado y también de los otros estados de nuestro país que padecen este problema. Muchas gracias por su atención, diputado presidente. Gracias a todas y a todos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado José Angelino Caamal Mena.

Tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos sumamos a esta proposición planteada de urgente resolución, para que se les condonen estas multas a los productores zacatecanos.

Ya lo expresó bien nuestro compañero diputado Monreal, la necesidad por la que está atravesando el campo zacatecano y que no es exclusivo de nuestro estado, es una situación generalizada, por lo que nos sumamos de manera plena a este exhorto y esperamos que las autoridades de Conagua atiendan y sean sensibles a esta necesidad y que atiendan este exhorto. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal.

Tiene el uso de la palabra la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su permiso, señor presidente. También para sumarme plenamente a la propuesta del diputado Monreal.

Haría solo algunas precisiones. La Conagua efectivamente ha emitido un reporte específico al respecto, en relación a 190 sanciones administrativas aplicadas a usuarios de aguas nacionales de propiedad federal, a quienes emitieron multas en el estado de Zacatecas. De estas 190, 10 sanciones fueron enviadas al Sistema de Administración Tributaria para su cobro, en virtud de que los usuarios a los que se impusieron las sanciones y que se confirmaron, se convirtieron en créditos fiscales y fuera del ámbito de competencia de la Conagua.

Es importante dejar asentado que en estos casos los usuarios pueden llegar a un acuerdo con el SAT para realizar el pago en parcialidades.

Destacamos también que hay un grupo de 11 usuarios con resoluciones favorables que impugnaron las resoluciones administrativas mediante recursos de revisión, juicios de nulidad o amparos interpuestos ante los tribunales federales en materia administrativa y a los que se resolvió declarar la nulidad de la resolución que contiene la multa impuesta, significado así que ya no es exigible su cobro.

Finalmente, 10 usuarios interpusieron juicios de nulidad, en tanto que 57 lo hicieron mediante recursos de revisión. Estos casos se encuentran pendientes de determinación. Pero, sin duda, comparto la preocupación del legislador y ha manifestado su compromiso de apoyo a los productores del campo mexicano.

También entiendo que por razones éticas el apoyo y el auxilio deberán siempre circunscribirse al respeto al estado de derecho, más tratándose de entidades que como Zacatecas son afectadas por la carencia suficiente de agua, no solo destinada con fines de uso agropecuario, sino también para el consumo humano.

De la misma forma, es claro que nos oponemos a toda iniciativa que pudiera atentar en contra de los derechos fundamentales de los productores agropecuarios a tener una vida digna. De manera particular, quiero sumarme plenamente, como zacatecana, al exhorto que formula el diputado Monreal a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego de esta Cámara de Diputados para establecer mesas de trabajo con los productores y concesionarios de pozos de riego agrícola, con el propósito de instalar una reglamentación del uso del agua acorde a la situación actual del campo mexicano. Esto sería benéfico no solo para entidades como Zacatecas sino para todo el agromexicano. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Judit Magdalena Guerrero López. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Roberto López Suárez:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el tema que hoy nos ocupa es de relevancia nacional, no solo tiene que ver con la condonación de multas, también tiene implicaciones legales, políticas y ecológicas.

En México no ha existido una planeación para realizar acciones de problemas climatológicos. Zacatecas es una entidad que permanentemente se encuentra en una condición de sequía. Los especialistas señalan que es un estado que tardará una década por lo menos para reponerse del hambre y la sed, en cuanto a muchos años de grandeza que tuvo Zacatecas y que toda su riqueza venía del campo.

Zacatecas cuenta con una extensión territorial de 7.4 millones de hectáreas, de las cuales 5.4 millones son de vocación ganadera. Sin embargo, hoy en día no se cuenta con una infraestructura para hacer frente al fenómeno climatológico que nos abate en el país y sobre todo en el norte.

Aunado a ello, es el principal productor de frijol en nuestro país, con 150 mil hectáreas de riego. De igual forma tiene un ramo ganadero importante y contaba con una infraestructura muy buena en ese estado. Desgraciadamente de unos años a la fecha ha decaído.

Zacatecas mantiene un fuerte periodo de sequía y es un estado en el que a pesar de los esfuerzos del gobierno estatal y gobierno federal no se puede contrarrestar esta sequía en todo el territorio.

Aproximadamente se han perdido 100 mil cabezas de ganado en los últimos años. Se calculan 500 millones de pesos en perjuicio de las familias zacatecanas y 35 mil de los productores tienen carencia de recursos económicos. Se ha afectado a 132 mil familias en estos últimos años por la sequía. Zacatecas vive un panorama crítico y se enfrenta a estragos en todos los rubros, sobre todo en la producción agrícola.

En estos últimos meses se ha agudizado la situación, sobre todo porque hay sanciones por parte de la Comisión Nacional del Agua para contrarrestar las acciones que llevan los productores y concesionarios de los pozos de riego agrícola y se les quiere multar por casi 300 mil pesos.

Los productores y concesionarios de estos pozos en Zacatecas enfrentan un embate de sequía. También se agrega a esto las multas y sobre todo la falta de infraestructura y se ha afectado y se afectará a por lo menos cuatro mil 500 hectáreas.

Es necesario que los diputados de esta Legislatura apoyemos este punto de acuerdo que propone el diputado Ricardo Monreal, porque es urgente que los productores y concesionarios de este estado tengan apoyo desde esta Cámara y del gobierno federal. Le pedimos a la Conagua que pueda condonar las multas. Es todo, gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, señor diputado Roberto López Suárez.

Tiene el uso de la palabra la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Leslie Pantoja Hernández:Buenas tardes, diputado presidente. Buenas tardes, compañeros, los saludo con respeto a todos. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional vengo a decirles que estamos a favor de este punto de acuerdo propuesto por nuestro compañero Ricardo Monreal. No solo compartimos con que sea Zacatecas a quien se exente de estas multas, sino a todos los estados que estén en esta misma situación. Un ejemplo de ello es mi estado, Sonora.

Las actividades agropecuarias son las que hacen el uso agotador del agua más intensivo, por ello es de particular atención un uso más racional. De acuerdo con la Conagua, por usos agrupados el mayor uso es el agrícola, con el 76 .7 por ciento del volumen concesionado para uso consuntivo. La superficie bajo riego representa 6.5 millones de hectáreas agrupadas en 85 distritos de riego.

Sin duda es preocupante la situación señalada en la exposición de motivos respecto a las multas impuestas a productores de pozos agropecuarios de todo el país. Y claro que estamos a favor de exhortar a las autoridades competentes para que resuelvan esta situación de la mejor manera, acorde a las faltas y consideraciones principalmente de los pequeños productores.

Asimismo estamos a favor de la implementación de acciones por parte de Conagua para promover una gestión del agua más responsable, conforme a la ley en la materia y a la regulación establecida según los títulos de concesión, asignación y permisos de aguas nacionales. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Leslie Pantoja Hernández. Tiene la palabra el diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Julio César Flemate Ramírez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, según veo la sesión de hoy terminará como las fiestas de mi pueblo, en la comunidad de Amoxochitl: por falta de gente. Estamos de acuerdo en que en el balance de la deuda histórica con el campo mexicano aún tenemos un saldo negativo.

A la persistencia de los viejos problemas del campo en las últimas décadas se añadieron los desafíos de la globalización, la apertura económica y la liberación política, situaciones que implicaron una nueva dinámica interna y una relación diferente con el gobierno, en la que desafortunadamente no se ha logrado alcanzar la meta de llevar los beneficios a la modernización, el uso de nuevas tecnologías y modelos que garanticen la organización empresarial en beneficio de los agricultores.

En los últimos años además emergieron situaciones que añaden niveles de complejidad a las condiciones estructurales que afectan al campo, tales como la delincuencia y la falta de disposición de instituciones crediticias para ampliar el financiamiento.

Esta situación —como sabemos— no es privativa de los productores zacatecanos, lo es también de los productores de Jalisco, lo es también de los productores de Aguascalientes. Desde el norte hasta el sur, todos tienen la misma problemática. Pero hay un aliciente, el incremento de 13 mil millones de pesos para pasar de 313 mil a 326 mil millones para el Programa Especial Concurrente, es un signo alentador en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Compartimos la inquietud de la situación que exponen los promoventes. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo en calificar como injustas o excesivas las multas a las que hace referencia. No compartimos la sorpresa, pero sí la preocupación en torno de esta situación.

Por lo que después del análisis obligado, manifestamos desde el PRI nuestra adhesión a dicho punto de acuerdo, si bien que por esta única ocasión estaremos de acuerdo con los promoventes, esperando que no se siente precedente. Pero también manifestamos nuestra inconformidad, porque no son 200 usuarios de los pozos.

Lo manifestaba la diputada Judit Magdalena, de la fracción del Partido Verde Ecologista, el desglose de cómo ha ido arreglando Conagua con muchos otros beneficiarios. Es por eso que debemos de buscar juntos, toda la Cámara de Diputados con el gobierno federal, un compromiso para empeñarnos en el mayor de nuestros esfuerzos para hacer del campo mexicano un campo productivo, rentable y sustentable y para proveer a cada uno de sus trabajadores las condiciones de justicia social que se les debe y merecen. Muchas gracias.

Presidencia de la  diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítame, Secretario. Sonido a la curul del diputado Salvador Barajas. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Gracias, presidenta. Para ver si es posible que por su conducto les podamos hacer una solicitud a los proponentes de una integración al texto de este punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Estamos ya en la votación y tampoco tenemos la propuesta por escrito. Ya no es el momento procesal para poderlo incluir. Una disculpa. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

EXHORTO A LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS A HOMOLOGAR LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO CON LA ZONA GEOGRAFICA A

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto es la presentación de la diputada Lizbeth Loy Gamboa, del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a homologar los municipios del estado de Quintana Roo a la zona geográfica A, a fin de equilibrar el desarrollo económico de la región fronteriza, a cargo de ella y a nombre de los diputados Raymundo King de la Rosa y Eduardo Román Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song:Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, muy buenas tardes. Reza un dicho popular que los últimos seríamos los primeros. Creo que hoy podemos aplicar esa afirmación.

Muchas gracias a mis compañeros diputados que permanecen todavía en la sesión para escuchar y aprobar este punto de acuerdo que para los quintanarroenses es verdaderamente urgente y necesario, ante una serie de circunstancias que acaban de suceder.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fue creada en el año de 1963 al interior de la Secretaría del Trabajo. Su objeto es resguardar el cumplimiento de los preceptos del artículo 123 constitucional y del 96 de la Ley Federal del Trabajo.

En el año de 1982, la Conasami dividió a México en tres zonas geográficas, específicamente para fines salariales: la A, la B y la C, colocando a Quintana Roo en la zona geográfica más baja, la C.

El año pasado la Conasami decidió dividir a México de nueva cuenta, ahora en solo dos zonas geográficas, ascendiendo a la zona B a los 29 estados del país que antes se ubicaban en la zona C. Lo que representó un aumento en el salario mínimo de 2.5 por ciento y una mejoría de 2 pesos.

En el 2013, el salario mínimo determinado por la Conasami para la zona A es de 64 pesos con 76 centavos. Y para zona B de 61 pesos con 38 centavos.

Quintana Roo es el estado más joven de México. Apenas cumplió 39 años el pasado 8 de octubre. Sin embargo, a pesar de su juventud, nuestro estado genera el mayor porcentaje del producto interno bruto del país a través de los millones de divisas que ingresan por nuestros destinos turísticos de clase mundial.

Tomando en consideración solamente este factor económico, no comprendemos porqué razón, desde el año de 1982, la Conasami nos haya catalogado siempre en la tarifa del salario mínimo más baja, la C y ahora la B.

Solamente por poner un ejemplo, en el registro de los trabajadores afiliados a la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), de mejorarse el salario mínimo en el estado habría un incremento en el circulante, solo considerando a sus 50 mil afiliados de alrededor de medio millón de pesos. Con ello, mejoraríamos la calidad de vida evidentemente de toda la población.

Es importante señalar que, producto de la importante actividad económica del estado de Quintana Roo, del total de la tasa de desempleo de nuestro país, en Quintana Roo se absorbe el 9 por ciento. Si se mejorara el salario mínimo en el estado, todos aquellos trabajadores que provienen de diferentes estados de la República, como lo son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Tabasco, por ejemplo, tendrían un mayor ingreso y sería a la vez mayor el recurso que enviarían a sus lugares de origen.

Así es que el mejoramiento del salario mínimo vigente para el estado de Quintana Roo no solamente mejoraría la vida de los quintanarroenses, sino que también mejoraría la vida de muchos de los habitantes de nuestro país.

Respecto a la región fronteriza que está definida en la Ley del IVA, todos los municipios del estado de Baja California y Baja California Sur, así como 39 municipios del estado de Sonora, ya se encuentran clasificados dentro de la zona de salario mínimo A determinada por la Conasami.

El único estado de la zona fronteriza que no se encuentra en la zona A es Quintana Roo. De ahí que si nos regimos por el criterio de región fronteriza, nos resulta también incomprensible que el único que no esté dentro de la zona A del salario mínimo sea otra vez el estado de Quintana Roo.

Se han hecho reiterados esfuerzos por diferentes instancias gubernamentales para mejorar el salario mínimo para el estado de Quintana Roo, como el punto de acuerdo presentado en esta misma tribuna en el año del 2009 por el entonces diputado federal Roberto Borge Angulo, hoy gobernador de Quintana Roo. Asimismo el intento que hizo por medio de un exhorto la XIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, en octubre de 2011.

De nueva cuenta mi compañero diputado federal Raymundo King, hace apenas escasos días presentó un punto de acuerdo con el mismo propósito, turnado a la comisión del trabajo.

El jueves pasado, en la miscelánea fiscal que aprobamos en esta Cámara, se derogó el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que la tasa diferenciada del IVA que regía para Quintana Roo del 11 por ciento se homologará con la del resto del país al 16 por ciento.

Por todo esto, los factores económicos, el incremento de la calidad de vida, pero principalmente por la posibilidad de mejorar la vida de cientos de miles de quintanarroenses, me permito en esta tarde proponer a ustedes —honorable asamblea que todavía permanece en este recinto— el siguiente punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.

Único. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que se homologuen a todos los municipios del estado de Quintana Roo de zona B a zona A, buscando con ello generar equidad y simetría en el desarrollo económico del estado de Quintana Roo y una mejor calidad de vida en los quintanarroenses.

Agradeciendo su atención, es cuanto, diputada presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a homologar los municipios de Quintana Roo con la zona geográfica A para equilibrar el desarrollo económico de la región fronteriza, a cargo de los diputados Lizbeth Loy Gamboa Song, Raymundo King de la Rosa y Eduardo Roman Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, diputado Raymundo King de la Rosa y diputado Eduardo Román Quian Alcocer, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fue creada en 1963, con el objeto de resguardar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia laboral salarial. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene como función establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, que el salario mínimo cumpla con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que de acuerdo al artículo 123 fracción VI, deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.

Asimismo, de acuerdo al artículo 96 de la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un órgano autónomo, cuyas resoluciones radican en diversos estudios socioeconómicos y consideraciones que presentan los representantes de cada sector y que además cuenta con indicadores socioeconómicos suficientes para determinar las áreas geográficas para fines salariales.

De la resolución del honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2013, los diez municipios que conforman el Estado de Quintana Roo, forman parte de la zona geográfica “B”.

La situación geográfica de Quintana Roo, la influencia de productos extranjeros y la posibilidad que tiene el consumidor de recurrir a los mercados vecinos, obliga a los quintanarroenses a requerir mayores condiciones de competitividad. Con políticas justas de distribución del ingreso, el mejoramiento salarial y la generación de empleos estables y bien remunerados, Quintana Roo podrá aspirar a un futuro promisorio.

Normatividad específica como lo es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo y los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora. Respecto a la región fronteriza definida por la Ley del IVA, todos los municipios del Estado de Baja California y Baja California Sur, y 39 municipios del Estado de Sonora, están clasificados como área geográfica “A” por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Los mismos municipios y estados que son beneficiados con tasa de impuesto al valor agregado diferenciada, en el artículo 2° de la Ley del IVA ya son clasificados como área geográfica “A” excepto los municipios del estado de Quintana Roo. Por lo anterior es viable una homologación salarial del Estado de Quintana Roo, al área geográfica “A” como los demás estados fronterizos.

Es momento de dejar de concebir al salario como un costo laboral, es correcto verlo como un indicador de bienestar, con esta visión, la economía elevará su competitividad y se adecuará a las condiciones exigidas por la globalización, propiciando una mejora en la reactivación económica. Por la situación geográfica del Estado, por el desarrollo alcanzado, por la industria turística con la que cuenta y por ser considerado como Región Fronteriza,  es factible una homologación salarial de todos los municipios del Estado de Quintana Roo de zona geográfica “B” a zona geográfica “A”.

Por ello nos permitimos proponer al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que se homologuen todos los municipios del estado de Quintana Roo, de área geográfica “B” a área geográfica “A”, buscando generar justos equilibrios en el desarrollo económico de la región fronteriza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 22 de octubre de 2013.— Diputada Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Diputado Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada Lizbeth Loy. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente u obvia resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados. Por el Partido Nueva Alianza, el diputado José Angelino Caamal Mena, que tiene la palabra hasta por tres minutos.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es tema de suma importancia las condiciones de conformación y definición de los salarios mínimos del país. Si bien es cierto que el contenido del presente punto de acuerdo se circunscribe al caso del estado de Quintana Roo, quiero hacer oportuno este momento para llamar su atención y recordar que el pasado 24 de septiembre en esta soberanía presenté un punto de acuerdo en esta materia.

En esta Cámara presentamos un punto de acuerdo en el que proponemos que las Cámaras de Diputados y de Senadores estén representadas en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Esto con la intención de que se tomen acuerdos y decisiones que apunten al beneficio de toda la población.

Lo anterior tiene relación con el exhorto que se realiza en este punto de acuerdo, con el propósito de que el secretario del Trabajo homologue a la zona geográfica A al estado de Quintana Roo, clasificado actualmente en la zona B, lo que le representa obviamente una desventaja económica y de esta forma se le dé el mismo trato del que gozan las entidades fronterizas del norte del país.

Consideramos que en la medida en que el Poder Legislativo tenga miembros con derecho a voz y voto dentro de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, las necesidades económicas de la población estarán eficientemente representadas y tendrán la posibilidad de ser atendidas con prontitud.

Consideramos adecuada la petición de los diputados proponentes. No obstante, para lograr recobrar el poder adquisitivo de los trabajadores de toda la República es necesario que los salarios mínimos se modifiquen de forma dinámica y acorde a la realidad económica de nuestro país.

Nos pronunciamos a favor de exhortar —de manera respetuosa— al titular de la Secretaría del Trabajo, a solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que se integre al estado de Quintana Roo a la zona geográfica A, en materia de salarios mínimos.

Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza votará a favor de este importante punto de acuerdo. Esperamos contar con la solidaridad para impulsar este punto de acuerdo y otras iniciativas que propicien mejores salarios mínimos, y en consecuencia venga también a mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Gracias, por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saluda la proposición de punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, presentada por los compañeros legisladores Gamboa Song, King de la Rosa y Quian Alcocer, acerca de homologar todos los municipios del estado de Quintana Roo, para que sean considerados en área geográfica A y deje de ser área geográfica B, respecto a los salarios mínimos.

Los proponentes hacen un planteamiento que nos parece atinado, dadas las circunstancias de los 10 municipios que integran la entidad aludida. Los puntos principales que sustentan la propuesta son los relativos a que las condiciones que prevalecen en la entidad sureña son las que tienen los municipios de los estados del norte del país, por lo que no debe haber diferencias entre una u otras entidades.

Por otra parte, es posible que en estos días se ratifique por la colegisladora un punto que forma parte del Paquete Económico 2014 y que nosotros lo votamos en contra y que es el referente a homologar el cobro del impuesto al valor agregado para que pase del 11 por ciento —que hasta la fecha se paga en las franjas fronterizas— al 16 por ciento que pretende la federación.

Al elevarse la tasa de gravación del impuesto citado, necesariamente se aumenta el costo de la vida y, por tanto, se hace indispensable modificar los criterios para señalar las áreas geográficas que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos establece.

Por otra parte, no hay ninguna circunstancia para diferenciar aún más a las zonas fronterizas del norte con las del sur y en esas condiciones la homologación es prioritaria y necesaria para dar trato igual a iguales. Más aún, los salarios que determina la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos anualmente y que rigen en las entidades del país, dadas las circunstancias de México, deben verse como indicadores de bienestar para elevar su competitividad y adecuarse a otras condiciones de vida.

En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, presentado ante el pleno de esta soberanía. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidenta. Tal vez sea porque ya me estoy acostumbrando o tengo muy mala suerte. Por lo general, casi siempre que me toca pasar a tribuna el pleno está vacío. Y no lo digo yo, lo dicen las curules vacías.

Sin duda alguna, uno de los componentes fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar social radica en el salario, ya que dicha remuneración representa el único medio con el que cuenta la mayoría de la población mexicana para satisfacer sus necesidades básicas.

En 1963 fue creada la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la cual opera como un organismo público descentralizado que tiene como objetivo fundamental fijar los salarios mínimos legales.

Lamentablemente, a 50 años de la creación de dicha dependencia no ha cumplido con su misión principal, sino por el contrario, en nuestro país el salario mínimo no es suficiente, ni siquiera para satisfacer las necesidades básicas.

Dentro de las deficiencias que el esquema actual presenta, se encuentra aquella que determinan las áreas geográficas a las que pertenecen las diversas regiones de nuestra nación. De este modo, en la zona A, el emolumento asciende a 64.76 pesos diarios, mientras que en la zona B se ubica en 61.38 pesos.

Tal como lo expone el punto de acuerdo que se discute el día de hoy, existen entidades que han sido catalogadas en la zona incorrecta debido a las condiciones que presenta. Éste es el caso de Quintana Roo, ya que aunque pertenece a la región fronteriza, es el único estado de dicho grupo que no se ubica dentro del área geográfica A.

La modificación resulta de suma importancia, ya que dicha entidad federativa enfrenta la influencia de productos extranjeros que obligan a los quintanarroenses a establecer condiciones de competitividad óptimas para los consumidores.

No obstante, debemos mencionar que dicha propuesta es insuficiente. Las condiciones económicas que México enfrenta en estos momentos exigen cambios de fondo y no tan solo paliativos que mejoran la situación a corto plazo.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la situación de los trabajadores no mejorará simplemente con la realización de exhortos. Por eso se presentó una iniciativa que busca modificar los artículos 74 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer que la Cámara de Diputados sea la encargada de fijar los salarios mínimos, con base en la opinión emitida por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, patrones y el gobierno.

Aunado a lo anterior, debemos mencionar que mientras en nuestro país continúen las políticas que han descendido el nivel de crecimiento esperado del producto interno bruto a 1.7 por ciento, que han mantenido la inflación por encima del 4 por ciento previsto como máximo, que plantea comprometer 60 de cada 100 pesos del erario público debido al endeudamiento y que han incrementado la canasta alimenticia recomendable en un 28 por ciento, no existirá salario mínimo que permita cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por el Partido Verde Ecologista de México tiene ahora la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, hasta por tres minutos.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con el permiso de la Presidencia. Señoras diputadas y señores diputados, el desarrollo de un país está supeditado no solo al crecimiento económico, sino a la adecuada distribución de éste para generar un equilibrio, progreso, entre todos los sectores que componen su sociedad.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México suma hoy su voto a favor de la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que reconozca la productividad y empeño de los trabajadores del estado de Quintana Roo, a través de mejores condiciones salariales.

Si bien sabemos que no existen atajos para el crecimiento económico, y para lograr mejores salarios se requiere elevar la competitividad y productividad de los factores de la producción. También es cierto que el estado de Quintana Roo enfrentará muy pronto un impacto importante sobre su economía derivado de la aprobación de la reforma hacendaria. La homologación del impuesto al valor agregado en nuestras fronteras afectará directamente el consumo de los municipios de Quintana Roo.

Es justo reconocer esto e impulsar medidas que contribuyan a fortalecer nuestro mercado interno y, con ello, también lo haga la transformación fiscal por la que estamos apostando. Aunado a lo anterior, es de señalar que el estado de Quintana Roo se colocó entre los tres estados que recibirán menor inversión en comunicaciones y transportes el próximo año, de acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.

De manera que es importante que como legisladores busquemos fortalecer las finanzas públicas de nuestro país y procuremos un gasto público justo y equilibrado. Pero sobre bases sólidas, que permitan que nuestra gente pueda enfrentar las disposiciones fiscales y de gasto público sin detrimento sobre su calidad de vida. Es por esto que la homologación salarial que hoy se propone es un asunto relevante que no puede ni debe ser inadvertido.

Quintana Roo ha sido un estado que se ha esforzado por mantener estándares de competitividad internacional en los bienes y servicios que produce. Es tiempo de reconocer este esfuerzo en el bolsillo de su población. Por ello, nuestro grupo legislativo se une a la petición que hoy se encuentra a discusión. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por el Grupo Parlamentario del PRD tiene ahora la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin empleos y salarios dignos es inútil hablar de justicia en nuestro país, tema prioritario y propuesto por el PRD desde hace varios años.

Aproximadamente desde el año 1998 ha sido una propuesta que hemos impulsado y que han impulsado varios de mis compañeros. Sin embargo, celebro que el día de hoy estemos de acuerdo todos mis compañeros diputadas y diputados de los diferentes partidos del estado de Quintana Roo.

Nuestra Constitución señala expresamente que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, para promover educación obligatoria de los hijos.

En tal virtud apoyamos este punto de acuerdo que propone exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para homologar el salario de los municipios del estado de Quintana Roo en la zona geográfica A.

El desarrollo turístico se ha traducido en un encarecimiento en el costo de la vida que afecta el bienestar de las personas que viven de su trabajo ante la insuficiencia de los salarios que perciben.

Sin embargo, esto es solamente una solución parcial, ya que de manera repetida diversos estados de la República reclaman igualmente la homologación de los salarios al área geográfica A, como ya se ha comentado. Y tienen toda la razón, pues ante las necesidades apremiantes y costos similares de la vida en todo el país, se exige que a la brevedad se hagan las reformas necesarias para que solo exista un salario igual y remunerado a lo largo de nuestra nación.

El alcanzar un salario remunerador en los términos que ordenan, tanto el artículo 123 constitucional como la Ley Federal del Trabajo, exige al propio tiempo un aumento justo y general de emergencia.

Contrario a lo anterior, la política central en materia de inversión de nuestro país es de impulsar los salarios a la baja. Los salarios de nuestro país son los menores dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Son menores a los de gran parte del mundo, comenzando por China, para no hablar de países como Brasil y Chile.

Es injusta e insostenible la actual política salarial que no ha sido accidental, sino ha respondido a un proceso sistemático a los gobiernos en turno, sometidos a los dictados de los centros financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El mercado interno, uno de los principales factores que pueden detonar el crecimiento del PIB, que es una solución de fondo para los problemas que mantienen estancada nuestra economía, permanece estancado ante salarios absolutamente insuficientes, incluido el mínimo, que ya suma una caída de más de 79.11 por ciento en los últimos 25 años.

Los empleos y salarios dignos no solamente son un obstáculo para el crecimiento de nuestra economía, por el contrario, son elementos indispensables para resolver de raíz su problemática.

Luego, la política económica no busca atender esta situación, sino impulsar una monstruosa acumulación de la riqueza en pocas manos, sobre todo del capital extranjero sin visión de futuro ni compromiso nacional.

En suma, que nadie puede oponerse a la solicitud de homologar los salarios de los municipios de Quintana Roo al área geográfica A, pero debe ser solo el punto de partida para impulsar un crecimiento sostenido de los salarios en todo el país en bien de los trabajadores —estoy concluyendo— de sus familias y de los desarrollos económicos.

Sin embargo, diputadas y diputados, el salario mínimo de 64.7 pesos no alcanza para tener una vida digna. Ese salario mínimo es la fábrica de pobres, es la raíz de los graves problemas de este país. Provoca hambre, violencia. No podemos seguir indiferentes ante esa injusticia social.

Diputadas y diputados, seamos congruentes, por encima de nuestras diferencias ideológicas hagamos prioritaria la homologación de los salarios en todo el país. Nos lo merecemos todos y todas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la palabra la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña.

Discúlpeme, diputada, antes quiero saludar la presencia del presidente municipal del municipio de Chiconcuac, del estado de México, invitado por la diputada Carla Padilla. Bienvenido. Adelante, diputada, por favor.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña:Gracias, presidenta. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo en discusión hace un atento exhorto a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que en todos los municipios del estado de Quintana Roo se homologue el salario mínimo. Es decir, cambiar la clasificación de la zona geográfica B a la zona A.

Todos los que me han antecedido en la palabra han explicado claramente a qué se refiere este punto de acuerdo. Quiero referirme más bien a decirles que el estado de Quintana Roo es un caso especial, por ser una entidad fronteriza con un intenso flujo migratorio, con la más importante oferta turística del país y con altos índices de marginación y pobreza, donde miles de personas trabajan en condiciones precarias, percibiendo un salario que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de sus familias, donde el transporte y la vivienda son más caras que en otras entidades de la República.

No es la única propuesta en la materia la que hoy estamos escuchando en relación al punto de acuerdo, existen varias, inclusive la que presenté el pasado mes de septiembre, a fin de facultar al Coneval para que éste envíe un estudio técnico de viabilidad a la Conasami antes de establecer los montos de los salarios mínimos.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Quintana Roo con respecto a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal ocupó el lugar 26 de población en pobreza y el 21 en pobreza extrema.

Cabe mencionar y aclarar que Quintana Roo es uno de los nueve estados en donde hasta hoy gobierna el PRI. Ejemplo de esto es que en 2008 se encontraban en esta situación 420 mil personas, mientras que para 2012 aumentó a 563 mil.

Por otra parte, cabe mencionar que el punto de acuerdo deriva también del incremento irresponsable en la tasa del impuesto al valor agregado para la zona fronteriza, aprobado por el PRI, el PRD y el Verde, en esta Cámara de Diputados y que repercute de manera directa en la población del estado de Quintana Roo.

En este sentido, debemos puntualizar que si bien es importante para la población de la región la homologación del salario mínimo ante la zona geográfica A, hubiera sido más responsable —económica y socialmente hablando— el no haber aprobado el incremento del IVA en la zona fronteriza.

Más responsable hubiera sido impedir que se cancele la deducción de los gastos de previsión social, que con la reforma que aprobaron estos partidos. Va a lastimar la economía de los trabajadores, porque o le cancelan la prestación social o les acumulan el ingreso y los gravan con más impuesto.

A pesar de lo anteriormente expuesto, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el bienestar de la gente es primero. Por eso votaremos con mucha dignidad, credibilidad y legitimidad, a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo King de la Rosa, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Raymundo King de la Rosa:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, agradezco a mi antecesora la diputada Alicia, siempre oportuna y aprovechando los reflectores en todo momento.

El Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para la homologación de los municipios del estado de Quintana Roo, del área geográfica B al área geográfica A, toda vez que con él se busca disminuir las asimetrías en el desarrollo económico de la región fronteriza del sur de nuestro país.

Así lo señaló —como mencionó también mi compañera diputada Liz Gamboa— el pasado diciembre del 2009, el entonces diputado federal y hoy gobernador del estado, Roberto Borge, propuso un punto de acuerdo también ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que considerara al estado de Quintana Roo también en el mismo sentido, de la misma forma que el Congreso del estado, en el año del 2011.

Como bien lo han señalado los diputados ahora proponentes, la situación geográfica de Quintana Roo, similar a la de los otros estados de la República considerados parte de la franja fronteriza, la lejanía que tienen del centro del país y la imperante necesidad de contar con un salario mínimo que contribuya a una mayor competitividad de la entidad y su calidad de vida son sin duda argumentos importantes para homologar el salario mínimo.

Estamos ciertos que la propuesta que nos ocupa, de ser atendida, contribuirá a elevar la competitividad en Quintana Roo y, en consecuencia, la calidad de vida de los quintanarroenses.

Sabemos que el salario constituye una pieza clave de la economía local y nacional. Aunque a nivel macroeconómico el salario es un coste, también resulta ser un componente básico de la demanda. En otras palabras, el salario depende de la capacidad del consumo en la economía.

Establecer a la entidad en el área geográfica A es una necesidad que tiene su mejor fundamento en la realidad social y económica que vive Quintana Roo. Por ello se reclama para que podamos contar con un mejor poder adquisitivo.

En consecuencia, es importante e inaplazable contar con la solidaridad de esta asamblea para que Quintana Roo pueda incrementar su dinamismo económico, aprovechando su posición ventajosa como destino turístico de clase mundial, un campo que requiere mayor impulso, una zona maya que tiene una gran riqueza cultural y es orgullo nacional y, por supuesto, una pintoresca y única capital que colinda con Centroamérica, que es Chetumal, lo cual vendrá a darle mayor vigor a esta economía.

En suma, estamos a favor del punto de acuerdo a discusión por razones de justicia social y justicia económica. Quintana Roo requiere consolidar un círculo virtuoso en materia económica, para lo cual es menester apoyar a la economía popular en un ejercicio de corresponsabilidad entre los sectores productivos y el estado en sus diferentes niveles de gobierno. De tal suerte que las ventajas más inmediatas se traduzcan en beneficio de las familias en Quintana Roo.

Agradecemos a la diputada Graciela y a la diputada Alicia, sumarse a este punto acuerdo que el Grupo Parlamentario del PRI ha propuesto a esta a esta asamblea. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz(a las 17:19 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 24 de octubre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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