*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 26 de septiembre de 2013, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 26 de septiembre de 2013 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los artículos 179 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Vivienda, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena los actos terroristas perpetrados en la República de Kenia y expresa sus condolencias al pueblo y al gobierno de aquella nación, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior del estado de Coahuila, para que realice una auditoría técnica, administrativa y financiera sobre el desempeño financiero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, del municipio de Torreón, Coahuila, suscrita por los diputados Marcelo de Jesús Torres Cofiño y José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob, para que instruya y propicie que los diagnósticos usados en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se realicen con base en la incidencia delictiva municipal, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a dar cumplimiento al Proyecto de la construcción de pavimento asfáltico en el tramo Sombrerete-Palmar km 40 en la comunidad de Sombrerete, municipio de Olarte, Veracruz, con base en los criterios y lineamientos en materia de donativos y donaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, para que se instrumente el dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal, relacionado con la producción del café, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Profeco, para que verifiquen la expedición a los consumidores de gas LP por parte de la compañía Gas Peninsular de Campeche, SA de CV, en el municipio de Carmen, Campeche, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Energía y de Economía, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía, para que en el marco de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2014, aplique el IVA a la comida chatarra, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, para que a través de la Policía Federal, establezca operativos para vigilar el tránsito de motocicletas por la autopista México-Cuernavaca, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y estatales, lleven a cabo las acciones necesarias para reforzar e instrumentar campañas y un programa nacional dirigidas a la prevención y erradicación de la violencia y abuso contra las niñas y los niños, suscrito por los diputados Martha Leticia Sosa Govea y Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Nayarit, para que se aprueben los proyectos de decreto que reforman la ley electoral de dicha entidad, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones para atender las consecuencias de las contingencias meteorológicas de Ingrid y Manuel, a cargo del diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que emita un nuevo Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes, suscrita por diputados integrantes de los Grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la liquidación de las afectaciones realizadas a terceros en el área contractual Pánuco, provocadas por Pemex y las empresas subcontratadas por Pemex Exploración y Producción, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la dependencia coordinadora y a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para que realice una exhaustiva revisión de todos los expedientes de las personas que están catalogadas como pendientes “viables y no viables”, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:  El primer resolutivo se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y el segundo, se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva y al Comité de Administración de esta soberanía, a definir el grado de vulnerabilidad sísmica potencial de las instalaciones, así como a realizar una evaluación estructural de los edificios de este recinto legislativo, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, realice las acciones de coordinación necesarias en materia de atención y prevención en la contingencia sanitaria derivada de la situación de inundación por la que atraviesa el estado de Sinaloa, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaria de Salud, se emitan protocolos y programas de prevención del embarazo en mujeres indígenas jóvenes, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Segob y a la SHCP, para que declaren zona de desastre la Huasteca potosina y sea incluida en la bolsa destinada del Fonden, y considerada en recibir apoyo de la partida presupuestal acordada por la Cámara de Diputados para brindar apoyo inmediato a las personas damnificadas como consecuencia de los fenómenos meteorológicos provocados por las tormentas tropicales Manuel e Ingrid, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: El primer resolutivo se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y el segundo, se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que otorgue el indulto al C. Alberto Patisthan Gómez, profesor indígena tzotzil, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Semarnat y a la Cofetel, para que diseñen campañas de difusión e información respecto del Apagón Analógico, y establezcan zonas de acopio como depósitos de los aparatos análogos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que se liberen los recursos del Fondo Revolvente y del Fonden, en los municipios del estado de Colima; asimismo, se exhorta al Gobierno del estado de Colima, para que implemente los trámites necesarios ante la Sagarpa, para la aplicación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en las comunidades de la entidad que han sido afectadas en su actividad agrícola, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.»

ARTICULO 96 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en los artículos 6, numeral 1, 77, 78 y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente

Planteamiento del problema

Aun cuando la historia del país muestra que las mujeres han tenido una presencia fundamental en los movimientos políticos y sociales, su participación en las tareas de gobierno y toma de decisiones ha sido limitada incluyendo los tres poderes de la unión. En el Poder Legislativo federal, desde 1959, cuando las mujeres lograron el derecho al voto y a partir de reformas legislativas, hasta LXII Legislatura, cuando la representación política de las mujeres alcanza el 37.8 por ciento del total de curules en la Cámara de Diputados, el máximo en su historia.

Igual que los otros Poderes de la Unión, la participación de las mujeres en el Poder Judicial ha sido muy reducida; desde sus orígenes en 1814 es hasta 1959 cuando llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cristina Salmorán de Tamayo como la primera ministra, a la fecha han fungido como ministras 8 mujeres * y sólo entre 1983 y 1988 las mujeres llegaron a ocupar 19 por ciento de ministros en la historia de nuestro máximo tribunal.

Actualmente, en el Poder Judicial de la Federación de los 11 ministros sólo 2 son mujeres y el 100 por ciento de los consejeros de la Judicatura Federal pertenecen al sexo masculino. De los 573 magistrados que componen los tribunales colegiados del país sólo 106 son mujeres, lo que representa el 18.4 por ciento, y de los 76 que componen los Tribunales Unitarios sólo 14 son mujeres. Asimismo, respecto al Tribunal Federal Electoral de los 7 magistrados de la Sala Superior sólo una es mujer.

El panorama actual respecto a la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación nos compromete a seguir marcando precedentes que impulsen la participación de la mujeres, atendiendo así a nuestra propia legislación y a recomendaciones internacionales que determinan la labor del Estado a través de sus distintos poderes, para desempeñar un papel central en la generación de cambios en las relaciones de dominación y subordinación de género, impulsando relaciones de igualdad a partir de programas, planes, políticas, legislación y jurisprudencia que fomente una nueva forma de distribución del poder en las instituciones.

Por ello es necesario que con una profunda convicción democrática continuemos la lucha por los derechos de todas mujeres y su empoderamiento, sin los cuales no podemos alcanzar nuestras metas de desarrollo, trabajar en este convencimiento para mujeres y hombres actúen como protagonistas de esta causa, con voluntad, conciencia y acciones conducentes decir ya basta de la desigualdad y de la negación de la ciudadanía plena.

Argumentación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Este principio nos compromete a seguir incorporando en la vida diaria las acciones necesaria que permitan reflejar esta igualdad jurídica en una igualdad sustantiva, así como a proponer esquemas que permita salvar las diferencias de todo tipo, a través del diseño y aplicación de un modelo que logre la efectiva protección de la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

En cuanto a leyes secundarias, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que tiene el objetivo de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres estableciendo los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos y establecer la obligación del Estado de fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Instrumentos internacionales tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación con la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 establece que los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Esta convención en el artículo 18, ordena que los Estados parte se comprometen a someter al secretario general de Naciones Unidas, para que lo examine el comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente convención y sobre los progresos realizados para garantizar esta igualdad de condiciones.

Asimismo, los artículos 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas prevén el derecho de todo ciudadano de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

Estos ordenamientos han permitido que en México, la participación política de las mujeres avance hacia la igualdad respecto a los varones, no obstante ya pasada la primera década del siglo XXI, se mira lejos de poder alcanzarla. En este sentido, las cuotas de género son una acción afirmativa que busca revertir la sobre representación de los varones en los puestos de toma de decisiones en todos los ámbitos y niveles.

La presente propuesta promueve la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación, que está encabezado en nuestro país, por el máximo tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solucionar de modo definitivo asuntos judiciales de gran relevancia social, a través de las resoluciones jurisdiccionales que dicta, no existiendo en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de este tribunal, para su funcionamiento se organiza en pleno y en salas.

Actualmente, la Primera Sala, que conoce de los asuntos civiles y penales, está integrada por los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La Segunda Sala, que conoce de los asuntos administrados y laborales, se integra por los ministros Sergio Armando Vallas Hernández, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán.

Los requisitos para ser ministro incluyen no haber sido secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, procurador general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

De igual manera, la Constitución señala que los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente, entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad.

En este sentido, y por la propia naturaleza de procedimiento para la elección de las ministras y los ministros, hay argumentos para afirmar que en nuestro país, existe disponibilidad de perfiles de ambos sexos para participar en las ternas que propone el presidente para ocupar el cargo de ministro.

De acuerdo con cifras del Anuario Estadístico de Posgrado 2010-2011 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, actualmente la matrícula de doctorado en derecho en diferentes especialidades por hombres es de 10 mil 579 y por mujeres 8 mil 941, y ya hace varias décadas, se ha registrado gran incremento e incidencia de las mujeres en el estudio del derecho así como en todos los ámbitos de participación, por lo que no hay argumentos válidos en cuanto a los vastos perfiles profesionales y aptitudes de las mujeres en nuestro país respecto a las postulaciones para ocupar el máximo tribunal de nuestro país.

La promoción de la participación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos ámbitos mejora la calidad de nuestra democracia por ello es necesario recurrir a las cuotas como medidas afirmativas, y atrevernos a pensar que en un futuro sean innecesarias y seamos incluidas de manera natural y cotidiana en la participación política del país.

Esta iniciativa propone con la modificación al artículo 96 constitucional, la incorporación del criterio de paridad en los géneros en la terna que propone el presidente para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de promover el aumento de la participación de las mujeres en este órgano constitucional, y se evite la sobre representación de un género, como históricamente se ha llevado en la Suprema Corte de Justicia del país.

Por lo anterior, y consciente de la importancia de seguir incorporando mecanismos para la evolución de nuestra democracia, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforma el primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna, que incluya un integrante de diferente género,a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República.

...

Transitorio

Único. El presente decreto decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

* 1975 es nombrada la segunda mujer ministra, la licenciada Livier Ayala Manzo, quien ocupa el cargo tan sólo por un año.

1976, Doña Gloria León Orantes es designada ministra del alto tribunal del país, y ocupa el cargo hasta 1984.

Entre 1983 y 1988 son nombradas las ministras Fausta Moreno Flores, Martha Chávez Padrón, Victoria Adato Green, Irma Cué Sarquís y Clementina Gil de Lester, quienes de manera conjunta, por única vez en la historia de nuestro máximo tribunal, llegaron a ocupar 20 por ciento del total de ministros.

En atención de la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, en 1995, el senado de la República me designa la novena ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que a la fecha ocupo con gran orgullo y responsabilidad.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.— Diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Blanca Jiménez Castillo, Ruth Zavaleta Salgado, René Fujiwara Montelongo, Sonia Rincón Chanona, Rubén Félix Hays, Mario Sánchez, Angelino Caamal Mena, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Lucila Garfias Gutiérrez, Luis Antonio González Roldán (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Alberto Benavides Castañeda, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que en el mundo más de 3 mil millones de personas están ligadas a empresas cooperativas y que éstas representan un papel importante en el desarrollo económico y social en sus países.

Por ejemplo, la Alianza Cooperativa Internacional agrupa a 226 organizaciones cooperativas en 87 países, los sectores con los que están relacionados son el bancario, industrial, agrícola, pesquero, de salud, vivienda, seguros, turismo y consumo. Representan a aproximadamente 800 millones de personas y generan más de 100 millones de puestos de trabajo, 20 por ciento más que las empresas transnacionales.

Hoy, los miembros de cooperativas en todo el planeta superan los 800 millones. Actualmente, importantes sectores de la población son miembros de cooperativas en todo el mundo.

En 1994 la ONU estimó que el sustento diario de más de 3 mil 000 millones de personas (la mitad de la población mundial) era asegurado o facilitado por empresas cooperativas.

En Bélgica se reportó que en el año 2001 existían 29 mil 933 cooperativas, en donde contribuyen con 19.5 por ciento del mercado nacional de ese país. En Canadá, una de cada 3 personas es miembro de una cooperativa, particularmente de ahorro y crédito. En dicho país, las cooperativas productoras de azúcar de maple, producen 35 por ciento de este tipo de azúcar en el mundo. En Colombia más de 3.3 millones de personas son miembros de una cooperativa. En Costa Rica 10 por ciento de la población es cooperativista. En Alemania hay 20 millones de personas que participan en una cooperativa, es decir una de cada 4 personas. En el Japón, una de cada 3 familias y las cooperativas agrícolas reportan resultados de 90 millones de dólares, e integran 91 por ciento de los agricultores. En la India, más de 239 millones de personas son miembros de una cooperativa. En Singapur, 50 por ciento de la población es cooperativista. En Estados Unidos, 4 de cada 10 personas es un miembro de una cooperativa, es decir 25 por ciento del total de la población. En Noruega, las cooperativas de productos lácteos son responsables de 99 por ciento de la producción de leche, las de consumidores controlan 25 por ciento del mercado pesquero y 8.7 por ciento del total de las exportaciones. En lo forestal, las cooperativas intervienen en 76 por ciento de la producción de madera. En Uruguay, las cooperativas producen 90 por ciento de la leche, 34 por ciento de miel y 30 por ciento de trigo de ese país.

Los estados miembros de la ONU aprobaron en septiembre de 2009, la resolución durante la 64 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que promoverá aún más la causa cooperativa en todo el mundo. Declarando 2012 como el Año del Cooperativismo.

La resolución de la ONU reconoce el modelo cooperativo como un factor importante del desarrollo económico y social, promoviendo la mayor participación posible en el desarrollo económico y social de las personas en los países desarrollados y en desarrollo, y que, en particular, las cooperativas contribuyen a la erradicación de la pobreza. La resolución también insta a todos los gobiernos a crear un entorno más favorable para el desarrollo cooperativo, especialmente cuando se trata de proteger las finanzas de la creación de capacidad.

Con la implementación del modelo económico a partir de la década de los 80 el escenario nacional se ha caracterizado por la ausencia de crecimiento económico, provocando la sobreexplotación de la mano de obra, la pérdida de los derechos laborales conquistados en los contratos colectivos de trabajo, así como el desmantelamiento de la infraestructura productiva incrementando el grado de dependencia con el exterior y el desempleo.

En el segundo semestre de 2009, la economía mundial inició un proceso de recuperación luego de la peor crisis económica y financiera de los últimos 70 años. Esta crisis fue de tal magnitud que ocasionó la contracción de la producción mundial en 0.6 por ciento, una caída del producto interno bruto (PIB) mundial que no se había observado desde la época de la posguerra.

Debido a la crisis, en el segundo trimestre de 2009, la economía mexicana presentó una contracción de hasta 10 por ciento. En cambio, para el tercer trimestre de 2010, el PIB nacional creció a una tasa anualizada de 5.3 por ciento. Si bien este es un escenario que refleja una recuperación gradual de la economía nacional, el ritmo de crecimiento implica que el país tardaría aproximadamente tres años para regresar a los niveles de producción previos a la crisis.

Las consecuencias que arroja un modelo que más que desgastado, podríamos decir que nunca fue el adecuado, son entre otras, el crecimiento acelerado de la economía informal, despido masivo por el cierre de empresas, aumento en el flujo de emigración indígena y de profesionales, mala distribución de los ingresos y la riqueza, casi inexistente sector social de la economía y una población que subsiste con bajos salarios (80 por ciento obtiene de entre 0 y 5 salarios mínimos).

De acuerdo con los indicadores estratégicos que en materia de empleo publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se observa que la crisis económica afectó de forma considerable al mercado laboral nacional y, especialmente, la calidad de las condiciones laborales.

El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su más reciente reporte de investigación, explicó que de acuerdo a la metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en situaciones en que los medios convencionales de búsqueda de empleo son insuficientes o en que el mercado laboral está desorganizado o es de alcance limitado la definición estándar de desempleo puede aplicarse suprimiendo el criterio de búsqueda de empleo.

Tomando como base esta metodología, la tasa de desempleo (que no de desocupación) calculada a nivel nacional al cuarto trimestre de 2011 es de 15.4 por ciento (8 millones 710 mil 108 personas.

Aunado a lo anterior, la informalidad se presenta como un fenómeno cada vez más agudo ya que según datos recientes el número de trabajadores en el sector informal en la capital del país ascendió a 1.1 millones, es decir 28 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Es muy importante corregir el déficit estructural de empleos formales, así como mejorar la calidad de los puestos de trabajo.

Es necesario el impulso a las cooperativas como una alternativa que permite crear fuentes de trabajo formales y permanentes, propiciar la creación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas formales e impulsar el desarrollo económico del país estimulando la producción y el mercado interno a través de la promoción de un modelo de organización comunitaria y de corresponsabilidad ciudadana, en el cual se fomenta la cultura de respeto al medio ambiente, la equidad de género y la no discriminación.

Las cooperativas impulsan un modelo de desarrollo regional basado en las potencialidades de la población por colonia, barrio y región con la finalidad de influir en los procesos de generación y distribución equitativa de la riqueza.

La cooperativa y en general las formas de organización social, son asociaciones autónomas de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

El cooperativismo y la economía social y solidaria están basados en los valores de autoayuda, autoresponsabilidad, democracia, equidad y solidaridad. Los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social.

Otra razón que obliga llevar a cabo un impulso más serio al sector social de la economía y basado en lo anteriormente expuesto, lo establece el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

“Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que se fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático...

...

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado...

...

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía...”

En la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo en 2002 destaca la mención de que los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas compatibles con su naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios cooperativos.

Desde la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, existe una oportunidad de dar apoyo al sector social de la economía, a través de la promoción de la participación de empresas de este sector en las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice el sector público.

El gobierno es el comprador más importante de México, requiere y consume todo tipo de productos o servicios. Para cumplir con todas y cada una de sus actividades, los distintos niveles de gobierno en México requieren desde la adquisición de importantes volúmenes de materias primas, refacciones, productos terminados, contratación de servicios, hasta la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Según datos de Compranet las compras planeadas por tipo de contratación para 2013, los montos totales por adquisiciones rebasan los 42 mil 472 millones de pesos: para arrendamientos 764 millones de pesos; para obra pública 17 mil 218 millones de pesos; para servicios 63 mil 192 millones de pesos; para servicios relacionados con obra mil 202 millones de pesos, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Fuente: CompraNet. https://compranetim.funcionpublica.gob.mx/Compranet/

Actualmente alrededor de 21 por ciento de los montos de gastos erogados por el gobierno tienen como proveedor relacionado a alguna Mipyme de este porcentaje no se desglosa cuántas de estas son empresas que pertenecen al sector social de la economía, pero se puede deducir que dado que no existe ningún incentivo para crear programas de apoyos a este sector, el porcentaje debe ser muy bajo o prácticamente nulo.

Es por ello que en esta iniciativa se propone incluir a este sector y que sea beneficiado con la finalidad de fortalecer los organismos con enfoque social y de esa manera estos logren un flujo de recursos que les permita capitalizarse y competir en condiciones favorables.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo Primero. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, así como las sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, así como de sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la secretaría, de la Secretaría de la Función Pública y del Instituto Nacional de la Economía Social.

Transitorios

Primero. El presente decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputado José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

«Iniciativa que reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece lo que se conoce como un requerimiento general para que en los casos de los procedimientos contenciosos sustanciados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como son las solicitudes administrativas de caducidad, nulidad e infracción, el particular que omita el cumplimiento de alguna de las formalidades requeridas para la presentación, se le requiera en una sola ocasión para que cumpla con dicha formalidad y su promoción sea estudiada.

No obstante, en el segundo párrafo del citado artículo se hace una distinción, y se menciona que en los casos que se omita con el cumplimiento del requisito consistente en el documento de personalidad la promoción será desechada de plano sin que medie requerimiento.

Por otro lado, el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que sin excepción en los procedimientos que se lleven ante autoridad administrativa, en el caso que el particular en alguna promoción no cumpla con todos los requisitos o que sea omiso en incluir algún documento adjunto, la autoridad administrativa está obligada a requerir el cumplimiento por lo menos en una ocasión.

De la lectura de la disposición legal arriba transcrita, se desprende que toda autoridad administrativa tendrá la obligación que en caso que se presente ante ella un escrito el cual no cumple con los requisitos del mismo, de requerir en una sola ocasión para que se subsanen dichas omisiones, de igual modo es evidente que el requerir es una obligación para la autoridad administrativa el observar lo dispuesto es esta norma, pues claramente se dispone que se trata de una norma de carácter imperativo y no facultativo, pues indica de manera determinante que se trata dicho carácter.

En este sentido es posible decir que la obligación de cualquier autoridad administrativa de requerir por una sola ocasión el cumplimiento de los requisitos omitidos por el gobernado, constituye una facultad reglada, pues la Ley determina de manera clara como ha de ejercerse dicha potestad, sin dejar margen de acción a la autoridad, esto es, implica una obligación de cumplimiento imperativo para las autoridades administrativas.

Las facultades regladas tienen la característica de constituirse como obligaciones para las autoridades, y restringiendo la capacidad de acción en relación a ellas, es decir, cuando exista una facultad reglada la acción de la autoridad se limita a su cumplimiento.

Así las cosas, existe una discrepancia entre los artículo 191 segundo párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 17-A de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ya que el primero establece que siempre que se omita la presentación del documento que acredite la personalidad del promovente en un escrito de solicitud de declaración administrativa en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se sancionara esa omisión con el desechamiento de plano de la solicitud; mientras que el segundo establece la obligación de cualquier autoridad administrativa federal para que en el caso que en una promoción se incumpla con un requisito por parte del particular, la autoridad administrativa tendrá la obligación de requerir al menos en una ocasión al particular.

Lo anterior plantea una disyuntiva para la autoridad pues existen normas jurídicas contradictorias, lo que ha tenido como consecuencia que exista disparidad de criterios en los actos del Instituto Mexicanos de la Propiedad Industrial, ya que sin existir un criterio determinado la autoridad ha aplicado a discreción uno y otro preceptos legales.

Lo cierto es que la autoridad al sustanciar un procedimiento de carácter jurisdiccional en el que se intenta proteger los derechos del promovente de la acción, se constituye como un órgano de protección a los derechos de los gobernados, por lo que sus criterios nunca deben de estar desprovistos de buscar el mayor beneficio de los gobernados y actuar en tanto satisfagan de mejor forma las garantías de los gobernados, todo ello en atención al principio pro homine.

Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio judicial:

Principio pro homine. Su aplicación es obligatoria.

El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Amparo directo 202/2004. Javier Jiménez Sánchez. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 2385, tesis I.4o.A.441 A, de rubro: “Principio pro homine. Su aplicación.

Así las cosas, existe una antinomia entre los citados artículos que ha abierto a la discrecionalidad de la autoridad administrativa, lo cual vulnera la seguridad jurídica de los promoventes, pues no existe certeza respecto al criterio que seguirá la autoridad cuando el promovente sea omiso en la presentación del documento con que acredite su personalidad.

Igualmente cabe mencionar, que la Ley de la Propiedad Industrial fue publicada el 27 de junio de 1991, mientras que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo lo fue el 4 de agosto de 1994, por lo que al tratarse, la segunda de una norma posterior, la autoridad administrativa debiera aplicarla en detrimento de la primera.

Sin embargo, el particular queda sujeto a la voluntad de la autoridad, quien discrecionalmente decide si aplica una u otra norma, y en caso de aplicar la más perniciosa podrá recurrir a los medios jurisdiccionales para con ello obtener la aplicación de la norma más favorable, lo que conlleva gastos en litigios y dilaciones temporales que vulneran sus derechos.

Argumentación

Se plantea reducir el ámbito de discrecionalidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y eliminar la discrepancia existente entre las normas, pues únicamente ha venido a vulnerar el derecho de seguridad jurídica de los gobernados.

Por ello al suprimir parte del segundo párrafo del artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, que refiere al documento que refiere a la personalidad del promovente, se establece un criterio único para los casos en que los promoventes de procedimientos de declaración administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sean omisos en incluir el documento con el que acrediten personalidad, es decir, siempre que eso ocurra la autoridad requerirá el cumplimiento de tal requisito sin que pueda desechar de plano la promoción, significando el establecimiento de un criterio uniforme y evita gastos litigiosos y dilaciones innecesarias para los gobernados.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de lo siguiente:

Artículo 191.Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, a que se refiere el artículo 190 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.

Se desechará la promoción cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente al de su publicación.

Texto vigente

Artículo 191.-Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, a que se refiere el artículo 190 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.

También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

Texto propuesto

Artículo 191.-Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, a que se refiere el artículo 190 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.

Se desechará la promoción cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de septiembre de 2013.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

«Iniciativa que reforma los artículos 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y 179 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Esther Angélica Martínez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y 179 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente propuesta forma parte una estrategia en favor de las mujeres trabajadoras, en particular de las jefas de familia, resultando complementaria a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman las fracciones I del artículo 6 y III y V del artículo 8 de la Ley de Vivienda, puesta con antelación a consideración del pleno, con objeto de ordenar desde la ley la adopción de la perspectiva de género en las políticas de vivienda, así como establecer como prioridad que las mujeres jefas de familia, accedan a la adquisición de vivienda digna, reduciendo así la brecha de la desigualdad entre los géneros y objetivar la igualdad entre las mujeres y los hombres.

La perspectiva de género apareció como concepto por primera vez en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, realizada en Pekín en 1995, y ha sido desde entonces, ampliamente manejado por organismos internacionales, organizaciones sociales y órganos de gobierno, como el elemento estratégico que permite la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres.

En México, la perspectiva de género ha sido adoptada desde los tres poderes del Estado y los diferentes niveles de gobierno para combatir la desigualdad de oportunidades existentes entre los géneros, la cual nos lastima como sociedad, frena el desarrollo y obstaculiza la democracia.

Por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) reconoce como una de sus tres estrategias transversales la perspectiva de género en todas las acciones de la presente administración, por lo que se considera un momento propicio para que el Congreso y el Ejecutivo federales converjan en una misma dinámica, en beneficio de las mujeres de México.

La perspectiva de género, como una de las estrategias transversales del PND, fue incluida según las siguientes consideraciones, las cuales resultas preciso elevar a rango de ley:

• Garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos.

• Realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

• Fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de gobierno.

• Evitar que en las dependencias de la administración pública federal se reproduzcan los papeles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas.

• El Estado mexicano hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.

En México, según estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una cuarta parte de los hogares son encabezados por mujeres, a quienes se reconoce como jefas de familia, es decir que son mujeres las encargadas de dirigir y mantener económicamente a la familia. De igual manera, 7 de cada 10 mujeres en ésta situación cuentan con una plaza laboral formal o informal, y de sus ingresos dependen de 3 a 5 personas, que pueden ser menores de edad o personas de la tercera edad.

La dinámica anterior nos coloca ante un escenario donde necesariamente tenemos que mirar a través de nuevos cristales la seguridad social, toda vez que hoy, las mujeres se encuentran presente e inmersas en procesos inéditos, por lo que su avance democrático debe ser garantizado por el Estado mexicano.

La dinámica de la sociedad, de sus mujeres y hombres debe ser reconocida y tutela por la norma jurídica, pues esta tiene como finalidad primaria ordenar y regular la vida en sociedad.

Evitar viejos pruritos, añejas formas de discriminación e inclusión, es una tarea ineludible en nuestros días, para lo cual es necesario entender desde la perspectiva de género todas y cada una de las políticas públicas, pues no basta hoy hablar de igualdad, sino que es necesario posibilitarla.

Es menester dejar en claro que “por más que la igualdad entre hombres y mujeres esté consagrada en el artículo 4o. de la Constitución, es necesario reconocer que una sociedad desigual tiende a repetir la desigualdad en todas sus instituciones. El trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no genera por sí solo igualdad. Además, no basta declarar la igualdad de trato, cuando en la realidad no existe igualdad de oportunidades. Esto significa que el diferente y jerarquizado papel que los hombres y las mujeres tienen dentro de la familia y la sociedad, y las consecuencias de esta asignación de papeles en el ciclo de vida, dificultan enormemente cualquier propuesta de igualdad. Para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo del país urge establecer condiciones de igualdad de trato entre hombres y mujeres, desarrollar políticas de igualdad de oportunidades (...), de ahí la importancia de comprender que la discriminación de las mujeres se produce de manera individual y colectiva, deliberada e inconsciente pues está tejida en las costumbres y la tradición. El sexismo se manifiesta en ataques directos a sus intereses o a ellas mismas y en ataques indirectos, provocados por el funcionamiento del sistema social o por la aplicación de medidas, de apariencia neutral, que repercuten especialmente en ellas debido a que se encuentran en peores condiciones para soportar sus efectos, o porque reúnen las condiciones para que se concentren en ellas los efectos perjudiciales de cierta actividad (...) En suma, no se puede gobernar ni impulsar una buena administración pública simplemente respondiendo con una normatividad jurídica que consagre la igualdad entre hombres y mujeres; se necesitan medidas pro-activas, afirmativas, que detecten y corrijan los persistentes, sutiles y ocultos factores que ponen a las mujeres en desventaja frente a los hombres (...) La política con perspectiva de género es importante e indispensable para comprender qué y cómo se impacta a las mujeres y a los hombres, y se beneficia al conjunto de la sociedad, al levantar obstáculos y discriminaciones, al establecer condiciones más equitativas para la participación de la mitad de la sociedad y al relevar a los hombres de muchos supuestos de género que son también un peso y una injusticia” (“La perspectiva de género”, en Revista de Educación y Cultura de la Sección 47 del SNTE, http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8. htm. Marta Lamas.).

En razón de lo anterior, la presente propuesta modifica las Leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La Ley del Infonavit, en el artículo 47, establece que el Consejo de Administración expedirá las reglas para el otorgamiento de créditos, las cuales tomarán en cuenta entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta de vivienda y el tiempo durante el cual ha efectuado aportaciones, si es propietario o no de su vivienda así como sus salarios y los del cónyuge.

Por ello podemos aseverar que la propia Ley del Infonavit prevé medios para asegurar que el otorgamiento de créditos sea conforme a las necesidades de vivienda de los beneficiarios, más sin embargo no se toma en cuenta la imperante necesidad de incluir la perspectiva de género en sus políticas de otorgamiento de crédito y colaborar con esto a la eliminación de las diferencias entre los géneros. Ante lo cual se hace la propuesta de modificar dicho artículo con la finalidad de que las reglas que expida el Consejo de Administración, incluyan también la perspectiva de género.

La Ley del ISSSTE señala en el artículo 179 que los créditos de vivienda se otorgarán tomando en cuenta entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta de vivienda y el tiempo durante el cual ha efectuado aportaciones, si es propietario o no de su vivienda así como sus salarios y los del cónyuge.

El artículo 180, fracción II, señala que la junta directiva del instituto, mediante disposiciones de carácter general determinará los métodos para la asignación aleatoria en grupos de trabajadores que reúnan iguales condiciones de elegibilidad, con objeto de dar transparencia, equidad y suficiencia, al otorgamiento de créditos.

Es decir, al igual que la Ley del Infonavit, considera que el otorgamiento de créditos sea conforme a las necesidades de vivienda de los beneficiarios, más sin embargo no considera la imperante necesidad de incluir la perspectiva de género en sus políticas de otorgamiento de crédito y coadyuvar a la eliminación de las diferencias entre hombres y mujeres. Ante ello se hace la propuesta de modificar dichos artículos con la finalidad de que las reglas operativas que expida la junta directiva, incluyan también la perspectiva de género.

Por los motivos señalados se plantea la presente propuesta con un ánimo complementario, con el objeto de asegurar el acceso de las jefas de familia a la vivienda, al otorgar prerrogativas a las mujeres que tengan ésta calidad, considerando la realidad actual.

A mayor abundamiento, es preciso señalar que el planteamiento de perfeccionar el marco legal debe necesariamente tomar en cuenta el contexto actual, dado que según cifras proporcionadas por el Inegi en 2010, la brecha entre los ingresos que perciben los hogares encabezados por hombres y mujeres continúa siendo evidente, tanto en las zonas urbanas como rurales. Sin obviar que hoy en día, el número de hogares unipersonales encabezados por mujeres está en crecimiento, especialmente en las zonas urbanas, ante lo cual las políticas públicas en materia de vivienda deben tomar las previsiones necesarias para garantizar el acceso de las mujeres que se desempeñan como jefas de familia a la vivienda, conforme a su derecho constitucional, y con la perspectiva de género que el PND mandata para todas las acciones del gobierno.

Por lo expuesto considero que ambos marcos jurídicos pueden y deben seguirse perfeccionando, en beneficio de las jefas de familia. Por tanto, se proponen modificaciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conforme a lo siguiente:

1. Que las reglas expedidas por el Consejo de Administración sean elaboradas con perspectiva de género, y que dentro de los factores a tomar en cuenta se incluya el hecho de que la jefatura de familia recaiga en una mujer.

Respecto a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se proponen modificaciones conforme a lo siguiente:

1. Que el otorgamiento de créditos a que se refiere el artículo 179 se realice con perspectiva de género y que dentro de los factores a considerar para el otorgamiento de los mismos se incluya el hecho de que la jefatura de familia recaiga en una mujer.

2. Que las disposiciones expedidas por la Junta Directiva del Instituto, en lo relacionado a los métodos para asignación y otorgamiento de créditos, sean dictadas con perspectiva de género.

La propuesta persigue incluir la perspectiva de género en ambas legislaciones, con la finalidad de facilitar el acceso de las mujeres jefas de familia, a la obtención de créditos de vivienda que les permita acceder a su derecho constitucional, en un acto de solidaridad social con las mujeres que son responsables de dirigir a una familia.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y el primer párrafo del artículo 179 y la fracción II del artículo 180 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Primero.Se reforma el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 47. ...

Las reglas citadas incluirán la perspectiva de género ytomarán en cuenta entre otros factores, la oferta y la demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta de vivienda del trabajador del que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados , así como los casos en los que la jefatura de familia recaiga en una mujer.

..

..

...

Segundo.Se reforman el primer párrafo del artículo 179 y la fracción II del artículo 180 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 179. Los créditos a que se refiere esta sección se otorgarán y adjudicarán tomando en cuenta entre otros factores la perspectiva de género, la oferta y la demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta del fondo de la vivienda del trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su sueldo o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados , así como los casos en los que la jefatura de la familia recaiga en una mujer.

...

Artículo 180.La junta directiva del instituto, mediante disposiciones de carácter general que al efecto expida determinará

I. ...

II. Los métodos para la asignación aleatoria en grupos de trabajadores que reúnan iguales condiciones de elegibilidad, incluyendo la perspectiva de género,con objeto de dar transparencia, equidad y suficiencia, al otorgamiento de créditos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputados: Esther Angélica Martínez Cárdenas, María del Rocío Corona Nakamura, Irma Elizondo Ramírez, Miriam Cárdenas Cantú (rúbricas).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformala fracción VI y se adiciona una fracción VI Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

La lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres, ha hecho eco y modificado la realidad social.

Por ello, es importante entender, reconocer y asumir que en este Siglo XXI, es necesario que tanto los hombres como las mujeres construyamos juntos un nuevo modelo de sociedad y de relaciones interpersonales y familiares.

Es necesario tomar conciencia desde el ámbito institucional hasta el personal de la existencia y vigencia de los derechos de las mujeres de todas las edades, para lo cual, es necesario mirar a través de nuevos cristales a la sociedad en esta segunda década del siglo XXI.

Es un hecho que las mujeres estamos avanzando y creciendo en espacios que antes estaban destinados sólo a los hombres. Para asumir el reto muchas mujeres jóvenes y adultas, hoy, estudian y trabajan en áreas que antes estaban reservadas exclusivamente para ellos.

Nos toca ser testigos de un mundo relacionado al destacado desempeño de muchas mujeres sobresalientes, líderes o no, que están presentes con actitudes, decisiones y comportamientos nunca antes vistos.

Queda claro entonces, que la educación formal, juega un importantísimo papel para el establecimiento de la igualdad, así como de una nueva cultura en donde hombres y mujeres se relacionen de manera respetuosa y solidaria sin que medie ningún tipo de violencia y discriminación. De ahí que la Ley General de Educación haya tenido diversas reformas con el objeto de orientar desde la ley, nuevas conductas que permitan un desarrollo equitativo y armónico entre los miembros de la sociedad, dando paso a una auténtica democracia.

Bajo el anterior orden de ideas, resulta oportuno señalar que actualmente la Ley en comento, desde el año 2009 sufrió importantes modificaciones y adiciones en la materia, a saber:

Artículo 2o.Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. Párrafo reformado DOF 17-04-2009

Artículo 8o.El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. Párrafo reformado DOF 10-12-2004, 17-04-2009

Artículo 33.Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

IV. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica , otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres; Fracción reformada DOF 10-12-2004, 17-04-2009, 28-01-2011

VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación; Fracción reformada DOF 17-04-2009, 28-01-2011

Artículo 41.La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. Párrafo reformado DOF 12-06-2000, 17-04-2009, 28-01-2011

En tal virtud, es de fundamental importancia continuar perfeccionando el marco jurídico y adecuarlo a la realidad y necesidades actuales, de ahí la presente propuesta en razón de las siguientes

Consideraciones

La Perspectiva de Género, es una de las Estrategias Transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2017, la cual fue incluida a partir de la siguiente argumentación:

• Garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos.

• Realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

• Fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de gobierno.

• Evitar que en las dependencias de la Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas.

• El Estado Mexicano hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.

• Se alude a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anterior y coincidiendo plenamente con lo expresado en el Plan, es indiscutible que estamos en el Poder Legislativo, obligados a actualizar el marco jurídico, a efecto de posibilitar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

A mayor abundamiento, es de precisar que la igualdad de género , persigue no que mujeres y hombres sean iguales, sino que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida. Para conseguirlo, a veces es necesario potenciar la capacidad de los grupos que tienen un acceso limitado a los recursos, o bien crear esa capacidad.

Por lo anterior, el artículo 6 de la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres establece que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

En este sentido, la educación resulta ser una herramienta básica, por lo que es necesario un cambio profundo tanto en los contenidos como en las formas de impartir la enseñanza. La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al ser humano de manera que tenga sentido de solidaridad social.

Es necesario entender a la escuela como espacio de institucionalización de la educación, como uno de los ámbitos de socialización más importantes. La obligatoriedad de la educación básica en nuestro país, no sólo brinda condiciones de instrucción, sino de generación de identidades colectivas. De esta forma, las pautas de conducta y los marcos de valores que se fortalecen en el seno de la educación formal, constituyen un elemento determinante para incidir en la promoción de formas de convivencia y de respeto; y a un nivel más profundo, de marcos mentales que estructuran la ontología personal de cada ser humano con relación a sí mismo, a los otros y al mundo en general.

Sin embargo, los roles en que se fundamenta el privilegio de la intolerancia y el abuso encuentran en estos mismos espacios formas de albergarse en el imaginario social a través de la reproducción de formas de relaciones verbales y no verbales. Por ello, el apuntar hacia la observación y revalorización de la construcción cultural de los roles de niñas, niños y adolescentes, sin lugar a dudas, permite distinguir y abrir una oportunidad para influir tanto en el comportamiento que tendrán en su vida adulta, como en la resignificación de las relaciones con que entablen en su desarrollo presente.

Bajo esta óptica, para la institucionalización de nuevos marcos valorativos que resulten claros y adecuados para las exigencias del desarrollo de nuestra sociedad, resulta fundamental que en la educación básica se considere la promoción de estos valores.

A partir de lo anterior, es importante reconocer y entender que “Toda persona vive en sociedad y, consecuentemente, no sólo se relaciona con el Estado sino también con otras personas individuales y con grupos de personas. La toma de conciencia de esta realidad ha hecho que el problema de la libertad hoy se plantee al nivel de los poderes de la sociedad civil, es decir: No importa tanto que el individuo sea libre respecto del Estado si después no es libre en la sociedad.”

En este sentido, no podemos hacer caso omiso de la realidad, lo cual es evidente si tomamos en cuenta algunos datos:

• La violencia de género afecta a 6 de cada 10 mujeres.

• Según el Índice de Discriminación Salarial de 2012, las mujeres ganan en promedio 5 por ciento menos que los hombres.

• Sólo el 30 por ciento de las mujeres tiene una cuenta de ahorro, nómina o inversión en un banco, mientras que el porcentaje para los hombres es del 42 por ciento.

• 9 de cada 10 jóvenes entre 12 y 29 años han sufrido violencia en el noviazgo; 76 por ciento de los mexicanos entre 15 y 24 años con relaciones de pareja, ha sufrido agresiones psicológicas, 15 por ciento ha sido víctima de violencia física, 16 por ciento ha vivido una experiencia de ataque sexual.

• La gran mayoría de las mujeres que sufren violencia en su matrimonio, sufrieron violencia durante el noviazgo.

Objeto

Atendiendo a lo expresado en líneas anteriores, se considera oportuna una reforma a la Ley General de Educación con el objeto de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en el ordenamiento, incorporando expresamente que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, ente sus fines, fomentar una cultura de igualdad entre las mujeres y los hombres, relaciones de respeto, solidaridad y reconocimiento entre los sexos, así como actitudes positivas hacia sus diferencias, e inculcar formas de relación entre los géneros en las diferentes etapas de la vida, libres de roles, estereotipos, violencia y discriminación.

Dicha propuesta, asume que la violencia y discriminación de género es un fenómeno estructural, el cual es menester atender, para lo cual no basta con asegurar la implementación de políticas públicas para que las mujeres accedan a iguales oportunidades que los hombres, sino que también es necesario impulsar y fomentar desde edades tempranas nuevos modos de relación entre los sexos, a través de programas adecuados a cada etapa y modalidad educativa.

Decreto

Único. Se reforma la fracción VI y se adiciona una fracción VI Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7o....

I. a la V. ...

VI.Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de todas las personas ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI. Bis. Fomentar una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, que favorezca relaciones de respeto y solidaridad, libres de estereotipos, violencia y discriminación, y actitudes positivas entre los sexos;

VII a la XVI...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán incluir desde la educación inicial y en las diferentes modalidades educativas, programas permanentes y adecuados que permitan cumplimentar lo establecido en la fracción VI. Bis del Artículo 7 de la presente Ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputada Socorro de la Luz Quintana León, María del Rocío Corona Nakamura, Irma Elizondo Ramírez, Miriam Cárdenas Cantú (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

ACTOS TERRORISTAS PERPETRADOS EN LA REPUBLICA DE KENIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena los actos terroristas perpetrados en la República de Kenia y expresa sus condolencias al pueblo y al gobierno de aquella nación, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con información dada a conocer por diversas agencias internacionales de noticias, decenas de personas murieron el fin de semana y otras tantas resultaron heridas como consecuencia de un ataque terrorista perpetrado en el centro comercial Westgate de la ciudad de Nairobi, capital de Kenia.

De acuerdo con dicha información, la milicia islamista somalí Al-Shabab, se habría adjudicado el atentado, el cual se habría realizado en contra de civiles indefensos.

Una vez realizado el ataque, un grupo de terroristas se atrincheró en el centro comercial y tomó como rehenes a varias personas, quienes fueron rescatadas gracias a un operativo de las fuerzas de seguridad kenianas.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana condenó el ataque, informando que los connacionales ubicados en aquella metrópoli se encontraban a salvo.

México, interesado por fortalecer sus relaciones con los pueblos de África, ha reconocido la importancia geopolítica que tiene Kenia en esa región del mundo, y por eso mantiene relaciones diplomáticas amistosas con aquella nación desde el 15 de marzo de 1977, las cuales se han caracterizado por una atmósfera de cooperación en las áreas científico-técnica y educativa cultural, así como en diversos foros multilaterales.

Los principios que sustentan la política exterior del Estado Mexicano, así como la suscripción de diversos instrumentos internacionales en contra del terrorismo, nos ubican en una posición diametralmente opuesta respecto de quienes hacen uso de la violencia hacia civiles desarmados, como un arma de lucha política, por lo que expresamos nuestra más enérgica condena por los actos terroristas perpetrados en la República de Kenia y expresamos sus condolencias al pueblo y al gobierno de aquella nación por tan graves acontecimientos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputadoscondena enérgicamente los actos terroristas perpetrados en la República de Kenia y expresa sus condolencias al pueblo y al gobierno de aquella nación por tan graves acontecimientos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de Coahuila a realizar una de índole técnica, administrativa y financiera sobre el desempeño financiero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, suscrita por los diputados Marcelo de Jesús Torres Cofiño y José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

Marcelo de Jesús Torres Cofiño y José Guillermo Anaya Llamas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de Coahuila a realizar una auditoría técnica, administrativa y financiera sobre el desempeño financiero municipal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del municipio de Torreón, Coahuila, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Partido Acción Nacional estamos a favor de fortalecer las iniciativas ciudadanas y continuar estimulando el interés por los asuntos públicos; que se traduce en el buen funcionamiento de la democracia que requiere de instituciones y ciudadanos conscientes de sus obligaciones.

Como parte de las inquietudes de la población que presentan mayor atención en México; son el manejo y destino de los recursos públicos.

Actualmente los habitantes que comprenden los estados y municipios de la República Mexicana, demandan la publicación de la información financiera de las entidades federativas, con la finalidad de entregar cuentas del gasto público ejercido en cada una de sus demarcaciones.

Durante los primeros cinco meses del año en curso, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, presentó, con fecha 9 de mayo de 2013, ante la Auditoría Superior del estado de Coahuila, el avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio de 2013, publicado en el portal de ICAI (Información Pública Mínima SIMAS Torreón).

En dicho documento, desglosa la gerencia de contabilidad y finanzas el balance general con cierre al 31 de marzo de 2013,  a efecto que la Auditoría Superior de Coahuila audite y publique un informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio 2013, al Poder Ejecutivo, organismos autónomos,  paraestatales, municipios.

Para dar cumplimiento a los artículos 67 fracción XXXIV, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 26 y 72 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y 21, fracción IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila.

En lo que corresponde a la presentación del informe parcial sobre el avance de la gestión financiera del primer trimestre del ejercicio de 2013 de la cuenta pública por parte de SIMAS, ante la Auditoría Superior de Coahuila, presenta dispersión y falta de claridad de la información de los rubros de los pasivos circulantes; fijos y contingentes. Las cifras detectadas en la publicación, no precisa si está referida en millones de pesos o en miles de pesos.

En virtud de lo anteriormente mencionado, planteamos a la Auditoría Superior del estado realice una auditoría técnica, administrativa y financiera, de manera independiente y autónoma por parte de un despacho externo a la cuenta pública 2013 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del municipio de Torreón, defina la información y esclarezca los montos apegada a los principios de legalidad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia, integridad, congruencia, inmediatez y objetividad.

Esto, con el propósito de dar cumplimiento a su obligación por parte municipio de Torreón de presentar la Cuenta Pública de acuerdo con los artículos: 102 fracción V, numeral 7 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 339 del Código Financiero para los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza; 3, fracción VI, y 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

La nueva auditoría permitirá conocer el desempeño financiero que realizó el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del municipio de Torreón en la comprobación de recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de marzo de 2013.

El esclarecimiento de datos que proyecte la fiscalización o auditoria, informara los conceptos de eficiencia y cumplimiento de información o documentación en cada uno de los pasivos publicados, y a su vez se cuenten con el resultado de dicha auditoría se formulen el pliego de observaciones con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, a fin de lograr su adecuada armonización.

Único.Se exhorta a la Auditoría Superior de Coahuila a practicar una auditoría a la Cuenta Pública de 2013 del Sistema de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, en la que permitirá conocer el desempeño financiero que realizó el dicho organismo en la comprobación de recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante el avance de la gestión financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal de 2013.

Dado en México, Distrito Federal, a 26 de septiembre de 2013.— Diputados: Marcelo de Jesús Torres Cofiño, José Guillermo Anaya Llamas (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a instruir y propiciar que los diagnósticos usados en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se realicen con base en la incidencia delictiva municipal, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En recientes encuentros que he sostenido tanto con el secretario Osorio, como con el subsecretario Campa, me han confirmado que en materia de prevención del delito, se está desarrollando actualmente el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Sin embargo más allá de ser un dato alentador, resulta preocupante, tal y como se los he manifestado, con todo respeto y de frente a estos dos servidores públicos, en tales reuniones en donde he planteado esta necesidad que en el presente punto de acuerdo solicito.

En efecto,  en los principios rectores de dicho programa, que dicho sea de paso, adolece de una sólida metodología, se establece la territorialidad, que se corresponde con:

• Identificación local de circunstancias sociales, culturales y económicas.

• Seguimiento geográfico, demográfico y socioeconómico.

• Intervención focalizada y puntual.

No obstante y de manera preocupante, a principios de este mes de septiembre, concretamente el día 6, en una reunión de trabajo con el subsecretario Campa, con el programa en una mano y con los expedientes de todos los polígonos, en la otra, en donde interviene este programa, detecté con preocupación que el diagnóstico de este costoso programa, carece de un insumo básico de la materia, los índices delictivos a nivel municipal, al menos, en efecto el programa opera tan solo con incidencia delictiva estatal y no con incidencia municipal o incluso por colonia o Unidad Territorial como un programa de estos amerita, sobre todo considerando el importante monto de recursos que se le ha destinado en este ejercicio fiscal.

Finalmente, en el territorio que me corresponde conocer y atender de cerca, que es el Distrito Federal, me sorprende también de manera negativa que se incluyen colonias en los polígonos de intervención que no se corresponden con los más altos índices delictivos de la ciudad y sin embargo se han dejado fuera otras colonias de la Delegación Álvaro Obregón la tercera delegación en dimensiones y problemáticas, que no se contemplaron. Por ello es indispensable que en este próximo ejercicio fiscal 2014, se corrija el rumbo, se incluyan diagnósticos de la incidencia delictiva a nivel municipal y en el caso del D.F. a nivel delegacional y más aún que se aproveche en donde existan diagnósticos de incidencia delictiva por calles y colonia como es el caso de la Ciudad de México, además de que con esta medida se ajusten también los polígonos y los municipios y delegaciones en donde se aplica el programa.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, a que en el marco de sus atribuciones y facultades, instruya a las áreas de su dependencia, que propicien los acuerdos necesarios con los entes estatales correspondientes a fin de que a la brevedad, en el “Programa Nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia”, se utilicen índices delictivos a nivel municipal, y no estatales como a la fecha se realiza. Con el objetivo de poder desarrollar este programa con mayor certeza.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong y al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, licenciado Roberto Campa Cifrián, a que con base en este insumo de los diagnósticos de la incidencia delictiva municipal, para el ejercicio 2014, se amplíen los territorios en donde opera el ante dicho programa, a fin de que se incluyan polígonos específicos de la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, que previamente se consensen con las autoridades locales y delegacionales correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

PETROLEOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a cumplir el proyecto de construcción de pavimento asfáltico en el tramo Sombrerete-Palmar kilómetro 40, en Sombrerete, de Olarte, Veracruz, con base en los criterios y lineamientos en materia de donativos y donaciones de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, según la siguiente

Exposición de Motivos

En diciembre del 2010, el ciudadano Valentín Ramos Pérez, agente municipal de la comunidad de Sombrerete, envió una solicitud al ingeniero Agustín Mollinedo Hernández, director general de Carreteras Estatales de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del estado de Veracruz, en oficio número SC/DGCE/298/2011, para solicitar que la colocación de pavimento asfáltico en el tramo carretero Sombrerete-Palmar kilómetro 40, obra que dejaría amplios beneficios económicos y sociales a las comunidades de Sombrerete, Adolfo Ruiz Cortines, Casa Blanca y Palmar kilómetro 40.

En contestación, la Dirección General de Carreteras Estatales solicitó un Proyecto Ejecutivo para sustentar y dar cumplimiento a los lineamientos de la gestión financiera, emitida por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.

El día 31 de julio de 2012, la subdirección de Pemex en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, hace de conocimiento que recibe el proyecto Estudio de Impacto Ambiental y Validación ante la Secom, comprometiéndose a dar seguimiento e iniciar con una primera etapa en los meses octubre-noviembre.

El pasado 3 de septiembre de 2013, Pemex envía al solicitante una comunicación para informar sobre la falta de presupuesto para la obra de colocación de pavimento asfáltico y recomienda entregar el Proyecto al Director General de Pemex y al Departamento de Desarrollo Social de la paraestatal.

El 12 de septiembre del 2013, se realizó una reunión de trabajo entre miembros del H. Ayuntamiento de Papantla con autoridades municipales de las siguientes comunidades: Sombrerete, ciudadano Valentín Ramos Pérez; Casa Blanca, ciudadano Antonio Fosado Cruz, y Adolfo Ruiz Cortines, ciudadano Roberto Martínez Ramírez, quienes llegaron al siguiente punto de acuerdo, con No. de oficio SA123/2013 en el que se establece que el día miércoles 18 de septiembre de 2013 se agenda asistir a la Torre de Pemex y a la Gerencia de Desarrollo Social en la Ciudad de México, así como presentar el oficio número PEP-SPRN-GMAAECRN-492-2013 para que se cumpla con la realización de la obra solicitada.

De inmediato se remitieron oficios para el Mtro. Emilio Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos, con No. 0437/PRES/2013, y al Lic. Martín Rafael González Hernández, Gerente de Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos, con No. 0438/pres/2013, en los que se les solicita el apoyo de la Paraestatal para que sea incluida dentro del programa de Apoyo Mutuo la Construcción del Pavimento Asfáltico del Camino El Palmar KM. 40–Adolfo Ruiz Cortines Tramo  0 + 000.00 al 9 + 611.68 del municipio de Papantla, con un monto de $32,139,453.25 (treinta y dos millones ciento treinta y nueve mil  cuatrocientos y tres pesos 68/100 moneda nacional)

Consideraciones

La comunidad de Sombrerete, ubicada en el municipio de Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz, alberga 27 pozos petroleros dentro de su territorio, varios de ellos con alto índice de producción.

El acceso a la comunidad es de terracería, la cual se encuentra constantemente en malas condiciones, debido al paso de vehículos pesados de Pemex y de las empresas contratistas que laboran en los 27 pozos petroleros.

Ante el constante deterioro de la vía a consecuencia del trabajo de Pemex, se solicitó a la paraestatal la colocación de pavimento asfáltico en el tramo descrito. A lo que Pemex emitió una respuesta favorable y se comprometió a realizar el estudio del proyecto presentado y dar inicio a la primera etapa desde los meses de octubre-noviembre de 2012.

El municipio de Papantla de Olarte es parte fundamental en el proyecto activo integral Aceite Terciario del Golfo y en el activo integral Poza Rica-Altamira, ya que existen un gran número de proyectos de explotación, perforación y producción de hidrocarburos en territorio papanteco.

Con la implementación del proyecto de construcción del pavimento asfáltico del camino El Palmar kilómetro 40–Adolfo Ruiz Cortines Tramo  0 + 000.00 al 9 + 611.68 del municipio de Papantla, con un monto de $32,139,453.25 resultarían beneficiados los habitantes de las comunidades Sombrerete, Palmar KM. 40, Casa Blanca y Ruiz Cortines, en los cuales se registran índices bajos de desarrollo y dependen de una buena vía de comunicación para llevar al mercado sus mercancías a la cabecera municipal y a otras regiones.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a dar cumplimiento al proyecto de la construcción de pavimento asfáltico en el tramo Sombrerete-Palmar kilómetro 40, en la comunidad de Sombrerete del municipio de Papantla de Olarte, Veracruz, con base en los criterios y lineamientos en materia de donativos y donaciones de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Nelly Vargas Pérez, Ricardo Mejía Berdeja, Juan Luis Martínez Martínez, Zuleyma Hidobro González (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

DISPOSITIVO NACIONAL DE EMERGENCIA DE SANIDAD VEGETAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a instaurar el dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal relacionado con la producción del café, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Simón Valanci Buzali, coordinador de la diputación federal por el estado de Chiapas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Legislatura LXII, en nombre propio y de los diputados federales de Chiapas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 65, numeral 1; 79, numeral 2, fracción II, III y IV; artículo 100, numeral 1; artículo 113 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se instrumente de manera inmediata el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, relacionado con la producción del café, al tenor de los siguientes

Argumentos

De acuerdo con información de la Organización Internacional del Café se consumen en el mundo alrededor de 400 mil millones de tazas de café. Después del petróleo, el café representa el segundo producto de mayor comercialización en el mundo y se estima que más de 125 millones de personas viven de cultivar café; la cifra contempla 25 millones de pequeños productores.

La mayor parte de la producción del mundo proviene de países subdesarrollados o en vías de desarrollo de zonas tropicales y subtropicales. Para estos países, la exportación del producto representa una fuente importante de ingresos, así como de generación de empleos. La economía de algunas naciones africanas depende en un 80 por ciento de la exportación de café.

México ocupa el séptimo lugar de los países productores de café en el mundo, sólo debajo de Brasil, Colombia, Camerún, Indonesia, Kenia y Vietnam.

Para nuestro país la cafeticultura es una de las actividades de mayor trascendencia en los ámbitos social y económico; alrededor de tres millones de mexicanos y sus familias, dependen del café en alguno de sus niveles de comercialización o producción.

Doce estados de nuestro país son productores, de entre los cuales, Chiapas es primer lugar, representando más del 50 por ciento del total de la producción nacional. Juntos, los estados de Veracruz y Chiapas producen el 68 por ciento del millón 287 mil toneladas de café de todo el país (2011).

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana del Café, hay cerca de 184 mil productores de café distribuidos en más de 240 mil hectáreas de Chiapas. Dicha actividad representa el sustento económico de la región.

En el tema de la conservación ambiental, el 99 por ciento de los sembradíos se cultivan bajo sombra, y otra gran proporción en zonas de montañas, por lo tanto, los beneficios de aprovechamiento de agua, conservación de suelo y biodiversidad son muy importantes.

Sin embargo, la cafeticultura a nivel nacional en los últimos años se ha desenvuelto bajo condiciones desfavorables que ocasionan que la situación en que viven hoy en día nuestros productores de café sea sumamente crítica debido a tres principales razones: La baja producción de los cafetales y una alta incidencia de plagas; enfermedades en los cafetales como la roya y la Broca; así como la disminución de los precios del producto.

En junio de 2013 los precios del café sufrieron una caída, y aunado a ello, otros factores como una perspectiva macroeconómica incierta, han colocado el precio en niveles inferiores a los registrados desde septiembre de 2009.

Dadas las tendencias actuales de los precios, disminuye el incentivo para los agricultores de invertir en sus cultivos, y es probable que se reduzca el uso de insumos tales como fertilizantes y mano de obra. Esto podría tener un impacto negativo adicional a los mencionados, en el volumen de producción y la calidad en los dos próximos años, pudiendo resultar en una mayor volatilidad de los precios y en una cadena de valor agrícola menos sostenible.

Aunado a lo anterior, con una incidencia del 53 por ciento, la actual epidemia de roya que afecta a todos los países de la región es la peor que se ha visto desde su aparición en Centroamérica en 1976.

Ocasionada por el hongo Hemileia vastatrix, la roya es una de las peores enfermedades que daña a la producción de café en el mundo. Se trata de una enfermedad que incide directamente en la producción de las cosechas posteriores, y no sólo en la que es detectada por primera vez. Por ello, la roya del café acentúa el llamado “descanso” de las fincas.

Recientemente se han identificado brotes de roya, al parecer con comportamientos atípicos, por lo que los productores tienden a estar pendientes de su desarrollo.

Las condiciones que favorecen su desarrollo son la humedad, que completa el ciclo de vida del hongo; la alta temperatura, óptima para la germinación y la infección en general; y la carga fructífera de los cafetos pues a mayor producción en el cafeto, mayor infección.

El método de propagación del hongo se da por diferentes medios; el viento, la lluvia, los insectos, y el hombre al momento de la cosecha, entre otros.

De manera reciente, debido a esta enfermedad del cafeto, países productores como El Salvador, han tenido una caída en su producción, la más baja en 80 años. Esto representa un mal ejemplo de lo que puede suceder en México si no atendemos de la manera adecuada el problema.

Si bien en México la roya del café no ha ocasionado daños tan graves como en otros países debido a la aplicación de diversas medidas preventivas; durante septiembre y octubre de 2012 se presentaron algunas condiciones climáticas como heladas y fuertes vientos, que propiciaron que la enfermedad causara graves afectaciones en la Región del Soconusco, Chiapas.

Como paliativo, y con fundamento en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, el gobierno federal implementó un programa emergente para dar atención a dicho problema fitosanitario, que estaría vigente en tanto no se presentaran daños semejantes a los de Centroamérica.

Aun así, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuantificó 59 mil hectáreas con huella de daño agronómico ocasionado por la roya, en los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula, Tuzantán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Escuintla, Acacoyagua, Mapastepec, Motozintla, Porvenir, Siltepec, Bella Vista, Amatenango de la Frontera, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Tecpatán, Copainalá y Ocozocoautla de Espinosa, tan sólo en Chiapas a fines del año pasado.

Derivado de ello, a inicios de 2013, se implementó un programa más para el manejo de la roya en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, promoviendo acciones de divulgación, muestreo, control químico, y capacitación a técnicos y productores.

Sin embargo, un brote epidemiológico particular conocido como roya anaranjada, detectado en el ciclo productivo del café (2012-2013), inicialmente en los estados de Chiapas, Puebla y Veracruz, ha causado severos daños, que sumado a la crisis económica que prevalece desde la última caída de más de tres años en la cadena agroindustrial del café, hace necesario eslabonar esfuerzos científicos y tecnológicos, así como económicos y gubernamentales, para hacer frente a este grave problema.

Compañeros y compañeras legisladores, es urgente implementar las medidas inmediatas, así como un plan de acciones integrales para dar atención al grave problema de la roya de café, y así poder mitigar sus impactos negativos, tanto en el presente como en el futuro, que permita la sostenibilidad económica, social y ambiental de la cafeticultura, así como la recuperación de la capacidad productiva del sector.

A pesar de esta marcada crisis, el estado de Veracruz, uno de los cuatro principales productores, es el único que ha mantenido una tendencia de producción a la alza de acuerdo con cifras de Infocafé; a pesar del crecimiento de la mancha urbana, el cambio de cultivos, el incremento en costos de producción, el abandono y envejecimiento de cafetales e infraestructura abandonada son problemas de todos los días.

Aquí debemos notar que ciertas regiones de veracruzanas han sido beneficiadas de los programas de renovación de arbustos, lo que ha permitido observar una perspectiva positiva con tasas de crecimiento para los próximos 3 años.

De no concentrar esfuerzos y seguir ejemplos, como el de Veracruz, la roya se convertirá en una seria amenaza que puede cambiar el rumbo y las perspectivas de la producción de café en México, toda vez que el panorama actual, ante los retos del cambio climático y el casi nulo manejo de la sanidad y nutrición del cultivo, hacen que se den las condiciones ideales para un nuevo brote de la enfermedad con mucho mayor severidad que en 1981, cuando apareció por primera vez en México.

Desde que en el año 2010, en Centroamérica inició el brote de la roya del cafeto, y durante estos últimos dos años se ha presentado con incrementos en intensidad de daño; en Guatemala se ha reportado una reducción de hasta 30 por ciento en la producción y defoliación severa en las plantas; el incremento aparente de las tasas epidémicas ha sido de mayor intensidad que años previos, en los cuales la incidencia de la roya es recurrente y endémica desde los años ochenta.

Los gobiernos de la mayoría de los países productores de café de Centro América han emitido declaraciones de estado de emergencia fitosanitaria, lo que les ha permitido tener acceso a múltiples beneficios de financiamiento, de cooperación y de asistencia técnica de organismos internacionales.

En México, los artículos 46 y 47 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, establecen que se debe instrumentar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal cuando las acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria indiquen niveles de infección, cumpliendo así, de manera inmediata con los protocolos de emergencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y motivados ante la urgencia económica y social que sufren quienes viven de la industria del café, así como los altos grados de humedad presentes en este ciclo productivo, los diputados federales del Estado de Chiapas nos permitimos presentar ante el Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, con base a los artículos 46 y 47 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, instrumente de manera inmediata el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal relacionado con la producción del café, y se apoye la tecnificación e implementación de viveros comunitarios para la producción de plantas de café.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 26 de septiembre de 2013.— Diputados: Simón Valanci Buzali, Antonio de Jesús Díaz Athié, Luis Gómez Gómez, Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

COMPAÑIA GAS PENINSULAR DE CAMPECHE, SA DE CV, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Profeco a verificar la expedición de gas LP por Gas Peninsular de Campeche, SA de CV, en Carmen, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN

Jorge Rosiñol Abreu, diputado a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del numeral 1 y fracciones I y II del numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía, y de la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en el marco de sus atribuciones, verifiquen que la compañía Gas Peninsular de Campeche, SA de CV, en el municipio de Carmen, Campeche, expidan a los consumidores kilos de a kilo de gas licuado de petróleo y, en su caso, sancionen o cancelen el permiso de suministro, lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

La principal fuente de ingreso de nuestro país y una de las más importantes actividades económicas; es la producción y comercialización de la energía, con el paso de los años los energéticos han evolucionando y es a partir de la segunda guerra mundial que el petróleo se convirtió en la principal fuente de energía, del cual se produce el gas, en la actualidad indispensable en el consumo doméstico, hoy en día existen dos alternativas: gas natural o gas licuado de petróleo.

El gas licuado de petróleo o LP es un combustible derivado del petróleo, principalmente compuesto de 60 por ciento propano y 40 por ciento butano, el cual se obtiene del proceso de refinación del petróleo y de las plantas procesadoras de gas natural, se produce en estado gaseoso, pero se transforma a estado líquido a través de compresión y enfriamiento, con la única finalidad de manejarlo en grandes cantidades, para almacenarlo y transportarlo en estado líquido, en cilindros o tanques.

Para satisfacer la demanda doméstica del país Pemex Gas se ve en la necesidad de importar 30 por ciento del gas LP del mercado internacional, ya que produce 70 por ciento del mismo, México se ha convertido en el segundo mayor consumidor del gas en todo del mundo, ya que de cada 7 hogares mexicanos 5 utilizan este recurso para cocinar y calentar sus habitaciones.

Mont Belvieu (MB) se utiliza como principal referencia para establecer los precios tanto en el mercado norteamericano como en el mercado mexicano de acuerdo a la directiva de precios emitida por la Comisión Reguladora de Energía. Esta referencia es utilizada también en otros países tanto de América del norte como de Latinoamérica, Chile, Brasil y Colombia entre otros, durante los gobiernos de Acción Nacional con la finalidad de proteger la economía de las familias mexicanas, en 2003 por decreto del presidente Vicente Fox, se determina un precio menor a la referencia internacional con la finalidad de mitigar el impacto en las variaciones en los precios internacionales del hidrocarburo, con lo cual este precio final no refleja la fluctuación en la referencia Mont Belvieu, siendo que ésta sí repercute en el costo del gas para la paraestatal.

En los últimos meses, los precios de referencia internacional se han mantenido a un nivel alto como es el caso de México, el pasado 1 de mayo del presente año, nuevamente se presentó un aumentó al kilo de gas LP, el cual para el estado de Campeche es de 12.55 pesos por kilogramo, de acuerdo a los datos publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril.

Con este precio record, en lo que va de la presente administración acumula un alza anual de 17.5 por ciento, este porcentaje representa un aumento de 460 a 541 pesos, de un tanque de 45 kilos.

El municipio del Carmen, tiene un total de 58 mil 990 viviendas particulares habitadas, el promedio de ocupantes es de cuatro personas, en su gran mayoría utilizan este energético para satisfacer algunas de sus necesidades humanas.

Los consumidores de esta vital fuente de energía se han visto afectados en repetidas ocasiones, ya que al adquirir el gas LP en la empresa Gas Peninsular de Campeche, SA de CV, mediante cilindros o tanques de 20, 30 y 45 kilos, entregan los mismos sin el contenido completo correspondiente, ya que regularmente les faltan entre 3 y 5 kilos a cada uno de ellos.

Constantes son las quejas en diferentes partes del país así como las sanciones por las que han sido objeto por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al empresa Gas Peninsular de Campeche, SA de CV, como el caso ocurrido el pasado 21 de febrero en Chetumal, Quintana Roo, personal de la Profeco inmovilizó tres unidades de la compañía, ya que alrededor de 100 tanques, no traían el contenido completo, esto es, que el consumidor final veía afectado su bolsillo con 35 o 58 pesos por cilindro. De enero a abril del 2013, la Profeco ha recibido un total de 67 denuncias en contra de las siguientes empresas filiales de Grupo Zeta, que únicamente operan en el sureste mexicano: Gas Peninsular de Campeche SA de CV, 19 quejas; Gas LP Mérida SA de CV, 10 quejas; Gas del Caribe SA de CV, 8 quejas; y Gas de Chetumal, 30 quejas, la gran mayoría relacionadas a este ilícito.

Cabe destacar que la ley que regula y define la operación en este rubro de empresas en una determinada demarcación es la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la cual en su artículo 14 Bis establece lo siguiente:

“La gasolina y los demás combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se vendan directamente al público, a través de las estaciones de servicio, deberán distribuirse y expenderse o suministrarse sin alteración, de conformidad con lo que establece esta ley y demás disposiciones aplicables.”

A la fecha, esta situación sigue presentándose repetidamente y debe ser atendida a la brevedad por las autoridades competentes, puesto que el daño que ocasionan al no entregar la cantidad que adquiere el consumidor repercute gravemente en la economía de los miles de usuarios que consumimos diariamente este vital energético.

Es por ello que solicitamos se sancione y, en su caso, se cancele el permiso de suministro de gas a la empresa Gas Peninsular de Campeche SA de CV, hasta que sea verificada y entreguen kilos de kilo al consumidor final.

Así, por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al titular de la Comisión Reguladora de Energía para que, en el ejercicio de sus funciones, sancione o, en su caso, cancele el permiso de suministro otorgado a la empresa Gas Peninsular de Campeche, SA de CV, por vender gas LP a precio de kilo y expedirlo en menor cantidad.

Segundo. Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ejercicio de sus atribuciones, sancione a la empresa Gas Peninsular de Campeche, SA de CV, y así dar solución a las demandas hechas por los consumidores.

Tercero. Que la Procuraduría Federal del Consumidor asesore a los usuarios y consumidores afectados, con la finalidad de que presenten sus demandas en contra de la empresa Gas Peninsular de Campeche, SA de CV, por los daños y prejuicios en su economía, con el propósito de resarcir los daños provocados a los clientes por dicha empresa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Economía, para dictamen.

APLICAR EL IVA A LA COMIDA CHATARRA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a aplicar en el marco de la Ley de Ingresos de la Federación de 2014 el IVA a la comida chatarra, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

“Los alimentos son esenciales para la vida. Para estar sanos y bien alimentados, necesitamos una variedad de alimentos inocuos y de buena calidad en cantidad suficiente. Sin una nutrición adecuada, los niños y los jóvenes no pueden desarrollar todo su potencial y los adultos tienen dificultad en mantenerlo o acrecentarlo. Los alimentos nos proporcionan la energía que necesitamos para crecer, para la actividad física y para las funciones corporales básicas. Los alimentos también nos proporcionan los materiales necesarios para desarrollar y mantener el cuerpo y para reforzar la resistencia a las enfermedades.”

Comida chatarra, es aquella que tienen bajo o nulo valor nutrimental, pero contrariamente tienen altos niveles de grasa, sal y azúcares, en afectación de la salud, lo que suele originar obesidad, la que a su vez es causa de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebro vasculares, cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas, entre otras. Por lo que el casi fomento de los alimentos chatarra en nuestro país, va en contra del derecho a la salud consagrado por nuestra Constitución; igualmente contra los derechos humanos de las y los niños y jóvenes.

Países como Dinamarca, Francia y Hungría ya gravan a los alimentos chatarra. En 2011, Dinamarca inclusive fijó un impuesto equivalente a 2.9 dólares por kilogramo de grasa saturada en un producto, para incrementar la expectativa de vida de sus connacionales (antes ya había establecido impuestos por concepto de azúcar, gaseosas y chocolate). Obviamente, los grupos de interés siguen presionando para que se suprima este tipo de gravámenes.

Este gravamen disminuirá el consumo de la comida chatarra e impulsará la adquisición de alimentos más sanos, mejorando el bienestar de la población.

Habrá más recaudación, justificándose que estas empresas paguen más, pues causan gastos que a mediano plazo, se proyectan catastróficos en materia de salud pública, y que perjudican a la educación, a la actividad laboral, a las familias, entre otros.

Expertos de la Universidad de Oxford han propuesto que esta comida sea gravada con un impuesto especial de 20 por ciento, pues consideran que es el mínimo para que haya un impacto real en la salud de la gente.

“Es tanta la relación entre alimentación y salud que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1989, afirma que en el hombre la alimentación se asocia a 30 o 40 por ciento de los cánceres, ascendiendo este porcentaje hasta cerca de 60 por ciento en las mujeres”

Asimismo según el Inegi, de 2006 a 2008, se incrementó en 1.5 por ciento la estructura del gasto corriente monetario en alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar en el tipo de nutrientes de calorías, carbohidratos y grasas, que aunque, per se, no se puede afirmar que este tipo de nutrientes corresponde al 100 por ciento a comida chatarra, sí debe serlo en una buena medida.

También se alega que este impuesto ante todo perjudica a los más pobres que son los que más consumen este tipo de comida. Pero precisamente es indispensable que sus escasos recursos los destinen a comida nutritiva (la que suele ser más barata que la comida chatarra), siendo deseable que el impuesto vaya acompañado de subvenciones a frutas, verduras, etcétera .Siendo, que las personas de escasos recursos son los que más pronto reaccionan a los cambios de precios, por lo que el impuesto impulsaría a mantener dietas sanas. Como en el caso del tabaco, al principio habrá rechazo, pero haciendo conciencia en la población sobre los beneficios para su salud, poco a poco será aceptado el gravamen. Por lo que una parte de lo recaudado debe servir para crear conciencia social.

Entre el 13 y 14 de mayo del presente año, diversos medios de difusión dieron a conocer diversas participaciones efectuadas en el foro internacional Políticas de Combate a la Obesidad, organizado por la denominada Alianza por la Salud Alimentaria. En esencia, los ponentes coincidieron en que nuestro país, vive una verdadera “situación de alarma” en materia de alimentos; que 50 por ciento de lo consumido por los mexicanos son productos procesados abundantes en grasa, sal y azúcar, que provocan adicción y, están arrinconando nuestra dieta tradicional. Esto es una verdadera tragedia nacional, que impacta, absolutamente a todos las demás áreas de nuestra sociedad: ya hablábamos de la salud, pero evidentemente agrede los campos de la educación y el trabajo, por citar algunas.

La OIT, ha señalado que “La mala alimentación en el trabajo causa pérdidas de hasta 20 por ciento en la productividad, ya sea debido a problemas como la desnutrición que afecta a unos mil millones de personas en el mundo en desarrollo, o al exceso de peso que sufre una cantidad similar de personas en países industrializados...”

Las botanas, se ponen al alcance de las niñas y los niños en las escuelas y prácticamente hacen obligatorio su consumo. Esta política complaciente con las trasnacionales, ha provocado que padezcan sobrepeso y obesidad 7 de cada 10 adultos, y 3 de cada 10 niños. Lo que en unos años exigirá a nuestro país, la inversión de más de 100 mil millones de pesos.

Finalmente he de comentar que este tema no es novedad ni mucho menos una frivolidad u ocurrencia de su servidora, ya que desde al menos el 5 de junio pasado, solicité en coordinación con otros legisladores, en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la intervención del gobierno federal, a través de un punto de acuerdo que se aprobó y en donde se solicitaba al Ejecutivo federal, y a las autoridades de las entidades federativas, combatieran la ingesta de la comida chatarra, se solicitaba tener como objetivo la erradicación de estos productos.

En respuesta a este punto de acuerdo, a finales de julio llegó a mi oficina la respuesta que signó el doctor Eduardo Jaramillo Navarrete, director general de Promoción de la Salud, de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, obviamente de la Secretaría federal de Salud, donde, entre otras consideraciones de cómo combaten la incentivación de la ingesta de productos chatarra, esta secretaría de gobierno, a través de sus funcionarios comenta:

“La Dirección General de Promoción de la Salud trabaja constantemente para el desarrollo de estrategias y acciones que favorezcan la salud y la calidad de vida de la población en materia de salud alimentaria con base en evidencia científica...

Por lo que consideramos pertinente... se busque de forma paulatina el impulso de políticas públicas que ayuden a regular de forma más consistente y acorde a la evidencia y recomendaciones internacionales, acciones e intervenciones intersectoriales de prevención, control y seguimiento en materia de salud alimentaria en lo siguiente:

...

• Incentivar políticas fiscales que incluyan impuestos a alimentos de baja calidad nutrimentalcomo alimentos y bebidas altos en grasas, sodio, azúcares añadidos, para disminuir su consumo y apoyar con subsidios en la producción y disponibilidad de frutas y verduras.

...

Estas recomendaciones responden a la propuesta de evidencia científica y experiencia internacionalpara el combate del sobrepeso, la obesidad y la regulación de alimentos de baja calidad nutrimental o comúnmente llamados chatarra...”

Frente al derecho humano a la salud, el estado está obligado a tener un papel activo en favor de su tutela. Siendo que la medicina preventiva, es la que mejor tutela éste, con amplios ahorros de dinero y sufrimiento, especialmente tratándose de niñas y niños.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, aplique el impuesto al valor agregado (IVA) a la comida chatarra, en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Notas:

1. Ramos, Chamorro Lorena, Tesis Doctoral, “Hábitos, comportamientos y actitudes de los adolescentes inmigrantes sobre nutrición. Recomendaciones educativas”Universidad de Granada, España, 2007, p. 140

2. Idem p.135.

3. Inegi, “El sector Alimentario en México 2010”, serie estadísticas sectoriales, México, 2010, gráfica 6.3.2

4. Oficio CP2R1A, que contiene el similar DGPS1098/2013, dirigido al doctor Carlos Álvarez  Lucas, coordinador de Asesores de la SPPS, signado por el doctor Eduardo Jaramillo Navarrete, director general de Promoción de la Salud. El 26 de junio 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

OPERATIVOS PARA VIGILAR EL TRANSITO DE MOTOCICLETAS POR LA AUTOPISTA MEXICO-CUERNAVACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a establecer por la Policía Federal operaciones de vigilancia sobre el tránsito de motocicletas por la autopista México-Cuernavaca, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Maricela Velázquez Sánchez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La autopista federal México-Cuernavaca es una de las principales vías de comunicación del país por el gran número de personas que se dirigen a recrearse a los balnearios de Morelos o a los centros turísticos de Guerrero. La situación alcanza tal magnitud que durante las temporadas vacacionales llegan a salir por la caseta de Tlalpan 31 vehículos por minuto, contra 9 que ingresan en el Distrito Federal.

La necesidad de garantizar la seguridad y el respeto a los reglamentos de tránsito en la autopista cobra mayor relevancia si tomamos en consideración la topografía y el clima de la región por donde cruza esta vialidad federal. Recordemos que a lo largo de su trayecto existen numerosos acantilados y curvas, entre ellas la conocida como “La Pera”, una de las más prolongadas de todo el sistema carretero nacional, al mismo tiempo que con frecuencia se presentan fenómenos de niebla que disminuyen ostensiblemente la visibilidad del camino.

Todo esto se menciona en virtud de la irresponsabilidad con que son conducidos algunos vehículos automotores, lo que ha llegado a provocar consecuencias fatales, sobre todo entre los motociclistas que circulan a la gran velocidad los fines de semana en la referida autopista.

Lo anterior se afirma toda vez que los sábados y domingos es común ver jóvenes que ya sea de forma individual o en grupo, conducen motocicletas con motores superiores a los 400 centímetros cúbicos a velocidades superiores a los 110 kilómetros por hora, que es la autorizada por el Reglamento Federal de Tránsito, esto de manera imprudente y poniendo en riesgo no sólo la vida de los conductores y sus acompañantes, sino la de otras personas que circulan por esa vía.

La conducción de cualquier vehículo implica responsabilidad y respeto a las normas de vialidad, pero en el caso de las motocicletas, esta necesidad es mayúscula, toda vez que, a diferencia de otros automotores, los motociclistas no cuentan con una carrocería que les proteja de cualquier colisión, lo que explica que en muchas ocasiones los percances en que éstos se ven involucrados tengan consecuencias trágicas.

Si a lo anterior se suma le reticencia de muchos motociclistas para hacer uso del casco de protección, entonces estamos frente a un problema de repercusiones mayores, puesto que las compañías aseguradoras de nuestro país son reacias a otorgar pólizas a favor de estos vehículos, y cuando transigen en ello, estipulan con toda claridad y justeza su negativa a pagar cualquier cantidad cuando los conductores siniestrados no hagan uso del casco.

Con base en lo anterior, proponemos que se exhorte a la Comisión Nacional de Seguridad para que a través de la Policía Federal se implementen operativos de seguridad, con la finalidad de vigilar el tránsito de motocicletas por la autopista México-Cuernavaca y así lograr el cumplimiento de los reglamentos aplicables en la materia, lo que sin duda supondrá una notable disminución de los accidentes en que se ven involucrados estos vehículos.

Por lo expuesto elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a establecer por la Policía Federal operaciones para vigilar el tránsito de motocicletas por la autopista México-Cuernavaca y lograr así el cumplimiento de los reglamentos aplicables en la materia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica).».

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA Y ABUSO CONTRA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a reforzar e instaurar campañas y un programa nacional para prevenir y erradicar la violencia y el abuso contra niños, suscrita por los diputados Martha Leticia Sosa Govea y Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados federales Martha Leticia Sosa Govea y Genaro Carreño Muro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Censo 2010 en México residen 32.5 millones de niños de 0 a 14 años, lo  que en términos relativos representan 29 por ciento de la población total, y en cada uno de ellos se identifican necesidades y derechos en momentos muy particulares de su desarrollo.

Según el marco jurídico nacional e internacional que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes; todos los niños tienen derecho a ser protegidos de toda forma de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su Artículo 19 numeral 1 que: “los Estados Parte deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”

Por su parte la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé en el artículo 11 inciso B que: “Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes: Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.”

El mismo ordenamiento en el artículo 13 inciso A especifica que: “A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país: Las obligaciones de ascendientes o tutores, o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, de un niño, o de un o una adolescente de protegerlo contra toda forma de abuso; tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos; cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de las otras personas.”

No obstante estas disposiciones las niñas, niños y adolescentes siguen padeciendo conductas violentas en el hogar, la escuela y en su comunidad, es decir, en los espacios que deben recibir protección, afecto y estímulo para su desarrollo integral.

De acuerdo a UNICEF México la violencia en nuestro país es un factor determinante de la deserción escolar e incluso, una causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente.

Como parte de América Latina, México se encuentra en el grupo de naciones más violentas del mundo. Con una tasa de homicidios de 17.4 por cada 100,000 habitantes en el 2004; esta era ocho veces más alta que en Europa y hasta 16 veces más alta que en Japón y Corea.

El ambiente de violencia en México tiene un impacto fuerte entre los niños y niñas, y queda reflejado en tasas de homicidios muy elevados también con respecto a ellos. Este escenario “no podría explicarse sin que existiera un alto nivel de tolerancia para la violencia que se ejerce en contra de los niños y de las niñas en nuestro país. La imposición de castigos físicos o el maltrato verbal, por ejemplo siguen siendo prácticas cotidianas que gozan de niveles altos de aceptación...Por detrás de los casos más extremos que ocasionan la muerte, siempre existen muchos más que, aunque resulten menos visibles y menos dramáticos, implican dosis cotidianas de dolor que causan severos daños y disminuyen de manera drástica las posibilidades de una vida sana y plena”

Durante el periodo 1999 a 2004 los maltratos más frecuentes detectados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fueron el físico 29.7 por ciento (más de 43 mil menores), le sigue en importancia la omisión de cuidados con 25.2 por ciento (37 mil niños) y el maltrato emocional, 22.9 por ciento (33,518 menores). La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia señala que en 2009 se registró el maltrato de 21 mil 060 niñas y de 19 mil 089 niños.

Datos del INEGI muestran que una tercera parte de los hogares mexicanos padece violencia. La mayoría de los miembros del hogar padecen violencia emocional, 34%; intimidación, 5.4%; violencia física, 3.9%, y sexual 0.5 por ciento. De 2001 a 2011, en promedio, en poco más de 21 mil menores por año se comprobó algún tipo de maltrato y representó 20% del total de casos presentados ante el Ministerio Público.

Compañeras y compañeros legisladores, las niñas, los niños y los adolescentes siguen esperando el pleno reconocimiento del respeto por su dignidad e integridad física. Siguen esperando que hagamos lo necesario para prevenir toda forma de violencia contra ellos.

La violencia social y en particular la violencia contra los niños y niñas es un problema cada vez más alarmante, exige la obligación, desde todos los ámbitos, de asumir un protagonismo activo encaminado a fortalecer los mecanismos de prevención y protección.

Se requiere brindar un ambiente de protección, afecto y respeto a la infancia, esta tarea nos corresponde a todos, a las familias, a las instituciones de salud, educativas, a la sociedad, al gobierno, a los representantes populares; para lograr proporcionar una vida digna a la niñez de México y acabar de una vez por todas con la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos estatales a efecto de que lleven a cabo las acciones necesarias para reforzar e instrumentar campañas dirigidas a la prevención y erradicación de la violencia y abuso contra las niñas y los niños.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a efecto de que instrumente un Programa Nacional para hacer frente a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Notas:

1 Informe Nacional sobre Violencia y Salud. Secretaría de Salud. México, DF: SSA; 2006, p.5.

2 Ibídem, p. 44

3 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados LXII Legislatura. Algunas consideraciones sobre el maltrato infantil en México. Documento de Trabajo no. 146, marzo de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

PROYECTOS DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Nayarit a aprobar los proyectos de decreto que reforman la Ley Electoral de la entidad, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Verónica García Reyes, diputada federal a la LXII Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al honorable Congreso de Nayarit, XXX Legislatura estatal, para que se aprueben los proyectos de decreto que reforman la Ley Electoral del estado de Nayarit, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La Declaración y Plataforma de Beijing (1995) obligatoria para México, establece en el párrafo 190 lo siguiente:

Sistema de cuotas de género

Medidas que han de adoptar los gobiernos:

Comprometerse a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura, incluidas, entre otras cosas, la fijación de objetivos concretos y medidas de aplicación a fin de aumentar sustancialmente el número de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de las mujeres y los hombres, de ser necesario mediante la adopción de medidas positivas en favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública;

Adoptar medidas, incluso, cuando proceda, en los sistemas electorales, que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres.

México como Estado firmante de esta declaración, está obligado a cumplir con la incorporación de las cuotas de género en los sistemas electorales. De ahí que a partir del año de 1996 se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para incorporar la cuota de manera formal más no concreta, en tanto que se incluyó en el apartado de transitorios del propio Cofipe (art. XXII), el que los partidos políticos debían atender el principio de integración de sus candidaturas bajo la idea de que ningún género podía tener más del 70% de las mismas. En el año 2002, el Cofipe volvió a modificarse estableciendo restricciones para el orden de las listas plurinominales (de forma que las mujeres aparecieran en, al menos, una de cada tres posiciones dentro de las primeras nueve de la lista) y fijó sanciones ante el incumplimiento de las reglas por parte de los partidos políticos.

Con el nuevo Cofipe publicado el 14 de enero del año 2008, se fortalecen las cuotas de género, en el art. 219 al incluir que de la totalidad de candidaturas a diputados y senadores que presenten los partidos deberán integrar el 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género procurando llegar a la paridad.

Adicionalmente el artículo 78, fracción V, señala que los partidos políticos deberán destinar el 2 por ciento de su financiamiento ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Debe citarse que en noviembre de 2010 senadoras de diversos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para que el porcentaje destinado a capacitación política de la mujer aumente de un 2 a 4 por ciento.

A partir de que se incorporara la cuota de género a nivel nacional en el Cofipe, los estados de la República empiezan a legislar en este sentido, en sus respectivos códigos o leyes electorales, en la actualidad se tienen cuotas de 70/30, 60/40 y paridad 50/50.

Paridad 50/50 en Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala en candidaturas de mayoría o de representación proporcional.

Cuota 60/40 en Aguascalientes, Baja California, estado de México, Distrito Federal, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas

Cuota 70/30 en Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.

Cuota 75/25, en Baja California Sur, Morelos y Puebla.

Nayarit es la única entidad federativa que no cuenta con cuota de género en la ley electoral, incumpliendo la plataforma de acción de Beijing y los objetivos del milenio firmados por el Estado mexicano, existiendo un compromiso quebrantado por parte de nuestro país, además del rezago y atraso que se presenta en el estado en materia de paridad de género en cargos de elección popular y cargos gubernamentales contradiciendo lo que marcan los tratados internacionales.

Por lo que, con éste punto de acuerdo se exhorta a la XXX Legislatura del Congreso de Nayarit, aprobar las siguientes iniciativas que obran en su trámite:

Primero. La que suscribe diputada Gloria Noemí Ramírez Bucio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la vigésimo novena legislatura, del honorable Congreso de Nayarit, los artículos 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; así como en el artículo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar ante esta honorable asamblea legislativa, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 fracción 1 inciso b), 26 fracción 11 y 37 fracciones XVI, XXI y XXII de la Ley Electoral de estado de Nayarit.

Segundo. Por el que se reforman y adicionan el inciso b), fracción 1, del artículo 21, y la fracción i y ii del artículo 24; y se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 23, un segundo y tercer párrafo al artículo 123, y un tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 126, todos de la Ley Electoral del estado de Nayarit: Presentada por Roberto Sandoval Castañeda, gobernador constitucional del estado de Nayarit, y;

Tercero. Proyecto de decreto, que reforma los artículos 21 fracción i inciso b), 25 fracción II, 83, 93 fracción II y IV, y 123 de la Ley Electoral de estado de Nayarit. Presentado por el grupo denominado Paridad. Por la democracia completa, integrado por varias organizaciones de la sociedad civil así como académicas y académicos del estado, que acudieron ante la soberanía estatal, el día ocho de marzo del presente año, para hacer la entrega formal la solicitud formal de la reforma a la Ley Electoral del estado, con la finalidad de incluir paridad de género en las candidaturas de elección popular, así como en la integración de los Consejos Electorales del estado próximos a constituirse para el proceso electoral del 2014.

Por lo expuesto y considerando el compromiso del gobierno del estado por armonizar y homogenizar las leyes federales con las estatales someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de

Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al honorable Congreso de Nayarit, en su XXX Legislatura estatal, de manera urgente y obvia resolución, para que se aprueben los proyectos de decreto que reforman Ley Electoral de estado de Nayarit, necesarias para establecer los mecanismos electorales para garantizar la participación política de las mujeres.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputadas: Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, María de Lourdes Amaya Reyes, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa, Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, María del Rosario Merlín García, Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica) y Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

CONTINGENCIAS METEOROLOGICAS DE INGRID Y MANUEL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial a fin de dar seguimiento a las acciones para atender las consecuencias de las contingencias meteorológicas Ingrid y Manuel, a cargo del diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático señala que este fenómeno es ocasionado, directa o indirectamente, por la actividad humana lo que provoca que se altere la composición de la atmósfera mundial y que se modifique la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.

Nuestro país no es ajeno a los efectos del cambio climático, lo que ocasiona que existan efectos meteorológicos contrastantes, ya sea sequías en periodos prolongados así como la presencia de lluvias constantes y fuera de temporada.

Aunado a ello, la ubicación geográfica de nuestro nación, hace persistente la presencia de una variable gama de climas en las entidades federativas como son climas fríos, templados, calientes o cálidos y secos.

El estudio sobre Agua y Clima: elementos para la adaptación al cambio climático, realizado por la Semarnat y la UNAM, señala que en México cerca de 22 millones de personas están expuestas en mayor medida a los fenómenos hidrometeorológicos, tales como ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y descargas eléctricas, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas, así como tornados; un alto porcentaje de esta población en riesgo vive en condiciones de pobreza. Cerca de 8 millones de personas están expuestas a los efectos adversos de huracanes, aproximadamente 6 millones a lluvias intensas y más de 8 millones pueden sufrir directamente daños por sequías. Cerca del 80 por ciento de esta población vive bajo condiciones de alta y muy alta marginación.

En la última década hemos presenciado diversos agentes naturales perturbadores severos en las entidades federativas, cuyos daños han rebasado la capacidad financiera y operativa local, basta con recordar los huracanes de Paulina en 1997, Stan y Wilma en 2005, entre otros.

En días recientes fuimos testigos de la presencia de dos fenómenos naturales en el Golfo de México y en el Pacífico, que originaron la creación de dos huracanes de nombre Ingrid y Manuel, los que ocasionaron daños inconmensurables a más de la mitad del territorio nacional.

Sus efectos produjeron la pérdida de alrededor de un centenar de vidas humanas, decenas de heridos y la movilidad de miles de personas, con la consecuente separación de familias, así como también daños en la agricultura, infraestructura de vivienda, carretera, caminos puentes, etcétera. Aún no se tiene claro el recuento de los daños, pero sin duda afectarán a la economía nacional.

El Ejecutivo federal, en respuesta a la presencia de los desastres naturales, emitió diversas declaratorias de emergencia y de desastre natural, para apoyar con recursos a las entidades federativas afectadas.

Derivado de lo anterior, presento esta proposición con punto de acuerdo para dar seguimiento a las acciones realizadas por los tres niveles de gobierno para atender las contingencias meteorológicas de Ingrid y Manuel, esto a fin de vigilar la manera en que se está apoyando a la población damnificada, constatar las acciones dirigidas a la reconstrucción de la infraestructura afectada y verificar los apoyos que están dando a los sectores productivos del campo y las ciudades, esto pleno respeto a la división de poderes y la autonomía de los estados y municipios.

La magnitud de la tragedia ocasionada por las tormentas Ingrid y Manuel nos obliga a hacer un llamado a favor de las miles de personas damnificadas. Este es un momento oportuno para dejar de lado nuestras diferencias y convocar a la unidad nacional para enfrentar la emergencia. Es preciso mostrar nuestra cercanía con el pueblo en estas horas de angustia. Son millones de mexicanos quienes ahora nos necesitan más que nunca, no les demos la espalda.

En virtud de lo anterior, presento a esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a la creación de la comisión especial para dar seguimiento a las acciones para atender las consecuencias de las contingencias meteorológicas de Ingrid y Manuel.

El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación, a través de la revisión y adecuación del marco jurídico en la materia, realizar las gestiones pertinentes en el ámbito de competencia del Poder Legislativo, así como vigilar la oportuna aplicación de recursos públicos.

Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establece en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones relativas.

Segundo. La comisión especial estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta Legislatura y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias.

Tercero. La comisión especial durará en funciones hasta la terminación de la LXII Legislatura federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE TRASPLANTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a emitir un nuevo reglamento de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI

Los que suscriben, diputados federales Isaías Cortés Berumen ,Leslie Pantoja Hernández y Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Jaime Chris López Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Después de casi dos años de impulsar distintas iniciativas para modificar la Ley General de Salud a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, el pasado 25 de octubre de 2011, el Senado de la República aprobó minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de donación de órganos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 12 de diciembre del mismo año. Dichas modificaciones establecen una política mucho más moderna en el tema de donación de órganos y trasplantes, en la cual se resalta, entre otras cosas, los siguientes puntos:

• Se deberá de establecer y dirigir políticas en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células.

• Emitir disposiciones que permitan la homologación de los criterios de atención médica integral en dicha materia.

• Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y los gobiernos estatales, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación y los trasplantes.

• Se instruye a los gobiernos estatales a establecer centros de trasplantes.

• Se somete a facultad del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), la Coordinación del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes.

• Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, ascendientes, hermanos, el adoptado o el adoptante.

• Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente a quienes promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos, así como aquellos que consientan la realización del trasplante conociendo su origen ilícito.

• Se establece la obligación de que todos los centros hospitalarios que cuenten con licencia para procuración de órganos y tejidos deberán incorporar al Coordinador Hospitalario de la donación, es decir, se profesionaliza el proceso.

El 12 de diciembre de 2011, el presidente de la República Mexicana, promulgó los cambios a la ley, anteriormente mencionados, los cuales estamos convencidos que encaminan a México a colocarse a la vanguardia en los sistemas de procuración de órganos y trasplantes.

Los cuatro elementos fundamentales a la Ley General de Salud, en el tema de Donación y Trasplante de Órganos son los siguientes:

1. Dar fortalecimiento institucional a los hospitales instaurando un organismo coordinador único de la política pública en la materia.

2. La profesionalización en el proceso de procuración de órganos, estableciendo la obligatoriedad de que los centros hospitalarios con licencia cuenten con un coordinador de donación.

3. La ampliación nacional de cobertura, al exigir la existencia de centros estatales de trasplante en cada una de las entidades federativas.

4. La obligación de crear un nuevo reglamento de la Ley General de Salud, quedó establecido en el Segundo Transitorio de la mencionada reforma el cual a continuación se transcribe:

“Segundo. El Ejecutivo federal expedirá el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Trasplantes en un plazo que no excederá los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.”

Las modificaciones en comento fueron promulgadas con el objetivo de dar mayor transparencia al proceso de trasplantes de órganos, así como garantizar el incremento de órganos para cubrir la demanda de la lista de personas en espera de un trasplante en México.

Debido a la falta de emisión del reglamento mencionado, el gran avance que representó las modificaciones realizadas a la Ley General de Salud el pasado 12 de diciembre del 2011, siguen paralizadas y no pueden ser empleadas para mejorar la situación de las personas en espera de un trasplante.

De lo anterior se deriva que actualmente la lista de personas en espera de un órgano es de casi 18 mil pacientes, según datos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), este número ha aumentado 37,7 por ciento, desde el 2011 y seguirá creciendo si no se toma acción al respecto.

México realiza trasplantes de órganos desde hace 40 años, desde entonces a la fecha se han realizado 35 mil trasplantes, aproximadamente el 80 por ciento de dichas cirugías se realizaron gracias a donadores vivos, México representa uno de los países con tasa más baja de donantes fallecidos a nivel mundial, registrando poco más de tres donantes por millón de habitantes mientras que países como España cuentan con una tasa de 39.3 donantes por millón de habitantes.

Actualmente existen 423 programas de trasplantes, pero muy pocos se llevan a cabo por la falta de profesionalización y capacitación de quienes prestan el servicio, no obstante que cada unidad con licencia para el manejo y extracción de órganos debe de tener todo un esquema de profesionales de salud.

Por lo expuesto y fundamentado, quienes suscriben se permiten proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que emita un nuevo Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Trasplantes,tal como lo establece el decreto del12 de diciembre de 2011, en donde el presidente de la República Mexicana, promulgó las reformas a la Ley General de Salud en el título décimo cuarto de Donación de Órganos y Trasplantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputados: Isaías Cortés Berumen, Leslie Pantoja Hernández, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la liquidación de las afectaciones realizadas a terceros en el área contractual Pánuco provocadas por Petróleos Mexicanos y las empresas subcontratadas por Pemex Exploración y Producción, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del PRD

Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados solicita la inmediata liquidación de las afectaciones realizadas a terceros en el área contractual Pánuco, provocadas por Pemex y las empresas subcontratadas por Pemex Exploración y Producción, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo del Grupo Parlamentario del PRD, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

Consideraciones

Primera. El área contractual Pánuco forma parten del proyecto Ébano-Pánuco-Cacalilao, está localizada en la porción norte del activo de producción Poza Rica-Altamira de la región norte, de acuerdo a las clausulas estipuladas en el contrato de servicios para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, en el área contractual Pánuco, realizado entre la paraestatal Pemex-Exploración y Producción y las particulares Petro-SPM-Integrated Services, SA de CV, y Dowell Schlumberger de México, SA de CV, y Petrofac México, SA de CV, y que se integran en el contrato número424102853.

Segunda. La población que se encuentra afectada dentro del área contractual Panuco asciende a más de 20,000 personas, esto es alrededor de 5,000 familias. De forma directa estarían los agricultores, ganaderos y pescadores ya que con los trabajos realizados en los terrenos y lagunas han contaminado los predios y vasos lacustres provocando la muerte de peces y ganado, incapacidad de sembrar ya sea por contaminación de los suelos como por estar en posesión física de las compañías para realizar los trabajos de perforación, pero cuyas indemnización no se han realizado hasta la fecha.

Tercera. El resto de las 20,000 personas que habitan esta zona, se ve afectada de manera diaria por la destrucción de caminos por el paso de camiones de carga, daño a puentes, quedando incomunicados en muchas ocasiones y más grave aún en emergencias, cuando se apagan los quemadores de gas de los pozos, y la nube de éste por efecto del aire se dirige a los poblados causando malestares físicos, que hasta el día de hoy por fortuna han sido intoxicaciones leves.

Cuarta. Se ha reportado el constante derribo de postes de luz y teléfono, en incumplimiento al acuerdo de tránsito de camiones de carga y equipos dentro de las comunidades, poniendo en peligro a diario a los habitantes, ya habiéndose reportado accidentes.

Quinta.La evaluación de las pérdidas económicas que se tiene en las localidades y sectores productivos se debe de encontrar integradas en el estudio socioeconómico que debieron de realizar las empresas a las comunidades y que a la fecha no han presentado ni a los afectados directos y/o comunidad para llevar a cabo una conciliación.

Dentro de dicha conciliación de montos de indemnización a comunidades se encuentran las obras de beneficio social como lo serian escuelas, centros de salud, áreas verdes y parques, guarniciones y banquetas, red de agua potable y alcantarillado, etc. Que debe de estar plasmado en el anterior mencionado programa de Desarrollo sustentable.Siendo el programa mínimo inicial y obligación mínima de trabajo de un valor de treinta y cinco millones trescientos cuatro mil novecientos treinta y seis dólares (USD$35,304,936.00) para las empresas Petro-SPM-Integrated Services, SA de CV, y Dowell Schlumberger de México, SA de CV, y Petrofac México, SA de CV, y que corresponde a comunidades por lo menos al 1%.

Sexta. La desigualdad social en la zonas rurales del área contractual Pánuco, se presenta en sus diferentes vertientes como lo son la pobreza, los bajos niveles de educación, la falta de trasporte público, caminos y redes de comunicación en mal estado, o en su caso inexistentes, mínima inversión pública que fomente la producción, sin accesos a créditos en la banca privada y público.

Séptima. Además de contar con servicios públicos de mala calidad y en algunos rubros inexistente, tales como: encarpetado y pavimentación de caminos vecinales, falta de guarniciones y banquetas en las colonias agrícolas, pavimentación y encarpetado de sus calles, red de agua potable deficiente, falta de drenaje y alcantarillado, mala calidad e inconsistencia en el suministro de energía eléctrica por parte de la CFE que ha provocado el constante daño de los aparatos electrodomésticos de las familias de las diferentes comunidades; entre otros.

Relación de hechos

Estipulación de cláusulas y responsabilidades del contrato número 424102853 realizado entre la paraestatal Pemex-Exploración y Producción y las particulares Petro-SPM-Integrated Services, SA de CV, y Dowell Schlumberger de México, SA de CV, y Petrofac México, SA de CV.

Clausula 19.8: Desarrollo sustentable. El contratista deberá implementar un programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente que deberá contribuir al desarrollo sustentable que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al área contractual, siendo del 1% del presupuesto correspondiente al año de que se trate. Siendo el programa mínimo inicial y obligación mínima de trabajo de un valor de treinta y cinco millones trescientos cuatro mil novecientos treinta y seis dólares (USD$ 35,304,936.00)

Inciso 1:Orientar las inversiones a acciones que contribuyan a obtener la licencia social para operar, entendida esta como las condiciones favorables para operar en las comunidades.

Inciso 2: Impulsar acciones de beneficio social en los siguientes ejes: educación, salud y proyectos productivos sustentables.

Inciso 3: Impulsar acciones de conservación, restauración y manejo sustentable de los recursos naturales en los siguientes ejes: hidrológico, forestal, biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático, y educación y cultura ambiental.

Inciso 4:Las acciones deberán de contemplar los siguientes enfoques transversales: cultura, creación de capacidades, desarrollo de capital social local, transferencia de tecnología, desarrollo organizacional, y género, edad y etnia.

1. Presentar el programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente a la comunidad.

2. Presentar el diagnóstico del contexto socioeconómico y ambiental correspondiente al área contractual.

Clausula 14.2: Responsabilidad ambiental del contratista. El contratista será el único responsable, del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables siendo entre otras los daños y afectaciones que cause al medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes que se empleen o estén bajo el control del contratista siendo este responsable de su remediación, restauración y compensación de reclamos hasta donde sea necesario y estará obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales así como realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación y descontaminación que correspondan.

Clausula 14.3: Responsabilidad ambiental de PEP y derechos a indemnización. Considerando el carácter de operador de Pemex-Exploración y Producción –PEP- y que todos los hidrocarburos producidos son propiedad de éste, PEP será responsable por los daños o afectaciones causados al medio ambiente y daños causados a terceros por cualquier contaminación por hidrocarburos, por lo que será responsable de su correspondiente remediación, restauración y compensación de reclamos que se originen y estará obligado a efectuar las labores y a tomar las medidas que impongan las autoridades ambientales, así como a realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación y descontaminación que corresponda.

Así también PEP será responsable de los daños causados al medio ambiente y a terceros previos a la fecha efectiva en el área contractual siendo esta del 1 de octubre del 2012.

Anexo 11. Inciso 2: Permisos de acceso. Salvo por lo previsto en el siguiente párrafo, le corresponde al contratista gestionar y obtener los permisos o acuerdos necesarios para el acceso a los sitios en donde deban ejecutarse los servicios considerando el manual de procedimientos administrativos vigentes de la unidad administrativa de asuntos externos y comunicación de la región norte. Los pagos e indemnizaciones a terceros se realizaran mediante avalúos bancarios, de instituciones de crédito o a los tabuladores del instituto de administración y avalúos de bienes nacionales (INDAABIN)

Inciso 3: Ocupación superficial. El contratista gestionara la celebración de los contratos de ocupación superficial, incluyendo la correspondiente escrituración y su registro.

Octava. De acuerdo a lo estipulado en el contrato (cuya copia contamos para su cotejo) de servicios para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, en el área contractual Pánuco, realizado entre la paraestatal Pemex-Exploración y Producción y las particulares Petro-SPM-Integrated Services, SA de CV, y Dowell Schlumberger de México, SA de CV, y Petrofac México, SA de CV, y la responsabilidad contraída de acuerdo a las cláusulas de dicha relación comercial referente a afectaciones e indemnizaciones correspondientes a terceros afectados por las actividades desarrolladas en la área contractual Panuco, se solicita la liquidación inmediata de las afectaciones llevadas a cabo por Pemex y las empresas Petro-SPM-Integrated Services S.A. de C.V., Dowell Schlumberger de México, SA de CV, y Petrofac México, SA de CV, a los propietarios de los predios con afectaciones correspondientes a permisos de paso y accesos a pozos, ocupación superficial, deterioro a caminos vecinales y puentes, liquidación de cultivos y selvas taladas en predios de acceso y zonas requeridas para la ubicación y perforación de pozos, así como a la aplicación del presupuesto destinado a las obligaciones de desarrollo comunitario sustentable establecidos en las cláusulas del contrato.

Integración de fotografías en anexos, que presentan las afectaciones y daños causados por las empresas a las comunidades.

Fotos 1, 2. Las instalaciones de Pemex no reúnen las condiciones de seguridad, al no tener perímetros de contención para posibles derrames.

Fotos 3. La existencia de dudosos manejos por parte de las empresas contratadas, ya que se realizó la construcción de un camino de acceso a pozo dentro de un predio particular, siendo paralelo este tramo al camino vecinal.

 Foto 4. La mala calidad en la ejecución de la obra de encarpetado del camino de acceso a un pozo, ya que presenta una grieta por casi un metro de profundidad y más de 8 metros de longitud.

Foto 5. Presenta el constante derrame de petróleo, y afectación en los predios de agricultores y ganaderos.

Foto 6. El derrame de petróleo dentro del sistema lagunario de la zona, provocado la muerte de los peces por la severa contaminación de las aguas, dejando en el desempleo a los pescadores de las comunidades avecindadas.

Fotos 7, 8. El daño ecológico causada a la fauna de la zona, en el primer caso la muerte de una vaca que quedó atrapada en un derrame de petróleo y en segundo término el de un animal silvestre.

Fotos 9, 10. La afectación a los caminos de las comunidades por parte de los camiones de carga de las empresas contratadas por Pemex que no se hacen responsables de la reparación y mantenimiento de las vías de acceso.

Fotos 11, 12. Las condiciones de deterioro en que se encuentran los centros educativos de las comunidades, por lo que los avecindados desean aplicar el recurso destinado a “Desarrollo sustentable” en su mantenimiento.

Fotos 13, 14. Las condiciones de pobreza patrimonial en la que se encuentra la mayoría de las familias afectadas, estando construidas las casas con materiales como palos de otate en paredes, techos de lámina, pisos de tierra, en donde niños y adultos viven, con la insalubridad que esto representa para ellos.

Fotos 15, 16. Las precarias condiciones en instalaciones y equipo de trabajo con los que cuentan las familias, realizando en este caso los pescadores el preparado del pescado bajo un árbol, en pisos de tierra y junto a los cerdos que crían para su venta, en la foto 16 aparecen niños trabajando en la preparación del pescado para su comercialización, como parte de su participación al sustento familiar.

Foto 17. Las precarias condiciones de las instalaciones y equipos de trabajo con que cuentan las familias, siendo en tejabanes de lámina y pisos de tierra, sobre block y tablas donde tienen refrigeradores que no funcionan y son enfriados con hielo, utilizando congeladores ya viejos para conservar el pescado.

Foto 18. El poco producto y calidad de la pesca con lo que se sostienen actualmente las familias, se muestran mojarras de un tamaño de alrededor de 10 cm de largo, siendo fileteado, claramente muy pequeño para su pesca y aprovechamiento.

Con base en lo anterior, propongo al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la adopción del siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único:La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita la inmediata liquidación de las afectaciones realizadas a terceros en el área contractual Pánuco, provocadas por Pemex Exploración y Producción y las particulares contratadas; Petro-SPM-Integrated Services, SA de CV, y Dowell Schlumberger de México, SA de CV, y Petrofac México, SA de CV, cuyas obligaciones y responsabilidades se integran en el contrato número 424102853, y haga públicas de manera detalla las acciones que realice en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 26 días del mes de septiembre de 2013.— Diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la dependencia coordinadora y al Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a revisar de modo exhaustivo los expedientes de las personas catalogadas como pendientes “viables y no viables”, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. En el año de 1942, se firmaron entre los Estados Unidos de América y México los Tratados de Cooperación Laboral, y se realiza la contratación temporal de trabajadores mexicanos agrícolas en los Estados Unidos.

II. En aquella época, en los Tratados Internacionales se estableció una retención del 10% de los salarios para la creación del Fondo de Ahorro Campesino.

III. Para el año 2005 se publica la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 – 1964; y en ese mismo año, se publicó la primera convocatoria de la entrega correspondiente de los apoyos sociales de fecha 11 de noviembre, en la cual, se publicaron 39,893 apoyos, de los cuales 39,324 fueron pagados y 569 apoyos quedaron pendientes, registrando un 98.57% de avance en cuanto al pago de los apoyos y quedando el 1.43% pendientes en aquél entonces.

IV. En el Diario Oficial de la Federación se han publicado diversas listas, desde el 15, 23 y 27 de diciembre de 2005; 24 de enero, 10 y 24 de febrero, 24 de marzo, 7 y 28 de abril, 23 de mayo, 9 y 29 de junio y 30 de octubre del año 2006; 27 de junio, 6 de julio y 27 de agosto del año 2007; 16 de julio, 27 y 28 de agosto, 7 y 8 de octubre, 21 y 24 de noviembre, 2, 3, 29 y 30 de diciembre del año 2008; 23 y 24 de abril, 25 y 26 de junio, 3 de julio, y 9 y 10 de noviembre del año 2009; 11 y 12 de enero, 19 y 20 de abril, 1 y 2 de junio, y 15 y 20 de septiembre del año 2010; 15 y 16 de marzo, 29 de abril, 2, 16 y 17 de mayo y 15 y 16 de agosto del año 2011; 2 de marzo y 7 de septiembre del año 2012; sumando hasta ahora un total de 46 listas publicadas para hacer de conocimiento a las personas que les corresponde el apoyo; y que de manera ejemplar, entre el 24 y 28 de noviembre del año 2008, se emitió una convocatoria donde fueron publicados 149,020 apoyos, de los cuales se registró su correspondiente pago para 41,237 apoyos, que representa el 27.67%, aunado al pago de los apoyos pendientes de $34,000, quedando pendientes 89,150 apoyos, representando el 59.82% y los pendientes de pago de apoyos de $38,000, un total de 18,633 apoyos, que representan el 12.50% del total de los apoyos que fueron publicados para esas fechas.

V. Los recursos entregados de 2005 a 2011 ascendieron a 3 mil 238 millones 360 mil pesos, donde el total de beneficiarios que recibieron el apoyo social de los $38 mil pesos de 2005 a 2011 fueron para 85 mil 119 personas.

VI. El presupuesto destinado para el Fideicomiso del Ejercicio Fiscal 2012 ascendió a 3 mil 816 millones 200 mil pesos, considerando 109 mil 659 beneficiarios para ese año, integrado por titulares, esposas, concubinas, hijos o herederos de ex braceros; se estimaba que el total de recurso que se habría de entregar en 2012, ascendería a 7 mil 054 millones 560 mil pesos con corte de un total de beneficiados de 193 mil 572 personas.

VII. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, no fue contemplada asignación alguna de recursos para el Fideicomiso en comento, por ende, de las últimas listas de beneficiarios publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y, habiendo aún recurso por entregar, es como se hace necesario realizar una exhaustiva revisión de todos los expedientes de las categorías “Viable” y “No Viable” en las que se encuentran los beneficiarios y de aquellos que aún están en espera de recibir el apoyo, con la finalidad de establecer una estrategia de actualización de los registros para determinar la factibilidad para que quienes estuviesen catalogados como “No viables” y obtengan acceso al beneficio al aplicar las Reglas de Operación del Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos más recientes, según sean los casos, y continuar con los pagos pendientes.

VIII. Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley en la materia, se integra por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Gobernación y, en calidad de invitados permanentes participa el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y miembros del Poder Legislativo Federal, concretamente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hasta la pasada LXI Legislatura.  No obstante a que éste Comité Técnico está instalado en éste Gobierno, existen pendientes de recursos del Fideicomiso para entregar a los beneficiarios y liquidar la deuda en justicia a los mexicanos que en aquella época participaron en el Programa; lo que hace imperativo dar continuidad a los trabajos realizados para remunerarlos, sin lo cual, al mantenerse en calidad de pendientes, afecta directamente a los miles de ex braceros, migrantes y sus familiares que laboraron en los Estados Unidos entre 1942 y 1964.

IX. En la Gaceta Parlamentaria número 3632–O de esta honorable Cámara de Diputados, con fecha del jueves 25 de octubre de 2012, se publicó un punto de acuerdo del suscrito Diputado, solicitando se realizara la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para la LXII Legislatura, con la finalidad de ser encargada de dar seguimiento a la erogación de los recursos para los trabajadores que han quedado pendientes de resolver, fiscalizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la materia; así como continuar con los trabajos que realizaron las Comisiones Especiales en anteriores Legislaturas; además, se exhortó a la Junta de Coordinación Política de ésta H. Cámara de Diputados para que integrara y presentase al Pleno de esta Soberanía, la propuesta de integración plural correspondiente de Diputadas y Diputados que habrían de integrar la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos. Lo anterior también en estricto apego y acorde con todos los términos que establece la propia Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el Reglamento correspondiente y en consecuencia, habiendo una estructura orgánica que implica Órdenes y Niveles de Gobierno, es como se hace manifiesta la íntegra necesidad de resolver de manera urgente por ésta Soberanía, garantizar la continuidad en la implementación del Fideicomiso en comento aunado al reciente nombramiento del Miembro del Comité Técnico emanado de la Cámara de Diputados y la creación e integración de la Comisión Especial del Fideicomiso en comento para ésta LXII Legislatura, acorde a lo establecido en la Ley de la materia, para que ésta Soberanía, esté en condiciones de dar seguimiento y continuar recibiendo los informes periódicos trimestrales sobre el avance y la gestión que permita conocer la situación financiera del Fideicomiso y determinar la cantidad a presupuestar para los Ejercicios Fiscales subsecuentes.  Sin embargo, ésta solicitud, presentada mediante Punto de Acuerdo, precluyó el pasado 15 de mayo del presente año, en la Junta de Coordinación Política acorde a lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  No obstante a ello, el Suscrito presentó otro Punto de Acuerdo el 14 de marzo próximo pasado, relativo a la revisión de expedientes, se reconsidere seriamente por parte de la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial del ramo y que se diera a conocer al Diputado representante del Poder Legislativo que funja como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en concordancia con lo establecido en el artículo 3o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; sin embargo, éste Punto de Acuerdo también ha precluido bajo la misma Disposición anteriormente referida, rescatándose solamente el nombramiento del Legislador que funge como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

X. De la misma manera, acorde a lo Dispuesto en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y siendo ésta Soberanía garante en la aplicación de la Ley, débase entonces Crear la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en esta LXII Legislatura, así como su integración plural correspondiente de Diputadas y Diputados que habrán de constituirla, para ser la encargada de dar seguimiento a la erogación de los recursos para los trabajadores que han quedado pendientes de resolver, fiscalizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la materia, continuar con los trabajos que realizaron las Comisiones Especiales en las anteriores Legislaturas, actualizar el Marco Normativo, determinar estrategias y gestionar las asignaciones de los recursos correspondientes a los Ejercicios Fiscales subsecuentes.

XI. También, acorde a lo establecido en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se debe realizar lo conducente para propiciar las condiciones administrativas y presupuestales necesarias para emitir nuevas Convocatorias, actualizar el Marco Normativo, aplicación de criterios de simplificación administrativa con trámites más claros, públicos y accesibles para la población objetivo, combate a la corrupción, la implementación de una estrategia Federal que permita a las personas que solicitan y cumplan con los requisitos para acceder a su apoyo se haga de manera rápida y expedita; implementar la mejora en los contenidos de las campañas masivas de información que se hagan de manera periódica y permanente, acorde a lo que establece el Artículo 8° de la Ley en la materia, como refuerzo al combate a la corrupción.  Para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará los modelos presupuestarios correspondientes junto con los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para presentar las solicitudes de asignaciones al los Presupuestos de Egresos de la Federación y se destinen los recursos necesarios, inclusive, de ser ineludible, considerar asignaciones de los subejercicios del Gobierno Federal, con la finalidad de dar continuidad al Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y liquidar la deuda a todos los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos o los beneficiarios que tengan derecho a acceder al beneficio.

Es, por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la dependencia coordinadora y a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para que en uso de sus respectivas atribuciones se realice una exhaustiva revisión de todos los expedientes de las personas que están catalogadas como pendientes “viables y no viables” y se les permita acceder al otorgamiento de su correspondiente beneficio en estricto apego a las recientes reglas de operación y en el marco de la Ley respectiva.

Segundo.Se exhorta nuevamente y de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados reconsidere seriamente la creación de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores migratorios mexicanos en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, así como su  integración plural correspondiente de Diputadas y Diputados que habrán de constituirla, para ser la encargada de dar seguimiento a la erogación de los recursos para los trabajadores que han quedado pendientes de resolver, fiscalizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la materia, continuar con los trabajos que realizaron las Comisiones Especiales en las anteriores Legislaturas, actualizar el Marco Normativo, determinar estrategias y gestionar las asignaciones de los recursos correspondientes a los Ejercicios Fiscales subsecuentes en ésta LXII Legislatura y propiciar las condiciones para la emisión de convocatorias subsecuentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica).»

Se turna el primer resolutivo a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y el segundo, se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CAMARA DE DIPUTADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva y al Comité de Administración de esta soberanía a definir el grado de vulnerabilidad sísmica potencial de las instalaciones y a realizar una evaluación estructural de los edificios de este recinto legislativo, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática del estado de Oaxaca de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento  en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes.

Consideraciones

Gran número de terremotos son producidos por la liberación de energía reflejada en actividad volcánica o en su mayoría por el movimiento de placas tectónicas.

Los movimientos tectónicos suelen tener su origen en zonas de alta concentración de energía lo que genera un reajuste interior de la tierra, estos sismos están  determinados por fallas geológicas.

Existen tipos de regiones de origen sísmico como las regiones sísmicas que tienen como común una debilidad en la corteza terrestre con gran propensión a sufrir estos movimientos. Las zonas penisísmicas que por su naturaleza sufren terremotos de baja intensidad y por ultimo zonas asísmicas, que son zonas muy estables en las se registran terremotos de manera aislada.

La zona centro del país, en donde se ubica el aeropuerto internacional y sus alrededores, está calificada como una región vulnerable ante un eventual terremoto con características especificas, esto por situarse en donde antiguamente estaba el lago de Texcoco.

La Ciudad de México está dividida en tres regiones sísmicas.

a) La zona I, que recoge principalmente las aéreas del sur de la capital como lo son las delegaciones de Tlalpan, Coyoacán y alguna zona de Xochimilco.

b) La zona II, que se denomina zona de transición y contempla las delegaciones de Milpa Alta, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Cuajimalpa.

c) La zona III, que conjunta las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlahuac, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

En esta zona el tipo de terreno débil se debe a la anterior existencia del lago de Texcoco y de Xochimilco, lo que la hace más propensa a sufrir consecuencias mayores ante un terremoto.

En el cuadro siguiente se puede observar la recurrencia e incremento de los terremotos en México, teniendo un incremento constante en número e intensidad.

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, y los últimos 100 años la actividad sísmica de nuestro país se ha mantenido constante, sólo basta dar un recuento de algunos de los sismos que han afectado de forma significativa el territorio mexicano:

• El sismo del 28 de julio de 1957 la zona metropolitana de nuestro país fue la más afectada y que provocó que la estatua del Ángel de la Independencia colapsara.

• El sismo del 14 de marzo de 1979, denominado el sismo de la Ibero, pues derrumbo el plantel de esta universidad en la Ciudad de México.

• El terremoto de 1985, es considerado uno de los más significativos y mortíferos, por los resultados y huella que dejó en la población, sobre todo la del Distrito Federal.

• El sismo del 21 de enero de 2003, que tuvo como consecuencia un pequeño maremoto en las costas mexicanas.

• El sismo del 20 de marzo de 2012, que generó una serie de daños en algunos estados y en la capital del país y es –hasta hoy– el movimiento telúrico más fuerte en la capital en lo que va del siglo XXI.

Debido al historial sísmico de la Ciudad de México y a la ubicación de la construcción de la Cámara de Diputados en una zona con un terreno suave, lo que hace propenso al inmueble ante una eventualidad sísmica, situación de la que vale la pena preocuparse, pues en este recinto legislativo labora un número considerable de empleados, por lo que urgimos en contar con planes correctos de protección civil, un análisis de la estructura de los edificios y, en su caso, un plan de restructuración de los edificios con la finalidad de evitar algún tipo de percance.

Sumado a lo anterior es preciso señalar que el Palacio Legislativo de San Lázaro ha resistido los terremotos de 1985 y el de marzo de 2012 y el incendio del 5 de mayo de 1989, lo que hace vulnerable sus instalaciones.

Tal parece que esta situación esta pasándose por alto, pues mientras esta situación de vulnerabilidad permanece, desde 2012 se tiene planeado ampliar la sede de la Cámara de Diputados, con un costo de remodelación aproximado de entre 150 y 200 millones de pesos.

Con el proyecto se espera obtener nuevos espacios para oficinas y comisiones; asimismo conectar la puerta principal de San Lázaro con el Zócalo, en el Centro Histórico, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política,  a la Mesa Directiva y al Comité de Administración de la honorable Cámara de Diputados, para que hagan de conocimiento a este pleno del proyecto de ampliación de la sede de la Cámara de Diputados, así como los montos y los procesos de licitación.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política,  a la Mesa Directiva y al Comité de Administración de la honorable Cámara de Diputados a definir el grado de vulnerabilidad sísmica potencial de las instalaciones así como a realizar una evaluación estructural de los edificios de este recinto legislativo, a fin de garantizar  la seguridad de los trabajadores que laboran en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política,  a la Mesa Directiva y al Comité de Administración de la honorable Cámara de Diputados a definir basado en las respuestas a los resolutivos anteriores la importancia de ampliación del recinto o la restructuración y mejora de las instalaciones actuales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA SITUACION DE INUNDACION EN EL ESTADO DE SINALOA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Ssa acciones de coordinación en materia de atención y prevención de la contingencia sanitaria derivada de la inundación por la que atraviesa Sinaloa, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Tania Margarita Morgan Navarrete, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución bajo el tenor de las siguientes

Consideraciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió el 21 de septiembre, una declaratoria de emergencia para los municipios de Angostura (44 mil 993 habitantes), Badiraguato (29 mil 999 habitantes), Culiacán (858 mil 638 habitantes), Navolato (135 mil 603 habitantes) y Rosario (49 mil 380 habitantes) del estado de Sinaloa, por la presencia de lluvia severa provocada por el huracán Manuel, categoría 1, ocurrida el 18 y el 19 de septiembre de 2013.

Derivado de la presencia del huracán Manuel, las afectaciones para el estado de Sinaloa, van desde inundaciones severas, desbordamiento de ríos, pérdidas materiales y hasta lamentables pérdidas humanas. Según datos publicados por medios internacionales y nacionales, la cifra de damnificados asciende a más de 150 mil 000 personas. El estado presenta afectaciones en 30 por ciento de sus carreteras, que requerirán 965 millones de pesos para ser rehabilitadas. En cuanto a infraestructura, se contempla que 462 escuelas y 500 edificios de empresas sufrieron algún daño. Por lo que con datos previos al informe que emitirá el Comité de Evaluación de Daños, ya se estima que serán necesarios 2 mil 276 millones de pesos para la reparación que el estado de Sinaloa requiere.

Por otro lado, es necesario considerar las pérdidas que pueden sumarse a las que hoy ya son cuantificadas y que se relacionan con problemas sanitarios originados por las inundaciones.

Las inundaciones ocasionan graves problemas que no se presentan sólo de manera instantánea al ocurrir un fenómeno hidrometerológico como es el caso de Manuel, sino que se prolongan cuando se produce el descenso de las aguas.

Las destrucciones materiales, la interrupción de los servicios (agua, energía eléctrica, gas), la acumulación de agua en grandes proporciones, provocan riesgo de enfermedades inmediatas; la destrucción se cosechas, la muerte de ganado, etcétera. A todo ello se suma la dificultad de llevar a cabo tareas de salud que deben instrumentarse una vez que las aguas comienzan a descender.

Los problemas sanitarios más comunes posteriores a una inundación son:

• Contaminación del agua.

• Formación de charcos de agua estancada.

• Reproducción de mosquitos y vectores portadores de dengue.

• Algunas otras enfermedades infectocontagiosas.

En el pasado se creía que los desastres naturales imprevistos no sólo eran causantes de un aumento generalizado de mortalidad sino que además producían trastornos sociales masivos y epidemias, dejando a los sobrevivientes totalmente a merced del socorro de otras naciones o estados que no hubiesen sido afectados. La observación sistemática de los efectos de los desastres naturales sobre la salud humana permitió llegar a conclusiones muy distintas, tanto en lo que se refiere a los efectos de los desastres sobre la salud como en cuanto a las formas más eficaces de proporcionar asistencia humanitaria.

Los desastres naturales no suelen provocar brotes masivos de enfermedades infecciosas, aunque en algunas circunstancias aumentan las posibilidades de transmisión. A corto plazo, el aumento de la incidencia de enfermedades que se observa con mayor frecuencia obedece a la contaminación del agua y los alimentos, ocasionando enfermedades entéricas.

A más largo plazo, en algunas zonas puede haber un aumento de las enfermedades transmitidas por vectores debido a la desorganización de las actividades correspondientes de control de reproducción de mosquitos.

El sector salud debe tener un conocimiento claro del riesgo de peligros potenciales importantes que existen en el país o en una región específica, tanto de origen natural (fenómenos geológicos o hidrometeorológicos), como de origen tecnológico (accidentes químicos o radiactivos), social (violencia, guerra o subversión) o biológico (grandes epidemias). El análisis del peligro es responsabilidad de los organismos gubernamentales, privados o de ambos tipos.

Debe evaluarse la vulnerabilidad a los brotes epidémicos, al igual que los datos sobre vivienda, condiciones de vida, hacinamiento, servicios básicos de saneamiento y antecedentes o historia de focos naturales o endémicos de enfermedad.

Uno de los principales brotes epidémicos es el del dengue; el cual es una infección transmitida por mosquitos que se presenta en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En años recientes, la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el dengue grave (conocido anteriormente como dengue hemorrágico) fue identificado por vez primera en los años cincuenta del siglo pasado durante una epidemia de la enfermedad en Filipinas y Tailandia. Hoy en día, afecta a la mayor parte de los países de Asia y América Latina, y se ha convertido en una de las causas principales de hospitalización y muerte en los niños de dichas regiones.

Se conocen cuatro serotipos distintos, pero estrechamente emparentados del virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Cuando una persona se recupera de la infección adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin embargo, la inmunidad cruzada a los otros serotipos es parcial y temporal. Las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue grave.

El vector principal del dengue es el mosquito Aedes aegypti. El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra infectadas. Tras un periodo de incubación del virus que dura entre 4 y 10 días, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda la vida.

Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores principales del virus, y los mosquitos se infectan al picarlas. Tras la aparición de los primeros síntomas, las personas infectadas con el virus pueden transmitir la infección (durante 4 o 5 días; 12 días como máximo) a los mosquitos Aedes.

Hoy por hoy, el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores:

• Evitar que los mosquitos encuentren lugares dónde depositar sus huevecillos aplicando el ordenamiento y la modificación del medio ambiente;

• Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales;

• Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico:

• Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua a la intemperie;

• Utilizar protección personal en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, usar ropa de manga larga, materiales tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores;

• Mejorar la participación y movilización comunitarias para lograr el control constante del vector;

• Durante los brotes epidémicos, las medidas de lucha antivectorial de emergencia pueden incluir la aplicación de insecticidas mediante el rociamiento.

• Se deben vigilar activamente los vectores para determinar la eficacia de las medidas de control.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Salud en el Panorama epidemiológico de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue, en lo que va del año se confirmaron 30 mil 779 casos, de los cuales 40 presentaron un final fatal.

En Sinaloa, los casos confirmados acumulados de fiebre diarreica ascienden a 239 y por fiebre hemorrágica-diarreica 103.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su atenta consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus competencias, tenga a bien ordenar a la Secretaría de Salud, realice las acciones de coordinación necesarias en materia de atención y prevención en la contingencia sanitaria derivada de la situación de inundación, por la que atraviesa el estado de Sinaloa. Asimismo para que se realicen los procedimientos de vigilancia epidemiológica, a fin de evitar brotes de enfermedades transmitidas por vector.

Notas:

1. Publicación: Los desastres naturales y la protección de la salud.

Organización Panamericana de la Salud.

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/desastres/desastresall._lo s_desastres_naturales_y_la_proteccion_a_la_salud.pdf

2. Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales.

3. Enfermedades Emergentes en las Inundaciones.

Dr. Cosme Argerich. Hospital Militar Central. Argentina.

4. Organización Mundial de la Salud.

“Dengue y Dengue Hemorrágico”

5.Secretaría de Salud. Panorama epidemiológico del dengue.

6. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Inegi.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PROTOCOLOS Y PROGRAMAS DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN MUJERES INDIGENAS JOVENES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir por la Secretaría de Salud protocolos y programas de prevención del embarazo en indígenas jóvenes, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los cambios en la adolescencia son motores de versatilidad en lo que a variaciones físicas y emocionales vive el ser humano, los niños rompen el estadio de confort y se vuelven los grandes constructores de los cimientos de su vida adulta.

Esta situación es de atención especial por parte del núcleo social y político, dado que en el país, la mitad de la población tiene 26 años o menos y 1 de cada 4 personas tiene entre 15 y 29 años de edad.

Para 2010, el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó que la población joven era de 29 millones 706 mil 560 personas.

Nuestro papel ante la sociedad es dotarlos de orientación y cultura cívica; desde el punto de vista político es fundamental y urgente brindar a la juventud educación, salud, empleo y recreación.

El futuro son los jóvenes, pero éstos necesitan herramientas para ocuparse y desarrollarse en la difícil tarea que se les lega.

La juventud es testigo de grandes manifestaciones ideológicas cambiantes, de una lluvia tecnológica acosadora y de la modificación del concepto de familia, caracterizadas por la ausencia de los padres de familia, lo cual está determinado por la economía estancada que se vive y la necesidad de trabajar de ambos adultos y ausentarse gran parte del día.

La sexualidad de los jóvenes es un tema de relevancia que obliga a emitir programas de planeación, a fin de informar a la juventud sobre las repercusiones de un inicio sexual prematuro y sin conciencia.

Los resultados del Censo de 2010 del Inegi dieron a conocer que

• En México, los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años, en promedio.

• De las adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas, 61.8 por ciento declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual.

La Secretaria de Salud estima que 17.4 por ciento de los nacimientos corresponde a mujeres menores de 20 años, y de éstos la proporción de embarazos no deseados o no planeados es de 60 a 80 por ciento.

Lo preocupante es que los embarazos a temprana edad incrementan las probabilidades de complicaciones durante el embarazo o el parto hasta llegar a la muerte. Son dos veces mayores estas estadísticas que las ocurridas en mujeres de 20 a 30 años.

Otro problema que aqueja a las jóvenes embarazadas es la deserción escolar. Gran número de estas afectaciones surge en zonas de alta marginación y de pobreza extrema, sobre todo en el ámbito rural e indígena.

Aun cuando hay protocolos y programas que acercan la información a las comunidades a fin de prevenir riesgos durante el embarazo, en los municipios más marginados donde se cuenta con un alto índice de habitantes indígenas el riesgo de mortalidad materna es tres veces más alto que en el resto del país, según las cifras.

Según el Programa Nacional de Salud 2007-2012, estados como Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nayarit y Oaxaca presentan cifras de mortalidad materna superiores a 80 por 100 mil nacidos vivos.

Las jóvenes indígenas sufren gran número de decesos provocados por las malas condiciones de infraestructura hospitalaria, así como desconocimiento de la lengua indígena por el personal médico y el de respaldo, discriminación en los servicios de salud contra las indígenas e inexistencia de canales de comunicación para la integración operativa de modelos de medicina occidental, comunitaria y familiar que provocan la muerte materna.

Las poblaciones jóvenes indígenas carecen de adecuada información sexual en su idioma, la lejanía de los hospitales abonan a la causa y el rechazo y discriminación son la cima del ciclo que se conjunta contra esa población.

Por ello no son raras las cifras en que se lee que los estados con mayor población indígena registraron la menor proporción de partos atendidos por personal médico en 2008, donde el promedio nacional es de 87.6 por ciento de nacimientos atendidos por personal especializado, mientras que en Chiapas es de 36.1, en Guerrero de 68.8 y en Oaxaca de 64.4.

Una tarea de competencia general es prevenir los acontecimientos negativos como consecuencia de embarazos en la juventud indígena, el apoyo debe nacer de los padres de familia, el personal docente y los proveedores de salud. En el marco de nuestra competencia, impulsaremos las medidas legislativas apropiadas en beneficio de los sectores vulnerables.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al gobierno federal a emitir por la Secretaria de Salud protocolos y programas de prevención del embarazo en mujeres indígenas jóvenes en el país.

Notas:

1 http://www.inegi.org.mx/

2 http://www.cdi.gob.mx/

3 ídem.

4 http://www.hchr.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Segob y a la SHCP a declarar zona de desastre la Huasteca potosina e incluirla en la bolsa destinada del Fonden y considerarla para recibir apoyo de la partida presupuestaria acordada por la Cámara de Diputados a fin de brindar apoyo inmediato a los damnificados por las tormentas tropicales Manuel e Ingrid, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

Ya son más de 20 los municipios de San Luis Potosí afectados por los fenómenos meteorológicos de los últimos días, particularmente por el huracán categoría uno denominado “Ingrid”, que precedió a la tormenta tropical Manuel, que del 12 de septiembre a la fecha ha provocado lluvias continuas en todo el estado.

Las inundaciones afectaron caminos y viviendas. Además, provocaron daños en los campos con actividad agropecuaria. Por ello, municipios como Aquismón, Xilitla, San Martín Chalchicuautla, Tampacan, Tamazunchale, Tamuín, Matlapa, Huehuetlan, Coxcatlan, Tanlajas, Ébano, San Vicente Tancuayalab, Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, El Naranjo, Tanquian de Escobedo, Tampamolon Corona, Tancanhuitz de Santos, San Antonio Tamasopo y San Siro de Acosta se encuentran gravemente afectados. De hecho, algunas de sus colonias están incomunicadas.

El gobierno del estado manifiesta que ha sido rebasada la capacidad operativa y financiera para subsidiar a los municipios afectados por la magnitud del fenómeno y las consecuencias que al día van en aumento. Los equipos e insumos para la atención de dicha contingencia son insuficientes.

Lo anterior se deriva luego de que más de 20 mil 370 personas se han visto obligadas a desalojar y ser reubicadas en los refugios temporales. La economía en la región ha sido afectada, principalmente porque hay daños graves en el campo, dado que repercute en las actividades productivas de 28 mil 159 habitantes.

Las labores cotidianas de la población se han interrumpido. Los cultivos, la principal fuente de ingreso, presentan pérdidas, y en algunos casos totales, así como las viviendas. En ciertas zonas no hay luz ni agua potable. Los caminos son intransitables, lo cual dificulta atender a la población.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 9 de los lineamientos del Fondo de Desastres Naturales se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir zona de desastre la Huasteca potosina por los daños provocados a consecuencia del paso del fenómeno meteorológico Ingrid, de tal forma que se incluya en la bolsa destinada al Fonden para que con la mayor brevedad reciban los apoyos necesarios y, en su caso, establezcan los centros de acopio para las respectivas donaciones.

Segundo. Se exhorta a la Cámara de Diputados y con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el que establecen cinco días de salario por cada uno de los 500 diputados para apoyar a los damnificados a consecuencia del paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel incluyan de manera proporcional los municipios de la Huasteca de San Luis Potosí que también fueron gravemente afectados por las lluvias de los últimos días.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna el primer resolutivo a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y el segundo, se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ALBERTO PATISTHAN GOMEZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar al ciudadano Alberto Patisthán Gómez, profesor indígena tzotzil, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Carlos de Jesús Alejandro de la LXII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tomando en cuenta que una vez que los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resolvió no otorgar la libertad y el reconocimiento de inocencia de Alberto Patishtán, del pueblo indígena tzotzil de esa entidad, y como consecuencia ratificar la sentencia de 60 años de prisión, se confirma que en México, el acceso a la justicia para la población indígena sigue siendo, a la fecha, una utopía.

Recordamos que en el año 2000, Patishtán fue apresado por presuntamente haber participado en una emboscada donde murieron siete policías y quedaron heridas dos personas, esto en el municipio de El Bosque, por lo que, lo sentenciaron a 60 años de cárcel, mientras que un supuesto cómplice recobrara su libertad tan sólo 8 meses después de los hechos.

Esta resolución del tribunal colegiado ha generado entre la sociedad una profunda indignación y decepción sobre la actuación de los órganos encargados de impartir justicia en México, toda vez que se observa que en los últimos años han estado liberando a personas que han cometido delitos graves en contra de la sociedad como Florence Cassez, Caro Quintero y Raúl Salinas de Gortari; esto es verdaderamente inaudito en nuestro país, porque muchos de ellos son social y jurídicamente culpables de los hechos que se les imputaron en su momento.

Al reafirmar la sentencia condenatoria a Patishtán, y recordando que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por mayoría, su incompetencia para analizar el incidente de reconocimiento de inocencia, al argumentar que el caso del indígena no reunía los requisitos de interés y trascendencia necesarios para entrar a su análisis, por ello el expediente fue devuelto a un tribunal colegiado de Chiapas, para su resolución definitiva; a pesar de los argumentos de dos ministros de la Corte, que consideraron que el maestro debía liberarse de inmediato con un dictamen de la ministra Olga Sánchez Cordero de proponer retrotraer la jurisprudencia de la primera sala a casos resueltos y terminados, gesto que después el propio Patishtán agradeció en carta abierta a los medios.

Luego entonces con esta resolución negativa se agotaron los recursos ante las instancias, adquiriendo el asunto calidad de cosa juzgada por lo que la solicitud de indulto es un recurso constitucional en manos del Poder Ejecutivo. Es de indicar que la facultad discrecional del indulto se halla contemplada en el artículo 89, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su procedencia se encuentra reglamentada en el Código Penal federal que en su artículo 94 precisa que el indulto “no puede concederse, sino de sanción impuesta en sentencia irrevocable”. Se desprende, entonces, que sólo procede en el supuesto de que la sentencia haya causado estado y adquirido la calidad de cosa juzgada.

En tal virtud esta soberanía está en condiciones jurídicas para solicitar al presidente de la República conceder el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez, como un gesto y forma de resarcir los daños causados por la violación de sus derechos humanos que no se ha cansado de exigir el reconocimiento de su inocencia, reclamos que han alcanzado dimensiones nacionales e internacionales.

El caso Patishtán no parece ser la excepción sino la regla, en la aplicación de la justicia para los indígenas de este país que son sancionados sin considerar su contexto social y cultural, con una atención de pertinencia cultural para el mejor acceso a sus derechos civiles, sociales y culturales; y evitar así la violación sistemática de sus derechos humanos.

Pero lamentablemente los abusos, prejuicios, discriminación, explotación, sojuzgamiento y opresión, siguen vigentes y nos recuerdan que las condiciones de exclusión social hacia los pueblos indígenas no han terminado, particularmente en Chiapas.

El juicio contra Patishtán estuvo plagado de irregularidades desde el momento de su detención, aprehendido siete días después de los hechos y sin orden de captura, además de haber sufrido atropellos durante su proceso, y la negación de atención por padecimientos de salud durante estos trece años de encarcelamiento, entre otras violaciones al debido proceso. Elementos tales que constituyen una profunda injusticia contra un indígena tzotzil.

Por ello, el presidente Peña Nieto tiene hoy la oportunidad de dar vuelta a una página y dar muestra de alta sensibilidad de otorgar el indulto, que está en sus manos poder realizar los términos que nuestras leyes constitucionales lo mandatan y terminar con una historia aberrante que agravia incluso a los pueblos indígenas de México, que a diario sufren abusos y atropellos por casi todas las autoridades de este país.

Por estas consideraciones someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez, profesor indígena tzotzil, preso desde hace más de trece años en el estado de Chiapas, con el fin de salvaguardar sus derechos humanos y garantizar la estricta observancia del debido proceso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2013.— Diputado Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

APAGON ANALOGICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Semarnat y a la Cofetel a diseñar campañas de difusión e información respecto al Apagón Analógico y establecer zonas de acopio de aparatos obsoletos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, II y III del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para que instrumenten campañas de difusión e información, con el fin de establecer lugares de acopio en las ciudades donde se lleve a cabo el “apagón analógico” para recibir todos aquellos aparatos electrónicos análogos que se vayan a sustituir.

Exposición de motivos

Durante el sexenio anterior, el gobierno federal entendía que el acceso a las nuevas tecnologías, a la información y a las comunicaciones; es un Derecho Universal y, en su afán de garantizarlo dio inicio a una serie de políticas públicas con el objetivo de posibilitar dicho acceso a lo largo y ancho de la República.

El presente exhorto, se refiere a instrumentar campañas de difusión, información y reciclado luego de la implementación de la Televisión Digital Abierta (TDA) y desplazo de la televisión análoga, una invitación que le propone al Gobierno Federal garantizar el acceso universal a la televisión de aire de modo gratuito para cada una de las familias mexicanas.

La administración anterior, tuvo a bien desarrollar infraestructura necesaria capaz de implementar esta tecnología siguiendo el modelo de algunos países que, actualmente cuentan con Televisión Digital Abierta o Terrestre (TDT), la tecnología de última generación para la difusión de señales de televisión y que se transmiten sin necesidad de cable o satélite.

Y con la finalidad de potenciar y asegurar la instalación de la Televisión Digital Abierta (TDA) en el país, durante el sexenio anterior se confecciono una norma donde marcaban fecha a partir de la cual, todas las emisiones analógicas debían ser sustituidas por emisiones digitales. La fecha programada para el llamado “Apagón Analógico” según el decreto, en 2015 las televisiones deberán adaptarse a TV digital o bien contar con los convertidores necesarios o de lo contrario los usuarios no podrá ver televisión abierta. El “apagón analógico” es, la interrupción de las emisiones analógicas para ingresar la Televisión Digital Terrestre (TDT).

“...Que la Política de Transición a la Televisión Digital Terrestre establece que la terminación de las transmisiones analógicas se llevará en forma escalonada a partir del 28 de mayo de 2013 y deberán concluirse en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Dicha terminación de transmisiones podrá darse si un mes antes de que corresponda realizar el apagón analógico en una determinada localidad, se alcanza un nivel de penetración de 90% de la TDT en los hogares cuyo servicio depende de la televisión abierta, esto es, en los que no cuentan con un servicio de televisión restringida”

Precisamente es la Norma Oficial 192 (NOM 192) la cual, es regulada por la Secretaria de Economía (SE) en coordinación con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) como ordenamiento jurídico donde hace hincapié que a partir del corriente año, México debe dejar de producir televisores analógicos tanto para que sean promovidos o bien para que sean importados.

La problemática surge porque, tan solo el año pasado se comercializaron más de un millón de televisores análogos, la cantidad aumenta notoriamente si se realiza la suma total de este tipo de aparatos con los que cuentan millones de familias mexicanas.

Es necesario tomar medidas al respecto, sobre todo cuando la población decida sustituirlos.

También, es indispensable considerar que la mayoría de la población que cuenta con un televisor análogo, es de bajos recursos y comprar codificadores les resultaría complicado dado que el costo de un codificador es de hasta $ 1,200 pesos (mil doscientos pesos M.N. 00/100), cualquier televisor puede ser utilizado para ver la Televisión Digital, ya sea porque las características del sintonizador sean compatibles o sea necesario el uso de un convertidor. No se necesita cambiar el televisor actual.

La idea es, garantizar la igualdad de posibilidades de acceso a esta nueva tecnología a partir de la entrega de decodificadores de manera gratuita a hogares, establecimientos y organizaciones sociales dado que, el consumo de televisores con tecnología analógica en México resulta ser una cifra considerable si se toma en cuenta que es una tecnología que va a ser desplazada.

Al respecto, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones estableció la ejecución de dicha política, un plan detallado de apagones escalonados por ciudades, razón por la cual, se fijo que los estados del norte serian los primeros en realizar el “apagón analógico”. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento del Gobierno Federal para establecer una política pública sobre que se va a hacer con los televisores analógicos que se han desechado y que están por desecharse cuando las ciudades transiten a televisión digital, solo en Tijuana, Baja California se estima que más de 60 mil aparatos terminen en el relleno sanitario municipal y que contaminaran al medio ambiente.

Por las consideraciones antes mencionadas se hace un llamado para que todos los actores políticos y gubernamentales actuemos con responsabilidad en realizar lo conducente para que por un lado,  el desplazamiento de dichos aparatos no provoque daños al ambiente respecto de los materiales por los que se confecciona un televisor y por otro que en la entrada de vigor en su totalidad del famoso “Apagón Analógico”, no se vean afectados los bolsillos de millones de familias que aún tienen estos aparatos.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Cofetel para que diseñe campañas de información y difusión respecto del “apagón analógico” y establezcan zonas de acopio como depósito de los aparatos análogos, con el fin de que se evite contaminación y no se vea afectado el medio ambiente.

Nota:

1 Diario Oficial de la Federación, [Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México], publicado el 2 de julio de 2004.  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305746&= visto el 5 de septiembre de 2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiséis días del mes de septiembre de 2013.— Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

FONDO REVOLVENTE Y DEL FONDEN, EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a liberar los recursos del Fondo Revolvente y del Fonden en los municipios de Colima; y al gobierno del estado, a efectuar ante la Sagarpa los trámites necesarios para la aplicación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas en las comunidades de la entidad afectadas en su actividad agrícola, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1 y fracción III del artículo 79, numeral 2, todos del Reglamento de la Cámara de Diputado, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la secretaría de gobernación para que una vez recibida la declaratoria de emergencia emitida por las autoridades locales, proceda de inmediato a liberar el fondo revolvente, así como el resto de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en los municipios del estado de Colima, al igual que exhorta al gobierno del estado de Colima a implementar los trámites necesarios ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal, para la aplicación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), en las comunidades de la entidad que han sido afectadas en su actividad agrícola.

Considerandos

La República Mexicana, debido a su ubicación geográfica se encuentra en una zona propicia para la formación y paso de ciclones, tanto en los litorales del Océano Pacifico como del Atlántico. Así, entre los meses de mayo a noviembre de cada año se presentan, por lo menos, 25 ciclones, de los cuales 15 ocurren en el océano Pacífico y 10 en el Atlántico; de los primeros, 4 inciden en el puerto de Manzanillo, Colima, afectando principalmente a los asentamientos humanos y convirtiéndose en una alerta para que se implementen nuevas infraestructuras de urbanización.

Se recuerda que este municipio sufrió los más grandes estragos con el huracán Lynda en octubre de 1959. Posteriormente, los acontecimientos suscitados en el año 1999 a consecuencia del huracán Greg, en el que se inundaron diferentes áreas del Puerto de Manzanillo, siendo la más afectada las zona más grande conocida como Valle de las Garzas, además de las delegaciones de Salagua y Santiago, pues el agua llegó a 1 metro de altura en la mayoría de las casas y todo esto por la intensa precipitación pluvial, las lluvias atípicas y la deficiencia en el sistema de drenaje.

Lo mismo sucedió en septiembre de 2006, con el huracán Lane, que nuevamente afectó a los habitantes de este municipio, lo que implicó una vulnerabilidad real en sus vidas y posesiones, de tal suerte que muchos perdieron más del 30 por ciento de sus patrimonios. Así también, con el paso del huracán Jova en el mes de octubre de 2011, fueron afectadas más de 90 mil personas, además de plantaciones agrícolas, conexiones carreteras e infraestructura urbana.

En esta ocasión, en todo el país, al menos 1 millón 200,000 personas están afectadas por las lluvias de Ingrid y Manuel. Se tiene reportado que han fallecido 123 y evacuado a 59 mil personas y que más de 25 estados de la Republica han sido afectados con las contingencias presentadasdel 14 al 17 de septiembre y que en los daños humanos, económicos y urbanos aún son incuantificable, a pesar de que ya pasó este temporal, en estos momento la situación de muchos de nuestros hermanos mexicanos es devastadora pues en su mayoría han perdido su hogar y negocios.

No podemos dejar de recordar que ya se ha emitido hasta el día de hoy declaratorias de emergencia para 312 municipios de 14 estados: Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Por lo que respecta a la reciente tormenta tropical Manuel en Colima, las afectaciones han provocado que más de 264 personas fueran desalojadas e instaladas en albergues temporales. Estas precipitaciones pluviales han afectado en gran medida a las comunidades de Las Conchas y El Galaje, en Ixtlahuacán; Tecomán, tanto en el Sur como en las comunidades de Callejones y Cerro de Ortega y en el Municipio de Armería, por lo que corresponde al Municipio de Manzanillo, hubo afectaciones en el Chavarín, El Centinela y El Charco.

Los efectos de esta tormenta tropical también afectaron las actividades económicas, como es el caso de la agricultura, principalmente a los cultivos de plátano, papaya, cítricos, chiles y hortalizas cuyos daños son cuantioso; simplemente para el caso de la actividad agrícola como es el plátano hasta en este momento, se reportan más de 1,500 hectáreas de plátano, limón y papaya afectadas que se inundaron y que con la elevada humedad podría generar un detonante para la sigatoka negra en el plátano.

Por lo que corresponde a la urbanización, las afectaciones también se han manifestado con el hundimiento del Tercer Anillo Periférico, se han realizados cortes a la circulación en los tramos de avenida Constitución hasta el boulevard Camino Real, se interrumpió El Pacífico en la autopista Girasol y el acceso del aeropuerto de Manzanillo sigue bloqueado.

Por lo que corresponde a las obras que Conagua ejecutó en el Río Marabasco, nuevamente se desbordaron por aguas y urge que sean revisada esta obra, pues año con año se provoca el desbordamiento de esta caudal, afectando e incomunicado a distintas comunidades aledañas que en este momento suman a más de 450 familias que tienen dificultar para desplazarse y no pueden salir de sus casas, aunado de que el agua invadió la carretera Manzanillo-Cihuatlán. En este sentido es necesario realizar una valoración para poder solicitar en el Presupuesto de Egresos su reforzamiento y reparación por estas inundaciones suscitadas.

Es de señalar que el día 24 de septiembre, el Ejecutivo Federal emitió un decreto en el que exime la obligación de efectuar pagos provisionales de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013 y al segundo cuatrimestre de 2013, según corresponda en beneficio de las zonas que han sido declaradas en emergencia.

Sabedora de los efectos que estos desastres naturales han ocasionado en diferentes Estados de nuestro país y estos se están atendiendo por el gobierno federal, por lo que corresponde a Colima, presento a la consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que una vez recibida la declaratoria de emergencia emitida por las autoridades locales, proceda de inmediato a liberar el fondo revolvente, así como el resto de los recursos del Fonden en apoyo a los municipios del estado de Colima.

Segundo:Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Colima a implementar los trámites necesarios ante la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal, para la aplicación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en las comunidades de la entidad que han sido afectadas en su actividad agrícola.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 septiembre de 2013.— Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.