ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 467 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 20:22 horas): Se abre la sesión.

Esta Presidencia recuerda a la asamblea que el precedente en sesiones sucesivas es tomar la lista de asistencia y, como ustedes saben, en breve habrá una primera votación que servirá para rectificar el quórum.

Considerando que en el pasado periodo de sesiones extraordinarias quedó pendiente de abordar el dictamen relativo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, esta Presidencia, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso d), de la Ley Orgánica y 37, numeral 5, del Reglamento, tuvo a bien convocar a la primera sesión ordinaria para su desahogo.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El orden del día se encuentra disponible en el monitor de sus curules. Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Es mayoría. Aprobado el orden del día.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Domingo 1o. de septiembre de 2013

Declaratoria de publicidad de dictamen

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116; y se reforma el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. (Turno a Comisión).»

LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. *

De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, con fundamento en lo que establece el artículo 37, numeral 5, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el señor diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo:Muchas gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, compañeras y compañeros, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos trazó en torno a las leyes secundarias una ruta de consultas, de foros, de mesas de trabajo. Fueron poco más de dos meses y esta posibilidad de seguir escuchando ideas, proposiciones, razonamientos, no se cerró.

Fueron distintos sectores, tanto sindicales, las distintas corrientes del magisterio, así como especialistas, sectores de la sociedad civil, etcétera, a quienes escuchamos en sus pronunciamientos.

Hace unos días se instalaron mesas de trabajo, se les llamó de diálogo, con la dirección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Señalarles que de estos trabajos, de todos ellos, la Comisión de Educación definió por consenso, con precisión, algunos ejes que orientaron y han orientado su labor. Uno de ellos, que nos parece fundamental, es el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

En ese sentido, quiero hacer referencia que en el documento que aquí presentamos y que le haremos llegar en unos minutos al diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al que le solicitamos que registre y someta a consideración de este pleno las modificaciones a las que en este momento me voy a referir y a contextualizar.

Decía hace unos momentos respecto a los derechos constitucionales de los trabajadores. Cito algunos artículos, fracciones, párrafos que nos parecen significativos:

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley se entenderá por —fracción XVIII, que habla sobre los nombramientos— inciso c) Nombramiento definitivo. Es el nombramiento de base que se da por tiempo indeterminado en términos de esta ley y de la legislación laboral.

Por otro lado, el artículo 22 señala: En la educación básica y media superior, el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base, después de seis meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente, en términos de esta ley.

Al artículo 24, que se refiere a los concursos de oposición, se le agrega algo que nos parece esencial: En la educación básica, dicho perfil –se refiere al perfil que debe tener el docente didáctico-pedagógico– corresponderá al académico con formación docente pedagógica o áreas afines que corresponda a los niveles educativos, privilegiando el perfil pedagógico docente a los candidatos. También se consideran perfiles correspondientes a las disciplinas especializadas de la enseñanza.

Dice el artículo 27. Durante el período de inducción las autoridades educativas locales brindarán las orientaciones y los apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión escolar. Al término del período de inducción, la autoridad educativa local evaluará el desempeño del personal para determinar si cumple con las exigencias propias de la función directiva. Si el personal cumple con dichas exigencias, se le otorgará nombramiento definitivo.

Artículo 83. Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados, se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta ley. El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral.

Por otro lado, un segundo eje que se planteó, entre otros, la Comisión de Educación, es sobre la evaluación, que ésta debería de ser contextualizada y no punitiva.

El artículo 7 de la ley, que es un artículo espejo con el artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otras fracciones nos dice que los atributos del Servicio Profesional Docente del instituto son los siguientes. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas. Subrayo, se evita a partir y a través del instituto, que la autoridad con la evaluación pueda ejercer acciones punitivas. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas.

De la misma manera, en un inciso, el inciso g) de este apartado que acabamos de leer, dice. La participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, en los procesos de aplicación de instrumentos de los concursos de oposición para el ingreso y la promoción.

La fracción IV. Autorizar como facultad del INEE los parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia.

Insisto, el INEE tiene que autorizar, supervisar los procesos de evaluación y emisión de los resultados previstos en el servicio. Supervisar.

Otra fracción. Aprobar los elementos, métodos, etapas y los instrumentos para llevar a cabo la evaluación en el servicio. Consideramos, entre otros párrafos y fracciones, que éstos dan garantía para que no se den acciones punitivas a través de la evaluación.

Quiero señalar, entre otras cosas, que también fueron planteados transitorios que nos parecen fundamentales, como es el caso del transitorio Vigésimo segundo, en donde se señala: La Secretaría formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas, a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional.

Y nos parece también fundamental el señalar que cuando nos visitó la directora general del Instituto Politécnico Nacional a la comisión nos hizo un planteamiento de hacer una excepción, sobre todo para el sistema de educación media superior, sobre esta ley, por lo que el transitorio Vigésimo a la letra dice: En la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación aplicable al personal docente y al personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación media superior, impartida por el Instituto Politécnico Nacional, debería considerarse la normativa propia de dicho instituto.

Termino. En este sentido solicitamos, de ser aprobadas y aceptadas por la asamblea las modificaciones propuestas, la Presidencia instruya la aplicación del artículo 93 del citado Reglamento, para que la comisión dictaminadora realice las correcciones y ajustes que se requieren para procurar la certeza y calidad jurídica del decreto. Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado De la Vega Membrillo, a nombre de la comisión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado De la Vega Membrillo a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, está a discusión en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Para presentar moción suspensiva tiene el uso de la tribuna el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:A estas horas, en el hotel Imperial, en la calle de Reforma, comparecen los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que fueron citados por una comisión bicameral de este Congreso para seguir dialogando en torno a la reforma educativa.

Nuevamente se les engaña. Nuevamente no se les dice la verdad. Y hoy, en un hecho inédito en la historia del parlamentarismo mexicano, en la sesión de instalación del Congreso se pretende consumar un atencazo parlamentario.

Un albazo, una imposición, con un Congreso amurallado, con policías de diferentes corporaciones, con elementos del Ejército, en un virtual Estado de sitio se quiere consumar un atraco inadmisible. Pretenden imponer una infamia parlamentaria.

Aquí hay quienes hace unos minutos se desgarraban las vestiduras hablando de que son la oposición. Pero se pelean en el día y duermen juntos en la noche para consumar sus atracos. Pura escenografía política.

Hoy, domingo 1 de septiembre, es un día negro para la República, las fuerzas del autoritarismo, de la cerrazón y del golpismo reaccionario se han impuesto. Estuvieron engañando a lo largo de la semana a una comisión de maestros, simple y sencillamente –como se dice coloquialmente– dando atole con el dedo. No había voluntad política.

Del PAN al menos reconocemos que siempre fueron transparentes. No están con la reforma educativa y quieren que se impongan las tres leyes. Pero del PRI y del Verde siempre hubo un discurso falso, de engaño a los maestros. Y hoy, cuando el Congreso está amurallado, en la noche, de manera ruin quieren consumar este albazo.

Por eso nosotros no vamos a avalarlo, y hacemos un llamado a las fuerzas progresistas a que no permitamos esta imposición. Hay que cerrar filas. Movimiento ciudadano ha mantenido siempre su postura invariable en el tema de la reforma educativa, porque éste es un modelo que están siguiendo y que seguramente van a continuar para consumar la entrega del petróleo mexicano. Es un modelo autoritario, con policías que están cubriendo todos los atracos parlamentarios.

Por eso nosotros pedimos que en un último acto de reflexión, en términos del artículo 122 del Reglamento, proceda esta moción suspensiva. No pueden seguir jugando con fuego. Es irresponsable que sigan estirando la cuerda. ¿Creen acaso que imponiendo esta ley se acabaran los problemas? Estos surgirán con más fuerza, porque no hay vías institucionales de diálogo, hay engaño y hay represión.

Por eso hoy queremos hacer un reconocimiento al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque no atendió los gritos de Los Halcones que querían represión a los maestros. Porque no atendió a los alcahuetes de las Comisiones de Derechos Humanos que legitimaron la represión. Porque no hubo una salida violenta de parte del Gobierno de la Ciudad de México.

De nuestro lado no va a haber nunca la mano dura para resolver conflictos sociales. Somos un país con 53 millones de pobres y con desigualdades terribles. Si éste es el modelo como piensan legislar y mover a México, como decía mi coordinador Ricardo Monreal, vamos al despeñadero.

En consecuencia, quiero también señalar que el compañero Héctor Roblero, del PT, la compañera Roxana Luna, el compañero Víctor Nájera, la compañera Socorro Ceseñas, la compañera Nelly Vargas y entre otros, los senadores Morón y Mario Delgado estuvieron dando la batalla en esta comisión de manera transparente para que no hubiera esta imposición; sin embargo, nada de esto ha importando y quieren consumar este atraco parlamentario.

Por todo ello proponemos esta moción suspensiva, pensando en el país, pensando en México, pensando en la concordia social.

«Moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de MC.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento  Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante el Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, al tenor de la siguiente

Motivación y justificación

La educación es base esencial para el crecimiento de una nación, pues es a partir de ella que se logran mejorar la técnica y la ciencia que sin duda son elementos fundamentales para impulsar el desarrollo económico de los estados nación. Sin una buena educación, ineluctablemente aparecerá el lastre del atraso; un lujo que no nos podemos dar en el mundo contemporáneo.

La OCDE reconoce plenamente la importancia de que las naciones inviertan y cuiden la calidad de la educación para que puedan desarrollar su economía plenamente. En sus estadísticas, las tendencias marcan que los países con mejor alcance y calidad en educación, tienen, en general, mejor calidad de vida.

Por ello es que la educación impartida en todas las escuelas de México tiene que ser de calidad, sin distinción de la zona en la que se encuentren. A fin de lograrlo, los tres órdenes de gobierno;, estatal, municipal y federal, deben trabajar en conjunto,  pero de cara a la sociedad y mediante vías plenamente democráticas.

Todos los mexicanos tenemos derecho a ocupar un lugar seguro en las butacas de las instituciones públicas educativas, por lo que es una lástima que cientos de jóvenes se queden sin estudiar por no encontrar cabida en las distintas escuelas del país; aún está lejos la cobertura del 100% en materia de educación elemental.

Las ganas de estudiar de los mexicanos tienen que ir de la mano con reformas y leyes que cumplan con lo establecido en el artículo tercero constitucional donde realmente se garantice a todos los mexicanos un acceso gratuito y laico a la educación de calidad. La tendencia de las últimas iniciativas, ha ido en el sentido de favorecer intereses de grupo, dejando desamparado al grueso de la población.

El supuesto remedio para enfrentar las fallas y los lastres históricos que presenta el sistema educativo, a propuesta del Ejecutivo federal, está siendo protegido a ultranza por los incondicionales que tiene en la otrora casa del pueblo.

Por ello la comisión de educación ha funcionado con una vertiginosa velocidad como una especie de oficina de gestión de los proyectos del Ejecutivo. Y aun cuando se han suscitado hechos lamentables de violencia,  inestabilidad política y crispación social, con total autismo, el prianismo y el ala derecha de la “izquierda”, continúan en el afán de imponer los cambios propuestos desde los pinos.

Resulta inverosímil que se pretenda decidir en tan poco tiempo el futuro de la educación nacional, siendo un tema tan importante y tan delicado en la agenda nacional.

El estado de derecho y el pleno apego a la normativa vigente, es de vital importancia para llevar a cabo las reformas que nuestro sistema educativo requiere. Asimismo, en el fondo de dichas reformas debe permear una visión plural, incluyente y pro garantista. Situación que en modo alguno se ha presentado.

No es posible que se sigan llevando a cabo reformas al vapor, al ritmo que dicta y ordena un estulto y miope titular del Ejecutivo. Hacer las cosas tan apresuradamente, sacando formas a granel, una tras otra, no deja tiempo para un necesario análisis eficiente.

Lo que evidencia un claro intento de acallar toda crítica; de soslayar a la genuina oposición; de pintarle la cara al pueblo, a través de quienes constituyen una completa burla a la figura de la representación política.

Una sana evaluación, un sobrio diagnóstico de las necesidades apremiantes de nuestro sistema educativo, tiene que contar ineludiblemente con la participación de especialistas, miembros de la planta docente y autoridades  educativas.

De igual modo, el proceso de reforma debe ser acompañado desde un inicio por representantes de las partes interesadas; gobierno, maestros independientes, sindicatos, trabajadores, padres de familia y la ciudadanía en general. Esto con el fin de garantizar la manufactura de una reforma integral, en la cual no se pisoteen los derechos laborales de los profesores, ni se ponga en riesgo el carácter laico, la gratuidad y la calidad de la educación.

Resulta inentendible que la Cámara de Diputados le dé tanta celeridad a esta serie de reformas, sobre todo cuando tienen un origen turbio y poco claro. Es inadmisible que se hayan dictaminado de manera tan pronta y acelerada en las comisiones correspondientes, atropellando de paso las disposiciones más elementales del derecho parlamentario.

El soslayo crónico a las disposiciones y reglamentos internos que nosotros mismos nos hemos dado, ponen de manifiesto la actitud de reyezuelos del grupúsculo que se ha instalado en el poder y los modos mafiosos de operar del Ejecutivo y de sus secuaces en el Congreso.

Resulta lamentable que no se haya respetado el tiempo marcado por el reglamento para dar a conocer las iniciativas y someter a análisis los dictámenes correspondientes. Por ello, la supuesta discusión y aprobación de estos; no significó otra cosa sino una mera simulación.

El Reglamento de la Cámara de Diputados señala en su artículo 177 párrafo tercero, que la propuesta de dictamen tiene que circular cuando menos cinco días antes de la fecha pactada para celebrar la reunión de trabajo en donde se pretenda aprobarla. Esta propuesta tiene que ser entregada de manos del Presidente de la Junta Directiva a los demás miembros de la comisión.

Resulta lógico que se concedan cuando menos cinco días para el adecuado análisis del dictamen, a fin que cada parte pueda fijar y fundamentar su postura.

Recordemos que este dictamen fue sacado del periodo extraordinario con la intensión de montar mesas de diálogo con integrantes del sector docente, a fin de integrar sus propuestas, mejorar y complementar lo estipulado por el proyecto de ley. Sin embargo no fue así, vimos como en distintas reuniones representadas por el PRI, los maestros no fueron tomados en serio, sus propuestas fueron desechadas sin siquiera analizarlas. La instrucción era clara, no habría modificaciones.

Es por lo anterior que muchos maestros se sienten engañados y traicionados por sus legisladores, ya que ninguna de sus propuestas aparece en el articulado propuesto por la comisión.

Es inconcebible que siendo ésta la casa del pueblo, sirva de escenario para que representantes de la bancada más grande en el Congreso se burle y engañe a trabajadores del Estado que sólo buscan la protección de sus derechos laborales. Además de que apenas hace unos minutos se nos haya entregado el dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente para su discusión y aprobación, violando a todas luces el reglamento de la Cámara de Diputados.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida.

Atentamente

México, DF, a 1o. de septiembre de 2013.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Nelly del Carmen Vargas Pérez, José Soto Martínez, Zuleyma Huidobro González, Luisa María Alcalde Luján, Juan Ignacio Samperio Montaño, Merilyn Gómez Pozos, José Francisco Coronato Rodríguez, Víctor Manuel Jorrín Lozano, José Antonio Hurtado Gallegos, José Luis Valle Magaña, Juan Luis Martínez Martínez, Rodrigo Chávez Contreras y Gerardo Villanueva Albarrán (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Tiene ahora el uso de la palabra para presentar moción suspensiva el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, los argumentos que soportan la moción suspensiva a la Ley General del Profesional Docente son tres: de procedimiento legislativo, argumentos políticos y, sobre todo, argumentos de naturaleza constitucional.

Vengo a esta tribuna a exhortarlos para evitar una decisión al vapor que no va a poner punto final al conflicto del gobierno con el magisterio y que va a generar una nueva crisis.

Argumentos constitucionales. La Cámara de Diputados no debe aprobar una ley con vicios de inconstitucionalidad. Si eso ocurre existe el riesgo de que el Poder Legislativo quede en entre dicho y se abra la puerta a amparos que implicarían un nuevo desgaste y tensión social.

La materia de la Ley General del Servicio Profesional Docente está en conflicto con la Constitución. El proyecto establece procedimientos de sanción e incluso separación del empleo de los trabajadores de la educación, segmentándolos y excluyéndolos de la legislación laboral, sin que eso esté establecido en nuestra Constitución.

Si se reconoce que los maestros son trabajadores al servicio del Estado, se debe asumir que al igual que todos éstos se rigen por el apartado B del 123 y su norma reglamentaria. El espíritu y finalidad del servicio profesional docente es establecer nuevas relaciones entre los maestros y su patrón –el gobierno federal– afectando negativamente la profesionalización y la estabilidad laboral.

Eso, compañeras y compañeros, debe ser inaceptable. No puede existir ni crearse de esta manera una excepción en la Constitución. El Congreso debe ser cuidadoso y responsable. No actuemos a la ligera, porque vamos a violentar la Constitución y vamos a generar un embrollo que terminará en el Poder Judicial.

Recordemos que existen excepciones al régimen de algunos trabajadores del Estado, como los soldados, los marinos o los policías, para que puedan ser sancionados e incluso removidos. Pero el procedimiento usado no fue reforma secundaria sin establecer en la fracción XIII del apartado B del 123 que esos trabajadores serán regulados por otras leyes. Así, para crear una norma especial para un tipo de trabajadores se tuvo que hacer una reforma constitucional, procedimiento que ahora no se ha llevado a cabo.

¿Cuál es la lección que debemos aprender? Que si el gobierno considera indispensable crear un régimen especial de ingreso, sanción y separación de los trabajadores del sector de la educación escogió mal el camino y el método. No hay ninguna excepción en la Constitución para que los trabajadores de la educación tengan un régimen de relaciones laborales distinto al apartado B del 123.

Ése es el fondo del problema y es un error de la mayoría imponer una ley con vicios de inconstitucionalidad. No debemos votarla. Debemos regresarla a comisiones para que se corrija ese vicio, como marca nuestro Reglamento.

Argumento legislativo. El segundo tipo de argumentos se vinculan a la forma y consisten en la larga cadena de abusos y atropellos por parte de la mayoría en el procedimiento legislativo.

En la Comisión de Educación, el 19 de agosto la mayoría del PRI, del PAN y el Partido Verde presentaron un dictamen que no fue elaborado conforme al procedimiento, todo indica que fue aprobado y quizá redactado en las oficinas del Ejecutivo federal.

Una vez instalada la sesión de la comisión –eso lo recordamos todos– y sin que se entregara en momento alguno la propuesta de dictamen, se pretendió que se hiciera posicionamiento y votación posterior.

Como legislador les pregunto, ¿Cómo va a tener lógica hacer un posicionamiento respecto a un dictamen desconocido? ¿Ésa es la forma correcta de hacer las leyes?

Aunque el PRD solicitó un receso para conocer el contenido del proyecto, éste se negó de manera autoritaria afectando el derecho de la minoría a la libre discusión y exposición de sus propuestas, fundadas en un estudio del proyecto de dictamen.

Peor aún, la mayoría nuevamente abusó al desconocer los proyectos de dictamen elaborados por el presidente de la comisión e impusieron contra la norma la votación de su propio proyecto de dictamen. También se omitió la discusión del dictamen presentado, votándolo junto a las otras dos propuestas, cuando la norma, la práctica parlamentaria y la técnica legislativa consideren que cada proyecto de dictamen se discuta y vote por separado.

Así, por separado las iniciativas fueron presentadas por el titular del Ejecutivo, cada una con una exposición de motivos, apartado normativo, transitorios, así como el impacto presupuestal exigido por la ley.

Posteriormente y a pesar de que fue solicitado formalmente a la Junta de Coordinación Política, se ha pasado por alto la posibilidad de convocar al promovente; es decir, al Ejecutivo, para conocer sus argumentos y en todo caso propiciar el diálogo entre las partes.

La potestad está claramente señalada en el artículo 93 de nuestra Constitución y si no se aceptó la propuesta fue solamente por mezquindad política y sin comprender que el Congreso siempre debe apoyar los mecanismos de diálogo en los conflictos sociales.

No debemos de dar entrada al dictamen y mucho menos dispensarle los trámites por razones políticas. Es una bajeza política y un engaño que justo a la misma hora en que se pactó la reanudación de las pláticas con el magisterio, se esté convocando a votar la ley que se supone era el objeto del diálogo.

Impulsar una votación cuando no se han agotado los plazos de las negociaciones es una deslealtad y una acción que lleva a nuevos conflictos. Es levantar la mesa de negociación de manera unilateral y fue un golpe, es un insulto a la inteligencia y una acción provocadora.

Por todo lo expuesto, nuestra moción propone suspender la discusión del dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente para que se devuelva a la Comisión de Educación y Servicios Educativos y se subsanen todas las violaciones al proceso legislativo y los vicios de inconstitucionalidad. Muchas gracias.

«Moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 114 fracción IX y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento moción suspensiva correspondiente al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto de Ley General del Servicio Profesional Docente, bajo las siguientes:

Consideraciones

Los argumentos que sustentan la presente moción suspensiva son de tres tipos: De procedimiento legislativo, políticos y en especial de naturaleza constitucional.

Los tres dan elementos suficientes para evitar una decisión precipitada que, sin duda no va a poner punto final al conflicto del gobierno con el magisterio, sino que va a generar una nueva crisis.

a) Argumentos constitucionales

La Cámara de Diputados debe tomar con cuidado y serenidad lo que está a punto de imponerse, porque puede darse por consigna; una votación de una ley con vicios de inconstitucionalidad.

Si eso es así, y no es corregido en la Cámara de Senadores, existe el riesgo de que la actividad del Poder Legislativo quede en entredicho y se abra la puerta a amparos que implicarán un nuevo desgaste y tensión social.

Sostengo que la materia y las finalidades de la Ley General del Servicio Profesional Docente están en conflicto con la Constitución porque dicho proyecto establece procedimientos de sanción e incluso separación del empleo a los trabajadores de la educación, segmentándolos y excluyéndolos de la legislación laboral sin que ello esté establecido expresamente por la Carta Magna.

Si se reconoce que los trabajadores magisteriales son trabajadores al servicio del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, se debe asumir que los trabajadores de la educación, al igual que todos los demás trabajadores del sector público, se rigen por lo que establece el apartado B del artículo 123 constitucional y por su norma reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

El espíritu y finalidad de la propuesta de Servicio Profesional Docente es establecer nuevas forma de relación entre los maestros y su patrón, es decir, el gobierno federal, afectando negativamente la perspectiva de la profesionalización y la estabilidad laboral.

Eso es inaceptable. No puede existir ni crearse de esa manera una excepción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Congreso debe ser cuidadoso y responsable. No debe legislar de manera que por pretender resolver las necesidades del sector educativo se termine por violentar la constitución y terminemos generando un embrollo que se ventile en el Poder Judicial.

Si se recuerda, existen excepciones al régimen de los trabajadores del Estado para que puedan ser sancionados e incluso removidos. Pero el procedimiento con que ello se realizó no fue en una norma secundaria, sino estableciendo en la fracción XIII del apartado B del artículo 123, que esos trabajadores serán regulados por otras leyes.

En opinión incluso de un priísta reconocido como Sergio García Ramírez, esa era la única manera de resolver la necesidad de establecer un marco disciplinario especial para los marinos, los soldados, los policías y el personal de las procuradurías.

Por eso, para crear una norma especial para un tipo de trabajadores se tuvo que hacer una reforma constitucional, procedimiento que ahora no se ha llevado a cabo.

¿Cuál es la lección que debemos aprender? Que si el gobierno considera indispensable crear un régimen especial de ingreso, sanción y separación de los trabajadores del sector de la educación, escogió mal el camino y el método.

Si ya en estos momentos, la Constitución estableciera una salvedad, como la que se estableció para los cuerpos de seguridad pública, entonces sí, aunque no nos gustara ni estuviéramos de acuerdo, se podría establecer una ley con esas disposiciones especiales.

Pero ese no es el caso: hoy no hay ninguna excepción en la Constitución para que los maestros tengan un régimen de relaciones laborales distinto al apartado B del artículo 123.

Este es fondo del problema y sostengo, que es un error de la mayoría imponer una ley con fuertes vicios de inconstitucionalidad. No debemos votarla. Debemos regresarla a comisiones  para que corrija ese vicio como marca el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Habrá quien diga que la reciente reforma al artículo 3o. constitucional permite este régimen de excepción.

Pero ante esa afirmación me permito señalar textualmente lo que fue aprobado en la fracción III del texto constitucional que al referir a la ley reglamentaria lo relativo al ingreso, promoción, reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional se hará “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.

Es decir la determinación del legislador fue reconocer y respetar los derechos de los trabajadores de la educación establecidos en la Constitución, claramente en el apartado B del artículo 123 y de ninguna manera segmentarlos ni diferenciarlos.

b) Argumentos legislativos

El segundo tipo de argumentos, se vinculan a la forma, y consisten en la larga cadena de abusos por parte de la mayoría en el procedimiento legislativo, que no deben pasar desapercibidos y que conforman una página negra en la historia del parlamentarismo mexicano.

En la Comisión de Educación y Servicios Educativos, el 19 de agosto se dio una maniobra muy grave. La mayoría del PRI, el PAN y el Partido Verde se impuso y presentó un dictamen que no fue elaborado conforme al procedimiento, que todo indica que fue aprobado y quizá redactado en las oficinas del Ejecutivo federal.

En esa fecha, fueron citados los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Educación para acordar los términos de la realización de la plenaria de la misma comisión, que se realizaría una hora después.

Una vez instalada la sesión de la comisión y sin que entregara en momento alguno la propuesta de dictamen. se pretendió que se hiciera posicionamiento y votación posterior. Como legislador les pregunto: ¿Cómo va a tener lógica hacer un posicionamiento respecto a un dictamen desconocido?

Aunque el Grupo Parlamentario del PRD solicitó un receso de horas para conocer el contenido del proyecto de dictamen que se sometería a votación, imperó una visión autoritaria al negarse el receso, violentando el proceso y afectando el derecho de la minoría a la libre discusión y exposición de sus propuestas, fundamentadas en un estudio serio del proyecto de dictamen.

Por si ello fuera poco, la mayoría integrada por el PRI, PAN y PVEM, desconoció los proyectos de dictamen presentados por el Presidente de la Comisión de Educación e impusieron, contrariando la norma y sin atribuciones, la votación del proyecto de dictamen de su supuesta autoría.

También se omitió la discusión del dictamen presentado, votándolo junto a las otras dos propuestas relativas a educación, cuando la norma, la práctica parlamentaria y la técnica legislativa consideran que cada proyecto de dictamen se discuta y vote por separado. Así, por separado, las iniciativas fueron presentadas por el titular del Ejecutivo cada una con exposición de motivos, apartado normativo, transitorios así como el impacto presupuestal exigido por la ley.

Tampoco se discutieron las particularidades apresurando la votación en paquete, sentando un grave precedente para futuras discusiones que tendrá la Cámara de Diputados y violándose el procedimiento legislativo.

Posteriormente y a pesar de que fue solicitado formalmente a la Junta de Coordinación Política, se ha pasado por alto la posibilidad de convocar al promovente, es decir al Ejecutivo para conocer sus argumentos y en todo caso propiciar el dialogo entre las partes.

La potestad está claramente señalada en el artículo 93 de nuestra Constitución que señala en el segundo párrafo del artículo 93 lo siguiente:

Cualquiera de las cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Sin embargo, por una determinación contraria al espíritu de diálogo, la mayoría de la Junta de Coordinación Política descartó esta posibilidad de diálogo.

Por otra parte, estamos ante un absurdo y un apresuramiento del proceso legislativo notoriamente grave, al convocar súbitamente a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Para dimensionar el exceso, debe destacarse que el artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados permite que el Presidente de una comisión dictaminadora cite con 24 horas de anticipación salvo una urgencia considerada por la junta directiva correspondiente.

Usando el criterio de interpretación legal, es decir que al existir una misma razón debe aplicarse la misma disposición, debe aplicarse el criterio de una convocatoria con suficiente anticipación, y más cuando lo que se pretende abordar es de gran trascendencia y no la recepción de informes o el desahogo de procedimientos distintos al proceso propiamente legislativo.

La realidad es que los legisladores deben ser informados con anticipación de los asuntos a tratar en las sesiones para estar en condiciones de participar adecuadamente, pero ello es exactamente lo que se niega con una convocatoria precipitada.

c) Argumentos políticos

No debemos dar entrada al dictamen que hoy ha sido inscrito en la orden del día y mucho menos dispensarle los trámites por otra razón, que es de naturaleza política.

En este momento existe un receso en las mesas de diálogo de los legisladores con los líderes magisteriales.

De ello son testigos todos aquellos que estuvieron presentes en la sesión de ayer, cuando el PRI accedió a un receso para llevar a consulta si las mesas podrían tener carácter resolutivo como planteó el magisterio.

Llamar a votar cuando no se han agotado los plazos de las negociaciones es una deslealtad y una acción que lleva a nuevos conflictos. Es levantar la mesa de negociación de manera unilateral y con un golpe.

Es optar por el camino de la confrontación cuando lo que se requiere es de una salida negociada, con voluntad para construir acuerdos.

El PRD mandató, tanto en Senado como en Cámara de Diputados, a legisladores con capacidad de construir y suscribir acuerdos. Pero el PRI y el Partido Verde se limitaron a escuchar y nunca resolvieron el planteamiento de que la mesa tuviera carácter resolutivo.

Ahora, si la mayoría sigue adelante, quedará claro que las mesas de trabajo fueron una simulación. Así como fue un error haber convocado a foros y no haber asumido las propuestas recibidas, también es un error haber convocado a un simulacro de mesas para luego sacar un dictamen y una votación por mayoría.

Compañeras y compañeros: me dirijo especialmente a los legisladores de la mayoría que tienen pensado sacar adelante esta reforma, donde quizá algunos de ellos piensen que le hacen un bien al país. Reflexionen, aún están a tiempo.

Los invito a pensar con serenidad, con prudencia y en apego al texto constitucional que todos y cada uno de nosotros juramos hacer valer.

No tiene sentido votar una ley con vicios de inconstitucionalidad. No le ayudamos a nadie y sólo trasladamos el conflicto a una nueva etapa.

No nos dejemos arrastrar por las consignas partidarias, ni caigamos en el fatalismo de que el momento de promover el cambio es ahora o nunca. El mejor momento es cuando se cumple con la Constitución.

Les expreso con toda sinceridad que el PRD está a favor del cambio, a favor de la reforma educativa y a favor de la evaluación del sistema educativo.

Pero el camino por el que optan, ustedes y el Gobierno Federal, es impropio, es contrario a la Constitución, genera nuevos problemas y nos va a poner en evidencia.

Hagamos bien las cosas. Demos oportunidad a la construcción de acuerdos, demos oportunidad a la comisión de corregir el vicio de fondo y en el plazo que marca el reglamento de la Cámara de Diputados, lleguemos a una votación final.

México necesita cambiar y nosotros también lo pensamos así, pero de ninguna manera es correcto hacerlo de forma irresponsable, precipitada, con polarizaciones y sobre todo con vicios de inconstitucionalidad.

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a consideración del Pleno la siguiente:

Moción suspensiva

Único. Se suspende la discusión del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto de Ley General del Servicio Profesional Docente, enviada a esta soberanía por el Ejecutivo Federal, con objeto de que se devuelva a la Comisión de Educación y Servicios Educativos a fin de que se subsanen todas las violaciones al proceso legislativo y los vicios de inconstitucionalidad.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 1o. de septiembre de 2013.— Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. También para presentar moción suspensiva tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, señor presidente, con el permiso de las compañeras y compañeros diputados. Es un día histórico para esta Cámara de Diputados iniciar este periodo de sesiones con una flagrante violación a las disposiciones que estamos obligados a respetar al interior de la Cámara de Diputados.

Me hubiese gustado proyectarme en el futuro y que las diputadas y diputados del PRI hubieran tenido aquí a su Ejecutivo Peña Nieto, como se hacía anteriormente, cuando recibían a sus presidentes y les rendían honores y en ese sentido iban a estar de fiesta recibiendo a su jefe. Pero bueno, como efectivamente de lo que se trata es responder a las órdenes de su Ejecutivo, en ese sentido se está violentando gravemente el procedimiento interno.

A esta reforma a la Ley del Servicio Profesional Docente no debería de llamársele así. Debería de llamársele contrarreforma laboral a los docentes, porque eso es, es realmente una contrarreforma laboral.

¿Qué pretende el Ejecutivo en este sentido? Quitarle el poder al sindicato para abrogárselo él. Es decir, perdió el control de los maestros a través del sindicato y ahora, con el supuesto de las evaluaciones que van a hacer, por supuesto van, en teoría, a ser evaluaciones a modo. Mientras el docente esté conmigo va a pasar la evaluación y va a continuar trabajando. Si el docente no está conmigo será despedido.

En ese sentido, si la idea del Ejecutivo es poder controlar a los docentes por esta vía, está equivocado. Va a haber docentes que por supuesto van a seguir dando la pelea y no van a doblegarse ante el Ejecutivo en los próximos años, y eso lo vamos a ver.

Cómo es posible que el día de hoy venga el presidente de la comisión a decir que se apruebe el dictamen con esas modificaciones, dictamen que ninguno de ustedes conoce ni ha leído ni sabe en qué condiciones está. Eso es lo cierto, se los acaban de entregar, no lo conocen, no tienen idea de qué van a votar. Pero disciplinados como son van a votar a favor.

Flaco favor le hacen al Ejecutivo. A quien deberían de evaluar es a Chuayffet y al propio Peña Nieto. Convencido estoy que reprobarían, ambos son burros. Por supuesto, porque no ganó la Presidencia siendo inteligente, sino comprando la Presidencia.

El día de hoy queda de manifiesto la violación al artículo 123 constitucional con esto que se pretende hacer, y ya lo decía mi compañero anteriormente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, señor diputado. El asunto no está a discusión, no se permiten mociones. Continúe el orador.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Por eso decimos que, independientemente de que se quiera matizar y que se diga que se va a mejorar la calidad educativa con estas leyes reglamentarias que estamos aprobando, nada más falso que eso.

El gobierno federal debería de preocuparse por tener un real proyecto educativo nacional. Debería preocuparse por incrementar de manera considerable el Presupuesto para la educación. Pero esto no es así, compañeros y compañeras, y ustedes lo saben muy bien.

Realmente no se quiere mejorar la situación educativa en nuestro país, porque con la simple aplicación de una ley esto no se va a transformar en hechos.

Por lo tanto, aquí de fondo lo que se pretende, efectivamente, es poder controlar a los docentes en nuestro país. Por eso, por eso precisamente nosotros señalamos que se debe suspender este procedimiento totalmente ilegal porque en el futuro, efectivamente, lo que va a haber es una situación más inestable en nuestro país. Gracias, compañeros y compañeras.

«Moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, presentada por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Ricardo Anaya Cortez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Silvano Blanco Deaquino, diputado federal en funciones, me dirijo a usted, de la manera más atenta para solicitarle lo siguiente:

La suspensión de la discusión de la Ley General del Servicio Profesional Docente; en esta sesión.

Existen una serie de vicios en el procedimiento legislativo que nos rige en el marco jurídico vigente; el dictamen fue elaborado no por la presidencia de la Comisión de Educación, si no fuera de este ámbito, se le han hecho modificaciones en los últimos días. Debemos respetar ese marco jurídico.

Con fundamento en el artículo 114, fracción IX y el 122 del reglamento de la Cámara de Diputados.

Atentamente.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 1o. de septiembre de 2013.— Licenciado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica) diputado federal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Silvano Blanco Deaquino. Para presentar también moción suspensiva tiene ahora el uso de la tribuna el señor diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Javier Orihuela García:Compañeros diputados y compañeras diputadas, antes que nada saludarlos a todos ustedes, pero también quiero hoy –si las cámaras me lo permiten– saludar a los maestros, a ciudadanos mexicanos que están en las calles solicitando audiencia a esta Cámara de Diputados.

Los ciudadanos maestros que están en las calles están viendo en el Poder Legislativo la posibilidad de mejorar estas leyes. Quiero decirles que estamos entrando a un callejón donde hace falta información para tomar esas determinaciones.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, la Secretaría de Gobernación, a través de su secretario, ofreció a los maestros atender sus demandas y se realizaron nuevos foros de discusión en todo el país.

Quiero informarles esto porque el secretario de Gobernación ofreció que se hicieran esos foros, estuvo presente la Secretaría de Gobernación y los resultados de éste se incorporarían a la discusión de lo que hoy vamos a votar.

Lo que quiero decirles, compañeros diputados, es que este procedimiento no se dio, y hoy estamos enfrascados en aprobar una ley que no conocemos. Por eso, compañeros diputados, quiero que reflexionemos seriamente sobre cómo hemos estado legislando.

Aprobar estas leyes donde no hay consenso con el magisterio, donde hay un sector inconforme y que no lo hemos atendido, y que es nuestra obligación como legisladores atender a cualquier ciudadano, esté o no, sea o no correligionario de nuestro partido, de nuestra corriente, piense o no como nosotros. Tenemos esa obligación.

Por eso los compañeros del magisterio solicitan que se dé tiempo, que se les dé tiempo y que nos dé tiempo a nosotros para discutir esto que hoy vamos a aprobar. Ellos, el día de hoy, a las 8 dela noche, compañeros del PRI y del Verde Ecologista se comprometieron a estar con los compañeros de la Coordinadora. Ahí los dejamos plantados. Esto es lo que molesta a los ciudadanos, que veamos que diputados que tienen el compromiso de atender a los ciudadanos no los atendamos y los dejemos chiflando en la loma. Creo que ahí el partido, el PRI y el Verde Ecologista faltaron a su labor de legisladores: atender a los ciudadanos.

Por eso hoy propongo y aquí —diputado, ahí estuvimos presentes— propongo que en aras de reponer este proceso donde el Legislativo reivindique su responsabilidad para atender a ciudadanos, sean del signo político que sean, se suspenda este proceso y repongamos para poder hacer del Poder Legislativo un Poder que los ciudadanos reivindiquen como propio.

Ustedes saben cuál es la calificación de los diputados en los ciudadanos, saben bien cuál es. No sigamos cayendo en esa conducta que nos denigra, que nos pone como antes. Que nos denigra compañeros. No quiero usar otras palabras para que no se molesten, pero creo que estamos en la posibilidad de reponer ese procedimiento.

Compañeros, quisiera antes de terminar y si los medios me lo permiten, quiero a nombre propio y de la Cámara de Diputados pedir una disculpa al magisterio nacional por la forma en que los hemos tratado. Como ciudadanos ellos se merecen respeto, independientemente de lo que vengan a solicitar, y quiero que este mensaje llegue a todo el país.

Vehementemente solicitamos que nos disculpen, porque el Poder Legislativo hoy no ha podido atenderlos como se merecen, como mexicanos. Pero decirles, compañeros maestros, que lo que hoy se apruebe aquí en estas cuatro paredes jamás y en la historia de nuestro país, jamás lo que se ha aprobado en cuatro paredes ha sido de trascendencia nacional. Lo trascendente en nuestro país siempre ha sido lo que ha pasado en las calles, en los caminos, con Juárez, con Hidalgo, con Morelos y hoy, aunque hoy no se reconozca, ustedes están haciendo historia en la defensa de sus derechos y en la defensa de los derechos de todos los mexicanos. Salud, maestros. Muchas gracias.

«Moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, presentada por el diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 114 fracción IX y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento moción suspensiva correspondiente al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto de Ley General del Servicio Profesional Docente, bajo las siguientes:

Consideraciones

El pasado 19 de agosto, en sesión plenaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en flagrante violación al procedimiento legislativo establecido por el reglamento, una mayoría presentó y aprobó ilegalmente el dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente, presentada por el ejecutivo federal.

Esta iniciativa fue presentada el jueves 14 de agosto del presente año, al día siguiente, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. El lunes 19 de agosto del presente fueron citados los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Educación con el objetivo de conocer la propuesta de iniciativa señalada y acordar los términos de la realización de la plenaria de la misma comisión, que se realizaría una hora después.

Una vez instalada la sesión plenaria de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, sin que entregara en momento alguno, la propuesta de dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada, se pretendió que se hiciera posicionamiento y votación posterior. ¿Cómo hacer un posicionamiento respecto a un dictamen desconocido en un tema tan trascendente para el país, al magisterio y los educandos?

No obstante que el Grupo Parlamentario del PRD solicitó un receso de horas para conocer el contenido del proyecto de dictamen que se sometería a votación con el fin de dar posición al respecto, imperó una visión autoritaria al negarse el receso, violentando más el proceso y afectando el derecho de la minoría a la libre discusión y exposición de sus propuestas, fundamentadas en un estudio serio del proyecto del dictamen.

Por si ello no fuera poco la mayoría integrada por el PRI, PAN y PVEM, desconocieron los proyectos de dictamen presentados por el Presidente de la Comisión de Educación e impusieron contrariando la norma y sin atribuciones, la votación de proyectos de dictamen de su autoría.

Para culminar las irregularidades, se omitió la discusión del dictamen presentado votándolo junto a las otras dos propuestas de educación cuando la norma, la práctica parlamentaria y la técnica legislativa consideran que cada proyecto de dictamen se discuta y vote por separado. Así fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo esta iniciativa la que contiene exposición de motivos, apartado normativo, transitorios, así como el impacto  presupuestal  exigido por la ley. Tampoco se discutieron las particularidades apresurando la votación en paquete, sentando un grave precedente para futuras discusiones que tendrá esta Cámara de Diputados.

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a consideración del Pleno la siguiente:

Moción suspensiva

Único.Se suspende la discusión del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto de Ley General del Servicio Profesional Docente, enviada a esta soberanía por el Ejecutivo federal, con objeto de que se devuelva a la Comisión de Educación y Servicios Educativos a fin de que se subsanen todas las violaciones al proceso legislativo.

Dado en el Palacio legislativo de san Lázaro, a 1o. de septiembre de 2013.— Diputado Javier Orihuela García (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se toman en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas presentadas.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas presentadas. Las ciudadanas  diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desechan.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados: la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, como es de su conocimiento, el tema que más expectativas y opiniones controvertidas ha generado a lo largo de los últimos meses es sin duda la creación de la Ley del Servicio Profesional Docente.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza lo señaló desde el inicio de la discusión, garantizar el derecho de todos los mexicanos a una educación de calidad, no tiene por qué traducirse en una violación de los derechos adquiridos ni suponer acciones punitivas en contra de los maestros.

No son los docentes quienes atienden desde el ámbito escolar la formación y el desarrollo de las niñas, los niños y jóvenes, por lo tanto, son los principales promotores del respeto y reconocimiento al derecho humano, a la educación de calidad, como base para el pleno ejercicio de las libertades fundamentales.

La revaloración de la formación docente debe tener implícito el reconocimiento del papel fundamental de los maestros como actores preponderantes del sistema educativo, que involucra instituciones, autoridades, mecanismos. En fin, debe reconocer que el proceso que se inscribe en coordenadas socioeconómicas, que lo influyen, lo determinan y que desde ningún punto de vista se pueden evadir, como tampoco se puede eludir el hecho de que el progreso de la educación depende en gran parte de la formación inicial y continua del profesorado, así como de oportunidades de desarrollo profesional, las cualidades humanas, pedagógicas y vocacionales de cada maestra, de cada maestro en el aula, así como el acompañamiento y el apoyo de quienes atienden las funciones directivas y de supervisión.

En el proyecto de decreto de esta ley se deben reconocer los derechos humanos, laborales, profesionales definidos en los tratados internacionales y ratificar expresamente la certeza jurídica que otorga el derecho laboral mexicano en concordancia con el compromiso asumido por el señor presidente de la República, el secretario de Educación Pública y las más numerosas fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Solo así se dará cabal cumplimiento a la palabra empeñada y se sentarán las bases para garantizar que quienes dirigen el sistema educativo, los centros escolares y, de manera particular, quienes imparten conocimiento en el aula se incorporen al servicio debidamente formados, cuenten con oportunidades gratuitas, idóneas, pertinentes y certificadas de formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional que les permitan mantenerse acordes de las competencias profesionales necesarias.

Es necesario que en el proyecto de decreto se reconozca también que la evaluación del desempeño docente significa ir más allá de la valoración del liderazgo pedagógico de los profesores en el aula. Tendría que llevar implícita la magnitud de otorgar el servicio educativo a un nuevo marco de corresponsabilidad federalista.

Por ello, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza estaremos atentos a la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que propone el Ejecutivo federal. Deberá atender, además de revisión de la fórmula, que garantice ejercer los recursos con criterios de equidad.

Es impostergable definir la distribución de las responsabilidades y financiamiento para garantizar el derecho humano a la educación pública de calidad que involucra los adeudos que existen con los gobiernos de los estados.

Las adecuaciones necesarias con las que se atenderán las nuevas responsabilidades que se derivan de la evaluación obligatoria y la necesaria desincorporación de los recursos destinados a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional, para transparentar y fortalecer los que se asignan a la formación y al desarrollo profesional docente, directivo y de supervisión.

La contribución educativa de las maestras y los maestros de México está históricamente acreditada en los hechos. Con claridad han sido partícipes de manera individual y colectiva, de la más importante transformación de este país.

Compañeras y compañeros diputados, la reforma educativa será letra muerta si las medidas que se proponen para elevar la calidad de los servicios educativos no incluye decisiones firmes y el presupuesto necesario para responder a las altas expectativas que se han generado.

Garantizar la gratuidad de la educación pública significa que cada escuela cuente con la infraestructura, el equipamiento, los materiales y los recursos económicos para su sostenimiento cotidiano, en condiciones de seguridad, salud e idoneidad con los objetivos que nos proponemos alcanzar.

Que nadie se confunda, las maestras y los maestros no están en contra de la evaluación, mucho menos le temen, porque han sido los primeros en proponerla. Por vocación realizan un esfuerzo extraordinario para mejorar cotidianamente los logros educativos de sus alumnos en las escuelas, más allá de la obtención de los estímulos económicos, profesionales e individuales que contribuyan a mejorar su calidad de vida de sus familias.

Están aún pendientes de concretarse las acciones que permitan que se haga realidad en todas las regiones y sobre todo con los más pobres, una escuela que garantice a las niñas, los niños y los jóvenes su derecho al conocimiento, al asenso social y a una vida digna.

Por congruencia y compromiso, por deber moral con la sociedad mexicana, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza asumimos la responsabilidad de dotar de contenidos legislativos a la reforma educativa.

No tenemos la menor duda que esta ley representa un enorme reto a la disposición transformadora de gobernantes, liderazgos, partidos políticos y legisladores, a la capacidad del Congreso de la Unión para encarnar real y efectivamente la representación nacional de velar porque sean plenamente respetados los derechos humanos, laborales y profesionales de las maestras y de los maestros de México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, acudo a esta más alta tribuna de la nación para denunciar públicamente del agravio que hemos sido objeto, no solo los maestros de México, sino también los que integramos la Comisión de Educación, porque fuimos burlados ante una negociación que se emprendiera con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará en contra de este dictamen. Esto es un albazo legislativo que desconoce la decisión de esta soberanía y agravia la representación de diputados en diálogo permanente con la dirigencia magisterial.

Convocar a esta sesión y pretender aprobar el dictamen constituye no honrar la palabra del Poder Legislativo, sabotear la posibilidad de un acuerdo con la representación sindical y profundizar un conflicto gremial. Nuestro grupo parlamentario, señor presidente de la Cámara, protesta enérgicamente por este albazo.

Las condiciones políticas del país sugieren prudencia en los acuerdos, que se privilegie el diálogo y se construyan consensos. Por el contrario, se quiere imponer la cerrazón, la intolerancia y el mayoriteo en el tema que hoy nos ocupa.

La reforma podrá ser aprobada, pero carecerá de la legitimidad con que toda ley debe contar, en virtud de que los destinatarios de la norma la rechazan. El Poder Legislativo ya no podrá comprometerse a escuchar a diferentes actores sociales, porque de aprobarse hoy la ley será un estigma que no honra la palabra empeñada y que cuando se decide crear grupos de trabajo solo es para engañar y ganar tiempo.

Que quede claro, los legisladores del Partido del Trabajo no nos oponemos a la evaluación. Bienvenida ésta en tanto que se constituya en un instrumento de mejora de la calidad educativa. Pero rechazamos la evaluación cuando se le entiende —como se menciona en el dictamen— como una medida intimidatoria, represiva y para despojar a los maestros de sus plazas mediante una aplicación retroactiva de la ley, contraria a lo que se prevé en el primer párrafo del artículo 14 constitucional.

Compañeras y compañeros legisladores, en un tema tan delicado para la sociedad mexicana tenemos que ponderar que el bien mayor es la mejora de la calidad educativa en el país; sin embargo, se tiene que atender a las características propias y específicas de cada modalidad educativa y de las distintas regiones del país.

Se nos ha dicho reiteradamente que la evaluación es condición para la permanencia en el servicio público, pero no se nos dice quién será el responsable de estas evaluaciones. Claro, se nos dirá que ya se aprobó la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. No nos referimos a eso, sino a la persona física que tendrá la responsabilidad de determinar si un profesor es apto o no. La gran pregunta es, ¿quién evaluará al evaluador?

Debemos reconocer como autocrítica que si el nivel educativo del país es bajo, a fin de cuentas esto es resultado de la política gubernamental, puesto que la responsabilidad de los planes y programas de estudio que se aplican en las escuelas normales del país es del Poder Ejecutivo.

Convendría una auditoría social que evalúe el desempeño de distintos presidentes y ex secretarios de Educación, a los que les importó más la componenda política con la dirigencia nacional del SNTE, que realmente fortalecer el sistema educativo nacional.

El Partido del Trabajo hace un reconocimiento a los maestros que en todo el país cumplen con su vocación de transmitir conocimiento, aún en las condiciones más adversas, con salarios insuficientes, infraestructura educativa inexistente y lo peor, niños que llegan a las aulas con hambre y que, por ende, con retraso en su neurodesarrollo y que no serán capaces de adquirir conocimientos suficientes por mucho que se esfuercen sus maestros.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos pronunciamos a favor de la educación pública de calidad, laica, gratuita, científica y popular, en donde ésta sirva como un instrumento de transformación de la sociedad. Estamos a favor de una mejora radical del sistema educativo nacional que necesariamente tiene que pasar por elevar los salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación.

Refrendamos nuestro compromiso con los maestros del país –ya voy a terminar, presidente– ya que tenemos claro que ellos no son el problema, sino una parte importante de la solución. Porque estamos en contra del albazo legislativo y a favor del diálogo, votaremos en contra de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Héctor Hugo Roblero. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su venia, señor presidente. Entre todos los sectores sociales existe un consenso tácito que reconoce plenamente que el tema educativo tiene el carácter de prioritario.

Lo anterior responde a que en la era en que vivimos, en el contexto de la dominancia del subsistema económico en un mundo globalizado, la impartición de conocimiento constituye sin duda el eje fundamental del progreso del país, el motor del desarrollo, el principal medio de ascenso social y el instrumento más importante para combatir la desigualdad.

Pese a lo previamente expuesto, la situación educativa en México está envuelta en múltiples problemáticas que derivan, entre otras cosas, en niveles bajos de aprovechamiento escolar, altos índices de deserción, desinterés de alumnos, padres y maestros por generar una dinámica educativa competitiva integral y de calidad, que consecuentemente recae en los bajos índices de aprovechamiento de los educandos.

En el contexto descrito surgió la reforma que modificó los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual cimbró numerosos sectores de la sociedad suscitando un importante debate nacional entre el magisterio, expertos en el tema, investigadores, legisladores locales, federales y la sociedad civil.

El propio titular del Ejecutivo argumentó que debido a la importancia que estos cambios representaban se buscaría el consenso entre maestros, autoridades educativas, investigadores, miembros de asociaciones interesadas y especialistas, lo cual permitiría que la educación se encauzara a una verdadera reforma integral que protegiera los derechos laborales de los docentes, que combatiera la inequidad y desigualdad y que garantizara la laicidad, gratuidad y cientificidad de los conocimientos impartidos.

Aunado a esto se realizaron trabajos correspondientes por medio de foros regionales a través de todo el país para recopilar las propuestas de quienes son los actores directos de la educación.

Ninguna de las propuestas recabadas en los debates se incluyó en los proyectos entregados por el gobierno federal, se tiraron al bote de la basura y a través de un albazo legislativo se impusieron por encima incluso de la legalidad, contrarrestando las facultades de la misma Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

Por lo previamente argumentado, no podemos satanizar la protesta social que hoy tiene paralizada a la capital del país, cuando los maestros fueron engañados, timados, fueron parte de un simulacro en el que el gobierno federal fingió estar preocupado por las demandas de los propios, cuando en realidad solo busca satisfacer ciertos intereses.

La llamada reforma educativa, la cual no es más que una reforma administrativa y laboral del magisterio no surgió de la sociedad, se configuró como modificaciones exógenas impuestas de manera no democrática por un acuerdo cupular carente de legitimidad y representación.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano manifiesta su inconformidad ante esta Ley General del Servicio Profesional Docente y mantenemos nuestro firme posicionamiento en defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Nos pronunciamos a favor de un verdadero debate nacional para definir con los verdaderos actores de la educación una auténtica y consensuada ley nacional de educación.

¿Cómo podemos avalar una ley tan peligrosa que abate a los trabajadores magisteriales en todos sus niveles, que deroga todos sus derechos adquiridos, en donde las autoridades educativas pueden anular derechos sin necesidad de declaraciones judiciales? Los estamos exponiendo a que puedan ser sujetos de persecuciones políticas. Estamos convirtiendo a nuestros trabajadores de la educación en sujetos meramente administrativos.

¿A quién se le ocurre satanizar y criminalizar a los maestros? Solo a los insensibles y a los miopes. ¿Qué sentido tuvo la mesa de trabajo con los dirigentes de la CNTE en donde todavía el día de hoy se había acordado seguir construyendo el diálogo? Una vez más se muestra el engaño, se muestra la verdadera cara de este gobierno tramposo, dilatorio, en donde el procedimiento no importa, la inclusión de opiniones es lo menos relevante.

El único factor a considerar radica en que los temas salgan lo más pronto posible, reprimiendo y criminalizando la voz de los afectados, donde se usa al Congreso como solo una oficialía de partes.

Nuevamente observamos cómo la intención de este gobierno no radica en la satisfacción de los intereses de los mexicanos, sino en el regreso a un sistema en el que el presidente tiene los poderes metaconstitucionales —peligroso— que le permiten sobreponerse a cualquier órgano o ley, haciendo que su palabra sea la única que valga.

Por último, expresamos nuevamente nuestra inconformidad y desacuerdo con esta infame Ley General del Servicio Profesional Docente. Reiteramos nuestro apoyo solidario hacia los maestros. Nos pronunciamos no por su represión y, sobre todo, por su no criminalización.

El compromiso del país con la educación aún tiene un largo camino por recorrer. El papel del Estado una vez más no le hace justicia a su pueblo. México está parado ante lo que pudiera ser la mayor descomposición social de su historia.

Estamos frente a un peligroso cóctel social de inconformidad e impotencia ante el regreso de un Estado autoritario. La cuerda está muy tensa, muy tensa. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hace 192 años, coincidente con la consumación de la Independencia Nacional en México, nace la docencia como una actividad liberal regulada por la acción de los ayuntamientos.

El magisterio es sin duda una profesión en crisis por una serie de circunstancias, pero particularmente por la ausencia de sólidas y modernas políticas públicas del Estado mexicano en materia de formación y capacitación de profesores.

Reivindicar esta noble tarea es esencial, no solo para aspirar a una educación de calidad, sino también para aspirar a una sociedad más próspera, en consecuencia.

De ser en sus orígenes hace casi 200 años una profesión liberal, ha pasado a constituirse a través del tiempo en una fundamental profesión de Estado y ha sido precisamente el propio Estado quien ha abdicado desde hace tiempo en generar condiciones adecuadas para un digno desempeño de la tarea profesional del magisterio.

En esta etapa crucial que experimenta el país, en esta etapa de profundas reformas, el magisterio arriba en un escenario de crisis por una serie de factores. Primero, por la carencia de la construcción de una nueva identidad profesional, pedagógica y ética del magisterio ante los retos que impone la sociedad de la información y el conocimiento.

Segundo, debido a la precarización de sus relaciones laborales y al sometimiento de la función docente a esquemas de control burocrático y autoritario que no estimulan el respeto y la dignificación del gremio ni alientan tampoco la innovación académica.

Tercero, se registra lamentablemente en estos momentos una profunda desvalorización de la función social de los maestros por una serie de factores que es necesario detener y revertir.

Existe otro dato importante que hay que considerar: las escuelas normales del país, más de 400, viven un preocupante debilitamiento sistémico, sin que la autoridad ni el Estado hagan algo para impedirlo.

Por la importancia de la función que los profesores desempeñan, no solamente en el ámbito de los procesos de enseñanza de calidad, sino también en la construcción de una nueva sociedad, necesario es ofrecer por parte del Estado una renovada política de trato institucional a los docentes de México.

La iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente —el dictamen que hoy revisamos— propone en su contenido una serie de transformaciones en materia educativa que generan condiciones de una racionalidad jurídica profesional y económica, de mejor trato para los maestros. Incluye, por supuesto, el mejoramiento de las percepciones salariales de los docentes en términos de sus niveles de desempeño eficiente en la tarea escolar.

Con esta ley incorporan acuerdos que fundamentan los procesos legales de ingreso, permanencia y promoción del magisterio, al margen de los tradicionales esquemas de control clientelar y corporativo de los docentes. De esta iniciativa, de esta ley deseo destacar varios aspectos, y claro que se recogen las voces de varios actores.

Me preocupa como docente, desde hace 33 años de docencia de educación superior, el que digan que el magisterio no es escuchado. Aceptando sin conceder que pudiera no haberse incluido alguna propuesta de la Coordinadora, no representa al magisterio.

Ya en la pasada ley, en la Ley General de Educación fueron considerados también a los padres de familia, los docentes, los directivos, los alumnos mismos. ¿Qué dicen esos millones de niños que no están en el aula porque sus profesores están movilizados? Efectivamente, no hay que criminalizarlos, pero tampoco hay que hacer de ello un privilegio.

Este decreto, esta iniciativa promueve una transparente política en ingreso de los maestros al servicio. Las contrataciones se harán bajo nuevos parámetros de calidad. Los docentes en servicio estarán sujetos a una rigurosa evaluación formativa, científica y autónoma, no punitiva, en absoluto punitiva. Y se auspiciaran sólidos esquemas de formación y capacitación del magisterio.

Y claro que están a salvo los derechos laborales de los maestros. Quienes formamos parte de ese gremio no hubiésemos permitido en absoluto que se vulneraran los derechos de los trabajadores de la educación.

Por todo lo anterior, por lo que representa para el sistema educativo mexicano y por la creación de una nueva racionalidad profesional académica del maestro, el voto de los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde es a favor de la iniciativa de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Compañeras y compañeros legisladores, hay retos, retos que nos plantean tanto las leyes que ya aprobamos en materia educativa como la que hoy seguramente también habrá de proceder, y que tendrá que ver con el doce transitorio de la Ley General de Educación que nos conmina —y ojalá nos demos plazo a la brevedad posible— a revisar el modelo educativo.

Esta ley —que hoy seguramente también será aprobada— nos está estableciendo algo fundamental: la posibilidad de revisar el sistema de educación normal. Démonos plazo, estamos emplazados a ello, es necesario. Entonces estaremos plenamente satisfechos y habremos hecho una reforma educativa integral, no solamente porque la educación nacional lo requiere, sino también el desarrollo del país. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias diputada Judith Magdalena Guerrero López. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya:Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, no puedo estar de acuerdo, ni ahora ni nunca, con las formas que se utilizaron en la comisión para construir los dictámenes de las tres leyes.

No puedo estar de acuerdo con que se permita que se revivan, que se reactiven viejas prácticas de una cultura que debemos abandonar. Pero el día de hoy, y en su momento solicitamos y planteamos a petición de los maestros, que se retirara en lo particular el dictamen de esta iniciativa de Ley del Servicio Profesional Docente, para dar oportunidad a que se abrieran espacios de diálogo y se pudieran corregir y se pudieran cosas que permitieran darle una viabilidad distinta. Ésas, por diferentes actores fueron recogidas en lo que hace rato votamos, leído y documentado aquí por el presidente de la Comisión.

El espacio sirvió, y sirvió para reivindicar a las normales del país, sirvió para reivindicar al sistema nacional de formación y actualización, sirvió para darles más certeza a los maestros que hoy trabajan y que hoy tienen el nombramiento definitivo, para que puedan permanecer como se establece en el octavo transitorio. Sirvió para darle certeza a quienes hoy tienen nombramiento no definitivo y sirvió para darle certeza, compañeras y compañeras, al conjunto del magisterio, que va a obligar al gobierno a tener que invertir más recursos en educación para que pueda tener viabilidad lo que estamos discutiendo y lo que hemos aprobado. Si no, no podrá caminar compañeras y compañeros.

A pesar de la ofensiva, de la satanización de los poderes fácticos respecto al magisterio, a sus demandas y a sus movilizaciones, también quiero reconocer públicamente la prudencia, la tolerancia, la sensatez y la responsabilidad del jefe de gobierno frente a tentaciones represoras y autoritarias.

No caímos en la provocación, no caeremos y respetaremos siempre y en todo momento la libre manifestación de las ideas. Y reivindicamos nosotros esta iniciativa y esta ley que estamos discutiendo hoy, sobre todo porque en los próximos días tendremos que abrir de acuerdo a lo aprobado, un debate sobre el modelo educativo.

Tendremos que discutir si lo que hoy se instrumenta en planes y programas de estudio es lo viable o hay que revisarlo, porque tenemos una crisis del sistema educativo y una crisis en particular de algunos de esos subsistemas, como el caso de secundaria y de bachillerato, donde más deserción y reprobación hay. Esto implica revisar de fondo el modelo, planes y programas de estudio, materiales y auxiliares didácticos, métodos, etcétera, para poder reivindicar  al maestro, a los alumnos y a la escuela.

Reivindicamos aquí lo que hemos aprobado, porque la evaluación que tiene obligación el instituto que le dimos autonomía para evaluar, de evaluar al conjunto del sistema, y dentro de eso tendrá que evaluar las condiciones en que se encuentran las escuelas.

El 40 por ciento de las escuelas de educación básica el día de hoy son escuelas multigrado y están en pésimas condiciones para la labor docente, y tendrán el gobierno y todos los aquí presentes, en el Presupuesto, que invertirle para desarrollar un agresivo programa de infraestructura que ponga de pie al sistema.

No tenemos la culpa nosotros de quienes lo abandonaron y lo dejaron caer. Tenemos que reconocer que eso sucedió. Ahora hay que levantarlo y hay que ponerlo de pie, porque lo cierto es que la infraestructura, como la falta de alimentación, como la falta de equipamiento, indiscutiblemente que incide en el proceso enseñanza-aprendizaje, incide en el proceso de los alumnos.

Y por eso digo, los maestros, mis compañeros maestros deberían hoy —y me quiero reivindicar con ello— estar contentos de que su lucha no ha sido en vano, de que su batalla ha tenido resultados y de que se les ha tenido que escuchar y que se ha tenido que acordar con ellos modificaciones, que se reflejaron en lo que hace rato presentó el presidente de la comisión. Porque hay razones, no como concesión graciosa, porque hay razones.

Y la reivindicación y la inversión que se tiene que hacer a las normales, y lo que se tiene que hacer para ofrecer un servicio gratuito y de calidad en el sistema de formación y actualización a nivel nacional requieren indiscutiblemente de recursos, no solamente de voluntad, y requieren de contenidos de común acuerdo con los maestros.

Decimos aquí categóricamente: no nos hagamos falsas ilusiones, nadie va a poder derrotar o ver de rodillas al magisterio. Y mucho menos, nadie va a poder hacer que funcione el sistema educativo si no acuerda con los maestros y si no hace que funcione adecuadamente cada escuela. La burocracia, que desde la Secretaría quiere imponer deformaciones y cosas, es mejor que se vaya despidiendo, no tendrá futuro.

Por eso nosotros, desde nuestra perspectiva, apoyamos lo que contiene hoy la iniciativa y no cejaremos en seguir dando la batalla al lado del magisterio, por hacer de la educación una educación que tenga viabilidad y que responda a los intereses de todos los padres de familia, de los niños y de la nación entera. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Alonso Raya. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, primeramente quiero expresar que resulta totalmente condenable que las y los legisladores de este país no hayamos podido desarrollar durante el periodo extraordinario nuestro trabajo legislativo en las condiciones idóneas de paz y democracia, tal como lo establece nuestra Carta Magna.

Pero mayormente condenables resultan los mecanismos de presión que hemos padecido los ciudadanos en esta ciudad y en aquellos estados en donde todavía permanecen sin iniciar el ciclo escolar grupos de personas que se hacen llamar miembros del magisterio, remplazando la tiza, el borrador y el pizarrón, por piedras, palos, golpes y amenazas, intentando trazar el camino de la educación hacia el desastre.

Pero desde un inicio teníamos claro que no lo íbamos a permitir. Son aún, por mucho, mayoría los maestros que no le temen a la evaluación para mejorar. Son por mucho la mayoría, la gran cantidad de maestros que sí les importa la educación, que sí están preocupados por mejorar sus condiciones de trabajo para dar mejores resultados y preparar mejor a los niños y jóvenes de nuestro país.

Acción Nacional quiere dejar claro que una de nuestras prioridades históricas es trabajar por el reconocimiento a los maestros, a partir de la eminente dignidad de su actividad docente.

Para nosotros atentan gravemente contra la dignidad del magisterio quienes les impiden las posibilidades de progreso pedagógico y los que quieren reducir a instrumentos del monopolio político y de la simulación en México.

Es inaplazable, por tanto, establecer dentro del orden jurídico mexicano las regulaciones que garanticen a los maestros la posición económica y social que les corresponde y la libertad y el respeto adecuados al cumplimiento de su vocación. Esos son precisamente los alcances de la Ley General del Servicio Profesional Docente, como la que hoy se discute.

Ya fue el 26 de febrero, cuando se publica la reforma constitucional en materia educativa, que se instituyeron, entre otros aspectos, la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria que imparte. Y también se da la facultad al Congreso para establecer el servicio profesional docente, señalando claramente que no se hará esto sino respetando plenamente los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

En ese sentido, el decreto de tal reforma constitucional dejó claro que la evaluación de los maestros debe tener como primer propósito el que los maestros y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. Y que el sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.

Los contenidos de esta ley están acordes con lograr que la profesión docente sea una actividad laboral atractiva, de tal forma que sea llamativa también para las nuevas generaciones. Que los docentes mantengan una alta motivación a lo largo de toda su carrera profesional, haciendo de esta manera que buenos profesores sean los que permanezcan en ella hasta su jubilación. Y favorece la mejora constante de su desempeño, como condición para el ejercicio de esta vocación.

En ese sentido, hoy el Grupo Parlamentario del PAN dará su voto positivo para la aprobación del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Compañeras y compañeros, en el PAN consideramos que podemos tener la certeza de que la aprobación de este dictamen aportará a la consolidación de las bases que harán posible en un futuro muy cercano que las y los niños de México reciban la educación de calidad que los prepare para afrontar los retos que el desarrollo nacional plantea.

Con ello aumentarán las expectativas de la niñez y juventud mexicanas para recibir una educación con calidad que les permita asegurarse un futuro de bienestar, solidaridad con el resto de los seres humanos y de estricto respeto a la dignidad e ideas de las demás personas.

En Acción Nacional creemos que en un plano estratégico, como lo es el educativo, debemos actuar ante las coyunturas actuales haciendo prevalecer un sistema educativo que libere y humanice a la sociedad, pero que también desarrolle todas sus potencialidades. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, don Alfonso Robledo Leal. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Arnoldo Ochoa González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy estamos discutiendo la Ley General del Servicio Profesional Docente, una ley que efectivamente ha despertado mucho interés, un debate público y, sobre todo, controversia dentro de esta Cámara de Diputados.

Se ha dicho que no es constitucional —aquí se afirmó hace unos momentos— cuando proviene de una reforma constitucional al artículo 3o. y al artículo 73, reforma constitucional que fue promulgada el 26 de febrero, y que esa reforma tiene como punto principal garantizar la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Porque si no hay calidad vamos a seguir teniendo esos resultados mediocres que actualmente nos dan todas las pruebas, las evaluaciones, los procesos de evaluación que se hacen en nuestro país.

Se ha afirmado que se vulneran, que se violan los derechos laborales. Voy a leer textualmente la fracción III del artículo 3o. constitucional. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Desde la reforma misma tiene la protección a los derechos de los trabajadores docentes.

Se ha hablado y se ha acusado en esta tribuna que la ley y la evaluación son punitivas. Queremos dejar muy claro que la evaluación es un proceso, no es una prueba a ver quién obtiene más resultados a base de reactivos múltiples o de respuesta directa. La evaluación es un proceso donde se va a valorar el rendimiento escolar, el desempeño del docente, las condiciones de la escuela y la participación de los padres de familia. Es la evaluación un proceso no punitivo.

La evaluación quiere mejores maestros y que quienes sirvan estén mejor preparados. Se basa más en cursos de capacitación anuales detectando aquellas insuficiencias y las fortalezas para poder tener una mejora en la práctica, en la práctica de la docencia, en la práctica del magisterio.

Queremos dejar claro que nunca ha estado en el más mínimo riesgo la gratuidad de la educación. En el Grupo Parlamentario del PRI somos defensores de la educación pública, somos defensores de la educación laica y de la educación gratuita. Ahora defendemos la calidad de la educación.

Queremos dejar muy claro: no queremos ver a los maestros de rodillas, los queremos ver en las aulas, los queremos ver capacitándose, los queremos ver aliados en los grandes propósitos de México. Queremos una reforma educativa junto con los maestros. Estamos ciertos que aquí se ha hecho una gran consulta, no de pocos días, consultas en foros regionales en los estados, con los grupos parlamentarios.

El Grupo del Partido Revolucionario Institucional siempre ha estado dispuesto al diálogo y lo hemos hecho con dignidad y con respeto con quienes lo han solicitado. Y queremos dejar claro, hubo un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de que un grupo de diputadas y de diputados asistiéramos a una reunión con los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo hicimos todas las veces, el día que no asistimos fue hoy, porque estamos en sesión, pero fue un grupo de compañeros senadores para informar que no podíamos asistir.

Se tomaron en cuenta muchas de sus opiniones, parte del adéndum que se entregó y se votó aquí —como ya lo dijo un compañero que me antecedió— son respuestas a sus demandas. Fueron respuestas a quienes están interesados en revisar el modelo educativo que se hará, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley General de Educación, una gran consulta. Y también en el artículo transitorio Vigésimo segundo de esta Ley General del Servicio Profesional Docente vamos a estar en una gran revisión del sistema de educación normal.

Para eso ha servido el diálogo, para eso sirvió llegar hasta el día de hoy a analizar la Ley General del Servicio Profesional Docente. Iremos cuantas veces sea necesario al diálogo. Pero que quede claro: los derechos de los trabajadores no se vulneran. No está en riesgo la gratuidad.

Queremos una reforma acompañada de los maestros que se capaciten debidamente para atender mejor a los educandos. Ésta no es una reforma menor, es una reforma impulsada por Enrique Peña Nieto de gran calado. Es la reforma que requiere nuestro país. Es la reforma que podemos hacer nosotros juntos. Tampoco decimos que solo el PRI, lo queremos hacer con ustedes del PAN, lo queremos hacer con Nueva Alianza, lo queremos hacer con la izquierda, con todos aquellos que crean que en la educación es como se transforma una sociedad.

Transformemos juntos a México con nuestros compañeros del Verde, aliados permanentes en esta lucha. Y lo queremos hacer con Nueva Alianza, con todos aquellos que quieran realmente a México y que la educación, sabemos, es como vamos a transformar. Compañeros, muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, para hablar en contra en lo general se concede el uso de la palabra a la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Con su venia, señor presidente. Diputados y diputadas. El día de hoy nuevamente se está violentando el procedimiento del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuando se planteó la dictaminación de las tres leyes secundarias fue en fast track.

Soy integrante de la Comisión de Educación y quiero decirle a mi compañero diputado Arnoldo, que ahí insistimos en que teníamos que cumplir el procedimiento, porque teníamos que demostrar a los mexicanos que en esta Cámara sabemos cumplir los procedimientos.

Se violentaron los artículos 176 y 180 del Reglamento de la Cámara. Nunca se definió un método dentro de la Comisión de Educación para definir esta Ley del Servicio Profesional Docente. Se les dijo a los maestros que se les iba a escuchar; y la posición del PRI y el Verde en las mesas siempre fue que no teníamos la capacidad de determinar. Es por ello que el día de ayer la CNTE pidió un receso. Y el día de hoy de nueva cuenta lo agendan sin el consenso ni siquiera de la Comisión de Educación.

Por eso es importante decirles que durante estas reuniones que tuvimos insistimos en que tenía que darse un debate abierto a la sociedad. Presentamos la solicitud para que fueran televisadas por el Canal del Congreso estas reuniones con la CNTE y pudiera darse cuenta la sociedad de que sí había propuestas.

Mi compañero diputado que me antecedió dice que esta reforma tiene muchos de los alcances o de las propuestas que hizo la CNTE. Y entonces, ¿por qué decían que la CNTE no traía propuestas concretas? ¿Hoy sí las trae?

Es clara la reforma. Esta reforma pretende estar por encima de la ley, cuando se plantea que en el artículo 123 constitucional, apartado A, se le dé el mismo trato en esta Ley del Servicio Profesional a los trabajadores, pero hoy excluyéndolos. Esta ley va a traer como consecuencia que los trabajadores pierdan sus derechos laborales.

Hablemos con la verdad y seamos responsables de lo que se está haciendo en esta Cámara. Les pido a todos los diputados que tengamos dignidad y que seamos nosotros quienes toemos las decisiones y no un grupo de personas que no se encuentran aquí.

Es por ello que les pido que reflexionen su voto. Es por ello que les pido que no voten por consigna, que voten...

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito(desde la curul): ¿En qué artículo está lo que dice?

La diputada Roxana Luna Porquillo: ¿Cuál? ¿Qué dijo? Sea precisa, diputada.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No se admiten los diálogos. Continúe la oradora.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Sea precisa. Que me diga en dónde. Es por ello que les pido a todos que seamos responsables de lo que vamos a hacer.

Otra prueba más, nosotros solicitamos como integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la Junta de Coordinación Política que nos diéramos tiempo, que fuera citada Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, porque es una de las funciones que establece el artículo 93 de la Constitución y el artículo 177 del Reglamento cuando los promoventes pueden comparecer en esta tribuna. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Luna Porquillo. Se concede el uso de la palabra al señor diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadanos diputados y diputadas, por sus muestras de simpatía. Lo que hay en esta sesión es una actitud indigna. Lo que hoy está ocurriendo es una infamia legislativa. Lo que hoy está pasando es una actitud indigna de quienes dicen o se dicen representar a los ciudadanos.

Miren, es trivial, es superfluo, es insustancial lo que está pasando en esta Cámara. Voy a decir por qué. Esta ley, que se introdujo de manera subrepticia y hasta cobarde en contra de los maestros, nadie la ha leído, se los aseguro, nadie.

¿Saben cuántos artículos tiene? 84. 19 transitorios. Y el adéndum que nos acaban de proponer, ¿saben cuántas modificaciones tiene? 123 modificaciones. ¿No es una falta de seriedad legislar de esta forma en contra de un movimiento que reclama atención?

Si fuera tan importante y con tantas ventajas, como las que aquí demagógicamente se dice que tiene este adéndum, ¿por qué se le excluye al magisterio para su discusión? Si verdaderamente contiene tantos avances esta ley o este dictamen, ¿por qué sesionar subrepticiamente en la clandestinidad, de manera apresurada, de manera precipitada? ¿Cuál es el temor de discutirlo con quienes va a orientarse esta ley? ¿Dónde están las ventajas? ¿Dónde están los avances? Es solo demagogia barata. Es una demagogia de una aristocracia pulquera, como las del PRI y los del PAN.

Ahora resulta que el PAN, que es el autor de la desgracia del sistema educativo, culpa al actual gobierno simplemente de la desgracia, cuando él es corresponsable. Doce años protegiendo a la mafia sindical, 12 años negociando con los caciques más ominosos de este país, que ahora se encuentran en desgracia y que ahora están encarceladas.

Por cierto, no veo que nadie alce la voz de aquellos a los que protegió y promovió, incluyendo al PAN. En ese momento hablaban muy bien de ella, ahora en desgracia se niegan a reconocerla, pero precisamente de ahí viene el origen de la desgracia de la educación en México.

No fue Elba Esther Gordillo con los maestros del SNTE los que cometieron el fraude del 2006 en contra de Andrés Manuel Obrador. No fueron los caciques sindicales los que acabaron con la esperanza de millones de mexicanos por robarse la elección, y ahora el PAN se dice un opositor serio y real. No, es un opositor de escenografía, es un opositor de televisión, porque todas las leyes las han aprobado junto con el PRI. Que ahora no nos vengan a decir que son redentores de las causas sociales y populares.

Miren ustedes, este albazo legislativo no resuelve el problema educativo, al contrario, lo exacerba. Tomen calma en la reflexión. Miren, engañaron a los maestros, los tienen sentados en un hotel desde las ocho de la noche, y les estamos dando —ustedes— con el voto en contra nuestra, el albazo legislativo más ruin que pueden merecer los maestros.

¿Ustedes creen que van a aceptar la burla? No, incluso, legisladores, estos maestros de la Coordinadora –termino– estos maestros de la Coordinadora que se encuentran en espera de la representación de la Cámara, burlados, ya anunciaron para el próximo miércoles una insurgencia nacional del magisterio en 22 estados del país. ¿Y saben qué? Tienen razón, porque ustedes, que no representan la verdadera ciudadanía, se han burlado de ellos.

Por esa razón tienen razón los maestros, les asiste la razón a pesar de las incomodidades, a pesar de los insultos soeces de que son objeto de la derecha y por la derecha y sus aliados perversos.

Nosotros nos quedamos a lado de los maestros, repudiamos a los delincuentes de cuello blanco que hay por doquier sentados en muchas de estas curules. Por esa razón votaremos en contra, votaremos en contra todos los diputados del Movimiento Ciudadano. No habrá uno que vote a favor, porque somos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Sigan gritando chiveros priistas, que es lo único que les espera, cuidar chivas. Eso lo hacen bien aunque ganan muchísimo dinero.

Estos que gritan tiempo son los relojes más caros de la Cámara, incluyendo a mujeres, las más caras de la Cámara, les pagan 200 mil pesos para que griten tiempo, tiempo. Qué barbaridad, qué vergüenza, qué cinismo, qué representación tan hipócrita.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor en lo general, el señor diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Si un tema nos debería unificar, no solo como diputados, sino como sociedad, es mejorar la educación pública. La educación pública es fundamental, es un instrumento esencial insustituible de la equidad social.

Tenemos un país con tremendas desigualdades, más de 50 millones de pobres. ¿Qué instrumentos podemos dar a los sectores más desfavorecidos para salir adelante? Entre ellos la educación pública como un elemento esencial de movilidad social. Una educación pública mediocre a quien más perjudica es a los más pobres, que no tienen opción de la educación privada y que además necesitan de este instrumento para abrirse paso en un entorno desfavorable, en un entorno adverso.

Por eso la educación pública es para nosotros, para todos debe de serlo, pero especialmente para la izquierda, fundamental, porque sin ésta no hay posibilidad de equidad social ni de justicia social.

Por supuesto es injusto que se diga que los responsables únicos del fracaso educativo, de la mediocridad educativa son los maestros. Es falso y es injusto. Llevamos décadas de indolencia en este sector y las pagamos como nación todos, pero ahora para salir adelante tenemos que enfrentarlo juntos todos también. Y en ese sentido tenemos dos grandes derechos que tenemos que hacer que estén en equilibro, que coexistan: el derecho de los niños a una educación de calidad, que es fundamental, insisto, para su beneficio no solo personal, sino también de nación.

Los países emergentes que han salido adelante son porque han fortalecido la educación pública, pero también los derechos laborales. Es fundamental respetar los derechos laborales, quizá lo diré en una consigna –que están de moda– diría: Todos los derechos, sí, pero también todas las obligaciones.

Y tienen razón algunos maestros, por supuesto, de tener cierto miedo, cierta desconfianza, porque les cambian las reglas de juego de años y décadas de indolencia, tienen razón, y por eso es correcto y fue correcto que hayamos retirado la semana pasada esta ley para mejorarla.

Más de 100 modificaciones no fueron modificaciones de forma, fueron modificaciones importantes, que entre otras cosas dejan a los maestros con sus derechos constitucionales a salvo, como es el hecho de que a los seis meses tengan su definitividad, pero tenemos ventajas también importantes.

Una, se acabaron los comisionados pagados por los gobiernos. Eso está explícitamente establecido y eso nos va a ayudar a acabar con los comisionados donde estaba gran parte de la corrupción y de las prebendas.

Otro punto, que ojalá lo cumplamos, que está establecido, es que se pondrán incentivos para que los mejores maestros vayan a las zonas más pobres a enseñar. Hagamos que eso no sea demagogia, que sea efectivo, que haya incentivos reales para que sea, porque lo que necesitamos es que sea un elemento de equidad social.

Nosotros tenemos que escuchar a todos, por supuesto, y me parece que en estas más de 100 modificaciones se escucharon las partes, que me parece que son rescatables, de quienes han estado inconformes.

Llamo a la prudencia, llamo a la concordia, que es muy necesaria en nuestra ciudad y en nuestro país, por supuesto, respetando el derecho a la libre manifestación de las ideas y también, por supuesto, el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.

Busquemos cómo conciliamos derechos y le damos un poco de concordia a esta sociedad, eso sin duda que me parece fundamental. Pero un punto fundamental es fortalecer la educación pública, como corazón de equidad y de nuestro proyecto. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Belaunzarán. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, el Partido del Trabajo es un partido político que está a favor del trabajo cooperativo y constructivo, y en contra de todas las formas de explotación.

Estamos a favor del trabajo que reivindica la cultura del esfuerzo honesto y creativo en todos los ámbitos de la vida social. El PT defiende todas aquellas causas que sabemos justas, por ello hoy nos manifestamos en contra del dictamen a la Ley General del Servicio Profesional Docente, que de manera típica se está discutiendo hoy, en la máxima tribuna de la nación, un 1 de septiembre, en el que únicamente se iba a dar inicio a los trabajos del primer periodo ordinario del segundo año legislativo de la LXII Legislatura.

Nos encontramos de noche, sorpresivamente, sesionando sobre uno de los temas más importantes para el desarrollo de nuestro país, que seguramente será aprobado en la madrugada, como lo hacen los ladrones de vivienda, en la madrugada, sin necesidad de ello, porque teníamos citados a las ocho de la noche, al mismo tiempo que se estaba convocando a esta sesión, a la comisión negociadora de los maestros para continuar el diálogo, y que de manera irrespetuosa se llamó a esta sesión para romper el diálogo que ya se había iniciado con ellos.

El PT y los trabajadores de la educación no estamos en contra de la evaluación, estamos en contra de la forma en que pretenden hacerlo, estamos en contra de que se disfrace una reforma laboral para el gremio de los maestros diciendo que es por una mejora y por la calidad de la educación de los más de 23 millones de estudiantes de educación básica de nuestro país.

El discurso utilizado por los dos partidos mayoritarios de esta asamblea, referente al tema educativo es una falacia. Algunos medios de comunicación en los días recientes han estado manipulando la información, han pretendido poner a los ciudadanos en contra de los profesores. No se han cansado de decir que no es legítima la protesta ni mucho menos las demandas de los profesores, pero todos ellos han omitido decir que la situación de los profesores es consecuencia del sistema que sembró el PRI y que por más de 82 años regó en conjunto con el PAN.

Las deficiencias en materia educativa que tenemos en nuestro país no son culpa solo de los maestros, es responsabilidad de distintas autoridades. La mejora en la calidad educativa solo podrá funcionar si todas las partes del sistema cooperan correctamente. Recordemos que si una parte del sistema no funciona, todo el sistema se ve afectado.

Compañeras y compañeros del PT, el PT está en contra de esta simulación legislativa. Decimos simulación, porque no ha cumplido en ninguna de sus etapas con los procedimientos que marcan los ordenamientos por los cuales nos tenemos que regir. Simulación porque pretende engañarnos con el discurso de que la evaluación del personal docente mejorará la calidad de estos. No estamos de acuerdo con la iniciativa, porque consideramos que el tema de hoy nos tiene aquí de manera arbitraria.

Termino, presidente. Esta reforma, compañeras y compañeros legisladores, obedece a una instrucción de un organismo internacional, la OCDE. Y durante mucho tiempo hemos seguido instrucciones de organismos internacionales, como el Consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, todos ellos para implementar un modelo neoliberal que nos tiene en un estancamiento económico, nos tiene en un deterioro social y estas reformas, junto con las que vienen próximamente no son otra cosa más que seguir profundizando el mismo modelo para profundizar una crisis que va a provocar consecuencias sociales incalculables.

Desde ahorita les decimos, legisladores, seamos prudentes porque tarde que temprano el pueblo de México va a tomar medidas sobre quienes han estado impulsando reformas antipopulares que nos han llevado a construir una sociedad de injusticia, de explotación y degradación. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Ricardo Cantú Garza. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Arturo Escobar y Vega: Gracias, presidente. Buenas noches. Normalmente ante debates en contra sin ningún tipo de contenido los dejamos pasar, pero creo que ya es suficiente. Ya es suficiente estar escuchando barbaridades en esta tribuna, adjetivos, insultos de forma recurrente.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se ha aventado, entre la tarde de hoy y la noche de hoy, 16 minutos destruyendo al Estado mexicano, ni una sola propuesta de nada. Estoy convencido, de nada.

Una cosa es ser oposición –es respetable sin duda– y otra cosa es venir a la tribuna y destruir un dictamen que no va para ir en contra. No va para ir en contra porque encontró hasta en la izquierda mexicana o en la mayoría de la izquierda mexicana el consenso para ir a favor.

Lamentablemente existen unos pseudoizquierdistas, que lo único que buscan es entorpecer el desarrollo de este país. Esta reforma educativa –y hay que decirlo con claridad– trae el apoyo de la mayoría del magisterio mexicano, que es el SNTE, de la mayoría del magisterio mexicano.

Hay una minoría que efectivamente está en contra. Esa misma minoría representada en gran medida en el estado de Oaxaca, donde en los últimos 10 años han lastimado con más de 70 días de ausencia a clases al alumnado de Oaxaca.

Esa misma minoría con la cual se reunió la Junta de Coordinación Política y una comisión de diputados por más de siete ocasiones. Esta misma minoría a la cual se le tomó en cuenta sus grandes preocupaciones y se les integró a estas modificaciones, que tanto no le gustan al diputado Monreal. No es suficiente integrar, no es suficiente pactar, se trata de destruir todo aquello que ayude a México a salir adelante.

Ante cada mentira, ante cada insulto, a partir de ahorita habrá una contestación, porque estamos preparados para lo que viene, de engaños y difamaciones cuando discutamos la reforma energética.

México está viviendo tiempos complejos, pero donde por fin se está dialogando, donde por fin se busca que todas las fuerzas, inclusive las más antagónicas, puedan construir y puedan abonar en temas trascendentales, no hay un tema más trascendental que la educación, pero a ustedes o a esa minoría de ustedes poco les importa. Lo que importa es la raja política para ver cómo destruyo al adversario. Pero están equivocados, la gente se da cuenta.

Y por último les digo, lo que sucedió en esta Cámara de Diputados hace 10 días, donde no pudimos sesionar y donde de forma muy prudente la mayoría de esta Cámara decidió posponer la discusión de este dictamen, que ni siquiera a ustedes les gustó, por lo menos hubiera encontrado en ustedes algo de solidaridad, pero ustedes ni siquiera son solidarios con sus iguales, por eso están pagando el precio. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Con fundamento en el artículo 120 del Reglamento, ha presentado moción para alusiones personales el señor diputado Ricardo Monreal Ávila. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.

Señoras y señores legisladores, se solicita seriedad y atención respetuosa al orador. Lo haré de la misma forma con todos ustedes. Prosiga el orador.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadanos legisladores, no me preocupa, en ningún momento me ha preocupado que lambiscones del poder vengan a agredirme, estoy acostumbrado a eso. Ellos quisieran que uno se comporte como ellos, como bufones, como bufones del poder; nosotros no. Somos opositores, aunque les duela.

La diputada Ma Elena Cano Ayala (desde la curul): Presidente.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Le contesto a la diputada. A ver, presidente, ¿me está interrogando?

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No me ha pedido la palabra. Continúe el orador.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, está interrogando.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Ma Elena Cano Ayala(desde la curul): Solo digo que el presidente de la Mesa Directiva pida respeto para el resto de la asamblea.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continúe el orador.

La diputada Ma Elena Cano Ayala (desde la curul): No insultos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Miren, en una asamblea hay posiciones, yo las asumo, yo las asumo. Uno de los derechos que me consagra la Constitución es que nadie puede reconvenirme en mis opiniones, por eso estoy aquí.

Le pido presidente, que no me interrumpan. Siempre los escucho con respeto, a pesar de que no les guste mi oratoria. Ése es su problema. Si no le gusta renuncie, que venga su suplente.

¿Creen que estos fascistas de derecha verde me van a asustar? ¿De veras creen eso? Cuando han sido comparsa de todas las tribulaciones, de todas las crisis que este país tiene. ¿Creen ustedes que me asusten estos mentirosos? ¿Creen ustedes que acaso este señor me va a condicionar o me va a situar, según él, cada vez que hable va a subir? Me alegra porque así haremos debates importantes, porque hasta ahora lo he escuchado. No sé de dónde se ofende. Los que se deben de ofender son los maestros y las maestras, porque ustedes de manera perversa, de manera subrepticia, como vulgares ladrones, están sesionando para lastimar a los maestros.

¿Quieren propuestas? Las tenemos, pero nos dan tres minutos, cinco minutos. Quieren una. Presidente, solo le pido me dé tiempo. Se las voy a decir –varias propuestas.

Primero. Es una normatividad retroactiva en contra de quienes lograron y quienes han logrado actualmente la educación básica y media superior. Contradice el artículo 14 constitucional que a la letra dice: Ningún mexicano o ciudadano, a ninguno se le puede aplicar una norma para efectos retroactivos en caso de que se le perjudique. Ésa es una propuesta concreta.

La segunda. Se pierden derechos laborales adquiridos durante cinco décadas por los maestros.

Otra propuesta. Se desconoce la calidad de trabajadores de base. Parte precisamente de los profesionales de la educación al convertirlos en sujetos administrativos.

Cuarta propuesta. Se otorga a la SEP facultades superiores por encima de la soberanía de los estados de la República y puede determinar lineamientos administrativos de los maestros con plazas estatales.

Otra propuesta. Permite a la SEP imponer lineamientos generales en la prestación del servicio de asistencia técnica a la escuela en la educación básica. En el artículo 10, fracción VII establece eso. Y también permitirá al INEE, al Instituto Nacional, imponer y autorizar, por encima de la soberanía del Estado, lineamientos de todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados para evaluación de los temas académicos y administrativos.

Otra propuesta. El INEE queda autorizado para imponer los procesos de evaluación para los cuatro temas que corresponde calificar a las autoridades educativas y a los organismos descentralizados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Concluya, señor diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Presidente, le pedí una ampliación de tiempo para decirles que sí tenemos propuestas. Miren, no sean intolerantes. En una asamblea como ésta, acepto...

El diputado Mauricio Sahui Rivero (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Mauricio Sahui Rivero(desde la curul): Señor presidente, con el único objeto de pedirle a usted respetuosamente haga valer el artículo 8, numeral 1, fracciones III, IV y V de nuestro propio Reglamento, en el que se aclara perfectamente que quien se dirija a esta asamblea debe hacerlo con respeto y cortesía, en respeto de todos los asambleístas que estamos aquí presentes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sus palabras han quedado consignadas en el Diario de los Debates. Continúe el orador y concluya.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Gracias, presidente. Luego entonces, estoy hablando por alusiones personales, por esa razón, presidente, es una asamblea febril, es una asamblea demasiado mecánica, no representan a nadie y por eso no les tengo temor ni les tengo ningún respeto. Y les voy a decir porqué. Porque siempre que subo se la pasan gritando desde el anonimato, se la pasan insultando, se la pasan chiflando, se la pasan gritando de manera escandalosa. Eso los sitúa en la etapa del pithecanthropus (antropopiteco).

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Concluya, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Son el pithecanthropus pekinensis de la política, es la barbarie. Ustedes representan la barbarie, la involución, la regresión. No son capaces de ni de escuchar, no son capaces de ser tolerantes, no son capaces de aceptar la crítica. Ustedes cómodamente están afectando a millones de maestros, de trabajadores,...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Concluya señor diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:... a millones de personas que están indignadas e indignados por su actitud.

Por eso les digo que prefiero —con esto concluyo, presidente— ser opositor, aunque me llamen intransigente, a ser un lambiscón, a ser un adulador, a ser un simple bufón del poder.

Nosotros no queremos mendrugos de poder ni fajos de dinero, nosotros luchamos por convicción, por ideales, por principios, y nunca reconoceremos a este régimen de oprobio, de corrupción...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Concluya, señor diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:... en la que ustedes participan. Concluyo, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra en lo general.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Miente quien afirma que no tenemos razones suficientes para votar en contra este dictamen. Entre objeciones señalamos las siguientes:

Primera. El proyecto impone al personal docente responsabilidades desmedidas, convirtiéndolo en el único responsable de las deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, encubriendo la importancia de otros factores ajenos al personal docente que corresponden al propio Estado, como por ejemplo el otorgamiento de infraestructuras, material bibliográfico, el adecuado diseño de planes de estudio, entre otros.

Esta idea de culpar al profesor o profesora de todos los males se realiza con la clara intención de convertirlo en el chivo expiatorio de todas las limitaciones del proceso educativo.

Ello es contrario a los análisis que en esta materia han realizado diversos especialistas que subrayan que una parte sustantiva de este proceso no depende del profesor.

Segundo. La iniciativa habla de evaluación como un mecanismo mágico para garantizar la calidad educativa. Pero, ¿quién va a ser quien va a realizar esta evaluación? No será el Instituto Nacional de Educación y Evaluación quien aplique las evaluaciones, éste solo se limitará a fijar líneas de carácter muy general, serán los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública en el ámbito federal y los correspondientes en los estados, el DF y los municipios los facultados para desahogar y decidir aspectos que deberían ser propios de personal calificado. La ley pone en manos de autoridades burocráticas el futuro de la educación y el trabajo de miles de maestros en nuestro país. Nunca nos dicen quién será quien evalúe a los evaluadores.

Tercera. El proyecto incurre en errores técnico-jurídicos fundamentales en la definición de conceptos como la permanencia y definitividad, que no corresponden a los establecidos ya en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, errores realizados con evidente dolo para incrementar la discrecionalidad en el despido del personal docente, aún por razones ajenas a la responsabilidad educativa.

Interpreta de manera equívoca elementos clave relacionados con la estabilidad laboral. Suprime la garantía de audiencia, tanto a nivel del propio personal docente como del sindicato, contrario a las reglas que han sido ya reconocidas por la Constitución, la ley burocrática y la jurisprudencia.

Basta observar el monstruoso artículo 74, que señala que el incumplimiento de un conjunto de obligaciones establecidas en ocho fracciones del artículo 69 dará lugar al cese fulminante del profesor o profesora, sin necesidad de resolución previa del tribunal laboral competente.

Para llevar a cabo este despido no se garantiza el derecho de defensa y debido proceso que un Estado de derecho tiene por sí mismo y establecido en la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, excluye la participación sindical, lo cual deja en total estado de indefensión a los maestros y viola los principios de libertad de asociación.

Debe quedar claro que no estamos proponiendo la intervención del sindicato en la materia educativa, pero sí preservando el legítimo papel de representación en el espacio laboral que le es propio a cualquier sindicato en el mundo entero.

Cuarta. El proyecto propone el despido sin garantía como una solución instantánea a las deficiencias del modelo educativo. Para ello confunde conceptos como sanción laboral y terminación de los efectos del nombramiento. El primero tiene carácter correctivo y el segundo disuelve el vínculo laboral. Ello contraviene disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de cese y genera un escenario de indefensión que no está orientado al desempeño eficaz.

Se cree indebidamente que facilitando su despido vamos a lograr una mejora automática. Ésta es una tesis totalmente equivocada. La indefensión laboral no es garantía de calidad, reconozcámoslo. Ha sido demasiado atrabancado este proceso. No se ha permitido la discusión de esta ley reglamentaria. Se han burlado de los maestros haciéndoles creer que hay posibilidades de un diálogo, y la muestra está aquí. Estamos aquí a las ocho de la noche imponiéndose esta discusión para sacar la ley a toda costa.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros que tanto reclaman respeto, reclamamos una discusión más amplia y serena de esta ley fundamental, retomar el papel de las instancias especializadas, revisar los riesgos de otorgar a la burocracia —no necesariamente calificada— facultades para poder calificarlos y reconocer el carácter multifactorial que generan las deficiencias del modelo.

Superar de una vez por todas las tesis de que reduciendo la estabilidad laboral y facilitando el despido, se van a lograr mejoras a la eficacia.

Podemos estar totalmente de acuerdo –y concluyo, presidente— en la necesidad de modificar el modelo educativo y evaluar el comportamiento de sus actores y de todo el proceso; sin embargo, estos fines no se van a lograr con una ley reglamentaria diseñada bajo premisas equivocadas y acoso laboral a las y los maestros. Esta ley no es ni se acerca a la solución que este país necesita para mejorar la calidad educativa. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor en lo general el señor diputado Roy Argel Gómez Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Roy Argel Gómez Olguín:Con su permiso, señor presidente. Buenas noches a todos, compañeras y compañeros, el tema que hoy nos ocupa es de la mayor urgencia e importancia. Cumplir el plazo que se agotó el pasado 26 de agosto, completar la reforma educativa que fue aprobada por ambas Cámaras y por una gran mayoría de los Congresos locales.

Existe voluntad, existe tolerancia, paciencia y apertura al diálogo por parte de esta Cámara de Diputados, buscando siempre la generación de propuestas en beneficio de la educación, en beneficio de México.

El dictamen se sustenta en postulados eminentemente educativos, tales como el cumplimiento de la obligación atribuida al Estado, todo en el sentido de garantizar la calidad educativa y el aseguramiento de la idoneidad del personal docente, y en funciones de dirección y supervisión para obtener el máximo logro del aprendizaje de los educandos, de las niñas, de los niños, de nuestros adolescentes.

En el dictamen que se presenta se atiende el reclamo histórico de los maestros trabajadores para ser reconocidos en función de sus méritos y ser evaluados bajo los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.

El dictamen conlleva una profunda modificación de las bases y procedimientos conforme a los cuales se realiza el desarrollo profesional del personal docente y con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior, además de sus organismos descentralizados, así como en los criterios, términos y condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. La evaluación realizada sobre las bases justas, objetivas y transparentes es una parte central de esta transformación.

Que quede claro, estamos cumpliendo con un mandato legal que establece textualmente: los asuntos materia del periodo extraordinario que no se hubieran agotado deberán ser listados en el siguiente periodo de sesiones ordinarias. Artículo 37, numeral 5, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Estamos cumpliendo con un mandato legal.

Amigas y amigos diputados, estamos a favor de concluir la reforma educativa, es ahora o permanecer secuestrados para siempre. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Para hablar en contra en lo general tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, diputadas y diputados. En el tema de estas discusiones por supuesto que se apasiona uno, porque está obligado a hacerlo. Pero quizá para algunos algunas frases no son pertinentes. Pero pudiera solicitar en un momento dado que se retirara de la versión estenográfica el comentario que hice, siempre y cuando emplazara a estos dos funcionarios el día de mañana y nos hicieran un examen de historia a los tres, y si ellos dos me ganan me adjudico ese término. Los emplazo mañana, ahí díganles a sus jefes. Pongan lugar y hora para el examen de historia. Voy a pedir, señor presidente, que de acuerdo al artículo 114 del Reglamento, se lea de acuerdo a la moción de ilustración el artículo 177, por favor.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría en los términos en que ha sido solicitado por el orador.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículo 177, numeral 3. El presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote. Tratándose de una iniciativa preferente se deberá circular con un mínimo de 24 horas previas a su discusión y votación.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con esto queda claro que con ese famoso adéndum, que es otro invento de esta Legislatura, por supuesto que no se cumple con lo que refiere el Reglamento. Digo, para aquellos que quieren darle un tinte legaloide y de decir que se cumplen la formalidades. Totalmente falso.

Igual voy a solicitarle, señor presidente, de que con fundamento en el mismo artículo se dé lectura al contenido del dictamen, en su artículo 53.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: La moción es procedente, haga favor la Secretaría de leer el artículo citado.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En los casos de que no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continúe el orador.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Es un botón de muestra, nada más, para decir efectivamente cómo se va a afectar a los maestros mexicanos en el país.

Y es totalmente falso ese sindicato, el SNTE ya no existe, ya no defiende a nadie. Miren, los maestros, efectivamente, se van a defender en su momento, ¿qué sentido va a tener pertenecer a un sindicato que no los defiende? Van a ver ustedes en el futuro esto que viene.

El día de hoy estamos viviendo algo histórico, pero regresivo. El 10 de octubre de 1913, un dictador autoritario, Victoriano Huerta, disolvió el Congreso mexicano en aquel entonces.

En estos momentos también Peña Nieto ha disuelto al Congreso mexicano, derivado de que en este Congreso no tomamos decisiones, las decisiones las toman allá afuera y entonces si no se tiene dignidad, si no se tiene capacidad para defender al Congreso, ¿qué estamos haciendo aquí, compañeras y compañeros? Les salen muy caros ustedes a la nación, deberían de tener dignidad y deberían de renunciar.

Estamos obligados a defender la integridad del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Esa facultad que nos dieron a nosotros los electores debemos de ejercerla. ¿A quién le conviene tener un Congreso débil? Precisamente al Ejecutivo.

Entonces, hay que hacer un esfuerzo por cumplir cabalmente aquello a lo cual nosotros dijimos que íbamos a respetar, que son las leyes de nuestro país. El Pacto por México, que por cierto algunos líderes de la izquierda firmaron, pero que la gran mayoría de la izquierda no está de acuerdo en ese sentido, viene a sustituir y viene a darle un golpe técnico realmente al Congreso y está disuelto en la práctica el Congreso mexicano, por esas decisiones que se toman ahí en el Pacto por México.

Y decirles, amigos y amigas, que se calmen, ustedes quisieron tener esta sesión, tengan tranquilidad. Miren el estado de cosas en nuestro país, por supuesto que tiene que modificarse.

Efectivamente, no solo los maestros, sino con este tipo de reformas que ustedes de manera cínica vienen a defender acá y vienen a tratar de engañar a la ciudadanía y tratar de utilizar esos sicarios que tienen en los medios de información, como López-Dóriga, entonces esos sicarios no les van a servir en el futuro.

Ustedes pretenden continuar en el poder después del 18. No va a ser así. La sociedad mexicana los va a sacar en el 2018. Gracias, diputados y diputadas.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se ha registrado para hablar a favor en lo general el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Dijimos que si regresaba el PRI retornaría Santa Anna, que el país se iría al despeñadero.

Miren, hice un recorrido en cuatro días con un gran líder nacional por Veracruz y vimos un pueblo movilizado en apoyo a los maestros. Su campaña fascistoide no les funcionó. La gente reconoce, ya no que no se trabaja por los diputados, que cobran  mucho, que no producen, que son parásitos. Ya el régimen se pudrió, es lo que tienen ustedes que entender. Ya está podrido este régimen. Ustedes lo han hecho así.

La gente está clara, la gente cuando escucha a Peña Nieto dicen: traidorzuelo, dicen: mentiroso. La gente está enojada, porque ¿saben qué? Miren, los maestros son lo mejor de la patria. Ustedes no se acuerdan de sus maestros seguramente porque a lo mejor ni a la primaria fueron, pero yo les puedo decir que en mi caso, la maestra Paz, Consuelo eran lo mejor, lo que aprendimos en las primarias es gracias a ellos y no son delincuentes. Si a esas vamos, delincuente Salinas. No se hagan patos. Peña Nieto mismo. Ahí sí hay delincuencia organizada.

Miren, él es el responsable de esto. Ustedes —la verdad— nada más hacen lo que les dicen. Lo vemos inclusive con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que seguramente Manlio lo promovió, le da la instrucción y en lugar de salir a promover la unidad sale a decir que repriman a los maestros. Miren nada más qué valiente presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Esto no es reforma educativa y ustedes lo saben. Si lo fuera no habría 300 mil jóvenes excluidos ahorita. Eso es uno de los logros de Peña Nieto, entre otras virtudes que tiene el señor.

Obviamente lo que están haciendo es una reforma laboral-administrativa que perjudica a los maestros. Ellos se van a defender, como todo el pueblo de México se va a defender de lo que ustedes están intentando hacer.

Ahora, con lo de la reforma energética, como ya lo anuncian algunos de ustedes, la gente no se va a dejar.

Y también culmino. Deberían aprovechar la experiencia. Miren, Manlio también lo sabe, porque él desaforó a Andrés Manuel para sacarlo de las boletas, ¿y qué creen? Una gran movilización nacional compitió, ganó, y vino el otro con el 0.56 a la trampa. Ahí seguimos luchando, no importa.

En esta patria vemos mexicanos valiosos, como los maestros, y no todos son como los delincuentes que están en muchas de las posiciones, incluida la misma Presidencia de la República. No se hagan pactos, véanlo, está en Youtube. No se hagan pactos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la señora diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra en lo general.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Buenas noches, pueblo de México, diputadas y diputados de esta honorable LXII Legislatura. Y espero que tengan la paciencia y la oportunidad de escuchar, y estar cuando menos como estuvieron en la sesión de instalación donde se escuchó.

Sé de antemano que el tiempo no será suficiente, pero quiero hacer un llamado a la tolerancia de parte de ustedes. Se molestan, se incomodan, se desesperan y además, en días pasados han usado descalificativos hacia el magisterio de nuestro país.

Creo que no se ha leído debidamente el significado de lo que significa vándalos. Este país desde los años 80 asumió el mandato del Reino Unido y de Estados Unidos de América con la intención de lograr el objetivo de llevar a México a una potencia mundial. ¿El resultado? Obvio que no fue así.

Sin embargo, los gobiernos mexicanos asumieron con dogma ese mandato y ahorita continúan en esa misma posición. A todas luces ha sido fracaso. Y no lo dice Socorro Ceseñas ni el PRD ni la izquierda, lo dicen quienes fueron asesores en ese modelo neoliberal, ganador de Premio Nobel, y ustedes saben que me refiero a Stiglitz.

¿Qué pasa ahorita en el siglo XXI? ¿No es esta Cámara la que decide la estrategia neoliberal seguida como dogma por los gobiernos mexicanos? Continúan con su estrategia. Ahora lo más grave y vergonzoso es corrompiendo a una parte del PRD, sumándola en el Pacto por México. Allá es donde deciden lo que debe de hacerse en esta Legislatura y eso es una vergüenza.

Ustedes y yo hicimos nuestra campaña, hicimos compromisos para ser representantes populares. Decir aquí: no la particularidad, ni el mandato de Peña Nieto. Si Peña Nieto considera a la educación como debe de ser, un derecho humano y social, debe de rectificar esta Ley Reglamentaria del Servicio Profesional Docente, violenta el artículo 123 de nuestra Constitución, el 14 y otros más ya han sido referidos en esta tribuna.

Es lamentable, compañeras y compañeros, que no interpreten debidamente que vándalo han sido los gobiernos mexicanos que han destruido nuestra nación y siguen pretendiendo entregarla con sus privatizaciones y en este momento con la reforma educativa privatizar la educación.

No importa que no escuches y que reclames el tiempo, el pueblo de México sí escucha. Esos sí son los que están destruyendo nuestro país, entregan nuestras riquezas, nuestros energéticos, nuestros recursos naturales. No es posible que en un país tan rico con su gente, con sus recursos, tierras y litorales existan niñas y niños que lleguen a las aulas con el estomago vacio.

No es posible que un México tan querido, respetado y anhelado por otras potencias del mundo esté en las condiciones que está. Hay agresión a los derechos laborales y mienten quienes dicen que el magisterio no tiene propuesta. La reforma educativa debiera de haber tenido de propuesta un nuevo modelo educativo.

Compañero diputado presidente, un nuevo modelo educativo donde realmente...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señoras y señores legisladores, les pido orden y a la oradora que concluya.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:... se consideren los principios rectores de una educación pública, que México necesita demanda y deben de responder. Es cuanto y nuestro voto es en contra. Viva el magisterio democrático de este país. Gracias por su atención.

Defiendan a las normales. Se tendrá que reformar el artículo 73. Su fracción XXV no contempla las escuelas formadoras de docentes.

No te aludo, debate, anótate.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado, tiene usted también todo mi respeto, no fue usted aludido.

Tiene el uso de la palabra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el señor diputado Miguel Ángel Aguayo López.

El diputado Miguel Ángel Aguayo López:Con su venia, señor presidente. Muy buenas noches, compañeros diputados y diputadas. Hago uso de esta alta tribuna con conocimiento de causa, pues he participado en las discusiones, en el análisis y en el dictamen desde la Comisión de Educación, así como en las pláticas que tuvimos por compromiso de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Por lo tanto, les digo que la presente ley busca establecer los criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio de los docentes delimitando las atribuciones en la materia del Instituto Nacional para la Evaluación de las Educación, de las autoridades educativas locales, de los organismos descentralizados y de la Secretaría de Educación Pública.

La iniciativa se sustenta en postulados eminentemente educativos, tales como el cumplimiento de la obligación atribuida al Estado, en el sentido de garantizar la calidad de la educación y el aseguramiento de la idoneidad del personal docente y con funciones de dirección y supervisión para obtener el máximo logro en el aprendizaje de los educandos.

Con este proyecto se pretende realizar un gran esfuerzo de evaluación interna que la iniciativa prevé, la cual debe guardar coherencia con las evaluaciones que han de practicarse al conjunto de escuelas y a todos los componentes del sistema educativo nacional previstos por la Ley General de Educación.

De esta manera se evitarán esfuerzos fragmentados y se asegurará la armonía del conjunto de los procesos de evaluación en el marco del sistema nacional de evaluación educativa.

En las disposiciones de esta iniciativa se reconoce en los perfiles, parámetros e indicadores los diferentes contextos regionales, culturales y de desarrollo socioeconómico en los docentes que tienen que desempeñar su labor, materializándose como un derecho de los mismos.

Como se podrá advertir, la Ley General del Servicio Profesional Docente busca la profesionalización de los maestros a través de la capacitación y actualización constante en su formación y desarrollo, respetando siempre sus derechos laborales, conforme lo establece el artículo 3o. de la Constitución, en su fracción III. Quien diga lo contrario, miente.

Se establece el pleno respeto de los derechos constitucionales de los trabajadores. La nueva Ley General del Servicio Profesional Docente que se somete a proceso de discusión de este honorable pleno es clara y respetuosa de sus derechos, pues en ningún momento ha establecido el despido para los trabajadores que ya se encuentran en servicio. Es respetuosa de los derechos laborales del personal docente.

Las nuevas legislaciones en materia educativa tienen un fin común: la calidad de la educación.

La reforma a la Constitución y las leyes secundarias buscan y promueven una educación integral basada en cinco principios: la educación es pública, que sea de calidad, la educación es gratuita, es laica y la rectoría educativa le corresponde al Estado.

De estas demandas y propuestas que son producto del diálogo, que ha sido convocado por las Juntas de Coordinación Política, por los trabajadores de la CNTE, fuimos muy respetuosos y abiertos al diálogo, a escuchar sus opiniones, a recibir sus propuestas. Estas propuestas se encuentran ahora incluidas en el paquete desde el anexo que hizo el compañero presidente de la Comisión de Educación.

Las maestras y maestros mexicanos, los miles y miles de maestras y maestros que están trabajando en las aulas hoy tienen nuestro reconocimiento. Ellos son y serán el futuro de la reforma educativa. Con ellos vamos. Ninguna conquista sin los maestros de México. A todos ellos les decimos que el diálogo está abierto para seguir construyendo la agenda que el país necesita.

Es por nuestros niños, es por el futuro del país, es por las maestras y maestros mexicanos, es por México. Es cuanto y vamos a votar.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Debo informar a la asamblea, con fundamento en el artículo 104 del Reglamento, que aún estarían anotados para hablar en contra el señor diputado Uriel Flores Aguayo, y para hablar a favor el señor diputado Juan Bueno Torio, la diputada Ruth Zavaleta, y la diputada Purificación Carpinteyro.

Consulte la Secretaría, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido...

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, una pregunta, una moción.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: ¿Con qué objeto, diputado Monreal?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul) Esos oradores, presidente, ¿todos son a favor?

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El señor diputado Uriel Flores Aguayo estaría registrado en contra, hay tres oradores a favor. Debo preguntar, con fundamento en el 104, si se considera o no el asunto suficientemente discutido. Diputado Monreal, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Le solicito me inscriba en contra también.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se inscribe también en contra el diputado Monreal.

Anoto también al diputado Mejía y al diputado Huerta. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión diversos artículos. Proceda la Secretaría a leer los artículos que han sido reservados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Artículo 1, párrafo quinto, diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo, del PT. Artículo 1, adición de un párrafo último, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD. Artículo 3, diputado Víctor Nájera Medina, PRD. Artículo 3, diputada Roxana Luna, PRD. Artículo 4, fracción XVII, inciso c), diputada Roxana Luna, del PRD.

Artículo 4, fracción XVII, inciso c), diputado Víctor Nájera Medina, PRD. Artículo 4, fracciones XVII, XIX y XXV, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD. Artículo 5, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD. Artículo 7, fracciones IV, V, VI, VII, IX, XV, XXI y XXII y adición de un último párrafo, diputado Carlos de Jesús Alejandro, PRD. Artículo 8, fracción I, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, Movimiento Ciudadano. Artículo 8, fracciones I y XVII y adición de un último párrafo, diputado Carlos de Jesús Alejandro, PRD. Artículo 9, fracción II, diputado Juan Ignacio Samperio, de Movimiento Ciudadano.

Artículo 13, fracción VII, diputada María del Carmen Martínez, PT. Artículo 13, fracción VIII, diputada Rosa Elia Romero Guzmán, PT. Artículo 22, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD. Artículo 22, primer párrafo, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, Movimiento Ciudadano. Artículo 22, quinto párrafo, diputado Juan Luis Martínez Martínez, Movimiento Ciudadano.

Artículo 23, fracción I, diputado José Antonio Hurtado Gallegos, Movimiento Ciudadano. Artículo 53, párrafos primero, tercero y cuarto, diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, PRD. Artículo 68, fracción III, diputada Zuleyma Huidobro González, Movimiento Ciudadano. Artículo 76, diputado Francisco Coronato Rodríguez, Movimiento Ciudadano. Artículo 83, diputada Roxana Luna, del PRD. Artículo 83, diputado Víctor Raymundo Nájera Medina, PRD. Artículo 83, diputada Loretta Ortiz, PT.

Artículo Octavo transitorio, diputada Luisa María Alcalde Luján, Movimiento Ciudadano. Artículo Octavo transitorio, diputado Silvano Blanco Deaquino, PRD. Artículo Décimo octavo transitorio, diputado José Luis Valle Magaña, Movimiento Ciudadano.

Adición de un artículo Vigésimo tercero transitorio, diputado Héctor Hugo Robledo Gordillo, PT. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, señor secretario. Se procede a recabar la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos. Proceda la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el señor diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva al artículo 1, párrafo quinto del dictamen.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, con base a los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta Cámara del Honorable Congreso de la Unión la siguiente reserva a los artículos transitorios a la Ley General del Servicio Profesional Docente, consistente en adicionar un artículo Vigésimo tercero, que se propone para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito.

En virtud de que las necesidades presupuestarias que originan... Perdón, me equivoqué. Es el artículo 1, es una adición al artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional Docente, que pongo a la consideración de esta asamblea, en el sentido de que se adicione un párrafo en el sentido de que se tome en consideración que los trabajadores al servicio docente queden bajo el artículo 123, apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Roblero.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Roblero Gordillo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se rechaza. Queda en sus términos. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Silvano Blanco, para presentar su propuesta de adición de un párrafo último a este mismo primer artículo.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de las compañeras diputadas, compañeros diputados. Creo que bien valdría la pena tomarle la palabra aquí a nuestros diputados del PRI, que han estado subiendo insistentemente a decir que ustedes también defienden a los maestros del país. Hay coincidencia en ese sentido.

Y esta contrarreforma laboral docente lógicamente que si afecta a los trabajadores mexicanos, a los maestros, ustedes no votarían en contra de eso, que es una contrarreforma laboral docente que efectivamente garantiza los derechos de los maestros en nuestro país.

Ese falso debate de que quien está en contra de la reforma educativa está en contra de la niñez y de la calidad de la educación en nuestro país, es totalmente falso. Los medios de comunicación lo utilizan de manera adecuada, como lo deben de utilizar, así como decía aquel comunicólogo nazi, Goebbels: después de decir más de mil veces una mentira, se transforma en verdad.

Y es cierto. Esa miseria en la cual ustedes tienen metido el pueblo mexicano, donde hay más de 53 millones de mexicanos en la pobreza, a veces sí le creen a esos sicarios de la información y desvirtúan lo que hay en nuestro país.

Para ustedes todo está muy bien. En este sentido reitero que si ustedes realmente están para defender los derechos de los maestros mexicanos, van a votar a favor de la propuesta que voy a hacer.

Esto dice así. Es una adición al artículo 1o. constitucional, dice: el servicio profesional docente deberá respetar en todo momento los derechos previstos en el apartado B del artículo 123 constitucional, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentado en el apartado B.

Entonces, en ese sentido esa pequeña reserva, en la cual se van a respetar los derechos de los trabajadores del artículo 123 constitucional, que consagra el apartado B, van a votar a favor conmigo. ¿Sí o no? Claro que sí, son defensores de la legalidad y como no trastoca los derechos de los trabajadores, ustedes van a votar a favor de esta propuesta. Muchas gracias, diputados y diputadas.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Silvano Deaquino. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se rechaza, queda en sus términos. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Víctor Reymundo Nájera Medina, del PRD, para presentar su propuesta de modificación al artículo 3 de la ley.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina: Con el permiso de la Mesa Directiva, dado que las tres reservas que presento son de alguna forma vinculatorias, si no tiene ningún inconveniente me gustaría de una vez seguirme de corrido.

El Presidente diputado José González Morfín: Puede presentar las tres, diputado.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina: Gracias. Me hubiera gustado que el presidente de la Comisión de Educación, que por cierto es de mi partido político, nos hubiese deslindado a todos los integrantes de la Junta Directiva de la comisión, porque aunque no firmamos pero se nos incluye en el texto.

Hubiera sido mucho más correcto mantener la redacción introductoria, donde se señala con claridad de que la presenta un grupo de diputados, pero al final hace alusión a los integrantes de la Junta Directiva, situación que jamás —como lo establece el Reglamento y como se ha dicho reiteradamente— fue discutido ese famoso adéndum al interior de la Junta Directiva, como lo señala el Reglamento del Congreso. Sería decir que los agregados que se han hecho no sirven de nada.

Es cierto que el dictamen que presentan diputados del PRI, del PAN y del Verde sufre agregados. Ése es el famoso adéndum. Pero también hay que reconocer que esto se da gracias a la presión que el magisterio democrático del país hace en el periodo extraordinario.

Esto no se da por la benevolencia de algunos diputados, se da porque el magisterio nacional se moviliza y porque sus demandas son legítimas. Y porque una parte de la izquierda de este país se iba a convertir en cómplice, de manera muy directa y cínica, de haber votado de esa manera el dictamen, como se proponía.

Afortunadamente, en el Pacto —porque finalmente ahí se elaboró— también les sacudió la idea de que un dirigente de la izquierda de un partido político nacional no podía dejar un dictamen tal y como se le presentaba. Y de alguna manera se maquilla ese dictamen, pero el problema central subsiste. El problema central, finalmente, radica en que no se respeta el pleno derecho de los trabajadores al servicio de la educación en este dictamen, aunque se diga lo contrario.

Por eso es, compañeras y compañeros diputados, que ojalá en un acto de contrición votaran a favor de la propuesta que su servidor hace.

Agregamos un párrafo segundo al artículo 3, que dice de la siguiente manera: Los derechos laborales de los sujetos a que se refiere el párrafo anterior se regirán por lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias en materia de trabajo y seguridad social, así como otras disposiciones aplicables.

Si es cierto —como aquí se argumenta— de que están a favor de los derechos laborales, como lo establece la reforma al artículo 3, hubiera sido mejor que de manera muy explícita en esta parte se señale para no dejar en tela de juicio las buenas intenciones de los partidos o grupos parlamentarios que están a favor de los derechos laborales.

También de esta manera hubiese sido mucho mejor que de manera explícita en el inciso c) del artículo 4 se defina con precisión la seguridad laboral de los trabajadores, al tener su nombramiento definitivo.

Y dice así: Definitivo es el nombramiento de base que se da por tiempo indeterminado en términos de la legislación laboral.

Pero si esto no fuese posible, modificar el artículo 3, agregando el segundo párrafo, bien creo que podríamos hacerlo en el artículo 83, agregando lo siguiente.

Dice el artículo 83: Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirán por lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias en materia de trabajo y seguridad social, así como otras disposiciones aplicables.

Y no como se señala en la propuesta de dictamen que se hace, salvo lo que diga esta ley. Dice sí, pero no. Entonces, compañeras diputadas y compañeros diputados, de verdad ojalá y voten a favor de estas propuestas que les estamos haciendo por el bien del magisterio democrático nacional.

Aprovecho para decirles a los grupos parlamentarios que lo mejor que pueden hacer, cuando menos, es salvaguardar la seguridad de los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque se está corriendo la versión de que los van a desalojar una vez que termine esta sesión. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas que ha presentado el diputado Víctor Reymundo Nájera a los artículos 3, 4 y 83.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se rechazan. Queda en sus términos. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar su reserva al artículo 3, y si también deseara presentar la del 4 y la del 83 conjuntamente, lo podrá hacer.

La diputada Roxana Luna Porquillo: Gracias, señor presidente. Solo voy a presentar la del artículo 3. El PRD siempre ha mantenido la posición de estar contra el régimen de excepción; es decir, con excluir. Y más cuando se habla de los derechos laborales, es una lucha que hemos venido dando.

Hoy nos encontramos ante la Ley del Servicio Profesional Docente, en la que el artículo 3 excluye a los maestros de los derechos laborales. Este artículo se vuelve clave en esta reforma. No se puede interpretar de dos maneras y no puede quedar incierto, ya que es necesario que se establezca que todo lo laboral debe regularlo como lo establece el artículo 123 constitucional.

Actualmente se propone para los trabajadores de la educación un régimen distinto al artículo 123, apartado B. Un ejemplo de cómo se exhibe la incongruencia de esta propuesta es cómo una disposición semejante existe para otros trabajadores. Pero ello solo es válido porque se realizó en una reforma constitucional. De esta forma el artículo 123, apartado B, de la fracción XIII, señala que los militares, marinos, miembros de seguridad pública y personal del servicio exterior se regirán por sus propias leyes.

Otro caso que se evidencia que la definición de la permanencia no equivale a la pérdida de los derechos constitucionales, éste está en el artículo 3o., fracción VII de la Constitución, cuando se hace alusión a las universidades y demás instituciones de la educación, sin excluir ni diferenciar los derechos laborales.

Contrario a esta lógica, en el dictamen se señala en su artículo 3: Son sujetos de servicio que regula esta ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnicos pedagógicos en la educación básica media superior que imparte el Estado.

Por lo que se propone incluir en esta propuesta que ha mantenido nuestro partido en el sentido de establecer que este artículo se regirá por el artículo 123 constitucional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se rechaza. Queda en sus términos. Ahora la diputada Luna Porquillo presentará su propuesta de modificación al artículo 4, fracción XVII, inciso c).

La diputada Roxana Luna Porquillo: En el artículo 4 de la ley en mención, se establece el nombramiento de base que se da por tiempo indeterminado. Es importante que en estas definiciones de una ley deban de ser muy claras y precisas para que puedan tener aplicación.

En el artículo 4 se propone una referencia, que al referirse a este concepto definitivo lo hace de forma imprecisa, al remitirlo a los términos de la ley y de la legislación laboral. Nosotros proponemos que se haga solo referencia a la legislación laboral y que se omita en los términos de la legislación de la presente, que así lo establece la reforma. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se desecha. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Silvano Blanco Deaquino, para presentar su propuesta de modificación al artículo 4, fracciones XVII, XIX y XXV, y si quiere presentar también la del artículo 5, de todos modos sigue usted en la lista, diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con el permiso de las diputadas y diputados. Aquí el tema es que al final de cuentas, no solamente en el pleno, sino quizá a la poca gente que tiene oportunidad de ver el desarrollo de las sesiones y, sobre todo, insisto en el tema de los maestros. Ellos son los que están ahorita al pendiente de qué está pasando en esta sesión.

Aunque se sabe el cinismo y la demagogia que hay de quienes se suben y se rasgan las vestiduras diciendo que están a favor de los maestros y que van a defender los derechos de los mismos, pues los propios maestros saben precisamente que son falsos esos debates de quienes vienen a argumentar en ese sentido.

Dirán ustedes: estos amigos son muy tercos. Probablemente sí. Sabemos que van a votar en contra, pero nosotros sí tenemos dignidad, fíjense. Fuimos a la escuela. Nosotros sabemos que el Congreso mexicano se debe de respetar y en ese sentido no aceptamos esa disolución del Congreso que hizo Peña Nieto, en este periodo.

Pero vamos, en ese artículo, de manera muy precisa vamos a solicitar ahí un agregado, el cual dice en el artículo 4 de su fracción XIX, Permanencia en el servicio. Dice: La continuidad en el servicio educativo con pleno respeto a los derechos constitucionales—dicen ustedes coincidir con ese pleno respeto a esos derechos— incluidos los de carácter laboral previstos en el apartado B del artículo 123 constitucional y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del citado Artículo 123 Constitucional.

Igual en su fracción XVII dice: Nombramiento. Al regulado en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del Artículo 123 Constitucional que, por cierto, ustedes que conocen la historia, saben que ese artículo fue uno de los máximos logros de los más de un millón de mexicanos que murieron en la Revolución mexicana. Y como ustedes son herederos de esos logros de la Revolución mexicana, porque en su partido llevan inclusive ese sentir nacionalista que tienen ustedes –sobre todo la gente del PRI—sé que van a votar ahora sí a favor. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha. El diputado Silvano Blanco también presentará ahora su propuesta de modificación al artículo 5.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Amigos y amigas, ustedes quisieron el día de hoy obligarnos a tener esta sesión y ahora creo que están contentísimos en la sesión. Traigo tantas reservas, amigos, que.

Miren, creo que su presidente tiene razón. Recuerdan ustedes su propuesta de campaña, de su presidente que decía que iba a reducir la cantidad de diputados de 500 a 400 ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Creo que deberían de tomarle la palabra y no solo eso ustedes, los del PRI, que los reduzca a cero, hombre, que no haya diputados. ¿Para qué sirve este Congreso mexicano totalmente inhabilitado, sujeto nada más a las decisiones que toman allá estas gentes? Digo, le ahorrarían ustedes muchísimo dinero al país ¿no?

Creo que valdría la pena que se trabajara en ese sentido. Díganle a Peña Nieto: sabes qué, te vamos a ayudar, Peña, no solo van a ser 400, no va a haber un solo diputado, hombre, ¿sale?

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego, diputado, que presente su propuesta de modificación.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Digo, nos estamos divirtiendo, se trata de eso.

Decíamos, ya les dije, pónganme a sus dos funcionarios el día de mañana y si ellos me ganan el examen me pongo ese nombramiento que ustedes me dicen y si no, que ellos lo lleven en la parte de atrás toda su vida.

En el caso del artículo 5, debe decir, la propuesta es: En la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley se deberán de observar los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos, incluidos los de carácter laboral, como los de bilateralidad, estabilidad en el empleo y primacía de la realidad, así como los de seguridad social, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia.

Es decir, pues por supuesto, como hermosos defensores de los derechos de los mexicanos y de los trabajadores, sobre todo, ahora sí van a votar a favor de esta reserva. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se desecha, queda en sus términos. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos de Jesús Alejandro, para presentar su propuesta de modificación al artículo 7.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Gracias, señor presidente, con su permiso. Quiero comenzar diciendo que no estoy de acuerdo con el procedimiento legislativo y quiero manifestarles mi inconformidad por la discrecionalidad con que ha sido atendido el presente asunto que hoy han impuesto los órganos legislativos, porque está viciado de origen, ha violado el Reglamento, la Ley Orgánica del Congreso y la Constitución, porque no están todas las voces representadas ni las ideas jurídicas en este dictamen, lo cual a todas luces viola el principio de legalidad consagrado en la Constitución.

El análisis es muy sencillo: con la aprobación de la presente ley se le quita el control de los maestros al sindicato para que el gobierno federal ahora controle y neocorporativice a los maestros, sin sindicatos.

Nosotros no estamos en contra de la evaluación ni en aumentar la calidad de la educación en las escuelas mexicanas; por el contrario, queremos que la evaluación esté de acuerdo con la pertinencia cultural o los contextos socioculturales de esta nación.

El gobierno tiene que brindar la mejor educación del mundo, pero no lo va a lograr con este tipo de chicanadas. A esta tribuna han subido las diputadas y los diputados del PRI, del PAN, del Panal y del Partido Verde a dar solo justificaciones de la tiranía en la que estamos viviendo en este órgano legislativo. Pero demos algunas propuestas, porque luego dicen que los que somos críticos no presentamos propuestas. Y a ver si es cierto que las diputadas y los diputados no votan por consigna y apoyan la presente propuesta de modificación del dictamen.

Voy a abordar las dos reservas, presidente, y por ello voy a rogar un poco de comprensión y de tolerancia.

He reservado los artículos 7 y 8 de la Ley General del Servicio Profesional Docente para incorporar el tema de la seguridad laboral y de los derechos humanos para que formen parte de las atribuciones del instituto en materia de servicio profesional docente para la educación básica y media superior, así como en las atribuciones del ámbito de la educación básica correspondiente a las autoridades educativas locales, toda vez que los derechos humanos hoy están debidamente consagrados en el artículo 1o. constitucional, que además obliga a respetar los convenios y tratados internacionales que también en esta materia nuestro país ha suscrito en los órganos internacionales, sobre todo de Naciones Unidas.

Es inadmisible lo que sugiere el apartado noveno del artículo 7 de esta ley, que dice: Autorizar los instrumentos para la evaluación y los perfiles de los evaluadores.

No pueden los funcionarios unilateralmente decidir el tipo de evaluación y los mecanismos. En una sociedad verdaderamente democrática, la evaluación de los docentes es un proceso en el que intervienen todos los factores del proceso educativo y –diría yo– también todos los actores: maestros y padres de familia. ¿A qué horas fueron consultados los padres de familia?

De igual forma la elaboración de los instrumentos de evaluación deben estar fundados en la evaluación contextualizada, tal y como está estipulado en nuestra Constitución, que con la reforma del 2001 reconoció el carácter multicultural de esta nación.

Voy a recordarles, diputadas y diputados, qué establece el artículo 2o. constitucional. Reza que esta nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y, aún más, en su apartado B establece que la federación, los estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas, y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

En el magisterio, tanto en el magisterio oficial como en el magisterio democrático, tienen una alta composición de maestros del sistema de educación intercultural y bilingüe.

—Ruego tolerancia, presidente, estoy abordando las dos reservas para ahorrar tiempo.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro:En este sentido, también el apartado B establece, en su fracción II: Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica y la media superior y superior.

¿En qué parte de este dictamen? ¿En qué parte de este cuerpo del dictamen de esta ley está siquiera un solo renglón en materia de educación intercultural y bilingüe? Mucho menos se establece con claridad la evaluación de acuerdo a los contextos socioculturales de los pueblos indígenas y, en consecuencia, de los maestros indígenas y no indígenas.

En este sentido, señor presidente, es por ello que considero que es un error que se haga de referencia de manera explícita en esta ley, que la elaboración de los mecanismos de evaluación va a ser un tarea conjunta de todos los involucrados en el tema educativo, porque se corre el riesgo de que se haga un uso faccioso de elaboración y sea utilizado para castigar la disidencia magisterial, más que para dar verdaderos parámetros de los conocimientos del docente evaluado.

Me pregunto, ¿quién va a evaluar? ¿Cómo evaluamos a los funcionarios medios y a los funcionarios altos que son responsables de la materia educativa?

Y para muestra un botón. En los textos de educación gratuita, de nivel primaria, hay un sinfín de errores garrafales, que creo que ni un niño de esta educación los comete. Entonces, ¿quién evalúa también a estos funcionarios altos y de nivel medio?

Quiero también, por último, finalizar, que sin duda éste es un albazo legislativo, pero aunado a esto estuvo presidido de un plan perverso y maquiavélico para linchar políticamente al magisterio democrático en movimiento. Se pudo haber instaurado desde la fecha que esta soberanía fue movido de sede a otro lugar tan lejano de este zócalo, de esta patria, del centro de nuestro país.

Sin duda se aprovechó perversamente para linchar políticamente a los maestros, porque igual se pudo haber instaurado un mecanismo y un operativo para que como el día de hoy estuviéramos sesionando en esas fechas, pero sin duda se hizo un manejo perverso de este tema.

En cualquier nación democrática las minorías tienen derecho a ser escuchadas, y más aún, a ser representadas. Entonces, señor presidente, sin duda es necesario que todos tomemos conciencia.

Llamo a las diputadas y a los diputados para que incluyamos en estos dos artículos, el 7 y el 8, el pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores y a los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas al artículo 7 y al 8.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admiten. Se desechan. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, para presentar su propuesta de modificación al artículo 8, fracción I.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, presidente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no está en contra de las evaluaciones, está a favor de ellas y de varias modificaciones que tiene esta Ley. Sin embargo, ya aprobada en lo general habría que revisar cada uno de los artículos en muy poco tiempo. Quiero presentar una modificación, una ampliación a uno de los artículos, el artículo 8.

En el ámbito de la educación básica corresponde a las autoridades educativas locales las atribuciones siguientes. Someter a consideración de la Secretaría sus propuestas de perfiles, parámetros e indicadores de carácter complementario, para el ingreso, promoción, permanencia y en su caso reconocimiento que estimen pertinentes.

Y ahí incrementar lo siguiente: tomando en consideración la diversidad geográfica, social, política, económica y de lenguaje para cada caso específico.

Ésa sería la propuesta. Sin embargo, también quiero hacer algún comentario en relación a lo que va a costar esta ley, el impacto proyectado que tendrá una afectación presupuestal de 28.3 miles de millones de pesos esta modificación.

¿Que significa que esta modificación se haga y se gaste este dinero en este instituto? Significa que no se va a cumplir con el plan de desarrollo como lo marca en su propuesta el presidente de la República, porque este dinero debía de ser utilizado para la reparación de la infraestructura de las escuelas, en lugar de este instituto.

Cabe mencionar —en mi opinión— que parece que se empezó al revés y actualmente la educación en este país se encuentra sin rumbo. Los maestros enseñan sobre libros de textos, cuyo sentido se encaminan solamente a la memorización y a la sumisión.

En estos libros no aparecen enfoques didácticos que lleven a los conceptos de productividad, liderazgo, eficiencia, innovación, pensamiento crítico y mucho menos señalan la integración de la importancia de la producción agroindustrial, de la industria de la transformación, de estrategias de mercado, de innovación, de tecnología y de la responsabilidad social.

La reforma educativa debió empezar por la revisión de los contenidos de los planes y programas de estudio, desde la educación secundaria y la universidad y, en especial, la transformación de los contenidos de los programas de las normales para maestros y de formación de docentes, para que todos estos conceptos pudiesen ir acordes con el Plan Nacional de Desarrollo. Se debió iniciar por arreglar los sanitarios de las escuelas, por el mobiliario escolar, por dar una oportunidad digna de trabajo a los alumnos y a los maestros.

Compañeros diputados, no engañemos a la sociedad, una ley secundaria, que más bien es una reforma, no reforma educativa, la Secretaría de Educación Pública no ha presentado un programa integral que permita educar para el trabajo, para el emprendedurismo, para la productividad, para la convivencia social y para el desarrollo integral de cada mexicano.

La ley secundaria que se presenta no resolverá el problema de la eficiencia de los maestros ni del sistema educativo, mientras no se presente el plan integral de educación en México.

Entiendo que esta ley secundaria pueda tener la mejor intención de mejorar la calidad en la educación, pero es una pena que quien la elaboró o la propuso claramente denota que no conoció por dónde empezar la reforma de la educación. Se equivocó en el procedimiento y en el camino. Primero debió de haberse atendido el diagnóstico de la educación y empezar por transformar los planes y programas de estudio del sistema educativo nacional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Jorrín.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite, se desecha. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para presentar su reserva al artículo 9, fracción II.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:La evaluación educativa representa uno de los temas más complejos en el campo de la acción docente y sostiene que el propósito fundamental de la educación es verificar en qué medida los objetivos se han alcanzado.

Sin embargo, derivado de lo amplio de nuestro territorio nacional las evaluaciones no pueden estandarizarse para todas las regiones debido a la gran diversidad de factores socioeconómicos y culturales presentes en nuestra sociedad.

Con la evaluación es posible estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos y maestros. Por ello, abordar la problemática de la evaluación es encarar una de las fallas fundamentales de un sistema educativo nacional.

México ha obtenido en los últimos años resultados escolares nada favorables en comparación con otros países. Estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revelan las grandes carencias que presentan los estudiantes del país en todos los niveles educativos.

Precisar con exactitud cuáles son las causas que han motivado el bajo nivel del aprendizaje del alumnado en México pareciera ser cosa sencilla, pero no lo es. El buen desempeño de los maestros y los alumnos va más de una simple evaluación.

Cuestiones como infraestructura, libros de texto, el entorno social, político, económico y de cultura son factores importantes que determinan un buen desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Problemas de presupuesto, de equipamiento, escuelas patito y hasta los errores encontrados en los libros de texto para este año pueden ser factores importantes que determinen el resultado de un área con otra.

Las evaluaciones establecidas para los docentes deben responder en torno a las necesidades del desarrollo del personal, ser pertinentes con las necesidades del desarrollo, además de responder a su dimensión regional.

Siguiendo estos parámetros, la evaluación debe servir entonces para reorientar y planificar la práctica educativa, conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del alumno. Sin embargo, el artículo 9, fracción II del presente dictamen no establece en su contenido ninguna disposición que garantice lo necesario para su evaluación.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva:

Artículo 9. En el ámbito de la educación media superior corresponden a las autoridades educativas y a los organismos descentralizados, respecto de las escuelas a su cargo, las siguientes atribuciones.

Fracción II. Determinar los perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.

Debiéndose decir, además, lo siguiente: tomando en consideración la diversidad geográfica, social, política, económica y de lenguaje para cada caso específico. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha. El artículo queda en sus términos. Tiene ahora la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, para presentar su propuesta de modificación al artículo 13, fracción VII.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a lo largo de muchos años la postura de nuestro grupo parlamentario ha sido clara y en estricto sentido se ha caracterizado por salir en la defensa de los derechos de todo trabajador.

Lo que aquí nos proponen en este dictamen, en su artículo 13, fracción VII, deja sin mayor elementos de defensa de sus derechos laborales a los profesores, toda vez que después de proponer que solamente serán contemplados los criterios para garantizar la formación, su capacitación y actualización continua del personal del servicio profesional docente a través de políticas, programas y acciones específicas. No aclara consideraciones de índole administrativa y burocrática.

Sencillamente –hay que decirlo– es necesario incluir el tipo de nivel escalafonario, las modalidades, su estabilidad y permanencia en las plazas, y la clave de adscripción, otorgadas al momento de expedir el nombramiento para entonces sí pasar a su actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico, a través de políticas, programas y acciones específicas.

Queremos decirles, compañeras diputadas y compañeros diputados, que este tipo de propuestas legales deben ser de lo más analizadas y discutidas. No obstante con señalar sus buenas intenciones y dejar de manera genérica la opción con la que por el resto de sus vidas laborales tendrán que hacerse acompañar.

En la medida de nuestras posibilidades debemos garantizar la mayor estabilidad para evitar confusiones y en su momento evitar el abandono del apoyo técnico, jurídico de cada docente.

Que quede claro, este tipo de propuestas de ley deben ser de lo más perfectas para también garantizar un mejor desempeño de las actividades docentes de cada uno de los integrantes del gremio magisterial.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a consideración de ustedes la redacción siguiente:

Dentro del servicio profesional docente —en su artículo 13, fracción VII— se contemplarán los propósitos de garantizar al personal docente en todos los niveles y modalidades estabilidad y permanencia en la plaza, y clave de adscripción otorgada al momento de expedir el nombramiento, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico a través de políticas, programas y acciones específicas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, es mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha. Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, para presentar su propuesta de modificación al mismo artículo 3, pero fracción VIII.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán:Compañeras y compañeros diputados, me gustaría iniciar dejando algo muy claro, los maestros sí quieren ser evaluados, pero esto no significa estar a capricho de un ente evaluador que no les garantiza la estabilidad laboral, que no les garantiza que se les respete el nivel en el escalafón y que se mantengan la plaza y la clave de adscripción que les fue otorgada en un inicio o que tienen. Los maestros quieren una evaluación justa, transparente y basada en el desempeño eficiente del servicio educativo.

Reservamos el artículo 13, fracción VIII, del dictamen que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, porque este cuerpo normativo no garantiza que este proceso de evaluación sea en respeto a la dignidad magisterial.

Ésta parece no ser una reforma educativa, sino una reforma laboral para crear un régimen de excepción para los maestros. Esta ley debe contribuir a que los docentes tengan estabilidad y certeza en el empleo. Esta es la razón central que tienen los maestros manifestándose de manera legítima, aunque los medios de comunicación se hayan empeñado en satanizarlo.

La ley vulnera los derechos laborales adquiridos de los maestros y va en sentido contrario a la certeza jurídica que debe dar el Estado a sus ciudadanos. La realidad es que tanto el Ejecutivo como los miembros del Legislativo no hemos logrado construir un nuevo modelo educativo nacional, lo que hemos hecho son reformas laborales y administrativas sobre el magisterio y, desde luego, el proceso laboral no debe ser el mecanismo para fortalecer el sistema educativo nacional.

Durante muchos años las remuneraciones del magisterio han sido mínimas, por no decir ridículas, lo que ha pulverizado el ingreso de los maestros. La gran mayoría de ellos trabaja por vocación, en condiciones poco propicias, con instalaciones obsoletas, en mal estado y con la mínima ayuda de la federación.

Se debe transitar hacia un sistema educativo moderno, de calidad, que forme a las nuevas generaciones, pero para ello necesitamos aprobar disposiciones legales que brinden estímulos, incentivos, estabilidad laboral y un salario que les permita vivir de manera digna.

Hacemos un llamado a que tengan sensibilidad y aprueben esta reserva, que es en beneficio del nivel de vida de los maestros. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha. Tiene la palabra el diputado Silvano Blanco Deaquino, para presentar su propuesta de modificación al artículo 22. Se reserva el artículo para su votación.

Al mismo artículo 22, primer párrafo, tiene la palabra el diputado Gerardo Villanueva, para presentar su propuesta.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Es indispensable insistir que entre miles y miles de policías, tanquetas lanza agua, camiones de bomberos, policía montada, vallas metálicas, sesiona esta Cámara de Diputados, porque está actuando de manera contraria al interés general. El desmantelamiento de derechos laborales en general se particulariza en esta ley ahora contra el magisterio.

Esta mayoría ya no representa al pueblo en este recinto. Se arrodilla ante el Ejecutivo y la farsa del Pacto por México se usa para lastimar los derechos sociales sobrevivientes. Estamos frente al ensayo general de lo que se pretende más adelante sería la entrega de nuestro petróleo y el incremento de impuestos, particularmente el IVA en alimentos y medicinas.

¿Qué sigue? ¿Sesionar en el campo militar número 1, para que estén tranquilos, para que se sientan a gusto? ¿Qué sigue? ¿Vamos a sesionar en Televisa? Ya estuvimos en los salones quinceañeros de un banco y desde allá, y ahora aquí de nueva cuenta en este recinto se está traicionando al magisterio. Se está traicionando el diálogo al cual diputados que están el día de hoy presentes se comprometieron con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual constituye una gravísima provocación.

El contenido de este artículo pone en grave riesgo la estabilidad en el empleo, siendo este principio uno de los derechos laborales más importantes que de manera mediocre a finales del siglo pasado todavía se logró mantener, y el día de hoy vamos en reversa y otra vez golpeando a los trabajadores. Porque este artículo habla, en ese contexto tan penoso, el artículo 22, de que en la educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base después de seis meses. Pero lo condiciona a no tener notas desfavorables. Y aquí está el punto donde habrá persecución, donde habrá represalias políticas a quienes no se alineen con la postura oficial. Nada tiene que ver con la educación.

Ojalá que los que gritan subieran a tribuna a defender su punto de vista. Cobardes.

Si por notas desfavorables fuera, el coordinador del PRI y su mayoría ya no tendrían trabajo. Si por notas desfavorables fuera, el coordinador del PRI en el Senado y su mayoría tampoco tendrían trabajo. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, alumno de Luis Echeverría, tampoco tendría trabajo. Tuvo que entrar por la puerta de atrás a entregar el informe plagado de mentiras de Enrique Peña Nieto. Ya no tendría trabajo si se tratara de notas desfavorables.

Emilio Chuayffet, muy escondidito, muy calladito, cuando él es el principal responsable y tendrá que dar la cara en esta Cámara de Diputados. Tampoco tendría trabajo, utilizando los criterios que le están aplicando al magisterio. Aplíquenselos a Peña Nieto, aplíquenselo ustedes. Por ahí debiéramos de empezar.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Voy a concluir. Ya se ha dicho, pero hay que recalcarlo, porque esa es la diferencia entre un gobierno de izquierda y los atencazos de Enrique Peña Nieto, que ese hecho de sangre los mexicanos jamás lo vamos a olvidar y menos en el Distrito Federal.

Por eso tenemos que reconocer a Miguel Mancera y al gobierno de izquierda, porque mientras voces fascistas estuvieron pidiendo sangre y represión...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, su tiempo se ha agotado desde hace rato.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:... en contra de los profesores, tuvimos la entereza del jefe de gobierno. Ya voy concluyendo, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Estrénese al frente de esta Cámara como presidente con la tolerancia que le ha distinguido siempre. Ya voy a concluir.

Con esa parte vamos concluyendo. Qué bueno que no sucumbió a las voces bravuconas de derecha que priistas, sobre todo priistas que de revolucionarios ya no tienen nada. Son una vergüenza. La historia se los reclamará. Es cuanto, diputado presidente y no sabe cuánto le agradezco que me haya dejado concluir.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite, se rechaza. Queda en sus términos. Para presentar su reserva al mismo artículo 22, pero al párrafo quinto, tiene el uso de la voz el diputado Juan Luis Martínez Martínez.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, lo que se pretende con la Ley del Servicio Profesional Docente es prácticamente abolir para los maestros el artículo 123 constitucional, ya que de acuerdo al proyecto de dicha ley los maestros ya no serían considerados trabajadores. El artículo 22 del dictamen que hoy nos ocupa tiene como objeto precarizar el trabajo de los docentes en el país, ya que plantea que la permanencia en el servicio docente queda al arbitrio de las autoridades educativas, sometiendo la aprobación a términos tan vagos, como que se identifique la insuficiencia en el desempeño de la función docente, sin que se determinen en forma clara los parámetros a considerarse. Es más, ni siquiera se les proporciona a los docentes la posibilidad de participar en el procedimiento de rectificación de la evaluación.

Lo anterior implica un grave retroceso en el régimen laboral mexicano. Su aprobación sería un precedente desastroso. Veamos las cosas como son.

La reforma educativa no es más que una modificación al régimen laboral de los maestros. Estamos ante una reforma que no es ni reforma, mucho menos reforma educativa.

Por lo anteriormente expuesto y con la firme convicción de que una sociedad democrática requiere del fortalecimiento de todas sus libertades fundamentales, solicito se elimine el párrafo quinto del artículo 22 en comento y propongo plasmar el texto siguiente:

En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas previstos en el tercer párrafo de este artículo, incumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del período se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos de nombramiento, sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado.

Quiero aprovechar esta máxima tribuna del país para decirles a mis hermanos de lucha, los maestros democráticos del pueblo de México, a las organizaciones sociales y revolucionarias, que hoy nuevamente es un día negro, un día trágico, por una determinación aberrante, autoritaria, fascista, de sometimiento de los legisladores del PRI, del PAN, del Verde, que obedecen y siempre han estado al servicio de la política neoliberal, y hoy han consumado una vez más una alta traición, violentando los más elementales derechos de los maestros, muchos de los maestros familiares, incluso, de ustedes.

Es otro gran atentado en contra del pueblo de México, pues lo que están votando es represión, es sometimiento, es violencia institucional, pues los diversos foros que dizque se hicieron en diversos estados fueron una auténtica simulación, una falsa retórica que tanto daño le ha hecho al pueblo de México.

Por eso, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del presente dictamen, porque representa una determinación atroz, una acción retrógrada. Y a los maestros democráticos del pueblo de México les digo: más vale reír en una choza que llorar en un recinto legislativo lleno de verdugos y traidores a la patria.

Disfrutemos la vida. Mientras tanto sigamos luchando por lo que queremos y nos pertenece, pues los fascistas y verdugos, como son los del PRI, del PAN, del Verde, ya están en el basurero de la historia.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten las modificaciones. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite, se desecha. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, para presentar su propuesta de modificación al artículo 23, fracción I.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Reserva a la fracción I del artículo 23 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, buenas noches. En septiembre del año 2012, en este pleno se aprobó con 351 votos a favor, 128 en contra, de los cuales íbamos incluidos los diputados de Movimiento Ciudadano, y 10 abstenciones de Nueva Alianza, en contra de una reforma regresiva en materia laboral.

Los representantes de los Poderes y de la clase empresarial, el PRI, el PAN y el Verde Ecologista, abrieron el camino para imponer los intereses patronales sobre los derechos de los trabajadores mexicanos.

Ignorantes de la historia de nuestro país, alegaban que las reformas ponían en igualdad a los patrones y a los trabajadores. Desconocían que el origen de la Ley Federal del Trabajo radicaba en el resguardo de los obreros, pues son ellos los eternos desprotegidos.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 39 B, establece la relación de trabajo por capacitación inicial, con duración de tres meses. El artículo 23 del dictamen obliga a quienes aprueben la evaluación y no tengan plaza a someterse a un periodo de inducción de dos años; es decir, no solo hay que aprobar el examen y demostrar los conocimientos, tendrán además que certificar la capacitación en base a lineamientos no señalados y a decisiones discrecionales. De no hacerlo serán despedidos sin derecho ni retribución alguna.

De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción del año 2013, los partidos políticos, Policía, medios de comunicación, la industria y el sistema educativo son considerados como los más corruptos del sistema político mexicano. Me pregunto, compañeros legisladores, ¿con qué transparencia harán las evaluaciones?

Cuando se discutió la reforma laboral denunciamos y nos opusimos a ser cómplices y a validar la ilegalidad, por ello estamos del lado de los trabajadores, estamos con el pueblo mexicano, con los profesores que se mantienen en resistencia y en pie de lucha. En Movimiento Ciudadano no seremos encubridores ni solapadores de los asesinos de derechos laborales.

Los neoliberales que actualmente malgobiernan el país no entienden que la administración pública es distinta a la administración de una empresa. No entienden que el Estado es el encargado de salvaguardar los derechos de la ciudadanía y no de violentarlos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno la siguiente reserva a la fracción I del artículo 23 del dictamen. Proponemos también que se elimine la frase: este ingreso quedará sujeto a lo establecido en el artículo anterior, que liga el apartado a discusión con el artículo 22, el cual también nos reservamos.

Compañeras y compañeros legisladores, sin excepción de persona alguna, los que nos encontramos en este honorable recinto legislativo debemos de agradecer el esfuerzo que hicieron nuestros maestros cuando fuimos estudiantes, que nos enseñaron y nos dieron el camino para ser útiles a nuestra patria y prácticamente nos dieron el rumbo para decidir nuestros destinos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite, se desecha, el artículo queda en sus términos. Tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, para presentar su propuesta de modificación al artículo 53.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas:Muy buenas noches. Con su venia, presidente. Compañeros diputados, de manera más que lamentable nos encontramos reunidos esta noche en un asalto democrático, en un abuso de las funciones que tenemos, en un atropello a la sociedad, a la comunidad académica, principalmente al magisterio, para el cual solamente ha habido movilizaciones policiacas, barricadas.

Hemos visto ataques mediáticos terribles, que creo que ni con la nueva ley que se está legislando, ojalá y pongamos atención los compañeros de la Comisión de Telecomunicaciones, para legislar el derecho de réplica, porque lo que hemos visto en medios de comunicación realmente es vergonzoso, realmente un linchamiento mediático de los monopolios, para quienes parecen, desgraciadamente, ustedes compañeros, legislar.

Sabemos que hay algunos intereses de algunos empresarios de los medios de comunicación metidos, precisamente, en esta reforma, que en las redes sociales azuzan, casi les ordenan, que de inmediato, pero ya, esta noche no debemos amanecer sin esta aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Eso nos queda claro y le queda claro a la ciudadanía, es muy obvio.

Pero voy a aprovechar mi tiempo para hablar de algunas de las razones que les fueron expuestos, precisamente, o expuestas a muchos de ustedes que estuvieron en negociaciones —entre comillas— con los compañeros maestros y que no escucharon, puesto que les tomaron –para variar– el pelo al pueblo de México, a los maestros.

Ellos muy puntualmente —y leo textualmente lo que ellos pedían y criticaban de esta ley—: Se aplica de manera retroactiva la ley en perjuicio de quienes laboran actualmente en educación básica y media superior, contrariando el artículo 14 constitucional. Afecta a todos los trabajadores magisteriales a nivel federal, estatal, del Distrito Federal, municipal y de organismos descentralizados. Se derogan todos los derechos adquiridos, de acuerdo al transitorio Segundo. Las autoridades educativas pueden anular derechos sin necesidad de declaración judicial. Se desconoce la calidad de trabajadores a quienes laboran en el magisterio al convertirlos en sujetos administrativos, violando el artículo 123 constitucional.

Cuatro temas: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo magisterial son ahora condiciones administrativas y dejan de ser derechos laborales.

Además, otorga facultades al secretario de Educación Pública federal —léase presidente de la República— para estar por encima de la soberanía de los estados de la República para autorizar a los gobernadores lineamientos en los cuatro temas.

Permite a la SEP imponer lineamientos generales en la prestación del servicio de asistencia técnica a la escuela de educación básica.

Permite al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) imponer y autorizar, por encima de la soberanía de los estados, lineamientos a todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados para evaluación de los cuatro temas.

Faculta a la SEP y a la INEE, para efectos administrativos, a interpretar unilateralmente la ley. Autoriza a este mismo organismo a imponer los procesos de evaluación para los cuatro temas que corresponde calificar a las autoridades educativas ya los organismos descentralizados. No considera la participación sindical en los procesos de observación de las evaluaciones.

En los cuatro temas, se anula la intervención de cualquier tipo de sindicato o coalición magisterial. Los cuatro temas no son materia de condiciones generales de trabajo. Sustituye el trabajo docente por el servicio profesional docente. Enfrenta, además, al docente como sujeto administrativo, aislado, a la estructura estatal. Sustituye los tribunales laborales por tribunales administrativos, en casos de conflicto, de los cuatro temas.

Y me podría pasar aquí mucho más tiempo. No dispongo de mucho tiempo, pero esto solamente es una muestra de que los argumentos de los maestros, los argumentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación eran válidos. Eran motivo de ser escuchados, pero se ha apostado por encender la mecha de la desestabilización social, aunque muevan la cabeza muchos es verdad.

¿Cómo le llaman ustedes a un Congreso completamente cercado por militares, en donde tenemos que entrar casi a escondidas, por la puerta de atrás, para venir a legislar y a media noche, ya para amanecer, unas cuantas horas más? Creo que es un momento muy vergonzoso que estamos viviendo, es lamentable.

Ojalá no se arrepientan de las consecuencias de todo esto. Ojalá que se haya meditado muy bien y sus asesores y sus estrategas y aquellos empresarios que les urge y en redes sociales están insistiendo que ya se apruebe, pero a la voz de ya, no se arrepientan en poco tiempo o en mediano tiempo de esta mecha que han encendido y cuyas consecuencias estamos por ver.

La historia tiene un lugar para cada uno de nosotros. Ojalá, la verdad seamos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que hemos provocado y lo que estamos provocando esta noche.

Nuestra solidaridad con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han demostrado una verdadera enseñanza de lo que es la lucha social allá afuera, en las calles. Es todo, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se desecha. Queda en sus términos. Tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar su propuesta de modificación al artículo 68.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Todos hablan de los miles de niñas y niños que no han tenido clases, principalmente en Oaxaca. Pero, ¿por qué no se habla de los millones de libros de texto con errores ortográficos o de historia, o de todos esos millones de niñas y niños que no tienen donde sentarse para tomar una clase o que no tienen un techo o paredes para estudiar?

No hablan de la falta de pizarrones o de las largas caminatas que tienen que hacer esos niños para llegar a una seudo escuela, o de aquellos a los que no se les permite asistir a clases por la falta del pago en las cuotas voluntarias o por no llevar el uniforme que sus padres no pueden pagar. De eso no se habla.

Pero que quede claro, los maestros no se oponen a la evaluación, se oponen a seguir trabajando en esas condiciones. Y ahora que ya se aprobó la Ley del Servicio Profesional Docente muchos ciudadanos se preguntan cuándo se aprobará aquí en esta Cámara una ley que evalúe a los diputados, ¿cuándo?

La transparencia implica cerrar la puerta a la corrupción y con ello al ejercicio indebido de la actividad administrativa de los órganos del Estado. Sin embargo, lo anterior parece ser ignorado en el dictamen sujeto a estudio, ya que en el artículo 68, fracción III, se determina que los docentes evaluados únicamente podrán recibir los resultados del proceso de evaluación y el dictamen de diagnóstico que contenga las necesidades de regularización y formación continua, sin que se prevea que el docente pueda tener acceso a verificar la forma en que fue evaluado.

Es decir, el docente tendrá que conformarse con la veracidad de lo que entreguen, negándole la posibilidad de verificar que el conteo de los puntajes sea el adecuado. El derecho fundamental en el ámbito académico de revisar el examen con el encargado de calificarlo les es negado a los mismos docentes, pues en la ley no se prevé el derecho de verificar la veracidad de los resultados que les plantea, lo cual abre las puertas a la opacidad y al ejercicio de facultades discrecionales.

Tiene mayor gravedad si tenemos en cuenta que esos resultados determinan si el docente se mantiene o no con el nombramiento, lo cual pudiera tener como consecuencia la combatida venta de plazas o el soborno a los funcionarios correspondientes.

La propuesta de la reserva es la siguiente:

Artículo 68. Quienes participen en el servicio profesional docente prevista en la presente ley tendrán los siguientes derechos:

III. Recibir junto con los resultados del proceso de evaluación o concurso el dictamen de diagnostico que contenga las necesidades de regularización y formación continua que correspondan, previo a la verificación que personalmente solicite de los resultados de evaluación correspondientes sin que ello implique que se puedan recurrir por cualquier medio. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. Se desecha y queda en sus términos el artículo. Tiene el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para presentar su propuesta de modificación al artículo 76. Adelante, diputado.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me permito presentar la reserva al artículo 76 del dictamen con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Cualquier acto de autoridad que tiene el objeto de sancionar una acción por parte de un gobernado privándole del ejercicio de un derecho debe estar sujeto al cumplimiento de la garantía de audiencia y de debido proceso, pues es reconocido que la naturaleza del acto exige que el mismo pueda ser impugnado.

Las garantías señaladas son materia de nuestra Carta Magna. Es decir, se trata de derechos supremos en el Estado nacional, los cuales deben ser reconocidos y cumplidos, tanto por autoridades administrativas, como por órganos legislativos entre otros.

En el caso de los órganos legislativos el contenido de las leyes que emitan está sujeto al control de la constitucionalidad de los actos. Es decir, mediante medios de defensa, como acciones de inconstitucionalidad y el amparo, según sea el caso.

Para ello, la autoridad judicial conoce y verifica la concordancia de la legislación con lo dispuesto en la Constitución y en el caso que ello no ocurra, se invalida la aplicación de la norma. Pero el control de constitucionalidad de los jueces corresponde a un control posterior, el primero necesariamente implica la labor que se efectúe en los órganos legislativos. Es decir, a través de la discusión del planteamiento en las Cámaras debe dilucidarse su adecuación a la norma suprema, esto es a la Constitución.

El día de hoy se ha aprobado una norma claramente violatoria de la Constitución, particularmente el artículo 76 del dictamen propuesto, materia de la presente reserva. Se determina que se separará de su cargo a los docentes que se ausenten tres días en un periodo de 30 días, sin responsabilidad de las autoridades administrativas y sin necesidad de que exista una resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Queda claro que lo planteado contradice de toda forma la garantía del debido proceso, pues se niega a los docentes la posibilidad de recurrir su separo del servicio docente.

Lo anterior es de suma gravedad. Este cuerpo colegiado, en su afán de mantener mayor actividad legislativa, desafortunadamente está ignorando el contenido de las normas que aprueba manifestando la absoluta carencia de concordancia con la Constitución y a tratados internacionales, concretamente a la Declaración Universal de los Derechos, particularmente en su artículo 9o., que consagra que todo ser humano tiene derecho a un recurso efectivo.

Por lo anterior, esta reserva plantea subsanar esta violación a la garantía del debido proceso y sujetar despido del personal docente al cumplimiento de todas y cada una de las garantías constitucionales.

Derivado de lo anterior, someto a su consideración la siguiente reserva al artículo 76 de este dictamen para quedar en los siguientes términos. En la parte correspondiente deberá decir que dicha separación deberá ser previa resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Le voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se acepta. Se desecha. Tiene la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar su propuesta de modificación al artículo 83.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Hace un rato me estaba acordando que hace unos meses vivimos un proceso electoral en 14 entidades federativas. Muchos de ustedes anduvieron en sus estados haciendo compromisos con la gente. Hoy, después de que les dieron su confianza y que ganaron, sacan reformas lesivas y éste es el antecedente de la reforma hacendaria y la reforma energética.

Por eso les digo a los ciudadanos y ciudadanas que estemos muy al pendiente. Que la única forma de pararlas ante un Congreso controlado es la organización y la movilización.

Quiero también aprovechar para decir y recordarle a la gente que se den cuenta quiénes no quieren el debate. Quiénes, con su mayoría aplastante, cancelan ese derecho fundamental.

Voy a exponer la reserva al artículo 83. Es necesario que la Ley General del Servicio Profesional Docente se modifique para que esté acorde a la Constitución. El proyecto establece procedimientos de sanción e incluso la separación del empleo a los trabajadores de la educación, segmentándolos y excluyéndolos de la legislación laboral, sin que esto quede establecido por la Constitución.

Ésta es una contradicción al apartado B del artículo 123 constitucional y su norma reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La realidad es que actualmente no hay ninguna excepción en la Constitución para que los maestros tengan un régimen de relaciones laborales distinto al apartado B del artículo 123. Por eso proponemos que la salvedad establecida en el artículo 83 sea eliminada por no tener sustento constitucional.

Proponemos que el texto señale, artículo 83: Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados se rijan por la legislación laboral aplicable. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva relativa al artículo 83.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, llama la atención que en todo el discurso de esta noche se diga que se respetan los derechos laborales de los trabajadores maestros o que se respetan sus derechos humanos y mucho menos que se respeta lo que es la Constitución.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fundamentar la reserva que hacemos al artículo 83 del dictamen que se nos presenta. Esa es precisamente esta disposición, la que a todas luces no solamente trata, vulnera los derechos laborales, humanos y constitucionales de los maestros.

¿Por qué señalo esto? Porque precisamente tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 2o.; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también artículo 2o., se establece que toda persona tiene derecho a que se aplique la disposición, sea constitucional o legislativa que le sea más favorable, conocido esto como el principio de interpretación pro homine o aplicación de la legislación o la ley más favorable a la persona.

Y en razón de nuestra reforma constitucional en materia de derechos humanos, del artículo 1o. constitucional, toda autoridad en territorio nacional está obligado a aplicar precisamente la ley que le sea más favorable a la persona y en este caso sería precisamente la Constitución, en concreto el apartado B del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

A pesar de la disposición del 1o. constitucional y de las disposiciones constitucionales mencionadas —el apartado B del artículo 123— este dictamen a la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que se debe de aplicar, en prioridad, en caso de contradicción, precisamente esta ley que se está dictaminando ahorita, ocasionando con ello la vulneración —como puntualicé— de los derechos laborales, de los derechos humanos y de los derechos constitucionales.

No existe ninguna razón para en que un ordenamiento jurídico especial se establezca lo relativo a ingreso, promoción, permanencia y término de la relación laboral. Es nuestra convicción que solo deben ser dos las leyes que regulen la relación laboral entre los maestros y el empleador: la ley federal del trabajo burocrático, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

Con la aprobación de este dictamen no solo se violará la Constitución, sino distintos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos de los trabajadores.

Por eso proponemos que del primer párrafo del artículo 83 se elimine la última parte, en donde se dice: salvo por lo dispuesto en esta ley.

Por otra parte también proponemos la eliminación del segundo párrafo de este artículo 83 porque, esté o no contenido en la ley, el derecho a la defensa de los maestros que resulten afectados por esta ley está salvaguardado, tanto por la Constitución General de la República como por la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

Por estas consideraciones sometemos al conocimiento del pleno esta reserva al artículo 83. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo octavo transitorio.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: En el aislamiento, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, se legisla sobre un tema de claro interés público, como es el de la educación en México.

Lo hacemos esta noche, no desde el diálogo y la consulta con los sectores involucrados, no desde el estudio y análisis a fondo de la problemática, sino desde una visión estrecha, una visión de un gobierno que se niega a escuchar.

Son muchos los factores que influyen en el penoso estado de la educación en México, y ellos han sido ignorados en su gran mayoría por esta mal llamada reforma educativa, que no resuelve de fondo el problema que se intenta combatir: el de la educación en México.

Miren, recuerdo a todos estos próceres que han pasado por la SEP: Vasconcelos, la talla de José Vasconcelos, su fundador, cuya pasión por las letras como oportunidad de liberación humana fue innegable. Recuérdenlo en la tercera década el siglo XX.

Cómo no recordar a Torres Bodet. Jaime Torres Bodet, ensayista y poeta de profunda sensibilidad humanista.

Han pasado también por la SEP escritores como Agustín Yáñez, impresionante escritor. Una de las mejores plumas de la novela posrevolucionaria. Para mí, de la gente más lúcida que parió la Revolución Mexicana.

Reyes Heroles, don Jesús, cuyo impulso a la apertura y la inclusión política —lamentable hoy— están en desuso. Lo que él quería hace 30 años, hoy lo niegan estos políticos neoliberales, estos políticos corruptos e ignorantes.

Por eso quiero tocar un tema sensible. Introduzco esta parte recordando a cuatro grandes secretarios de la educación, porque el tema que les quiero comentar es muy sensible, el que contiene el artículo ocho transitorio, en su párrafo segundo, y que contradice todos los discursos que les escriben y que dicen que no atenta contra los derechos laborales de los maestros.

¿Qué dice el artículo transitorio al que me refiero? Dice lo siguiente: El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la ley será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda.

¿Ustedes creen que este artículo transitorio debiera persistir? Es una contradicción todo el discurso que hemos escuchado de parte de los aplaudidores de esta reforma, porque en este artículo Octavo transitorio contiene parte del reclamo de los maestros.

Concluyo, presidente. Miren ustedes, lean el artículo 14 constitucional, esta disposición del artículo transitorio Octavo contradice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Si la tienen por ahí léanla, dice: a ninguna ley –textualmente, si mal no recuerdo– a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es el primer párrafo del artículo 14 constitucional.

Aquí hay buenos abogados, los he escuchado, pero hasta el más aficionado al derecho, al estudiante de estructura jurídica en la preparatoria o del primer semestre de derecho sabe que esta disposición contenida en un transitorio es menor a la disposición constitucional. Es decir, no puedes estar legislando en contra de la Constitución.

Al menos supriman esa disposición, es inconstitucional ese segundo párrafo. Al menos hagan eso, porque cualquiera se podrá amparar, cualquiera se podrá amparar. Ya ven, por más que uno trata de actuar con sensatez ustedes se la pasan gritando. Ahora aguántense. A ver, presidente, no sé qué quiera la señora diputada.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Nadie me ha solicitado el uso de la voz. Concluya, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ya quieren dormir. Ustedes fueron los autores de que fuera hoy la discusión de esta contrarreforma en contra nuestra. Ahora se aguantan, ahora se aguantan.

Ojalá, presidente, pudiera haber un poquito de sensibilidad. Este artículo Octavo transitorio, que solicito sea suprimido en su segundo párrafo, es normal, es inconstitucional y afecta a los maestros en su aspecto laboral. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No se acepta. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva relativa al artículo Octavo transitorio.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, señor presidente. Quiero comentarle que con quien presidía anteriormente la mesa, de acuerdo al derecho que tenemos, me tocaba hablar también respecto al artículo 22 y hubo ahí la posibilidad para utilizar el tiempo de manera conjunta con este artículo Octavo transitorio. Sé que son gente de palabra y se va a respetar este derecho que tengo.

Quiero decirles que hay un librito interesante, que un loquito también allá en Francia lo escribió, se llama El Espíritu de las Leyes. Vale la pena que le den una leída, y este amigo fíjense que decía que el Estado moderno debería de dividirse en tres Poderes. Estaba loquito, ¿verdad? Porque en aquel entonces había puro soberano, puro rey.

Decía una argumentación muy sencilla, decía que cualquier persona, por genética, dándole poder lo ejerce éste de manera autoritaria y que, por lo tanto, a una sola persona no debería de concentrársele todo el poder.

Espero que a su presidente, efectivamente, no esté acusando este tipo de situaciones que tenían aquellos soberanos de aquella época, y que hayamos retrocedido entonces a 1800, cuando había soberanos que actuaban de una forma autoritaria e irresponsable. Y, por lo tanto, decía que al dividirlo en tres Poderes iba a haber un equilibrio, iba a haber un control y que se iba a moderar entonces este soberano autoritario. Es decir, ahí surge el Poder Legislativo.

Entonces, si desde aquel entonces ha habido Parlamentos que efectivamente hacen su papel y que ejercen un control adecuado de sus presidentes o de sus primeros ministros, me niego a resistir que en México no haya parlamentarios que tengan dignidad y que no puedan actuar de otra forma que no sea la línea, que no tengan análisis propio. Me resisto a eso, diputadas y diputados del PRI.

Sé que muchos de ustedes en su interior no están de acuerdo en la forma en cómo se está legislando. Sé que les gustaría también actuar con dignidad y defender al Congreso, pero bueno, son disciplinados y disciplinadas, creo que ahí sí se merecen un diez.

En este sentido, plantearles con mucha honestidad, si efectivamente ustedes no ejercen ese derecho que tienen como diputadas y diputados, y ser garantes del control, del poder en nuestro país, pues entonces, ¿qué están haciendo en esta Legislatura?

Compañeros y compañeras, en este sentido, ya decía mi antecesor en la tribuna, respecto al artículo Octavo transitorio como es lesivo para los maestros, esta contradicción que se tiene efectivamente ahí, donde ese artículo Octavo transitorio plantea lo siguiente:

Dice que el personal —en el segundo párrafo— el personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la ley será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad.

En ese sentido es que...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señores legisladores, escuchemos con respeto al orador.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Les hacen modificaciones de última hora a las minutas. Quiero decirles con puntualidad que a final de cuentas, cuando se habla en el artículo transitorio que a final de cuentas va a ser readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, esta readscripción no se plantea si va a ser con el mismo salario. No se plantea si era director y lo van a mandar de intendente.

Bueno, está muy bien que a final de cuentas vayan a dejarlo en ese sentido. Pero igual, diputadas y diputados, en ese sentido plantearles, el artículo 22 dice, en su párrafo cuarto, decía, tenía ese derecho del otro artículo: En caso de que el personal incumpla el periodo de inducción con la obligación de evaluación, o cuando en éste se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, en ese sentido dicen que se darán por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa.

Es decir, ahí están los indicios, a final de cuentas, de que esto es para afectar a los maestros.

Pero miren, la situación está muy clara, este Congreso no debate, este Congreso en el cual en teoría deberíamos estar debatiendo, ustedes, de manera disciplinada lo que vinieron a hacer es votar en contra de todas las reservas que hicimos.

Lo sabíamos, que en ese sentido lo iban a hacer, son obedientes, son disciplinados, pero no le ayudan a su Ejecutivo en ese sentido. Y por eso, diputadas y diputados, a final de cuentas el Congreso tiene el nivel de aceptación que hay a nivel nacional, porque ustedes lo ubican en ese lugar. Es decir, permiten que este Congreso sea ninguneado. No tienen la dignidad para poder defender esa función, ese papel que tienen ustedes como diputadas y como diputados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputado. Señores legisladores, el diputado está presentando dos reservas en un solo acto, ése es el motivo del tiempo. Continúe el orador.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Hay algunos politólogos que decían que nuestro país ha entrado a la democracia. Que había una transición a la democracia en nuestro país. Pues hay una regresión, amigas y amigos, a la democracia. Se está instaurando el autoritarismo nuevamente en este país.

Compañeros y compañeras, cada quien asume, efectivamente, la responsabilidad que quiere asumir, pero estoy convencido de que ustedes, con esos discursos demagógicos, van a tener de la mano efectivamente a los maestros, así va a ser.

¿Con qué cara van a poder ustedes ver a los maestros a final de cuentas, si el día de hoy lo que hicieron fue una contrarreforma laboral en contra de ellos? Por eso precisamente, diputadas y diputados, digo: ahí está a final de cuentas, ¿pues cuál es el papel y la actuación que tienen ustedes como diputados y diputadas? Atentar contra el pueblo de México.

Pero en ese sentido que quede claro a final de cuentas que esto no ha terminado, que la lucha va a continuar y que a final de cuentas están ustedes simple y sencillamente encendiendo la pradera de nuestro país. Muchas gracias. Es todo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva relativa al artículo Décimo octavo transitorio.

El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, subo a esta tribuna a presentar reserva al artículo Décimo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, pero quisiera compartir con ustedes una modesta reflexión antes de presentar mi reserva.

Considero que la humildad es la forma más acabada de la inteligencia. ¿Y por qué hablar de humildad en esta soberanía? hace unos pocos días declaraba el secretario de Educación que para sacar adelante esta reforma que nos ocupa sería necesaria una buena dosis de humildad. Lo dijo el secretario Chuayffet.

Dudo mucho que la forma en la que se ha llevado a cabo este ejercicio sea muestra de esa humildad de la que habló el secretario. Dudo también que sea muestra de humildad el ignorar las demandas del magisterio y poner con ello en riesgo la paz social. Dudo también que sea muestra de humildad el no reconocer que tal vez las grandes decisiones del Poder Legislativo ya no se toman aquí en esta soberanía.

Un error histórico común de las distintas administraciones públicas de este país radica en la costumbre de crear órganos encargados de determinadas actividades que pudieran incorporarse a figuras ya existentes. La duplicidad de facultades de la administración pública únicamente ha engrosado la burocracia federal, implicando un gasto mayor para las finanzas del país, sin que exista una justificación real para ello.

En los últimos 12 años se han creado 500 mil nuevas plazas para engrandecer este monstruo burocrático, que al día de hoy implica una participación en el gasto corriente del gobierno federal equivalente a 2 billones y medio de pesos, lo cual se traduce en el 60 por ciento del Presupuesto de este año.

Adicionalmente, este mes la Secretaría de Hacienda aprobó un acuerdo que otorga un aumento de sueldo a la burocracia federal equivalente al 5.76 por ciento, incluido un bono sexenal. ¿Cómo es posible que lo previamente mencionado se autorice, cuando hace apenas unos días la misma Secretaría redujo la perspectiva de crecimiento del país de 3.1 por ciento al 1.8 por ciento anual?

En el ramo educativo del Presupuesto que el gobierno federal destina a dicho rubro, cerca del 80 por ciento se distribuye en gasto corriente, lo cual tiene como consecuencia que se otorguen menos recursos por alumno, ocasionando que el dinero invertido no sea aprovechado eficazmente.

Ante lo anteriormente expuesto, queda claro que resulta necesario el establecimiento de medidas que disminuyan los gastos burocráticos, lo cual no tan solo no ha sucedido con lo propuesto en la reglamentación secundaria de la reforma educativa, por lo contrario, se ha estipulado cambios que pretenden inflar aún más los recursos federales destinados a este concepto.

Prueba de lo preliminar se observa en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en la cual se estableció que los miembros de la Junta de Gobierno, órgano superior de dirección del instituto, recibirán en remuneración y prestaciones una percepción equivalente a la de los subsecretarios de la administración pública federal, mientras que el presidente ganará 7 por ciento más que el resto de los integrantes.

Lo mismo ocurre con el artículo Décimo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el cual se pretende establecer un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública, al que el Ejecutivo federal facultará para ejercer las atribuciones en materia de servicio profesional docente.

Concluyo, señor presidente. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que no existe la necesidad de la creación de un nuevo órgano de la administración pública, siendo que muchas de sus funciones pueden ser asumidas por la misma Secretaría de Educación Pública, con lo cual se ahorrarían numerosos recursos necesarios en el rubro de la propia educación y de otras áreas que están desatendidas.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo Décimo octavo transitorio del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar como sigue:

Décimo octavo transitorio. Las funciones asignadas en esta ley a la Secretaría serán asumidas por la Subsecretaría de la Secretaría de Educación Pública correspondiente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No se admite. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva que implica adición de un artículo Vigésimo tercero transitorio.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, en los foros de consulta que realizó la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara federal y que fueron en número importantes, nos encontramos con que los maestros demandan mayor presupuesto para infraestructura, y es importante señalar que el presupuesto destinado a la educación en este 2013 fue decreciente. Así lo resienten las universidades, así lo resiente la educación básica.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso que en estas reformas se incluyera a la educación temprana. Sin embargo, se dijo que por insuficiencia presupuestaria quedaría de lado esta importante ponencia que hizo el Partido del Trabajo, porque nosotros seguimos pensando que el secreto de la educación está en la educación temprana y eso ha quedado de lado. En ese sentido, también queremos resaltar que un sistema educativo no tendrá éxito si no va acompañado de suficientes recursos.

En virtud de las necesidades presupuestarias que originan las iniciativas de ley recientemente aprobadas, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la siguiente reserva a los artículos transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, consistente en adicionar un artículo Vigésimo tercero, que se propone para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen demérito.

Debe recordarse que organismos multilaterales como la OCDE, recomiendan que a la educación deban etiquetarse recursos no menores del 8 por ciento del producto interno bruto para dar debida atención a las crecientes demandas en este rubro.

Por lo expuesto anteriormente, nuestro grupo parlamentario propone que en los términos del Reglamento de la Cámara de Diputados se apruebe la siguiente reserva:

Artículo único. Se adiciona  un artículo Vigésimo tercero a la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar como sigue.

Transitorio Vigésimo tercero: Las autoridades hacendarias del gobierno federal deberán hacer las previsiones necesarias para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se asignen recursos al Ramo 11 de Educación Pública que no deberán ser menores al 8 por ciento del producto interno bruto.

Lo anterior a efecto de que pueda someterse a su análisis y discusión. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 22, 23, 53, 68, 76, 83, Octavo transitorio, Décimo octavo transitorio, con las modificaciones aceptadas por la asamblea, o en los términos del dictamen, según corresponda.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 22, 23, 53, 68, 76, 83, Octavo transitorio, Décimo octavo transitorio, en los términos de aprobados por esta asamblea y en sus términos.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 375 votos a favor, 73 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los artículos reservados por 375 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita a la Cámara de Senadores se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes, sin modificar lo aprobado por el pleno.

Pasamos al siguiente asunto.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso E) y se adiciona un inciso O) de la fracción IV del artículo 116; y se reforma el artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso F) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 22 de agosto de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Que reforma el inciso E) y se adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116; y se reforma el artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso F), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero.Se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. ...

...

I. a III. ...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) a d). ...

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.

f) a n). ...

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

V. a VII. ...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A.al C. ...

Base Primera. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) al e). ...

f)Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;

g)al p)....

Base Segundaa Base Quinta....

D. a H. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 22 de agosto de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.

México, DF, a 22 de agosto de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios

Artículo Único.Se reforman los artículos 73, fracción VIII; 79, fracción I; 108, último párrafo; 116, fracción II, antepenúltimo párrafo, y 117, fracción VIII; y se adicionan con un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 25; y la fracción XXIX-S al artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

..

..

..

..

..

..

...

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a VII. ...

VIII.En materia de deuda pública, para:

1o.Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29.

2o.Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe de gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la Cuenta Pública.

3o.Establecer en las leyes las bases generales, para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por el inciso H del artículo 72 de esta Constitución.

4o. El Congreso de la Unión sancionará o, en su caso, objetará, a través de la comisión legislativa bicameral competente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, dichas estrategias se considerarán avaladas. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, ser informado de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda.

IX.a XXIX-R....

XXIX-S.Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;

XXX. ...

Artículo 79. ...

...

...

I.Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales. En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

...

...

...

II.aIV...

..

..

..

...

Artículo 108. ..

..

...

Las constituciones de los estados de la república precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Artículo 116. ..

...

I. ...

II. ...

...

...

...

...

Las legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.

..

...

III. a VII. ...

Artículo 117. ...

I.a VII. ...

VIII....

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los estados, adicional mente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

IX. ...

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas y los municipios que deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-S del artículo 73 del presente decreto, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en este decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.Dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las legislaturas de las entidades federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este decreto y la ley citada.

Cuarto.Las entidades federativas y los municipios se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las de las leyes a que se refiere el artículo transitorio segundo del mismo, a partir de la fecha de su entrada en vigor y respetarán las obligaciones que, con anterioridad a dicha fecha, hayan sido adquiridas con terceros en los términos de las disposiciones aplicables.

Quinto.La ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la contratación de obligaciones de corto plazo, a que se refiere el artículo 117, fracción VIII, último párrafo de este decreto.

Sexto.Las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél emita.

Séptimo.La ley reglamentaria establecerá que en el registro a que se refiere el inciso 3o. de la fracción VIII, del artículo 73 de este decreto, se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información.

En tanto se implementa el referido registro, se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el artículo 9 de La Ley de Coordinación Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales; así como, aquella información adicional que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. Igualmente, se deberá informar cada cierre trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso, si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes. Lo anterior, con objeto de que en tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa el registro, el Congreso de la Unión pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios. Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación, verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal.

Las legislaturas de los estados realizarán y publicarán por medio de sus entes fiscalizadores, una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Los servidores públicos y demás personal del Congreso de la Unión que tenga acceso a la información referente al presente artículo transitorio, serán responsables del manejo de la misma y responderán por los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgación.

Octavo. La ley reglamentaria a que se refiere el artículo 73, fracción VIII, inciso 3o. de este decreto, establecerá las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitación pública, así como los mecanismos que se determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejores que éstas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se establezca como obligatorio.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 22 de agosto de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 01:53 del lunes 2 de septiembre): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 3 de septiembre, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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