Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 320 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(11:17 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 29 de octubre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Programa de Repatriación de Migrantes.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al informe a la opinión pública, sobre los montos de las condonaciones en materia del Impuesto Sobre la Renta en los estados del país y del Distrito Federal.

De las Secretarías de Gobernación, General del Estado de Baja California Sur y de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Estado de Hidalgo

Con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los desastres naturales ocasionados por el ciclón “Manuel” y la tormenta tropical “Ingrid”.

Del Congreso del Estado de San Luis Potosí

Con el que remite Acuerdo por el que Exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2014, se destinen recursos suficientes para el fideicomiso 2106 “Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite Acuerdo por el que Exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2014, se destinen recursos al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, para que en coordinación con diversas dependencias de la Administración Pública Federal, diseñe un catalogo que identifique y clasifique a los municipios mexicanos, para diseñar en el seno del Poder Legislativo una reforma municipalista.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, una partida presupuestal a fin de equipar a las escuelas públicas de nivel básico con alarmas sísmicas, presentada por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se destinen mayores recursos para el desarrollo de la juventud, presentada por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero, presentada por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura del municipio de Ameca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a destinar los recursos suficientes para la construcción del parque ecológico “La Canacinta” del municipio de Chapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a destinar los recursos suficientes para la construcción del centro cultural de La Barca, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura carretera del municipio de La Barca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura cultural de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se destinen recursos suficientes para la construcción de diversos lienzos charros en Chimaltitán, Jalisco, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se destinen recursos suficientes para la construcción de la presa Tecoixco en el Estado de Jalisco, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se destinen los recursos suficientes para el desarrollo de la rehabilitación de pavimento y redes hidrosanitarias en el Centro de Ajijic del Municipio de Chapala, Jalisco, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se asigne una partida especial para la creación del Fondo para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, incluya al ramo de salud recursos presupuestarios para la construcción y equipamiento del hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Campeche, presentada por el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación de recursos a diversos proyectos de infraestructura para diversos municipios de los estados de Aguascalientes, Jalisco y Puebla, presentada por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (Discusión y Votación)

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. y adiciona un párrafo al artículo 8o. de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la Sociedad Civil.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno Federal para que rinda informe y se implementen los programas y acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de la construcción de la autopista urbana oriente en el Distrito Federal.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyectos de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción IX, recorriendo la subsecuente del artículo 140 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 122 bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Damián Zepeda Vidales y suscrita por los diputados Ricardo Anaya Cortés, Enrique Alejandro Flores Flores y Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón y suscrita por el diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 81 y 82 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz y suscrita por el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz y suscrita por el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 86 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 9o. y 32 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Marco Antonio Barba Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 81 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55, 56 y 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 335 y 337, y adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 403 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, a cargo de los diputados Francisco Agustín Arroyo Vieyra y José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Vivienda y 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o., 10 y 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 295 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Delgadillo González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 92 y 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 3o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. del Código Penal Federal, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 18 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 Bis de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 166 Bis y 166 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura, Luis Armando Córdova Díaz y Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, para que desarrolle una Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la información del Estado mexicano que fue extraída de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras entidades de la Administración Pública Federal, durante las administraciones de los Presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que celebre la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, a fin de que se tomen las medidas tendientes a fortalecer la producción de arroz en el estado de Morelos, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la decisión del Congreso y del gobernador del estado de California, de aprobar legislación a favor de los derechos de los inmigrantes indocumentados, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que garantice el funcionamiento de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, a la PGR y a la Conagua, para que hagan del conocimiento público la información sobre la adquisición del nuevo edificio de la Conagua, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las instancias correspondientes, implemente campañas permanentes que estimulen la cultura de donación de órganos y tejidos, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a fin de modernizar el Puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de diversas autoridades, hagan de conocimiento público los resultados sobre el ejercicio del PEF 2013, en el rubro del cambio climático, suscrito por los diputados Yesenia Nolasco Ramírez, María Isabel Ortiz Mantilla y Fernando Bribiesca Sahagún, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Nueva Alianza, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que investigue e implemente las acciones pertinentes para frenar los hechos relacionados con el cibercrimen en México, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y al SAT, realicen acciones para reanudar la operación del Puente Internacional Chactemal, en Quintana Roo, destinándolo al paso peatonal y de vehículos ligeros, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se lleven a cabo los estudios técnicos, las acciones legales y administrativas a que haya lugar, a efecto de que se declarare como Zona Metropolitana a los municipios de Córdoba, Orizaba y municipios conurbados, pertenecientes al estado de Veracruz, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SHCP, flexibilice las reglas de operación de los programas que operan en la Región Sur-Sureste del país, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, inicie negociaciones para la actualización de los lineamientos generales que correspondan a cambio climático y desarrollo sustentable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a diseñar y llevar a cabo una campaña de difusión para inducir la cultura de respeto a las personas de 60 años o más, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, informe a la opinión pública, el origen de los recursos destinados a pagar la liquidación y pensión a 1400 ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al director de Pemex, haga del conocimiento público el pago de 108.1 millones de pesos por la movilización de la plataforma “Menadril I”, en aguas del Golfo de México, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Sonora, para que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables de la muerte de José Sánchez Carrasco, en el patio del Hospital General de Guaymas, Sonora, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las instancias correspondientes, se lleve a cabo la coordinación metropolitana en las entidades federativas, a cargo del diputado Patricio Flores Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SEP, haga público el avance del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SHCP, haga del conocimiento público, los Estados de Variación en la Hacienda Pública y de Flujos de Efectivo, con corte al 30 de junio del año en curso, correspondientes a los Poderes de la Unión y a los entes públicos federales, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la SEP, haga del conocimiento público el ejercicio de los recursos presupuestales de 2012 y subejercicios, correspondientes a los programas “Habilidades Digitales para Todos” y “Aulas Telemáticas en Primaria”, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Semarnat, haga del conocimiento público el avance del Proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del gobierno del estado de Michoacán, de la SEP y de la Dirección General del Telebachillerato en la entidad, para que se otorguen las indemnizaciones correspondientes tras las afectaciones causadas por las explosiones suscitadas el pasado 10 de octubre en el Telebachillerato No. 183, ubicado en la comunidad de Zacapu, Michoacán, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticuatro de octubre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta nueve diputadas y diputados, a las once horas con doce minutos del jueves veinticuatro de octubre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, oficio por el que se informa de cambio de turno respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los diputados Enrique Alejandro Flores Flores y suscrita por Xavier Azuara Zúñiga, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y por integrantes de diversos grupos parlamentarios el dos de octubre de dos mil trece. De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres y setenta y cuatro numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen; y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambio de integrante de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). De enterado. Comuníquese.

c) De la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley General del Sistema Nacional de Vigilancia y Supervisión de las instituciones públicas y privadas de Asistencia Social en las que se encuentran las niñas, niños y adolecentes, sea retirada de las Comisiones de Gobernación, y de Derechos de la Niñez. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

d) Del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa al respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en el estado de Guanajuato. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de dos mil trece, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. Se remite a las Comisiones Unidas de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Salud, con la que remite los informes correspondientes al Tercer Trimestre del año dos mil trece, de los siguientes programas sujetos a Reglas de Operación: para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Caravanas de la Salud, Seguro Médico Siglo XXI, Sistema Integral de Calidad en Salud, Comunidades Saludables, de Atención a Personas con Discapacidad, y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (En su componente de salud), este último sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño correspondiente al periodo mayo-junio de dos mil trece. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

g) De los Congresos de los estados:

• De Morelos, con la que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, se aprueben recursos para el Programa Federal denominado “PROLOGYCA”.

• De Guerrero, con la que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, se destine una partida extraordinaria, que garantice una mayor inversión y recursos suficientes, para la reconstrucción de los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos recientes en el estado de Guerrero.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

h) De la Cámara de Senadores con las que se devuelven los expedientes de las Minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma los artículos treinta y uno, cuarenta y tres, ciento quince, y ciento veintitrés de la Ley General de Salud, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio, para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Que reforma el artículo mil setenta del Código de Comercio, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto la ciudadana Isela González Domínguez, diputada federal electa en el vigésimo primer distrito electoral del estado de Veracruz. El Presidente designa una comisión para acompañarla a rendir protesta de Ley, y entra en funciones.

Desde su curul el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, hace comentarios. El Presidente hace aclaraciones.

i) De la Cámara de Senadores, con las que remite Minutas con proyecto de decreto:

·• Por el que se declara el día nueve de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Odontólogo”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

·• Que reforma y adiciona los artículos trescientos y trescientos seis de la Ley General de Salud, en materia de publicidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Que adiciona un artículo noventa y siete Bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Que adiciona una fracción décima segunda al artículo cincuenta de la Ley General de Desarrollo Social, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone al Pleno la Convocatoria para el proceso de selección de los candidatos para ocupar los cargos de Consejeros Electorales y Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se somete a discusión e intervienen en contra los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y en pro los diputados: Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional; y Mauricio Sahui Rivero, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad interviene para responder alusiones personales el diputado Manuel Rafael Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y para rectificación de hechos los diputados: Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal, con un registro de trescientos ochenta y ocho votos a favor; veintiuno en contra; y catorce abstenciones, se aprueba. Cúmplase.

A las doce horas con trece minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y seis diputadas y diputados.

Se somete a discusión el siguiente dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, que reforma los artículos cuatro, setenta y tres, y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de orden el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente atiende la solicitud.

Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva a la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, que en votación económica no se toma en consideración y se desecha. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática; Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

y Paulina Alejandra del Moral Vela, del Partido Acción Nacional. En su oportunidad y para responder alusiones personales interviene el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, quien acepta interpelación del diputado Julio César Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro del dictamen los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional; y Javier Narváez Salinas, del Partido de la Revolución Democrática; y en contra los diputados: Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. En su oportunidad interviene para responder alusiones personales el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido. La Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos: cuarto, setenta y tres, ciento veintitrés, Segundo y Tercero Transitorios.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En votación nominal por cuatrocientos diecisiete votos a favor; diecinueve en contra; y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados del proyecto de decreto a los siguientes diputados:

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos: cuarto, párrafos décimo tercero y décimo cuarto; setenta y tres, fracción vigésimo novena-R, y adición de una fracción vigésimo novena-S; ciento veintitrés, apartado A, fracción vigésimo novena, y apartado B, adición de una fracción décimo primera; Segundo y eliminación del Tercero Transitorios del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarto, párrafo decimo tercero del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarto, párrafos décimo tercero y décimo cuarto del proyecto de decreto. No habiendo claridad en el resultado de la votación económica, el Presidente instruye se abra el sistema electrónico para llevar a cabo votación nominal. Con un registro de ciento cuarenta votos a favor; y doscientos cuarenta y siete en contra, no se admite a discusión, se desecha.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuestas de modificación a los artículos: cuarto, párrafos décimo tercero y décimo cuarto, y adición de un párrafo décimo quinto; ciento veintitrés, apartado A, fracción vigésimo novena, y adición de un último párrafo, del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo setenta y tres, fracción vigésimo novena-R del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento veintitrés, apartado A, fracción vigésimo novena del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento veintitrés, apartado B, fracción décimo primera, inciso A) del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un último párrafo al apartado B, del artículo ciento veintitrés del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al párrafo segundo, del artículo Segundo Transitorio del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al párrafo segundo, del artículo Segundo Transitorio del proyecto de decreto, en votación económica se admite a discusión, sin oradores registrados, en votación nominal se acepta.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo Cuarto Transitorio al proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

En su oportunidad, y desde sus respectivas curules, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, solicita a la Presidencia se voten por separados los artículos reservados; el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, realiza moción de procedimiento; y Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, respalda la solicitud del diputado Mejía Berdeja. El Presidente somete a consideración de la Asamblea dicha solicitud, la cual en votación económica no se autoriza, y se ponen a votación en conjunto los artículos reservados.

En votación nominal por trescientos cuarenta y nueve votos a favor; treinta y seis en contra; y tres abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos cuarto; setenta y tres; ciento veintitrés; y Tercero Transitorio, en términos del dictamen; y el artículo Segundo Transitorio con la modificación aceptada por la Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos cuatro, setenta y tres, y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de Juntas Directivas y de integrantes de las Comisiones Ordinarias, Especiales, Organismos Permanentes y Grupos de Amistad. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

La Presidenta instruye a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se realiza un respetuoso pronunciamiento sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica contra la República de Cuba. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria de los siguientes diputados:

a) Iniciativa con proyecto de decreto del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Diputados del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno Federal y al Sector Empresarial a implantar programas que den oportunidad de empleo digno y justo a los egresados de licenciaturas universitarias y tecnológicas. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Raúl Paz Alonzo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno de Yucatán a revertir y detener los aumentos de las tarifas del transporte público. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a las denuncias sobre supuestos actos de corrupción por servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor en diversas delegaciones del país. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al proyecto minero La Espejera, en Tetela de Ocampo, Puebla. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y a las autoridades encargadas del sistema penitenciario a garantizar la implantación de antenas inhibidoras de señal telefónica y la supervisión de éstas para impedir el uso de celulares en los centros de reinserción social del país. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen

• José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instalar la comisión consultiva nacional de seguridad y salud en el trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia a proceder, una vez concluido el dictamen en proceso y documentados los daños de la estatua ecuestre de Carlos Sexto, con las sanciones establecidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y del Distrito Federal, para dictamen.

• José Luis Oliveros Usabiaga, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir el veinticinco de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja, a fin de incluirlas plenamente en el desarrollo nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• José Antonio León Mendivil, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se condenan las acciones de espionaje realizadas por Estados Unidos de América contra instituciones y personas mexicanas. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, por el cual se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que reforme los artículos doscientos ochenta y siete, y doscientos ochenta y ocho del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de que las agresiones contra policías se consideren delito grave. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Oaxaca y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar y, en su caso, sancionar los posibles actos de discriminación, omisión, negligencia e indolencia del personal de la Secretaría de Salud y revisar el sistema de salud pública en la atención de mujeres indígenas. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Maricela Velázquez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que esta soberanía extiende su reconocimiento y felicitaciones a la halterista mexicana Carolina Valencia por ganar tres medallas de bronce en el campeonato mundial de levantamiento de pesas en Brelavia, Polonia. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a incorporar la perspectiva de género en la planeación y el diseño de su Presupuesto de Egresos de dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que genere apoyos suficientes para los sistemas-producto desarrollados en Guerrero, a fin de lograr la pronta recuperación económica de la entidad. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Israel Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal y diversas autoridades a instruir la realización de campañas de difusión sobre el trámite y las sanciones penales por delitos de acoso o abuso sexuales cometidos a bordo del transporte público. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a implantar un programa de fácil acceso para el ascenso y el descenso en trolebuses, camiones y microbuses. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, para que las integrantes del equipo nacional infantil de basquetbol de Puebla y su equipo técnico sean acreedores al Premio Nacional del Deporte, se les rinda un homenaje y se les entregue un reconocimiento por haber obtenido el primer lugar en el certamen internacional deportivo de minibasquetbol, organizado por la Federación Internacional de las Américas, en Argentina. Se turna a las Comisiones Unidas de Deporte y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veintinueve de octubre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno de iniciativas.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de la siguientes iniciativas:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por Diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, el 3 de octubre de 2013.

Se turna a las Comisiones Unidas de Distrito Federal y de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 2o., 6o., 7o., 27, 28 y 105 Constitucionales, en materia de Derechos al Libre Acceso a la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión; presentada por la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de octubre de 2013.

Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Especial de Tecnologías de la Información y la Comunicación para opinión.

México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, secretario. Sonido en la curul de la diputada Eufrosina Cruz. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (desde la curul): Solicito a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas que se turne también para opinión a dicha comisión, ya que la iniciativa tiene que ver con el tema de radios comunitarias. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Mesa Directiva el día de hoy por la mañana lo resolvió en los términos en los que usted lo solicita, de tal forma que sí será turnada para opinión.

HECHOS VIOLENTOS EN MICHOACAN

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado don José Luis Muñoz Soria. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Muchas gracias presidente. Quisiera plantear a esta honorable Cámara retomar el punto de lo que está sucediendo en Michoacán. Creo que es necesario que se hagan los esfuerzos en todos los niveles de gobierno y en todos los partidos políticos, de buscar y diseñar estrategias para volver a Michoacán a la paz y al trabajo.

Lo planteo en el sentido de pedirle a la Junta de Coordinación Política que pudiera tomar este asunto en sus manos. El asunto no es menor. Eso sería, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Sus palabras quedan registradas en el Diario de los Debates.

EXTORSIONES EN NUEVO LAREDO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Que hace mucho tiempo, y este fin de semana estuve en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, con el tema de las extorsiones a los ciudadanos connacionales que regresan a México y que son estafados con pedimentos falsos y permisos falsos, perdiendo lo que es su vehículo además de la libertad.

Hago un atento llamado a la Comisión de Relaciones Exteriores para que giren instrucciones a los diferentes consulados para que les informen correctamente a los ciudadanos que no compren pedimentos ni permisos de internación temporal falsos que los lleven hasta el encarcelamiento. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Su dicho queda registrado en el Diario de los Debates.

RECURSOS DEL FONDEN PARA GUERRERO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Gracias, presidente. Para comentarle que a pesar del punto de acuerdo que se tomó de la Junta de Coordinación Política para que se agilizaran los recursos del Fonden para que bajen al estado de Guerrero y a los demás estados de la República, en el caso de Guerrero, Acapulco, Coyuca y la zona de La Montaña no se están pagando el empleo temporal ni tampoco se han terminado los censos.

Sabemos que es muy complejo, pero se requiere que se haga un exhorto nuevamente a los secretarios y a las autoridades correspondientes para que baje el recurso y se agilice el trámite, o se busque el apoyo con los ayuntamientos para que ellos puedan colaborar con el gobierno federal para que la gente pueda ser atendida. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Jorrín. Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates.

ACCIDENTES EN INSTALACIONES DE PEMEX EN TABASCO

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Nelly Vargas. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): Con el objeto de hacer un llamado, una exigencia esta mañana a Petróleos Mexicanos. En Tabasco hemos tenido accidentes concurrentes, donde hay muertos y hay heridos.

Hoy tenemos el ejemplo en Nacajuca, en una comunidad que se llama Oxiacaque. No podemos permitir los tabasqueños que Pemex nos siga faltando al respeto. Durante varios días, en este accidente, Petróleos Mexicanos no se ha dignado tomar en cuenta a las autoridades municipales ni estatales. No permitir un estado sobre otro estado. Exijo esta mañana a Petróleos Mexicanos que actualice su Atlas de Riesgo y lo abra a la comunidad. Y hagamos una reunión inmediata con Protección Civil para prevenir a nuestras comunidades.

Si hoy todavía no tenemos utilidades compartidas, ya me imagino después de que entreguemos el petróleo cómo serán tratadas nuestras comunidades en Tabasco.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada. Sus palabras quedan registradas.

HECHOS VIOLENTOS EN MICHOACAN

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Eligio González. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para referirme como se hizo alusión hace unos momentos al tema de Michoacán.

Lo que les pediría a mis compañeras y a mis compañeros diputados es que en virtud de la seriedad del conflicto social no ganamos nada politizando aquí el tema, que dejemos que la coordinación del gobierno federal con el gobierno del estado y de los municipios avance en esa estrategia en contra del crimen. Ni politizando ni con discursos se resuelve el conflicto en Michoacán.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras, diputado.

RECURSOS DEL FONDEN PARA GUERRERO

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Teresa Mojica. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga(desde la curul): Gracias, diputado. Nada más respaldar lo que mi compañero Víctor Jorrín, del estado de Guerrero, dice. Hacer un llamado respetuoso a la Sedesol federal y Sedatu, que por favor actúen con responsabilidad en el tema de los censos y de las tarjetas que se tienen que entregar a los damnificados, o las tarjetas que ya entregaron a los damnificados y que ahora no les están entregando los enseres y hacen que los damnificados vayan de una Secretaría a otra, ya que Sedesol federal y Sedatu se están tirando la bolita.

Creo que es injusto que le estén dando un tratamiento de ese tipo a los damnificados del estado de Guerrero, que incluso están tomando las avenidas, porque no están teniendo una respuesta como se comprometió el gobierno federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras, diputada Mojica.

Continúe la Secretaría, por favor.

CAMBIO DE INTEGRANTES Y DE JUNTAS DIRECTIVAS DE COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIAL Y DE GRUPOS DE AMISTAD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Salvador Romero Valencia cause baja como integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que el diputado Salvador Romero Valencia cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Luis Olvera Correa cause baja como secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que la diputada Tania Rellstab Carreto cause alta como secretaria en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que la diputada Tania Rellstab Carreto cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado Luis Olvera Correa cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Municipal.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Alejandro Carbajal González cause baja como integrante de la Comisión de Radio y Televisión.

• Que el diputado Alejandro Carbajal González cause alta como integrante en el Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que la diputada Angelina Carreño Mijares cause baja como integrante de la Comisión Especial de programas sociales.

• Que la diputada Tanya Rellstab Carreto cause alta como integrante en la Comisión Especial de programas sociales.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 29 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que la diputada Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco cause baja como integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Anorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Rosalba Gualito Castañeda cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad con Paraguay.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que la diputada Blanca Jiménez Castillo cause baja como integrante del Grupo de Amistad con Perú.

• Que la diputada Adriana González Carrillo cause baja como integrante del Grupo de Amistad con Tailandia.

• Que la diputada Adriana González Carrillo cause alta como integrante en el Grupo de Amistad con Perú.

• Que la diputada Leticia López Landero cause alta como integrante en el Grupo de Amistad con Tailandia.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobadas. Comuníquense.

Pasamos al siguiente asunto.

RODOLFO FIERRO MARQUEZ

El diputado David Pérez Tejada Padilla(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, secretario.

El diputado David Pérez Tejada Padilla (desde la curul): Señor presidente, para aplicar un poquito de orden. Voy a solicitar también hacer del conocimiento de todos mis compañeros, principalmente de los de la bancada del PRI que pertenecen a la CNC, el pasado sábado falleció en Baja California un ex diputado federal de la LI Legislatura, quien fue un gran líder campesino, secretario general de la CNC y tres veces diputado local en Baja California. Solicitarle muy amablemente un minuto de silencio por don Rodolfo Fierro Márquez.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia obsequia el minuto de silencio solicitado por el señor diputado.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Adelante, secretario.

PROGRAMA DE REPATRIACION DE MIGRANTES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-1000, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 315-A-03432, suscrito por el actuario César J. Campa Campos, director general de Programación y Presupuesto A de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a restituir recursos destinados para el Programa de Repatriación de Migrantes, en apoyo a las personas deportadas desde los Estados Unidos de América, por las diversas garitas con sede en Baja California.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 23 de octubre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número 353-A-0758, de la Dirección General Jurídica de Egresos de esta Secretaría en el que se adjunta copia de su oficio número SEL/300/1408/13, de fecha 3 de octubre de 2013. En dicho oficio, a su vez, se cita a similar número DGPL62-II-5-1000 del diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y a través del cual envía el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que instruya a esta Secretaría con objeto de restituir recursos por 20 millones de pesos, destinados para el Programa de Repatriación de Migrantes, operado por el Instituto Nacional de Migración (Inami), en apoyo a personas deportadas desde los Estados Unidos de América, por las diversas garitas con sede en Baja California.

En relación con su solicitud me permito hacer de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este año, no ha realizado ninguna reserva de recursos a los programas de ese Instituto y, por el contrario, se le han autorizado ampliaciones por ingresos excedentes obtenidos en su operación. Asimismo, esta Secretaría no identifica ningún programa presupuestario del INAMI con la denominación señalada, el único programa que tiene registrado este Instituto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el E008, “Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos”.

Sin embargo, en la página electrónica del Inami se observa que éste cuenta con 4 programas de acciones específicas que son:

• Bienvenido a casa Paisano; nuestro compromiso eres tú.

• Grupos Beta.

• Oficiales de Protección a la Infancia.

• Repatriación

Dichos programas son administrados al interior del Inami, por lo que la asignación de recursos entre ellos es responsabilidad de dicho Instituto.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2013.— Actuario César J. Campa Campos (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

CONDONACIONES EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-2416 signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 100.-III.-426/2013 suscrito por el licenciado Flavio Varela Pineda, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al informe a la opinión pública, sobre los montos de las condonaciones en materia del Impuesto sobre la Renta (I.S.R.), en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de octubre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta a su petición número de oficio SEL/UEL/ 311/1785/13 le remito a usted para su conocimiento y atención el informe que hace llegas al suscrito el licenciado Humberto Daniel Baleón Ramírez, administrador central de Programas Operativos con entidades federativas, mediante el cual se da respuesta al punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 9 de octubre del actual en el cual “se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del Impuesto sobre la Renta(I.S.R.), en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de octubre de 2013.— Licenciado Flavio Varela Pineda (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Flavio Varela Pineda, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Presente.

Se hace referencia al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia del Impuesto sobre la Renta (ISR), en cada estado del país y el Distrito Federal; y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a iniciar auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de alcaldes, propuesto por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre el particular, esta Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas, adscrita a la Administración General de Recaudación, unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) , órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito ‘Público, en atención al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 9 de octubre de 2013, con el debido respeto rinde el informe solicitado, mismo que, para pronta referencia, se transcribe a continuación:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del Impuesto sobre la Renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2013; y

(...)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.

Diputada Mariana Dunyaska Garda Rojas (rúbrica).

Con fundamento en los artículos 1, 2, 7, fracciones I, VII y XVIII y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 2, primer párrafo, apartado B, fracción VI, inciso b) y tercer párrafo, 9, fracción XXI, y penúltimo párrafo, 10 fracción I, 25, segundo y tercer párrafos punto 2, 26, primer párrafo apartado B, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, reformado el 29 de abril de 2010, y 13 de julio de 2012; así como artículo 33, último párrafo del Código Fiscal de la Federación; se informa lo siguiente:

Antecedentes del decreto de condonación del ISR 2008 y artículo, de la Ley LIF 2013

Este programa tiene su fundamento en el “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de diciembre de 2008.

Es un programa que se estableció como una medida tendiente a corregir la situación fiscal de las entidades federativas y los municipios en relación con el entero del Impuesto sobre la Renta (ISR) a cargo de sus trabajadores, dirigido a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados.

A través del referido decreto se establecen los siguientes beneficios fiscales para las entidades federativas, municipios y sus organismos:

1. Condonación del total de adeudos, incluyendo sus accesorios que tengan por omisión el entero del ISR a cargo de sus trabajadores, correspondientes a los ejercicios 2005 y anteriores. Esta condonación se aplica por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los adeudos fiscales controlados que se ubicaban como susceptibles.

2. Un estímulo fiscal mensual para los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, que podrán acreditar en el pago del mes que se trate, contra el ISR a cargo de sus trabajadores. Este beneficio lo determina el propio contribuyente y en la Ley de Ingresos para los ejercicios fiscales de 2010, 2011, 2012 y 2013 se ha ampliado.

3. En el propio decreto se establecen las condiciones, los supuestos y los requisitos para poder acceder a estos beneficios.

4. Los beneficios previstos en el decreto de referencia, se han refrendado en la LIF para los ejercicios fiscales de 2010, 2011, 2012y 2013 en su artículo 9o.

Informe de los montos de las condonaciones en materia del ISR, en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal

Se precisa que la información de los contribuyentes se considera protegida, por secreto fiscal de conformidad a lo señalado por el artículo 69, del Código Fiscal de la Federación obligando a los servidores públicos a guardar absoluta reserva de la información tributaria de los contribuyentes e inclusive aquella información de los terceros relacionados con los mismos y respecto de los datos obtenidos por las autoridades fiscales en el ejercicio de las facultades de comprobación. Además, la información que se genera o recaba por el Servicio de Administración Tributaria es considerada como reservada en términos del artículo 14, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En ese sentido, el artículo 2, fracción VII, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, establece el derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes o terceros relacionados, que conozcan los servidores públicos, los cuales están impedidos a proporcionar información de carácter fiscal, en los términos de lo establecido en el artículo 8, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con la finalidad de atender la solicitud planteada en el punto de acuerdo antes referido, se proporciona información relacionada con lo solicitado al tenor de lo siguiente:

Por lo anterior se solicita a esa comisión:

Único. Tener por presentado en tiempo y forma el informe respecto de los montos de las condonaciones en materia del Impuesto sobre la Renta, en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Atentamente

México, DF, a 23 de octubre de 2013.— Humberto Daniel Baleón Ramírez (rúbrica), administrador central de Programas Operativos con Entidades Federativas.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

DESASTRES NATURALES OCASIONADOS POR EL CICLON MANUEL Y LA TORMENTA TROPICAL INGRID

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-2360, signado por el diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 307-A.-3731 suscrito por A. Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las Reglas de Operación de todos los programas federales en los Estados siniestrados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid, así como la inmediata activación de los recursos del Programa de Empleo Temporal considerado en los presupuestos sectoriales aprobados para el ejercicio 2013.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de octubre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo  y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia al oficio número SEL/300/ 1415/13, mediante el cual remite para los fines procedentes copia del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 3 de octubre de 2013, con relación a lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, con el pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades, al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a las dependencias correspondientes a su cargo, la flexibilidad de las reglas de operación, de todos los programas federales en los estados siniestrados por el ciclón Manuel y la tormenta Tropical Ingrid con especial atención al Fondo Regional (Fonregion) y el Fondo para la Atención de Desastres Naturales (FONDEN) así como la inmediata activación de los recursos del Programa de Empleo Temporal considerado en los presupuestos sectoriales aprobados para el ejercicio 2013.

Al repespecto, me permito manifestar que los Lineamientos para la aplicación de los recursos de Fondo Regional (Fonregion) propician el desarrollo regional equilibrado mediante la creación, mantenimiento, conservación, mejoramiento, reconstrucción, modernización y conclusión de la infraestructura pública y su equipamiento, a fin de promover el desarrollo regional y/o económico de las entidades federativas que presentan un Índice de desarrollo Humano por abajo del promedio nacional.

En lo que se refiere a la ministración de los recursos, a la fecha se han transferido a las 10 entidades federativas beneficiadas por Fonregion recursos por un importe de 6 mil 500 millones de pesos, lo que representa el 100 por ciento de los recursos asignados a este Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 (PEF de 2013), conforme el siguiente detalle:

Con excepción del estado de Tlaxcala, el resto de las entidades federativas apoyadas con recursos Fonregion durante 2013 resultaron afectadas, en mayor o menor medida, por la presencia de los fenómenos naturales Ingrid o Manuel.

De las nueve entidades federativas afectadas por los citados fenómenos meteorológicos, Guerrero y Veracruz ya contaban con el 100 por ciento de los recursos Fonregion con antelación al periodo de ocurrencia de los eventos; Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas recibieron el 50 por ciento de los recursos asignados previo a la etapa más crítica de las lluvias y el 50 por ciento restante el 24 de septiembre de 2013. Finalmente, Chiapas y Puebla recibieron el 100 por ciento de los apoyos asignados durante el mes de septiembre pasado.

De conformidad con los lineamientos vigentes las entidades federativas que han sido afectadas por la presencia reciente de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel pueden destinar, parte o la totalidad de los recursos asignados en Fonregion” para financiar obras y/o proyectos de inversión orientados a la reconstrucción de la infraestructura pública afectada.

Asimismo; las entidades federativas también pueden utilizar los recursos de Fonregion como, contraparte estatal para la ejecución de las obras de infraestructura que hayan sido acordadas en el marco del propio Fondo de Desastres Naturales (Fonden), preferentemente cuando se destinen a municipios con mayores niveles de marginación dentro de la propia entidad, considerando para ello las vertientes de salud, educación e ingreso.

En este sentido, las entidades federativas afectadas pueden solicitar cambios en sus respectivas carteras de programas y/o proyectos de inversión apoyados con recursos de Fonregion, para enfrentar los desastres provocados por las contingencias climatológicas, en apego a lo establecido por los Lineamientos vigentes.

Ahora bien, en lo que se refiere al Fonden, las reglas generales vigentes son lo suficientemente flexibles para garantizar una oportuna y eficiente asignación de recursos para la reconstrucción de la infraestructura pública dañada por la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores como Ingrid y Manuel.

En primer lugar, a través del Fondo de Emergencias, financiado por el Fonden, se ha logrado apoyar, hasta este momento, a 886 mil 393 personas que han requerido apoyo directo mediante la provisión de insumos. Se han distribuido, entre otros, 2.1 millones de litros de agua; 706 mil cobertores; 665 mil colchonetas; 646 mil láminas; 586 mil costales; 544 mil despensas y 207 mil kits de aseo personal. En la provisión de insumos se han desembolsado mil 206.4 millones de pesos, destacando la provisión de medicamentos por 519.0 millones de pesos.

A través de los denominados apoyos parciales inmediatos, se aprueban recursos de manera inmediata una vez corroborado el fenómeno natural por la instancia técnica facultad a, quedando dichos recursos a disposición de las dependencias federales y entidades federativas 24 horas posteriores a su solicitud de recursos, los cuales se aplican para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como evitar mayores daños y proteger a la población. De hecho, al día de hoy se han autorizado 2 mil 179.5 millones de pesos bajo este mecanismo, tal y como se puede consultar el portal de internet reconstrucciónmx a través de la dirección electrónica http://www.presidencia.gob.mx/fonden/.

Por otra parte, en la etapa de evaluación de daños, las dependencias federativas y las entidades federativas pueden solicitar recursos bajo el concepto de anticipos para el inicio inmediato de las obras de reconstrucción, y presentar evaluaciones parciales acumulativas, sin necesidad de presentar la evaluación final de daños.

Adicionalmente, el Fonden contempla la posibilidad de constituir fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos para solventar aspectos prioritarios y urgentes.

Finalmente, a través del Fonden se puede apoyar los programas de empleo temporal (PET) en cado de que los recursos presupuestales asignados a esos programas se llegaran a agotar por parte de las dependencias federativas que lo coordinan.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades, al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a la atención del desastre natural emitiendo lineamientos de gasto y haciendo público el monto entregado a cada unidad responsable de gasto.

A fin de transparentar los recursos para atender a la población y reconstruir la infraestructura dañada por los recientes desastres naturales en 19 entidades federativas de la República, en cumplimiento a las instrucciones del presidente de la República de transparentar el ejercicio de los recursos para la reconstrucción y asegurar el buen destino de los mismos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Oficina de la Presidencia, a partir del 15 de octubre de 2013 pusieron a disposición del público en general el portal de internet reconstrucciónmx, mediante la dirección electrónica: http://www.presidencia.gob.mx/fonden/.

Dicho portal de Internet tiene como objeto asegurar la transparencia en el uso y destino de los recursos para la atención de los desastres naturales ocasionados por el huracán ¡Ingrid” y la tormenta tropical Manuel, que han afectado varios estados del país.

A través de esta herramienta, es posible conocer, entre otros aspectos:

• Qué  es y cómo opera el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

• Las declaratorias de desastre natural emitidas con los estados y municipios que abarcan.

• Los comités de evaluación de daños ya instalados.

• Los apoyos de emergencia otorgados para la protección de la vida y salud de la población (provisión de agua, despensas, medicamentos, cobijas, colchonetas, impermeables, herramientas, etcétera), identificando el destino de los recursos y la población beneficiada.

• Los apoyos parciales inmediatos autorizados por sector y por entidad federativa.

En dicho portal se dará seguimiento a la ejecución de las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura pública autorizada, reportando el avance físico-financiero de cada una de ellas.

Adicionalmente a la construcción del portal, se impulsará, en el marco de la alianza para el gobierno abierto, la construcción a mediano plazo de un proyecto integral de transparencia y rendición de cuentas de las acciones que realiza el gobierno federal en materia de desastres naturales.

Con ello, el gobierno federal, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y la concurrencia del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos, construyen una política, le envión un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2013.— A. Isaac Gamboa Lozano (rúbrica), titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario.»

«Escudo.— Baja Baja California Sur.— Gobierno del Estado.— Secretaría General.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del gobernador del estado, licenciado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, me refiero a su oficio DGPL 62-II-8-2362, de fecha 3 de octubre del 2013, mediante el cual comunicaba usted al titular del Ejecutivo estatal, entre otros puntos, el exhorto de ese honorable Congreso a fin de que se presentara un diagnóstico preciso y exhaustivo de los daños causados por los ciclones tropicales Manuel e Ingrid en la geografía estatal a efecto de que esa soberanía tenga elementos para ejercer a cabalidad su facultad para modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos y contemplar las asignaciones y previsiones económicas para el ejercicio fiscal 2014, necesarias para las acciones de reconstrucción de infraestructura social, de comunicaciones, de servicios escolares, para la reubicación y reconstrucción de viviendas, así como apoyo a la población damnificada y afectada.

Lo anterior, a fin de comentar a usted que por motivo de la cercanía de la tormenta tropical Manuel, y ante el pronóstico de su posible impacto sobre la entidad, se tomaron las previsiones necesarias para atender la posible emergencia, instalándose de manera permanente el Consejo Estatal de Protección el 18 de septiembre del 2013; sin embargo, la trayectoria pronosticada se modificó impactando este fenómeno, ya con categoría de huracán, las costas de Sinaloa, sin provocar graves afectaciones en Baja California Sur.

Agradeciendo el interés de la soberanía popular que usted representa, por el bienestar de nuestra entidad, me reitero a su servicio.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

La Paz, Baja California Sur, a 16 de octubre de 2013.— Armando Martínez Vega (rúbrica).»

«Escudo.— Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a su solicitud de Información referente a los recursos solicitados al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvia severa provocada por el huracán 1 Ingrid del 13 al18 de septiembre de 2013 y que afecto a 31 municipios en el estado de Hidalgo, al respecto me permito informar a usted que se solicitaron recursos de acuerdo a la siguiente relación:

Dependencias involucradas    Sector      Monto solicitado

Secretaría de Obras

Públicas y Ordenamiento

Territorial                                    Carretero $946,676,357.86

Comisión Estatal de

Agua y Alcantarillado              Hidráulico $13,785,313.28

Servicios de Salud

de Hidalgo                                  Salud                                   $      2,335,665.96

Secretaría de Desarrollo

Social                                          Vivienda                             $      21,288,520.10

Secretaría de Educación

Pública                                        Educativo                           $      703,896.00

Total de recursos

solicitados                                  $                 984,789,753.20

No omito señalar que el destino de estos recursos será solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de Infraestructura Estatal acordada con el Ejecutivo Federal, en el marco de lo dispuesto por las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, en virtud de los daños ocasionados por el fenómeno natural ocurrido en 2013.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 16 de octubre de 2013.— Alberto Meléndez Apodaca (rúbrica), secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remiten a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento

FIDEICOMISO 2106, FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— LX Legislatura.— San Luis Potosí.

Congreso de la Unión.— Cámara de Diputados.— Presente.

Notificamos que el honorable Congreso del estado, en sesión ordinaria de la data señalada al rubro, aprobó exhortar a esa Cámara que en el Presupuesto de Egresos 2014, prevea recursos suficientes para el fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Se adjunta certificación del dictamen.

Octubre 10 de 2013.— Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva; Diputado José Francisco Martínez Ibarra (rúbrica), Primer Secretario; Diputado Crisógono Sánchez Lara (rúbrica), Segundo Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Ciudadanos Secretarios de la LX Legislatura del honorable Congreso del Estado.— Presentes.

A la Comisión de Asuntos Migratorios, en sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre del año en curso, le fue turnado punto de acuerdo que plantea exhortar a la Cámara de Diputados, que en el Presupuesto de Egresos 2014, prevea recursos suficientes para el fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; que impulsa la diputada Delia Guerrero Coronado.

Al realizar el estudio y análisis del citado asunto, la dictaminadora ha llegado a las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el punto de acuerdo cumple en lo general con lo previsto en los artículos 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 72 y 73 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado, por lo que es procedente realizar el estudio y dictamen correspondiente.

Segunda. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, la citada comisión es de dictamen legislativo, por lo que resulta competente para emitir el presente.

Tercera. Que el 19 de septiembre de 2013 se recibió punto de acuerdo que plantea exhortar a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos 2014 prevea recursos suficientes para el fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Cuarta. El punto de acuerdo expone los antecedentes del Programa Bracero; los años en que se desarrolló, y el acuerdo de retención de un 10% de sus ingresos, para crear un fondo de ahorro que se les entregaría al regresar a México.

Se sabe que el dinero fue cedido a Banrural, quien se tendría que encargar en México de dar el dinero a quienes participaron en el Programa Bracero, pero eso no sucedió.

El 25 de mayo del 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. El decreto aprobado bajo el numeral 2106 tiene como finalidad otorgar un apoyo social a los ciudadanos que prestaron sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el programa de trabajadores migratorios pactado entre ambas naciones o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan, y que acrediten la procedencia del mismo.

El fideicomiso funciona bajo las reglas de operación publicadas el 27 de octubre de 2005, en ellas se establece el monto que se entregará a los ex trabajadores migratorios, el cual ni por asomo se acerca a lo solicitado por éstos, sin embargo, representa un importante apoyo para este significativo grupo social. En dicho tenor, el 29 de junio fue publicada la segunda modificación a las precitadas reglas, y en ésta establecen que el pago será de cuatro mil pesos anuales hasta cumplir con los treinta y ocho mil pesos correspondientes, es decir, que terminará de liquidarse en 10 años.

Dicha propuesta sin duda alguna representa una acción ofensiva, carente de un total y absoluto respeto a personas que, en su mayoría, son de la tercera edad y que con justa razón han mencionado su desacuerdo, pues consideran una burla que por la edad que tienen, les digan que se les pagará en abonos durante una década.

Quinta. Que es necesario que nuestros representantes en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tomen el asunto con responsabilidad y deseo de servicio social a sus representados; hagan las modificaciones necesarias para que exista un registro permanente de ex trabajadores migratorios; que sea menos complicada la comprobación de su estadía laboral en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que debemos estar conscientes que ha transcurrido alrededor de medio siglo, por lo que es de comprenderse que a muchos les falten documentos originales, pero que sí cuenten con otras maneras de comprobación; y, en concordancia, reconozcan injusta la modificación de las multicitadas Reglas al establecer pagos parciales de cuatro mil pesos anuales, hasta completar los treinta y ocho mil pesos.

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo establecido en los artículos 85 y 86, fracciones I y III, del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso del estado de San Luis Potosí, somete a consideración de este cuerpo colegiado el siguiente

Dictamen

Único. Es de aprobarse y se aprueba el punto de acuerdo citado en el proemio.

Punto de Acuerdo

Primero. El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Ejercicio Fiscal 2014, prevea recursos suficientes para el fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Segundo. El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí pide respetuosamente al Senado de la República, así como a las legislaturas de los estados y a la del Distrito Federal, adherirse a este punto de acuerdo.

Notifíquese.

Dado en la sala Ingeniero Heberto Castillo Martínez del edificio Presidente Juárez del Poder Legislativo, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.— Por la Comisión de Asuntos Migratorios, Diputado José Eduardo Chávez Aguilar (rúbrica), Presidente; Diputado Aurelio Álvarez Cruz (rúbrica), vicepresidente; Diputado Luis Enrique Acosta Paramo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Desarrollo Municipal con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a que por conducto del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, lleve a cabo la coordinación técnica de las distintas dependencias de la administración pública federal, así como al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Población, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y demás organismos descentralizados que corresponda, para efectuar un análisis exhaustivo que permita definir las variables económicas, socio-demográficas, políticas culturales e institucionales que caracterizan a los municipios mexicanos, para que en última instancia, a partir del diseño de un catálogo que identifique y clasifique a éstos, se generen las políticas públicas pertinentes y se diseñe en el seno del Poder Legislativo, el basamento jurídico idóneo para la construcción de una reforma municipalista que atienda a los principios de subsidiariedad y federalismo cooperativo para el ejercicio oportuno y asertivo de los programas destinados al orden de gobierno municipal y sus comunidades.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que en aras de concretar los objetivos establecidos en el resolutivo inmediato anterior, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2014, se destine al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, a través de la Secretaría de Gobernación, el presupuesto para atender los requerimientos institucionales, humanos, materiales y técnicos, necesarios para el cumplimiento de los mismos.

Atentamente

México, DF, a 23 de octubre de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ALARMAS SISMICAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 una partida presupuestal a fin de equipar a las escuelas públicas de nivel básico con alarmas sísmicas.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión de Protección Civil del Senado.

Atentamente

México, DF, a 23 de octubre de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Raúl Aarón Pozos Lanz, senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de que considere en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 una partida presupuestal para equipar a las escuelas públicas de nivel básico con alarmas sísmicas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el mes de febrero de 2013, la OCDE desarrolló un estudio sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México, en el cual uno de los principales temas que se planteó es el de reducir la vulnerabilidad en caso de desastres por sismos en escuelas de educación básica, ya que la gran mayoría no cuentan con alguna medida o sistema de alerta.

El estudio de la OCDE que se mencionó señala a propósito que:

“El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se creó con el objetivo de mejorar las capacidades de protección civil de México después del terremoto de 1985. México no es el único país que ha enfrentado un crecimiento en el nivel de las afectaciones económicas generadas por desastres. El desastre ocurrido en 1985 dejó a México la misma lección que llevó a muchos países a iniciar cambios estructurales en sus políticas públicas, A saber, la existencia de esfuerzos de coordinación ad hoc enfocados en la respuesta y recuperación ante desastres de gran escala, los cuales son ineficientes en el mejor de los casos e ineficaces en el peor. Esta lección dejó en claro la necesidad de contar con un enfoque integral y sistemático centrado en coordinar las acciones de respuesta y recuperación ante un desastre.”

Y es que el territorio mexicano está expuesto a un alto nivel y a una gran variedad de peligros generados por fenómenos naturales y la actividad humana. Las características geográficas y topográficas del país generan una gran exposición a diversos peligros naturales de gravedad y de relativa frecuencia, como terremotos, tormentas tropicales e inundaciones. Adicionalmente, la existencia de grandes disparidades relacionadas con factores como la riqueza o los niveles de ingreso y educación, han generado las condiciones necesarias para la presencia de altos niveles de vulnerabilidad.

En las 246 mil escuelas de México, el estudio establece que dos programas proponen reducir la vulnerabilidad en caso de desastre: el primero, un programa interno de seguridad escolar que consta de medidas tales como simulacros mensuales de evacuación, la colocación de señalamientos y alertas; segundo, un programa para reducir la vulnerabilidad estructural de los inmuebles escolares. En ese sentido, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educacional (INIFED) lleva a cabo aproximadamente 25 mil visitas al año para evaluar la vulnerabilidad de los planteles.

Con respecto a los desastres naturales como los son los sismos, el actuar con rapidez de una manera ordenada durante una contingencia es esenciales; sin embargo, si no se cuenta con un instrumento o equipo de vanguardia que permita notificar de manera clara y oportuna el momento en que se llevará a cabo un sismo, se pierden minutos valiosos que, así como vidas humanas.

El sismo de 1985 –que originó 20 mil víctimas–, considerado el desastre más grande en la historia contemporánea de México, marca el parteaguas de la implementación de organismos y sistemas de prevención de desastres, como el Sistema Nacional de Protección Civil en respuesta a la ocurrencia de fenómenos naturales que ponen en riesgo a la población y cuya meta primordial es la prevención de desastres a través de la educación, la información y la tecnología.

Los sistemas de alerta temprana han demostrado su eficacia para salvar vidas y limitar los daños.

De contar con sistemas de alarmas de nueva generación, se podrían prevenir pérdidas económicas y humanas, al mismo tiempo que se establecería una coordinación de trabajo con las direcciones de Protección Civil. Los sistemas de alarmas para sismos deben estar instalados en escuelas de mayor vulnerabilidad en el territorio nacional, a fin de tener una cobertura más completa.

Por otro lado se fomentaría, de manera eficaz, la cultura de la protección civil, ya que al implementar los sistemas de alertas sísmicas se homologaría a nivel nacional los protocolos de acción ante eventualidades sísmicas y se contaría con el mismo uso de símbolos, códigos de color, canales de divulgación desde el nivel federal hasta los niveles estatal y municipal.

Las instancias técnicas que operan los servicios de alerta temprana deben elaborar mejores procedimientos de coordinación. La colaboración con los medios podría ayudar a asegurar quelas alertas tempranas se comuniquen adecuadamente por medio de todos los canales disponibles, especialmente cuando exista un peligro inminente. Sumado a esto, el que las escuelas cuenten con una alarma sísmica propia, beneficiaría i9ncluso a la comunidad aledaña al plantel.

En nuestro país, la Ley General de protección Civil, en su fracción XVI del artículo 19, establece que se debe incorporar y ampliar los contenidos de protección civil con un enfoque de gestión integral de riesgos; sin embargo, muchas de las escuelas públicas de educación básica, carecen de alertas sísmicas que impiden la eficiencia de dichos programas de prevención.

El proceso de sismo da pie a que se puedan prevenir desastres, puesto que I inicio de un sismo fuerte se generan 2 ondas principales, la onda “P” o primaria y la onda “S” o secundaria. La onda “P” es la primera en generarse, y viaja a una velocidad mucho mayor que la onda “S” (4km/s). En el instante en que esta onda es detectada por un Instrumento de medición (acelerógrafo) y se corrobora la magnitud del sismo, este emite una señal de radio que viaja a través de torres de comunicación ubicadas. Al arribo de la señal, la diferencia entre las velocidades de ondas sísmicas y de radio permite la emisión de una señal de alerta que puede ser escuchada por medios electrónicos.

Los primeros 5 segundos en la ocurrencia de un sismo son de vital importancia, dado que el instrumento de medición debe discernir si se trata de un sismo de más de 6° o de uno de menor magnitud. La onda “P” de un sismo fuerte presenta ligeras diferencias que el aparato detecta y estas son el disparador de la señal.

Se debe incorporar una manera de prevenir los riesgos de un sismo que vaya más allá de la prevención. Debe, por tanto, proveerse de instrumentos que faciliten la inmediata implementación de estos planes de acción, pues de lo contrario, se muestran obsoletos e improcedentes.

También debe considerarse que la evaluación de riesgos brinda una mejor comprensión científica de los peligros y amenazas, así como de la vulnerabilidad de la población y los activos expuestos a esas eventualidades. Requiere tomar en consideración las proyecciones futuras e incorporar vínculos entre las distintas etapas del ciclo de gestión de riesgos de desastre. Este proceso debe llevarse a cabo de manera abierta e incluyente. Por eso, en este exhorto se pide respetuosamente que se señalen en los atlas de riesgo de cada entidad, los planteles de educación básica con mayor vulnerabilidad por desastres naturales, sobre todo en materia sísmica, con el objetivo de poder proporcionar datos que guíen a las autoridades en la repartición de alarmas sísmicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de la presente soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que considere, en la discusión de la Ley de Egresos 2014, una partida presupuestal con el fin de equipar a las escuelas públicas de nivel básico con alarmas sísmicas.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través del coordinador general del Sistema Nacional de Protección Civil, a que de manera conjunta con los coordinadores estatales de Protección Civil, señalen en los atlas de riesgo de cada entidad, los planteles de educación básica con mayor vulnerabilidad por desastres naturales.

Nota:

1 Consultado en http://guerrero.gob.mx/articulos/sistema-de-alerta-sismica/ el 21 de octubre de 2013, 18:20 horas.

Dado en el Senado de la República, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil trece.— Senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase el primer resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos para el desarrollo de la juventud.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población mexicana asciende a 112 millones 336 mil 538 personas, de las cuales 32 por ciento son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.

Históricamente México se ha caracterizado por tener una población con un alto porcentaje de niños y jóvenes. Entre 1950 y 2000 los que se encontraban entre cero y 14 años representaron más de 45 por ciento del total de la población; y si bien durante los años setenta se redujo el crecimiento demográfico, para 2008 el número de jóvenes representó 27.3 por ciento del total, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), y en el 2010 el porcentaje de población joven a nivel nacional alcanzó 29.3 por ciento, de acuerdo con el censo más reciente realizado por el Inegi.

Resalta que en términos absolutos, el número de jóvenes se ha elevado sensiblemente hasta alcanzar en 2010, los 36 millones 210 mil 692. El crecimiento, de acuerdo con Consejo Nacional de Población (Conapo), será constante hasta el año 2020 y a partir de ese momento, la pirámide poblacional comenzará a cambiar y la proporción de jóvenes comenzará a disminuir.

Este fenómeno demográfico da a México el privilegio de contar con un verdadero bono demográfico que, de aprovecharlo adecuadamente, permitirá que nuestro país alcance un desarrollo económico y social histórico durante los próximos años.

Lamentablemente, estos dividendos demográficos han sido poco aprovechados, lo que se refleja en el lento desarrollo económico nacional, por el contrario nuestro país se ha visto afectado durante las últimas décadas por una crisis social severa con implicaciones económicas, culturales, de salud, de seguridad pública, y de rezago educativo, principalmente.

Las cifras estadísticas revelan la situación por la que atraviesan los jóvenes mexicanos:

En educación y empleo por ejemplo, al segundo trimestre de 2013, 28.61 por ciento de la población joven se encontraba trabajando en el sector informal, peor aún, 22.2 por ciento de este sector, es decir 8 millones de jóvenes, no estudian y no trabajan; quedando expuestos totalmente a las redes del crimen organizado.

Según datos del Inegi, en 2013 el porcentaje de jóvenes que se emplean en el sector informal que perciben hasta un salario mínimo (s.m.) es de 18 por ciento, y 32.3 por ciento percibe de uno a tres s.m. Lo anterior es el reflejo del abandono de la juventud.

Por lo que hace a la cobertura educativa, cada año miles de jóvenes quedan sin oportunidad de estudiar. Basta mirar el ciclo escolar 2009-2010 en el nivel medio superior, donde 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado, y el ciclo escolar 2012-2013 en la educación superior, donde solamente 34.6 por ciento de la población en edad de cursarla tuvo la oportunidad de ingresar.

Respecto de la salud, 50 por ciento de las y los jóvenes no tienen acceso a algún servicio y, adicionalmente, 70 por ciento de los jóvenes, como grupo etario, tiene contacto con alcohol y drogas lo cual, para algunos especialistas, convierte a las adicciones en el principal problema que podría enfrentar la juventud.

En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca de 50 por ciento de quienes están en las cárceles de toda la República mexicana son jóvenes. Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país, en donde el sector juvenil es el principal afectado.

En este contexto, si bien es cierto que los tres órdenes de gobierno, particularmente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo federales, han realizado importantes esfuerzos para destinar recursos y llevar a cabo programas y acciones de atención a la juventud, también es verdad que dichos esfuerzos no han sido suficientes para atender sus necesidades.

Se requiere más trabajo, recursos y más eficacia para garantizar el desarrollo de la juventud.

En 2011 el presupuesto destinado al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) fue de 368 millones de pesos (mdp); mientras que para 2012 esta cifra disminuyó en 24 mdp, es decir tuvo un decremento de 6.7 por ciento respecto de 2011; y para 2012 los recursos nuevamente disminuyeron en 2.4 mdp, lo que representó otro decremento nominal de 7.3 por ciento respecto de 2011. Se trata de una disminución de recursos con efectos graves en las acciones que puede realizar el instituto a favor de la juventud pero, sobre todo, en las condiciones de bienestar presente y oportunidades futuras para nuestros jóvenes. Ahora bien, es importante destacar que no basta con incrementar el presupuesto para este sector, se deben distribuir de manera estratégica y eficaz, sólo así se podrá hacer justicia a la tercera parte de nuestra población.

Por otro lado, debemos insistir en la urgencia de mejorar la información sobre la totalidad de los recursos que se destinan a los jóvenes y sobre sus resultados. Sabemos que el gobierno federal, a través de distintas secretarías y entidades de la administración pública, implementa diversos programas orientados a la juventud; sin embargo, no se conoce con certeza la totalidad ni la distribución del presupuesto que se destina para dicho fin. Además, todavía es incierto el número de los programas y acciones que se implementan en la materia.

Por ello, es trascendental avanzar en el trabajo que la Cámara de Diputados realiza desde la LXI Legislatura, para sistematizar estos datos mediante el anexo denominado Programas para el desarrollo integral de los jóvenes, del Presupuesto de Egresos de la Federación. El objetivo de ese apartado del presupuesto es conocer la totalidad de los recursos dirigidos a este sector, así como identificar, dar seguimiento, evaluar y corregir los programas y acciones implementadas y operadas a favor de la juventud.

Hay que recordar que el mencionado anexo se creó para el ejercicio presupuestal de 2010, y que ello permitió identificar recursos por 9 mil 719 millones de pesos, así como 8 programas implementados por dos secretarías de estado. En el mismo tenor, en 2011 se hicieron visibles 125 mil 041 mdp y se identificaron 29 programas a cargo de dos secretarías; para 2012, se hicieron visibles 135 mil 731 mdp y se conocieron 31 programas a cargo de 5 secretarías; para 2013, se identificaron con claridad y transparencia 142 mil 309 mdp y se conocieron 33 programas implementados por siete secretarías y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este anexo constituye un instrumento fundamental de transparencia, seguimiento y evaluación no sólo para el gobierno federal, sino para la población mexicana y para el trabajo que los legisladores tenemos, por lo que su permanencia y ampliación en el presupuesto es fundamental.

Por todo lo anteriormente expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, pongo a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que incremente los recursos destinados al Instituto Mexicano de la Juventud durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo.La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que amplíe y apruebe el “Anexo 16. Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes” del PEF de 2013, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Notas:

1. Encuesta Nacional de la Juventud, 2010, Secretaria de Educación Pública.

2. Encuesta Nacional de Salud 2006

3. Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario,2009.La Prensa, 11 de febrero de 2011 [nota periodística], basada en el Censo de INEGI, 2010

Senado de la República, a 21 de octubre de 2013.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, René Juárez Cisneros, senador de la república a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Universidad Autónoma de Guerrero es una institución pública y autónoma de educación media superior y superior cuyo campus principal se encuentra en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Tiene planteles en Acapulco, Taxco, Iguala, Tixtla, Ometepec y Ciudad Altamirano entre otras ciudades; ubicando planteles en siete regiones del estado.

Actualmente, imparte 34 carreras a nivel licenciatura y 29 a nivel posgrado. A la fecha, cuenta con una de las matrículas más altas de las universidades públicas del país. La institución, atiende a más de 73 mil alumnos, y se integra por cerca de 26 mil alumnos en el nivel superior y 46 mil de nivel medio superior o bachillerato.

Diversos organismos académicos han reconocido avances significativos en competitividad académica; hoy cuenta con 29 programas educativos (pe) en el nivel 1 de los CIEES, de estos, 8 programas se encuentran acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC (Copaes); y el 87.21 por ciento de esta matrícula se clasifica de buena calidad.

Referente a profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, se ha tenido un buen incremento en los últimos tres años, pasando de 35 que se tenían en 2009 a 50 en 2012; y hasta 2011 se habían firmado 262 convenios institucionales de intercambio académico.

Como se puede observar, la Institución está presentando un crecimiento notable tanto en la calidad de sus Programas Educativos como en su inversión física; ha procurado finanzas sanas; mediante mecanismos de austeridad en el gasto no prioritario, el gasto administrativo y de operación, procurando un mejor impacto en áreas sustantivas.

Para lograr lo anterior, y es loable reconocer, a la universidad se le ha venido incrementando el subsidio federal; esto como resultado de los avances que se han obtenido en los indicadores de desempeño, como son: incremento en los programas educativos (PE) de calidad; habilitación de profesores de tiempo completo (PTC) y de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores; entre otros.

No obstante lo anterior, se requiere continuar mejorando leí calidad y volverla más competitiva, así como para ampliar la cobertura y hacerla más equitativa, ofreciendo posibilidades de acceso por igual, a jóvenes de todos los estratos sociales; por ello, se requiere incrementar el presupuesto a nuestra universidad. La Universidad Autónoma de Guerrero, al igual que muchas de las universidades públicas del país, ha tenido problemas presupuestales.

Uno de los problemas que la Universidad Autónoma de Guerrero no ha podido atender en los últimos años, es el déficit de plazas laborales particularmente en el ámbito académico entre lo que autoriza la Secretaría de Educación Pública y las plazas funcionales o reales que ejerce la Universidad. Actualmente se tiene un promedio cercano a las 800 plazas académicas deficitarias.

De igual manera, y para dar cumplimiento a la proyección de crecimiento en el ámbito de la infraestructura física, la Universidad requiere mayores recursos para la construcción de nuevos campus universitarios y para la terminación de los que se encuentran en proceso de construcción.

Dichos inmuebles requieren contar con mobiliario escolar, de oficina, de laboratorio, de cómputo y otros. El presupuesto requerido para concluir con estas nuevas unidades educativas, suma un total de 118 millones de pesos.

De ahí el presente punto de acuerdo cuya finalidad es apoyar y cubrir las necesidades de la Universidad, y así poder cumplir su compromiso con la población guerrerense, y en particular con los sectores menos favorecidos en lo económico, cultural y social; y procurar disminuir los grandes rezagas que en materia de educación se tienen en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a 22 de octubre de 2013.— Senador René Juárez Cisneros (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PROYECTOS CULTURALES EN AMECA, JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura de Ameca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura de Ameca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ameca es un municipio de la región Valles, de Jalisco. En materia de cultura y recreación se destaca porque tiene teatro, casa de la cultura, espacios naturales, plaza cívica, cine, centros recreativos: el museo regional considerado el segundo mejor en su género del estado, ya que, la calidad arqueológica y paleontológica se componen de 10 mil piezas y tiene sede en la Casa de la Cultura.

Por ello se debe fomentar una cultura recreativa en donde los habitantes del municipio recuerden ese patrimonio cultural y se convierta en un icono del turismo, La construcción del parque La Estación retornará la importancia de las vías del ferrocarril, siendo un icono en la participación de la Revolución Mexicana.

Este proyecto considera más de 120 kilómetros lineales de vías del ferrocarril, siendo un proyecto de primer nivel en la ciudad, formado por tres rutas que serán los senderos peatonales, ciclistas y ecuestres. Todo esto, a fin de promover un ambiente sano y recreativo que beneficiará no sólo la integración familiar, sino una convivencia con los habitantes y el turismo de manera segura.

El parque La Estación Ameca no sólo tendrá una vocación festiva, si no, será un centro polifacético cultural, ya que, se encuentra muy cerca del edificio Hilarión Romero Gil, donde estará el museo de los ferrocarriles, los cuales serán actualmente dos museos culturales importantes para el municipio y el turismo en general.

Contar con un centro cultural regional, es la finalidad que se tiene con la restauración del patrimonio arquitectónico del centro cultural Hilarión Romero Gil, ya que, con la aprobación del patrimonio se fomentará el fortalecimiento de la identidad de la sociedad, es decir; elevar el valor social de los espacios, en donde se desarrollan las actividades sociales, educativas, recreativas y turísticas. Con la inversión de esta remodelación se tendrá un mejoramiento en la imagen urbana de dicho centro, restaurando cubiertas, restituyendo aplanados, molduras de fachadas, carpintería, elementos de cantera, así, como la integración de instalaciones eléctricas, todo esto con la finalidad de crear empleos temporales, implementando un mantenimiento de calidad.

Ante la solicitud de este municipio, considero prioritario apoyar la conformación del proyecto de enfoque parque La Estación y la restauración del centro cultural Hilarión Romero Gil, de Ameca, Jalisco.

La inversión en cultura permitirá rediseñar el futuro y la calidad del Municipio, además de cumplir con la función de la integración familiar y la recuperación de espacios públicos culturales. Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Ameca, a fin de que la autoridad competente cuente con recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo del parque La Estación, con una inversión de 34 millones 400 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la restauración del centro cultural Hilarión Romero Gil, con una inversión de 18 millones 500 mil pesos, en Ameca, Jalisco, en el mareo de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PARQUE ECOLOGICO LA CANACINTA, EN CHAPALA, JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para construir el parque ecológico La Canacinta, en Chapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para construir el parque ecológico La Canacinta, en Chapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Chapala es la cabecera municipal y está compuesta por cinco delegaciones: San Antonio Tlayacapan, Atotonilquillo, San Nicolás de Ibarra, Santa Cruz de la Soledad, Hacienda La Labor y Ajijic. El municipio cuenta con una riqueza extraordinaria, representada por 4 mil 395 hectáreas de bosque, con el predominio de especies de pino, encino, roble, cedro, sauce, grangeno, tepame y madroño.

El parque ecológico es un ejemplo de manejo sustentable de un área natural, aportando el beneficio a la población local, capitalina y al turismo de un contacto directo con la fauna y la flora, así como fomentar el respeto y cuidado del ambiente.

Chapala no cuenta con áreas o espacios para esparcimiento, recreación y educación ambiental, es decir; una utilización adecuada de los recursos naturales. De ahí la necesidad de implantar un desarrollo sustentable, con el que se obtendrán beneficios indispensables para la salud de los habitantes de forma sencilla y natural.

Con la construcción del parque ecológico se beneficiará a los habitantes del municipio y las diversas investigaciones y estudios de carácter científico del ecosistema en cuestión, así como el disminuir la problemática social como es la drogadicción, alcoholismo, violencia familiar, por mencionar algunos, e incrementar el interés por la educación ecológica y la integración de las familias.

Por ello, el municipio solicita apoyo para el desarrollo del parque ecológico La Canacinta, en Ajijic, una obra que beneficiará de forma directa a 10 mil 509 habitantes. Urge apoyar este proyecto de impacto regional que permitirá a los habitantes de la localidad hacerse el hábito de mantener una vida saludable, donde será una opción para que la gente de comunidades aledañas empiecen a tomar una disciplina para mejorar su calidad de vida.

Dado lo anterior se exhorta respetuosamente a incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Chapala, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para desarrollar el parque ecológico La Canacinta, con una inversión de 8 millones de pesos, en Chapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

CENTRO CULTURAL DE LA BARCA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para la construcción del centro cultural de La Barca, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II ,276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción del centro cultural de La Barca,en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los bienes y servicios.

Los centros de cultura en México son un elemento fundamental para ampliar el acceso a los bienes y servicios culturales en el país. La intención de crear estos espacios es con el fin de cubrir las funciones de difusión cultural y de educación artística no formal; así como de la capacitación y promoción de los artistas; promover las expresiones de la cultura popular y actualizar sus métodos de enseñanza en los niveles inicial, intermedio y avanzado.

Actualmente en el municipio de La Barca, Jalisco, no tiene casa de cultura que le permita difundir sus actividades culturales, situación que limita la participación ciudadana en estas actividades, ya que, la falta de estos conocimientos en ciencias, tecnologías, artes plásticas y actividades culturales limitan el desarrollo de cualidades y talentos en la ciudadanía. Por ello, es necesario apoyar la construcción del centro cultural para el desarrollo de la localidad, con el fin, de proporcionarles espacios dignos y una calidad de servicios.

Con la construcción de este centro se beneficiarán de manera directa a los habitantes del municipio, este proyecto tiene como objetivo principal divulgar creaciones artísticas y tecnológicas de la comunidad e intercambiarlas con otras regiones, la creación de empleos temporales, la integración de la familia en espacios de convivencia y el buen uso del tiempo libre.

Ante la solicitud del municipio, se sugiere apoyar la construcción del centro cultural del municipio de La Barca, Jalisco. La inversión en cultura permitirá rediseñar el futuro y la calidad del municipio, además de cumplir con la función de la integración familiar y reforzando la identidad del municipio.

Compañeros legisladores; por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del centro cultural con una inversión total de 7 millones de pesos en el municipio de La Barca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA BARCA, JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura carretera del municipio de La Barca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura carretera del municipio de La Barca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las vías de comunicación no solo permiten ir de un lugar a otro de forma rápida y segura, si no también sirven para transportar mercancías y potencializar la economía del municipio con una estrategia de inversión a largo plazo, facilitando la integración tanto social como geográfica del territorio.

Las comunicaciones y los transportes son actividades indispensables para el progreso, pues facilitan la integración social y geográfica del territorio. Por su ubicación geográfica, Jalisco se encuentra en una situación privilegiada, pues se comunica con el centro, sur, este y norte de la República, así como con los puertos del Pacífico. Las vías de comunicación son indispensables para generar una estrategia de desarrollo que esté encaminada a apoyar a comunidades marginadas.

Para el municipio de La Barca, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados, se ha deteriorado los carriles de esta zona ocasionando bacheos, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y prospera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

Con la modernización de los tramos carreteros, se beneficiará de forma directa a más de 500 mil habitantes quienes tendrán vialidades accesibles y en buenas condiciones que disminuirán los accidentes de tránsito, así como, mayor fluidez vehicular y la facilidad a los camiones transportistas que vienen de los municipios aledaños para llegar a sus destinos, teniendo como objetivo principal la creación de empleos temporales.

Este proyecto, considera ampliaciones que complementarían cuatro carriles y con ello se permitiría la reducción de tiempo de traslado debido al descongestionamiento de las vialidades, Este proyecto tiene como objetivo principal realizar trabajos de excavación en caja, también la fabricación de terracerías para la estructura de ampliación de carriles; colocación de carpeta asfáltica que proporcionará al, tránsito una superficie estable, impermeable y uniforme; así mismo, se construirá una ciclo vía, áreas de descanso y equipamiento en áreas peatonales.

Por ello, las acciones que se realicen en materia de infraestructura carretera son de vital importancia para la seguridad y el bienestar de sus habitantes, por tal razón, se solicita apoyar la conformación de proyecto de enfoque como es la modernización del tramo carretero Santa Rosa 4 etapa y la modernización del tramo carretero Zalamea 4 etapa, del municipio de La Barca, Jalisco.

Por lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de La Barca, Jalisco para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores, por lo expuesto, solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la modernización del tramo carretero Santa Rosa, cuarta etapa, con una inversión total de 6 millones de pesos en el municipio de La Barca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la modernización del tramo carretero Zalamea, cuarta etapa, con una inversión total de 6 millones de pesos en el municipio de La Barca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE CHIMALTITAN, JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez,senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del municipio de Chimaltitán, Jalisco,en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte se puede experimentar al menos de dos maneras por un lado como parte de una actividad física practicándolo con mayor o menor regularidad y por otro lado, como espectáculo asistiendo a eventos deportivos como espectador.

Las cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2009 permiten apreciar algunos aspectos sobre cómo se relacionan los mexicanos como el deporte. En primer lugar, es una minoría la que realiza algún deporte o actividad física: 1 de cada 4 personas. De ellos, el promedio de tiempo que dedican a dicho deporte o actividad es de 4 horas y 36 minutos a la semana lo’ que representa 40 minutos al día, en promedio.

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos beneficios en la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje y cumplimiento de reglas y a la convivencia. En México, según la Encuesta Nacional de Juventud, casi el 40 por ciento de los jóvenes de entre 12 a 29 años de edad realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1  por ciento) de los hombres de estas edades afirma que si realiza alguna actividad física, solo una de cada tres mujeres (29.8 por ciento) manifiesta lo mismo.

La mayoría de los jóvenes, uno de cada tres (36.6 por ciento) realiza actividad física tres veces por semana, en tanto que una proporción similar de ellos (32.7 por ciento), la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6 por ciento) la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres (24.8 por ciento) que de de mujeres (21.6 por ciento) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente inferior la proporción de hombres (3 1.7 por ciento) que de mujeres (44.5 por ciento) que la llevan a cabo tres veces por semana.

Por tal motivo, es necesario rehabilitar espacios públicos que permitan desarrollar actividades deportivas, es el caso de las unidades deportivas: Chimaltitan, Agua Caliente y Tepisuac, de Chimaltitan, Jalisco, que requieren de cerco perimetral, alumbrado público, jardinería, canchas, colocación de arcilla y la integración de juegos infantiles. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos deportes y realizar actividades de esparcimiento.

Es una prioridad, contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes que nos solicitan, con la finalidad de dar la mejor atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; también poder detectar a deportistas e integrados a los equipos representativos del municipio y lograr contar con una mejor calidad de los habitantes del mismo al contar con una instalación adecuada y con ello evitar la inactividad fisica y los problemas de obesidad infantil; así como coadyuvar en la interacción de escuela y deporte.

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional. Por tal motivo, se debe contar las instalaciones durante todo el año para el trabajo deportivo.

Por tanto, considero indispensable incrementar la asignación de recursos públicos a la partida para el municipio de Chimaltitan, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Se requiere fomentar la práctica de deporte, con la finalidad de crear espacios de esparcimiento que le permitan desarrollar adecuadamente acciones en beneficio de sus ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación y ampliación de unidad deportiva Chimaltitán, de Chimaltitán, Jalisco, con una inversión total de 5 millones 285 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva Agua Caliente, de Chimaltitán, Jalisco con una inversión total de 4 millones 530 mil pesos ~n el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva Tepisuac, de Chimaltitán, Jalisco, con una inversión total de 4 millones 530 mil pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE CHIMALTITAN, JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura cultural de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura cultural de Chimaltitán, Jalisco ,en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre escudos y rodelas, eso significa Chimaltitán, palabra que nombra uno de los municipios de riqueza turística en Jalisco. Fundado en el siglo XVII, solía ser centro de producción de objetos para guerreros, como escudos y rodelas; de ahí su nombre. Sin embargo, hoy en día ha cambiado su producción y algunos de sus habitantes se dedican a fabricar artesanías. Por eso, y muchos atractivos más, llegan más y más visitantes con ganas de conocer este lugar.

Sombreros de sotol, huaraches de baqueta, bordados y esculturas son algunos de los objetos que puedes conseguir a lo largo de los comercios que se encuentran en el municipio. Y por si fuera poco, también se pueden encontrar productos de talabartería, como sillas de montar, cuartas y huaraches.

Su arquitectura es, sin duda, otro más de sus atractivos culturales, empezando con su plaza principal, perfecta para pasar una tarde agradable. Muy cerca se encuentra el ex convento franciscano del siglo XVII, la imponente fachada del templo de San Francisco de Asís y la capilla de San Miguel, el templo de San Juan Bailón y finalmente, dentro de la arquitectura religiosa del lugar, el templo de la Virgen de Guadalupe. Otro edificio sobresaliente es el que pertenece a la presidencia municipal.

Los paisajes naturales que allí se encuentran son, por igual, un pretexto por el cual visitar Chimaltitán. Se encuentra rodeado de cerros y Piedras Largas, un hermoso atractivo natural con rocas grandes de formas y colores impresionantes. Chimaltitán, que cuenta con una extensión territorial de más de 970 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicado al norte del estado. Durante su visita se puede dar un paseo y conocer todos los lugares con los que colinda, como los municipios de Bolaños, Villa Guerrero, Totatiche e incluso el estado de Zacatecas.

Es un municipio que requiere de potencializar su actividad artesanal con la construcción de un salón para talleres artesanales y exposición en las localidades de San Juan de los Potreros y Tepisuac. Así como la posibilidad de remodelar la presidencia municipal y la delegación municipal en San Juan de los Potreros.

Estos proyectos permitirán renovar la imagen del municipio y potencializar sus actividades económicas. Por lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Chimaltitan, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores, por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción del salón para talleres de artesanías y exposición de San Juan de los Potreros en Chimaltitán, Jalisco, con una inversión total de 3 millones 473 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción del salón para talleres de artesanías y exposición de Tepisuac en Chimaltitán, Jalisco, con una inversión total de 3 millones 473 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la remodelación de la presidencia municipal de Chimaltitán, Jalisco, con una inversión total de 4 millones 641 mil 819 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la remodelación de la delegación municipal, San Juan de los Potreros de Chimaltitán, Jalisco, con una inversión total de 3 millones 632 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

LIENZOS CHARROS EN CHIMALTITAN, JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para la construcción de diversos lienzos charros en Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez,senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de diversos lienzos charros en Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El charro ha sido útil para el proceso de producción de la imagen del estado mexicano, tanto para el consumo internacional como para el consumo interno, creando una representación para el turismo. Además, la fiesta charra o charreada es actualmente el escaparate público en el que se pone en escena todo un discurso conformado por signos visuales (los trajes, las habilidades deportivas, la competencia, las artesanías, la pintura, etcétera), auditivos (la música, el argot charro, los dichos y los refranes) y lingüísticos (los relatos escritos y orales, la historia charra, los discursos, etcétera).La charrería es un deporte nacional, por decreto presidencial. Este deporte consiste en la realización, frente a un público, de distintas suertes en un espacio físico diseñado especialmente para ello, con cierto orden y reglas de competencia bien especificadas.

En nuestros días el futuro de la charrería parece estar marcado por los mismos signos que lo han hecho tambalearse las fronteras simbólicas de todo grupo cultural bajo el embate de las nuevas expresiones y de los nuevos contextos económicos de nuestros tiempos. El charro vuelve a encontrarse, casi un siglo después, en una situación de fuerte competencia frente a otras figuras que quizá pueden representar de mejor manera el mundo actual, cada vez más globalizado y al mismo tiempo más diversificado. Sin embargo, las tradiciones y los estereotipos no mueren súbitamente, sino que más bien van transformándose poco a poco hasta convertirse en aquello que pueda simbolizar los nuevos significados y, en el proceso, van dando lugar a figuras hibridas y/o bastante alejadas de la imagen original. De esta manera se requiere crear espacios que permitan la difusión de este deporte nacional.

Para el municipio de la Chimaltitán, es una prioridad la creación de un sistema carretero en óptimas condiciones, ya que, debido al alto índice que transita los vehículos pesados, se ha deteriorado los carriles de esta zona ocasionando bacheos, accidentes viales y teniendo una carga vehicular que perjudica los tiempos de los habitantes en llegar a sus respectivos lugares. Por ello, es necesario apoyar la infraestructura carretera para beneficio de los habitantes, teniendo una ruta segura y prospera, con una actividad que fortalecerá las actividades estratégicas sustentables e innovadoras para generar más empleos o ingresos en el municipio.

El municipio busca el apoyo para la construcción de diversos lienzos charros, con la finalidad de difundir la cultura de la charrería, y también generar una fuente de ingreso para cada una de las localidades donde pretenden implementarlos.

Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Chimaltitan, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos. Compañeros legisladores, por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del lienzo charro Chonacate con una inversión total de 2 millones 416 mil pesos en el municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del lienzo charro Los Cerritos con una inversión total de 2 millones 416 mil pesos en el municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del lienzo charro Rancho de Arriba, con una inversión total de 2 millones 416 mil pesos en el municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del lienzo charro Tepisuac, con una inversión total de 2 millones 416 mil pesos en el municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PRESA TECOIXCO, EN JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos suficientes para la construcción de la presa Tecoixco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la presa Tecoixco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ayutla se localiza al sureste de estado, su extensión territorial es de 913.770 kilómetros cuadrados que representa 1.25 por ciento de la superficie del estado de Jalisco y 11.42 por ciento de la región; colinda al norte con los municipios de Cuautla, Atengo y Tenamaxtlán. Entre los principales problemas del municipio se encuentra el abastecimiento del agua.

Este municipio solicita apoyo para la implementación de la presa Tecoixco, y con ello la posibilidad de tener un afluente de agua confiable y de calidad para el riego, y el uso doméstico e industrial. Además, esta presa en la actividad de la agricultura podrá crear alternativas para la intensificación, a través del riego, situación que puede reducir la presión sobre los bosques, los hábitats intactos de la fauna, y otras áreas que no sean idóneas para la agricultura. También, favorecerá la pesca, y facilitará la producción agrícola del área, bajo del reservorio, que, en algunos casos, puede más que compensar las pérdidas sufridas en estos sectores, como resultado de su construcción.

El municipio de Ayutla necesita de un adecuado sistema de distribución de agua, que le permita detonar la economía local mediante el fortalecimiento de actividades estratégicas sustentables e innovadoras. La inversión en infraestructura hidráulica permitirá rediseñar el futuro y una calidad de vida digna para los habitantes del municipio. Por ello, considero muy importante apoyar las obras de infraestructura hidráulica, para beneficiar a esta comunidad.

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Ayutla, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de la presa Tecoixco con una inversión total de 50 millones de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

REHABILITACION DE PAVIMENTO Y REDES HIDROSANITARIAS EN EL CENTRO DE AJIJIC, EN CHAPALA, JALISCO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la rehabilitación de pavimento y redes hidrosanitarias en el centro de Ajijic, de Chapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«José María Martínez Martínez, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la rehabilitación de pavimento y redes hidrosanitarias en el centro de Ajijic, de Chapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ajijic significa “lugar donde brota el agua”. Sus principales actividades económicas son la agricultura, la pesca y las artesanías. Ajijic es uno de los pueblos más antiguos de México y se ha distinguido de otras localidades por la producción y el diseño de alta costura, destacada por originalidad en los dibujos, así como la calidad de los materiales y la confección de prendas.

Una de las preocupaciones del municipio es el desgaste superficial de la vialidad principal del centro histórico de Ajijic. La rehabilitación del pavimento y redes hidrosanitarias del centro de Ajijic que beneficiará de manera directa a 10 mil 509 habitantes, brindando seguridad y comodidad a la población, así como la conservación de la imagen urbana del centro histórico.

La inversión que representa en estas obras el reflejo ante los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes.

Profundizar en los procesos, explorar opciones y promover un ejercicio más totalizador de los recursos públicos como la respuesta frontal a las carencias sociales, por lo que la aplicación de los recursos debidos es el instrumento de mayor utilidad para el gobierno y, consecuentemente, para los ciudadanos.

Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para Chapala, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de la rehabilitación de pavimentos y redes hidrosanitarias en el centro de Ajijic, con una inversión de 25 millones 300 mil pesos, en Chapala, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

FONDO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se asigne una partida especial para la creación del fondo para la sociedad de la información y el conocimiento.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 23 de octubre de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que seexhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2014 se asigne una partida especial para la creación del Fondo para la sociedad de la información y el Conocimiento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con los compromisos de la sociedad de la información y los Objetivos de Desarrollo del Milenio suscritos y ratificados por el Estado mexicano, a partir del año 2015 el gobierno federal y los gobiernos estatales serán evaluados por su capacidad de contar con conectividad de Banda Ancha y sus beneficios en al menos el 51% de su población, toda vez que estos objetivos acrecientan la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a través de aplicaciones educativas desarrolladas en internet, mejoras en los servicios de Salud a través de aplicaciones como el Expediente Clínico Electrónico y la Telemedicina, así como acercar el gobierno a la gente a través de procesos y trámites agiles en línea.

Sin embargo, derivado de la costosa oferta de servicios de conectividad y los altos niveles de pobreza existentes, el país enfrenta un enorme rezago en materia de brecha digital que imposibilitarán cumplir con los compromisos pactados con la sociedad de la información y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

De manera enunciativa y para ubicar el tema en el contexto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que tan solo en el Estado de Oaxaca, de 934 mil viviendas particulares, el 39.6% de ellas cuenta con al menos un teléfono celular (lugar 32 nacional); 20.7% dispone de telefonía fija (lugar 31), 14.4% tiene computadoras (lugar 31) y el 7.8% cuenta con acceso a Internet (lugar 31). Datos ilustrativos, pero que representan un atraso cuantitativo en materia de tecnología.

A partir del año 2002, el gobierno federal puso en marcha la firma de cinco convenios de colaboración intersecretarial, que son: SEP-SCT; INEA-SCT; Salud-SCT; Sedesol-SCT y Segob-SCT y suscribió la declaratoria de conectividad para el Sistema Nacional e-México, así como la constitución del fideicomiso público E-México, instrumentos legales a cargo de la ejecución, supervisión y operación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El propósito del fideicomiso E-México fue precisamente combatir la brecha digital y dotar de infraestructura de banda ancha y aplicaciones sobre Internet de impacto social a toda la población, en plena armonía con los objetivos de la sociedad de la información.

Al cierre del segundo trimestre de 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que el Fideicomiso E-México tuvo ingresos por $1,087,551,436.50 un mil ochenta y siete millones quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos; rendimientos por $90,240,064.54 noventa millones doscientos cuarenta mil sesenta y cuatro pesos; egresos por $131,166,378.09 ciento treinta y un millones ciento sesenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos, quedándole una disponibilidad por $9,593,768,617.17 nueve mil quinientos noventa y tres millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos diecisiete pesos.

A pesar del elevado rendimiento y acceso a los recursos, la Auditoría Superior de la Federación, al cierre del ejercicio 2010, consideró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso e-México, al no ejecutar recursos comprometidos en 28 proyectos evaluados y autorizados por el comité técnico.

De acuerdo con dicha auditoría, la carencia de políticas o procedimientos específicos que regulen la planeación, percepción, evaluación, aprobación, ejecución, control y administración financiera de los proyectos apoyados por el Fideicomiso e-México implicó que se negaran la asignación de proyectos, así como un mal manejo de los recursos destinados. De igual forma, el órgano fiscalizador detectó que la titular del Fideicomiso e-México no contaba con facultades legales o autorización del comité técnico para celebrar contratos y convenios de prestación de servicios, con lo cual se actualiza la malversación de los recursos.

Bajo ese panorama, la Auditoria Superior de la Federación ha solicitado al Congreso de la Unión analice la viabilidad de suspender la asignación de recursos presupuestales para el Fideicomiso e-México cuando conserve fondos presupuestales no asignados.

Lo anterior significa que no ha existido capacidad y visión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para aplicar los recursos destinados año tras año al Fideicomiso E-México, pues desde su creación en el año 2002, con una aportación inicial de 120 millones de pesos, no ha existido la capacidad por parte de la sociedad de la información y el Conocimiento de la SCT para aplicar los recursos del Fideicomiso; asimismo, el área técnica de la sociedad de la información y el Conocimiento no ha cumplido con el abatimiento de la brecha digital y dotar de infraestructura de banda ancha y aplicaciones sobre Internet y de impacto social a toda la población.

Propuesta

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática siempre ha propugnado por permitir el acceso a la información y la posibilidad de estar comunicados con el resto de la sociedad a través de la evolución tecnológica, así como de todas las herramientas técnicas que concreten el desarrollo de nuestro país.

De esta forma, consideramos que resulta urgente acrecentar el conocimiento de las fuentes de desarrollo y permitir el acceso igualitario a las tecnologías de la información y comunicaciones a la población, por lo que resulta imperativo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 se asigne la partida especial para la creación del Fondo para la sociedad de la información y el Conocimiento, considerando para ello, los recursos del propio Fideicomiso E-México y como parámetro, la base los datos del INEGI en materia de rezago en brecha digital, para crear una fórmula de distribución que permita canalizar estos recursos a los Estados para que aceleren la construcción de su propia banda ancha y aplicaciones sobre internet de impacto social.

Adicionalmente, consideramos necesario que a partir de la creación del mencionado Fondo y en atención al Pacto Federal, en cada entidad federativa debe prever un Instituto de la sociedad de la información y el Conocimiento el cual pueda tener plena coordinación y ejecución de programas de forma eficiente con la referida sociedad de la información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el desarrollo de las redes estatales de educación, salud y gobierno.

En suma, con la presente propuesta, el PRD considera que el Estado mexicano tendrá mayores posibilidades para asegurar a sus gobernados el acceso a los servicios electrónicos y digitales que actualmente existen en la sociedad.

En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2014 se asigne una partida especial para la creación del Fondo para la sociedad de la información y el conocimiento, con la finalidad de abatir el rezago en brecha digital y aplicaciones de internet de impacto social.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones, a los diez días del mes de octubre de dos mil doce.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

HOSPITAL GENERAL DE ZONA DEL IMSS EN CAMPECHE

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, a incluir en las ampliaciones del ramo de salud recursos presupuestarios para construir y equipar el hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 23 de octubre de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Óscar Román Rosas González, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 76, fracción IX, y 276 del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el país, el acceso a los servicios de salud es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en consecuencia es obligación del Estado procurar y proporcionar dichos servicios a la población en general sin distinción alguna.

A 70 años de crearse la Secretaría de Salud, podemos estar orgullosos de un sistema ideado por los gobiernos posrevolucionarios que hoy vemos sus frutos, la esperanza de vida en México pasó de 48 años en 1950 a 74.5 años promedio en 2012. Ello demuestra que la política en materia de salud fue acertada.

En este esfuerzo, el Sistema de Salud Nacional se ha fortalecido por una institución de seguridad social fundamental para todos los mexicanos: el IMSS.

El IMSS cumple, igual que la Secretaría de Salud, 70 años de servicio de los mexicanos, y hoy cuenta con 16 millones de asegurados en todo el país. Para proporcionar servicios adecuados, el instituto tiene amplia infraestructura de hospitales, clínicas, centros médicos, guarderías, instalaciones deportivas y culturales, que de manera integral atienden a los asegurados.

El adecuado mantenimiento, equipamiento y actualización de sus centros de atención médica han sido una prioridad en las delegaciones de las entidades federativas. Dicha prioridad fue constatada en el estado, donde el Consejo Técnico del IMSS tuvo a bien autorizar e iniciar el proceso de alta en la cartera de inversión nacional del hospital general de zona en la ciudad de Campeche, cuyo proyecto original data desde 2008.

Este proyecto se encuentra desde el 21 de agosto del año en curso como primera prioridad de la delegación Campeche del IMSS, así como el equipamiento, instrumental y número de plazas requeridos a fin de ejecutar tan importante proyecto para la sociedad campechana.

No se puede soslayar que una de las principales razones que encontró la delegación IMSS-Campeche para iniciar este proceso de registro en los proyectos de inversión del instituto fue que el actual hospital general de zona en la ciudad de Campeche data de 1967; es decir, tiene una antigüedad de 46 años.

Las consecuencias de contar con un hospital con más de cuatro décadas de operación se reflejan en el deterioro de su infraestructura, en la falta de actualización de su equipo médico y en los constantes trabajos de mantenimiento, lo cual ha derivado que en los últimos años los trabajos y las tareas cotidianas se realicen al límite de su capacidad.

El estado cuenta con 822 mil 441 habitantes. De ellos, 242 mil 892 reciben atención médica por el IMSS; el resto recibe los servicios a través de diferentes esquemas de seguridad social, como ISSSTE, Seguro popular y servicios de salud estatales.

La tasa de crecimiento poblacional estimada para Campeche es de 1.7 por ciento anual, y en esa medida deben estar preparadas las instituciones de salud, incluido el IMSS, para hacer frente al incremento de la demanda en los servicios que prestan.

Como elemento adicional, favorable para la construcción inmediata del nuevo centro hospitalario, se tiene asignado, desde 2008, el terreno que albergará sus instalaciones, con un una superficie de 25 mil metros cuadrados, en el fraccionamiento Siglo XXI de la ciudad de Campeche. El área estratégica cuenta con todos los servicios disponibles para tales efectos.

Por lo expuesto y fundamentado propongo al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, a incluir entre las ampliaciones del ramo de salud recursos presupuestarios para construir y equipar el hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

2 Inegi. http://cuentame.inegi.org.mxmx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P

3 IMSS. Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión 2012-2013. http://www.imss.gob.mx/estadisticas/Documents/20122013/c01. pdf

4 Inegi. Información nacional, por entidad y municipios. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=04

5 Ibídem.

Senado de la República, a 22 de octubre de 2013.— Senador Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES,JALISCO Y PUEBLA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la asignación de recursos a diversos proyectos de infraestructura para diversos municipios de Aguascalientes, Jalisco y Puebla.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 23 de octubre de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente.»

«El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo con atención al proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, en materia de infraestructura para Aguascalientes, Jalisco y Puebla, solicitando el turno directo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Una de las palancas que impulsan el desarrollo humano de la población mexicana es la inversión en infraestructura, sin embargo es uno de los rubros que necesitan una revisión urgente en virtud del evidente rezago social y marginación que padecen millones de mexicanos.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno y en el caso que nos ocupa, la Cámara de Diputados deben observar como prioridad asignar recursos para el desarrollo de obras e infraestructura básica, es decir, desarrollo de sistemas de suministro de agua potable o redes de agua potable; sistemas de saneamiento como líneas de drenaje y alcantarillado; proyectos de electrificación y alumbrado público; rehabilitación y construcción de espacios comunitarios; pavimentación y reencarpetamiento, entre otras.

Unas de las preocupaciones de los municipios de El Llano y San José de Gracia en Aguascalientes; municipios Cañadas de Obregón, De la Huerta, Jalostotitlan, Jilotlán de los Dolores, San Martín de Bolaños, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos y Valle de Guadalupe en Jalisco y los municipios de Chiconcuautla y Santo Tomás Hueyotlipan en Puebla, es el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que habitan en dichas regiones, por ello se dieron a la tarea de emprender en los términos que establece la legislación correspondiente, los trámites para allegarse de recursos públicos para el desarrollo de proyectos y obras públicas.

Entre los proyectos y obras públicas que pretenden desarrollar en las regiones antes mencionadas destacan: alumbrado público, infraestructura hidráulica, infraestructura urbana, pavimentación y reencarpetamiento, construcción de red de agua potable.

Los mismos están aprobados y cuentan con el folio asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, tienen clave de cartera o folio un total de 12 proyectos de inversión para infraestructura.

Los proyectos mencionados se señalan a continuación:

Bajo este orden de ideas, es importante asignar los recursos públicos solicitados para diversos municipios Aguascalientes, Jalisco, y puebla, mismos que pugnan por atender las necesidades más básicas de los ciudadanos. Mediante el apoyo al desarrollo de infraestructura básica y obras públicas las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, tendrán posibilidades de acceder a una vida mejor y con menos carencias.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, considere la asignación de recursos a diversos proyectos de infraestructura para los municipios de El Llano y San José de Gracia en Aguascalientes; municipios Cañadas de Obregón, De la Huerta, Jalostotitlan, Jilotlan de los Dolores, San Martín de Bolaños, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos y Valle de Guadalupe en Jalisco y los municipios de Chiconcuautla y Santo Tomás Hueyotlipan en Puebla, que ya cuentan con el folio asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Salón de sesiones, a los 23 días del mes de octubre de 2013.— Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ALARMAS SISMICAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO

El diputado Ernesto Núñez Aguilar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ernesto Núñez Aguilar. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ernesto Núñez Aguilar(desde la curul): La ampliación del acuerdo del primer punto turnado por la Cámara de Senadores, para que se turne a la Comisión de Desarrollo Municipal, para su conocimiento y opinión, por favor.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Así será, diputado, en esos términos lo ha acordado la Mesa Directiva.

LEY ADUANERA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se informa a la asamblea que se recibió minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera*; que devuelve la Cámara de Senadores con modificaciones.

En virtud de que las modificaciones realizadas por el Senado de la República a la Ley General Aduanera y al Código Fiscal de la Federación son solo referencias a diversos artículos por la expedición de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, y dado que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y a votación de inmediato. Tiene la palabra el señor diputado José Isabel Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Nos informa que no habrá fundamentación. Está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Fija la postura relativa a la modificación a la Ley Aduanera. Adelante, diputado Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. La reforma hacendaria y fiscal es un modelo global. Nosotros insistimos en que esta reforma hacendaria es eminentemente recaudatoria, es terrorista en los métodos de cobro a los contribuyentes y es lesiva para millones de mexicanos, para las clases medias, para los trabajadores, para los sectores productivos, para los importadores temporales, para los maquiladores, para los habitantes de las fronteras del país.

Por tal razón, no podemos desagregarla y decir que estamos a favor en una parte y estamos en contra en otra. En Movimiento Ciudadano somos congruentes y ratificaremos nuestro voto en contra de esta legislación aduanera, como de toda la reforma fiscal. Lo hacemos por las siguientes razones:

El último pronóstico de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional del 1.2 por ciento es la tercera parte de lo que fue la propuesta de gobierno en los criterios de política económica para el Presupuesto 2013.

Al margen de estas cifras macroeconómicas, las implicaciones de esta recesión, de esta baja en las expectativas de crecimiento económico han sido más pobreza, más deterioro social, más violencia e inseguridad, como la que se vive en Michoacán, en La Laguna y en prácticamente todo el territorio nacional.

¿Por qué le debemos creer al gobierno que las reformas estructurales —entre ellas la reforma hacendaria— nos llevarán a un mayor crecimiento económico, si no ha venido pasando eso con las reformas? Prueba de ello es la reforma laboral en que se hablaba de crear cientos de miles de empleos y el país no solo ha perdido empleos sino ha perdido competitividad.

Este año la baja de las expectativas de crecimiento económico confirma que es una mala decisión de política económica gravar con más impuestos, aplicar medidas agresivas de carácter fiscal, cuando lo que se requiere son medidas que incentiven el consumo, la actividad económica y la reinversión. No medidas que afectan a sectores productivos y que van a derivar en un crecimiento de la informalidad y en una salida para invertir en otras latitudes.

Por esa razón, exigimos al gobierno que prepare un programa de reactivación económica de emergencia, que permita resistir estas reformas estructurales y nos permita retomar la senda del crecimiento económico. No creemos que la receta sea cargar más impuestos y por esa razón nosotros no avalamos esta reforma fiscal regresiva.

Ni con terrorismo fiscal, ni con un IVA del 11 al 16 por ciento en las fronteras del país, ni con IVA en las importaciones temporales, ni con el aumento del impuesto sobre la renta a las personas físicas, ni con la deducción de las deducibilidades fiscales, ni con los gasolinazos, y muchos menos con el brutal endeudamiento de 650 mil millones de pesos y 10 mil millones de dólares se va a sortear la crisis económica que vive el país.

Por esa razón, nosotros vamos a estar en contra, y vamos a seguir difundiendo ampliamente quiénes toman las decisiones impositivas con más impuestos para la población. No se vale escudarse en el anonimato legislativo. La gente debe saber quién subió los impuestos, quién subió los endeudamientos, quién aplicó el terrorismo fiscal.

Por esa razón, nosotros votaremos en contra de esta reforma y hacemos un llamado a la rectificación. Es de sabios reconocer errores. El país vive una crisis económica, política y de gobernabilidad.

Hay estados fallidos, como Michoacán, y la receta no puede ser más impuestos, más terrorismo fiscal, más endeudamientos y más gasolinazos. Por esa razón votaremos en contra, porque Movimiento Ciudadano está al lado de los ciudadanos y no es tapete del gobierno.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado don Ricardo Mejía Berdeja.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo 86 de la Ley Aduanera, modificado por la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del artículo 86 de la Ley Aduanera, modificado por la Cámara de Senadores.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 405 votos a favor, 4 abstenciones y 19 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el artículo 86 modificado por la Cámara de Senadores. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se informa a la asamblea que se recibió minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación*, que devuelve la Cámara de Senadores con modificaciones.

En virtud de que las modificaciones realizadas por el Senado de la República al Código Fiscal de la Federación son solo referencias a diversos artículos por la expedición de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y a votación de inmediato. Está discusión.

Para hacer referencia a las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores a los artículos 14-B, 26, 26-A, 29, 29-A, 30, 32-B, 34-A, 36 Bis, 46, 46-A, 48, 69, 76, 81, 83, 84, 84-G, 86, 111 y el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente y ciudadanos legisladores, sobre este proceso legislativo que ahora se hace efectivo del reenvío de las disposiciones modificadas en el Código Fiscal de la Federación y que la Cámara de Senadores, en su carácter de Cámara revisora nos ha devuelto, quisiera decirles que algunos de los artículos que aquí se describieron y que fueron modificados por el Senado habían sido algunos puntos propuestos nuestros.

No se quiso escuchar y fue la Cámara de Senadores la que modificó estos criterios, que ahora la mayoría se apresta a aprobar.

Nosotros vamos a mantener nuestra congruencia. No podemos decir una cosa y votar de manera distinta. Vamos a mantener nuestra posición política. Votaremos en consecuencia sobre este proyecto que nos reenvía el Senado.

Este proyecto contiene varias características: es una reforma regresiva, afecta a los contribuyentes de manera grave y lo más preocupante es que se crea y se agrava un clima de terrorismo fiscal.

El Código Fiscal de la Federación permite que los deudores de impuestos —ya lo hemos dicho— sean publicados en la página del SAT, aunque no exista un crédito fiscal firme, que se amplíe el plazo máximo de caducidad de los créditos fiscales a 10 años, que se trate por igual a los que no pagan porque no tienen recursos y a los que no lo hacen de manera fraudulenta.

Esto va a provocar, ciudadanos legisladores, que los contribuyentes se vean inmersos de manera constante en un acoso fiscal permanente. Se disminuye la confianza en la interacción de los agentes económicos. Esto va a causar un efecto negativo, no solo en la recaudación de impuestos, sino en la actividad económica del país. Al mismo tiempo se desincentivará al sector formal.

Estas reformas que nos ha enviado el Senado no cambian en lo sustancial lo que aquí aprobamos o aprobó la mayoría, con nuestro voto en contra. Se legaliza la violación —esto lo subrayo, porque es muy grave— al derecho fundamental de presunción de inocencia de los gobernados al permitir que las autoridades fiscales presuman de falsificación de servicios amparados con una factura, relegando la carga de la prueba al contribuyente. Se elimina la división Vcomo lo hemos afirmado— que existe entre las figuras de evasión y elusión.

No cambia en nada. Por eso nosotros mantendremos nuestra posición que hemos venido defendiendo en todo el proceso de reforma hacendaria. Esta reforma hacendaria, incluyendo este Código Fiscal de la Federación —que casi todos votaron en favor, con nuestro voto en contra— implica un grave retroceso, implica un clima de hostigamiento y persecución del contribuyente.

Veo que no hay ningún interés en saber lo que estamos discutiendo en esta Cámara. Las fronteras se están incendiando, Michoacán vive un momento grave y esta Cámara rehúye enfrentar el problema que padece Michoacán.

Michoacán es producto de la descomposición social. Creo que hay muchos intereses ahí, que no es necesario vivir en Michoacán para darnos cuenta de la descomposición social que existe y del cruce de intereses que en perjuicio de la población se están presentando, intereses perversos de la autoridad, la policía, la delincuencia organizada y algunos truhanes que se escudan en grupos de autodefensa.

Nosotros respetamos a los grupos de autodefensa auténticos, que luchan con banderas justicieras. Pero aquellos que son manipulados y que tienen intereses por encima de los de la población los repudiamos.

Por esa razón, el Código Fiscal de la Federación va a caminar en detrimento, no solo de Michoacán, sino de todo el país y veo que aquí no hay el mínimo asomo de autocrítica, veo que el declararlos diputados non gratos en sus fronteras no los mueve en lo más mínimo, no los conmueve, no los invita a la reflexión.

Ojalá y tuviésemos una Cámara con otro nivel de discusión y de análisis que el país necesita. Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Ricardo Monreal Ávila. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en contra.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, presidente. A medida que se va difundiendo y socializando entre la población y entre los contribuyentes los contenidos de la reforma hacendaria, nos han llegado más opiniones de diferentes grupos, no solo por los nuevos impuestos, que de suyo son lesivos y afectan a millones de mexicanos de todo el país, sino también por el Código...

Presidente, le pido llame al orden. Presidente, le pedimos pueda reconvenir al orden.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señoras y señores legisladores, solicito escuchemos con atención y respeto que se merece el orador. Continúe, señor diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, diputado. Comentábamos que a medida que se conocen los contenidos de la reforma hacendaria, no solo generan irritación, encono y movilización en diferentes partes del país los nuevos gravámenes, sino también la manera cómo va a cobrar ahora el fisco. Ante la incapacidad del Sistema de Administración Tributaria, se cae ahora en el otro exceso, que es el terrorismo fiscal.

Por eso nosotros reiteramos que estamos en contra de que el plazo para la prescripción se duplique a 10 años. Estamos en contra también de que este buzón tributario se establezca sin más, sin haber establecido un plazo para que los contribuyentes puedan tener mayor conocimiento de cómo operarán ahora las notificaciones.

Nos parecen irracionales estas medidas y solo vemos en el buzón tributario un mecanismo que implementa ahora la Secretaría de Hacienda para que los contribuyentes incurran en el error, en la omisión. Y a partir de estas omisiones fincarles multas y créditos fiscales, cayendo en un estado de indefensión.

Nosotros tenemos que legislar pensando en la hacienda pública, pero pensando también en el artículo 31 constitucional, que establece que los impuestos tienen que ser proporcionales, equitativos, estar en ley y contribuir al gasto público. Y que los mecanismos de cobro tienen que permitir el debido proceso. No puede haber ahora, a través de este Código Fiscal, un estado de exhibición permanente a empresarios, a contribuyentes, a pequeños contribuyentes que no se les ha declarado todavía un crédito fiscal, que no ha quedado firme y que ya son exhibidos como delincuentes fiscales.

Por esa razón, nosotros estamos en contra de este código del terrorismo fiscal, y para nosotros no es menos el Código Fiscal que la Ley del IVA o la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tan importante es el Código para cobrar, que lo que se le va a cobrar ahora a los contribuyentes. Nuestra propuesta es integral y por eso refrendamos nuestro voto en contra de este código del terrorismo fiscal.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos modificados por la Cámara de Senadores, al decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos antes mencionados.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a alumnas y a alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas del estado de Puebla, invitados por la diputada María del Rocío García Olmedo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

Asimismo esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnas y alumnos de bachillerato del plantel Universidad Cux, campus Cuauhtémoc, invitados por el diputado Fernando Cuéllar Reyes.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 374 votos a favor, 4 abstenciones y 54 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos modificados por la Cámara de Senadores. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL PARA PREVENIRY ELIMINAR LA DISCRIMINACION

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2010, el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para su correspondiente análisis, discusión y dictamen.

2. En sesión ordinaria del 26 de abril de 2011, el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Ese mismo día la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para su correspondiente análisis, discusión y dictamen.

3. En sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2012, los senadores Rosario Ibarra de Piedra, Renán Cleominio Zoreda Novelo y José Luis Máximo García Zalvidea, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La Mesa Directiva turnó ese día la referida iniciativa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para su correspondiente análisis, discusión y dictamen.

4.El 24 de abril de 2012, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

5.La Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó el 25 de abril de 2012, a la Comisión de Derechos Humanos dicha minuta para su dictamen.

Contenido de la minuta

La referida minuta de la colegisladora promueve la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) para:

1. Fortalecer el sistema nacional de combate y prevención de la discriminación.

2. Incluir en la ley los términos de uso más frecuente en la materia.

3. Armonizar la definición de “discriminación” en los términos previstos en instrumentos internacionales y aumentar la referencia a las condiciones en que puede encontrarse un ser humano que motivan un trato desigual no justificado, ilegítimo o arbitrario, haciendo más explícita la prohibición en ese rubro.

4. Precisar los supuestos de trato diferenciado que no constituyen conductas discriminatorias por ser razonables, proporcionales y objetivas.

5. Reformular las medidas de inclusión y de igualación, así como las acciones afirmativas a favor de la igualdad de trato y de oportunidades entre las personas, estableciendo una definición de dicha medidas y acciones, delimitando los sujetos obligados a implementarlas y a los que se deben orientar, así como precisando el objetivo de aquéllas y enunciando el catálogo respectivo con sus principales características.

6. Fortalecer las atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación –Conapred–, a fin de hacer más eficiente su desempeño.

7. Determinar que el Conapred es la autoridad facultada para interpretar y aplicar la LFPED.

8. Aumentar el número de integrantes en la Junta de Gobierno del Consejo del Conapred a fin de equilibrar la participación entre los representantes de la Administración Pública Federal y diversos sectores sociales.

9. Establecer una cuota de género para integrantes de la Asamblea Consultiva al establecerse que no podrá contar con más del 50% de personas del mismo sexo.

10. Fijar criterios para optimizar las facultades de la Presidencia del Conapred, y ampliar la duración del cargo a cuatro años, con posibilidad de ratificar el nombramiento por una sola ocasión por un periodo igual, con la finalidad de posibilitar una mayor continuidad a los trabajos del organismo.

11. Señalar los requisitos para ser titular de la Presidencia del Conapred con la intención de garantizar que la persona que ocupe ese cargo,cuente con conocimientos y experiencia profesional en el tema del combate a la discriminación.

12. Unificar el procedimiento de queja y reclamación, con el propósito de facilitar el acceso a la justicia a las personas que consideren lesionado su derecho a la no discriminación.

13. Facultar al Consejo del Conapred para imponer medidas administrativas y de reparación a servidoras o servidores públicos, y de manera novedosa a particulares para los casos en que se compruebe la comisión de conductas discriminatorias. Estas medidas son, entre otras el restablecimiento del derecho, compensación por el daño ocasionado, amonestación pública, disculpa pública o privada y, garantía de no repetición del acto discriminatorio.

En los términos señalados se esbozan las aportaciones contenidas en la minuta que se analiza, por lo que en ejercicio de las atribuciones que se confieren a esta Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad que regula el quehacer de este órgano legislativo, sus integrantes, quienes ahora dictaminan, plantean las siguientes:

Consideraciones

Primera. La LFPED fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003 y entró en vigor al día siguiente. Esta ley es reglamentaria del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e introdujo al orden jurídico nacional disposiciones que tienen por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Regula además la organización, operación y funcionamiento del Conapred como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, su marco regulatorio favoreció, por una parte, que en los últimos siete años se emitieran por las entidades federativas 17 leyes estatales en la materia; que se tipificara el delito de discriminación en 14 códigos penales y que se crearan en los estados del país organismos o unidades especializados en su prevención y atención.

Por otra parte, al regular y definir en esa ley las bases sustanciales para la prevención y atención de la discriminación, se fue delineando en nuestra sociedad una cultura de respeto al derecho a la igualdad y a la dignidad de las personas, que ha motivado que la ciudadanía se inconforme en mayor medida ante la realización de actos discriminatorios.

Segunda. Resulta conveniente señalar que a pesar de los avances legislativos y las acciones para apuntalar las políticas públicas de combate a la discriminación, ésta aún se encuentra arraigada en la sociedad mexicana, como lo advirtió el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, en el mes de marzo de 2012, durante su 80º periodo de sesiones, en donde expresó:

“... su seria preocupación ante el hecho que a pesar [de] que el Estado parte tiene una institucionalidad muy desarrollada para combatir la discriminación racial, ésta sigue siendo una realidad estructural”.

El fenómeno de discriminación estructural a que alude el citado comité se ve reflejado en las dos Encuestas Nacionales sobre la Discriminación en México –ENADIS-, realizadas en 2005 y 2010.

De los resultados de las ENADIS se desprende que:

1. En nuestra sociedad hay todavía quienes consideran que las mujeres y algunos grupos sociales sólo tienen los derechos que creemos deben tener y no los que, por su dignidad humana son inherentes a ellos. Ejemplo de esto es que casi 30% de la población opina que las niñas y los niños deben tener los derechos que sus padres les quieran dar.

2. Por muchos años se han afianzado –a partir de estereotipos y estigmas- conductas y comportamientos a partir de los cuales se pretende justificar la desigualdad de trato y de oportunidades. Muestra de ello es que la mitad de la población considera que no se justifica dar trabajo a una persona con discapacidad física, cuando en el país hay desempleo.

3. Se asigna a la población que sufre en mayor medida la discriminación, la responsabilidad de la misma. Se piensa que son sus características de identidad las que los sitúan en desventaja, y no el hecho de que vivan en una sociedad que no fue diseñada para todas y para todos.

4. 40% de las minorías étnicas consideran que sus integrantes no tienen las mismas oportunidades para conseguir trabajo que el resto de la población.

5. En contextos de mayor inseguridad y de competencia por bienes escasos –de todo tipo-, las personas y los colectivos son proclives a crear barreras ante todo aquello que es diferente, y que consideran representa riesgos o amenazas.

6. La mitad de la población opina que se justifica llamar a la policía cuando hay muchos jóvenes juntos en una esquina.

7. La arraigada cultura social de privilegios, prevaleciente desde hace siglos, hace complejo asumir en la práctica, que la dignidad y los derechos son para ser ejercidos de igual manera. 80% de la población cree que en México se dan de comer los alimentos sobrantes a las personas que hacen el trabajo del hogar.

8. La diversidad en lugar de enriquecer divide. Las diferencias que existen en la sociedad o entre las personas y grupos sociales son fuente de conflicto. Por ejemplo, 40% de la población opina que las preferencias sexuales distancian mucho a la gente.

Considerando lo anterior, a juicio de esta Comisión dictaminadora, las reformas planteadas a la LFPED adquieren sentido y congruencia y además permiten armonizar su texto con el marco garantista que se deriva de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, que incorporó obligaciones en materia de no discriminación establecidas en alrededor de 50 instrumentos internacionales.

Tercera. Tanto a nivel nacional como internacional hay una creciente demanda y presencia del tema de no discriminación. El citado Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, también expresó en sus observaciones que:

“...toma nota con interés del proyecto de reforma [a la LFPED], el cual cuenta con una definición de discriminación acorde al artículo 1 de la Convención (CERD), y tiene el objetivo de impulsar leyes locales en el país y anima vivamente al Estado parte a finalizar el proceso de su aprobación. El Comité asimismo recomienda al Estado parte intensificar sus esfuerzos para lograr la armonización de la legislación y normatividad en materia de derechos de los pueblos indígenas a todos los niveles...”.

Por lo que resulta más que evidente la necesidad de fortalecer la prevención y eliminación de la discriminación en México, por lo que el paso a seguir, de acuerdo a lo que dictan las obligaciones internacionales, es fortalecer la legislación aplicable.

Cuarta. Esta Comisión dictaminadora comparte con la Colegisladora, la convicción de que con las reformas motivo del presente dictamen se posibilitará:

1. Ampliar la definición de discriminación con la finalidad de regular la discriminación directa e indirecta, así como la formal y sustantiva. También, de especificar las condiciones que motivan la discriminación, a fin de que nuestra legislación responda a la realidad del México actual y prevea la esencia protectora contenida en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

De esa manera se ampliará el ámbito protector de la ley, así como el ámbito de acción del Conapred.

Además, al incorporar nuevas definiciones como las de igualdad de oportunidades, ajustes razonables y diseño universal se dará mayor certeza a los trabajos de interpretación de la propia ley.

Aunado a lo anterior, para la dictaminadora estos conceptos que la Colegisladora estima debe introducirse en el cuerpo de la ley, considera que los mismos también habrán de impactar en las políticas públicas del Estado Mexicano para abonar al respeto del derecho a la igualdad.

2. Consolidar la prohibición a discriminar para de esa manera fortalecer el sistema nacional de combate y prevención a la misma. Lo anterior porque esta reforma es congruente con el texto constitucional y ratifica la convicción del Honorable Congreso de la Unión para la defensa y respeto irrestricto de los derechos humanos.

3. Precisar los supuestos de trato diferenciadoque no se consideran discriminatorios, mismos que se agrupan en:

a. Acciones afirmativas, y

b. Distinciones basadas en criterios razonables, proporcionales y objetivos.

4. Ampliarel catálogo de conductasque constituyen un acto de discriminación, para incorporar situaciones que la realidad actual está generando.

5. Fortalecer la actuación del Conapred como instancia rectora en el combate a la discriminación y de las responsabilidades de la Administración Pública Federal en la materia. De esta manera, ese organismo operará con mayor eficacia y eficiencia en el seguimiento tanto de políticas públicas, como de reformas legislativas que garanticen la igualdad y combatan la no discriminación.

6. Precisar que el rango de aplicación de la ley es para los poderes públicos federales.

7. Determinar la naturaleza y el alcance de las siguientes medidas:

a. De nivelación que son aquellas que se orientan a eliminar las barreras de todo tipo que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades para toda la población.

b. De inclusión quegeneran las circunstancias para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad real de oportunidades.

c. Afirmativas como aquellas medidas específicas y de carácter temporal que se realizan en favor de personas o grupos en situación de discriminación, con la finalidad de corregir condiciones patentes de desigualdad en el goce o ejercicio de derechos y libertades.

8. Reformar el nombre del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación por el de Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación, otorgándole al mismo carácter de especial, a fin de que sea el mecanismo de articulación de los trabajos que desarrollen las instancias públicas federales en esa materia.

9. Incrementar el número de integrantes de la Junta de Gobierno, así como el de sus invitados permanentes, a fin de, por una parte, se incorpore a ese órgano deliberativo la participación de representantes de las nuevas instituciones que se han creado en años recientes para combatir la discriminación y, por otra parte, dar mayor participación a organismos de la sociedad civil.

10. Redefinir el perfil del titular del Conapred, a partir de la modificación de los requisitos para ocupar ese cargo.

11. Extender el período por el que se desempeñará el cargo de Presidente del Conapred para pasar de tres a cuatro años y de esa manera, dar mayor estabilidad a la administración del Consejo.

12. Reformar el Capítulo V de la LFPED con el objetivo de unificar el procedimiento de queja y reclamación en uno solo. De esta manera se logrará que los procedimientos tengan el mismo carácter obligatorio para servidores públicos y particulares. A la fecha, la ley vigente sólo tiene carácter vinculante para las autoridades, ya que, respecto a los actos que son cometidos por particulares, el Conapred carece de facultades para sancionarlos.

13. Establecer uncapítulo de medidas de reparación, adicionales a las medidas administrativas ya contempladas por la LFPED vigente, con el objeto de inhibir conductas o prácticas discriminatorias, así como restituir los daños causados por dichas conductas. Tales medidas serán:

a. Restitución del derecho violentado por el acto discriminatorio.

b. Compensación por el daño ocasionado por la conducta discriminatoria.

c. Amonestación pública.

d. Disculpa pública o privada.

e. Garantía de no repetición del acto o conducta discriminatoria.

Quinta. Esta Comisión dictaminadora manifiesta su posición en lo general a favor de la minuta objeto de estudio y reconoce que la aprobación de la misma impulsará el desarrollo y aplicación del derecho humano a la igualdad que se materializa en la prohibición de discriminar. Sin embargo, es menester hacer notar, que la minuta remitida por la colegisladora adolece de diversos defectos de técnica legislativa y, en virtud de ello, este órgano colegiado ve necesario presentar diversas reservas para la discusión y votación en lo particular del presente dictamen proponiendo la modificación, adición o eliminación de artículos contenidos en el proyecto de decreto de la minuta, por lo que esta colegisladora considera pertinente realizar las siguientes:

Observaciones y propuestas de modificación

Para una mejor comprensión de las observaciones que esta Comisión Dictaminadora realiza, quienes la integramos optamos por establecer dos apartados: uno para referir cuestiones de forma y técnica legislativa y otro para señalar cuestiones de fondo en donde abordamos consideraciones jurídicas que sustentan la oposición a ciertas reformas y adiciones que se proponen, pero planteando una propuesta alterna que permita conseguir el fin último de la minuta: consolidar el marco jurídico para el combate eficaz a la discriminación. Con base en ello, en este segundo apartado incluimos algunos artículos para lograr una total congruencia en todo el articulado de la ley objeto de reformas y adiciones, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización del lenguaje que predomina en la minuta que se analiza.

Las cuestiones de forma y técnica legislativa

Del análisis del contenido total de la minuta objeto del presente dictamen y su confrontación interna, así como del cotejo con la ley vigente, se observan en el artículo único del proyecto de decreto múltiples desaciertos y omisiones en la cita de los artículos o de las fracciones que forman parte de éstos, ya se trate de reformas, adiciones e incluso cuando los artículos o las facciones se derogan.

En tal contexto, se hace necesario detallar los yerros de que adolece ese artículo único, para lo cual se enlistan y, con el propósito de no ser repetitivos en cuanto a la parte de la minuta en que se localizan, en cada uno de ellos se sostienen las propuestas para subsanarlos:

1. Se establece que se reforman las fracciones I, V, VI, XII, XIII, XV, XIX, XXVII y XXVIII del artículo 9 de la LFPED; sin embargo, se omite referir que también se reforma el segundo párrafo del propio artículo 9, por lo cual se propone incluirlo.

2. Respecto también al artículo 9, se indica que se adicionan las fracciones XXII Bis, XXII Ter, así como de la XXIX a la XXXIV, cuando se desprende que no es así, siendo que las dos primeras se insertan ocupando el lugar correspondiente a las fracciones XXIII y XXIV, recorriendo con ello el orden de las subsecuentes, resultando las adicionadas las que se encuentran de la fracción XXXI a la XXXV. En consecuencia, se considera necesario que en el texto del articulado se adecúen las fracciones tal y como se propone en esta observación.

3. Se señala que se reforma la denominación del Capítulo Tercero del Título I, sin embargo se observa que no hay tal reforma, ya que la denominación de ese capítulo se mantiene –Medidas Positivas y Compensatorias a favor de la Igualdad de Oportunidades-. Adicionalmente, es necesario precisar que la alusión que se hace al Título I es incorrecta porque éste no existe en la LFPED, toda vez que la misma no se estructura por títulos, sino por capítulos, por lo que debe eliminarse la referencia al Título I a que hace alusión la minuta.

4. En lo que respecta al artículo 10, el proyecto de decreto señala que el mismo se reforma y que se derogan sus fracciones I a IV; empero, se observa del texto correspondiente que tal precepto no se reforma, sino que se deroga en su totalidad. Por lo cual se sugiere que se precise de esa manera.

5. Idéntica situación a la descrita en el inciso anterior ocurre con el artículo 11, pues se hace mención a que éste se reforma y que sus fracciones I a IX se derogan, cuando en realidad dicho numeral se deroga en su totalidad, por lo cual debe indicarse así en el proyecto de decreto.

6. También se establece que se reforman los artículos 12, 13 y 15, sin embargo, debe corregirse y señalarse que tales preceptos no se reforman, sino que se derogan.

7. Se omite incluir al artículo 14 del listado de los preceptos que se derogan cuando es lo que acontece. Ante ello se sugiere se incluya.

8. Se señala que se adicionan los artículos 13 Bis, 15 Bis y 15 Ter, lo que no es así, dado que en el articulado no se encuentran insertos, por lo cual deben eliminarse en los términos que señala el proyecto de decreto.

9. Se observa que se adiciona un Capítulo IV denominado “De las Medidas de Igualación, Medidas de Inclusión y Acciones Afirmativas” con sus correspondientes artículos 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 15-E, 15-F, 15-G y 15-H. Al respecto cabe señalar que el capítulo de referencia no se incluye en el citado artículo único del proyecto de decreto, como también se obvió aclarar que los subsecuentes capítulos de la LFPED vigente se recorren en virtud de tal adición. Además de lo anterior, esta dictaminadora encuentra que en el artículo 15-E aparece una fracción VI acéfala. Se propone que lo anterior se corrija y también que se cambie la denominación de los artículos 15-A a 15-H por 15 Bis, 15 Ter, 15 Quáter, 15 Quintus, 15 Sextus, 15 Séptimus, 15 Octavus y 15 Novenus, a efecto de armonizar la nomenclatura de dichos preceptos con la que se da a otros artículos adicionados en la minuta.

10. En lo referente al artículo 20, el contenido del proyecto de decreto no específica que se reforma el párrafo primero, se derogan las fracciones I a XIX, ni que se adicionan las fracciones XX a LVII, sólo expresa de manera genérica que el mismo se reforma y adiciona. Se propone que en el proyecto de decreto se exprese claramente que dicho artículo se reforma en su párrafo primero, se derogan sus fracciones I a XIX y se adicionan sus fracciones XX a LVII, para que así tenga congruencia lo plasmado en el proyecto de decreto con los cambios contenidos en el articulado de la minuta.

11. Por otra parte, la fracción XLIII del citado numeral 20 que se propone adicionar en la minuta aparece como fracción XXLIII [sic], por lo que se propone la correcta denominación de la misma como fracción XLIII.

12. No se hace alusión a la adición de la Sección Cuarta “De la Junta de Gobierno” Capítulo IV actual –Quinto en la minuta- “Del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, por lo que esta comisión propone incluirlo.

13. Refiere de manera general que se reforma el artículo 23 de la LFPED, sin embargo, basta la simple lectura de la minuta para percatarse que tal precepto no solamente se reforma en su párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y sus fracciones I a V, sino que también se reforma su actual párrafo quinto y se recorre al párrafo sexto y se adicionan las fracciones VI y VII y un párrafo quinto, por lo que esta dictaminadora propone que se especifiquen dichas reformas y adiciones.

14. En lo tocante al artículo 24 de la LFPED, se establece que se reforma y adiciona dicho precepto, sin especificar que se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII. A la vez, no se precisa que a tal precepto se le adicionan las fracciones II Bis, IX y X, ni que se deroga la fracción VIII y que la IX se recorre y pasa a ser la fracción XI, por lo cual, ante tales omisiones y con el propósito de dar congruencia al contenido de la minuta, esta comisión propone hacer las modificaciones a la misma en el sentido señalado.

15. No se establece que se adiciona una Sección Quinta “De la Presidencia” del actual Capítulo IV –Quinto en la minuta- “Del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, por lo que este órgano colegiado propone la inclusión de dicha adición en el mismo.

16. Solamente se señala de manera genérica que se reforma y adiciona el artículo 26, sin especificar de manera concreta que el precepto 26 se reforma en su párrafo primero y se le adicionan el segundo párrafo y las fracciones I, II y III. Por lo que esta comisión propone se incluyan las precisiones apuntadas.

17. En lo que respecta al artículo 30 de la LFPED, únicamente se establece de manera genérica que el mismo se reforma y adiciona; sin embargo, se desprende que el mismo es objeto de múltiples reformas, adiciones e incluso de una derogación, mismas que se hacen necesario precisar, por lo cual esta comisión propone:

a. Se sustituya el número de fracción a las fracciones adicionadas II y III por la I Bis y I ter respectivamente, y en consecuencia se reajusten a su posición original cada fracción. Asimismo, en virtud de que se adiciona una fracción XI al artículo en mención, debe precisarse que la actual fracción XI se recorre a la XII.

b. Por lo que hace a los cambios propuestos al precepto en mención, debe especificarse en el proyecto de decreto, que se reforman: el párrafo primero y las fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X y XI. Por su parte, debe señalarse que se deroga la actual fracción VI y que se adiciona una fracción XI, recorriéndose la actual fracción XI a la XII.

c. En lo relativo a la fracción XII recorrida y reformada –antes XI- debe quitarse el acento a la palabra “ésta” ya que en los términos redactados se incurre en un notorio error de ortografía.

18. La actual Sección Cuarta “De la Asamblea Constitutiva” del Capítulo IV –ahora Quinto en la minuta- “Del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación” pasa a ser la Sección Sexta, por lo cual debe señalarse esta adición.

19. De igual forma no se contempla modificación alguna al numeral 35 de la LFPED; sin embargo, se advierte con claridad que dicho precepto es objeto de reforma, por lo que se propone hacer la mención expresa de ello.

20. Se señala que el artículo 38 es objeto de reforma e, incluso, se inserta en el texto de su articulado. No obstante lo anterior, esta comisión ha detectado que a dicho artículo no se le hace modificación alguna, por lo cual, se propone eliminarlo del contenido de la minuta.

21. Se expresa que se reforma la fracción V del artículo 39, cuando en realidad dicho precepto y particularmente la fracción en comento no son sujetos de modificación alguna. Por lo que no debe incluirse en el decreto.

22. Las vigentes Secciones Sexta y Séptima, “Prevenciones Generales” y “Régimen de Trabajo” del ahora Capítulo Quinto en la minuta- “Del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, pasan a ser las Secciones Octava y Novena, respectivamente. Por lo cual, debe señalarse este cambio.

23. La minuta en comento modifica la denominación del Capítulo V de la Ley a “Del Procedimiento de Queja”; sin embargo, dicha modificación no se expresa, por lo cual, esta dictaminadora propone la inclusión de dicha expresión en el mismo.

24. Otra observación detectada por esta comisión es la referente a la denominación de la Sección Primera del recorrido Capítulo V en mención, ya que la misma anota: Disposiciones generales –esta última palabra con minúscula- siendo que en su correlativo de la LFPED vigente se redacta con mayúscula. Al respecto este órgano legislativo propone redactar dicho término con letra “G” mayúscula.

25. En lo relativo al artículo 43, se dice que dicho precepto se reforma y adiciona, pero se detectó que a dicho artículo se le adiciona un primer párrafo y el primero vigente se reforma y pasa a ser segundo, por su parte el segundo párrafo actual pasa a ser el tercero en la minuta y se adiciona un cuarto párrafo al artículo que se analiza. En virtud de lo anterior, esta dictaminadora considera que dichos cambios se deben precisar en el ARTÍCULO ÚNICO y no solamente mencionar de manera general que tal precepto se reforma y adiciona.

26. Simplemente se hace referencia a que el artículo 44 se reforma y adiciona, pero se considera necesario que se indique de manera detallada que el precepto se reforma en su primer párrafo y se le adiciona un segundo párrafo.

27. En lo tocante al precepto 48, no se menciona que tal disposición es objeto de modificación; no obstante, en el contenido del articulado de la minuta se percibe que tal precepto es objeto de reforma en su párrafo primero y de adición de un párrafo segundo, por lo tanto, se propone que tal reforma y adición sean señaladas claramente.

28. Se señala que se adicionan un artículo 48 Bis y un 48 Ter; sin embargo, en el cuerpo de la minuta únicamente se adiciona el primero de los dos preceptos y por tal razón, se propone eliminar el segundo de los preceptos del texto del ARTÍCULO ÚNICO.

29. Se establece que se adiciona un artículo 49 Bis, cuando no se adiciona dicho precepto y se detecta que el cambio que sí se plasma es la reforma del artículo 49. Ante ello, esta comisión estima pertinente eliminar la referencia a la adición del artículo 49 Bis e insertar la que establece la reforma del artículo 49.

30. No se señalan modificaciones al numeral 50, pero en el cuerpo normativo de la minuta este precepto aparece reformado en su primer párrafo y adicionado con un párrafo segundo y un tercero. En razón de lo anterior, se propone incluir tales modificaciones.

31. En lo tocante al artículo 51, se menciona que se reforma y adiciona, pero solamente se reforma y no se adiciona. Ante esta discrepancia, se plantea que se señale únicamente la reforma del mismo y se elimine la mención de adición.

32. Idéntica situación a la acabada de referir acontece con el artículo 52, por lo cual, esta comisión propone que únicamente se indique que el precepto citado se reforma y se suprima la mención de su adición.

33. En cuanto al artículo 53, aplica la misma observación de los puntos 31 y 32, por lo que esta comisión propone que solamente se indique la reforma a tal precepto.

34. Por lo que hace al artículo 55, le son aplicables las observaciones realizadas a los dispositivos 51, 52 y 53 y por ello, esta comisión plantea que se señale solamente su reforma.

35. El texto del artículo 57 de la ley no es motivo de eliminación en la minuta, a pesar de contener redacción idéntica al 88 adicionado en la minuta, por tal razón se propone su derogación a efecto de no duplicar dispositivos.

36. Sólo se menciona la reforma del precepto 64, no obstante que esta última disposición es reformada y adicionada en su primer y segundo párrafos, respectivamente. De este modo, resulta necesario señalar ambas modificaciones.

37. Sobre el artículo 71 únicamente se señala que se reforma y adiciona, esta comisión propone especificar que se reforma en su párrafo primero y se le adiciona un párrafo segundo.

38. Se señala que el artículo 72 se adiciona, cuando en realidad únicamente se reforma. En tal virtud, se propone modificar dicha discrepancia.

39. El artículo 73 no está incluido, cuando es objeto de diversas reformas y adiciones, por lo se propone precisar las reformas al primer párrafo y a las fracciones I, II primer párrafo y V, así como la adición del párrafo segundo a la fracción II.

40. Se señala que se reforma y adiciona el artículo 74, pero tal precepto no aparece en el articulado de la minuta, por lo que se propone eliminar dicha alusión.

41. En la minuta no se deroga el artículo 76 de la Ley vigente a pesar de que el contenido de este precepto se reproduce en el artículo 77 Bis que se adiciona en la misma. Por tal razón, esta dictaminadora ha derogado en el proyecto de decreto del presente dictamen el citado artículo 76 de la LFPED, en virtud de que su contenido ha sido traspasado al artículo 77 Bis de la minuta. Con lo anterior, se evitará duplicar disposiciones en un mismo ordenamiento jurídico y se posibilitará continuar el orden y secuencia que se plantean con las enmiendas propuestas a lo largo del dictamen.

42. En la minuta se dice que se adicionan los artículos 77 Bis, 77 Ter, 77 Quartus, 77 Quintus y 77 Septimus; sin embargo, los artículos 77 Quintus y 77 Septimus no figuran en el articulado del mismo, por lo que en tal razón, se propone eliminarlos.

43. Por otra parte, se usa de manera indistinta el artículo 77 Quartus o 77 Quáter y ante tal circunstancia esta dictaminadora plantea que la denominación 77 Quáter sea la que prevalezca.

44. Asimismo, este artículo 77 Quáter tiene idéntico contenido al artículo 77 de la LFPED, por lo cual, esta comisión pone a consideración la eliminación de este último precepto en razón de que mantenerlo dentro de la ley equivaldría a tener vigentes dos artículos idénticos que regulan la misma situación.

45. Se señala que el artículo 78 se reforma y se adiciona, pero en realidad sólo se reforma, por lo que se propone subsanarlo.

46. En el cuerpo de la minuta se incluyen reformas al primer párrafo del artículo 79, y la adición de un párrafo segundo y un tercero al mismo; sin embargo, no se menciona el precepto 79. Por lo que se plantea la correspondiente inclusión.

47. En el articulado de la minuta aparece inserto a manera de adición el artículo 79 Bis, pero se omite señalarlo y en consecuencia se propone incluirlo en el mismo. Adicionalmente se detectó que en el artículo 79 Bis aparece escrita entre paréntesis la expresión “(el término no sería aplicable para este caso)”, misma de la que esta dictaminadora plantea su eliminación.

48. Otro artículo adicionado que no se señala es el 79 Ter, por lo cual se propone subsanar dicha omisión.

49. El articulado de la minuta incluye la adición del Capítulo VI denominado “De las medidas administrativas y reparadoras” así como de su Sección Primera intitulada de la misma manera. Lo que no se menciona, por lo que esta comisión propone incluirlas.

50. Sólo se hace alusión a que se reforman las fracciones I a IV del artículo 83 de la ley; sin embargo, del análisis del cuerpo de la minuta se obtiene que también se reforma la fracción V del precepto 83, ante ello esta comisión considera pertinente proponer que se especifique que la reforma a tal numeral abarca de las fracciones I a la V.

51. No se dice que se adiciona la Sección Segunda “De los criterios para la imposición de medidas administrativas y reparadoras” al Capítulo VI “De las medidas administrativas y reparadoras” a pesar de que el contenido de la minuta en cuestión sí incluye dichas modificaciones, en virtud de ello, esta comisión plantea la mención expresa de dicha adición.

52. Se hace mención a diversos cambios que son planteados al artículo 84; sin embargo, no hace referencia a que se reforma el párrafo primero de dicho precepto y menciona solamente que se reforma tal numeral en sus fracciones II y IV, cuando en realidad, las que se reforman son las II y III, en virtud de que se le adiciona una fracción IV. Ante ello esta dictaminadora propone plasmar las observaciones señaladas en el presente punto.

53. No se hace alusión de que se adiciona la Sección Tercera “De la ejecución de las medidas administrativas y reparadoras” al Capítulo VI “De las medidas administrativas y reparadoras”, a pesar de que el contenido de la minuta sí se incluye, en virtud de ello, esta comisión plantea su mención expresa.

54. No se dice que se adiciona la Sección Cuarta “Del recurso de revisión” al Capítulo VI “De las medidas administrativas y reparadoras” a pesar de que el contenido de la minuta sí lo incluye, en virtud de ello, esta comisión plantea la mención expresa de lo anterior, así como la adición del artículo 88.

Finalmente, cabe señalar que esta dictaminadora tomó en cuenta las modificaciones indicadas en la fe de erratas dirigida al senador José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República en fecha 20 de abril, mediante el Oficio n.CDH/024/2012. Por lo que dichas observaciones forman parte ya del presente dictamen.

Las cuestiones de fondo

En el cuerpo del presente dictamen esta comisión manifiesta su coincidencia con la Colegisladora en el sentido de buscar los mecanismos idóneos mediante los cuales se fortalezca y, por ende, consolide una cultura incluyente, tolerante, respetuosa de las diferencias y sensible ante las condiciones de desventaja en que pueden encontrarse las personas. Concuerda además con la necesidad de reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como una medida que contribuye al establecimiento de los engranajes para el efectivo disfrute del derecho a la igualdad.

Sin embargo, discrepa respecto a algunos aspectos contenidos en la minuta y que en seguida se detallan:

1. Con el contenido del artículo 1, dado que si bien contiene una definición de discriminación la misma no reúne todos y cada uno de los elementos que se comprenden en los instrumentos internacionales. Por ello, se modifica dicha definición prevista en el artículo 1, fracción III de la minuta con la finalidad de armonizar la misma con los estándares internacionales. Asimismo, se incluye otros motivos de discriminación y la alusión a la intencionalidad o no con que se cometan las conductas discriminatorias. Asimismo, se eliminó el segundo párrafo de la citada fracción por considerarse discriminatorios en sí los supuestos que el mismo establecía como motivos de discriminación.

2. Con el título que lleva el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, previsto en los artículos 1, fracción IX; 24, fracción II, y 30, fracción II de la minuta del Senado, por tanto, se modifica la denominación por la de Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación. Esta dictaminadora considera que el cambio se justifica, ya que así se otorgará al programa una denominación que sea acorde con sus objetivos y se posibilitará que el mismo no sólo se circunscriba a la lucha contra la discriminación, sino que fomente también el derecho a la igualdad en todas sus vertientes.

3. También se estimó conveniente modificar el texto del artículo 4 contenido en la minuta, referente a la prohibición de la discriminación, a efecto de reforzar dicha restricción a la luz de la definición de discriminación propuesta en el artículo 1, fracción III del presente dictamen.

4. Se propone incluir en el artículo 6 contenido en la minuta del Senado que la interpretación de la LFPED también deberá ajustarse con la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales.

Con la inclusión anterior, se busca ampliar la tutela a favor de las personas en materia de discriminación y armonizar el precepto con lo establecido en la Ley Suprema.

5. En virtud de las modificaciones planteadas por esta dictaminadora al artículo 4 contenido en el proyecto de decreto de la minuta, esta Comisión propone derogar el primer párrafo del artículo 9 de la LFPED –mismo que no se modifica en la minuta- con la finalidad de que las conductas consideradas discriminatorias estén de acuerdo con la definición de discriminación contenida en el artículo 1o. de la Constitución y el artículo 1, fracción III que se reformaría a la LFPED en caso de aprobarse las enmiendas contenidas en el presente dictamen. En consecuencia, el párrafo segundo de dicho precepto -reformado en la minuta y modificado en el presente dictamen- se recorre en su orden, pasando a ser el primer párrafo.

6. Con el objetivo de ampliar el catálogo de conductas que constituyen discriminación conforme al artículo 9 del proyecto de decreto de la minuta, se propone incluir en la fracción XXIII de dicho precepto a las humillaciones, agresiones, insultos sexuales, el acoso electrónico, los apodos peyorativos, la ridiculización, el rechazo, la acción de ignorar y otros hostigamientos a efecto de que se consideren como conductas discriminatorias en términos de la LFPED.

7. Esta dictaminadora incluyó que en el artículo 15 Quáter, dentro de las medidas de nivelación, se incorporen las concernientes a ajustes razonables en materia de accesibilidad de información y comunicaciones a fin de ampliar las medidas a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad; así como la derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos discriminatorios de permanencia a escuelas, trabajos, entre otros, en las fracciones I y VII del referido precepto.

8. En la fracción XX del artículo 20 contenido en la minuta se hace alusión al verbo políticas, programas, proyectos y acciones en materia de prevención y eliminación de la discriminación. No obstante, esta Comisión ha modificado la redacción de dicho verbo, colocando en su lugar los de, a fin de establecer facultades que posibiliten al Conapred una labor más proactiva.

9. La minuta que contiene el proyecto de reforma propone adicionar la fracción XXII al artículo 20de la ley de referencia. Sin embargo, de admitirse tal proposición al Conapred le corresponderá ejecutarla Instrumentación del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación. Ante ello resulta preciso traer a cuenta que dicha ejecución le compete a todas las instancias de la Administración Pública Federal, conforme a lo establecido en tal Programa para el Año 2012 -Artículo Segundo del Acuerdo-.Es con base en ese mismo Acuerdo que al Conapred le corresponde , coordinarlas acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a las disposiciones legales aplicables.

Por otro lado, convertir al Conapred en una instancia ejecutora del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación lejos de favorecer la consecución del fin planteado en dicho programa, produciría el efecto contrario, pues se obstaculizaría la aplicación transversal de la política pública en contra de la discriminación, pues como es de explorada experiencia, en un combate frontal contra una práctica social arraigada en una sociedad es indispensable que todas las instancias se encuentren en consonancia para conseguirlo.

Por lo anterior, esta dictaminadora estima pertinente cambiar la facultad de ejecutar que en la minuta se propone atribuir al Conapred por la de coordinar.

10. Se elimina la última parte de la fracción XXIII del artículo 20, prevista en la minuta aprobada por el Senado, en virtud de que la reforma a la LFPED planteada en la misma no reconoce el ejercicio de acciones por parte de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación respecto de la aplicación del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación –ahora para la Igualdad y no Discriminación- tal como se señala en la misma.

11. Esta dictaminadora ha decidido adicionar una última parte a la fracción XLVI del artículo 20 de la minuta aprobada por el Senado, a fin de que se incluya en la misma como atribución del Conapred, el poder velar porque se garantice el cumplimiento de sus propias resoluciones, fortaleciendo así la actuación de esta instancia.

12. En virtud de que la fracción XLVII del artículo 20 contenida en la minuta aprobada por el Senado establece que el Conapred podrá solicitar a cualquier autoridad o particular la adopción de medidas precautorias o cautelares para evitar consecuencias de difícil o imposible reparación,. Esta dictaminadora estima que el dejar subsistente tal atribución sobrepasaría la esfera de competencia del Conapred, transgrediendo a todas luces el principio de legalidad que debe regir la actuación de los entes públicos y en consecuencia, esta Comisión ha optado por eliminar la mencionada fracción XLVII, recorriendo así, el orden de las subsecuentes.

13. Otra observación al citado artículo 20 es la relativa a la adición de la fracción LIII de la minuta –LII en este dictamen-, con la que se concede la facultad de iniciativa al Conapred, lo que contraría lo enunciado por el artículo 71 de la Constitución Política, dado que un organismo descentralizado, por su naturaleza jurídica, no se encuentra legitimado para promover tales reformas, por lo que no resulta procedente tal adición, siendo así, esta dictaminadora propone que se le faculte para proponer ante el Ejecutivo Federal las iniciativas, reformas o adiciones acordes con la materia y sea este último quien, en su caso, las formule ante el Poder Legislativo Federal.

14. Por otra parte, este órgano colegiado propone la eliminación de la atribución que se plantea incluir en el artículo 26 de la minuta, consistente en otorgar al Senado y en su caso, a la Comisión Permanente, la facultad de vetar el nombramiento del Titular de la Presidencia del Conapred que realice el Ejecutivo Federal.Lo anterior en virtud de que acorde a la interpretación de la Ley Suprema, el Senado no tiene atribuciones de veto y únicamente puede intervenir en la designación o ratificación de los servidores públicos enunciados en los artículos 26, Apartado B, tercer párrafo; 27, fracción XIX, párrafo segundo; 28, párrafo sexto; 76, fracciones II,V,VIII y IX; 99, párrafo décimo tercero; 102, inciso a), primer párrafo y 122, apartado B, fracción II de la Constitución Política.

15. En otro tenor, y debido a que la minuta no establece modificaciones al artículo 56 y al hecho de que esta dictaminadora encontró diversas observaciones al mismo, se propone lo siguiente: Que se derogue el artículo 56 en virtud de que quedará sin materia si se aprueba la presente reforma, dado que se unificaran los procedimientos de reclamación y de queja, conforme al artículo 43 de la minuta.

16. El segundo párrafo del artículo 43 de la minuta aprobada por el Senado establece que personas podrán presentar quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas discriminatorias ante el Conapred, facultando que las mismas puedan ser interpuestas inclusive por personas que no tengan vínculos con el agraviado. Al respecto, esta dictaminadora ha optado por eliminar la última parte del referido segundo párrafo, mismo que posibilita la presentación de quejas por cualquier persona, a efecto de que este procedimiento sólo pueda ser incoado por el directamente perjudicado, su representante, las organizaciones de la sociedad civil o por un representante común en el caso de litisconsorcio de perjudicados.

Lo anterior, en virtud de que es menester recordar que solamente las personas legitimadas son quienes pueden iniciar procedimientos en los que se afecten sus intereses o los de sus representados y ante ello, esta Comisión estima que no se justifica que se faculte a cualquier persona para que inicie el procedimiento de queja contemplado en la minuta, en virtud de que la misma podría dar pie a la presentación de quejas notoriamente frívolas, además de que se pondría a andar a un organismo como el Conapred en asuntos donde el directamente interesado no se ha pronunciado sobre las presuntas conductas discriminatorias.

17. Está Comisión detectó que el artículo 63 de la ley apareció como derogado en la minuta del Senado. Sin embargo, es menester resaltar que dicha disposición establece las reglas que habrán de operar en el supuesto de que un presunto acto de discriminación, cometido por autoridades o servidores públicos haya sido conocido inicialmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –CNDH- y pretenda ser denunciado posteriormente ante el Conapred. Por tal motivo, esta dictaminadora ha retomado el contenido del artículo 63 vigente de la ley como un artículo 63 Octavus en el presente dictamen, en razón de que el titulo donde se encontraba el artículo 63, todavía vigente, es derogado en la minuta y el presente dictamen.

Adicionalmente, con la inclusión del precepto en la ubicación planteada, se estará dando secuencia a la estructuración del articulado de la reforma y no se omitirá está disposición que cobra vigencia en aquellos supuestos en los que se reclamen los mismos actos discriminatorios ante el Conapred y la CNDH.

18. El artículo 65 debió haber sido reformado por la colegisladora en razón de que el mismo hace referencia al procedimiento de reclamación que desaparecerá en caso de aprobarse la minuta. En consecuencia, esta dictaminadora propone reformar dicho precepto a fin de remplazar la alusión realizada al procedimiento de reclamación por la de queja, y así armonizar dicho precepto con el contenido de la minuta.

19. En lo tocante al artículo 83 Bis, la Colegisladora incluyó una fracción VI en la que hace referencia a que el Conapred podrá imponer como medida de reparación “cualquier otra medida encaminada al resarcimiento del daño ocasionado por la comisión de actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias”. Esta Comisión de Derechos Humanos considera pertinente suprimir la referida fracción toda vez que, de incluirla, se estaría dejando un amplio margen de discrecionalidad al órgano señalado que, de ninguna manera puede ser compatible con el principio de proporcionalidad y de protección más amplia al individuo. Esto es así, porque la fracción en cuestión impone “medidas administrativas y reparadoras” que, podrían afectar directamente la esfera de derechos humanos de cualquier individuo al no estar claramente señaladas los límites que el órgano en cuestión tiene la obligación de observar. Este principio es clave en todo Estado democrático en donde cada órgano tiene claramente encomendadas sus funciones.

20. Se encontró preciso derogar el último párrafo del artículo 83 de la LFPED, mismo que no se modifica en la minuta aprobada por el Senado. Lo anterior, debido a que el citado párrafo refiere que las medidas administrativas enunciadas en dicho precepto, se impondrán a los particulares, siempre y cuando se hayan sometido al procedimiento de conciliación. Sin embargo, este órgano colegiado ha detectado que dicha regla no está en armonía con las enmiendas contempladas en la minuta, ya que de acuerdo con las mismas, se establece un solo procedimiento tanto para particulares como servidores públicos, en el cual, no es óbice si los particulares desean o no someterse a la conciliación.

21.Dado que es claro que las enmiendas contempladas en la minuta tienen como uno de sus propósitos el fortalecer y optimizar la actuación del Conapred, esta Comisión estima necesario derogar el artículo 85 de la LFPED, el cual no es objeto de enmienda alguna en la minuta remitida por la colegisladora, en razón de que el modelo de reconocimiento contemplado en dicho precepto ha quedado superado con las reformas de la misma. Al respecto, cabe precisar que la fracción XXVII adicionada al artículo 20 en la minuta aprobada por el Senado, contempla un modelo de reconocimiento público a quienes con sus acciones se distingan por impulsar la cultura de igualdad de oportunidades y no discriminación a favor de las personas.

Al respecto, es importante mencionar que el propio Conapred ha manifestado que lo dispuesto en el referido artículo 85 les conlleva realizar un proceso de certificación, el cual, además de estar lejos de su objeto, le resulta muy oneroso y poco práctico, dado que el mismo les conlleva asumir una función similar a la de las empresas que se dedican a realizar procesos de certificación. Por lo anterior, al derogar este artículo y optar por el modelo de reconocimiento contemplado en la fracción XXVII del precepto 20 de la minuta, se permitirá al Conapred contar con mayor flexibilidad y practicidad en lo concerniente a su atribución de otorgar reconocimientos públicos.

Finalmente y con el fin de obtener un lenguaje uniforme en el texto de la Ley se hacen las siguientes anotaciones:

1. Se propone modificar el término México por el de estado mexicano cuando se hace referencia a los tratados internacionales de los que nuestro país es parte en los artículos 3 y 6 de la minuta. Se sustenta lo anterior, en razón de que el estado mexicano es quien se obliga ante la comunidad internacional. Asimismo, con el cambio planteado, se armonizará la nominación mencionada con lo establecido en el artículo 1o., párrafo primero de la Carta Magna, el cual, al hacer alusión a los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte, lo hace aludiendo al Estado mexicano.

2. Esta dictaminadora considera necesario modificar la expresión medidas de igualación por la de medidas de reparación. Lo anterior, en virtud de que el primer término puede llegar a confundir el género con la especie, es decir, todas las medidas antidiscriminatorias son de “igualación” porque buscan igualar la situación de las personas discriminadas con aquellas que no lo están. Sin embargo, si se deja aquella denominación a un cierto tipo de medidas, parecerá que el resto –las de inclusión y afirmativas- no son igualadoras.

Por lo anterior, esta dictaminadora estima pertinente cambiar la denominación de las medidas de igualación –género- por el de medidas de nivelación –especie-, modificando con ello, la redacción de los artículo 3; 15 Bis; 15 Ter, y 15 Quáter, así como la del Capítulo IV contenidos en la minuta que se analiza.

3. Se modifica el concepto de acciones afirmativas contenida en el artículo 15 Séptimus de la minuta del Senado a efecto de hacer referencia y resaltar el carácter temporal de esas acciones mientras perduren las situaciones patentes de desigualdad, conforme con el texto propuesto.

4. En la minuta remitida por el Senado no se propone enmienda alguna al artículo 16 de la LFPED a pesar de que el mismo precepto hace alusión al procedimiento de reclamación que, en términos de la presente reforma, quedaría derogado. Por lo anterior, esta Comisión estima necesario reformar el artículo 16 de la LFPED, con el objetivo de hacer mención expresa del presupuesto que anualmente será asignado al Conapred y corregir que sólo habrá un procedimiento denominado de queja, acorde a las reformas consideradas a lo largo del presente dictamen.

5. Esta dictaminadora considera necesario modificar el término medidas reparadoras por el de medidas de reparación, en virtud de que esta última expresión es de mayor uso en el ámbito internacional ante la violación de derechos humanos.

En razón de ello, esta nueva denominación implica cambios de terminología en los artículos 1, fracción X; 20, fracción XLVI; 43; 63 Bis; 77 Ter; 84, y 87, así como en las denominaciones del Capítulo VI y de sus Secciones Primera, Segunda y Tercera, todos de la minuta aprobada por el Senado.

6. Esta dictaminadora se ha percatado que el párrafo sexto del artículo 23 de la minuta aprobada por el Senado, al hacer alusión al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad –CONADIS-, lo refiere solamente como Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. En virtud de ello, se ha modificado la denominación del CONADIS en el párrafo sexto de dicho precepto, con el objetivo de emplear el nombre correcto de este organismo.

7. En la minuta remitida por la colegisladora no se propone modificación alguna al actual artículo 27 de la LFPED; sin embargo, esta comisión advierte que para la adecuada homologación de los términos propuestos en la misma, este artículo también debe ser objeto de reforma, cambiando el término “Presidente del Consejo” por “la persona que ocupe la Presidencia del Consejo” y así armonizar este precepto con las diversas disposiciones contenidas en la minuta que hacen la modificación señalada.

8. En la minuta no se contempla cambio alguno al actual artículo 29 de la LFPED, sin embargo de la lectura de la misma, esta comisión propone reformarlo en idéntico sentido al señalado en el punto anterior.

9. En fecha 2 de enero del presente año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal –LOAPF-, estableciéndose en el artículo segundo transitorio del decreto de publicación la desaparición y transferencia de atribuciones de la Secretaría de la Función Pública a un órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción. Si bien, dicho órgano todavía no ha sido creado, es inminente su creación en virtud del mandato señalado en el referido decreto de reformas y por tal razón, esta dictaminadora considera fundamental que las alusiones que a la Secretaría de la Función Pública se realizan en la LFPED vigente en sus artículos 38 párrafos segundo y tercero y el 39, fracción V; así como las hechas en la minuta en los artículos 79 Ter, tercer párrafo y 86, primer párrafo, tienen que ser enmendadas en virtud de que dicha Secretaría será suprimida para dar paso a un nuevo modelo de control y rendición de cuentas.

Es por lo anterior, que esta dictaminadora ha modificado el texto normativo de las disposiciones enunciadas en este punto, a efecto de armonizar las reformas y adiciones planteadas a la LFPED con las realizadas a la LOAPF y así dar congruencia a lo aprobado por esta Cámara de Diputados. Asimismo, en este punto, esta Comisión ha adicionado un artículo sexto transitorio a la minuta remitida por el Senado, con el propósito de regular lo referente a la entrada en vigor de las disposiciones que hacen alusión al citado órgano constitucional autónomo en el presente dictamen con proyecto de decreto.

10. El artículo 54, no es objeto de modificación en la minuta. Sin embargo, este órgano colegiado ha detectado que para la correcta homologación de términos propuestos en la misma, esta disposición también debe reformarse, cambiándose el término “Presidente” por el de “la persona que ocupe la presidencia”.

11. El artículo 69 incluido en la minuta, hace alusión a la “parte” conciliadora y con el fin de homogenizar su contenido con el resto de la minuta, esta dictaminadora propone se modifique tal término por el de “persona” conciliadora como lo establecen los artículos 66 y 68 de la misma.

En razón de las observaciones antes señaladas, así como de las propuestas de modificación que esta Comisión de Derechos Humanos se ha permitido en uso de sus atribuciones realizar, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados y para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, 4, 5, 6 y 8; el párrafo segundo del 9 y sus fracciones I, V, VI, XII, XIII, XV y la XXIX que pasa a ser la fracción XXXIV, así como sus fracciones XXVII, XXVIII; el artículo 16; el primer párrafo del artículo 20; el artículo 23 en sus párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que pasa a ser el sexto, y sus fracciones I a V; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII del artículo 24; el artículo 25; el párrafo primero del artículo 26; los artículos 27, 28 y 29; el primer párrafo y las fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 30; los artículos 32, 34 y 35; el segundo y tercer párrafos del artículo 38; la fracción V del artículo 39; la denominación del Capítulo Quinto “De los Procedimientos”; el primer párrafo del artículo 43 que se recorre al segundo párrafo; el primer párrafo del artículo 44; el artículo 45; el primer párrafo del artículo 48; el artículo 49; el primer párrafo del artículo 50; los artículos 51, 52, 53, 54 y 55; el primer párrafo del artículo 64; los artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70; el primer párrafo del artículo 71; el artículo 72; el primer párrafo y las fracciones I, II primer párrafo y V del artículo 73; los artículos 75 y 78; el primer párrafo del artículo 79; las fracciones I a V del artículo 83; el primer párrafo y las fracciones II y III del artículo 84; Se adicionan un párrafo segundo y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X al artículo 1; las fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXIX a XXXIII al 9; un capítulo IV “De las Medidas de Igualación, Medidas de Inclusión y Acciones Afirmativas” conformado por los artículos 15 Bis, 15 Ter, 15 Quáter, 15 Quintus, 15 Sextus, 15 Septimus, 15 Octavus y 15 Novenus, recorriéndose el orden del actual Capítulo IV “Del Consejo de Gobierno” y los subsecuentes; las fracciones XX a LVI al artículo 20; una Sección Cuarta “De la Junta de Gobierno” y una Sección Quinta “De la Presidencia” al Capítulo V “Del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación” recorriéndose a la Sección Sexta la actual Sección Cuarta “De la Asamblea Constitutiva” y el orden de las subsecuentes secciones; las fracciones VI, VII y el párrafo quinto –recorriéndose el orden del subsecuente- al artículo 23; las fracciones II Bis, IX y X del artículo 24, recorriendo la actual fracción IX a la XI; un segundo párrafo y las fracciones I, II y III al artículo 26; las fracciones I Bis, I Ter y XI del artículo 30, recorriendo el orden de sus actuales fracciones XI a la XII; un primer y cuarto párrafo al artículo 43, recorriéndose el orden de sus actuales párrafos primero y segundo; un segundo párrafo al artículo 44; un párrafo segundo al artículo 48; un artículo 48 Bis; los párrafos segundo y tercero al artículo 50; la Sección Tercera “De la Sustanciación” del Capítulo V “De los Procedimientos”, recorriéndose el orden de las subsecuentes secciones; un segundo párrafo al artículo 64; un artículo 65 Bis, un segundo párrafo al artículo 71; un segundo párrafo a la fracción II del artículo 73; los artículos 77 Bis, 77 Ter y 77 Quáter; el segundo y tercer párrafo al artículo 79; los artículos 79 Bis y 79 Ter; el Capítulo VI “De las medidas administrativas y reparadoras” y su Sección Primera “De las medidas administrativas y reparadoras”; los artículos 83 Bis y 83 Ter; la Sección Segunda “De los criterios para la imposición de medidas administrativas y reparadoras” al Capítulo VI “De las medidas administrativas y reparadoras”; las fracciones II Bis y IV al artículo 84; la Sección Tercera “De la ejecución de las medidas administrativas y reparadoras” al Capítulo VI “De las medidas administrativas y reparadoras” integrada por los artículos 86 y 87; la Sección Cuarta “Del recurso de revisión” al Capítulo VI “De las medidas administrativas y reparadoras”; Se derogan las fracciones I a VIII del artículo 5; el primer párrafo del artículo 9, recorriéndose el orden de los subsecuentes; los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15; las fracciones I a XIX del artículo 20; la fracción VIII del artículo 24; la fracción VI del artículo 30; la fracción VII del artículo 34; la Sección Segunda “De la Reclamación” del actual Capítulo V·“De los Procedimientos”, el artículo 56; el artículo 63; el segundo párrafo del artículo 65; los artículos 76 y 77; la actual Sección Sexta “Del Procedimiento Conciliatorio entre Particulares” del Capítulo V·“De los Procedimientos”; el último párrafo del artículo 83; la fracción I del artículo 84, y el artículo 85 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como siguen:

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. (...)

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás;

II. Consejo: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;

IV. Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado;

V. Estatuto: El Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

VI. Igualdad real de oportunidades: Es el acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos;

VII. Ley: La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

VIII. Poderes públicos federales: Las autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos;

IX. Programa: El Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación, y

X. Resolución por disposición: Resolución emitida por el Consejo, con carácter vinculante, por medio de la cual se declara que se acreditó una conducta o práctica social discriminatoria, y por tanto, de manera fundada y motivada se imponen medidas administrativas y de reparación a quien resulte responsable de dichas conductas o prácticas.

Artículo 3. Cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las acciones de nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas a que se refiere el capítulo III de esta ley.

Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley.

Artículo 5. No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos.

Artículo 6. La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de los poderes públicos federales se ajustará con los instrumentos internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte en materia de derechos humanos, así como con lajurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales, las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.

Artículo 8. En la aplicación de la presente Ley intervendrán los poderes públicos federales, así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en sus correspondientes ámbitos de competencia.

Capítulo II

Medidas para Prevenir la Discriminación

Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

I. Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos en los centros educativos;

II. a IV. (...)

V. Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación y de formación profesional;

VI. Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas;

VII. a XI. (...)

XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la asistencia de personas intérpretes o traductoras en los procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como el derecho de las niñas y niños a ser escuchados;

XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e integridad humana;

XIV. (...)

XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación;

XVI. a XVIII. (...)

XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral, especialmente de las niñas y los niños, con base al interés superior de la niñez;

XX. a XXII. (...)

XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;

XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;

XXIII. Explotar o dar un trato abusivo o degradante;

XXIV. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales;

XXV. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;

XXVI. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable;

XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión;

XXVIII. Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación;

XXIX. Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o se encuentren en centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas con discapacidad mental o psicosocial;

XXX. Negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores;

XXXI. Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición de salud;

XXXII. Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/sida;

XXXIII. Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas, y

XXXIV. En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley.

Capítulo III

Medidas Positivas y Compensatorias a Favor de la Igualdad de Oportunidades

Artículo 10. Derogado.

Artículo 11. Derogado.

Artículo 12. Derogado.

Artículo 13. Derogado.

Artículo 14. Derogado.

Artículo 15. Derogado.

Capítulo IV

De las Medidas de Nivelación, Medidas de Inclusión y Acciones Afirmativas

Artículo 15 Bis. Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.

Artículo 15 Ter. Las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.

Artículo 15 Quáter. Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:

I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física,de información y comunicaciones;

II. Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;

III. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas;

IV. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos públicos de todas las dependencias gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión;

V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas;

VI. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de comunicaciones y de información;

VII. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre otros, y

VIII. Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.

Artículo 15 Quintus. Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.

Artículo 15 Sextus. Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:

I. La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional;

II. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación;

III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo;

IV. Lasacciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias, y

V. El llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos federales.

Artículo 15 Séptimus. Las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley.

Artículo 15 Octavus. Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Artículo 15 Novenus. Las instancias públicas que adopten medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas, deben reportarlas periódicamente al Consejo para su registro y monitoreo. El Consejo determinará la información a recabar y la forma de hacerlo en los términos que se establecen en el estatuto.

Capítulo V

Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Sección PrimeraDenominación, Objeto, Domicilio y Patrimonio

Artículo 16. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en adelante el Consejo, es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación,con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión ,y contará con los recursos suficientes que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley se formulen en el procedimiento de queja, el Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.

Sección Segunda

De las atribuciones

Artículo 20. Son atribuciones del Consejo:

I. Derogada.

II. Derogada.

III. Derogada.

IV. Derogada.

V. Derogada.

VI. Derogada.

VII. Derogada.

VIII. Derogada.

IX. Derogada.

X. Derogada.

XI. Derogada.

XII. Derogada.

XIII. Derogada.

XIV. Derogada.

XV. Derogada.

XVI. Derogada.

XVII. Derogada.

XVIII. Derogada.

XIX. Derogada.

XX. Generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación;

XXI. Elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la perspectiva de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas;

XXII. Elaborar, coordinar y supervisar la instrumentación del Programa, que tendrá el carácter de especial y de cumplimiento obligatorio de conformidad con la Ley de Planeación;

XXIII. Formular observaciones, sugerencias y directrices a quien omita el cumplimiento o desvíe la ejecución del Programa y facilitar la articulación de acciones y actividades que tengan como finalidad atender su cumplimiento;

XXIV. Verificar que los poderes públicos federales e instituciones y organismos privados, adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación;

XXV. Requerir a los poderes públicos federales la información que juzgue pertinente sobre la materia para el desarrollo de sus objetivos;

XXVI. Participar en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, en los programas que de él se deriven y en los programas sectoriales, procurando que en su contenido se incorpore la perspectiva del derecho a la no discriminación;

XXVII. Promover que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen los recursos necesarios para la efectiva realización de las obligaciones en materia de no discriminación;

XXVIII. Elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para prevenir y eliminar la discriminación;

XXIX. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación;

XXX. Promover una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias;

XXXI. Difundir las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de no discriminación, así como promover su cumplimiento por parte de los poderes públicos federales, para lo cual podrá formular observaciones generales o particulares;

XXXII. Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias;

XXXIII. Promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación incluyentes en el ámbito público y privado;

XXXIV. Elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no discriminación que sean de interés público;

XXXV. Promover en las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de no discriminación.

XXXVI. Establecer una estrategia que permita a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos;

XXXVII. Reconocer públicamente a personas que en lo individual con sus acciones se distingan o se hayan distinguido en su trayectoria, por impulsar una cultura de igualdad de oportunidades y de no discriminación y el ejercicio real de los derechos de todas las personas.

XXXVIII. Desarrollar acciones y estrategias de promoción cultural que incentiven el uso de espacios, obras, arte y otras expresiones para sensibilizar sobre la importancia del respeto a la diversidad y la participación de la sociedad en pro de la igualdad y la no discriminación.

XXXIX. Proporcionar orientación, formación y capacitación bajo diversas modalidades.

XL. Sensibilizar, capacitar y formar a personas servidoras públicas en materia de no discriminación;

XLI. Instrumentar la profesionalización y formación permanente del personal del Consejo;

XLII. Elaborar programas de formación para las personas y organizaciones de la sociedad civil a fin de generar activos y recursos multiplicadores capaces de promover y defender el derecho a la igualdad y no discriminación;

XLIII. Proponer a las instituciones del sistema educativo nacional, lineamientos y criterios para el diseño, elaboración o aplicación de contenidos, materiales pedagógicos y procesos de formación en materia de igualdad y no discriminación y celebrar convenios para llevar a cabo procesos de formación que fortalezcan la multiplicación y profesionalización de recursos en la materia.

XLIV. Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares y velar porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo;

XLV. Orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades a la instancia correspondiente en caso de que no se surta la competencia del Consejo;

XLVI. Emitir resoluciones por disposición e informes especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación contra las personas servidoras públicas federales, los poderes públicos federales o particulares en caso de cometer alguna acción u omisión de discriminación previstas en esta Ley;

XLVII. Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ésta u otras disposiciones legales; así como ejercer ante las instancias competentes acciones colectivas para la defensa del derecho a la no discriminación.

XLVIII. Celebrar convenios de colaboración con los Poderes Públicos Federales, estatales y municipales, con los órganos de la administración del Distrito Federal, con particulares, con organismos internacionales u organizaciones de la sociedad civil;

XLIX. Efectuar, fomentar, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre el derecho a la no discriminación;

L. Emitir opiniones con relación a los proyectos de reformas en la materia que se presenten en el honorable Congreso de la Unión;

LI. Emitir opiniones sobre las consultas que, relacionadas con el derecho a la no discriminación, se le formulen;

LII. Proponer al Ejecutivo Federal reformas legislativas, reglamentarias o administrativas que protejan y garanticen el derecho a la no discriminación;

LIII. Diseñar indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de no discriminación;

LIV. Elaborar un informe anual de sus actividades;

LV. Proponer modificaciones al Estatuto Orgánico, y

LVI. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y en otras disposiciones aplicables.

Sección Cuarta

De la Junta de Gobierno

Artículo 23. La Junta de Gobierno estará integrada por la persona que ocupe la Presidencia del Consejo, siete representantes del Poder Ejecutivo Federal y siete de la Asamblea Consultiva del Consejo.

La representación del Poder Ejecutivo Federal se conformará con las siguientes dependencias y entidades:

I. Secretaría de Gobernación;

II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Secretaría de Salud;

IV. Secretaría de Educación Pública;

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Secretaría de Desarrollo Social, e

VII. Instituto Nacional de las Mujeres.

Cada persona representante tendrá el nivel de titular de subsecretaría o rango inferior al titular, y las personas suplentes, del inferior jerárquico inmediato al de aquélla.

Las personas integrantes designadas por la Asamblea Consultiva y sus respectivas personas suplentes durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificadas por otro período igual por una sola ocasión, o hasta la terminación de su periodo como integrante de la Asamblea Consultiva. Este cargo tendrá carácter honorario.

La Junta de Gobierno será presidida por la persona que ocupe la presidencia del Consejo.

Serán invitadas permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, las siguientes entidades: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Instituto Mexicano de la Juventud, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida, Instituto Nacional de Migración y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 24. (...)

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, y el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la propuesta que presente la presidencia;

II. Aprobar los ordenamientos administrativos que regulen el funcionamiento interno del Consejo propuestos por quien ocupe la presidencia, así como establecer los lineamientos y las políticas generales para su conducción con apego a esta Ley, su Estatuto Orgánico, los reglamentos de la Junta de Gobierno y de la Asamblea Consultiva, el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación y Eliminar la Discriminación, y las demás disposiciones legales aplicables;

II Bis. Aprobar la estrategia, criterios y lineamientos propuestos por la Presidencia del consejo, que permitan a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos;

III. Aprobar el proyecto de presupuesto y del programa operativo anual que someta a su consideración la Presidencia del Consejo y conocer los informes de su ejercicio y ejecución;

IV. Aprobar el informe anual de actividades que rendirá la Presidencia del Consejo a los Poderes de la Unión;

V. Autorizar el nombramiento o remoción a propuesta de la Presidencia del Consejo, de los servidores públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;

VI. Emitir los criterios a los cuales se sujetará el Consejo en el ejercicio de sus atribuciones;

VII. Aprobar el tabulador de salarios del Consejo y prestaciones al personal de nivel operativo del mismo, siempre que su presupuesto lo permita;

VIII. Derogada.

IX. Considerar las opiniones de la Asamblea Consultiva en materia de prevención y eliminación de la discriminación;

X. Acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto del organismo con sujeción a las disposiciones aplicables, y

XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Artículo 25. La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando se encuentren presentes más de la mitad de las personas representantes, siempre que esté la persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, o la persona que establezca el Estatuto Orgánico en caso de ausencia de la persona titular.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate, la persona que ocupe la presidencia del Consejo, tendrá voto de calidad.

Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos seis veces al año, y las extraordinarias cuando las convoque la persona titular de la Presidencia, o la mitad más uno de las y los integrantes de la Junta de Gobierno.

Sección Quinta

De la Presidencia

Artículo 26. La persona que ocupe la presidencia del Consejo, quien presidirá la Junta, será designada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Para ocupar la presidencia del Consejo se requiere:

I. Contar con título profesional;

II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, sociales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley, y

III. No haberse desempeñado como secretario/a de Estado, procurador/a General de la República, gobernador/a, jefe/a del gobierno, senador/a, diputado/a federal o local, o dirigente de un partido o asociación política durante los dos años previos al día de su nombramiento.

Artículo 27. Durante su encargo la persona que ocupe la presidencia del Consejo no podrá desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión distintos, que sean remunerados, con excepción de los de carácter docente o científico.

Artículo 28. La persona que ocupe la presidencia del consejo durará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificada por un periodo igual, por una sola ocasión.

Artículo 29. La persona que ocupe lapresidencia del Consejo podrá ser removida de sus funciones y, en su caso, sujeta a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 30. La Presidencia del Consejo tendrá, además de aquellas que establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

I. (...)

I. Bis. Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, los ordenamientos administrativos que regulen el funcionamiento interno del Consejo, incluyendo el Estatuto Orgánico, manuales, lineamientos, reglamentos, así como las políticas generales para su conducción;

I. Ter. Someter a la Junta de Gobierno, para su aprobación, la estrategia, criterios o lineamientos que permitan a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos;

II. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación;

III. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, para su aprobación, y a la Asamblea Consultiva, el informe anual de actividades y el relativo al ejercicio presupuestal del Consejo.

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones de la Junta de Gobierno, así como supervisar y verificar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas del consejo;

V. Enviar a los Poderes de la Unión el informe anual de actividades del Consejo, así como de su ejercicio presupuestal; éste último, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI. Derogada.

VII. Proponer el nombramiento o remoción de las personas servidoras públicas del Consejo, a excepción de aquellas que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al de la Presidencia;

VIII. (...)

IX. Promover y celebrar convenios de colaboración con dependencias y entidades de la administración pública federal, de los estados de la federación, municipios, organizaciones de ·la sociedad civil u otras de carácter privado, organismos nacionales e internacionales;

X. Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el tabulador salarial del Consejo y prestaciones al personal de nivel operativo del Consejo, siempre que su presupuesto lo permita;

XI. Solicitar a la Asamblea Consultiva opiniones relacionadas con el desarrollo de los programas y actividades que realice el Consejo, y con cuestiones en materia de prevención y eliminación de la discriminación, y

XII. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos.

Sección Sexta

De la Asamblea Constitutiva

Artículo 32. La Asamblea Consultiva estará integrada por no menos de diez ni más de veinte personas representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica que, por su experiencia o especialidad puedan contribuir a la prevención y eliminación de la discriminación y a la consolidación del principio de igualdad real de oportunidades. La asamblea no podrá estar integrada con más del 50 por ciento de personas del mismo sexo.

Las personas que la integren serán propuestas por la persona que ocupe la presidencia del Consejo, la Asamblea Consultiva, y los sectores y comunidad señalados, y su nombramiento estará a cargo de la Junta de Gobierno en los términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico.

Artículo 34. (...)

I. Presentar opiniones ante la Junta de Gobierno, relacionadas con el desarrollo de los programas y actividades que realice el consejo;

II. Asesorar tanto a la Junta de Gobierno como a la Presidencia del consejo en cuestiones relacionadas con la prevención y eliminación de la discriminación;

III. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por la Presidencia del Consejo;

IV. (...)

V. Nombrar de entre sus integrantes a las siete personas que la representarán y formarán parte de la Junta de Gobierno y a sus respectivas o respectivos suplentes;

VI. Participar en las reuniones y eventos a los que la convoque el consejo, para intercambiar experiencias e información de carácter nacional e internacional relacionadas con la materia;

VII. Derogada.

VIII. Las demás que señalen el Estatuto Orgánico y otras disposiciones aplicables.

Artículo 35. Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su cargo tres años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. Cada año se renovará al menos cuatro de sus integrantes.

Sección Séptima

De los Órganos de Vigilancia

Artículo 38. (...)

Corresponderá al órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción por sí o a través del órgano interno de control del Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación.

El órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Público propietario y suplente, designados por el órgano constitucional autónomo a que hace referencia el párrafo anterior, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 39. (...)

I a IV. (...)

V. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente el órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, en el ámbito de su competencia.

Sección Octava

Prevenciones Generales

Artículo 40. (...)

Artículo 41. (...)

Sección Novena

Régimen de Trabajo

Artículo 42. (...)

Capítulo V

Del Procedimiento de Queja

Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 43. El Consejo conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta ley, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos federales, e impondrá en su caso las medidas administrativas y de reparación que esta Ley previene.

Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias ante el Consejo, ya sea directamente o por medio de su representante.

Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar quejas en los términos de esta Ley, designando un representante.

Cuando fueren varios las o los peticionarios que formulan una misma queja, nombrarán a una persona representante común; la omisión dará lugar a que el Consejo la designe de entre aquéllas, con quien se practicarán las notificaciones.

Artículo 44. Las quejas que se presenten ante el Consejo sólo podrán admitirse dentro del plazo de un año, contado a partir de que se haya iniciado la realización de los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o de que la persona peticionaria tenga conocimiento de estos.

En casos excepcionales, y tratándose de actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias graves a juicio del Consejo, éste podrá ampliar dicho plazo mediante un acuerdo fundado y motivado.

Artículo 45. El Consejo podrá proporcionar orientación a las personas peticionarias y agraviadas respecto a los derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer y, en su caso, las canalizará ante las instancias correspondientes en la defensa de los citados derechos, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico.

Artículo 48. Tanto las personas particulares, como las personas servidoras públicas y los poderes públicos federales, están obligados a auxiliar al personal del Consejo en el desempeño de sus funciones y a rendir los informes que se les soliciten en los términos requeridos.

En el supuesto de que las autoridades o personas servidoras públicas federales sean omisas para atender los requerimientos del Consejo, se informará a su superior jerárquico de esa situación, y en caso de continuar con el incumplimiento, se dará vista al órgano interno de control correspondiente para que aplique las sanciones administrativas conducentes.

Artículo 48 Bis. Las quejas se tramitarán conforme a lo dispuesto en esta Ley. El procedimiento será breve y sencillo, y se regirá por los principios pro persona, de inmediatez, concentración, eficacia, profesionalismo, buena fe, gratuidad y suplencia de la deficiencia de la queja.

Artículo 49. Las quejas podrán presentarse por escrito, con la firma o huella digital y datos generales de la parte peticionaria, así como la narración de los hechos que las motivan.

También podrán formularse verbalmente mediante comparecencia en el Consejo, por vía telefónica, fax, por la página web institucional o el correo electrónico institucional, las cuales deberán ratificarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, pues de lo contrario se tendrán por no presentadas.

Artículo 50. El Consejo no admitirá quejas anónimas, ni aquéllas que resulten evidentemente improcedentes, infundadas o no expongan conductas o prácticas discriminatorias, dentro del ámbito de su competencia, o éstas consistan en la reproducción de una queja ya examinada y determinada anteriormente.

Las quejas que no contengan el nombre de la parte peticionaria, como consecuencia del temor a represalias, se podrán registrar, debiéndose mantener sus datos de identificación en estricta reserva, los cuales le serán solicitados con el único fin de tenerla ubicada y poder de esta forma realizar las gestiones necesarias para la preservación de sus derechos.

La reserva de los datos procederá sólo en los casos en que con ello no se imposibilite la investigación de la queja o la actuación del Consejo.

Artículo 51. Si el Consejo no resulta competente o no se trata de un acto, omisión o práctica social discriminatoria, podrá brindar a la parte interesada la orientación necesaria para que, en su caso, acuda ante la instancia a la cual le corresponda conocer del caso.

Artículo 52. Cuando de la narración de los hechos motivo de queja no se puedan deducir los elementos mínimos para la intervención del Consejo, se solicitará por cualquier medio a la persona peticionaria que los aclare dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la petición.

De omitir atender tal solicitud, se practicará un segundo requerimiento con igual plazo y, de insistir en la omisión, se emitirá acuerdo de conclusión del expediente por falta de interés.

Artículo 53. En ningún momento la presentación de una queja ante el Consejo interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos administrativos previstos por la legislación correspondiente.

Artículo 54. El Consejo, por conducto de la persona que ocupe la presidencia, de manera excepcional y previa consulta con la Junta de Gobierno, podrá excusarse de conocer de un determinado caso si éste puede afectar su autoridad moral o autonomía.

Artículo 55. Cuando se presenten dos o más quejas que se refieran a los mismos hechos, actos, omisiones o prácticas sociales presuntamente discriminatorias, el Consejo, a su juicio, podrá acumularlas para su trámite y resolución, cuando reúnan los requisitos de procedibilidad y proporcionen elementos relevantes al caso que se investiga, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico.

Artículo 56. Derogado.

Artículo 57. Derogado.

Sección Segunda

De la Reclamación

Artículo 58. Derogado.

Artículo 59. Derogado.

Artículo 60. Derogado.

Artículo 61. Derogado.

Artículo 62. Derogado.

Artículo 63. Derogado.

Sección Tercera

De la Sustanciación

Artículo 63 Bis. La persona titular de la Presidencia, la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas, así como las personas titulares de las direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento de la Dirección General Adjunta que tendrán a su cargo la tramitación de expedientes de queja y el personal que al efecto se designe, tendrán en sus actuaciones fe pública para certificar la veracidad de los hechos con relación a las quejas presentadas ante dicho Consejo; las orientaciones que se proporcionen; la verificación de medidas administrativas y de reparación, entre otras necesarias para la debida sustanciación del procedimiento.

Para los efectos de esta Ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en su presencia.

Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar en el acta circunstanciada que al efecto levantará la persona servidora pública correspondiente.

Artículo 63 Ter. En los casos de los que tenga conocimiento el Consejo y se consideren graves, podrá solicitar a cualquier particular o autoridad la adopción de las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar consecuencias de difícil o imposible reparación; lo anterior, a través del área que proporcione orientación o en la tramitación de los expedientes de queja.

Artículo 63 Quáter. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la queja, o al de su aclaración, se resolverá respecto a su admisión.

Artículo 63 Quintus. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la queja, las imputaciones se harán del conocimiento de la persona particular, física o moral, persona servidora pública o poderes públicos federales a quienes se atribuyan éstas, o a su superior jerárquico o al representante legal, para que rindan un informe dentro del plazo máximo de diez días hábiles siguientes al de la fecha de su notificación.

Artículo 63 Sextus. En la contestación se afirmarán, refutarán o negarán todos y cada uno de los hechos actos, omisiones o prácticas discriminatorias imputadas, además de incluir un informe detallado y documentado de los antecedentes del asunto, sus fundamentos y motivaciones y, en su caso, los elementos jurídicos o de otra naturaleza que los sustenten y demás que considere necesarios.

Artículo 63 Séptimus. A la persona particular, física o moral, persona servidora pública o poderes públicos federales a quienes se atribuyan los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, se les apercibirá de que de omitir dar contestación a las imputaciones, o dar respuesta parcial, se tendrán por ciertas las conductas o prácticas sociales presuntamente discriminatorias que se le atribuyan, salvo prueba en contrario, y se le notificará del procedimiento conciliatorio, cuando así proceda, para efectos de su participación.

Artículo 63 Octavus. Los particulares que consideren haber sido discriminados por actos de autoridades o de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas que acudan en queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y si ésta fuera admitida, el Consejo estará impedido para conocer de los mismos hechos que dieron fundamento a la queja.

Sección Cuarta

De la Conciliación

Artículo 64. La conciliación es la etapa del procedimiento de queja por medio del cual personal de este consejo intenta, en los casos que sea procedente, avenir a las partes para resolverla, a través de alguna de las soluciones que se propongan, mismas que siempre velarán por la máxima protección de los derechos de las personas presuntamente víctimas de conductas o prácticas sociales discriminatorias.

Cuando el contenido la queja, a juicio del Consejo, se refiera a casos graves, o bien exista el riesgo inminente de revictimizar a la persona peticionaria y o agraviada, el asunto no podrá someterse al procedimiento de conciliación con las autoridades o particulares presuntamente responsables de la discriminación, por lo que se continuará con la investigación o, si se contara con los elementos suficientes, se procederá a su determinación.

Artículo 65. Una vez admitida la queja, lo cual se hará del conocimiento del presunto agraviado por conductas discriminatorias, se le citará para que se presente en la fecha y hora señalada a la audiencia de conciliación, la cual deberá llevarse a cabo en los quince días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a las partes dicha celebración. Esta audiencia tendrá verificativo en las instalaciones del Consejo.

Artículo 65 Bis. En el caso de que las partes residan fuera del domicilio del Consejo, la conciliación podrá efectuarse por escrito, medios electrónicos u otros, con la intermediación del Consejo.

En caso de que las partes acepten la conciliación, ya sea en sus comparecencias iniciales, o en cualquier otro momento, dentro de los quince días hábiles siguientes se efectuará la audiencia respectiva, para cuya celebración el Consejo fijará día y hora.

El Consejo podrá realizar esa conciliación aun sin la presencia de la parte peticionaria o agraviada, siempre y cuando se cuente con la anuencia de cualquiera de éstas.

Artículo 66. Al preparar la audiencia, la persona conciliadora solicitará a las partes los elementos de juicio que considere convenientes para ejercer adecuadamente sus atribuciones, pudiendo aquéllas ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios.

Artículo 67. En caso de que la parte peticionaria o a quien se atribuyan los hechos motivo de queja no comparezcan a la audiencia de conciliación y justifiquen su inasistencia dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes, por única ocasión se señalará nuevo día y hora para su celebración.

Artículo 68. La persona conciliadora expondrá a las partes un resumen de la queja y de los elementos de juicio con los que se cuente hasta ese momento y las exhortará a resolverla por esa vía, ponderando que las pretensiones y acuerdos que se adopten sean proporcionales y congruentes con la competencia del Consejo.

Artículo 69. La audiencia de conciliación podrá ser suspendida a juicio de la persona conciliadora o a petición de ambas partes de común acuerdo hasta en una ocasión, debiéndose reanudar, en su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 70. De lograr acuerdo se suscribirá convenio conciliatorio; el cual tendrá autoridad de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución, y el Consejo dictará acuerdo de conclusión del expediente de queja, sin que sea admisible recurso alguno, quedando sujeto el convenio a seguimiento hasta su total cumplimiento.

Artículo 71. En el supuesto de que el Consejo verifique la falta de cumplimiento de lo convenido, su ejecución podrá promoverse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, a elección de la parte interesada o por la persona que designe el Consejo, a petición de aquélla.

A juicio del Consejo se podrá decretar la reapertura del expediente de queja, con motivo del incumplimiento total o parcial del convenio.

Artículo 72. De no lograrse conciliación entre las partes, se abrirá la etapa de la investigación, o se determinará la queja de considerar el Consejo que cuenta con los elementos o pruebas necesarias para ello.

Sección Quinta

De la Investigación

Artículo 73. El Consejo efectuará la investigación, para lo cual tendrá las siguientes facultades:

I. Solicitar a las autoridades o particulares a los que se atribuyen los hechos motivo de queja la remisión de informes complementarios y documentos relacionados con el asunto materia de la investigación;

II. Solicitar a otras personas físicas o morales, personas servidoras públicas o poderes públicos federales que puedan tener relación con los hechos o motivos de la queja, la remisión de informes o documentos vinculados con el asunto.

Para realizar la investigación no será impedimento el carácter confidencial o reservado de la información; sin embargo, el Consejo deberá manejar ésta en la más estricta confidencialidad y con apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

III. Practicar inspecciones en el o los lugares en que se presume ocurrieron los hechos, así como en los archivos de particulares, de las autoridades, personas servidoras públicas o entidad de los poderes públicos imputados. En su caso, se asistirá de personal técnico o profesional especializado;

IV. (...)

V. Efectuar todas las demás acciones que el Consejo juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto.

Artículo 75. Las pruebas que se presenten por las partes, así como las que de oficio se allegue el Consejo, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos motivo de queja.

Artículo 76. Derogado.

Artículo 77. Derogado.

Sección Sexta

De la Resolución

Artículo 77 Bis. Las resoluciones por disposición que emita el Consejo, estarán basadas en las constancias del expediente de queja.

Artículo 77 Ter. La resolución por disposición contendrá una síntesis de los puntos controvertidos, las motivaciones y los fundamentos de derecho interno e internacional que correspondan y los resolutivos en los que con toda claridad se precisará su alcance y las medidas administrativas y de reparación que procedan conforme a esta Ley. En la construcción de los argumentos que la funden y motiven se atenderá a los criterios y principios de interpretación dispuestos en esta Ley.

Artículo 77 Quáter. El Consejo puede dictar acuerdos de trámite en el curso del procedimiento de queja, los cuales serán obligatorios para las partes; su incumplimiento traerá aparejadas las medidas administrativas y responsabilidades señaladas en este ordenamiento.

Artículo 78. Si al concluir la investigación no se logra comprobar que se hayan cometido los actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias imputadas, el consejo dictará el acuerdo de no discriminación, atendiendo a los requisitos a que se refiere el Estatuto Orgánico.

Artículo 79. Si una vez finalizada la investigación, el Consejo comprueba los actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias formulará la correspondiente resolución por disposición, en la cual se señalarán las medidas administrativas y de reparación a que se refiere el capítulo correspondiente de esta Ley, así como los demás requisitos que prevé el Estatuto Orgánico del Consejo.

La notificación de la resolución que se emita en el procedimiento de queja, que en su caso contenga la imposición de medidas administrativas y de reparación previstas en esta ley, se realizará personalmente, por mensajería o por correo certificado con acuse de recibo.

De no ser posible la notificación por cualquiera de esos medios, podrá realizarse por estrados, de conformidad con lo señalado en el Estatuto Orgánico.

Artículo 79 Bis. Con la finalidad de visibilizar y hacer del conocimiento de la opinión pública aquellos casos relacionados con presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias que a juicio del consejo sean graves, reiterativos o que tengan una especial trascendencia, podrá emitir informes especiales en los que se expondrán los resultados de las investigaciones; en su caso, las omisiones u obstáculos atribuibles a particulares y personas servidoras públicas; estableciendo propuestas de acciones y medidas para lograr condiciones de igualdad y no discriminación.

Artículo 79 Ter. Las personas servidoras públicas federales a quienes se les compruebe que cometieron actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, además de las medidas administrativas y de reparación que se les impongan, quedarán sujetas a las responsabilidades en que hayan incurrido, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El Consejo enviará la resolución al órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, al contralor interno o al titular del área de responsabilidades de la dependencia, entidad u órgano público federal al que se encuentre o se hubiese encontrado adscrita la persona servidora pública responsable. La resolución emitida por el Consejo constituirá prueba plena dentro del procedimiento respectivo.

Sección Sexta

Del Procedimiento Conciliatorio entre Particulares

Artículo 80. Derogado.

Artículo 81. Derogado.

Artículo 82. Derogado.

Capítulo VI

De las Medidas Administrativas y de Reparación

Sección Primera

De las Medidas Administrativas y de Reparación

Artículo 83. (...)

I. La impartición de cursos o talleres que promuevan el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades;

II. La fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento, asociación o institución se realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o mediante los que se promueva la igualdad y la no discriminación;

III. La presencia de personal del Consejo para promover y verificar la adopción de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación;

IV. La difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del Consejo, y

V. La publicación o difusión de una síntesis de la resolución en los medios impresos o electrónicos de comunicación.

Artículo 83 Bis. El Consejo podrá imponer las siguientes medidas de reparación:

I. Restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social discriminatoria;

II. Compensación por el daño ocasionado;

III. Amonestación pública;

IV. Disculpa pública o privada, y

V. Garantía de no repetición del acto, omisión, o práctica social discriminatoria.

Artículo 83 Ter. Las medidas administrativas y de reparación señaladas se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar.

Sección Segunda

De los Criterios para la Imposición de Medidas Administrativas y de Reparación

Artículo 84. Para la imposición de las medidas administrativas y de Reparación, se tendrá en consideración:

I. Derogada.

II. La gravedad de la conducta o práctica social discriminatoria;

II Bis. La concurrencia de dos o más motivos o formas de discriminación;

III. La reincidencia, entendiéndose por ésta cuando la misma persona incurra en igual, semejante o nueva violación al derecho a la no discriminación, sea en perjuicio de la misma o diferente parte agraviada;

IV. El efecto producido por la conducta o práctica social discriminatoria.

Artículo 85. Derogado.

Sección Tercera

De la Ejecución de las Medidas Administrativas y de Reparación

Artículo 86. Tratándose de personas servidoras públicas, la omisión en el cumplimiento a la resolución por disposición en el plazo concedido, dará lugar a que el consejo lo haga del conocimiento del órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción y de la autoridad, dependencia, instancia o entidad del poder púbico competente para que procedan conforme a sus atribuciones.

Si se trata de particulares, personas físicas o morales, que omitan cumplir, total o parcialmente, la resolución por disposición, el Consejo podrá dar vista a la autoridad competente por la desobediencia en que haya incurrido.

Artículo 87. El Consejo tendrá a su cargo la aplicación de las medidas administrativas y de reparación previstas en los artículos 83 y 83 Bis de esta ley.

No obstante, los costos que se generen por esos conceptos deberán ser asumidos por la persona a la que se le haya imputado el acto u omisión discriminatoria.

Sección Cuarta

Del Recurso de Revisión

Artículo 88. Contra las resoluciones y actos del Consejo los interesados podrán interponer el recurso de revisión, de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo Tercero. El período de duración a que hace referencia esta ley para la persona que ocupe el cargo de la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación entrará en vigor a partir del siguiente nombramiento que se realice.

Artículo Cuarto. El sistema para iniciar la renovación escalonada de las personas integrantes de la Asamblea Consultiva se propondrá mediante acuerdo de dicho órgano colegiado, y se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación.

Artículo Quinto. Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación deberá emitir los lineamientos que regulen la aplicación de las medidas previstas en los artículos 83 y 83 Bis de la presente Ley.

Artículo Sexto. Conforme a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 38, 39, 73 Ter y 86 de esta Ley, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

Entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición de este decreto.

Nota:

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención. CERD/C/MEX/CO/16-17. 9 de marzo de 2012. Numeral 9.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rubrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rubrica), María Esther Garza Moreno (rubrica), Gabriel Gómez Michel (rubrica), Carlos Fernando Angulo Parra, María de Lourdes Amaya Reyes (rubrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rubrica), Martha Edith Vital Vera (rubrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rubrica), Loretta Ortiz Ahlf (rubrica), Verónica Sada Pérez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rubrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rubrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rubrica), María del Rocío García Olmedo, María de Jesús Huerta Rea (rubrica), María Jiménez Esquivel (rubrica), Roxana Luna Porquillo (rubrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rubrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria, Carla Alicia Padilla Ramos, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rubrica), Cristina Ruiz Sandoval (rubrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De Conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 157, 158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, fracción II, 82, numeral 1, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión del 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 157, 158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM), y determinó turnarla para dictamen a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3732-V, el miércoles 20 de marzo de 2013.

3. El 24 de abril del año en curso, en reunión ordinaria de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, acudió la diputada proponente, quien expuso y explicó el sentido de su iniciativa ante los integrantes de la citada comisión, de acuerdo con el artículo 177, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa presentada por la diputada Ruth Zavaleta Salgado, propone modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de fortalecer las capacidades institucionales del honorable Congreso de la Unión para dar seguimiento y evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

2. En la exposición de motivos de la iniciativa, tanto en el cuerpo del texto como en la exposición que realizara ante esta comisión dictaminadora destaca la importancia de contar con instrumentos que permitan planear políticas, señalando que la democracia no implica solamente participación del mayor número de actores posibles, sino también la existencia de instituciones que permitan el seguimiento eficaz de las políticas para su evaluación y control.

3. Igualmente, señala que a partir de 2012 la Ley de Planeación establece un esquema de corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión, donde el segundo debe vigilar constantemente el cumplimiento de esta Ley.

4. Por lo anterior, hace hincapié en la importancia de dotar al Congreso de mejores herramientas para supervisar, a nombre de la ciudadanía, el desempeño del gobierno y su apego al Plan Nacional de Desarrollo, así como fortalecer las capacidades institucionales de las comisiones legislativas para cumplir con las reformas a la Ley de Planeación del año 2012.

5. Por lo que en tales condiciones propone reformar el artículo 39, párrafo 3 de la Ley Orgánica, para vincular el trabajo de evaluación de las comisiones con la planeación democrática; reformar los artículos 157, 158 y 163 del Reglamento para vincular el trabajo de evaluación de las comisiones con la planeación democrática, en consonancia con las reformas de 2012 a la Ley de Planeación; y que cada comisión establezca sus propias variables de desempeño.

6. Con lo anterior, la proponente refiere se alcanzarán beneficios tales como contar con mejores capacidades de vigilancia por parte del Congreso de la Unión frente al Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en cuanto a escenarios prospectivos; contar con comisiones más profesionalizadas en cuanto a sus procesos y metodologías y que se realicen decisiones con mayor peso ante la opinión pública, fortaleciendo la imagen institucional del órgano legislativo.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Analizada la propuesta, se pone de manifiesto que la misma atiende un problema en específico, que de acuerdo a la proponente es precisamente que se carece de herramientas y procedimientos para que el Congreso de la Unión vigile el cumplimiento de la Ley de Planeación.

3. En tal sentido, como bien menciona la proponente, es importante que el Congreso tenga herramientas para supervisar, a nombre de la ciudadanía, el desempeño del gobierno y su apego al Plan Nacional de Desarrollo y con ello ejerza sus responsabilidades con la mayor eficacia posible.

4. Es de observar como bien plantea la diputada que Constitucionalmente, en forma concreta en el artículo 26, apartado A, párrafo cuarto, se señala que en el Sistema de Planeación Democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley, de lo cual se desprende que será a través de una norma secundaria donde se establezcan las funciones del Congreso de la Unión en materia de planeación.

5. Tomando en cuenta lo mencionado en el apartado anterior, el objeto de la Ley de Planeación es el siguiente:

“I.Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal;

II.Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática;

III.Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y

V.Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas”.

Es decir, este ordenamiento sienta las bases en que se regirá el Sistema de Planeación Democrática y en el cual se estatuye, particularmente en los artículos 5, 6, 7 y 8, la relación y el papel que en el marco de tal sistema desempeñará el Congreso de la Unión, tal y como es realizar el examen y opinar sobre el Plan Nacional de Desarrollo, recibir el informe de las acciones y resultados de su ejecución, en la cual se incluirá el contenido de las Cuentas Anuales de la Hacienda Pública Federal y del Gobierno del Distrito Federal, además de imponer a los Secretarios de Estado el deber de dar cuenta al Congreso del avance y grado de cumplimiento, así como el desarrollo, resultados y relación de sus facultades o funciones con la planeación nacional.

6. En tales circunstancias el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamenta la relación del Congreso de la Unión en el Sistema de Planeación Democrática y a la Ley de Planeación, regula específicamente cual será esa función, pero no contempla expresamente lo concerniente a ello en la Ley Orgánica del Congreso General ni en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

7. Por la razón anterior, la presente propuesta tiene por objeto reformar el artículo 39 párrafo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para vincular el trabajo de evaluación de las comisiones con la planeación democrática.

En el mismo sentido, la propuesta de reforma a los artículos 157, 158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vincula el trabajo de evaluación de las comisiones con la planeación democrática, armonizándose a las disposiciones reformadas en 2012 de la Ley de Planeación.

8. Así también, la reforma referida permitirá establecer de manera más específica las atribuciones de las comisiones legislativas en la función de control evaluatorio, el dar seguimiento al desempeño del Ejecutivo en materia de planeación democrática, lo anterior con base en indicadores de desempeño, así como realizar el análisis del informe que el Ejecutivo remite a la Comisión Permanente sobre las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, todo ello bajo un marco de legítima representación de la ciudadanía.

9. Por lo anteriormente analizado respecto al planteamiento de la proponente y con base en las consideraciones expresadas, la comisión considera pertinente dictaminar la propuesta en sentido positivo.

10. Finalmente, esta comisión considera oportuno ajustar en su redacción el proyecto de articulado propuesto en la iniciativa, a efecto que quede debidamente estructurado en términos de claridad de la norma, en la parte correspondiente a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma se hará lo propio con las propuestas de reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados, no obstante, en términos de la técnica legislativa y jurídica, y considerando que dicho instrumento legal se sujeta a un proceso legislativo unicameral, es que dichas modificaciones se avalarán en un dictamen por separado.

Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. y 2. ...

3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 26, apartado A, párrafo cuarto y 93, párrafo primero de la Constitución, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión ordinaria del día 20 del mes de junio de 2013.

La Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica en contra), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De Conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 157, 158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, fracción II, 82, numeral 1, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

En la sesión del 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 157, 158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM), y determinó turnarla para dictamen a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3732-V, el miércoles 20 de marzo de 2013.

El 24 de abril del año en curso, en reunión ordinaria de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, acudió la diputada proponente, quien expuso y explicó el sentido de su iniciativa ante los integrantes de la citada comisión, de acuerdo con el artículo 177, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por la diputada Ruth Zavaleta Salgado, propone modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de fortalecer las capacidades institucionales del honorable Congreso de la Unión para dar seguimiento y evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

En la exposición de motivos de la iniciativa, tanto en el cuerpo del texto como en la exposición que realizara ante esta comisión dictaminadora destaca la importancia de contar con instrumentos que permitan planear políticas, señalando que la democracia no implica solamente participación del mayor número de actores posibles, sino también la existencia de instituciones que permitan el seguimiento eficaz de las políticas para su evaluación y control.

3. Igualmente, señala que a partir de 2012 la Ley de Planeación establece un esquema de corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión, donde el segundo debe vigilar constantemente el cumplimiento de esta ley.

4. Por lo anterior, hace hincapié en la importancia de dotar al Congreso de mejores herramientas para supervisar, a nombre de la ciudadanía, el desempeño del gobierno y su apego al Plan Nacional de Desarrollo, así como fortalecer las capacidades institucionales de las comisiones legislativas para cumplir con las reformas a la Ley de Planeación de 2012.

5. Por lo que en tales condiciones propone reformar el artículo 39, párrafo 3 de la Ley Orgánica, para vincular el trabajo de evaluación de las comisiones con la planeación democrática; reformar los artículos 157, 158 y 163 del Reglamento para vincular el trabajo de evaluación de las comisiones con la planeación democrática, en consonancia con las reformas de 2012 a la Ley de Planeación; y que cada comisión establezca sus propias variables de desempeño.

6. Con lo anterior, la proponente refiere se alcanzarán beneficios tales como contar con mejores capacidades de vigilancia por parte del Congreso de la Unión frente al Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en cuanto a escenarios prospectivos; contar con comisiones más profesionalizadas en cuanto a sus procesos y metodologías y que se realicen decisiones con mayor peso ante la opinión pública, fortaleciendo la imagen institucional del órgano legislativo.

Consideraciones.

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Analizada la propuesta se pone de manifiesto que la misma atiende un problema en específico, que de acuerdo a la proponente es precisamente que se carece de herramientas y procedimientos para que el Congreso de la Unión vigile el cumplimiento de la Ley de Planeación.

3. En tal sentido, como bien menciona la proponente, es importante que el Congreso tenga herramientas para supervisar, a nombre de la ciudadanía, el desempeño del gobierno y su apego al Plan Nacional de Desarrollo y con ello ejerza sus responsabilidades con la mayor eficacia posible.

4. Es de observar como bien plantea la diputada que Constitucionalmente, en forma concreta en el artículo 26, Apartado A, párrafo cuarto, se señala que en el Sistema de Planeación Democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley, de lo cual se desprende que será a través de una norma secundaria donde se establezcan las funciones del Congreso de la Unión en materia de planeación.

5. Tomando en cuenta lo mencionado en el apartado anterior, el objeto de la Ley de Planeación es el siguiente:

I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal;

II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática;

III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del plan y los programas a que se refiere esta ley, y

V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas.

Es decir, este ordenamiento sienta las bases en que se regirá el Sistema de Planeación Democrática y en el cual se estatuye particularmente en los artículos 5, 6, 7 y 8, la relación y el papel que en el marco de tal sistema desempeñará el Congreso de la Unión, tal y como es realizar el examen y opinar sobre el Plan Nacional de Desarrollo, recibir el informe de las acciones y resultados de su ejecución, en la cual se incluirá el contenido de las Cuentas Anuales de la Hacienda Pública Federal y del Gobierno del Distrito Federal, además de imponer a los Secretarios de Estado el deber de dar cuenta al Congreso del avance y grado de cumplimiento, así como el desarrollo, resultados y relación de sus facultades o funciones con la planeación nacional.

6. En tales circunstancias el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamenta la relación del Congreso de la Unión en el Sistema de Planeación Democrática y a la Ley de Planeación, regula específicamente cual será esa función, pero no contempla expresamente lo concerniente a ello en la Ley Orgánica del Congreso General ni en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

7. Por tal razón, la presente propuesta tiene por objeto reformar los artículos 157, 158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados para vincular el trabajo de evaluación de las comisiones con la planeación democrática, todo esto en un plano de armonizar las disposiciones reformadas en 2012 a la Ley de Planeación, lo anterior en concordancia con la reforma al artículo 39, párrafo 3 de la Ley Orgánica, por medio de la cual se vincula el trabajo de evaluación de las comisiones con la planeación democrática, propuesta al Pleno en dictamen por separado.

8. Así también, la reforma referida permitirá establecer de manera más específica las atribuciones de las comisiones legislativas en la función de control evaluatorio, el dar seguimiento al desempeño del Ejecutivo en materia de planeación democrática, lo anterior con base en indicadores de desempeño, así como realizar el análisis del informe que el Ejecutivo remite a la Comisión Permanente sobre las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, todo ello bajo un marco de legítima representación de la ciudadanía.

9. Resulta igualmente importante que en la presente propuesta se aborde lo relativo a que las comisiones para su desempeño podrán establecer sus directrices y consensarlas.

10. Por lo anteriormente analizado respecto al planteamiento de la proponente y con base en las consideraciones expresadas, la Comisión considera pertinente dictaminar la propuesta en sentido positivo.

11. No obstante lo anterior, esta Comisión considera oportuno modificar en su redacción el proyecto de decreto a efecto que quede debidamente estructurado conforme a la técnica legislativa y darle mayor claridad a la norma.

12. Por ello respecto a las reformas al Reglamento de la Cámara de Diputados y toda vez que versan sobre la misma acción (control evaluatorio), la reforma al artículo 157 quedará en la fracción III vigente, sin que se recorran las subsecuentes fracciones.

13. Del mismo modo, respecto a la modificación del artículo 163, no se considera procedente realizarlo, toda vez que el propósito de la reforma es que en este se señale en su numeral 1, al artículo 26, apartado A, párrafo cuarto Constitucional. Sin embargo, de la redacción de este artículo podemos observar que se refiere a los requisitos que debe observar la revisión y análisis del informe del estado que guarda la Administración Pública Federal por parte del Titular del Poder Ejecutivo Federal, motivo por el cual en las fracciones I y II que conforman este precepto se establece claramente la alusión a las cuestiones relativas al Plan Nacional de Desarrollo, lo que incluso se encuentra engarzado a las disposiciones relativas en la Ley de Planeación (artículo 6), por lo tanto se considera que la norma ya abarca esta circunstancia y que precisamente las fracciones I y II del citado artículo 163 del Reglamento, establecen las herramientas o condiciones a que se refiere en su planteamiento la diputada proponente.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo Único. Se reforma el artículo 157, numeral 1, fracción III y se adiciona una fracción VII, recorriéndose en su orden las subsecuentes, al artículo 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 157.

1. ...

I. y II. ...

III. De control evaluatorio, conforme a los artículos 26, Apartado A, párrafo cuarto, con base en indicadores de desempeño, y 93 de la Constitución;

IV. y V. ...

Artículo 158.

1. ...

I. a VI. ...

VII. Realizar el análisis del informe que el Ejecutivo remite a la Comisión Permanente sobre las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, previsto en el numeral A del artículo 26 de la Constitución, con base en indicadores de desempeño;

VIII. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las comisiones ordinarias tendrán un plazo de seis meses a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente decreto, para definir y consensar sus variables de desempeño.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su reunión ordinaria del jueves 20 de junio de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez, Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica en contra), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De Conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XL y se adiciona una nueva fracción XLI, recorriendo la actual, al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71, 72, inciso a), y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 80, 81, numeral 1, 82, 84, 85, 86, 87, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el veinte de diciembre de dos mil doce, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma la fracción XLI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objeto de armonizar las funciones con la Ley General de Cambio Climático de promulgación reciente.

2. En esa misma fecha, veinte de diciembre de dos mil doce, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa referida fuera turnada a la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En sesión del veinticuatro de abril de dos mil trece, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión del veintinueve de abril de dos mil trece, el Pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta de la Cámara de Senadores, instruyéndose el turno correspondiente a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen.

5. El doce de septiembre de dos mil trece, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta proyecto de decreto tiene como antecedente la iniciativa de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que reforma la fracción XL y se adiciona una nueva fracción XLI, recorriendo la actual, al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con la iniciadora, los estudios de distintos especialistas han informado de la alta vulnerabilidad de nuestro país por los efectos derivados del cambio climático. Afirma que la Estrategia Nacional del Cambio Climático prevé estos impactos como factores que hacen retroceder el desarrollo socioeconómico en las regiones afectadas, además de la degradación de los suelos y el incremento de la severidad de las sequías por lo que hay efectos ya sensibles sobre distintas poblaciones de nuestro país imperando la incertidumbre sobre la frecuencia, intensidad y distribución del impacto de los efectos del cambio climático.

Debido a estos efectos nacionales y mundiales, la proponente señala que en nuestro país se dieron los pasos para la creación de un marco normativo para regular las acciones tendientes a la mitigación de los efectos del cambio climático. Señala que en 2009 se iniciaron los trabajos para la expedición de la Ley General de Cambio Climático; no obstante, quedaron pendientes las acciones que hagan posible la congruencia de un “buen número de leyes federales” para hacer cumplir los preceptos de este nuevo ordenamiento.

En este sentido, propone la reforma ya mencionada al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin de elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores, las políticas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático.

Expuestos los antecedentes y el contenido de la minuta, los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación fundan el presente dictamen a tenor de las siguientes

Consideraciones

a) En lo general

1. Esta comisión coincide con los argumentos esgrimidos por la colegisladora al afirmar que la iniciativa que dio origen al dictamen reconoció “la necesidad de dar congruencia y sistematización entre la Ley General de Cambio Climático con otros ordenamientos a fin de otorgar, en este caso, facultades explícitas para la participación de diversas dependencias en las acciones directas y de coordinación entre las mismas.

Con la aprobación de esta reforma se garantiza el principio de legalidad previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se cumplimenta el objeto de la ley mencionada.

Se coincide con la proponente en la necesidad de dar congruencia y sistematización al orden jurídico nacional tanto en este tema como en otros en los que son necesarias las reformas y adecuaciones a los distintos ordenamientos relacionados con la mitigación de los efectos del cambio climático.

Por último estas codictaminadoras en uso de sus facultades adecuaron la propuesta de la iniciante a fin de adecuarla a la redacción del segundo párrafo del artículo 45 de la Ley General de Cambio Climático”.

2. En este sentido, la Cámara revisora señala otras consideraciones que sirven para la fundamentación y motivación necesarias en el proceso legislativo a fin de conocer la problemática derivada del fenómeno del cambio climático y cómo, en nuestro país, se siguen trazando las políticas derivadas con el fin de dar cumplimiento a la legislación nacional y a los compromisos adquiridos en diversos tratados internacionales de los que México es parte.

b) En lo particular

Los efectos del cambio climático han despertado la preocupación de Estados nacionales y los organismos internacionales durante los últimos años. La investigación científica ha llegado a la conclusión de que las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera; tal aumento incrementó el efecto invernadero natural de nuestro planeta dando como resultado un calentamiento adicional de la superficie y de la atmósfera que afecten, de manera adversa, a los ecosistemas naturales y a la humanidad entera.

Efectivamente, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, éste es definido como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.

El aumento de los gases de efecto invernadero han provocado la aparición de nuevas epidemias, de enfermedades infecciosas, inundaciones en zonas costeras, deshielo de los casquetes polares, extinción de especies animales y vegetales, aumento de las sequías, la formación de súper huracanes con efectos sumamente destructivos para la población y el incremento de la temperatura de la Tierra, de entre 3 a 5 grados.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estima que los países más vulnerables ante el fenómeno son aquéllos de baja altitud y otras naciones insulares pequeñas, los que tienes zonas costeras bajas, áridas y semiáridas; los países expuestos a inundaciones, sequía y desertificación y los países en desarrollo con ecosistemas montañosos frágiles.

Si bien los especialistas estiman que los efectos del cambio climático son irreversibles, se mantiene la esperanza de que cada nación de la Tierra adopte medidas urgentes que sean un paliativo antes estos eventos que podrían resultar catastróficos para el futuro de la humanidad.

Las evidencias sobre los efectos del cambio climático han hecho que nuestro país haya tomado medidas urgentes para contrarrestar los efectos del fenómeno en el territorio nacional. En este sentido, dado que México firmó y ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas y el Protocolo de Kyoto, publicados el 7 de mayo de 1993 y el 24 de noviembre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, se conformó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático cuyo decreto de creación se publicó el 25 de abril de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.

Efectivamente, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, de carácter permanente, tiene por objeto coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco en la materia y demás instrumentos derivados de la misma. La Comisión Intersecretarial se integró por los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía, Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Comunicaciones y Transportes.

8. Por otro lado, y con el fin de que México cumpla con las obligaciones contraídas por la firma de los Tratados y Convenios Internacionales en la materia, se ha advertido sobre la degradación del medio ambiente, estableciendo la política específica para prevenir y combatir los efectos del cambio climático y la depredación de los recursos naturales, como lo establece el Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018:

Durante la última década, los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se han intensificado. Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de 5,000 muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000 millones de pesos.

El mundo comienza a reducir la dependencia que tiene de los combustibles fósiles con el impulso del uso de fuentes de energía alternativas, lo que ha fomentado la innovación y el mercado de tecnologías, tanto en el campo de la energía como en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Hoy, existe un reconocimiento por parte de la sociedad acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, son un elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la población.

En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad. No obstante, el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9 por ciento del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ello implica retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos, a la vez asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar: i) el 12 por ciento de la superficie nacional está designada como área protegida, sin embargo 62 por ciento de estas áreas no cuentan con programas de administración; ii) cerca de 60 millones de personas viven en localidades que se abastecen en alguno de los 101 acuíferos sobreexplotados del país; iii) se debe incrementar el tratamiento del agua residual colectada en México más allá del 47.5 por ciento actual; iv) la producción forestal maderable del país es menor al 1 por ciento del PIB; v) para proteger los ecosistemas marinos se debe promover el desarrollo turístico y la pesca de manera sustentable; y vi) se debe incentivar la separación de residuos para facilitar su aprovechamiento (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 IV. México Próspero, IV.1 Diagnóstico: existe la oportunidad de que seamos productivos, Desarrollo Sustentable, p. 77)

8. Por otro lado, nuestro sistema jurídico cuenta con las disposiciones legales específicas para el cuidado del medio ambiente en la República, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada el 28 de enero de 1988 en el Diario Oficial de la Federación, la cual es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

9. A mayor abundamiento, el artículo 1o. de la Ley en comento determina los objetivos de la misma con el fin de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente y la prevención y el control de las acciones que propicien la degradación de los ecosistemas del país, como señala a continuación:

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

II....

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

IV.La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

V. a VI....

VII. a X....

10. El artículo 2o del mismo ordenamiento considera como utilidad pública el establecimiento, protección y preservación de áreas naturales mismas que, de acuerdo al artículo 44 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente son aquéllas consideradas como:

Artículo 44. Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.

9. El 6 de junio de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cambio Climático siendo de observancia en todo el territorio, distribuyendo las competencias a la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal distintas acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático con el fin de que los habitantes de la República le sean garantizados sus derechos a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

10. Esta misma legislación, además, creó al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Como tal, el INECC coordina y realiza los estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, además realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al cambio climático, y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo, entre otras competencias.

11. De igual forma, el artículo 45 de este ordenamiento establece a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático como el órgano de carácter permanente integrado por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores; los titulares de dichos organismos de la Administración Pública Federal, de acuerdo con el segundo párrafo del mencionado precepto, deberá designar a una de sus unidades administrativas, por lo menos a nivel de dirección general, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la Comisión, lo que es coincidente con los propósitos del proyecto de decreto remitido a esta Colegisladora, por lo que es viable aprobar la adición de una fracción XLII al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo anterior expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente Decreto que adiciona una fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único.  Se adiciona una fracción XLI, recorriendo la actual en su orden al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis. ...

I. a XXXIX. ...

XL. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente ;

XLI. Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático; y

XLII.Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de septiembre de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando González de las Fuentes Hernández (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión en lo general y en lo particular. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el tema que hoy traemos a discusión es muy importante para los mexicanos y para todos toda su población en general.

Hablamos del cambio climático como una consecuencia sufrida por todas las regiones, no solo del país, sino del mundo. Hemos podido ver cómo el clima en nuestro territorio ha ido cambiando, cómo cada vez las épocas de calor son más fuertes, cómo cada vez las épocas de lluvia son más prolongadas y con precipitaciones cada vez mayores, cómo Guerrero, Oaxaca, Chiapas o 21 estados de la República hoy fueron devastados por dos tormentas tropicales que han sido originadas por el cambio climático.

Pero esto ha venido sucediendo a lo largo del tiempo y tenemos ejemplos: en Chiapas, como lo que sucedió en la región de Valdivia, en el municipio de Pijijiapan, o como lo que sucedió en la época del Stan o las diferentes inundaciones con los huracanes que han azotado a la península de Yucatán. Todo ello por las consecuencias del cambio climático.

En virtud de ello, la iniciativa que hoy se propone, que hoy se promueve, tiene como objeto modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de que todas aquellas políticas públicas en materia de cambio climático tengan una cabeza, para que en base a esta cabeza pueda haber una coordinación, una coordinación que dé un rumbo fijo, un rumbo cierto a las políticas públicas que la administración pública federal lleve para combatir el cambio climático.

Es así como el día de hoy vemos que sea la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales quien pueda llevar a cabo esta coordinación para que secretarías o dependencias como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo —entre otras— se coordinen y se dé un rumbo claro a estas políticas que van a redundar en un beneficio de toda la comunidad, de toda la sociedad.

Estamos hablando de aquellas acciones encaminadas a mitigar y combatir el cambio climático. Un efecto que ya nos está pegando hoy en día y que esperemos que con estas modificaciones a la ley, con estas facultades nuevas de coordinación que se le dan a la Secretaría de Medio Ambiente —y que con ello se pone en concordancia con la ley— para mitigar y evitar el cambio climático podamos llegar a tener si bien no acciones que eviten los daños, sí que poco a poco vayan mitigándolos y que México sea un ejemplo en el combate a este mal que está flagelando a la humanidad.

El Partido Verde Ecologista de México vota a favor de esta reforma por la trascendencia que tiene en materia ambiental. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado, don Carlos Octavio Castellanos Mijares. Tiene el uso de la palabra, el diputado Luis Antonio González Roldán, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el tema que nos ocupa constituye un aspecto fundamental que afecta numerosas áreas en la vida de los ciudadanos, desde su misma integridad física hasta sus condiciones de bienestar y capacidad de contar con un entorno productivo y seguro.

Nuestra Constitución Política federal dispone, en su artículo 4o., integrado al capítulo De los derechos humanos y sus garantías, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.

Este precepto impone la obligación de dirigir de manera eficiente las acciones de gobierno al propósito de realizar de manera efectiva la protección de un ambiente sano para todos los habitantes de nuestra nación.

Es conocido el deterioro ambiental que afecta de manera determinante desde hace escasas décadas a nuestro planeta, deterioro producido en importante medida por la obra humana. Esta afectación adquiere matices distintos en localidades distintas, nuestro país enfrenta con una diversidad física amplia y enfrentará en corto plazo desafíos importantes producidos por fenómenos y condiciones naturales previsibles o intempestivas que incidan de manera grave en nuestra población.

Hace unas cuantas semanas fuimos testigos de la acción devastadora de dos fenómenos meteorológicos sobre nuestro país, coincidentes de manera extraordinaria y sobre los cuales las acciones preventivas de los distintos órdenes de gobierno resultaron insuficientes para mitigar los efectos de daños previos al momento o posteriores de dichos fenómenos.

El cambio climático se ha convertido en tema prioritario en la agenda internacional habiéndose celebrado numerosos e importantes foros al respecto, siendo relevante el Protocolo de Kioto, firmado y ratificado por nuestro país.

En lo interno igualmente se han realizado importantes acciones de gobierno, como son la conformación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en 2005 y en el ámbito legislativo este honorable Congreso de la Unión tuvo a bien emitir, en junio de 2012, la Ley General de Cambio Climático.

Es precisamente la Ley General de Cambio Climático, en su artículo 45, la que establece con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, presidida por el Ejecutivo federal, quien puede delegar alternativamente dicho cargo en los titulares de la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al efecto, Nueva Alianza expresa su conformidad con la iniciativa, al coincidir en que proporciona una necesaria armonía e integración normativa a los recursos estatales, como lo define la adición al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del proyecto, estableciendo como atribución específica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales —y no de alguna u otra dependencia— el diseño, la operación y la coordinación de las políticas públicas que establece la Ley General del Cambio Climático.

En tal sentido, la coincidencia de dependencias vinculadas a la materia, entre las señaladas en el citado artículo 45 de la ley antes referida y las comprendidas en la fracción 41 del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que propone el proyecto, consideramos que permitirá a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales una efectiva ordenación y dirección de las acciones interdisciplinarias, llevadas a cabo para una más eficiente y oportuna aplicación de las políticas y decisiones en la presente materia, contando con el sustento de la coordinación entre los preceptos particulares de ambos cuerpos legislativos.

De este modo, es nuestra opinión que la iniciativa propuesta permitirá dar cumplimiento a los principios que deben observarse en la formulación de la política nacional de cambio climático, previstos en el artículo 26 de la ley de la materia, en específico la integridad y transversalidad en la coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno, por cuanto respecta a las dependencias que involucra la reforma en cuestión.

Consideramos que la reforma permitirá un mejor, eficiente y oportuno diseño y aplicación de las acciones en materia de cambio climático, fundamentalmente las de carácter preventivo, toda vez que por la magnitud de los fenómenos naturales es menester fortalecer las acciones previas a cualquier evento de daño, por lo que será importante incrementar la investigación, detección oportuna e información de dichos eventos.

Nueva Alianza asume entre sus principios básicos el cuidado, la protección, preservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tarea que comparten gobierno y ciudadanos y en las que se compromete no solo a las actuales, sino a las futuras generaciones.

Por tal motivo, en Nueva Alianza con beneplácito estableceremos nuestro voto a favor de la iniciativa en comento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Luis Antonio González Roldán.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura de derecho de la Universidad La Salle, campus Saltillo. Asimismo saludamos y damos la más cordial bienvenida a alumnos de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, del municipio de Naucalpan, estado de México, invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Merilyn Gómez Pozos:Gracias, presidente. El planeta se encuentra en un proceso acelerado de pérdida de bosques y vegetación. Se calcula que México ha perdido por lo menos la mitad de sus bosques desde la época colonial hasta nuestros días.

Ocupamos el segundo lugar en América Latina en destrucción forestal, ya que según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nuestro país ha talado 6.3 millones de hectáreas de sus bosques.

Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han dejado cinco mil muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos. Aún tenemos muy frescas las graves consecuencias de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Naciones Unidas ha impulsado la creación de la llamada Conversión Marco para el Cambio Climático, en la cual los países establecen acuerdos, tratados, protocolos para combatir el posible cambio climático futuro.

Mediante lo anterior, se busca que los países se comprometan a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, realicen procesos industriales con más eficiencia y limpieza, así como detener la destrucción irracional de los bosques, preservar y extender la cubierta vegetal en todo el planeta.

No se busca detener la producción industrial ni tampoco impedir que los grupos humanos que viven en los bosques se queden desamparados o tengan que emigrar. Lo que se espera es apoyar un desarrollo social más armónico con el medio ambiente. Éste es un buen objetivo, independientemente de que se presente o no el cambio climático global en 50, 100 o más años.

Debemos profundizar los estudios y las acciones para reducir nuestras emisiones, preservar y aumentar nuestras zonas verdes y limitar la quema innecesaria de combustibles.

Necesitamos aumentar nuestra capacidad de prevención y acción entre los desastres climáticos. Los llamados desastres naturales no son tan naturales, hace falta el descuido, la desorganización o la indiferencia social para que esos eventos se conviertan en desastres.

En Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen para armonizar las leyes. Que se puedan realizar los cambios necesarios para que se aplique la ley a un cambio climático. Ésta obligará al gobierno en no permitir la tala indiscriminada, la venta de playas para uso particular, la contaminación de residuos de fábricas y un sinnúmero de políticas que afectan al medio ambiente. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Merilyn Gómez Pozos. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Manuel Arias Pallares, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene por objeto armonizar las funciones con la Ley General de Cambio Climático y con otros ordenamientos, a fin de otorgar facultades explícitas para la participación de diversas dependencias en las acciones directas y de coordinación entre las mismas.

Los efectos del cambio climático han despertado la preocupación de Estados nacionales y los organismos internacionales durante los últimos años. La investigación científica ha llegado a la conclusión de que las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Tal aumento incrementó el efecto invernadero natural de nuestro planeta, dando como resultado un calentamiento adicional de la superficie y de la atmósfera que afectan de manera adversa a los ecosistemas naturales y a la humanidad entera.

El aumento de los gases de efecto invernadero han provocado la aparición de nuevas epidemias, de enfermedades infecciosas, inundaciones en zonas costeras, deshielo de los casquetes polares, extinción de especies animales y vegetales, aumento de las sequías, la formación de súper huracanes con efectos sumamente destructivos para la población y el incremento de la temperatura de la tierra de 3 a 5 grados.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estima que los países más vulnerables ante el fenómeno son aquellos de baja latitud y otras naciones insulares pequeñas, los que tienen zonas costeras bajas, áridas y semiáridas, los países expuestos a inundaciones, sequías y desertificación, y los países en desarrollo con ecosistemas montañosos frágiles.

Si bien los especialistas estiman que los efectos del cambio climático son irreversibles, se mantiene la esperanza de que cada nación de la Tierra adopte medidas urgentes que sean un paliativo ante estos eventos que podrían resultar catastróficos para el futuro de la humanidad.

Durante la última década, los efectos del cambio climático y la degradación ambiental han intensificado las sequías, inundaciones y ciclones. Entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de cinco mil muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos.

Por otro lado, nuestro sistema jurídico cuenta con las disposiciones legales específicas para el cuidado del medio ambiente, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada el 28 de enero de 1988 en el Diario Oficial de la Federación, la cual es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que las naciones ejercen su soberanía y jurisdicción.

Es por ello que en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos a favor con el espíritu de la reforma que se propone, a fin de que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud, de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Turismo, de Desarrollo Social, de Gobernación, de Marina, de Energía, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores elaboren y apliquen de forma coordinada las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático. Seamos responsables, cuidemos nuestro medio ambiente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Luis Manuel Arias Pallares. Tiene el uso de la palabra el diputado José Alejandro Llanas Alba, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Alejandro Llanas Alba:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el mandato que nuestra Norma Fundamental establece en el artículo 4o. dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado debe garantizar el respeto a este derecho.

En lo particular, como representantes de la sociedad estamos obligados a cumplir y a hacer que se cumpla, redoblando esfuerzos para crear disposiciones jurídicas que protejan el derecho de todas y todos los mexicanos a desarrollarse en un ambiente sano.

Es nuestro deber asegurar a todas y todos los mexicanos su derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, ya que éste es uno de los pilares fundamentales en el que descansa el ejercicio de todos los derechos humanos. De ahí que en los últimos años se hayan aprobado importantes reformas en materia de protección del ambiente.

Basta señalar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General del Cambio Climático. Es precisamente esta última, que tiene el objeto de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y a establecer la concurrencia de facultades de la federación en las entidades federativas, como los municipios, en la evaluación y aplicación de políticas públicas para la adaptación del cambio climático.

Para ello es que se otorgaron facultades, principalmente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para llevar a cabo la coordinación necesaria con todo el soporte administrativo de las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Derivado de todo lo anterior, consideramos oportuna la aprobación del dictamen que ahora se somete a nuestra consideración y al otorgarle expresamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la facultad y aplicar las políticas encomendadas al cumplimiento de las acciones y que se armonice dicha legislación con el ordenamiento jurídico aplicable a las dependencias de la administración pública federal.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario aprobará este dictamen. Es éticamente obligatoria la protección de este medio ambiente para garantizar que las futuras generaciones tengan la misma oportunidad de disfrutar de una vida plena, como el deber de todas estas generaciones que procrean. Es cuanto, señor presidente, con su permiso.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don José Alejando Llanas Alba.

Finalmente, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge del Ángel Acosta, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jorge del Ángel Acosta:Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el cambio climático y sus consecuencias, entre las que se encuentran los diversos desastres naturales que azotan al país año con año, tales como inundaciones y sequías, los cuales han afectado a miles de personas, dejando tras de sí centenares de muertos y damnificados, nos han llevado a otorgar al cuidado y protección de nuestro ecosistema un lugar importante de la agenda nacional.

Lo anterior ha llevado al Estado mexicano a suscribir diversos instrumentos internacionales en materia de cambio climático, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, documentos ambos que comprometen a la comunidad internacional en la solución de los problemas derivados de este fenómeno, el cual es —sin lugar a dudas— uno de los más grandes retos a los que se ha enfrentado nuestra especie, ya que de su resolución depende nuestra viabilidad.

La suscripción de tales acuerdos de voluntad trajo consigo la adecuación de nuestro marco jurídico interno, lo que derivó no solo en la creación de medidas dirigidas a mitigar los efectos del cambio climático, sino a la creación de instituciones, que lejos de ser entidades burocráticas que abultan el gasto público constituyen verdaderos centros de conocimiento y generadores de políticas públicas.

Tal es el caso del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el cual coordina y realiza los estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, además de realizar análisis de prospectiva sectorial y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al cambio climático y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo, entre otras facultades.

La proyección de los compromisos adquiridos en el seno de las Naciones Unidas también trajo consigo la creación de una instancia encargada de coordinar a las dependencias y entidades de la administración pública federal, para que en el ámbito de sus competencias prevengan y mitiguen los gases de efecto invernadero, así como la promoción del desarrollo de programas y estrategias de acción climática. Nos referimos a la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático.

Es bajo este proceso de armonización que se vuelve necesaria la reforma que ahora se sujeta a nuestra consideración, y a lo cual el Grupo Parlamentario del PRI otorgará su voto favorable, toda vez que alinea a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a lo mandatado por la Ley General de Cambio Climático promulgada el 6 de junio de 2012, así como por tratados internacionales en los que México es parte.

La necesidad que se tiene de resolver los problemas derivados de las consecuencias del cambio climático obligan a la acción conjunta del aparato gubernamental federal y tal necesidad se ve colmada a un nivel normativo en las modificaciones que ahora nos aprestamos a votar.

El ex vicepresidente de los Estados Unidos de América y Premio Nobel de la Paz 2007, Albert Gore, señaló en su documental Una verdad incómoda —palabras más, palabras menos— que el destino de nuestra especie no es el de la extinción. Si bien es cierto el cambio climático representa el mayor reto para nuestra supervivencia, no podemos dejar de lado que la humanidad nunca había tenido tanto conocimiento sobre su entorno ni tanta tecnología para resolver un problema de esta magnitud, por lo que aún queda mucho espacio para el optimismo. Trabajemos para que tal estado de ánimo permanezca vigente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Jorge del Ángel Acosta.

Sonido en la curul del diputado Orihuela. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Con el objeto de que esta Cámara de Diputados no sea candil de la calle. Estamos a favor de que se reforme para que haya una coordinación única del Estado mexicano, dado el gran desorden que tienen con respecto a los programas orientados a mitigar y reducir las emisiones a la atmósfera. Estamos totalmente de acuerdo, porque es un total desastre el Estado mexicano en esa materia. Pero esta Cámara de Diputados debe dar ejemplo de que aquí podemos reducir las emisiones a la atmósfera, podemos mitigar los efectos del cambio climático.

Por eso quiero solicitar, instar, exhortar, apurar a la Junta de Coordinación Política y a esta administración de la Cámara de Diputados, para que a la brevedad establezcamos un programa de acción climática en esta Cámara de Diputados, para que no sigamos siendo eso: el mal ejemplo ante la sociedad de que abogamos por reducir las emisiones, y aquí en esta Cámara tenemos un gran efecto de invernadero, producto de esta gran huella de carbono que dejamos todos.

Así es que, presidente, por favor, quisiera que se tomara en cuenta. Aquí exhortamos a la Junta de Coordinación Política y a la administración para que a la brevedad establezcamos esas acciones aquí en la Cámara de Diputados.

Ya lo hemos discutido en las comisiones y ya llevamos más de un año de que se propuso esto y no hemos visto nada. Creemos que es una vergüenza que estemos aprobando esto y no tengamos nada que demostrar, ninguna acción a favor de demostrar que efectivamente estamos comprometidos con la protección y defensa del medio ambiente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Orihuela, quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda a varios invitados de diferentes estados de la República mexicana, invitados por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Señor presidente, se emitieron 436 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático

Dictamen que presenta la Comisión de Cambio Climático de la honorable Cámara de Diputados perteneciente a la LXII Legislatura respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cambio Climático con fundamento en artículo 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

– Qué en fecha 3 de julio de 2013, se present ó a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cambio Climático.

– Qué en la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados para su dictamen.

Contenido de la Iniciativa

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone modificar la Ley General de Cambio Climático en el artículo 7o., para concientizar a la población sobre las causas que originanel cambio climático.

La presente iniciativa hacer referencia a la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Educación y en los propósitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental.

Argumenta que la Educación Ambiental es fundamental para sensibilizar a la población no sólo sobre los efectos del cambio climático sino también por las causas que lo originan y que son ocasionadas por la actividad humana. Es por ello que propone la modificación del artículo 7o., en la fracción XI, de la Ley General de Cambio Climático (LGCC).

Consideraciones de la comisión

Honorable asamblea, esta Comisión de Cambio Climático coincide que debe de implementarse un enfoque preventivo para encarara las causas que dan origen a la alteración de la naturaleza por parte del hombre y que sirva de complemento a las disposiciones legales existentes así como a los esfuerzos de la población civil en la materia.

México es un actor con alto sentido de responsabilidad en temas de cambio climático, así lo demuestran sus compromisos adquiridos en el plano internacional con la firma de:

• Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985)

• Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono (1988)

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático(1992)

• Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático(1997)

Actualmente la sociedad demanda un mayor compromiso en la defensa de los recursos naturales así como contundentes acciones de los gobiernos para encarar las consecuencias negativas del cambio climático. Resulta imperativo no solo conocer los fenómenos actuales y las secuelas de la alteración ambiental provocada por la humanidad, además se deben de entender las razones que dan origen a tan funesta situación.

Para afrontar con efectividad al cambio climático, es necesario entender las razones que le dan origen y enfocarnos en medidas preventiva que involucren una colaboración conjunta entre sociedad y el gobierno, como lo son el desarrollo sustentable, hábitos de consumo responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

El tema del cambio climático es tópico central dentro de la cultura ambiental, el cual debe de ser inculcado a la niñez y juventud durante su instrucción académica. Es sembrar en los más jóvenes de la casa la semilla de la conciencia y el enfoque preventivo para que, al pasar de los años, sean ellos los encargados de liderar los esfuerzos de la defensa del medioambiente, valiéndose de las herramientas que en la escuela aprendieron y en el hogar aplicaron.

La introducción de la educación ambiental (EA) en la educación básica responde en lo establecido en el artículo 7o. de la Ley General de Educación (LGE) que determina:

XI.Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

La eadebe de ser fomentada en la enseñanza básica, en especial en nivel primaria y secundaria, para que los más jóvenes del hogar trasmitan sus conocimientos académicos a los integrantes de su familia. Asignaturas como Ciencias Naturales y Biología resultan idóneas para insertar en los planes de estudio las consecuencias y, especialmente, las causas que generan el cambio climático asegurándose así de cumplir con el mandato de la LGE.

La Ley General de Cambio Climático LGCC, confirma el esfuerzo y compromiso del Estado mexicano para encarar las negativas consecuencias del cambio climático. Dicho ordenamiento jurídico es motivo orgullo para todos los mexicanos y como toda normatividad, debe de ser objeto de constante análisis para adecuarla al contexto histórico-social donde se sitúe.

Al modificar el artículo 7o. de la LGCC, dicho ordenamientos se armonizará y otorgará apropiado respaldo jurídico a las disposiciones que de la Estrategia Nacional de Cambio Climático ENCC emanen. Es actuar en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno junto con la sociedad civil en aras encausar los diversos esfuerzos para obtener resultados contundentes.

La presente iniciativa está en concordancia con laENCC, presentada por el Ejecutivo federal, que establece como uno de  de los criterios de adaptación:

• La medida fomenta la adaptación planeada a partir de un enfoque preventivo y apuesta por la prevención más que por la reacción.

Es fundamental establecer un frente unido para encarar las consecuencias del cambio climático donde todos los esfuerzos actúen coordinadamente, no menos importante son las medidas preventivas. Conocer los efectos es vital para entender la realidad, pero realizar acciones para atacar las causas resulta más enriquecedor y certero.

Concebir las consecuencias del cambio climático es fácil, pues solo empeorará las condiciones de vida en el planeta, sin embargo diseñar estrategias viables en contra de dicha realidad es un arduo quehacer que exige conocer sus orígenes. Con este conocimiento, los esfuerzos en la materia rendirán mejores frutos.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora de cambio climático, sometemos a consideración de la asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único. Se reforma la fracción XI del artículo 7o., de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. a X. ...

XI.Promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima;

XII. a XXVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de septiembre del año 2013.

La Comisión de Cambio Climático, diputados:Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretaria; Verónica Carreón Cervantes, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García, Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, vengo en este acto, a nombre de la Comisión de Cambio Climático, a fundamentar el sentido del dictamen por el que se reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, bajo los siguientes términos.

Con fecha 3 de julio del presente año se turnó a la Comisión de Cambio Climático, para su dictaminación, la iniciativa presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, que proponía modificar la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, con el objeto de concientizar a la población sobre las causas que originan la variación del clima.

De igual manera, en dicha iniciativa se establece la importancia que representa la educación ambiental como pilar fundamental para sensibilizar a la población, no solo sobre los efectos del cambio climático sino también por las causas que lo originan y que son ocasionadas por la actividad humana, con la intención de que propicien la prevención y la eventual disminución de dichos efectos.

Los diputados que integramos la Comisión de Cambio Climático coincidimos en que debe implementarse un enfoque preventivo para encarar las causas que dan origen a la alteración de la naturaleza por parte del hombre y que sirva de complemento a las disposiciones legales existentes, así como a los esfuerzos de la población civil en la materia.

México es un actor con alto sentido de responsabilidad en el tema de cambio climático, así lo demuestran sus compromisos adquiridos en el plano internacional con la suscripción de diversos convenios y protocolos de los que México forma parte.

Actualmente la sociedad demanda un mayor compromiso en la defensa de los recursos naturales, así como contundentes acciones de los gobiernos para encarar las consecuencias negativas del cambio climático. Resulta imperativo no solo conocer los fenómenos actuales y las secuelas de la alteración ambiental provocada por la humanidad, además se deben entender las razones que dan el origen a tan funesta situación.

El tema de cambio climático es tópico central dentro de la cultura ambiental, el cual debe ser inculcado desde la niñez y la juventud durante su instrucción académica. Es sembrar en los más jóvenes de la casa la semilla de la conciencia y el enfoque preventivo, para que al pasar los años sean ellos los encargados de liderar los esfuerzos de la defensa del medio ambiente, valiéndose de las herramientas con las que aprendieron en la escuela y en el mismo hogar.

En este sentido, la Ley General de Cambio Climático confirma el esfuerzo y compromiso del Estado mexicano para encarar las negativas consecuencias del cambio climático. Dicho ordenamiento jurídico es motivo de orgullo para todos los mexicanos y como toda normatividad debe ser objeto de constante análisis para adecuarla al contexto histórico social desde donde se sitúe.

Al modificar la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático dicho ordenamiento se armonizará y se otorgará apropiado respaldo jurídico a las disposiciones que en la Estrategia Nacional de Cambio Climático sean emanadas. Es actuar en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno junto con la sociedad civil, en aras de encarar los diversos esfuerzos para obtener resultados contundentes.

Es por ello que resulta fundamental establecer un frente unido para encarar las consecuencias del cambio climático, donde todos los esfuerzos actúen coordinadamente, sin olvidarnos de atender las medidas preventivas.

Conocer los efectos es vital para entender la realidad, pero realizar acciones para atacar las causas resulta más enriquecedor y certero.

Concebir las consecuencias el cambio climático es fácil, pues basta con observar las devastadoras inundaciones, sequías, aumento de la temperatura, deshielo en los polos, incremento de los niveles del agua de los océanos, etcétera, para advertir las condiciones negativas de la vida de nuestro planeta. Sin embargo, diseñar estrategias viables en contra de dicha realidad es un arduo quehacer que exige conocer sus orígenes. En este conocimiento los esfuerzos en la materia rendirán mejores frutos.

En función de todo lo expuesto, con el dictamen que se presenta, los diputados que integramos la Comisión de Cambio Climático determinamos aprobar la iniciativa de referencia e invitamos a todos los legisladores a que con su voto a favor acortemos la distancia hacia la prevención y la concientización de la población respecto a las causas que ocasionan la variación del clima y con ello se permita el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos a través de un medio ambiente limpio y sano. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Ramón Antonio Sampayo Ortiz.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión. Tiene ahora el uso de la palabra, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, la diputada Cristina Olvera Barrios.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hace tiempo Víctor Hugo describió que primero fue civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales.

Sobre esta reflexión hecha hace más de 150 años debemos preguntarnos, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué grado de civilidad demostramos en nuestra relación con nuestro ambiente, que ha traído como consecuencia el cambio climático que a todos nos afecta? Y más importante aún, ¿podemos darle una respuesta satisfactoria a las próximas generaciones de mexicanas y mexicanos, sobre las acciones del cuidado del medio que nos rodea, del uso que hacemos de los recursos fósiles, del aire y de la tierra?

Actualmente el cambio climático, el deterioro ambiental y los daños a la vida que nos conlleva han cobrado importancia en diversos aspectos, que van desde lo social, lo económico y político, lo ambientalista, hasta el papel de la contribución de los ciudadanos para enfrentar esta situación entre otros. Es a partir de ello que actualmente se busca la manera de crear estrategias que permitan la coordinación y colaboración conjunta de diferentes sectores, organismos e instituciones, así como la consolidación de una cultura de respeto al medio ambiente que generan las condiciones necesarias para un mínimo bienestar en el presente y en el futuro.

Una de esas estrategias sociales de más peso e importancia para afianzar esta cultura es la educación en sus distintos niveles. Desde 1948 la Unesco acuñó el término de educación ambiental y ecológica a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A partir de entonces se han tratado de ejecutar las resoluciones acordadas en la Carta de Belgrado, que intentó proporcionar esta educación al mundo, a fin de proveer a cada persona la oportunidad de adquirir conocimientos, valores, actitudes y habilidades para proteger y mejorar el medio ambiente, así como criar nuevos patrones individuales y sociales de comportamiento en relación con el medio ambiente.

A casi 30 años de seguirse llevando a cabo conferencias a nivel internacional, en donde nuestro país ha desempeñado un papel distinguido, los efectos del cambio climático y los daños al medio ambiente que nos rodean siguen representando retos relevantes; retos que como legisladores debemos de contribuir a su atención.

En tal sentido, en Nueva Alianza estamos convencidos que para enfrentar estos retos de forma eficiente y pertinaz debemos potencializar a la educación y a la cultura, la vía más eficaz para difundir las causas y efectos del cambio climático.

Haciendo un uso adecuado de la educación y de la cultura estamos seguros que se podrá generar un cambio de actitud y afianzar los valores de respeto al entorno, a fin de dotar a nuestra nación de un futuro sustentable.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoya esta reforma a la Ley General de Cambio Climático, que no es menor. Al incluir entre las atribuciones de la federación el sensibilizar a la población sobre las causas de la variación del clima se está en el camino adecuado de formar ciudadanos informados, con conciencia ambiental y con capacidad, participación y exigencia en su ámbito, que a todo mundo nos afecta.

Invito a todos los compañeros a cuidar el medio ambiente. Es una situación que nos perjudica y nos afecta a todos los mexicanos y hay que darle una solución a nuestras generaciones, que son las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente y muchas gracias, compañeros legisladores.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Cristina Olvera Barrios. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, de las preocupaciones de la comunidad internacional es precisamente el cambio climático y que a pesar de los esfuerzos de haber celebrado distintos instrumentos internacionales en el momento actual se ha logrado algo, pero falta mucho todavía por hacer.

En múltiples ocasiones nos hemos percatado de que las opiniones de diversos especialistas en materia de medio ambiente se refieren al cambio climático, producto de la transformación del medio ambiente por manos del hombre. Lamentablemente a través de los años hemos dado cuenta del deterioro a los ecosistemas que conforman el medio ambiente en el que vivimos y, pese a ello, los esfuerzos por reducir y eliminar las malas costumbres que dañan a la naturaleza no han sido lo más relevante posible.

Hoy en día una de las principales tareas por las que el Estado ha trabajado es la de fomentar en la población un hábito que ayude al cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestros ecosistemas.

En ese sentido, las tareas legislativas que prevean el deterioro de la naturaleza también deben estar acordes a los mecanismos que coadyuven al mejoramiento cuidadoso y protección del medio ambiente.

En tal virtud, el dictamen que aquí se nos presenta tiene por objeto promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima.

Es de esta forma que a través de la Ley General de Cambio Climático se impulsa una estrategia de prevención del deterioro del medio ambiente, toda vez que de manera conjunta gobierno, estado y sociedad debemos construir las bases para lograr que el medio ambiente siga siendo el elemento principal en el que se desarrolle una actividad diaria de las personas.

Es de todo conocido que las últimas generaciones de estudiantes –por ejemplo— han llevado en sus materiales de estudio asignaturas tendientes al cuidado y preservación de la naturaleza. En esta ocasión también es parte de la propuesta del dictamen el considerar que existen diversas maneras de conocer cuáles son las principales causas que originan el cambio climático. En este orden de ideas, conocerlas y saber cuál es el origen, además de saber cómo controlarlo fortalece los objetivos que se proponen en esta discusión, pues es cierto que en esta medida se fomenta la adaptación planeada a partir de un enfoque preventivo que apuesta por la prevención más que por la reacción.

Nos queda claro que —como bien se señala en el dictamen— combinar esta estrategia de aprendizaje junto con las actividades educativas en la población joven, por ejemplo, es vital para entender la realidad. Pero realizar acciones también para atacar las causas, resulta lo más enriquecedor y certero. Visto principalmente desde un orden preventivo, más que reaccionario, para cuidar nuestro medio ambiente.

Por las consideraciones antes expuestas, el Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada doña Loretta Ortiz Ahlf. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodrigo Chávez Contreras, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en las últimas décadas la humanidad ha comenzado a preocuparse por actuar de manera responsable ante el aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, nuestro país aún se encuentra en franca desventaja ante este reto, ya que mientras en naciones como Canadá el desarrollo sustentable y las consideraciones respecto al cambio climático son prioridad, en nuestro país aún no alcanzamos la óptima educación ambiental.

Por citar un ejemplo, en la década de los setenta se impulsaron diversas campañas mediáticas que promovían el cuidado del agua. En los ochenta y los noventa el tema fue el manejo adecuado de los residuos sólidos. En estos tiempos la preocupación es el evitar la emisión de gases a la atmósfera, implementando acciones como Muévete en Bici y el impulso al transporte eléctrico. Es decir, resulta que estos esfuerzos por generar conciencia en nuestra población tardan en promedio 10 años en surtir efectos.

Nuestras nuevas generaciones efectivamente cuentan con más información sobre estos temas. No obstante, aún existe el mal uso del agua y de la basura en nuestras calles. Por lo tanto, no tenemos más tiempo, las décadas no pueden seguir pasando para que todas y todos conozcamos las causas y los efectos del cambio climático.

En base a lo anterior, consideramos que el tema del cambio climático ha dejado de ser una amenaza a futuro para convertirse en un problema del presente. Es por eso que debe ser parte fundamental en el contenido de cualquier política pública y plan de desarrollo.

Resulta urgente adoptar las medidas preventivas que México necesita para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado como nación en la Estrategia Nacional del Cambio Climático.

El siglo XXI se presenta como una nueva oportunidad para aprender a relacionarnos con la naturaleza, no como hasta ahora lo hemos hecho, sino de modo distinto, que involucre el manejo adecuado de los recursos naturales.

Tenemos el compromiso de ser contundentes como legisladores, debemos promover las medidas legales que den fortaleza a las acciones. La costumbre es la naturaleza jurídica de la ley y es tiempo de que en materia ambiental la ley genere obviedad para tener nuevas costumbres.

En este sentido, México ha suscrito diversos compromisos en el plano internacional: el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, en 1985; el Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono, en 1988; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 1992; y el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Reitero que las políticas para convenir y mitigar los efectos, así como la legislación para proteger y conservar el medio ambiente siguen siendo escasas e insuficientes.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está a favor de apoyar el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cambio Climático, añadiendo a su artículo 7o., que establece en las atribuciones de la federación la importancia de promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos, así como realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos de la variación del clima. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Rodrigo Chávez Contreras. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Se encuentran presentes en este recinto regidoras y regidores y representantes de medios de comunicación de San Juan de los Lagos, Jalisco, invitados por el señor diputado don José Noel Pérez de Alba. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Gracias, señor presidente. Pues sí, estamos todos en la discusión del Presupuesto, pero lamento informarles que el show must go on, el espectáculo debe continuar y hablar de otros temas.

Pido su voto para una iniciativa bondadosa, pero urgente. Proponemos agregar la palabra causas a la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, para que la población conozca y el Ejecutivo trabaje no solo los efectos, sino las causas.

Pero, ¿por qué subirnos a la más alta tribuna política del país para referirnos a una curiosa, pero desafortunada omisión en esta ley, que ha sido ejemplo en el mundo, por cierto? Porque la gobernabilidad y el cambio climático comparten números. Más de 150 muertos, 14 mil viviendas dañadas, vandalismo a comercios ante la falta de abastecimiento de alimentos. Números que ustedes han escuchado hablar sobre ellos toda la mañana.

Hacienda calcula 1,798 millones del Fonden para la reconstrucción de los daños causados por estos fenómenos. Sin embargo, si se dan cuenta, son miles de millones de pesos que no irán ni a salud ni a educación. Queda asegurarnos que la política nacional de protección civil opere con los famosos atlas de riesgo, que por cierto tienen años de estarse redactando. El secretario de Gobernación nos informó que los protocolos se realizaron correctamente, pero hay que trabajar en esos atlas de riesgo.

Los desastres ecológico-urbanos tienen como causa una mala planeación urbana. Por esto brindaremos apoyo presupuestal a Sedatu en el duro trabajo de ordenamiento territorial que tiene por delante, y estoy segura que lo harán muy bien.

Aprovecho el espacio para felicitar a mis compañeros del Partido Verde Ecologista de aquí de la Ciudad de México por la nueva aplicación para smart phones que crearon para reportar construcciones ilegales. Les apuesto que de los 500 diputados que estamos aquí, por lo menos 499 han sido víctimas de construcciones ilegales. Entonces, reitero la felicitación a mis compañeros verdes por esta aplicación, que abonará en el mediano plazo a los mencionados atlas de riesgo.

Ahora, sobre los extremos climáticos. Ya lo dijo David Korenfeld: en septiembre llovió lo suficiente para cubrir 23 centímetros todo el territorio nacional.

Compañeros de los estados costeros, ¿qué será de sus playas? Allá en la Península ya tuvieron que llevar arena alguna vez a las playas desde la isla de enfrente, ¿qué va a pasar con esos 23 centímetros de agua cuando les lleguen?

Mientras tanto, sigamos en el gasto corriente, con aspirinas, remediando efectos. No veremos un mínimo de mejoras mientras sigamos utilizando la palabra efectos del cambio climático. Por esto la propuesta tiene que ver con causas del cambio climático.

Ahora, el término cambio climático y desarrollo urbano no eran comunes en el mundo político ni en la grilla política, pero ahora con los millones del Fonden, que se han convertido en el oscuro objeto del deseo de gobernadores, alcaldes y funcionarios federales. Pero ellos deben conocer las causas, no solo los efectos, porque si no se van a gastar ese dinero en aspirinas. En unos meses ya les estaremos pidiendo cuentas. Esta reforma de ley del artículo 7o., les permitirá justificar programas de gobierno.

¿Cuántos premios Nobel de Ciencia tenemos en México? El Centro Mario Molina nos informa que nuestros patrones de consumo diario han creado estos climas extremos, las víctimas son los bosques, los océanos, los ríos, la agenda azul. Pero el victimario está aquí, en la ciudad.

Todas las grandes ciudades del mundo tienen sus ríos: el Támesis, el Sena, el Potomac. En esta Ciudad de México se llama –creo– río Consulado o colector transmisor oriente, los drenajes a donde van a parar todas las aguas. El agua siempre encuentra su cauce, aún por encima de los desarrolladores inmobiliarios, autorizados o no, en los niveles municipales. Y es que, compañeros diputados, detrás de las causas del cambio climático hay grandes intereses económicos.

No creo en la teoría de la conspiración ni en echarle la culpa de todo al espionaje americano. Pero sí creo que hay decisiones tomadas al interior de los sectores automotriz, petrolero, minero, de los aires acondicionados, ahí están algunas de las causas.

Por cierto, aludo al diputado Orihuela, porque en estos edificios, de aquí de la Cámara de Diputados, la administración ambiental anda por los suelos, por decir lo menos. Les apuesto que hay enfermedades por ahí causadas por la suciedad en el aire acondicionado de este complejo.

Si no publicitamos las causas y autorizamos presupuestos para las acciones, estaremos desviando el dinero inútilmente. Si queremos crecer al 1.8, 0.500 o 1000 por ciento, debemos trabajar con estas causas para modificar los patrones de construcción de vivienda, el diseño de asentamientos humanos, la movilidad no motorizada y la producción de bienes.

La política pública de vivienda y el desarrollo ambiental han estado históricamente disociados, de hecho no existía Sedatu; pero ahora Sedatu, Conavi, Infonavit, Semarnat deberán empezar a trabajar muy de cerca y coordinadamente —insisto— en el ordenamiento de desarrollos y asentamientos humanos, que estén de la mano con el cambio climático.

Compañeros, éste es un discurso de cinco minutos y no pretendo que cambien su vida, pero sí que nos apoyen con su voto y que la información aquí dada permanezca en las decisiones que tomen los siguientes días.

Hay 20 ciudades con alta vulnerabilidad climática. Ojo, alguien dijo que los recursos del Fonden eran ultimadamente positivos, pues detonarían el empleo para construir caminos y puentes. Les pregunto, ¿no sería mejor invertirlos en educación y salud?

Más que llorar por los efectos del cambio climático, más que llorar por el niño ahogado, ¿no será mejor abocarnos a resolver las causas? Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros, por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Rosa Elba Pérez Hernández. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, de la Comisión de Cambio Climático llega un dictamen, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o., donde solicita que el tema del cambio climático ya sea abordado por la Secretaría de Educación y sea incorporado a la educación básica.

También solicita que haya una permanente campaña para saber qué es el efecto y sobre todo, como decía la compañera, el origen y las causas. ¿Qué provoca y qué ha provocado el cambio climático? El cambio climático lo ha provocado el modelo económico de alto consumo. Desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI es el alto consumo de los fósiles, de los combustibles fósiles, que ellos son los que provocan el gas de efecto invernadero.

El gas de efecto invernadero ha subido 6 grados, en poquito más de 100 años ha subido 6 grados la temperatura global y también se ha deteriorado la capa de ozono. También la deforestación es una de las causales.

Hay unos detractores y también hay escépticos que dicen que es puro cuento lo del cambio climático. Pero nada más hay que pensar cómo se ha sobrecalentado la atmósfera, los mismos mares. Hay especies que han emigrado por el sobrecalentamiento del mar. Por eso es muy importante.

Todos los efectos que han dicho mis compañeros, como el huracán Manuel, la tormenta tropical Ingrid son esos efectos, como también las sequías prolongadas en el norte de nuestro país, todo ello, y me extraña que todavía haya escépticos.

Tenemos que lograr un clima sano, seguro, porque tan solo la Organización Mundial de la Salud maneja que cada año hay 13 millones de víctimas de muertes en el mundo y que se podrían salvar si somos previsores. Si actuamos con prevención hasta 4 millones de vidas se pueden salvar, sobre todo en niños del tercer mundo.

Y aquí sí hay que puntualizar, los que más causan este efecto son los países ricos y los que se mueren son en los países pobres. Los que tienen mayores ingresos son los que tienen el más alto consumo de productos que deterioran la capa de ozono que emiten el dióxido de carbono y ahí viene el efecto invernadero.

Hay cuatro puntos importantes, si queremos cambiar esto. El primero, es desarrollar una participación activa ciudadana y para eso hay que crear una cultura, para que de forma individual ahorremos agua, ahorremos luz, utilicemos menos el automóvil.

También hay que lograr un desarrollo técnico-científico para que aborde, y con ciencia y tecnología abordemos los temas y logremos mitigar y revertir el problema del cambio climático.

En tercer tema tenemos los esfuerzos conjuntos de los órdenes de gobierno. Hay que lograr que las legislaciones se coordinen y sean concurrentes, para que de alguna manera, a nivel general y a nivel nacional, se logre una legislación que verdaderamente abata el deterioro ambiental.

Y como cuarto punto, es lograr que de manera internacional seguir con la Agenda 21. Y con estos cuatro puntos podemos lograr cosas importantes.

Por último, también me sumo a la propuesta del diputado Orihuela, por lo menos en tres partes podemos hacerlo bien, que es en la parte del reciclado, que podemos reciclar. En la parte de ahorro de energía eléctrica y en la parte del agua.

Este año lo podemos hacer, hay varias comisiones, la Comisión de Cambio Climático, la Comisión de Desarrollo Sustentable, la de Medio Ambiente, que se podrían conjuntar para lograr estos aspectos y un ejemplo aquí en la Cámara. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don José Humberto Vega Vázquez. Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Con su permiso, presidente. Uno de los mayores problemas y desafíos de la humanidad es el fenómeno de cambio climático, y por supuesto que la incidencia en él de las actividades humanas que generan emisiones de gases efecto invernadero que alteran los sistemas naturales y, finalmente, afectan al propio ser humano y a su desarrollo.

México se ubica en una zona especialmente expuesta a los impactos de cambio climático, con afectaciones tales como reducción en la producción agrícola, dificultades en el suministro de agua a poblaciones lejanas e inundaciones en planicies costeras, también incremento en intensidad y frecuencia de huracanes, ciclones, granizadas y heladas, así como mayor incidencia de incendios y pérdida de biodiversidad.

El cambio climático generará en México altos costos económicos, los cuales dependerán de las acciones que se lleven a cabo para frenar y hacer frente a este fenómeno. Esto se traducirá en graves pérdidas para casi todos los sectores económicos del país y podrá afectar muy especialmente a la población económicamente más desfavorecida si no se toman las medidas conducentes.

México es el doceavo país del mundo que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera. Alrededor de 750 millones de toneladas de bióxido de carbono, cifra muy por debajo de los 6 mil millones que producen los primeros lugares que son China y Estados Unidos de América, cada uno.

Sin embargo, nuestro país —y otros países como Inglaterra— cuenta con una ley de cambio climático. Y es el único, nuestro país, que ya tiene una estrategia nacional para afrontar el fenómeno a largo plazo, que será el instrumento rector de la política nacional en la materia.

Todo lo anterior, compañeros y compañeras, sirve para hacer notar a esta honorable asamblea de la importancia que representa el conocer las causas que origina el fenómeno de cambio climático.

No es posible combatir ningún problema de forma eficiente, sin antes conocer en forma exhaustiva las causas que degeneran y de forma integral afrontarlas y corregirlas.

El proyecto que modifica el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, al incluir la noción de causas de los eventos climáticos, como una de las facultades de la federación que en materia de educación y difusión de los fenómenos ligados al cambio climático suponen, como bien concluye la comisión respectiva, establecer un enfoque más preventivo para las afectaciones al medio ambiente y no quedarnos solo con la visión de reparación del daño.

Educar, informar y sensibilizar a la población sobre las causas y efectos de nuestras acciones sobre el medio ambiente y, específicamente, sobre el impacto en el cambio climático es también otorgar las herramientas a los ciudadanos para ejercer su derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como lo estipula el artículo 4o. de nuestra Constitución.

Con esta propuesta, compañeros y compañeras, también damos respaldo jurídico a todas las acciones y políticas en materia de educación ambiental, tanto en el sistema educativo oficial obligatorio, pero también para dar sustento y apoyo a la actividad tan importante que realiza la sociedad civil informando, capacitando y formando diversos aspectos de la sociedad en la temática que está ahora a discusión.

Es por estas razones que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, ciertos de que el aprendizaje y enseñanza a las generaciones actuales y venideras de las causas que provocan la variación en el clima en nuestro planeta proporcionarán las herramientas necesarias para evitar el deterioro de que ha sido objeto nuestro planeta.

Por ello los invito, diputados y diputadas, a que con la aprobación de este proyecto de decreto demos un paso firme hacia la prevención y sensibilización social, para ir sembrando la semilla que genere ciudadanos informados y con las bases para actuar a favor de un mejor medio ambiente. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado, don Sergio Augusto Chan Lugo. Tiene el uso de la palabra el diputado Ángel Abel Mavil Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Ángel Abel Mavil Soto:Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, relativo al dictamen de la Comisión de Cambio Climático que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático. Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático señala que este fenómeno es una consecuencia de la actividad humana que ocasiona que se altere la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables.

Aunado a la diversificación de climas, nuestro territorio nacional es una víctima de los efectos del cambio climático, lo que ocasiona que tengamos la presencia de efectos meteorológicos contrastantes, ya sea sequías en periodos prolongados, así como la presencia de lluvias constantes y fuera de temporada.

Las causas del cambio climático pueden ser naturales o derivadas de la actividad humana. Las primeras incluyen la actividad volcánica y los cambios de energía recibida desde el sol, mientras que entre las segundas podemos incluir la quema de combustibles fósiles y tala de árboles, entre otras muchas. Ambas causales sumadas desembocan en un incremento de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y metano, dos de los principales gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

Si bien ya estamos presenciando los efectos del cambio del clima, tales como la desertificación, la desaparición de flora y fauna, la escasez de agua y la inestabilidad atmosférica convertida en huracanes, sequías o incendios, es pertinente que también conozcamos las causas que originan el cambio climático.

Ante ello, es vital crear acciones tendientes a promover y difundir una cultura enfocada a este problema, preferentemente dirigida a nuestros niños y jóvenes para que estén informados sobre las causas y efectos del mismo, pero también destinada a la población en general para inculcar una actitud preventiva que pueda hacer frente a las recurrentes alteraciones de la naturaleza, en especial del clima.

Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que es necesario crear medidas efectivas de acción sobre el cambio climático, por lo cual votaremos a favor del dictamen que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, para establecer que es atribución de la federación informar a la población sobre las causas de la variación del clima.

Al Gore, Premio Nobel de la Paz 2007, afirmó estar convencido de que muchas personas han perdido su fe en el futuro pues estamos empezando a actuar en casi toda faceta de nuestra civilización como si nuestro futuro fuera tan precario, que tuviera más sentido centrarse exclusivamente en nuestras necesidades actuales y en los problemas inmediatos.

En la medida que vayamos resolviendo el presente, para así proyectar nuestras soluciones hacia el futuro, habremos contribuido a la continuidad de nuestra civilización. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado, don Ángel Abel Mavil Soto. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Nos parece adecuada esta reforma al artículo 7o. de la Ley General del Cambio Climático, porque sin duda nuestro país ha sido sumamente vulnerable a sus efectos.

Como prueba de ello, hay que atender los últimos fenómenos meteorológicos que han dejado a su paso una estela de destrucción, de dolor y de impotencia. Pero, además de ello, tenemos que tener claro que los recursos hidráulicos del país se siguen deteriorando seriamente por el efecto del cambio climático.

El agua es uno de los recursos naturales más importantes de México y es considerado un asunto de seguridad nacional. La mitad del agua consumida de fuentes subterráneas es extraída de 102 acuíferos que están sobreexplotados.

Por eso nos parece adecuada esta cultura de cambio climático, para que todos los particulares, el sector público, la población, podamos tomar consciencia plenamente del daño a que está sometido nuestro planeta.

Pero nos parece también que un discurso que atienda al medio ambiente y al cambio climático tiene que pasar también por atender, desde el Estado mexicano, con racionalidad las políticas públicas que tienen que ver con la materia. Por eso nosotros no hemos dejado de denunciar el derroche faraónico que se vive en algunas dependencias que tienen que ver con el agua en el país, como es el caso de la Comisión Nacional del Agua.

Por eso nosotros propusimos un punto de acuerdo que tiene que ver con la adquisición de un inmueble por 2 mil 332 millones de pesos por parte de la Conagua, que nos parece un despilfarro criminal.

Nos parece también que no puede haber un gobierno que les pide más impuestos y más sacrificios a los ciudadanos y que en diferentes dependencias sigue haciendo gastos descomunales.

Por eso nosotros creemos que la atención al medio ambiente y al cambio climático tiene que ser integral. No es solamente la parte bonita del discurso, sino también la parte crítica de decisiones de Estado y de políticas públicas que lo afectan. En coherencia con esta iniciativa que hoy vamos a votar a favor, se tienen que abordar con toda objetividad temas que afectan el medio ambiente en el país.

La primera prueba auténtica que va a poner de lado quiénes están genuinamente a favor del medio ambiente y quiénes simplemente son parte de un discurso, lo vamos a ver con la reforma energética cuando se va a tratar precisamente un tema que genera efectos destructivos en el medio ambiente, como es la extracción del gas shale a través del llamado fracking.

El fracking resulta una de las técnicas de mayor riesgo para la disponibilidad de agua potable en el país, pues se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo, y de abrirse los 20 mil pozos anuales para extraer gas shale —que se están planteando— se requeriría una cantidad de agua equivalente al consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año.

Por esa razón, nosotros estamos a favor del medio ambiente y del cambio climático, pero a partir de los temas más críticos también. Por eso queremos que en la reforma energética, que se va a tratar con este mismo posicionamiento de los grupos parlamentarios a favor del medio ambiente, también hagan lo propio en el tema del fracking, que constituye un atentado al medio ambiente y un daño ecológico irreversible.

No puede haber un avance teóricamente dado en el terreno económico, cuando estamos sepultando nuestros recursos, nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Ricardo Mejía Berdeja. También para hablar a favor tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas:Gracias, presidente. Mi participación tiene que ver con datos fríos y duros sobre un tema que creo que no es tomado con la seriedad ni con la preocupación necesaria y, pese a todo lo que se ha expresado aquí por parte de mis compañeros, veo que no despierta el interés necesario entre que se tiene que legislar precisamente para protegernos acerca de los efectos que ya han sido aquí descritos sobre el calentamiento global.

Voy a dar algunos datos escalofriantes, que creo que deberían movernos a la reflexión y a una acción inmediata, porque el problema del calentamiento global, del cambio climático a través del calentamiento global, es un problema que —como ya se ha mencionado también aquí— está afectando y está afectando al futuro de la humanidad, pero no crean que dentro de 50, 60 años.

Se acaba de publicar en la revista científica más prestigiada del mundo, que es Nature, un artículo de un científico norteamericano que se llama Camilo Mora. Por cierto, le hemos invitado para que venga a platicarnos aquí mismo en el Congreso acerca de sus dramáticos y perturbadores descubrimientos.

¿Qué propuso o qué descubrió Camilo Mora en esta publicación en Nature? Ni más ni menos que el calentamiento global va a comenzar a cambiar de manera irreversible las temperaturas, no en el año 2060, 2070, sino en la Ciudad de México, aquí justamente donde se encuentra la sede del Congreso de la Unión, en el año 2031, que es una fecha que a la mejor nos parece a algunos distante, a otros no tanto, pero que son fechas ya calculadas para calentamientos irreversibles.

¿Qué significa eso? Que a partir de ese año las temperaturas en la Ciudad de México se volverán muy elevadas y ya no volverán a ser en promedio tan bajas, como fueron en estas fechas, con las consecuencias que podría traer esta situación. Esto afectará no solamente a la Ciudad de México, sino a gran parte de la zona centro.

Y tenemos otro problema también muy grave con el petróleo. Si nosotros liberamos los 13 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo a la atmósfera, estaríamos liberando una giga-tonelada de CO2o de bióxido de carbono suficiente para cambiar el clima del planeta.

Así que estamos aquí en la disyuntiva de si seguimos haciendo los negocios de siempre, manteniendo el modelo económico consumista —como un compañero atinadamente mencionaba— o comenzamos con las acciones drásticas. Pero drásticas, en el sentido no solamente de crear este tipo de leyes, que bienvenidas sean, sino cambiar la manera en que estamos conduciéndonos como sociedad, la manera como estamos consumiendo los recursos del planeta y sobre todo —y eso es lo más grave— fíjense que a nosotros nos ha tocado un clima más o menos estable, estaciones del año cómodas, pero para nuestros descendientes, nuestros descendientes inmediatos, para quienes son muy jóvenes, serán los que pagarán las consecuencias en los próximos años con condiciones climáticas muy adversas, cuyos primeros efectos ya estamos viendo en los fenómenos climáticos extremos que estamos viviendo en estos últimos meses o últimos días, como los huracanes, que han golpeado en la costa del Pacífico y como otros fenómenos, que próximamente estarán por manifestarse.

Es decir, tenemos las primeras advertencias y las fechas. Y la ciencia ya nos ha dado fechas fatales. Está en nosotros intentar cambiar las cosas, porque la supervivencia de nosotros mismos es lo que está en juego. Ni más ni menos.

Esta es la reflexión que quería hacer y aportar estos datos, que creo que deberían movernos y quizás utilizando —ya para finalizar ésta— una metáfora, creo que nos queda muy bien la figura, pues veo que a muchos compañeros como que no les interesa este tema, y es que vemos la tempestad y no nos hincamos, vemos el cambio climático y no nos hincamos. Diría: vemos el cambio climático y no actuamos en consecuencia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don Eloy Martínez. Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia saluda con enorme gusto a un grupo de ciudadanos destacados y emprendedores también muy destacados del municipio de Querétaro, invitados por el señor diputado don Marcos Aguilar Vega. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 445 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

MODIFICACION AL ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia informa a la asamblea que la Comisión de Justicia entregó a la Mesa Directiva el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal.

De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se modifica el orden del día.

VOLUMEN II

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Justicia se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza. En consecuencia, está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el proceso de procuración y administración de justicia en nuestro país presenta problemas estructurales y de operación. Existen muchos mexicanos que no tienen garantizado su derecho a una defensa adecuada y en algunos casos se violan los principios fundamentales del debido proceso, siendo sentenciados con penas privativas de su libertad de manera injusta.

Este dictamen es contundente y recoge la preocupación e indignación de la sociedad civil frente a una profunda inequidad procesal que atenta contra un Estado de derecho constitucional.

Las faltas procesales han sido documentadas por diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que han conocido el caso. Se ha exhibido la violación del debido proceso, pues desde la etapa de averiguación previa la detención, la causa penal y los recursos legales de la misma se cometieron diversas irregularidades.

El caso ha llamado la atención internacional por sus inconsistencias e incongruencias. ¿Cómo es posible probar que a una sola persona, el profesor Alberto Patishtán Gómez, se le haya considerado como el autor intelectual y material en el homicidio de siete policías estatales fuertemente armados y con entrenamiento táctico?

Existen cientos de casos como los del profesor Patishtán, que se reproducen diariamente en nuestro país, y ello debe llevarnos a nosotros, como legisladores, a repensar en un sistema de procuración y administración de justicia pronta, expedita y realmente justa. Se debe revisar la legislación sustantiva y adjetiva para evitar este tipo de casos.

La población tiene que contar con la certeza de que las leyes son imparciales, generales y abstractas, y que la actuación de las autoridades estará siempre apegada a derecho. La violación de derechos fundamentales y procesales no puede ser pasada por alto por ningún órgano deliberativo, democrático y mucho menos cuando ese órgano es el encargado de crear y modificar leyes que rigen a toda la sociedad.

La iniciativa, motivo del presente dictamen, no solo atiende un caso de injusticia evidente, sino que abre la puerta para que este órgano parlamentario analice, discuta y proponga diversas alternativas para atender este tipo de casos.

En Nueva Alianza estamos a favor del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, por el que de manera excepcional por sí o a petición de las Cámaras del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el titular del Poder Ejecutivo federal podrá conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad pública.

Con la aprobación de este dictamen se hará justicia al profesor Patishtán. Pero también a todos los que como él se encuentran injustamente presos. Para salvaguardar el equilibrio de poderes y que esta figura no se convierta en una herramienta generalizada, que trasgreda las atribuciones del Poder Judicial de la Federación, se aclara que solo podrá ser otorgada de manera excepcional.

La propuesta ayuda a cumplir con los derechos humanos contenidos en diversos instrumentos internacionales suscritos por México, así como en lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política Mexicana.

Se reafirma el respeto incondicional de los derechos fundamentales de las personas sujetas a proceso penal. Por eso el Grupo Parlamentario Nueva Alianza refrenda su compromiso de justicia para todos los mexicanos y votará a favor del presente dictamen, que brinda la posibilidad de excarcelar a un hombre inocente, a quien un sistema deficiente le ha dado la espalda. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Fernando Bribiesca Sahagún. Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. En primer lugar, debo reconocer la discusión que se dio sobre este dictamen en la Comisión de Justicia, así como la sensibilidad de las diputadas y los diputados, al observar ciertas deficiencias jurídicas a la minuta del Senado y por su voluntad para poder transitar a este tema. De igual manera, debo reiterar la voluntad de Movimiento Ciudadano para mejorar el mismo.

En la minuta enviada por el Senado se está adicionando un artículo, el 97 Bis, para facultar —entre otras cosas— al pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión para pedir al Ejecutivo federal conceda el indulto. Esto es lo rescatable, porque como sabemos, en el artículo 89 fracción XIV de la Constitución, ya está la facultad del Ejecutivo de conceder, conforme las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal.

Es decir, el indulto —como sabemos— ya se encuentra contemplado en la Constitución, pero ahora el Poder Legislativo tendrá la facultad para solicitar al Ejecutivo que lo conceda. Y esto cobra una gran importancia, porque una de las manifestaciones más claras del deterioro institucional en el país es sin duda alguna la procuración e impartición de justicia.

Los procedimientos en materia que van desde la presentación del probable responsable ante la autoridad competente, el conjunto de acciones a cargo de la defensa y de la parte acusadora, hasta la sentencia emitida por el juez pueden ser objeto de un sinnúmero de cuestionamientos. La vulneración a los derechos más elementales de las personas en esta materia, que van desde actos de tortura, aislamiento, incomunicación, detenciones arbitrarias, no ser informado sobre la razón de la detención, entre otros.

Conductas violatorias a prerrogativas constitucionales del detenido, materializadas principalmente por integrantes de las corporaciones policiacas y el Ministerio Público, que sin duda alguna provocan importantes consecuencias jurídicas en un proceso, el cual ya se encuentra viciado de origen.

En la práctica, es muy común que sea la autoridad quien designe al defensor, principalmente por un motivo preponderantemente económico, cuando el acusado no cuenta con los medios para contratar un abogado particular.

El estudio denominado La cárcel en México: ¿Para qué?, revela que alrededor del 78 por ciento de los indiciados recurren a los servicios de los representantes legales del Estado, pero también en un 45 por ciento de las ocasiones estos son reemplazados por uno privado, cuando en opinión de los acusados y de sus familias consideraron que no hacían nada para defenderlos.

Sin lugar a dudas el derecho a una defensa adecuada no se agota con la designación de un defensor de oficio, cuando éstos con motivo de la carga de trabajo se ven obligados a tener que atender varias audiencias en forma simultánea, lo que les impide estar presentes en éstas, o a poderse entrevistar con su cliente antes de que rinda su declaración.

Tan es así que, de conformidad con el informe rendido por la Dirección de Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Distrito Federal, solo en esta demarcación territorial, en 2012, los defensores de oficio capitalinos atendieron un total de 11 mil 242 asuntos en materia penal y justicia para adolescentes.

Las cifras hablan por sí solas, al grado de convencernos de que la justicia en nuestro país lamentablemente adolece de asimetrías económicas, ya que esta se vende y compra al mejor postor y que, por tanto, las cárceles en la mayoría de los casos alojan casi en exclusiva a los presuntos culpables —por la comisión de hechos delictivos— de más bajos recursos del país.

Como lo hemos visto en aquellas situaciones en la que la tercia indígena, procesado y víctimas se alinean casi naturalmente, pues según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, durante el año 2012, un total de 8 mil 502 indígenas fueron encarcelados ilegalmente acusados por delitos, tanto del fuero común como del federal. Por delitos contra la vida y la integridad física. Por delitos patrimoniales o contra la salud. Pero que en la gran mayoría de los casos eran susceptibles de libertad bajo caución. Sin embargo, no pudieron ser beneficiados por esta alternativa por no contar con el dinero para el pago de la fianza, o porque no se les designó un traductor.

Lo anterior es motivo de una profunda preocupación, que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia decidan ignorar las graves irregularidades en los procesos penales en los que se han visto involucrados connacionales de origen indígena, como fue el caso, por ejemplo, de Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, tres mujeres indígenas que en 2010 fueron liberadas luego de casi cuatro años en prisión, acusadas por presuntamente secuestrar a seis agentes federales, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que hubo inconsistencias en el proceso que condujo a su detención.

En atención a la imperante necesidad de mecanismos que permitan cumplir con la garantía y protección a los derechos constitucionalmente reconocidos a todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones, es que consideramos que la propuesta a incorporar una nueva variante para hacer justicia en aquellos casos en las que las violaciones procesales hubiesen sido tales, que hubieran acarreado la imposibilidad de la persona sentenciada de defensa es correcta.

No obstante, es de considerarse que en ningún momento la autonomía del Poder Judicial puede estar supeditada a la indiscriminada voluntad del Ejecutivo, por lo que esta facultad que se le reconoce debe estar siempre fiscalizada bajo el más estricto escrutinio.

Por lo anteriormente expuesto, Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Mario Francisco Guillén Guillén:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, el día de hoy se discutió en el seno de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados un proyecto para adicionar en el Código Penal Federal el artículo 97 Bis cuya finalidad es establecer en la ley punitiva una modalidad de la figura ejecutiva conocida como indulto. Por ello quiero manifestarles a ustedes estas reflexiones en torno al dictamen que hoy estamos discutiendo.

El indulto es una competencia reconocida en nuestro orden jurídico, concretamente en la fracción XIV del artículo 89 de nuestra Constitución y en algunos artículos del Código Penal Federal, y se concibe como una facultad de la Presidencia, una facultad exclusiva del presidente de la República.

Subrayamos la exclusividad del presidente para dictar el llamado perdón político y nadie dice ni apoya lo contrario, pues de hacerlo se atenta contra lo que hoy se encuentra establecido en nuestra Norma Fundamental.

Por ello, en aras de no producir una contravención a lo descrito, pero conscientes de la importancia de la justicia, como todo ser humano, en que se plantea establecer en una ley secundaria la posibilidad excepcional de que el Congreso de la Unión, o el pleno de alguna de las Cámaras solicite un indulto ante ello, el Ejecutivo federal decidirá, en definitiva, si procede o no el mismo.

Esta medida es tendente a beneficiar a quienes se hayan privados injustamente de su libertad, pues éste es un derecho fundamental, primordial para la dignidad de las personas.

El objeto de este procedimiento legislativo es atender las demandas de todos los seres humanos. Y digo de todos, de todas las personas, pues este tema genera debate en círculos diversos de la sociedad, en los medios de comunicación, incluso al seno aquí de la Cámara de Diputados y nos estamos refiriendo al caso del profesor Alberto Patishtán.

El profesor Patishtán —chiapaneco, igual que su servidor— ya lleva 13 años encarcelado y son varias las voces que se han elevado y han clamado por su libertad y no han sido escuchadas. Desde organizaciones sociales hasta el Ejecutivo estatal de mi estado, Manuel Velasco, han buscado por diversas alternativas que sea liberado.

Estamos conscientes de que en esta soberanía se legisla para beneficiar a la generalidad. Es un atributo de la norma que las leyes aplican para todos y jamás vamos a legislar para un individuo en particular. Pero sí nos damos cuenta de que el caso de Alberto Patishtán no es un caso único, es un caso que se repite constantemente.

Por eso nosotros decimos que: Nunca jamás una persona encarcelada injustamente. Nunca más una persona encarcelada sin el debido proceso. Nunca más un caso como el de Alberto Patishtán. Desde esta máxima tribuna elevamos nuestra voz para su liberación.

Por esta razón, votaremos a favor del dictamen puesto a discusión, pues desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del Partido Verde, el Congreso de la Unión tendrá la posibilidad de solicitar al Ejecutivo un indulto para la persona determinada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Catalino Duarte Ortuño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul del diputado Catalino Duarte. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Catalino Duarte Ortuño(desde la curul): Le agradezco la oportunidad que me da para emitir una opinión muy rápida en relación a esta posible iniciativa que hoy seguramente va a ser aprobada. Dejar constancia en esta Cámara y principalmente al pueblo de México que me escucha, de que ésta es una iniciativa que en el fondo no va resolver el problema.

Oportunamente la izquierda presentó una iniciativa que tiene que ver con el tema de procuración de justicia, y éste es el reflejo de que el sistema de procuración de justicia en nuestro país deja mucho que desear.

Espero que las fracciones parlamentarias, tanto de Acción Nacional, del PRI, de Nueva Alianza, del PT, de Movimiento Ciudadano, le entremos verdaderamente a una reforma integral de la procuración de justicia en este país.

Finalmente lleva dedicatoria este asunto, para una persona que le fueron violados sus derechos humanos, sus garantías constitucionales. Pero insisto —y me refiero al pleno– no va a resolver el fondo del asunto. Le agradezco, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Adelante, diputado Carlos de Jesús Alejandro.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro:Muchas gracias, señor presidente. Sin duda hoy es un día histórico para este honorable Congreso de la Unión, puesto que con este dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 97 Bis al Código Penal Federal, para que el Ejecutivo pueda otorgar indulto cuando se verifique que existieron violaciones graves a los derechos humanos del sentenciado y en consecuencia al debido proceso, abre las puertas para hacer justicia ante una gran injusticia cometida durante más de 13 años a un caso paradigmático, que mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados que me antecedieron han comentado, el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez.

A nombre del grupo parlamentario —y en específico también agradecer al diputado Víctor Nájera, coordinador de nuestro grupo de la coordinación de derechos humanos— hemos venido insistiendo y trabajando. Y presentamos desde hace varios meses una iniciativa, un punto de acuerdo para indultar desde aquel entonces al profesor Alberto Patishtán, a todas luces ante una injusticia cometida durante muchos años.

En los últimos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado más de 8 mil casos de presos indígenas a los cuales se les ha violentado su derecho al debido proceso, por ser monolingües y por no contar con intérpretes y traductores en sus lenguas respectivas. Y si los cuentan, difícilmente a veces hablan la variante lingüística de su lugar de origen.

Además, en muchos de los casos es porque no cuentan con una defensa adecuada cuando de defensores de oficio se trata y estos no se dan abasto para defender a los sentenciados.

Igualmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta que el Estado mexicano es responsable de que no se cuenten con jueces, ministerios públicos y defensores públicos con conocimientos de los usos y costumbres de las especificidades y de los contextos socioculturales de los indígenas, del dominio de su idioma que se habla en cada una de las regiones del país, tal como lo señala el artículo 2o. constitucional, que para que la población indígena acceda plenamente a la jurisdicción del Estado deben tener el derecho de contar con traductores en lenguas indígenas los internos y procesados indígenas.

Hoy la aplicación armonizada contenida en el artículo 2o. constitucional con el 1o., obliga a las autoridades a guiarse en su actuación por los principios de interpretación, conforme y pro persona para lograr que los indígenas tengan acceso a la plena justicia que imparte el Estado mexicano, atendiendo en todo momento a la pertinencia cultural de las comunidades indígenas y de la identidad a la que pertenecen.

De estos 8 mil presos indígenas en nuestro país existen casos paradigmáticos, por las evidentes violaciones a los derechos y las garantías del debido proceso, contraviniendo los estándares internacionales mínimos en la materia. Desafortunadamente esto representa una práctica sistemática y reiterada en el Estado mexicano y no un caso aislado. Lo que aleja al Estado mexicano de un sistema de justicia acorde al rostro pluricultural y plurilingüe de nuestro país, como está consagrado en el artículo 2o. constitucional.

En este contexto, podemos citar algunos ejemplos, como el caso de los indígenas: Alejandro Díaz Santis, Antonio Estrada Estrada, Miguel Demeza Jiménez, quienes han sido incriminados, procesados y sentenciados en delitos que no cometieron, lo que evidencia la violación a su derecho al debido proceso, por lo que diversas organizaciones civiles se han pronunciado por su liberación. Y el caso más paradigmático —repetimos— es el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez, quien lleva más de 13 años injustamente encarcelado en el estado de Chiapas.

Cabe destacar también otro caso reciente, paradigmático, como es el caso de los compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, mejor conocidos como la Policía Comunitaria, que lleva un ejercicio de este derecho de más de 17 años en el estado de Guerrero.

El caso también paradigmático de la compañera hermana Nestora Salgado García, quien fue aprehendida por el Ejército y la Marina, sin orden de aprehensión y condenada a una incomunicación por varios días. Hoy es la fecha que sus familiares se quejan que no tienen comunicación cotidiana con ella, contraviniendo también su derecho.

Pido un poco de tolerancia, señor presidente, para concluir. No podemos permitir que los abusos, prejuicios, discriminación, explotación, sojuzgamiento y opresión sigan vigentes, como si las y los indígenas no formaran parte de la nación mexicana.

Muchos casos que hemos conocido nos recuerdan que las condiciones de exclusión social hacia los pueblos indígenas no han terminado, particularmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde hay una gran diferenciación racial y donde la cárcel parece ser el refugio seguro para indígenas por delitos menores o por delitos que no cometieron, pero que la incriminación es más fácil que seguir la huella de los verdaderos delincuentes.

Sobre el documento que nos ocupa, hay que señalar que la representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado también a favor de este dictamen, pues cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7.

La representante de la Oficina del Alto Comisionado agrega además que el proyecto de decreto está en consonancia con el contenido de la importante reforma constitucional al artículo 1o., en materia de derechos humanos de junio de 2011, que consagra el derecho a la reparación por las violaciones a los derechos humanos.

Hoy —repito— en esta honorable Cámara de Diputados haremos justicia al votar a favor este dictamen, donde —sin duda— también superaremos una gran injusticia cometida en contra del profesor Alberto Patishtán.

Por las anteriores consideraciones el voto de nuestro grupo parlamentario será a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Saludamos la presencia del contador público Eusebio González Rodríguez, presidente municipal de Olinalá, que está aquí invitado por el diputado Manuel Añorve. Bienvenido a la sesión.

Tiene la palabra el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo:Con su permiso, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo:Compañeras y compañeros diputados, el pensamiento de Acción Nacional está inspirado en la vigencia universal de los derechos humanos y su respeto pleno. Siempre hemos trabajado también por generar normas e instituciones que los garanticen.

Reconocemos también en Acción Nacional la división de poderes, como un elemento fundamental del fortalecimiento democrático y promovemos en todo momento el respeto a las determinaciones judiciales.

El dictamen que hoy nos ocupa resulta de lo más pertinente, en un momento en el que somos testigos de diversos casos en los que parece que la justicia no llega para todos; en el que los derechos humanos de ciudadanos mexicanos son violados sistemáticamente sin que haya una autoridad superior que pueda impartir justicia ante casos que pudieran ser ni claros ni contundentes y que han sido en muchos momentos socialmente recriminados.

Existen lamentables casos en los que personas sentenciadas resultan a la postre ser inocentes, por lo que la injusta condena que recibieron y la consecuente privación de su libertad solo pueden explicarse como una constante y sistemática violación de sus derechos humanos.

Es aquí donde llegamos al maestro Alberto Patishtán, maestro tzotzil encarcelado desde el año 2000 por acontecimientos y hechos que se suscitaron y por los cuales desgraciadamente fue señalado en algún momento, sin contar con el debido proceso y sin que las pruebas fueran objetivas y valoradas de manera puntual por los órganos jurisdiccionales.

Es aquí donde se abre la oportunidad de hacer justicia a una persona que desde hace 13 años ha estado evidenciando ante toda autoridad judicial su inocencia. Es aquí donde podemos y debemos nosotros —los legisladores de México— darnos la oportunidad de hacer justicia a los más pobres, a los que menos tienen, a aquellos que desgraciadamente por su situación social, como es el caso de Alberto Patishtán, quien es parte de un orgulloso grupo originario tzotzil chiapaneco, padece al estar encarcelado.

También mencionar que debemos tomar en cuenta que algunas organizaciones sociales y organismos internacionales que velan por los derechos humanos han manifestado ya su preocupación de que por razones de condición social y pobreza existente en nuestro país, muchas personas, particularmente pertenecientes a pueblos originarios de México, están cumpliendo una condena ya que no contaron con una adecuada defensa y en algunos casos fueron víctimas de la violación a su derecho de debido proceso.

Se abre la puerta de justicia para todas y todos ellos. Sin embargo, señoras y señores diputados, también esta adición de un artículo 97 Bis, que señala: De manera excepcional, por sí o a petición del pleno de algunas de las Cámaras del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo federal podrá conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción, en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y la seguridad pública, expresando sus razones y fundamentos cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a sus derechos humanos.

Si aún teniendo esta herramienta, señoras y señores diputados, también en Acción Nacional estaremos vigilantes para que el Ejecutivo federal cuando ejerza por sí la facultad discrecional que se le confiere, lo haga con absoluta responsabilidad y en estricto apego al supuesto normativo que lo sustenta.

En todo momento estaremos atentos y seremos celosos vigilantes del ejercicio —como estoy seguro lo haremos— con la plena responsabilidad al hacerlo nosotros en el pleno.

Señoras y señores, Acción Nacional está a favor de la justicia, está a favor del respeto pleno a los derechos humanos, está a favor que personas como el maestro Alberto Patishtán puedan ser beneficiados a través de esas herramientas legales que evidentemente dan cuenta, de manera excepcional, de que tenemos que trabajar en fortalecer también nuestro sistema judicial. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI el diputado Simón Valanci Buzali.

El diputado Simón Valanci Buzali:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en México el sistema de justicia penal se encuentra plagado de irregularidades y vicios tales como detenciones ilegales, fabricación de pruebas, torturas y falta de traductores, con lo que se ve vulnerado el derecho a contar con una defensa adecuada.

De acuerdo con la Encuesta de Población en Reclusión realizada por el CIDE, el 93 por ciento de los presos nunca vio una orden de aprehensión, el 50 por ciento no fue informado de los motivos de su detención, sino hasta llegar a la agencia del Ministerio Público y el 10 por ciento incluso en el reclusorio. El 72 por ciento no fue informado de su derecho a no declarar y en 70 por ciento de los casos ni siquiera se les dijo que podían realizar una llamada telefónica. De igual forma, la mitad de los internos no contó con un abogado en el momento de su detención.

Las 418 prisiones se encuentran diseñadas para albergar a 187 mil reos. Sin embargo, actualmente se encuentran recluidas 230 mil 943 personas, lo que significa que existe una sobrepoblación de 43 mil 913 personas internas.

Uno de los grandes problemas que existen en la justicia mexicana es la marginación y la discriminación de las que son víctimas los pueblos indígenas, colocándolos en una situación de desigualdad y desventaja, toda vez que los procesos penales a los que se enfrentan se llevan a cabo sin la intervención de un intérprete y sin la asistencia de un defensor.

De las 400 mujeres indígenas que se encontraban en prisión a finales del año 2009, el 63 por ciento no contó con un intérprete, en el 29 por ciento de los casos se desconoce si lo tuvieron o no y solo el 8 por ciento de estas mujeres contó con este servicio.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que hasta el mes de julio del año 2012 había 8,530 personas indígenas recluidas, de las cuales 7,715 fueron aprehendidas por delitos del fuero común y 815 por delitos del fuero federal.

Lamentablemente la visión que se tiene de nuestro sistema de justicia es compartida por algunas organizaciones internacionales. De acuerdo al ranking de World Justice Proyect, presentado en el mes de julio en La Haya, México se ubica en el puesto 90 entre 97 países en lo que respecta a la aplicación de la justicia penal, lo que es claro cuando en este país un acusado está obligado a demostrar su inocencia cuando la misma ley establece lo contrario.

Si bien es cierto que la elaboración del presente dictamen, a través del cual se establecen reformas para el otorgamiento del indulto por parte de la Presidencia de la República, tuvo como justificación la injusta sentencia dictada en contra del maestro Alberto Patishtán, también creemos que brindará una esperanza de justicia a otras personas que hayan sido condenadas injustamente.

Es por esto que el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, aunque reconocemos que estaría pendiente de analizarse una adición posterior que permita a las víctimas ejercer su derecho de audiencia de forma previa al otorgamiento de esta causal de extinción de la acción penal.

Compañeras y compañeros legisladores, pocas veces como ahora es tan afortunado citar a Miguel de Cervantes Saavedera, quien padeciera prisión injusta en el norte de África, y por cuenta del Caballero de la Triste Figura, expresara lo siguiente:

La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar en cumbre. Por la libertad, así como la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado. Sonido en la curul del diputado Medina Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente, le agradezco.

Muy breve. Simplemente para decir que quisiera que quedara en el acta que voy a acompañar con mi voto este dictamen. Pero sí quiero que quede asentado que tengo serias dudas en cuanto a su aplicación, en el sentido que aquí se ha manifestado que pudiera ser útil para un caso específico del estado de Chiapas

Creo que ahí hubo un error de redacción. Creo que va a quedar constreñido nada más al Distrito Federal, en los términos legales, y por lo tanto voy a votar a favor, pero sí quería que mis dudas quedaran expresadas y asentadas. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ya quedó asentada su intervención. Adelante, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, no pude sustraerme al debate. Había pensado no participar, porque en el fondo subyace corregir una injusticia, quizá no sea la mejor forma de corregirla. También subyace en el fondo de este asunto un déficit de justicia, órganos de procuración y administración de justicia que se han ausentado de su función. Es el caso más paradigmático de irresponsabilidad jurídica, pero también es el caso más paradigmático de perversión y desvío de los principios que sostienen la justicia.

Hoy estamos frente a eso, ministerios públicos y jueces, magistrados que fueron incapaces de revertir una injusticia, confirmaron su miopía y su actitud parcial. Demostraron que la justicia no existe y que se encuentra al servicio del dinero, del poder, de los poderosos, del mejor postor.

¿Qué es el indulto? Todos lo saben. El indulto es una figura jurídica que ha sido vista como un derecho de gracia, o como el perdón respecto de una pena. El indulto en nuestro país se ha entendido como un acto cuasi político.

Aunque es una facultad conferida al Poder Ejecutivo que le permite modificar una sentencia ejecutoriada de un juez, en estricto sentido podemos decir que este acto ostentado por el Ejecutivo, que le confiere la posibilidad a un presunto responsable o juzgado, ya reo, una pena o bien conmutarla. Pero también tengo serias dudas, por eso les decía que aunque estoy de acuerdo en el fondo, no pude sustraerme al debate.

Fíjense ustedes, ¿qué es lo que está haciendo el Congreso? El Congreso está modificando o adicionando un artículo en el Código Penal Federal. Y ahí dice que a petición de una de las Cámaras del Congreso, el presidente de la República podrá indultar.

Primero, los que son abogados, aficionados del derecho o que tienen sentido común, se vulnera uno de los principios de la ley: las características de la ley son generalidad, obligatoriedad y abstracción.

¿Qué quiere decir abstracción? Que tenemos que legislar de manera general, sin que sea orientada la ley que se modifica a una persona, aunque se trate de corregir una injusticia.

¿Pero qué es lo que va a suceder? Aquí no estamos tratando nada del indulto, bastaría con que las Cámaras de manera unánime le solicitaran al presidente de la República que se indultara a Alberto Patishtán. Sin embargo, ahora estamos dándole la vuelta modificando un artículo o adicionando una fracción al 97, otorgándole el 97 Bis, y estableciendo que una de las Cámaras puede solicitarle al presidente se indulte. El presidente no necesita que una de las Cámaras le solicite, es una facultad discrecional del presidente indultar a sentenciados.

Incluso hay excepciones. No podrá indultar a un traidor a la patria, a propósito de las leyes que están emitiendo la mayoría mecánica. No podrán indultar delitos contra la salud, parricidios u otros de manera intencional, o reincidentes.

Entonces, no es lo adecuado, jurídicamente no es lo correcto. Están cometiendo una barbaridad jurídica, es una aberración jurídica el intentar por la vía de la modificación de un artículo del Código Penal Federal agregar una fracción, en donde una de las Cámaras podrá solicitarle al Ejecutivo indulte a una persona.

Por eso es un tema sumamente delicado, es un asunto sumamente delicado por lo que llamo la atención de los legisladores. ¿Qué va a pasar después de que aprobemos esto? A ver, hoy aprobamos, en la semana se publica, inicia el proceso de vigencia y luego, una de las Cámaras va a volver a solicitar, a través de este artículo, que se le indulte. Es absurdo. Verdaderamente es una aberración jurídica, aunque estamos a favor de que se libere al maestro Patishtán.

Y les diría, tiene tanta dignidad el maestro Patishtán, que les va a decir: no soy culpable y no acepto ningún indulto. Ojalá. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero saludar a los ciudadanos del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, que están hoy aquí invitados por el diputado Víctor Manríquez. Bienvenidos a la sesión.

Y también a un grupo de invitados, el Grupo Primavera de la delegación Tláhuac, que están aquí invitados por la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar. También bienvenidos, todos, a esta sesión.

Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Alejandro Carbajal... Perdón, la diputada.

La diputada Cristina González Cruz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, permítame un segundo. Sonido en la curul de la diputada González Cruz.

La diputada Cristina González Cruz(desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para hacer una aclaración en mi carácter de integrante de la Comisión de Justicia, refiriendo que en relación a este dictamen se refiere a cualquier delito del orden federal o común.

No quiere decir que se constriñe en el Distrito Federal, sino que se refiere a cualquier delito de carácter federal o del orden común en el Distrito Federal, pero no quiere decir que se aboque preponderantemente al Distrito Federal. Lo expreso por el comentario del diputado que había solicitado el uso de la palabra desde su curul.

Efectivamente, este dictamen sobre todo tiene una motivación tan importante, que es justicia, tomando en consideración el debido proceso que debe de existir en todos los casos que se suscitan en los ámbitos procedimentales. Pero sí hago esta aclaración para que se tenga en consideración y que quede así asentado. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul del diputado Roberto López.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Gracias, presidente. Nada más quisiera —como veo que ya están las intervenciones y sobre todo por lo que acaba de señalar la diputada del PRI— decir claramente que mi voto será a favor, pero comentar que el espíritu original de esta discusión, de fondo, en términos legales, les quisiera comentar a los diputados del PRI, que es para la liberación del profesor Patishtán. No estamos viendo muchos casos que seguramente existen en el país.

Y quisiera señalar que tanto el diputado José Luis Muñoz Soria y un servidor hemos presentado una iniciativa para promover una Ley de Amnistía, porque coincido con quienes señalan que lo que se pretende con esta iniciativa —que puede beneficiar a varios— es perdonar a un inocente. Y no es el fondo del asunto.

Lo que nosotros estamos planteando, en el caso del profesor Patishtán, es que se libere a una persona que ha sido presa injustamente, por muchos años y que la justicia no ha llegado al estado de Chiapas y a este caso en específico. Solamente quisiera señalar esto. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Medina Filigrana. Sonido en la curul, por favor.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Por alusiones, diputado presidente. Mire, hay un principio elemental de derecho, que es que en materia penal no se puede dejar nada a la interpretación, sino que tiene que ser literal. Y lo que aquí se dice literalmente es: podrá conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y luego hay una coma, por tanto, literalmente está constriñendo al Distrito Federal.

Insisto, voy a votar a favor, pero es utópico pensar que con esta redacción podemos hacer extensivo este artículo a todo el país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, solo señalarle que de manera frecuente, cuando me toca a mi estar en el turno de la tribuna, el Canal del Congreso suspende la señal, se va al Senado, regresa, cuando es el único canal. No creo que sea conveniente que a ningún compañero integrante de esta asamblea se le cometa esa grosería. Le pido tomen medidas para que hablen con la directora del Canal del Congreso, para que proceda mi moción y mi molestia.

El Presidente diputado José González Morfín: Le aseguro que vamos a checar este dato que usted da, diputado.

Ahora sí tiene la palabra al diputado Alejandro Carbajal González, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Alejandro Carbajal González:Diputado presidente. Compañeras y compañeros, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es de suma importancia este tema y no vamos a actuar de manera timorata ni mucho menos de duda en otorgar nuestro voto a favor, aún a sabiendas de que hay una serie de faltas técnico-jurídicas que hicimos patente en el seno de la comisión.

Es correcto una serie de interpretaciones, porque lo planteamos, dijimos que había una invasión de esfera de competencias. Dijimos que este artículo no iba a solucionar el problema de fondo.

Si bien es cierto, el elemento que hoy nos motiva es la detención injusta de Alberto Patishtán, no es el único caso en el país, tenemos un sinnúmero de penas y de casos que han sido conocidos. Tenemos, por ejemplo, a Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, en el estado de Querétaro. Tenemos a Francisco Santis en el estado de Chiapas, todos ellos detenidos de manera injusta.

El problema no se resuelve modificando un artículo o agregando una fracción, la realidad es que tenemos que ir al fondo del tema en la impartición y procuración de justicia en nuestro país. Que esto de otorgar justicia no sea a quien tenga más dinero. No sea al más influyente al que beneficie. Aquí tenemos casos muy sonados, que no quisiera citar ni mucho menos entorpecer y poner un ambiente turbio en este tema en específico.

Es necesario que revisemos la implementación del sistema judicial, de la reforma judicial en el país. Porque todas y todos hemos estado hablando de que es necesario excarcelar a Alberto Patistán. Pero, ¿qué vamos a hacer al respecto, cuando le hemos estado dando vueltas a la implementación de la reforma judicial, en donde no se le han otorgado los recursos necesarios a cada una de las entidades para efecto de que podamos implementar de manera justa y equitativa una implementación de justicia? Ése es el tema, compañeras y compañeros.

Emplazo al grupo mayoritario, al PRI, para efecto de que le entremos a este tema. Se hizo el planteamiento en la Comisión. Pero además también queremos dejar patente el asunto del ámbito de esferas de competencia. Si bien es cierto, para lo que implica el indulto, está facultado el Ejecutivo federal en el ámbito de la ciudad, también lo cierto es que debemos dar ese paso, para que le demos la plena autonomía a esta ciudad, y empecemos con este tema, porque el indulto está preservado y respetado en todas las entidades y no lo es así en la ciudad.

Por ejemplo, con esta reforma el Ejecutivo federal lo único que va a poder hacer es otorgar un indulto por lo que hace a los delitos federales, pero Alberto Patishtán también está siendo procesado por delitos del fuero común. Aquí va a tener que intervenir el gobernador de Chiapas. Y esto no se vislumbra en la reforma.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hace este atento llamado y este exhorto. No le demos más la vuelta, estamos justamente en el proceso del Presupuesto para 2014, es el momento en el cual incluso podríamos destinar recursos a todas y todos los estados de la República para que de verdad sea una realidad.

No estemos solamente haciendo buenas intenciones en esta tribuna, llevémoslo a los hechos para efecto de que no tan solo —termino, diputado presidente— sea un Alberto Patishtán, sean muchos más mexicanas y mexicanos que han sido privados de su libertad de manera injusta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Tomás Torres Mercado, para hablar también a favor del dictamen.

Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos y directivos del Tecnológico de Zongolica, en el estado de Veracruz, que están hoy aquí invitados por el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El diputado Tomás Torres Mercado:Gracias, estimado y respetado presidente González Morfín. Miren, siento en principio el deber y si, con franqueza vale decirlo, el reconocimiento político, el reconocimiento a la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, a su presidente Ricardo Fidel Pacheco, porque no solamente en este dictamen, en muchos, en los que son de su responsabilidad, hace siempre el esfuerzo de la ponderación y el equilibrio del contenido de los dictámenes, y a su Junta Directiva.

Y digo porque esta adición al Código Penal Federal de un artículo 97 Bis, que establece el indulto a petición ponderada o subordinada del ciudadano presidente de la República, facultad que en efecto, ya contempla el artículo 97 de este Código Penal Federal y la Constitución Política del país.

Pero debo hacer algunas puntualizaciones, este deber del reconocimiento es, colegas diputadas y diputados, reconociendo dos valores fundamentales en la vida de la sociedad cualquiera. El primero, la expresión máxima del quehacer de la colectividad es la política, y aquí la fuente que genera esta adición es de esa índole, y hay que reconocerlo. Pero también que uno de los valores fundamentales que reconoce la escala universal es la libertad.

No nos toca a nosotros decir si será aceptado o no el eventual indulto —facultad del Ejecutivo— de quien se encuentra preso derivado de una condena en una sentencia definitiva. Por cierto tengo que puntualizarlo, es un proceso ventilado, seguido, resuelto de modo definitivo ante los tribunales federales. No tendrá por consecuencia alcance para la autoridad de Chiapas, para la autoridad local.

Y agrego —con su autorización, señor presidente— algunas cuestiones. El indulto es una institución propia del Poder Ejecutivo en la última fase del procedimiento penal. Es decir, si hay materia para ejemplificar de las facultades de cada uno de los poderes, les recuerdo a ustedes, el Legislativo hace la ley, el Poder Judicial la aplica y el Poder Ejecutivo —valga repetirlo— la ejecuta. Éste es el típico caso para establecer la separación de los poderes, y en este caso, de la Unión.

Quiero agregar —decía con su venía, señor presidente y con la tolerancia de mis colegas— de que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México va a votar a favor. Ha habido un compromiso político para abordar el tema en trabajos de la propia comisión, pero no puedo —lo digo con absoluta responsabilidad, con plena responsabilidad y si plantea atribuírseme, imputármelo, lo acepto en primera persona— no puedo decir que hay malas leyes y hay necesariamente malos jueces, como principio de vida institucional en este país.

Quien viole derechos humanos, que se le enjuicie política y legalmente. Quien actúe corruptamente, que tengamos capacidad para acusarlo. Pero también, si hay leyes malas, este Congreso tiene la responsabilidad política y constitucional de modificar las malas leyes.

Vamos a votar a favor. Pongo en salvaguarda la integridad de la Cámara de Diputados en mérito de un valor fundamental de la libertad. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene, para hechos, el uso de la voz el diputado Juan Luis Martínez Martínez.

Saludo a un grupo de alumnos de 5o. y 6o. de primaria y profesores del Colegio Bernal Díaz del Castillo, que están aquí hoy invitados por el diputado Arnoldo Ochoa González. Bienvenidos a la sesión.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, primero reprobar la actitud de la directora del Canal del Congreso por cortar la transmisión cuando se esté participando en esta tribuna para cualquier legislador.

Alberto Patishtán fue injustamente detenido el 19 de junio de 2000, en el municipio de El Bosque, en el estado de Chiapas, acusado de participar en la emboscada y asesinato de siete policías locales. Su verdadera falta fue en realidad cuestionar, exigir y denunciar los abusos en ése entonces del presidente municipal del lugar.

Desde en aquellos tiempos, el profesor tzotzil ha mantenido una lucha constante y ejemplar por recuperar su libertad y, sobre todo, por el reconocimiento de su legítima inocencia.

Patishtán y otros indígenas están detenidos en muchas cárceles de México de manera injusta. Miles son las historias de indígenas presos indebidamente. Patishtán es un caso emblemático, pero no aislado. Desgraciadamente el caso del profesor tzotzil se multiplica por centenares a lo largo y ancho de nuestro país, solo que esos casos suceden en silencio y en el anonimato, sin mayor escándalo ni atención.

En el 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que había más de 8,530 indígenas presos en las cárceles mexicanas, 75 por ciento de los cuales se encuentran en 11 estados, principalmente el estado de Oaxaca, Chiapas y Puebla. Señaló además que en la mayoría de los casos los reclusos habían sufrido violaciones al debido proceso, ausencia de intérpretes y carencia de defensores públicos especializados.

Un profesor indígena que pugna por mejores condiciones de vida para los pobladores y que en su lucha se convierte en opositor al gobierno represor e ignorante de la región, no es ninguna novedad. La historia de nuestro país está llena de sangre de asesinatos de muchos líderes sociales encabezando luchas justas.

Hoy nos alegramos de la pronta liberación del profesor Alberto Patishtán, pero también nos avergonzamos de los miles que aún están presos injustamente. Este Congreso, el Senado de la República y la Presidencia de nuestro país deben impulsar leyes generalizadas para salvaguardar los derechos y garantías de todos, no para casos específicos, como el que hoy nos ocupa.

Compañeras y compañeros, como es de todos conocido, los magistrados del primer tribunal del vigésimo circuito del estado de Chiapas, la declaración infundada para el incidente de reconocimiento de inocencia a favor del profesor indígena Alberto Patishtán, se basaron en el texto de un artículo, sin consideraciones de bloques de constitucionalidad ni jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Con esta resolución tan aberrante y atroz, el Poder Judicial de la Federación demuestra su total incapacidad.

La defensa, muy a pesar del profesor Alberto Patishtán, argumentaron en tiempo y forma la falta del debido proceso. Les valió la nada.

Para nuestro país, no es de extrañarse las decisiones de jueces banales que actúan por consigna, emitiendo resoluciones y consideraciones constitucionales alejados totalmente del marco del derecho.

Para el indígena en nuestro país esta serie de injusticias es una constante. Siempre se nos ha discriminado, se nos ha denegado la justicia, se nos arremete con toda la fuerza del Estado, poniéndonos el pie en el pescuezo para no reclamar nuestros legítimos derechos.

En fin, vivimos en un país tan desigual, en donde reina la injusticia, el abandono, la pobreza lacerante, que campea a lo largo y ancho del país, en donde hay acuerdos políticos para liberar a los delincuentes de cuello blanco y pretenden disfrazar como resoluciones jurídicas, exonerando a los delincuentes más grandes que tiene el país, como Caro Quintero, Florence Cassez, Raúl Salinas, Humberto Moreira, entre otros que tanto daño le han hecho a nuestra nación mexicana.

Desde aquí enviamos un abrazo fraterno y solidario a quienes padecen diariamente la vida en una prisión a causa de procedimientos viciados y de gobiernos represores, especialmente a los indígenas, a los presos de conciencia y a sus familiares.

Es por eso que Movimiento Ciudadano seguirá luchando por un México con justicia, igualdad, democracia y libertad. Por un país donde no haya más represión, discriminación, impunidad ni tráfico de influencias. Presos políticos, libertad. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 442 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

DERECHOS HUMANOS DEL CIUDADANO ALBERTO PATISHTAN GOMEZ

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado José Luis Muñoz.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solamente para, primero, reconocer la preocupación del Congreso en avanzar en la búsqueda de resolver esta gran injusticia en la persona del profesor Patishtán. Pero hay otros cientos y miles de ciudadanas y ciudadanos de este país, que seguramente están en la cárcel como resultado también de falta de un debido proceso y de violación a los derechos humanos.

Segundo. Hacer un llamado a las fuerzas políticas de este Congreso para que a la brevedad podamos trabajar en conjunto un ordenamiento legal que ponga término a todo este tipo de injusticias en el país.

Sabemos que en la Comisión de Justicia se avanzó en un acuerdo de esta naturaleza. Pero queremos insistir en que es necesario que retomemos este asunto a la brevedad y planteamos que la Junta de Coordinación Política lo ponga a consideración la próxima semana para que avancemos en este ordenamiento legal. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Coronato.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez(desde la curul): Señor presidente, ya se votó y simplemente quisiera dejar constancia. Mi voto fue en sentido positivo. Sin embargo, debo de reconocer que esto es una aberración jurídica y el voto que hice lo hice por humanidad, porque me queda claro que el maestro Patishtán es un inocente y lo que se debió de haber hecho era declarar su propia inocencia. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Alfredo Zamora.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Muchas gracias. Me parece que es una oportunidad extraordinaria el que hoy el Congreso haya aprobado esta iniciativa. Creo que el marco en el que se aprueba es precisamente la incapacidad que han tenido los tribunales locales y federales para administrar justicia.

Parece que éste es un problema grave que venimos sufriendo en todo el país y que esta iniciativa que se acaba de aprobar hoy, este proyecto, que le sirva al Poder Judicial federal y local de acicate para que realmente en los hechos puedan mejorar la administración de justicia, porque si bien es cierto —como aquí se ha mencionado— son algunas personas de las que se conocen su nombre, hay miles que injustamente han sido procesadas que hoy permanecen en cárceles y que pareciera que a los jueces no les importara realmente administrar, cumplir con su obligación.

Por ello deseo felicitar a todos los diputados y diputadas por esta gran iniciativa. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Diputado presidente, nada más para que quede constancia en el Diario de los Debates. Por supuesto también voté a favor de esta ley, porque creo que puede ser un instrumento que ayude a la justicia, no solo para Alberto Patishtán, creo que ninguna ley tiene que ser con dedicatoria, todas tienen que ser generales.

Pero en México existen muchos presuntos culpables por vicios en el proceso, por corrupción, por malos jueces. En México predomina muchas veces la impunidad para los poderosos y la arbitrariedad para quienes no lo son y nuestras cárceles están llenas de eso. Ojalá sirvan para la justicia, porque efectivamente tengo las mismas dudas que aquí se han expresado sobre la utilidad o sobre la conveniencia de este instrumento, si efectivamente va a servir.

Simplemente decir que mi voto fue a favor, porque todo lo que pueda contribuir para que gente que esté injustamente en prisión pueda salir libre, me parece que lo tenemos que hacer. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Eufrosina Cruz.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza:Presidente, solo poner sobre la mesa, como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, nuevamente en este país la justicia solamente es para los de arriba. Ojalá que esta reforma sirva de verdad y se aplique como debe de ser.

Por otro lado, invito nuevamente a los compañeros, en estos próximos días vamos a estar tocando el tema de Presupuesto. Quiero ver el apoyo y el voto de cada uno de ustedes en el rubro y en el Anexo 9 para los pueblos y comunidades indígenas, y más en materia de seguridad y de justicia. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

Compañeras y compañeros, se acaba de recibir un oficio de la Cámara de Senadores, al cual pido a la Secretaría dé lectura.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Oficio de la Cámara de Senadores.

MODIFICACION AL ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se modifica el orden del día.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que devuelve la Cámara de Senadores con modificaciones está ya publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se les dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se le dispensan todos los trámites. Se somete a discusión y votación.

En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.

Para conocimiento de la asamblea, se concede el uso de la voz al diputado José Isabel Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda, para fundamentar la minuta, para presentar las modificaciones hechas por la colegisladora.

El diputado José Isabel Trejo Reyes:Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputados y diputadas de esta Cámara, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que hoy recibe esta Cámara de Diputados por parte de la colegisladora Cámara de Senadores, como es por ustedes sabido forma parte de las iniciativas que conforman el paquete económico para el ejercicio fiscal 2014, el cual nos hemos esforzado todos quienes integramos esta Legislatura en aprobar dentro de los plazos que nos otorga la ley, y que se vence el 31 de octubre, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades constitucionales.

El proyecto que aprobamos el pasado 17 de octubre fue enriquecido por el Senado de la República para robustecer las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, deberán observar y cumplir frente a los ciudadanos, a raíz de las nuevas disposiciones que se establecen para el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el Fondo para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal.

En este sentido, la minuta que se propone aprobar contiene modificaciones a 11 artículos, en los que se dispone que los gobiernos que reciban las transferencias federales a que se refieren dichos fondos hagan del conocimiento de los gobernados su uso y su fin, con el objeto de ampliar los derechos de los ciudadanos a saber en qué y cómo se gastan los recursos del Estado, aprovechando las tecnologías de la información a su alcance, lo que además permitirá que dicha información sea accesible y oportuna.

Como todos aquí sabemos, señores diputados, la Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el Sistema Fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta ley. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta ley, mediante la distribución de los fondos que en la misma se establece.

El agregado va en el mismo tono de todas las reformas, que consiste en que la información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y contabilidad gubernamental en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Es así que destaca la reforma del artículo 1o. de esta ley, en este párrafo último; el 6o. artículo, en el párrafo cuarto, en donde se hace un agregado; en el 9o., donde se modifica el párrafo cuarto, y el 26-A, donde se agrega una fracción IX; el 33 y el 44-A, que se le adiciona un último párrafo, todo con la intención de darle una mayor transparencia al recibimiento de los fondos y a su ejecución, principalmente aprovechando las tecnologías, como son los portales de Internet, aunque no se limita a eso.

Por tal razón, les solicitamos atentamente a todos ustedes que confirmen, nos apoyen con su voto, para que las decisiones de esta Cámara —que ya tomó en fechas recientes— con las modificaciones y retoques que han hecho para bien los señores senadores, y aprobemos esta minuta. Muchas gracias, estimadas diputadas y diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. En consecuencia, están a discusión los artículos modificados por la colegisladora.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el diputado Alfonso Durazo Montaño.

Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos y alumnas de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del quinto semestre, grupo E, a quienes coordina la maestra Jenny González Arenas, que están aquí invitados por la diputación zacatecana. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, estimado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, con el regreso del PRI, el sistema político mexicano ha involucionado hacia el hiperpresidencialismo y, con él, hacia el hipercentralismo.

La iniciativa que hoy revisamos —que ya pasó por esta Cámara de Diputados— es una prueba de ello. Al hojear El Federalista, para quien no lo conozca preciso que es un libro que compila los artículos publicados por Jay, Madison y Hamilton ideólogos de la Constitución de los Estados Unidos de América. En esta obra vemos que los tres ideólogos construyeron la idea de federación como forma de organización política que adaptó nuestro propio sistema.

Dentro del ámbito fiscal, tales ideólogos sustentaron la necesidad de un gobierno federal que regulara la Unión como Estado y la protección militar del mismo. Dejando a esa federación la recaudación de los impuestos únicamente necesarios para estos dos fines.

Es decir, en el fondo teórico del concepto de federalismo ya no solo se hablaba del destino de los recursos entre los niveles de gobierno, sino a la misma imposición de tributos. Esta discusión dialéctica se sostuvo, incluso, durante los años previos a la independencia de Estados Unidos de América.

Desde esa época, los fundamentos del sistema federal suponían la supremacía de los estados frente al gobierno federal, en clara antítesis del gobierno centralista. Los mexicanos adoptamos el modelo federal para nuestra nación. Sin embargo, ese modelo funciona únicamente de dientes para afuera.

Escúchenlo bien, para sonrojo de cualquier federalista, al día de hoy el 80 por ciento de los recursos del Estado se destinan a la federación. El 16 por ciento a las entidades federativas y solo el 4 por ciento a los municipios. Es una paradoja cruel que hoy un solo nivel de gobierno plantea el ejercicio de 80 por ciento de los recursos, que 32 entidades ejerzan solo el 16 por ciento y que más de 2 mil 500 municipios ejerzan únicamente el 4 por ciento. A esa concentración oficial y legal de recursos pudiéramos llamarle pillaje de Estado.

Las modificaciones planteadas por nuestra colegisladora se mueven en dos vertientes. La primera de ellas únicamente refiere a la correlación adecuada con otros cuerpos normativos. La segunda vertiente plantea apenas un tímido esfuerzo por modificar el sistema de coordinación fiscal existente en nuestro país.

No obstante, y a pesar de que los cambios no atienden a una mera fe de erratas, este órgano legislativo ha decidido que no merecen una revisión exhaustiva, pues omitió el estudio de las mismas en comisiones.

Mientras en este recinto omitimos discutir las modificaciones timoratas, así sean timoratas, tendentes a fortalecer nuestro sistema federal, en los Estados Unidos de América dicha discusión ilustró la misma creación del Estado norteamericano.

Es alarmante el torniquete fiscal que representa esta Ley de Coordinación Fiscal para los estados. El Senado pudo haberlo corregido, pero no fue así. La irresponsabilidad de este recinto —estoy seguro—, lamentablemente que tampoco lo hará. Sin embargo, las consecuencias de nuestros actos serán reclamadas por la ciudadanía.

Mientras eso ocurra, sigan legislando y defendiendo los intereses oscuros ajenos a los de la nación. Pero a la par, prepárense para un riguroso juicio de la historia. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Nosotros vemos en esta Ley de Coordinación Fiscal un trato inequitativo, injusto y centralista para con los estados y los municipios. La fórmula del reparto de los recursos sigue consolidando un monstruo centralista, un gobierno federal obeso, ineficiente y derrochador.

No podemos justificar esta ley, si tenemos un gobierno federal que gasta miles y millones de pesos en el multicitado —pero nunca corregido— avión presidencial, y que es capaz de gastar 2 mil 332 millones de pesos para el nuevo edificio de la Comisión Nacional del Agua. Es decir, hay un derroche ofensivo y esto se sigue cubriendo con los impuestos, con el sufrimiento y con las angustias de millones de mexicanos.

Hoy esta reforma a la Ley de Coordinación Fiscal está también absorbiendo el control de la nómina magisterial. Por eso toda la reforma tiene que ver con asegurar un mayor control económico y político de la federación sobre los estados y municipios del país.

Ya se está absorbiendo la nómina magisterial y hace poco también el gobierno federal absorbió las compras de todo el sector salud. Es decir, estamos generando un Leviatán, un monstruo centralista, que además es marcadamente ineficiente y corrupto, por eso no podemos avalar este centralismo fiscal y financiero en nuestro país.

Y lo que estamos viviendo es una República de agravios, la frontera del país agraviada por un IVA del 11 al 16 por ciento, con un incremento por más del 40 por ciento en el IVA en estas regiones del país. El sur con la problemática magisterial intensa. Y tenemos, por otro lado, estados fallidos e ingobernables, como Michoacán.

Por esta razón, el manejo financiero y fiscal no puede desvincularse de la problemática política y de gobernabilidad del país. Y por eso no podemos avalar a un gobierno derrochador, que lejos de utilizar el Presupuesto para generar un nuevo esquema económico y social en el país, lo sigue utilizando como un arma de control.

Por ahí desfilan gobernadores pidiendo a Hacienda que les dé recursos, cuando esto debiese venir de una legislación democrática y federalista para la República. Sin embargo, el día de hoy se le da fast track y en apenas minutos se van a votar cambios que vienen del Senado de la República.

Les preguntaría a todos los compañeros legisladores, a las diputadas y a los diputados, ¿quiénes conocen las reformas que se van a votar? ¿Quiénes conocen los cambios que se hicieron en el Senado de la República? Muy pocos seguramente, quizá contadísimos. Sin embargo, van a seguir consolidando ese centralismo fiscal, con el cual nosotros definitivamente no estamos de acuerdo.

Aprovechamos para pedirle al Senado de la República para que envíe ya la minuta de la reforma en materia de deuda de los estados y municipios, que está congelada en el Senado de la República. Así como queremos que haya un federalismo fiscal, queremos también que haya transparencia y políticas claras de deuda, pero está congelada en el Senado. Parece que no le gustó que lo sacáramos ahí de esa Comisión Bicamaral y no le han dado curso. Por eso aprovechamos este espacio para hacer ese recordatorio. Nuestro voto será en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Muchas gracias, diputado presidente. Coincido con mis compañeros de bancada acerca de las resistencias que hay para que el tema fiscal, el tema hacendario. Y fundamentalmente lo que será la discusión del tema presupuestal rompa de una vez por todas con el carácter inercial, que todavía el año pasado para el Presupuesto 2013 se las pasamos, porque decían Enrique Peña Nieto y Videgaray que iban llegando y que, por lo tanto, pues tenían prácticamente que seguir la directriz que les había heredado en el paquete económico Felipe Calderón. Ya casi llevan un año y ése ya no puede ser el pretexto.

Lo que sí se ha demostrado al menos en muchas de las decisiones que ha tomado esta Cámara de Diputados es en pasar de lo que Carpizo llamaba las facultades metaconstitucionales del presidente de la República, para que este Congreso las convierta en constitucionales.

Por eso advierto como muy puntual el señalar que es el hipercentralismo lo que está creando un hiperpresidencialismo. Ya no les basta estar atrás de una coraza militar, acobardados por las protestas sociales de todo un pueblo, sino que ahora también se busca el blindaje jurídico y normativo.

Quiero insistir –por ejemplo— en el caso del Distrito Federal, por la reivindicación de incorporar fondos de aportaciones de infraestructura social, por ejemplo, después de 15 años de desdén a la población de la capital. No es un logro, simplemente es una reivindicación hecha realidad de una población que fue lastimada y discriminada durante 15 años por parte de las mayorías que tuvimos de las diferentes derechas que tenemos en este país.

Nosotros vamos en contra, porque al final lo que se ha aprobado —como hemos insistido en esta tribuna en el tema de la bolseada hacendaria, porque de reforma no tiene nada— esa bolseada a la población, a la clase media y, sobre todo, al consumidor final, no puede ser reflejo más que de congruencia. Y tal como lo hicimos en su momento para votar en contra de estas propuestas, el día de hoy lo venimos a confirmar.

Si de veras queremos federalismo, si de veras queremos coordinación fiscal con ese sello, aportemos más Presupuesto a las entidades federativas y a los municipios. Es una vergüenza subir y decir aquí que solamente se les da el 16 por ciento de todo el Presupuesto de más de 4 billones 200 mil millones de pesos. Solamente se les da el 16 por ciento de estos recursos a las entidades federativas.

Es más vergonzoso venir a decir aquí y aplaudir cualquier reforma y cualquier pincelada mediocre que se da desde el Senado, cuando tenemos el 4 por ciento de esos 4 billones 200 mil millones de pesos destinados a los municipios. Por eso vamos en contra. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Gerardo Villanueva Albarrán.

Finalmente, tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo modificaciones que provienen del Senado de la República, como Cámara revisora, a dos instrumentos jurídicos: la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Nosotros estamos actuando en consecuencia. Votamos en contra de ambas leyes, de ambas modificaciones que aquí se iniciaron en estos dos instrumentos jurídicos. Ya mis compañeros diputados Mejía y Villanueva, igual que Alfonso Durazo, han expresado el sentir de la bancada.

¿Por qué razón nosotros no avalamos las modificaciones? Porque finalmente el Senado, como Cámara revisora, pudo haber el día de ayer generado y asentado un criterio que aplaudiéramos al no votar leyes como estas, que han provocado inconformidad y movilidad social en todo el país.

Pero déjenme decirles qué es lo que se está votando. Estas modificaciones son, en efecto, el artículo 1o., el 6o., el 9o., el 26-A, el 33 y el 44. Y básicamente estas modificaciones tienen que ver con información financiera al que están obligadas las entidades federativas y los municipios en materia de coordinación fiscal.

Y se introduce —debo de reconocer, aunque tibiamente— el principio de transparencia y de contabilidad gubernamental, en los términos de esta ley a la que me he referido de contabilidad gubernamental.

En efecto, pudiera hablarse de que se mejoró la transparencia. Por ejemplo, en el artículo 44 se adiciona un último párrafo para señalar que las entidades federativas y los municipios, así como las demarcaciones territoriales, deberían informar a sus habitantes trimestralmente y al término de cada ejercicio los destinos, el origen del ejercicio y los resultados obtenidos respecto de los fondos que reciben para ser administrados en beneficio de la población.

No es del todo malo, simple y sencillamente creo que faltó mayor profundidad. Y realmente los seis artículos vienen a completar casi aspectos de información y de transparencia. No tocan temas relevantes, no toman, ni tocan temas que fueran modificados de manera radical en estos dos instrumentos jurídicos, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por eso nosotros actuamos con congruencia. Sí la leímos, a pesar de que apenas hace unos minutos nos dieron cuenta. Me permití leer las modificaciones, tratamos de hacerlo siempre. Y por esa razón, repito, nosotros votaremos en el mismo sentido que lo hicimos aquí en la Cámara en días pasados, en contra de estos instrumentos perniciosos, que afectan a la nación y al país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Ricardo Monreal Ávila.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 386 votos a favor, 3 abstenciones y 49 votos en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos modificados por la Cámara de Senadores. Aprobado en general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

DISCIPLINA FINANCIERA EN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Senado de la República a que apruebe la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Senado de la República a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera en los estados y los municipios

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. Que el artículo 34, numeral 1, inciso b), del citado ordenamiento, establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de puntos de acuerdo.

III. Que el 17 de julio de 2013, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales presentó dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera en los estados y municipios, mismo que fue aprobado en esa fecha y remitido con carácter de minuta a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional.

IV. Que el Senado de la República recibió la citada minuta el 24 de julio de 2013 y la turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos en esa fecha, para su estudio y dictamen.

V. Que el dictamen correspondiente fue presentado, discutido y aprobado por la Cámara de Senadores en sesión extraordinaria del 22 de agosto de 2013, y la minuta devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, turnándose a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

VI. Que en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2013, la Cámara de Diputados conoció, discutió y aprobó el dictamen a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera en los estados y municipios, remitida por el Senado de la República; y que en dicha sesión aprobó, además, el siguiente acuerdo:

“ Único. Se autoriza al Senado de la República, de conformidad con lo que establece la fracción E del artículo 72 constitucional, remita a las legislaturas de los estados el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras”.

VII. Que ha transcurrido más de un mes desde que dicha minuta y el acuerdo referido fueron remitidos al Senado de la República, sin que hasta el momento la colegisladora haya emitido resolución alguna.

VIII. Que está en la preocupación de la Junta de Coordinación Política, y en el interés de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, legislar sobre disciplina financiera en los estados y municipios, y atender con ello uno de los temas más importantes en la agenda legislativa del Congreso.

Por lo antes expuesto, y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emite un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Senadores para que apruebe la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera en los estados y municipios, y para que, de conformidad con lo establecido en la fracción E del artículo 72 constitucional, remita a las legislaturas de los estados el decreto correspondiente, sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente, esta reforma que tiene que ver con el endeudamiento de los estados y municipios es quizá una de las tres reformas constitucionales que se han aprobado prácticamente por unanimidad, junto con aquella que tiene que ver con el Código Único de Procedimientos Penales y otra más en materia de competitividad.

Sin embargo, hemos visto en el Senado de la República una dilación extraña, una dilación sobre este tema. Primero, querían robarle facultades a la Cámara de Diputados para que se creara una comisión bicamaral que tuviera que ver con emitir recomendaciones en materia de deuda.

Nosotros lo cuestionamos, porque no le regateamos facultades al Senado, como aquella que tiene que ver con la política exterior o el cúmulo de nombramientos de ministros, magistrados, comisionados de diferentes organismos.

Sin embargo, a semanas de que se remitió al Senado lo aprobado por unanimidad en esta Cámara de Diputados, es fecha que el Senado no le da el curso constitucional.

No queremos creer que el Senado esté solapando a gobernadores corruptos que endeudaron a las entidades federativas y que quieren seguir preservando este régimen de discrecionalidad, opacidad y falta de control en las deudas de los estados y municipios.

¿Cuál es la razón para que nuestra colegisladora no resuelva ya el tema de la reforma constitucional en materia de responsabilidad hacendaria de los estados y municipios?

Mandan, por un lado, hace un rato, una tenue modificación a la Ley de Coordinación Fiscal que tiene que ver con transparencia. Sin embargo, no resuelve en el fondo que es un tema que tiene que ver con la deuda subnacional, que equivale a 443 mil millones de pesos.

¿Por qué proteger a pillos, a delincuentes que han endeudado a estados y municipios, como los casos multicitados de Granier, de Moreira y demás? Pedimos minuta ya de parte del Senado de la República, y nos parece adecuado este exhorto. Sabemos que la cortesía parlamentaria implica estas palabras de atento y respetuoso, pero lo que queremos es que el Senado resuelva ya.

Tiene que haber un nuevo régimen en materia de endeudamiento de estados y municipios, y el Senado de la República no puede estar dilatando ya la aprobación de esta reforma. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Contabilidad Gubernamental, y de Coordinación Fiscal, a cargo de Damián Zepeda Vidales y suscrita por Ricardo Anaya Cortés, Enrique Alejandro Flores Flores y Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Damián Zepeda Vidales, Ricardo Anaya Cortés, Enrique Alejandro Flores Flores y Ricardo Villareal García, diputados federales a la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de estandarizar la presentación de las cuentas públicas a nivel nacional, crear un Sistema de Evaluación de Indicadores de Gestión Gubernamental de la Cuenta Pública ligado a la obtención de recursos del Fondo General de Participaciones, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La dinámica económica, social y política de México obliga a los actores de la administración pública en todos los niveles de gobierno a cada vez otorgar más y mejores resultados a los ciudadanos, dejando de lado temas coyunturales y subjetivos. Los ciudadanos merecen que su gobierno sea eficiente en su manejo administrativo como el primer requisito para el éxito de sus políticas públicas y esto solo puede ser logrado a través del trazo de metas cuantitativas claras en su desempeño.

Si nos concentramos en las entidades federativas y, especialmente, el municipio como los entes públicos con mayor cercanía con el ciudadano nos podemos dar cuenta que lograr condiciones de eficiencia administrativa y sobre todo un proceso de mejora continua que les permita evolucionar positivamente año con año, beneficiaria de manera directa al ciudadano en un grado potencial y fortalecería la figura de las entidades y los municipios, con los beneficios que ello implica en la sociedad.

Si bien la naturaleza ideológica y obligación legal de cualquier gobierno estatal o municipal es precisamente la de brindar un buen gobierno, existen factores de vital importancia que a la vista de la sociedad podrían no ser tan visibles que sin embargo son indispensables para hacer una valoración adecuada de lo que es un buen o mal gobierno, como lo son el tener unas finanzas públicas sanas, eficiencia administrativa, adecuada inversión en infraestructura o tener mecanismos óptimos de transparencia, entre otros, es decir, se puede estar frente a un gobierno popular pero con pésimo manejo financiero – administrativo, inadecuado grado de inversión y altos grados de opacidad.

Atendiendo las consideraciones anteriores, el pasado mes de agosto, aun en mi calidad de Diputado local, presente en la entonces quincuagésima novena  legislatura del Congreso del Estado de Sonora, una iniciativa denominada “ iniciativa de Ley que Crea el Fondo de Infraestructura para el Estímulo y Reconocimiento al Buen Gobierno Municipal”, la cual buscaba, como su nombre lo indica,  incentivar el buen ejercicio de la administración pública de los municipios sonorenses.

Dicha iniciativa basó su planteamiento en un esfuerzo de medición de buen gobierno y fiscalización sin precedente que se ha llevado a cabo en Sonora en los últimos años, a raíz del desarrollo por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización  del Estado de Sonora, de un Sistema de Evaluación al Desempeño Municipal dentro del proceso de revisación y fiscalización de la cuenta pública de los municipios que vale la pena resaltar y analizar. Acorde al propio ISAF dicho sistema tiene como objetivo:

“Evaluar el desempeño de los gobiernos municipales, mediante la aplicación de un conjunto de indicadores que determinen y verifiquen si los recursos públicos fueron usados de forma adecuada, óptima y racional, a fin de conocer la economía, eficiencia, eficacia, calidad e impactos de las distintas políticas y programas públicos, así como el cumplimiento de metas y objetivos.” (CPC Eugenio Pablos Antillón , Algunos aspectos básicos de la evaluación al desempeño en los municipios)

La oportunidad de que esta herramienta implementada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora sea norma obligatoria y que se le sume un factor de inercia positiva a través de la apertura de oportunidades de obtención de recursos extraordinarios para infraestructura en los municipios, abrió una nueva expectativa que hoy como diputado federal deseo llevar a la realidad nacional, con sus correspondientes adecuaciones, para su aplicación en municipios y entidades federativas.

La presente iniciativa propone principalmente:

Estandarizar a nivel federal para los órganos de fiscalización locales el calendario de entrega de la cuenta pública y de los informes de resultados a las legislaturas estatales;

Partir del mismo modelo propuesto en mi entidad federativa para hacer obligatorio la aplicación, por parte de los órganos fiscalizadores locales, de un Sistema de Evaluación de Indicadores de Gestión Gubernamental de la Cuenta Pública que mida aspectos mínimos de buen gobierno; y

Ligar a los resultados de dicho Sistema recursos presupuestales adicionales para las entidades, municipios y demarcaciones, a través de un Fondo de Aportaciones para el Estímulo del Buen Gobierno de entidades federativas, municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, al cual tendrán acceso exclusivo aquellos estados, municipios o demarcaciones que hayan obtenido resultados superiores a los mínimos establecidos como aprobatorios por el Consejo para el Sistema de Evaluación de Indicadores de Gestión Gubernamental de la Cuenta Pública.

Para explicar el objetivo de la iniciativa en mención vale la pena detallar el modelo implementado al día de hoy por el órgano fiscalizador del Estado de Sonora, así como la iniciativa presentada en el ámbito local por un servidor, Damián Zepeda Vidales, principal fuente de información para la creación de la presente iniciativa. En la misma un servidor señaló lo siguiente:

La metodología utilizada por el ISAF considera el uso de 16 indicadores en 6 diferentes apartados que “engloban los aspectos más relevantes y sustanciales del quehacer municipal, en base a ellos se puede analizar y determinar de manera objetiva el desempeño de cada Municipio” (ISAF, Evaluación al Desempeño Municipal 2010); estos apartados son:

1) Gestión financiera política,

2) Política recaudatoria,

3) Política del gasto,

4) Administración de fondos federales,

5) Cumplimiento de metas, y

6) Monto cuantificable de las observaciones relevantes.

Atinadamente dentro de la metodología utilizada por el ISAF se contempla la diferenciación entre los municipios basándose en aspectos demográficos, asumiendo que el número de habitantes es el factor más ecuánime para lograr una clasificación justa dados los alcances socioeconómicos de cada municipio. Al final se logra la clasificación siguiente:

Clasificación municipal                                            Rango

Urbano                                       Más de 100 mil habitantes

Semi-urbano Más de 10 mil y menos de 100 mil habitantes

Rural                                         Menos de 10 mil habitantes

Acorde a lo señalado por el ISAF con esta calificación se logra ajustar la metodología a cada grupo, haciendo el resultado más objetivo y generando una competencia de iguales con iguales.

La presente iniciativa se contempla la integración tanto de los apartados de evaluación anteriormente señalados como de esta clasificación a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, ya que a la fecha, aún y como se mencionó anteriormente es utilizada en la práctica, no se contemplan de manera textual en la ley.

Tomando como base lo anterior esta iniciativa propuesta por un servidor considera como objetivo primordial la creación de un Fondo de Infraestructura para el Estímulo y Reconocimiento al Buen Gobierno Municipal con el objetivo de otorgar un estimulo económico dirigido a inversión en infraestructura para aquellos municipios que desarrollen un buen ejercicio de gobierno, ya que solo podrán tener acceso aquellos municipios que aprueben su cuenta pública y observen resultados satisfactorios en cada uno de los apartados considerados, determinando la cantidad de recurso adicional a disponer de conformidad a su desempeño en cada uno de ellos.

Para entender el funcionamiento del sistema en mención, que será la base para la determinación de los recursos del Fondo propuesto para cada municipio, es importante mencionar que el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización desarrolló dentro del Sistema de Evaluación al Desempeño Municipal una metodología que considera diferentes parámetros, variables e indicadores que es fundamental para entender el espíritu de la presente iniciativa. Partiendo de los aparatados y la clasificación municipal anteriormente mencionada, la metodología seguida en 2010 por el ISAF, acorde a lo establecido en la cuenta pública municipal de dicho año, fue la siguiente:

“Parámetros

Para la evaluación se determinaron dos tipos de parámetros: a) Parámetros Fijos y b) Parámetros en base al promedio del grupo municipal.

Los parámetros fijos son aquellos donde se aplica el mismo criterio de evaluación a los 72 municipios, sin distinguir su tamaño demográfico. Es decir, se aplica la evaluación de manera homogénea, sin utilizar ningún tipo de diferenciación. Esto es debido a que el resultado de desempeño en estos indicadores no está en función a su situación demográfica o socioeconómica, sino más bien a su capacidad administrativa y financiera. Como ejemplos podemos mencionar los indicadores de Liquidez, Solvencia, y Resultado del Ingreso y Egreso, donde se aplica este tipo de parámetro.

El otro tipo de parámetro, se determina en base al promedio emanado de cada agrupación municipal. Es decir, los municipios urbanos tienen un tipo de parámetro de evaluación distinto a los municipios rurales o semi-urbanos. Cada grupo cuenta con su propio parámetro determinado en base al comportamiento observado en cada indicador.

Sin embargo, cabe aclarar que el promedio considerado en cada grupo es un promedio ajustado. Se obtiene eliminando en valor mayor y el valor mínimo del resultado obtenido en cada indicador. Ejemplo, el grupo de municipios semi-urbanos se constituyen por 18 municipios. Para la obtención del promedio ajustado de ese grupo, se suman todos los valores, exceptuando el valor mayor y el menor, y por lo tanto se divide entre 16.

Se hizo este ajuste con la finalidad de obtener un promedio más representativo del comportamiento del indicador, evitando que aquellos municipios que hayan tenido un desempeño extraordinario, modifiquen drásticamente el valor del promedio del grupo.

Variables

Durante el proceso de evaluación al desempeño municipal se utilizaron en total 21 variables, que a continuación se enlistan:

1. Activo circulante

2. Pasivo circulante

3. Pasivo total

4. Activo total

5. Ingreso total

6. Egreso total

7. Ingresos propios

8. Gasto total de tesorería

9. Recaudación del impuesto predial

10. Facturación del impuesto predial

11. Total de servidores de la administración directa

12. Habitantes del municipio

13. Gasto corriente

14. Inversión en obra pública

15. Monto indebidamente aplicado del FISM

16. Monto total asignado en el año del FISM

17. Monto indebidamente aplicado del Fortamun

18. Monto total asignado en el año del Fortamun

19. Metas acreditadas

20. Metas de la muestra selectiva

21. Monto observado

La fuente de información de cada variable se obtuvo de las Cuentas Públicas 2010, a excepción de la variable: “Habitantes del municipio” la cual, se obtuvo mediante los resultados del “Censo de Población y Vivienda 2010” (INEGI), (Véase en www.inegi.org.mx).

Indicadores

Para evaluar el desempeño municipal, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización elaboró y seleccionó diversos indicadores que proporcionan información relevante del quehacer financiero, presupuestal y administrativo del Municipio. Este proceso de selección se determinó mediante la disponibilidad de la información y la relevancia de la misma.

En cada apartado se establecieron indicadores que proporcionaran información sustancial sobre el desempeño municipal. En total se seleccionaron 16 indicadores, agrupándose de la siguiente manera:

Gestión financiera

1. Liquidez

2. Solvencia

3. Resultado de ingreso total y egreso total

Recaudación del ingreso

4. Ingresos propios

5. Ingresos propios per cápita

6. Costo-Beneficio de Tesorería

7. Eficiencia recaudatoria del impuesto predial

Ejercicio del gasto

8. Tamaño de la administración municipal

9. Gasto corriente por servidor público

10. Inversión en obra pública

11. Inversión en obra pública per cápita

12. Retribución en obras por concepto de recaudación

Administración de los fondos federales

13. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

14. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

Cumplimiento de metas

15. Acreditación documental de cumplimiento de metas

Monto cuantificable de las observaciones relevantes (disciplina presupuestaria)

16. Monto cuantificable de observaciones relevantes

1. Liquidez

La liquidez identifica la disponibilidad de activos líquidos (efectivo) y otros de fácil realización para cubrir los compromisos de un gobierno de manera expedita o en corto plazo. En decir, es la disposición inmediata de fondos financieros y monetarios para hacer frente a todo tipo de compromisos. Este indicador se obtiene al dividir el Activo Circulante entre el Pasivo Circulante.

Fórmula:

Liquidez = Activo circulante / Pasivo circulante

El parámetro establecido para considerar si un Municipio cuenta con liquidez, es aquel donde su Activo Circulante es mayor o igual a su Pasivo Circulante. Es decir, si el resultado de este indicador es mayor o igual a 1, se cuenta con los activos suficientes para cumplir con sus compromisos.

Parámetro:

Aceptable                                 No aceptable

Mayor o igual a 1.0 veces  Menor a 1.0 veces

2. Solvencia

En el sector público, la solvencia es la capacidad de un gobierno de cumplir con sus deudas en forma oportuna. Este indicador nos muestra la proporción que representan los adeudos adquiridos (Pasivo Total) en relación al conjunto de recursos y bienes (Activo Total) con que cuenta el gobierno municipal para responder a tales compromisos.

Fórmula:

Solvencia = Pasivo total / Activo total

El parámetro establecido para considerar si un municipio cuenta con solvencia, es aquel donde su  pasivo total no es superior o igual al 50% de su activo total. Es decir, si el resultado de este indicador es mayor o igual a 50%, se considera que el municipio es insolvente.

Parámetro:

Aceptable                                 No aceptable

Menor a 50%                    Mayor o igual 50%

3. Resultado del ingreso total y egreso total

Este indicador muestra el resultado del ejercicio financiero, el cual puede ser un déficit, un superávit o un equilibrio financiero. Déficit es la situación en que los ingresos son inferiores a los egresos; cuando ocurre lo contrario hay superávit; y si los ingresos y gastos son iguales, la balanza esta en equilibrio. Este indicador nos ofrece información sobre el manejo del gasto en relación a los ingresos obtenidos.

Fórmula:

Resultado del ingreso total y egreso total = ((Ingreso total – Egreso total) / Ingreso Total) * 100

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad del resultado del ingreso total y egreso total, es cuando el saldo es mayor o igual a 0, es decir, cuando hay un correcto manejo del egreso en relación al ingreso.

Parámetro:

Aceptable                                 No aceptable

Mayor o igual a 0%                     Menor a 0%

4. Ingresos propios

Se entiende por “ingresos propios” las contribuciones que recauda el Municipio, que son potestad y competencia tributaria municipal (Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones por mejoras). Este indicador representa la proporción de ingresos propios con respecto al ingreso total y su resultado nos ofrece información con respecto a la capacidad recaudatoria del Municipio.

Fórmula:

Ingresos propios = (Ingresos propios / Ingreso total) * 100

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad de este indicador, es cuando el resultado es mayor o igual al promedio del grupo municipal. (Urbano, Semi-urbano o Rural).

Parámetro:

Aceptable:Mayor o igual al promedio del grupo municipal

No aceptable: Menor al promedio del grupo municipal

5. Ingresos propios per cápita

Este indicador muestra el promedio anual de contribución por cada habitante del municipio de ingresos propios. Es decir, es la aportación o contribución en promedio por cada habitante durante un ejercicio fiscal.

Fórmula:

Ingresos propios per cápita = Ingresos propios / Habitantes del municipio

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad de este indicador, es cuando el resultado es mayor o igual al promedio del grupo municipal. (Urbano, Semi-urbano o Rural).

Parámetro:

Aceptable:Mayor o igual al promedio del grupo municipal         

No aceptable: Menor al promedio del grupo municipal

6. Costo-beneficio de tesorería

Este indicador establece el costo-beneficio del resultado obtenido por el desempeño de Tesorería durante un ejercicio fiscal. El resultado se obtiene al relacionar el costo operativo de Tesorería con el total de recursos propios recaudados. El escenario óptimo de este indicador, es aquel donde los ingresos propios son superiores al gasto ejercido por Tesorería. En caso contrario, significa que Tesorería no cuenta con la capacidad para generar los recursos necesarios para autofinanciar su costo operativo.

Fórmula:

Costo – beneficio de tesorería = Gasto total de tesorería / Ingresos propios

Se estableció como parámetro de aceptable menor o igual a 1 veces, al considerar como mínimo conveniente que el costo de operación de Tesorería no sea superior a lo recaudado por concepto de ingresos propios.

Aceptable                                 No aceptable

Menor o igual a 1 veces        Mayor a 1 veces

7. Eficiencia recaudatoria del impuesto predial

Este indicador constituye la eficiencia desempeñada por el Municipio en la recaudación del impuesto predial. Se obtiene al relacionar la recaudación obtenida del impuesto predial con respecto a la facturación emitida (Importe esperado o expectativa de cobro). El resultado deseable de este indicador es el 100%.

Fórmula: Parámetro:

Eficiencia recaudatoria del impuesto predial = (Recaudación del impuesto / Facturación del impuesto) * 100

El parámetro establecido es mayor o igual a 60%, al considerar como mínimo aceptable esa proporción en la recuperación del impuesto predial.

Parámetro:

Aceptable                                 No aceptable

Mayor o igual al 60%                Menor a 60%

8. Tamaño de la Administración Municipal

Este indicador señala la proporción del número de servidores públicos de la administración directa del Municipio en relación con el número de habitantes del municipio. Se refiere a la dimensión del aparato burocrático en función a sus gobernados. Los resultados de este indicador no responden necesariamente a la correlación con la variable de población, debido a que está en función de la política interna del Municipio de incrementar o reducir su plantilla de personal.

Fórmula:

Tamaño de la Administración Municipal = (Total de servidores públicos / Habitantes del municipio) * 100

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad de este indicador, es cuando el resultado es menor o igual al promedio del grupo municipal. (Urbano, Semi-urbano o Rural).

Parámetro:

Aceptable:Menor o igual al promedio del grupo municipal

No aceptable:Mayor al promedio del grupo municipal

9. Gasto corriente por servidor público

Este indicador muestra el promedio del gasto corriente por cada servidor público de la administración directa del Municipio. Es decir, se refiere al costo promedio por concepto de gasto corriente entre la plantilla del personal del Municipio. Los resultados de este indicador contribuyen en analizar la política de gasto que tiene cada Municipio en materia de gasto corriente, a fin de revisar, rediseñar y reducir costos de operación de la administración municipal.

Fórmula:

Gasto corriente por servidor público = Gasto corriente / Total de servidores públicos

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad de este indicador, es cuando el resultado es menor o igual al promedio del grupo municipal. (Urbano, Semi-urbano o Rural).

Parámetro:

Aceptable:Menor o igual al promedio del grupo municipal

No aceptable:Mayor al promedio del grupo municipal

10. Inversión en obra pública

Este indicador muestra el promedio de inversión en obras en relación con el total del gasto ejercido por el Municipio. Cabe aclarar que este indicador no se refiere al monto ejercido en el Capítulo 6000, sino estrictamente a la inversión realizada por el Municipio en obra pública, excluyendo toda acción o gasto diferente a este concepto.

Los resultados de este indicador contribuyen en analizar la política de inversión en obras que tuvo cada Municipio.

Fórmula:

Inversión en obra pública = Inversión en obra pública / Total de egresos

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad de este indicador, es cuando el resultado es mayor o igual al promedio del grupo municipal. (Urbano, Semi-urbano o Rural).

Parámetro:

Aceptable:Menor o igual al promedio del grupo municipal

No aceptable:Mayor al promedio del grupo municipal

11. Inversión en obras per cápita

Este indicador muestra el promedio de inversión en obras en relación con el número de habitantes del municipio.

Los resultados de este indicador contribuyen en analizar la política de inversión en obras que tuvo cada Municipio.

Fórmula:

Inversión en obra pública per cápita = Inversión en obra pública / Habitantes del municipio

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad de este indicador, es cuando el resultado es mayor o igual al promedio del grupo municipal. (Urbano, Semi-urbano o Rural).

Parámetro:

Aceptable:Menor o igual al promedio del grupo municipal

No aceptable:Mayor al promedio del grupo municipal   

12. Retribución en obras en relación con la recaudación

Este indicador relaciona las variables de inversión en obra pública con la variable de ingresos propios. Significa el reintegro en obras por parte del Municipio a los ciudadanos, en base a los recursos aportados o recaudados de estos últimos.

Fórmula:

Retribución en obras en relación con la recaudación = Inversión en obra pública / Ingresos propios

El parámetro establecido para considerar la aceptabilidad de este indicador, es cuando el resultado es mayor o igual al promedio del grupo municipal. (Urbano, Semi-urbano o Rural).

Parámetro:

Aceptable:Menor o igual al promedio del grupo municipal

No aceptable:Mayor al promedio del grupo municipal

13. Gasto en conceptos no autorizados en el FISM (Ramo 33)

Este indicador establece la proporción de la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), aplicados en conceptos no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal, en relación a los recursos asignados de dicho Fondo para el año correspondiente.

Fórmula:

Gasto no autorizados en el FISM = (Monto indebidamente aplicado del FISM / Total del FISM) * 100

El parámetro se estableció igual a 0%, al considerar como aceptable el manejo adecuado de los recursos federales, debiendo ser estos aplicados al 100% de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos autorizado.

Parámetro:

Aceptable                                 No aceptable

Igual a 0%                                   Mayor a 0%

14. Gasto en conceptos no autorizados en el Fortamun (Ramo 33)

Este indicador establece la proporción de la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun), aplicados en conceptos no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal, en relación a los recursos asignados de dicho Fondo para el año correspondiente.

Fórmula:

Gasto no autorizados en el Fortamun=(Monto indebidamente aplicado del Fortamun / Total del Fortamun)*100

El parámetro establecido es igual a 0%, al considerar como aceptable el manejo adecuado de los recursos federales, debiendo ser estos aplicados al 100% de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos autorizado.

Parámetro:

Aceptable                                 No aceptable

Igual a 0%                                   Mayor a 0%

15. Acreditación del cumplimiento de metas

Este indicador establece la proporción de las metas acreditadas, en relación a la muestra selectiva de las metas cumplidas. Cabe aclarar que no es la información que proporciona el Municipio sobre el cumplimiento de metas, sino que es el resultado obtenido de la auditoría aplicada al Municipio, mediante una muestra selectiva del conjunto total de metas.

Fórmula:

Acreditación del cumplimiento de metas = (Metas acreditadas / Metas de la muestra selectiva) * 100

El parámetro establecido es mayor o igual a 80%, al considerar como mínimo aceptable esa proporción en la acreditación documental del cumplimiento de metas.

Parámetro:

Aceptable                                 No aceptable

Mayor o igual al 80%               Menor al 80%

16. Monto cuantificado de las observaciones relevantes

Este indicador establece la proporción del monto cuantificado de las Observaciones Relevantes derivadas de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio, en relación a los recursos ejercidos durante el 2010. Sin embargo, cabe aclarar que la cuantificación de las observaciones referentes a “Obras Públicas”, se obtiene de manera proporcional, dependiendo del tipo de observación que se trate.

Fórmula:

Monto cuantificado de las observaciones relevantes = (Monto observado / Egreso total) * 100

El parámetro establecido en este indicador es de menor o igual al 20%, al considerar como aceptable este rango en el manejo adecuado de los recursos presupuestarios.

Parámetro:

Aceptable                                 No aceptable

Menor o igual al 20%               Mayor al 20%

Evaluación final

Para la evaluación de cada Municipio, primeramente se determinó que cada indicador solamente puede tener dos tipos de resultados cualitativos: “Aceptable” o “No Aceptable”. Es decir, el resultado de un indicador únicamente tiene dos veredictos, positivo o negativo. No se consideró un valor intermedio con la finalidad de evitar interpretaciones relativas sobre los resultados.

Para que el resultado de un indicador sea considerado como aceptable, este debe de tener un valor superior o inferior -dependiendo del caso- al promedio del grupo a que corresponda el Municipio. Es decir, el resultado de cada indicador será aceptado o no, dependiendo del valor obtenido y su relación con el parámetro pre establecido.

Para obtener la evaluación final del Municipio, previamente se debe conseguir la evaluación por cada indicador, posteriormente por cada apartado y finalmente la evaluación final.

Evaluación del indicador

Para obtener la evaluación del indicador, primeramente se debe asignar un valor máximo de 10 puntos al Municipio con mejor desempeño en cada grupo y un valor de 3 puntos al Municipio con menor desempeño observado.

La razón de este criterio es recompensar con la máxima puntuación al Municipio con mejor desempeño en su grupo y sancionar al caso contrario. Sin embargo, el puntaje mínimo asignado es de 3 y no cero, esto considerando como inmerecido otorgarle un puntaje de cero al Municipio con menor desempeño, debido a que su actuación no fue nula. Es por ello que se determinó el puntaje intermedio del rango reprobatorio entre el 5.99 y el 0, es decir 3.

Por otra parte, con el objeto de no perjudicar el puntaje de la evaluación a cada Municipio, se optó por tomar como valor máximo al segundo Municipio con mejor desempeño. Lo anterior se determinó con la finalidad de favorecer en el puntaje en aquellos grupos donde un municipio tenga un comportamiento extraordinario en relación con los demás.

Una vez identificado los valores máximo y mínimo, procede a determinar el resto de las evaluaciones a los municipios intermedios en base al promedio de cada grupo.

El promedio de cada grupo municipal es un elemento importante en la asignación del puntaje, debido a que la evaluación de los municipios está en función a la cercanía o distanciamiento con el promedio.

Para aquellos municipios considerados como Aceptables, tendrán un puntaje mayor si su valor es superior o menor -dependiendo el caso- al promedio del grupo. En caso contrario, los municipios ubicados en el área de No Aceptables, si su valor es menor o mayor –dependiendo del caso- al promedio tendrán una menor calificación.

La evaluación de cada Municipio se obtiene con una simple regla de tres y se determina al considerar como 100% la diferencia obtenida del valor máximo o mínimo en relación a su promedio. Es decir, primeramente se debe obtener la diferencia de la resta entre el valor máximo y el promedio del grupo(a). Ese valor es el 100%.

Posteriormente se debe restar el valor del Municipio intermedio con el promedio (b). Esta diferencia se divide entre el resultado anteriormente obtenido, es decir (b)/(a). Así sucesivamente se realiza con el resto de municipios.

Cabe aclarar que en los indicadores de Liquidez, Solvencia, Resultado del ingreso total y egreso total; y en los indicadores referentes a la administración de fondos federales, los municipios que se ubicaron por encima del parámetro de estos indicadores, obtuvieron una calificación de 10 puntos, debido a que no consideró evaluar gradualmente, sino que el simple hecho de estar por encima del promedio se evaluó como satisfactorio.

Evaluación del apartado

La evaluación de cada apartado se obtiene al sumar el puntaje obtenido por cada indicador y multiplicado por la ponderación correspondiente como se detalla a continuación:

Evaluación final

La evaluación final se obtiene al ponderar la evaluación de cada apartado con el porcentaje asignado a cada uno de ellos.

Se aplicó una ponderación semejante en cada apartado de 20%, a excepción del “Administración de fondos federales“ y “Cumplimientos de metas” al otorgarles el 10% respectivamente.

(Cuenta Pública 2010)

...¨

Hasta el momento esta evaluación del desempeño cuya metodología acabo de describir resulta en una herramienta para proponer por parte del ISAF, y finalmente determinar por el Congreso del Estado de Sonora, la aprobación o no de la Cuenta Pública Municipal anual. Aún cuando en la práctica ha sido utilizada sin modificación para dicha determinación la señalada metodología y aún cuando la propia Ley de Fiscalización en su artículo 17, fracción I otorga al ISAF facultades para “Definir los criterios, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la realización de las funciones de auditoría y fiscalización de las cuentas públicas y de los estados financieros, tomando en consideración las disposiciones legales aplicables”, consideramos sería positivo establecer de manera clara y específica en la ley el Sistema de Evaluación al Desempeño Municipal, otorgándole con ello el carácter de vinculante y despejando cualquier duda que pudiera surgir sobre su obligatoriedad para el proceso de revisión de la cuenta pública.

Adicionalmente, considero adecuado y positivo para los municipios y el estado de Sonora en su conjunto el convertir la evaluación antes mencionada en una herramienta de estímulo, reconocimiento y competencia para y entre los municipios sonorenses. Lo anterior a través de la creación de un Fondo de Infraestructura Municipal que premie con acceso a los recursos del fondo al ayuntamiento que obtenga una calificación aprobatoria en la evaluación, pero que vaya más allá al hacerlo directamente proporcional a la calificación obtenida, bajo el siguiente esquema:

Artículo 40. El Fondo del Buen Gobierno Municipal será dividido concordancia a la clasificación demográfica municipal estipulada en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, bajo el siguiente esquema.

Grupo de                                Porcentaje de

Municipios                               participación

                                                    en el Fondo

A                                                              50%

B                                                              30%

C                                                              20%

Sólo serán elegibles para acceder a los recursos del fondo los municipios que hayan recibido una calificación aprobatoria en el Sistema de Evaluación al Desempeño Municipal inmediato anterior, acorde a los Lineamientos establecidos para el efecto por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

La distribución de los recursos al interior de cada grupo se realizará bajo el siguiente esquema:

30% equitativamente entre los municipios elegibles dentro del grupo para acceder al Fondo;

70% proporcionalmente entre los municipios que sean elegibles dentro del grupo según su calificación obtenida en la evaluación del desempeño municipal.

Lo anterior a efecto de que aquel municipio que no haya aprobado en esta evaluación no acceda a los recursos del Fondo, mientras aquel que haya tenido un mejor desempeño acceda a una mayor cantidad de recursos para infraestructura, y viceversa.

El fondo en mención considerará en adición a lo ya incluido por el Sistema de Evaluación al Desempeño Municipal, un aspecto adicional fundamental: el grado de atención de las observaciones relevantes de ejercicios anteriores por parte de cada municipio. En relación con lo anterior vale la pena resaltar que aún cuando el proceso de fiscalización se desarrolla de manera atinada y positiva acorde a la metodología señalada anteriormente, los registros presentados por el ISAF en relación con el seguimiento a la solventación de observaciones de ejercicios anteriores de los municipios resultan alarmantes. Para ilustrar lo anterior se incluye las siguientes cifras:

Como se puede observar es alarmante el avance tan mínimo mostrado por los municipios en la solventación de observaciones relevantes determinadas en la revisión de su cuenta pública. Lo anterior se traduce en una falta de impacto del proceso de fiscalización que tan positivamente es desarrollado acorde a lo señalado anteriormente. Es por este motivo que, en adición a los esfuerzos que deberán efectuarse a efecto de aumentar los porcentajes señalados de solventación de observaciones, en la aplicación de las sanciones correspondientes que deriven de las observaciones mismas y su falta de atención, así como el análisis de una posible modificación al marco normativo para fortalecer la materia, se considera adecuado incluir tanto dentro del Sistema de Evaluación, como de la fórmula del Fondo en mención, un factor que considere el avance en solvatación como estímulo para que los municipios mejoren su actuación en la materia. De esta forma la calificación anual del Sistema y el fondo en mención resultaran en un aliciente para dar cumplimiento a las observaciones que en muchos casos no se solventan por falta de seguimiento y atención adecuada o el cambio de administración municipal.

Finalmente, la reforma en mención deja abierta la posibilidad de adicionar por parte del ISAF aquellos factores que se consideren relevantes en la materia, señalando:

“Artículo 25 Bis. Para las cuentas públicas de los municipios... el Instituto deberá de desarrollar un Sistema de Evaluación al Desempeño Municipal dentro del cual deberá de considerar como mínimo los siguientes apartados:

...

Los demás que el Instituto considere necesarios en los ámbitos de evaluación del cumplimiento al marco legal, transparencia, calidad de servicios públicos, eficiencia administrativa, profesionalización del servicio público, entre otros directamente relacionados con el óptimo ejercicio de gobierno.

...”

Lo anterior derivado de que la finalidad del Fondo propuesto es estimular y reconocer el buen ejercicio de gobierno municipal y se considera directamente relacionado al mismo las materias señaladas en la fracción anterior. De esta forma se motiva al ISAF a utilizar la presente facultad para desarrollar indicadores que midan, por ejemplo, el grado de cumplimiento de un municipio a las obligaciones derivadas de la normatividad estatal y federal vigente, incluyendo si da cumplimiento a las adecuaciones reglamentarias mandatadas por las mismas; su compromiso con la transparencia, para lo cual se podría derivar un indicador basado en las obligaciones de la ley en la materia, o en su caso coordinarse con la autoridad estatal en la materia quien podría generarlos enfocados a buenas prácticas; medir la calidad de los servicios públicos otorgados a la ciudanía con encuestas de satisfacción al cliente o requisitos mínimos de calidad de los mismos; la profesionalización del servicio público, como una forma de incentivar y reconocer a aquellos ayuntamientos que establezcan el servicio profesional de carrera para la designación de funcionarios, especialmente en caso de aprobarse la iniciativa en la materia presentada ante esta legislatura por un servidor; entre muchos otros más que pudieran ser desarrollados por considerarse pertinentes para medir la eficiencia administrativa y en términos generales el óptimo ejercicio de gobierno.”

La oportunidad de que esta herramienta implementada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora sea norma obligatoria y que se le sume un factor de inercia positiva a través de la apertura de oportunidades de obtención de recursos extraordinarios para infraestructura en los municipios, abrió una nueva expectativa que hoy como diputado federal propongo llevar a la realidad nacional, con sus correspondientes adecuaciones, para su aplicación en municipios y entidades federativas.

La iniciativa que hoy presento contiene los siguientes objetivos y características:

Estandarizar para los órganos de fiscalización locales el calendario de entrega de la cuenta pública y de los informes de resultados a las legislaturas estatales.

Hacer obligatorio la aplicación, por parte de los órganos fiscalizadores locales, de un Sistema de Evaluación de Indicadores de Gestión Gubernamental de la Cuenta Pública que mida los siguientes aspectos mínimos:

Gestión Financiera

Política Recaudatoria

Política del Gasto

Administración de Fondos Federales;

Cumplimiento de Metas;

Monto Cuantificable de las Observaciones Relevantes;

Monto Cuantificable de las Observaciones solventadas y pendientes de años anteriores;

La información adicional que el Consejo determine necesaria directamente relacionada con el optimo ejercicio de gobierno.

Obligar que los resultados de la aplicación del Sistema sean presentados de manera clara y digerible para su uso por parte de las legislaturas locales, así como para conocimiento público a través de páginas de internet de órganos fiscalizadores y fiscalizados.

Se autoriza al Consejo Nacional de Armonización Contable para emitir lineamientos en materia de integración de información y operación del Sistema.

Se obliga a cuantificar en una escala 0/100 la evaluación de entes fiscalizados.

Se deberá integrar un Informe Nacional que incluya los resultados de la aplicación del Sistema por parte de los órganos fiscalizadores locales, el cual será público a través de las páginas de internet de órganos fiscalizadores y fiscalizados.

Se crea un Fondo de Aportaciones para el Estímulo del Buen Gobierno de entidades federativas, municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, al cual tendrán acceso exclusivo aquellos estados, municipios o demarcaciones que hayan obtenido resultados superiores a los mínimos establecidos como aprobatorios por el Consejo para el Sistema de Evaluación de Indicadores de Gestión Gubernamental de la Cuenta Pública.

El Fondo será igual al 1% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. Para efectos ilustrativos, de existir en 2012 el monto del Fondo propuesto hubiese alcanzado alrededor de 19,799.7 millones de pesos.

El fondo se distribuirá en dos vertientes:

Una correspondiente a las entidades federativas con una participación del 50% del Fondo, y;

Otra correspondiente a municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones de Distrito Federal con una participación del 50% del Fondo.

A su vez, ambas vertientes dividirán el 50% de sus recursos equitativamente entre los estados, municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones de Distrito Federal, que hayan obtenido una calificación aprobatoria en la aplicación del Sistema.

El 50% restante de cada vertiente, se distribuirá proporcionalmente conforme a la calificación obtenida en la aplicación del Sistema.

En ambos casos, para distribuir este recurso, la Cámara de Diputados aprobará anualmente la fórmula de distribución del recurso entre las entidades, municipios y demarcaciones participantes, incluyendo en la misma criterios de población y producto interno bruto.

El recurso del fondo podrá ser utilizado exclusivamente en gasto de inversión, específicamente en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras existentes, generadas o adquiridas, así como los relacionados con conectividad y acceso a la información en planteles educativos y para los alumnos; y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura

Con la aplicación de esta herramienta, se estaría ante la oportunidad de crear un círculo virtuoso que estimule los buenos gobiernos y el continuo mejoramiento de los mismos. A mejor gobierno más recursos adicionales a los existentes, y viceversa, a mal gobierno, menos recursos.

Finalmente, vale la pena destacar que aún cuando la inspiración de la presente iniciativa ha sido el esquema recién descrito utilizado por el Órgano Fiscalizador del Estado de Sonora, no pasa desapercibido que algunas de las variables, al llevarlas al ámbito nacional, podrían encontrar formulas más adecuadas para su medición. Es por estos motivos que la facultad de establecer los lineamientos a partir de los cuales se desarrollarán las formulas para integrar los distintos indicadores señalados por la Ley dentro del Sistema de Evaluación, ha sido reservada para el Consejo Nacional de Armonización Contable, órgano nacional que deriva de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que cuanta con representatividad de los tres niveles de gobierno y capacidad, a nuestro juicio, para determinar de manera adecuada al ámbito nacional la manera de integrar cada uno de los indicadores por parte de la autoridad responsable.

A continuación compartimos algunas observaciones iniciales en la materia que podrían enriquecer el análisis y debate al interior del Consejo para la determinación que realicen sobre los mecanismos a tomar en consideración para la integración de los indicadores, así como la calificación mínima aceptable de cada uno de ellos:

• Variable 7. Eficiencia Recaudatoria del Impuesto Predial. En el caso Sonora se establece que el parámetro de medición será aceptable cuando este sea mayor o igual a 60%. Sin embargo, si lo que se busca es mejorar la eficiencia recaudatoria de los municipios y eliminar de manera paulatina la dependencia de los recursos que el gobierno federal les entrega ¿Por qué no cargarle un mayor peso a dicho parámetro?, es decir, lo ideal sería que el porcentaje estuviera por arriba del 70 - 80% y especificar con dicho planteamiento que la variable tiene un gran peso en la calificación. No debemos olvidar que en los países que forman parte de la OCDE, la recaudación del impuesto predial alcanza en promedio el 1% del PIB y en México sólo el 0.1%

• Variable 8. Tamaño de la Administración Municipal. Para los efectos de medición y por las características de cada municipio del país, si el tamaño de la administración pública se mide en proporción al promedio municipal, como se hace en el caso Sonora, resulta probable se afecte a los ayuntamientos grandes. Por otro lado, si bien es cierto que un gobierno no puede tener un número de personal mayor al de sus necesidades, también es cierto que el desempeño de cada gobierno puede estar en función de las capacidades de los funcionarios. Esta variable podría enriquecerse al medirse adicionalmente a algún parámetro fijo, en términos de un indicador de productividad o incluso puede estar contenida en el indicador de gasto corriente que se describe a continuación en la misma iniciativa. En este sentido, la formula debe buscar la racionalización del gasto operativo de los municipios.

• Variable 9. Gasto Corriente por Servidor Público. De nueva cuenta se considera no es lo más adecuado medir el indicador a través de un parámetro que toma como base el promedio del grupo municipal. La sugerencia es que se pueda medir estableciendo un porcentaje específico. Es decir, si los recursos totales del gasto corriente son mayores al 40 o 50%, entonces el parámetro se catalogaría como no aceptable y se eliminaría el sesgo que podría generar a partir de utilizar el promedio. Es decir, es mejor calificar a cada municipio de manera particular, estableciendo un parámetro adecuado basado en lo que se considera ideal en la materia, y no a partir de lo que se observa en la generalidad.

Lo anterior solo como ejemplo de lo adecuado que resulta que el establecimiento de la mecánica para la integración de cada indicador sea establecido a nivel nacional por un cuerpo técnico, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Es por todo lo anterior que propongo reformar diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor del siguiente proyecto de:

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal

Primero. Se agregan los artículos 55 Bis, 55 Ter y 55 Quáter a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para quedar como sigue:

...

Artículo 55 Bis. Las cuentas públicas de las entidades federativas y los municipios u órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán ser presentadas por las autoridades correspondientes a los respectivos órganos de fiscalización local, durante el primer trimestre del año siguiente al ejercicio del que se trate, en los términos establecidos en sus respectivas legislaciones locales y la presente ley.

Cada poder de las entidades federativas, sus organismos autónomos y los municipios u órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, presentarán de manera individual su propia cuenta pública, debiendo, de ser el caso, integrar a los organismos bajo la competencia de los mismos.

Los órganos de fiscalización locales deberán presentar a más tardar el tercer trimestre del año siguiente al ejercicio del que se trate, en base al análisis de la información presentada en las cuentas públicas, un informe de resultados a las legislaturas locales, a efecto del análisis y tramite correspondiente acorde a la normatividad vigente en la materia.

El Consejo podrá establecer normas y formatos para homogenizar la integración de la información mínima de las cuentas públicas y la presentación de los informes de resultados, en los términos de la presente ley. En todos los casos se deberán establecer condiciones específicas para los municipios regidos por usos y costumbres.

La información derivada del proceso de análisis de la cuenta pública y sus correspondientes informes de resultados son información pública y deberán difundirse en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el Consejo. En todo caso deberá publicarse al menos en los portales de internet de los órganos fiscalizadores locales y de cada unos de los entes fiscalizados de que se trate.

Artículo 55 Ter. Para las cuentas públicas de las entidades federativas y los municipios u órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los órganos de fiscalización locales implementarán un Sistema de Evaluación de Indicadores de Gestión Gubernamental de la Cuenta Pública, debiendo considerar como mínimo los siguientes apartados:

Gestión Financiera: incluyendo análisis de liquidez, solvencia, deuda y resultado de ingreso y egreso total;

Política Recaudatoria: incluyendo análisis de ingresos propios, ingresos propios per cápita, costo – beneficio de Tesorería, y eficiencia recaudatoria;

Política del Gasto: incluyendo análisis del tamaño de la administración, gasto corriente por servidor público, inversión en obra pública, inversión en obra pública per cápita y retribución en obras por concepto de recaudación;

Administración de Fondos Federales;

Cumplimiento de Metas;

Monto Cuantificable de las Observaciones Relevantes;

Monto Cuantificable de las Observaciones solventadas y pendientes de años anteriores;

La información adicional que el Consejo determine necesaria directamente relacionada con el optimo ejercicio de gobierno.

El Sistema tendrá por objeto procesar la información contenida en las cuentas públicas en los términos de la presente ley, mediante análisis estandarizados de los resultados de la gestión pública gubernamental a nivel estatal y municipal. El resultado de la implementación del mismo será integrado como un apartado del Informe de Resultados de la Cuenta Pública, a efecto de proporcionar a las legislaturas locales una base objetiva y homogénea para el análisis y, en su caso, calificación   de la cuenta pública, acorde a lo establecido en la normatividad correspondiente, así como a la ciudadanía información concreta y sencilla del desempeño de sus autoridades.

El Consejo emitirá los lineamientos en materia de integración de información y operación del Sistema, en el cual determinará los parámetros, variables e indicadores específicos que se utilizarán para cada uno de los apartados señalados en el presente artículo, incluyendo puntos de referencia considerados como mínimos aceptables para los resultados obtenidos en cada uno de ellos y la metodología para otorgar una calificación con base 0/100 para cada ente fiscalizable. En los apartados considerados necesarios, el Consejo establecerá diferenciaciones demográficas.

La información utilizada por el Sistema y sus resultados anuales serán públicos, debiendo ser difundidos en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el Consejo. En todo caso deberá publicarse al menos en los portales de internet de los órganos fiscalizadores locales y de cada unos de los entes fiscalizados de que se trate.

Artículo 55 Quáter. El Consejo elaborará y difundirá a más tardar el último trimestre del año de la presentación de las cuentas públicas, un informe final nacional dirigido a la ciudadanía en donde se concentre de manera sencilla y digerible la información con los resultados de la aplicación del Sistema por parte de cada órgano fiscalizador local, debiendo realizar comparativos ilustrativos generales y por indicador entre los entes fiscalizables, así como de las calificaciones obtenidas por estos, señalando, en los apartados considerados necesarios, las diferenciaciones demográficas correspondientes.

El Consejo podrá realizar recomendaciones, observaciones y, en caso correspondiente, solicitar reconsideraciones a los órganos fiscalizadores locales sobre la aplicación del Sistema. Cuando los resultados de los indicadores y calificaciones presentadas por los órganos fiscalizadores no atiendan lo establecido en los lineamientos en materia de integración de información y operación del Sistema emitidos por el Consejo, éste tendrá reservado el derecho de modificar en el informe final nacional dichos resultados, exclusivamente para ajustarlos a dichos lineamientos, señalando de manera expresa los casos específicos modificados y su justificación.

El informe deberá ser difundido en términos de las disposiciones en materia de transparencia que le sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el Consejo. En todo caso deberá publicarse al menos en los portales de internet de los órganos fiscalizadores locales y del propio Consejo. De igual forma el Informe deberá ser entregado a la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes a la integración del Fondo de Buen Gobierno, acorde a la Ley de Coordinación Fiscal, junto con una propuesta del Consejo para la formula de distribución del Fondo referido.

Segundo. Se reforma el artículo 25 y se adicionan los artículos 47-A y 47-B a la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. al VIII. ...

IX. Fondo de Aportaciones para el Estímulo del Buen Gobierno de Entidades Federativas, Municipios y Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

...

Artículo 47-A. El Fondo de Aportaciones para el Estímulo del Buen Gobierno de Entidades Federativas, Municipios y Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente al menos al 1% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. En lo sucesivo para términos prácticos se le conocerá como Fondo de Buen Gobierno.

El Fondo de Buen Gobierno se distribuirá tomando como base los resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación de Indicadores de Gestión Gubernamental de la Cuenta Pública, establecido en el artículo 55 TER de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acorde a lo siguiente:

Solo podrán acceder al Fondo las entidades federativas y municipios que hayan obtenido una calificación aprobatoria en el Sistema referido, acorde a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos establecido para el efecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable;

El Fondo se distribuirá en dos apartados:

60%  del recurso del Fondo entre las entidades federativas, y;

40% del recurso del Fondo entre los municipios y órganos político-  administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

Atendiendo a los porcentajes señalados en el inciso anterior, se distribuirá un 50% del recurso correspondiente a cada uno de los apartados, equitativamente entre aquellas entidades federativas o municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, que se encuentren en el supuesto de la fracción I del presente artículo.

El 50% restante de cada uno de los apartados del Fondo se distribuirá proporcionalmente, según la calificación obtenida por las entidades federativas o municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, en los resultados de la aplicación del Sistema referido, en los términos de la normatividad aplicable;

La Cámara de Diputados, habiendo recibido propuesta del Consejo Nacional de Armonización Contable, aprobará la fórmula de distribución del Fondo, para cada uno de los supuestos señalados en los incisos III y IV del presente artículo, debiendo incluir en las mismas el criterio de población por una valor mínimo del 70%, así como considerar el producto interno bruto. De igual forma, se deberán establecer condiciones específicas para los municipios regidos por usos y costumbres.

Artículo 47-B. Los recursos del Fondo de Bueno Gobierno podrán ser utilizados por las entidades federativas, municipios y órganos político – administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, exclusivamente para la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras existentes, generadas o adquiridas, así como los relacionados con conectividad y acceso a la información en planteles educativos y para los alumnos; y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará anualmente en el Diario Oficial de la Federación el calendario de distribución y ministración de recursos, así como el monto estimado que recibirá cada entidad federativa o municipio del Fondo de Buen Gobierno, a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal del que se trate, acorde a lo señalado en la Ley.

...

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable contara con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir los lineamientos en materia de integración de información y operación del Sistema señalados en el artículo 55 TER, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Tercero.Los Órganos Fiscalizadores de las entidades federativas deberán aplicar el Sistema a partir de la Cuenta Pública inmediata posterior a la fecha de emisión de los lineamientos señalados en el artículo anterior.

Cuarto.El Fondo de Buen Gobierno, con su correspondiente distribución, será incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación a partir del Ejercicio Fiscal inmediato posterior al inicio de la aplicación del Sistema.

Quinto.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicara anualmente en el Diario Oficial de la Federación el calendario de distribución y ministración de recursos, así como el monto estimado que recibirá cada entidad federativa o municipio del Fondo de Buen Gobierno, a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal del que se trate, acorde a lo señalado en la Ley.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 29 de octubre de 2013.— Diputado Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Ricardo Anaya Cortes (rúbrica), Enrique Flores Flores (rúbrica), Ricardo Villareal García (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Iniciativa que reforma los artículos 81 y 82 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de Ramón Antonio Sampayo Ortiz y suscrita por Sergio Augusto Chan Lugo, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Ramón Antonio Sampayo Ortiz y Sergio Augusto Chan Lugo, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático es un fenómeno que día con día provoca grandes desastres naturales, en muchas ocasiones por la alta generación de gases de efecto invernadero, así como por el deterioro del medio ambiente, lo cual trae consigo una modificación al clima, dando como resultado la alteración a los ecosistemas.

Con la publicación, en junio de 2012, de la Ley General de Cambio Climático y a tres meses de la entrada en vigor (artículo primero transitorio de ésta), el país se ha colocado a la vanguardia en la atención a este problema de gran relevancia y los efectos que ocasiona.

Si bien tenemos una ley que da respuesta a las demandas sociales y a los compromisos que el país ha firmado en diversos foros internacionales, debemos considerar el otorgar un apoyo mínimo a las entidades federativas y municipios, para que estos puedan enfrentar inicialmente sus encomiendas. No podemos establecer más compromisos u obligaciones sin dotar de recursos mínimos a los niveles estatales y municipales.

Sobre todo tenemos una ley que fija objetivos y metas, y muestra su compromiso con el medio ambiente, y de la forma en que podemos contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, consideramos que si inicialmente, afectamos al medio ambiente como tal, porque no ser nosotros quienes asignemos y garanticemos recursos para las actividades a desarrollar en los diversos ordenes de gobierno, sin estar sometidos al apoyo de recursos del exterior, para atender esta problemática.

Para garantizar la puesta en marcha de las estructuras requeridas para iniciar con sus obligaciones y de esta manera dar cumplimiento a los objetivos de la Ley General de Cambio Climático.

Como establecen el inciso j) y fracción VIII del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, y que entre otras facultades determina lo siguiente:

Artículo 8o.Corresponden a las entidades federativas las siguientes atribuciones:

j)Prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático;

VIII.Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;

Podemos observar que entre las diversas acciones que se asignan a las entidades federativas, se considera la de atender aquellas enfermedades ocasionadas por este fenómeno del cambio climático, así como el fomento y despliegue de tecnologías. Por esto, si no tomamos en cuenta esta situación, las entidades federativas, se verán imposibilitadas a dar cumplimiento a estas obligaciones, al carecer de los recursos económicos y materiales necesarios para ello.

A lo anterior debemos añadir que si bien no se asigna mayor presupuesto a las entidades federativas para cumplir sus obligaciones, el artículo 16 de dicha ley establece lo siguiente:

Artículo 16.El patrimonio del INECC estará integrado por

VI.Los ingresos que obtenga por

a)Los recursos que las entidades federativas, y municipios les destinen;

Como se observa, adicionalmente a algunas de las obligaciones mencionadas en el artículo 8 de la ley, en el 16 establece que las entidades federativas y municipios podrán aportar recursos para el INECC.

Por ello, el objetivo de la presente reforma es asignar recursos al Fondo para el Cambio Climático, para que las entidades federativas y municipios no vean muy reducidos sus presupuestos y finanzas públicas.

Uno de los principales problemas que actualmente enfrentan las entidades federativas, resultado de algunas fallas en el modelo de descentralización, es que se asignan más compromisos y obligaciones, pero los recursos o son escasos o nulos para las nuevas actividades por desarrollar.

Esta situación debe revertirse para que independientemente de que se busque financiamiento del exterior para los proyectos de cambio climático, las entidades federativas tengan un mínimo de recursos iniciales para sus nuevas encomiendas. Como legisladores debemos impulsar el apoyo a los distintos niveles de gobierno, considerando que la ley establece plazos o mínimos de reducción de gases de efecto invernadero en determinados años, mientras que sólo podrán cumplirse con recursos suficientes.

Como resultado de lo anterior se propone la adición de un párrafo segundo a la fracción I del artículo 81 de la Ley General de Cambio Climático, para garantizar que el Fondo para el Cambio Climático, cuente con un mínimo de recursos presupuestales, del total asignado para las acciones contra el cambio climático, teniendo como destino la implementación de las acciones establecidas en la Ley en comento, y sirvan como monto mínimo para las acciones que tienen que llevar a cabo las entidades federativas y sus municipios.

Para fortalecer lo anterior se propone la adición de una fracción VIII, del artículo 82 y dotar de recursos necesarios a los diversos órdenes de gobierno, para lo cual, de los recursos asignados al Fondo, se destinaría por lo menos el 50 por ciento a las acciones para combatir el cambio climático.

Por los argumentos planteados, sometemos a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático

Único. Se adicionan un párrafo segundo a la fracción I del artículo 81 y una fracción VIII, recorriéndose el actual VIII para pasar a ser IX, al artículo 82, para quedar como sigue:

Artículo 81. ...

I. ...

El monto de los recursos del fondo no podrá ser menor de 10 por ciento de los recursos asignados a las dependencias de la administración pública federal para acciones de Mitigación de los Efectos del Cambio Climático y en ningún caso podrán ser menores a lo asignado para el ejercicio fiscal anterior.

II. a VI. ...

Artículo 82. Los recursos del fondo se destinarán a

I. a VII. ...

VIII. Para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley, se destinará por lo menos 50 por ciento de los recursos del fondo a las entidades federativas, municipios, Distrito Federal y delegaciones, con el objetivo de que puedan iniciar sus actividades, compromisos y dar cumplimiento a lo establecido en esta ley.

IX. Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la comisión considere estratégicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2013.— Diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Sergio Augusto Chan Lugo, Leonor Romero Sevilla, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Iniciativa que reforma el artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de Ramón Antonio Sampayo Ortiz y suscrita por Sergio Augusto Chan Lugo, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Ramón Antonio Sampayo Ortiz y Sergio Augusto Chan Lugo, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El país es ejemplo mundial en el tema del cambio climático, este poder legislativo así lo ha demostrado, al aprobar el ordenamiento en la materia: hoy contamos con la Ley General de Cambio Climático, somos de los pocos países que cuentan con una ley específica, con estas acciones afirmamos que México es partícipe del gran reto de la lucha contra el cambio climático a escala internacional.

El licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de México, en cumplimiento de la ley en enero de este año encabezó la instalación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. En ella participan 13 secretarías de Estado, las cuales impulsan un crecimiento verde incluyente. El titular del Ejecutivo extendió una invitación a los tres niveles de gobierno, sociedad civil e intelectuales a crear el sistema nacional de cambio climático, que tiene como objetivo establecer una agenda común para contrarrestar los efectos de este fenómeno ambiental.

Para llevar a cabo las acciones en la materia, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se destinaron 34 mil 500 millones de pesos. Por primera vez, el Ejecutivo federal realzó la importancia del tema al incluir dentro de su propuesta de Presupuesto de Egresos un apartado para el cambio climático con el monto antes señalado.

La Carta Magna faculta al Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que orientan la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a escala nacional.

De esa manera se da respuesta a una prioridad compartida por los órdenes de gobierno que, comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, se busca superar la diversidad conceptual, normativa y técnica prevaleciente en los sistemas contables y mejorar la rendición de cuentas, y que la Comisión Intersecretarial no debe ser la excepción.

Pero más allá de la transparencia de los recursos a la cual están obligadas todas las secretarías integrantes de la comisión, es muy claro que sólo con información comparable y accesible, se podrán evaluar con certeza los resultados de los órganos gubernamentales. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático permite a los tomadores de decisiones la oportunidad de plantear dentro del ejercicio en su gasto público, acciones concretas para la adaptación y mitigación del cambio climático, lo cual deberá traer consigo una clara rendición de cuentas, y más cuando los recursos son escasos.

Proponemos que la comisión presente un informe anual de resultados e impacto. Contar con un informe exclusivo del ramo del cambio climático, nos dará un instrumento clave para la toma de decisiones, que permitan establecer estrategias en común de planeación y evaluación para contrarrestar los efectos de este fenómeno ambiental.

El objeto de la iniciativa que se presenta es adicionar un párrafo segundo al artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático para establecer los criterios generales que permitan informar de las acciones realizadas a partir de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y acorde con la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera.

La presentación del informe por la comisión facilitaría el registro y la fiscalización de los recursos en el ramo de cambio climático, a fin de contar con información que permita medir la eficacia, y eficiencia del gasto público en la administración de los recursos presupuestarios destinados al tema del cambio climático. Esta información será la herramienta esencial de apoyo para la toma de decisiones sobre las acciones generales y específicas bajo los estándares nacionales e internacionales vigentes, propiciando su actualización a través del marco institucional.

Se pretende encontrar mecanismos que nos permitan cerrar la brecha entre el hombre y la naturaleza, lo que amenaza, la subsistencia misma de la civilización. Este problema debe unirnos para buscar estrategias integrales porque, de no resolverlo, está en juego la subsistencia de la humanidad. La lucha contra el cambio climático tiene que ser asumida por todos, para que el país contribuya con su granito de arena a esta cruzada mundial para detener el cambio climático.

Por lo expuesto se somete a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 107. ...

La comisión, en coordinación y representación de las dependencias que la integran, rendirá a más tardar en el mes de agosto de cada año, un informe público anual detallado de las acciones que se llevaron a cabo con recursos del Fondo para el Cambio Climático, así como de los recursos asignados a las diferentes secretarías en el rubro de cambio climático contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Transitorios

Primero. Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 107, el informe deberá contener indicadores de resultados y de impacto por programa financiado que sirvan de apoyo para comparar gasto-eficiencia, índices de consumo de energía, gases de efecto invernadero generados en comparación al año base y los mitigados a la fecha en que se entregue el informe, avance en el consumo de energías renovables, entre otros elementos, que sirvan de soporte para evaluar las políticas implantadas por el Ejecutivo.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2013.— Diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Sergio Augusto Chan Lugo, Leonor Romero Sevilla, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Carlos Fernando Angulo Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente Iniciativa que reforma y adiciona el primer párrafo, así como la fracción I del artículo 115 constitucional, a efecto de promover la participación activa a nivel municipal, la elección individual por voto universal y directo de autoridades municipales, así como la eliminación de la prohibición de reelección consecutiva o inmediata, conforme con la  siguiente

Exposición de Motivos

Resulta un hecho indiscutible, que con la entrada del milenio, se detonaron aún con más fuerza los cambios substanciales en el mapa político de México, como consecuencia de la transición democrática y de la nueva configuración de las distintas fuerzas político-electorales que mueven al país.

Estos últimos acontecimientos, por su importancia y trascendencia resultan claves para identificar el que exista coincidencia  de que estamos avanzando de manera decidida a niveles cada vez más cercanos a una plena participación ciudadana.

Ante esa cambiante realidad -que está llegando inevitablemente hasta las últimas fronteras de la administración pública nacional- encontramos al municipio como la institución sociopolítica que por sus características geográficas, guarda el contacto más directo con la población, que emerge como una sociedad más organizada y participativa.

Así, la figura municipal se presenta como un eje prioritario, estratégico y fundamental  para el desarrollo nacional. Pensar globalmente y actuar localmente, es una premisa que está directamente vinculada a visualizar  a ésta célula básica, como el futuro detonante del mejoramiento de las condiciones de la vida cotidiana de los ciudadanos, toda vez que de acuerdo a la realidad social, es el gobierno de este nivel, el último eslabón en la cadena del poder que se ejerce verticalmente.

Antecedentes históricos

De manera complementaria a esta aseveración, encontramos como un factor determinante, el entender las razones por las cuales esta Institución es tan importante para el país. Ante esta perspectiva, encontramos que la historia municipalista, da inicio nada menos que aparejada con la época prehispánica, donde al Consejo de Ancianos ya se le llamaba Calpullis,que funcionaba como una organización social y territorialmente autosuficiente, donde las familias producían bienes necesarios y suficientes para su subsistencia.

Posteriormente en la época de la conquista española y la colonial, ya se habla de la fundación del primer ayuntamiento, instalado en la Villa Rica de la Veracruz, donde se dio el primer paso a la organización de este cuerpo político y jurídico, no solo de México,  sino  de todo el Continente Americano.

Es en la etapa del movimiento de la Independencia, donde se generan momentos determinantes en la vida del país, porque se vislumbra la posibilidad de acceder a otras formas de autogobernarse. Es en este momento del devenir histórico de México, cuando se inicia el marco jurídico de la nueva organización política.

Más adelante, es en la Constitución de Cádiz, cuando se percibe una evolución jurídica y política del ayuntamiento, porque se procura la transformación del régimen local, tanto en la península como en las Colonias. En esta etapa es en donde se consolida la institución como instancia básica de gobierno, con su organización territorial y poblacional.

Cuando llega la promulgación del Plan de Iguala, se establece la independencia del país y se reconoce como su forma de organización la monarquía constitucional, la cual reconoce la existencia de los ayuntamientos, dejando las normas ya definidas en la Constitución de Cádiz.

Para la época del México independiente, los ayuntamientos fueron protagonistas de la conformación del Congreso Constituyente. Paralelamente, la Constitución de 1824, al no hacer referencia a la forma de gobierno local, dejó en plena libertad a los estados para organizar sus gobiernos y administraciones.

Las leyes de 1836, consagraron constitucionalmente a los ayuntamientos, disponiendo que fueran popularmente electos y los hubiera en todas las capitales de los departamentos, en los puertos con más de 4,000 habitantes y en los pueblos con más de 8 000.

En el caso de la Constitución de 1857, se precisó la organización del país en forma de república, representativa, democrática, federal y popular, y en uno de sus artículos ya se menciona que se elegirá popularmente a las autoridades públicas municipales y judiciales, entre otros detalles.

Durante la época porfirista, el municipio fue la parte más insignificante de la estructura económica y política mexicana, y durante la revolución mexicana la libertad municipal, fue una de las causas por las que se luchó.

Es en la Constitución de 1917, donde se determina el municipio libre como la base de la organización política y de la administración pública de los estados.

Aparte de la historia a rasgos generales de la vida del municipio en México, resultará útil para dimensionar la propuesta que se presenta, conocer las reformas que este tópico ha tenido, presentadas también de manera muy general.

Así tenemos, que para 1933 se determina el principio de no relección, y que para 1947 se concede el derecho al voto a las mujeres en las elecciones locales, es decir, en estas circunstancias podían votar y ser votadas, derecho que inexplicablemente  les fue retirado en una posterior reforma de 1953.

En 1976, se establece la facultad de estados y municipios para legislar en materia de planeación y ordenación de los asentamientos urbanos y conurbados en el ámbito de sus competencias, a través de acciones concertadas con la federación.

Fue en la importante reforma política de 1977, cuando se introduce el Sistema de Diputados de minoría en las legislaturas locales y del principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de los municipios.

Para 1983, los legisladores ampliaron la esfera de competencia, para considerarse como punto de partida para la descentralización. En esa oportunidad los municipios quedaron investidos de personalidad jurídica y quedaban facultados para celebrar convenios con los Estados  a fin de que este asuma algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones. En esta oportunidad también quedaron facultados para expedir los bandos de policía y buen gobierno, así como disposiciones administrativas de observancia general.

Avanzaron también en la intervención de los municipios con el concurso de los estados en la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia de mercados y centrales de abasto, entre otros espacios.

Aparte se reconoció el derecho de los municipios a percibir contribuciones sobre propiedad inmobiliarias, ingresos derivados de la prestación de servicios, entre otros.

En la reforma de 1987, se avanzó en la depuración de los lineamientos estrictamente municipales en relación con otras cuestiones del derecho local en general.

La última reforma más importante, la encontramos en 1999, en donde se le reconoce explícitamente al ayuntamiento como gobierno de desarrollo regional.

A través de todo el recorrido por el que ha transitado la institución municipal, podemos darnos cuenta, de que si bien es cierto ha habido importantes avances en la materia, aún sigue pendiente la actualización de la carta magna, de manera tal que se pueda compaginar con la importante evolución de la vida pública municipal, por lo que resulta una asignatura pendiente e inaplazable, el llevar los arreglos políticos a este nivel, por lo que a continuación se presentan con el detalle necesario, los puntos nodales que contienen esta propuesta, todos ellos relacionados con el fortalecimiento de la vida y acontecer municipal.

En primer término como parte de la propuesta encontramos el tema de:

Participación ciudadana activa –cabildos abiertos–

Una de las principales cualidades del pueblo mexicano, es la de contar con una gran creatividad. Tal es el caso, de que si a esa particular característica, se le suma la pertinencia de tener a su alcance nuevos instrumentos de participación ciudadana a nivel municipal, y la de conocer a fondo como funcionan, seguramente se logrará detonar una muy relevante área de oportunidad para mejorar sus niveles de bienestar.

Bajo esta aseveración, se circunscribe uno de los principales objetivos de esta propuesta, toda vez que se está procurando que con las modificaciones que hoy se presentan a consideración de este pleno, el que sea reconocida de manera expresa en la carta magna, la posibilidad de que la ciudadanía pueda contar con las facilidades necesarias e indispensables para recibir información de manera directa de su gobernantes; también para poder presentar información de primera mano con la que cuenta, o para expresar sus ideas ante las instancias públicas de nivel municipal ,abriendo con estolos espacios mínimos para que se tomen en consideración algunos asuntos de su particular interés, que pueden ir acompañados de una importante carga de argumentos que cuentan con el gran respaldo de que los está poniendo “sobre la mesa”, precisamente el ente articulador que diariamente se beneficia con sus aciertos o padece –como ocurre frecuentemente- de políticas públicas mal diseñadas.

Es menester destacar en esta oportunidad, que de entre las variadas cualidades o ventajas de los instrumentos de participación ciudadana, se encuentra el de que pueden funcionar como un marcado contrapeso de la sociedad civil ante los poderes políticos. Es decir, que el hecho de contar con las apreciaciones de la ciudadanía de manera directa, sobre temas determinados, brinda una gama de posibilidades muy amplias, toda vez que se disminuye el ancestral filtro que se genera cuando nos encontramos con una autoridad totalmente cerrada de “carácter dictatorial”,  que  puede o no entender el sentir de la población en su conjunto; en contraposición con una autoridad que si bien puede conservar la firmeza de su línea de acción, conserva la flexibilidad necesaria para optar - con la ayuda de la opinión ciudadana - por diferentes cursos de acción, por supuesto cuando el rubro a revisar así lo permite.

La adecuada instrumentación de la participación ciudadana, sirve también para promover que algunos proyectos que nacen con los beneficios de ser “totalmente populares”, puedan trascender de manera eficiente a partir de su correcta presentación ante las autoridades municipales, en los tiempos y las formas que señale la reglamentación municipal respectiva,  beneficiándose colateralmente de una adecuada revisión y/o corrección de los equipos de trabajo con cuente el ayuntamiento, para su ulterior  deliberación, y en su caso, aprobación respectiva.

Otra importante ventaja a resaltar, es que la promoción de la participación ciudadana, exige mayor responsabilidad y sensibilidad por parte de los gobernantes, toda vez se van configurando mayores posibilidades de que se perciba la “la voz del pueblo “, por lo que los funcionarios deberán estar muy pendientes de encontrar la forma de escucharlos y de atender sus legítimas demandas.

Una característica más que se abona a esta propuesta, como de grandes beneficios, es la consideración de que la participación ciudadana no debe verse como una  confrontación, sino más bien como un complemento de la tarea del Poder Ejecutivo a nivel local.  Aunque parezca difícil de entender en la actualidad, al no existir los canales suficientes de comunicación entre “los gobernantes y los gobernados” que resulten suficientemente fiables y eficientes, se crea un gran vacío de información que muchas veces dificulta que las agendas temáticas de interés, sean armadas de manera correcta, por lo que se percibe de gran utilidad que los encargados de definir las políticas públicas cuenten con instrumentos que les apoyen en esta tarea.

Esta adición a la Constitución, también puede ayudar a encontrar soluciones particulares a algunos asuntos en los que de no existir la apertura necesaria, sería muy difícil encontrar la salida. Esto también aplica a la consideración de que hay problemas añejos a los que siempre se pretende encontrar una solución que a “ todos convenza “, contribuyendo así a dirimir asuntos políticos que van más allá de las posturas partidistas.

La adopción de estas sesiones con carácter popular, puede orillar también a las autoridades, a concertar sus decisiones con un nivel de mayor eficiencia, tomando con mayor seriedad a los demás actores participantes.

Esta condición, brindará con toda seguridad,  entornos de mayor equilibrio político, considerando que la toma de decisiones, debiera ser más cuidadosas por parte de las autoridades municipales, en asuntos donde implica un riesgo o un mayor costo político, disertar convenientemente sobre determinado tema o el no hacerlo, así como pronunciarse o inclinarse a favor de un asunto determinado.

Un instrumento de esta naturaleza, permite de manera adicional, un acercamiento con la ciudadanía más allá de los tiempos electorales.  Es justo esta posibilidad, uno de los argumentos a favor más sensibles e importantes para que el ciudadano común, cuente con un mayor contacto, acercamiento e interés por parte de la clase gobernante.

Por otro lado, contribuye de manera paralela, a lograr una cultura de deliberación e intercambio ciudadano en torno a la discusión de políticas públicas, partiendo del punto de vista de que lo que necesitan los ciudadanos, es estar al tanto y conocer lo que está sucediendo en su entorno, informarse de manera consuetudinaria, preguntar, consultar, opinar, equivocarse y volver a intentar crearse un criterio personal y particular, pero informado.

Regulación de la participación en las sesiones

Uno de los aspectos que la iniciativa que hoy se presenta, está sometiendo a consideración de esta honorable asamblea, se refiere a que toda vez que con este tipo de apertura a la opinión ciudadana, pone a prueba el equilibrio entre la autoridad municipal y sus gobernados, resulta muy conveniente señalar en este precepto constitucional, que los ayuntamientos deberán regular la participación ciudadana en las sesiones, para que los mecanismos de esta naturaleza funcionen con las expectativas con las que están siendo planteados.

De manera adicional, encontramos también algunas situaciones que si bien es conveniente detallar en esta oportunidad, también es pertinente señalar que existe la manera de subsanar las posibilidades de que se genere alguna consecuencia desventajosa con esta apertura.

Al respecto, se refiere también en la propuesta, la necesidad de crear la regulación a nivel municipal, que aunada a la disposición constitucional, contemple las características particulares con las que deben contar los instrumentos de participación ciudadana, considerando que deben realizarse en un marco de “sesiones abiertas”.

En dicho ordenamiento deberán especificarse los requisitos, procedimientos, términos y condiciones que serán de gran valía para darle la certidumbre necesaria a la participación popular, mismas que deben ser determinadas por anticipado para dimensionar las características que debe contener la apertura, así como las materias que pueden o no ser abordadas dentro de esta figura, como en el caso de los aspectos fiscales, presupuestarios, de derechos humanos, electorales, etcétera.

Esto último, resulta de utilidad para eliminar el riesgo de que puedan ser abordados temas que no deben someterse a consulta, para reservarse exclusivamente a algunas materias que si pueden ser tratadas de esta manera.

Esto incluyela diversidad de los tópicos de interés de la localidad y el tratamiento más cuidadoso que debe darse a algunos ellos, incluyendo la instrumentación de algunos “candados”, que permitan acotar dichos temas para que sean expuestos únicamente por los funcionarios facultados para ello.

Esta regulación a nivel local ,también puede contemplar, las características que deberán incluirse para darle curso y tratamiento a  opiniones diversas, así como la posibilidad de que en municipios más grandes, se pueda contar con sistemas capaces de recolectar la información de manera directa y remota por parte de los usuarios . Actualmente se cuenta con la posibilidad de diseñar programas completos con el apoyo de la informática, que con la utilización de las herramientas correctas, se puede llegar a obtener información a distancia de cualquier parte, de manera tal que los ciudadanos de las comunidades más alejadas, cuenten con las mismas facilidades de los que estén más cercanos.

En este sentido es posible, que el ciudadano, que cuente con acceso a un equipo de cómputo, pueda “ingresar” sus propuestas de manera eficiente y rápida, y de igual forma existe la oportunidad de verla y revisarla prácticamente al mismo tiempo en que se genera.

Es por todo lo anterior, que consideramos que el cumplimiento de los requisitos cualitativos y cuantitativos del reglamento de referencia, pueden contribuir de manera efectiva a “salvar” los inconvenientes que podrían surgir si no se definen de manera precisa las características a cubrir, dependiendo de la ubicación del municipio de que se trate.

Elección individual por voto universal y directo

Corresponde ahora, pormenorizar los aspectos que tiene que ver con la modificación a la carta magna, relativa al fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos para elegir de manera individual, por voto universal y directo a los integrantes de los ayuntamientos, procurando vigorizar la autonomía municipal.

Para tal efecto, resulta muy útil recordar el concepto de Democracia de Robert A. Dahl,  que refiere que el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos sin establecer diferencias políticas entre ellos. Para que esto suceda es necesario que todos los ciudadanos tengan igual oportunidad para formular sus preferencias y manifestarlas públicamente entre sus partidarios y ante el gobierno, individual y colectivamente, así como para recibir por parte del gobierno igualdad de trato, es decir que, que no debe haber discriminación por causa del contenido o el origen de sus preferencias.

Para lograr este fin, el ciudadano debe contar de forma adicional con las garantías de libertad de asociación, de expresión y de voto; de la garantía de elegibilidad para el servicio público; del derecho a que si se encuentra en el supuesto de ser líder político pueda competir en busca del apoyo y pueda luchar por los votos; a contar con diversidad en las fuentes de información; a participar en elecciones libres e imparciales, así como a que las instituciones le garanticen que la política del gobierno depende de los votos y demás formas de expresar sus preferencias.

Por otro lado encontramos otra interesante concepto de lo que se entiende por voto universal, directo e intransferible en palabras del jurista Argentino Carlos Sánchez Viamonte, donde se interpreta en el sentido de que el voto es la manifestación de la voluntad individual y tiene por objeto concurrir a la formación de la voluntad colectiva, con el fin de constituir el gobierno o para decidir algún problema trascendental para los intereses de la nación.

También se desprende que es universal, porque corresponde a todos los habitantes con excepciones de carácter general toda la población adulta de un estado, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. Esta universalidad tiene sus excepciones como, cuando se permite votar solamente a quienes posean determinada posición económica, con cierto grado de instrucción.

Se considera directo, cuando los votantes lo emiten directamente seleccionando alguno de los candidatos propuestos. En contraposición a esta característica, se clasifica como indirecto, cuando los electores sufragan por otros electores, quienes a su vez tienen las posibilidades de realizar la elección final. En esta tesitura tenemos a los colegios, distritos o a determinadas demarcaciones o circunscripciones.

Ayuntamiento:

Los ayuntamientos de elección popular directa, están integrados por un presidente municipal, y el número de regidores y síndicos que la ley determine.

El cabildo funcionando en pleno, posee funciones relativas a los aspectos legislativos y administrativos del Municipio, está integrado por un síndico o síndicos, que tienen a su cargo, la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales, ejercer la vigilancia de la aplicación del presupuesto y garantizar que con oportunidad se presente al H. Congreso del Estado la hacienda Pública Municipal

Al respecto, es pertinente reafirmar, que como las reformas a la Constitución que han procurado la modificación de los sistemas electorales municipales, son realmente muy escasas, con el devenir del tiempo, los municipios que contaban con una mayor variedad de opciones en su integración y funcionamiento, en la primera parte del siglo XX, han venido tomando figura de acuerdo a un modelo de representación muy similar en la mayoría de los municipios del país.

En ese contexto, encontramos que en todos los Estados de la república la legislación que les compete, contempla la figura de Presidente Municipal y síndicos al Partido Político que resulta triunfador con una mayoría de votos. En aproximadamente un diez por ciento de los estados de la República, se puede apreciar la característica de que alguno de los síndicos, pertenece a un partido diferente al mayoritario.

Según el estudio realizado por Blanca M. Acedo, del Centro de Estudios para la Reforma del Estado, AC, en México, los aspectos que brindan la divergencia en los estados, se refiere a los rubros tales como el tamaño de los ayuntamientos, la importancia de los puestos de mayoría relativa y de representación proporcional en el interior del cabildo, así como el método utilizado para distribuir los espacios de representación proporcional.

En poco más del 80 por ciento de las entidades federativas, las fórmulas previstas en las legislaciones estatales, designan la mayoría de los puestos al partido político que gana la elección. En estos estados se contempla la figura de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional;  al partido político que resulta finalmente ganador del proceso electoral, de manera automática se les asigna la lista completa de regidores de mayoría relativa .

Otro estudio que brinda un referencia importante sobre el tema de la composición de los ayuntamientos y la reelección de los funcionarios del nivel municipal, es el llevado a cabo por Ixchel Pérez Durán del área de investigación del Centro de Investigación y Docencia Económica, AC (CIDE) que lleva por nombre Efectos del diseño electoral municipal en la formación y en el ejercicio del poder en México, donde la autora da cuenta puntual, de lo extraño que puede resultar que en el contexto completo de avance democrático en México, donde contamos con funcionarios electos a través de los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, los regidores y síndicos se alejen de la representación ciudadana, mientras realizan el ejercicio cotidiano del poder público; que de hecho existe una mayor identificación y rendición de cuentas para con el partido que los postula, o bien con el presidente municipal que encabeza el ayuntamiento; con el gran inconveniente de que con esta situación, la relación con el electorado se secciona de manera importante, dando como resultado que algunas políticas se vean truncadas por no contar con el diseño adecuado para este nivel.

En este estudio, se realiza también un amplio recorrido por las legislaciones locales en materia electoral, incluyendo la Constitución de cada una de las Entidades Federativas, puntualizando aspectos claves para entender como se integran este tipo instituciones, y explicando con detalle el funcionamiento de las fórmulas de asignación para regidores de representación proporcional.

De esta forma, encontramos datos relevantes, como la aseveración de que en algunos estados de la república, se asignan regidores de manera automática por el principio de representación mínima, y en otros tantos se realiza también ésta asignación automática pero considerando también la fórmula de cociente electoral natural o simple con el método del resto o residuo mayor. En otros se utiliza la misma fórmula, pero con orden decreciente proporcional al número de votos obtenidos. En este documento, se encuentra también la figura de asignación de primera y segunda minorías, entre otras variantes similares.

Por otro lado, hace una referencia destacada, de lo inexplicable que puede resultar, que los actores que intervienen en estos procesos, aun conociendo de las problemáticas ya expuestas, se enfoquen únicamente al ámbito del proceso de gobierno para solucionar los problemas de este nivel, sin reconocer que muchas veces algunos de estos problemas tienen como parte de su origen el propio diseño del sistema electoral.  Acota que parece claro que de no realizarse los cambios sustantivos que la legislación requiere, algunos de los esfuerzos que se siguen realizando en los propios gobiernos locales, podrán ser visualizados como avances significativos, pero lo serían en mayor medida si se revisaran algunas partes elementales del propio diseño institucional, encargado de la formación del poder; incluyendo la contradicción de establecer constitucionalmente al ayuntamiento como un cuerpo colegiado, formado en los hechos, como gobiernos de una sola personalidad imperante, con mayorías partidistas, que muchas veces no cuentan con el respaldo real del pueblo.

Lo que queda de manifiesto en ambos estudios es, que lo cambia entre un Estado y otro, son las fórmulas utilizadas para distribuir las regidurías de representación proporcional, en la que no participa el partido que ganó la elección.

Así tenemos por ejemplo, lo que contempla la Constitución de Chihuahua, donde en su capítulo cuarto se refiere que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; menciona que votar en la elecciones populares, constituye un derecho y una obligación del ciudadano para integrar los poderes del estado y los ayuntamientos, así como para participar de los procesos plebiscitarios de referéndum.

También es su derecho la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres para obtener cargos de elección popular y siempre que la naturaleza del cargo lo permita.

Por otro lado, en su artículo número 13, se hace mención de que los ayuntamientos serán electos popular y directamente según el principio de mayoría relativa, durarán en su cargo tres años, y estarán integrados por un presidente, un síndico, y el número de regidores que determine la ley.

Los ayuntamientos se integrarán además, por el número de regidores electos, según el principio de representación proporcional, y por cada candidato propietario de los ayuntamientos, menciona que se elegirá además un suplente.

Otro ejemplo del funcionamiento electoral en este Estado, lo podemos apreciar en artículo 215, que a su vez nos deja conocer que una vez resueltos por el tribunal Estatal Electoral lo juicios de inconformidad que en su caso se hayan interpuesto, respecto de la elección de ayuntamientos, las asambleas municipales sesionarán para que a través del Consejero Presidente y el Secretario, expidan a los partidos políticos, las constancias de asignación de regidores de representación proporcional que les correspondan.

Es importante traer a colación, para comprender mejor el porqué de la esencia de esta iniciativa, el artículo 216, que detalla los tres supuestos de asignación de regidores electos según el principio de representación proporcional que les correspondan:

a) En los municipios que contempla el artículo 17, fracción I, del Código Municipal, los ayuntamientos podrán tener adicionalmente, ocho regidores según el principio de representación proporcional. En lo que se refiere a la fracción II del artículo citado, seis, en lo que alude a la fracción II, hasta cuatro y has dos, en los restantes comprendidos en la fracción IV.

b) Tendrán derecho a que les sean asignados regidores de representación proporcional los partidos o coaliciones que hubiesen registrado planilla de candidatos en la elección respectiva, que no hayan obtenido, el triunfo de mayoría relativa y hayan alcanzado por lo menos el 2 por ciento de la votación municipal válida emitida.

c) Para la asignación de regidores de representación popular, se le restará a la votación...

Otro ejemplo claro, lo encontramos en Baja California, mismo que se ha caracterizado por la realización de diversas consultas ciudadanas, que se han llevado a cabo a todo lo ancho y largo del estado, tendientes a revisar la posibilidad de realizar cambios a su diseño institucional electoral, encontrándose aún pendientes algunas modificaciones que pueden contribuir al mejoramiento de la composición de sus estructuras.

En ese estado, actualmente se cuenta con la asignación de regidores de la manera siguiente:

En el caso del principio de mayoría relativa, tenemos que la legislación concede hasta cinco posiciones para los municipios cuya población sea menor de 250 mil habitantes. Siete regidores para los municipios cuya población se encuentra en el rango de 250 mil habitantes, ocho regidores para los municipios cuya población exceda los 500 mil habitantes.

En contraposición en el mismo estado, encontramos que el número de regidores de representación proporcional, tiene relación directa también con el número de habitantes por municipio; a saber, hasta cinco regidores para los municipios cuya población sea menor de 250 mil habitantes, hasta seis regidores para los municipios cuya población se encuentre en el rango de 250 mil habitantes a 500,000 mil, y hasta siete a los municipios cuya población sobrepase los 500 mil habitantes.

Una vez conocido estos ejemplos de legislación estatal, vale la pena resaltar que con la puesta en marcha de esta propuesta, se pretende lograr que los regidores también resulten electos a través del voto universal y directo, así como los Presidentes Municipales y síndicos, para que de esta manera sean los propios ciudadanos a través del principio de representación relativa, los que decidan que funcionarios deberán estar al frente del municipio.

A nivel internacional, también podemos encontrar interesantes ejercicios de lo que se ha dado en llamar nivel “subnacional” .

De esta forma, destaca como un ejemplo de la gran cantidad de variantes que podemos encontrar en los diseños de los sistemas electorales, lo que ocurre en Suecia, en donde se encuentran interesantes características particulares, toda vez que siendo un estado unitario, se subdivide en 21 provincias administrativas, que cuentan con una junta o “landsting”, que es elegida directamente por el pueblo.

En orden vertical o descendente en la vertiente de su organización como gobierno, encontramos que cada provincia se divide en municipios, siendo su gobierno similar al de una alcaldía, y que cuenta además con una Asamblea Legislativa Municipal de entre 31 y 101 miembros; misma que es sometida a elecciones populares que se realizan cada cuatro años en conjunto con las elecciones parlamentarias.

La parte más interesante del diseño electoral de este país, la encontramos en que los votantes suecos, pueden elegir entre más de un  tipo de boleta o papeleta de votación. La primera que podría llamarse la papeleta de votación de los partidos, tiene simplemente el nombre de los partidos políticos y la parte de atrás se encuentra en blanco. Esta papeleta se usa cuando un votante desea sufragar por un partido determinado, pero no desea dar preferencia a un candidato en particular.

Otra opción para el elector en Suecia, se aprecia en la papeleta que contiene también el nombre de los partidos, pero enseguida se presenta una lista de candidatos que pueden llegar, si son muchos, a la parte posterior de la hoja, y en la que el votante sueco puede optar por una determinada persona de su preferencia, mediante la introducción de una marca, además de votar por el propio partido político.

Con estas opciones, no obstante que los partidos políticos controlan totalmente las configuraciones de las listas, el sistema da a los votantes un importante grado de poder en la elección de la lista de manera directa, personal e intransferible.

Esta última premisa, es también compartida por la organización “Idea Internacional”, que ha divulgado en diversos estudios sobre tópico electorales, que al acentuar la autonomía de los gobiernos locales, se intensifica también el control de los ciudadanos sobre los mandatarios más cercanos.

Esto quiere decir, que en el plano local, el equilibrio entre representatividad y gobernabilidad, - que es uno de los puntos clave de todo sistema electoral – la balanza puede inclinarse con mucha facilidad a acentuar la representatividad, entendida ésta como la existencia de un verdadero respaldo de lo que los ciudadanos necesitan y por otro lado al adecuado conjunto colegiado e integrado de representantes populares, que sin olvidar la lealtad que le deben al partido político que los ha postulado para el puesto que ocupan, no olvidan que la esencia de su quehacer público, radica precisamente en satisfacer, en la medida que los recursos disponibles lo permitan, la satisfacción de sus gobernados.

A este respecto se hace hincapié a que a pesar de que el ámbito local suele ser más permisivo, hay una cierta inercia que lleva a mantener la  homogeneidad del sistema electoral en campos donde no se justifica.  Al respecto se puede acotar que no existen modelos de representación perfectos en términos de representatividad por sí mismos, y que los encargados de revisar la normatividad deben estar permanentemente a la expectativa de la dinámica y la flexibilidad en la que se desenvuelven los diseños institucionales.

El detalle de como se deberán realizar los cambios, deberán incluirse en las leyes colaterales correspondientes.

Eliminación de la prohibición para la reelección inmediata, continua o consecutiva de autoridades municipales hasta por tres periodos para un mismo cargo

Como muy pocos países en el mundo, de acuerdo al marco normativo de nuestro país, el Presidente de la República, los Presidentes Municipales, los regidores y síndicos no pueden ser reelectos para el periodo inmediato, por lo que esta propuesta, promueve también como uno de sus puntos más importantes, la viabilidad de que sea reformado el artículo 115 de nuestra carta magna, para que sea eliminada la redacción restrictiva de la norma y que se abra la posibilidad para que cada legislatura de los Estados, defina las modalidades de reelección que le sean convenientes para  administrar su sistema electoral a este nivel, siempre y cuando no se rebase los tres periodos de gestión para un mismo cargo.

Adicionalmente, es pertinente aclarar, que lo que sí permite actualmente la legislación, es que se lleve a cabo una reelección parcial, tomando en cuenta, que la posición no puede volverse a ocupar en el periodo inmediato al que se concluye el encargo, pero queda abierto el mecanismo para que pueda ser utilizado en los periodos subsecuentes.

En este contexto, se percibe la necesidad de modernizar el marco jurídico con la utilización de la figura de reelección inmediata, continua o consecutiva durante un tiempo convenientemente acotado para el mismo cargo, para el funcionamiento de los ayuntamientos.

En esta tesitura, y para el mayor entendimiento de este rubro, consideramos que resultará de suma utilidad, resumir lo que se puede entender como reelección consecutiva o inmediata, teniendo en primer instancia el referente de que tradicionalmente se le llama así, a la facultad expresada en el marco normativo, de que las autoridades municipales en ejercicio, que cumplan con los requisitos de elegibilidad, puedan volver a postularse para el mismo encargo en procesos electorales inmediatos posteriores.

Otra acepción, sobre ese precepto político, es la que refiere que mediante la reelección inmediata, se le permite a un ciudadano que ha sido elegido para una función pública sujeto a un periodo de tiempo previamente determinado por la Constitución y las leyes, el derecho de volver a postularse y resultar nuevamente electo una o más veces para una posición. Es decir, la reelección es una repetición del mandato para la cual un representante popular es electo, por un periodo posterior, en el mismo cargo, no importando, si esta se da de manera inmediata o discontinua.

Como uno de los principales antecedentes de la actual redacción de este precepto constitucional, tenemos la reforma antirreleccionista de abril de 1933, que canceló de manera definitiva la posibilidad de que los presidentes municipales, síndicos y regidores pudieran aspirar a ocupar su mismo puesto, en un periodo inmediato posterior a su gestión.

Para este efecto, vale la pena recordar que en la época en que fue introducida esta reforma, se esgrimieron algunos criterios muy válidos para entonces, en el sentido de que en todos los países y en todas las épocas, había sido una tendencia invariable que quienes se habían perpetuado en el poder, abusaban de el en provecho exclusivo de los intereses unilaterales de una facción o camarilla.

Por manera paralela, en los cuarentas, no se contaba tampoco con la protección de  instituciones de vanguardia y dinámicas como lo es el actual Instituto Federal Electoral, que brindan un grado de mayor certeza y credibilidad a los procesos electorales, por un lado, y por el otro, el nivel de madurez política, con la que podía contar el elector, que para entonces no contaba con las poderosas herramientas informativas que ahora tenemos a la mano con solo prender una computadora, o encender la televisión.

Adicionalmente se puede traer a colación que para entonces, se vivía un periodo histórico conocido como el “maximato” caracterizado por una dualidad en el ejercicio del poder ejecutivo federal, toda vez que era Plutarco Elías Calles, quien concentraba el poder, y el presidente en turno, solamente ejercía la administración del mismo.

Todas estas razones juntas, hicieron que en su tiempo, el candado de “no reelección”, fuera considerado como una de las más grandes conquistas de la Revolución Mexicana de 1910.

Ahora bien, en el  México de hoy, se vive una realidad muy diferente. Uno de los factores que se han abonado para existan estas diferencias, es el enorme esfuerzo de muchos mexicanos y mexicanas, que han trabajado arduamente para que se hayan generado las diferentes reformas políticas por las que ha atravesado el país; entre ellas la que es considerada la más importante, la de 1977, pasando de manera cronológica hasta la más reciente, que culminó su proceso legislativo en el 2012. En esta última se destaca de manera importante, la aprobación de diversas figuras que promueven la participación ciudadana.

Aunado a esto, tenemos que la tendencia y opinión de destacados académicos y politólogos del país, han advertido en diferentes ensayos y propuestas que han sometido al escrutinio público, sobre la pertinencia de modificar la redacción restrictiva de la no reelección inmediata, por lo menos a nivel municipal.

Para reforzar esta aseveración, abundaremos ahora en los argumentos que a nuestro criterio hacen indispensable la reforma.

Iniciaremos acotando, que con la puesta en marcha de esta modificación, uno de los principales avances sería sin duda, el que los electores dejen de votar de manera preponderante por partidos políticos e inicien procesos de decisión donde se estaría votando de manera más directa por los candidatos. Esto traería a la larga como consecuencia, un sistema de partidos más competitivo, toda vez que al dejar de contar con los privilegios de elaborar y aprobar las listas de candidatos, los partidos políticos, podrían dirigir sus esfuerzos hacia objetivos más loables y plenamente direccionados al que debiera ser su quehacer cotidiano, como lo es el de mejorar los perfiles de sus candidatos para elecciones individuales, universales y directas, así como el de mejorar su propuesta ideológica para hacerla concordante y totalmente vinculadas con las necesidades ciudadanas.

Ahora bien, se podría contar adicionalmente de manera periódica, con el mejoramiento de algunos de los indicadores  de la gestión administrativa. Esto es que al contar con autoridades municipales más profesionales, experimentadas y comprometidas con el electorado, se deberá obtener de manera necesaria el mejoramiento de la consistencia de planear la gestión para un periodo prolongado.

Por otro lado y si bien es cierto, se considera como parte de la actividad municipal, la pertinencia de una gestión de mediano y largo plazo, se pueden lograr resultados de mayor eficiencia, si se cuenta con una secuencia efectiva de esfuerzos concatenados de nivel estratégico o de órganos de gobierno, a nivel táctico o de ejecución, e inclusive operativo, sin dejar de considerar la flexibilidad que en los programas de trabajo debe ser lo suficientemente amplia, para que permita la adecuación de las acciones, dependiendo de las variables que intervienen en su puesta en marcha.

Al ser una vía institucional y de incentivo a la responsabilidad, se estaría promoviendo y alentando la posibilidad por un lado, de que cualquiera de los miembros del ayuntamiento, pueda aspirar a presidir el municipio promoviendo un autentica carrera político-administrativa a nivel municipal; y por otro lado, que la reelección permita al ciudadano sancionar con su voto a sus autoridades municipales, ratificándolas o removiéndolas cuando así lo considere pertinente, orillándolas también  de esta  forma a rendir cuentas de su gestión,  apoyándose para esto, en la constante  evaluación de su desempeño.

Resumen de las reformas y modificaciones propuestas

De acuerdo a todo lo anterior, corresponde ahora referir cuales son los cambios que se están proponiendo realizar al artículo 115 Constitucional, con el objeto de dar figura a todo lo expuesto y argumentado anteriormente.

Así tenemos que en el primer párrafo del artículo 115 constitucional, se refiere el tipo de régimen interior que deberán adoptar los Estados, teniendo como base la división territorial así como la organización política y administrativa del municipio libre.

Este artículo menciona claramente, que éste deberá ser republicano, representativo y popular. En este contexto, esta propuesta propone adicionar a este primer párrafo de este artículo, la frase “con participación ciudadana activa”.Esta adición pretende dar vida a todo lo comentado con anterioridad, en el sentido de lograr que los ciudadanos cuenten con una presencia más importante dentro de la vida pública de los municipios.

Por otro lado en este mismo párrafo, se refiere que teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, las bases de esa organización deben determinarse en las constituciones de los estados de acuerdo con las consideraciones que marca la propia carta magna.

En seguida se señala en la reforma, que en el primer párrafo del artículo de referencia, donde se da cuenta de forma general de cómo debe ser la elección del ayuntamiento, se propone adicionar la frase  “ electos individualmente por voto universal y directo”refiriéndose a que aparte del presidente municipal, que  actualmente se elige de esta forma, esta figura se haga extensiva a los regidores y síndicos .Esta propuesta está direccionada, a lograr que una buena parte de las autoridades municipales, resulten electas a través del principio de mayoría relativa pretendiendo de esta forma que sean los propios ciudadanos los que decidan que personas deberán estar al mando de la gestión del municipio, en contraposición a que sean los partidos políticos quienes a través de sus listas o planillas, sean los que determinen quienes serán las síndicos y regidores que estarán despachando en los ayuntamientos.

Por lo que respecta a los regidores y síndicos electos bajo el principio de representación proporcional, la  iniciativa no introduce propuesta alguna, toda vez que se conserva íntegro el párrafo octavo del propio artículo que a la letra dice...

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios...

Con esta referencia queda perfectamente claro, que la intención de esta iniciativa  es, que continúen los congresos locales con la facultad de definir de acuerdo con las características propias de sus demarcaciones, que número y en qué condiciones deberán generarse las listas de regidores de representación proporcional, e inclusive de síndicos, como ya ocurre en algunas entidades federativas.

Con esta última precisión, se estarían salvaguardando la pertinencia de que los presidentes municipales cuenten con los elementos humanos necesarios en su administración, que les permitan conducir el municipio de manera armónica.

Para esto, los legisladores estatales tendrán que considerar en sus diseños constitucionales, cuales podrán ser las mejores combinaciones de los principios que de aprobarse esta propuesta, quedarían vigentes en nuestra Carta Magna.

En este orden de ideas, cabe traer a colación y guardando la debida proporción, que así como en el caso de la composición de la Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal, se cuenta con representantes populares electos a través de los dos principios, y de que no obstante que actualmente ha resultado altamente cuestionable la pertinencia de mantener vigentes a los legisladores electos mediante el principio de representación proporcional; se debe también tomar en cuenta que esta combinación, también ha permitido que algunas minorías cuenten con voz y voto en los espacios deliberativos, hecho que genera una indudable riqueza en la manifestación de ideas de diversas índoles.

Para el caso de las regidurías y sindicaturas a nivel municipal, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, que existiendo una realidad tan cambiante en nuestra sociedad, la exigencia de elevar el nivel de opciones y de participación resulta imperativo, así como la necesidad de contar con elecciones cada vez más competitivas y de las cuales los ciudadanos se sientan parte importante.

Por otro lado, la adición de un párrafo a la fracción II del propio artículo 115 Constitucional, obedece a la intención de lograr un mayor detalle en el ordenamiento, asumiendo algunas características que deben guardar dichas sesiones.

Así tenemos que se abre la especificación de que los ayuntamientos deberán regular la participación de los ciudadanos en dichas sesiones, procurando de manera irrestricta el respeto a su derecho de ser informados, su derecho a presentar información, así como que se mantenga de manera intacta su derecho de petición.

Para el caso de la modificación al actual segundo párrafo de la fracción primera, se está proponiendo conservar únicamente la primera parte del mismo, donde se refiere que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, podrán ser reelectos para el periodo inmediato, adicionando para esto la frase “individualmente para el periodo inmediato” donde se infiere que esta reelección deberá darse de “uno a uno”, es decir, que será ganador de la elección el que obtenga el mayor número de votos.

Pero también por otro lado, se está proponiendo que esta reelección, solo pueda darse hasta por tres periodos consecutivos para el mismo cargo. Con esto se pretende lograr la previsión de no extender por demasiado tiempo la duración en la gestión, en la inteligencia de que ese espacio de tiempo, sea el suficiente y necesario para que el elector pueda “premiar con su voto” a los representantes populares a nivel local, que se desempeñen con el más alto nivel de eficiencia y transparencia en sus acciones.

En este mismo párrafo, se está presuponiendo la eliminación del resto del párrafo donde se determinan los candados para que las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualesquiera que sea la denominación que se les de , no podrán ser electos para el periodo inmediato.

También se propone eliminar la parte que refiere que todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero si podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

Es por lo anteriormente expuesto, y con el fin de impulsar las mejores prácticas en el funcionamiento de los municipios, que permitan alcanzar resultados de mayor eficiencia, que solicito se privilegie la presentación de esta Iniciativa ante esta Honorable Asamblea, de manera tal que este Poder Legislativo, sea el conducto del fortalecimiento de la misma.

Decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 115 Constitucional, así como la fracción I; se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, así como se reforma el actual párrafo segundo de la fracción I, para convertirse en el párrafo tercero,  en los términos siguientes:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular con participación ciudadana activa,teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre conforme a las bases que se determinen en sus constituciones para la elección de los ayuntamientos de acuerdo con las consideraciones siguientes:

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos  que  la ley determine, electos individualmente, por voto universal y directo. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.

En la integración de los ayuntamientos, invariablemente se observará el siguiente criterio:

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de regidores y síndicos electos por ambos principios que representen un porcentaje del total del ayuntamiento, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación total emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por voto individual, universal y directo, obtenga un porcentaje de espacios del total del ayuntamiento, superior a la suma del porcentaje de su votación total emitida más el ocho por ciento.

Las sesiones de los ayuntamientos, así como las de sus órganos colegiados en las cuales se resuelvan asuntos vinculatorios para los ciudadanos, deberán ser abiertas a los mismos, debiendo los ayuntamientos regular su participación en las sesiones, respetando su derecho de ser informados, su derecho de presentar información y expresar sus ideas, respecto de los asuntos que les afecte, así como su derecho de petición. 

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos electos popularmente por elección directa, podrán ser reelectos individualmente para el periodo inmediato. Bajo ninguna circunstancia, podrán los integrantes de los ayuntamientos ser reelectos para ocupar el mismo cargo por más de tres periodos consecutivos.

...

...

...

II a X. (...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto

Tercero. Las legislaturas de los estados deberán adecuar sus ordenamientos respectivos para dar cumplimiento a lo que dispone el presente decreto.

Nota:

1 Según los datos proporcionados en la página electrónica del Instituto Nacional de Fortalecimiento al Federalismo. Consultada el 8 de noviembre de 2012.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 22 de octubre de 2013.— Diputados: Carlos Fernando Angulo Parra, Leonor Romero Sevilla, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Iniciativa que reforma el artículo 403 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Fernando Angulo Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y el inciso h) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adicionadiversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de condicionamiento del voto personal a cambio de cualquier tipo de paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Introducción y marco conceptual

Para hablar de la democracia y entender su estrecha relación con la competencia electoral y por ende con el condicionamiento del voto personal a cambio de cualquier tipo de paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa; resultará de suma utilidad realizar un breve recorrido por las principales aportaciones relacionadas con estos tópicos, en las distintas etapas del desarrollo de la humanidad.

Así, de inicio, es indispensable volver la mirada hacia la antigua Grecia, en donde la soberanía consistía en deliberar en el ágora sobre diversos tópicos de importante naturaleza para aquella época. De esta forma se hablaba sobre la guerra y la paz, de concluir con los extranjeros los tratados de alianzas, de votar leyes, de pronunciar las sentencias, de examinar las cuentas, los actos, de las gestiones de los magistrados, de hacerlos comparecer ante todo el pueblo, de acusarlos y de condenarlos o absolverlos.

Es decir, en aquellas sociedades, el individuo estaba sujeto totalmente a la autoridad de la multitud reunida y las acciones privadas estaban sometidas a vigilancia. Por otro lado no existían el sufragio, el sistema representativo, ni tampoco se contaba con mecanismos de control del poder a través de los derechos humanos.

Entre esa época y la Edad Moderna, se considera que no existieron regímenes similares, toda vez que el sistema político imperante fue el de la monarquía, donde la soberanía residía en el gobernante y no en el pueblo.

En este contexto, tenemos que el inglés John Locke –considerado en política como el padre del liberalismo moderno– propuso que la propiedad, la vida, la libertad, y el derecho a la felicidad son derechos naturales de los hombres; anteriores a la constitución de la sociedad los derechos naturales y principios democráticos del hombre, noción del gobierno con el consentimiento del pueblo o soberanía y el gobierno representativo.

De esa forma se considera que la democracia moderna tiene sus orígenes en la Inglaterra del siglo XVII con la instauración de la monarquía parlamentaria inglesa, pasando posteriormente por “la ilustración” donde tuvo un importante sustento filosófico, toda vez que fueron elaboradas una serie de propuestas que cambiaron la estructura política de muchos países y fueron el sustento de la Revolución Francesa de 1789.

Posteriormente, el barón de la nobleza francesa Montesquieu aportó que ningún régimen estaba a salvo de caer en la tiranía, y a consecuencia de ello los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberían ser autónomos.

Por otro lado, Juan Jacobo Rosseau señaló que el pueblo es depositario del poder y lo facilita, rescatando la importancia de la democracia directa y considerando que la democracia tiene una dimensión moral, es decir una igualdad entre hombres. Y es en su obra “El contrato social”, que se declara que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado, señalando como principales características de la voluntad general que tiene como finalidad el bien común, así como promulgar leyes que garanticen la igualdad y la libertad de los ciudadanos.

En este contexto, podemos citar lo expresado por el político estadounidense James Madison, llamado “El Federalista”. Hablaba de la “tiranía de la mayoría” y planteaba que la individualidad debía prevalecer sobre la voluntad de la mayoría. Esto se tradujo al sistema electoral a través del método indirecto, para que incluso los estados pequeños pudieran ser relevantes en los procesos electorales. Se pretendía así vincular los pequeños estados a la política federal y neutralizar los movimientos secesionistas que pudieran surgir tras la independencia norteamericana. Los defensores del sistema federal defienden este aspecto como una de sus principales virtudes. Su concepto de democracia dice que es “Una sociedad formada por un reducido número de ciudadanos, que se reúnen y administran personalmente el gobierno”.

Entre sus principales propuestas, destaca la relación adecuada entre derechos de mayoría y minoría. Tiene que ver con su temor de que la mayoría avasalle a la minoría. Había que contener a la mayoría, a través de la garantía de los derechos, pero sobretodo dividiendo el poder, a través de un extenso gobierno representativo de carácter vertical, entre estado federal y entidades federativas, entre el Ejecutivo, el Legislativo y federal.

Para el inglés John Stuart Mill, el único modelo de democracia factible en el mundo moderno es la democracia representativa. Decía también que como fuerza social, un individuo con una idea vale por noventa y nueve con un solo interés, y adicionalmente que no existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación.

En el siglo XIX se localiza otro referente relevante en favor de la democracia, en la voz del político estadounidense Abraham Lincoln quien ha inspirado a muchas generaciones, con su famoso discurso, en donde habla de que “la nación Estadounidense bajo la protección de Dios, verá renacer la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca jamás de la faz de la tierra”. Estas importantes palabras, han sido retomadas por infinidad de políticos.

Por su parte, Joseph Schumpeter hace una crítica a la teoría clásica de la democracia que supone que los gobernantes actúan para llevar a cabo la voluntad del pueblo. La gran obra de este autor ofrece importantes teorías sobre los procesos democráticos; el creía que la democracia es un proceso inevitable, es decir, un método de combate político entre dos grupos que se genera por medio de las elecciones para formar un gobierno. Aporta a la teoría un tipo de método donde lo principal es la competencia electoral, que es la que lleva a formar un gobierno.

Uno de sus principales aportes se refieren a la definición procedimental de la democracia: es decir, que es aquella vista como“una competencia por la dirección política”. En cuanto al método democrático, según Schumpeter es el instrumento institucional para llegar a decisiones políticas, en virtud del cual cada individuo logra el poder de decidir, mediante una competencia que tiene por objeto del voto popular.

En el silgo XX encontramos lo expresado por el politólogo italiano Giovanni Sartori, que habla ya de la democracia liberal, y nos dice que es una democracia representativa o una democracia indirecta, en la cual el pueblo no gobierna, pero elige representantes que lo gobiernen, de esta forma presenta los tres principios que la conforman, como el de legitimidad, que postula que el poder deriva del “demos” pueblo y se basa en el consenso verificado, no presunto de los ciudadanos. Esto es que no acepta autoinvestiduras, ni el poder que derive de la fuerza que no sea por la vía de elecciones libres, periódicas y auténticas. En las democracias el poder está legitimado, condicionado y revocado por elecciones libres y recurrentes, el pueblo es el titular del poder y el poder es sobre todo ejercicio.

Siguiendo a Sartori y el principio de la democracia liberal como sistema político, encontramos que tiene relación con la titularidad del poder y el ejercicio del poder, refiere de manera detallada los límites entre los poderes, respeto a los derechos fundamentales y controles en el ejercicio del poder público. Menciona que el poder no es absoluto, arbitrario ni discrecional, refiere que la democracia es pro témpore, y que existe el derecho de defensa de los particulares frente a los actos de la autoridad. Cuando se hace necesario separar la titularidad del ejercicio, nace la democracia representativa.

Otro referente importante, es el que nos brinda el Inglés David Held, en su obra Modelos de Democracia, donde dentro de su clasificación de los modelos clásicos, se refiere al modelo de la democracia desarrollista, explicando que su principio justificativo es que la participación en la vida política es necesaria y que es esencial para la expansión más alta y armoniosa del ser humano.

Este modelo pone especial énfasis en la participación ciudadana, para que los habitantes de las sociedades sean mejores seres humanos, mejores personas, para que desarrollen sus planes y proyectos de vida, construyendo de esta forma la ciudadanía.

En ese orden ideas, se pregunta de manera reiterada, cuáles son las razones morales y políticas para que se genere dicho desarrollo, y la respuesta se concentra en que permite el desarrollo del ser humano como no lo permite otra forma de gobierno; argumentando que la libertad es para convertirse en mejores seres humanos, para entenderse mejor y para elevar el espíritu. Es este pues un modelo totalmente distinto a los otros, pretendiendo que el ciudadano no intervenga en el gobierno de manera indebida.

Por otro lado, este modelo exige algunos mínimos de desarrollo personal. Es decir, se plantea el como pueden desarrollarse las personas si no tienen acceso a la cultura, todo esto relacionado, es decir, que los ciudadanos tienen con la libertad; pero vinculada con la participación y con ciertos niveles de igualdad.

Cuenta entre otros factores con un enfoque importante hacia la soberanía popular, en el sentido de que debe generarse el sufragio universal, pero como un juego de suma positiva, describiéndose éste como una situación de ganancia para todos. Refiere también la existencia de un gobierno representativo, pero con liderazgo electo y con voto secreto.

Este modelo promueve también las garantías constitucionales, para asegurar las limitaciones y las divisiones del poder, pero también se refiere a las garantías constitucionales y a los derechos para promover la libertad de pensamiento, de sentimiento, de discusión, de publicación, libertad de combinación, y la persecución de los planes de vida elegidos individualmente.

Se direcciona también hacia la participación de los ciudadanos en las distintas ramas del gobierno, a través del voto, promoviendo una extensa participación en el gobierno local, y el servicio de carrera judicial.

Por todas estas conceptualizaciones de la democracia, podemos darnos cuenta de que el eje central de la mayor parte de ellas es la intervención de los ciudadanos a través de la expresión de la voluntad individual, por lo que resultará sumamente útil lograr concatenar estas teorías de la democracia con la participación ciudadana a través del voto electoral.

Para finalizar y por tener amplia relación con el tema que nos ocupará a continuación. Recordaremos lo expresado por Juan Lintz y Limpstein que llaman seudodemocracia los regímenes en que la existencia de instituciones políticas formalmente democráticas, tales como la competencia electoral multipartidaria, enmascara la realidad de una dominación autoritaria. Tal es el caso de una sociedad donde se genera el importante problema del clientelismo y la compra venta del voto popular.

El sufragio

Es un derecho político establecido en nuestra constitución, mediante el cual el ciudadano manifiesta su voluntad individual de elegir a las personas que deberán ocupar los cargos públicos o de representación. Su existencia tiene por objeto la participación del mismo en un ejercicio exclusivo de su voluntad individual o la aprobación o rechazo de ciertos actos de gobierno.

En un sentido amplio, el sufragio abarca el concepto de “activo”, en donde se determinan quienes tienen derecho al ejercicio del voto y el concepto de “pasivo” que refiere quienes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos.

Por lo anterior podemos interferir que el sufragio es indudablemente una condición necesaria, aunque no suficiente, para que un sistema político sea democrático. Esto se aprecia así, porque hay gobiernos autoritarios en los cuales las restricciones para la participación ciudadana, se generan a un cierto grado de corrupción, que impide a los estudiosos de la ciencia política y a los organismos encargados de su medición, considerarlos democráticos.

Otro factor importante por considerar es la calidad de la administración electoral, que tiene un impacto directo sobre la forma en que las elecciones y sus resultados son percibidos por los propios ciudadanos, así como por los observadores nacionales e internacionales. En este contexto se puede inferir, que si la administración electoral se percibe como fuera de la legalidad, será sumamente fácil que los ciudadanos decidan sumarse a ese ambiente de ilegalidad, que no beneficia a nadie.

Por otro lado, la estructura del voto es la forma de emisión y expresión del mismo y está estrechamente ligada a la forma de la candidatura y las características del voto democrático. Esto es relevante para nuestro análisis, porque se infiere que la democracia presupone la celebración de elecciones periódicas mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; todas consideradas como condiciones necesarias para el ejercicio democrático y el incumplimiento de una de estas condiciones, nos remite a un sufragio no democrático, que puede ser restringido, no libre, indirecto o público.

El voto se considera universal cuando todos los ciudadanos hombres y mujeres mayores de 18 años, deben votar en las elecciones federales o locales si cumplen con los requisitos necesarios.

En este contexto, tenemos que el voto libre pertenece a un sistema constitucional de derechos y libertades, donde prevalece el pluralismo político, el acceso directo al proceso electoral, con pleno respeto a las instituciones y a los partidos en competencia. Es decir, es aquel donde los ciudadanos pueden manifestar su preferencia por el partido político o candidatos sin ninguna forma de presión para hacerlo.

En otras palabras: esa libertad se refiere a la no influencia de ningún tipo en las decisiones político electorales del ciudadano, esto quiere decir que no le será necesario e indispensable tomar en cuenta las opiniones de otras personas, tampoco el aceptar sobornos de funcionarios partidistas o electorales, candidatos o cualquier otra persona que busque beneficiarse con su sufragio. Para garantizar el voto libre, se requiere del establecimiento de mecanismos previamente acordados, tales como urnas cerradas, selladas, sobres opacos para introducir las papeletas, etcétera.

Se dice que el voto es directo, cuando se considera que no existe entre el elector y el candidato una persona o interventor al momento de votar, es decir es personal e individual, porque debe ir a votar el ciudadano únicamente con su credencial de elector, y con ninguna otra persona; siendo éste intransferible, porque los ciudadanos no pueden decirle a otras personas que voten en su lugar, o en el caso de la compra de votos, no podrían pedirle al ciudadano referencias concretas de que efectivamente depositó el voto con determinadas características.

Adicionalmente, debe mencionarse por resultar de suma importancia para despejar el cuestionamiento inicial de esta propuesta, que el voto al ser secreto pretende el aseguramiento del ejercicio libre de la voluntad individual, para garantizar la plena y personal decisión de los votantes, garantizando de esta forma su privacidad, de manera tal que su voto no deber ser conocido por ningún otro actor que intervenga en el proceso.

La democracia y el sufragio

El voto no sólo sirve para elegir autoridades, que es en definitiva su consecuencia visible e inmediata, sino también para sostener la democracia. El día de la elección cada sufragante está cumpliendo con una función pública constitucional.

Las autoridades deben gobernar para el bienestar general y un estilo de convivencia basado en la existencia de valores tales como el respeto y la solidaridad entre los miembros de una sociedad.

El derecho de sufragio, como los demás derechos fundamentales, puede ser entendido en sentido subjetivo y en sentido objetivo. Desde el primero, aparece como una facultad del titular del derecho garantizada por el ordenamiento, esto es, como un derecho de libertad; el derecho a votar y ser votado y por lo mismo también la libertad de no votar o ser votado son la expresión de ese sentido subjetivo del derecho de sufragio.

Desde la consideración objetiva, el derecho de sufragio es un principio básico de la democracia, o en términos jurídicos, del ordenamiento democrático. Visto como principio, el sufragio tiene, entonces, una dimensión institucional indiscutible: sin el derecho de sufragio no hay democracia. Una y otra dimensión pueden, y deben, encontrarse en equilibrio, aunque a veces no ocurre así y la acentuación de la dimensión objetiva o institucional puede incluso hacerla prevalecer sobre la dimensión subjetiva del derecho mudándolo de naturaleza, esto es, transformándolo de derecho en obligación.

Índice de democracia

Existen algunos esfuerzos de organizaciones por brindar algún tipo de medición que permita referenciar los niveles de desarrollo democrático en las distintas naciones. Así tenemos por ejemplo que la Fundación Konrad Adenahuer en su informe 2012 presenta el resultado de un estudio que fe elaborado sobre la base de indicadores que reflejan estadísticas de organismos públicos de los países y de organismos internacionales de reconocido prestigio.

Uno de los datos a destacar en el informe de referencia, para el caso específico de América Latina, se refiere a que los programas de ayuda a los sectores menos favorecidos de la sociedad se extendieron a todos los países. En algunos casos con graves ineficiencias y en función de políticas clientelares que hacen que reaparezcan nuevos problemas de gobernabilidad, agravados por la probable debilidad institucional.

Al respecto, vale la pena reflexionar en la gran cantidad de denuncias que tienen que ver con el manejo político con fines partidistas que se da en algunas regiones a los programas sociales, sobretodo por lo que concierne a la amenaza de permanecer en el programa a cambio de votar por determinado grupo político, o de realizar actividades de apoyo directo al personal que tiene la obligación de implementar estos programas, que nada tienen que ver con las reglas de operación publicadas con anterioridad.

Otro factor de preocupación para la democracia, es la incapacidad de muchos partidos políticos para generar liderazgos y despertar el compromiso ciudadano; los excesos en la concentración del poder y los intentos de consolidar regímenes de una sola voz; la consolidación de estructuras burocráticas y políticas que persiguen el desarrollo personal –mediante prácticas corruptas– más que el bien común; y por último, la ausencia de políticas de largo plazo y de procesos de políticas públicas construidos y aplicados en función del consenso.

Respecto a los indicadores de referencia, y de acuerdo con la última publicación, Noruega es el país con mayor índice de Democracia en el mundo con un total de 9.8 puntos en una escala que va del cero al diez, seguido de Islandia, Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda. En el caso de América Latina destacan los países de Uruguay, Costa Rica y Chile.

Condicionamiento del voto personal a cambio de cualquier tipo de paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa

En el mundo del intercambio económico, podríamos referir ésta situación de condicionamiento, relacionándola con el ámbito electoral, como una operación reducida a “simple mercadeo” en la que los ciudadanos individuales ofrecen o entregan servicios electorales, como un voto o una abstención –que puede resultar favorable– a partidos políticos, candidatos, funcionarios públicos, o intermediarios en general.

Para Francisco de Paula Oliva, promotor de la normalidad democrática y del mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad Paraguaya, buena parte de la perversión democrática la tienen los observadores internacionales, porque suelen acudir a cada elección y concluir que todo está en orden, porque hay listas de partidos y cuartos oscuros donde la gente vota sin que nadie la vea, pero no suelen denunciar estas situaciones de las que todo mundo habla. En el extremo de la acción, tenemos ahora que la gente no solo recibe algo por votar, sino que muchos aparte exigen que los lleven en transporte, aunque el lugar a donde vayan esté a unas cuantas cuadras; aunque visto desde otro enfoque esto probablemente se refiere a que se sientan avergonzados porque sus vecinos, familiares y amigos los vean participando en estas actividades.

Los votantes son impulsados por un sencillo cálculo de beneficio económico, promoviendo sus servicios electorales al mejor postor. Es un negocio demandante cuyos requisitos objetivos e intersubjetivos son difíciles de cumplir, del otro lado exigen que los ciudadanos efectivamente cambien su comportamiento electoral en respuesta y de conformidad con las ofertas particulares que reciben.

Este tipo de acciones exigen que ambos socios entiendan su interacción como una acción de intercambio que se ha vuelto cada vez más compleja; y ahora hay quien sólo entrega la contraprestación una vez que se ha votado y adicionalmente quien exige al sufragante pruebas de fotos o videos grabados con medios electrónicos.

En las zonas rurales se puede observa una práctica conocida como el acarreo o corralón que consiste en conducir a un grupo de personas a resguardo de los políticos rivales y mantenerlos ahí hasta que llega el momento de votar.

Por otro lado tenemos que el voto cadena, permite el condicionamiento de votos. El primero que entra a votar, pone otro voto, por supuesto que le han entregado por anticipado. Con esto se desprende, que probablemente ese voto será no válido, pero se lleva consigo el que si es válido, porque fue proporcionado por la autoridad electoral a los funcionarios electorales; luego introduce otra boleta a las urnas, para que de esta forma se asegure una cadena de votos emitidos a favor de quien organiza este acto ilegal, ofreciendo una recompensa a cada participante si trae el voto en blanco, llevándose otra boleta que ya viene marcada a favor de un determinado candidato. Este sistema es utilizado frecuentemente en las zonas de más bajos recursos, donde se organizan estas cadenas, presuponiendo que se encontrarán con ciudadanos de baja escolaridad o cultura política.

Una encuesta encargada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reveló que en las elecciones presidenciales de Paraguay del 2008, el 24.5 por ciento de los votantes reconoció que lo habían “arriado” para votar, la diferencia es que el acarreo se puede considerar hasta cierto punto legal, y el condicionamiento de votos no, por más extendida que esté su práctica.

Para Benin, muchos votantes ven las ofertas como oportunidades para que se les devuelva el dinero que los políticos les han robado, porque consideran a esas ofertas prácticamente como la única oportunidad de obtener algo de las autoridades, es una oportunidad momentánea para que los ciudadanos ordinarios transformen relaciones desiguales en relaciones más equitativas y justas.

Una modalidad del condicionamiento de emisión de voto es que a petición del que solicita este servicio y de acuerdo a sus intereses previamente calculados, según la elección de que se trate, se le puede solicitar votar en blanco, para que en el momento del escrutinio y conteo, obviamente este tipo de voto se considere como nulo.

Por otro lado, entendemos por delito la conducta prohibida en la ley penal, que tiene como resultado una sanción, como un acto que pone en peligro un bien protegido legalmente.

Así, llamamos delito electoral todas las acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral.

En el Código Penal Federal mexicano, se menciona quienes pueden cometer delitos electorales. De esta forma tenemos en la clasificación, a los ministros de culto religioso, a los funcionarios electorales, y a los funcionarios partidistas, también a los servidores públicos, y a las personas únicamente cuando votan sin credencial de elector, con una que no sea la suya más de una vez en una misma elección, haciendo propaganda el día de la jornada electoral de un candidato para que orienten el voto de los ciudadanos, recojan sin aviso y sin causa alguna la credencial para votar de los ciudadanos, obstaculicen o interfieran en el desarrollo de las votaciones y procedimientos que se siguen el día de la elección.

Simultáneamente se presenta como de interés el concepto fraude electoral, toda vez que se entiende como fraude electoral, la intervención deliberada en un proceso de votación con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales. Para los vendedores de votos, la falta de sanciones formales, así como la opacidad en el acto de votación, hacen que el cumplimiento del sufragante sea un esfuerzo más bien considerado como un hecho engañoso, de lo que debería ser si se desarrollara en condiciones normales.

En el caso mexicano, podemos encontrar un interesante referente de manifestación de protesta a lo que pudiéramos llamar en las pasadas elecciones presidenciales realizadas en julio de 2012, donde miles de personas participaron en marchas, al menos en 16 estados, encabezados en varias entidades federativas principalmente por el movimiento Yo Soy 132 contra los resultados electorales, exigiendo la aplicación de una auténtica democracia en México que respete el sentir de los mexicanos para que no se coaccione el voto. El contingente más grande se reunió en Guadalajara Jalisco.

Otro gran debate se generó, cuando fue puesto en evidencia que un importante grupo de personas, se quejaron de la presunta participación de la empresa de tiendas de autoservicio Soriana, toda vez que fueron descubiertas un gran número de tarjetas de prepago otorgadas supuestamente al elector para sufragar a favor de determinado candidato, facilitar la acción electoral a través de la compra del voto.

Argumentación a favor de sancionar el condicionamiento del voto

1. Contribuiría a frenar la práctica de hacer del voto una mercancía. Cuando las autoridades partidistas o electorales, los candidatos, o cualquier otra persona propone a un ciudadano utilizar como un servicio su voto, a disposición del mejor postor, realmente está realizando actividades que tienen que ver con el lucro, aludiendo a alguno de los factores que pueden predisponer a la persona a aceptar este tipo de conductas: tales como su bajo nivel educativo, su pobreza o necesidades económicas. El ciudadano al recibir algo a cambio de su voto, puede pensar que está recibiendo “algo” que le corresponde, en el sentido de que antes le ha sido sustraído por las elites políticas.

De esta forma no puede existir una democracia plena, si uno de los principales principios de soberanía popular han sido trastocados al convertirse la acción electoral en un simple contrato verbal de condicionamiento por la emisión del voto, que de quedar contemplado en la legislación, podría convertirse en un acto totalmente ilegal.

2. Abonaría a favor de generar credibilidad en las instituciones.Cuando una conducta se repite reiteradamente en alguna sociedad sin que existan consecuencias importantes al respecto de ella, se genera un clima de aceptación de la misma, porque de antemano se sabe que no existen las condiciones normativas necesarias para su limitación. De esta forma se pueden apreciar después de algún proceso electoral, incesantes comentarios de que se otorgaron diferentes dádivas o contraprestaciones a un buen número de personas, y que al respecto, los comentarios de los ciudadanos en el sentido de que no ocurre absolutamente nada para lograr su control. Con este tipo de dinámica nociva, esa práctica tiende a convertirse en común y ordinaria.

De otra forma, con la puesta en marcha de las herramientas de control necesarias, la sociedad en su conjunto, puede conocer de antemano que va existir algún tipo de sanción para aquellas personas que se sorprendan realizando ese tipo de actos; resultando altamente probable, que este factor pueda contribuir a inhibir la Comisión de esa conducta ilícita.

Algunas veces se aprecia que con el simple hecho de que se encuentre plasmado en la legislación cualquier tipo de control, inmediatamente se generan acciones de limitación, es decir que el mecanismo está disponible para ser utilizado, aunque de hecho no sea así, y su simple existencia dentro de las reglas formales del juego electoral, contribuyen a crear un clima de normalidad democrática.

3. Mejores condiciones de la competencia electoral. Cuando se llega a un puesto por medio de corrupción, necesariamente la corrupción imperará durante el periodo de mandato. Esta es una aseveración que puede permear en la sociedad, aunque ciertos sectores de la clase política que se ven beneficiados con este tipo de prácticas, pretendan no tomarlos en cuenta de manera importante. De ahí la relevancia de que las decisiones electorales tomadas libremente sin ningún tipo de presión moral, económica o laboral, deban ser las que imperen en el ejercicio fundamental de derecho al voto, de esta forma las autoridades podrán gozar de un mayor respeto y legitimidad en sus acciones.

4. La demostración pública de la riqueza puede crear expectativas de triunfo electoral. Según lo expresado por Van de Walle, en Nigeria los ciudadanos que aceptan apoyar a un futuro ganador consideran el pago como prueba de que el candidato es muy poderoso o que cuenta con el apoyo de fuerzas muy importantes. De esa forma se sienten parte del núcleo que mantendrá el poder, de manera tal que se puede crear la sensación en ellos, de que es indispensable manifestar su apoyo a determinada opción política aceptando en consecuencia la paga, si pretenden no crearse conflictos a futuro.

Dicho de otra manera, al aceptarse la propuesta que nos ocupa, los actores participantes en el proceso electoral deberán tener más cuidado en hacer este tipo de demostraciones.

5. Dignificación de la vida política. Con la implantación de los mecanismos necesarios para frenar o disminuir el condicionamiento del voto, se está realizando implícitamente una intensa campaña y promoción de participación ciudadana activa en materia electoral; que tienda de forma importante al fomento de una verdadera cultura cívica; para que de esta manera la voluntad popular pueda ser expresada con carácter genuino y transparente.

Así, los sentimientos de gratitud, indignación o de nuevas expectativas de los ciudadanos, pueden ser trasladadas hacia las propuestas o los candidatos, mediante la expresión de su voto a favor o en contra.

6. Derecho político-electoral y el interés público. Ésta es una de las principales consideraciones que puede orientarse de forma definitiva hacia la observación del respeto irrestricto a la voluntad individual del ciudadano, de ofrecer o no su voto según su criterio, convicción propia y conveniencia. Esta situación puede resultar polémica, si se toma en cuenta que ese ejercicio de derecho político electoral de carácter individual, viene enmarcado en el interés supremo del bienestar de la colectividad. En otras palabras, si cada uno de los ciudadanos, considera al momento de decidir su voto únicamente sus expectativas e intereses monetarios particulares, sin tomar en cuenta lo que le conviene al grupo de personas que también se verán beneficiadas o afectadas por sus decisiones, puede estarse orientando por determinaciones políticas, que al final del día pueden no resultarle tan convenientes.

Esto es así si consideramos que quien compromete su voto, lo que hace es despojar de la máxima y plena ciudadanía a quienes por ley ya son ciudadanos; de esta forma la voluntad individual, guarda una plena proporción con la voluntad de otros, es decir, su voluntad individual forma parte importante de la voluntad colectiva.

7. El dinero que se ofrece como gesto de buena voluntad conlleva la presión implícita de aceptarlo para evitar conflictos. Con esta argumentación nos encontramos ante el hecho de que en algunos de los casos, no es precisamente la voluntad individual, consciente y razonada la que priva a la hora de aceptar o no direccionarse a una acción de compromiso de su voto; sino que más bien, es el temor de que se le etiquete como “ciudadano desafiante” y esto pueda traerle importantes consecuencias para él o su familia en los diferentes escenarios de su vida cotidiana.

Antes estas disyuntivas la respuesta puede estar direccionada al fomento a la cultura de la denuncia en materia de delitos electorales, ya que esas prácticas ya forman parte de la legislación y por supuesto pueden ser sancionadas por la autoridad competente.

Argumentos conclusivos

Se puede afirmar que si consideramos que la democracia plena es un principio organizador que se basa en la transformación de las sociedades; y si existe coincidencia en el sentido de que el sufragio es uno de sus brazos ejecutores más importantes, encontraremos que como consecuencia de las distintas acciones realizadas por algunas personas o grupos de personas encaminadas a comprometer el voto a cambio de una contraprestación, se están vulnerando una de las vías más importantes y disponibles en la actualidad, para la conducción hacia una sociedad –cualquiera que ésta sea– que contenga estándares de mayor civilidad y desarrollo.

Para reafirmar este hecho, reiteramos que después de revisar a detalle el pensamiento de algunos de los principales exponentes de la teoría democrática y de los distintos argumentos vertidos a favor del mismo, que con el elemento de condicionamiento del voto, se concluye que no puede existir una democracia plena, sobre todo si consideramos como parámetro de medición algunos de los estudios más importantes, realizados por algunas organizaciones como la unidad de inteligencia del Economist, a través del cual se pretende determinar el rango de democracia, basando sus resultados en 60 indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías, que son: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política; arrojando resultados de sociedades con democracia plena, democracia defectuosa, con regímenes híbridos y países con regímenes autoritarios.

Otra organización que trabaja a través de informes e indicadores y que resultó ser de gran utilizad para argumentar debidamente las conclusiones de esta propuesta, es la de la Fundación Konrad Adenahuer que presenta desde 2002, los principales índices democráticos registrados en América Latina; haciendo su clasificación con base en una elaboración propia, dependiendo de los resultados y los niveles de desarrollo democrático de las naciones, registrado en sus perfiles.

De esta forma pretendemos sintetizar las ideas, la exposición y los razonamientos manejados a lo largo de este texto, concluyendo de manera determinante, que el sufragio es indudablemente una condición necesaria, aunque no suficiente, para que un sistema político sea democrático, influyendo de manera directa sobre la calidad de éste.

Por todo lo expuesto se presenta la propuesta de modificación del Código Penal Federal, que tiene como fin último incrementar los mecanismos existentes en materia de justicia penal electoral, pretendiendo que se pueda impactar de manera positiva el equilibrio democrático de la nación.

Consideramos que esta modificación, en caso de ser aprobada, bien puede contribuir a la inhibición de la comisión de delitos electorales, referentes al condicionamiento del voto.

De esta manera podría sancionarse no solamente a quien ofrece y condiciona los votos en cualquier proceso electoral, sino a quienpretenda condicionarlos para sí mismo o para otra persona o grupo de personas, a cambio de cualquier tipo de paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa.

Por todo lo expuesto se presenta la propuesta de referencia, pretendiendo que sea el pleno de la Cámara de Diputados el amable conducto para su procesamiento legislativo respectivo.

Decreto que reforma y adiciona el Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 403 del Código Penal Federal, en los términos siguientes:

Artículo 403. Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien

I. a VI. ...

VI Bis. Ofrezca, entregue o reciba una contraprestación, de cualquier índole, a cambio de emitir su voto en algún sentido determinado.

Para los efectos anteriores, no se considerará como contraprestación, los ofrecimientos verbales que se realicen, respecto de acciones consideradas en las plataformas electorales o programas de gobierno. Asimismo, no se considerará como contraprestación, las conformaciones de personal, que vayan a integrar los equipos de gobierno o legislativos.

VII. a IX. ...

IX Bis. El día de la jornada electoral, instale, habilite o proporcione espacios físicos para la entrega de las contraprestaciones a que se refiere la fracción VI Bis de este artículo o lleve a cabo cualquier otra actividad de organización o preparación para dicha entrega.

X. a XIII. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Ágora es un término de origen griego que designaba una plaza pública, un lugar de reunión o discusión.

2 Locke, John (1632-1704). Una de sus principales aseveraciones es la de que el ingreso en la sociedad civil es a través del contrato. Si es violado por la autoridad pública que resultó de la voluntad de los ciudadanos, se vuelve al estado de naturaleza. La autoridad se sostiene en tanto asegure los derechos naturales que el individuo buscó proteger al entrar en la sociedad.

3 Pro témpore es una frase proveniente del latín, que significa “por” y “tempore” que significa “tiempo”. En castellano se entendería como “por un tiempo”.

4 Held, David. Modelos de democracia,Alianza Editorial, España.

5 Barrera B., Guillermo. Elementos de derecho electoral, Universidad Nacional de Córdova, Argentina, 2012.

6 Blomeier, Hans. Índice de desarrollo democrático de América Latina 2012, Konrad Adenahuer Stiftung, Uruguay, 2012.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de octubre de 2013.— Diputados: Carlos Fernando Angulo Parra, Leonor Romero Sevilla, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción l de los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente, el Código Penal Federal y la Ley de Víctimas definen secuestro como “la privación de la libertad de cualquier persona”, comprendiendo en ésta la sustracción y el “robo de infantes”.

Entre los delitos que más afecta a esta población tenemos el llamado robo de infantes; fenómeno que va en crecimiento tanto a nivel local, nacional e internacional, en el que participan redes de personas bien organizadas, estas redes delincuenciales se han incrementado dada la impunidad existente en nuestro país, la gran mayoría actúan atendiendo diversas intenciones como la venta de niñas, niños y adolescentes principalmente para la explotación sexual, siendo este el segundo hecho delictivo más lucrativo en el mundo.

De acuerdo con el Censo de 2010, en México residen 32.5 millones de niñas y niños de 0 a 14 años, lo que representa 29 por ciento de la población. De éstos, los niños con menos de un año de edad son 2 millones. El número de infantes de 1 a 5 años es de 10.7 millones y de entre 6 y 14 años se identifican 19.8 millones.

Derivado del documento El secuestro: análisis jurídico, de Olga Islas de González Mariscal, encontramos que hasta 1931 en el Código Penal Federal no se consideró el llamado “robo de menores” y en 1946 se suprimió del mismo artículo la fracción V, concerniente al tema que nos ocupa, ubicándosele en un párrafo independiente, sin dejar de ser parte del artículo. De igual manera y a fin de proteger más a los menores de edad, se amplió su protección, aumentando la edad del hecho, siendo de 7 a 10 años; y se agravó la pena de prisión, de 5 a 20 años y se establecieron de 10 a 30 años.

“Una segunda reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 1951. En dicha reforma se otorgó denominación al título “vigésimo primero” (sic): “Privación ilegal de la libertad y otras garantías”, y el capítulo I se convirtió en “capítulo único”, con el nombre de “Privación ilegal de la libertad”. Nuevamente se introdujo una fracción V para reincorporar el “robo de infante menor de doce años por quien sea extraño a su familia y no ejerza la patria potestad sobre él”. Como puede notarse, se volvió a elevar la edad del infante: de 10 a 12 años, y se agregó el dato de que el activo “no ejerza la patria potestad”. Esto último hace ver, de forma muy clara, que se trata de un delito contra la familia, aunque también concurra como bien jurídico la libertad personal”.

El 29 de julio de 1970 se realizaron cambios en la redacción de las diferentes fracciones que integraban el artículo 366. “La nueva hipótesis se insertó como fracción III, por lo que fue necesario recorrer los textos de las fracciones siguientes, y con ello el “robo de infante” quedó ubicado en la fracción VI. En relación con este supuesto, nuevamente se hicieron cambios: en lugar de señalar que el activo sea un extraño que no ejerza la patria potestad sobre el infante, se dice que “no ejerza la tutela sobre el menor”.

En 1999 se realizó la separación de los códigos, para quedar independientes el Código Penal Federal y el Penal del Distrito Federal, y de acuerdo con el tema que estamos abordando es que se lleva a cabo “La primera reforma federal ocurrió el 12 de junio de 2000. Esta reforma incorporó una fracción III al artículo 366, para brindar protección especial a los menores secuestrados”.

Así, el 30 de noviembre del 2010 se expidió, para entrar en vigor el 28 de febrero de 2011, la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derogándose los artículos 365 y 366 del Código Penal Federal, atendiendo esta materia las leyes en comento.

Entre los beneficios más importantes de esta ley destacan los siguientes:

• El Ministerio Público en todos los casos procederá de oficio y no procede la reserva del expediente.

• El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por secuestro no prescribirán.

Con datos de Antonio Luigi Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hay seis modalidades de secuestro:

• Extorsivo: Se exigen un rescate, o influir en decisiones comerciales. El tiempo de retención es variable.

• Entre grupos delictivos y dentro de ellos para el cobro de deudas.

• Para fines de explotación sexual, nacional o internacional.

• Relacionado con conflictos intrafamiliares.

• Por motivos políticos e ideológicos.

• Mientras se comete otro acto delictivo, por ejemplo, toma de rehenes, tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero, terrorismo, trata de personas y tráfico ilícito de armas de fuego.

De acuerdo con datos de la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica sobre la Incidencia Delictiva, y derivado de un comparativo entre el primer semestre de 2012 y 2013 a fin de hacer notar el incremento principalmente en secuestros, destacan los siguientes datos: con un promedio de 129 secuestros y 656 extorsiones al mes concluyó el primer semestre de 2013, lo que confirma el alza de ambos delitos en comparación con 2012, donde notamos que el número de secuestros era de 105, mientras que extorsiones sumaban 581 en el primer semestre.

En los primeros seis meses de 2013 se presentaron 775 secuestros denunciados (sin contar con datos pormenorizados de las edades), esto representa aproximadamente 4 secuestros al día, el balance semestral refleja un incremento de más de 146 secuestros en comparación al primer semestre del año pasado, que cerró con 629 plagios, la mayor cifra en la historia del país.

En el delito de secuestro, el incremento se ha dado hacia niños y adolescentes, privados de la libertad fuera de las escuelas, en parques y en espacios recreativos. Frente a este problema, no hay una estrategia nacional y de seguimiento por las procuradurías ni investigaciones profundas sobre el secuestro de menores de edad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 25, numeral 2, establece que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial. Asimismo el artículo 10 numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece: “Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”.

La Convención sobre los Derechos de Niño de 1989, artículo 3, numeral 1, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño y en el artículo 3, numeral 1 establece que: “los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

Si bien en mayo de 2012 en México se instauró la llamada Alerta Amber para la búsqueda, localización y recuperación de menores de edad, esta acción no tiene ninguna obligación para que de forma coordinada participen los estados en conjunto con el gobierno federal y mucho menos que de manera coordinada se trabaje con otros países, y como consecuencia la recuperación de niñas y niños es muy baja. Un menor de edad puede ser sacado del país en unas cuantas horas y trasportado de muchas maneras a otro estado.

Derivado de la investigación encontramos que la Secretaría de Seguridad Pública, cuenta con una página para el registro y publicación de expedientes electrónicos de mujeres y niñas desaparecidas en territorio nacional donde la población en general pueda aportar información sobre su paradero, pero no es suficiente, dado que no es un mecanismo aplicable a escala federal.

Con fecha 17 el abril del 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Registro Nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas, la cual tiene como objetivo la creación de dicho documento informativo, el cual señala en el artículo 3o. que se entenderá por

Persona extraviada. La persona que por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de filiación, identidad y domicilio; y

Persona desaparecida. Toda la que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.

Actualmente, no hay un solo registro oficial de los miles de menores de edad que han sido secuestrados o que han sido víctimas de desaparición forzada, existiendo una gran discrepancia en cuanto al número real de casos, dado a que se ha incrementado dramáticamente en los últimos años y se ha convertido en uno de los temas a atender más apremiantes de la actualidad.

De acuerdo con datos periodísticos, la Procuraduría General de la República entregó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado un reporte de la operación del programa Alerta Amber, según el cual a un año de iniciado ha emitido 87 alertas a escala nacional y con ello recuperó a 45 niñas y niños, datos que no se asemejan a la realidad. Hoy es evidente la ausencia de un registro sistemático, pormenorizado y profesional de niños y de adolescentes.

Aunque no hay datos precisos, las organizaciones civiles señalaron que el problema aumenta cada año, por lo cual es necesario cruzar datos entre las distintas entidades y oficinas estatales del DIF para agilizar la recuperación los menores de edad.

Por lo expuesto se somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el cual reforma el artículo 22 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 22 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria  de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

...

El Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana contará con un registro nacional de menores secuestrados, a fin de realizar una política pública integral para su erradicación, cuyos datos serán confidenciales en términos de la legislación correspondiente.

La federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y sus órganos político administrativos estarán obligados a remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos que se generen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, información en materia de menores de edad secuestrados y desaparecidos en su demarcación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.— Diputadas: Carmen Lucía Pérez Camarena, Leonor Romero Sevilla, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo de los diputados María del Rocío Corona Nakamura, Luis Armando Córdova Díaz y Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, María del Rocío Corona Nakamura, Luis Armando Córdova Díaz y Ossiel Omar Niaves López, diputados de Jalisco a la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad jurídica es un principio del estado de derecho, el cual reviste especial importancia ya que incide en los actos que despliega el Estado en las relaciones jurídicas que tiene con los gobernados.

Ignacio Burgoa aborda a la seguridad jurídica diciendo que en las relaciones jurídicas entre gobernados y el Estado, se efectúan múltiples actos por parte de las autoridades en representación del Estado, los cuales afectan la esfera jurídica de los particulares. Los actos de autoridad son realizados por los distintos órganos estatales creados por el derecho, los cuales tienen el objetivo de imponer la voluntad a alguien de una u otra manera y por distintas razones.

Todo acto de autoridad debe afectar a alguna persona en sus derechos humanos tales como la vida, libertad, etcétera. El planteamiento de Burgoa Orihuela enfatiza que dentro de un régimen jurídico, bien bajo un carácter normativo legal o bajo un aspecto consuetudinario, la afectación de diferente índole y de múltiples y variadas consecuencias que opera en el estatus de cada gobernado, debe obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, en síntesis, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no será válida desde el punto de vista del derecho.

La seguridad jurídica representa el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el súmmum de sus derechos subjetivos.

De esta manera se concluye que la seguridad jurídica apareja la existencia de normas claras que se aplican indistintamente. Su consecuencia es el estado de derecho, en el que el actuar del Estado se desarrolla a través de sus leyes. La seguridad jurídica implica el establecimiento de limitaciones de procedimiento que la ley establece en el actuar del gobernante; es el camino que necesariamente debe seguir la autoridad para dirigirse al gobernado.

Atendiendo pues al principio de seguridad jurídica, al individualizarse un acto de autoridad se debe tener la certeza de que será dirigido a una persona determinada e identificable, puesto que se tiene como finalidad invadir su esfera jurídica. Este acto puede ser emanado de un procedimiento de procuración y administración de justicia, entre los cuales se encuentran los mandamientos judiciales como las ordenes de aprehensión y reaprehensión.

En la realidad existen conductas realizadas por los individuos tendentes a provocar el entorpecimiento de la administración, procuración e impartición de justicia, tales como aquellas que inducen al error y confusión en el actuar de la autoridad.

Un ejemplo de tales conductas es la de proporcionar un nombre y domicilio falso por parte de los detenidos, lo cual se encuentra sancionado por la legislación penal sustantiva bajo la denominación de delito de variación de nombre o domicilio.

Este delito puede ser cometido por un imputado dentro de un procedimiento penal, ya que en caso de atribuirse como suyos los datos de otra persona, básicamente su nombre y domicilio asentados en el expediente de averiguación previa puede provocar un error, en virtud de que el procedimiento penal puede seguirse con los datos proporcionados. De seguirse así tal situación, al momento de consignarse los hechos ante la autoridad judicial puede dictarse un acto que ordene la captura del imputado, y este se puede ejecutar en contra de la persona que responda al nombre y viva en el domicilio que proporcionó el imputado como suyos. Ello sería así debido a que en el escrito del acto figura su nombre y su domicilio, aunque en el fondo no tenga que ver nada en el procedimiento.

En este orden podemos apreciar que cuando un imputado detenido se atribuye el nombre y domicilio de otra persona, puede provocar sendos errores dentro del procedimiento penal, los cuales vienen a evidenciar la laguna legal en el ordenamiento procesal penal Federal, ya que no existe una disposición jurídica sobre la comprobación de la identidad del imputado. Como ejemplo contrario a lo anterior se cita el caso del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua el cual sus artículos 125 y 126 dicen lo siguiente:

Artículo 125. Identificación. El imputado proporcionará los datos que permitan su identificación personal y mostrará un documento oficial que acredite fehacientemente su identidad.

Si no los suministra o se estima necesario, se solicitará constancia a las instancias estatales y federales pertinentes, sin perjuicio de que una oficina técnica practique su identificación física utilizando sus datos personales, impresiones digitales y señas particulares. También podrá recurrirse a la identificación por testigos o a otros medios que se consideren útiles.

La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del proceso y los errores referentes a ellos podrán corregirse en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal.

Estas medidas podrán aplicarse aun en contra de la voluntad del imputado.

Artículo 126. Domicilio. En su primera intervención, el imputado deberá indicar el lugar donde tiene su casa-habitación, su lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios o el sitio donde se le puede localizar, así como señalar el lugar y la forma para recibir notificaciones. Deberá notificar al Ministerio Público o juzgador cualquier modificación.

La falta de información sobre sus generales, o el proporcionar datos falsos sobre éstos, serán considerados como presunción de sustracción a la justicia.

Como se puede apreciar, el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua (que fue de las primeras entidades en implantar los juicios orales, es decir, siendo una de las codificaciones adjetivas penales más actualizadas del país), si contempla la posibilidad de obligar al imputado a que acredite su identidad y domicilio mediante constancia legal. Lo cual, no está establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Asimismo el Código de Procedimientos Penales de Coahuila, en su artículo 52, dice lo siguiente:

Artículo 52. Identidad del inculpado. (Ignorancia o error en generales o de persona). Cuando es cierta la identidad física del inculpado, la imposibilidad de conocer sus generales no suspende el proceso.

Las generales falsas por las que se llegue a identificar al inculpado, podrán rectificarse en cualquier momento; sin que ello afecte la calidad de aquél.

Si en cualquier estado o grado del proceso se prueba que se procede contra una persona que no intervino en el delito, por confundir su identidad o sus generales con las del inculpado, se sobreseerá la causa con relación a ella.

De este artículo se desprende la evidencia de que el legislador ha previsto las confusiones que se pueden presentar en el procedimiento penal con respecto a la identidad del inculpado. En consecuencia, cuando se tenga detenido al inculpado es lógico que se tenga por cierta su identidad física, lo que conduce a que en base a esta identidad se pueda investigar sobre sus datos generales.

Es por lo todo lo anterior que, sí en el Código Federal de Procedimientos Penales existiese una deposición tendente a prevenir las confusiones y requiera la acreditación fehaciente de la identidad del imputado, bien se podrían evitar la comisión de errores al momento de ejecutarse actos de autoridad dentro del procedimiento penal, ya que la medida de acreditar la identidad y domicilio del imputado debe figurar en la ley, en virtud de que todo acto de autoridad por disposición constitucional debe ser fundado y motivado. Con ello se evitarían atropellos a los derechos fundamentales de terceros, y se reduciría el riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia.

La corroboración de la veracidad de los datos personales e identidad del imputado es un acto discrecional de la autoridad, debido a que la ley –por lo menos en el ámbito federal– no establece la obligación de realizarla. Este problema consiste en un vacío legal el cual no obliga a que por oficio la autoridad investigue si el nombre y domicilio que proporcionó el imputado son los verdaderos, por lo que esta omisión de la autoridad puede desencadenar una serie de errores dentro del procedimiento penal.

La autoridad posee diversos acervos de datos y registros de los habitantes que se encuentran en territorio nacional. Estas bases de datos y registros pueden servir para que la autoridad se cerciore de la verdadera identidad de un imputado. Actualmente las autoridades que intervienen en los procedimientos penales, disponen de diversos métodos para realizar diligencias que comprueben la identidad de los imputados como son la antropometría y la dactiloscopia, y en base a estos registros se puede proceder a la debida certificación de que ciertos datos pertenecen a determinada persona.

De esta manera, se arriba a que el delito de variación de nombre o domicilio produce errores en la actuación de la autoridad en el procedimiento penal, lo que conlleva a que se puedan vulnerar la paz y libertad de diversas personas a las que le son dirigidos ciertos actos de autoridad en un procedimiento penal. Pero ello se podría evitar si nuestro orden jurídico dispone que la autoridad investigadora, antes de proceder al ejercicio de la acción penal, deba certificar oficiosamente los datos personales de los imputados, a saber su nombre y su domicilio.

Asimismo, es oportuno mencionar que se han dado casos que por existir homonimias se cometen errores en las capturas que realiza la policía. En estos casos es pertinente establecer una disposición a fin de que en las órdenes de captura se contengan datos sobre la identidad del probable responsable, máxime si se trata de personas con antecedentes penales, o bien, aquellos que se han sustraído de la justicia por incumplir a sustitutos de penas. En estos últimos casos existe la certeza de su identidad física, toda vez que al haber sido procesados se cuentan con datos y documentación como la ficha signalética que hace indubitable su identidad.

A manera de ejemplo, se transcribe el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Primer en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito:

Orden de aprehensión. Carece de interés jurídico para reclamarla en amparo el quejoso que demuestra que tiene un nombre homónimo al de aquel en contra de quien se libró la orden de captura, a no ser que demuestre, a través de los medios de prueba correspondientes, que las autoridades ejecutoras han tratado de cumplimentarla en su persona. De una interpretación conjunta a los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que el interés jurídico para acudir al juicio de garantías consiste en la demostración plena de la afectación que un acto de autoridad causa a una persona. Acorde con ello, si al reclamar la inconstitucionalidad de una orden de aprehensión, el quejoso demuestra que tiene un nombre homónimo al de aquel en contra de quien se emitió, y de las constancias respectivas se advierten los datos que permiten identificar plenamente a la persona por la que se libró aquel mandato, resulta evidente que la orden de captura no afecta en forma alguna al impetrante de garantías y, por ende, carece de legitimación para reclamarla en amparo, dado que no se encuentra dirigida a su persona sino a una distinta pero con similar nombre, por lo que el acto reclamado no tiene la finalidad de causarle un perjuicio. Lo anterior no impide que si el quejoso demuestra, a través de los medios de prueba correspondientes, que las autoridades ejecutoras han tratado de cumplimentar la referida orden en su persona, pueda concederse la protección constitucional, toda vez que dichos actos de ejecución son contrarios a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que constituyen una molestia y afectación en su persona, al pretenderse cumplir un acto privativo de libertad dirigido a un diverso individuo de idéntico nombre, esto es, en los casos de homonimia en donde es plenamente identificable la persona contra la cual se emitió el acto restrictivo de libertad, lo único que puede llegar a afectar al quejoso es su ejecución.

Bajo esta dinámica, el Código Federal de Procedimientos Penales, no establece ningún mecanismo para obtener la certeza de la identidad de los probables responsables que son puestos a disposición del Ministerio Público federal, como sí lo contemplan diversos códigos adjetivos penales de varias entidades, como es el caso del Estado de México, Chihuahua y Coahuila de Zaragoza, entre otras.

En este orden de ideas, es imperiosa la necesidad de que en la procuración de justicia, la autoridad realice correctamente sus actos para evitar graves violaciones a los derechos humanos producidos por errores.

Por ello, se propone reformar al Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, a fin de que se mejoren los procedimientos que procuren el debido actuar de la autoridad y se castigue ejemplarmente a los sujetos que buscan burlar la acción de la justicia. Con esta propuesta se intenta generar mayor seguridad jurídica, incorporando el procedimiento de acreditación de la identidad del indiciado que no está previsto en el código federal procesal penal vigente.

Cabe señalar también que, ante el avance de las tecnologías de la información y su fácil acceso, muchos delincuentes poseen información sobre datos personales de personas, por lo que cuando son detenidos por la comisión de un delito es común que varíen su nombre y domicilio para poder eludir la acción de la justicia. Sin embargo, el delito de variación de nombre o domicilio en la legislación federal penal vigente no contempla pena corpórea, lo cual es aprovechado por los delincuentes pues les abre la brecha para que incurran en esta conducta dolosa y no pueda incrementarse la pena por el delito que motivó su detención, y por el contrario de obtener su libertad o algún beneficio sustituto de la pena, evitarán constituir un antecedente penal con su verdadero nombre e incluso se pueden sustraer de la acción de la justicia.

Con base en lo anterior, se propone incrementar la pena para quien cometa el delito de variación de nombre o domicilio, ya que en 19 entidades federativas y en el Distrito Federal para este delito está prevista pena privativa de la libertad, la cual en promedio es de 2 años.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 225 y el 249 el Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 225. ...

I. a XIX. ...

XX. Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa de libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusación o querella; o ejecutar la aprehensión sin corroborar la identidad del individuo así como no poner al detenido a disposición del juez en el término señalado por el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución;.

XXI a XXXII. ...

Artículo 249. Se impondrá de un año a dos años prisión o de noventa a ciento cincuenta días de trabajo en favor de la comunidad, al que ante una autoridad judicial o administrativa en ejercicio de sus funciones, oculte o niegue su nombre o apellido o se atribuya uno distinto del verdadero, u oculte o niegue su domicilio o designe como tal uno distinto del verdadero.

Artículo Segundo. Se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 193 Sextus y se adicionan dos párrafos al artículo 195 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 193 Sextus.

I. a VII. ...

Sin perjuicio de lo anterior, el imputado proporcionará los datos que permitan su identificación personal y mostrará un documento oficial que acredite fehacientemente su identidad, si lo tuviere.

Si no los suministra o se estima necesario, de inmediato se solicitará constancia a las instancias federales, estatales y del gobierno del Distrito Federal pertinentes, sin perjuicio de que la oficina técnica correspondiente recabe su identificación física utilizando sus datos personales, impresiones digitales y señas particulares. También podrá recurrirse a la identificación por testigos o a otros medios que se consideren útiles para cerciorarse de la identidad del imputado.

Las autoridades que reciban la solicitud de constancias a las que se refiere el párrafo anterior, tendrán la obligación de entregarlas dentro del término de cuarenta y ocho horas.

La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del proceso y los errores referentes a ellos podrán corregirse en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal.

La autoridad deberá agregar a las actuaciones de la averiguación previa, toda la documentación requerida en la cual se haya apoyado para comprobar la identidad del imputado.

El imputado deberá indicar el lugar donde tiene su casa-habitación, su lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios o el sitio donde se le puede localizar, así como señalar el lugar y la forma para recibir notificaciones. Deberá notificar al Ministerio Público o juzgador cualquier modificación.

Artículo 195. ...

La resolución respectiva contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales, la clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos, así como datos que se dispongan sobre la identidad del indiciado y se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público para que éste ordene a la policía su ejecución. En los hechos es imposible.

En caso de orden de aprehensión recaída sobre un probable reincidente o tratándose de reaprehensión, se anexará a la resolución la documentación obtenida por los sistemas de identificación administrativos adoptados que menciona el artículo 165 de este código.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Burgoa Orihuela, Ignacio, Las Garantías Individuales, decimoctava edición, Porrúa, México, 1984, página 497.

2 Rojas Caballero, Ariel Alberto, Las garantías individuales en México,primera edición, Porrúa, México, 2002, páginas 253-255.

3 Tesis Aislada XXI.1o.P.A.51 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2821.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.— Diputados: María del Rocío Corona Nakamura, Luis Armando Córdova Díaz y Ossiel Omar Niaves López, Leobardo Alcala Padilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las Comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 15:56 horas): Se han agotado los asuntos en cartera. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 31 de octubre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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