*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 5 de septiembre de 2013, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 5 de septiembre de 2013 y que no fueron abordadas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y suscrita por el diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

2. Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

3. Que reforma el artículo 2o., apartado A, fracción II; y se reforma el párrafo noveno y se adicionan dos párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Indígenas para opinión

4. Que reforma el artículo 6O. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen

5. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, a fin de que la Sagarpa, establezca las acciones necesarias para implementar un programa especial de modernización de los rastros municipales, así como implementar un programa integral de manejo y tratamiento de desechos y despojos, derivados de la matanza de los animales, a cargo de la diputada Ma. Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno:Comisión de Ganadería, para dictamen

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT, de la SHCP y de la SE, implementen nuevos esquemas financieros e incentivos fiscales que permitan a los hombre-camión, sustituir o en su caso, chatarrizar sus unidades vehiculares de carga, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno: Comisión de Economía, para dictamen

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a fin de que en el ámbito de sus facultades asuman medidas oportunas para compensar las pérdidas del sector productivo generadas por bloqueos y manifestaciones del movimiento magisterial; así mismo para que se legisle en materia de regulación de marchas y manifestaciones, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Turno:Comisión del Distrito Federal, para dictamen

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Quintana Roo, para que garantice la integridad física y emocional de la periodista Lydia Cacho, así como respetar la libre manifestación de ideas y prensa, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, para que en el diseño de las políticas del Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor, se contemple la implementación de un sistema intersecretarial que permita coordinar y articular las políticas sociales de manera transversal, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos y poderes ejecutivos de las entidades federativas, emprendan las acciones requeridas a fin de incorporar tecnologías tendientes a generar ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de viviendas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de Sagarpa y de la SE, a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno:Comisión de Economía, para dictamen

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que no incremente el IVA en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

9. Con punto de acuerdo, relativo a la situación que guarda la sobreexplotación y tala clandestina de la comunidad de Minas Viejas, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí y se tomen las medidas necesarias para evitarla, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.»

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a cargo de María Sanjuana Cerda Franco y suscrita por Rosendo Serrano Toledo, diputados de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del PRD, respectivamente

Los suscritos, María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ambos diputados integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa que adiciona un sexto párrafo al artículo 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) surge de la necesidad de fortalecer la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, creando un espacio neutral de encuentro, acuerdos y confianza mutua

La Prodecon tiene por objetivo proteger los derechos y garantías de los contribuyentes, mediante la asesoría, representación y defensa; así como la recepción de quejas y emisión de recomendaciones en materia fiscal; además de otras importantes facultades como son la identificación de los problemas endémicos del sistema, celebrar reuniones periódicas con las asociaciones empresariales y profesionales, con síndicos y contribuyentes organizados, a las que deberán acudir las autoridades fiscales de alto nivel; proponer medidas correctivas; interpretar normas tributarias a petición del SAT; fomentar la cultura contributiva, al igual que acudir ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con propuestas de modificación a las normas fiscales

La Prodecon surge por decreto de Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2006, el cual fue impugnado por el Procurador General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la acción de inconstitucionalidad 38/2006 resuelta el 16 de mayo de 2008, por lo que la Ley fue publicada con sus últimas reformas el 7 de septiembre de 2009

El 28 de abril del 2011 de una terna propuesta por el titular del Ejecutivo federal fue electa por el Senado de la República la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara como primer ombudsman fiscal del país. A partir del nombramiento de la procuradora, y de conformidad con su Ley Orgánica la Procuraduría, contó con 120 días para entrar en funciones, por lo que el 1° de septiembre del 2011 la Prodecon abrió sus puertas al público

Con fecha 29 de marzo de 2011, el senador Alfonso Elías Serrano, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En dicha iniciativa se expone que uno de los principales obstáculos de la institución del Ombudsman en nuestro país es la percepción arraigada en el poder público de que las recomendaciones de estas instituciones, son meros exhortos o simples opiniones con relación al actuar de una autoridad o funcionario del Estado

Esta particularidad, se ha convertido en México en un importante obstáculo para que estos organismos se constituyan como auténticos defensores del ciudadano en contra de los abusos y violaciones a los derechos fundamentales por parte de los gobiernos

En los últimos tiempos el derecho constitucional mexicano ha sido sujeto de modificaciones, a raíz de la reforma del 10 de junio de 2011, a través de la cual se hace un reconocimiento expreso en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, se fortaleció el marco normativo de los derechos fundamentales en México

En materia tributaria, el fundamento de los derechos humanos, viene dado por el artículo 31, fracción IV de la Ley fundamental que establece los principios rectores del sistema contributivo, y la sujeción inminente a los principios de proporcionalidad y equidad, mismos que tienen su origen desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que en sus artículos 13 y 14, esbozan dichos principios y a la letra de la ley dispone:

Artículo 13o. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración es indispensable una contribución común: debe ser igualmente repartida entre todos los ciudadanos en razón a sus posibilidades

Artículo 14o. Todos los ciudadanos tienen el derecho de verificar por sí mismos o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración

En virtud de lo anterior, surge la necesidad de seguir fomentando la función de la Prodecon en cuanto a garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, a través de la prestación de los servicios gratuitos de asesoría, representación y defensa; velando por el cumplimiento efectivo de sus derechos, para contribuir a propiciar un ambiente favorable en la construcción de una cultura de plena vigencia de los derechos del contribuyente en nuestro país; así como en la recepción de quejas, reclamaciones o emisión de recomendaciones públicas a las autoridades fiscales federales, a efecto de que se lleguen a corregir aquellas prácticas que indebidamente lesionan o les causan molestias excesivas o innecesarias a los contribuyentes

A la fecha, se han hecho públicas 38 recomendaciones desde el 1 de septiembre de 2011, 6 durante dicho año y 32 durante el 2012, de las cuales una tercera parte de las Recomendaciones han sido relativas a la inmovilización de cuentas bancarias

De acuerdo con los datos vertidos por la propia Prodecon, nueve de las recomendaciones han sido aceptadas por las autoridades a quienes se les han dirigido

Entre los casos más destacables están las recomendaciones 3/2011 y 5, 19 y 29 de 2012

Lo anterior muestra la excelente labor que ha tenido la Prodecon, a prácticamente año y medio de entrar en funciones. Sin embargo, debe subrayarse, que el número de recomendaciones emitidas y no atendidas se irá incrementando, por lo que consideramos necesario fortalecer el sistema, para que se dé un mejor cumplimiento a las recomendaciones o bien se funde y motive el objeto del rechazo

Con fecha 27 de abril de 2012, se hizo la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH) y adiciona el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Tuvo como efecto adecuar la LCNDH con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de 10 de junio de 2011.De tal manera que se cumplimentara los vacíos legales que se presentaban para su efectiva aplicación y que las reformas constitucionales se reflejaran en beneficios reales para las personas en nuestro país

Por lo tanto, la reforma tuvo como objeto promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de los derechos humanos, consagrados en el artículo 1o. constitucional

Argumentación

No podemos dejar de lado, el hecho de que la Prodecon funge como ombudsman en materia fiscal. Esta figura de defensor del ciudadano fue instituido en Suecia hace doscientos años. El vocablo significa: agente, vocero, abogado o consejero legal, gestor, procurador, representante, mandatario o delegado de justicia: Es un funcionario que investiga las quejas de los ciudadanos en el sentido de que han sido injustamente tratados por alguna dependencia y que cuando encuentran la queja justificada, le buscan el remedio

En tal sentido, las recomendaciones que emite, si bien no son obligatorias para las autoridades, tienen un peso moral que obliga a la autoridad a su acatamiento. Con base en el principio de imparcialidad del ombudsman y las características especializadas del dictamen técnico jurídico que emite, sugieren cuáles deben ser las acciones para enmendar el error o vicio, las sanciones que deben imponerse y las medidas tendientes a que no se produzcan violaciones similares en lo futuro

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es consciente que de dar carácter vinculatorio a las recomendaciones se desnaturalizaría la figura del ombudsman en materia fiscal. Empero, como legisladores estamos llamados a procurar los mecanismos legales para fortalecer dichas instituciones en protección de los derechos de los gobernados

Derivado de lo anterior se propone que la autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Diputados o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa

Lo anterior tiene una lógica innegable. En primer término, se busca homologar la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, con la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para efecto de que la autoridad o servidor público, respondan ante la sociedad por el desacato o incumplimiento de una recomendación emitida por el ombudsman en materia de Derechos Humanos y en materia de Derechos del Contribuyente

Por otro lado, la única diferencia radica en que la autoridad o servidor público renuente a acatar una recomendación de la Prodecon, deberá atender los llamados de la Cámara baja, y no del Senado como está dispuesto por la CNDH. La lógica de esto responde a dos factores de suma importancia: el primero radica en que la Cámara de Diputados es en la que realmente radica la representación de la Soberanía del pueblo, pues el Senado representa a las entidades federativas, y no directamente a los gobernados; por otro lado, atendiendo al fundamento constitucional contenido en el artículo 72 fracción H, que estable “la formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados”. Siendo la Prodecon, el defensor en materia fiscal, y la Cámara de Diputados, la cámara de origen en materia de contribuciones, es imperioso, que sean ante dicha soberanía que la autoridad o servidor público del que se trate, funde y motive, la razón para no acatar una recomendación, emitida por la Prodecon

El espíritu de esta reforma no radica en que la autoridad sea constantemente llamada por la Cámara de Diputados a exponer las razones de su negativa a acatar una recomendación, sino que lo que se busca es fortalecer el carácter de las recomendaciones. Más importante aún, el propósito es fomentar el estricto apego de la autoridad al principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, así como la garantía de audiencia estipulado en el artículo 14 del mismo ordenamiento, para efecto de que se dejen de llevar a cabo violaciones a los derechos de los contribuyentes, y dejen de recurrir en carácter de agraviados ante la Prodecon

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o. numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente

Único. Se adiciona un sexto párrafo al artículo 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, para que dar como sigue:

Artículo 25. ..

..

..

..

..

La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Diputados o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputados: María Sanjuana Cerda Franco, Rosendo Serrano Toledo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

De conformidad con el Presupuesto de Gastos Fiscales para el ejercicio fiscal de 2013, que establece cuales son los montos que deja de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal

Por lo que se refiere a los tratamientos fiscales por diferimientos significan unarenuncia recaudatoria de 54 mil 358 mdpequivalente a 0.33 por ciento del PIB

• Los diferimientos son esquemas a través de los cuales se evita o reduce el pago del impuesto en el presente, sin embargo se compensa en el futuro

• Deducción inmediata de inversiones de activos fijos 50%

• Consolidación fiscal 18%

• Aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones 13%

• Contribuyentes dedicados al autotransporte terrestre 7%

• Contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura 5%

• Deducción de Inversiones régimen Intermedio 5%

• Otros 2%

En tal sentido, se puede apreciar que el estado deja de recaudar por el régimen de Consolidación Fiscal 9 mil 784 mdp; lo que sin duda es en perjuicio de los contribuyentes

El compromiso 72 del Pacto por México, en el rubro de Fortalecer la capacidad financiera del Estado, propone de manera expresa que se eliminarán los privilegios fiscales, en particular, el régimen de consolidación fiscal, con lo que se buscará reducir el sector informal de la economía, y se revisará el diseño y la ejecución de los impuestos directos e indirectos

Lo anterior solo es evidencia del daño que generan los privilegios fiscales, cuando no son razonados bajo parámetros de justicia, ya que los estímulos fiscales constituyen mecanismos que utiliza el Estado para otorgar beneficios a ciertas personas o áreas de la actividad económica, que modifican o inciden en el contenido material de los elementos esenciales de las contribuciones, pues afectan directamente el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago

En tal sentido un estímulo fiscal constituye el conjunto de recursos otorgados a los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria con la finalidad de fomentar o erradicar una actividad de determinado sector o región del país, por su parte el Servicio de Administración Tributaria entiende a los beneficios fiscales como aquellos apoyos gubernamentales que se destinan a promover el desarrollo de actividades y regiones específicas, a través de mecanismos tales como: devolución de impuestos de importación a los exportadores, franquicias, subsidios, disminución de tasas impositivas, exención parcial o total de impuestos determinados, aumento temporal de tasas de depreciación de activos, deducciones, etc

Bajo dicha línea del pensamiento, se debe reconocer que un estímulo fiscal tiene tres características:

1. La existencia de una hipótesis normativa a título de contribución a cargo del sujeto pasivo de la relación impositiva y que será el beneficiario del estímulo

2. El correlativo Hecho imponible que delimite la situación especial del contribuyente, otorga el estímulo y que al configurarse dicha hipótesis normativa da origen al derecho del contribuyente para exigir el otorgamiento de dicho estímulo a su favor

3. Un fin extrafiscal

Dicho fin extrafiscal que justifique la permanencia del régimen especial, es de lo que carece la consolidación fiscal, toda vez, que es considerado más como un gasto fiscal, que un mecanismo que potencialicé cierto sector afectado o vulnerable del país, al contrario, beneficia a los grandes consorcios

Argumentación

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, reconoce que los privilegios fiscales no deben ser un capricho del legislador sino un juicio de razonabilidad que atiende a fines de naturaleza extrafiscal, y que opera en beneficio de los mexicanos. Bajo dicha línea del pensamiento, se considera pertinente dilucidar el concepto de Consolidación Fiscal, aclarando que no existe un concepto formal en ley, no obstante la doctrina ha dicho que la consolidación fiscal es aquella ficción jurídico fiscal, en la que un grupo de empresas con intereses económicos comunes es representado por una sola sociedad (controladora), donde dicho grupo debe tratarse bajo la premisa de ser una sola empresa para fines del impuesto sobre la renta, con independencia de las personalidades jurídicas diferentes que tiene cada sociedad perteneciente al grupo

En tal sentido, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Distrito, entiende a la consolidación fiscal de la siguiente manera:

Registro número 181590

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Consolidación fiscal. Ventajas que representa ese régimen de tributación opcional (legislación vigente en 1993).La consolidación fiscal permite integrar las utilidades o pérdidas fiscales de las diversas empresas que conforman el grupo y determinar el impuesto sobre la renta en torno a esa base, por ende, se logra que las pérdidas que se tengan en algunas empresas del grupo se amorticen de inmediato contra las utilidades de otras empresas integrantes del propio grupo. Bajo este esquema de tributación, una empresa no tiene que esperar a que en lo individual genere utilidades para saldar sus pérdidas sufridas en años anteriores, situación que puede generar beneficios financieros adicionales; en el supuesto de que tenga pérdida consolidada, ésta se podrá compensar contra la utilidad consolidada de ejercicios futuros; además, la consolidación tiene como ventaja, la centralización de la tesorería del grupo para llevar a cabo el pago de los impuestos, en virtud de que la parte del interés minoritario de las controladas se entera directamente al fisco, y la parte consolidada fluye a la controladora. Si el pago provisional consolidado resulta inferior a los determinados en lo particular, la controladora tendrá flujos de efectivo adicionales debido a los recursos canalizados por sus controladas

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito

Luego entonces, la consolidación fiscal consta de dos elementos, la sociedad controladora que será la encargada de presentar la declaración y enterar los impuestos del grupo en consolidación y por otra parte las sociedades contraladas que deberán calcular y enterar el impuesto a la sociedad controladora, es decir, una entidad controladora es la que tiene inversiones permanentes en otras entidades llamadas subsidiarias o controladas que son aquellas entidades sobre las cuales la controladora ejerce control, directa o indirectamente

Como obligaciones que impone la ley para poder consolidar encontramos de conformidad con el artículo 64 de la ley de ISR:

• Ser residente en México para efectos fiscales

• Poseer directa o indirectamente más del 50% de acciones con voto de sociedades controladas

• Que en ningún caso más del 50% de sus acciones con voto sean propiedad de personas morales

• Si se opta por este régimen se tiene la obligación de Consolidación por 5 ejercicios

Por otro lado, el concepto de ISR diferido se debe estudiar desde el punto de vista contable y fiscal, de conformidad con la Norma de Información Financiera (NIF d-4) podemos decir que el ISR diferido contable es el impuesto a cargo o a favor de la entidad, atribuible a la utilidad del periodo que surge de las diferencias temporales, las pérdidas fiscales y los créditos fiscales. Este impuesto se devenga en un periodo contable (periodo en que se reconoce) y se realiza en otro, lo cual ocurre cuando se revierten las diferencias temporales, se amortizan las pérdidas fiscales o se utilizan los créditos fiscales; las diferencias temporales debemos entenderlas como las diferencias entre el criterio contable y fiscal que con el transcurso del tiempo se concilian y dan origen a los impuestos diferidos

Ahora bien de conformidad con la ley del ISR, el impuesto sobre la renta que se hubiera diferido con motivo de la consolidación fiscal se enterará, ante las oficinas autorizadas, cuando se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo, varíe la participación accionaria en una sociedad controlada, se desincorpore una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, en los términos de este Capítulo. Asimismo, en cada ejercicio fiscal, se deberá enterar ante las oficinas autorizadas, el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de la ley den cita. El ISR diferido se calculará sumando el impuesto determinado en cada una de las siguientes partidas:

• Pérdidas Fiscales de las controladas y controladora

• Pérdidas por enajenación de acciones

• Comparación saldos del registro de la CUFIN Consolidado y CUFIN de la controladora y controladas

• Dividendos contables (Art. 78 LISR)

En suma, y toda vez, que ya se analizó el régimen previsto Capítulo IV de la ley de ISR, es decir la multicitada consolidación fiscal, resulta claro, que puede considerarse una práctica evasiva, pues las empresas que se encuentran bajo dicho supuesto, se aprovechan de las pérdidas fiscales, y aparentan no generar utilidades, con la intención de amortizar sus pérdidas sufridas en años anteriores, situación que beneficia únicamente a los grandes empresarios

Ahora bien con la reforma del 2010 en materia de consolidación Fiscal, dicho régimen tuvo cambios sustanciales que lo fueron distorsionando gradualmente, hasta convertirlo en un régimen de simple diferimiento, la doctrina ha dicho que el cambio tiene que ver con la filosofía que justifica este régimen especial de tributación, así como los momentos y la manera en que se determina y paga el impuesto diferido, con la reforma la consolidación fiscal ya no se basa en el principio de neutralidad fiscal y, por ende, deja de ser un esquema de tributación diseñado para generar beneficios de manera permanente, pasando a ser un simple medio para favorecer el fortalecimiento de la capacidad operativa y financiera del grupo, durante un tiempo razonable que el ejecutivo y el legislador consideraron de cinco años. Dentro de las principales modificaciones del 2010 tenemos las siguientes:

• Momentos que detonan pago desde 2010 (art. 64 LISR) “El impuesto sobre la renta que se hubiera diferido con motivo de la consolidación fiscal se enterará, ante las oficinas autorizadas, cuando se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo, varíe la participación accionaria en una sociedad controlada, se desincorpore una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, en los términos de este Capítulo. Asimismo, en cada ejercicio fiscal, se deberá enterar ante las oficinas autorizadas, el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta Ley”

• Se agrega nuevo momento para pago

• Plazo máximo diferimiento 5 años

• Pago parciales

• Cálculo ISR “Diferido”

• Distinto concepto contable

• No implica declaraciones complementarias

• Cálculos independientes de todas las controladas y la controladora

• Mayor carga administrativa

Verbigracia, es el caso del Plazo máximo de diferimiento a 5 años, y que de modo grafico se observa en la siguiente tabla, para hacer énfasis que en ningún momento constituye una práctica evasiva o de elusión fiscal

Por otro lado, el Poder Judicial, entendiendo el mismo por la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados de Circuito, prevén la consolidación fiscal de la siguiente manera:

Registro número 179240

Jurisprudencia

Pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores a la inclusión al régimen de consolidación fiscal. Sólo pueden restarse de las utilidades que genere la propia sociedad y no de las de otra u otras empresas del mismo grupo (legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 1996).De los artículos 57-G, fracción VI, 55 y 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes hasta el 31 de diciembre de 1996, se concluye quelas pérdidas fiscales sufridas por una sociedad en ejercicios anteriores al de su incorporación al régimen de consolidación, sólo pueden disminuirse de la utilidad fiscal que ésta obtenga y no de las que genere otra empresa del grupo, en virtud de que la intención del legislador al establecer este régimen de beneficio para quienes ejercieran la opción relativa y se autorizara por la autoridad administrativa fue la de que operara a partir de tal autorización, y a partir del ejercicio siguiente al en que se obtuviera ésta, previéndolo desde que se instituyó el régimen de consolidación en 1982, como concepto especial de consolidación de resta a las pérdidas de ejercicios anteriores al de inicio de consolidación, diferenciándolas así de las pérdidas ocurridas cuando ya se estuviere sujeto al mencionado régimen

Contradicción de tesis 87/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Octavo y Décimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 28 de enero de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: J. Fernando Mendoza Rodríguez

Resulta elocuente el criterio jurisprudencial citado, al establecer, que las pérdidas fiscales que una empresa tenga pendientes de amortizar, y que sean previas a la incorporación del grupo consolidado, no podrán ser amortizadas por la controladora, ya que de lo contrario se prestaría a prácticas de evasión fiscal

Por otro lado, las principales desventajas de este régimen son:

• Carga administrativa

• Régimen de diferimiento de impuestos

• Distorsiones por no consolidación en IETU

Por lo anterior, es que muchas empresas en la actualidad están optando por abandonar un régimen que más que ayudar perjudica, situación completamente contraria a lo que establece la iniciativa objeto de estudio

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o. numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se derogan diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único: Se derogan los artículos 64 al 78 del Capítulo VI, Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

Título IIDe las Personas Morales Disposiciones Generales

Capítulo VIDel Régimen de Consolidación Fiscal

Artículo 64. Se deroga

Artículo 65. Se deroga

Artículo 66. Se deroga

Artículo 67. Se deroga

Artículo 68. Se deroga

Artículo 69. Se deroga

Artículo 70. Se deroga

Artículo 70-A. Se deroga

Artículo 71. Se deroga

Artículo 71-A. Se deroga

Artículo 72. Se deroga

Artículo 73. Se deroga

Artículo 74. Se deroga

Artículo 75. Se deroga

Artículo 76. Se deroga

Artículo 77. Se deroga

Artículo 78. Se deroga

Artículo Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 3 de septiembre de 2013.— Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 2o., Apartado A, fracción II, y el párrafo noveno, y adiciona dos párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la siguiente, al tenor del siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o., Apartado A, fracción II; y se reforma el parráfo 9 adicionando dos párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema

De acuerdo al filósofo Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, el Estado surge de la necesidad de un poder superior al de los hombres que viven en el llamado “estado de naturaleza” en que cada hombre es el encargado de velar por su seguridad y ante este reconocimiento de contar con un poder que ordene la convivencia humana y que les proporcione el ansiado sentimiento de seguridad renuncian a su poder individual para concentrarlo en un solo ente

El Estado surge cuando cada hombre en un contrato no determinado otorga a este ente llamado Estado, el uso de la violencia reservando en todo momento la facultad para reclamarlo cuando el Estado fracase en su misión primordial

En años recientes, México ha vivido un crecimiento importante de violencia relacionada al crimen organizado, donde el narcotráfico se ha convertido en el principal motor de éste clima y criminalidad, que horada la paz social

Hoy, la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país. Este incremento y auge de la criminalidad denota, entre otras cosas, un fracaso gubernamental para garantizar la seguridad

La delincuencia organizada ha causado desplazamiento en los estados mayormente afectados por las actividades de los cárteles de la droga, tales como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas

Hoy día las cifras oficiales nos hablan de cerca de 100,000 mil  muertos como consecuencia de la fallida estrategia de guerra contra el crimen organizado, que a su paso va dejando una estela de sangre, daños colaterales y miles de víctimas a lo largo de todo el territorio nacional

Debemos tener muy presente que el tema de la inseguridad en México es latente, la incidencia delictiva se manifiesta con mayor fuerza, aunado a esto los delitos relacionados al narcotráfico cobran mayor visibilidad. Y qué decir de la debilidad estructural del gobierno que ha permitido el involucramiento en las corporaciones policiacas, por parte de la delincuencia organizada, que ha traído como resultado la inoperancia del Estado Mexicano de ejercer control territorial

Por otro lado, México se ha destacado como un Estado con altos índices de corrupción en todos los niveles de la vida institucional y los cuerpos encargados de la seguridad no son la excepción, de conformidad con el barómetro global de corrupción 2013 de transparencia internacional, el 90 por ciento de la población nacional considera que los cuerpos de seguridad son corruptos o extremadamente corruptos, mientras que el 61 por ciento reporta que ha sobornado a un policía al menos una vez en el último año

Acentuándose el fenómeno de la corrupción policiaca en el eslabón más frágil de todos, las policías municipales, quienes han sido sistemáticamente infiltradas por los grupos de delincuencia organizada dejando a la deriva la seguridad de los habitantes de las comunidades especialmente las indígenas

Por tal motivouno de los principales factores del surgimiento de la justicia comunitaria ha sido la ineficiencia y la corrupción del sistema de seguridad pública

En Michoacán y Guerrero hemos visto como los grupos delincuenciales han suplido de forma absoluta al Estado, pues determinan quienes entran a las comunidades e incluso han restringido el abastecimiento de alimentos y medicinas de pueblos enteros, sin contar con el cobro de impuestos que efectúan a través de la extorsión o el llamado derecho de piso que cobran a los comerciantes

La falta de una política pública transversal en materia de seguridad pública, provocó el total abandono a su suerte de los ciudadanos y en muchas comunidades especialmente con población indígena, se duda la existencia del Estado como garante de seguridad de los ciudadanos

La corrupción institucional de los cuerpos de seguridad tuvo como consecuencia que en muchas comunidades de este país los ciudadanos vivan en un Estado sin Estado, y citando a Hobbes en el “estado de naturaleza” ha llegado a esas comunidades

Sin embargo, en una decisión valiente las comunidades se han organizado y han asumido la seguridad de los pueblos a través de la formación de policías comunitarias,integradas por voluntarios que no perciben ningún ingreso por esta actividad y que forman parte de las mismas comunidades amenazadas por miembros del crimen organizado;que contrario a lo sostenido por los medios de comunicación, no son un levantamiento, más bien son un grito desesperado de la población,que al ver la negligencia de las autoridades y la ineficiencia del sistema jurídico, permeado de una constante violación a sus derechos y el aumento en las actividades delictivas que impactaron en el orden social de sus comunidades, han recurrido al único recurso que tienen, recuperar de las manos del Estado la coerción que otorgaron hace mucho tiempo

Donde la resolución de conflictos sociales internos en las comunidades indígenas, concibiendo estos bajo la óptica marxista en donde el conflicto es inherene a todo sistema social, entendiéndolo como un imperativo estructural mientras que la sociedad siga artículandose de manera clasista. Donde las tensiones sociales emergen al visibilizarse los actores

Son conflictos comunitarios aquellos movimientos protagonizados por grupos no necesariamente homogéneos desde un punto de vista socioeconómico, dado que a menudo suponen cortes verticales en la estructura social. Lo que les une es su pertenencia a un determinado colectivo –una comunidad local, regional o nacional-, una religión, una ideología política; una raza; etc.- con la suficiente cohesión como para actuar colectivamente y que suelen mostrarse capaces de generar marcos subcultuales muy específicos

Los movimientos sociales han sido siempre entendidos como momentos decisivos por sus protagonistas y la respuesta más común desde los grupos dominantes ha sido, lógicamente, criminalizarlos en términos éticos y tratar de impedirlos en términos políticos

A pesar de la falla del Estado en brindar la seguridad a su habitantes, tenemos que recalcar que se ha juzgado como levantamiento a estos grupos de autodefensa, y se les ha imputado crímenes que han tenido como consecuencia la sujeción a proceso de aquellos ciudadanos que decidieron defenderse por encontrase ausentes las autoridades del Estado, tal y como ocurrió con 40 miembros de la policía comunitaria de Aquila Michoacán, lo que únicamente ha exacerbado los ánimos de la comunidad quienes en lugar de ser apoyados se está siendo despojados del único medio de defensa frente al crimen

Debemos reconocer la realidad que vivimos, debemos buscar una solución a este problema de inmediato y evitar los focos rojos que en determinado momento pueden no solo comprometer la seguridad de una entidad federativa sino incluso de toda la Nación

Argumentación

La crisis de gobernabilidad que azota al país, entendiendo a ésta como la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. Muestra la nula capacidad por parte de los gobernantes para poder hacer frente a los conflictos sociales en especial en materia de seguridad pública

Las graves repercusiones y el impacto que el crimen organizado ha traido a comunidades y poblaciones indígenas desestabilizando su orden y paz social, ha tenido como respuesta la auto-organización social y la construcción de un espacio público autónomo (sistema de impartición de justicia comunal) regido por usos y costumbres que ha tenido por objeto la resolución de conflictos, bajo los principios de legitimidad, transparencia, justicia, igualdad, libertad y equidad

Es necesario el rediseño y fortaleciminto de las instituciones encargadas de la seguridad pública que tenga por objeto reducir los  índices de corrupción e impunidad al interior de las mismas y que cuenten con mecanismos de coordinación de competencias entre los sistemas normativos de los pueblos índigenas y el sistema de justicia

Por ello se propone el reconocimiento de un sistema de seguridad  pública autónomo basado en usos y costumbres que coadyuve al restablecimiento del orden social y se incorpore de forma clara y determinada a las policías comunitarias como un cuerpo de seguridad local

De acuerdo a lo planteado, se debe proporcionar a las policías comunitarias de la capacitación adecuada para su correcto funcionamiento, proveyéndole de capacitación en seguridad pública y Derechos Humanos, para con ello contar con un cuerpo de seguridad civil que cuente con la confianza de la comunidad, pues se trataría de un cuerpo integrado por la misma comunidad

Fundamento Legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2o., Apartado A, fracción II; y se reforma el parráfo 9 adicionando dos párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Al tenor de lo siguiente:

Artículo primero. Se reforma el artículo 2o., apartado A, fracción ll, y se  reforma el párrafo 9, adicionando dos párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible

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A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblo indígenas y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización  social, económica, política y cultural

II.Aplicarsus propios sistemas normativos basados en sus usos y costumbres y tradiciones ancestrales, los cuales son aplicables en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la vida comunitaria y, en general, para la prevención ysolución de conflictos al interior y exterior de cada comunidad a fin de mantener el orden y la paz socialsujetándose a los principios generales de ésta Constitución.  La implementación de dicho sistema tendrá también dentro de sus objetivos abatir la delincuencia, erradicar la impunidad y rehabilitar y reintegrar al orden de la comunidad a los transgresores, en el marco de respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes

Artículo 21.La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función

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La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios,y las comunidades que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución

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a) ... e) ..

En el caso de las comunidades y pueblos indígenas, que vean amenazada su estabilidad, seguridad pública y paz social, podrán coadyuvar a restablecer el orden a través de una actividad de acompañamiento de manera voluntaria conforme a sus propios usos y costumbres, y la conformación de policías comunitarias, en términos de la legislación aplicable

La Secretaría de Gobernación implementará en forma permanente programas de formación y capacitación en los usos y costumbres indígenas, a interpretes, médicos forenses, abogados, agentes del ministerio público, jueces y en general, a todos los servidores públicos que intervengan en asuntos en los que exista interés jurídico de miembros de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de otorgar seguridad jurídica en los procesos que aquellos sean parte

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación

Segundo. El Congreso de la Unión deberá emitir las adecuaciones necesarias al marco normativo para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto a más tardar en noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de Septiembre de 2013.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Indígenas para opinión

LEY DE AGUAS NACIONALES

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Leopoldo Sánchez Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua constituye el elemento más preciado que todos los seres humanos poseemos, sin ella no podría existir ninguna forma de vida en la tierra

Los seres humanos dependamos de ella, en consecuencia, el agua debe de ser el elemento más cuidado y valorado, sin embargo, esto no ocurre así, el agua es desperdiciada, contaminada, comercializada y condicionada, haciendo que la abundancia o carencia de este líquido determine los patrones económicos de una comunidad, estado o país, por lo que resulta ser un factor indispensable en el desarrollo regional o nacional

Estamos, entonces, hablando de que el agua trastoca la calidad de vida no sólo del ser humano y  su medio ambiente, también de su desarrollo económico, salud, higiene y desarrollo social

Y considero muy importante enfatizar, que los problemas de salud ocasionados por la escasez de agua no son un asunto menor, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 80 por ciento de todas las enfermedades en el mundo en vías de desarrollo son ocasionadas por la falta de agua limpia y saneamiento adecuado, siendo una de las principales causas de muerte en el mundo

La misma organización indica que existen  a la fecha 783 millones de personas en el planeta carecen de fuentes mejoradas de agua potable. Esta cifra es verdaderamente alarmante por toda la problemática que conlleva, y no estamos hablando de países lejanos,  ni de otros continentes donde sabemos se concentran los niveles más alarmantes de pobreza, no, compañeros diputados, estamos hablando de que esas cifras también incluyen a nuestro país, a zonas urbanas de muy alta marginación y también, en su gran mayoría, a zonas rurales, donde la población indígena padece día a día la falta de este vital líquido

La experiencia que me dejó el recorrer diferentes regiones del distrito que represento, Tantoyuca, me hace reflexionar sobre la gran responsabilidad que tenemos todos en cuidar y apoyar para que todos los mexicanos mejoren su calidad de vida, cada uno de nosotros, desde nuestro ámbito de acción, debemos poner nuestro  mayor esfuerzo para que su situación cambie

No puede ser posible que zonas rurales ocupen el agua que le dan de beber al ganado para el consumo humano; no puede ser posible que nuestros campesinos, quienes cosechan la tierra que nos da de comer, tengan que caminar kilómetros de distancia para recolectar agua de los ríos y llevarlas a sus comunidades; no podemos aceptar que a falta de agua potable muchas comunidades tengan que esperar días y a veces semanas completas para que llueva y recolecten algunas cubetas de agua, es triste compañeros, pero es una realidad que se vive día a día en zonas rurales de alta marginación

No podemos quedarnos impávidos ante esta situación, si nuestra responsabilidad es legislar, pues legislemos en favor de nuestros representados, legislemos para modificar nuestras leyes y que éstas se ajusten a la realidad social que se vive en todos los rincones de la nación. Las medidas que tomemos hoy repercutirán en su futuro inmediato, legislar sobre el buen uso y la equitativa distribución del agua, se traducirá, en primer término, en la salud y reducción de la mortandad de las personas, principalmente en la de los niños

En nuestro país tenemos un déficit en cuanto a la accesibilidad al agua, así como a las instalaciones y servicios; es decir, el acceso al agua potabilizada es un sueño que aún no se materializa para muchos mexicanos

El acceso a agua segura y de calidad comprende en primer término, el agua que se consume, con la  que se preparan los alimentos y la que utilizamos para nuestra higiene personal; debe ser suficiente para cubrir las necesidades más elementales, debe ser potable, entubada, limpia y accesible para todos. Y no estar sujeta a condicionantes políticas, económicas, o sociales. El agua es un derecho de todos y su distribución debe ser justa, equitativa y sin discriminación de ninguna especie. El mismo derecho de disfrutar del agua  potable lo tienen los habitantes de las zonas urbanas, como los de las zonas rurales; y este derecho debe ser garantizado por la federación, con la participación de las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía en general

Hace casi un año, el 29 de septiembre de 2011, el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 4 de  la Constitución Mexicana, en donde se eleva a rango constitucional el derecho al agua, me permito leer textualmente parte de esta reforma:

Artículo 4, sexto párrafo:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación ciudadana para la consecución de dichos fines

Es pues, un derecho humano, el acceso al agua, lo cual en la realidad aún no se materializa, es por ello, que propongo se adicione  una nueva fracción a la Ley de Aguas Nacionales, para estar en concordancia con este precepto constitucional

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción XII al Título Segundo, Capítulo Primero, del artículo 6o. a la Ley Aguas Nacionales,para quedar como sigue:

Único. Se adiciona una fracción XII  al artículo 6o. de la Ley de Aguas Nacionales para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6o. Compete al Ejecutivo federal:

I. a XI. ..

XII. Otorgar el acceso y uso equitativo del agua, así como disponerla y sanearla para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, contando para tal fin con la participación de las entidades federativas, de los municipios  y de la ciudadanía en general

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

En México, Distrito Federal, a 5 de septiembre de 2013. — Diputado Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen

ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 115 constitucional al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los estados modernos republicanos tienen como fondo un régimen de gobierno democrático. Fórmula por medio de la cual se ha logrado arribar a una paz cívica y política que propicia el crecimiento y el desarrollo constante de la nación. En donde, cabe señalar, el carácter laico complementa al sistema democrático

La laicidad del estado ha sido fruto del encomiable esfuerzo de los hombres y mujeres que nos dieron patria. El tránsito del estado monárquico y absolutista propio de la época de la Corona Española, al estado democrático, liberal, social y de derecho, que anhelaron los grandes arquitectos de la nación, ha estado marcado por grandes hitos de los fastos de nuestra historia, y uno de esos grandes hitos es sin duda la separación entre la Iglesia y el Estado; la transición entre un estado confesional y un estado laico

Como bien ha expresado Paul Cliteur “...podríamos pensar que no hay ninguna posición mejor que la laicista para resolver las necesidades de nuestras sociedades, y que el laicismo es más útil que todos los demás modelos históricos de relación entre el estado y la religión...”

Independientemente de que resulte difícil encontrar una sola acepción de laicismo, podemos decir que el modelo histórico de relación entre el estado y religión denominado estado laico o religiosamente neutral, supone el que el estado permanece “neutral”. Admite todas las religiones, pero no hay preferencia o precedencia hacia ninguna. El estado no apoya la religión. No prohíbe ni establece religión alguna; no hace propaganda a favor de una u otra, ni financia públicamente ninguna iglesia ni institución religiosa

Durante la época de la Colonia, la libertad de conciencia, de convicciones o de religión, como muchas otras, eran nulas. La iglesia-estado dictaba todos los pormenores referidos no sólo a la relación histórica entre el estado y la religión, sino a los propios de los demás aspectos de la esfera pública o de la cosa pública y de la esfera privada. Durante la primera mitad del siglo XIX, una vez nacido el Estado mexicano, se estableció incluso en los ordenamientos fundamentales, si no formalmente el carácter teocrático de éste, si su carácter de estado de religión oficial

Al salir triunfadores de las diversas guerras intestinas decimonónicas por el poder político, los liberales establecieron no sólo las bases (a través de la Constitución de 1857 y las llamadas Leyes de Reforma) para la conformación del estado laico, sino que, simultáneamente, trazaron el camino para consolidar un estado democrático, social y de derecho

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, recogería todos estos principios históricos, en función de que el laicismo es sin duda el modelo de relación entre religión y estado más adecuado para proporcionar una base común a todos los ciudadanos, sea cual sea su creencia religiosa, su convicción filosófica o su ideología, y permite unirlos a todos en torno a una serie de valores que preconiza nuestra Carta Magna, como son los derechos humanos, la democracia y el correlativo estado de derecho

Ciertamente en la época de la independencia, eran permitidas y aceptadas las prácticas que propendían al establecimiento de un régimen de estado con religión oficial, como se aprecia del contenido del documento “Sentimientos de la Nación” elaborado por José Ma. Morelos y Pavón

En éste se menciona explícitamente que la religión católica será la única oficial y sin tolerancia a otras dentro del país. Sin embargo, no obstante que tal documento sirvió como elemento unificador, en la actualidad ya no tienen cabida las premisas en torno al rol de la iglesia en relación con el estado

Las Leyes de Reforma, que marcaron la separación iglesia-estado, siguen siendo pilares fundamentales de nuestra historia democrática. Por ello, resulta inaceptable que en nuestros días haya representantes políticos que no respetan el principio de laicidad a cabalidad

La creencia religiosa personal no debe tener influencia directa en la toma de decisiones políticas que nos conciernen a todos. Como representantes populares, aquellos que son electos por la vía democrática, no deben anteponer sus prácticas religiosas en el desempeño de sus funciones, pues fueron elegidos por sus ideas políticas, por su programa de acción y por sus propuestas, por personas que no necesariamente comparten sufe

Un ejemplo se visualizó en la ciudad de Monterrey el 9 de junio de 2013, cuando la alcaldesa de dicha entidad le entregó las llaves de la ciudad aJesús, en un desafortunado incidente que puso en cuestión la laicidad del Estado mexicano

Peor fue el caso del ex presidente en el periodo 2000-2006, que durante su mandato, tuvo la osadía de besar el anillo del obispo de Roma, en una de las visitas de éste a nuestro país, hecho que indignó a gran parte de los sectores sociales, pues resulta inadmisible que un representante de estado, investido como tal, lleve a cabo descaradamente actos de religiosidad en público

Recuérdese además que dicho ex presidente ya contaba con un historial desafortunado en estas cuitas, pues al inicio de su campaña política usó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, creyéndose un Miguel Hidalgo moderno

La democracia es un sistema de convivencia, que está cimentado en valores como la libertad y el respeto; como dijo Norberto Bobbio “la democracia es la necesidad de todo grupo social de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros de una sociedad, con la finalidad de mirar por la propia sobrevivencia.”1

En este sentido, no cabe duda que un elemento esencial para lograr la sana convivencia y asegurar la sobrevivencia de la sociedad, lo encontramos en el carácter laico del estado

El único régimen político que garantiza la forma de gobierno incluyente, plural y participativa es la democracia, pero tal régimen lleva ínsito el carácter laico, de otro modo, se pondría en riesgo su propia quintaesencia. Por ello, resulta fundamental que en nuestra Constitución no se deje de mencionar ese carácter

Argumentación

La palabra democracia es de las más relevantes en el vocabulario de la política, y con mayor razón si estamos hablando de un gobierno republicano, fundamentado en una Constitución rígida. En este sentido, resulta de vital importancia que en la propia Carta Magna se establezca con claridad qué tipo de régimen político, qué forma de gobierno y qué carácter debe asumir el estado

Es por ello que en toda la parte orgánica de nuestra Carta Magna, debe cuidarse escrupulosamente que lo referido a los aspectos mencionados en el párrafo inmediato anterior, guarden una adecuada compaginación y observen una correcta cohesión entre los artículos correspondiente. De lo contrario, se puede dar pie a lagunas innecesarias o a errores de interpretación

En atención a lo anterior, resulta incomprensible que el artículo 115 constitucional no guarde una adecuada correspondencia lógica y sistemática con lo establecido en los artículos 24 y 40 de nuestra propia Carta Magna. Cuestión de suma importancia, tomando en cuenta que el primer dispositivo en comento hace referencia al régimen político y la forma de gobierno que se debe observar en las entidades federativas

El texto del artículo 115 constitucional debe necesariamente contener los términos “democrático” y “laico”, a los que expresamente alude el artículo 40 de la propia Carta Magna, pues en este último artículo literalmente se consagra que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen anterior...”

Sabiendo de antemano que de conformidad al artículo 39 constitucional, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y tomando en cuenta que de conformidad al artículo 40 es voluntad del pueblo mexicano optar por un régimen republicano, democrático y laico, no se pueden pasar por alto tales premisas al momento de prescribir la forma de gobierno y el régimen político para las entidades federativas

La importancia de un estado democrático y laico radica en la viabilidad del respeto de los derechos y libertades políticas y civiles, y en general en la asequibilidad de las garantías contempladas en nuestra Carta Magna para asegurar el cumplimiento efectivo de tales derechos y libertades

En tal tesitura, la laicidad y la democracia deben necesariamente hacerse patentes en todas aquellas partes correspondientes del articulado de nuestra Carta Magna que hagan alusión a los diferentes órdenes de gobierno. Así tenemos que su omisión en el artículo 115 constitucional, por ejemplo, puede estar incitando a autoridades del orden estatal y municipal, a llevar a cabo prácticas antidemocráticas y, por otro lado, a desbordar su fanatismo religioso y a comprometer seriamente el principio histórico de la separación iglesia-estado

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 115 constitucional

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 115 constitucional en los siguientes términos:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,democrático, populary laico, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto original

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

Texto propuesto

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, populary laico, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Nota:

1. Norberto Bobbio. El futuro de la democracia, 2ª ed., México, Fondo de cultura Económica, 1996, p. 24

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DE VIVIENDA

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, conforme la siguiente

Exposición de Motivos

En su asamblea general del 13 de diciembre de 2006 la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 30 de marzo de 2007 abrió la firma y ratificación de este instrumento, en esa fecha fue cuando México firmó la convención y el 17 de diciembre de ese mismo año, con el aval del Congreso de la Unión, se ratificó su adhesión

Al ratificar México la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por lo que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este instrumento es ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados

El 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y el 30 de noviembre de 2012 su reglamento. Con estos ordenamientos se dio un importante paso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano con la firma y ratificación de la convención

El artículo 4o. (Obligaciones generales) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad compromete al Estado mexicano a “Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices”1, entre otras

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho humano que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”2. Al respecto, la Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo cuarto constitucional, contempla que su objeto es establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa

Por ello, es necesario establecer que una vivienda digna y decorosa debe ser accesible; entendiendo la accesibilidad como la “Garantía de acceso para las personas con discapacidad al entorno físico, para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida”, y ello se logra eliminando en la medida de lo posible las barreras físicas, entendiendo este término como los obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad su libre desplazamiento

Al respecto, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Universitario de Estudios Europeos elaboraron el estudio denominadoLa accesibilidad en la vivienda como valor social: costes y beneficios de la eliminación de barreras, donde aporta las aseveraciones que justifican y dan cuenta de la necesidad actual y futura sobre la garantía de accesibilidad

“La accesibilidad es un valor colectivo que la mayoría de hogares pueden reconocer y valorar, con independencia de las capacidades físicas de sus miembros, siendo la vivienda el espacio edificado en el que consumimos la mayor parte de nuestro tiempo, aquél del que tenemos más dependencia, pues nos proporciona abrigo, privacidad y, en general, bienestar. La vivienda sin un grado mínimo de accesibilidad también puede ser sinónimo de aislamiento, inseguridad o malestar, sobre todo para aquellas personas cuyos requerimientos son mayores: las personas con discapacidad

1. Razones para calcular el valor de la accesibilidad

La accesibilidad depende más de la calidad y sensibilidad en el diseño que de la existencia de elementos auxiliares o de más metros cuadrados

Es necesario cambiar ciertos hábitos, formas de hacer y productos para adecuarlos a un resultado plenamente accesible

Desconocer el valor de la accesibilidad, lleva a no tomarla en consideración, y esto conduce al mal diseño

No se puede cargar sobre la normativa y su estricto cumplimiento toda la responsabilidad en la solución del problema

2. El valor total de la accesibilidad

El principal beneficio tangible: el ahorro de costos, tanto para los discapacitados y sus familias, como para los programas de asistencia social. Este ahorro se debe a que los discapacitados y ciertos enfermos podrían permanecer en sus casas en lugar de en centros especializados y, además, con menores requerimientos asistenciales. Todo ello gracias a las posibilidades de autonomía y atención que se derivan de una mayor accesibilidad

La mejora de calidad de vida o la facilidad de comunicación que permite a los discapacitados, se han considerado beneficios intangibles

También hay beneficios intangibles que beneficiarían a los usuarios no discapacitados; fundamentalmente la mayor comodidad que la accesibilidad reporta a cualquier persona

El valor de uso comprende todos los beneficios directos o indirectos que se reciban como consecuencia del uso físico del bien: fundamentalmente comodidad y seguridad para todas las personas, y movilidad para aquellas que la tienen limitada por cualquier motivo

El valor de opción se deriva del uso potencial que podemos hacer del bien en el futuro

Del beneficio “intangible” que una persona puede recibir por vivir en una sociedad más integrada, con una mayor participación y bienestar de las personas discapacitadas o por saber que sus hijos vivirán en un entorno mejor

El estudio justifica que la construcción accesible apenas tiene porque ser más cara y demuestra que, aún siéndolo, es socialmente rentable y genera beneficios netos; la buena accesibilidad procede más de un diseño consciente y minucioso en las entradas y espacios interiores de los edificios que de una mayor superficie o equipamientos

La inversión en promoción de accesibilidad es necesaria y está económicamente justificada, pues es rentable privada y socialmente gracias a que todo tipo de hogares puede reconocer y valorar la mejora de bienestar que provoca la eliminación de barreras”3

En esta tesitura, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo noveno sobre la accesibilidad establece:

“A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

“ a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas,viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;”4

Así también, el artículo vigésimo octavo correspondiente al tema de nivel de vida adecuado y protección social, establece:

“Los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido yvivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”5

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta, que para 2010 había en todo el territorio nacional más de 5 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa 5.1 por ciento de la población total del país, donde los dos principales tipos de discapacidad son las relacionadas con la movilidad y la vista. Es decir, una de cada veinte personas se enfrenta diariamente vicisitudes de accesibilidad, lo que genera una condición de vida que en la mayoría de los casos los coloca en la marginalidad, la vulnerabilidad, la invisibilidad del mundo y en ocasiones discriminación

El estado y la sociedad estamos obligados, moral y jurídicamente a adoptar medidas para lograr el bienestar de todos y cada uno de sus miembros, incluyendo aquéllos que viven con alguna discapacidad. De las políticas y programas de un gobierno, está en gran medida la deficiencia o efectividad del reconocimiento, protección y más aún, mejoramiento de la vida y de los derechos de las personas con discapacidad

Afortunadamente, en la última década se han tomado acciones para evitar la discriminación y mejorar las condiciones de vida de las personas que, por males congénitos, enfermedades, accidentes o vejez, padecen algún tipo de discapacidad

Sin embargo, aún hace falta una gran labor al respecto de la garantía de accesibilidad en la vivienda ya que no sólo los más de 5 millones de personas que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que al año 2010 necesitan que la vivienda sea accesible, sino debemos tener cuenta de que “Todos envejecemos, todos podemos tener un accidente que nos produzca una discapacidad. Eliminar el riesgo de quedar inmovilizados en el hogar o en una habitación ante una posibilidad de accidente o enfermedad es un valor tan cierto como el de cualquier seguro de vida o accidentes”6

Por lo anterior expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía para estudio y dictamen, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 2, se adicionan las fracción I, II y VIII, recorriéndose las subsecuentes y se reforma la fracción X del artículo 4, se adiciona la fracción X al artículo 6, se reforma la fracción XIV y adiciona la fracción XXIV al artículo 19 recorriendo las subsecuentes, se reforma el párrafo primero y segundo del artículo 71, se reforma el párrafo segundo del artículo 72 y se reforma el párrafo segundo del artículo 78, todos ellos de la Ley de Vivienda, para quedar de la siguiente manera:

Único.Se reforma el párrafo primero del artículo 2, se adicionan las fracción I, II y VIII recorriéndose las subsecuentes y se reforma la fracción X del artículo 4, se adiciona la fracción X al artículo 6, se reforma la fracción XIV y adiciona la fracción XXIV al artículo 19 recorriendo las subsecuentes, se reforma el párrafo primero y segundo del artículo 71, se reforma el párrafo segundo del artículo 72 y se reforma el párrafo segundo del artículo 78, todos ellos de la Ley de Vivienda

Ley de Vivienda

Título PrimeroDe las disposiciones generales

Capítulo Único

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos,brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión,contemple criterios para la prevención de desastres, la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivosy, en su caso, cumpla con la normatividad vigente en materia de accesibilidad y diseño universal para personas con discapacidad

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Accesibilidad: garantía de acceso a las personas con discapacidad al entorno físico, dentro de la vivienda y en su entorno, cuyo objetivo será que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida

II. Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar una vivienda sin barreras físicas garantizando con ello la accesibilidad

III. a VII...

VIII. Conadis: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

IX...

X. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación,ajustes razonables que garanticen la accesibilidad,reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa

XI. a XV...

Título SegundoDe la política nacional de vivienda

Capítulo I De los lineamientos

Artículo 6. La política nacional de vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. a la IX...

X. Promover que los programas de vivienda públicos y/o privados, incluyan criterios para la rehabilitación, y construcción de vivienda para personas con discapacidad que cumplan la norma en la materia sobre accesibilidad y diseño universal

Capítulo IIIDe la Comisión Nacional de Vivienda

Artículo 19. Corresponde a la comisión:

I. a la XIII...

XIV. Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienday su accesibilidad;

XV. a la XXIII...

XXIV. Establecer, en coordinación con Conadis, un Programa Nacional de Vivienda accesible y con diseño universal, el cual tendrá como principio garantizar el derecho de las personas con discapacidad a adquirir una vivienda a través de los programas públicos y privados, que deberán incluir en sus proyectos los lineamientos y especificaciones que garanticen la accesibilidad y diseño universal

XXV.Las demás que le otorguen la presente ley u otros ordenamientos

Título SextoDe la calidad y sustentabilidad de la vivienda

Capítulo Único

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables,accesiblesy de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados

Las autoridades del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta ley en materia de calidad,accesibilidady sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes

Artículo 72. La comisión, con base en el modelo normativo que al efecto formule, promoverá que las autoridades competentes expidan, apliquen y mantengan en vigor y permanentemente actualizadas disposiciones legales, normas oficiales mexicanas, códigos de procesos de edificación y reglamentos de construcción que contengan los requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, habitabilidad y sustentabilidad de toda vivienda, y que definan responsabilidades generales, así como por cada etapa del proceso de producción de vivienda

Aquellas localidades que no cuenten con las disposiciones previstas en el párrafo anterior, tomarán como referente el modelo formulado por la comisión. Este modelo incluirá requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, la habitabilidad,la accesibilidad,la eficiencia y sustentabilidad de la vivienda

Artículo 78. El modelo normativo, las normas mexicanas aplicables al diseño arquitectónico de la vivienda y los prototipos constructivos deberán considerar los espacios interiores y exteriores; la eficiencia de los sistemas funcionales, constructivos y de servicio; la tipificación y modulación de sus elementos y componentes, respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales

En este tipo de normas se deberán considerar las condiciones y características de habitabilidad,accesibilidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. La Comisión Nacional de Vivienda dispondrá de 180 días para hacer las adecuaciones en el modelo normativo donde adicione los elementos que garanticen la accesibilidad y diseño universal

Notas:

1. Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

3.La accesibilidad en la vivienda como valor social: costes y beneficios de la eliminación de barreras, Universidad Autónoma de Barcelona

4. Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

5.Ídem. Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

6.La accesibilidad en la vivienda como valor social: costes y beneficios de la eliminación de barreras, Universidad Autónoma de Barcelona

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ESPECIAL DE MODERNIZACION DE LOS RASTROS MUNICIPALES Y UN PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS Y DESPOJOS, DERIVADOS DE LA MATANZA DE LOS ANIMALES

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Sagarpa establezca acciones para implantar un programa especial de modernización de los rastros municipales, y uno integral de manejo y tratamiento de desechos y despojos derivados de la matanza de animales, a cargo de la diputada María Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículo 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establezca las acciones necesarias, para implementar un programa especial de modernización de los rastros municipales, para que cumplan las condiciones que la Ley Federal de Sanidad Animal, y que en coordinación con la Secretaría de Salud y Cofepris, supervisen las acciones en materia de sanidad les competan, para evitar que los animales se sacrifiquen y comercialice su carne al publico, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las bases jurídicas para el servicio público de rastros, la operación y funcionamiento está respaldado jurídicamente por algunas disposiciones entre las que se encuentran en:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción III, establece los servicios públicos que están a cargo del municipio, entre los cuales se encuentra el del rastro. Asimismo, prevé que los municipios de un mismo estado, previo acuerdo con sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la mejor prestación de los servicios públicos

La Ley General de Salud, faculta a la Secretaría de Salud para llevar el control sanitario de los proceso de producción de productos para consumo humano entre otros. En virtud de ello, los rastros como establecimientos donde se procesan alimentos, deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los operadores de los mismos requieren contar con una licencia sanitaria

La Ley Federal de Sanidad Animal “tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos tipo inspección federal; fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social”

Dentro de las atribuciones que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que la Ley Federal de Sanidad Animal, le faculta, son las de “establecer y coordinar las actividades de vigilancia epidemiológica activa o pasiva en unidades de producción, centros de acopio, centros de investigación, laboratorios de diagnóstico, lugares de exhibición, predios de traspatio, rastros u otros establecimientos donde se realicen actividades reguladas por esta ley

Además establece que la Sagarpa, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias de la administración pública federal, determinará las medidas en materia de buenas prácticas pecuarias mediante la emisión de disposiciones, que habrán de aplicarse en la producción primaria en el procesamiento de bienes de origen animal en establecimientos TIF; en los rastros y en los demás establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, para reducir los contaminantes o riesgos zoosanitarios que puedan estar presentes en éstos

Faculta, expresamente a la Secretaría de expedir las disposiciones de sanidad animal, que establezcan las características, condiciones, procedimientos, operación y especificaciones zoosanitarias o las relativas a buenas prácticas pecuarias, que deberán reunir y conforme a las cuales se instalarán y funcionarán entre otros establecimientos; los tipos de inspección federal, rastros y los demás dedicados al sacrificio de animales para consumo humano;

La Ley de Salud Pública del Estado también contiene algunas disposiciones en esta materia; en ella se establece que el control de los rastros en el municipio está a cargo del ayuntamiento, facultándolo para revisar los animales en pie y en canal, y señalando la carne que puede ser destinada a la venta pública. Esta ley prohíbe la matanza de animales en casas o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al consumo público. Por esta razón, es recomendable que las autoridades hagan suya esta disposición y obliguen a los particulares a realizar la matanza en el rastro municipal

Los instrumentos jurídicos que regulan el funcionamiento y operación de rastros en el ámbito municipal son el Bando de Policía y Buen Gobierno yel Reglamento de Rastros Municipales

Por otro lado el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, antes Centro Nacional de Desarrollo Municipal, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, propone un reglamento –tipo– de los rastros municipales, donde considera las concesiones de los centros de matanza, estableciendo las condiciones necesaria que deben de cumplir los posibles prestadores del servicio. En el artículo 8 mencionar hacer cumplir:

Que se niegue el permiso correspondiente para que salgan del rastro las carnes enfermas, que estén marcadas oficialmente como tóxicas o transmisibles de enfermedades a la salud pública

Mantener en buen estado de conservación y funcionamiento todas las instalaciones y utensilios del rastro

De acuerdo con la legislación en nuestro país contamos con dos tipos de rastros:

1. Rastros tipo inspección federal (denominados tipo TIF); estos rastros, permiten una industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus productos s destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación, razón por la cual la inspección sanitaria se realiza sobre las carnes y en los procesos de industrialización

La ventaja de los rastros TIF, es que el animal es mejor aprovechado favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la carne e beneficio de la economía familiar. Sin embargo, su operación requiere necesariamente de instalaciones y maquinaria especializada cuyos costos son basta te elevados, por lo que se recomienda que antes de establecer un rastro con estas características se hagan los estudios convenientes para garantizar su funcionamiento y evitar el dispendio de recursos

Se ha comprobado científicamente que a mejor trato y buen manejo de los animales destinados al sacrificio, se provocará menos estrés, menor pérdida de peso y se obtendrá mejor calidad y mayor cantidad de los productos cárnicos resultantes

2. Los Rastros supervisados por la Secretaría de Salud (TSS) o conocidos como rastros municipales. Se caracterizan por el equipamiento servicios que proporcionan, así como por el tipo de inspección que lleva a cabo a Secretaría de Salud consistente en el control sanitario de la carne de los animales que ahí se sacrifican

Dentro de la misma legislación existen controversias de competencias para la supervisión o verificación de los rastros municipales entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el cuidado de la inocuidad y la rastreabilidad de los procesos de matanza y transformación de los animales en los rastros municipales y a n mas por los locales clandestinos que no cumplen las normas mínimas de sacrificio y la sanidad de los animales

En México existen alrededor de 2 mil 500 rastros y mataderos municipales que deben operar de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Sanidad Animal de buenas prácticas de manufactura e higiene

Se han propuesto varias medidas sanitarias de diversas autoridad s federales con la finalidad de encontrar una solución a los problemas de la carne contaminada por el mal manejo, en el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud planteó la necesidad de regionalizar los rastros municipales para mejorar las prácticas d manufactura e higiene durante el sacrificio, faenado, almacenamiento y transporte de carne de animales destinada al consumo humano; la Cofepris señala que la carne es un producto susceptible a la contaminación y puede causar enfermedades, por lo que se debe reformar el control sanitario en las instalaciones dedicadas a esta actividad

A nivel nacional, un alto porcentaje de los rastros y matad ros municipales administrados por los ayuntamientos presenta incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. Estas deficiencias como falta de instalaciones y equipamiento moderno, falta eje higiene en las áreas donde se faenan las canales, mesas de trabajo y vehículos en los que se transportan los mismos, malos hábitos sanitarios de los trabajadores, deficiente limpieza de utensilios e indumentaria de trabajo, falta de aseo en los servicios sanitarios destinados al uso de los obreros del rastro, presencia de fauna nociva, falta de supervisión e inspección, entre otros, contribuyen a la contaminación exógena de la carne y constituye un peligro para la salud pública

Se sabe que existen por lo menos 250 rastros tipo TIF, un poco más de 2500 rastros municipales y un incontrolable numero de rastros clandestinos y particulares, de lo que se sabe que el 30% de la matanza s realiza en las instalaciones de los rastros tipo TIF y el resto en los demás establecimientos

Existen diversos riesgos en la no vigilancia en la matanza de animales, dado que la carne que no está supervisada puede contaminarse fácilmente o por otro lado no se sabe de la procedencia de los animales que se sacrifican y sus condiciones de sanidad

Sin embargo, la debilidad de las haciendas municipales hace difícil para la mayoría de ellos sostener un servicio de rastro de calidad, esto es de los llamados tipo inspección federal (TIF), orientados fundamentalmente al servicio en grandes centros urbanos y al mercado de exportación, ya que a demás de seguir procedimientos muy rigurosos ofrecen servicios de industrialización de los productos

En consecuencia, los municipios suelen prestar sólo los servicios básicos que comprenden recibir el ganado, realizar la matanza, llevar a cabo la inspección sanitaria del ganado y la carne y facilitar el transporte del producto, ya que los requerimientos de inversión para ir más allá quedan fuera e la capacidad financiera de los ayuntamientos

Aún así, el sostenimiento de los rastros municipales con los servicios básicos antes señalados implica una erogación importante para los ayuntamientos, de tal forma que en la mayoría de los casos, el gasto corriente supera los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios, y en consecuencia operan con números rojos

Los rastros administrados por particulares pueden ofrecer servicios adicionales que posibilitan la rentabilidad de sus establecimientos, además de estar en mayores posibilidades de invertir en la modernización de las instalaciones y ofrecer mejores servicios a los usuarios, por lo que la alternativa de transferir el servicio público de rastro a los particulares es cada vez más atractiva

No debe pasarse por alto que algunos rastros administrados directamente por el ayuntamiento o en asociación con particulares, han sido rentables, por lo que su viabilidad es sostenible en el largo plazo. No obstante, toman o en cuenta la escasez de los recursos públicos de los municipios, así como las crecientes demandas de la población, parece conveniente que los ayuntamientos no estén obligados a prestar un servicio público que además de resultar oneroso, muchas ocasiones los particulares pueden ofrecerlo en mejores condiciones bajo la supervisión pública

Que a fin de solidarizarse con la población más afectada, se requiere la coordinación oportuna entre el gobierno federal y los gobierno estatales para instrumentar las acciones a un segundo y tercer nivel de atención, según las regiones y nivel de productores afectados

Se han identificado deficiencias en el proceso de sacrificio de animales, faenado de canales y manejo de la carne generalmente resultando carne contaminada con bacterias y parásitos patógenos y con residuos de medicamento cuyo consumo genera enfermedades transmitidas por alimentos

De acuerdo al Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, de las Secretaría de Salud, ha detectado diversas enfermedades que inciden en el mal manejo de la carne como es el caso de la shigelosis, teniasis, salmonelosis, diversas infecciones intestinales, cisticercosis, triquinosis y otras derivadas de las intoxicaciones por clenbuterol y otras por intoxicaciones debido la alimentación de los animales, que han tenido un costo total que es pagado por el consumidor afectado o las dependencias del sector salud que han tenido que atender 2 mil 648 millones de pesos

Es un problema que no es fácil de atender y prohibir ya que en el transcurso de los tiempos, la suspensión de actividades de rastros y mataderos municipales trae consigo inquietud política en la localidad é incremento de la matanza clandestina para satisfacer la oferta de animales para sacrificio y la demanda de carne para la población

Es importante señalar que se complica la situación de los rastros municipales, es la falta de compromiso administrativa en los municipios, al no exigir higiene, ni capacitación por la falta de recursos para mantener su mantenimiento; aunque su funcionamiento es por maquila o por servicio prestado, el introductor no exige higiene ni brinda capacitación, por otro lado tampoco cuenta con transporte adecuado ni para el transporte de los animales en pie hacia los centros de sacrifico, mucho menos para la distribución a los centros de ventalla carne; otro de sus posibles problemas que se encuentran en este tipo de instalaciones para matanza, se encuentra una tradición entre los tablajeros la crianza y sacrificio de traspatio

Es bien conocido por las autoridades que en las operaciones criticas en rastros y mataderos es la falta de capacitación, incineración de decomisos, vestimenta adecuada, nulo lavado y refrigeración de los canales, la incipiente esterilización de implementos de sacrificio; existe una mala utilización en el consumo diario de agua, equivale al consumo diario de agua de una población de 139 mil habitantes

Como puede percatarse es difícil este tema por lo importante que resulta el tener deficiencias en la infraestructura para el tratamiento de desechos yaguas residuales, que impactan en el medio ambiente, de acuerdo a estudios realizados por la Cofepris, se detecto que 50 por ciento de las aguas residuales son desechadas al drenaje público, 20% se canalizan a un tanque de tratamiento y que el resto se desechan a arroyos

Los efectos ambientales por los residuos sólidos y líquidos que se desecha de los rastros o mataderos, se han convertido en un mal de la salud pública ya que esta industria producen 23.4 toneladas diarias, por lo que será necesario establecer un compromiso y un convenio con la Semarnat; Sin duda, una buena operación del rastro origina grandes beneficios al municipio, al servir como fuente de ingresos propios y como instrumento para normar y regular el abasto de carne en la localidad, fortaleciendo con ello la imagen institucional del ayuntamiento

En este sentido, las autoridades municipales, podrían fortalecer sus finanzas al obtener ingresos adicionales que fortalezcan la hacienda pública y cuyos conceptos están señalados por la Ley de Ingresos Municipales

Algunas fuentes de ingreso que puede captar la tesorería municipal por el funcionamiento del rastro son las siguientes:

• Derecho de degüello de todas las especies de ganado

• Productos derivados de la venta de esquilmos y desperdicios

• Aprovechamientos que se obtengan de los subproductos y de los servicios

• Cuotas adicionales que fija la administración por servicios especiales o extraordinarios

• Donativos de los particulares o usuarios del rastro

• Permisos por la introducción de pasturas al rastro

• Derechos por la inspección sanitaria de animales y carne

• Cuotas por derecho de báscula

• Subsidios

Es necesario, considerar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el próximo año fiscal, establecer un programa de modernización de los rastros municipales; para esto se podrían ir programando por bloques o paquetes de acuerdo a la prioridad nacional y bajo el compromiso de los municipios, en cumplir y hacer cumplir la legislación, que regulan todas las actividades de la actividad

En todo caso, es necesario que se haga un estudio de preinversión que permita detectar la conveniencia y rentabilidad de la obra, tomando en cuenta las necesidades que manifieste la población y los ingresos que genera en su operación; ello con el fin de asegurar que las inversiones sean bien canalizadas

Por lo antes expuesto es necesario buscar una alternativa para modernizar los rastros municipales, para que los municipios presten un mejor servicio

Aunque dentro de la misma legislación federal existen controversias de competencias, entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Salud, para la supervisión o verificación de los rastros municipales, para el cuidado de la inocuidad y la rastreabilidad de los procesos de matanza y transformación de los animales en los rastros municipales queda claro la competencia de la propia Sagarpa, solamente para los rastros tipo TIF; dejando de lado y aun mas por los locales clandestinos que no cumplen las normas mínimas de sacrificio y la sanidad de los animales

Existen diversos riesgos en la no vigilancia en la matanza de animales, dado que la carne que no está supervisada puede contaminarse fácilmente o por otro lado no se sabe de la procedencia de los animales que se sacrifican y sus condiciones de sanidad, en resumen la carne es un producto altamente susceptible a la contaminación y puede causar enfermedades, por lo que se debe reforzar el control sanitario en las instalaciones dedicadas a esta actividad, debido a un alto porcentaje de los rastros y mataderos municipales administrados por los ayuntamientos presenta incumplimiento en la normatividad sanitaria vigente, contribuyen a la contaminación exógena de la carne y constituyen un peligro para la salud pública

A fin de solidarizarse con la población más afectada, se requiere la coordinación oportuna entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para instrumentar las acciones de atención, según las regiones y nivel de productores afectados

Es importante inyectarle los recursos necesarios para la remodelación o establecimiento de instalaciones para los rastros, por lo que es necesario que se haga un estudio de pre inversión que permita detectar la conveniencia y rentabilidad de la obra, tomando en cuenta las necesidades que manifieste la población y los ingresos que genera en su operación; ello con el fin de asegurar que las inversiones sean bien canalizadas

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Coordinación, sometemos a consideración de! esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal crear un Programa de Modernización de Rastros Municipales; procurando atender los Municipios que tengan prioridad por el número de cabezas de ganado que sacrifican para consumo humano; por la incidencia de reportes de carne contaminada por patógenos y poner atención a las regiones con prevalencia del uso de hormonas estimulantes para el desarrollo de los animales, como es el caso del clenbuterol

Segundo.Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo, instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en coordinación de la Secretaría de Salud, a la brevedad suscriban las bases de coordinación que determinarán el ejercicio de las atribuciones que, en materia de inspección y vigilancia de la calidad, sanidad e inocuidad de los productos procesados en rastros y en establecimientos dedicados al procesamiento de los productos derivados del sacrificio, les confieren la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Salud y las demás disposiciones aplicables

Tercero.Se solicita la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, para crear un Programa de Manejo y Tratamiento Integral de los desechos sólidos y líquidos ó despojos derivados de la matanza de los animales para consumo humano

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputada María Concepción Navarrete Vital (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen

IMPLEMENTAR NUEVOS ESQUEMAS FINANCIEROS E INCENTIVOS FISCALES QUE PERMITAN A LOS HOMBRE-CAMION, SUSTITUIR O EN SU CASO, CHATARRIZAR SUS UNIDADES VEHICULARES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SCT, la SHCP y la SE nuevos esquemas financieros e incentivos fiscales que permitan a los hombres-camión sustituir o, en su caso, chatarrizar las unidades vehiculares de carga, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Enrique Alejandro Flores Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretarías de: Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y Economía, para que implementen nuevos esquemas financieros e incentivos fiscales que permitan a los hombre-camión sustituir o en su caso chatarrizar sus unidades vehiculares de carga, a fin de hacer más eficiente y moderno al sector, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El autotransporte es un sector que se encuentra directa e indirectamente relacionado con la mayor parte de las actividades económicas de nuestro país, participa con el 4.9 por ciento del PIB nacional y contribuye con más del 78 por ciento del PIB del Sector Transporte. Es un importante generador de empleos, ya que registra alrededor de 2 millones de empleos directos

A través del Autotransporte federal se mueve el 82 por ciento de la carga terrestre y el 56 por ciento de la carga nacional.1

Cabe señalar que el parque vehicular del autotransporte de carga por el tipo de servicio que proporciona, de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se tienen registradas un total de 715, 683 unidades, de las cuales el 86.1 por ciento le corresponden al autotransporte de carga general  y el 13.9 por ciento son del autotransporte de carga especializada

De las 715 mil 683 unidades registradas en 2012, en el estrato de 1 a 5 unidades, el hombre-camión posee 203 mil 219 vehículos, con un registro de 110 mil 385 empresas; la pequeña en el estrato de 6 a 30 unidades, tiene un total de 220 mil 676 vehículos con un registro de 19 mil 544 empresas; la mediana en un estrato de 31 a 100 unidades, posee 121,583 vehículos con un registro de  mil 373 empresas; y por último, la grande en el estrato de más de 100 unidades tiene 170 mil 205 vehículos con un registro de 170,205 empresas.2

Con lo anteriormente señalado, se puede observar que la pequeña empresa y el  hombre-camión son quienes ostentan el mayor número de unidades con el 59 por ciento de unidades, además son quienes poseen una mayor participación en la estructura empresarial con un 98 por ciento del total de empresas que prestan el servicio y que proporcionan un importante volumen de carga a los diferentes sectores productivos y comerciales del país

Sin embargo, el hombre-camión a raíz de que no ha podido modernizar sus vehículos por la falta de esquemas financieros y fiscales que les permitan obtener mejores condiciones favorables para la sustitución de sus unidades las cuales muchas de ellas tienen una antigüedad que va de más de 20 años, se han visto en la necesidad de repotenciar sus unidades para seguir proporcionando el servicio y subsistir en esta  actividad

Hoy en día hay más de 200 mil unidades repotenciadas con partes legalmente importadas y ensambladas en cada una de las diferentes configuraciones vehiculares que poseen el hombre-camión y la pequeña empresa. Este procedimiento usual en el autotransporte se lleva a cabo con el fin de que las unidades antiguas puedan seguir prestando el servicio y cumplir con las disposiciones normativas

Es una realidad que la problemática que atraviesa el sector del autotransporte particularmente el hombre-camión, es complejo, debido al incremento constante que se tiene en los gastos de mantenimiento de las unidades, el costo del combustible, el alto peaje en las carreteras, y los diversos gastos relacionados con la normatividad existente afectan de manera negativa a los propietarios de los vehículos

Otro aspecto a señalar es que hay limitantes, como es el caso de la falta de créditos que se ajusten a las necesidades del hombre-camión, a diferencia de la mediana y  grande empresa que cuentan con acceso a créditos más accesibles ya que cuentan con capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones

El hombre-camión tiene un escenario complejo, ya su acceso al crédito es restringido debido a que en la mayoría de los casos no posee las garantías suficientes haciendo que este sea costoso, además de que los precios en la adquisición de unidades son más altos, ya que no pueden adquirirlas en volumen, por lo que sus posibilidades se limitan a la obtención de seminuevos o en su caso autopartes y refacciones, para la repotenciación de sus vehículos para seguir manteniendo el servicio

El actual Programa de Chatarrización que lleva a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no favorece a la situación que atraviesa el hombre-camión, por lo que se requiere que se implementen esquemas más flexibles y favorables que permitan modernizar y hacer más eficiente el autotransporte de carga en nuestro país

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretarías de: Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y Economía, para que implementen nuevos esquemas financieros e incentivos fiscales que permitan a los hombre-camión sustituir o en su caso chatarrizar sus unidades vehiculares de carga, a fin de hacer más eficiente y moderno al sector

Notas:

1 Fuente: Estadística Básica del Autotransporte del Autotransporte. Subsecretaría del Transporte. Dirección General de Autotransporte Federal. Pág. 2. México, D.F. 2011

2 Ibídem, página 27

Diputado Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen

MEDIDAS OPORTUNAS PARA COMPENSAR LAS PERDIDAS DEL SECTOR PRODUCTIVO GENERADAS POR BLOQUEOS Y MANIFESTACIONES DEL MOVIMIENTO MAGISTERIAL; ASIMISMO PARA QUE SE LEGISLE EN MATERIA DE REGULACION DE MARCHAS Y MANIFESTACIONES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal a asumir en el ámbito de sus facultades medidas oportunas para compensar las pérdidas del sector productivo generadas por bloqueos y manifestaciones del movimiento magisterial, y legislar en materia de regulación de marchas y protestas, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La capital es el centro neurálgico del país, no sólo porque en ella se asientan los poderes de la Unión y es sede de las instituciones político-administrativas, sino también porque su aportación al producto interno bruto nacional ronda la quinta parte del mismo. Además el Distrito Federal representa el centro educativo y cultural más importante de la república

Por este motivo, su actividad política, económica y cultural no puede detenerse y mucho menos limitar a sus ciudadanos el derecho de transitar libremente por el espacio público, ya que para poder participar en sus respectivas actividades la gente debe trasladarse a diversos sitios y retornar a sus respectivos hogares

Las marchas o manifestaciones atienden al derecho de expresar libremente ideas, demandas o inconformidades, éste se halla consignado en el artículo nueve de nuestra Constitución Política, sin embargo, el ejercicio del mismo no es absoluto, pues como toda prerrogativa tiene un límite y éste es el respeto a los derechos, también fundamentales, de terceros y siempre y cuando con el ejercicio de los mismos no se altere o violente el orden público

Tradicionalmente las manifestaciones suelen afectar el derecho establecido en el artículo décimo primero de la ley fundamental que reconoce el derecho al libre tránsito en una de sus dos vertientes1 y de cuya cancelación se derivan afectaciones a otros tantos derechos, por ejemplo, la salud, la educación, el trabajo, entre otros

A consecuencia de las recientes manifestaciones de los trabajadores de la educación se cerraron estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metro-bus y se alteraron las rutas de otros medios de transporte de los diversos sistemas de servicio público en la Ciudad; así mismo, se bloqueó los accesos carreteros al Distrito Federal y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, todo lo anterior sin contar los diversos espacios públicos cerrados al tránsito ciudadano, como el zócalo capitalino y sus calles aledañas, todo lo descrito afectó y lo sigue haciendo de diversas formas, al gobierno federal, local y a la población residente y flotante de la ciudad. Tan sólo en las últimas semanas 7 mil 500 negocios en la delegación Cuauhtémoc se vieron afectados con pérdidas calculadas en 100 millones de pesos diarios; más de 400 millones de pesos en pérdidas al pequeño y mediano comercio; por el bloqueo en la zona del Aeropuerto, abarrotes, papelerías y farmacias disminuyeron sus ventas en 60 por ciento y los negocios de alimentación en casi 90 por ciento; 4 mil 160 pasajeros perdieron sus vuelos tanto  nacionales como internacionales

Por ello es importante regular las marchas y manifestaciones que se llevan a cabo en la vía pública de la Ciudad de México. Cabe señalar que existen en comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal varias iniciativas cuya finalidad es precisamente cumplir con este objetivo

No asegurar el derecho de tránsito de las personas es afectar las diversas convencionalidades firmadas en torno a los derechos humanos, por ejemplo, el artículo 22,2 regulador del derecho de circulación y residencia, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como el pacto de San José, o el artículo 12, numeral 1,3 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos

Como se observa existe una coalición de principios4 en donde se enfrenta por un lado, el libre tránsito contra la manifestación de las ideas, con la nota característica de que en el caso de las manifestaciones tal como suelen llevarse a cabo en la Ciudad de México se atenta en muchas ocasiones contra el orden público5 pues afecta las materias que lo componen, la tranquilidad y seguridad públicas, la educación y la salubridad

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta  a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que en el ámbito de sus facultades,  y en virtud de los problemas generados por los bloqueos y manifestaciones del movimiento magisterial, asuman las medidas oportunas y necesarias para que el sector productivo del Distrito Federal pueda compensar sus pérdidas, mediante la aplicación de instrumentos económicos y fiscales previstos en la legislación aplicable

Segundo.La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito federal, a que a la brevedad acuerde lo necesario con la finalidad de aquel Órgano legislativo se avoque de inmediato al estudio y análisis de las distintas iniciativas que se han presentado en materia de regulación de marchas y manifestaciones en la vía pública, y se emita un dictamen antes de que concluya el siguiente periodo ordinario de sesiones

Notas:

1 Por un lado el derecho de libre tránsito implica poder trasladarse a cualquier parte del territorio nacional sin necesidad de pasaporte, y por el otro, la posibilidad de movilizarse dentro de las ciudades sin limitar sus actividades ordinarias

2 Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia

1. Toda persona que se halle legalmente  en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales

3 Artículo 12.1. “...toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia”

4 La coalición de principios refleja o actualiza los llamados casos difíciles en la teoría de Ronald Dworkin en donde por obligación los órganos judiciales, entendido en el presente caso como el Estado, deben posicionarse con la finalidad de proveer una solución adecuada ante los conflictos que se presentan. Véase, Dworkin, Ronald,Los derechos en serio

5 El orden público es reconocido por las diversas jurisprudencias del poder judicial (véase la jurisprudencia de la novena época con número de registro 199549 y la tesis asilada 172068) como un concepto jurídico indeterminado pero la doctrina en materia de derecho público coincide en señalar sus componentes como tranquilidad pública, seguridad pública, educación, salubridad pública, alimentación integral del pueblo, seguridad nacional y planeación demográfica. Véase, Martínez Morales, Rafael, Derecho Administrativo  tercer y cuarto cursos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013. — Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen

SE GARANTICE LA INTEGRIDAD FISICA Y EMOCIONAL DE LA PERIODISTA LYDIA CACHO, ASI COMO RESPETAR LA LIBRE MANIFESTACION DE IDEAS Y PRENSA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Quintana Roo a garantizar la integridad física y emocional de la periodista Lydia Cacho, así como a respetar la libre manifestación de ideas y prensa, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con elTercer reporte trimestral: agresiones contra periodistas y medios en México (2012), de la organización periodística internacional Artículo 19, “los ataques a la libertad de expresión se han extendido a 22 diferentes estados de la república y 45.25 por ciento de ellos involucra algún tipo de violencia que compromete la vida e integridad física de los periodistas, o bien el despojo o robo del equipo de reporteros y periodistas gráficos, daños al mismo y la pérdida de material periodístico e imágenes.”

De dichos ataques, seis entidades concentran 66.42 por ciento de los agravios contra comunicadores y medios, las cuales son Veracruz, Oaxaca, Baja California, Distrito Federal, Tamaulipas y Sonora

Asimismo, los datos presentados en el reporte revelan que el mayor agresor de la prensa continúa siendo el estado, con 53.63 por ciento de agresiones cometidas por funcionarios públicos, frente a 15.63 por ciento perpetradas por el crimen organizado, siendo éste último el que comete las agresiones más violentas

En el mismo sentido, Artículo 19 dio a conocer recientemente elSegundo informe trimestral: reprimir la protesta, en el que se señala que “aunque la cobertura de la violencia en México ha bajado con el cambio de gobierno, las agresiones a la libertad expresión en la administración de Enrique Peña Nieto se incrementaron en poco más de 46 por ciento en los dos primeros trimestres de 2013, comparado con el mismo periodo de 2012. Aunado a ello parece haber en los hechos y en el discurso una intención deliberada de reprimir la protesta.”

De tal forma que, realizando un comparativo de las cifras presentadas en ambos informes, se constata que en el primer semestre de 2012, ocurrieron 103 agresiones a la prensa y la libertad de expresión, mientras en el mismo periodo de este año, el número de casos asciende a 151; a la par Artículo 19 destaca que de abril a junio de 2013, los funcionarios públicos fueron los principales agresores, seguidos de organizaciones (sindicatos) y particulares

Respecto a esta situación, en pasados días la periodista mexicana Lydia Cacho, fue de nueva cuenta víctima de la intolerancia y la falta de garantías hacia su ejercicio periodístico en cuanto a la libertad de expresión y de prensa, debido a que tras publicar su columna de opinión titulada “El padrotaje de estado”, el 2 de septiembre en el periódicoEl Universal, recibió amenazas y acusaciones en Twitter por parte del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y de otras cuentas presuntamente recién creadas, con la única finalidad de acusar a la periodista; entre las que destaca lo expresado por el mandatario en su cuenta personal: “En el ejercicio periodístico, el tener una pluma no te da derecho a la crítica: asquerosa, destructiva, de hígado, tendenciosa y soez”

Las razones por las cuales el gobernador de Quintana Roo reaccionó de tal forma, se deben a que la periodista exhibe en su columna varios ejemplos de la vida de lujos del mandatario a costa del erario público, y de casos de corrupción y desvío de recursos que persisten en la entidad entre los cuales Cacho menciona “Borge llevó a cabo uno de los más grandes desvíos de recursos de bienestar social de la historia de Quintana Roo. Desfalcó al DIF y al Instituto Quintanarroense de las Mujeres (IQM). Instancias que reciben recursos de coinversión federal, estatal y municipal. Desvió dinero del Fondo de Desastres Naturales, Secretaría de Desarrollo Social, y del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres, para la compra de votos. Las quiebras resultados de esos desvíos comienzan a evidenciarse.”

Cabe destacar que Lydia Cacho es una periodista reconocida internacionalmente por su trabajo de denuncia en contra de la corrupción, trata de personas, crimen organizado, violencia; entre otras problemáticas del país, por lo que ha sido galardonada en diversas ocasiones, entre las cuales se encuentra el Premio Mundial Guillermo Cano a la Libertad de Prensa, entregado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) o el Premio Ginetta Sagan, otorgado por Amnistía Internacional, por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y menores

Asimismo, Lydia Cacho fue quien evidenció en el libroLos demonios del edén, el poder que protege a la pornografía infantil” (2004) la red de prostitución, pornografía, tráfico de influencias y protección; en la que estaban involucrados el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y de la participación de los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge

De tal forma que en diciembre de 2005, fue detenida de manera arbitraria en Cancún y trasladada hasta Puebla, respondiendo a una orden de aprehensión “derivada de una denuncia de difamación y calumnias por Kamel Nacif”; de la cual se le otorgó una orden de libertad bajo fianza

Es en 2006, tras la publicación de unas llamadas entre Nacif y el exgobernador de Puebla, en las cuales hablan sobre las represalias en contra de la periodista, cuando Cacho presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, la cual es atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con ello se “determina investigar la participación de Marín en una presunta concertación para vulnerar los derechos de la periodista”, sin embargo para noviembre de 2007 “los ministros de la SCJN resuelven que no existió una conspiración entre el gobernador de Puebla y Kamel Nacif, para violar las garantías individuales de Cacho, e incluso determinaron que la transgresión a sus derechos no es grave y, por lo tanto el caso puede ser resuelto en otras instancias judiciales”

Desde entonces y a la fecha, la periodista mexicana ha recibido infinidad de amenazas en contra de su integridad física y de su familia, por lo cual en agosto de 2012, decidió salir del país ante las constantes amenazas de muerte sufridas en ese entonces, hecho al que diversos organismos internacionales como El Comité para la Protección de los Periodistas, condenaron y exigieron mayores medidas de seguridad para Cacho, las cuales se suman a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en donde se “otorgaron medidas cautelares a Lydia Cacho y se solicitó a las autoridades mexicanas tomar las medidas necesarias para garantizar su vida e investigar las amenazas de muerte, vigilancia e intimidaciones”

Es por ello que exigimos que lo establecido en el artículo sexto constitucional sobre la libertad de expresión, que a la letra dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el estado”, se cumpla, en este caso por el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo

Asimismo, es necesario destacar que conforme al derecho internacional, se cuenta con lo establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Lo contemplado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo texto estipula que: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

Así como lo mencionado en el artículo 13 del Pacto de San José, “3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radio- eléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de la información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”

Por lo antes expuesto, fundamentado y entendiendo a la libertad de expresión y de prensa como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de un país democrático, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al licenciado Roberto Borge Angulo, titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, a garantizar la integridad física y emocional de la periodista Lydia Cacho, así como respetar la libre manifestación de ideas y prensa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen

INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a considerar en el diseño de las políticas del Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor la implantación de un sistema intersecretarial que permita coordinar y articular de manera transversal las políticas sociales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con base en las siguientes

Consideraciones

La protección de los derechos humanos, es uno de los principios fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual considera la protección de derechos inherentes a los seres humanos con la intención de evitar las distinciones entre los habitantes, asimismo establece las obligaciones de los gobiernos para atenderlos de la mejor manera posible

En concordancia con nuestras leyes, el Estado mexicano se ha sumado al sentir mundial en materia de protección a estos principios, adhiriéndose a tratados internacionales en la materia, los cuales son considerados para la elaboración de las políticas públicas y normatividades

Para atender estos aspectos de la legislación, el gobierno mexicano ha considerado la creación de políticas públicas tendientes a proteger todas las etapas etarias de la población mexicana, consciente de que cada una requiere de la configuración de respuestas específicas a problemáticas del mismo orden

El Estado mexicano vigila la evolución de la población desde 1882 a través de la Dirección General de  Estadística, predecesor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante el conteo de población, el cual a través de diversos indicadores, nos permite saber cuántos y cómo somos

Tales censos de población, permiten contemplar la proyección poblacional a través del tiempo, lo que nos permite encauzar las políticas  públicas y adelantarnos a los efectos propios que causarían  la no atención de los problemas que se nos presentan

En este sentido, la atención a los más de 118 millones de mexicanos para este año1, requiere de la vigilancia del proceso de dinámica poblacional, a fin de considerar las estrategias a seguir en el futuro, es por eso que gracias a esta recopilación de datos, podemos integrar carteras de acciones específicas

Como ejemplo de la importancia de la instrumentación de políticas públicas a futuro, el gobierno mexicano se dio cuenta del crecimiento demográfico en la década de los sesenta del siglo pasado, cuando cada familia contaba con un promedio de seis integrantes, y previendo los problemas que este crecimiento podría causar, lanzó una campaña de control de la natalidad que hoy permite que en promedio, las familias mexicanas se compongan de cuatro integrantes

Asimismo, a partir de esta década, se previó la inversión de la pirámide poblacional, pues aunque la cantidad de nacimientos comenzó a registrar un descenso, el envejecimiento de la población se registró al alza, debido a la ampliación en la cobertura de los sistemas de salud y sistemas de abasto de alimentos más eficientes, por lo que la esperanza de vida se elevó para pasar de los 40-50 años de edad, a los 75 años de vida promedio

Esto quiere decir que la población mexicana se encuentra en un proceso de envejecimiento, y de acuerdo con sus proyecciones, en el 2050, la cantidad de personas que sobrepasen el umbral de los 60 años de edad, serán el 30 por ciento de la población, con las consecuentes problemáticas a atender

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, a partir de esa etapa, las personas se caracterizan por el declive de las funciones orgánicas y psicológicas como una de las pérdidas de las capacidades sensoriales y cognitivas y que evidentemente requieren mayor atención médica que los demás sectores de la sociedad, siendo ésta particularmente especializada

En la actualidad, las dificultades que debe enfrentar el estado mexicano en muy diversos aspectos, son enormes, y su atención requiere de acciones decididas, por lo que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hacemos un llamado a que se considere al grupo de los adultos mayores en el diseño de políticas públicas de gran calado, pues su crecimiento en el futuro inmediato, requerirá de mayores acciones y programas que se reflejen en el compromiso estatal de justicia social para atender sus necesidades como retribución a sus esfuerzos debido al legado del país que hoy tenemos

Hacemos este llamado, debido a que en muchos aspectos de la vida, la concepción de la vejez o de la vida adulta, se encuentra aparejada a situaciones adversas de existencia, las cuales se encuentran lejos de hacer honor a los principios de vida digna que se encuentran en los programas de gobierno

Para atender los aspectos específicos de este sector de la población mexicana, que se calcula en los 10 millones de personas, se deben crear políticas públicas integrales que sean atendidas por muy diversos órganos de gobierno

Esta visión, se basa en el análisis de la problemática de este sector de la sociedad, que frecuentemente se encuentra desprotegido de los sistemas de salud y del sector económico principalmente, así como una desvalorización de sus aportaciones a la vida diaria del país

En este sentido, la condición a la que se enfrentan frecuentemente los adultos mayores, es la discriminación de una sociedad que se basa en la competencia y productividad.2

Los resultados de la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, son reveladores, pues indican que este grupo de edad debe sobrevivir con situaciones sociales negativas, que los consideran improductivos y como consecuencia, son condenados al desempleo, al abandono, a la negación de oportunidades y a la constante violación de sus derechos fundamentales

A la situación, se suman la pérdida de habilidades y capacidades físicas, lo que lleva a que socialmente se asuma que son inútiles, incapaces, enfermos, y consecuentemente se les lleva a negárseles el acceso a sus derechos y el acceso a oportunidades

Los datos que nos ofrece la Enadis 20103, arrojan que el 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años de edad, consideran que en alguna ocasión sus derechos no han sido respetados, el 40.3 por ciento indica que sus problemas más apremiantes, son los económicos, el 37.7 por ciento, el acceso a los servicios de salud y medicamentos, y el 25.9 por ciento, los laborales. Ante tales diagnósticos, es casi imposible que puedan acceder a una vida digna, lo que se confirma con el señalamiento hecho por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al precisar en el marco de la Celebración del Día del Adulto Mayor, “que en México, uno de cada dos están en pobreza y uno de cada diez vive en pobreza extrema”.4

En Nueva Alianza consideramos que estamos a tiempo de evitar que estos índices de abandono se acentúen, mediante la creación de políticas públicas integrales que permitan a nuestros adultos mayores, mejores niveles de vida, propiciados por el diseño de programas de gobierno acordes a sus necesidades y con la visión trasversal

Aunque el gobierno mexicano cuenta con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), institución especializada en la atención a las problemáticas del sector, éstas no se encuentran estructuradas de manera tal que los asistentes a estos servicios, puedan tener servicios que les permitan un nivel de vida digno

Somos conscientes de que estas personas no requieren de instituciones que se asemejan a estancias, sino de políticas públicas intersecretariales efectivas que les permitan mantener un nivel de vida con calidad, en los que la valoración social, la salud y el nivel adquisitivo, forme parte de su existencia

Asimismo, es necesaria la promoción de campañas publicitarias de revaloración a los adultos mayores sin estereotipos, sino con la dignidad que merecen como personas

Es por eso, que hacemos un llamado a las autoridades para que estos esfuerzos se concreten en estrategias efectivas de revaloración de los adultos mayores

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos esencial establecer una gran estrategia nacional en materia de geriatría, a fin de dar atención a las problemáticas que se presentan en este sector y que se incrementarán en el futuro de manera notable por lo que habrán de requerir acciones efectivas

Así, consideramos que no es posible construir una sociedad, un Estado, si no se parte del pleno reconocimiento de la igualdad de las personas consagrado en un sinnúmero de instrumentos, nacionales e internacionales de protección de derechos humanos y de la proyección de las políticas públicas que atiendan a este sector de la población de manera integral y con los principios de dignidad que requerimos

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social para que en el diseño de las políticas del Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor, se contemple la implementación de un sistema intersecretarial que permita coordinar y articular las políticas sociales de manera trasversal de este organismo, a fin de atender a la población de adultos mayores para que cuenten con una vida digna

Notas:

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía,Proyecciones de la población de México 2010-2050

2 Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación,Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010

3 Ibídem

4 Periódico digitalLa Jornada, Nota: Uno de cada dos adultos mayores están pobreza en México, elaborada por Angélica Enciso, publicada el 27 de agosto de 2013, página electrónica: http://www.jornada. unam.mx/ultimas/2013/08/27/20434281-mexico-requiere-politicas-publicas-de-prevencion-y-cuidado-de-adultos-mayores-especialista

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de septiembre de 2013.— Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen

EMPRENDAN ACCIONES REQUERIDAS A FIN DE INCORPORAR TECNOLOGIAS TENDIENTES A GENERAR AHORRO Y EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos y Poderes Ejecutivos locales a emprender acciones a fin de incorporar tecnologías que generen ahorro y uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de viviendas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Congresos y Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para emprender las acciones requeridas a fin de incorporar tecnologías tendentes a generar ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de viviendas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Somos considerados la especie más inteligente; sin embargo con lo que le hemos hecho al planeta parecemos la peor, pues parece que tuviéramos la firme misión de acabar con éste mundo y sus especies, sin reconocer que nada aquí nos pertenece

A pesar de todo esto, el cuidado y preservación del planeta y sus especies están irremediablemente en nuestras manos y es nuestra absoluta responsabilidad. No olvidemos que su flora y fauna lo han habitado desde mucho antes que nosotros, podría decirse que somos los seres humanos los invitados, pero nos convertimos en los que llegaron a invadir el territorio y  destruir sistemáticamente su hogar

Contaminamos, atacamos, destruimos, sacrificamos, extinguimos y aniquilamos a este planeta y todo lo que hay en él, bajo el amparo y excusa del progreso motivado por la ambición de vivir quizás un poco mejor, o también tan sólo por diversión y entretenimiento

Olvidamos que el mundo no es nuestro o solo nuestro, es compartido; aunque la autoría del daño nos pertenece de manera exclusiva, por lo tanto todas las demás especias que cohabitan dependen de nosotros para salvarse y salvar el lugar donde viven

Si tenemos la capacidad de construir y crear, ¿por qué no hacerlo en armonía con éste planeta?

Si éste mundo perece, lo haremos también nosotros sin excepción alguna y quizás incluso antes de que lo logremos para él

El tiempo apremia, ayudemos al planeta; ayudémonos a nosotros mismos porque la mejor herencia que podemos entregar a nuestros hijos y futuras generaciones es un mejor mundo para vivir

Debemos asumir el reto como sociedad de iniciar la transición hacia un modelo de crecimiento verde y también socialmente inclusivo de forma efectiva, eficiente, equitativa y sobre todo segura para el medio ambiente y nosotros mismos

La mejor manera de iniciar este proceso es desde el lugar donde vivimos, desde nuestros hogares y con nuestra familia, en lo habitual o cotidiano; y si la situación actual lo demanda; comencemos desde la construcción y edificación de éstos

Temas como la sustentabilidad, el uso eficiente de los recursos naturales, la armonía con el medio ambiente y su preservación, la creación de una cultura en el manejo adecuado de desechos, el control de emisiones contaminantes, la aplicación de tecnologías en el aprovechamiento y ahorro de energía eléctrica, agua y gas y la restauración de nuestro entorno natural; llegaron para instalarse de manera urgente y permanente en nuestra conciencia individual y colectiva

Llegamos a un punto en el que la viabilidad de habitar este planeta está en latente riesgo, la supervivencia y continuidad de la raza humana se encuentra condicionada; no tenemos elección y debemos asumir el compromiso de conservar el mundo en el que habitamos y coexistimos con una diversidad de especies de flora y fauna

Si bien se ha avanzado y logrado mucho al respecto, la realidad nos ha mostrado sobre la marcha que el daño es mayúsculo y se ha acumulado de manera creciente y grave. Basta señalar que estudios recientes nos han arrojado que este año alcanzamos niveles históricos y nunca antes registrados en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que son los gases que se acumulan como resultado de la combustión de carbón, petróleo y gas natural

Éste escenario ya se había pronosticado y sus consecuencias ya eran conocidas, por ello hoy en día ésta noticia no fue sorpresa para los expertos en el tema. Desde hace décadas el concepto de cambio climático y el efecto invernadero dominó las discusiones y los estudios ambientales, y específicamente ya para el año 1992 en el marco de la Convención en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro se adoptó el Protocolo de Kioto que establecía la meta de reducir en un 5.2% en promedio las emisiones contaminantes

Sin embargo, no fue hasta 1997 que los países signatarios de la Convención firmaron el protocolo y se comprometieron a cumplir dos objetivos específicos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a establecer las medidas para mantener una constante captura de carbono

No obstante, y a pesar de estos valiosos esfuerzos a escala mundial, se ha avanzado muy poco en lograr revertir el daño que ya estaba hecho a nuestro medio ambiente y los ecosistemas

Muestra de ello es que el cambio climático continúa siendo una amenaza en todo el planeta y para quienes lo habitamos, la temperatura global ha aumentado en casi 0.8 grados centígrados y parece imparable debido a que el 90% de las emisiones de gases que generan esta alteración provienen de las actividades humanas cotidianas; es decir son provocadas y generadas por el hombre

Como consecuencia, no se han podido revertir o al menos controlar las afectaciones a los sistemas naturales y por ende tampoco las repercusiones en nuestros esquemas tanto económicos como sociales que se derivan de estos problemas sin distinción alguna de condición socioeconómica

Estudios al respecto nos indican que a nivel mundial, de seguir registrando cantidades similares de emisiones de gases que se estiman en más de 25 mil millones de toneladas al año, para mitad de este siglo tendríamos una elevación de la temperatura global en más de 2 grados centígrados, lo que representaría un escenario de magnitudes catastróficas no sólo para el medio ambiente global, sino también para la existencia y el desarrollo de los seres humanos

Elevados grados de desertificación, erosión irreversible de los suelos, aumento desproporcionado del nivel del mar, fluctuaciones intensas y prevalecientes de las corrientes de viento y de los mares, cambios climáticos impredecibles, extremosos y acompañados de eventos meteorológicos como sequías, inundaciones o huracanes de dimensiones desastrosas, tormentas desproporcionadas, incendios, enfermedades, extinción acelerada de especies de flora y fauna y pérdidas masivas de vidas humanas, serían las consecuencias inmediatas que se mencionan en el párrafo anterior y que se harían presentes en todos los rincones de nuestro planeta si no logramos detener o al menos controlar el deterioro ambiental

No es de extrañarse que lo anterior suene conocido y probablemente hasta cotidiano. Ya se inició este escenario quizás heredado por las generaciones que nos anteceden pero indudablemente nuestra responsabilidad ahora; aunque gracias a los adelantos científicos y tecnológicos tenemos un mayor y mejor conocimiento y capacidad para enfrentar estas adversidades que pasaron de ser teorías y proyecciones a configurar nuestra realidad

De acuerdo a lo señalado y presentado como conclusiones definitivas en el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, se mencionan 5 mecanismos clave identificados por medio de los cuales el cambio climático puede paralizar y posteriormente revertir el desarrollo humano que aún en nuestros días después de todos estos años continúan vigentes:

1. Producción agrícola y seguridad: se calcula que las cifras de afectados por desnutrición podrían aumentar a 600 millones a finales del siglo XXI

2. Estrés por falta de agua e inseguridad de agua: se estima para finales del siglo que 1,800 millones de personas podrían habitar en zonas con escases de agua

3. Aumento en el nivel del mar y exposición a desastres meteorológicos: se prevé que el aumento de la temperatura mundial en 3 o 4 grados centígrados podría desembocar en las migraciones de 330 millones de personas por inundaciones

4. Pérdida de ecosistemas y biodiversidad, con un calentamiento de 3 grados centígrados entre un 20 y 30 por ciento de las especies terrestres podrían enfrentar la extinción

5. Amenazas a la salud humana, el número de personas expuestas a enfermedades como el paludismo aumentará en los próximos años, impactando mayormente a los países en desarrollo debido a los niveles de pobreza y la poca capacidad de respuesta de los sistemas de salud pública

Sobre el tema, nuestro país no es ajeno ni a los orígenes ni a las consecuencias que generan estos niveles de contaminación. Estudios recientes establecen que al menos el 20 por ciento del territorio Mexicano y el 75 por ciento de la población total en este país, están altamente vulnerables o expuestos a padecer de manera directa los efectos del cambio climático y la contaminación a nivel mundial

Desafortunadamente, la demanda de servicios generadores de este tipo de gases se ha incrementado para proveer la oferta necesaria de bienes y servicios que la sociedad mexicana requiere. La actividad empresarial regular y doméstica se ha elevado, la necesidad de una mayor capacidad de transporte tanto público como particular se disparó considerablemente sin una alternativa de transporte limpio que revierta esta situación como parte de una ausente política de uso eficiente de la energía y recursos naturales; llegando a un punto de comparación con las naciones que más emisiones y contaminación producen. Por ejemplo, el mexicano emite en promedio 180 kilogramos de contaminantes atmosféricos en un año aproximadamente, es decir lo que equivale a dos personas adultas, que es lo que en promedio se registra a nivel mundial

Por otro lado, para nuestro país las alternativas limpias para revertir los daños ambientales y ecológicos por la emisión de gases contaminantes son escasas; el petróleo sigue siendo la fuente de más de la tercera parte de los ingresos fiscales en nuestra economía; todavía representa cerca del 60% de la matriz energética mientras que la participación de las energías renovables derivadas de biomasa, hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas. En el total de la requerida por la sociedad es apenas del 15 por ciento

Si no fuera suficiente lo anterior, tenemos que la generación de residuos sólidos tan solo a nivel municipal en la última década se elevó en un 40%,  mientras que el manejo de estos residuos rurales y urbanos o el también llamado vertido en sitios de disposición final todavía sigue siendo el método rudimentario con el que siempre se ha operado el 98% de estos desechos ante la ausencia de plantas de procesamiento

En lo que respecta a los recursos naturales tenemos que en México entre los años 2005 y 2010 se registró una pérdida neta anual de 160 mil hectáreas de bosques en promedio. La fuente de la deforestación y por consiguiente en el cambio del denominado uso de suelo, sigue siendo la producción agrícola y ganadera que durante este periodo careció absolutamente de planes, acciones y políticas gubernamentales de sustentabilidad

Respecto al uso y manejo del agua, la situación es por igual triste y alarmante, ya que más del 30 por ciento de la extracción de agua para consumo humano en el país, se obtiene mediante fuentes no sustentables o controladas ambientalmente y la tasa de construcción, operación y conexión de plantas de tratamiento de aguas residuales y de recolección de aguas pluviales, es de las más bajas a nivel mundial

Por ello, todavía en nuestros días las enfermedades respiratorias y gastrointestinales siguen siendo unas de las principales causas de muertes en la población infantil y adulta mayor

Como se puede apreciar, el panorama no es alentador; por el contrario la infortuna combinación de factores de contaminación ambiental mundial, la local y los problemas de índole económico y social nos involucran notablemente en los asuntos desfavorables y la responsabilidad compartida del cambio climático; a pesar de que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en riqueza natural de biodiversidad

Como sociedad, requerimos reconocer que en nuestra nación ningún esfuerzo en materia de conservación, rescate y procuración del medio ambiente y contra las adversidades del cambio climático; serán suficientes si a la par no logramos un cambio profundo en nuestra cultura de percepción del problema y reconocemos que esta situación nos implica a todos

Aprendamos a construir viviendas y hogares para los seres humanos con las menores implicaciones ambientales posibles y la reducción de las ya existentes

Incluyamos en nuestras casas, el uso de sistemas de luz ahorradores de energía o alimentados por celdas fotovoltaicas, calentadores de agua solares; edifiquemos nuestros hogares y edificios con materiales diseñados para generar el ahorro máximo de energía, agua y gas

No sólo pensemos en forma verde, sino también construyamos de igual manera, en México requerimos adoptar medidas de construcción y equipamiento ecológicas para las viviendas

No podemos permitir quedarnos atrás en temas que se refieren al cuidado y preservación de nuestro medio ambiente

Las ventajas de hacerlo son muchas pero entre ellas destacan las siguientes:

• Minimizar el uso de recursos naturales

• Disminución los residuos sólidos a partir de sistemas de reciclaje para la cocina

• Control de la erosión y minimizar el impacto del suelo

• Manejo eficiente y aprovechamiento de las aguas de lluvia

• Aumento de la eficiencia energética

• Conservación máxima del agua

• Reducción de los costes derivados del mantenimiento

• Aseguramiento de una planificación y uso de suelo adecuado

Como se advierte, indiscutiblemente con la aplicación de este tipo de tecnologías limpias estamos en la posibilidad de crear y construir viviendas habitables, confortables, dignas y con diseños bioclimáticos sustentables altamente provechosos

En la actualidad bajo el panorama desolador que tenemos a nivel mundial, no podemos darnos el lujo como sociedad en nuestro país y en ningún otro, de ignorar o postergar el uso y aprovechamiento de estas alternativas

Por esto, tenemos que iniciarnos en la búsqueda de una mentalidad nueva, una política diferente y una forma de asumir el compromiso con el medio ambiente que abarque la búsqueda de una vivienda que minimice al máximo de lo posible y lo deseable, el impacto sobre nuestro medio ambiente y fomente a la vez un desarrollo sostenible que no consuma excesivamente los recursos tanto renovables como los no renovables y finalmente al planeta entero

Requerimos de una política de construcción de viviendas, que tengan la capacidad de generar los recursos suficientes para crear un hábitat saludable y en armonía con el medio circundante; esa en la actualidad, es la vivienda ideal

Finalmente, es claro que el rumbo que nuestro país debe adoptar en materia de construcción de vivienda es el del cuidado y protección del medio ambiente

Si bien, iniciar este proceso podría encontrarse con obstáculos, en el mediano y largo plazo las ventajas de haberlo asumido no solo serán visibles para nuestra generación hoy en día sino también serán representativas para las que nos precederán, pues en ese futuro mediato podrán apreciar que fuimos una generación que reconoció que el mundo era de todos y nuestro mejor anfitrión, que fuimos capaces de conquistar nuestra conciencia colectiva para escuchar a este planeta que pedía a gritos ayuda y ser reconocido, cuidado y procurado

Seamos una generación que si bien nos equivocamos y caímos, tuvimos el valor y el coraje de asumir nuestra responsabilidad, para enmendar y corregir nuestros errores

Lo anterior, con mayor razón si se trata del lugar donde vivimos y por ende, de nosotros mismos

Esta soberanía, no pueden mantenerse al margen de aportar lo que le corresponde y desde sus facultades legislar a favor del bienestar común y de nuestro medio ambiente

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de

Acuerdo

Único. Con pleno reconocimiento a la libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente a:

1. Los Congresos de las entidades federativas, a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de esquemas de fomento del ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas, y la aplicación de ecotécnicas y ecotecnologías en la construcción y equipamiento de viviendas

2. Los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, a emprender acciones para integrar dentro de sus programas de construcción de vivienda, el uso de materiales ecológicos y la incorporación obligatoria de calentadores solares de agua, focos ahorradores de energía y válvulas ahorradoras de agua

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

IMPLANTAR ACCIONES QUE ESTABILICEN LOS PRECIOS DEL AZUCAR EN EL MERCADO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la SE a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

El azúcar es uno de los productos básicos de consumo, su producción se realiza en los ingenios a partir de los jugos de caña de azúcar y de remolacha, dando origen a una agroindustria que genera gran cantidad de empleos, participando directamente en la economía nacional

La caña de azúcar es un cultivo agrícola que permite una amplia diversidad productiva. Esto debido a que de ella se pueden obtener los siguientes derivados azúcar, papel y cartón, alimento para animal, alcohol y etanol, entre otros

En México, la industria azucarera es muy importante, requiriendo en los últimos diez años una superficie cultivada del orden de 650 mil hectáreas por año, cuya producción alcanza en promedio los 48 millones de toneladas de caña de azúcar

En 2012, la caña de azúcar se cultivó en 15 de los 32 estados de la República Mexicana, por lo que tiene una gran importancia económica, social y ecológica para nuestro país

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante el 2011, México ocupó el sexto lugar a nivel mundial, sólo por debajo de Brasil, India, China, Tailandia y Pakistán

Veracruz ocupa el primer lugar nacional en el cultivo de caña de azúcar, aportando 36 por ciento de la producción total nacional y de la superficie total cosechada

Con relación a las modalidades de producción (riego o temporal), Veracruz es el estado que obtiene un mayor volumen de producción de caña de azúcar. Veracruz ha aportado bajo riego el 24.6 por ciento del total de volumen de producción nacional, mientras que bajo temporal ha generado 50.1 por ciento del volumen. Por otra parte, Jalisco ocupa la segunda posición, al aportar en la modalidad de riego 21.9 por ciento del volumen total nacional y el 2.6 por ciento en la modalidad de temporal

De acuerdo con datos preliminares del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2012, el área destinada a este cultivo alcanzó una superficie de 786 mil 539 hectáreas, de las cuales se cosecharon 736 mil 483. Con ello, se alcanzó una producción de 51 millones 304 mil 319 toneladas, cifra que representó el 99.4 por ciento del total programado inicialmente por la Sagarpa. Los estados de Veracruz, Jalisco, Tamaulipas y Oaxaca concentraron el 60.23 por ciento del total de la producción nacional obtenida en 2012

Dada la manifiesta importancia de esta industria y su impacto dentro de la economía nacional, es necesario fomentar esta rama de la producción a fin de darle a quienes en ella intervienen, certidumbre y las condiciones que la vuelva a ser rentable, incremente su capacidad para generar empleos e impulse su propio crecimiento

Sin embargo, actualmente la producción de caña se enfrenta a diversos factores que impactan de manera negativa en la productividad de este cultivo; factores que van desde aspectos técnicos, económicos y sociales; tanto de carácter nacional como internacional

La aparente sobreoferta en la producción de azúcar, en lo que va del ciclo 2012-2013, ha provocado una disminución en los precios de este insumo, y a pesar de que la caída de los precios inició desde octubre de 2011 y logró una ligera recuperación en mayo de 2012, a partir de este mes se acentuó su tendencia a la baja

Esto hizo que el kilogramo de azúcar estándar cayera 33.1 por ciento, al pasar de 11 mil 888.80 de pesos la tonelada en mayo de ese año a 7 mil 907 pesos la tonelada en la tercera semana de enero de 2013

Cabe comentar que en octubre de 2012, se dio a conocer el precio de referencia del azúcar base estándar para el pago de la caña de azúcar correspondiente a la zafra 2012-2013, el cual se anunció en 10 mil 617.72 pesos por tonelada. Sin embargo, de acuerdo con el precio promedio de mercado se tiene una pérdida de 2 mil 702.17 pesos por tonelada, lo que equivale a una reducción de 25.53 por ciento

Este problema llevó a que los cañeros demandaran la aplicación del fideicomiso de exportación de los excedentes de la producción nacional con el fin de desahogar el mercado interno y equilibrar los precios. No obstante, a pesar de que los cañeros lograran colocar sus excedentes en otros mercados, el precio de referencia internacional se cotizó en 480.70 dólares la tonelada en la semana del 22 de enero, valor que equivale a alrededor de los 6 mil pesos, por lo que también estarían enfrentando un mercado internacional con bajos precios de compra

Por lo anterior, el índice de precios del azúcar, calculado por la FAO, alcanzó en diciembre su valor más bajo desde agosto de 2010, registrando una caída anual de 17.1 por ciento en 2012, mostrando volatilidad hasta mediados de 2011. A partir del último trimestre de ese año, los precios internacionales y nacionales presentaron un comportamiento similar, debido a que coincidieron con una mayor oferta del producto

Es importante que tomemos las acciones necesarias para apoyar al campo cañero mexicano, se debe de pedir el apoyo a las autoridades encargadas de diferentes programas federales, para buscar que se les otorgue un apoyo económico a este sector

Es necesario asegurar el abasto permanente de azúcar; otorgar equidad a todos los participantes dentro de la cadena de producción y se debe de realizar un esfuerzo sostenido para mejorar la eficiencia del campo cañero y de la planta industrial azucarera

Tenemos un sector azucarero con una excesiva producción frente a un mercado restringido, con la caída de los precios de exportación del azúcar, las disputas sobre la negociación de las cuotas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y una mayor utilización de los sucedáneos del azúcar (jarabes de maíz de alta fructuosa y edulcorantes sintéticos como el aspartame, entre otros), que han deprimido el consumo industrial doméstico

Así, tanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación como la Comisión Nacional del Agua deben trabajar en comunicación constante a fin de preservar los recursos naturales agua y suelo, y generar mejores rendimientos y mayor productividad en el cultivo de la caña de azúcar, a fin de solventar los requerimientos del mercado nacional y disponer de producto para la exportación

Pese a contar con programas como el Nacional de la Agroindustria de Caña de Azúcar 2007-2012, que tiene como propósito el brindar certidumbre a productores del campo, obreros, industriales y a todos los agentes que integran la cadena productiva, que coadyuven a mejorar la productividad y competitividad de las actividades de la agroindustria de la caña de azúcar, no resultan suficientes para hacer frente a esta problemática

El daño económico es para todo el país, provocado por la disminución del precio del producto que afecta ya los ingresos de 165 mil productores y provoca pérdidas por ocho mil 500 millones de pesos, como se estiman hasta el momento los afectados

Frente a esta situación, desde el 21 de enero, productores cañeros de las confederaciones Nacional Campesina (CNC) y de Propietarios Rurales (CNPR) mantienen bloqueados los ingenios y las bodegas del país, como protesta por la caída del precio del edulcorante y el aumento constante en la importación de alta fructosa

Necesitamos evitar que el precio del azúcar continúe a la baja, así como exigir a las autoridades que detengan la importación de la fructosa y tratar de alcanzar con ello un equilibrio que evite que la producción de la zafra de este año se junte con los inventarios del ciclo anterior, lo que resultará todavía más perjudicial para el sector

Los precios de la tonelada de azúcar hoy en día ronda los seis mil 500 pesos, cuando el año pasado estaba en ocho mil pesos en promedio, lo que es verdaderamente alarmante por lo que debemos buscar que el precio del bulto no baje de los 400 pesos, ya que de lo contrario los productores cañeros no tendrán ganancias ni recuperarán la inversión realizada, además de que tendrán fuertes pérdidas económicas

El punto de acuerdo que se propone no busca que se eleve el azúcar a precios desorbitados que tengan un impacto infortunado para las familias mexicanas, lo que se busca es un precio justo, ya que en el precio que se encuentra ahora estamos teniendo una perdida muy grande, y que puede tener un impacto negativo para la economía del país, lo que buscamos es sanear el mercado doméstico que permita equilibrar el precio interno

El desplome del dulce en el país viene a perjudicar directamente la economía del productor de caña, en el sentido de que la producción de azúcar conlleva todo un proceso a diferencia de otros productos del campo como el maíz o el tomate

De acuerdo con las demandas escuchadas de los productores de caña, necesitan para recuperar lo que han perdido, y que no varíe el precio de aquí a que termine el ciclo, necesitan que el precio del azúcar salga de bodega a 500 pesos, para que el precio ponderado quede en 475 o 450 pesos y permitir al productor obtener el precio por tonelada de azúcar entre 9 mil y 9 mil 500 pesos, lo que le ayudaría a cubrir los gastos de la cosecha, el corte y acarreo de la caña, así como solventar sus necesidades y pagar los créditos que solicitó para la siembra

Urge tomar acciones tendientes a resolver esta problemática que aqueja a los productores cañeros ya que y que pueden provocar graves consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas, tanto para la industria azucarera como para la economía nacional

Por lo anterior, y con objeto de equilibrar el mercado azucarero nacional y de cimentar las fortalezas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, someto a consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía del gobierno federal a implantar acciones inmediatas que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional; asimismo pedir apoyo a las autoridades encargadas de los programas federales para que se otorguen apoyos económicos para los campesinos cañeros con la finalidad de darle a quienes en ella intervienen, certidumbre y las condiciones que la vuelva a ser rentable, e incremente su capacidad para generar empleos e impulse su propio crecimiento

Fuentes consultadas

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en http://www.conadesuca.gob.mx

FAO, Índice de la FAO para los precios de los alimentos, enero de 2013 en http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/

Inegi, Índices de Precios, en http://www.inegi.org.mx

Infoaserca, reporte diario de precios a futuro con base en información de Reuters, en http://infoaserca.gob.mx

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en http://www.siap.gob.mx

Secretaría de Economía, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en http://www.economia-sniim.gob.mx

Unión Nacional de Cañeros, AC, en http://www.caneros.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen

QUE NO SE INCREMENTE EL IVA EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no incrementar el IVA en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La presente, Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los impuestos surgieron como un mecanismo que serviría para financiar la erogación del gasto del estado, para poder cubrir los satisfactores derivados de las demandas de la sociedad

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su artículo 31, fracción IV:

Artículo 31.Son obligaciones de los mexicanos:

I. ..

IV.Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.1

Los impuestos se dividen en directos e indirectos, siendo la subdivisión de los segundos motivo de la presente propuesta

Los impuestos indirectos gravan el consumo, recayendo en el costo de algún bien, teniendo como principal característica que son trasladables hasta el consumidor final

Los principales impuestos indirectos de aplicación en nuestro país son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene su fundamento en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, aprobada y suscrita el 22 de diciembre de 1978, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre del mismo año, bajo decreto del entonces presidente de la República, José López Portillo, pero no inicia vigencia sino hasta el 1 de enero de 1980

Desde su entrada en vigor el IVA en las familias mexicanas, situadas en la parte final de la cadena productiva, consumidor, ha significado una disminución de su capacidad de consumo

Este impuesto está sustentado bajo un esquema en el cual se convive con tasas diferenciadas o exentas, tal situación genera discusiones constantes sobre su bandera de equidad

La premisa de que la intención original del IVA era gravar el consumo final, en su operación se han notado la existencia de excepciones, regímenes preferenciales, tasas 0 por ciento y evasión fiscal, síntomas de la aplicación inequitativa

Mención aparte merece que cuando el IVA entró en vigencia se manifestó la necesidad de apoyar el comercio de las ciudades situadas en las franjas fronterizas, por ello se implementó una tasa especial

Hoy en día está causando gran consternación e inquietud el hecho de querer incrementar el IVA, implementarlo a medicinas y alimentos y homologar el porcentaje de las ciudades de la frontera con el resto del país

Conviene citar que la teoría económica dicta que los impuestos indirectos son regresivos, pues generan afectaciones en la población sobre todo a las personas con ingresos menores

El Colegio de la Frontera Norte (Colef), ha sido muy enfático al considerar que un alza del 16 por ciento al Impuesto al Valor Agregado en la frontera, a esquema de homologación, implica riesgos inmediatos como consumidores que optarían por cruzar la frontera para adquirir sus bienes y servicios, esto se reflejaría en desempleo y un gasto mayor de los habitantes de esas ciudades

Esto sumaria a la ya clara declaratoria de recesión económica que atraviesa nuestro país, pues como daño colateral surgiría la fuga de capitales y el traslado o quiebra de comercios, abonando al decaimiento del crecimiento económico

En su momento el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas de esta Cámara de Diputados informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al finalizar este año fiscal otorgaría beneficios fiscales por 643 mil 419 millones de pesos, lo que es equivalente a 3.87 por ciento del producto interno bruto (PIB), superando la meta esperada de recaudación por concepto de IVA durante el mismo periodo, el cual se calcula en 622 mil 626 millones de pesos

Por lo que la homologación del Impuesto al Valor Agregado en el país causaría una crisis económica en Ciudad Juárez, sacando de competitividad a los comercios fronterizos y generando el cierre masivo de los mismos

Cabe señalar que en Ciudad Juárez el IVA es más bajo que en otras zonas del país para hacerla competitiva ante los comercios de Estados Unidos que maneja un IVA de 8.25 por ciento

Por lo anteriormente expuesto, la presente somete a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su propuesta de Ley de Ingresos para el año 2014, se evite incrementar el IVA en Ciudad Juárez, Chihuahua, manteniéndolo en 11 por ciento

Nota:

1. http://www.diputados.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

SITUACION QUE GUARDA LA SOBREEXPLOTACION Y TALA CLANDESTINA DE LA COMUNIDAD DE MINAS VIEJAS, MUNICIPIO DE EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la situación que guardan la sobreexplotación y tala clandestina de la comunidad de Minas Viejas, en El Naranjo, San Luis Potosí, y a tomar medidas para evitarlas, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Enrique Alejandro Flores Flores, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para que se rinda un informe a la opinión pública, sobre la situación que guarda la sobre explotación y tala clandestina de la comunidad de Minas Viejas, municipio de El Naranjo, San Luis Potosí y se tomen las medidas necesarias para evitar la tala ilegal de sus zonas forestales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de San Luis Potosí se caracteriza por contar con una riqueza biológica importante a nivel nacional que lo distingue como uno de los estados donde el ecoturismo encuentra las mejores condiciones para su práctica

Sin embargo, la entidad no ha sido ajena a los efectos negativos que generan las prácticas clandestinas cada vez más frecuentes de tala ilegal y por supuesto la deforestación. El medio ambiente deteriorado que genera la deforestación permanente de zonas boscosas ricas en flora, fauna y el clima (cambios drásticos), impactan en la vida cotidiana de los habitantes cercanos y ponen en riesgo su futuro

En México, se estima que al año se pierden 60 mil hectáreas forestales por tala clandestina y esta se ha concentrado durante los últimos años en los estados de la región centro del país, sin embargo, el territorio potosino no es ajeno a los procesos de degradación y tala ilegal de su sector forestal, mismo que se está volviendo un negocio millonario para quienes lo practican

La tala clandestina y la deforestación en la entidad así como el proceso de deforestación por cambios de actividades en la tierra (el cultivo por ejemplo) ha puesto en riesgo a más de 500 mil hectáreas forestales, casi 50 por ciento de las zonas boscosas de la entidad

En efecto, estas actividades son más frecuentes y regulares en poblaciones estratégicas del estado de San Luis Potosí. Hoy día, en nuestra entidad vemos cómo municipios como Xilitla, Tamasopo, Alaquines y El Naranjo, ubicados en la sierra de Álvarez recienten tales efectos. Estos hechos no sólo influyen en el medio ambiente sino también y de manera directa, en los ingresos municipales pues gran parte de ellos proviene de actividades como el ecoturismo por la gran riqueza natural que existe en cada uno de ellos

Muchas de las áreas son consideradas como “zonas de reservas” ambientales en la entidad y por supuesto en nuestro país, que ante las condiciones de tala y deforestación ponen en riesgo la sustentabilidad de la zona. Para dimensionar el impacto del problema en la entidad, es importante señalar que los municipios afectados representan aproximadamente 13 por ciento del territorio de la entidad

En el caso particular de la comunidad Minas Viejas, ubicada en el municipio de El Naranjo, y donde sus cascadas atraen el turismo nacional, resulta de suma importancia que la federación, a través de sus dependencias correspondientes, tomen cartas en el asunto y asuman las responsabilidades que les corresponden, pues como en muchos de los municipios de la entidad, grupos de personas que actúan fuera de la ley buscan enriquecerse de manera ilícita afectando de manera recurrente un área protegida, y por supuesto a los pobladores de la comunidad

Desde el año 2002 a la fecha, municipios como El Naranjo y comunidades como Minas Viejas han interpuesto denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por los daños desmedidos que por estos actos se causa al territorio de la entidad y por supuesto al medio ambiente, poniendo en riesgo la calidad ambiental pero también la calidad de vida de sus habitantes

Desde 2002 se han presentado las denuncias correspondientes y se ha señalado a los responsables de esta “masacre” de nuestra naturaleza. A la fecha, no han sido atendidas las denuncias y la tala clandestina continúa

Por eso, haciendo eco de las preocupaciones de los pobladores de dicha comunidad pregunto ¿Tenemos que esperar a que el área ambiental protegida de Minas Viejas sea exterminada para que el gobierno federal finalmente centre su atención en estas denuncias? ¿Tenemos que esperar a que la deforestación genere el problema de falta de abastecimiento de los mantos acuíferos de la comunidad y con ello se carezca de agua? ¿Qué más hace falta para que la federación castigue con mano dura a los responsables de dicho “maltrato” ambiental?

Estamos aún a tiempo de hacer algo y proteger lo que de manera natural nos corresponde. Los pobladores ya han hecho su parte, denunciar y en esta tribuna yo hago lo propio. Por lo tanto, a partir del presente punto de acuerdo, esperamos que el gobierno federal actué de manera inmediata y ayude a los pobladores de la comunidad de Minas Viejas a rescatar su zona de bosques

Compañeras y compañeros diputados, a efecto de ser solidario con las autoridades locales y la población afectada, solicito su apoyo votando a favor el presente punto de acuerdo

Por lo antes expuesto y bajo las consideraciones anteriores someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de manera conjunta, rinda un informe a la opinión pública sobre los programas de reforestación y acciones preventivas que realizan en las áreas dañadas por la tala clandestina e ilegal en la comunidad de Minas Viejas, municipio de El Naranjo, ubicados en el estado de San Luis Potosí

Segundo.Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que de forma inmediata emprenda las medidas y acciones necesarias con el objetivo de impedir de manera contundente la tala ilegal y clandestina de árboles en las áreas correspondientes a la comunidad de Minas Viejas, municipio de El Naranjo, en el estado de San Luís Potosí

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputado Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen