Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 359 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 11:16 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés:   Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 3 de septiembre de 2013.

Lectura del acta de la sesión preparatoria.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De las Delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Miguel Hidalgo del Distrito Federal

Seis oficios con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 65, 67, 69, 75 y 76; y adiciona los artículos 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Migración. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el párrafo Quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el Tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ley o decreto de senadores

Con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero de la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley del Seguro Social, presentada por el Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer un Derecho Minero al Valor de la Producción, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en materia de jornaleros agrícolas, presentada por los senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Ascención Orihuela Bárcenas y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se adiciona con un punto 5 el numeral cuarto del diverso por el que se crean los grupos de amistad que funcionarán en la Cámara de Diputados durante la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión. (Votación)

Por el que se nombra al representante permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ante la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. (Votación)

Por el que se crea la Comisión Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz. (Votación)

Por el que se crea el Grupo de Amistad México-Nigeria que funcionará durante la Sexagésima Segunda Legislatura. (Votación)

Por el que se propone modificar el orden de rotación de la Presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para la LXII Legislatura. (Votación)

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración. (Discusión y votación)

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (Discusión y votación)

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (Discusión y votación)

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil. (Discusión y votación)

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud. (Discusión y votación)

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Discusión y votación)

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minutas

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 14 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 84 Bis, 84 Ter y 84 Quater a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIII, recorriendo su contenido a la fracción XXIV, del artículo 24, así como los artículos 41 Bis y 41 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisiones Unidas de Economía y de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 12, 25 y 33 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII Bis del artículo 7 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley General de Bibliotecas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación media superior.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones colectivas.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan y reforman los artículos 73, 89 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan diversas disposiciones del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso j) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Población, del Código Federal de Instituciones de Procedimientos Electorales.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se expide la Ley Federal que Regula las Actividades de Cabildeo.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones VI y VII y adiciona una fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona el artículo 106 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y adiciona el artículo 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 5 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que se reforman los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 64 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 5o. y 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 17, 31 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 109 Ter a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 3o. y 27 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 233 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Prevención Social del Delito.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 7o. y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones del Código de Comercio.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que deroga la última parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona un inciso d) de la fracción II del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 32 Bis y se reforma la fracción XIII del artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Iniciativas

Que reforma los artículos 15, 24 y 25 de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 y adiciona los artículos 19 Bis y 19 Ter a la Ley de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6° y 9° de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Ma. Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6°, 25, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17, 45 y 84 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o., Apartado A, fracción II; el párrafo noveno, y se adiciona un último al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 25 y 149 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 129, 130, 199 y 202 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 254 y adiciona un artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2°, 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se propone al Ejecutivo federal que dé continuidad al régimen de desgravación arancelaria en la región y franjas fronterizas norte y sur, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que haga públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR, en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal; así mismo, se exhorta a la ASF, inicie las auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto de ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores y/o presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP, para que en la glosa del Primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, de la Secretaría de Economía y del Instituto Mexicano de la Juventud, para que implementen acciones en beneficio de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan, a cargo de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que fortalezca los acuerdos comerciales entre México y Japón, a fin de favorecer el flujo económico entre ambos países, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las leyes en la materia, relativo a la definición y acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexual, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, se lleve a cabo un programa integral de regularización de vehículos de procedencia extranjera y se implementen acciones que incentiven y fortalezcan el consumo de vehículos nacionales, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)»

ACTAS DE LAS SESIONES PREPARATORIA Y ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura de las actas de la sesión preparatoria y de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se les dispensa la lectura, tomando en consideración que han sido ya publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura a las actas de la sesión preparatoria y de la sesión anterior, tomando en consideración que han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión preparatoria celebrada el sábado treinta y uno de agosto de dos mil trece, correspondiente al segundo año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de trescientos treinta y cuatro diputadas y diputados, a las doce horas con diecisiete minutos del sábado treinta y uno de agosto de dos mil trece, el presidente declara abierta la sesión.

Se da lectura al orden del día.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio lectura solamente a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la conformación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, para integrar una cuarta vicepresidencia. En votación se aprueba por mayoría el acuerdo.

Se procedió a la elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el segundo año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. La Secretaría dio lectura a la propuesta de los grupos parlamentarios, por la que se postula a las diputadas y a los diputados que habrán de integrarla. Por mayoría calificada de trescientos sesenta y un votos a favor, uno en contra y una abstención, resultan electos los diputados: Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional, como presidente; José González Morfín, del Partido Acción Nacional; Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional; Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; y Maricela Velázquez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, como vicepresidentes; Angelina Carreño Mijares, del Partido Revolucionario Institucional; Xavier Azuara Zúñiga, del Partido Acción Nacional; Ángel Cedillo Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México; Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; y Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, como secretarios.

El presidente dirige unas palabras a la asamblea e invita a los diputados electos ocupar su lugar en el presídium.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Puestos todos de pie, el diputado Ricardo Anaya Cortés, toma protesta como diputado presidente de la Cámara de Diputados para el Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Acto seguido, el presidente toma protesta de las diputadas y diputados electos como vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva.

Posteriormente, puestos todos de pie, el presidente declara:

“La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente instalada para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura”.

La asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.

La Presidencia instruye comunicar por escrito la instalación de la Cámara de Diputados y la integración de la Mesa Directiva al presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Congresos de los estados, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El presidente levanta la sesión preparatoria, a las doce horas con treinta y ocho minutos y cita para el día de mañana domingo primero de septiembre de dos mil trece a sesión de Congreso General, a las diecisiete horas.»

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el domingo primero de septiembre de dos mil trece, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos sesenta y siete diputadas y diputados, a las veinte horas con veintidós minutos del domingo primero de septiembre de dos mil trece, el presidente declara abierta la sesión.

El presidente informa a la asamblea, que considerando que el pasado periodo de sesiones extraordinarias, quedó pendiente de abordar el dictamen relativo a la Ley General de Servicio Profesional Docente, con fundamento en los artículos veintitrés, numeral uno, inciso B) de la Ley Orgánica, y treinta y siete, numeral cinco, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se tuvo a bien convocar a la primera sesión ordinaria para su desahogo.

En virtud que se encuentra disponible en los monitores de las curules el orden del día, en votación económica se aprueba.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el dictamen de la Comisión Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo, en nombre de la comisión, para fundamentar el dictamen y presentar propuestas de modificación de los artículos: cuatro, fracciones décimo tercera a vigésimo novena; siete, fracciones primera a quinta, y octava a vigésimo tercera; ocho, fracciones primera a séptima, y novena a vigésima; diez, fracciones primera a séptima; doce; catorce, fracción primera; veintidós; veintitrés; veinticuatro; veinticinco; veintisiete; veintiocho; treinta; treinta y dos; treinta y seis, fracciones cuarta y quinta; treinta y ocho; cuarenta; cuarenta y uno; cuarenta y cuatro; cuarenta y siete, fracción tercera; cuarenta y ocho; cuarenta y nueve; cincuenta y tres; cincuenta y nueve; sesenta, fracción segunda; sesenta y uno; sesenta y cuatro; sesenta y nueve, fracción séptima; setenta y uno; setenta y dos; setenta y cuatro; setenta y seis; setenta y ocho; setenta y nueve; ochenta; ochenta y uno, fracciones primera y tercera; ochenta y dos; ochenta y tres; ochenta y cuatro; y los artículos octavo y noveno transitorio, que en votación económica se autorizan y se incorporan al proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva a los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano;

A las veinte horas con cincuenta y cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y siete diputadas y diputados.

Carol Antonio Altamirano, Silvano Blanco Deaquino, y Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, que en votación económica no se toma en consideración y se desecha.

Para fijar posturas de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional; y Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general el proyecto de decreto e intervienen en contra los diputados: Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Silvano Blanco Deaquino, y María del Socorro Ceseñas Chapa, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y en pro los diputados: Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; Roy Argel Gómez Olguín, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Miguel Ángel Aguayo López, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad se concede el uso de la palabra para responder alusiones personales al diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimientos el diputado Mauricio Sahui Rivero, del Partido Revolucionario Institucional. El presidente hace aclaraciones.

El presidente informa a la asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: primero; tercero; cuarto, fracciones décimo séptima, inciso C), décimo novena, y vigésimo quinta; quinto; séptimo, fracciones cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décimo quinta, vigésimo primera, y vigésimo segunda; octavo, fracciones primera, y décimo séptima; noveno, fracción segunda; trece, fracciones séptima y octava; veintidós, párrafos primero y quinto; veintitrés, fracción primera; cincuenta y tres, párrafos primero, tercero y cuarto; sesenta y ocho, fracción tercera; setenta y seis; ochenta y tres; y los artículos octavo y décimo octavo transitorio; y la adición de un artículo vigésimo tercero transitorio. En votación nominal por trescientos noventa votos a favor; sesenta y nueve en contra; y cuatro abstenciones, se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

Se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados a los siguientes diputados:

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de adición al artículo primero, párrafo quinto, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de un último párrafo al artículo primero, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

• Víctor Reymundo Nájera Medina, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos: tercero; cuarto, fracción décimo séptima, inciso C); y ochenta y tres, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, y se reservan para su votación en conjunto en sus términos.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos:

- Tercero, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

- Cuarto, fracción décimo séptima, inciso C), del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos:

- Cuarto, fracciones décimo séptima, décimo novena, y vigésimo quinta, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

- Quinto, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo séptimo, fracciones cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, décima quinta, vigésimo primera y vigésimo segunda, y la adición de un último párrafo; y artículo octavo, fracciones primera y décimo séptima, y adición de un último párrafo, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, y se reservan para su votación en conjunto.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo octavo, fracción primera, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

• Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo noveno, fracción segunda, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo trece, fracción séptima, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

• Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo trece, fracción octava, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintidós, párrafo primero, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

• Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintidós, párrafo quinto, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

• José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintitrés, fracción primera, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

• Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo cincuenta y tres, párrafos primero, tercero y cuarto, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sesenta y ocho, fracción tercera, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo setenta y seis, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo ochenta y tres, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

• Loreta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo ochenta y tres, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo octavo transitorio del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación a los artículos veintidós, y octavo transitorio del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, y se reservan para su votación en conjunto.

• José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de adición de un artículo décimo octavo transitorio, al proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto.

• Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de adición de un artículo vigésimo tercero transitorio al proyecto de decreto, que en votación económica se desecha.

En votación nominal por trescientos setenta y cinco votos a favor; setenta y tres en contra; y una abstención, se aprueban en lo particular los siguientes artículos reservados: primero; tercero; cuarto; quinto; séptimo; octavo; noveno; veintidós; veintitrés; cincuenta y tres; sesenta y ocho; setenta y seis; ochenta y tres; y los artículos octavo, y décimo octavo transitorio;  con las modificaciones aceptadas o en términos del dictamen según corresponda. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General de Servicio Profesional Docente. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales. La Presidencia con fundamento al artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita la minuta a la Cámara de Senadores, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes, sin modificar lo aprobado por la pleno.

Se recibió oficios de la Cámara de Senadores con los que remite las siguientes las siguientes minutas con proyecto de decreto:

a) Que reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracción cuarta, del artículo ciento dieciséis; y se reforma el artículo ciento veintidós, Apartado C, base primera, fracción quinta, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que devuelve para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

b) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos, veinticinco, setenta y tres, setenta y nueve, ciento ocho, ciento dieciséis, y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, que devuelve para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el presidente cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes tres de septiembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión el día lunes dos de septiembre de dos mil trece a la una horas con cincuenta y tres minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a consideración las actas.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Están a discusión las actas. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobadas las actas. Pasamos al siguiente asunto.

RETIRO DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva comunica que durante el segundo receso del primer año de ejercicio, se recibieron solicitudes de diputados para retirar sus iniciativas y proposiciones, de conformidad con los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismas que fueron concedidas y publicadas en la Gaceta Parlamentaria:

1. De las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados, para que armonicen su legislación, a fin de que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo legal, bajo las causales previstas en sus códigos penales, presentada el 25 de abril de 2013, sea retirada de la Comisión de Equidad y Género.

2. De la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que·su iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada el 12 de marzo de 2013, sea retirada de la Comisión de Justicia.

3. Del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita que su iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada el 21 de marzo de 2013, sea retirada de las Comisiones de Economía, y de Comunicaciones.

4. Del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita que su iniciativa que reforma los artículos 25 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 7 de febrero de 2013, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

5. Del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 2 de abril de 2013, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

6. De la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, presentada el 21 de marzo de 2013, sea retirada de la Comisión de Vivienda.

7. Del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada el 12 de marzo de 2013, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

8. De la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa que adiciona los artículos 34 Bis a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 303-B a la Ley del Seguro Social y 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada el 7 de marzo de 2013, sea retirada de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Vivienda.

9. Del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se solicita que su iniciativa que expide la Ley General de Economía Social y Solidaria, presentada el 23 de abril de 2013, sea retirada de las Comisiones de Economía, y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

10. Del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 31 de octubre de 2012, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

11. Del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 15 de noviembre de 2012, sea retirada de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Asuntos Migratorios.

12. Del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 669, 670 y 705 del Código Civil Federal, presentada el 26 de junio de 2013, sea retirada de la Comisión de Justicia.

13. Del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 7 de agosto de 2013, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

14. De la diputada Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa que reforma los artículos 12, 66, 70 y 71 de la Ley General de Educación, presentada el 8 de agosto de 2013, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

México, DF, a 3 de septiembre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que durante el segundo receso del primer año de ejercicio se realizó modificación de turno de lo siguiente:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, presentada por el diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 29 de abril de 2013.

“Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, para dictamen.”

2. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo Transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el diputado Carlos Fernando Angula Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de junio de 2013.

“Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión Especial de la industria manufacturera y maquiladora de exportación, para opinión.”

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, presentada por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 29 de mayo de 2013.

“Se turnó a. las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.”

4. Iniciativa con proyecto de decreto por lo que se declara a nivel nacional el año 2014 como “Año del Centenario de la Soberana Convención Militar Revolucionaria de Aguascalientes”, remitida por el Congreso del Estado de Aguascalientes el l0 de junio de 2013.

“Se turnó a la Comisión de Gobernación, para dictamen.”

México, DF, a 3 de septiembre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Equidad y Género

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a integrar una averiguación previa sólida y contundente que permita hacer justicia en el caso del feminicidio de Darcy Losada.

Recursos Hidráulicos

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que pueda sumarse al esfuerzo realizado por el Gobierno del Distrito Federal, quien, en coordinación con la delegación iztapalapa, ha destinado una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para resolver el problema del agua en la demarcación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que integre una averiguación previa sólida y contundente que permita hacer justicia en el caso del feminicidio de Darcy Losada

Honorable Asamblea:

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Equidad y Género le fue turnado para su estudio y Dictamen, el expediente No. 1730 que contiene la Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF a integrar una averiguación previa sólida y contundente que permita hacer justicia en el caso del feminicidio de Darcy Losada, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano el 9 de abril.

Fue turnada en esa misma fecha a esta Comisión.

Contenido

En su exposición de motivos señala el promovente que el pasado 25 de marzo, Darcy Losada, de 20 de años de edad, en la Ciudad de México fue víctima de la forma más extrema de violencia de género: el feminicidio, así como sucede con muchos otros casos de mujeres asesinadas violentamente en todo el país.

Agrega que hacer justicia en un caso de feminicidio es fundamental para atajar la impunidad con la que se puede matar, con total menosprecio por su vida, a una mujer. Sólo con la actuación comprometida en atender de manera eficaz y oportuna los casos de feminicidios por parte de las autoridades involucradas en la procuración e impartición de justicia, es que se logrará atajar este grave problema, signo de la descomposición social que nos afecta hoy en día y el cual representa la forma más extrema de violencia hacia las mujeres.

En la exposición de motivos se abunda en la narración detallada del caso, que para efectos de este dictamen omitimos por economía procesal y en virtud de que la información ha sido ya ampliamente difundida en los medios de comunicación.

Para finalizar expresa el proponente que el pasado miércoles 3 de abril, el presunto asesino de Darcy fue detenido en Tlalnepantla, estado de México, por posesión de arma de fuego y liberado por las reservas de ley por el Ministerio Público de la Federación, ya que el delito que se le imputaba no era grave, sin embargo, minutos después fue aprehendido de nueva cuenta por las autoridades de la Procuraduría general de Justicia del Distrito Federal.

Precisa también que ante el conocido problema de impunidad de los feminicidios, alza la voz para que este asesinato no quede impune y para que la PGJDF a integre una averiguación previa sólida y contundente que permita hacer justicia en el caso del feminicidio de Darcy Losada.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora tiene conocimiento de que, en el caso concreto la familia de la joven Darcy presentó denuncia por su desaparición ante la PGJDF por lo que se integró la averiguación previa FBJ/BJ-4/t1/00557/13-03 dentro de la cual el 5 de abril pasado se ejecutó la orden de aprehensión en contra de Omar Ikeer Alejandro Rodes como presunto autor del feminicidio.

De tal suerte que la proposición que se analiza queda sin materia.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la PGJDF a integrar una averiguación previa sólida y contundente que permita hacer justicia en el caso del feminicidio de Darcy Losada .

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Equidad y Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda, Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a sumarse al esfuerzo realizado por el Gobierno del Distrito Federal, que en coordinación con la delegación Iztapalapa ha destinado recursos para resolver el problema del agua en la demarcación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que pueda sumarse al esfuerzo realizado por el gobierno del Distrito Federal, quien, en coordinación con la delegación Iztapalapa, ha destinado una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para resolver el problema del agua en.la demarcación, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral I, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero.En sesión celebrada el martes 16 de abril de 2013, el diputado Carlos Augusto Morales López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que pueda sumarse al esfuerzo realizado por el gobierno del Distrito Federal, quien, en coordinación con la delegación Iztapalapa, ha destinado una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para resolver el problema del agua en la demarcación.

Segundo.En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0856, turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos dicha proposición para efecto de su dictaminación.

Tercero.Con fecha lunes 29 de abril del año 2013, se reunió la junta directiva de esta comisión en reunión extraordinaria, posteriormente se celebró una reunión plenaria extraordinaria el martes 30 de abril del año 2013, y dentro del orden del día de ambas reuniones se abordó el análisis del punto de acuerdo en mención.

II. Contenido de la proposición

Para sustentar su proposición, el diputado Carlos Augusto Morales López presenta esencialmente los siguientes argumentos:

1. Señala que durante la presentación del Programa de Acción en Materia de Potabilización del Agua para Iztapalapa 2013-2018, el jefe de gobierno del Distrito Federal (GDF) anunció que se invertirán de 300 a 320 millones de pesos anuales para resolver de manera definitiva el problema del agua en la delegación Iztapalapa.

2. Que dicho programa consiste en los siguientes 13 puntos de trabajo:

3. Que adicionalmente, el licenciado Jesús Valencia, titular de la delegación Iztapalapa, informó que, aparte de los recursos aportados por la delegación para esta estrategia conjunta con el GDF, su gobierno invertirá 200 millones de pesos para distintos problemas relacionados con el tema del agua.

4. Que la delegación Iztapalapa es la demarcación más poblada del Distrito Federal y que incluso a nivel municipal, es la de mayor número de habitantes en el país, superando en población a 10 estados de la República Mexicana.

5. Que la referida delegación presenta una serie de problemas relacionados con el agua como obsolescencia en las redes, hundimientos de 20 a 40 centímetros de por año, afectando a más de 14 mil viviendas, de las cuales aproximadamente mil 200, por su condición, están consideradas como de alto riesgo, resultado de la excesiva extracción de líquido que se hace a través de pozos profundos en el subsuelo.

6. Que de acuerdo a datos de fa Comisión Nacional del Agua, la disponibilidad natural media per cápita de quienes vivimos en el valle de México se considera extremadamente baja ya que es de apenas 74 metros cúbicos por hal1itante al año, cifra equivalente a la mitad de la media nacional, que es de 136 metros cúbicos por habitante al año, colocando a la metrópoli en condiciones similares a las de países en los que sus habitantes conviven cotidianamente en regiones semidesérticas o desérticas.

7. Que las cifras reportan que en Iztapalapa el desabasto de agua afecta aproximadamente a 80 mil familias de 59 colonias, aparte de la inequidad en el servicio y de no contar con infraestructura, hay familias que aún teniendo acceso domiciliario al agua potable el suministro es esporádico.

8. Que de acuerdo con el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa existe una demanda del vital líquido de 6 mil 230 litros por segundo y en contraste, se tiene una oferta de 5 mil 400 litros por segundo, es decir, hay un déficit difícil de solucionar, por lo que todos los niveles de gobierno deben de actuar.

9. Que el tema no sólo es de competencia delegacional o del Distrito Federal, sino que por sus dimensiones e impacto, compete sobre todo al gobierno federal.

10. Que consciente de que el problema necesita de mayor apoyo, el licenciado Jesús Valencia, jefe delegacional de Iztapalapa, hizo un llamado al Ejecutivo federal para que el 1 por ciento del dinero destinado a la Cruzada por el Hambre, se invierta en infraestructura hidráulica.

11. Que por las razones anteriores, se hace un respetuoso llamado a las instancias responsables del tema del agua en el gobierno federal a sumarse a las acciones planteadas por el jefe de gobierno capitalino.

12. Que es momento de aprovechar las sinergias positivas y trabajar en equipo para la resolución de este problema;

13. Que hoy día que la delegación y el gobierno del Distrito Federal suman esfuerzos, es menester invitar al Gobierno Federal para que se sume a esta iniciativa.

Con base en lo expuesto, el diputado presenta una proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal para que pueda sumarse al esfuerzo realizado por el gobierno del distrito federal, quien, en coordinación con la delegación Iztapalapa, ha destinado una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para resolver el problema del agua en la demarcación.

Después de analizar el contenido de la proposición, quienes integramos esta Comisión de Recursos Hidráulicos exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora reconoce la importancia que tiene y lo que representa la delegación Iztapalapa para el Distrito Federal, capital del país. Su historia, su actividad comercial y sus tradiciones son elementos fundamentales para la misma.

De acuerdo con la información publicada en la página de internet de la delegación Iztapalapa, esta delegación ha sido asiento de numerosas familias que abandonaron algunas delegaciones centrales y ha sido destino de familias procedentes de otras entidades federativas. Señala que en los últimos años ha alojado el 83.7 por ciento del crecimiento del Distrito Federal, agotando prácticamente su reserva de suelo urbanizable, representando la principal reserva territorial para el crecimiento urbano del Distrito Federal. Asimismo, destaca que esta dinámica ha cumplido una importante función en la redistribución de la población, alojando una proporción muy significativa de la construcción de nueva vivienda (fuente: http://www.iztapalapa.df.gob.mx/htm/demografia. html).

La siguiente imagen muestra que Iztapalapa ocupa el primer lugar en población de las 16 delegaciones que comprenden el Distrito Federal:

Así, la dinámica de crecimiento en Iztapalapa ha traído consigo el incremento de múltiples demandas, entre ellas, la de agua potable.

Esta comisión es conocedora de que el pasado 8 de abril de 2013, el jefe de gobierno del Distrito Federal anunció que el Programa de Acción en materia de Potabilización del Agua para Iztapalapa 2013-2018, consistente en 13 puntos de trabajo, con una inversión total estimada cercana a los 2 mil millones de pesos, y cuyo principal objetivo es enfrentar los problemas de escasez y calidad del agua en la delegación, considerando un programa de inversión anual del orden de los 320 millones de pesos, para resolver de manera definitiva el problema del agua en la Delegación Iztapalapa.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) brindó información a esta comisión que el programa anunciado por el jefe de gobierno del Distrito Federal denominado Programa de Acción en materia de Potabilización del Agua para Iztapalapa 2013-2018, se ejecutará con la participación conjunta de recursos tanto del programa del gobierno federal denominado Programa de Agua Potable. Alcantarillado Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) como con recursos propios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,de conformidad con los porcentajes de aportación que determinen las reglas de operación de dicho programa (fuente: Ingeniero Mauricio Jaime Hernández García, director técnico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 26 de abril de 2013).

Este programa, de acuerdo con las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2013”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el jueves 28 de febrero de 2013, tiene como objetivo:

Artículo 7. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.

7.1. Objetivo Específico

Impulsar acciones tendientes al mejoramiento e incremento de la prestación de los -servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para el beneficio de habitantes de comunidades urbanas del país, a través del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas y municipios y sus organismos operadores.

Las principales acciones que comprende este programa son

• Elaboración de estudios y proyectos.

• Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

• Mejoramiento de la eficiencia física y comercial.

• Realizar acciones de construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica del Subsector, incluyendo las requeridas para el desalojo de las aguas pluviales de las zonas urbanas.

Asimismo, las reglas de operación de este programa establecen un determinado porcentaje de aportación de recursos federales, que para el caso de Iztapalapa, varía entre un 40 y 60 por ciento del costo total de las obras. Este porcentaje está en función del tipo de obra o acción y del número de habitantes de la localidad beneficiada como se puede observar en la tabla siguiente:

Los integrantes de esta Comisión de Recursos Hidráulicos solicitamos información a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para conocer la estructura financiera para el ejercicio fiscal 2013 correspondiente al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (APAZU) para el Distrito Federal, dentro del cual está considerado el Programa de Acción en materia de Potabilización del Agua para Iztapalapa 2013-2018, anunciado por el jefe de gobierno capitalino, la cual se muestra en la siguiente tabla:

Total: $1,039,775,941.00

Federal: 629,936,574.00

GDF: 409,839,367.00

Fuente: Comisión Nacional del Agua. Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Alcantarillado.

Esta Comisión de Recursos Hidráulicos hizo contacto con personal de la delegación Iztapalapa, en particular con el director de Obras de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Iztapalapa, ciudadano Alejandro Slhiucamina Silva Ceballos, quien nos informó que la delegación tiene programado ejercer recursos propios para la atención de los problemas de grietas que sufre año con año la demarcación, acciones importantes complementarias al Programa de Acción en Materia de Potabilización del Agua para Iztapalapa 2013-2018, anunciado por el jefe de gobierno capitalino.

Por lo señalado los integrantes de esta comisión dictaminadora concluimos que la fuente de financiamiento para la ejecución del Programa de Acción en Materia de Potabilización del Agua para Iztapalapa 2013-2018, anunciado por el jefe de gobierno capitalino, está compuesta con la participación de recursos federales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y con la participación de recursos del gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y están trabajando en conjunto.

Por lo expuesto, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que pueda sumarse al esfuerzo realizado por el gobierno del Distrito Federal, quien, en coordinación con la delegación Iztapalapa, ha destinado una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos para resolver el problema del agua en la demarcación, presentada por el diputado Carlos Augusto Morales López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívense el expediente correspondiente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Gerardo Gaudino Rovirosa (rúbrica), presidente; J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez, José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

DIPUTADO QUE CAMBIA DE GRUPO PARLAMENTARIO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Me permito hacer de su conocimiento que el ciudadano diputado José Humberto Vega Vázquez, manifestó a esta Presidencia, su separación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y su incorporación al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo que dispone el artículo 6o., numeral 1, fracción XII del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “De enterado, comuníquese”.

México, DF, a 26 de julio de 2013.— Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto.

CAMBIOS DE INTEGRANTES Y DE JUNTAS DIRECTIVAS DE DIVERSAS COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIALES, COMITES, GRUPOS DE AMISTAD Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno a publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle que se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Adriana Hernández Íñiguez cause baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.

• Que la diputada Adriana Hernández Íñiguez cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 30 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle que se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento, solicitado por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar cause baja como presidente en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito cause alta como presidenta en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar cause baja como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino cause alta como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito cause baja como secretaria en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino cause baja como integrante en la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino cause baja como secretario en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Nabor Ochoa López cause baja alta como secretario en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Nabor Ochoa López cause baja como integrante  en la Comisión de Transportes.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 15 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle que se proporcione la atención procedente a la siguiente movimiento, solicitado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que el diputado José Antonio Hurtado Gallegos cause baja como en la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado José Antonio Hurtado Gallegos cause baja como en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 15 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle que se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento, solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que l diputado Marco Antonio Bernal Gutiérre z cause baja como integrante en la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos.

• Que el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos cause alta como integrante en la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 16 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI:

• Que la diputada Claudia Delgadillo González (PRI) cause baja como integrante de la Comisión Especial de programas sociales.

• Que el diputado Darío Badillo Ramírez (PRI) cause alta como integrante en la Comisión Especial de programas sociales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI:

• Que el diputado Salvador Romero Valencia cause alta como integrante en la Comisión Especial de energías renovables.

• Que la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas cause alta como integrante en la Comisión Especial de la industria automotriz y del acero.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 30 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito que se le proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza:

• Que la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas cause baja como integrante en la Comisión Especial de fortalecimiento a la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad.

• Que el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo cause alta como integrante en la Comisión Especial de fortalecimiento a la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 6 de mayo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el cuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de la comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

• Que la diputada Lilia Aguilar Gil cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados.

• Que el diputado Adolfo Oribe Bellinger cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento a las prácticas monopólicas y regulación de mercados.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 29 de mayo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno a publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudios, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito se le proporcione la atención procedente a las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, subcoordinador de Proceso Legislativo y Agenda Política del Grupo Parlamentario del PAN:

• Que el diputado José Ángel González Serna cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente.

• Que el diputado José Ángel González Serna cause baja como integrante de la Comisión Especial de promoción del desarrollo regional.

• Que el diputado José Ángel González Serna cause baja como integrante del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

 Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de mayo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle que se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento, solicitado por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca cause baja como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

• Que la diputada Judit Magdalena Guerrero López cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle que se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento, solicitado por la coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Que la diputada María Sanjuana Cerda Franco cause baja como presidenta en el Grupo de Amistad México-El Salvador.

• Que el diputado Fernando Bribiesca Sahagún cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-El Salvador.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 16 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares cause baja como presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania.

• Que la diputada Rosa Elba Pérez Hernández cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Ucrania.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 31 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Laura Barrera Fortoul cause baja como integrante del organismo internacional Parlamento Latinoamericano.

• Que la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago cause alta como integrante en el organismo internacional Parlamento Latinoamericano.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 31 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Enrique Alejandro Flores Flores cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del Programa Especial Concurrente.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 31 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI:

• Que el diputado Sergio Torres Félix (PRI) cause baja como suplente del Consejo de Europa.

• Que el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI) cause alta como suplente en el Consejo de Europa.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Integración de los grupos de amistad

Alemania

Diputados: Grupo Parlamentario, Cargo, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN), presidenta; Carlos Aceves del Olmo (PRI), Margarita Saldaña Hernández (PAN), María del Rosario Merlín García (PRD), vicepresidentes; Alma Marina Vitela Rodríguez (PRI), María Fernanda Schroeder Verdugo (PRI), José Alberto Rodríguez Calderón (PRI), José Enrique Doger Guerrero (PRI), Patricia Elena Retamoza Vega (PRI), Mario Alberto Dávila Delgado (PAN), Ramón Montalvo Hernández (PRD), Milkdret Marina Verde Avendaño (PRD), Federico José González Luna Bueno (PVEM).

Angola

Diputados: Celia Isabel Gauna Ruiz (PRI), presidenta; Juan Jesús Aquino Calvo (PAN), Mario Miguel Carrillo Huerta (PRD), vicepresidentes; Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM).

Arabia Saudita

Diputados: Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN), presidente; Leticia Calderón Ramírez (PRI), Humberto Alonso Morelli (PAN), Carla Guadalupe Reyes Montiel (PRD), vicepresidentes; Claudia Delgadillo González (PRI), Marco Antonio González Valdez (PRI), Román Alfredo Padilla Fierro (PRI), Roxana Luna Porquillo (PRD), David Pérez Tejada Padilla (PVEM).

Argelia

Diputados:Lourdes Eulalia Quiñones Canales (PRI), presidenta; Consuelo Argüelles Loya (PAN), Vicepresidenta; Marco Alonso Vela Reyes (PRI), Elvia María Pérez Escalante (PRI), María del Rosario Merlín García (PRD), Mario Francisco Guillén Guillén (PVEM).

Argentina

Diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI) Presidente; Abel Salgado Peña (PRI), Martín Alonso Heredia Lizárraga (PAN), Antonio Sansores Sastré (PRD), vicepresidentes; Manuel Añorve Baños (PRI), William Oswaldo Ochoa Gallegos (PRI), José Luis Márquez Martínez (PRI), Blas Ramón Rubio Lara (PRI), Xavier Azuara Zúñiga (PAN), Felipe de Jesús Almaguer Torres (PAN), Rodrigo González Barrios (PRD), Fernando Zárate Salgado (PRD), Enrique Aubry de Castro Palomino (PVEM), Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano).

Australia

Diputados:Adriana Fuentes Téllez (PRI), presidenta; Luis Alfredo Murguía Lardizábal (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), José Luis Muñoz Soria (PRD), vicepresidentes; Cristina González Cruz (PRI), Adolfo Bonilla Gómez (PRI), Salvador Barajas del Toro (PRI), Martha Gutiérrez Manrique (PRI), Jorge Rosiñol Abreu (PAN), Juan Bueno Torio (PAN), Jessica Salazar Trejo (PRD), Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD), Gabriela Medrano Galindo (PVEM).

Austria

Diputados:Abel Guerra Garza (PRI), presidente; Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN), Catalino Duarte Ortuño (PRD), vicepresidentes; María Carmen López Segura (PRI), Julio César Flemate Ramírez (PRI), María de Jesús Huerta Rea (PRI), José Guadalupe García Ramírez (PAN), Carla Guadalupe Reyes Montiel (PRD), Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM).

Azerbaiyan

Diputados:Raymundo King De la Rosa (PRI), presidente; Raudel López López (PAN), vicepresidente; Fernando Salgado Delgado (PRI), Roberto López González (PRD), Antonio Cuéllar Steffan (PVEM).

Belice

Diputados:Gabriela Medrano Galindo (PVEM), presidenta;, Irazema González Martínez Olivares (PRI), vicepresidenta;, Francisco Javier Fernández Clamont (PRI), Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI), Raúl Gómez Ramírez (PAN), Carlos de Jesús Alejandro (PRD)

Bélgica

Diputados:Consuelo Argüelles Loya (PAN), presidenta; Miriam Cárdenas Cantú (PRI), José Luis Oliveros Usabiaga (PAN), Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD), vicepresidentes;, Rodimiro Barrera Estrada (PRI), Faustino Félix Chávez (PRI), Cecilia González Gómez (PRI), Mario Rafael Méndez Martínez (PRD), Judit Magdalena Guerrero López (PVEM)

Bielorrusia

Diputados:Magdalena Núñez Monreal (PT), presidenta; Gabriel Gómez Michel (PRI), César Reynaldo Navarro De Alba (PRI), Francisco Pelayo Covarrubias (PAN), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM).

Bolivia

Diputados:Roberto López Rosado (PRD), presidente; Miguel Sámano Peralta (PRI), vicepresidente; Pedro Gómez Gómez (PRI), Josefina García Hernández (PRI), Eufrosina Cruz Mendoza (PAN), Héctor Narcia Álvarez (PVEM).

Brasil

Diputados:María de la Paloma Villaseñor Vargas (PRI), presidenta; Arnoldo Ochoa González (PRI), Alberto Díaz Trujillo (PAN), Claudia Elena Águila Torres (PRD), vicepresidentes; María de las Nieves García Fernández (PRI), Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Salvador Romero Valencia (PRI), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (PAN), Karina Labastida Sotelo (PAN), Antonio García Conejo (PRD), Purificación Carpinteyro Calderón (PRD), Ernesto Núñez Aguilar (PVEM), Nelly del Carmen Vargas Pérez (Movimiento Ciudadano).

Bulgaria

Diputados:Ricardo Astudillo Suárez (PVEM), presidente; María del Carmen Ordaz Martínez (PRI), Jorge Salgado Parra (PRD), vicepresidentes; Adriana Hernández Iñiguez (PRI), J. Jesús Oviedo Herrera (PAN).

Canadá

Diputados:Javier Treviño Cantú (PRI), presidente; Alejandro Rangel Segovia (PRI), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN), Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD), vicepresidentes; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (PRI), José Alejandro Montano Guzmán (PRI), Benito Caballero Garza (PRI), José Arturo Salinas Garza (PAN), José Ángel González Serna (PAN), Vicario Portillo Martínez (PRD), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (PRD), Ana Lilia Garza Cadena (PVEM)

Chile

Diputados:Herberto Neblina Vega (PRI), presidenta; Martha Gutiérrez Manrique (PRI), Elizabeth Vargas Martín del Campo (PAN), Teresita de Jesús Borges Pasos (PRD), vicepresidentes; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (PRI), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (PRI), Salvador Arellano Guzmán (PRI), Norma Ponce Orozco (PRI), Víctor Emanuel Díaz Palacios (PAN), Marcelina Orta Coronado (PAN), Luis Manuel Arias Pallares (PRD), Juana Bonilla Jaime (PRD), Ricardo Astudillo Suárez (PVEM).

China

Diputados:Amira Gricelda Gómez Tueme (PRI), presidenta; Salvador Ortiz García (PRI), María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (PRD), vicepresidentes; Jorge Herrera Delgado (PRI), Sonia Catalina Mercado Gallegos (PRI), José Ignacio Duarte Murillo (PRI), Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (PRI), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (PAN), Juan Pablo Adame Alemán (PAN), Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), Jhonatan Jardines Fraire (PRD), Mónica García de la Fuente (PVEM).

Chipre

Diputados:Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), presidenta; Fernando Salgado Delgado (PRI), vicepresidente; Raúl Santos Galván Villanueva (PRI), Erick Marte Rivera Villanueva (PAN), Edilberto Algredo Jaramillo (PRD), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (PVEM).

Colombia

Diputados:Jorge Iván Villalobos Seáñez (PAN), presidente; Omar Antonio Borboa Becerra (PAN), Hugo Sandoval Martínez (PRD), vicepresidentes; Irma Elizondo Ramírez (PRI), Darío Badillo Ramírez (PRI), Eligio Cuitláhuac González Farias (PRI), Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), Antonio Cuéllar Steffan (PVEM).

Corea del Norte

Diputados:Noé Hernández González (PRI), presidente; Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN), vicepresidente; Brasil Alberto Acosta Peña (PRI), Gabriel Gómez Michel (PRI), Arturo Cruz Ramírez (PRD), Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM).

Corea del Sur

Diputados:Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (PAN), presidente; Lizbeth Loy Gamboa Song (PRI), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (PAN), Víctor Manuel Bautista López (PRD), vicepresidentes; Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (PRI), Adolfo Bonilla Gómez (PRI), Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), Jorge Herrera Delgado (PRI), Miguel Alonso Vildosola Lacarra (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), Felipe Arturo Camarena García (PVEM).

Costa de Marfil

Diputados:Marcelina Orta Coronado (PAN), presidente; Flor Ayala Robles Linares (PRI), vicepresidenta; Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD), Federico José González Luna Bueno (PVEM).

Costa Rica

Diputados:Leslie Pantoja Hernández (PAN), presidenta; Julio César Flemate Ramírez (PRI), Genaro Carreño Muro (PAN), Marino Miranda Salgado (PRD) , vicepresidentes; Juan Manuel Carbajal Hernández (PRI), Roy Argel Gómez Olguín (PRI), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (PRI), Mario Rafael Méndez Martínez (PRD), David Pérez Tejada Padilla (PVEM).

Croacia

Diputados:Blanca María Villaseñor Gudiño (PRI), presidenta; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (PAN), vicepresidente; Roberto Ruíz Moronatti (PRI), Leticia Calderón Ramírez (PRI), Pedro Porras Pérez (PRD), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (PVEM).

Cuba

Diputados:Guillermo Sánchez Torres (PRD), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI), Margarita Licea González (PAN), Roberto López Suárez (PRD), vicepresidentes; Héctor García García (PRI), Oscar Bautista Villegas (PRI), María Guadalupe Velázquez Díaz (PRI), Javier López Zavala (PRI), José Luis Flores Méndez (PRI), Arturo De la Rosa Escalante (PAN), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (PAN), Agustín Miguel Alonso Raya (PRD), Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), Rodrigo Chávez Contreras (Movimiento Ciudadano).

Dinmarca

Diputados:Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano), presidenta; Marco Antonio Calzada Arroyo (PRI), Patricia Lugo Barriga (PAN), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD), vicepresidentes; Celia Isabel Gauna Ruiz de León (PRI), Fernando Zamora Morales (PRI), María del Rocío García Olmedo (PRI), Ramón Antonio Sampayo Ortíz (PAN), Francisco Tomás Rodríguez Montero (PRD), Ana Lilia Garza Cadena (PVEM).

Ecuador

Diputados:Rosendo Serrano Toledo (PRD), presidente; José Everardo Nava Gómez (PRI), vicepresidente; Alfonso Inzunza Montoya (PRI), Miguel Sámano Peralta (PRI), Alberto Coronado Quintanilla (PAN), Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM).

Egipto

Diputados:Marco Antonio González Valdez (PRI), presidente; Víctor Rafael González Manríquez (PAN), Fernando Cuéllar Reyes (PRD), vicepresidentes; José Rubén Escajeda Jiménez (PRI), Josefina García Hernández (PRI), Leopoldo Sánchez Cruz (PRI), María Celia Urciel Castañeda (PAN), Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD), Nabor Ochoa López (PVEM).

El Salvador

Diputados:Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza), presidente; Petra Barrera Barrera (PRI), vicepresidente; Blanca Estela Gómez Carmona (PRI), Jorge del Ángel Acosta (PRI), Leticia López Landero (PAN), Víctor Raymundo Nájera Medina (PRD), Felipe Arturo Camarena García (PVEM).

Eslovaquia

Diputados:María Guadalupe Mondragón González (PAN), presidenta; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (PRI), vicepresidente; Blanca María Villaseñor Gudiño (PRI), Miriam Cárdenas Cantú (PRI), Israel Moreno Rivera (PRD), Héctor Narcia Álvarez (PVEM).

España

Diputados:José Sergio Manzur Quiroga (PRI), presidente; Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (PRI), Fernando Rodríguez Doval (PAN), Agustín Miguel Alonso Raya (PRD), vicepresidentes; Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI), Manuel Añorve Baños (PRI), Maricela Velázquez Sánchez (PRI), Antonio De Jesús Díaz Athié (PRI), María Beatriz Zavala Peniche (PAN), Enrique Alejandro Flores Flores (PAN), Mario Miguel Carrillo Huerta (PRD), Jhonatan Jardines Fraire (PRD), Tomás Torres Mercado (PVEM), Merilyn Gómez Pozos (Movimiento Ciudadano).

Estados Unidos

Diputados:Adriana González Carrillo (PAN), presidenta; Javier Treviño Cantú (PRI), Ricardo Anaya Cortés (PAN), Víctor Manuel Manríquez González (PRD), Arturo Escobar y Vega (PVEM), vicepresidente; Amira Griselda Gómez Tueme (PRI), María del Carmen García de la Cadena R. (PRI), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI), María Guadalupe Velázquez Díaz (PRI), Mauricio Sahui Rivero (PRI), Carlos Fernando Angulo Parra (PAN), Amalia Dolores García Medina (PRD), Verónica García Reyes (PRD), Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza).

Etiopia

Diputados:Sonia Catalina Mercado Gallegos (PRI), presidenta; Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN), vicepresidenta; Eva Diego Cruz (PRD), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (PVEM).

Filipinas

Diputados:Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN), presidenta; Aurora Denisse Ugalde Alegría (PRI), Vicario Portillo Martínez (PRD), vicepresidentes; Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (PRI), Abel Guerra Garza (PRI), Rubén Acosta Montoya (PVEM).

Finlandia

Diputados:Mónica García de la Fuente (PVEM), presidenta; Francisco Grajales Palacios (PRI), Esther Quintana Salinas (PAN), Andrés Eloy Martínez Rojas (PRD), vicepresidentes; Patricio Flores Sandoval (PRI), Francisco Javier Fernández Clamont (PRI), Faustino Félix Chávez (PRI), Raquel Jiménez Cerrillo (PAN), Jorge Salgado Parra (PRD).

Francia

Diputados:Jorge Mendoza Garza (PRI), presidente; Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI), Verónica Sada Pérez (PAN), Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD), vicepresidentes; Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI), Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza (PRI), Claudia Delgadillo González (PRI), Mirna Esmeralda Hernández Morales (PRI), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (PAN), Carlos Alberto García González (PAN), Karen Quiroga Anguiano (PRD), Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD), Antonio Cuéllar Steffan (PVEM), Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano).

Georgia

Diputados:Martha Leticia Sosa Govea (PAN), presidenta; Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (PRI), Agustín Barrios Gómez Segués (PRD), vicepresidentes; Juan Isidro Del Bosque Márquez (PRI), Ernesto Núñez Aguilar (PVEM).

Grecia

Diputados:Julisa Mejía Guardado (PRD), presidenta; Diana Karina Velázquez Ramírez (PAN) Andrés de la Rosa Anaya (PRD), vicepresidentes; Adriana Hernández Iñiguez (PRI), Juan Manuel Carbajal Hernández (PRI), Frine Soraya Córdova Morán (PRI), Cinthya Noemí Valladares Couoh (PAN), Ramón Montalvo Hernández (PRD) y Martha Edith Vital Vera (PVEM).

Guatemala

Diputados:Francisco González Vargas (PRI), presidente; Leticia López Landero (PAN), José Antonio León Mendívil (PRD), vicepresidentes; Gaudencio Hernández Burgos (PRI), Juan Manuel Rocha Piedra (PRI), José Noel Pérez de Alba (PRI), Rafael Acosta Croda (PAN), Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) y Martha Edith Vital Vera (PVEM).

Haití

Diputados:Ricardo Medina Fierro (PRI), presidente; José Alfredo Botello Montes (PAN), vicepresidenta; Blanca Estela Gómez Carmona (PRI), Cristina González Cruz (PRI), Juan Manuel Fócil Pérez (PRD) y Federico José González Luna Buena (PVEM).

Holanda

Diputados:Agustín Barrios Gómez Segués (PRD), presidente; Rafael González Reséndiz (PRI), Humberto Armando Prieto Herrera (PAN), vicepresidentes; Rosalba de la Cruz Requena (PRI), Gaudencio Hernández Burgos (PRI), José Noel Pérez de Alba (PRI), Alfredo Zamora García (PAN), Eva Diego Cruz (PRD) y Felipe Arturo Camarena García (PVEM).

Honduras

Diputados:Valentín González Bautista (PRD), presidente; María Concepción Navarrete Vital (PRI), vicepresidenta; Jorge del Ángel Acosta (PRI), María del Carmen Ordaz Martínez (PRI), Leticia López Landero (PAN) y Rosa Elba Pérez Hernández (PVEM).

Hungría

Diputados:Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (PRI), presidenta; Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN), vicepresidente; Mirna Esmeralda Hernández Morales (PRI), José Luis Márquez Martínez (PRI), Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), Mario Francisco Guillén Guillén (PVEM).

India

Diputados:Javier López Zavala (PRI), presidente; Gerardo Xavier Hernández Tapia (PRI), Raúl Paz Alonzo (PAN), José Luis Esquivel Zalpa (PRD), vicepresidentes; Emilse Miranda Munive (PRI), Noé Barrueta Barón (PRI), Socorro de la Luz Quintana León (PRI), María de Jesús Huerta Rea (PRI), José Alejandro Llanas Alba (PAN), Flor de María Pedraza Aguilera (PAN), Carlos Augusto Morales López (PRD), Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), Martha Edith Vital Vera (PVEM).

Indonesia

Diputados:Alejandra López Noriega (PAN), presidenta; Zita Beatriz Pazzi Maza (PRI), Raquel Jiménez Cerrillo (PAN), vicepresidentas; Irma Elizondo Ramírez (PRI), María Carmen López Segura (PRI), Lizbeth Loy Gamboa Song (PRI), María de Lourdes Amaya Reyes (PRD), Carol Antonio Altamirano (PRD), Lourdes Adriana López Moreno (PVEM).

Irak

Diputados:J. Pilar Moreno Montoya (PRI), presidente; María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), vicepresidenta; José Isidro Moreno Arceaga (PRI), Luis Gómez Gómez (PRI), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD).

Irlanda

Diputados:J. Jesús Oviedo Herrera (PAN), presidente; María Rebeca Terán Guevara (PRI), Luis Miguel Ramírez Romero (PAN), Silvano Blanco Deaquino (PRD), vicepresidentes; Abraham Montes Alvarado (PRI), María Leticia Mendoza Curiel (PRI), Marco Antonio Barba Mariscal (PRI), Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM).

Irán

Diputados:Antonio Sansores Sastré (PRD), presidente; Petra Barrera Barrera (PRI), Salvador Ortiz García (PRI), Víctor Serralde Martínez (PAN), Ruth Zavaleta Salgado (PVEM).

Israel

Diputados:Ana Isabel Allende Cano (PRI), presidenta; Cristina Ruiz Sandoval (PRI), José Alfredo Botello Montes (PAN), Tomás Brito Lara (PRD), vicepresidentes; José Rubén Escajeda Jiménez (PRI), Raúl Macías Sandoval (PRI), Noé Barrueta Barón (PRI), Irazema González Martínez Olivares (PRI), José Guillermo Anaya Llamas (PAN), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (PAN), Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), Joaquina Navarrete Contreras (PRD), Rosal Elba Pérez Hernández (PVEM), Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza).

Italia

Diputados: Rodrigo González Barrios (PRD), presidente; María Fernanda Schroeder Verdugo (PRI), Lázara Nelly González Aguilar (PAN), vicepresidentes; Maricela Velázquez Sánchez (PRI), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (PRI), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (PRI), Regina Vázquez Saut (PRI), Víctor Hugo Velasco Orozco (PRI), Alfredo Zamora García (PAN), Víctor Rafael González Manríquez (PAN), José Ángel Ávila Pérez (PRD), Alejandro Carbajal González (PRD), Ruth Zavaleta Salgado (PVEM).

Jamaica

Diputados:Luisa María Alcalde Luján (Movimiento Ciudadano), presidenta; Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (PRI), vicepresidenta; José Luis Cruz Flores Gómez (PRI), Mayra Karina Robles Aguirre (PRI), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (PAN), Juana Bonilla Jaime (PRD), Amílcar Villafuerte Trujillo (PVM).

Japón

Diputados: Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (PAN), presidenta; María del Rocío Corona Nakamura (PRI), Gerardo Peña Avilés (PAN), Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD), vicepresidentes; Eisa Patricia Araujo de la Torre (PRI), Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI), Aurora Denisse Ugalde Alegría (PRI), Salvador Barajas del Toro (PRI), Adriana Fuentes Téllez (PRI), Glafiro Salinas Mendiola (PAN), Yesenia Nolasco Ramírez (PRD), Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), Ricardo Astudillo Suárez (PVEM), René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza).

Libia

Diputados: Joaquina Navarrete Contreras (PRD), presidenta; Landy Margarita Berzunza Novelo (PRI), vicepresidenta; Raúl Paz Alonzo (PAN), Arturo Escobar y Vega (PVEM).

Líbano

Diputados:Jesús Morales Flores (PRI), presidente; Alfredo Rivadeneyra Hernández (PAN), Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), vicepresidentes; Mauricio Sahui Rivero (PRI), Fernando Zamora Morales (PRI), Kamel Athie Flores (PRI), Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN), José Ángel Ávila Pérez (PRD), Ana Lilia Garza Cadena (PVEM).

Lituania

Diputados:Carmen Lucía Pérez Camarena (PAN), presidenta; Martín de Jesús Vázquez Villanueva (PRI), vicepresidente; Patricia Guadalupe Peña Recio (PRI), Andrés Eloy Martínez Rojas (PRD), Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM).

Malasia

Diputados: José Enrique Reina Lizárraga (PAN), presidente; Tania Rellstab Carreto (PRI), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (PAN), Jessica Salazar Trejo (PRD), vicepresidentes; Angélica Rocío Melchor Vásquez (PRD), Arturo Escobar y Vega (PVEM).

Marruecos

Diputados: José Valentín Maldonado Salgado (PRD), presidente; Luis Gómez Gómez (PRI), Marcos Aguilar Vega (PAN), vicepresidentes; Mayra Karina Robles Aguirre (PRI), Darío Badillo Ramírez (PRI), Esther Angélica Martínez Cárdenas (PRI), Rubén Camarillo Ortega (PAN), Marcelo Garza Ruvalcaba (PRD), Rubén Acosta Montoya (PVEM)

Mongolia

Diputados: Delvim Fabiola Barcenas Nieves (PRI), presidenta; Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN), José Luis Muñoz Soria (PRD), vicepresidentes; Héctor Narcia Álvarez (PVEM).

Montenegro

Diputados: Laura Guadalupe Vargas Vargas (PRI), presidenta; Flor de María Pedraza Aguilera (PAN), vicepresidenta; Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (PRD), Ernesto Núñez Aguilar (PVEM).

Nicaragua

Diputados: Alejandro Carbajal González (PRD), presidente; Diana Karina Velázquez Ramírez (PRI), Lisandro Arístides Campos Córdova (PRI), Juan Pablo Adame Alemán (PAN), Tomás Torres Mercado (PVEM).

Nigeria

Diputados: José Martín López Cisneros (PAN), Ricardo Astudillo Suárez (PVEM), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza).

Noruega

Diputados: Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI), presidenta; Rubén Camarillo Ortega (PAN), Angélica Rocío Melchor Vásquez (PRD), vicepresidentes; Alma Marina Vitela Rodríguez (PRI), María Concepción Navarrete Vital (PRI), Jorge Terán Juárez (PRI), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN), Marino Miranda Salgado (PRD), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (PVEM)

Nueva Zelanda

Diputados: Martha Berenice Álvarez Tova (PAN), presidenta; Marco Antonio Barba Mariscal (PRI), vicepresidente; María del Rocío García Olmedo (PRI), María Carmen García de la Cadena (PRI), Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) y Enrique Aubry de Castro Palomino (PVEM).

Pakistán

Diputados: Adán David Ruíz Gutiérrez (PRI), presidente; Xavier Azuara Zúñiga (PAN), Hugo Sandoval Martínez (PRD), vicepresidentes; Mirna Velázquez López (PRI) y Mónica García de la Fuente (PVEM).

Palestina

Diputados: Crystal Tovar Aragón (PRD), presidenta; Elvia María Pérez Escalante (PRI), vicepresidenta; Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) y Enrique Aubry de Castro Palomino (PVEM).

Panamá

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (PAN), presidente; Maricruz Cruz Morales (PRI), Julisa Mejía Guardado (PRD), vicepresidentas; Jorge Terán Juárez (PRI), Antonio de Jesús Díaz Athié (PRI) y Judith Magdalena Guerrero López (PVEM).

Paraguay

Diputados: Ruth Zavaleta Salgado (PVEM), presidenta; Carlos Sánchez Romero (PRI), Héctor García García (PRI), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN) y Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD).

Perú

Diputados: Lilia Aguilar Gil (PT), presidenta; Leobardo Alcalá Padilla (PRI), vicepresidente; Juan Manuel Rocha Piedra (PRI), Patricia Elena Retamoza Vega (PRI), Blanca Jiménez Castillo (PAN), Ángel Cedillo Hernández (PRD) y María del Rosario Fátima Pariente Gavito (PVEM).

Polonia

Diputados: David Pérez Tejada Padilla (PVEM), presidente; César Reynaldo Navarro de Alba (PRI), Mario Sánchez Ruiz (PAN), vicepresidentes; Samuel Gurrión Matías (PRI), Abraham Montes Alvarado (PRI), María Guadalupe Sánchez Santiago (PRI), Tania Margarita Morgan Navarrete (PAN), Francisco Tomás Rodríguez Montero (PRD) y Carlos Augusto Morales López (PRD).

Portugal

Diputados: Juan Carlos Uribe Padilla (PAN), presidente; María Elena Cano Ayala (PRI), Damián Zepeda Vidales (PAN), Alfa Eliana González Magallanes (PRD), vicepresidentes; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (PRI), Landy Margarita Berzunza Novelo (PRI), Zita Beatriz Pazzi Maza (PRI), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) y Rubén Acosta Montoya (PVEM).

Reino Unido

Diputados: Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD), presidente; Érika Yolanda Funes Velázquez (PRI), Alicia Ricalde Magaña (PAN), vicepresidentas; José Alejandro Montano Guzmán (PRI), Jaime Chris López Alvarado (PRI), Elsa Patricia Araujo de la Torre (PRI), José Isidro Moreno Árceaga (PRI), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN), María Isabel Ortiz Mantilla (PAN), Hugo Jarquín (PRD), Teresa de Jesús Mojica Morga (PRD) y Gabriela Medrano Galindo (PVEM).

República Checa

Diputados: José Antonio Hurtado Gallegos (Movimiento Ciudadano), presidente; Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (PRI), vicepresidente; Carlos Sánchez Romero (PRI), Salvador Romero Valencia (PRI), Alberto Díaz Trujillo (PAN), Domitilo Posadas Hernández (PRD) y Nabor Ochoa López (PVEM).

República Dominicana

Diputados:María Beatriz Zavala Peniche (PAN), presidenta; Esther Angélica Martínez Cárdenas (PRI), vicepresidenta; Érika Yolanda Funes Velázquez (PRI), Román Alfredo Padilla Fierro (PRI), Domitilo Posadas Hernández (PRD), Mario Francisco Guillén Guillén (PVEM).

República Árabe Saharaui

Diputados:José Alberto Benavides Castañeda (PT), presidente; José Luis Flores Méndez (PRI), vicepresidente; J. Pilar Moreno Montoya (PRI), Luis Miguel Ramírez Romero (PAN), José Antonio León Mendívil (PRD), Ernesto Núñez Aguilar (PVEM).

Rumania

Diputados:Javier Filiberto Guevara González (PRI), presidente; Carlos Alberto García González (PAN), vicepresidente; Emilse Miranda Munive (PRI), José Luis Cruz Flores Gómez (PRI), Armando Contreras Ceballos (PRD), Tomás Torres Mercado (PVEM).

Rusia

Diputados: Marcelo Garza Ruvalcaba (PRD), presidente; María de las Nieves García Fernández (PRI), vicepresidenta; Ricardo Villarreal García (PAN), Raúl Macías Sandoval (PRI), Jesús Morales Flores (PRI), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI), Enrique Cárdenas del Avellano (PRI), Sergio Armando Chávez Dávalos (PRI), Francisco Pelayo Covarrubias (PAN), Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN), María de Lourdes Amaya Reyes (PRD), Julio César Moreno Rivera (PRD), Laura Ximena Martel Cantú (PVEM).

Santa Lucía y Países del Caricom

Diputados:María Leticia Mendoza Curiel (PRI), presidenta; Martha Berenice Álvarez Tovar (PAN), vicepresidenta; Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (PRI), Guillermo Sánchez Torres (PRD), Rosa Elba Pérez Hernández (PVEM).

Serbia

Diputados:Fernando de las Fuentes Hernández (PRI), presidente; Omar Antonio Borboa Becerra (PAN), vicepresidente; Abel Octavio Salgado Peña (PRI), Josefina Salinas Pérez (PRD), Rubén Acosta Montoya (PVEM).

Singapur

Diputados: María Guadalupe Sánchez Santiago (PRI), presidenta; Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN), vicepresidenta; Darío Zacarías Capuchino (PRI), Alfonso Inzunza Montoya (PRI), Ricardo Medina Fierro (PRI), Germán Pacheco Díaz (PAN), Roberto López González (PRD), Fernando Cuéllar Reyes (PRD), Laura Ximena Martel Cantú (PVEM).

Sudáfrica

Diputados:Javier Salinas Narváez (PRD), presidente; Minerva Castillo Rodríguez (PRI), Leonor Romero Sevilla (PAN), vicepresidentas; Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI), Rodimiro Barrera Estrada (PRI), Angelina Carreño Mijares (PRI), Raymundo King de la Rosa (PRI), Luis Olvera Correa (PRI), Liliana Castillo Terreros (PAN), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (PAN), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD), Alfa Eliana González Magallanes (PRD), Nabor Ochoa López (PVEM).

Suecia

Diputados:Roxana Luna Porquillo (PRD), presidenta; Raúl Santos Galván Villanueva (PRI), Carmen Lucía Pérez Camarena (PAN), vicepresidentas; Enrique Cárdenas del Avellano (PRI), Minerva Castillo Rodríguez (PRI), Patricio Flores Sandoval (PRI), Néstor Octavio Gordillo Castillo (PAN), Israel Moreno Rivera (PRD), Lourdes Adriana López Moreno (PVEM).

Suiza

Diputados:José Rangel Espinosa, presidente (PRI); Mariana Dunyaska García Rojas (PAN), Mario Alejandro Cuevas Mena (PRD), vicepresidentes; Rosalba de la Cruz Requena (PRI), Francisca Elena Corrales Corrales (PRI), Marco Alonso Vela Reyes (PRI), Isaías Cortés Berumen (PAN), Jessica Salazar Trejo (PRD), Enrique Aubry de Castro Palomino (PVEM).

Tailandia

Diputados: Angelina Carreño Mijares, presidenta (PRI); Carlos Fernando Angulo Parra, vicepresidente (PAN); María Esther Garza Moreno (PRI), Laura Guadalupe Vargas Vargas (PRI), Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI), Adriana González Carrillo (PAN), Karen Quiroga Anguiano (PRD), Purificación Carpinteyro Calderón (PRD), Rubén Acosta Montoya (PVEM), Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza).

Trinidad y Tobago

Diputados:Regina Vázquez Saut, presidenta (PRI); José Isabel Trejo Reyes, vicepresidente (PAN); Frine Soraya Córdova Morán (PRI), Yesenia Nolasco Ramírez (PRD), Laura Ximena Martel Cantú (PVEM).

Turquía

Diputados: Eligio Cuitláhuac González Farías, presidente (PRI); María Sanjuana Cerda Franco, vicepresidenta (Nueva Alianza); Pedro Gómez Gómez (PRI), Marco Antonio Calzada Arroyo (PRI), Carol Antonio Altamirano (PRD), Judit Magdalena Guerrero López (PVEM).

Ucrania

Diputados: Carlos Octavio Castellanos Mijares, presidente (PVEM); Roberto Ruíz Moronatti (PRI), Roberto López Rosado (PRD), vicepresidentes; Alejandro Rangel Segovia (PRI), Leobardo Alcalá Padilla (PRI), Máximo Othón Zayas (PAN).

Uruguay

Diputados: Edilberto Algredo Jaramillo, presidente (PRD); Víctor Hugo Velasco Orozco, vicepresidente (PRI); Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (PRI), Maricruz Cruz Morales (PRI), Fernando Alejandro Larrazabal Bretón (PAN), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM).

Venezuela

Diputados:Ricardo Cantú Garza, presidente (PT); Samuel Gurrión Matias (PRI), Cinthya Noemí Valladares Couoh (PAN), vicepresidentes; Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (PRI), Javier Filiberto Guevara González (PRI), Rafael Alejandro Micalco Méndez (PAN), Mario Alejandro Cuevas Mena (PRD), Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM).

Vietnam

Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, presidente (PT); Francisca Elena Corrales Corrales, vicepresidenta (PRI); Lisandro Arístides Campos Córdova (PRI), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (PAN), Amalia Dolores García Medina (PRD), Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM).

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle que se proporcione la atención procedente a la siguiente integración, solicitada por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Martha Gutiérrez Manrique cause alta en el Foro Interparlamentario de las Américas.

• Que el diputado Rafael González Reséndiz cause alta en el Foro Interparlamentario de las Américas.

• Que el diputado Javier Filiberto Guevara González cause alta en el Foro Interparlamentario de las Américas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 15 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales o de investigación, comités de los centros de estudios, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes en el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle que se proporcione la atención procedente a las siguientes integraciones, de Parlamentarios por las Américas, o Parlaméricas (antes Foro Interparlamentario de las Américas, o Fipa):

• Diputada Adriana González Carrillo (PAN)

• Diputada Juanita Bonilla Jaime (PRD)

• Diputada Judit Magdalena Guerrero López (PVEM)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 27 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales o de investigación, comités de los centros de estudios, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes en el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitar que se proporcione la atención procedente a los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Fernando Cuéllar Reyes cause baja como integrante del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

• Que el diputado Domitilo Posadas Hernández cause alta como integrante en el Parlatino.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 27 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno a publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito comunicar la integración de los siguientes grupos de amistad del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Grupo de Amistad

Canadá

Diputada Dora María Talamante Lemas

Integrante

Chile

Diputado José Angelino Caamal Mena

Integrante

Italia

Diputada Cristina Olvera Barrios

Integrante

Reino Unido

Diputado Luis Antonio González Roldán

Integrante

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 20 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Fernando Charleston Hernández cause baja como presidente de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que el diputado José Alejandro Montano Guzmán cause alta como presidente de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que el diputado José Alejandro Montano Guzmán cause baja como integrante de la Comisión Gobernación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales o de investigación, comités de los centros de estudios, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes en el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitar que se proporcione la atención procedente a los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada Milkdret Marina Verde Avendaño cause baja como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Graciela Saldaña Fraire cause alta como secretaria en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Milkdret Marina Verde Avendaño cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que la diputada Graciela Saldaña Fraire cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que la diputada Milkdret Marina Verde Avendaño cause baja como integrante de la Comisión de Cambio Climático.

• Que la diputada Graciela Saldaña Fraire cause alta como integrante en la Comisión de Cambio Climático.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 20 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso de primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por el diputado Arturo Escoba y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Mario Francisco Guillén Guillén cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Mario Francisco Guillén Guillén cause alta como integrante en la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Mario Francisco Guillén Guillén cause alta como integrante en la Comisión de Transporte.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 27 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Ossiel Omar Niaves López cause baja como integrante de la Comisión de la Defensa Nacional.

• Que el diputado Ossiel Omar Niaves López cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 20 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle se proporcione la atención procedente a los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández cause alta como integrante de la Comisión de Gobernación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle se proporcione la atención procedente a los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Miguel Alfonso Vildósola Lacarra cause baja como secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Benjamín Castillo Valdez cause alta como secretario en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Miguel Alfonso Vildósola Lacarra cause baja como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Benjamín Castillo Valdez cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Miguel Alfonso Vildósola Lacarra cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Benjamín Castillo Valdez cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinaras, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle que se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento, solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Miguel Alfonso Vildósola Lacarra cause baja como integrante en la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información.

• Que el diputado Benjamín Castillo Valdez cause alta como integrante en la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información.

• Que el diputado Alfio Vega de la Peña cause baja como integrante en la Comisión Especial de Minería.

• Que el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández cause baja como integrante en la Comisión Especial de Minería.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales o de investigación, comités de los centros de estudios, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes en el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitar que se proporcione la atención procedente a los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Fernando Charleston Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado José Luis Márquez Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Fernando Charleston Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal cause alta como integrante en la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado José Luis Márquez Martínez cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 20 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias; especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitarle que se proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández cause alta como secretario en la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Alfio Vega de la Peña cause baja como secretario en la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

• Que el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández cause alta como secretario en la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

• Que el diputado Alfio Vega de la Peña cause baja como integrante en la Comisión Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández cause alta como integrante en la Comisión Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Alfio Vega de la Peña cause baja como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los oficios de la Junta de Coordinación Política, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquense. Pasamos al siguiente asunto.

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ENCARGADAS DEL CUIDADO Y ATENCION DE LA NIÑEZ EN EL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto el oficio SP/072/2013, mediante el cual el ciudadano Luis Mendoza Acevedo, secretario particular del jefe delegacional en Benito Juárez, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-3-759, en donde se comunicó por parte de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo la aprobación del mismo en sesión celebrada el 29 de abril de 2013.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de agosto de 2013.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por este conducto y en atención al oficio número SG/CED/ 0894/13 de fecha 17 de mayo de 2013 dirigido a este órgano político-administrativo, remito a usted la información relativa a la implementación de las acciones tendentes a la vigilancia y supervisión del correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas del cuidado y atención de la niñez a través de la Dirección General de Desarrollo Social.

Anexo a la presente copia de la información solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de junio de 2013.— Luis Mendoza Acevedo (rúbrica), secretario particular.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Luis Mendoza Acevedo, secretario particular de la Jefatura Delegacional.— Presente.

En atención al oficio SP/061/13 y con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Albergues, se emite la información relativa a las acciones tendientes a la vigilancia y supervisión del correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas .de la custodia, cuidado y atención de la niñez así como, en su caso, de las suspensiones definitivas de los centros que en forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad correspondiente, me permito informarle lo siguiente:

• Se realizó reunión informativa el 15 de marzo del 2013 con los representantes de las instituciones ubicadas en la delegación, que tienen a su cuidado a niñas y niños, asimismo, se les entregó copia de Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños en el Distrito Federal, publicada el 24 de mayo de 2012.

• A partir del 10 de abril de 2013 inició la entrega de formatos de registro para la certificación a los responsables de los albergues.

• El 26 de abril del 2013 inicia la recepción del formato de registro debidamente requisitado y de la documentación que marca la ley para la obtención de la certificación.

• Del 2 al 17 de mayo del 2013, se revisaron los documentos de los albergues que entregaron información, sin embargo al detectar que no cubrían la totalidad de la normatividad requerida, se giró oficio de apercibimiento para la entrega a la brevedad de los documentos faltantes.

• Con oficio SA/113/2013, se realiza la notificación a los albergues de la demarcación.

México, DF, a 19 de junio de 2013.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por instrucciones del jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, hago de su conocimiento que se recibió oficio número D.G.P.L.62-11-3­759, expediente número 1757 firmado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por medio del cual informa que en sesión celebrada el 29 de abril, se aprobó el siguiente punto de acuerdo que se anexa.

Lo anterior para su atención y efectos que estime procedentes, agradeciendo informar de las acciones realizadas, para conocimiento del jefe de gobierno.

Atentamente

México, DF, a 6 de mayo de 2013.— Luis E. Serna Chávez (rúbrica), secretario particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS POR EL GRAFITI O ARTE CALLEJERO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto el oficio DC/161/2103, mediante el cual el licenciado Gustavo Edmundo Cervín Ayala, director de Cultura en la Delegación Benito Juárez, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-11-6-0670 en donde se comunicó por parte de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 30 de abril de 2013

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de julio de 2013.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional.— Presente.

En atención a su oficio SG/CED /0999 /13, en el cual solicita información sobre el punto de acuerdo aprobado el 30 de abril de 2013, relativa a las acciones conducentes a la recuperación de espacios públicos y privados afectados por el grafiti o arte callejero.

Le informo que esta Dirección de Cultura a mi cargo, no atiende estos asuntos relacionados con el Punto de Acuerdo de referencia; quien se encarga de estos programas es la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Juventud, que depende de la Dirección de Programas DIF a cargo de la licenciada Laura Alejandra Álvarez Soto.

Lo arriba citado para los efectos que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de junio de 2013.— Licenciado Gustavo Edmundo Cervín Ayala (rúbrica).»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por instrucciones del Secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, remito el oficio D.G.P.L. 62-11-6-0670 y el anexo de fecha 30 de abril de 2013, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que en esa misma fecha fue aprobado el Acuerdo de referencia.

Lo anterior, con la atenta solicitud de que se dirija al titular de esta dependencia, la información necesaria para atender dicho planteamiento o en su caso, la relativa a las acciones que al respecto estime procedente realizar, marcando copia al suscrito.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 21 de mayo de 2013.— Licenciado Lauro Antonio Martínez Salas (rúbrica), secretario particular del Secretario de Gobierno.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por instrucciones del ciudadano jefe de Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, hago de su conocimiento que se recibió oficio número D.G.P.L.62-11-6-0670, expediente número 1277, firmado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por medio del cual informa que en sesión celebrada el 30 de abril, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el grafiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el grafiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica”.

Lo anterior para su atención y efectos que estime procedentes, agradeciendo informar de las acciones realizadas, para conocimiento del ciudadano jefe de Gobierno.

Atentamente

México, DF, a 6 de mayo de 2013.— Luis E. Serna Chávez (rúbrica), secretario particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

CODIGO ESPERANZA O ALERTA AMBER

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del Jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los Estados y con las autoridades municipales, adjunto el oficio DSSAM/619/2013, mediante el cual el doctor losé Guadalupe Martínez Alonso, director de Servicios Sociales y Asistencia Médica en la delegación Cuajimalpa remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-11-4-702 en donde se comunicó por parte del Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, la aprobación del mismo en Sesión celebrada el 30 de abril de 2013.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo

Atentamente

México, DF, a 29 de julio de 2013 .— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Cuajimalpa.

Doctor Fernando Daniel Cravioto Padilla, Coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del DF

En atención a su oficio número SG/CED/0879/13 de fecha 15 de mayo de 2013, me permito enviar la siguiente información para atender el punto de acuerdo suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con número de oficio D.G.P.L. 62-11-4-702 de fecha 30 de abril de 2013.

Con el objeto de proteger a las niñas y niños de la Ciudad de México, el Gobierno del Distrito Federal presentó el Programa Alerta Amber, con el que se coordinarán acciones de búsqueda y pronta recuperación de los menores de edad que se encuentren desaparecidos.

La delegación Cuajimalpa realiza las gestiones correspondientes para impulsar esta red a través de acciones conjuntas con los diversos niveles del Gobierno local, medios de comunicación, sociedad civil, sector empresarial y otras áreas involucradas, de acuerdo al Protocolo Nacional Alerta Amber México.

Y de igual manera se designan los enlaces para su capacitación.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Cuajimalpa de Morelos, DF, julio 17 de 2013.— Doctor José Guadalupe Martínez Alonso (rúbrica), director de Servicios Sociales y Asistencia Médica.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por instrucciones del ciudadano jefe de Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, hago de su conocimiento que se recibió oficio número D.G.P.L.62-1I-4­702, expediente número 1497, firmado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por medio del cual informa que en sesión celebrada el 30 de abril, se aprobó el siguiente punto de acuerdo que se anexa.

Lo anterior para su atención y efectos que estime procedentes, agradeciendo informar de las acciones realizadas, para conocimiento del ciudadano jefe de Gobierno.

México, DF, a 6 de mayo de 2013.— Luis E. Serna Chávez (rúbrica). secretario particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS POR EL GRAFITI O ARTE CALLEJERO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercido de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto el oficio número DGAM/ DEPEPP/ 533/ 2013, mediante el cual la licenciada Olivia Villarreal Pérez, directora ejecutiva de Planeación y Evaluación de Proyectos y Programas en la Delegación Gustavo A. Madero, remite respuesta al punto de acuerdo DGPL 62-II-6-0670, donde se comunicó por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo la aprobación en sesión celebrada el 30 de abril de 2013.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de agosto de 2013.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, Coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Hago referencia al oficio número SG/ CED/01003/13, a través del cual se hace del conocimiento a este órgano político-administrativo el contenido del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en sesión celebrada el 5 de junio de 2013, que se señala en la parte resolutiva lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal a emprender campañas de concienciación de la ciudadanía a escala nacional sobre el grafiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes a recuperar los espacios públicos y privados afectados por el grafiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.

Sobre el particular, y en atención de las instrucciones dictadas por la licenciada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, jefa delegacional en Gustavo A. Madero, me permito informar a usted que la Dirección General de Desarrollo Social adscrita a esta delegación política informa que cada fin de semana se llevan a cabo las “megajornadas”, uno de cuyos principales objetivos es recuperar con pintura la imagen de todos los espacios que se encuentran afectados por el arte callejero del grafiti; las bardas perimetrales de escuelas y parques son la prioridad. Asimismo, se han realizado consultas ciudadanas con los vecinos de algunos parques, en las cuales se les pide la opinión.

Se anexan al presente algunas imágenes de bardas perimetrales delegacionales utilizadas especialmente para la práctica del grafiti en la demarcación.

Finalmente, me permito mencionar que se encuentra en proceso de autorización el proyecto de Arte Urbano en Gustavo A. Madero, en el cual se propone que se den el visto bueno y el material para decorar la barda perimetral del paradero de autobuses de La Villa con diseños de los artistas urbanos que hay en la demarcación para seguir contribuyendo así a la construcción de una sociedad con reconocimiento y respeto de la diversidad de identidades culturales.

Sin más por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 24 de julio de 2013.— Licenciada Olivia Villarreal Pérez (rúbrica), directora ejecutiva de Planeación y Evaluación de Proyectos y Programas.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por instrucciones del jefe del gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, hago de su conocimiento que se recibió el oficio número DGPL 62-II-6-0670 y expediente número 1277, firmado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual informa que en sesión celebrada el 30 de abril, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concienciación de la ciudadanía a escala nacional sobre el grafiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el grafiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.

Lo anterior, para su atención y efectos que estime procedentes, agradeciendo informar de las acciones realizadas, para conocimiento del jefe del gobierno.

Atentamente

México, DF, a 6 de mayo de 2013.— Luis Serna Chávez (rúbrica), secretario particular del Jefe del Gobierno del Distrito Federal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ENCARGADAS DEL CUIDADO Y ATENCION DE LA NIÑEZ EN EL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercido de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto el oficio DGDS/1260/2013, mediante el cual la ciudadana Esther Vega Gutiérrez, directora general de Desarrollo Social en la delegación Iztacalco, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-3-759 en donde se comunicó por parte de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 29 de abril de 2013.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de julio de 2013.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L.6211-3-759 y anexo de fecha 29 de abril de 2013, suscrito por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el cual hace de su conocimiento que en esa misma fecha fue aprobado el punto de acuerdo de referencia, y el cual nos pide la información necesaria para atender dicho parlamento o, en su caso, la relativa a las acciones que al respecto estime procedente realizar.

A continuación se relaciono datos del albergue público que se encuentra dentro de esta demarcación y el del cual, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) dependiente de la Dirección General de la Secretaría de Desarrollo Social del DF, en quien lo administra:

– CASI Coruña Niños (Centro de Asistencia e Integración Social).

– Dirección y teléfono: Sur 65-A número 3246, colonia Viaducto Piedad, teléfono 55-19-66-50.

– Nombre de responsable: Licenciada Elizabeth Cochicoa Meléndez, directora general.

– Población y rango de edad de las y los menores residentes: Atiende a jóvenes de 15 a 20.

Atentamente

Iztacalco, DF, a 16 de julio de 2013.— Esther Vega Gutiérrez (rúbrica), directora general de Desarrollo Social.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por instrucciones del ciudadano jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, hago de su conocimiento que se recibió oficio número D.G.P.L.62-11-3­759, expediente 1757, firmado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por medio del cual informa que en sesión celebrada el 29 de abril, se aprobó el siguiente punto de acuerdo que se anexa.

Lo anterior para su atención y efectos que estime procedentes, agradeciendo informar de las acciones realizadas, para conocimiento del jefe de gobierno.

Atentamente

México, DF, a 6 de mayo de 2013.— Luis E. Serna Chávez (rúbrica), secretario particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés:  Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

CODIGO ESPERANZA O ALERTA AMBER

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los Estados y con las autoridades municipales, adjunto el oficio DCPD/CARCHD/0236/2013, mediante el cual el arquitecto Carlos Ruiz de Chávez Desentis, director de Calidad y Proyectos Delegacionales en la delegación Miguel Hidalgo, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-4-702 en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano Legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 30 de abril de 2013.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de agosto de 2013.— Licenciado Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Doctor Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

En seguimiento al punto de acuerdo turnado en su oficio SG/CED/0885/2013, y que a la letra dice: “...Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Ejecutivos estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados...” al respecto, me permito enviarle adjunto el oficio DMHIDGDSI1827/2013 con la información del director general de Desarrollo Social, Ulises Labrador Hernández Magro.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de julio de 2013.— Arquitecto Carlos Ruiz de Chávez Desentis (rúbrica), director de Calidad y Proyectos Delegacionales.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Arquitecto Carlos Ruíz de Chávez Desentis, director de Calidad y Proyectos Delegacionales.— Presente.

Por este conducto y en atención al oficio DCPD/CARCHD/0197/2013, mediante el cual solicita dar respuesta al requerimiento D.G.P.L. 62-11-4-702 enviado al jefe delegacional por el doctor Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaria de Gobierno, a fin de dar cumplimiento al exhorto del punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Ejecutivos estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en su respectivos estados...

Al respecto me permito informarle que de acuerdo al oficio DGOSIDE/SCDI/291/2013, signado por Emilio Calderón Méndez, subdirector de Centros de Desarrollo Infantil, Cendi, se implantaron algunas acciones como instrumentar mayor vigilancia en el acceso y salida de emergencia de cada Cendi, reportar cualquier desaparición de un menor a los teléfonos 066 y 072, así como al jefe de sector en el cual se sitúe el Cendi, así como se llevarán a cabo la realización de talleres sobre la materia en los 20 Cendi, en coordinación con la licenciada Silvia Clemente Gutiérrez, jefa de unidad departamental, de la Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, Uapvif.

Se anexa copia del oficio en mención.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de julio de 2013.— Ulises Labrador Hernández Magro (rúbrica), director general de Desarrollo Social.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Ulises Labrador Hernández Magro, director general de Desarrollo Social.

En respuesta a su atento oficio número DMHIDGDS/733/2013 relacionado con las acciones relativas al código esperanza, al respeto me permito informarle.

Esta subdirección remitió instrucciones al personal adscrito a todos los Centros de Desarrollo Infantil, Cendi, para su conocimiento lo siguiente:

De manera inmediata.

Instrumentar mayor vigilancia en el acceso y salida de emergencia de cada Cendi.

Reportar de manera inmediata cualquier desaparición de un menor a los teléfonos 066 y 072, así como al Jefe de Sector en el cual se Ubique el Cendi.

Conjuntamente con la licenciada Silvia Clemente Gutiérrez, jefa de la unidad departamental, de la Uapvif, se llevaran a cabo talleres en la materia en los 20 Cendi.

En la Feria de los Derechos de las niñas y los niños programada para la primer quincena de noviembre, instrumentar acciones lúdicas que creen conciencia entre los padres de los alumnos de la importancia de la pronta activación del Código Esperanza en caso de desaparición de sus menores.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 4 de julio de 2013.— Emilio Calderón Méndez (rúbrica), subdirector.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por instrucciones del jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, hago de su conocimiento que se recibió oficio número D.G.P.L.62-I/-4­702 expediente número 1497 firmado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por medio del cual informa que en sesión celebrada el 30 de abril, se aprobó el siguiente punto de acuerdo que se anexa.

Lo anterior para su atención y efectos que estime procedentes, agradeciendo informar de las acciones realizadas, para conocimiento del jefe de gobierno.

Atentamente

México, DF, a 6 de mayo de 2013.— Luis Serna Chávez, secretario particular del jefe de gobierno del Distrito Federal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., 65, 67, 69, 75 y 76; y adiciona los artículos 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación.

Atentamente

México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 6o., 65, 67, 69, 75 y 76; y adiciona los articulo 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman los artículos 6o.; 65, fracción I; 67, fracción III; 69, inciso n); 75, fracciones XV y XVI; 76, fracción III; y se adicionan el inciso o) al artículo 69, recorriéndose el subsecuente para quedar como inciso p); la fracción XVII al artículo 75; y un último párrafo al artículo 76, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 60. La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. En ningún caso la prestación de servicios educativos, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser condicionadas a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

...

II. a VII. ...

Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I.y II. ...

III. Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo;

IV. y V. ...

...

...

Artículo 69. ...

...

Este Consejo:

a) a m)...

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela;

o) Conocerá el destino y la aplicación de las cooperaciones a las que refiere el artículo 67, fracción III, de la presente ley.

p) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

...

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XIV. ...

XV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos; y

XVII. Realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

...

Artículo 76. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I. y II. ...

III. En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIV y XV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

...

En cualquier caso, además de las sanciones previstas en este artículo, se estará a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público educativo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

LEY DE VERTIMIENTOS EN LAS ZONAS MARINAS MEXICANAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Atentamente

México, DF, a 29 de abril de 2013.—  Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

Por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.

Único. Se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, para quedar como sigue

Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas

Capítulo IObjeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. La presente ley es de jurisdicción federal, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marinas mexicanas.

La interpretación de estas disposiciones corresponde, para efectos administrativos, al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Marina.

Artículo 2. Para efectos de la presente ley, se entiende por:

I. Desecho. Material o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. En esta definición incluye a todas las categorías de residuos regulados en la legislación nacional;

II. Dragado. Retiro, movimiento o excavación de suelos cubiertos o saturados por agua, incluyendo la acción de ahondar y limpiar para mantener o incrementar las profundidades de puertos, vías navegables o terrenos saturados por agua; sanear terrenos pantanosos, abriendo zanjas que permitan el libre flujo de las aguas y eliminar los suelos de mala calidad en las zonas donde se proyecta la instalación de estructuras;

III. Incineración. La destrucción térmica de desechos u otras materias a bordo de un buque, plataforma u otra construcción en el mar para su eliminación deliberada, en las zonas marinas mexicanas, salvo que otra ley o tratado internacional prohíba dicha eliminación. Esta definición no incluye a los residuos peligrosos, cuya incineración se rige por lo establecido en la legislación aplicable;

IV. Ley. Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas;

V. Otras materias. Los materiales y sustancias de cualquier clase, forma o naturaleza;

VI. Secretaría. La Secretaría de Marina;

VII. Suspensión. Interrupción de forma temporal de un vertimiento en las zonas marinas mexicanas, por no cumplir con lo establecido en la presente Ley, el permiso autorizado para tal acto o cuando se detecte que se está causando una alteración al ambiente;

VIII. Vigilancia. Actividad efectuada por la Secretaría para proteger las zonas marinas mexicanas, detectar la realización de actividades ilícitas o el incumplimiento a esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables en la materia;

IX. Visita de Inspección. Los actos realizados por la Secretaría para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley;

X.Zona de Tiro. Área determinada geográficamente por la Secretaría para realizar el vertimiento, y

XI. Zonas Marinas Mexicanas. Las establecidas en la Ley Federal del Mar.

Artículo 3. Es vertimiento en las zonas marinas mexicanas, cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas mexicanas, deliberada o accidental, de desechos u otras materias incluyendo aguas de lastre alóctonas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

II. El hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones, así como las que se deriven de éste;

III. El almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho del mar o en el subsuelo de éste desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones;

IV. El abandono de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones, u otros objetos, incluyendo las artes de pesca, con el único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas;

V. La descarga de cualquier tipo de materia orgánica como atrayente de especies biológicas, cuyo fin no sea su pesca;

VI. La colocación de materiales u objetos de cualquier naturaleza, con el objeto de crear arrecifes artificiales, muelles, espigones, escolleras, o cualquier otra estructura, y

VII. La resuspensión de sedimento, consistente en el regreso del sedimento depositado, a un estado de suspensión en el cuerpo de agua, por cualquier método o procedimiento, que traiga como consecuencia su sedimentación.

Artículo 4. Todo vertimiento se realizará en los términos y condiciones que señala la presente Ley.

Está prohibida la incineración de desechos u otras materias, en las zonas marinas mexicanas, asimismo, está prohibida la importación y exportación de desechos u otras materias para su vertimiento o incineración, por lo que toda contravención será sancionada en términos de la presente Ley.

Capítulo IIDe la Autoridad

Artículo 5. La Secretaría es la autoridad en materia de vertimientos y tendrá las siguientes facultades:

I. Otorgar y cancelar los permisos de vertimientos y vigilar su cumplimiento; asimismo, suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias que contravenga las disposiciones de la presente Ley;

II. Realizar visitas de inspección y vigilancia;

III. Realizar investigaciones oceanográficas, actuaciones, emitir dictámenes y resoluciones.

IV. Determinar las responsabilidades e imponer las sanciones establecidas en la presente Ley;

V. Fijar las medidas preventivas para evitar el vertimiento de desechos u otras materias que ocasionen daños o alteraciones al ambiente costero o marino;

VI. Integrar la información estadística y llevar el control de los vertimientos realizados en las zonas marinas mexicanas, así como de las infracciones impuestas;

VII. Fijar la cantidad que cubrirá el solicitante, para garantizar la reparación de los daños, perjuicios y multa que se pudieran aplicar, por contravenir las disposiciones de la Ley o del permiso mediante billete de depósito; y en su caso implementar las acciones legales, cuando la garantía no haya sido suficiente para tales efectos;

VIII. Establecer medidas para la prevención, reducción y en su caso, eliminación de los contaminantes contenidos en el material a verter o la contaminación por el vertimiento, así como los criterios para evitar que se transfieran, directa o indirectamente, los daños de una parte del medio ambiente a otra, ni transformen un tipo de contaminante en otro;

IX. Proponer el costo de los servicios que se presten para la contención, prevención y recuperación de vertimientos de hidrocarburos y sus derivados u otras substancias, conforme a las cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

X.Establecer y expedir los criterios respecto de las materias o substancias que podrán ser objeto de solicitudes de vertimientos;

XI. Interpretar y aplicar las disposiciones del Protocolo 1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, adoptado en la ciudad de Londres;

XII. Proponer anualmente, ante la Dependencia de la administración pública federal que corresponda, el monto de los derechos que se cobrarán a los titulares de los permisos de vertimiento por el uso de zonas marinas mexicanas;

XIII. Determinar la zona de tiro, o en su caso autorizar la zona propuesta por el interesado;

XIV. Fungir como autoridad responsable ante los organismos internacionales, en materia de prevención de la contaminación de las zonas marinas mexicanas por vertimiento de residuos y otras materias, para lo cual deberá coordinarse, en su caso, con las Dependencias del Ejecutivo Federal que, en el ámbito nacional, tengan competencia sobre materias vinculadas al cumplimiento de los compromisos internacionales correspondientes;

XV. Participar en los foros nacionales e internacionales en materia de vertimientos, así como informar anualmente o cuando sea requerido por la Organización Marítima Internacional de los vertimientos autorizados por la Secretaría;

XVI. Dar intervención a otra Dependencia del Ejecutivo Federal u organismo cuando de los hechos se desprenda la posible infracción a otras disposiciones legales, y

XVII. Emitir y actualizar los formatos necesarios de acuerdo al material que se pretenda verter, considerando los avances de la ciencia y la tecnología; debiendo publicarlos en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 6. La Autoridad marítima en materia de Marina Mercante, en términos de lo dispuesto por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que determine el hundimiento de buques, plataformas u otras construcciones en el mar; deberá sujetarse a las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Artículo 7. La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la administración pública federal, instituciones de investigación y de educación superior pública y privada, promoverá y facilitará la investigación científica y técnica sobre la prevención, reducción y eliminación de la contaminación por vertimiento de desechos y otras materias. La investigación deberá incluir la observación, medición, evaluación y análisis de la contaminación mediante métodos científicos, así como la difusión y cumplimiento de esta Ley.

Capítulo III Evaluación por considerarse en los vertimientos

Artículo 8. La Secretaría evaluará el origen, las circunstancias y efectos del vertimiento considerando la justificación que para tal efecto presente el interesado, en los siguientes términos:

I. La necesidad de efectuar el vertimiento, posterior a que el interesado demuestre que no es posible otra alternativa;

II. El tipo, naturaleza y cantidad de los desechos o materias que pretendan verterse y el peligro que puede representar el vertimiento para la salud humana o el medio ambiente, considerando la biota costera y marina, los recursos minerales marinos, la dinámica costera y marina, las playas y los valores económicos, recreativos, escénicos y los usos legítimos del mar, particularmente en relación con lo siguiente:

a) La transferencia, concentración y dispersión de las sustancias que se pretendan verter y sus metabolitos (bioproductos);

b) Los cambios sustanciales en la diversidad, productividad y estabilidad de los ecosistemas marinos;

e) La permanencia y persistencia de las sustancias vertidas;

d) El tipo, calidad, cantidad y concentración de los desechos a verter;

e) Alternativas en tierra y sus impactos ambientales probables, lugares y métodos para llevarlos a cabo, tomando en cuenta el interés público y la posibilidad de un impacto adverso en las zonas marinas mexicanas, y

f) El efecto que cause en los océanos y su influjo en los estudios científicos, pesca y otras exploraciones de los recursos vivos e inertes del mar.

III. El método, frecuencia y la fecha en que deberá realizarse el vertimiento;

IV. La forma de almacenar, contener, cargar, transportar y descargar la sustancia o material a verter;

V. La ubicación para el vertimiento, la distancia más próxima a la costa, profundidad en el área y técnica proporcionadas por el interesado;

VI. Los sitios predeterminados por la Secretaría para que se realice el vertimiento;

VII. La ruta que de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá seguir el buque o aeronave que transporte la sustancia al sitio de vertimiento;

VIII. Las precauciones especiales que deban ser tomadas respecto de la carga, transporte y vertimiento de la sustancia;

IX. Los pormenores del proceso de producción y de las fuentes de desechos en dicho proceso, y

X. La viabilidad de cada una de las siguientes técnicas para reducir o evitar la producción de desechos:

a) Reformulación del producto;

b) Tecnologías de producción limpias;

c) Modificación del proceso;

d) Sustitución de insumos, y

e) Reutilización en ciclo cerrado en el sitio.

Artículo 9. La Secretaría para otorgar o negar un permiso de vertimiento, además de la evaluación señalada en el artículo anterior, observará los aspectos siguientes:

I. La caracterización química, física, biológica, geológica y toxicológica de los desechos u otras materias;

II. Las características oceanográficas del sitio de vertimiento;

III. El lapso mínimo de monitoreo requerido para determinar si existieran cambios, con el fin de evitar riesgo en el equilibrio ecológico o afectaciones nocivas imprevistas;

IV. La información técnica necesaria que garantice la conservación de las condiciones iniciales del lugar de vertimiento;

V. Que el material a verter no influya significativamente en los usos actuales y otros posibles en el mar;

VI. Los antecedentes del solicitante en cuanto a cumplimiento de permisos anteriores, normas oficiales y otras disposiciones aplicables, y

VII. Que el desecho o material respecto del cual se solicita el vertimiento se encuentre regulado en alguna disposición jurídica que prohíba la forma y características del vertimiento que se solicita.

Artículo 10. Efectuada la evaluación, la Secretaría podrá indicar al solicitante, cuando corresponda, que deberá formular e implantar una estrategia para reducir la producción de desechos, auxiliándose con las instancias competentes, en cuyo caso, implementará las inspecciones necesarias a fin de verificar su cumplimiento.

Artículo 11. El interesado, al presentar la solicitud para el vertimiento de desechos u otras materias, incluyendo los materiales de dragado, materiales orgánicos no contaminados de origen natural, desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones de elaboración del pescado, buques, plataformas, geológicos, hierro, acero, hormigón y fangos cloaca les; deberá acreditar que agotó cualquiera de las opciones de manejo integral de desechos que comprenden enunciativa y no limitativamente las siguientes:

I. Reutilización;

II. Reciclaje fuera de las aguas marinas mexicanas;

III. Destrucción de los componentes peligrosos;

IV. Tratamiento para reducir o retirar los componentes peligrosos, y

V. Evacuación en tierra, en la atmósfera y en el mar.

Artículo 12. No se otorgará el permiso de vertimiento, cuando la Secretaría advierta que existen posibilidades adecuadas de realizar un manejo integral de los residuos, que no impliquen riesgos para la salud humana o daños al ambiente, mayores a los que implicaría el vertimiento solicitado o costos desmesurados.

Para identificar las posibilidades de manejo integral de residuos la Secretaría podrá solicitar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando se trate de residuos peligrosos, o de las autoridades ambientales competentes, cuando se trate de residuos de manejo especial o sólidos urbanos.

Artículo 13. La descripción y caracterización tóxica, física, química y biológica de los desechos, es un requisito para determinar la procedencia de verterlos, así como para considerar las alternativas.

La Secretaría no autorizará el vertimiento cuando la caracterización de los desechos sea insuficiente y no pueda evaluarse adecuadamente su posible impacto en la salud y en el ambiente costero y marino.

No se autorizarán vertimientos de desechos u otras materias en áreas naturales protegidas marinas y sus zonas de influencia, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en aquellas áreas que establezca la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo 14. La Secretaría al evaluar la solicitud de vertimiento de desechos u otras materias en el mar tomará en consideración los siguientes factores:

I. Origen, cantidad total, forma y composición media;

II. Propiedades físicas, químicas, bioquímicas y biológicas;

III. Toxicidad;

IV. Persistencia física, química y biológica, y

V. Acumulación y biotransformación en materiales o sedimentos biológicos.

Artículo 15. La Secretaría por acuerdo de su titular, cuando lo considere necesario con la participación de otras dependencias de la administración pública federal e instituciones de investigación científica, podrá expedir los criterios que deberán observarse respecto de los desechos, materiales o sustancias que podrán ser objeto de solicitud de vertimiento. Acuerdo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Los criterios se definirán a partir de los componentes de los desechos, materiales y sustancias y la información disponible sobre sus posibles efectos sobre la salud humana y el ambiente marino y costero.

En el acuerdo se definirán los desechos, materiales o sustancias que no pueden ser objeto de vertimiento. Para esta definición se considerarán, de manera enunciativa y no limitativa:

I. Las sustancias antropogénicas tóxicas, persistentes y bioacumulables, entre otras: plásticos persistentes y demás materiales sintéticos, cadmio, mercurio, organohalógenos, organometálicos, hidrocarburos y sus derivados, cuando proceda, arsénico, plomo, cobre, zinc, berilio, cromo, níquel, vanadio, y sus compuestos de todos estos; compuestos orgánicos de silicio, cianuros, fluoruros, plaguicidas y pesticidas o sus subproductos distintos de los organohalógenos, y

II. Aquellos compuestos respecto de los cuales se disponga de información que demuestre que causan daños a la salud humana o al ambiente marino y costero.

Lo previsto en el presente artículo no constituye una caracterización de los desechos u otras materias, la cual se realizará conforme a la legislación que resulte aplicable.

Artículo 16. La Secretaría por acuerdo de su titular, establecerá los límites máximo, inferior y superior, de vertimiento de desechos, materiales o sustancias, previa opinión de otras dependencias de la administración pública federal. Acuerdo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, considerando lo siguiente:

I. Los desechos que contengan determinadas sustancias, o sustancias que causen reacciones biológicas que excedan del límite superior pertinente; no se verterán en el mar, a menos que su vertimiento resulte aceptable después de haberlos sometido a técnicas o procedimientos de degradación de los componentes peligrosos;

II. Los desechos u otras materias que contengan determinadas sustancias que causen reacciones biológicas, que no excedan del límite inferior pertinente, se deberán considerar de escasa incidencia ambiental desde el punto de vista de su vertimiento, y

III. Los desechos que contengan determinadas sustancias que causen reacciones biológicas, que no excedan el límite superior pero excedan el inferior; requerirán una evaluación más detallada, con la finalidad de determinar la aceptabilidad del vertimiento.

Artículo 17. Cuando se pretenda verter volúmenes menores a tres metros cúbicos de materiales geológicos inertes no contaminados o inorgánico inertes, el interesado presentará ante la Secretaría su proyecto y ésta efectuará el análisis y de considerarlo procedente, lo exentará por una sola ocasión del trámite de permiso.

En caso de que se llegue a verter material en volumen superior al manifestado en el proyecto, se considerará como no autorizado y se hará acreedor a las sanciones previstas en la presente Ley.

Capítulo IVDe los permisos

Artículo 18. La Secretaría otorgará permiso para vertimiento a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjeras, previo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la presente Ley, conforme a las normas oficiales mexicanas o, en su caso, en función de la evaluación de los resultados de los estudios técnicos e información científica aplicable en la materia, que deberá presentar el interesado.

Artículo 19.Para efectuar un vertimiento se requiere de permiso otorgado por la Secretaría en los términos y condiciones que establece la presente Ley, debiendo el interesado presentar lo siguiente:

I. Formato de solicitud, debidamente requisitado, firmado por el solicitante y el responsable de la operación del vertimiento;

II. Autorización en materia de impacto ambiental, expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

III. Programa del vertimiento que indique las obras o actividades a realizar;

IV. Resultado de los análisis y de la caracterización toxica, física, química y biológica de estructuras, desechos u otras materias que se pretenden verter, que se realicen conforme a la normatividad aplicable y practicados por laboratorios acreditados ante la entidad mexicana de acreditación;

V. Programas de monitoreos ambientales, estudios batimétricos, hidrodinámicos y de la composición bentónica de la zona de vertimiento, antes, durante y después del mismo;

VI. Propuesta de zona de tiro, debiendo considerar los aspectos oceanográficos, biológicos, la posición geográfica, actividades de esparcimiento, belleza natural, interés cultural o histórico, importancia científica, refugios naturales; zonas de desove, reproducción y repoblación; rutas migratorias; hábitat estacionales y críticos; zonas de pesca; vías de navegación; usos tecnológicos del fondo del mar; zonas de exclusión y otros usos legítimos del mar;

VII. Comprobante de pago de derechos por concepto de trámite, estudio y autorización de vertimiento, conforme se establezca en la Ley Federal de Derechos;

VIII. Triplicado de la documentación y archivo electrónico, y

IX. Según sea el caso, conforme se establezca en el formato correspondiente, la opinión de las siguientes autoridades:

a) La autoridad municipal, respecto a la no existencia de un lugar en tierra para llevar a cabo la disposición de desechos u otras materias, incluyendo el material producto de dragado;

b) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la afectación al tráfico marítimo en la zona de vertimiento, las operaciones de éste o el vertimiento, y

c) La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, cuando se presuma que los materiales o sustancias a verter contienen materiales radioactivos.

La Secretaría de Salud a petición de la Secretaría, cuando el caso lo requiera, emitirá el dictamen correspondiente respecto a la afectación a la salud humana, como consecuencia del vertimiento de desechos o materias, en los términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que la Secretaría se haya pronunciado, tendrá por efecto que la resolución a la solicitud de vertimiento se considere en sentido negativo.

Artículo 20. El interesado presentará ante la Secretaría, la solicitud de vertimiento por escrito cuando menos con sesenta días hábiles previos a la fecha en que pretenda realizarlo, por sí o por medio de representante o apoderado legal, designando a persona con conocimientos científicos, técnicos y académicos relacionados con aspectos del medio marino; personalidad que acreditará conforme a las disposiciones legales aplicables, adjuntando la documentación que establece la presente Ley.

La Secretaría revisará que la documentación se encuentre completa y cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley. De advertir que está incompleta o que presente omisiones o irregularidades, se la devolverá al interesado, para que las subsane dentro de un plazo de quince días hábiles. Si transcurrido dicho plazo no las hubiese subsanado, la solicitud de vertimiento se tendrá como no presentada. De cumplirse con los requisitos se integrará el expediente.

Artículo 21. La Secretaría resolverá la solicitud de vertimiento en un plazo que no podrá exceder de sesenta días hábiles, dentro del cual quedan comprendidas las prevenciones y su desahogo en los términos de la presente Ley.

En caso de que la Secretaría considere procedente la solicitud, previa a la expedición del permiso, le comunicará al interesado la cantidad que deberá cubrir, por concepto de pago de derechos por el uso de la zona marina mexicana.

Artículo 22. El permiso de vertimiento contendrá lo siguiente:

I. Nombre de la persona física o la denominación o razón social de la persona moral, según corresponda;

II. Volumen de los desechos u otras materias a verter expresadas en metros cúbicos;

III. Descripción de la materia o desecho a verter;

IV. Denominación del proyecto a desarrollarse;

V. Vigencia del permiso;

VI. Situación geográfica, y profundidad de la zona de tiro autorizada, así como la distancia a la costa más cercana;

VII. La cantidad que garantice la reparación de los daños, perjuicios y multa que se pudieran aplicar, por contravenir las disposiciones de la Ley o del permiso;

VIII. Los términos y condicionantes que establezca la Secretaría para llevar a cabo el vertimiento, y

IX. La obligación del titular del permiso de responder por los daños al medio ambiente que pudiera ocasionar el vertimiento.

Artículo 23. Los permisos son intransferibles; toda contravención será sancionada, conforme a lo señalado en la presente Ley, tanto a quien los transfiera, como a quien haga o pretenda hacer uso de ellos.

El interesado deberá tener el permiso original, en el lugar, buque, plataforma o aeronave que utilice para el vertimiento. La omisión a esta obligación será sancionada.

Los interesados contarán con un libro de registro denominado bitácora de vertimiento, que contendrá la información siguiente: fecha, hora, situación geográfica, profundidad, material vertido, volumen, método de vertido, embalaje, dirección y velocidad de la corriente, estado de la mar, dirección y velocidad del viento, temperatura y presión atmosférica, humedad relativa, temperatura del agua, nubosidad y cobertura del cielo; debiendo presentarse cuando sea requerido por la Secretaría.

La Secretaría establecerá la vigencia en el permiso, en función del tipo de vertimiento.

Artículo 24. No se otorgarán prórrogas ni ampliaciones a los permisos, salvo caso de fuerza mayor, situación técnica o financiera que afecte las actividades de vertimiento, debiendo el interesado justificarlas. La Secretaría estará facultada para calificarlas y resolver en cuanto a su procedencia o improcedencia.

El interesado se ajustará a las disposiciones que le sean indicadas. En caso de ampliación la Secretaría analizará la solicitud en función del volumen que motive la ampliación, en cuyo caso le será resuelta en un plazo no mayor de quince días hábiles, debiendo cubrir el interesado el pago de derechos que corresponda de acuerdo con el volumen que pretenda verter y el incremento del depósito a que se refiere la fracción VI del artículo 5 de esta Ley.

Artículo 25. El trámite, diligencias, expedición de permisos, resoluciones y demás disposiciones que establece la presente Ley, se realizará en días y horas hábiles. Quedan exceptuados de esta disposición los actos de inspección y vigilancia que practique la Secretaría en los términos de la presente Ley, mismos que podrán llevarse a cabo en cualquier día y hora, sin que para ello deba mediar habilitación de días y horas.

Artículo 26. La Secretaría por sí misma o a solicitud del interesado, podrá modificar los términos y condiciones del permiso de vertimiento, cuando varíen las condiciones bajo las cuales le fue expedido o se presenten hechos o circunstancias posteriores, no imputables al interesado, que impliquen modificación de los términos en que fue otorgado el permiso, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley.

Capítulo V De las obligaciones adicionales en materia de vertimientos

Artículo 27. Adicionalmente a los requisitos que establece la presente Ley, el interesado deberá cumplir con lo siguiente:

I. Entregará los resultados originales de análisis que se hayan determinado conforme al tipo de material que se pretende verter, debiendo anexar cromatogramas, hojas de campo y cadena de custodia de la muestra y en cuatro puntos alrededor del mismo con un radio mínimo de una milla náutica de distancia, o la que determine la Secretaría en función del área en donde se vaya a efectuar el vertimiento, a fin de dar seguimiento a los posibles efectos del vertimiento en la zona de tiro autorizada, elaborados por un laboratorio acreditado, tres días hábiles después de finalizar el vertimiento;

II. Entregar el muestreo y análisis expedidas por el laboratorio responsable, debiendo asentar en el reporte de laboratorio la fecha, hora y coordenadas geográficas del lugar de colecta, indicando si los resultados no excedieron los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental vigente, conforme lo señalado en el capítulo III de la presente Ley;

III. Presentará, cuando se trate de material producto de dragado, previamente a la ejecución del proyecto, la evaluación de los lixiviados de los lodos o sedimentos del dragado que serán vertidos al mar, debiendo tomar la muestra antes de iniciar el vertimiento al mar; asimismo elaborará un estudio de la composición bentónica de la zona autorizada;

IV. Entregará, cuando el caso lo requiera, los estudios batimétricos e hidrodinámicos de la zona de tiro, realizados dentro de los tres días hábiles siguientes al término de las operaciones de vertimiento, o dentro del tiempo que establezca la Secretaría;

V. Entregará, según el caso y por el tiempo que señale la Secretaría, un informe relativo a monitoreos ambientales, con el fin de constatar que no exista un posible daño ambiental causado por las maniobras propias de las actividades a desarrollar, así como mantener la zona en las condiciones ambientales que hasta el momento se tienen establecidas, debiendo anexar cromatogramas, hojas de campo y cadena de custodia, y

VI. Suspenderá las actividades de vertimiento, ante la presencia de un fenómeno meteorológico que por su magnitud e intensidad pudiera causar daños a los ecosistemas, y procederá de la misma forma cuando el vertimiento por sí mismo provoque las mismas consecuencias.

Capítulo VI De las visitas de inspección y vigilancia

Artículo 28. Personal acreditado de la Secretaría, llevará a cabo las visitas de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la presente Ley, así como el decreto promulgatorio del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972.

Artículo 29. Los actos de inspección y vigilancia, se llevarán a cabo por personal acreditado de la Secretaría debidamente autorizado.

Para tal efecto se expedirá credencial oficial que acredite su personalidad, así como el oficio de comisión debidamente fundado y motivado.

Artículo 30. En caso de flagrancia o de violaciones a la presente Ley, se llevará a cabo la inspección, haciéndole saber al presunto infractor el motivo de la diligencia, quedando facultado el personal acreditado, para proceder en los términos de lo dispuesto por la presente Ley.

Los capitanes, patrones de buques, piloto al mando de aeronaves, plataformas o personas que se equiparen, los encargados de la construcción de obras o de cualquier otra actividad que se realice en las zonas marinas mexicanas, tendrán la obligación de dar las facilidades al personal de la Secretaría, a fin de que se lleve a cabo la inspección, proporcionando la documentación e información que le sea requerida para el cumplimiento de esta Ley, así como permitir el acceso a todas las áreas del buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, y exhibir el permiso de vertimiento y demás documentación relacionada con el desarrollo de sus actividades.

Artículo 31. En caso de denuncia por violaciones a la presente ley, el personal acreditado deberá contar con el oficio correspondiente, en el que se precise el objeto de la diligencia, domicilio o lugar a verificar, nombre, denominación o razón social de la persona física o moral, a quien se le atribuya la fuente del vertimiento, o cualquier información que se considere necesaria para la práctica de la diligencia.

Artículo 32. El personal acreditado de la Secretaría tiene facultad para lo siguiente:

I. Inspeccionar cualquier obra, lugar, buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, en que se presuma la existencia de algún desecho u otras materias que vayan a ser vertidos;

II. Examinar y en su caso tomar muestras de los desechos u otras materias encontrados;

III. Requerir la documentación de embarque del material encontrado a bordo;

IV. Viajar o permanecer en el buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave que transporte los desechos u otras materias que van a ser vertidas en caso de contar con el permiso, para comprobar que se realice en el lugar autorizado;

V. Abordar en cualquier puerto o terminal, un buque o aeronave nacional o extranjera, que se presuma transporta desechos o materias para ser vertidos o abandonados en zonas marinas mexicanas;

VI. Si como resultado de la inspección y vigilancia se advierten infracciones a la presente Ley, el infractor y el buque serán conducidos al puerto más cercano, con el objeto de evitar que se continúe con el vertimiento, imponiéndosele la sanción correspondiente;

VII. Cuando fuera necesario, la Secretaría, solicitará a la capitanía de puerto que impida el zarpe del buque, o en su caso, hará lo conducente ante el comandante del aeropuerto cuando se trate de una aeronave;

VIII. Con el objeto de evitar el vertimiento deliberado de los desechos o materias que se encuentren a bordo de un buque, estructura, plataforma, artefacto naval, almacén o aeronave, se tomarán las medidas correspondientes, y

IX. Cuando se trate de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en los aeropuertos de la red nacional, el personal de la Secretaría deberá coordinar con el comandante del aeropuerto las facilidades requeridas para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 33. Durante la inspección y vigilancia el personal acreditado deberá observar lo siguiente:

I. Se identificará con la persona con quien se entienda la diligencia, mostrándole el oficio correspondiente y requiriéndole para que en el acto designe dos testigos;

II. En caso de negativa, o de que los testigos designados no acepten fungir como tales, el personal de la Secretaría los designará, haciendo constar dicha circunstancia en el acta, sin que esto afecte la validez de la inspección;

III. Cuando en el lugar a inspeccionar no se encuentre persona con quien se entienda la diligencia, se deberá asentar en el acta dicha circunstancia;

IV. La Secretaría, en el acta deberá determinar las acciones a implementarse derivadas de infracciones a la presente Ley;

V. La Secretaría, en el acta deberá determinar las medidas urgentes que deberán aplicarse en caso de que el vertimiento represente un riesgo inminente de daño a la salud humana o a los ecosistemas;

VI. Concluida la inspección, se hará saber a la persona con quien se entendió la diligencia su derecho a manifestar lo que a sus intereses convenga, en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta, y para que ofrezca pruebas dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia;

VII. Se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al visitado, y

VIII. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 34. De todo acto de inspección, se deberá elaborar el acta administrativa correspondiente, en la que se hagan constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. El acta que se levante deberá contener lo siguiente:

I. Lugar, hora y fecha;

II. Nombre de la persona autorizada para llevar a cabo la visita de inspección, así como el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia;

III. Descripción del documento con el que se identificó el personal;

IV. Testigos de asistencia designados por el personal con quien se atendió la diligencia; en caso de negativa a designarlos, lo hará el inspector, haciendo constar dicha circunstancia, sin que lo anterior afecte la validez de la visita de inspección. Asimismo el personal que formule las actuaciones designará a sus testigos de asistencia;

V. Nombre de la persona física, la denominación o razón social de la empresa, artefacto naval, buque, estructura, plataforma, almacén o aeronave;

VI. Motivo de la inspección;

VII. En los casos en que así proceda se asentará el oficio, expedido por la Secretaría, que lo autorice para realizar la inspección en las zonas marinas mexicanas en materia de vertimiento;

VIII. Descripción de la documentación relacionada con sus actividades y en su caso con el vertimiento;

IX. Narración de los hechos de manera clara y concisa;

X. Descripción de los desechos, o materias encontrados;

XI. Infracciones que se hayan cometido a la presente Ley;

XII. Medidas extraordinarias que se hayan adoptado, a fin de evitar se continúe con el vertimiento;

XIII. Manifestación del personal con quien se atendió la diligencia, y

XIV. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.

Sección I De las medidas preventivas

Artículo 35. Son medidas preventivas las adoptadas por la Secretaría en las zonas marinas mexicanas, tendentes a evitar la contaminación o alteración del ambiente marino o afectación a la salud humana, a consecuencia de vertimiento de desechos y otras materias, incluyendo la suspensión del vertimiento.

Artículo 36. La Secretaría, en los casos de emergencia, ordenará o adoptará las medidas preventivas inmediatas que considere necesarias, a fin de que se ocasione el menor daño posible a los ecosistemas a consecuencia de vertimiento de desechos y otras materias, siendo éste el único caso que no se seguirá el procedimiento administrativo establecido en la presente Ley.

Artículo 37. Las medidas preventivas que podrá implementar la Secretaría entre otras, comprenderán la destrucción o hundimiento del buque o aeronave incluyendo sus pertrechos, debiendo formular el acta correspondiente.

Tratándose de la destrucción o hundimiento de aeronaves, la Secretaría se coordinará con la autoridad aeronáutica, a fin de garantizar el manejo adecuado de las partes, componentes y materiales de las aeronaves que sean objeto de destrucción o hundimiento. Asimismo la Secretaría dará aviso al Registro Aeronáutico Mexicano para efectos de lo dispuesto por los artículos 46, fracción III y 47, fracción III, de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 38. La Secretaría con base en los resultados de la inspección, requerirá la información que sea necesaria que le permita ubicar tuberías, instalaciones, estructuras o construcciones submarinas que por su naturaleza y que por las condiciones en que se encuentran, pudiesen ocasionar vertimientos; en su caso, dictará las medidas preventivas por el tiempo que sea necesario para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo para su realización.

Artículo 39. Cualquier persona que tenga conocimiento de violaciones a esta Ley, lo informará de inmediato a la Secretaría, para que ésta dentro del ámbito de sus atribuciones, tome las acciones correspondientes.

Artículo 40. La Secretaría queda facultada para requerir la información que sea necesaria que le permita ubicar tuberías, instalaciones, estructuras o construcciones submarinas que por su naturaleza y que por las condiciones en que se encuentran, pudiesen ocasionar vertimientos. La información que le sea proporcionada tendrá el carácter que conforme a la normatividad vigente le corresponda.

Sección II De las infracciones y sanciones

Artículo 41. Son infracciones a la presente Ley, las siguientes:

I. Omitir informar de vertimientos realizados por causas de fuerza mayor;

II. Incumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 27;

III. Actualizarse alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50;

IV. Se incumplan las obligaciones previstas en el artículo 23;

V. No cumplir con los acuerdos que conforme a esta Ley, expida la Secretaría;

VI. No cumplir con los términos especificados en el permiso de vertimiento;

VII. Abandonar un buque, aeronave, artefacto naval, estructura o plataforma, sin informar a la Secretaría oportunamente;

VIII. Efectuar vertimientos sin la autorización de la Secretaría;

IX. Efectuar vertimientos posteriores a una suspensión;

X. Efectuar vertimientos posteriores a una cancelación, y

XI. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley y su reglamento.

Artículo 42. Las sanciones podrán consistir en:

I. Suspensión del permiso de hasta por 60 días;

II. Cancelación del permiso, y

III. Multa, la cual se determinará tomando como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de haberse cometido la infracción, de doscientos cincuenta hasta cincuenta mil días de salario mínimo, según la infracción y el daño causado.

Se sancionarán con suspensión del permiso hasta por 60 días, las infracciones previstas en las fracciones II, V y VI del artículo anterior.

Procede la cancelación del permiso, cuando el permisionario incurra en las infracciones previstas en las fracciones III y IV del artículo anterior.

Se sancionarán con multa, según la infracción y el daño causado, los supuestos previstos en las fracciones I, y de la VII a la XI del artículo anterior.

Las sanciones antes señaladas podrán imponerse, en más de una de sus modalidades.

En el caso de que haya transcurrido el plazo de la suspensión, sin que el infractor haya subsanado las irregularidades que dieron origen a la misma, la Secretaría procederá a la cancelación del permiso respectivo.

Artículo 43. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el monto originalmente impuesto, así como la cancelación del permiso.

Artículo 44. Para la imposición de las sanciones por infracciones a la presente Ley, la Secretaría deberá tomar en consideración las circunstancias siguientes:

I. Los riesgos o daños producidos o que puedan producirse en la salud humana; la generación de desequilibrio ecológico; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad;

II. La acción u omisión;

III. La reincidencia del infractor;

IV. Las condiciones económicas del infractor;

V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven el vertimiento;

VI. En caso de que el infractor realice medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que se imponga una sanción, la Secretaría deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción, y

VII. Que se hayan cometido diversas infracciones.

Artículo 45. Las sanciones establecidas en la presente Ley, son independientes de la responsabilidad penal o civil en que se incurra conforme a otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 46. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones; en la resolución se precisarán las sanciones que se aplicarán y el concepto de cada una de ellas.

Artículo 47. Cuando el personal de la Secretaría derivado de los actos de inspección y vigilancia, se percate de actos u omisiones que pudieran constituir delitos ambientales, formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la federación, sin perjuicio de las atribuciones que a otras Dependencias le corresponden.

Se procederá de igual manera, cuando se presente documentación falsa para obtener una autorización de vertimiento.

La Secretaría proporcionará los dictámenes técnicos, cuando el Ministerio Público o las autoridades judiciales, así lo soliciten.

Sección III Del procedimiento

Artículo 48. Para imponer una sanción la Secretaría deberá notificar previamente al presunto infractor del inicio del procedimiento, mediante oficio en el que se especificarán los hechos y las disposiciones legales que se consideran violadas, y en su caso las disposiciones que el permisionario debe cumplir para subsanar los daños ocasionados al ecosistema marino; para que éste dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que sea hecha la notificación manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas.

En caso de que el presunto infractor dentro del plazo concedido no realice manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho y la Secretaría procederá a dictar resolución dentro de los quince días hábiles siguientes, haciéndole saber el derecho que tiene para interponer el recurso de revocación, dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que fue hecha la notificación, en el que deberá presentar por escrito sus argumentos y pruebas ante la Secretaría.

En caso de que el infractor interponga el recurso dentro del término señalado, se procederá al análisis y se emitirá resolución dentro de los quince días hábiles siguientes. En caso de no interponer el recurso, se tendrá por precluido su derecho y se procederá a cumplimentar las sanciones que le fueron impuestas.

De ser el caso, la resolución se hará del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la delegación estatal, para la aplicación de las sanciones económicas, así como para que se haga efectivo el depósito que se haya otorgado para la expedición del permiso.

Artículo 49. El recurso previsto en el artículo anterior procederá en lugar del recurso establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo que emita la Secretaría, no admitirán recurso alguno.

Artículo 50. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimiento de informes o documentos y las resoluciones que emita la Secretaría, se realizarán en el domicilio señalado por el imputado y con las personas autorizadas para tales efectos. El notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en la cédula de notificación, sin que ello afecte su validez.

De no encontrarse la persona que debe ser notificada, se dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere al notificador a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más cercano, debiéndose asentar tal circunstancia.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla, o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias que se lleven a cabo, se deberá tomar razón por escrito de cada una de las circunstancias que se presenten.

Artículo 51. Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas.

Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación.

Artículo 52. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la emisión del acto y deberá contener el texto íntegro del mismo.

Sección IV De la cancelación

Artículo 53. La Secretaría le notificará al interesado, o a su representante legal, la cancelación del permiso, lo cual no lo exime de las responsabilidades contraídas con terceros o con autoridades federales, estatales o municipales durante la vigencia del mismo. La cancelación del permiso de vertimiento será definitiva para quien no cumpla con esta Ley.

Artículo 54. Son causas de cancelación del permiso de vertimiento, las siguientes:

I. Dejar de cumplir cualquiera de las condicionantes establecidas en el permiso respectivo;

II. Que las obras o actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en la zona de tiro autorizada, así como en su área de influencia, en cuyo caso el autorizado deberá instrumentar programas de compensación;

III. Cuando de la evaluación de los estudios requeridos antes, durante y después del vertimiento, se determine que estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el ambiente;

IV. Cuando se detecte que la información proporcionada por el solicitante fue falsa o alterada, incluyendo los resultados de laboratorio;

V. No realizar actividad alguna dentro de los tres meses posteriores a su otorgamiento;

VI. Transferir el permiso, y

VII. Incumplir, con cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, así como en materia ambiental.

Sección VDe las excepciones

Artículo 55. No se hará acreedor a ninguna sanción, quien haya realizado vertimiento por caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se justifique la acción implementada a satisfacción de la Secretaría.

Lo anterior, no lo exime de la obligación de reparar, compensar, remediar o restaurar los daños ocasionados por el vertimiento.

Artículo 56. Quien lleve a cabo un vertimiento por alguna de las causas señaladas en el artículo anterior, deberá rendir un informe detallado a la Secretaría, justificando la realización del mismo. La contravención a lo dispuesto en este artículo, aun tratándose de siniestros, será considerado un vertimiento y se aplicaran las sanciones que establece la presente Ley.

Capítulo VII De la responsabilidad

Artículo 57. Las personas que realicen un vertimiento en violación a las disposiciones legales aplicables, asumirán la responsabilidad de reparar la afectación o daño ambiental al medio marino, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante las acciones de remediación que resulten aplicables, restituyendo el ambiente marino al estado que guardaba antes del vertimiento o cuando esto no fuere posible, mediante el pago de una indemnización que será cuantificada por la Secretaría en función de la afectación o daño causado al medio marino.

Artículo 58. Ninguna persona será relevada de su responsabilidad, si la necesidad de efectuar el vertimiento para salvaguardar la vida humana en la mar o la seguridad de cualquier embarcación, artefacto naval, aeronave, plataforma u otro; se debió a negligencia de su parte.

Artículo 59. La Secretaría en coordinación con las demás dependencias de la administración pública federal, intervendrá para que los responsables del vertimiento cumplan con la remediación que corresponda y ejecuten acciones para prevenir la dispersión del contaminante en el medio marino.

Artículo 60. En caso de incumplimiento de la obligación de remediación, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá ejecutar las acciones necesarias con el propósito de llevar a cabo la remediación para la recuperación y restablecimiento del ambiente marino al estado que guardaba antes de producirse el vertimiento con cargo a los obligados, quienes deberán pagar la contraprestación respectiva que tendrá el carácter de crédito fiscal y su recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente.

Para el procedimiento económico coactivo previsto en este artículo se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

Artículo 61. Sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores los responsables del vertimiento por el incumplimiento de las acciones de remediación o del procedimiento económico coactivo previsto en el artículo anterior, la Secretaría ejercerá las acciones que procedan para recuperar los costos de la remedición, así como el pago de daños y perjuicios ocasionados por el vertimiento.

Para las acciones a que se refiere el presente artículo se aplicarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y en lo no previsto en la presente Ley respecto de la responsabilidad por daño o afectación al medio marino y los recursos naturales y ecosistemas que en él se desarrollan, se aplicarán supletoria mente el Código Civil federal; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 62. En el caso de los vertimientos realizados en contravención a la Ley en las zonas marinas mexicanas que causen daños al ambiente marino de otros estados, los gobiernos extranjeros podrán demandar al responsable del vertimiento el pago de la remediación al medio marino, ante los tribunales mexicanos, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer los afectados ante los organismos internacionales para el pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 63. Cuando un vertimiento sea realizado en las zonas marinas de otros estados y se produzca un daño al ambiente marino de las zonas marinas mexicanas, la autoridad facultada para representar al Estado mexicano ante las instancias internacionales para el reclamo de la remediación ambiental y el pago de los daños, es la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Secretaría, en coadyuvancia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá la coordinación respectiva para las acciones que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a los ciento ochenta días de publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los permisos otorgados con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley, continuarán en vigor hasta el término de su vigencia.

Tercero. Las solicitudes de permisos de vertimientos que se encuentren en trámite al entrar en vigor la presente ley, podrán ser reguladas por ésta sólo en aquellas fases del trámite que no hayan sido desahogadas.

Cuarto. El impacto presupuestal que implique la puesta en operación de la presente ley, será con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Marina, por lo que no requerirá ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, hasta cubrir los requerimientos de personal, de gasto de operación, infraestructura, mobiliario y equipo.

Quinto. La presente ley abroga el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1979, así como todas aquellas disposiciones legales que se le opongan.

Senado de la República, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Marina para dictamen, y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para opinión. Pasamos al siguiente asunto.

LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCION COMPLEMENTARIA - LEY DE MIGRACION

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.

Atentamente

México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración

Artículo Primero. Se reforman la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; los artículos 2; 3; la denominación del Título Tercero; los artículos 21, primer párrafo; 25, segundo párrafo, 31, 38, tercer párrafo, 44 fracción VII, y tercero transitorio; y se adicionan los artículos 14 Bis; 14 Ter; 35 Bis; un Titulo Séptimo, denominado Del Asilo; los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 para quedar como sigue:

Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Asilo político: Protección que el estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por asilo el asilo político.

II. Asilado: El extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de la ley recibe la protección del Estado mexicano.

III. Fundados temores: Los actos y hechos que den o hayan dado lugar a una persecución, y que por su naturaleza, carácter reiterado, o bien, por una acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen o podrían poner en riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona.

IV. Ley: Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

V. Reglamento: Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

VI. País de origen: El país de nacionalidad o de residencia habitual del solicitante de la condición de refugiado, del solicitante de asilo político o asilado, así como del extranjero al que se le otorgue protección complementaria.

VII. Protección complementaria: Protección que la Secretaría de Gobernación otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la presente ley, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido. a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

VIII. Condición de refugiado: Estatus jurídico del extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley, es reconocido como refugiado, por la Secretaría de Gobernación y recibe protección como tal.

IX. Representación: Las señaladas en el artículo 1 Bis, fracción VIII, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

X. Secretaría: Secretaría de Gobernación.

XI. Solicitante de asilo político: El extranjero que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o a la Representación, según corresponda, el otorgamiento de asilo político.

XII. Solicitante de la condición de refugiado: El extranjero que solicita a la secretaría el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de su situación migratoria.

Artículo 3. La presente ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados y refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.

Título TerceroDe las Atribuciones en Materia de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político

Capítulo Único

Artículo 14 Bis. En materia de asilo político, compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores:

I. Resolver sobre el otorgamiento de asilo político a los extranjeros que encontrándose en la representación o en territorio nacional, presenten su solicitud de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley y su Reglamento. En todos los casos a que se refiere esta fracción recabará previamente la opinión de la secretaría;

II. Orientar a los solicitantes de asilo político y asilados sobre sus derechos y obligaciones;

III. Llevar un registro actualizado de los solicitantes de asilo político y asilados;

IV. Resolver sobre el retiro y la renuncia de asilo político;

V. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 14 Ter. En materia de asilo político, le compete a la secretaría lo siguiente:

I. De manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de asilados conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;

II. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás autoridades competentes en términos del Reglamento, promover soluciones a la problemática que enfrentan los asilados, durante su estancia en territorio nacional, de conformidad con los supuestos previstos en la presente Ley;

III. Formular, coordinar, dar seguimiento, evaluar y difundir criterios y programas encaminados a la atención de asilados, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, que participen en la atención a asilados, y

V. Atender a los asilados con pleno respeto a sus derechos humanos.

Artículo 21. Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento.

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...

Artículo 25. ...

En los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la secretaría expedirá el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones aplicables. Si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido en el reglamento; de igual forma el extranjero podrá interponer los medios de defensa que estime pertinentes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 31. Si la secretaría determina que un extranjero requiere protección complementaria, expedirá el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país en los términos de las disposiciones aplicables. En caso contrario, éste quedará sujeto a las disposiciones migratorias correspondientes.

Artículo 35 Bis. Los refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria, podrán solicitar que se suspendan en cualquier momento a la condición o protección que reciben, para lo cual será necesario dar aviso a la secretaría.

En caso de que un refugiado o extranjero que reciba protección complementaria abandone el país y solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, otorgamiento de una condición similar o la residencia permanente en otro país, la Secretaría procederá a la suspensión de la condición de refugiado misma que podría ser reactivada mediante solicitud y su evaluación en un eventual retorno.

En los casos a que se refiere este artículo, la Secretaría realizará las acciones necesarias para dar por terminados los efectos de su condición de estancia en territorio nacional en los términos previstos por el Reglamento.

Artículo 38. ...

...

No obstante, podrán solicitar a la autoridad migratoria les sea otorgada una condición de estancia en el país.

Artículo 44. ...

I. a VI. ...

VII. Obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría, que acredite su condición de estancia como residente permanente.

Título séptimoDel Asilo Político

Capítulo IPrincipios

Artículo 59. La secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les corresponda a otras autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que estén a su alcance para que los asilados no sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que tenga como efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos.

Artículo 60. La información aportada por los solicitantes de asilo político y asilados será tratada con la más estricta confidencialidad, en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cuando alguna autoridad requiera información respecto a los solicitantes de asilo político o asilados, deberá solicitarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores; en caso de que se le proporcione dicha información, ésta deberá ser tratada de manera confidencial, en términos de la ley citada.

Capítulo IIDel otorgamiento de asilo político

Artículo 61. Todo extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público, y carezca de la protección de su país, podrá solicitar el otorgamiento de asilo político ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal o la representación, según corresponda.

Artículo 62. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá hacer extensivo, por derivación el otorgamiento de asilo político al cónyuge, concubinario, concubina, sus hijos y los de su cónyuge, concubinario o concubina, que dependan económicamente del asilado, que se encuentren en su país de origen o en territorio nacional con el solicitante, para lo cual deberá considerar la opinión que emita la Secretaría.

Capítulo IIIDel procedimiento de otorgamiento de asilo político

Artículo 63. El solicitante de asilo político deberá presentarse físicamente en la representación, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en sus delegaciones localizadas fuera del Distrito Federal, a efecto de presentar por escrito su solicitud, y proporcionar sus datos de identificación, los motivos en los cuales fundamenta su solicitud de asilo político, así como de todos los elementos que disponga para sustentarla.

En el caso de en que al solicitante no le sea posible presentar la solicitud por escrito, podrá hacerlo verbalmente.

Artículo 64. El solicitante de asilo político recibirá información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento de otorgamiento de asilo político, así como sobre sus derechos y obligaciones.

Articulo 65. Las representaciones solo recibirán solicitudes de asilo político de los nacionales de aquellos países ante los qué se encuentren acreditadas.

Las representaciones deberán remitir las solicitudes a la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Articulo 66. Durante el procedimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la representación de considerarlo pertinente, tomará las medidas a su alcance para proveer protección a los solicitantes de asilo político.

Artículo 67. La representación podrá entrevistar al solicitante hasta en dos ocasiones, a fin de recabar elementos suficientes para el análisis de la solicitud. Asimismo recabará la mayor información posible sobre la situación prevaleciente en el país de origen.

Artículo 68. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores la decisión de conceder o no el asilo político, previa opinión de la Secretaría.

Artículo 69. La decisión sobre el otorgamiento o no el asilo político será comunicada al solicitante del mismo; el Reglamento de esta Ley establecerá el plazo para tales efectos.

En los casos en los cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores, otorgue asilo político, ésta y la representación, de manera coordinada, tomarán las medidas necesarias para que, en su caso, el asilado sea trasladado a territorio nacional.

Otorgado el asilo político, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará su decisión a la Secretaría a efecto de que esta expida el documento migratorio de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

Articulo 70. En caso de que un extranjero se prese te en un lugar destinado en México al tránsito internacional de personas y solicite se le conceda asilo político, la Secretaría determinará si la solicitud corresponde a un ´posible caso de condición de refugio o de asilo político. En este último supuesto, informará de inmediato a la Secretaría de Relaciones Exteriores de tal situación, debido remitir los datos que lo identifiquen, así como las razones que exponga para sustentar su solicitud.

Capítulo IVDel retiro y renuncia del asilo político

Artículo 71. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá retirar el otorgamiento de asilo político en los siguientes casos:

I. En los que se acredite que el asilado ocultó o false la información proporcionada;

II. Por realizar actos en territorio nacional que constituyan un riesgo o amenaza para la seguridad nacional;

III. Cuando existan razones fundadas para considerar q e el asilado ha cometido un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra de los definidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte o del delito de terrorismo, o

IV. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento.

Artículo 72. Los asilados podrán renunciar en cualquier momento a la protección que les fue otorgada, para lo cual será necesario dar aviso por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que comunicará lo conducente a la secretaría.

En caso de que un asilado solicite la protección o residencia permanente en otro país, se entenderá que renuncié; la protección que s le otorgó en los Estados Unidos Mexicanos.

En los casos de renuncia a que se refiere el presente artículo, la Secretaría de Relaciones Exteriores realizará las acciones necesarias para dar por terminados los efectos de su condición de estancia en territorio nacional en los términos previstos por el Reglamento.

Capítulo VDe la estancia en territorio nacional

Artículo 73. Al solicitante de asilo político se le concederá la condición de estancia de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

Artículo 74. En caso de presentarse una solicitud de extradición de un asilado, la Secretaría de Relaciones Exteriores incluirá la condición de asilado como un elemento al considerar la solicitud de extradición.

Capítulo VIDe la asistencia institucional

Artículo 75. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exterior s, adoptará las medidas necesarias para brindar asistencia institucional a los asilados, en los términos que lo establecido en los artículos 54, 55, 56 y 57 de la ley.

Capítulo VIIDe los trámites previstos en la ley

Artículo 76.El detalle de los procedimientos, plazos, requisitos, y criterios de los trámites relacionados con la solicitud de otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado, y de protección complementaria, se sujetará a lo establecido en el Reglamento de la presente ley.

Transitorios de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria

...

...

Tercero. Los refugiados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor de la presente Ley podrán solicitar que se les expida el documento migratorio que acredite su condición de legal estancia en el país como residente permanente.

...

...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 3, fracción III; y 55, segundo párrafo; de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 3.Para efectos de la presente ley se entenderá

I. y II. ...

III. Asilado: a todo extranjero que sea reconocido como tal en los términos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y silo Político;

IV. a XXX. ...

Artículo 55. ...

I. a V. ...

Para el ejercicio del derecho consagrado en el presente artículo de las personas que se les otorgue asilo político u obtengan el reconocimiento de la condición de refugiado, se atenderá a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás legislación aplicable.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los asilados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor del presente decreto podrán solicitar que se les expide el documento migratorio, que acredite su condición de estancia en el país de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.

Tercero. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores realizarán las acciones necesarias para que la implementación de las presentes modificaciones se lleven a cabo con los recursos aprobados en su presupuesto, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Cuarto. Se deberá establecer en los Reglamentos respectivos el procedimiento por medio del cual la Comisión Mexica a de Ayuda a Refugiados atenderá y desahogará los casos a los que hacen referencia los artículos 35 Bis y 70 de la presente ley.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Asuntos Migratorios para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud.

Atentamente

México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud

Artículo Único.Se reforman los artículos 30, 22 y 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 30. La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecuen a lo establecido en el artículo anterior. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los establecimientos para que los mismos cumplan con su función.

Artículo 222....

...

La Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación. Para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, asimismo el registro será a través de un código bidimensional que deberán llevar todos los medicamentos en su contenedor, ya sea caja, frasco o bote. Además de características específicas como fecha e elaboración, fecha de caducidad, lote, en su caso, la institución del sector salud o farmacia o tienda autorizada para el expendio y comercialización de medicamentos, además deberán contener etiquetas de colores específicos, según sea el tipo de medicamento, y en la nota de venta aparecerá la autorización, de adquisición de producto, por parte de la Secretaría.

Artículo 464 Ter.En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. y II. ...

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, posea con fines comerciales, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, códigos bidimensionales, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

...

Transitorios

Primero.Se otorgará 1 año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para que las farmacias y la industria farmacéutica puedan integrar en sus medicamentos el código bidimensional que marca el artículo 222 de la Ley General de Salud.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.

Atentamente

México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.

Artículo Único.Se reforma el párrafo quinto del Articulo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

...

...

...

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento y hasta cinco años cumplidos, que no se beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia del menor se encuentre dentro de los cinco primeros deciles de ingreso que determinen las autoridades competentes, con independencia de que la Secretaría de Salud podrá eximir, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, del pago de cuotas de recuperación al menor que forme parte de una familia ubicada en otros deciles de ingreso.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Para la aplicación de la presente reforma, estará sujeta de acuerdo a la suficiencia presupuestal de la Secretaría de Salud.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barreta Tapia (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Atentamente

México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Artículo Único.Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o....

I.a XXI....

XXI Bis.Los servicios de atención y rehabilitación d~ las adicciones;

XXII.a XXVIII....

Artículo 13....

A....

I.y II....

II Bis.Regular los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones.

III.a X....

B....

I. Organizar, operar, supervisar. y regular la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Bis, XXVI Bis, y XXVII Bis del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II.a VII....

C....

Artículo 198.Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I.a V....

V Bis.Brindar servicios residenciales de atención y rehabilitación de las adicciones;

VI....

...

La autorización sanitaria a que se refiere la fracción V Bis de este artículo se otorgará por las autoridades sanitarias de los gobiernos de las entidades federativas conforme a lo que establezcan las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Salud. El control sanitario de este tipo de establecimientos corresponderá a los gobiernos de las entidades federativas.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los establecimientos residenciales que brinden servicios de atención y rehabilitación de las adicciones que cuenten con un aviso de funcionamiento, a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, tendrán un plazo máximo de 3 años contados a partir de dicha fecha de entrada en vigor para obtener la autorización a que se refiere el artículo 198, fracción V Bis, de esta ley.

Tercero.Hasta que no se obtenga la autorización sanitaria por parte de dichos establecimientos, durante el plazo de tres años previsto en el artículo transitorio que antecede, éstos deberán registrarse ante las autoridades sanitarias correspondientes de las entidades federativas con la finalidad de que puedan continuar sus funciones, dicho registro estará sujeto a los lineamientos que determine la Secretaría de Salud, debiendo emitirlo en un plazo que no exceda de noventa días a partir de la publicación del presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barreta Tapia (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo Único.Se reforma el párrafo segundo y adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto, todos del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

El presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien disponga el orden cronológico que deba seguirse; sin que puedan ser más de dos nombramientos, derivados por el principio de renovación anual a que se refiere este artículo.

En caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo, el presidente de la Comisión Nacional notificará inmediatamente a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente; y se llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 18 de esta ley, dentro de los 90 días siguientes, independientemente de la renovación anual a que se refiere este artículo y por procedimiento separado. Esta designación será por un periodo completo.

De realizarse más de un procedimiento de selección y designación de miembros del Consejo Consultivo, en el mismo año natural a aquel en que haya participado un candidato, éste podrá acudir al segundo o ulteriores procedimientos, siempre que haya cubierto los requisitos en aquel en que participó.

En tal caso, bastará con que manifieste su deseo e interés de volver a participar, por escrito, sin necesidad de realizar trámite de registro adicional, siempre que su manifestación se realice hasta antes de que fenezca el periodo para registrarse conforme a la convocatoria correspondiente.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, se devuelve con modificaciones para los efectos de la fracción e) del artículo 72 Constitucional.

México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

Artículo Único.Se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115.La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. a VI. ...

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.

Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como la masa de maíz nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría de Salud deberá emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, o en su caso, hacer las adecuaciones pertinentes a las ya existentes, a efecto de dar cumplimiento al presente decreto en un plazo no mayor a 300 días naturales.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona el 225 Bis a la Ley General de Salud,se devuelve con modificaciones para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud.

Artículo Único.Se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 225....

...

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Artículo 225 Bis.En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se exprese la Denominación Distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe;

III. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la Denominación Común Internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva, y

IV. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

La venta y suministro de medicamentos biotecnológicos deberá ajustarse a lo prescrito en la receta médica.

Transitorio

Único.El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen. Pasamos al siguiente asunto.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

El suscrito Senador de la República, Félix González Canto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, numerales I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo es pieza fundamental para el desarrollo económico de México, aporta el 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto, es la tercera fuente de ingresos de divisas del país, genera cerca de 7.5 millones de empleos directos e indirectos, siendo una de las actividades con más alta tasa de participación de mujeres y jóvenes.

Dentro del turismo, la industria restaurantera es de la mayor relevancia, no sólo porque es una de las actividades económicas más importantes del país, sino porque además participa directamente en la difusión y conservación de la gastronomía mexicana, declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, misma que constituye un atractivo importante para los turistas que visitan nuestro país.

Es importante destacar que la industria restaurantera genera un millón trescientos mil empleos directos, y tres millones doscientos cincuenta mil empleos indirectos, por lo que este sector es el segundo mayor empleador a nivel nacional.

Así, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este sector supera en empleo al conjunto de personas ocupadas en los sectores de pesca, minería, electricidad, agua, distribución de gas por ductos, al consumidor final y construcción (en su totalidad).

Los establecimientos de preparación de alimentos y bebidas impactan en 84 ramas económicas, por lo que tienen alto valor para el desarrollo regional, social y económico; son el último eslabón en la cadena de insumos agropecuarios y de otros sectores industriales, comerciales y de servicios.

La importancia de este sector en las diversas ramas económicas se puede apreciar al señalar que de los ingresos obtenidos, los restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados reparten el 27 por ciento al pago de la nómina, el 21 por ciento a la compra de alimentos frescos, el 17 por ciento al pago de renta y servicios, el 14 por ciento a compra de insumos, el 13 por ciento a la compra de alimentos procesados y el 7 por ciento a otros costos.

En México, de conformidad con cifras obtenidas en 2010, del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen 428 mil restaurantes a nivel nacional, el 50 por ciento de ellos se encuentran concentrados en el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán y Guanajuato y generan en su conjunto ingresos anuales por $182,992 millones de pesos.

Estas unidades económicas aportan el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, el 13 por ciento del Producto Interno Bruto Turístico y son fuente importante de empleo para las mujeres, ya que el 53.1 por ciento del personal que labora en ellas es femenino, siendo el 80 por ciento de estas mujeres jefas de familia.

Es prioritario reconocer la contribución de la industria restaurantera al desarrollo social, toda vez que es altamente generadora de empleos, caracterizándose por ofrecer oportunidades de trabajo a empleados que no requieren un alto índice de especialización, quienes encuentran dificultades para emplearse en industrias donde se requiere de determinado nivel de especialización.

Muchas familias mexicanas ven en la actividad restaurantera su modo de subsistir, es una de las principales alternativas para emprender negocios propios, por lo que el 96 por ciento del sector se encuentra integrado por micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el Inegi el 59 por ciento de los trabajadores de restaurantes son familiares del dueño; el 53.7 por ciento de los establecimientos de alimentos y bebidas cuenta con dos empleados o menos; el 34.1 por ciento de 3 a 5 empleados; y el 12.2 por ciento tiene más de cinco empleados.

Lamentablemente, este sector productivo, ha venido sufriendo impactos negativos, desde hace algunos años, debido a la crisis económica, las medidas adoptadas para enfrentar el brote de influenza AH1N1 en 2009, el aumento de la inseguridad, la sobrerregulación de sector y las reducciones a la deducibilidad de los consumos en restaurantes.

De acuerdo con información reportada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México la contribución de la industria restaurantera y de las bebidas en la generación del Producto Interno Bruto, disminuyó de 1999 a 2010, su aportación pasó del 2.8 por ciento en el año 2000 a 2.0 por ciento en el 2010. Al respecto la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados  advierte que en 2006 la industria creció en un 6.6 por ciento, en 2007 cayó a 4.6 por ciento, en 2008 descendió hasta el -2.6 por ciento, en 2009 a caída llegó hasta el -11.7 por ciento; en 2010 se empezó a revertir la degradación a -0.18 por ciento, en 2011 se reportó un incremento del 3.5 por ciento del PIB.

Estas caídas resultan contraproducentes para la economía nacional, dado el impacto que tiene esta industria en los demás sectores, y porque además la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados  señala que los restaurantes son el ramo económico en el que menos cuesta la creación de un empleo, calculándose cada uno en $5,000.00 dólares americanos.

Siendo este sector el segundo mayor empleador a nivel nacional, se hace urgente implementar medidas que ayuden a que la industria restaurantera recuperé los índices de crecimiento que tenía antes de 2007.

Una de las demandas más conocidas del sector restaurantero del país es la de incrementar en 100 por ciento la deducibilidad del Impuesto Sobre la Renta sobre los consumos facturados, el sector empresarial considera que con esta medida se espera retomar los niveles de crecimiento que anteriormente tenía la industria, y por ende generar más empleos.

Desde 2007, la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite deducir el 12.5 por ciento de los consumos en restaurantes realizados por los contribuyentes, siempre que el pago se efectúe mediante tarjetas de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Esta deducibilidad era del 25 por ciento en 2003, del 50 por ciento en 2002 y del 100 por ciento en 1989.

Las reducciones a la deducibilidad de los consumos en restaurantes que se dieron en los dos sexenios pasados, pretendían aumentar la recaudación fiscal, no obstante las reformas, el sistema tributario continúo estancado. En los últimos diez años los ingresos tributarios sólo aumentaron en 1.5 por ciento el Producto Interno Bruto; en el caso particular los ingresos por concepto de impuesto sobre la renta, desde 2002, sólo aumentaron el 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto.

En razón de lo anterior se considera que aumentar la deducibilidad de los consumos en restaurantes no dañaría la recaudación federal, sin embargo, impactaría positivamente en la economía nacional por la disminución de la elusión y evasión fiscal, así como por los empleos que se generarían.

Al incentivarse el uso de tarjetas bancarias para pagar los consumos en restaurantes se combate la informalidad y la evasión, debido a que al ser rastreables las operaciones el fisco tendrá un mayor control. Asimismo, genera el que un alto porcentaje de los establecimientos del sector restaurantero que se encuentran en la informalidad, se formalicen ya que al elevar el porcentaje de la deducibilidad un mayor número de contribuyentes solicitará factura, lo que implicará que los restaurantes cumplan con sus obligaciones fiscales, reduciéndose el número de puestos de comida informal que existen a nivel nacional.

La deducibilidad también impactará positivamente en el mercado interno, de acuerdo con el sector, la demanda interna del sector se incrementará en más del 20 por ciento. La medida fiscal aumentaría las ventas del sector en casi 40 mil millones de pesos anuales, lo que permitiría aumentar la demanda de insumos y generaría 240 mil nuevos empleos.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados ha señalado que el permitir una deducibilidad del 100 por ciento, produciría un aumento en la facturación en 16 mil millones de pesos, lo que permitiría un aumento de $2,500 millones en Impuesto al Valor Agregado y $4,400 millones en Impuesto Sobre la Renta, además de una recaudación adicional neta de $1,900 millones de pesos.

Esta iniciativa pretende elevar la deducibilidad de 12.5 por ciento en la que actualmente se encuentra, a un 50 por ciento, y esperar los resultados del ejercicio fiscal siguiente a su aprobación para analizar si se continúa elevando de manera gradual.

Sin duda mejorar el sector restaurantero y dinamizar la actividad aprovechando las oportunidades que brinda la gastronomía es prioritario para el turismo. Los restaurantes generan cuatro de cada diez empleos en el sector y es una industria que con los incentivos legales suficientes puede generar más empleos, lo que redundará en un mayor beneficio para el país.

Con esta  modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta, estaríamos dando un impulso a la industria restaurantera que se ha visto afectada desde 2009 y que no ha podido mantener un crecimiento constante.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa al tenor del siguiente:

Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo Único:Se reforma el primer párrafo de la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

I. - XIX. ...

XX.El 50%de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aún cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.

...

XXI. – XXVII. ...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de abril de 2013.— Senador Félix González Canto (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Púbico para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Martín Orozco Sandoval, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Martín Orozco Sandoval, senador de la república para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente:

Para determinar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, actualmente existen algunos gastos considerados como deducciones personales, que se aplican solamente en el cálculo del impuesto anual del contribuyente, pero que conllevan una traslación del impuesto al valor agregado (IVA). Ejemplo de algunos de éstos son las primas por seguros de gastos médicos mayores, gastos funerarios, servicios hospitalarios, entre otros, que por razones particulares causan este impuesto y el proveedor lo traslada a la persona física que hace uso del servicio, quien se ve golpeado en su esfera económica al desembolsar ese impuesto.

Sobre este tema el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha manifestado en diversos medios que el IVA pagado por dichos gastos no es acreditable y debe considerarse como parte de la deducción personal del contribuyente, en virtud de que el gasto no es estrictamente indispensable para la actividad del contribuyente.

Sin embargo, si este impuesto se considerara acreditable, los contribuyentes personas físicas que realizan una actividad gravada con el IVA pudieran verse ante la posibilidad de acreditar el IVA de estos gastos contra el IVA que sus actividades causen.

Si bien el criterio del SAT en principio puede parecer razonable, lo cierto es que técnicamente también puede sostenerse que este impuesto sí puede considerarse como acreditable.

Como el SAT lo señala, la Ley del IVA establece en su artículo 5 que uno de los requisitos para que el IVA de un gasto sea acreditable, es que éste corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades; sin embargo, ese mismo precepto continúa definiendo que para los efectos de esta ley (IVA) “se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto”.

De lo anterior se desprende que la propia Ley del IVA define qué debe entenderse por estricta indispensabilidad, característica que queda satisfecha con el sólo hecho de que sea un gasto deducible en términos de la Ley de ISR, quedando definido e identificado el concepto de “estricta indispensabilidad” por la propia norma que lo establece, pues inclusive la propia Ley del IVA dicta que simplemente sea deducible en el ISR, aun cuando no se esté obligado al pago de este impuesto.

En este orden de ideas es posible concluir que si el gasto es deducible para los fines del ISR, entonces el IVA es acreditable. En este caso las deducciones personales son, precisamente, deducibles, reuniendo el requisito de deducibilidad previsto en la Ley del IVA y cumpliendo así con las condiciones para que éste sea acreditable.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley del IVA, el acreditamiento se tendría que hacer en el momento en que el impuesto trasladado es pagado.

Por lo comentado anteriormente y dado que la disposición no resulta del todo clara, y en vista de que da lugar a una realizar diferentes interpretaciones en contrasentido, es importante dar certeza jurídica a los contribuyentes para que puedan acreditar el IVA que les fue trasladado en gastos relacionados con las deducciones personales a que se hace referencia en el artículo 176 de la LISR, contra el IVA que causen por actividades gravadas, y en caso de que no tuvieran dichas actividades gravadas por IVA los contribuyentes deduzcan el gasto con su respectivo IVA en la declaración anual en los términos del mencionado artículo

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley o a las que se les aplique la tasa de 0 por ciento. Para los efectos de esta ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta incluyendo las que se establecen en el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta ley, el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Asimismo, la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera como erogación totalmente deducible, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la citada ley.

...

II. a V.

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 30 de abril de 2013.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Púbico para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley del Seguro Social.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Martín Orozco Sandoval, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para efectos de determinar el riesgo de trabajo que da origen al pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Ley del Seguro Social divide el riesgo de trabajo en cinco clases, de acuerdo con el riesgo que representan las actividades que los empleados  realizan.

A efectos de lo anterior, el artículo 73 de la ley en comento establece el porcentaje de la prima media de cada una de las clases mencionadas, haciendo referencia a que los patrones que se inscriban por primera vez o al cambiar de actividad, se deberán colocar en la prima media de la clase que les corresponda, para iniciar a pagar el seguro de riesgos de trabajo.

En el país, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, artículo 132, los empleadores tienen la obligación de cumplir las disposiciones de seguridad e higiene fijadas en las leyes para prevenir los accidentes de trabajo, situación que es reconocida concretamente en la misma Ley del Seguro social, al permitir de forma anual que las empresas vayan disminuyendo su porcentaje de riesgo de trabajo, en la medida en que se disminuyan los riesgos sufridos por sus trabajadores.

El efecto en la disminución de los accidentes de trabajo está relacionado directamente con los esfuerzos del patrón para combatirlos y, en consecuencia, la prima que paga pueda disminuir. Para estos efectos, el IMSS ha clasificado diferentes actividades en sólo cinco clases de riesgo, pues considera que las actividades similares en riesgo deben regirse por el mismo porcentaje de pago.

De esa forma, cuando un patrón cambia su actividad para realizar una diferente, que no significa necesariamente un cambio en la exposición al riesgo de los trabajadores, porque dicha actividad está en la misma clase que la que realizaba, la Ley del Seguro Social automáticamente le lleva a pagar la prima media de la clase que le corresponde, siendo que tal vez, por las inversiones del patrón en seguridad industrial, ya haya disminuido el porcentaje de pago de sus cuotas, conforme al procedimiento que se establece en el reglamento respectivo.

En afán de reconocer el verdadero riesgo a que se enfrentan los trabajadores, y determinar la prima de riesgo de trabajo real correspondiente a un patrón, se propone un cambio en el artículo 73 de la Ley del Seguro Social para establecer que cuando un patrón cambie de actividad por otra identificada en la misma clase de riesgo, se mantendrá intacta la prima de riesgo de trabajo que había estado pagando hasta ese momento, como una forma de reconocer los esfuerzos de dicho empleador de disminuir riesgos de trabajo.

Esta propuesta no representa ningún riesgo adicional para el trabajador, pues él está asegurado por el patrón en la clase de riesgo correspondiente a la actividad que realiza, lo único que se reconoce es, como se mencionó en párrafos anteriores, el esfuerzo del patrón por mantener las medidas de seguridad e higiene adecuadas que le han permitido durante el transcurso de los años disminuir la prima de riesgo. Poder conservar la prima de riesgo que ha venido pagando cuando hace el cambio de actividad, dentro de la misma clase de riesgo, es un incentivo para el patrón al no obligarlo a pagar más.

Por el contrario, si el patrón no ha cuidado las medidas de seguridad y la exposición de sus trabajadores al riesgo, y su prima de riesgo es mayor que la media, al momento de cambiar su actividad sin cambiar de clase estará conservando la prima alta que venía pagando y no lo beneficiará la disminución de la prima media de riesgo, pues no ha tomado las medidas de seguridad e higiene que conforme a la Ley Federal del Trabajo y otras disposiciones legales le son aplicables y, por tanto, tendrá que continuar pagando más.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento les corresponda, de acuerdo con la tabla siguiente:

Prima media                           En porcientos

Clase I                                                0.54355

Clase II                                              1.13065

Clase III                                             2.59840

Clase IV                                             4.65325

Clase V                                              7.58875

En el supuesto de que las empresas cambien de actividad y no implique un cambio de clase, se seguirá aplicando la prima de riesgo de trabajo que se había estado pagando hasta ese momento. Se aplicará igualmente lo dispuesto en este artículo cuando el cambio de actividad de la empresa se origine por una sentencia definitiva o por disposición de esta ley o de un reglamento.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador Martín Orozco Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Martín Orozco Sandoval, senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México, al igual que todas las economías del mundo, necesita de políticas públicas que fomenten el ahorro de los ciudadanos, ya que actualmente sólo 20 por ciento de los mexicanos ahorra en canales formales que ofrece el sector financiero.

La tasa de ahorro, que es la proporción de lo ahorrado frente al producto interno bruto, es determinante para el crecimiento de un país, ya que una alta tasa de ahorro garantiza que existan recursos suficientes para invertir. Las necesidades de inversión en México apuntan a tener más recursos disponibles para financiar proyectos productivos sin tener necesidad de recurrir a financiamiento externo, ya que este último no siempre es positivo para la economía, puesto que el recurrir a créditos externos, implica la entrada extra de divisas, afectando la estabilidad de la moneda local, entre otros efectos, además de que parte de la utilidad generada por las inversiones se debe transferir al exterior como pago del financiamiento.

Si la población no obtiene suficientes ingresos, su capacidad de ahorro es nula, y si no hay ahorro, las posibilidades de crecimiento económicas son bajas, en detrimento de esa misma población que no mejorará su nivel de ingresos, ocasionando un estancado crecimiento económico. No obstante lo anterior, en los segmentos de población que sí tienen la posibilidad de ahorrar, actualmente no existen incentivos adicionales que estimulen esta actividad de forma consistente. México debe contar con políticas fiscales que estimulen el ahorro de los ciudadanos, para lo cual es conducente incorporar estímulos para que uno de los grupos económicos más numerosos en nuestro país, como son los trabajadores, se vea incentivado para ahorrar una parte de su salario.

Actualmente el artículo 109 fracción VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta considera como ingreso exento del Impuesto sobre la Renta (ISR) para el trabajador, únicamente la cantidad que aporta el patrón en favor del trabajador al fondo de ahorro y no así el importe que el mencionado trabajador decide ahorrar, es decir, si el trabajador una parte de su sueldo se aporta al fondo de ahorro, dicha parte se considera como un ingreso gravado para ISR del trabajador, situación que desmotiva a los trabajadores para formar parte del fondo de ahorro. Por tal motivo, es importante que tanto la aportación que realice el patrón en favor del trabajador y la parte que el trabajador decide ahorrar, en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, queden exentas de ISR y con ello se fomente en la empresas diversas formas de ahorro en beneficio de la clase trabajadora.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforma la fracción VIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 109....

I. a VII. ...

VIII. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y los de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título II de esta ley o, en su caso, de este título. Para estos efectos se consideran incluidas dentro de esta fracción las cantidades que el propio trabajador aporte a las cajas y fondos de ahorro descritos en este párrafo.

IX. a XXVIII. ...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México. DF, a 30 de abril de 2013.— Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Púbico para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que establece un derecho minero al valor de la producción.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Quien suscribe, senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o., fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto establece un derecho minero al valor de la producción, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el contexto de la reforma fiscal una de las grandes expectativas desde la perspectiva ciudadana, es alcanzar una nueva política de Estado en torno a la responsabilidad fiscal de tal forma, que todos de manera proporcional aportemos a través de impuestos, derechos u otras figuras, aquellos recursos para el fortalecimiento del Estado mexicano.

Uno de los temas a debatir por el Poder legislativo es el rediseño de una política minera y energética, en torno al fortalecimiento de la rectoría y a la contribución de los concesionarios deben aportar al fisco por la explotación de un recurso no renovable de la nación como son los minerales.

En el estudio realizado a nivel internacional, los recursos minerales son en la mayoría de los casos de propiedad pública más que privada. En el caso mexicano, el artículo 27 establece que la propiedad de la riqueza del subsuelo es de la nación, y permite su explotación a particulares por medio de concesiones. Sin embargo, al igual que el petróleo es una riqueza limitada y no renovable en el sentido que su extracción constantemente agota el inventario de los recursos metálicos y no metálicos.

Las regalías mineras han sido consideradas tradicionalmente como una forma de compensación para la comunidad por el agotamiento de recursos no renovables. Los impuestos especiales a la minería incluyendo las regalías son adicionales a los impuestos generales a la renta y otras formas de tributación gravadas en todos los sectores de una economía. Por ende, estos representan diferentes modos en que los gobiernos graven una participación adicional de los ingresos que fluyen de las operaciones mineras en relación a otras actividades no mineras.

Del 2004 al 2007 las exportaciones aumentaron en 165 por ciento al pasar de 22 mil 857 millones de pesos a 60 mil 752 millones de pesos. Sin embargo como consecuencia de la crisis económica para el 2008 esta cifra se redujo 28 por ciento y a partir del año siguiente se te observa una ligera recuperación en las exportaciones. Del 2010 al 2012, las exportaciones aumentaron en 45 por ciento al pasar de 152 mil 317 millones de pesos a 220 mil 682 mil millones de pesos.

Los principales países importadores de recursos mineros son Estados Unidos, Japón y Canadá. Estos países compran principalmente plata, cobre y zinc. Su consumo ha aumentado en los últimos 9 años considerablemente, en 2004 las exportaciones hacia Estados Unidos en cuanto a la plata pasaron de 6 millones 104 mil 738 miles de millones, a 16 millones 932 mil 605 miles de millones de pesos. Las exportaciones de cobre aumentaron de 2004 a 2009 en un 83 por ciento mientras que el zinc hasta 2007 había aumentado su consumo en un 152 por ciento posteriormente disminuyó en más del 60 por ciento.

En el año 2005 Canadá se vuelve más demandante en la producción minera, su participación antes de ese año no había sido significativa, resaltaban solo las exportaciones de zinc. De 2005 a 2007 las exportaciones de plata, cobre, zinc, fierro, manganeso y plomo incrementaron en más del 200 por ciento sin embargo a causa de la crisis económica los números volvieron casi a sus orígenes, manteniéndose solo las exportaciones de plata. Para 2009 el valor de las exportaciones en cobre apenas alcanzó los $63 000 pesos y $38, 424,000 de pesos en plata. No hubo compra de zinc, plomo y fierro.

En un estudio comparativo realizado a países de América Latina, América del Norte y China se encontró que todos aplican tasas que gravan las actividades mineras en forma de canon, regalías o royalties e impuestos. Además existen programas de fomento a la industria normalmente relacionados con exenciones y rebajas en los gravámenes. También se encontró que muchos de ellos aplican una tarifa a las concesiones y su la durabilidad de la misa varia de país en país.

Es relevante el papel que desempeñan el sector en la economía de América Latina, a partir del año 2000 la participación del PIB total en las economías latinas ha ido incrementando considerablemente, en el año 2011 esta contribución se ubicó en 6 puntos porcentuales respecto al PIB siendo Venezuela y Ecuador los países con el mayor porcentaje, 27 y 15 por ciento respectivamente seguido por Chile, Colombia, Bolivia y Perú. El porcentaje obtenido en ese mismo año para México fue de 9.8 por ciento sobre el PIB total generado.

La importancia de la minería en la economía también se refleja en las exportaciones, del total de las exportaciones realizadas durante 2011, en Venezuela el 97 por ciento de las mismas fueron relacionadas a la minería e hidrocarburos, Bolivia y Perú obtuvieron 84 y 74 por ciento del total. En el caso de México el porcentaje del total de las exportaciones realizadas en México equivale a 26.2 por ciento.

Existen cuatro formas de obtener ingreso de la minería: los ingresos tributarios que abarcan el impuesto sobre la renta, ISR, impuesto a los dividendos remesados al exterior y los impuestos a las exportaciones; las regalías, gravámenes y dividendos o contribuciones de empresas estatales se catalogan como ingresos no tributarios; por otro lado existen impuestos indirectos que se establecen sobre las ventas, valor agregado y consumo, esta forma de ingreso se aplica a todas las industrias y empresas que existen en el país, la cuarta forma de obtención de ingresos es a través de la renta de las empresas públicas.

Las regalías son gravadas con base al valor de la producción no sobre las utilidades, de esta forma se obtiene ingresos a partir del inicio de la producción. De aplicarse se debe tomar en cuenta que tiene carácter regresivo pues si la rentabilidad del proyecto es baja las regalías serán más altas. Es por ello que en ocasiones se implementa solo el impuesto a la renta pues no afecta a la producción.

Una vez resuelta la forma de obtención de los ingreso el siguiente paso es saber cómo distribuir los ingresos, tomando en cuenta que se distribuyen las tasas y contribuciones directas, los ingresos de empresa públicas, impuestos y tasas universales y los impuestos a la comercialización.

Por ejemplo en Brasil las regalías están formadas con el 10 por ciento del impuesto bruto, en Perú el canon Petrolero se forma con el 12.5 por ciento del valor de producción, el canon petrolero con 12.5 por ciento del valor de producción, el canon Minero con 50 por ciento del impuesto a la renta y la regalía Minera entre 1 y 12 por ciento de las utilidad operativa de la empresa. Otro punto importante es la forma de distribuir los ingresos generados; en México, Venezuela y Ecuador la renta va al presupuesto nacional y se asigna vía el presupuesto público, en Perú, Colombia, Bolivia, Brasil la renta compensa a las regiones productoras de las que se extrae capital natural, en Bolivia, Colombia, Ecuador la renta se usa para sectores vulnerables, finalmente en Colombia y Perú también utilizan la renta se usa para lograr objetivos pre-programados o pre-establecidos.

En Colombia y Perú la propiedad de los recursos naturales corresponde al estado, en el primer país se distribuyen las regalías sobre hidrocarburos y minería cuyo valor se forma con base al valor de la producción. En Perú se distribuye el impuesto a la renta de empresas mineras y gasíferas así como las regalías. Estas dos naciones tienen principio de origen, lo que significa que distribuyen más a zonas o localidades que aportan ingresos por minería e hidrocarburos.

En el caso peruano el impuesto a la renta, también llamado canon minero equivale al 50 por ciento y las regalías cobran entre el 1 por ciento y 12 por ciento dependiendo del margen de la mina y es calculado sobre la utilidad operativa trimestral, también se cobra el derecho por la vigencia de la mina basado en un monto fijo por hectárea al año así las empresa medianas y grandes pagan 3 dólares, la pequeñas 1 y 0.5 dólares para la minería artesanal. Del total recaudado por el canon minero 10 por ciento se va a los distritos productores, 25 por ciento a la provincia productora, 40 por ciento a la región y el 25 por ciento al gobierno regional. Las regalías son distribuidas de la siguiente forma; 80 por ciento a los municipios y distritos de la región productora, 15 por ciento al gobierno regional y el 5 por ciento a universidades de la región productora. Para fomentar la inversión la ley general de minería permite acuerdos de invariabilidad para garantizar a los inversionistas mineros estabilidad en el régimen tributario general además de que en las etapas de exploración y explotación constituyen una sola concesión y no existe caducidad, sólo se exigen cuotas de producción anual de lo contrario se penaliza y de no llegarse a pagar se pierde la concesión.

En Colombia por ejemplo las regalías dependen del tipo de mineral del que se trate, las extracciones de carbón que sumen más de 3 millones de toneladas pagan el 10 por ciento y si la cantidad resulta menor pagan el 5 por ciento, hierro y cobre 5 por ciento, oro y plata el 4 por ciento, por la caliza, yeso, grava y todo material de construcción se paga solo el 1 por ciento, el porcentaje de regalía más alta es del 12 por ciento y corresponde a minerales de sal y níquel. Los cánones superficiarios son el equivalente a un salario mínimo por día por hectárea lo que equivale a $3.95 peso mexicano, si no se excede de 2 mil hectáreas y hasta las 5 mil hectáreas se pagara dos salarios mínimos por día o 7.9 pesos mexicanos

La distribución de las regalías es de la siguiente forma para todo el año 2013 el 9.80 por ciento es dirigido a un fondo de pensiones territoriales, el mismo porcentaje se aplica para un fondo de ciencia e innovación, el fondo para ahorro y estabilización recibe el 29.40 por ciento, los municipios productores y puertos reciben el 12.25 por ciento, el fondo de compensación regional recibe el 22.05 por ciento, para desarrollo regional se dirige el 14.7 por ciento y solo el 2 por ciento se destina a la vigilancia y fiscalización.

Los exportadores mineros que inviertan no menos de un 5 por ciento del valor FOB tendrán derecho a que dichas inversiones estén exentas de todo tipo de impuestos y gravámenes por un término de 30 años. Las concesiones no rebasan los 30 años. Cada concesión tiene un máximo de 10 mil hectáreas. Todos los minerales que se encuentren dentro del territorio nacional son exclusivos del Estado y es por lo tanto una actividad de utilidad pública e interés social.

En Brasil la compensación financiera por explotación de recursos minerales va de 0.2 a 3 por ciento sobre el valor líquido resultante de las ventas del producto mineral antes de su transformación industrial y dependiendo del tipo de mineral. La ley tributaria permite el régimen de depreciación acelerada en máquinas y equipos.

El tiempo de exploración no puede rebasar los 3 años aunque existe prórroga negociable. El área que se otorga va desde las 1000 a las 2000 hectáreas dependiendo del tipo de mina. Se paga 270 veces la de la Unidad Fiscal de Referencia (UFIR) al momento de solicitar la concesión lo q equivale a 3,972 pesos mexicanos. Y al mismo tiempo se paga 2 veces la UFIR por hectárea. Al momento de solicitar la concesión por explotación se pagan $7 376 pesos, la concesión se pierde si los trabajos se suspenden por más de 6 meses.

En Argentina los montos del canon son percibidos por las respectivas provincias. Los montos van de 1 a 946.03 pesos según el tipo de mina as regalías son de hasta 3 por ciento del valor del mineral en boca de mina o el primer proceso de industrialización. Existe una deducción del 100 por ciento en impuesto a ganancias y estabilidad fiscal hasta por 30 años así como la devolución anticipada del IVA y depreciación acelerada.

En Costa Rica se maneja un impuesto del 2 por ciento del valor comercial en Costa Rica de los minerales que extraigan, una carga del 1 por ciento sobre las utilidades anuales en el caso de concesión de explotación que comprenda territorios indígenas. Se establece una carga del 10 por ciento sobre el monto de toda exención de impuestos que conceda el Estado a la actividad minera. Existen exoneraciones de todos los impuestos y derechos para la importación de los materiales, vehículos, maquinaria, instrumentos, útiles y demás efectos que tengan relación con los trabajos mineros.

En países desarrollados como Estados Unidos, algunos estados de la unión americana cobran regalías de entre 3 y 10 por ciento sobre los valores brutos de producción siempre y cuando esta sea mayor a 11 mil dólares. Además, se cobran derechos de propiedad de entre 4 y 7 por ciento cobrados en base a un tercio del valor de la propiedad. No se cobra el IVA por equipos importados que se utilicen en las operaciones mineras.

Otro de los países desarrollados con gran actividad minera es Canadá, ahí el impuesto por las actividades de extracción y procesamiento es del 21.84 por ciento también existen impuestos provinciales a la renta que van de 9,15 y 17 por ciento. El impuesto por regalías en las provincias se encuentra entre el 3 y 20 por ciento y algunas provincias cobran además 1 ò 2 por ciento sobre el ingreso de las rentas brutas. Existe la posibilidad de deducir el 25 por ciento sobre el precio neto de ganancia producida. Algunos costos de bienes de capital pueden ser amortizados aceleradamente, la adquisición de las propiedades pueden ser deducidas de los ingresos hasta un 30 por ciento de su valor. Los costos por nuevas exploraciones pueden ser deducidas hasta el 100 por ciento. Los gobiernos provinciales y el federal son dueños del 90 por ciento de las tierras canadienses, el gobierno transfiere derechos a compañías a través del proceso de denuncio y exploración. Los recursos están disponibles para quien primero lo solicite.

Los principales países mineros son: Australia, Brasil, Rusia, Estados Unidos, india, Perú y Canadá. China ocupa el primer lugar ahí el impuesto a los recursos, cuya tasa varía de acuerdo al tipo de mineral; la tasa de compensación para el mineral va desde 0.5 a 4 por ciento sobre los ingresos por venta de los minerales, las principales compañías son Minmetals, Chinalco, Shougang y Zijing Mining Group.

La nación tiene el domino directo sobre todo recurso natural. Toda exploración, explotación y beneficios que se obtengan de la actividad son de utilidad pública. Las leyes federales podrán establecer contribuciones que graven dichas actividades. El valor de la producción minera en 2010, fue por 144 mil 475.43 millones de pesos, en 2011 ascendió a 214 mil 325.05 millones de pesos, en 2012 fue por 225 mil 714.22 millones de pesos. En 2012 el valor de la producción representó el 2.29 por ciento del PIB, en 2011 éste representó el 2 por ciento y en 2010 el 1.57 por ciento del PIB. El volumen y valor de la producción minero-metalúrgica, el porcentaje de derechos que pagan las empresas mineras con respecto al valor de la producción es tan sólo un 1.18 por ciento. Este porcentaje representa en 2012 4 mil 63 millones de pesos, en 2011 3 mil 858 millones de pesos, y en 2010 representó 2 mil 600 millones de pesos.

En conclusión, en México existe un desequilibrio entre las ganancias y el riesgo asumido por las mineras y la contribución al Estado vía impuestos y derechos, la propuesta de aplicar un derecho de 4.65 por ciento general parte de analizar diferentes regímenes fiscales de los principales mineros en el mundo:

Argentina: El sistema de tributación aplica 35 por ciento de impuesto sobre la renta, una regalía de cero a tres por ciento, y aplica impuesto provincial de 3 por ciento sobre la base de boca de mina, en la extracción de cobre, oro, hierro y carbón.

Brasil: El sistema de tributación aplica 34 por ciento de impuesto sobre la renta, una regalía de 0.2 a 3 por ciento, y aplica un sobreimpuesto federal diferenciado sobre el cobre de 2 por ciento, oro del 1 por ciento, del hierro del 2 por ciento y el carbón de 2 por ciento.

Canadá: El sistema de tributación aplica entre 25 por ciento a 31 por ciento de Impuesto Sobre la Renta, una regalía de 2 por ciento a l6 por ciento por ciento. En el caso particular de Canadá, todas las provincias y territorios de Canadá cobran impuestos y/o regalías mineras sobre las operaciones mineras en sus respectivas jurisdicciones. Estos cobros representan un tercer nivel de tributación y son adicionales a los impuestos federales y provinciales. Las regalías generalmente se calculan en base a utilidades operativas, pero las tasas varían por provincia. En todos los casos se permite deducir la depreciación de activos mineros y amortizar los gastos en las etapas de pre-explotación, que también varían.

Chile: El impuesto sobre la renta es de 18.5 por ciento, pero la tasa de regalía puede llegar hasta el 14 por ciento. A diferencia de otros derechos o royaltys, sobresale que la base de cotización son las ventas y el margen operativo. Pero adicionalmente se aplican derechos adicionales por producción de Cobre, Oro, Hierro y Carbón, que pueden representan hasta el 14 por ciento. Existe una retención sobre utilidades e intereses a extranjeros hasta por un monto de 35 por ciento, uno de los más altos a nivel internacional.

Estados Unidos: En el caso del primer consumidor de metales del mundo, se aplica un impuesto sobre la renta que puede ubicarse entre 39 por ciento y 44 por ciento, existen dos regalías, la federal que oscila entre 2.5 por ciento a 12.5 por ciento. Y a nivel estatal es muy variada la tasa y la base de tributación (ventas, ingresos, ingresos antes de impuestos, etcétera). Adicionalmente existen regalías adicionales por la explotación de oro, cobre y hierro que se ubican de 2 por ciento a 5 por ciento, en tanto que el Carbón la regalía local puede llegar a representa hasta el 12.5 por ciento. En el caso del sistema fiscal norteaméricano la retención de dividendos es del 30 por ciento y de intereses es de 30 por ciento

México a la zaga en regalías mineras

En el caso mexicano se aplican actualmente se paga un impuesto sobre la renta de 30 por ciento y un derecho de explotación para el estudio, trámite y resolución por concesión o asignación minera. Sin embargo existen dos importantes observaciones, que hace que la recaudación neta disminuya:

a) Impuesto sobre la renta: La tasa máxima del ISR bajará a 29 por ciento en 2013 y a 28 por ciento en 2014. El pago del impuesto empresarial a tasa única de 17.5 por ciento sólo aplica cuando es mayor al pago del impuesto sobre la renta.

b) Derecho minero: El derecho aplicado de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación es ineficiente e insuficiente respecto a las ganancias generadas. Actualmente las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales, por cada hectárea concesionada.

En México a diferencia de la media internacional, no existe regalías a nivel estatal, impuestos verdes, impuesto a la sobreganancia, impuestos diferenciados a metales preciosos o de alta demanda. Tampoco se aplica la figura de retenciones sobre dividendos. En cambio el sector goza de beneficios como la deducción del 77 por ciento sobre el impuesto sobre la renta de toda la maquina que importa, sin pagar algún impuesto sobre activos o inventarios, además de contar con los beneficios de créditos fiscales al momento de pagar impuestos.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, precisa que los pagos por explotación y exploración de minas son “simbólicos” y “contrastan” con el valor de los recursos extraídos del territorio nacional. De 2005 a 2010 sólo se aportó poco más del 1 por ciento de los beneficios obtenidos por las compañías. La Auditoría Superior de la Federación indica que el valor de la producción en ese lustro ascendió a 552 mil 422 millones 429 mil 300 pesos, y el de los derechos cobrados a 6 mil 543 millones 417 mil 400, los cuales equivalieron al 1.2 por ciento de la producción.

Por lo que, en el contexto de la discusión del cambio de paradigma de la explotación minera hacia una minera con visión social y sustentabilidad ambiental, quienes proponemos la presente iniciativa, consideramos necesario la creación de un derecho minero sobre un bien de la nación no renovable, que consideramos debe ser incluido en el contexto de la discusión del fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado.

La reforma hacendaria debe entre otras cosas considerar que México es un país donde el pago de derecho minero, las deducciones fiscales y el pago diferido de impuestos, no corresponde con las mejores prácticas internacionales en materia fiscal ni con la proporcionalidad de responsabilidad fiscal que debe guardar entre el Estado y los concesionarios.

Una nueva política minera debe plantear el reto del fortalecimiento del Estado para administrar racionalmente la explotación de los recursos minerales para maximizar los beneficios económicos de los estados y municipios mineros, en línea con la necesidad de atraer y retener capitales para la exploración, explotación e industrialización, con el objetivo de mantener el desarrollo del sector y sus beneficios por el mayor tiempo posible.

En esta visión de cambio de paradigma para la construcción del Estado del siglo XXI, es fundamental la introducción de un derecho minero de 4.65 por ciento sobre el valor de producción, que se ajuste con el ciclo del precio del mercado de los productos metálicos y no metálicos, así como reducir el monto de la deducción del ISR de la importación de maquinaria de 77 por ciento al 65 por ciento. Por lo demás, presento un resumen de las líneas temáticas de la presente iniciativa que modifica la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal.

Primera Parte: Derecho minero ajustado al ciclo de los precios internacionales

• Se propone un derecho minero aplicado al valor de la producción de 4.65 por ciento.

• El método de cálculo es multiplicar el volumen de la producción obtenido de minerales metálicos y no metálicos por el precio promedio en dólares en el mercado de metales en Nueva York, EUA.

• Los recursos obtenidos serán destinados al

a) Desarrollo de tecnología para la explotación minera

b) Sustentabilidad ambiental

c) Fondo de aportaciones para la construcción u obras de mantenimiento de infraestructura social básica como clínicas, servicios educativos, caminos, sistemas de agua potable, saneamiento ambiental, drenaje, electrificación, centros de asistencia social y de seguridad social en estados y municipios con actividad minera.

Segunda Parte: Reducción las deducciones sobre importación de maquinaria

• Se propone reducir la deducción de 77 por ciento a 65 por ciento de la maquinaria de la industria minera

Tercera Parte: Modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal

Los recursos obtenidos por el derecho minero se distribuirán de la siguiente manera y por tipo de destino:

El 86 por ciento de la recaudación se distribuirá:

• 20 por ciento de la recaudación para formar parte del Fondo General de Participaciones.

• 80 por ciento se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de Infraestructura Social de Estados y Municipios con actividad minera, que se distribuirá proporcionalmente entre éstos.

• El 14 por ciento de la recaudación será destinado a la investigación científica y tecnológica en materia minera, a efecto de desarrollar tecnología de explotación, personal calificado y la preservación del medio ambiente.

Por lo que presentó a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se crea un nuevo derecho minero y un mecanismo de distribución para estados y municipios mineros y para el desarrollo de la ciencia

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el inciso h), fracción II, del artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 220. Los contribuyentes del Título II y del Capítulo II del Título IV de esta ley, podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 37 y 43 de la ley, deduciendo en el ejercicio en el que se efectúe la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este artículo. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo 221 de esta ley.

Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que a continuación se señalan:

I. Los por cientos por tipo de bien serán...

II. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes:

a) a g) ...

h) 65 por cientoen la industria minera; en la construcción de aeronaves.

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un capitulo XIII a la Ley Federal de Derechos, recorriéndose los actuales:

Capitulo XIIIMinería

Artículo 262. Son sujetos obligados al pago del derecho sobre minería las personas físicas o morales, titulares de concesiones y asignaciones otorgadas por el Estado por la explotación y obtención de las sustancias y minerales sujetas a las disposiciones de la Ley Federal de Minera y su respectivo reglamento.

Artículo 263. El objeto del derecho sobre minería, es la producción u obtención por cualquier medio de las sustancias o mineras a que hace mención el artículo precedente.

Artículo 264. La base del derecho sobre minería se determinará por cada sujeto obligado en forma mensual.

Para calcular el pago de este derecho, se aplicará al volumen de la producción obtenido de sustancias y minerales metálicos de cada mes calendario, el precio promedio que resulte de la cotización más baja y la cotización más alta que se dé a conocer en dólares americanos en el mercado de metales de Nueva York, EUA, en ese mismo mes, haciendo la conversión de la moneda extranjera conforme a disposiciones fiscales aplicables.

Tratándose de minerales no metálicos, la base de cálculo de este derecho será el valor de la producción facturada por el productor por cada mes calendario. Este mismo procedimiento será aplicable en el caso de sustancias y minerales metálicos no cotizados en el mercado de metales de Nueva York, EUA.

A los montos anteriores así determinado, se aplicará la tasa señalada en el artículo 265 de esta ley.

Los titulares de concesiones mineras que al amparo de dichas concesiones exploten sales y los subproductos que se obtengan de salinas formadas por aguas provenientes de mares actuales, superficiales o subterráneos, de modo natural o artificial estarán a lo dispuesto en el capítulo V denominado “Salinas”, de este título.

Artículo 265. El derecho sobre minería es del 4.65 por ciento y se calculará aplicando a los valores y método de esta ley.

Artículo 266. Los contribuyentes efectuarán el pago de este derecho mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.

Artículo 267. Si un contribuyente tuviera varios centros o unidades de producción de sustancias y minerales, presentará por todos ellos una sola declaración de pago, en las oficinas autorizadas correspondientes a su domicilio fiscal.

Artículo 268. Los contribuyentes del derecho sobre minería, están obligados a proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la declaración de pago, la siguiente información:

I. Nombre y domicilio fiscal del contribuyente;

II. Periodo de producción afecto al pago del derecho sobre minería;

III. Tipo de sustancias o minerales extraídos y, en el caso de instalaciones de beneficio, productos o subproductos obtenidos;

IV. Entidad federativa y municipio origen de la producción;

V. Volumen, precio unitario y valor total de la producción, base para el pago del derecho sobre minería.

Esta información también se entregará a las autoridades fiscales de las entidades federativas correspondientes.

Artículo 269. La cancelación de una concesión o asignación minera por incumplimiento en el pago de los derechos sobre minería establecidos en esta ley o por cualquiera otra de las causas previstas en la Ley Minera, no libera a su titular del pago de los derechos sobre minería que haya causado durante su vigencia, así como de los demás accesorios que se hubieren originado por incumplimiento en el pago de estos, de acuerdo con las disposiciones fiscales.

Artículo 270. Los estados y el Distrito Federal participarán del 86 por ciento de los recursos generados por el derecho sobre minería en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 271. La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere la fracción III del artículo 270 de la presente ley se destinará el 14 por ciento al Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Economía, que se creará de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y se distribuirá de la siguiente manera

I. 60 por ciento para investigación científica en tecnología aplicada a la exploración, explotación y refinación de minerales.

II. 20 por ciento para la formación de recursos humanos especializados en el desarrollo de tecnología en el sector minero.

III. 10 por ciento para el desarrollo para la generación de insumos para la industria del sector aeroespacial.

IV. 10 por ciento para el desarrollo de tecnología para contener la degradación ambiental de la industria minera.

El titular de la Secretaría de Economía presidirá este Comité y un representante del Consejo de Política Minera será el secretario administrativo de Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Economía.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 2o., adiciona la fracción IX al artículo 25, y se adiciona el artículo 47-Bis, recorriéndose los actuales, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

...

Los estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos del derecho sobre minería en los términos de esta Ley y de la Ley Federal de Derechos; al efecto la recaudación que genere la aplicación del derecho sobre minería se distribuirá de la siguiente forma:

I. 20 por ciento de la recaudación para formar parte del Fondo General de Participaciones en cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del Artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.

II. 80 por ciento de la recaudación, considerado como 100 por ciento corresponderá se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su distribución entre los mismos.

Las aportaciones federales con cargo a este fondo se distribuirán a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias y minerales sujetos a las disposiciones de la Ley Minera y su reglamento en un 80 por ciento; el 20 por ciento restante corresponderá a la entidad correspondiente.

Artículo 25. Con independencia de lo establecido...

Para los fondos siguientes:

IX. Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

Artículo 47-Bis. El Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con los recursos provenientes de la recaudación obtenida por aplicación del derecho sobre minería.

Los montos del fondo a que se refiere este artículo, se distribuirán y enterarán mensualmente a las entidades federativas, en proporción directa a la recaudación obtenida del derecho sobre minería en cada una de ellas.

Las aportaciones con cargo a este fondo que reciban los estados, los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal, deberán destinarse específicamente a los siguientes fines:

I. Construcción u obras de mantenimiento de infraestructura social básica como clínicas, servicios educativos, caminos, sistemas de agua potable, saneamiento ambiental, drenaje, electrificación, centros de asistencia social y de seguridad social.

II. Inversión pública para asegurar el desarrollo regional equilibrado y el mantenimiento de los grados de cohesión social de las comunidades mineras.

III. Inversiones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento

Salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de marzo de 2013.— Senador Armando Ríos Piter (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Púbico para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Ascención Orihuela Bárcenas y Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en materia de jornaleros agrícolas.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 30 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente»

«Los suscritos senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Ascención Orihuela Bárcenas y Manuel Humberto Cota Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social en materia de Jornaleros Agrícolas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con la promulgación de la Constitución Política de 1917, el Estado mexicano se distinguió por ser la primera en reconocer a nivel constitucional las garantías y los derechos de las clases trabajadora y campesina, constituyéndose de esta forma en el primer Estado Social de Derecho, el cual enarbola como valores fundamentales la igualdad y la justicia social.

En efecto, nuestra Constitución, en su artículo 123 y, posteriormente, la Ley Federal del Trabajo, establecieron los derechos fundamentales de los trabajadores con el objeto de lograr el equilibrio entre los factores de la producción y una distribución más justa de la riqueza. Además, con la finalidad de garantizar el bienestar de la clase trabajadora y sus familias, se estableció su derecho a gozar de seguridad social, creándose para tal efecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, a más de un siglo de nuestra gesta Revolucionaria, el derecho al trabajo y los beneficios de la seguridad social no han llegado a todos los trabajadores, ya que han quedado excluidos los trabajadores más desprotegidos y vulnerables del país, los trabajadores del campo.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo levantada en el año 2012 por el Inegi, revela que en nuestro país existen 6.5 millones de trabajadores en el sector agropecuario, localizados en zonas no urbanas. De este universo, 1 millón 727.349 personas trabajan por su cuenta explotando su parcela, es decir, practican la agricultura de subsistencia, y 2 millones 653,711 personas declararon haber percibido un ingreso por un trabajo remunerado con un patrón, cifra mayor en aproximadamente 400,000 personas respecto de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2007.

Sin embargo, según datos de la encuesta de 2007, el 84 por ciento de los trabajadores del sector declaró haber trabajado menos de 48 horas a la semana, mientras que el otro 16 por ciento, declaró haber laborado semanas completas, lo que es un claro indicador de que en el sector agropecuario el trabajo no es permanente y la demanda de fuerza laboral se da en forma estacional.

Esto está determinado porque en las actividades agropecuarias el trabajo va en relación a la duración de los ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año. El trabajo, por tanto, es intermitente y está sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas, por lo que es de una alta demanda laboral al final del ciclo (con la recolección de las cosechas), pero el resto del año no hay labores que desempeñar. Asimismo, existe una alta rotación patronal, ya que los trabajadores llegan a prestar su fuerza laboral a diversos patrones en un mismo periodo de 27 semanas, incluso a diversos patrones en una misma semana.

Este tipo de trabajo, es prestado por trabajadores conocidos como “jornaleros agrícolas”, quienes se caracterizan por ser personas con un alto grado de marginación que, ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen, se ven obligados a trasladarse a los Estados en los que se encuentra concentrada la producción agrícola, para laborar en los campos.

Datos del “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” (en adelante “PAJA”) de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que se trata de un universo de, al menos, 3.3 millones de personas, de los cuales al menos 1.2 millones son migrantes.

Esta población está conformada en un 42.6 por ciento por mujeres, un 57.4 por ciento por hombres, y cerca del 40 por ciento de la población total son menores de 15 años. Asimismo, el 40 por ciento de esta población pertenece a algún grupo indígena; por su número, destacan mixtecos (42.7 por ciento), nahuas (23.6 por ciento) y zapotecos (12.4 por ciento), el resto se distribuye en 16 grupos diferentes.

Cabe señalar además, que el 29 por ciento de los jornaleros de 15 años y más es analfabeto. Poco más de la mitad de los jornaleros (55.6 por ciento) migra en grupos familiares y cerca del 61.1 por ciento de los hijos de familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela; 12 por ciento no cuenta con acta de nacimiento y casi el 90 por ciento no tiene cartilla militar. Las mujeres jornaleras reciben mínima atención médica durante su embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

Estos datos, sumados al hecho de que en muchos casos se ven involucrados en relaciones laborales informales, prestaciones de seguridad social inexistentes en muchas regiones del país, y la incorporación de los menores al trabajo, la mayoría de las veces con la anuencia de los padres, para obtener un mayor ingreso familiar, son una muestra del grado de marginalidad y pobreza de este sector de la sociedad.

Cabe mencionar que los programas de gobierno que se han desarrollado para atenderlos son apenas un paliativo, ya que para el desarrollo de muchos de estos programas no se toman en cuenta ni las diferencias regionales del país ni la diversidad cultural del campesinado mexicano, ni la característica propia de las actividades agropecuarias que son de carácter aleatorias. Asimismo, no representan una solución de fondo a las necesidades de esta clase de trabajadores, la cual únicamente podrá provenir de las reformas legislativas que garanticen el goce de los derechos que en estos momentos sólo tienen en papel.

En efecto, hasta ahora el Estado ha mostrado su incapacidad para hacer efectiva la garantía constitucional inherente al derecho al trabajo durante todo el año para los trabajadores estacionales del campo. Para ellos, que tienen trabajo cuando mucho durante 27 semanas, el resto del año esta garantía se convierte en letra muerta, y con ello también el derecho a la seguridad social.

Es importante señalar que en esta Legislatura ya dimos los primeros pasos para la protección de los jornaleros agrícolas al discutir y aprobar la reforma laboral. Efectivamente, a la iniciativa de reforma laboral que presentó el anterior Presidente de la República el pasado 1º de septiembre de 2012, con carácter de iniciativa preferente, los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional propusimos y aprobamos modificaciones a fin de reconocer a los trabajadores estaciones del campo en los siguientes términos:

Ley Federal del Trabajo

“Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón.

...

Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.”

“Artículo 279 Ter. Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural.”

Sin embargo, aún queda pendiente modificar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de ajustar sus disposiciones a la reforma de la Ley Federal del Trabajo y garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores estacionales del campo.

Al respecto, cabe mencionar que, en el año 2006 del total de la población ocupada en el sector agropecuario los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “IMSS”) sumaban únicamente 456 mil trabajadores. Es decir, el 93 por ciento de los 6.5 millones de trabajadores del campo estaban excluidos de la cobertura de la seguridad social.

En el caso de los jornaleros agrícolas afiliados las cifras son aún más alarmantes, ya que para el año 2006, los trabajadores eventuales del campo afiliados sumaban apenas 140,000 personas. Cifra que no ha aumentado significativamente en los últimos años, toda vez que el IMSS reportó que para el año 2011 el número de afiliados era de apenas 147,909. Si se toma en cuenta que el número de jornaleros agrícolas puede llegar a los 3.3 millones de personas, están excluidos de la seguridad social más del 97 por ciento de estos trabajadores.

Cabe señalar que la seguridad social en el campo está concentrada principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, que aportan el 89% de las cuotas de origen agrícola al IMSS. El otro 11% proviene de la agricultura del resto de los 28 estados del país, a pesar de que en el Noroeste sólo se cultiva el 9% de los 22 millones de hectáreas; trabajan apenas el 12% de los jornaleros y se genera el 14.5% del PIB agrícola nacional. En tanto que en las otras regiones del país, donde reciben sus salarios 2 millones de trabajadores del campo, importantes sectores de la agricultura no contribuyen a la seguridad social.

Esto pone de manifiesto que son los trabajadores del campo una de las clases más desprotegidas del país, los cuales, junto con sus familias, alcanzan la cantidad aproximada de 10.5 millones de mexicanos a los que la seguridad social, con sus limitantes, no ha podido otorgarles los beneficios que les corresponden, principalmente en los Estados del Sureste.

La falta de afiliación en el IMSS es ocasionada por una gran diversidad de factores, dentro de los que cabe mencionar el alto costo que representa para los patrones del campo cubrir las aportaciones de seguridad social de sus trabajadores, la alta rotación de los trabajadores y el enorme burocratismo que impone el Instituto para que las patrones agrícolas puedan cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, un factor esencial es la naturaleza estacional del trabajo del campo lo que, aunado a los costos de inscripción en el IMSS, hacen incosteable para los empleadores la afiliación de sus trabajadores a dicho Instituto. En efecto, como lo señala la propia encuesta, el trabajo en el sector agropecuario es predominantemente estacional, con una proporción muy baja de trabajadores de planta. El trabajo, por tanto, es intermitente, volátil y siempre sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas.

Esto queda de manifiesto en los propios datos publicados por el IMSS, los cuales muestran el comportamiento marcadamente estacional del trabajo del campo, toda vez que el mayor número de trabajadores no permanentes se alcanza en el mes de marzo y el menor registro se presenta alrededor del mes de julio de cada año.

El alto costo que representa la seguridad social para el campo y la complejidad administrativa que impone la ley vigente, son los principales obstáculos para que un mayor número de patrones se registren y un mayor número de jornaleros sean afiliados. En los últimos 10 años, el costo de la seguridad social al campo se ha incrementado 10 veces, afectando seriamente la economía de los productores que ya cotizan, lo que ha desincentivado la afiliación de más trabajadores. Las propias cifras del IMSS confirman que a mayor costo, menor afiliación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es una extraordinaria institución, pero su accionar es fundamentalmente urbano. En efecto, en las familias con un solo cotizante el IMSS se obliga a prestar atención a toda la familia hasta que los hijos terminan su educación universitaria y se incorporan a la fuerza de trabajo. En cambio, en el campo la incorporación de la familia a la fuerza de trabajo ocurre desde los 16 años y en una sola familia puede haber más de 3 cotizantes.

A diferencia de las ciudades, en el campo la actividad es estacional y por tanto el tiempo de exposición al riesgo no supera las 27 semanas al año. Mas del 80% de las actividades son manuales y el contacto con maquinas y herramientas es mínimo en comparación con la industria y los servicios. Las altas primas por riesgos de trabajo, con que son tasadas las actividades agropecuarias, inciden en el costo de la seguridad social lo que en los hechos termina ahuyentando la afiliación.

Asimismo, los trabajadores afiliados en ningún momento logran laborar el número de semanas consecutivas suficientes para recibir la protección de la seguridad social. Por ejemplo, el artículo 102 vigente de la Ley del Seguro Social, establece que la trabajadora, para obtener el derecho a recibir su seguro por maternidad, debe cotizar al menos 30 semanas durante los últimos doce meses, cuando las trabajadoras jornaleras laboran, a lo sumo, 27 semanas al año.

Sin embargo, el caso más dramático es el de los seguros del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, en donde se establece que un asegurado para poder obtener el derecho a recibir una pensión, debe acreditar haber laborado al menos 1,250 semanas. Si un trabajador urbano, que labora las 52 semanas al año, le toma 24 años en obtener su derecho a recibir una pensión, a un trabajador estacional del campo, que labora 27 semanas al año, le toma al menos 46 años en cumplir con el número de semanas solicitados.

Por ello resulta inaceptable que el actual modelo de la Ley del Seguro Social y el IMSS, pretendan trasladar el modelo urbano de altos costos de seguridad social a los trabajadores estacionales del campo, ya que en las ciudades los obreros trabajan todo el año y en el campo cuando mucho seis meses. De ahí que sea inequitativo pretender cobrar las mismas contribuciones que pagan los patrones y trabajadores de las ciudades a los que hacen producir la tierra, así como exigir que los jornaleros cubran el mismo número de semanas para obtener el derecho a recibir las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social.

La iniciativa que se propone, parte del principio indiscutible de que para que los trabajadores estacionales del campo tengan acceso a todos los beneficios de la seguridad social, primero tienen que estar afiliados.

Lo anterior sólo podrá lograrse si se toma en consideración que la actividad económica del sector primario está condicionada por múltiples factores tanto ambientales, como sociológicos y económicos, por lo que la actividad del campo no puede estar gravada en la misma forma que lo está la actividad urbana.

La forma de cotizar debe ser diferenciada en tanto que el trabajador del campo sólo puede laborar durante medio año en el mejor de los casos. Sin embargo, las necesidades de salud, cuidado de sus hijos, jubilación y retiro para los trabajadores eventuales y estacionales del campo son las mismas que para los trabajadores urbanos. Un sistema de cotización justo debe considerar esta circunstancia para garantizar el acceso de los trabajadores del campo a los seguros y beneficios de la seguridad social.

Por otra parte, la infraestructura de Guarderías y Clínicas para la atención de jornaleros y madres trabajadoras en el campo, es insuficiente para los incrementos en la demanda estacional que generan los jornaleros.

Apenas el 1% de las guarderías del IMSS están en el campo, y los esquemas de subrogación establecidos en las reglas de operación aprobadas por el Consejo Técnico, no fomentan el interés de los patrones en este esquema ya que el establecimiento del pago por los costos en los que incurrieron brindando estancia infantil a los hijos e hijas de los trabajadores, queda a la discrecionalidad del Instituto.

La capacidad del IMSS para prestar los servicios médicos en general, se ha deteriorado. Los indicadores de camas y consultorios por cada mil derechohabientes han caído más del 30% en los últimos 15 años, en tanto que la población asegurada, esencialmente urbana, ha crecido un 26%.

La expectativa de que la demanda de servicios de los trabajadores estacionales del campo afiliados y sus familias, sea cubierta apropiadamente por el IMSS, está cada día más lejana y esa carga está siendo subsanada gradualmente por algunos patrones bajo su propio costo.

En razón de lo anterior, para garantizar la seguridad social en el campo, la participación del gobierno es indispensable e irremplazable, pero debe ser soportada por la participación activa de los patrones del campo, sin que el gobierno delegue sus obligaciones constitucionales. En ese sentido, se debe garantizar la reversión del costo institucional de los servicios prestados por el patrón en subrogación de las obligaciones del Estado.

Por ello, resulta impostergable modificar diversos artículos de la Ley del Seguro Social, a fin de que se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales en el campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social.

Es el momento de hacer del campo mexicano el detonante del crecimiento y soporte del país y, para ello, se deben garantizar las mejores condiciones a sus principales recursos humanos, que son los trabajadores estacionales.

En ese sentido, como lo muestran las cifras del Inegi, si bien el sector agropecuario había sido el único que había mostrado un crecimiento constante desde la crisis económica de 2008 (ya que en el año 2009 el Producto Interno Agropecuario creció 1.8 por ciento mientras el Producto Interno Bruto Nacional sufrió una caída del 6.5 por ciento, en el año 2010 el PIB Agropecuario subió 5.7 mientras que el PIB Nacional creció 5.5 por ciento), en el año 2011 el PIB Agropecuario sufrió una caída del 0.6 por ciento, a pesar de que el PIB Nacional creció 3.9 por ciento.

Por ello es necesario adoptar las medidas legislativas necesarias para fortalecer dicho sector y garantizar la creación y mantenimiento de las plazas laborales existentes.

La Iniciativa que ahora se propone busca no solo proteger los empleos, sino promover la mejora en las condiciones de cada trabajador estacional en el campo, fortaleciendo la seguridad social, y promoviendo la inversión privada.

La iniciativa que ahora se propone logra dicho objetivo, considerando que:

1. Se incrementa la demanda laboral en el cada vez más abandonado campo mexicano al mejorarse, radicalmente y de forma sostenible:

a. La determinación de las aportaciones de cuotas obrero-patronales con un factor benéfico para el trabajador y accesible al patrón, y

b. La vigencia del derecho a la seguridad social, aún en las temporadas en que no se encuentre laborando.

2. Se promueve la reinversión del capital privado en las actividades primarias al establecer un régimen de aportación y corresponsabilidad de los patrones y el Estado, sin que éste último delegue su obligación de prestar servicios de salud a toda la población y, en particular, a la de las zonas de mayor marginación en nuestro país.

Para lograr lo anterior, es necesario establecer los mecanismos que garanticen:

• El acceso a la seguridad social al mayor número de trabajadores estacionales del campo.

• La distinción entre trabajador estacional y eventual del campo, y de estos con los trabajadores eventuales de las zonas urbanas, tal como se logró con la reforma laboral.

• Un registro del trabajador estacional del campo, a fin de garantizar su protección desde el inicio de sus labores.

• La atención médica durante todo el año a pesar de haber laborado de forma intermitente durante el mismo.

• El cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronales, en la justa proporción que requiere una actividad intermitente como la que realizan los trabajadores estacionales del campo.

• La corresponsabilidad del Estado y los patrones en el otorgamiento material y humano de la seguridad social en aquellos lugares en que el Instituto Mexicano del Seguro Social no pueda garantizar una inversión permanente ante una demanda volátil.

• La retribución justa por concepto de reversión del costo institucional a los patrones que cumplan con su obligación solidaria de otorgar seguridad social.

• La disminución del número de semanas que un trabajador debe cotizar para poder acceder a los seguros y beneficios de la seguridad social.

El régimen vigente para los trabajadores del campo no contempla las peculiaridades que tiene un trabajador estacional, por lo que es necesario modificar el marco normativo actual, para brindar la seguridad social que requieren, además de la creación de un sistema de participación rentable, compartida y de amplio espectro para los jornaleros y patrones.

El nuevo régimen debe considerar la cobertura de los servicios y demandas aun cuando no se encuentren laborando en determinado periodo del año, pero se encuentren inscritos y hayan cotizado como trabajadores estacionales. Esto beneficiaría además a sus dependientes económicos. De ahí la necesidad de que la clase trabajadora estacional del campo tenga los mismos derechos que el resto de los trabajadores del campo.

Por otra parte, para solucionar el problema de la falta de atención médica, es necesario reconocer una nueva modalidad del trabajo en el campo, que refleje las características especiales del tipo de trabajo desarrollado.

La seguridad social es una corresponsabilidad entre Estado, patrones y trabajadores; sin embargo, esta responsabilidad debe ser regulada por un sistema de normas que garantice la sustentabilidad de la seguridad social a lo largo del tiempo.

A los trabajadores estacionales se les brindarían los beneficios de los seguros que presta el IMSS para el resto de los trabajadores, pero con un diseño tal que tanto Estado como patrones puedan sufragar en forma responsable y duradera, con la modificación de los factores para determinar las cuotas obrero-patronales.

Ahora bien, es una realidad que el IMSS, debido a su restricción presupuestal, tiene una cobertura limitada a nivel nacional de todos los seguros que ofrece, y esto es más notorio en el campo. A pesar del crecimiento en infraestructura para la prestación de servicios relativos a los seguros de ley, la misma se procura llevar a cabo donde existe una demanda más constante, regular o creciente, concentrándose de esta manera en zonas urbanas.

Para modificar esta situación, se propone rediseñar el esquema de subrogación. De esta forma, en beneficio de los trabajadores que laboran en áreas en las que no se prestan los servicios básicos de seguridad social, se pretende establecer un régimen de incentivos a los patrones para la creación de servicios básicos de seguridad social: atención médica, maternidad y guarderías.

En todo caso, el régimen de subrogación establece que el patrón deberá recibir por concepto de reversión o contraprestación, al menos, el costo institucional que al IMSS hubiera representado la prestación del servicio a fin de garantizar la participación y la no simulación de los patrones.

Por otra parte, en la presente iniciativa se propone que, en materia de riesgos de trabajo, se establezca la cobertura al patrón y una fórmula de cálculo de la prima que redunda en la posibilidad del empleador de aportar al fondo de este seguro la tasa de la Clase I de 0.54355 del salario base de cotización, considerando que los riesgos en las actividades agropecuarias son mínimos, dada la alta proporción de actividades manuales y que la exposición al riesgo va en función del ciclo productivo que dura en promedio 27 semanas al año.

Cabe señalar que hoy día la agricultura está clasificada entre las actividades de la Clase III y la prima media de riesgos de trabajo que le corresponde es la de 2.59840 por ciento. Esta prima es comparable a la que tienen actividades como la fabricación de substancias químicas e industriales, resinas sintéticas, elaboración de pinturas, jabones, detergentes, fabricación de lavadoras, estufas, refrigeradores, alambres y cables de energía eléctrica, azulejos, por mencionar sólo algunas. Todas ellas son actividades en donde predomina el trabajo de planta y donde las fórmulas actuariales de los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento, consideran un periodo de exposición al riesgo de 300 días laborables al año, por lo que no son actividades equiparables o equivalentes a las labores propias del campo.

Por ello, esta es una de las principales causas que provocan el bajo índice de afiliación de los trabajadores del campo al IMSS. En ese sentido, al ser mayor el costo de una prima en este nivel de riesgo, se desalienta la inscripción de los trabajadores que, en el caso de la agricultura, están expuestos a un grado de riesgo que es mucho menor al que están expuestos trabajadores del sector de la transformación. Por tanto, en atención a que las labores del campo son actividades predominantemente manuales, en las que la exposición a máquinas y herramientas es menor que en ciertas áreas de la industria, y en las que la exposición al riesgo no es permanente, sino estacional y dura en promedio 27 semanas al año (equivalente a 155 días laborables en promedio, considerando el factor de 5.76 días laborables por semana al año), no se justifica la clase que actualmente tienen asignada conforme al artículo 73 de la ley vigente y por tanto, se propone que la prima de riesgos de trabajo para las actividades primarias sea la que le corresponde a la Clase I, de cero punto cinco por ciento sobre el Salario Base de Cotización.

Por otra parte, con la finalidad de facilitar el pago de las cuotas obrero-patronales, se propone el establecimiento de un salario de referencia, que brindará seguridad tanto a patrones como a trabajadores. Al respecto, es de señalarse que el salario de referencia que se propone, es el mismo que el Ejecutivo determinó y estableció en el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, y cuya vigencia se ha extendido mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero de 2008, 30 de diciembre de 2008, 28 de Diciembre de 2010 y finalmente por el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto el 20 de diciembre de 2012.

Al respecto, es de señalarse que no se propone que el Estado destine recursos demagógica e irresponsablemente con medidas paternalistas que no dan una solución de fondo, sino que garantice sólidamente el cumplimiento de su obligación constitucional de otorgar seguridad social a los más desprotegidos.

Finalmente, la presente iniciativa propone la creación de Formatos de Autorización para la Atención Médica, los cuales serán expedidos por el IMSS y entregados por los patrones a sus trabajadores, con la finalidad de evitar que se les niegue atención médica por no encontrarse actualizados los registros de afiliación del propio Instituto.

Son muchas las razones que se han considerado para plantear la propuesta que ahora se somete a la consideración de esta Soberanía, sin embargo, todas parten del hecho de que el Estado mexicano no ha podido garantizar a los trabajadores estacionales del campo el derecho constitucional inherente a la seguridad social y a la estabilidad laboral.

La Iniciativa que proponemos busca replantear los modelos que ya se quisieron instrumentar en esta materia, pero que han probado su ineficiencia. Es necesario, simplificar el cumplimiento de las obligaciones patronales, favorecer la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano, reconocer las condiciones del trabajo en el campo para la determinación de las cuotas obrero-patronales; y permitir a los jornaleros el goce de una pensión al finalizar sus actividades laborales por el tiempo equivalente de cualquier otro trabajador.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social

Artículo Único. Se reforman los artículos 5-A en sus fracciones XVIII y XIX, 12 en su fracción I, 15 en su fracción I, 102 en su fracción I, 122, 154 en su párrafo segundo, 162 en su primer párrafo, 237, 237-A, 237-B en sus fracciones II y III, 237-C, 237-D y 287; y se adicionan una fracción XX al artículo 5-A, un tercer párrafo al artículo 9 recorriéndose el vigente, un párrafo a los artículos 16, 28 y 73, un párrafo tercero al artículo 154 recorriéndose los subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 162 recorriéndose el subsecuente, un segundo párrafo al artículo 212, un segundo párrafo al artículo 240, y los artículos 237-E y 237-F en su totalidad, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: ....

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. Para efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la ley;

XIX. Trabajador estacional del campo: personas física que es contratada para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

El trabajador estacional del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser considerado trabajador permanente.

Los trabajadores estacionales del campo accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la presente Ley. Los criterios de cotización, el cálculo de las semanas laboradas y la forma de registro, presentación de movimientos y pago de cuotas correspondientes, se ajustarán a lo previsto en esta Ley y el reglamento respectivo.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural; y,

XX. Salario de referencia: El importe estimado como ingreso promedio diario de los trabajadores estacionales del campo, el cual se calcula de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-D de la presente Ley.

Artículo 9. ...

...

Por lo que se refiere a empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas y, en general, a los patrones de trabajadores del campo, se estará específicamente a lo señalado en el Código Civil Federal para lo relacionado con siniestros, caso fortuito y fuerza mayor, así como a la regulación relativa a desastres naturales; éstos supuestos son una excluyente para el pago de las cuotas de los trabajadores permanente, eventuales y estacionales del campo, de conformidad con las reglas generales del Instituto y le corresponde al Consejo Técnico aplicar estas reglas.

...

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente, eventual o estacional, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;

Artículo 15. Los Patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles, salvo tratándose de patrones de trabajadores estacionales del campo, en cuyo caso los plazos serán los establecidos en el artículo 237, fracción IV, de esta Ley.

II. a IX. ...

Artículo 16. ...

...

...

I. ...

II. ...

Para los efectos del párrafo primero del presente artículo, no se contabilizarán los trabajadores estacionales del campo.

Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

El salario base de cotización de los trabajadores estacionales del campo, se ajustará a las disposiciones del Capítulo X del Título Segundo de la presente Ley y los reglamentos correspondientes.

Artículo 73. ...

...(Tabla)

...

La prima de riesgos de trabajo para los patrones con actividades agropecuarias que contraten trabajadores estacionales del campo, será la correspondiente a la Clase I de 0.54355 por ciento sobre el Salario Base de Cotización y no estará sujeta a lo que señala el artículo 74.

Artículo 102....

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio, salvo que se trate de una trabajadora eventual del campo, caso en el cual deberán estar cubiertas por lo menos doce semanas de cotización en ese mismo periodo;

II. ...

Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditado el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización, a menos que el asegurado siempre se hubiese desempeñado como trabajador estacional del campo, caso en el que bastará que tenga acreditado el pago de setenta y cinco semanas de cotización.

En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez, sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas de cotización, salvo que se trate de un trabajador estacional del campo, caso en el cual bastará tener cubiertas setenta y cinco semanas de cotización.

Artículo 154....

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. Cuando el asegurado se haya desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, solo requerirá haber cubierto, al menos, seiscientas veinticinco semanas de cotización para gozar de las prestaciones correspondientes a este ramo.

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

...

...

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. En caso que el asegurado se hubiere desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, para gozar de las prestaciones del seguro de vejez deberá haber cumplido sesenta y cinco años de edad y tener reconocidas seiscientas veinticinco semanas de cotización por lo menos.

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

...

Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.

Tratándose de los patrones de trabajadores del campo, la obligación establecida en la fracción XIII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, se cumplirá mediante el pago de la prima establecida en el artículo 211 de la presente Ley.

Artículo 237. Los trabajadores asalariados de carácter permanente, eventual y estacional en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan la presente ley y los reglamentos que correspondan.

Los trabajadores estacionales del campo y sus patrones se sujetarán a las siguientes modalidades:

I. El Estado cubrirá las prestaciones en dinero y en especie, así como los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad.

II. Los patrones cubrirán en términos de la presente Ley las cuotas para los seguros de Riesgo de Trabajo, Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

III. Las cuotas patronales se calcularán con base en el salario de referencia establecido en los artículos 5-A, fracción XX, y 237-D de la presente Ley.

IV. Para el registro, presentación de movimientos, pago de cuotas y obtención de beneficios fiscales, los patrones deberán:

a) Registrarse en el Instituto dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de sus actividades.

b) Presentar mensualmente ante el Instituto la relación de movimientos afiliatorios en un plazo no mayor a ocho días hábiles posteriores al mes de que se trate.

El Instituto brindará la atención correspondiente a los trabajadores que aún no hubiesen sido registrados, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, previa acreditación de los mismos de su calidad de trabajadores estacionales del campo mediante el Formato de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC) emitido por el Instituto y expedido por el patrón de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-F de la presente Ley.

c) Pagar las cuotas correspondientes dentro de los diecisiete días hábiles del mes siguiente al de la presentación de la relación de trabajadores a que se refiere el inciso anterior.

V. Las demás que establezcan los reglamentos que correspondan.

Artículo 237-A. En aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, éstas sean insuficientes en función de la oferta y la demanda estacional de servicios o no pueda atender a los trabajadores del campo por razones de distancia, especialidad médica u oportunidad para prestar los servicios de salud y guarderías que tiene encomendados, eximirá al patrón y a los trabajadores del campo de las contraprestaciones correspondientes; sin embargo, cuando los patrones, así como las organizaciones de los trabajadores, otorguen por su cuenta las prestaciones de enfermedades y maternidad, así como las de guarderías que le corresponden al Instituto, estos podrán celebrar convenios con el Instituto en el que se incluya la compensación por los costos incurridos en la prestación de tales servicios.

Dichos convenios se celebrarán de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico, pero el pago por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, no podrán ser inferiores al costo por servicio equivalente que represente al Instituto, brindar la atención en la unidad más próxima.

En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este artículo estarán obligados a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio Instituto, en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico. Dichas instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia deberán ser acordes a las circunstancias en que desarrolle su actividad el patrón del campo, dentro del medio rural en que se desenvuelve en virtud de que, de no poder dar el servicio el Instituto, éste no podrá exigir más de lo que pueda otorgar.

Artículo 237-B. ...

I. ...

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos y dentro de los plazos que establece la presente Ley y el reglamento correspondiente; y,

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan la presente Ley y los reglamentos respectivos.

Artículo 237-C. Los patrones del campo podrán excluir, independientemente de lo establecido en el artículo 27 de esta Ley como integrante del salario base de cotización o de referencia, según el caso, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de cotización o de referencia, según el caso, observando lo dispuesto en el artículo 29, fracción III de esta Ley. Para que el concepto de productividad mencionado en este artículo, se excluya como integrante del salario base de cotización, deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.

Artículo 237-D. Los patrones del campo que contraten trabajadores estacionales del campo, podrán efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales con el salario que resulte de aplicar el factor de 1.68, sobre el salario mínimo diario general vigente del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales, se hará con base en el salario real percibido por el trabajador.

El salario resultante de aplicar el factor de 1.68 al salario mínimo diario general vigente, se actualizará anualmente en base a los incrementos porcentuales que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para cada una de las zonas económicas determinadas.

Articulo 237-E. Para el cumplimiento de los servicios de salud, el Instituto expedirá los formatos de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC), mismos que obtendrá el patrón del campo sin costo alguno al inicio de cada ciclo agrícola o al principio del año, según prefiera.

Cuando alguno de los trabajadores del campo requiera servicios médicos, deberá de obtener del patrón uno de los formatos firmados, conservando el patrón del campo el talón del mismo para futuras revisiones del Instituto. El derechohabiente entregará el formato AMTC en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS Régimen Obligatorio o en la Unidad de Medicina Rural del IMSS Oportunidades que corresponda, a fin de acceder a los servicios médicos. Los formatos serán de vigencia anual, intransferibles, inalienables y personales.

El patrón que requiera más formatos durante el ciclo agrícola que corresponda o durante el año, deberá solicitarlo por escrito a la Subdelegación que le corresponda, a fin de que ésta pueda proporcionarle formatos adicionales, previa comprobación del uso total de los que se le hubieren entregado, conforme a los informes mensuales proporcionados por el mismo patrón del campo.

Los formatos que no hayan sido utilizados al término del año calendario, deberán ser devueltos al Instituto y podrán ser canjeados por los del siguiente año calendario.

El patrón del campo y los trabajadores estacionales del campo a quienes se les otorguen, serán responsables del correcto uso de los formatos AMTC que hayan recibido.

En caso de que se propicie u obtenga algún beneficio indebido, con motivo de la utilización del formato AMTC, el patrón o trabajador estacional del campo, estarán sujetos a lo establecido en el artículo 314 de la Ley.

Los patrones del campo deberán informar, después de cada ciclo agrícola o anualmente para los dedicados a actividades ganaderas, al Instituto en la subdelegación correspondiente, por escrito y bajo protesta de decir verdad, sobre los formatos usados en el año anterior, indicando el nombre del trabajador a quien se le haya proporcionado cada formato, el número de folio del formato y la fecha de entrega del formato. Asimismo, deberá indicar sobre los formatos usados, si corresponden a una enfermedad o a un accidente de trabajo.

Artículo 237-F. Es obligación de las personas físicas o morales que adquieran cultivos en pie, así como explotaciones ganaderas, acuícolas o forestales, respecto a los cuales se requiera el empleo de trabajadores estacionales o eventuales del campo para culminar el ciclo productivo, registrarse y registrar a sus trabajadores ante el Instituto a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha en que tales actos ocurran.

El instituto deberá proveer de los medios técnicos para facilitar y vigilar el cumplimiento expedito de la presente obligación.

Artículo 240. ......

Los trabajadores estacionales del campo y sus familias disfrutarán de manera gratuita de las prestaciones aludidas en el párrafo anterior en los períodos en que permanezcan desempleados, siempre y cuando acrediten que en los doce meses anteriores, cubrieron ante el Instituto por lo menos veintisiete semanas de cotización como asegurados, en los términos del reglamento respectivo.

Artículo 287. Las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de esta Ley, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal. Quedan exceptuados de ser embargados, así como ser sustraídos, o inmovilizados los bienes materiales de producción agropecuaria, las cuentas bancarias destinadas a tales operaciones y los predios y terrenos en que se realicen o empaquen los cultivos o produzcan los animales; se exceptúa lo anterior si los adeudos al Instituto superan el setenta por ciento del valor de avalúo del predio o predios rústicos donde se llevan a cabo tales labores.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los patrones de trabajadores estacionales del campo que a la entrada en vigor del presente decreto no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto, podrán hacerlo en la forma y términos establecidos en el artículo 237, fracción IV, inciso a), de la Ley del Seguro Social, sobre la base de 1.05 salarios mínimos como Salario Base de Cotización y con las actualizaciones y recargos que correspondan. No se impondrán multas o algún otro tipo de sanción a los patrones que se acojan a lo dispuesto en el presente Artículo Transitorio.

Tercero. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social y los titulares de las direcciones, secretarías, unidades, órganos y coordinaciones, así como de sus delegaciones estatales, serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones en el otorgamiento de los servicios y prestaciones que deberán proporcionar a los trabajadores estacionales del campo en los términos del presente Decreto, y conforme lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Nota:

1 La “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012”, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que el número de trabajadores del sector agropecuario asciende a 6,580,206.

Senadores: José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pasamos al siguiente asunto.

VOLUMEN II

GRUPOS DE AMISTAD QUE FUNCIONARAN EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DURANTE LA LXII LEGISLATURA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se adiciona con el punto 5 el numeral cuarto del diverso por el que se crean los grupos de amistad que funcionarán en la Cámara de Diputados durante la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, numeral 1, y 34, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XVIII, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, formula el siguiente acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que el 23 de abril del presente año, la Junta de Coordinación Política la honorable Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por el que se crearon los Grupos de Amistad que funcionarán en este órgano legislativo durante la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, acuerdo que fue aprobado por el Pleno de la Cámara y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 24 de abril siguiente;

2. Que los Grupos de Amistad de la Cámara de Diputados con los Congresos de otras naciones son un mecanismo complementario de la diplomacia parlamentaria que tienen por objetivo incentivar el contacto entre parlamentos y contribuir a la definición de las agendas binacionales en materia de diálogo político, intercambio económico y cultural, así corno en torno al conocimiento de prácticas parlamentarias en Estados de distintas regiones geográficas;

3. Que los Grupos de Amistad, contribuyen al acercamiento entre los parlamentarios mexicanos y los de otras naciones en la definición de posturas comunes sobre la agenda internacional que pueden ser llevadas ante las Asambleas Parlamentarias Internacionales de las que nuestro país forma parte;

4. Que el artículo 46, numeral quinto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno propondrá constituir Grupos de Amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas y que su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron pudiendo, desde luego, ser establecidos nuevamente para cada Legislatura;

5. Que, para este efecto, la Junta de Coordinación Política recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores una propuesta de integración de Grupos de Amistad previamente consensada al seno de la referida comisión la cual fue analizada, valorada y ratificada por los coordinadores de los grupos parlamentarios;

6. Que en el punto cuarto del acuerdo referido se estableció que los Grupos de Amistad que se integren con 6 diputados, se conformarán de la siguiente manera: 1. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 3 integrantes; 2. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 1 integrante; 3. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 1 integrante; 4. Grupo Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, 1 integrante;

7. Que con el propósito de privilegiar la pluralidad en la integración de todos los Grupos de Amistad que se crearon y, fundamentalmente, para respetar el principio de proporcionalidad que rige las relaciones institucionales de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política considera que, para los casos de los Grupos que originalmente se previeron para estar formados por 6 integrantes, pero cuya presidencia recayó en miembros de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza, se modifique su integración para que puedan contar con hasta 7 miembros;

8. Que los Grupos de Amistad que se encuentran en el supuesto anterior son los siguientes:

Grupo de Amistad                         Presidencia

1. Vietnam                           Partido del Trabajo

2. Bielorrusia                        Partido del Trabajo

3. Perú                                  Partido del Trabajo

4. República Árabe Saharaui Partido del Trabajo

5. Jamaica                     Movimiento Ciudadano

6. República Checa       Movimiento Ciudadano

7. Chipre                                     Nueva Alianza

8. El Salvador                             Nueva Alianza

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de

Acuerdo

Único: Se adiciona el punto Cuarto del Acuerdo por el que se crearon los Grupos de Amistad que funcionarán en este órgano legislativo durante la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 24 de abril del presente año en los siguientes términos:

“Cuarto. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

En el caso de los Grupos de Amistad con Vietnam, Bielorrusia, Perú, República Árabe Saharaui, Jamaica, República Checa, Chipre y El Salvador, cuyas presidencias recaen en integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza, podrán ser integrados hasta por 7 (siete) miembros mientras sean presididos por legisladores de dichos Grupos.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra al representante permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ante la Agencia de Noticias del Estado Mexicano

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con el artículo 33 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. Que de conformidad con el artículo 11, párrafo quinto de la Ley de que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la Junta de Gobierno contará con un invitado permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto y que deberá ser miembro de la Comisión ordinaria cuya competencia se corresponda, en lo general, con las atribuciones conferidas a la Agencia, en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento.

III. Que este órgano de gobierno ha realizado las consultas necesarias con los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados y ha considerado oportuno proponer al representante del Poder Legislativo ante el comité en mención.

Por lo expuesto, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se nombra al diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como representante permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ante la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el recinto Legislativo de San Lázaro, a 15 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

COMISION ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DEL NATALICIO DE OCTAVIO PAZ

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral uno, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar al pleno de la Cámara de Diputados proyectos de puntos de acuerdo.

Segunda. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), del ese ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones.

Tercera. Que para la integración de las comisiones especiales la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones, cuidando que al hacerlo se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno.

Cuarta. Que el pasado 12 de febrero de 2013, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de una Comisión Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz, el próximo 31 de marzo de 2014.

Quinta. Que, con base en lo anterior, esta Junta de Coordinación Política ha estimado indispensable crear una Comisión Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz.

Y con fundamento en las disposiciones referidas en el proemio, se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz, misma que quedará conformada hasta por 7 miembros designados por los grupos parlamentarios a través de sus coordinadores, conforme a la siguiente representación:

a) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 1 integrante.

b) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: 1 integrante.

c) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 1 integrante.

d) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 1 integrante.

e) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano: 1 integrante.

f) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

g) Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza: 1 Presidente.

Segundo. La Junta Directiva de la comisión a que se refiere este acuerdo estará integrada por un presidente y tres secretarios quienes serán determinados por la Junta de Coordinación Política con base en los criterios de proporcionalidad y pluralidad que rigen las relaciones institucionales entre los grupos parlamentarios representados en la Cámara;

Tercero. Para el cumplimiento de su objetivo, esta Comisión Especial podrá allegarse de la información que consideren pertinente, así como reunirse, cuando lo estimen necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.

Cuarto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta Comisión Especial serán aprobados por el Comité de Administración.

Quinto. La Comisión Especial estará vigente hasta el cumplimiento del objeto de su creación. Para estos efectos deberá presentar un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el recinto Legislativo de San Lázaro, a 15 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

GRUPO DE AMISTAD MEXICO-NIGERIA QUE FUNCIONARA DURANTE LA LXII LEGISLATURA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea el Grupo de Amistad México-Nigeria que funcionará durante la Sexagésima Segunda Legislatura

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que los grupos de amistad de la Cámara de Diputados con los Congresos de otras naciones son un mecanismo complementario de la diplomacia parlamentaria que tienen por objetivo incentivar el contacto entre parlamentos y contribuir a la definición de las agendas binacionales en materia de diálogo político, intercambio económico y cultural, así como en torno al conocimiento de prácticas parlamentarias en Estados de distintas regiones geográficas;

II. Que los grupos de amistad contribuyen al acercamiento entre los parlamentarios mexicanos y los de otras naciones en la definición de posturas comunes sobre la agenda internacional que pueden ser llevadas ante las Asambleas Parlamentarias Internacionales de las que nuestro país forma parte;

III. Que el artículo 46, numeral quinto, dé la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno propondrá constituir grupos de amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas y que su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron pudiendo, desde luego, ser establecidos nuevamente para cada Legislatura;

IV. Que, para este efecto, de la Junta de Coordinación Política recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores una propuesta de integración de Grupos de Amistad previamente consensada al seno de la referida Comisión la cual fue analizada, valorada y ratificada por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios;

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta de

Acuerdo

Primero: Se constituye el Grupo de Amistad México-Nigeria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que funcionará durante la LXII Legislatura y que se detalla en el presente acuerdo.

Segundo: El Grupo de Amistad se integrara con 10 diputados, conforme a la siguiente distribución:

1. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 4 integrantes;

2. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 2 integrantes;

3. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 2 integrantes;

4. Grupo Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, 1 integrante; y

5. 1 integrante de alguno de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza.

Tercero: La Junta de Coordinación Política, en ejercicio de las atribuciones que le confiere en artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propondrá al Pleno la integración de la Junta Directiva que corresponda.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Dado en el recinto Legislativo de San Lázaro, a 15 de julio de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

COMISION BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL PARA LA LXII LEGISLATURA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone modificar el orden de rotación de la presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para la LXII Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34 numeral uno, inciso c); 39; 40 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, propone la aprobación del presente acuerdo basado en las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional determina que las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo federal, por conducto de una comisión bicamaral integrada por 3 senadores y 3 diputados. Asimismo dispone que la Presidencia de la comisión será rotativa y recaerá alternadamente en un senador y un diputado.

Segunda. Que con el acuerdo de los diputados y senadores integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el 13 de febrero de 2013 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara por el que se establecía el mecanismo para definir la rotación de la Presidencia de la referida comisión bicameral en los siguientes términos:

Primero. La Presidencia de la comisión será rotativa desde su entrada en vigor y hasta que concluyan los trabajos de la LXII Legislatura, conforme al siguiente calendario:

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Febrero a noviembre de 2013.

Grupo Parlamentario del Partido Acción. Nacional: Diciembre de 2013 a octubre de 2014.

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Noviembre de 2014 a agosto de 2015.

Tercera: Que por acuerdo y a solicitud de los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, se propone modificar el orden de rotación de su Presidencia para que en el periodo que correrá de diciembre de 2013 a octubre de 2014 sea ejercida por un integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dejando el último periodo de esta legislatura para un integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Acuerdo

Único. Se modifica la rotación de la Presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión para el periodo segundo y tercero a efecto de que se ejerza como se indica a continuación:

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: De diciembre de 2013 a octubre de 2014.

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: De noviembre de 2014 a agosto de 2015.

Transitorio

Único, El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el pleno de la Cámara y su ratificación, en su caso, por el Senado de la República.

Comuníquese al pleno de la Cámara por conducto de la Mesa Directiva.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 30 de agosto de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto.

LEY DE MIGRACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión que suscribe, Asuntos Migratorios, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente No. 3481, que contiene la Iniciativa, presentada por el diputado Jaime Oliva Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al Pleno de la Cámara de Diputados, el 7 de febrero de 2012, en Sesión Ordinaria correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Legislativo.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3401-V, del martes 29 de noviembre de 2011.

La Mesa Directiva acordó darle turno para estudio y dictamen, a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, quedando en reserva para ser resuelta en la LXII Legislatura.

El 20 de noviembre de 2012, con oficio No. D.G.P.L. 62-II-2-129, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente relativo para su estudio y dictamen, a la Comisión de Asuntos Migratorios.

La iniciativa contiene proyecto de decreto para adicionar la fracción IV del artículo 109 y el artículo 110 de la Ley de Migración, con el objetivo de establecer que si un migrante ingresado a una estación migratoria no supiera leer ni escribir se le proporcione la información verbalmente, y para que el personal médico y de seguridad de las áreas de estancia para mujeres de las estaciones migratorias sea del sexo femenino.

Señala el proponente, entre las razones que motivan la Iniciativa y el proyecto de decreto, que la soberanía que tienen los Estados para determinar sus políticas migratorias, la obligación de los mismos de reconocer, respetar y proteger los derechos de humanos de la población migrante en su territorio y el derecho que les asiste para regularlos, aunque de ninguna manera para suspenderlos o restringirlos.

Indica, con razón, que la población migrante generalmente está constituida por personas en condiciones de alta vulnerabilidad, que se acentúan cuando se trata de mujeres y menores de edad, que los hacen víctimas fáciles de grupos de la delincuencia organizada y de abusos de algunas autoridades que violan sus derechos humanos y garantías constitucionales, más aún cuando las personas tienen condiciones de analfabetismo.

Señala, igualmente, que esta circunstancia ocurre a pesar de que México aprobó en 2011 la ley de Migración, con lo cual se avanzó de manera importante en la protección de los grupos de población migrante en condiciones de alto grado de vulnerabilidad, sobre todo en lo que hace a menores, mujeres y personas en condición de analfabetismo, con disposiciones específicas en los artículos 69, 109 y 110, que, con ser correctas, son insuficientes para garantizar esta protección, en virtud de lo anterior, el diputado propone adicionar y reformar los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración, como sigue:

Ley de Migración

Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria:

I. a III...

IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas;

V... a XV...

Artículo 110. El personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en los dormitorios de mujeres, será exclusivamente del sexo femenino.

Iniciativa

Artículo 109.Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso en la estación migratoria:

I. a III. ...

IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas. En caso de que el migrante no sepa leer ni escribir, se le proporcionará dicha información verbalmente.

V. a XV. ...

Artículo 110. El personal médico, de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en las áreas de estancia de mujeres será exclusivamente del sexo femenino.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora, luego de analizar la Iniciativa en estudio, concluye que el Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales para legislar en materia migratoria; que se cumple con todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para ser admitida a discusión, y que se coincide con las razones expuestas como motivos de la misma así como en la necesidad de las adiciones y reformas que se proponen en el Proyecto de Decreto con que se acompaña, en sus términos.

Esta comisión dictaminadora considera, en coincidencia con el proponente respecto a las necesidades de la población migrante en condiciones de vulnerabilidad, que sus necesidades son urgentes y requieren atención prioritaria, como lo señala para México el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, en marzo de 2008, quien señala que “...las preocupaciones específicas de las migrantes se refieren a la práctica de que algunos guardias de seguridad que las vigilan y médicos que las atienden son hombres, lo cual ha dado lugar ocasionalmente a acusaciones de acoso y abuso sexual. Además, las mujeres tienen problemas médicos específicos que es posible que sólo quieran revelar a personal médico femenino.” y que “...la escasez del tratamiento disponible para las víctimas de la violencia sexual y de género constituye una deficiencia.”

En coincidencia con el diputado proponente, esta comisión dictaminadora considera si bien la Ley de Migración dispone en el artículo 69 el derecho de todo persona en situación migratoria irregular de recibir información acerca de sus derechos y garantías, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, en su artículo 109 establece que esta información debe serle entregada por escrito, con lo cual se hace inefectivo en el caso de los migrantes analfabetos, pierde su objetivo y su utilidad.

Por su parte el artículo 110 de la misma ley dispone que las estaciones migratorias deben contar con áreas de estancia exclusivas para mujeres en las que el personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en dormitorios de mujeres será exclusivamente del sexo femenino, con lo que se pretende disminuir los casos de acoso y abuso sexual.”, disposición que, con ser correcta, resulta igualmente insuficiente porque éstas áreas abarcan más que los dormitorios, y en todas ellas el personal debe ser femenino, con el objeto de prevenir estas conductas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración

Único. Se reforman la fracción IV del artículo 109 y el artículo 110, ambos de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 109....

I. a III. ...

IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas. En caso de que el migrante no sepa leer ni escribir, se le proporcionará dicha información verbalmente.

V. a XV. ...

Artículo 110. El personal médico, de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en las áreas de estancia de mujeres será exclusivamente del sexo femenino.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de febrero de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS - LEY GENERAL DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometieron a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen:

I. Antecedentes Legislativos

Primero. En fecha del 17 de febrero de 2011, los senadores Arturo Escobar y Vega y Francisco Agundis Arias, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual, en esa misma fecha, fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Primera.

Segundo. El dictamen de las Comisiones Unidas fue presentado en primera lectura el 27 de marzo de 2012 y con fecha 29 de marzo de 2012, el pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto contenido en el dictamen, con la reserva planteada por el senador Pablo Gómez Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de modificar la fracción III del artículo 28, eliminando del texto las palabras “productores y fabricantes”.

Tercero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 10 de abril de 2012, la Mesa Directiva dio cuenta al pleno de esta soberanía con la minuta proyecto de decreto enviada por el Senado que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transportes, para dictamen.

A petición de las comisiones dictaminadoras, el 7 de enero de 2013, la Mesa Directiva de esta Cámara, les notificó la autorización de la prórroga correspondiente para dictaminar el asunto que nos ocupa.

II. Consideraciones

La minuta de referencia, en resumen propone establecer disposiciones normativas que fortalezcan la gestión integral de los residuos de manejo especial, en particular la de los neumáticos, con el propósito de que se puedan fincar responsabilidades a los fabricantes, importadores y distribuidores de cualquier tipo de neumáticos nuevos, renovados y usados, por incumplir con la formulación y ejecución de planes integrales de manejo de dichos residuos, bajo los principios de valorización  y responsabilidad compartida.

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos con el criterio de la colegisladora, en el sentido establecer que, en particular para los neumáticos fuera de uso, las entidades federativas establezcan las obligaciones de los generadores, distinguiendo a grandes y pequeños, así como las de los prestadores de servicios de residuos de manejo especial, y que formulen los criterios y lineamientos para su manejo integral. Por otro lado, compartimos la propuesta de adicionar un párrafo al artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, estableciendo las prohibiciones y obligaciones relacionadas con la generación, el manejo y la disposición final de los residuos. Se pretende reducir el volumen de neumáticos usados que son dispuestos en rellenos sanitarios, lotes baldíos, cuerpos de agua, y otros sitios comúnmente utilizados como vertederos de este tipo de residuos, ya que se pretende fomentar su gestión, valorizándolos como materias primas para otros fines mediante su reciclado.

En cuanto a la propuesta de adicionar un párrafo quinto al artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer las concesiones que se otorguen para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán solicitar en sus características de construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados, estimamos será favorable para darle positividad a las disposiciones legales que establecen las prohibiciones y obligaciones referidas en el párrafo anterior.

Estas comisiones unidas dictaminadoras están de acuerdo con el proyecto de decreto aprobado por el Senado de la República, ya que es relevante indicar que en los últimos años el aumento de la población ha generado un incremento exponencial en el consumo de neumáticos y en consecuencia, la generación de estos residuos crece en la misma proporción. Este  creciente número de neumáticos usados, desechados sin control, representan  un alto riesgo en diversos puntos de recolección que a su vez son aprovechados como vertederos, algunos de ellos son medianamente acondicionados para tal objeto, como pudieran ser entre otros los propios basureros, espacios públicos, solares desocupados, predios abandonados, costados de carreteras, arroyos, lagunas, riberas de ríos, presas, canales hidráulicos, playas, etcétera.

También es importante señalar que el propio diseño y su composición de materiales duraderos, los neumáticos están pensados para soportar condiciones mecánicas y meteorológicas extremas,  por ende, son altamente resistentes al ozono y las bacterias, este hecho los hace indestructibles a mediano y largo plazo, además de ser focos de infección que favorecen la reproducción de insectos, roedores y fauna nociva; asimismo, propician la acumulación de gases en los basureros, pudiendo también afectar la ecología y medio ambiente por las consecuencias fortuitas derivadas de acciones premeditadas o accidentales por la combustión de los neumáticos sin control, emitiendo grandes cantidades de hollín que son dispuestas en la atmosfera.

Consideramos que la estrategia debe encaminarse a generar un programa gubernamental y políticas concretas para resolver este grave problema. Lejos de distraer diversos recursos públicos de otros programas prioritarios que son utilizados para recolectar, transportar y almacenar de forma irregular estos residuos, sean encaminados para que el reciclado de caucho proveniente de neumáticos fuera de uso, sea experto y profesional, y se integre con fortaleza al ciclo de la economía formal; en consecuencia, se fomente el consumo cotidiano de los productos derivados de caucho reciclado, en diversas áreas que se encuentran en espera de un impulso real de esta manufactura.

Por lo anterior, con el apoyo de las autoridades federales y municipales, estaremos en condiciones de impulsar y multiplicar esta industria, beneficiando también con empleos masivos, ingresos importantes por la venta de materias primas y por la venta de energía eléctrica que pueda generarse por la combustión controlada y moderna, así como para frenar considerablemente el grave problema ecológico que representa y los beneficios económicos mencionados.

Adicionalmente es importante señalar que de acuerdo con cifras emitidas en febrero de 2013,  por la Cámara Nacional de la Industria Hulera (CNIH), en México en el año 2012, la producción y consumo aproximado de neumáticos fue el siguiente: fabricados en México 25’700,000, importación de neumáticos nuevos 14’900,000, importación autorizada por la Secretaria de Economía de neumáticos usados fue de 1’100,000, se estima que entran al país por la vía ilegal 3’000,000 de neumáticos, menos las exportaciones por 11’000,000, lo que nos arroja un consumo anual promedio de 33’700,000 neumáticos.

Es importante mencionar, que la importación autorizada y la entrada al país de procedencia ilegal de neumáticos, son de dudosa calidad y tienden a tener una vida útil corta, adicionalmente el consumo generado por la producción nacional, y al final de su vida útil serán vertidos indiscriminadamente en tiraderos a cielo abierto o depósitos clandestinos, convirtiéndose en un grave problema de la salud y sin lugar a dudas de la afectación al medio ambiente.

Por último, es importante señalar que esta Cámara en sesión plenaria de fecha 03 de abril de 2013 aprobó la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de plásticos, reformándose entre otros artículos la fracción III del artículo 28 de dicha Ley, es decir, un artículo que está pronto a publicarse y que también es objeto de la presente minuta. Dicha reforma a la letra dice:

Artículo 28. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda:

I. a II. ...

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como los residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido.

Derivado de lo anterior, esta Comisión aprueba en sus términos el presente dictamen, y únicamente devuelve la minuta que nos ocupa a la Cámara de Senadores, a efecto de ajustarla a la reforma de la fracción III del artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de plásticos, la cual fue aprobada en sesión plenaria por esta Cámara en fecha 03 de abril de 2013. Asimismo, realizar un ajuste de técnica legislativa, en lo particular haciendo congruente el texto aprobado anteriormente y la reforma propuesta por el Senado de la República.

Por lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Transportes, que suscriben el presente dictamen, someten a la consideración de esta honorable asamblea, y para los efectos de la fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Primero. Se reforman la fracción VIII del artículo 19, la fracción III del artículo 28 y el artículo 98; se adiciona una fracción IX al artículo 19, recorriéndose la subsecuente en su orden y dos párrafos al artículo 100, todos ellos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 19. Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:

I. a VII. ...

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico;

IX. Los neumáticos usados, y

X. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral.

Artículo 28. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda:

I. a II. ...

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido; así como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida.

Artículo 98. Para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos de manejo especial, en particular de los neumáticos usados, las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de residuos de manejo especial, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo integral.

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I. a III. ...

Asimismo prohibir la disposición final de neumáticos, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua, cavidades subterráneas.

Los fabricantes, importadores, distribuidores gestores y generadores quedan obligados a hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo.

Articulo Segundo. Se adicionan un párrafo quinto al artículo 6 y una fracción II al artículo 17 recorriéndose las subsecuentes en su orden, todos ellos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

..

..

...

Las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán solicitar en sus características de construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados.

Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos;

II. No cumplir con las características de construcción y operación, establecidos en las concesiones y permisos;

III. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa justificada;

IV. Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros total o parcialmente, sin causa justificada;

V. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas;

VI. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello;

VII. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios;

VIII. Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario;

IX. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero o admitir a éstos como socios de las empresas concesionarias o permisionarias;

X. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin autorización de la Secretaría;

XI. Modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y puentes o servicios sin autorización de la Secretaría;

XII. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo;

XIII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros;

XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos; y

XV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En términos de lo establecido por la fracción XXV del artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Ejecutivo federal deberá desarrollar una “estrategia nacional para la gestión integral de neumáticos usados”.

Tercero. Los responsables de formular los planes de manejo para los residuos que se incluyan en los listados a los que hace referencia el artículo 28 fracción III de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como los productores, fabricantes, importadores y distribuidores de neumáticos usados contarán con un plazo no mayor a dos años para formular y someter a consideración de la autoridad correspondiente dichos planes a partir de que sean publicadas las listas.

Cuarto. El Ejecutivo federal deberá publicar la norma oficial mexicana que establezca los criterios de gestión, responsabilidad compartida y valorización para el manejo integral de los neumáticos usados.

Quinto. Las concesiones y permisos otorgados para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto continuarán en vigor en los términos y condiciones consignados en los mismos, hasta el término de su vigencia.

Por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite se estará a lo dispuesto en la presente ley de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de iniciar dicho trámite.

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de mayo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Damaris Osorno Malpica, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López, Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes legislativos

Primero. El 9 de abril de 2013, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 155 Bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que fue suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero. Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, la Presidenta de la Comisión instruyó su registro y el análisis para la formulación del dictamen por parte del personal técnico, iniciando un cuidadoso proceso de análisis y consulta.

II. Contenido de la iniciativa

Inician los diputados proponentes señalando que, las grandes urbes del mundo se encuentran inevitablemente expuestas a tener problemas de contaminación en diversas modalidades, lo que hizo necesario que se promulgaran leyes encaminadas a sancionar la contaminación al ambiente.

Los diputados proponentes refieren que el ruido es un fenómeno contaminante, y lo definen como un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados, molestos e intempestivos que producen efectos perjudiciales a la integridad física y psíquica del habitante urbano con probabilidad de deterioro en su salud.

Señalan los señores diputados que la contaminación acústica es el conjunto de sonidos y ruidos que circulan a nivel aéreo por las calles de una población, como un factor de contaminación ambiental de alto impacto, sobretodo, para los ecosistemas urbanos que puede generar graves consecuencias en la salud de los seres humanos.

Refieren los diputados proponentes que el Libro Verde de la Organización Mundial de la Salud, señala que el ruido urbano representa pérdidas económicas y es causa de trastornos psicológicos, sociales.

En ese sentido los legisladores proponentes señalan que la luz de los efectos nocivos que el ruido provoca en la salud humana, varios países han legislado en materia de ruido urbano, y con ello han adoptado políticas encaminadas a monitorear y predecir la evolución del ruido urbano a través de mapas de ruido, para posteriormente establecer acciones de mitigación.

Señalan los legisladores que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., reconoce el derecho que tienen las y los mexicanos a la protección de la salud y. a un ambiente saludable, y que nuestra legislación se ha rezagado en lo que respecta al establecimiento de métodos de medición del ruido respecto a otras legislaciones como la española y la argentina.

Definen que para controlar y reducir la contaminación acústica o por ruido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, tendrá facultades para integrar y mantener actualizado el mapa de fuentes emisoras de ruido en el país.

Pretenden que la Semarnat formule y aplique programas y campañas para la reducción de la contaminación acústica o por ruido. Y promueven la coordinación de la federación con los estados y el Distrito Federal, en el establecimiento de programas y monitoreo de los niveles de contaminación acústica o por ruido.

III. Consideraciones

Las diputadas y diputados integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos que el proceso de urbanización contemporáneo de prácticamente todos los países del mundo adquiere un carácter metropolitano, el cual se evidencia en la creciente importancia económica y demográfica de sus principales urbes.

En este sentido la situación actual de México con respecto a este fenómeno de importancia cardinal, no sólo en términos cuantitativos sin por la función de las grandes ciudades en las relaciones a escalas mundial, nacional y regional. El tema metropolitano se vincula estrecha me te con otros procesos, como la emergencia de las ciudades mundiales, I redistribución de poderes entre los distintos ámbitos de gobierno, la descentralización, la provisión eficiente de servicios y, por supuesto, el de la contaminación en todos sus ámbitos incluido el ruido urbano.

Esta comisión dictaminadora coincide en que la contamina ión acústica es considerada por la mayoría de la población de las zonas metropolitanas del mundo como un factor medioambiental muy importante, que incide de forma principal en su calidad de vida, cuya solución implica grandes retos, no sólo por la magnitud poblacional y la extensión territorial que abarcan, sino por la complejidad que se da en estos espacios, en ámbitos que van desde la planificación de los vastos territorios que ocupan hasta la creación de instancias administrativas e institucionales que permitan actuar coordinadamente en las distintas instancias de gobierno, pasando por la provisión de la legislación correspondiente.

Ahora bien, los legisladores promoventes proponían la siguiente reforma:

Artículo 155 Bis. Para controlar y reducir la contaminación acústica o por ruido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá las siguientes facultades:

I. Integrar y mantener actualizado el mapa de fuentes emisoras de ruido en las distintas áreas, zonas y regiones del territorio nacional, con base en los valores máximos permisibles de ruido para la salud pública establecidos por la norma oficial mexicana vigente en la materia.

II. Formular y aplicar programas y campañas para la reducción de la contaminación acústica o por ruido.

Promover, en coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, el establecimiento de programas y sistemas de monitoreo de los niveles de contaminación acústica o por ruido.

De conformidad con el marco jurídico vigente, podemos establecer que el ruido es una emisión así se establece en la Ley General del Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA:

Artículo 3. ...

XVII. Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente.

Asimismo, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera, establece:

Artículo 6o. Para los efectos de este Reglamento se estará a las definiciones que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente así como a las siguientes:

Emisión: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquier de sus estados físicos, o de energía,

En cuanto a la competencia en materia de ruido, la LGEEPA establece que:

Artículo 5o. Son facultades de la federación:

I. a XIV. ...

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente;

XVI. a XXII. ...

Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a VI. ...

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establedf!1ientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia Federal;

VIII, a XXII. ...

Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a V. ...

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones q e, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII. a XVII. ...

Derivado de los preceptos anteriores, podemos decir q e el ruido es competencia de los tres órdenes de gobierno.

Por una parte la federación se encarga de la regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, los Estados e encargan de la prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que no sean de competencia Federal y los municipios de la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móvil s excepto las consideradas de jurisdicción federal.

Respecto al tema de quién origina las emisiones el RLGEEP en Materia de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera establece que:

Fuente fija: Es toda instalación establecida en un sólo lugar, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servidos o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.

Fuente móvil: Aviones helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses integrales, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinarias no fijos con motores con combustión y similares, que con motivo de su operación generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.

En este sentido, el RLGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera establece que son fuentes de jurisdicción federal las siguientes:

Fuentes de Jurisdicción Federal;

a) Las instalaciones, obras o actividades industriales, comerciales y de servidos que realicen las dependencias y entidades de la administración Pública Federal en los términos de la ley orgánica de la Administración Pública Federal;

b) La industria del asbesto, así como la prevista en la fracción III del artículo 29 de la Ley;

c) La industria que se localice en la zona conurbada del Distrito Federal;

d) Las obras o actividades localizadas en un Estado, cuyas emisiones a la atmósfera contaminen o afecten el equilibrio ecológico de otro u otros Estados, cuando así lo determine la Secretaría o lo solicite a la Federación el Estado afectado por las emisiones contaminantes a la atmósfera.

e) Las obras o actividades localizadas en el territorio nacional que puedan afectar el equilibrio ecológico de otros países;

f) Los vehículos automotores hasta en tanto no salgan de la planta de producción;

g) El transporte público federal; y

h) Aquellas que por su naturaleza y complejidad requieran la intervención federal.

Y derivado que en la LGEEPA se establece que los Estados y los Municipio son competentes de todo lo que no esté reservado a la federación, en materia de emisiones, entendemos que serían todas las demás fuentes que no están en el listado anterior.

Ahora bien, la reforma al artículo 155 bis establecía como primer punto la siguiente redacción:

Artículo 155 Bis. Para controlar y reducir la contaminación acústica o por ruido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá las siguientes facultades:

Sin embargo, la iniciativa en comento no establece a qué fuentes se refiere la reforma, si a las de competencia Federal, Estatal o Municipal.

Derivado de lo anterior, esta Comisión considera que no existe claridad en cuanto a la propuesta por lo que este primer punto sea estima improcedente.

En el segundo punto la iniciativa establecía:

II. Integrar y mantener actualizado el mapa de fuentes emisoras de ruido en las distintas áreas, zonas y regiones del territorio nacional, con base en los valores máximos permisibles de ruido para la salud pública establecidos por la norma oficial mexicana vigente en la materia.

En el mismo sentido, que la primera propuesta no se establece a qué fuentes se refiere la reforma, derivado de lo anterior esta Comisión considera el segundo punto de la reforma improcedente.

La tercera propuesta de la reforma establecía:

III. Promover, en coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, el establecimiento de programas y sistemas de monitoreo de los niveles de contaminación acústica o por ruido.

Esta comisión coincide con los promoventes y considera que existe una problemática en cuanto a una verdadera política contra el ruido y otros tipos de contaminantes.

Consideramos que la fracción III de la iniciativa buscaba implementar esos mecanismos efectivos y reales que les permitan a los mexicanos el goce de un ambiente sano fuera de toda contaminación ruidosa, y que conciba una verdadera planificación en materia urbanística, fundada en la búsqueda de la reducción de la contaminación acústica.

Derivado de lo anterior, esta comisión retomando el espíritu de la reforma y derivado de un análisis técnico jurídico considera que la fracción III puede trasladarse al artículo 156 ya existente de la LGEEPA.

El artículo 156 establece en una de sus partes que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales integrar información relacionada con la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

Esta comisión propone que derivada de esa información la Semarnat en coordinación con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios pueda formular y aplicará programas y campañas a fin de prevenir y controlar los tipos de contaminaciones antes descritas con el objeto de brindar una herramienta de conformidad con la legislación vigente que les permitan a los mexicanos el goce de un ambiente sano fuera de toda contaminación

Por lo expuesto, los suscritos sometemos a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 156. ...

...

La secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma, derivada de esa información la secretaría en coordinación con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios formulará y aplicará programas y campañas a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 De hasta el 2 por ciento del producto interno bruto, PIB, en los países que conforman la Unión Europea.

2 Los mapas de ruido fueran diseñados para evaluar la exposición al ruido en una zona determinada para poder realizar predicciones globales para dicha zona.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de mayo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Protección Civil, correspondiente a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 82, numeral 1, 84, 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen:

I. Antecedentes legislativos

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión del 29 de abril del 2013 el diputado Raymundo King de la Rosa presentó la iniciativa que reforma la fracción III del artículo 58, el párrafo primero del artículo 63, los párrafos primero, segundo, tercero y adiciona un párrafo cuarto al artículo 64, reforma los párrafos segundo, tercero y adiciona un párrafo cuarto al artículo 74 de la Ley General de Protección Civil, la cual fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Protección Civil para el análisis y dictamen correspondiente.

2. La Comisión de Protección Civil, en la quinta reunión ordinaria, celebrada el 4 de julio del 2013, dictaminó en sentido positivo con modificaciones respecto a la iniciativa original el dictamen con proyecto de decreto a la iniciativa que reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.

II. Contenido de la iniciativa

El principal objetivo de la iniciativa en cuestión es modificar la Ley General de Protección Civil (LGPC) para buscar que los recursos para la atención de emergencias y desastres naturales “estén disponibles de inmediato sin sujetarse a formalismos y procedimientos innecesarios o redundantes.”

Bajo esta premisa, el proponente considera que las entidades federativas deben contar con recursos de manera inmediata, a fin de que puedan auxiliar a la población afectada e iniciar sin más demora la reconstrucción de la infraestructura básica.

Para ello, propone modificar la fracción III del artículo 58 y adicionar un párrafo a los artículos 64 y 74 de la LGPC, con el propósito de:

• Establecer un mecanismo que de manera preventiva, ponga a disposición de las entidades federativas afectadas los recursos del Fondo de Desastres Naturales necesarios para auxiliar en forma inmediata a la población damnificada e iniciar la reconstrucción de la infraestructura básica.

• Por otra parte, considera necesario que se reduzcan al mínimo necesario los plazos para la tramitación de las declaratorias de emergencia y de desastre natural, por lo que se propone reducirlos a tres días naturales en ambos casos.

• Asimismo, propone eliminar el plazo de diez días posteriores a la emisión de la declaratoria de desastre natural para que la Secretaría de Hacienda libere los recursos necesarios, proponiendo que una vez emitida, la declaratoria se comunique a dicha dependencia en forma expedita y ésta proceda a poner los recursos respectivos a disposición de las entidades federativas afectadas de inmediato.

• También propone modificar el párrafo primero del artículo 63, con el fin de que las reglas de operación se sujeten a los principios señalados en el artículo 5 de la misma Ley, y que se limiten a las formalidades indispensables para garantizar la honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos.

Con lo anterior, se pretende eliminar los formalismos innecesarios y la indebida burocratización de los procedimientos para el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, pues ello en opinión del proponente, termina afectando el derecho de la población afectada a recibir los apoyos necesarios para hacer frente a la contingencia.

• Por último, se propone modificar la redacción de los párrafos primero y segundo del artículo 64, para eliminar la discrecionalidad en la emisión de las declaratorias de emergencia.

De manera íntegra, el texto normativo que propone la iniciativa es el siguiente

Único. Se reforma la fracción III del artículo 58, el párrafo primero del artículo 63, los párrafos primero, segundo, tercero y adiciona un párrafo cuarto al artículo 64, reforma los párrafos segundo, tercero y adiciona un párrafo cuarto al artículo 74 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 58. Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá:

I. ...

II. ...

III. Para el caso de las entidades federativas en situación de emergencia y/o desastre, la manifestación expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para atender por sí sola la contingencia y, en su caso, la petición de liberación inmediata de recursos destinados al auxilio de la población afectada y a la restauración de la infraestructura básica para su superación.

...

Artículo 63. Las disposiciones administrativas, regularán los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, constituidos para tal efecto. En su formulación se atenderá a los principios previstos en el artículo 5, limitándose a las formalidades indispensables para garantizar la honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos.

...

...

...

...

...

Artículo 64. ...

...

La autorización de la declaratoria de emergencia no deberá tardar más de tres días naturales y el suministro de los insumos autorizados deberá iniciar al día siguiente de la autorización correspondiente.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, la Secretaría dispondrá que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera preventiva, con cargo a los instrumentos financieros de gestión de riesgos, se pongan a disposición de las entidades federativas que pudieran ser afectadas, los recursos necesarios para que bajo su más estricta responsabilidad puedan hacer frente a la emergencia. Una vez superada, los recursos no utilizados deberán ser reintegrados en los términos que se establezcan en las disposiciones administrativas.

...

Artículo 74. ...

Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, la autoridad tendrá un plazo de hasta tres días naturales para su emisión, en términos de las disposiciones administrativas en la materia, las cuales deberán ceñirse a principios de oportunidad e inmediatez y privilegiar el auxilio inmediato a la población en riesgo o que haya sido víctima de la ocurrencia del fenómeno.

Una vez emitida la declaratoria de desastre natural, se comunicará por los medios más expeditos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal tengan acceso en forma inmediata a los recursos destinados a la atención de desastres naturales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, tomando en cuenta la magnitud y efectos de los agentes perturbadores, los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas podrán solicitar en términos de la fracción III del artículo 58, con cargo a los instrumentos financieros de gestión de riesgos, la liberación inmediata de recursos que se destinarán al auxilio de la población afectada y a la restauración de la infraestructura básica para la superación de la contingencia; la Secretaría acordará desde luego lo conducente y lo comunicará sin demora a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su instrumentación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá realizar las adecuaciones necesarias a las normas administrativas para dar cumplimiento al presente decreto dentro de los 90 días siguientes a su entrada en vigor.

Palacio Legislativo, a 4 de abril de 2013.— Diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica).

III. Consideraciones de la comisión dictaminadora

La Comisión de Protección Civil, después de hacer un análisis exhaustivo de la iniciativa antes mencionada, ha llegado a la conclusión de emitir un dictamen positivo con modificaciones respecto a su redacción original, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero.Esta comisión reconoce el interés tanto del proponente de esta iniciativa, como de otros legisladores y muchos de los gobiernos locales, por agilizar los trámites de las declaratorias de emergencia y desastres naturales, así como para disponer más rápidamente de los recursos del Fonden, a fin de atender de manera suficiente y expedita las necesidades de la población en situaciones de emergencia.

Además de esta iniciativa, el 25 de octubre del 2012 fue presentada en la Cámara de Diputados, y turnada para su dictamen a esta comisión, una iniciativa presentada por el diputado Alfonso Durazo Montaño, que buscaba reducir el tiempo de la declaratoria de emergencia de 5 a 3 días, y los días necesarios para disponer de los recursos después de la declaratoria de 10 a 5 días y que, aunque difiere en términos de la redacción específica de la iniciativa que motiva este dictamen, compartía las mismas preocupaciones y objetivos.

Con el objeto de estudiar la iniciativa del diputado Durazo y conocer la opinión de quienes ejecutan estas políticas a nivel federal, se solicitó por escrito la opinión de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y se organizó una sesión de trabajo de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados el día 6 de Marzo del presente año, a la cual asistieron el Coordinador Nacional de Protección Civil, licenciado Luis Felipe Puente Espinosa, el director general del Fonden, el director general de Protección Civil de la Segob y representantes del gobernador del estado de Veracruz, en su calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Los argumentos presentados por los representantes de la Conago, compartían la preocupación por agilizar los trámites y la disposición de recursos que plasmaban ambas iniciativas. Sin embargo aunque los representantes del Gobierno Federal mostraron comprensión por dicha preocupación, presentaron argumentos sólidos en contra de la idea de que reducir los tiempos establecidos en la ley, ayuden a resolver el problema, y si por el contrario, podrían agravarlo.

Al final de dicha reunión de trabajo, el diputado Alfonso Durazo Montaño, decidió retirar su iniciativa, con el acuerdo de todos los asistentes de realizar un gran foro entre la Conago, el gobierno federal y el Poder Legislativo, a fin de estudiar este problema de manera integral, y generar en el futuro, propuestas legislativas que con esta misma visión conjunta, recojan las soluciones a las que se arribe en el foro. Por lo anterior, esta comisión no emitió ningún dictamen al respecto.

Segundo.En vista de que la mayoría de los argumentos del gobierno federal presentados en la reunión de trabajo previa con esta comisión, se referían al mismo asunto que la iniciativa en cuestión presentada por el diputado King de la Rosa, estos argumentos en contra de reducir los tiempos establecidos en la LGPC se reproducen a continuación, ya que han sido de gran utilidad para sustentar el dictamen de esta comisión.

El día 10 de diciembre del 2012, previo a la celebración de la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Protección Civil, la secretaría técnica de esta comisión recibió, por conducto la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, un documento con la opinión de la Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales respecto a la iniciativa a la que se refiere este dictamen.

Los puntos más relevantes de dicha opinión se resumen a continuación:

a. Se reconoce que detrás de la iniciativa, existe el deseo válido de que se responda de manera más expedita a las necesidades de la población afectada por desastres naturales.

b. Sin embargo, considera pertinente no perder de vista que la autorización de dichos recursos requiere la toma de decisiones de orden presupuestal, administrativo y financiero por parte de los tres ordenes de gobierno. Se requiere además de un estudio previo para sustentar en elementos objetivos, el comportamiento, la atipicidad y la severidad de los fenómenos naturales perturbadores, así como la evaluación física y cuantificación de los daños ocasionados. Todas las actividades anteriores requieren de un tiempo considerable para ser llevadas a cabo.

c. Incluso, generalmente son los Comités de Evaluación de Daños (CED), es decir los gobiernos estatales, quienes solicitan una prórroga de 10 días adicionales, al verse imposibilitados para concluir en el plazo original, los trabajos de cuantificación y evaluación de daños.

d. A pesar de lo anterior y en vista de que existen necesidades inmediatas de la población en situaciones de emergencia, se prevé la figura de los Apoyos Parciales Inmediatos (APIN), con el objetivo de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a solventar aspectos prioritarios y urgentes, tales como el restablecimiento de comunicaciones, servicios básicos, limpieza y remoción de escombros, así como todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, evitando mayores daños y buscando la protección y salvaguarda de la población afectada.

Con esta figura seresponde a un vacío financiero que existía entre la ocurrencia del desastre y la disponibilidad de los recursos totales para la reconstrucción, disminuyendo la probabilidad de encontrarse ante la falta de atención que se pudiera generar por no poder acceder a los recursos destinados a las acciones y obras urgentes de apoyo a la población, de manera inmediata.

e. Asimismo, en la sesión de entrega de resultados del CED correspondiente, la entidad federativa de que se trate, mediante solicitud formal del titular del ejecutivo estatal o del funcionario facultado para tal efecto, puede  solicitar a la dependencia o entidad federal que corresponda, que se realicen las gestiones necesarias para que se otorguen Anticipos respecto de un determinado sector afectado por el desastre natural, para realizar acciones de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal.

Los anticipos contribuyen a la realización de trabajos y obras prioritarias, por lo que se pueden fundamentar en evaluaciones preliminares, parciales, aproximadas, estimadas y acumulativas del desastre natural. Precisando que éstos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al 50 por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

f. Por todo lo expresado anteriormente, dicha Dirección estima que con el APIN se atiende una demanda válida y comprensible, de contar con recursos del Fonden inmediatamente después de la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador para la realización de acciones urgentes y prioritarias, mientras en paralelo se continúan los trabajos de evaluación y cuantificación de los daños, por lo que se considera que se encuentra debidamente cubierta la inquietud de los diputados y, por ende, resultaría innecesaria la modificación de la LGPC, dadas las consideraciones vertidas.

Más aún, en la reunión de trabajo del 6 de Marzo del 2013, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, expresó puntos adicionales en contra de reducir los tiempos establecidos en la LGPC:

a. Además de la existencia de los APIN (descritos a detalle anteriormente), el Gobierno Federal generalmente responde antes de los tiempos a los que lo obliga la LGPC.

b. Generalmente también, son las entidades federativas quienes no pueden en tiempo y forma, documentar y cuantificar las afectaciones, ante lo cual solicitan prórrogas.

c. Reducir los tiempos establecidos en la Ley, puede llevar a una sobreestimación de los costos de reconstrucción en el afán de concluir el proceso de cuantificación de daños tan rápido como sea posible y no contar con el tiempo suficiente para hacer una estimación apegada a las necesidades reales.

d. Aún con los tiempos actuales, el fenómeno de sobreestimación del costo de reconstrucción ha sucedido en numerosas ocasiones. Esto ha llevado a que varias entidades federativas, no hayan contribuido con el 50 por ciento que les corresponde de acuerdo a las reglas de operación del Fonden, por haber estimado un costo mucho mayor del costo real el cual no pueden cubrir posteriormente. Lo cual, ha llevado a la tragedia de que existan fondos federales congelados, correspondientes al 50 por ciento correspondiente a esta instancia gubernamental, sin poder reutilizarse para el Fonden, ni utilizarse efectivamente en la reconstrucción, ya que tienen que esperar a la contraparte presupuestal de los gobiernos estatales para poder ejercerse.

Tercero.En una línea diferente a las medidas específicas para reducción de tiempos y la disposición más expedita de fondos de atención a desastres y emergencias, la reforma al párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil propuesta por el diputado King de la Rosa, busca establecer principios con base en los cuáles deben diseñarse las disposiciones administrativas y ejercerse los fondos integrales de gestión de riesgo. Con este fin, incorpora en el artículo 63 correspondiente a estos conceptos, los mismos principios establecidos para la actuación de las autoridades de protección civil (enumeradas en el artículo 27 de esta misma ley), establecidos en el artículo 5 de esta Ley General de Protección Civil, y añade a estos la garantía de honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos.

En este sentido la Comisión de Protección Civil considera adecuado que se incorporen los principios establecidos para la actuación de las autoridades de protección civil en el artículo 5º de la LGPC, como principios para la elaboración de normas administrativas y el ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos. Considera adecuada también la adición de garantizar que dichos fondos se ejerzan con honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas, al ser una demanda sentida de la ciudadanía.

Por lo anterior este dictamen propone aprobar la reforma al párrafo primero del artículo 63 en los términos presentados en la iniciativa.

Cuarto.Esta Comisión suscribe los argumentos presentados por la Coordinación Nacional de Protección Civil en contra de reducir los tiempos que establece la LGPC actualmente, aunado a que está en camino una propuesta integral emanada del foro entre el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Poder Legislativo para poder atender las necesidades reales y legítimas de las entidades federativas en esta materia.

Por lo anterior, la Comisión de Protección Civil considera desechar las secciones de la iniciativa del diputado Raymundo King de la Rosa que se refieren a la reducción de tiempos en las declaratorias de emergencia y desastre, así como en la disposición de recursos, las cuáles estaban plasmadas en las reformas a la fracción III del artículo 58, los párrafos primero, segundo, tercero y la adición a un párrafo cuarto al artículo 64, la reforma los párrafos segundo, tercero y adición a un párrafo cuarto al artículo 74 de la Ley General de Protección Civil, para mantener solamente las modificaciones al artículo 63 de la LGPC que hacen referencia a incorporar los principios establecidos en el artículo 5o. de la misma ley, en el diseño de las normas administrativas de operación del Fonden.

Por lo cual este dictamen se emite en sentido positivo con modificaciones a la propuesta original del diputado Raymundo King de la Rosa.

Ante lo expuesto anteriormente, la Comisión de Protección Civil somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 63. Las disposiciones administrativas, regularán los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, constituidos para tal efecto. En su formulación se atenderá a los principios previstos en el artículo 5, limitándose a las formalidades indispensables para garantizar la honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos.

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de julio del dos mil trece.

La Comisión de Protección Civil, diputados:Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero, Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 21 de marzo de 2013, la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 185 y 191 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

III. Contenido

La presente iniciativa propone que dentro de las acciones que comprende el programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, que coordina en el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, respecto a la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, que ésta sea dirigida también a los jóvenes, así como el fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, en los grupos de población que se encuentren entre los 12 y 29 años. Establecer dentro de las acciones que comprende el programa contra la farmacodependencia, la coordinación entre la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, brindar la educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, estableciendo que la misma vaya dirigida especialmente a niños, adolescentes y jóvenes.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 185.-...

I. ...

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Artículo 191.-...

I. ...

II. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales y;

III. ...

Iniciativa

Artículo 185.- ...

I. ...

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, jóvenes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población que se encuentren entre los 12 y 29 años, así como los considerados de alto riesgo.

Artículo 191.-...

I. ...

II. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes y jóvenes ; y

III. ...

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el alcoholismo como un síndrome de dependencia del alcohol, el cual es un estado patológico físico y a la vez psicológico, un trastorno de la conducta que se caracteriza porque el individuo bebe alcohol en exceso, a pesar de que sabe que ese hecho es la causa de muchos y variados problemas de salud, familiares y sociales.

Otros datos que publica la OMS en su página de internet son los siguientes:

• El consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa 2,5 millones de muertes cada año.

• Unos 320,000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el consumo de alcohol, lo que representa un 9% de las defunciones en ese grupo etario.

• El consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de morbilidad; es el primer factor de riesgo en el Pacífico Occidental y las Américas, y el segundo en Europa.

• El consumo de alcohol está relacionado con muchos problemas graves de índole social y del desarrollo, en particular la violencia, el descuido y maltrato de menores y el absentismo laboral.

Tercera. En México la mayor parte de los problemas reportados se asocian a la condición de abuso más que con la dependencia, sin embargo, ambos trastornos tienen consecuencias negativas en la salud. La cirrosis del hígado es la cuarta causa de mortalidad entre la población. Asimismo, los accidentes de tráfico, la violencia y los trastornos por uso de alcohol, sonlas principales causas de discapacidad en el país. El 9% del total de enfermedades en México las genera el consumo de alcohol.

El consumo de alcohol es la principal causa de los accidentes de vehículo de motor (incluyendo accidentes de tránsito y atropellados). Dentro de éstos, el grupo de edad de 15 a 29 años ocupa el segundo lugar en las tablas de mortalidad general.

Cuarta. El artículo 2 de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala: “Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.”

La UNICEF en su página de internet, en alusión al día internacional de la juventud, señala lo siguiente: “La definición de joven tiene varias interpretaciones. Por lo general las Naciones Unidas, en base a la definición de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), considera jóvenes a las personas entre 15 y 24 años.”.

Quinta. De acuerdo a lo anterior consideramos se debe incluir a los jóvenes dentro de la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, ya que al ser uno de los grupos con más riesgos para el consumo de alcohol, debe ser dirigida especialmente a ellos también;

La especificación de dirigir actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, a grupos de población que se encuentren entre los 12 y 29 años, que se propone para la fracción III del mismo artículo, consideramos es innecesaria, ya que en la fracción señalada se lee:

“III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.”

Con relación a esto, la Secretaría de Salud en la publicación “Actualidades en Adicciones 2012: Adicciones y grupos Específicos: Grupos Vulnerables y Personas en Conflicto con la Ley, Libro 5”, señala:

”A fin de definir dentro del contexto de las adicciones el concepto de grupos vulnerables, se puede mencionar que la idea de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, raza y origen étnico se encuentran en una condición de riesgo que les impide u obstaculiza el incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

En México las políticas públicas en materia de adicciones consideran que dicha vulnerabilidad es el resultado de la acumulación de desventajas y de una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. En nuestro país existen diversos grupos de la población que se estiman como vulnerables, entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, vive en situación de riesgo. ”

Consideramos que el artículo en su redacción actual, incluye a todos los mexicanos y en especial a los grupos de riesgo; por lo que no es necesario realizar las modificaciones propuestas, que buscan incluir un rango de edad que no coincide con ninguna de las definiciones descritas anteriormente para niños, adolescentes o jóvenes.

Sexta. Por otra parte, las modificaciones al artículo 191: “dirigida especialmente a niños, adolescentes y jóvenes”, consideramos que incluir la reforma propuesta no modificaría en lo absoluto el sentido actual del artículo, ya que el texto vigente ya contempla a estos grupos de población, como se puede leer a continuación:

“Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra la farmacodependencia, a través de las siguientes acciones:

I. ...

II. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales y;

III. ...”

Las leyes son de carácter general, es decir, que se emiten para todos, sin particularizar grupos o clases.

Ante estas consideraciones, la Comisión de Salud toma a bien que esta Iniciativa sea viable parcialmente.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma artículo 185 de la Ley General de Salud

Artículo Único.Se reforma la fracción II del artículo 185 de la ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 185. ...

I....

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, jóvenes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/index.html

2 González-Pier, E. et al. Priority setting for health interventions in Mexico’s System of Social Protection in Health. The Lancet, 388, 2006.

3 Base de defunciones INEGI. 2011

4 http://www.unicef.org/lac/flash/DW/dia_de_la_juventud.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de julio de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez, Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos, secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 29 de abril de 2013, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa en estudio tiene como finalidad reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario supervise la efectiva implantación de espacios y condiciones adecuadas para las hijas e hijos de las internas en los centros penitenciarios.

Por lo anterior propone reformar los artículos 31 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículos 31 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Texto vigente

Artículo 31. Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario

I. a VIII. ...

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

Iniciativa

Artículo 31. Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario

I. a VIII. ...

IX. Garantizar el establecimiento de espacios apropiados en los centros penitenciarios, para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años de las mujeres reclusas que permanezcan al cuidado de ellas dentro de dichos centros.

Estos espacios incluirán la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, asegurando su desarrollo pleno e integral y atendiendo al principio del interés superior de la niñez y el absoluto respeto a los derechos humanos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deberá guiar el diseño, los mecanismos de coordinación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de estos espacios a efecto de garantizar el cumplimiento eficaz de estas disposiciones.

Para estos efectos, se coordinará con las instituciones encargadas de velar por los derechos de la niñez del país y con las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de coadyuvar en la implementación de estos espacios para el cuidado de estos infantes. La conferencia deberá puntualizar cada una de las obligaciones de dichas instituciones.

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

Texto vigente

Artículo 39. La concurrencia de facultades entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. ...

B. Corresponde a la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias

I. a XIV. ...

XV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la ley y demás disposiciones aplicables.

Iniciativa

Artículo 39. La concurrencia de facultades entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. ...

B. Corresponde a la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias

I. a XIV. ...

XV. Garantizar el establecimiento de espacios adecuados para las hijas e hijos menores de seis años de las internas dentro de los centros penitenciarios, con el fin de asegurar su desarrollo pleno e integral, atendiendo al principio del interés superior de la niñez y los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

XVI. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la ley y demás disposiciones aplicables.

III. Consideraciones

Primera.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 refiere, entre otras, al respeto a los derechos humanos como una de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario; derechos que, de acuerdo con el artículo 1o. también de la Carta Magna, gozarán todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos, y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca.

Segunda.Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en 1955, recoge dentro del punto 23, inciso 2, de los principios y reglas que se entienden de una buena organización penitenciaria y tratamiento de los reclusos, una norma en el sentido de que, cuando las hijas e hijos de una madre reclusa permanezcan en su lugar de readaptación social, “deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres”.

Tercera. El principio del Interés Superior de la Niñez ha sido elevado al rango constitucional en México por el artículo 4° de la Constitución, y se ha reiterado dicho compromiso a nivel internacional al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

El instrumento internacional en referencia establece en el artículo 7 el derecho del hijo a ser cuidado por sus padres, así como el numeral 18 dispone como obligación de los Estados parte, el adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres a desempeñar sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño; y en el mismo orden de ideas, en su artículo 9 se entiende el derecho a la no separación de sus padres, todo dentro del marco de un desarrollo de su personalidad en el seno de la familia.

Cuarta. Los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, han dado cuenta de una deficiencia en el goce de este derecho por parte de los menores hijos de mujeres en reclusión; como lo anota el Comité de los Derechos del Niño en el Examen de los Informes Enviados por los Estados Partes en virtud del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 2006, donde a dicho órgano le preocupa “el hacinamiento, las malas condiciones de detención y la inadecuación del personal” con relación a las mujeres con hijos.

Así también, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, comprendió como una de las principales preocupaciones en el rubro de mujeres, la existencia de “grandes deficiencias en la atención médica y en la alimentación de los hijos de las internas que viven en el centro”.

Dicho agravio se identificó de nuevo en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Estado que guardan los Derechos Humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana, donde se observa en el punto 151 el que “deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes”, así como, en el caso de que se permita a la madre reclusa conservar a su hijo “deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería o estancia de bienestar infantil, con personal calificado”, ya que, según el punto 186, “no existen, las condiciones adecuadas para que los hijos de las internas satisfagan necesidades para un pleno desarrollo al interior de los mismos”.

Quinta.En las conclusiones del informe especial citado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propone la asignación de recursos presupuestales suficientes para la edificación de locales o establecimientos que cuenten con instalaciones apropiadas para la atención médica y con espacios que permitan el desarrollo infantil; y que se giren instrucciones para que tano las mujeres internas como sus hijos que convivan con ellas reciban un trato respetuoso y digno.

Sexta.Que si bien el artículo 3 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados hace mención de que el Ejecutivo Federal debe cumplir con la disposición de que las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas cuenten con espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, se coincide con el autor de la iniciativa que existe una omisión al señalar un responsable específico, con lo cual se corre el riesgo de hacer nugatorio este derecho humano.

Séptima.Que también se coincide con el legislador iniciante que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario es, de acuerdo al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad adecuada para la coordinación y homologación de mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios.

Octava.Que se comparte por la Comisión de Seguridad Pública el contenido de la iniciativa en su integridad; sin embargo, dada la naturaleza de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se considera que la facultad del mismo debe circunscribirse a la emisión de una norma modelo, que debe ser observada por los centros penitenciarios en los tres niveles de Gobierno.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Único.Se adiciona una fracción IX, y se recorre en su orden la actual para quedar como fracción X, al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Nacional Pública, para quedar como sigue:

Artículo 31. Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario

I. a VIII. ...

IX. Emitir lineamientos a los que deberán sujetarse la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para el establecimiento de espacios apropiados en los centros penitenciarios, para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años de las mujeres reclusas que permanezcan al cuidado de ellas dentro de dichos centros, asegurando su desarrollo pleno e integral y atendiendo al principio del interés superior de la niñez; y

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez, Enrique Cárdenas del Avellano, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 2 de abril de 2013, los secretarios de la misma dieron cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, presentada por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados”.

II. Contenido y objeto de la iniciativa

Acorde al proyecto de decreto planteado en la iniciativa, se propone incorporar el concepto investigación como un objetivo primordial en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; y, por otro lado, que dicha estrategia consolide en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones de recursos del sector público tendientes a promover e incentivar la investigación de fuentes de energía alternativa.

La problemática planteada en la iniciativa señala que año tras año se otorga un escaso presupuesto a la ciencia, tecnología e innovación y que, actualmente, “se carece de una estructura de investigación científica en materia ambiental que nos permita seguir avanzando en la consolidación de un presupuesto autónomo, eficiente y equitativo, capaz de generar autonomía de gestión para cumplir objetivos estratégicos que nos faculten ser líderes en investigación ambiental.”

La diputada proponente hace énfasis en el escaso presupuesto destinado a los rubros de ciencia y tecnología e indica que no se rebasa 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual contraviene la Ley de Ciencia y Tecnología que hace obligatorio un presupuesto para dicho rubro de 1 por ciento del PIB.

Asimismo, señala que la implementación de fondos verdes de apoyo a la ciencia y tecnología representa una alternativa para atender problemas como el cambio climático; asimismo, considera urgente para nuestro país un proyecto de ciencia y tecnología contra el cambio climático y sus afectaciones políticas y económicas.

Al incorporar el concepto investigación, la diputada proponente estima que se podrá participar del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Finalmente, la iniciativa propone reformar el artículo 23, así como adicionar una fracción primera al artículo 24, ambos de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar con la siguiente redacción:

“Artículo 23. La estrategia, encabezada por la secretaría, tendrá como objetivo primordial promover la investigación, utilización, el desarrollo y la inversión en las energías renovables a que se refiere esta ley y la eficiencia energética.”

“Artículo 24. Con el fin de ejercer con eficiencia los recursos del sector público, evitando su dispersión, la estrategia comprenderá los mecanismos presupuestarios para asegurar la congruencia y consistencia de las acciones destinadas a promover el aprovechamiento de las tecnologías limpias y energías renovables mencionadas en el artículo anterior, así como el ahorro y el uso óptimo de toda clase de energía en todos los procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.

La estrategia, en términos de las disposiciones aplicables, consolidará en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones de recursos del sector público tendentes a:

I. Promover e incentivar la investigación de fuentes de energía alternativa;

II. Promover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía;

III. a VII. ...”

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera. La iniciativa, como se ha descrito, pretende lograr dos puntos: a) incorporar el concepto investigación como un objetivo primordial en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (ENTEASE), para el efecto de que se tenga acceso a los recursos del Fondo para Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FTEASE); y, b) Que dicha estrategia consolide en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) las provisiones de recursos del sector público tendientes a promover e incentivar la investigación de fuentes de energía alternativa.

Segunda. En atención al primer aspecto planteado en la iniciativa, esto es, la reforma al artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) con la finalidad de incorporar el concepto investigación como un objetivo primordial en la ENTEASE, se debe señalar lo siguiente:

1. LA ENTEASE es el mecanismo mediante el cual el Estado mexicano impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promoverá la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. (Artículo 22 de la LAERFTE).

2. Con cargo al FTEASE, el comité técnico a que se refiere la propia ley podrá acordar que se utilicen recursos no recuperables para el otorgamiento de garantas de crédito u otro tipo de apoyos financieros para los proyectos que cumplan con el objeto de la estrategia, así como también, que dicho comité emitirá las reglas para la administración, asignación y distribución de los recursos en el citado fondo, con el fin de promover los objetivos de dicha estrategia. (Artículo 27 de la LAERFTE).

3. Actualmente, el artículo 23 de la ENTEASE sólo considera como objetivo primordial promover tres aspectos: 1) utilización; 2) desarrollo; y la 3) inversión; todos, respecto de energías renovables, así como de la eficiencia energética. La iniciativa, por su parte propone adicionar un cuarto elemento: la investigación.

Esta Comisión de Energía coincide con la proponente en la importancia que representa la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la utilización y avance de las energías renovables para nuestro país.

Asimismo, este órgano legislativo estima que resulta innegable que todo proceso de desarrollo, entendido como la generación de aplicaciones tecnológicas, implica necesariamente la existencia de investigación, por ende, ambos conceptos deben existir asociados indisolublemente. Por ello, se considera modificar el orden de los objetivos que se señalan en el artículo 23 de la LAERFTE. En esos términos, la propuesta resulta viable de aprobarse .

4. Actualmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, se ha hecho evidente la relevancia en el apoyo y fortalecimiento de la investigación y, por tanto, entre otros puntos, se prevé como una de sus estrategias contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1 por ciento del PIB.

5. De igual forma, para impulsar la investigación científica y tecnológica en materia de energía, la Ley Federal de Derechos dispone el pago por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía con el siguiente desglose: 63 por ciento al Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, 2 por ciento al fondo anterior para la formación de recursos humanos, 15 por ciento al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, y 20 por ciento al Fondo Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética.

Acorde a la ENTEASE correspondiente al 2012, quedó constituido, en fecha 4 de agosto de 2008, el Fideicomiso del Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética. El objeto del fondo es la investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía, como a la adopción, innovación, asimilación y desarrollo de tecnología en dichas materias.

El Fideicomiso del Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética tiene como objetivo la investigación científica y tecnológica aplicada en cuatro líneas: 1) Fuentes renovables de energía; 2) Eficiencia energética; 3) Uso de tecnologías limpias; y 4) Diversificación de fuentes primarias de energía.

El fondo obtiene sus recursos de acuerdo a un porcentaje de la recaudación del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía. Dicho porcentaje asciende a 20 por ciento y en 2011 fue equivalente a 911.2 millones de pesos. Al cierre de junio de 2012 el Fondo contó con un saldo de 2 mil 091 millones de pesos.

Acorde con los señalamientos arriba vertidos y dada la relevancia de la investigación y, en este caso, de manera específica, en materia energética, tanto en la legislación como en las políticas de nuestro país, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman procedente introducir dicho concepto como parte toral de los objetivos que se deben perseguir por la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Tercera. Asimismo, cabe citar que la creación del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FTEASE) tiene sustento jurídico en el artículo 27 de la LAERFTE; en este artículo también se establece la integración de un comité técnico, el cual será presidido por la Secretaría de Energía. Este comité emitirá las reglas para la administración, asignación y distribución de los recursos en el fondo, con el fin de promover los objetivos de la estrategia.

En la Memoria documental del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía1, se indica que el 25 de febrero de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –en calidad de fideicomitente, la Secretaría de Energía y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, División Fiduciaria, esta última en su calidad de fiduciario, suscribieron el Contrato del Fideicomiso del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. De esa forma, el fondo se integró con una aportación inicial de $600’000,000.00M.N. (Seiscientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).

Acorde al mismo documento, los recursos del FTEASE, provenientes del PEF, están encaminados a otorgar garantías de crédito u otro tipo de apoyo financiero a los proyectos que cumplan los objetivos de la estrategia, permitiendo con ello realizar tareas específicas como las relacionadas en cada una de las fracciones establecidas en el artículo 24 de la LAERFTE.

Adicionalmente, se debe indicar que durante el 20112, el FTEASE recibió dos aportaciones a su patrimonio. La primera por mil 445 millones de pesos (MDP), y que corresponden al PEF 2011. Posteriormente, se recibió una aportación adicional por 400 MDP proveniente de una ampliación solicitada para la continuación de los proyectos en ejecución. El 17 de febrero de 2012 se tuvo una aportación por  mil 379 MDP, y que corresponde al PEF 2012 que fue aprobado para el desarrollo de proyectos del Fondo. Al 30 de junio de 2012 se cuenta con un presupuesto disponible 47 MDP disponibles para comprometer en nuevos proyectos. Al 30 de junio de 2012 se han comprometido, previa aprobación del comité técnico, recursos por un monto total de 7 mil 198 millones de pesos.

Cuarta. En cuanto al segundo aspecto planteado en la iniciativa, mediante la reforma del artículo 24 de la LAERFTE, es decir, prever que la ENTEASE consolide en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) las provisiones de recursos del sector público tendientes a promover e incentivar la investigación de fuentes de energía alternativa,se debe señalar que esta Comisión de Energía constituyó parte de un proceso legislativo que culminó con la reciente reforma del artículo 24 de la LAERFTE, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de abril de 2013.

A través de esa reforma se adicionó una fracción VII al artículo 24 de la citada ley, la cual establece la obligación de que la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía consolide en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones de recursos del sector público tendientes a proponer la creación de fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable.

En una comparación entre el contenido de la actual fracción VII del artículo 24 de la LAERFTE y la propuesta de reforma de la diputada Nolasco Ramírez, se puede apreciar que resultan similares en cuanto a los objetivos perseguidos, motivo por lo cual, ésta última propuesta se encuentra rebasada por la legislación actual. En consecuencia, esta Comisión de Energía estima procedente no aprobar este aspecto de la iniciativa.

Quinta. Finalmente, esta Comisión de Energía estima importante señalar que la iniciativa omite proponer una solución a la problemática que se plantea en relación con considerar como escasos los recursos destinados en el PEF a rubros como los de ciencia, tecnología e innovación ni la relacionada con el incumplimiento de lo establecido al respecto en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Por lo anteriormente expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Único. Se reforma el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

“Artículo 23. La estrategia, encabezada por la secretaría, tendrá como objetivo primordial promover la utilización, la investigación, el desarrollo y la inversión en las energías renovables a que se refiere esta ley y la eficiencia energética.”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Cfrs. Memoria documental del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, publicada por la Secretaría de Energía y visible en la siguiente dirección electrónica: http://www.sener.gob.mx/irc/spedt/MD_FTEASE_E3.pdf

2. Cfrs.Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2012, visible en la siguiente dirección electrónica: http://www.sener.gob.mx/res/0/ENTE_2012.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de mayo de 2013.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente, Juan Bueno Torio (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu, Ricardo Villareal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño, Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Dora M. Guadalupe Talamantes Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, fracción II, 82, numeral 1, 84, 85 y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión del 26 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (PRD), suscrita por los integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria y determinó turnada para dictamen a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3716- VII, el martes 26 de febrero de 2013.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa presentada por la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo propone modificar la denominación de la Comisión de “Agricultura y Sistemas de Riego” por “Agricultura y Ganadería” y crear la Comisión de “Desarrollo Agrario” en la Cámara de Diputados.

2. Por principio de cuentas, es de precisar, que la proposición de la diputada y suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria, plantea incorrectamente la modificación a la fracción XXXII del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior en virtud de que el objeto es cambiar la denominación a la Comisión de la Reforma Agraria, pero la fracción XXXII de dicho precepto legal se refiere a la Comisión de Justicia, por tanto, de acuerdo a una correcta técnica legislativa, el dictamen se ceñirá a la modificación de la fracción LXIII del mismo precepto legal, en virtud de ser esta la que contempla a la Comisión de la Reforma Agraria.

3. En la exposición de motivos la iniciativa destaca que al modificarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Reforma Agraria se transforma en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Este cambio introduce para bien, la concepción del desarrollo agrario como una de las funciones y responsabilidades de la nueva dependencia. Por lo mismo, el tema agrario dejará de abarcar exclusivamente el aspecto jurídico de la tenencia de la tierra para enriquecerse con la tarea de procurar el desarrollo social de quienes habitan los núcleos agrarios en el país.

4. Del mismo modo expone que tenemos la responsabilidad de formar comisiones en las que se analizarán, estudiarán y dictaminarán iniciativas de ley o decretos necesarios en beneficio de los mexicanos y que dicha labor será posible en la medida en la que los órganos internos de manera legal nos lo permitan. Por lo mismo, debe existir una correspondencia plena entre los trabajos que realizan las diferentes dependencias del Ejecutivo federal con las tareas legislativas que desarrollan las comisiones del Congreso

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Analizado el planteamiento de la proponente, el cual además se encuentra signado también por los integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria, es dable mencionar que tal como lo expresa la proponente, en diciembre del año pasado fue reformada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se modificó el artículo 26 de dicho ordenamiento siendo cambiada la denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria por la de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

3. De acuerdo a la exposición de motivos de la propuesta, uno de los objetos del cambio de la denominación de la dependencia en cita es “transformar a la Secretaría de la Reforma Agraria para convertida en una dependencia renovada, actualizada, que atienda tanto a la población que vive y trabaja en el campo, como los nuevos hechos que el mundo rural nos plantea, como la acelerada conversión de tierras antes de uso agrícola, ganadero o forestal en terrenos urbanos, que se incorporan al mapa de las ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional”.

4. Por otra parte, se debe considerar que los alcances del término “Reforma Agraria”, en la actualidad pueden encontrarse ya rebasados, ello conforme a lo siguiente:

• La reforma agraria en México, se desarrolló como un proceso de formación de unos minifundios cuya producción era insuficiente para satisfacer plenamente las necesidades de las familias campesinas. Los campesinos que luchaban por la obtención de tierras pedían tierras de cultivo, y querían conseguir la seguridad alimentaria y la autonomía mediante el consumo directo de alimentos básicos de producción propia.

• La Reforma Agraria en términos generales incluyó el reparto de tierras en su artículo 27. Desde entonces, y con sucesivas adecuaciones hasta 1992, el reparto de tierras fue mandato constitucional y política del Estado mexicano.

• A través de la reforma constitucional de 1992 el presidente de la República perdía las facultades extraordinarias relativas al reparto de la tierra como proceso administrativo, las cuales le habían permitido intervenir directamente en las decisiones internas de los ejidos. La nación dejaba de ser propietaria jurídica de las tierras sociales, y la propiedad de éstas pasaba a los ejidos. Los ejidos, en su calidad de sociedades propietarias de las tierras, no quedaban subordinados a las autoridades gubernamentales, en tales términos se rompía así el vínculo tutelar entre el estado y los campesinos; y los productores rurales, dotados de un capital territorial, fueron libres de manejar su propio desarrollo.

• En los años subsecuentes se comienzan a implementar programas de apoyo para la producción y desarrollo del sector agropecuario.

5. De lo anterior podemos fijar que el proceso de Reforma Agraria surge en virtud de las desigualdades existentes a principios del siglo pasado, entre quienes trabajaban el sector agrario, motivo por el cual al término de la Revolución, conlleva a implementar un plan para ordenar dicho sector, sobre todo con acciones como el reparto de tierras, siendo esto parte de la Reforma Agraria. Sin embargo, este tipo de acciones fueron radicalmente cambiadas en mérito de la reforma del artículo 27 en los noventa donde el reparto de tierras ya no es principal objeto de las acciones para explotar el campo, sino propiciar su desarrollo, mediante otro tipo de acciones, como apoyos económicos.

6. Por lo anteriormente expuesto, apoyamos el criterio expuesto en la iniciativa, para realizar el cambio de la denominación de la Comisión de la Reforma Agraria por Comisión de Desarrollo Agrario, además que tal denominación sería uniformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente. Sumado a ello, valoramos que la propuesta se encuentra apoyada incluso por los propios integrantes de la comisión en comento.

7. No obstante lo anterior, respecto a la propuesta de cambiar la denominación de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por la denominación de Agricultura y Ganadería, se considera pertinente su desechamiento con base a las siguientes razones:

• El artículo 39 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congresos General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

• En virtud de ello en su numeral 2, el citado artículo enumera en diferentes fracciones cuáles serán las comisiones ordinarias, estableciendo en la fracción I la de Agricultura y Sistemas de Riego y en la fracción XXVII, la de Ganadería.

• Así las cosas, no se debe perder de vista que la creación de las comisiones tiene por objeto atender las peticiones realizadas de los asuntos que sean acordes a su competencia, como lo señala el artículo 159, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Sumado a ello, no se debe perder de vista que desde el punto de vista teórico, las comisiones funcionan como estructura orgánica básica de la división del trabajo en las cámaras.

• En virtud de lo anterior, es dable señalar que las comisiones atienden los asuntos acordes a su competencia y por ende la comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, propuesta para su cambio de denominación, sólo conoce de los asuntos relacionados con la agricultura y no con la ganadería, ya que para ello se encuentra precisamente conformada la Comisión Ordinaria de Ganadería, luego entonces, el cambio de denominación propuesto englobaría a dos comisiones y podría conllevar a la desaparición de una de ellas.

Por todo lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modificándose el texto de la fracción XVII, recorriéndose en el orden subsecuente la actual fracción XVII, pasando a la XVIII hasta la fracción XLII; asimismo se modifica el texto de la fracción XLIII, pasando a ser la actual fracción XLII, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

...

I. a XVI. ...

XVII. Desarrollo Agrario;

XVIII. Desarrollo Metropolitano;

XIX. Desarrollo Municipal;

XX. Desarrollo Rural;

XXI. Desarrollo Social;

XXII. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;

XXIII. Economía;

XXIV. Educación Pública y Servicios Educativos;

XXV. Energía;

XXVI. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XXVII. Fortalecimiento al Federalismo;

XXVIII. Ganadería;

XXIX. Gobernación;

XXX. Hacienda y Crédito Público;

XXXI. Igualdad de Género;

XXXII. Infraestructura;

XXXIII. Justicia;

XXXIV. Juventud;

XXXV. Marina;

XXXVI. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXXVII. Pesca;

XXXVIII. Población;

XXXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XL. Protección Civil;

XLI. Puntos Constitucionales;

XLII. Radio y Televisión;

XLIII. Recursos Hidráulicos;

XLIV. a LII. ...

3. ....

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todos los asuntos turnados a la actual Comisión de la Reforma Agraria, se entenderán remitidos a la Comisión de Desarrollo Agrario.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su reunión ordinaria del 29 de mayo de 2013.

Notas:

1. Consultado en línea en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/ 62/2012/nov/20121122-VI.pdf

2. Cfr. http://www.fao.org/docrep/006/j0415t/j0415t09.htm

3. Muro Ruíz, Elíseo, Algunos elementos de técnica legislativa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007, pág. 165.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura, Cristina González Cruz, Norma Ponce Orozco, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con este requisito de publicidad de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Migratorios; Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transportes; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Protección Civil; de Salud; y de Seguridad Pública, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que se pongan a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se pongan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se autoriza.

LEY DE MIGRACION

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración.*

* El dictamen mencionado se encuentra en la página 123 de esta edición.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la señora diputada Amalia García Medina, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Estimadas compañeras, compañeros, México ha ido avanzando en la protección de los derechos humanos. Las reformas que se hicieron a nuestra Constitución General de la República en la materia resultan esenciales para darle otra calidad a nuestra vida republicana y también, por supuesto, a nuestra democracia.

Cuando hablamos de migrantes, quiero aquí —antes de entrar en la materia— señalar que durante mucho tiempo organismos de la sociedad civil, también por supuesto los propios y las propias migrantes y esta propia comisión de defensa, de protección, de promoción de los derechos de las y los migrantes, y esta asamblea, esta plenaria, la Cámara de Diputados, hemos señalado que los migrantes y las migrantes deben ser protegidos en sus derechos.

Quiero saludar desde aquí que hace unos cuantos meses, muy recientemente en Ginebra, en las Naciones Unidas, se ha aprobado que con ningún migrante se utilice el término de “ilegal”. Las personas no son ilegales, pueden estar indocumentadas, pero no son ilegales. Cuando se utiliza el término de ilegal, se les criminaliza, se les hace víctimas de atropello y se vuelven más vulnerables.

Quiero decir que, en concordancia con lo que nuestra Constitución señala sobre la protección a los derechos humanos de las personas, todas las personas que estén en territorio nacional, independientemente de su calidad migratoria, deben tener la garantía y la protección de sus derechos humanos.

En el caso de la reforma a los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración, de lo que se trata es de que —en concordancia con el artículo 1o. de nuestra Constitución y con los tratados internacionales que ha signado México— garanticemos en los hechos, de manera precisa y efectiva, esa protección a las y a los migrantes que llegan a nuestro territorio.

Quiero señalar que están en condiciones de mayor vulnerabilidad quienes no saben leer ni escribir. ¿De qué se trata con estas reformas al artículo 109 y 110? Se trata de que quienes no sepan leer ni escribir, estando en contacto con una autoridad migratoria mexicana, ésta tiene la obligación de leerle, de darle a conocer verbalmente todos sus derechos, los derechos consagrados en la Constitución y los derechos que están consagrados en los tratados de los que México es signatario. De tal manera que esa vulnerabilidad no se profundice porque tengan conocimiento de esos derechos.

En el caso de las mujeres, lo que se plantea en esta reforma a la Ley de Migración es que sea personal femenino quien atienda a las mujeres migrantes porque, tal como lo señala el relator especial sobre los derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se tiene conocimiento y se han documentado casos específicos de violación a los derechos de los migrantes, específicamente en este caso de las migrantes mujeres, y también de aquellos que no saben leer ni escribir.

De tal manera que estas propuestas de modificación a los artículos 109 y 110 se refieren a quienes no saben leer ni escribir para que se les dé a conocer inmediatamente todos sus derechos verbalmente, y en el caso de las mujeres para que la atención que se les brinde sea por personal femenino, por doctoras, por personal médico y de salud femenino.

Estoy segura que tendremos una votación aprobatoria. El dictamen en la Comisión fue aprobado por unanimidad y yo estoy segura que contaremos también con el respaldo de esta plenaria y que la Cámara de Diputados se distinguirá por hacer de esta Ley de Migración una ley garantista como debe ser, porque los migrantes y todas las personas somos portadoras de derechos, independientemente del lugar en donde nos encontremos.

Es un nuevo concepto el de la portabilidad de derechos y hay que hacerlo vigente con la aprobación a estas reformas.

Muchas gracias por su atención, y sobre todo por su respaldo y voto para que nuestra Ley de Migración se convierta en una de las leyes más garantistas y protectoras de los derechos humanos en el planeta. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada doña Amalia García. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez.

La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. En México actualmente hemos recibido más de 4001 mil personas que están cruzando nuestras tierras cada año. La problemática migratoria hasta hace aproximadamente dos décadas se consideraba una cuestión casi exclusiva del sexo masculino. No obstante, la movilidad social así como las crisis económicas a nivel mundial han erradicado este prejuicio, ya que cada vez es más común encontrarse en estaciones migratorias mujeres, reforzando el argumento que el tema migratorio va más allá de una cuestión de género.

Un estudio realizado por el Observatorio de Migración Internacional reveló que en 2012 poco más de 12 mil mujeres centroamericanas fueron devueltas a sus países de origen por las autoridades migratorias de México y de Estados Unidos.

Toda persona que vive un proceso de migración está marcada por situaciones de discriminación incluso en sus países de origen. Lo que ha provocado la necesidad de buscar oportunidades en otro país, migrando de manera irregular bajo condiciones de inseguridad, con escasos recursos económicos y ante el peligro de sufrir alguna situación violenta, explotación laboral o sexual, o incluso perder la vida.

Debido a su condición de indocumentadas las mujeres migrantes son un sector de mayor vulnerabilidad, ya que en su viaje se ven obligadas a sortear de manera más aguada el sinnúmero de vicisitudes que afectan a los migrantes que se encuentran en tránsito en nuestro país, siendo víctimas de abuso o acoso sexual, tanto por grupos criminales como por las autoridades mexicanas.

De acuerdo con un estudio de amnistía internacional, seis de cada diez mujeres migrantes de Centroamérica, que atraviesan la frontera sur de México, sufren violación sexual.

Las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra los migrantes en las diferentes fronteras del país sin duda alguna forman parte de la descomposición social que padecemos, la cual pone al desnudo la indiferencia de nuestras instituciones en la atención del fenómeno migratorio.

Las cifras son contundentes, razón por la que surge la imperante necesidad de garantizar a las mujeres migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias el máximo respeto a sus derechos humanos, independientemente de su estatus legal o periodo de estancia en territorio mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, coincidimos plenamente en la indispensable necesidad de que el personal de seguridad, vigilancia y custodia de todas las áreas de estancia de mujeres en las agencias migratorias pertenezcan exclusivamente al sexo femenino.

Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor y pido a esta asamblea que seamos sensibles. Yo que conozco la situación migrante del estado de Oaxaca y he visto mujeres varadas en estas estaciones migratorias, ha sido una situación muy cruel la que están viviendo.

Y también, un poco para solidarizarnos con lo que nos han pedido legisladores de Guatemala —con los que hace unos días tuvimos oportunidad de estar en esta interparlamentaria— y uno de los temas más dolorosos que nos exponían es su preocupación por los migrantes, principalmente por las mujeres. Ojalá y este pleno pueda votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Valencia Ramírez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene ahora el uso de la palabra la diputada Loretta Ortíz Ahlf.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Cámara de Diputados.

Sin lugar a dudas, la propuesta de reformas a los artículos 109 y 110 de la Ley de Migración tienen un profundo sentido humanista, que pretende beneficiar a todas aquellas personas de otros países que ingresas a territorio nacional. Y también tiene como intención el realizar estas reformas, el ajustarse a diversos instrumentos internacionales que México ha signado y que están muy lejos de garantizar los derechos humanos de los migrantes, no importa, así sea con legal estancia en el país o indocumentados.

Si los migrantes indocumentados en nuestro país están en una situación de alta vulnerabilidad en donde son abusados en sus derechos humanos por prácticamente todas las corporaciones policiacas y organizaciones delictivas, nuestra responsabilidad como legisladores es la de proveer el marco jurídico que permita salvaguardar sus derechos fundamentales.

La razón de ello es porque precisamente todo migrante, independientemente de su situación en el país, es persona humana y deben garantizarse los derechos fundamentales de que goza, en especial el acceso a la justicia.

Durante muchos años nuestro país se ha convertido, como dice el refrán, en candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. Porque protestamos respecto del trato que reciben los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos, pero no hacemos nada para mejorar el trato que los migrantes indocumentados o legales reciben en México. Desde los horrendos crímenes en San Fernando, Tamaulipas, hasta el reciente accidente de tren llamado La Bestia en donde murieron varios migrantes, el Estado mexicano no ha tomado las medidas pertinentes ni para evitar esas muertes ni para evitar los abusos de las corporaciones policiacas.

Por ello, es favorable la medida legislativa que se contiene en el dictamen, habida cuenta de que en el artículo 109, fracción IV, se establece como derecho de todo migrante que no sepa leer ni escribir, el que se le proporcione de manera verbal la información respecto de los derechos que le asisten. Y en el artículo 110 se establece que el personal médico, así como los de seguridad y vigilancia que realizan sus funciones en áreas de estancias de mujeres, sea personal femenino. Estos dos artículos forman parte del capítulo VI, denominado De los derechos de los alojados en estaciones migratorias.

De los estudios que se han hecho, precisamente de las estaciones migratorias, hay varios que afirman —y entre ellos su servidora— que si en las cárceles no se cumple con los requerimientos que establecen las normas internacionales de que debe gozar toda persona humana, éstas serían las cárceles, hoteles de cinco estrellas, a cómo están los migrantes indocumentados en las estaciones migratorias.

Como se puede advertir, en el caso del artículo 109 los migrantes tienen el derecho de presentar quejas o denuncias ante la autoridad, pero en particular quienes no saben leer están impedidos, uno: de conocer sus derechos, y dos: de poder presentar una queja.

Por eso se establece la obligatoriedad de la autoridad para informar verbalmente de estos derechos. También en el caso del artículo 110 se establece la obligatoriedad de que el personal médico en esas estaciones sea femenino.

Por las consideraciones antes expuestas, nuestro grupo parlamentario votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loretta Ortíz Ahlf. Para fijar ahora la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado David Pérez Tejada Padilla.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, primero que nada quiero felicitar a la diputada Amalia García por el trabajo que han desempeñado en esta Comisión de Asuntos Migratorios, y a todos los integrantes de esa comisión que votaron de manera unánime a favor de este dictamen.

Este dictamen propuesto a publicidad y ahora discutido será considerado favorablemente por todos los integrantes de mi Grupo Parlamentario, del Partido Verde Ecologista de México, pues estamos comprometidos con los derechos humanos y la igualdad de las personas, independientemente del lugar del que provengan, el color de piel, preferencias sexuales o el abolengo de las familias.

En el caso particular de México reconocemos tintes muy singulares por nuestra situación geográfica, ser vecinos de la primera potencia mundial, Estados Unidos, lo que hace a nuestro territorio un lugar de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

La misma presidenta de esta Comisión de Asuntos Migratorios, Amalia García, a invitación expresa de la diputada, mi amiga, Fernanda Schroeder y un servidor asistió a un foro regional en atención a los migrantes, en el cual se pudo constatar la falta de recursos, de presupuesto que necesitamos asignarle al Instituto Nacional de Migración.

Pero en el marco del Primer Informe del presidente Enrique Peña Nieto, quiero hacer un reconocimiento tanto al secretario de Gobernación como al comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, ya que se ha visto el trabajo reflejado en la zona fronteriza norte, particularmente de la cual provengo, a través de la instalación de un plan piloto, en el cual ya en Nogales y Tijuana —y en las próximas semanas Mexicali— tendremos un módulo de atención a la salud del migrante, que es parte de lo que trata este artículo 109 y 110 que estamos proponiendo modificar el día de hoy, a beneficio de la atención de la salud de las mujeres migrantes con personal de su mismo sexo. Y, por otro lado, la atención y orientación que se le pueda dar a los migrantes que son retornados ya sea repatriados o asistidos en la franja fronteriza, y que sabemos que es un tema que fue para nosotros, que somos provenientes de municipios fronterizos, pues un tema de compromiso de campaña que estamos cumpliendo en coadyuvancia con el gobierno federal y a través del cual hemos visto una contracción de cerca del 20 por ciento de los migrantes deportados y repatriados en el caso particular de Baja California.

Por otro lado, aplaudo la acción del gobierno federal que hace un par de meses restableció los vuelos desde El Paso, Texas, hacia aquí, la Ciudad de México, porque sabíamos que era un problema el estar recibiendo a estas personas, tanto para los alcaldes, que son de municipios fronterizos, con tema presupuestal y tema de seguridad, en el caso del 40 por ciento que nos retornaban y tenían antecedentes criminales.

Es por ello que —para cerrar mi intervención— invitamos a todas las fuerzas políticas a que votemos a favor, para así en su momento tengamos la calidad jurídica de exigir reciprocidad.

Recordemos que un millón de mexicanos documentados e indocumentados —no ilegales, como bien aclaró la diputada Amalia García— están en los Estados Unidos y viajan constantemente. Por ello, celebramos que se luche asegurarles a todo migrante que ingresa a nuestro país sus derechos y obligaciones, así como de las instancias donde puedan presentar denuncias y quejas, se les asegure —además de a ellos— a las mismas mujeres una atención médica profesional con personal de su mismo sexo. Es cuanto, señor presidente, y a todos muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Pérez Tejada. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidente. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, en 2010 había 213.9 millones de migrantes internacionales en el mundo. Del total de ellos el 51 por ciento son hombres y 49 por ciento mujeres.

Pero los expertos en la materia señalan que el fenómeno se ha feminizado al marcar paridad en estas cifras y cerca del 80 por ciento de los migrantes provenían de países en vías de desarrollo.

Por otro lado, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación señala que anualmente ingresan al país alrededor de 150 mil centroamericanos, aunque es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil estiman que son alrededor de 400 mil los migrantes provenientes de esta región que ingresan a nuestro territorio.

En un estudio publicado por el periódico El Economista, en enero de 2013, se da cuenta de que el periodo que comprende de 2006 a 2012 fueron alrededor de 883 funcionarios del Instituto Nacional de Migración sancionados por estar involucrados en actos ilícitos. Tan solo en 2011 fueron sancionados por tal motivo más de 230 funcionarios del Instituto Nacional de Migración y en un estudio más pormenorizado se puede observar que en seis años se han detectado 883 funcionarios sancionados por abuso de autoridad y por estar involucrados en actividades ilícitas, quienes han sido inhabilitados, suspendidos, destituidos, sancionados económicamente o amonestados, sin embargo éstas son las cifras oficiales.

Estamos completamente seguros que es un número muchísimo mayor el de los funcionarios que desafortunadamente están involucrados en actos ilícitos en contra de las y los migrantes.

El director jurídico del Instituto Nacional de Migración reconoció que el personal de la institución se ha involucrado con redes de tráfico de personas y colaboran con el crimen organizado, por lo que se ha despedido a cerca de 500 servidores públicos que no pasaron los controles de confianza.

Esta situación prácticamente ha transformado al Instituto Nacional de Migración en un verdadero negocio que se mantiene en la impunidad. Para México la seguridad y la protección de las y los migrantes es un problema real no resuelto por las autoridades, a pesar de los diferentes esfuerzos realizados por distintos sectores y organizaciones, ya que en muchos de los casos son las mismas autoridades de todos los niveles quienes nos revelan la gran cantidad de abusos en contra de las y los migrantes, lo que provoca una verdadera crisis humanitaria que convierte a los migrantes desafortunadamente en los nuevos esclavos de esta siglo.

Los migrantes son víctimas de una multiplicidad de delitos no sólo por parte del crimen organizado —como ya lo hemos comentado— sino también por los propios elementos del Instituto Nacional de Migración, de policías de cualquier orden de gobierno e inclusive de miembros de la Fuerza Armada y el Ejército. Lo que genera un proceso de degradación y falta de legitimidad en las instituciones, las cuales faltan a su deber de cumplir con el objetivo para el que fueron creadas.

Esta corrupción ha sido histórica y práctica común que impide llegar a las y los migrantes a su destino, de por sí adverso.

Por todo lo anterior, resulta necesario apoyar este dictamen que se presenta para garantizar que aquellos migrantes que no sepan leer ni escribir conozcan plenamente los derechos que les asiste como migrantes en nuestro país, y por supuesto que las mujeres migrantes puedan tener atención médica de calidad, prestada también por mujeres y evitar con ello esta serie de violaciones a sus derechos humanos.

Recordemos que  la Ley de Migración, en su artículo 2, privilegia pone por encima de cualquier otra situación los derechos humanos de las y los migrantes. Con este dictamen abonamos en mucho, y en gran medida y de una manera muy importante, a que esos derechos puedan ser conocidos y, una vez conocidos, puedan ser ejercidos. En ese sentido, el voto del Partido de la Revolución Democrática será a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado don Raúl Gómez Ramírez.

El diputado Raúl Gómez Ramírez:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Adelante.

El diputado Raúl Gómez Ramírez: Señoras y señores legisladores, el día de hoy nos ocupa un tema que no hace otra cosa que salvaguardar los derechos humanos de la comunidad migrante atendiendo a su condición de alta vulnerabilidad.

Este esfuerzo se traduce en que si un migrante ingresado a una estación migratoria no supiera leer ni escribir se le proporcionará la información verbalmente. Asimismo para que las personas, el personal médico y de seguridad de las áreas de esta instancia para mujeres de las estaciones migratorias, sea de sexo femenino.

No debemos dejar de lado el hecho de que existen carencias importantes en este sentido, que nos obliga como Estado comprometido en la salvaguarda de los derechos humanos, a ejercer acciones contundentes que ofrezcan una asistencia de calidad para todas aquellas personas que han recurrido a la migración como forma parte de la mejora de la calidad de vida de sus familias.

Como bien lo establece el dictamen, la población migrante generalmente está constituida por personas en condiciones de alta vulnerabilidad que se acentúan cuando se trata de mujeres y menores de edad, que los hacen víctimas fáciles de grupos de la delincuencia organizada y de abuso de algunas autoridades que violan sus derechos humanos y garantías constitucionales, más aún cuando las personas tienen condiciones de analfabetismo.

La población migrante, sobre todo cuando se trata de mujeres y niños, enfrenta una situación de riesgo considerablemente mayor a ser potenciales víctimas de la delincuencia organizada por medio de tráfico humano con fines de explotación sexual y en ocasiones por parte de las autoridades migratorias que no ejercen a cabalidad el principio de la legalidad de su acción, situación que se agrava de manera preocupante cuando el migrante se encuentra en situación de analfabetismo.

Señoras y señores legisladores, como lo hemos expresado en oportunidades anteriores, la migración ha sido hace mucho tiempo la manifestación de la voluntad del ser humano por tener una mejor condición de vida y superar la adversidad. Por lo tanto nuestro esfuerzo no debe de ser nunca menor, ya que ha de ser el de una nación que ha adquirido un compromiso internacional para la salvaguarda de los derechos humanos, en donde se promueve el principio de la legalidad y equidad como piedra angular del Estado de derecho.

Las oportunidades para una asistencia efectiva deben ser garantizadas a todos por igual. Los migrantes —como lo he dicho en infinidad de ocasiones— no son delincuentes, son personas que han buscado siempre la mejor condición de vida para sus familias, enfrentando graves peligros y dejando en muchas ocasiones a sus familias a la deriva. Por lo tanto, compañeras y compañeros legisladores, Acción Nacional será el partido que siempre luchará por los derechos de las y los migrantes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Raúl Gómez Ramírez. Finalmente, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la diputada Petra Barrera Barrera.

La diputada Petra Barrera Barrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las prácticas llevadas a cabo durante los últimos años en las delegaciones e instancias migratorias del país han ocasionado que no pocas ocasiones se vean vulnerados los derechos de los y las migrantes que se ven precisados a permanecer en tales estaciones.

Para nadie es un secreto que las personas día a día cruzan nuestras fronteras en busca de una mejor vida sufren de diversas violaciones a sus derechos. Lo cual se debe, entre otras causas, a que buena parte de estas personas no cuentan con estudios, lo que es resultado del desconocimiento de sus derechos.

Este hecho motiva que los migrantes, al no saber leer ni escribir, se conviertan en víctimas debido a que desconocen los alcances de la documentación que se les presenta cuando se encuentran en las delegaciones e instancias de migración.

No sólo estos acontecimientos son los que vulneran sus derechos, ya que —cuando hablamos de mujeres y niñas— nos encontramos con que la seguridad y bienestar de este sector se ve vulnerado a raíz de la forma en que se llevan a cabo las labores de vigilancia por parte de las autoridades. Es decir, por el hecho concreto de que las mujeres sean vigiladas o sean atendidas por médicos masculinos, lo que ha generado diversos grados de abusos.

Lo anterior cobra relevancia si tomamos en consideración que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el 20 por ciento de las personas que cruzan nuestras fronteras son mujeres.

No podemos permitir que en nuestro país ocurran desvíos de poder en demérito de las prerrogativas, de los derechos de las y los migrantes. No podemos permitir que estos abusos se den por parte de los servidores públicos encargados de la protección y vigilancia a estos derechos.

Las reformas a la Ley de Migración que hoy tenemos a nuestra consideración son adecuadas, y por ello es que votaremos a favor. Esto debido a que se encuentran orientadas a buscar que se respeten los derechos de las migrantes en estaciones migratorias e instancias provisionales que existen en México.

Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que —como lo han acertado los proponentes de la iniciativa— es tiempo de proteger los derechos de las migrantes que día a día cruzan nuestras fronteras, tal y como nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en otras latitudes del planeta. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, diputada Barrera. Agotada la lista de oradores, en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para ser discutido en lo particular, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 441 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 441 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 110 de la Ley General de Migración. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS - LEY GENERAL DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.*

* El dictamen mencionado se encuentra en la página 126 de esta edición.

Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Lourdes Adriana López Moreno, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral primero, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Transporte presentamos el proyecto de decreto con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con fecha 17 de febrero de 2011, los senadores Arturo Escobar y Vega, coordinador ahora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, y el senador Francisco Agundis Árias, presentaron este proyecto que me parece fundamental para controlar afectaciones en diversos sitios por la contaminación constante que general el uso de neumáticos.

Los últimos años el aumento de la población ha generado un incremento exponencial en el consumo de neumáticos, en consecuencia la generación de estos residuos crece en la misma proporción.

Este creciente número de neumáticos usados generan una serie de residuos que ponen en alto riesgo diversos puntos de recolección, que a veces son aprovechados como vertederos, algunos medianamente acondicionados para tal objeto, como basureros y lamentablemente rellenos sanitarios. Y otros, lamentablemente sin control, como espacios públicos, solares desocupados, predios abandonados, costados de carreteras, arroyos, lagunas, riberas de ríos, presas, canales hidráulicos, playas, etcétera.

Es importante señalar que por su diseño y composición de materiales duraderos, los neumáticos están pensados para soportar condiciones mecánicas y meteorológicas extremas, por ende son altamente resistentes al ozono y a las bacterias. Este hecho los hace indestructibles a mediano y largo plazo.

Además, representan focos de infección que favorecen la reproducción de insectos, roedores y fauna nociva. Recordemos que con las afectaciones por lluvias generan también altas problemáticas para generar condiciones para la desmedida presencia de mosquitos que llegan a ser transmisores del dengue.

Es importante señalar que estos neumáticos acumulados en distintos lugares generan también una acumulación de gases, lo que puede afectar por consecuencias fortuitas, derivadas de acciones premeditadas o accidentales, por combustión de neumáticos sin control, emitiéndose con ello grandes cantidades de hollín que son dispersas en la atmósfera.

Consideramos que la estrategia que debe encaminarse en nuestro país debe tender a generar un programa gubernamental, políticas concretas para resolver este grave problema.

Lejos de distraer diversos recursos públicos de otros programas prioritarios que son utilizados para recolectar, transportar o almacenar de forma regular estos residuos, deberán ser encaminados para el reciclado de caucho, proveniente de neumáticos fuera de uso y con ello integrar y fortalecer un ciclo en la economía formal que permita fomentar el consumo cotidiano de los productos derivados de caucho reciclado, en diversas áreas que se encuentran en la espera de un impulso real de esta manufactura.

Considero importante señalar que de acuerdo con cifras emitidas en febrero de 2013 por la Cámara Nacional de la Industria Hulera, en México en el año 2012 la producción y consumo aproximado de neumáticos fue de 25 millones 700 mil, y la importación de neumáticos nuevos fue de 14 millones 900 mil.

Además la importación autorizada por la Secretaría de Economía en neumáticos usados fue de un millón 100 mil. Se estima que entran al país por vía ilegal 3 millones de neumáticos, menos las exportaciones por 11 millones, lo que nos arroja un consumo anual promedio de 33 millones 700 mil neumáticos.

Esto nos da una idea de la cantidad de neumáticos que están afectando al medio ambiente en nuestro país, de ahí que proponemos establecer disposiciones normativas que fortalezcan la gestión integral de los residuos de manejo especial, en particular de los neumáticos, con el propósito de que se puedan fincar responsabilidades a los fabricantes importadores y distribuidores de cualquier tipo de neumáticos nuevos, renovados y usados, por incumplir con la formulación y ejecución de planes integrales de manejo de dichos residuos, bajo los principios de valoración y responsabilidad compartida, esto dentro de la Ley General de Residuos.

Pero también hacemos una modificación adicionando un artículo 6 a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer que en las concesiones que se otorguen para construir, operar, explotar, conservar y mantener caminos y puentes federales se pueda solicitar en sus características de construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados.

Con estas reformas a la Ley General de Residuos y a la Ley de Autotransporte buscamos que por un lado tengamos un programa de manejo integral para el uso de los neumáticos en desecho, y por otro lado damos una salida a través del reciclaje de estos importantes residuos que generan una problemática de contaminación muy grave en nuestro país.

Sabemos que contaremos con el respaldo de todos los grupos parlamentarios en esta importante causa a favor del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Está ahora a discusión en lo general. Se concede, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza a la diputada Cristina Olvera Barrios.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Transportes, contiene disposiciones normativas que fortalecen la gestión integral de los residuos de manejo especial, en particular la de los neumáticos.

Asimismo, se establece que se pueden fincar responsabilidades a los fabricantes, importadores y distribuidores de cualquier tipo de neumáticos, nuevos, renovados, usados por no observar e incumplir la ejecución de los planes integrales del manejo de estos residuos bajo los principios de valoración y responsabilidad compartida.

Vale la pena señalar que en los últimos años el aumento progresivo de la población ha generado un incremento en el consumo de neumáticos a través de acceso de transporte, ya sea particular o público. Y como consecuencia, la generación de esta clase de residuos denominados llantas.

Lo anterior ha propiciado un creciente desecho de neumáticos usados que representa un gran riesgo para los puntos de recolección entre los propios basureros, espacios públicos, predios abandonados, costados de las carreteras, arroyos, lagunas, ríos, presas, canales hidráulicos y playas, entre otros.

No olvidemos que para la composición de los neumáticos se emplean materiales duraderos, preparados para soportar condiciones metálicas y meteorológicas extremas. Por ende, son altamente resistentes al ozono, situación que los hace indestructibles a mediano y a largo plazo, propiciando ser focos de infección.

También generan la acumulación de gases en los basureros, lo que tiene un gran impacto negativo en la ecología y en el medio ambiente, debido a la combustión de los neumáticos sin control, emitiendo grandes cantidades de hollín que son dispuestas en la atmósfera.

Consideramos que la estrategia debe permitir implementar un programa gubernamental y político concentrado en resolver este grave problema y que fomente el consumo cotidiano de productos derivados de cauchos, reciclando en la vida diaria como impulso real de esta manufactura.

En Nueva Alianza, comprometidos con un ambiente sostenible, pugnamos por la aprobación del presente dictamen y lograr un mejor impacto en el medio ambiente. Por lo anterior, compañeros diputados, los exhortamos a dar su voto a favor. Es cuanto, señor presidente y muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, doña Cristina Olvera Barrios. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Soto Martínez.

El diputado José Soto Martínez: Amigos diputados, compañeras diputadas, vengo a fijar la posición de mi Grupo Parlamentario, de Movimiento Ciudadano. Dentro de los muchos contaminantes que tenemos en nuestro país, uno de los que más nos afectan son las llantas usadas, ya que su rehúso y reciclaje, así como su manejo y disposición eficiente, se hace muy difícil por su composición y difícil degradación.

La fabricación masiva de neumáticos y la dificultad para hacerlos desaparecer, una vez usados, constituyen uno de los más graves problemas medioambientales de los últimos años en todo el mundo. Un neumático necesita grandes cantidades de energía para ser fabricado, se requiere medio barril de petróleo crudo para fabricar una llanta de camión, lo cual provoca contaminación ambiental cuando no es reciclado.

La complejidad de la forma y de las funciones que cada parte del neumático tiene que cumplir se traducen también en la diversidad de los materiales que lo conforman, el principal componente es el caucho, casi la mitad de su peso.

Tan sólo en el Distrito Federal se puede decir que de los 5.7 millones de llantas generadas, correspondientes al 100 por ciento, se recolecta solamente el 19.4 y se disponen el 5.22 por ciento, lo que supone que 4 millones 355 mil llantas usadas, el 75.74 por ciento, se encuentran dispuestas inadecuadamente o tienen un tratamiento inadecuado, como la quema incontrolada.

Las montañas de neumáticos apilados forman arrecifes donde la proliferación de roedores, insectos y otros animales dañinos constituyen un grave peligro para la humanidad, como la infinidad de variedad de mosquitos que con su picadura causan graves enfermedades a los humanos.

Existen métodos para reciclar estos productos, pero faltan políticas que favorezcan el acopio y la implantación de industrias dedicadas a la tarea de recuperar y eliminar la forma limpia, los componentes peligrosos de las gomas, de los vehículos y de la maquinaria.

Sería importante que se compartiera la responsabilidad de este grave problema con los importadores y distribuidores de llantas usadas para el manejo de las mismas. Si bien el caucho vulcanizado de una llanta por sí solo no es tóxico, la perspectiva cambia si consideramos que en México se desechan 40 millones de llantas al año. Es decir, 40 millones de estructuras, cada una de 24 mil centímetros cúbicos en promedio, lo que representa en total más de 960 mil metros cúbicos. Es como un enorme cubo de casi un kilómetro de altura de desperdicios no biodegradables que no se pueden reciclar de nuevo a su forma original, que son de difícil manipulación y de gran impacto en el paisaje.

Como consecuencia, en México solo el 2 por ciento de llantas se recicla y el 91 por ciento terminan en tiraderos clandestinos, que de 37.5 millones de toneladas de basura que se genera al año en el país, 60 por ciento llega a rellenos sanitarios, mientras el resto se va a tiraderos a cielo abierto, donde se queman y causan un grave problema al medio ambiente.

El diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales identifica que no todos los municipios han reglamentado el manejo de residuos y la mayoría de éstos se limita a regular la prestación de servicios de limpia.

El dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado hoy, nuestro grupo parlamentario lo votará a favor. Es muy grave. Los felicito, porque la quema de llantas está en todo nuestro país, cuando en otros países ya eso ya no existe, porque han hecho lo que se debe hacer para cuidar el ambiente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, a usted, diputado José Soto Martínez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ramón Sampayo Ortiz.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz:Con su permiso, señor presidente. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se pronuncia a favor por las siguientes razones. El desecho de neumáticos representa un severo problema de contaminación en el mundo. Se estima que cada año a nivel nacional se generan alrededor de un billón de llantas y que al término de su vida útil estarán contaminando nuestro medio ambiente.

En México se recicla menos del uno por ciento de los residuos sólidos que se generan. Tan solo en la Ciudad de México se generan 12 mil toneladas diarias de residuos sólidos. La disposición inadecuada de las llantas de desecho ha originado un deterioro ambiental y social de especial relevancia debido a las características propias de este tipo de residuos y por su lenta degradación.

En los tiraderos donde se almacenan los neumáticos se crean ambientes propicios para la proliferación de plagas que representan fuentes de enfermedades para los ciudadanos que se exponen a estos lugares. Desafortunadamente en algunos lugares las personas se aprovechan de los basureros y minibasureros de llantas para quemarlas y obtener el alambre que posteriormente venden, sin saber el grave daño que generan a los ecosistemas.

El desconocimiento y la negligencia de su manejo ocasionan que las llantas de desecho sean arrojadas a la vía pública, a los arroyos, lo que incrementa los niveles de contaminación y de su alto contenido tóxico.

Hoy en día las comunidades se enfrentan de manera permanente al problema de la quema a cielo abierto de los neumáticos usados, por lo que la población ha quedado expuesta a las emisiones de humos y tóxicos que afectan la salud de los habitantes.

Es importante señalar que los procesos de combustión de llantas no controlados producen hidrocarburos policíclicos aromáticos, bióxido de nitrógeno y bióxido de azufre, así como monóxido de carbono y partículas suspendidas, siendo estos contaminantes dañinos para el ser humano.

El dictamen que se encuentra en discusión pretende regular e incluir a los neumáticos usados como un residuo de manejo especial. Prohibir la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, así como en cuerpos de agua y cavidades subterráneas.

Establecer como obligación de los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores el hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y garantizar su recolección de acuerdo con la norma oficial mexicana y sus planes de manejo, así como establecer que las concesiones que se otorguen para la construcción, conservación y manutención de los caminos y puentes federales podría incluir, dentro de sus características de construcción, el empleo de caucho reciclado proveniente de neumáticos usados.

También cabe agregar que uno de los lugares donde más se asienta el problema de llantas usadas, sin duda alguna, es la frontera norte de nuestro país, por la importación clandestina en muchos de los casos de llantas usadas.

El Partido Acción Nacional votará a favor el presente dictamen toda vez que es necesario regular el manejo de los neumáticos usados y al mismo tiempo crear una cultura ambiental, a fin de abatir el problema que representan en nuestra sociedad. Es cuanto, señor presidente, y por su atención muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, don Ramón Sampayo Ortiz. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Mario Carrillo Huerta, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, estamos tratando hoy un tema que tiene que ver con los efectos tan negativos que causa la contaminación ambiental, en este caso por los neumáticos que se desperdician y se vierten en tiraderos que no están controlados.

No vengo a parafrasear lo que ya de manera correcta, completa y tan clara expresaron aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra y sobre todo la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que fue quien leyó el dictamen, pero sí me gustaría comentarles algunas de las reflexiones sobre las cuales se basa la decisión del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para votar a favor de este dictamen.

Y la reflexión fundamental que quiero hacer aquí es que, como todos sabemos, la preocupación por la contaminación ambiental, igual que por la explotación inmoderada de recursos naturales tanto renovables como no renovables, aunque es reciente esta preocupación, quiero decirles que esta preocupación es real.

En algunos casos se ha tomado este tema como un tema de moda pero finalmente nos afecta a todos. Y la solución de los problemas, aunque nosotros pensemos que tiene que ver con la acción exclusiva del Estado para resolver las cosas, es un asunto meramente cultural.

La preocupación por el cuidado del medio ambiente nació desde mediados del siglo pasado. Empezó a aparecer en la literatura y no fue sino hasta finales del siglo pasado cuando en México se tuvo la sensación de que había que actuar en consecuencia.

Fíjense que recientemente hemos visto que en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se han visto una serie de problemas y se han analizado, se han tratado y se han dictaminado a una tasa muy fuerte de producción.

¿Por qué? Porque no había habido antes de esta Legislatura una decisión franca, decidida, de empezar a resolver los problemas que ahorita no son tan fuertes, pero que en el futuro seguramente lo serán.

En el caso de la contaminación ambiental, sabemos que es causada simplemente por la incongruencia que tenemos entre nuestro actuar, nuestra descuidada forma de consumir y verter desperdicios, que siempre son mayores que la capacidad que tienen los ecosistemas para aprovechar y para sustituir lo que se requiere.

Esto no es solamente dependiente del crecimiento de la población y mucho tiene que ver también con las costumbres que tenemos y sobre todo también con el desarrollo económico, que trae consigo un desarrollo industrial que muchas veces resuelve bastante la problemática de la asignación de recursos, pero que si no se hace con cuidado causa este tipo de problemas.

Lo que quiero decir sobre la reflexión del Partido de la Revolución Democrática es que, para resolver estos problemas que ya identificamos como importantes se requiere la acción decidida del gobierno y de la sociedad en general. Pero si el gobierno no actúa para sancionar a quienes no cumplen con la norma es una letra muerta.

En el caso de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se está contribuyendo para hacer obligatorias las cosas que tenemos que hacer y que ya reconocimos que son importantes.

Me da gusto poder participar en este posicionamiento porque estamos de acuerdo en que si trabajamos como lo hemos hecho hasta la fecha, todos de manera conjunta con criterios de unificación en cuestiones que tienen que ver con la sociedad a partir del cuidado del medio ambiente, el PRD siempre va a estar a favor y siempre vamos a estar trabajando.

Enhorabuena a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ciertamente cuentan con nosotros y sí pedimos que todos y todas las compañeras diputadas y diputados vean la importancia de aprobar este dictamen para que continúe el esfuerzo de la LXII Legislatura en pro de un ambiente que nos sirva a todos. Muchas gracias. Gracias, presidente por su tolerancia.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Carrillo Huerta. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Concepción Navarrete Vital para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Concepción Navarrete Vital:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, en la presente administración se han efectuado cambios en la política ambiental en relación con el manejo de los residuos sólidos, de tal modo que de una simple recolección se dirige hacia una gestión integral que representa la única solución a la compleja problemática que en esta materia enfrenta nuestro país.

En este sentido, desde esa tribuna hemos emprendido una serie de acciones legislativas dirigidas hacia la gestión integral de los residuos sólidos.

En los últimos años el aumento de la población ha generado un incremento exponencial en el consumo de neumáticos y en consecuencia la generación de estos residuos crece de manera proporcional.

El propio diseño y la composición de las llantas hechas de materiales duraderos, pensados para soportar condiciones mecánicas y meteorológicas extremas, por ende son altamente tendientes a resistir al ozono y las bacterias, lo que los constituye en un elemento altamente contaminante por ser virtualmente indestructible a mediano y largo plazo. Además de ser focos infecciosos que favorecen la reproducción de fauna nociva, propiciando la acumulación de gases en los basureros, pudiendo afectar la calidad del aire sensiblemente por su quema.

El aumento del número de llantas usadas y desechadas sin control representan tanto un alto riesgo tanto para la salud como para el ambiente en diversos puntos de recolección, que a su vez son aprovechados como tiraderos que pudieran ser, entre otros, los propios basureros.

Sin embargo, se llega a emplear como tales a los espacios públicos, a los jardines desocupados, a predios abandonados, costados de las carreteras, arroyos, lagunas, ríos, presas, canales hidráulicos, playas, etcétera. Esta situación debe acabarse ya.

En el Partido Revolucionario Institucional saludamos a todas las propuestas que tienden a un manejo de residuos más amigable para el medio ambiente, y por ende con la ciudadanía en general, en el marco normativo al fortalecimiento de la gestión integral de los residuos de manejo especial. En particular la de los neumáticos se encamina en el sentido propuesto.

Establecer las prohibiciones y las obligaciones relacionadas con la generación, el manejo y la disposición final de los residuos, pretendiendo reducir el volumen de neumáticos usados que son dispuestos en rellenos sanitarios, en lotes baldíos, en cuerpos de agua y otros comúnmente utilizados como vertederos de este tipo de residuos, ya que se pretende fomentar su gestión, valorizándolos como materias primas para otros fines mediante su reciclado, es una tarea ineludible de esta legislatura.

En este mismo sentido, establecer que las concesiones que se otorguen para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán prever en sus características de construcción que se emplee el caucho reciclado provenientemente de los neumáticos usados es un avance más que favorable en esta materia.

Tenemos que gestionar recursos y generar una conciencia generalizada sobre la reutilización y el reciclado de materiales, más aún cuando su inadecuada disposición genera un impacto ecológico considerable, como es el caso de los neumáticos.

Por lo expuesto, es necesario generar las condiciones de coordinación entre las autoridades federales y municipales para estar en condiciones de impulsar y multiplicar tanto la industria neumática como la del reciclaje y reutilización de sus productos, beneficiando al sector público y laboral a través de la generación de nuevos empleos y de nuevas industrias, como la venta de materias primas y la generación de energía eléctrica, frenando así la problemática ambiental que el día de hoy representan los residuos neumáticos, logrando a la par beneficios económicos.

Yo creo que todos lo estamos viviendo en nuestros estados, la quema de llantas se hace indiscriminadamente. Tenemos pueblos totalmente contaminados porque en sus hornos, principalmente de tabique, lo incentivan con la quema de estos productos. Vamos ya por un mejor ambiente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted. Agotada la lista de oradores se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.

En virtud que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para ser discutido en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 449 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 449 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se devuelve al Senado para los efectos del apartado E del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Daremos ahora trámite a dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría dar lectura únicamente a los resolutivos de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

CONSEJO EDITORIAL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa al presidente del Consejo Editorial para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en atención al resolutivo cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Consejo Editorial, y el respectivo de su propia integración, se adopta el siguiente

Acuerdo

Primero. En términos del acuerdo de creación del Consejo Editorial y su propia integración, se determina que el diputado Tomás Brito Lara presida el órgano referido para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Segundo. Se instruye para que se realice el cambio correspondiente y los trámites administrativos pertinentes.

Tercero. Comuníquese para los efectos conducentes al pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el recinto Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señora secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los acuerdos. Comuníquense.

COMITE DE ADMINISTRACION

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa al presidente del Comité de Administración para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en atención al resolutivo cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Comité de Administración, y el respectivo de su propia integración, se adopta el siguiente

Acuerdo

Primero. En términos del acuerdo de creación del Comité de Administración y su propia integración, se determina que el diputado Guillermo Sánchez Torres presida el órgano referido para el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Segundo. Se instruye para que se realice el cambio correspondiente y los trámites administrativos pertinentes.

Tercero. Comuníquese para los efectos conducentes al pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el recinto Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señora secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los acuerdos. Comuníquense.

Presidencia de la diputada Maricela Velázquez Sánchez

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: En el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.*

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Gracias. Esto además de ser un mecanismo para ver si así se les pone atención a los oradores, también es una muestra de lo que trata nuestra siguiente reforma, que es justamente una modificación al párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Las grandes urbes del mundo se encuentran inevitablemente expuestas a tener problemas de contaminación en diversas modalidades, lo que hizo necesario que se promulgaran leyes encaminadas a sancionar la contaminación del ambiente.

El ruido es un fenómeno contaminante y lo definen como un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados, molestos e intempestivos que producen efectos perjudiciales a la integridad física y psíquica del habitante urbano, con probabilidad de deterioro en su salud.

El libro Verde, de la Organización Mundial de la Salud, señala que el ruido urbano representa pérdidas económicas y es causa de trastornos psicológicos y sociales. Ante los efectos nocivos que el ruido provoca en la salud humana, varios países... ¿Ya quedó? ¿Ahora sí? Lo que me da gusto es que ahora sí están poniendo atención, compañeros legisladores.

Ante los efectos nocivos que el ruido provoca en la salud humana, varios países han legislado en materia de ruido urbano y con ello han adoptado políticas encaminadas a monitorear y predecir la evolución del ruido urbano a través...

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Permítame, diputada. Se les suplica a todos los compañeros, diputadas y diputados,  guardemos respeto. Gracias.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: ¿Con qué objeto, diputado Monreal?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Una moción de orden, presidenta. Resulta que no se escucha para acá. En esta ala, después de los golpes propinados se alteraron, no se escucha. Ojalá y que el servicio técnico nos pueda ayudar para que se escuche lo que la diputada está hablando y está exponiendo, porque nosotros estamos atendiéndola con respeto, pero hasta acá no se escucha lo que está diciendo.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado. Se solicita a la cabina de sonido haga los ajustes técnicos necesarios, por favor.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Muy bien. Continuamos entonces. Y por cierto, se escucharía mejor si muchos de ustedes guardaran silencio.

Esta comisión dictaminadora coincide en que la contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de zonas metropolitanas del mundo como un factor medioambiental muy importante, que incide de forma principal en su calidad de vida; y cuya solución implica grandes retos no solo por la magnitud poblacional y la extensión territorial que abarca sino por la complejidad que se da en estos espacios, en ámbitos que van desde la planificación de los vastos territorios que ocupa hasta la creación de instancias administrativas e institucionales que permitan actuar coordinadamente en las distintas instancias de gobierno, pasando por la provisión de legislación correspondiente.

En ese sentido, la modificación al párrafo tercero del artículo 156 de la LGPA propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca los mecanismos de coordinación pertinentes con los gobiernos estatales, el Distrito Federal y con los gobiernos municipales para establecer mecanismos de prevención de la contaminación auditiva. Implementándose esto desde luego a todos los tipos de fuentes de contaminación auditiva que existen tanto de fuentes fijas como de fuentes móviles. Esto va desde las actividades industriales, los vehículos automotores y todos los ruidos que seguramente ustedes, al escuchar en las calles los ven ya como parte de algo cotidiano.

La comisión propone que la Semarnat establezca estos mecanismos de coordinación antes descritos, con el objeto de brindar una herramienta de conformidad que permita a los mexicanos el goce de un ambiente sano, fuera de toda contaminación.

Es importante destacar que la contaminación auditiva es un problema que vivimos todos, principalmente quienes viven en las zonas más habitadas de nuestro país y de ahí la importancia de que todos podamos formar parte de establecer medidas de solución. Y particularmente esta iniciativa –insisto– busca que la Semarnat permita establecer medidas de control y de prevención a este grave problema que tenemos en todo el país. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias a usted, diputada. Les informo que esta Presidencia está haciendo los ajustes técnicos necesarios del sonido.

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Adelante, señor diputado Fernando Rodríguez.

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Sí, gracias, presidenta. Fíjese que acá de este lado tenemos el problema contrario al que señalaba el diputado Monreal, acá se escucha bastante más alto que de costumbre, incluso hay eco en la parte de acá, entonces si lo pueden tomar en consideración.

Creo que la diputada que presentó la iniciativa pues logró su objetivo de contaminar auditivamente a esta Cámara, entonces ojalá que se pueda hacer el ajuste necesario. Gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias. En vista de que necesitamos un ajuste técnico del sonido decretamos un receso durante cinco minutos. Vamos a continuar la sesión, si me lo permiten. Para fijar posicionamiento, como Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada Cristina Olvera hasta por cinco minutos.

La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con esta propuesta entendemos que el ruido es un fenómeno contaminante por ser un conjunto de sonidos mezclados y desordenados que resultan molestos, pues producen efectos perjudiciales en la salud de los ciudadanos de cualquier país y que se generan en la urbe cotidiana. En ese sentido coincidimos en los efectos nocivos que el ruido provoca a la salud.

Existen países que han legislado en esta materia, adoptando políticas encaminadas a acciones de mitigación sobre el ruido. El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza coincide en reconocer y pugnar por el respeto a los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos en la protección de la salud y de gozar de un ambiente saludable.

Consideramos una prioridad la oportunidad de establecer métodos que permitan aminorar los daños y perjuicios que ocasiona el ruido en la salud de todos los mexicanos y de toda la nación.

Los invitamos, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a apoyar con su voto la aprobación de este dictamen. Ello permitirá un mejor control de la contaminación acústica ocasionada por el ruido desmedido generado por las actitudes cotidianas. Ésta es nuestra oportunidad de contar con una mejor legislación en la materia.

México, con respecto a este tipo de contaminación, podrá establecer a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, la información relacionada con la contaminación por ruido, vibración, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

Asimismo se podrán formular los programas a fin de prevenir y controlar los tipos de contaminación acústica ocasionada por el ruido y contar con una herramienta en legislación que permita que todos los mexicanos gocen de un ambiente sano y saludable.

Nueva Alianza los invita y les pide el apoyo para que se reforme el párrafo del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, compañeros. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada. Tiene la palabra, del Partido del Trabajo, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que analizamos propone realizar modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal.

Se busca incorporar disposiciones para que se generen las condiciones necesarias para que exista un mejor manejo de los neumáticos, en particular de los que están fuera de uso. Es de todos conocidos que un mal manejo en este tipo de productos genera severos daños al ambiente.

En concreto, como lo señala con toda claridad el dictamen, se pretende reducir el volumen de neumáticos usados que son dispuestos en rellenos sanitarios, lotes baldíos, cuerpos de agua y otros sitios comúnmente utilizados como vertederos de este tipo de residuos, ya que se pretende fomentar su gestión valorizándolos como materias primas para otros fines mediante su reciclado.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada, estamos en el tema, en el proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, sobre el ruido. ¿Está fundamentando ese tema, diputada?

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Una disculpa.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputado Monreal? Sonido a la curul del diputado Monreal, por favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidenta, una moción de procedimiento. Lo que sucede es porque el sonido aquí está alterado. Es decir, no se escucha lo que se está hablando ni las resoluciones. Por esa razón la diputada no escuchó. Yo diría que demos un receso de cinco minutos para que arreglen el sonido porque no se escucha, diputada. Está alterado, está distorsionado y por esa razón todos estamos confundidos de lo que se esté leyendo.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Si ustedes nos lo permiten, diputados, diputadas, estamos claros de la dificultad técnica del sonido. Parece que hubo un problema con el principal, pero lo están revisando. Mientras tanto hay que seguir desahogando el orden del día, nada más un poquito de su atención para ir desahogándolo conforme a lo que está previsto.

Estamos en el dictamen del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico. Si nos lo permite el Partido del Trabajo, podríamos entonces darle el turno al diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; y posteriormente a ustedes para que puedan retomar su posicionamiento. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señora presidenta. En nuestro país, desde el año de 1950 la población ha mostrado un incremento sostenido, llegando así en el año 2005 a una población de 103 millones de habitantes con 50 millones de hombres y 53 millones de mujeres, convirtiendo a nuestro país en uno de los más poblados del mundo.

De acuerdo con el último Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, en el año 2010 la población mexicana era de 112 millones 336 mil 538 habitantes y, según el Consejo Nacional de Población, Conapo, en los primeros seis meses del presente año se han registrado 2 millones 245 mil 228 nacimientos y 672 mil 978 defunciones.

Con los datos anteriores podemos comprobar que México tiene un gran problema de sobrepoblación en algunas zonas del país. Hoy en día muchos mexicanos padecen los terribles efectos de esta incontrolable situación como son la falta de empleo, la inseguridad, la vivienda escasa y encarecida, lo poco accesibles y prácticos que son los transportes, la educación con un alto costo, la falta de oportunidades para los ciudadanos, la contaminación y el exceso de tráfico, entre otros.

Uno de los problemas más severos que trae consigo la desmedida sobrepoblación que existe en nuestro país, y afecta a sus habitantes, es la contaminación, ya que altera la salud de los mexicanos y sus ecosistemas.

México es el segundo país con mayor número de muertes por contaminación atmosférica de toda América Latina. Así lo reporta un estudio realizado por el Clean Earth Instituto, en el que se destaca que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México registra 15 mil decesos por año atribuibles a la contaminación del aire ambiental, siendo únicamente superado por Brasil que acumula 23 mil muertes. Argentina ocupa el tercer lugar con algo más de 10 mil decesos y, éstos, relacionados con la contaminación.

De acuerdo con los datos del Inventario Nacional de Emisiones, en 1999 los mexicanos emitíamos 40.5 millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera, de los cuales 58 por ciento fueron emitidos por fuentes naturales como el suelo, la vegetación y la actividad volcánica y el 42 por ciento por actividades humanas.

En nuestro país la generación de contaminantes atmosféricos es mayor en los estados de México, Veracruz, Jalisco y el Distrito Federal, con un promedio de entre 6.4 y 9.4 por ciento de las emisiones por actividades humanas, en contraste con Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit, Tlaxcala y Aguascalientes, que emitieron menos del 1 por ciento del total nacional. Y se calcula que cada mexicano emite un promedio de alrededor de 170 kilogramos de contaminantes atmosféricos al año, lo que equivale al peso de dos personas adultas.

Otro tipo de contaminación que sin duda afecta a la población debido al ritmo de vida actual de los mexicanos, que hace que vivan en un estrés constante por diversos factores, es la contaminación auditiva, definida como el exceso de sonido que altera las condiciones ambientales normales en una determinada zona, interfiriendo en actividades de la vida diaria de las personas, degradando así la calidad de vida de los habitantes.

El ruido de vehículos, trenes y aviones, pueden provocar insomnio, ataques al corazón, problemas de aprendizaje, estrés, presión alta, pérdida del oído y pérdida de productividad, alterando las distintas actividades e interfiriendo con la comunicación hablada, perturbando el sueño, el descanso, la relajación e impidiendo la concentración y el aprendizaje, creando estados de tensión y cansancio que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular.

No podemos dejar de lado el concepto de contaminación electromagnética ya que la podemos encontrar en cualquier lado sin tener mayor percepción de ésta, debido a que nos referimos a la presunta existencia de una exposición excesiva a las radiaciones de espectro electromagnético generadas por equipos electrónicos y otros elementos productos de la actividad humana.

Se emplea el término contaminación puesto que se sospecha que ciertos campos electromagnéticos podrían ser para las especies vivas un factor de perturbación, pudiendo afectar su salud o ámbitos reproductivos.

No obstante, vale la pena mencionar que a pesar de los esfuerzos realizados para solucionar la contaminación de nuestro país, los éxitos alcanzados son relativamente nulos debido a que las estrategias adoptadas por las autoridades correspondientes no son suficientes, ya que el constante cambio de las tecnologías, el crecimiento acelerado de la población, la generación de empresas como fábricas y otras industrias trae consecuencias económicas y sociales que hacen que el comportamiento de cualquier política se vuelva deficiente en la lucha contra la contaminación.

Por esta razón el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de facultar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coadyuvancia con los gobiernos estatales y autoridades locales, introduzcan políticas y programas de prevención para el control de la contaminación y así proteger la salud de sus habitantes y sus ecosistemas.

Estamos convencidos de que la problemática de la contaminación es de gran relevancia en nuestro país y debe ser un asunto prioritario para las autoridades. No es suficiente con adoptar medidas preventivas ni multas o sanciones, necesitamos regulación en este tema, la creación de leyes y reglamentos, instrumentos jurídicos que permitan regular y mejorar el actual estado que guarda nuestro país en el tema del medio ambiente. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Efectivamente, esta propuesta e iniciativa que presentó un servidor en conjunto con nuestro coordinador, el diputado Arturo Escobar, ha tenido un desarrollo muy importante, interesante en la propia comisión. A todos los integrantes de cada fracción parlamentaria que la integran les estamos agradecidos. Asimismo a la presidenta, que ha atendido las peticiones de todas las fuerzas políticas.

Si bien es cierto que estamos ante los grandes retos de las grandes reformas estructurales de nuestro país, que hemos iniciado en este período tan importante, también para nosotros es fundamental poder atender el día al día de las necesidades de nuestro país. Para nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido Verde, es muy importante trabajar, aportar y apoyar a favor del cuidado y el equilibrio del medio ambiente.

Hemos legislado aquí a favor del suelo, del agua, del aire, pero no habíamos legislado en lo que tiene que ver con la contaminación auditiva, o la contaminación acústica. Éste es uno de los principales problemas sobre todo en las zonas metropolitanas de nuestro país, en donde se concentra la mayor cantidad de población. Día con día se ha ido acrecentando la problemática –como lo han mencionado ya puntualmente mis antecesores– en lo que tiene que ver con un problema de salud pública.

Hay estudios actualizados para nuestro país, por organizaciones internacionales, en los que determinan que una de las causantes de problemas de salud tiene que ver con la contaminación acústica. Y no nada más es una cuestión que afecte la salud de los mexicanos.

Para nosotros es importante también cuidar todo lo que tiene que ver con el tejido social de las propias colonias, comunidades, municipios en donde se puede presentar una problemática de este tipo.

En algunos países ya se ha legislado a favor de poder contrarrestar todo lo que tiene que ver con esta contaminación, y con resultados favorables, con resultados de integración dentro de las propias comunidades, con las familias, con las colonias en donde existe esa reciprocidad que caracteriza a los mexicanos y nos diferencia de otros países, en donde muchas veces entre vecinos ni siquiera se dirigen la palabra.

Para nosotros es importante que esta convivencia y este tejido social sigan conservándose desde el punto de vista ambiental y sí lo podemos hacer hoy con esta legislación. Con esta reforma en la cual también un punto muy importante es que la Semarnat tome en cuenta programas que sean derivados de todo lo que tiene que ver con la contaminación. Lo que nosotros mismos hemos aprobado aquí, el año pasado, en las otras legislaturas, a programas que la Semarnat cada vez ha ido reduciendo más.

Es decir, hoy en los municipios y en los estados la mayor parte de la concentración del capital de la propia Secretaría se encamina a proyectos de empleo temporal, a proyectos ambientales que en los municipios muy pocas veces pueden acceder a ellos.

Esta reforma habla de plantear estos programas, estas campañas de prevención en coordinación con los estados y con los municipios, y que también será una tarea de nosotros, como legisladores, llevar esta información de lo que hoy se está legislando a favor de la contaminación acústica, es decir de eliminarla, para poderlo transmitir a los ayuntamientos, para poderlo transmitir a los estados y que puedan tener una mayor cantidad de proyectos y de carteras para poder presentar este año en lo que tiene que ver con los proyectos del Presupuesto 2014.

Con esto, compañeras y compañeros, vamos adecuando el marco jurídico, vamos avanzando no solamente en lo que tiene que ver con la contaminación del agua, del aire y de la tierra, sino también vamos a tomar en cuenta lo que podría ser un resultado favorable para nuestro país, la contaminación acústica. Es cuanto, señor presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Claudia Elena Águila Torres, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con su permiso, diputada presidente. Creo que el problema del sonido en lo técnico no es tan grave como el problema de sonido que tenemos con la romería que siempre hay aquí abajo, compañeros.

El sonido en los diferentes espacios de nuestras ciudades ha evolucionado en las últimas décadas hacia una situación a menudo insostenible. En general, ese fenómeno se puede atribuir al consumo acelerado de energía al que los modelos de crecimiento económico y social nos han impulsado, produciendo efectos perjudiciales en el medio ambiente y la salud de los seres humanos.

Por lo cual para la presente comisión dictaminadora, y el grupo parlamentario del PRD, respecto al proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se sostiene que es una necesidad el seguir adecuando leyes encaminadas a facultar a los organismos que competen para sancionar, regular y mitigar la contaminación por ruido al ambiente.

Como referencia, el Libro Verde la Organización Mundial de la Salud señala que el ruido urbano representa pérdidas económicas y es causa de trastornos psicológico-sociales. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. se reconoce el derecho que tienen las y los mexicanos a la protección de la salud y a un ambiente saludable.

De conformidad con el marco jurídico vigente, el ruido es un fenómeno que es competencia de la federación, los estados y municipios incluido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Es así que la contaminación acústica es considerada en las zonas metropolitanas del mundo como un factor medioambiental muy importante, que incide en forma principal en su calidad de vida, cuya solución implica grandes retos y debe ocuparse hasta de la creación de instancias administrativas e institucionales que permitan actuar coordinadamente en las distintas instancias de gobierno, pasando por la provisión de la legislación correspondiente.

Siendo que es competencia de los tres órdenes de gobierno, la federación se debe encargar de la regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, los estados se encargan de la prevención y control de la contaminación generada por la emisión de ruido proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como en su caso de fuentes móviles que no sean de competencia federal, y los municipios de la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido que en su caso resulten aplicables a las fuentes móviles, excepto las consideradas de jurisdicción federal.

Con esta reforma, el párrafo tercero del artículo 156 de la LGEEPA que dice en su texto: La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma. Derivada de esa información, la Secretaría, en coordinación con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios, formulará y aplicará programas y campañas a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía técnica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

Se logra que la Semarnat, en coordinación con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan formular y aplicar programas y campañas a fin de prevenir y controlar los tipos de contaminación antes descritas, con el objeto de brindar una herramienta, de conformidad con la legislación vigente, que les permita a los mexicanos el goce de un mejor ambiente que reduzca la contaminación, por lo cual el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla: Con el permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, para Acción Nacional el bien común es uno de sus pilares, es la base de nuestra doctrina. Es por ello que también en este caso estamos conscientes de que cuando hablamos de calidad de vida, la calidad de vida depende del entorno social y natural en el que vivimos. Nuestra salud y bienestar están íntimamente ligados a lo que comemos, al lugar donde vivimos, al tiempo que dedicamos al descanso, pero también a cómo regulamos las fuentes de estrés cotidianos.

Un aspecto que influye en la calidad de vida es la contaminación auditiva o acústica, ya que como se ha reconocido recientemente el ruido es un factor que puede alterar la salud de los seres humanos. Hace un momento todos los aquí presentes tuvimos un claro ejemplo de cómo el ruido afecta a los seres humanos.

La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el límite recomendable en el tema es de 55 decibeles, pero también es la misma organización la que contempla y la que analiza cómo la contaminación auditiva y el ruido pueden provocar la muerte.

Es por ello que es necesario que consideremos cómo este tipo de contaminación puede provocar diversas alteraciones, como pérdidas de la capacidad auditiva, cardiopatías, estrés prolongado, entre lo más frecuentes, pero sobre todo repercute en el rendimiento laboral, escolar y en las relaciones sociales.

En virtud de ello varios países han legislado al respecto, por ponerles un ejemplo la Unión Europea desde el 2002 obliga a todos sus países miembros a tomar ciertas medidas, por ejemplo en el tema de aeropuertos y han trabajado al respecto.

Nosotros, en este país contamos con algunas normas desde los 70, pero normas que no se han actualizado. Efectivamente, nuestra Constitución en el artículo 4o. establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, y en el artículo 73 faculta al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los niveles de gobierno en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico. Es decir, los facultados para atender estos temas somos nosotros, como legisladores, la Constitución nos lo establece.

Y contamos también, como ya se ha mencionado en las intervenciones previas, con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley, entre otras cosas, tiene como objeto establecer las bases para definir los principios de la política ambiental en este país, los instrumentos para su aplicación, pero también los instrumentos para la prevención y control de la contaminación de aire, agua y suelo.

Hace un rato se mencionó, esos son los tipos de contaminación que normalmente consideramos y escuchamos, pero pocas veces tomamos en cuenta que existen diversos tipos de contaminación. En la LGEEPA, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, existe un capítulo que habla sobre el ruido, en el artículo 155 y 156 se habla al respecto, pero actualmente el texto solamente habla de que se tendría que integrar la información, se tendrían que establecer métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma.

Ahora lo que estamos buscando es hacer una estrategia común de todos los niveles de gobierno, para verdaderamente plantear campañas que sensibilicen a la población, para que la legislación con la que contamos la podamos aplicar y hagamos un frente común para regular este tipo de contaminación.

No solamente estamos hablando de contaminación auditiva. Estamos hablando de contaminación por vibraciones, de contaminación por energía térmica, de contaminación lumínica, de contaminación por radiaciones electromagnéticas y por olores.

Y ahí quisiera compartirles un ejemplo, cuando yo fui regidora en la ciudad de Puebla, uno de los temas en los cuales no pudimos intervenir como autoridad era la contaminación por vibraciones. Cuando una troqueladora en el Centro Histórico de Puebla afectaba las casonas de los alrededores no teníamos la norma que nos permitiera entrar a poner orden como autoridad y exigir que esa troqueladora no pudiera estar trabajando en esa zona.

Fue una problemática seria porque no teníamos la legislación. En este paso que se está dando, con la modificación del artículo 156, estoy segura que los vecinos del Centro Histórico de la ciudad de Puebla les agradecerán su voto a favor.

Y yo quisiera también señalar lo valioso de esta propuesta, de esta iniciativa, de este dictamen. ¿Por qué? Porque habla del proceso de concientización, de impulsar ese trabajo de educación ambiental para que la comunidad haga conciencia de que vive y que tiene que relacionarse con el otro. Que mi derecho termina cuando empieza el del otro. Que mi libertad termina cuando empieza la del otro. Y por tanto, sí medirnos más en el tema de los propios ruidos que generamos.

En las ciudades tenemos muchos tipos de ruidos. Podríamos hablar de las construcciones, de los propios aeropuertos, del transporte... –ya termino, presidenta, gracias– habría mucho ruido. Pero cada uno de nosotros, simplemente en este momento, generamos algún tipo de contaminación auditiva y tenemos que hacer conciencia de lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y lo que nos corresponde a nosotros como legisladores. El Partido Acción Nacional está a favor de esta iniciativa porque estamos seguros que mejorará la calidad de vida de los mexicanos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último tiene la palabra el diputado Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado J. Pilar Moreno Montoya: Con su permiso, presidenta. No hay ninguna duda, compañeras y compañeros diputados, que efectivamente el ruido nos afecta. Como bien se dijo, aquí ya lo vivimos y solamente lo remonto a un momento privado. Cómo disfrutar con la pareja cuando hay ruido. Por ello, atender el problema de la contaminación acústica o por ruido como un tema de salud pública y como parte de la garantía de derecho a un ambiente sano es una materia sobre la que es necesario el sostenimiento de los esfuerzos encaminados a su prevención, atención y control.

La ciencia médica ha documentado ampliamente los efectos del ruido excesivo sobre la salud de las personas. A nivel físico puede haber alteraciones en el ritmo cardiaco, en la respiración, en el proceso digestivo, lo cual puede generar complicaciones como gastritis, colitis, aumento en la presión arterial, problemas neuromusculares dolorosos, falta de coordinación, problemas de visión nocturna, y pudiéramos seguir mencionando muchos otros.

En el nivel estructural tenemos también que la exposición prolongada a ruidos excesivos puede generar daños en oído, eventualmente pueden ser irreparables, y ocasionar sorderas crónicas y permanentes. La sensación del silbido en los oídos es otra consecuencia de los daños por ruido. En el caso de personas con problemas de salud previos, tales como padecimientos cardiovasculares o problemas coronarios, pueden sufrir infarto igual luego de un ruido fuerte.

Los pacientes diabéticos pueden tener elevación en los niveles de azúcar hasta generarles algún estado de coma. En el nivel psicológico hay una disminución en la capacidad de atención y concentración, irritabilidad y emergencia o hasta cuadros histéricos y neuróticos.

Como sabemos, en el texto vigente de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se incorporaron ya disposiciones dirigidas a establecer al ruido como una fuente de contaminación, misma que debe ser vigilada, controlada y sancionada, y que la competencia para ello corresponde a los tres órdenes de gobierno.

Como bien señala la comisión dictaminadora, el esquema que establece la ley asigna a la federación la función de regular la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido. Y a las entidades federativas la prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido proveniente de fuentes fijas que funcionen en establecimientos industriales, así como en su caso de fuentes móviles que no sean de competencia federal. Y a los municipios la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido que, en su caso, resulten aplicables de fuentes móviles, excepto las consideradas de jurisdicción federal.

En consonancia con la responsabilidad para la vigilancia y control de la contaminación acústica, se dispuso en el artículo 156 un mecanismo para que la Secretaría de Salud estuviera en posibilidad de recabar e integrar la información relacionada con este tipo de contaminación, de los métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma.

Con la reforma que discutimos en este dictamen se propone establecer que , con base en dicha información, se explicite la responsabilidad de la Secretaría para que –con base en dicha información y en coordinación con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios– formule y aplique programas y campañas para la prevención y control de la contaminación por ruido y las demás que se señalan en la ley, vibración, energía térmica, lumínica, radiaciones, como bien lo señaló la diputada Mantilla.

En este mecanismo se genera un instrumento de intervención efectiva para avanzar en la construcción de una política integral para el combate de la contaminación por ruido y los demás tipos de contaminación.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de las acciones encaminadas a consolidar una visión de salud en toda su integralidad, y corresponder con tareas efectivas para el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas, por ello suscribiremos el presente dictamen.

Con carácter urgente asumimos la necesidad de comprometernos a reforzar con acciones eficaces la planificación y gestión de riesgo que compartan todos los tipos de contaminación y refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando en la agenda para la protección de la salud y el medio ambiente. Es cuanto, compañeros diputados. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No habiendo reservas en lo general y en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 454 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por unanimidad 454 votos a favor, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado José González Morfín

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.*

Para fundamentar el dictamen por la comisión, se concede el uso de la voz a la diputada Zuleyma Huidobro González.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Agradezco y felicito a los integrantes de la Comisión de Protección Civil y especialmente a su presidente, al diputado Alfonso Durazo Montaño, por la acertada modificación a la Ley General de Protección Civil, la cual no podría haber sido más oportuna.

Como ustedes saben, el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, atiende los estragos ocasionados por los desastres naturales cuando la magnitud de éstos supere las capacidades económicas y logísticas de las entidades federativas, sin embargo los plazos y procedimientos burocráticos entorpecen el proceso de liberación presupuestal.

De conformidad con las reglas de operación del Fonden, los recursos otorgados a las entidades se realizan con el objetivo de designarlos a los mecanismos necesarios tendientes a reducir los riesgos, así como a evitar o disminuir los efectos de impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

Actualmente, para que una entidad reciba los recursos provenientes del Fonden, el titular del Ejecutivo estatal debe hacer llegar a la Secretaría de Gobernación una solicitud, la cual tendrá un plazo máximo de cuatro días para emitir la alerta de desastre natural correspondiente y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación; y a partir de esta publicación la Secretaría de Hacienda cuenta con un término de 10 días para la liberación de los recursos necesarios.

La autorización de estos recursos depende en gran medida de las decisiones tomadas por los tres niveles de gobierno, además del estudio objetivo sobre comportamiento y severidad de los fenómenos, así como de la cuantificación de los daños ocasionados. No obstante, el manejo de estos recursos es poco claro y prevalecen las prácticas de opacidad y corrupción; y por otro lado existe la dilación, la negligencia y la indolencia de las autoridades en la entrega de los recursos.

En esta tesitura, dicha reforma busca establecer los principios sobre los que deben diseñarse las disposiciones administrativas y la manera en que se deben ejercer los fondos integrales de gestión de riesgo. Sostenemos que la premura por obtener una cuantificación efectiva de los daños puede llevar a los evaluadores a realizar un análisis sesgado y ligero de los desastres sufridos en las entidades federativas y municipios afectados por fenómenos naturales.

Aprobamos plenamente que el ejercicio del patrimonio del Fonden se practique con el máximo grado de honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas, ya que es una demanda ciudadana que estamos obligados a impulsar y a defender. Ya no podemos seguir permitiendo que se lucre con las necesidades de la población afectada y que los programas sociales se usen como instrumento de botín político de los gobiernos estatales.

Para ello se propone modificar la fracción III del artículo 58 y adicionar un párrafo a cada uno de los artículos 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, con el propósito de establecer un mecanismo que de manera preventiva ponga a disposición de las entidades federativas afectadas los recursos del Fondo de Desastres Naturales necesarios para auxiliar en forma inmediata a la población damnificada e iniciar la reconstrucción de la infraestructura base.

Por otra parte, considera necesario que se reduzcan al mínimo necesario los plazos para la tramitación de las declaratorias de emergencia y de desastre natural, por lo que se propone reducirlos a tres días naturales en ambos casos. Asimismo, propone eliminar el plazo de 10 días posteriores a la emisión de la declaratoria de desastre natural para que la Secretaría de Hacienda libere los recursos necesarios, proponiendo que una vez emitida la declaratoria se comunique a dicha dependencia en forma expedita y ésta proceda a poner los recursos respectivos a disposición de las entidades federativas afectadas, de inmediato.

También propone modificar el párrafo primero del artículo 63 con el fin de que las reglas de operación se sujeten a los principios señalados en el artículo 5 de la misma ley y que se limiten a las formalidades indispensables para garantizar la honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos.

Con lo anterior se pretende eliminar los formalismos innecesarios y la indebida burocratización de los procedimientos para el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, pues ello en la opinión del proponente termina afectando el derecho de la población perjudicada a recibir los apoyos necesarios para hacer frente a la contingencia.

Por las razones que les he comentado y porque estoy convencida de que estas reformas benefician a la población más vulnerable que es afectada por diferentes eventos, que obligan al Estado a darle protección civil, solicitamos su voto solidario a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, se concede el uso de la voz al diputado José Angelino Caamal Méndez.

El diputado José Angelino Caamal Méndez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el adecuado manejo de las políticas y acciones en materia de protección civil en México es de suma importancia para la sociedad en su conjunto debido a las diversas y complejas condiciones y circunstancias físicas presentes en nuestro entorno.

Los mexicanos hemos padecido grandes desastres naturales que nos han dejado profundas heridas, pero a su vez hemos aprendido a hacer frente a la adversidad, a prever, a actuar y resolver distintos escenarios de crisis y emergencias, siempre privilegiando la salvaguarda de la vida e integridad de las personas, y posteriormente a proteger y rescatar el patrimonio que los ciudadanos han logrado con el esfuerzo arduo de trabajo de muchos años.

En ese sentido, el Estado mexicano ha creado protocolos y mecanismos de acción para responder de manera ordenada y eficaz a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación y de nuestras Fuerzas Armadas, los cuales en primera instancia rescatan y protegen a la población afectada y consecuentemente se aplican a restaurar y subsanar los servicios públicos básicos y la infraestructura primaria afectada.

Si bien hay avances de manera sustancial en el ámbito de la protección civil en nuestro país, de manera constante se tienen múltiples y diversos escenarios de riesgo potenciales –desde sismos, erupciones volcánicas, sequías, huracanes e inundaciones, por mencionar algunos– los cuales nos obligan a perfeccionar la legislación en la materia con el único afán de hacer más ágiles y eficaces los protocolos y políticas de acción frente a estos desastres que enfrentamos de manera periódica en nuestro país.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza recibe con beneplácito la presente iniciativa que se ha presentado a la Comisión de Protección Civil, cuyo propósito es perfeccionar el entramado gubernamental que se activa en el escenario lamentable de una desgracia que ponga en riesgo la vida de nuestros hermanos mexicanos.

Es por eso que nos sumamos al esfuerzo compartido que lleva a cabo esta comisión para incluir los principios básicos de buen gobierno al artículo 63 de la Ley General de Protección Civil. Garantizar la eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos aplicables ante escenarios de desastres naturales es un avance importante para el correcto destino de los apoyos que la federación transfiere a los gobiernos estatales sujetos a los daños y consecuencias de estas contingencias.

Si bien se han buscado fórmulas mediante las cuales la respuesta de la federación sea más expedita para apoyar las necesidades de la población afectada, la realidad es que el proceso de toma de decisiones abarca distintas áreas de la administración y conlleva gestiones de orden presupuestal, financiero y administrativo. Por ello, considerar estos principios nos ayudará a tener una mayor y mejor capacidad de respuesta en este tipo de escenarios de desastres naturales.

Otro resultado alentador de esta iniciativa fue la comunicación e intercambio de información y puntos de vista que tuvieron los miembros de la Comisión de Protección Civil de esta Cámara de Diputados con la Coordinación Nacional de Protección Civil del gobierno de la República.

Ello aporta a que la reforma que hoy se presenta esté verdaderamente orientada a subsanar lagunas legislativas, permitiendo que el marco legal que da certeza a las políticas de prevención y acción de protección a la población contemple en sus disposiciones administrativas que los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos para el acceso y ejercicio a los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos sean conducidos bajo la observancia de principios de buen gobierno, como lo son la honradez, eficacia y rendición de cuentas de su correcta aplicación.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará en sentido afirmativo para que la presente iniciativa se apruebe con la suma de las voluntades de las fuerzas políticas representadas en esta Legislatura. De esta manera podremos fortalecer las políticas públicas en un área tan sensible e importante como lo es la protección civil, ya que al mejorar las acciones de preservación en casos de desastres naturales se confirma nuestra responsabilidad y solidaridad a favor de las y los mexicanos que atraviesan por estas tragedias.

Compañeras y compañeros legisladores ésta es la oportunidad de que juntos expresemos nuestro compromiso con el pueblo de México. Gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias Presidente. En primer término felicitar a los integrantes de la Comisión de Protección Civil, y en especial a su presidente, el diputado Alfonso Durazo Montaño.

A Movimiento Ciudadano nos parece que todo aquello que abone a fortalecer el sistema nacional de protección civil en nuestro país debe ser apoyado. El Fonden, el Fondo Nacional de Desastres, con todos sus mecanismos, la propia Ley General de Protección Civil, tienen que ser instrumentos al servicio de la sociedad, mecanismos transparentes, pero sobre todo mecanismos expeditos para resolver desgracias y desastres naturales.

Nada afecta más cuando hay este tipo de tragedias que los burocratismos, que la ineficacia, que la negligencia y que la corrupción. Medrar y lucrar política y económicamente con los desastres es un crimen inadmisible que no admite ninguna contemplación.

Por eso nos parece que esta reforma es un paso para seguir fortaleciendo la honradez, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas de las instancias y de los servidores públicos destinados a la atención de la protección civil. Nos parece que la comisión ha hecho un buen esfuerzo, pero sin duda este es un tema que se debe revisar integralmente. Sigue habiendo una gran dilación cuando hay desastres para bajar los recursos, cuando hay emergencias o cuando hay situaciones de diferente naturaleza.

Los desastres pueden ser de diferente índole, y muchas veces las autoridades de la Secretaría de Gobernación entran en retrasos alegando papeleos, alegando burocratismos y la gente está a merced de la tragedia y del peligro inminente.

Por esa razón, no solamente tiene que haber esta reforma al artículo 63, consagrando principios, sino que debe revisarse todo el marco de aplicación de los recursos del Fonden. Reducir el tiempo de las solicitudes en plena época del acceso a la información y de la revolución de las telecomunicaciones no puede seguir dependiendo de oficios y de trámites cuando la gente está a merced de desastres por inundaciones, por terremotos, por incendios o por fenómenos de diferente naturaleza.

Nos parece también que todas las instancias de protección civil, cuando se toque el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación, tendrán que reforzarse para que el programa y el sistema de protección civil, al igual que la seguridad pública en el país, sean reforzados. Por eso esta reforma no es una reforma menor, porque sigue abriendo paso a fortalecer todo este entramado institucional que atiende los desastres en la República, en los estados y en los municipios. Por eso Movimiento Ciudadano avala esta reforma y votará a favor del presente dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. Por supuesto estamos a favor de esta iniciativa del diputado Raymundo King, mismo al que felicitamos y como los que me antecedieron en la palabra, también hay total coincidencia.

Quisiera compartirles también algunos datos extra para fortalecer el porqué a favor de esta iniciativa, y de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, México es considerado susceptible a desastres naturales constantes por su situación geográfica. En las últimas décadas ha dejado daños considerables, con un promedio anual de 100 vidas humanas y en términos monetarios dichos fenómenos han sido valuados en 700 millones de dólares.

Para hacer frente a estas situaciones, en 1996 se crea el Fonden, Fondo de Desastres Naturales, como un instrumento financiero con la finalidad de apoyar a las entidades federativas, las dependencias y las entidades de la administración pública federal, atendiendo y reparando los daños causados por fenómenos naturales cuando la magnitud de estos supere su capacidad financiera y operativa, que es en la mayoría de los casos por supuesto.

Aunque se ha trabajado mucho en los tres órdenes de gobierno en una estrategia de prevención que incluye el conocimiento de peligros y amenazas a las que está expuesta la gente, también en la identificación y establecimiento de los niveles actuales de riesgo y en diseñar acciones y programas para mitigar dichos riesgos, el saldo que se ha obtenido en los fenómenos naturales ha sido devastador en todos los sentidos.

Muchas familias en todo el país han visto cómo en cuestión de segundos su patrimonio se derrumba y desaparece por completo, quedando en total desamparo y en ocasiones pierden la vida, ya sea por el mismo desastre o por la que éste deja a su paso como enfermedades, siempre siendo los niños los más vulnerables.

Cuando estos fenómenos corren, la Secretaría de Gobernación declara estado de emergencia a la zona dañada. Después de cierto número de días y para acceder a los recursos del Fonden se tiene que cumplir con requerimientos de las reglas de operación. Dicho sea de paso, se han modificado éstas aproximadamente siete veces desde que se creó este fondo.

Dichos requisitos en ocasiones son engorrosos ya que hay alrededor de seis etapas para obtener los recursos para hacer frente a la realidad, y entre éstas se encuentran las siguientes:

Primero. El procedimiento para solicitar la corroboración de la ocurrencia de un desastre natural. Segundo. Comités de evaluación de los daños. Tercero. Procedimiento para atender la infraestructura federal. Cuarto. Procedimiento para la obtención de los anticipos. Quinto. Procedimiento para emitir una declaratoria de desastre natural y acceder a los recursos del Fonden, y Sexto. Autorización de recursos.

El anterior proceso, como ya se ha mencionado, representa tiempo en el que el principio de inmediatez es obstruido por todas las etapas anteriores, por lo que es necesario, como lo plantea esta iniciativa, hacer los cambios pertinentes a favor de las personas damnificadas por esos acontecimiento naturales.

Es por ello, que el dictamen que hoy nos ocupa es de total relevancia, ya que con la aprobación del mismo se sentarán las bases para tener condiciones adecuadas, de manera que los recursos del Fonden que se han solicitado por las entidades federativas sean entregados de manera inmediata, eficiente, eficaz, transparente, racional y con estricto apego a la transparencia y rendición de cuentas.

Por eso la fracción del Partido Verde vamos a favor del presente dictamen, ya que los principios a los que se refiere el diputado Raymundo King de la Rosa son válidos y necesarios a favor de las familias mexicanas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Cruz Ramírez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Arturo Cruz Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Quiero, antes de iniciar, hacer un reconocimiento a nuestro presidente de la Comisión de Protección Civil, el diputado Alfonso Durazo Montaño, puesto que él había presentado inicialmente una iniciativa parecida y dio lugar, dando muestras de madurez política, para que se pudiera llegar a un consenso. Sólo así es como se puede consensar en esta Cámara de Diputados. Enhorabuena, diputado presidente.

El nacimiento de la protección civil en México no ha sido casualidad. Si bien es cierto que en años anteriores existían algunos vestigios sobre la materia, fue el sismo de 1985 y la incapacidad de un gobierno sobrepasado en sus responsabilidades, salvado por la solidaridad del pueblo, lo que orilló a la implementación de diversos programas enfocados a instituir una débil cultura gubernamental en protección civil.

Posteriormente a las eventualidades del sismo de 19 de septiembre, y después de que la naturaleza evidenció las precarias condiciones para enfrentar situaciones de ese calibre, surge la necesidad inmediata de crear el programa y sistema nacional de protección civil.

De esa fecha hacia acá México ha enfrentado diversos eventos, ya sea de carácter natural o provocado por la mano del hombre, llámese deslaves, erupciones, sismos, huracanes, incendios, explosiones, fugas, derrumbes en minas, contingencias ambientales, entre otros. Esto ha provocado la imperiosa necesidad de reforzar el ámbito legal y operacional para enfrentar cualquier tipo de vicisitud, ya que somos vulnerables a que cualquier agente sea capaz de generar una emergencia, o bien un desastre, ya sea de carácter hidrológico, geológico o humano.

El día de hoy todavía no estamos preparados para enfrentar una contingencia similar a la ocurrida en otros países, nos falta todavía mucho camino que recorrer. En aquel acontecimiento del 85, uno de los elementos que agravó y que se sumó a la serie de vicisitudes que aquejaba al pueblo mexicano fue la falta de gestión operativa y administrativa para enfrentar a la brevedad tan desafortunado acontecimiento. La falta de transparencia para el ejercicio de los recursos quedó al descubierto.

Quiero mencionar que la declaratoria de un desastre y liberación de recursos no es la conclusión de todo este proceso. Debe haber eficacia para la emisión y designación de los recursos. Los funcionarios deben conducirse con probidad y honradez, principios básicos del servicio público. Su actuación debe estar encaminada a prestar un servicio de carácter público y los recursos deben llegar a quien los necesita.

Por último, continúa una etapa muy importante, la rendición de cuentas. La autoridad está obligada a informar cómo, cuándo y dónde se destinaron los recursos que específicamente se crean para atender los desastres. Esta etapa no puede ser menos que las otras, pues de qué serviría la agilización para la declaratoria y liberación de recursos si estos no se agilizan para lo que están destinados.

El Estado por ley está obligado a implementar las medidas necesarias para apoyar a la población, a los gobiernos municipales y estatales, buscando aminorar las consecuencias derivadas de un desastre. Pero su actuación no acaba ahí, es necesario vigilar que esos recursos lleguen a sus destinatarios de una manera pronta, así como dar cuenta de cuál es el destino de los apoyos.

El trámite de declaración y liberación de los recursos no debe tener connotaciones partidistas, no deben privilegiarse municipios o estados en razón del partido que los gobierna. Si se aplican los principios de honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos ayudaría a aminorar las vicisitudes por las que atraviesan las familias que fueron vulneradas por una emergencia o desastre natural.

La sociedad no necesita de buenas intenciones, necesita una legislación en materia de protección civil fuerte y garantista que incentive la cultura, que fortalezca la prevención y que garantice la inmediatez, transparencia y rendición de cuentas de la asistencia del Estado.

El principal objetivo de la iniciativa en cuestión, como el propio dictamen señala, es modificar la Ley General de Protección Civil en su artículo 63, en el sentido de que el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos tendrán como base la honradez, la eficacia y la eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos.

Por estas razones, el Partido de la Revolución Democrática votará en sentido positivo el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el cambio climático ha propiciado una transformación relevante en la forma en que se presentan los fenómenos naturales en territorio nacional. Lluvias atípicas, inundaciones, severas sequías, movimientos telúricos y volcanes en actividad representan sin duda temas que el Estado mexicano, a través de los órdenes de gobierno debe atender de manera urgente e inmediata, dejando de lado cualquier trámite burocrático que impida la atención y ayudas a la población que se ve afectada en su patrimonio y su integridad ante la presencia de algún desastre natural.

Debemos reconocer que la Ley General de Protección Civil es un ordenamiento de reciente expedición, en donde una de las finalidades que marcan su diseño fue precisamente crear un sistema de protección civil en donde se otorgue una atención inmediata a las catástrofes que afectan a la población, además de regular con precisión la utilización de instrumentos financieros de riesgos para el uso en caso de desastres.

De esta manera, y ante la relevancia que ha tenido la regulación de estos instrumentos financieros, es que el dictamen que aquí se discute adquiere importancia, ya que establece lineamientos específicos que deberán guiar el diseño de tan importante mecanismo, mediante el cual el gobierno federal apoya a las instancias públicas federales y entidades federativas en la ejecución de proyectos para la prevención y atención de desastres naturales.

De esta forma se establecerá con claridad que para la reglamentación administrativa que regule las fórmulas de financiamiento y requisitos para el acceso y ejercicio de estos instrumentos financieros deberán observarse los principios de prioridad en la protección de la vida de las personas, inmediatez en la prestación del auxilio, subsidiariedad en las instancias de gobierno, publicidad en las fases de protección civil, respeto a los derechos humanos, entre otros.

Compañeros legisladores, si bien consideramos que los principios que se incorporan en el texto del artículo 63 ya guían las acciones que en la materia realiza la Secretaría de Gobernación, por ser uno de los sujetos obligados a la observancia de esta ley, lo cierto es que esta reforma no perjudica en nada el procedimiento que se debe seguir para acceder a los recursos de instrumentos financieros de gestión de riesgos.

Por lo tanto, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, bajo la premisa de que la atención pronta, inmediata, eficiente y eficaz a la sociedad civil que se ve afectada por algún desastre natural es una de las principales obligaciones de los gobiernos municipales, locales y por supuesto del gobierno federal, reforzándose además la observancia y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para concluir la ronda de posicionamientos se concede la palabra al diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como sabemos el cambio climático y el crecimiento de la población plantean desafíos cada vez más complejos en términos de la atención de las alteraciones ambientales, implicaciones que adquieren la magnitud de riesgos contra la seguridad nacional y que abarcan aspectos socioculturales, económicos, geográficos, políticos y tecnológicos.

El proyecto de decreto que discutimos recoge las inquietudes expresadas por los legisladores de diversos grupos parlamentarios, mismas que atienden a su vez las demandas sociales de la población ubicadas en territorios vulnerables o desastres naturales y de las autoridades responsables de su atención.

Ante el reconocimiento de las situaciones, derivadas de la ocurrencia de los desastres naturales que comprometen aspectos esenciales para la vida y el patrimonio de las personas, mismos que ameritan una atención vigorosa y oportuna que minimice las posibilidades de mayores pérdidas y posibilite un rápido retorno a la normalidad, surge la inquietud de generar dispositivos que hagan más eficaz la recepción de apoyos encaminados a este fin.

En la iniciativa que se considera en el proceso de estudio, que concluye con la presentación del presente dictamen, convergieron en la preocupación para agilizar los trámites y la disposición de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

La comisión dictaminadora emprendió un acucioso proceso de análisis en el que fueron escuchados los puntos de vista de autoridades federales y estatales responsables de la materia de la protección civil. Se analizó la conveniencia de reducir el tiempo de declaratoria de emergencia que era uno de los planteamientos en cuestión, advirtiéndose que esta medida implica riesgos que comprometen la operatividad del Fonden, principalmente la de llevar a una sobreestimación de los costos de reconstrucción, situación que ha sucedido en muchas ocasiones y que dificulta que las entidades federativas puedan contribuir con el 50 por ciento que le corresponde de acuerdo con las reglas de operación del Fonden.

Bajo este entendimiento se añadieron el texto legal de los principios de honradez, eficacia y eficiencia y rendición de cuentas en la regulación de los procedimientos, fórmulas de financiamiento y confinamiento y además requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgo. En claridad del razonamiento que conduce a estas conclusiones, el Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo en suscribir en sus términos el presente dictamen. Esto a fin de beneficiar a la población vulnerable a desastres naturales, refrendándose nuestra firme convicción de que el logro de la transparencia y la eficacia en la gestión es la tarea sustancial de este gobierno actual.

No podemos olvidar que nuestro país, de acuerdo con diversas organizaciones ambientales internacionales, se encuentra en un estado de franca vulnerabilidad frente al cambio climático, esto por su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas.

Entre otros factores, hoy en día ya se dan cita en nuestro territorio gran variedad de alteraciones provocadas por un fenómeno, que entre otras cosas no son más que el inicio de una tendencia de impactos que se verán exacerbados a lo largo del siglo y si no adoptamos las medidas necesarias, aceptemos en consecuencia y pensando siempre en beneficio de las y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, el asunto está suficientemente discutido. En consecuencia le ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Pido emitir su voto durante el tiempo que está abierto el sistema electrónico porque, una vez cerrado, se cantará el resultado de la votación. Muchas gracias.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 437 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz la diputada Jessica Salazar Trejo, hasta por cinco minutos.*

La diputada Jessica Salazar Trejo: El siguiente dictamen que presento lo hago en nombre de la Comisión de Salud. Éste se refiere al proyecto de decreto que reforma los artículos 185 y 191 de la Ley General de Salud en materia de los riesgos en el consumo de alcohol por parte de los jóvenes.

Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en México toda persona tiene derecho a la protección de la salud como lo establece la Constitución Política.  Es por ello que los integrantes de la Comisión de Salud aprobamos este proyecto de decreto que reforma los artículos 185 y 191 de la Ley General de Salud.

La Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como un síndrome de dependencia del alcohol, el cual es un estado patológico, físico, a la vez sicológico, un trastorno de la conducta que se caracteriza porque el individuo bebe alcohol en exceso a pesar de que sabe que ese hecho es la causa de muchos y variados problemas de salud, familiares y sociales.

Otros datos que publica la OMS en su página de Internet son los siguientes. El consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa 2.5 millones de muertes cada año. Unos 320 mil jóvenes entre 15 y 29 años de edad mueren por causas relacionadas con el consumo del alcohol, lo que representa un 9 por ciento de las defunciones en ese grupo etario.

El consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de morbilidad. Es el primer factor de riesgo en el Pacífico occidental y las Américas y el segundo en Europa.

El consumo de alcohol está relacionado con muchos problemas graves de índole social y del desarrollo, en particular la violencia, el descuido y el maltrato de menores y el abastecimiento laboral.

En México la mayor parte de los problemas reportados se asocian a la condición de abuso más que con la dependencia. Sin embargo, ambos trastornos tienen consecuencias negativas en la salud.

El abuso y la dependencia del alcohol se asocian con dificultades frecuentes con la familia, lo que refiere un 10.8 por ciento. Peleas, 6 por ciento; problemas con la policía, 3.7 por ciento; detención de personas estando bajando los efectos del alcohol, en 41.3 por ciento; problemas laborales 3.7 por ciento y pérdida del empleo 1.4 por ciento.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones reportó, en el 2008, que en los Centros de Tratamiento de Menores la droga de impacto más frecuente a nivel nacional, entre las personas que buscaron ayuda especializada, fue el alcohol, con un 36.4 por ciento. Ésta sigue permaneciendo como una de las principales drogas de inicio. El 63.2 por ciento de quienes iniciaron con el alcohol pasaron a una segunda sustancia.

Centros de Integración Juvenil informó que en 25 mil 143 pacientes que solicitaron ayuda en el 2008, el alcohol fue la primera sustancia que motivó la demanda de tratamiento con un 22.1 por ciento.

El Consejo Tutelar de Menores reportó, en 2008, que del total del grupo de menores de edad, 6 mil 923, que son detenidos por cometer infracciones, el 54.3 por ciento mencionó consumir drogas de forma habitual. Dentro de este grupo el alcohol fue la segunda droga más utilizada con un 20.9 por ciento.

El Servicio de Urgencias Hospitalarias registró 17 mil 734 ingresos en el 2008. De éstos quienes habían sufrido lesión por causa externa, 445 con un 8.3 por ciento, se encontraban bajo el efecto de al menos una sustancia psicoactiva al momento del ingreso. La sustancia mencionada con mayor frecuencia fue el alcohol.

La cirrosis del hígado es la cuarta causa de mortalidad entre la oblación, 5.6 por ciento. Asimismo los accidentes de tráfico con un 4.6 por ciento. La violencia 2.9 por ciento y los trastornos por uso del alcohol con un 2.5 por ciento son las principales causas de discapacidad del país.

El 9 por ciento del total de las enfermedades en México las genera el consumo del alcohol. El consumo del alcohol es la principal causa de los accidentes de vehículos de motor, incluyendo accidentes de tránsito y atropellados.

Dentro de éstos el grupo de edad de 15 a 29 años ocupa el segundo lugar en las tablas de mortalidad general. Se estima que casi la quinta parte de los accidentes laborales se relaciona con la ingesta de bebidas alcohólicas y se encuentra entre las 10 principales causas de discapacidad entre los trabajadores que afectan directamente la productividad del país.

La Organización Mundial de la Salud ha evidenciado la necesidad de establecer estrategias integrales de salud, donde además de la prestación de servicios también se aborde la atención de las causas sociales, económicas y  políticas que subyacen a los diversos problemas de salud. Entonces, se vuelve necesario identificar que lo que hacemos nos coloca en situaciones de riesgo por el consumo de alcohol.

¿Cómo debemos actuar en consecuencia? Implementando acciones de protección que nos permitan prevenir y enfrentar estos riesgos para reducir este consumo.

En este sentido no sólo es necesario promover la salud, sino también es importante empoderar (enterar) a los ciudadanos y a la sociedad civil enseñándoles cómo es un estilo de vida saludable, las habilidades para la vida y los ambientes protectores que permitan a niños y adolescentes negarse al ofrecimiento del alcohol. A adultos jóvenes y mayores a beber de una manera responsable y a padres de familia eliminar paulatinamente pensamientos y conductas permisivas del consumo del alcohol en etapas tempranas de la vida como la niñez y la adolescencia. Lo anterior, a fin de crear una sociedad cada vez más informada y solidaria ante la problemática. Termino, señor presidente.

Por lo anterior, se vuelve necesario el incluir a los jóvenes dentro de la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales ya que, al ser uno de los grupos con más riesgos para el consumo del alcohol, ésta debe ser  dirigida especialmente a ellos también. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras diputadas y diputados, la calidad de vida medida en función de los indicadores de salud de la población de cualquier nación es el resultado de la participación informada, ordenada y corresponsable de todos los actores de la vida pública social y privada.

Por ello, para Nueva Alianza es importante reconocer que la sociedad de nuestro país, al igual que en otras naciones, enfrenta uno de los problemas de salud pública de mayor impacto negativo sobre la productividad y la competitividad. Nos referimos en concreto al alcoholismo y al abuso de bebidas alcohólicas entre los jóvenes del país, problema que el Estado mexicano ha reconocido como una de las adicciones que afecta directamente  la salud pública de los mexicanos.

Por ello, las adicciones como tema de salud pública se reconocen desde 1984 en la Ley General de Salud, contemplado en su título XI del cuerpo normativo que orienta las acciones del Estado contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas entre otras adicciones ahí formuladas.

Con la incorporación a la ley de este tipo de adicciones se logró que el Estado interviniera con plena responsabilidad en los factores que concurren en este complejo fenómeno, desde la prevención, el  tratamiento, rehabilitación, la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, así como la obtención de información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de las bebidas alcohólicas.

Las políticas públicas implementadas, emanadas de normas preventivas sobre la adicción al tabaco, han arrojado resultados alentadores. Basta con analizar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, en donde se indica que entre los años 2000 al 2012 los adolescentes hombres disminuyeron sensiblemente su consumo de un 14.5 en el 2000 a un 12.3 en el 2012.

Otro dato significativo de esta encuesta nacional indica que la prevalencia de consumo diario de tabaco se redujo entre los adolescentes de un 4.8 por ciento en el 2000 a un 2.6 en el 2012. La prevención de la adicción al tabaco a lo largo de los últimos 12 años ha mostrado resultados significativos con tendencias que son muy alentadoras.

Sin embargo, en el tema del alcohol la problemática observada no es nada alentadora y exige la implementación de acciones destinadas a combatir este problema de salud pública en nuestro país.

Entre los años 2000 y 2012 no se observó un cambio estadísticamente significativo en el porcentaje total de adolescentes que consumen alcohol. Las cifras de esta encuesta ilustran la prevalencia del problema.

En el año 2000, un 24.8 por ciento de adolescentes reportaron consumir una bebida alcohólica de forma diaria u ocasional en el último año. En el 2012 este porcentaje no disminuyó, permaneciendo estable en un 25 por ciento en el 2012.

En el caso de los adultos, esos jóvenes encuestados hace 13 años, el panorama es más desalentador. Entre el año 2000 y 2012 el porcentaje de adultos que consumían alcohol creció un 14.2 por ciento, alcanzando un alarmante 53.9 en el último año. El panorama descrito nos obliga a generar medidas legislativas ante la permanencia de este problema de salud pública, cuanto más en este momento que gozamos de un bono demográfico como nunca en nuestra historia.

Somos un país de jóvenes, en nosotros se encuentra la oportunidad de no llegar a ser un México de alcohólicos. Ante este panorama y ante la necesidad de coadyuvar en la prevención  y atención de la problemática social, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza nos pronunciamos a favor de la inclusión de los jóvenes en las acciones educativas sobre los efectos del alcohol en la salud y en sus relaciones sociales.

Con ello también invitamos a esta honorable asamblea a reflexionar sobre otros problemas de salud pública que Nueva Alianza ha puesto en la mesa, como son las adicciones tecnológicas y la conveniencia de contar con la participación destacada de expertos en nutrición en el ámbito educativo nacional.

Nueva Alianza ha sido el único en colocar estos temas de profundo interés social en la agenda política que requiere un México sano, moderno, competitivo y más justo, cuyos ciudadanos tengan pleno acceso democrático a las condiciones de salud indispensables para construir la sociedad modelo del siglo XXI. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México es considerado por muchos especialistas y gobiernos extranjeros como un país joven. Con ello coincidimos con que los 30 millones de personas que tienen entre los 15 y los 29 años son realmente un factor que potencializa una mayor posibilidad para lograr que la vida sociopolítica de nuestro México suceda.

Es lamentable que tras esta oportunidad una de las principales preocupaciones tenga que ser la de evitar a toda costa que nuestros jóvenes caigan en el consumo de alguna de tantas y tantas drogas ilegales, o de bebidas alcohólicas que hoy son distribuidas en todas partes.

El propósito de este dictamen no dista de este ejemplo, pues estamos reafirmando que uno de los primeros problemas de salud pública es precisamente el consumo de alcohol, principalmente entre nuestros jóvenes.

El hecho de incluir en la Ley General de Salud que la población joven sea contemplada para recibir orientación relacionada a los efectos negativos de su consumo es, sin duda, un paso agigantado en pro de la protección no sólo de la integridad de cada uno de ellos, sino que también coadyuva en el fortalecimiento de sus derechos humanos.

Con esta iniciativa se tiene la posibilidad de enriquecer acciones que comprende el Programa contra el Alcoholismo coordinado por la Secretaría de Salud, gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General. Se logra dejar en claro que dichas instancias podrán hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los efectos nocivos entre nuestra población joven. No obstante que la definición de joven asume un rango de edades entre los 15 y los 29 años, la condición actual nos obliga a ampliar dichas categorías para así llegar hasta los 12 años como mínimo. En este sentido es pertinente lograr que no sólo estas modificaciones legales pretendan abarcar un amplio número de personas susceptibles a su consumo, sino también lograr que las acciones que implementan las distintas instancias públicas sean las más acertadas y realmente permitan que los efectos puedan insertarse en un programa de rehabilitación.

Hay que ser claros, hoy en día la mayoría de los centros de rehabilitación que atienden a consumidores de alcohol y de drogas no cuentan con una supervisión oficial adecuada, y por consecuencia, sus programas son deficientes y en lugar de ayudar al adicto suelen empeorar sus condiciones después de salir del programa.

Por tales aspectos es de suma importancia apoyar las acciones legislativas como las que ahorita estamos discutiendo pues, en efecto, reiteramos que no sólo con ello podemos garantizar que nuestros jóvenes y adolescentes sean víctimas de las drogas y el alcohol, pero sí nos queda claro que es una importante tarea lo que estamos permitiendo que hagan las instituciones pública en la materia.

Por lo antes expuesto votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. En el país se consume alcohol tanto de manera regular como en exceso, lo anterior resulta preocupante  ya que ésta es una sustancia adictiva que cuenta con niveles altos de aceptación social. De hecho, es asumida como sinónimo de prestigio en algunos círculos sociales.

La edad de inicio del consumo de alcohol va descendiendo poco a poco, son cada vez más los adolescentes que tienen el acceso y abusan de esta sustancia para ser aceptados en el círculo social donde se desarrollan.

Se calcula que en la Ciudad de México al menos 700 mil menores de edad son bebedores, entre hombres y mujeres. La investigación social y cultural sobre el consumo de alcohol y alcoholismo en México revela importantes cifras acerca de los daños que produce el abusar de bebidas embriagantes.

Más del 13 por ciento de la población es dependiente. Es la causa del 80 por ciento de los divorcios.  Ha sido la consecuencia del 60 por ciento de los suicidios y 38 por ciento de los homicidios en el país están vinculados a personas que estaban bajo los efectos de esta droga legal. Tenemos un gran problema de salud pública que debemos enfrentar.

El consumo de bebidas etílicas es más frecuente en los hombres, pero podemos decir que tristemente el porcentaje de mujeres alcohólicas ha aumentado de manera desmedida, especialmente en las adolescentes. 0Los mayores índices del consumo de alcohol se encuentran en las ciudades de Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Distrito Federal y Querétaro, diría también que la zona oriente del estado de México.

El gobierno prohíbe a la gente fumar en público y drogarse, pero permite la existencia de establecimientos donde los mexicanos toman de manera desmedida, haciendo que sea una actividad normal.

El consumo de drogas lícitas entre la juventud mexicana ha incrementado drásticamente. De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional contra las Adicciones existen 27 millones de mexicanas y mexicanos que beben más de 5 copas por ocasión y 4.2 millones de alcohólicos son crónicos, de hecho la cuarta causa de muerte de hombres y mujeres entre 12 y 17 años es por cirrosis hepática.

El alcohol no sólo afecta la salud de quienes lo consumen, sino que provoca problemas sociales como violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, ausentismo en el trabajo, accidentes de tránsito, bajo rendimiento escolar, depresión, entre otras muchas causas.

Las drogas y el alcoholismo son una amenaza grave para todos los mexicanos, sobre todo para los jóvenes, por ello debemos implementar campañas de manera urgente, para evitar un mayor daño al que ya se vive en muchos hogares mexicanos.

Se calcula que aproximadamente 2 millones 600 mil mexicanos, entre 12 y 45 años, no tienen acceso a tratamientos médicos para poder rehabilitarse y dejar de depender del alcohol. Se necesitan programas de tratamiento donde se brinde atención psicológica y médica. Millones de enfermos no tienen las posibilidades de tener este tipo de ayudas y apoyos por parte de sus familiares, por lo que es urgente que les demos atención.

Las autoridades de salud pública no se han involucrado en el tema de centros de rehabilitación en el país. La mayoría de éstos opera de manera ilegal. Sin embargo, se ha ignorado la situación y por consecuencia, las personas que acuden a ellos sufren de tortura, maltrato físico y psicológico. Es un gran tema a tratar, compañeros. Las autoridades tienen el deber de implementar suficientes centros de rehabilitación, de coordinar todos los existentes y de informar, de manera continua, a todos los ciudadanos del daño que hace tomar el alcohol en cantidades desmedidas.

Por ello, los diputados de Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen, ya que se deben implementar medidas y programas necesarios para educar a toda la población, previniendo el abuso del consumo de alcohol y mejorando la calidad de vida de todos los mexicanos.

No olvidemos que el alcohol es una droga, así como la mariguana, la cocaína, el tabaco y mucho más. Matan a fuego lento. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias compañeras. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la voz la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Crystal Tovar Aragón: El dictamen de la Comisión de Salud propone que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General respecto de la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales sea dirigido a los jóvenes. Así como el fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, en los grupos de población que se encuentran entre los 12 y 29 años de edad.

Establece, dentro de las acciones que comprende el programa contra la farmacodependencia, la coordinación entre Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General para brindar la educación sobre los efectos del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir adicción, estableciendo que la misma vaya dirigida especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Quiero agradecer a todos los integrantes y al presidente de la Comisión de Salud de todos los partidos parlamentarios, por la sensibilidad que han tenido en la aprobación de esta iniciativa.

Me enorgullece, como proponente del presente dictamen ya aprobado, que tengan la sensibilidad, todos los grupos parlamentarios y mis compañeras diputadas y diputados, de aprobarla.

También quiero pedirles a nombre del Partido de la Revolución Democrática su voto a favor. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Con su venia, diputado presidente. Se entiende por adicción al conducto de fenómenos del comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos que se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia psicoactiva.

Asimismo, la dependencia es el conjunto de manifestaciones físicas cognoscitivas y del comportamiento que incluye la presencia de distintos síntomas, tales como: tolerancia, abstinencia, uso por más tiempo o mayor cantidad, deseo persistente o incapacidad de control, empleo de mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos, reducción de actividades sociales, laborales o recreativas, así como el uso continuado a pesar de tener conciencia de que el uso evidente de este alcohol es perjudicial.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones nos confirman que sigue siendo necesario reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda de drogas, pues si bien el consumo en general se ha estabilizado es importante ampliar la política de prevención y tratamiento y dirigir más acciones hacia la población joven.

Es importante que como sociedad tengamos presente que el abuso del consumo de bebidas alcohólicas constituye nuestra problemática más importante, seguida por el tabaquismo y el consumo de otras sustancias psicoactivas, pues se sabe que constituyen un factor precursor de accidentes, de violencia, de cirrosis hepática, de conducta sexual riesgosa, síndrome alcohólico fetal, trastornos mentales y trastornos de conducta.

La prevención, atención y erradicación de las adicciones representa un gran reto para el Estado mexicano. Resulta imprescindible continuar con el fortalecimiento de la infraestructura física para generar las condiciones necesarias que garanticen el acceso a los centros especializados de atención.

En dicha vertiente tenemos un gran reto, pues durante el sexenio anterior se logró que se construyeran 317 centros Nueva Vida, generando la red de atención más amplia en toda América Latina. Resulta indispensable que se continúen los esfuerzos para garantizar que dicha red siga cumpliendo con su misión de proteger la salud de quienes requieren de su apoyo.

Como legisladores nuestro gran reto es contribuir, mediante la creación y aprobación de instrumentos legislativos, a que la población en general, y en particular la juventud mexicana, adopte patrones de comportamiento que la impulse a tener estilos de vida saludables y por lo tanto, que la aleje de las adicciones.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud, y que hoy se somete a discusión, debe ser votado a favor.

La propuesta reviste especial importancia, en virtud de que propone que la ejecución del Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas dirija sus acciones a los jóvenes, respecto de la educación sobre los efectos del alcohol en la salud a través de métodos individuales, sociales y de comunicación masiva, por ello se busca fortalecer la atención directa del problema del consumo de alcohol que prevalece entre los jóvenes de nuestro país.

Votaremos a favor del dictamen porque en Acción Nacional la protección de la salud de toda persona, y en particular de la juventud, es un compromiso insoslayable, así lo demostramos en los 12 años anteriores y deseamos ratificarlo con nuestro apoyo al presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene finalmente el uso de la voz la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Zita Beatriz Pazzi Maza: Posicionamiento de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, respecto del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud.

Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los principales problemas de salud en México es el alcoholismo, baste señalar que dicho procedimiento causa, según lo establecido en el dictamen, 2 millones y medio de muertes al año y de estos decesos 320 mil corresponden a jóvenes entre 15 y 29 años.

Además, el alcoholismo es el primer factor de riesgo de morbilidad en América y está relacionado con muchos problemas graves de tipo social como la violencia, el descuido, el maltrato de menores, el ausentismo laboral. Por último, el 9 por ciento de las enfermedades en México son provocadas por el alcoholismo de manera directa e indirecta.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, los adolescentes son el grupo de edad que presentan los niveles más altos de consumo de alcohol de manera consuetudinaria, es decir, que beben por lo menos una vez a la semana o grandes cantidades en una sola ocasión.

La escolaridad es un factor que disminuye el riesgo de consumo en la población joven, por lo que es una preocupación creciente en nuestro país que existen alrededor de 7 millones de adolescentes que no estudian, por lo cual esta población se encuentra más expuesta a consumir drogas y alcohol, al tener más tiempo libre y no realizar ningún tipo de actividad académica o recreativa.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está a favor de las modificaciones legales planteadas por la Comisión de Salud, a partir de la propuesta de la diputada Crystal Tovar, del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que se precisan todo tipo de instrumentos legales, médicos y sociales para prevenir el alcoholismo y la drogadicción entre los jóvenes y entre las principales formas de prevención se haya la concientización sobre los efectos de dichas conductas.

En este sentido, consideramos del todo pertinente la reforma a la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud, para que exista una educación especial sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a los jóvenes. Y que para este efecto sean utilizadas metodologías pedagógicas, personales y campañas de comunicación masiva. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores el dictamen está suficientemente discutido. En consecuencia le ruego a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, hay 438 votos a favor, 2 abstenciones y 0 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular, por 438 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 185 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.*

* El dictamen mencionado se encuentra en la página 144 de esta edición.

Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz la diputada Ana Isabel Allende Cano.

La diputada Ana Isabel Allende Cano: Compañeros legisladores, el Sistema Penitenciario Nacional representa un instrumento fundamental del Estado mexicano para garantizar el apoyo a la reinserción social de las y los internos; en el cumplimiento de las penas legales, impuestas por autoridad jurisdiccional.

Lo anterior, en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México se ha sumado a la legislación aplicable.

De acuerdo con datos oficiales entregados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en su informe Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional, de enero de 2013, en nuestro país existen sólo dos centros federales y 10 centros estatales especiales para mujeres reclusas, así como 68 penales que realizaron adaptaciones para la estancia de mujeres. Este mismo  documento establece que existen 11 mil 641 reclusas. Esto representa el 4.8 por ciento del total de la población penitenciaria del país. Ocho mil quinientas cincuenta y dos de estas mujeres están recluidas por delitos del fuero común y 3 mil 89 por delitos de carácter federal.

Se calcula que de estas 11 mil 641 mujeres reclusas, alrededor del 70 por ciento son madres y en la mayoría de los casos, jefas de familia. Incluso según datos actualizados a noviembre del 2012, existían 377 hijos e hijas, infantes, dentro de las cárceles del país y 48 mujeres embarazadas.

En este sentido, en la comisión dictaminadora consideramos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 18, refiere el respeto a los derechos humanos como una de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario, derechos que de acuerdo con el artículo 1o., del mismo ordenamiento, gozarán todas las personas de nuestro país y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca.

En el mismo sentido se consideraron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, las cuales establecen que cuando las hijas e hijos de una madre reclusa permanezcan en su lugar de readaptación social deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.

En la comisión dictaminadora también incorporamos en el presente documento el principio de interés superior de la niñez que ha sido elevado a rango constitucional en México por el artículo 4o. de la Carta Magna y se ha reiterado dicho compromiso a nivel internacional al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

El último instrumento internacional mencionado establece el derecho del hijo a ser cuidado por sus padres, así como la obligación de los Estados parte a adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres a desempeñar sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño. En este mismo orden de ideas se entiende la no separación de los padres, todo dentro del marco de un adecuado desarrollo de la personalidad del niño en el seno de la familia.

Los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos han dado cuenta de una deficiencia en el goce de la unidad familiar por parte de los menores, hijos de mujeres en reclusión, como lo percibió el Comité de los Derechos del Niño en el examen de los informes enviados por los Estados parte, en virtud del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 2006, donde  dicho órgano registró el hacinamiento, las malas condiciones de detención y la inadecuación del personal con relación a las mujeres con hijos, así como grandes deficiencias en la atención médica y en la alimentación de los hijos de las internas que viven en los centros.

En el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos de las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, se expresó que deben existir instalaciones especiales para el  tratamiento de reclusas embarazadas, las que acaban de dar a luz y las convalecientes, así como tomarse acciones para organizar una guardería o estancia infantil con personal calificado.

Si bien, el artículo 3o.  de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados hace mención de que el Ejecutivo federal debe cumplir con la disposición de que las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas cuenten con espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, esta comisión dictaminadora coincidió en que existe una omisión al señalar un responsable específico, con lo cual se corre el riesgo de hacer nugatorio este derecho humano, por lo que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y los compromisos internacionales debemos llevar a cabo las acciones conducentes desde el ámbito legislativo para subsanar dicha deficiencia.

Estamos ciertos de que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario es la entidad adecuada para la coordinación y homologación de mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios, señalando que la facultad de la misma debe suscribirse a la emisión de una norma modelo que debe ser observada por los centros penitenciarios en los tres niveles de gobierno.

Es así que esta comisión dictaminadora pone a disposición de esta soberanía el presente dictamen encaminado a fortalecer, garantizar y proteger tanto los derechos de la niñez mexicana como los derechos humanos de las reclusas en todos los niveles de gobierno, así como un acceso irrestricto a una reinserción social plena y compatible con el sano desarrollo familiar. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de a voz la diputada Sonia Rincón Chanona.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el respeto a los derechos humanos de los internos en centros federales y locales resulta indispensable para lograr el objetivo primordial de la readaptación social.

Sin embargo, cuando hablamos del derecho que tienen las reclusas embarazadas y aquéllas que tienen el cuidado de sus hijas e hijos dentro del centro penitenciario, nos enfrentamos a la realidad de que en la mayoría de estos casos los centros penitenciarios de nuestro país no cuentan con la infraestructura de espacios adecuados para el desarrollo integral de los hijos de las reclusas que se encuentran bajo su cuidado.

De acuerdo con el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana, de junio de 2013, se hace evidente la urgente necesidad de establecer en los centros penitenciarios instalaciones especiales que le permitan a la madre reclusa conservar a su hijo.

Asimismo, este informe exhorta a tomar las disposiciones necesarias a fin de organizar una guardería o estancia de bienestar infantil con personal calificado, debido a que no existen las condiciones adecuadas para que los hijos de las internas satisfagan necesidades para un pleno desarrollo al interior de los mismos.

Por tanto, es nuestro deber legislar en la materia y de este modo procurar que el derecho de la madre a disfrutar de su hijo y a ejercer su rol materno se conjugue con el derecho de los menores a una vida digna, a un desarrollo integral y a no sufrir condiciones que violenten ninguno de sus derechos establecidos en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, así como lo ratificado en principio del interés superior de la niñez.

El objetivo del presente dictamen es establecer, en el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la atribución como función de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, de emitir lineamientos a los que deberán sujetarse la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para el establecimiento de espacios apropiados en los centros penitenciarios para el sano desarrollo de las hijas e hijos, menores de seis años, de las mujeres reclusas que permanezcan al cuidado de ellas dentro de dichos centros, asegurando su desarrollo pleno e integral y atendiendo el principio del interés superior de la niñez, partiendo del objetivo principal de la Conferencia de erigirse como el órgano de análisis, difusión e instrumentación de la política pública en materia penitenciaria, con estricto apego a la legislación aplicable,  así como con absoluto respeto a la soberanía de las entidades federativas, sea este órgano del Estado el encargado de organizar el funcionamiento de estos espacios de desarrollo infantil.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos pertinente que se atribuya la capacidad a la Conferencia de emitir lineamientos que consideren los medios necesarios para que los centros penitenciarios cuenten con la infraestructura óptima y eficiente.

No olvidemos que México, en 1990, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo desde que ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella, y procurar en todo momento la prevalencia del principio del interés superior de la niñez.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen que reforma el artículo 31 en su fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar en sus términos el dictamen que nos presenta la Comisión de Seguridad Pública, por el que se adiciona una fracción IX al artículo 31 de la Ley General al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la ley de la materia se prevé la existencia de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, misma que se integra por los titulares de los órganos de prevención y reinserción social de la Federación, los estados y el Distrito Federal.

En el artículo 31 se regulan las funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y en la fracción que se adiciona se le otorgan facultades para emitir lineamientos a los que se sujetarán la propia Federación, estados, Distrito Federal y municipios para establecer espacios apropiados en los centros penitenciarios para el sano desarrollo de las hijas e hijos, menores de seis años, de las reclusas en el interior de dichos centros.

Para dar cumplimiento a instrumentos internacionales celebrados por nuestro país, por México, es precisamente que se vuelve indispensable aprobar esta reforma. Hay un atraso significativo por parte de nuestro país para dar cumplimiento a diversas normas internacionales, entre ellas las contenidas en la Convención de  los Derechos del Niño y tenemos informes también, como ya se puntualizó, del mismo Comité de los Derechos del Niño, del órgano de Naciones Unidas, por visitas que se han realizado a los centros de reclusión, de dar cumplimiento básicamente a las normas que establecen el principio de unificación familiar.

Entonces para dar cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño y a las resoluciones del Comité es que se vuelve indispensable, precisamente, aprobar esta reforma.

En segundo término, para ser congruentes y dar cumplimiento al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el cumplir con los tratados internacionales celebrados por México. Y en tercer lugar, para dar cumplimiento al artículo 4o ya mencionado, que establece el principio del interés superior de la niñez.

En el presente dictamen se continúa afortunadamente con la tendencia de este dictamen, de favorecer a la niñez y sus derechos para que en todos los centros penitenciarios haya espacios en donde los menores que vivan con sus padres cuenten con espacios apropiados que les permitan tener las mejores condiciones para su desarrollo. No debe ser excusa el que las madres estén en reclusión para que los niños no cuenten con las adecuadas condiciones para su desarrollo.

Para las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el interés superior de los niños y niñas es un bien prioritario para el desarrollo de la sociedad. Estas acciones se deben traducir en otorgar a todas las niñas y niños los espacios educativos adecuados, donde puedan desarrollar su capacidad de adquisición de conocimientos. También se les debe dotar de una alimentación de calidad y de todos los satisfactores que necesitan para un desarrollo adecuado.

Por las consideraciones antes expuestas, nuestro Grupo Parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen de la presente iniciativa tiene como finalidad reformar una fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario emita los lineamientos para la implementación de espacios y condiciones adecuadas para las hijas e hijos de las internas en los centros penitenciarios.

En este sentido, debo manifestar que el hablar de tener a menores de edad en un centro penitenciario, a todas luces en un principio resultaría contradictorio si tomamos en consideración el hacinamiento y la vejación sistemática que se dan en todo centro de reclusión, al extremo de ser considerados universidades del crimen.

Derivado de lo anterior, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que las mujeres que están recluidas en cárceles mexicanas enfrentan situaciones que van en contra de su dignidad y seguridad, debido al hacinamiento y a un sistema dirigido a la población masculina.

Señala dicho informe que en revisiones tienen que desnudarse, dormir en el piso o vivir entre hombres, son algunas de las condiciones irregulares que padecen las mujeres reclusas.

Al respecto, de acuerdo con datos del gobierno federal y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinan que la población en cárceles mexicanas ronda en 230 mil internos, de los cuales solo 11 mil 901 son mujeres, representando el 4.8  por ciento, y solamente el 35.19 de ellas se encuentran en centros exclusivos para mujeres, el resto se encuentra en centros penitenciarios mixtos.

Sólo para ejemplificar dicho informe, señala que en el Centro de Readaptación Social Regional de Santiago Ixcuintla, en Nayarit, por la falta de un área adecuada a su género, una mujer tuvo que ser alojada en una oficina.

En el Centro Preventivo de Reclusión Femenil de Guadalajara, la Comisión Nacional contabilizó una población de 505 internas, lo que representa un 97 por ciento de sobrepoblación. Las internas del dormitorio B, dice dicho informe, duermen en el piso. En suma, de los 418 centros penitenciarios que existen en el país, sólo 10 son exclusivos para la población femenil.

Hasta noviembre de 2012, señaló la propia Comisión que contabilizó una población de 377 menores de edad viviendo con sus madres, encontrándose 48 internas que estaban embarazadas.

Derivado de todo lo anterior, el organismo nacional concluyó que no se toma en cuenta a los niños y niñas al imponer sanciones penales a sus madres.

B. Que el interés superior de la infancia se contrapone con la realidad que actualmente padecen las niñas y niños con sus madres en reclusión.

C. Las mujeres en centros penitenciarios no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con su responsabilidad de maternidad responsable.

En este sentido debemos precisar que los reglamentos de los centros de reclusión consagran que los niños y niñas de madres en prisión pueden permanecer con ellas hasta los seis años de edad, como por ejemplo, el del Distrito Federal en su artículo 98, en el de Morelos en el artículo 60, fracción VII y finalmente, el estado de México, que se encuentra previsto en el 107, lo cual es congruente, como lo ha establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que el Estado velará en todas las decisiones y actuaciones con el principio del interés superior a la infancia, garantizando de manera plena sus derechos.

De igual manera, la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 6o establece que siempre que sea posible, el niño o niña deberá crecer al amparo, bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Salvo circunstancias excepcionales no deberá separarse al niño de corta edad de su madre.

Conscientes de lo anterior y tomando en consideración la iniciativa de mérito, así como la desafortunada situación violatoria a los derechos de las niñas y niños que padecen en los centros penitenciarios al estar bajo el cuidado de sus madres internas, consideramos la necesidad que todo centro de reinserción social respete los derechos humanos, a cabalidad, de los menores.

Por ello, consideramos la necesidad de que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en base a sus atribuciones, emita los lineamientos para que la federación, los estados y el Distrito Federal y los municipios establezcan espacios apropiados y dignos que permitan el sano desarrollo de las hijas e hijos de las mujeres internas que permanezcan a su cuidado.

Conscientes de lo anterior, los integrantes de la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país ha firmado y ratificado la Convención de los Derechos del Niño. En ella se reconoce que en todos los países del mundo hay niñas y niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños y niñas necesitan especial consideración.

En su artículo 19 establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente. Malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

También en la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o, párrafo octavo, noveno y décimo establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Las niñas y los niños tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Aún más, los ascendientes, tutores y custodios tiene la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Y el Estado además otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Así, toda nación debe reconocer que resguardar y cumplir con los derechos de las niñas y de los niños es fundamental para proteger el periodo de la infancia como una etapa totalmente diferenciada de la edad adulta, a fin de construir un lapso de tiempo en el que los niños y las niñas puedan crecer, aprender, jugar y desarrollarse a plenitud.

El derecho de una niña o un niño a convivir con su madre es de carácter inalienable e imprescriptible, y de este modo ninguna persona particular o autoridad puede realizar actos encaminados al menoscabo de tales derechos, y consecuentemente a sus titulares, que son las niñas y los niños.

Las hijas y los hijos de las mujeres reclusas permanecen al cuidado de sus madres por dos razones principales: las madres así lo disponen y, en segundo, porque no existe opción para que las o los menores de edad queden al cuidado de otros familiares, y por  tanto, deben estar al cuidado de sus madres, aún estando reclusas.

En este orden de ideas no debe entenderse en ningún modo que las niñas y los niños se encuentran cumpliendo una pena privativa de la libertad, mucho menos privativa de sus derechos, y de este modo volverlos víctimas del  sistema penitenciario de nuestro país.

Aquí ya se ha mencionado que en México existen 11 mil 901 reclusas, de las cuales 4 mil 189 se encuentran en centros específicos para mujeres. El resto, 7 mil 712, el 64 por ciento, se albergan en centros mixtos, violando con esto no solamente la garantía de la población penitenciaria femenina, sino también violando los derechos de las niñas y niños que viven con quienes son madres de familia.

En este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha mencionado que más de 2 mil niñas y niños que viven en centros penitenciarios con sus madres viven en condiciones de vulnerabilidad, en hacinamiento, en peligro y mala alimentación.

Es por esta razón que en el Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo con la necesidad de adecuar las leyes vigentes a nuestra realidad, para que se garanticen plenamente los derechos tanto de las madres que se encuentran en prisión como de las niñas y niños que permanecen con ellas y que comienzan su desarrollo y formación de personalidad.

De este modo se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el goce de todas las personas de los derechos humanos y con el principio constitucional consagrado en el artículo 4o. constitucional, referente a velar siempre por el interés superior de la niñez.

Las niñas y los niños que están al cuidado de sus madres y que son menores de seis años, que es la edad límite que fija la legislación vigente, deben tener condiciones de vida y desarrollo adecuados. Es decir, deben contar con la educación preescolar o primaria, según sea el caso, alimentación, atención tanto médica como psicológica, lugares destinados para la convivencia con sus madres, lugares destinados a la lactancia en el caso de los recién nacidos, entre otros derechos. Ya que hay estudios que confirman que de no tener una atención especializada estas niñas y niños que acompañan a sus madres en prisión o que no se les permite la convivencia con ellas, tienen un riesgo mayor de desarrollar algún grado de desintegración social.

Es por esto que el Partido de la Revolución Democrática, nos pronunciamos a favor de este dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que con esto estamos garantizando un derecho más de nuestras niñas y niños. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con el permiso de la Presidencia. El posicionamiento que hoy se presenta deriva de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 31 y se adiciona la fracción XV al artículo 39, ambos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ya se ha comentado aquí sobre este gran tema. Decirles que hace tiempo me di a la tarea de recorrer los centros penitenciarios de mi estado, Chihuahua, es cuando se entiende, solamente cuando se habla con las reclusas, se platica, se dialoga y se recorren en los lugares en donde ellas se encuentran, es donde se entiende y se siente el derecho que como madres tienen y el derecho también de los pequeños.

Así es que el Partido Acción Nacional se congratula porque hoy se brinda esta posibilidad de que haya estos espacios para el desarrollo de los niños. En junio de 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada de manera histórica para incluir en ella el capítulo denominado de los derechos humanos. Dicha reforma constituye un cambio de paradigma en el país, el cual demuestra una gran evolución legislativa y un desarrollo positivo a nivel internacional.

Una de las reformas realizadas establece la Organización del Sistema Penitenciario sobre la Base de los Derechos Humanos, la cual fue establecida en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, observó grandes deficiencias en la atención médica y en la alimentación de los hijos de las internas que viven en los centros, por lo que la presente iniciativa refleja la preocupación del Poder Legislativo. La presente reforma nos permitirá anteponer el interés superior de la niñez, a la vez que se refrendará el derecho de la maternidad de las mujeres en reclusión.

Conforme lo establece el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el organismo encargado de la coordinación y homologación de mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de nuestro país.

En el Partido Acción Nacional apoyamos la reforma en comento, pero sobre todo, también sabemos todos que necesita este país un nuevo modelo en el sistema penitenciario. Ése es el verdadero tema de fondo y el presidente Calderón ha hecho un planteamiento en su momento. Por ahí se encuentra en el Senado, en discusión, dentro de la Comisión de Justicia.

Así es que el Partido Acción Nacional siempre impulsará sobre estos temas. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la voz el diputado Francisco González Vargas.

El diputado Francisco González Vargas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

Nada más alejado de la realidad. La contradicción entre lo previsto en la norma y lo que ocurre en la realidad es aberrante, toda vez que como sociedad hemos privilegiado la venganza social por sobre la reinserción, el hacinamiento, la suciedad y estigma en vez de la dignidad en el alma y en el cuerpo.

Hoy por hoy, la posibilidad de una segunda oportunidad para quienes torcieron sus vidas en algún momento, no pasa de ser una aspiración. Lo que hoy ocurre al interior de las penitenciarías y reclusorios habla de quienes se encuentran dentro, pero también de la sociedad que las ha prohijado.

Es por ello que compartimos el sentido del dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, puesto que su esencia es de un sentido humanista al que no puede uno sustraerse.

Reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario supervise la efectiva implantación de espacios y condiciones adecuadas para las hijas e hijos de las internas en los centros penitenciarios es una pretensión que compartimos, pues no ignoramos que las mujeres son doblemente estigmatizadas al caer en reclusión, pues su comportamiento resulta aborrecible para una sociedad que califica con doble rasero a hombres y mujeres a pesar de que estén ubicados en un mismo supuesto.

Garantizar el establecimiento de espacios apropiados en los centros penitenciarios para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de seis años, de las mujeres reclusas que permanezcan al cuidado de ellas dentro de dichos centros, es una medida humanista que permitirá tanto a las mujeres como a sus menores sobrellevar de alguna manera el internamiento, permitiendo así la posibilidad de una verdadera readaptación, cumpliendo de esta forma con lo previsto en nuestra Carta Magna y en diversos instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la Convención sobe los Derechos del Niño.

Vienen a nuestra mente las encarcelaciones que tienen lugar en los centros de readaptación social, actos solemnes encaminados a abrir las puertas de las cárceles a quienes cumplen con los requisitos para recuperar su libertad. Actos en los que tratándose de varones, acuden muchas familias que emocionadas reciben de vuelta a sus seres queridos. Pero que cuando se habla de mujeres tienen verificativo en medio de una profunda soledad, producto del desprecio y la marginación a los que son condenadas las reclusas aun cuando hayan saldado sus deudas con la sociedad.

Amigas y amigos diputados, no permitamos más la doble estigmatización. Construyamos un sistema de verdadera readaptación que privilegie el perdón y no la represalia, que impulse la benevolencia en vez de la condena social eterna.

Por ello hay que votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, el asunto está suficientemente discutido. Voy a rogar a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se emitieron 433 votos a favor y 6 abstenciones.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

PEDRO FERRIZ SANTACRUZ

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Señoras y señores legisladores, a solicitud de diversas diputadas y diputados, la Mesa Directiva participa a la asamblea del lamentable deceso del destacado periodista y conductor Pedro Ferriz Santa Cruz. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS Y MINUTAS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es el relativo a dictámenes en sentido negativo.*

Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Se informa también que se  han reservado para discusión los dictámenes en sentido negativo registrados en el orden del día con los números 33 y 54.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los demás puntos de acuerdo.

El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere a los 12 últimos asuntos, devuélvanse al Senado para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.

** INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

* Los dictámenes mencionados se encuentran en los Anexos del I al VIII de esta sesión.

** Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Anexo IX de esta sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 16:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 5 de septiembre del 2013, a las 11:00 horas, y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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