Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 253 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín(a las 11:13 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 1o. de abril de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

En relación a cambio de integrantes de comisión especial.

Del diputado J. Jesús Oviedo Herrera

En relación a retiro de iniciativa con proyecto de decreto.

De Petróleos Mexicanos

Con el que remite informe anual de los Costos y Gastos de Exploración, Desarrollo y Extracción 2013.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de 2014, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2013, la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2014 y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública enero-febrero de 2014.

Por el que informa que en el mes de febrero de 2014, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Con el que remite el documento que contiene:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015;

b) Los escenarios, sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2015: Crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

De la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Por el que informa sobre los programas y acciones que atienden a pueblos y comunidades afromexicanas.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe anual de Petróleos Mexicanos, correspondiente al ejercicio 2013.

Con los que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con los que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Del Gobierno del Estado de México

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la instalación de infraestructura sanitaria en los tramos carreteros que forman el Circuito Exterior Mexiquense.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el inciso e) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Mesa Directiva

Relativo a las minutas pendientes de dictamen, recibidas antes del 1 de septiembre de 2009. (Votación Nominal)

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Economía a instrumentar las medidas necesarias para que se agilice el pago del “Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013”. (Votación Económica)

Declaratoria de publicidad de dictamen

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones y un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos, para prevenir riesgos en los asentamientos humanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que nombra la Plaza Central del Recinto Legislativo de San Lázaro, “Eduardo Neri Reynoso”, y se coloca un busto con su efigie.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Servicio Postal Mexicano y de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a fin de realizar una estampilla postal y un billete de lotería, conmemorativos del 75 Aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conaculta a realizar un homenaje al escritor José Emilio Pacheco.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que publique el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, remita un informe de las gestiones diplomáticas que se encuentra realizando a favor de conciudadanos condenados a pena capital en el extranjero.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a los 51 mexicanos sentenciados a muerte en los Estados Unidos de América.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaria de Salud, crear y expedir una Norma Oficial Mexicana para la detección, diagnóstico y tratamiento de la hemofilia.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a la inclusión del Grupo “Quemaduras, Corrosiones y Escaldaciones” al Fondo contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el catálogo universal de los Servicios de Salud para quemaduras de tercer grado.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que aplique acciones encaminadas a erradicar los altos índices de alcoholismo en mujeres.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que otorgue apoyos económicos a los locatarios afectados por el incendio registrado en el mercado de La Merced, el sábado 25 de enero.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, para que a través de la Conade, expida el reglamento que regirá las disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados felicita y reconoce la extraordinaria labor de los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis, XXI Edición, llevada a cabo en Acapulco, Guerrero.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de educación y universidades del país, para que suscriban convenios con empresas de la iniciativa privada, a fin de que sus alumnos mantengan prácticas profesionales que les permitan acceder al mercado laboral al término de sus estudios.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inegi, a que emprenda un estudio que determine un porcentaje mínimo de personas con discapacidad que deben laborar en el Gobierno Federal y difunda resultados de dicho estudio.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que lleve a cabo las acciones necesarias, a efecto de impulsar en el seno de la ONU, la creación de una Convención para proteger los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que a través del Comité Nacional de Producción Orgánica, emprenda medidas que impulsen este tipo de producción.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Quinto con los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo de los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44, 47 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 19 y 21 de la Ley Minera, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 103 y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Teresita de Jesús Borges Pasos, Yesenia Nolasco Ramírez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos artículo 69, 89 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y expide la Ley General de Prevención del Delito, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 8o. del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 51 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de las diputadas Loretta Ortíz Ahlf y Margarita Elena Tapia Fonllem, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 282 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender la Obesidad y el Sobrepeso, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 240, 345 y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma al artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 51 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 28 y 29 a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9o. y 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo y suscrita por el Dip. J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta de los Hidrocarburos, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 40 y 51 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 44 Ter a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 38 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 114, 115, 216 y 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25-Bis y 77 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Román Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167, 179 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De decreto, para declarar el 22 de abril como “Día del Municipio”, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 31 y 40 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se dispone la acuñación de una Moneda Conmemorativa alusiva a los “200 años de la Constitución de Apatzingán”, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 65 bis 8 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley que Crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 37 y 38 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77 Bis 36 de la Ley General de Salud y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que deroga el artículo 39 B de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3º de la Ley General de Salud y 5º de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el Capítulo I y el artículo 7o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 315 bis 1 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y se expide la Ley Federal de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incorporar en la Cartilla Nacional de Vacunación, un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica (IRC), a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berúmen, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el Gobierno del Estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, los Reyes la Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, STPS y de la SHCP, a fin de analizar y resolver el problema que afecta a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SHCP, así como al Jefe del SAT, para que lleven a cabo la instalación y desarrollo de módulos de información con respecto al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, en puntos estratégicos del área metropolitana de Guadalajara, así como del interior del estado de Jalisco, a cargo del diputado Marco Antonio Barba Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República, para que a través de la Segob, se declare el 2 de enero de cada año como “Día Nacional del Municipio”, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, realice una inspección, en compañía con el área de Protección Civil de la Cámara de Diputados, sobre las obras realizadas a las celosías, en el Recinto Legislativo, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 31 Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que consideren la reclasificación del delito de peculado como grave en sus correspondientes ordenamientos penales, suscrito por los diputados Ernesto Núñez Aguilar y Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a regular y promover el desarrollo eficiente de los servicios prestados por los proveedores de Internet en México, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, para que en las Reglas de Operación de los programas sociales de Liconsa y Diconsa, los vales de despensa sean aceptados como un medio de pago, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la STPS, para que el Sistema Nacional de Empleo, garantice la inclusión laboral de las personas con autismo, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del INM, a realizar una campaña nacional enfocada a la capacitación y profesionalización en materia de protección y asistencia de niñas, niños y adolecentes migrantes no acompañados, a cargo de la diputada Mirna Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del IMSS, para que difunda a través del sitio de Internet del Instituto, lo relativo al “Programa IMSS-Oportunidades”, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la creación de incentivos a la movilidad sustentable no motorizada, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR, para que realice una investigación completa e imparcial ante la denuncia interpuesta en contra de Ismael Hernández Deras, ex Gobernador del estado de Durango, por la probable comisión de diversos delitos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, para que difunda los resultados de la evaluación del Comité Técnico Electoral en el procedimiento de selección de candidatos para la elección del Instituto Nacional de Elecciones, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que difunda a través del sitio de internet, lo relativo al “Programa Comunidades Saludables”, desde 2009 a la fecha, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a las diversas problemáticas que presenta el cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial del Café. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Sedesol, a que cumpla con los objetivos establecidos en el Programa Social Cruzada Nacional Contra el Hambre, y no sea utilizado como instrumento de propaganda e impulso político de servidores públicos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Chiapas, para que realice acciones tendientes a vigilar y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres indígenas y a deslindar responsabilidades sobre la situación de Roxana Hernández Santiz, indígena tzotzil de catorce años de edad, encarcelada el pasado día nueve de marzo del año 2014, acusada de negarse a pagar una multa, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE y a la SENER, para que consideren la instalación y utilización de precipitadores electrostáticos u otros dispositivos que mitiguen la emisión de contaminantes en las plantas termoeléctricas y plantas generadoras de energía instaladas en el País, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la reasignación de recursos presupuestados para el Centro Cultural Toma de Zacatecas, en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Profeco, a efecto de que requieran a la empresa “Radiomóvil Dipsa, SA de CV Telcel”, que otorgue a los usuarios un servicio eficiente y establezcan una sanción conforme a la normatividad aplicable a la empresa por el daño que causa a sus clientes por el deficiente servicio que presta en telefonía celular, a cargo del diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 30 de marzo, Día de la Trabajadora Doméstica, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo de la conmemoración del Centenario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con motivo del 2 de abril, Día Mundial de Concientización Sobre el Autismo, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintisiete de marzo de dos mil catorce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con catorce minutos del jueves veintisiete de marzo de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Desde su curul la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, solicita a la Presidencia se guarde un minuto de silencio en memoria de la diputada suplente y fundadora de Movimiento Ciudadano en Puebla, María del Lucero Bandala Cruz. El Presidente hace suya la solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules la diputada y los diputados Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática; Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, Graciela Saldaña Fraire, y José Luis Esquivel Zalpa, ambos del Partido de la Revolución Democrática, realizan comentarios sobre diversos temas legislativos. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

En relación a modificación de turno de las siguientes iniciativas:

• Que reforma los artículos cinco y seis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, el once de marzo de dos mil cartoce. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión de Juventud, para opinión.

• Que reforma el artículo treinta y tres de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por los diputados José Arturo Salinas Garza y Marco Antonio González Valdez, del Partido Acción Nacional, y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el trece de marzo de dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, para opinión.

Se modifican los turnos, actualícense los registros parlamentarios.

• En relación con el dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo en sentido negativo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a presentar la candidatura de México para los Juegos Olímpicos de dos mil veinticuatro. Publíquese en el Diario de los Debates y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

b) Oficio de reincorporación de la Diputada Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, a sus actividades legislativas a partir del primero de abril de año en curso. De enterado. Comuníquese.

c) De las diputadas:

• Lizbeth Loy Gamboa Song, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada el dieciocho de septiembre de dos mil trece, sea retirada de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar al ciclista y a las empresas promotoras de movilidad sustentable no motorizada como sujetos beneficiarios del sistema de subsidios, presentada el cuatro de marzo de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• De la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que solicite a la Secretaría de Gobernación, que declare la alerta de violencia de género en el estado de Michoacán de Ocampo, presentada el veinte de febrero de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión Igualdad de Género.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

d) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite Acuerdo por el que exhorta al Honorable Congreso de la Unión a que en el dictamen de la reforma política del Distrito Federal, mandate al Instituto Electoral del Distrito Federal a organizar la elección extraordinaria para erigir el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.

e) Del Gobierno del Estado de Querétaro, con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la instalación de la Comisión Estatal de Productividad. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Gobernación:

Con las que remite cuatro contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por la que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a instalar la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.

• Por la que se exhorta al Gobierno Federal y al sector empresarial, a fin de implementar programas que den oportunidad de empleo digno y justo a los egresados de licenciaturas universitarias y tecnológicas. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.

• A fin de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establezca las acciones necesarias para implementar un Programa especial de modernización de los rastros municipales, así como implementar un Programa integral de manejo y tratamiento de desechos y despojos derivados de la matanza de los animales. Se remite a la Comisión de Ganadería para su conocimiento.

• Por la que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se grave nuevamente con una tasa de veinte por ciento el arancel de importación del Limón Persa (Citrus latifolia). Se remite a las Comisiones de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego para su conocimiento.

• Con las que remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. Se remiten a los promoventes para su conocimiento.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y reforma los artículos Tercero y Cuarto de los Artículos Transitorios del Artículo Primero del “Decreto que Expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil nueve. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad, el Presidente somete a consideración de la Asamblea si se autoriza que el dictamen referido sea puesto a discusión y votación de inmediato. Se autoriza. Se concede el uso de la palabra para fundamentar en nombre de la Comisión al diputado José Isabel Trejo Reyes. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: María Sanjuna Cerda Franco, de Nueva Alianza; Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano;

Desde su curul el diputado Luis Alberto Villareal García, del Partido Acción Nacional, realiza comentarios sobre diversos temas legislativos. El Presidente hace aclaraciones.

Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Villareal García, del Partido Acción Nacional;

A las doce horas con dos minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veinticinco diputadas y diputados.

Presidencia del diputadoMarcelo de Jesús Torres Cofiño

y Paulina Alejandra del Moral Vela, del Partido Revolucionario Institucional. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la propuesta de modificación de los artículos cuatro Bis, y trece, párrafo tercero, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, presentada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que en votación económica se acepta y se incorpora al dictamen. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, y el diputado Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, se considera suficientemente discutido en lo general.

La Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado los siguientes artículos para su discusión en lo particular: octavo, fracción primera de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo de Apoyo a sus Ahorradores; y Tercero Transitorio del artículo primero del decreto que expide la Ley General de Sociedades Cooperativas de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito. En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos dieciséis votos a favor, se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen modificado.

Se concede el uso de la palabra al diputado Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos octavo, fracción primera de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores; y Tercero Transitorio del proyecto de decreto, que en votación económica se admiten a discusión y de la misma forma se aceptan.

Sin más oradores registrados, en votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos seis votos a favor, se aprueban en lo particular, en términos del dictamen modificado, con los cambios aceptados por la Asamblea, los artículos octavo, fracción primera de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores; y Tercero Transitorio del proyecto de decreto. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y reforma los artículos Tercero y Cuarto de los Artículos Transitorios del Artículo Primero del Decreto que Expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil nueve. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales. El Presidente informa a la Asamblea que, de conformidad con el artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se harán las correcciones que demande el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes o decretos, sin afectar su contenido.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Deporte, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado José Alberto Rodríguez Calderón.

Para presentar Moción Suspensiva, se concede el uso de la palabra a la diputada Zuleyma Huidobro González, que en votación económica no se toma en consideración, y se desecha.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza;  Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; Juana Bonilla Jaime, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional; y, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la propuesta de modificación, presentada por las Comisiones Unidas de Justicia, y de Deporte, a los artículos segundo, fracción séptima;  cuarenta y uno, fracción octava; cuarenta y uno Bis, fracciones primera, segunda, cuarta, décima, décima primera; noventa y ocho Bis; ciento treinta y nueve; ciento cuarenta, fracciones octava, novena, y décima; ciento cuarenta y dos, fracción primera; ciento cincuenta y uno, fracción quinta; ciento cincuenta y dos, fracción quinta; ciento cincuenta y cuatro, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, y sexta; ciento cincuenta y cinco; transitorios Primero, Segundo, y adición de un Tercero y un Cuarto, que en votación económica se aceptan y se incorporan al dictamen.

Desde sus respectivas curules las diputadas y los diputados: Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Juana Bonilla Jaime, del Partido de la Revolución Democrática; Uriel Flores Aguayo, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, en dos ocasiones, realizan comentarios sobre diversos temas legislativos. El Presidente hace aclaraciones.

Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra la diputada y los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; y Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática y en pro las diputadas y los diputados: Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México; Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional; Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática; Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México; Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional; y Marcos Rosendo Medina Filigrana del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, se considera suficientemente discutido en lo general. Se concede el uso de la palabra para presentar moción de procedimiento al diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México. Se concede el uso de la palabra responder alusiones personales a los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario de Institucional. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consulta a la Asamblea en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia, se someten a votación las modificaciones presentadas por las Comisiones Unidas de Justicia, y de Deporte, en votación económica se aceptan y se incorporan al dictamen. Se concede el uso de la palabra para rectificación de hechos a los diputados: Fernando Belaunzarán Méndez, y Roberto López Suárez, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los artículos que se han reservado para su discusión en lo particular: cuarenta y uno; cuarenta y uno Bis; noventa y ocho Bis; ciento cincuenta y uno; ciento cincuenta y dos; ciento cincuenta y cuatro; y ciento cincuenta y cinco del proyecto de decreto. En votación nominal por trescientos diecisiete votos a favor; treinta y cuatro en contra; y diecisiete abstenciones, se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

Se concede el uso de la palabra a las siguientes diputadas y los diputados para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados del proyecto de decreto:

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo cuarenta y uno Bis, fracción segunda, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Jorge Salgado Parra, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos: noventa y ocho Bis, adición de un párrafo segundo; y ciento cincuenta y cinco, que en votación económica no se admiten a discusión y se desechan.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento cincuenta y uno, fracción quinta, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, al artículo cuarenta y uno, fracción octava, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos ciento cincuenta y uno, adición de los párrafos segundo y tercero; y ciento cincuenta y cuatro, que en votación económica no se admiten a discusión y se desechan.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento cincuenta y dos, fracción primera; y adición del ciento cincuenta y cinco Bis, que en votación económica no se admiten a discusión y se desechan.

•  Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, a los artículos ciento cincuenta y cuatro; y ciento cincuenta y cinco, que en votación económica no se admiten a discusión y se desechan.

• Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática, a la adición del artículo ciento cincuenta y cuatro Bis, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento cincuenta y cuatro, que en votación económica se admite a discusión y se acepta.

• Juana Bonilla Jaime, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento cincuenta y cinco, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

Sin más oradores registrados, en votación nominal de doscientos treinta y un votos a favor; treinta y cuatro en contra; y catorce abstenciones, se aprueban en lo particular, en términos del dictamen modificado, los artículos: cuarenta y uno; cuarenta y uno Bis; noventa y ocho Bis; ciento cincuenta y uno; ciento cincuenta y dos; ciento cincuenta y cinco; y ciento cincuenta y cuatro, este último con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, del proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Deporte, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo trescientos ochenta y uno Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo veinte de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sesenta y cuatro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo tercero de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo:

• Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que incluyan en su legislación penal el delito de asalto. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral para que modifique el Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta al Congreso del estado de Morelos, a observar, respetar y garantizar el derecho a informar que tienen las y los reporteros, periodistas y medios de comunicación de la entidad. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, relativo a las indemnizaciones y averiguación previa, respecto de la explosión en Petróleos Mexicanos, ocurrida el treinta y uno de enero de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Deporte y del ejecutivo en los estados y municipios, así como al jefe de gobierno y jefes delegacionales del Distrito Federal, para que incrementen las condiciones de seguridad en espectáculos y eventos deportivos. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, para celebrar una Sesión Solemne el veintidós de octubre de dos mil catorce, con motivo del ducentésimo aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, para que a través de su Consejo de Administración, se privilegie a Astilleros Nacionales en la construcción y reparación de embarcaciones y/o artefactos navales, así como aclarar las licitaciones y contratos correspondiente de su flota naval. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a resarcir los daños ambientales, sociales y económicos causados por el incendio en el Pozo Terra ciento veintitrés, ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco, en los términos establecidos en la normatividad vigente. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Salud, realice las modificaciones pertinentes para garantizar la facilidad en la identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos a las personas con discapacidad visual. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Roberto López Suárez y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a resolver la problemática que enfrenta el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y de las entidades federativas, a efecto de emprender una campaña de detección del autismo en fase primaria, para lograr mejores resultados en su tratamiento. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se propone la develación de una placa conmemorativa al bicentenario del Constitucionalismo Mexicano, en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional de Protección Civil, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a la Comisión Nacional del Agua y Sistema Meteorológico Nacional, a implementar un programa de concientización y prevención ante posibles desastres marítimos (tsunamis) en los estados que cuenten con costas. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y de la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de fomentar la producción y venta de cajas de Olinalá y vigilar la piratería de este producto. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Servicio Postal Mexicano para sumarse al reconocimiento del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, a través de la cancelación de una estampilla postal conmemorativa. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes primero de abril de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con once minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta.

ELECCION DE CONSEJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta. Dígame, diputado, con qué objeto.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Gracias, Presidente. Lamentablemente, la Junta de Coordinación Política la dirige Manlio Fabio Beltrones, porque hay que decir las cosas como son, Silvano, la verdad, hace lo que dice Beltrones.

Lo grave es que yo quería que hoy la Mesa Directiva hiciera uso de sus atribuciones porque es mentira eso de que la Junta propone el orden del día. Quien propone el orden del día, según el artículo 62 y previos, es la Mesa Directiva. Lo digo porque todavía estaríamos en condición, si usted lo autoriza, de discutir un tema que es nodal para el país, el tema de los consejeros del IFE.

Todo mundo ha hablado de la falta de publicidad plena, la manipulación con que el Comité Técnico de Evaluación ha compuesto las quintetas que hoy se conocen públicamente para que todo caiga a como quiere el PRI y sus apéndices, en este caso los partidos que lo siguen en sus andanzas de trapacería electoral, que es lo que realmente están intentando hacer con este nuevo INE y con este nombramiento de los consejeros ciudadanos.

Mañana va a ser un día clave porque se tienen que desatar ya parte de los procesos subsecuentes y sería —que era lo único que pedíamos— que la Junta de Coordinación Política hiciera pública toda la información de los mecanismos de evaluación, sus componentes y resultados.

Ayer nos dijeron que no, que es cuestión de Estado, que no pueden informar nada y ya al Comité Técnico lo desaparecieron, como por arte de magia, y obviamente están dispuestos a ir a la insaculación porque ya los dados están cargados desde la composición de las quintetas.

Aunque el PAN dice que no, la verdad es que están buscando el cochupo y el acuerdo, y los ciudadanos afectados en su derecho a tener la certeza constitucional que da el 41 en procesos electorales.

Presidente, ojalá usted ahorita rectifique el orden del día —sabemos que en la Mesa Directiva lo han discutido— y le de la ponderación, y se someta a discusión esta propuesta de incluir este punto de urgente u obvia resolución relativo a este tema presidente. Ojalá lo haga.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención ya quedó debidamente registrada.

HELENA PAZ GARRO

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Magdalena Núñez Monreal. Dígame, diputada

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): Gracias, diputado presidente, sólo para señalar y que quede constancia en este pleno que el día de ayer, 31 de marzo, se conmemoraron los 100 años del nacimiento del escritor, de nuestro homenajeado Octavio Paz. Asimismo solicitarle se conceda un minuto de silencio dado el fallecimiento de su hija Helena Paz Garro, fallecida el pasado domingo 30 de marzo. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputada. Esta Presidencia otorga la petición de la diputada Núñez Monreal, y ruego a todos los presentes nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Helena Paz Garro.

(Minuto de silencio)

IGNACIO GARCIA MALDONADO, ACTIVISTA OAXAQUEÑO ASESINADO

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Lizbeth Rosas Montero. Dígame, diputada.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Para realizar una denuncia a nombre del Grupo Parlamentario del PRD.

Durante la madrugada del sábado 29 de marzo fue asesinado el activista oaxaqueño Ignacio García Maldonado, participante en la organización social Comuna Oaxaca, después de una semana de intensas amenazas de muerte contra los dirigentes de este colectivo Efraín Solano, Gilberto López, Flavio Sosa, Jorge Reyes Simón y César Mateos. Estos cuatro últimos, al igual que García Maldonado, fueron activos participantes en el movimiento social de Oaxaca desde el 2006, lo que ha implicado en este periodo histórico el encarcelamiento mediante procesos viciados de origen y tortura.

Esta organización y sus participantes se han caracterizado por la demanda permanente de justicia en torno a los crímenes cometidos desde el Estado en contra del pueblo movilizado de Oaxaca, razón por la cual, diputado presidente, queremos demandar lo siguiente:

El esclarecimiento total del asesinato de Ignacio García Maldonado y el castigo a los responsables materiales. Exigimos una investigación auténtica, profunda y eficaz, que tome seriamente en cuenta la vertiente política del origen del crimen, dado los antecedentes del activista; y la permanente exigencia de la Comuna de Oaxaca para el esclarecimiento de diversos crímenes cometidos en el estado de Oaxaca.

Solicitamos también medidas especiales para la protección de la vida de Flavio Sosa, César Mateos, Horacio Sosa, Efraín Solano, Jorge Reyes y Gilberto López, integrantes de la Comuna de Oaxaca y sus familias.

Para terminar con la impunidad que alumbra en la comisión de nuevos crímenes demandamos instalar y facilitar el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, aprobada mediante decreto desde el año pasado, con el fin de esclarecer los crímenes cometidos en el estado de Oaxaca.

En el mismo sentido exigimos investigar lo necesario para identificar y castigar a quienes resulten responsables materiales e intelectuales de los asesinatos cometidos por oaxaqueños en el año 2006 y 2007. Es cuanto, diputado presidente. Y esta carta se la vamos a dirigir a la Mesa Directiva el día de hoy diversos diputados. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

ELECCION DE CONSEJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

El diputado José Isidro Moreno Árcega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Isidro Moreno Árcega.

El diputado José Isidro Moreno Árcega (desde la curul): Señor presidente...

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado.

El diputado José Isidro Moreno Árcega (desde la curul): Solamente referirnos al tema de la conformación del Instituto Nacional Electoral, solamente pediríamos, pues, respeto a los órganos de gobierno internos de la Cámara, porque ya basta que se quiera calificar de una u otra forma.

Y los tiempos están previstos tanto en la convocatoria conforme en los artículos transitorios de la reforma que hemos hecho. Entonces, creo que está transitando de manera —en el procedimiento— bien y legalmente, y los tiempos están bien.

Y pues el 8 de abril tendremos ya aquí en conocimiento del pleno, y creo que sí pediríamos que ya sea con más respeto en la forma que se utiliza la palabra, porque en la forma en cómo se habla hasta de los propios órganos es más que llamar a este pleno y a quienes lo utilizan que lo hagamos de la mejor forma y de respeto a las instituciones. Sería cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Fernando Rodríguez Doval(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Fernando Rodríguez Doval.

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más respecto a este tema del Instituto Nacional Electoral y las afirmaciones que algunos compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra han hecho, sí me gustaría decir, a nombre de los diputados de Acción Nacional, por supuesto, que no nos vamos a prestar a ningún tipo de componenda que pudiera ir en contra del carácter ciudadano de este órgano recién creado por la reforma constitucional. Por eso la postura de Acción Nacional ha sido muy clara y así la ha expresado, tanto nuestro coordinador parlamentario como nuestra presidenta nacional.

Nosotros no estaríamos en contra de que nos fuéramos a un mecanismo de insaculación a fin de poder evitar precisamente estas cuotas partidistas. Acción Nacional se opone a que este próximo órgano se pudiera conformar por personas que respondieran a intereses del gobierno o intereses de partidos políticos. Por eso nosotros apoyaremos solamente un acuerdo que verdaderamente garantice el carácter ciudadano de este órgano nacional electoral y que por supuesto sea el acuerdo lo más amplio posible.

Tan es así que la propia Constitución señala que tendrá que salir adelante con dos terceras partes de la votación de este pleno. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Uriel Flores Aguayo.

El diputado Uriel Flores Aguayo(desde la curul): Gracias, diputado presidente. En el sentido de lo que planteó el diputado Manuel Huerta. Creo que es imperativo que la Mesa Directiva pudiera ya hacer un pronunciamiento por los canales adecuados o por lo menos en el pleno, en la asamblea, respecto a dos cuestiones, diputado.

Primero lo del INE, que tiene que ser transparente, absolutamente transparente y que está sujeto a un plazo fatal, 8 de abril. Entonces ahí me parece importante, pero lo otro también es el paquete de leyes secundarias.

Es decir, todo mundo está siendo testigo, aunque también somos actores del momento que ya se rezago en exceso. Hay un rezago excesivo en el trámite, en la presentación de las iniciativas y estamos a unos días de que concluya este periodo y no vemos claro.

Es decir, estamos conscientes que vamos a trabajar al cuarto para las 12, con presión, fast track, que va a ser poco cuidadoso este proceso, como ya lo vimos con la reforma energética. Es decir, estamos ante el hecho.

Sí sería muy importante, diputado presidente, que la Mesa se pronunciara al respecto ante las instancias de la Cámara o algún planteamiento al pleno. Esa sería la petición, diputado. Agradezco.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. La Mesa está atenta a las fechas de la convocatoria.

PREMIO AL CIAM CANCUN, ENCABEZADO POR LYDIA CACHO

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Malú Mícher.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Quiero decirle que nos sentimos muy honradas, porque el día de ayer la Conapred, dependiente de la Secretaría de Gobernación, otorgó un premio muy merecido al CIAM Cancún, encabezado por Lydia Cacho, que atiende a las mujeres víctimas de violencia; a Marcelina Bautista, líder de las empleadas del hogar.

Esto nos trae también a la memoria que el día de antier, en estos días, se recuerda a todo el mundo el esfuerzo y el trabajo que hacen las empleadas del hogar por todas y por todos nosotros para que podamos salir listas y listos, barridos, trapeados, comidos, desayunados, para poder llegar a nuestro trabajo. Pero más de dos millones de mujeres empleadas del hogar quedaron fuera en la reforma laboral

Por eso necesitamos retomar nuestras leyes, incorporarlas a esta reforma laboral, agradecerles a todas ellas, recordarles que tienen derechos y que quienes empleamos a estas mujeres y a estos hombres también tenemos obligaciones para con ellas y con ellos. Así es que no olvidemos este día.

No olvidemos que está en manos del Senado y del Ejecutivo, como ayer lo dijo el secretario de Gobernación, la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que ya fue aprobado en Naciones Unidas para reconocer el trabajo doméstico y el trabajo de las empleadas del hogar. Muchas gracias, señor diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

ELECCION DE CONSEJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido finalmente en la curul del diputado Manuel Huerta. Dígame, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Gracias, presidente. Es importante, porque se han referido al respeto. Si algo he peleado aquí es el respeto al derecho, a la Constitución, a la propia Mesa Directiva y obviamente a mi persona. Yo sí tengo dignidad, no doblo mi espalda ante los que manipulan aquí a esta Cámara.

Por otro lado, decir que se espantan. Lo único que estamos pidiendo es transparencia. Están tratando este asunto de la evaluación a los consejeros como si fuera un asunto de secreto de Estado. El que nada debe nada teme, pero como manipularon, como sesgaron la evaluación, obviamente, es más, la evaluación ni existió.

Las quintetas seguramente se hicieron en la oficina de Manlio, con el auxilio ahí de los que se prestaron, dicen, que los del técnico que metieron los del PRD, porque el que metió el del PAN dicen que andaba en Baja California, que no cuidó el proceso.

Yo estoy convencido que los del PAN van a acabar votando, no van a llegar a la insaculación. Son lo mismo. Evidentemente, lo vemos con sus candidatos al dirigir al PAN, quieren ser presidentes del PRI. Los dos. Es tanta su confusión...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le pido que concluya para poder continuar con el trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, concluyo. Es tanta su confusión, que en un psicoanálisis les podrían aclarar que son lo mismo.

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido finalmente en la curul del diputado Manuel Añorve. Dígame, diputado.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para pedirle exactamente lo que usted acaba de señalar, que continuemos con el orden del día. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Le pido a la Secretaría dé lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación, que contiene un cambio en comisión.

CAMBIO EN COMISION ESPECIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada Alfa Eliana González Magallanes cause baja como integrante de la Comisión Especial de la industria automotriz y del acero.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 31 de marzo de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. De enterado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

RETIRO DE INICIATIVA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta que se realicen los trámites requeridos para que la iniciativa con proyecto de decreto para que el salón de protocolo del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro reciba el nombre “Mártires del 2 de Enero de 1946 por el Municipio Libre”, y para que el 2 de enero de cada año sea declarado “Día Nacional del Municipio Libre”, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 26 de septiembre de 2013 y turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que preside el diputado Marcos Aguilar Vega, sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención, no sin antes aprovechar para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2014.— Diputado J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

INFORME DE PETROLEOS MEXICANOS, ANUAL SOBRE LOS COSTOS Y GASTOS DE EXPLORACION, DESARROLLO Y EXTRACCION CORRESPONDIENTE A 2013

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Petróleos Mexicanos.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Asunto: Envío información contenida en los artículos 254 y 257 Bis de la LFD.

Contadora Pública María Magdalena Robles Barcelata, en representación de Petróleos Mexicanos y Pemex-Exploración y Producción, personalidad que ostento en mi carácter de Gerente Fiscal, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo que:

Con fundamento en lo establecido por el artículo 30 de su ley, publicada. el 28 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, Petróleos Mexicanos es un Organismo Descentralizado con fines productivos, creado por decreto del 7 de junio de 1938, de igual forma, publicado el 20 de junio de ese mismo año, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene dentro de su objeto ejercer la conducción central y la dirección estratégica de la industria petrolera, demás hidrocarburos y la petroquímica básica, conforme a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Como es de su conocimiento, derivado de las diversas modificaciones al Capítulo XII del Título II de la Ley Federal de Derechos aprobadas por esa Soberanía en la última década, entre ellas, el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos”, publicado el 27 de noviembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron diversas obligaciones formales a cargo de Pemex-Exploración y Producción, relativas al envío de información a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, específicamente nos referimos a las contenidas en los artículos 254 y 257 Bis del ordenamiento jurídico en comento, cuya parte conducente se transcribe a continuación.

Artículo 254. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 71.5 por ciento a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate.

...

Pemex Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración y explotación por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas natural no asociado, así como de los tipos específicos de petróleo que se obtengan, y deberá enviar a la Cámara de Diputados la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición ese órgano legislativo los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo por el órgano fiscalizador de esa Soberanía, las auditorias que se consideren pertinentes.

Artículo 257 Bis. ...

Pemex Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y extracción por cada uno de los campos a que se refieren las fracciones anteriores, así como de los tipos específicos de petróleo crudo y gas natural que se obtengan y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición de ambos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de qué puedan, llevarse a cabo los actos de fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoria Superior de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria (énfasis añadido).

Como se desprende del texto transcrito, esa Soberanía estableció la obligación a cargo de Pemex-Exploración y Producción consistente en enviarle la información periódica que se incorpore en los registros de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y extracción por cada campo, tanto de aquellos a los que se refleje:), el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos como los señalados en las fracciones I a III del artículo 257 Bis de la propia ley vigente durante el ejercicio fiscal de 2013, además de poner a disposición de esa Cámara de Diputados la información soporte de dichos registros.

Derivado de lo antes señalado, el objeto del presente es cumplimentar las obligaciones establecidas en los artículos 254, séptimo párrafo y 257 Bis, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos para efectos de lo cual, adjunto al presente se remite un disco compacto en el que se encuentra la información requerida.

Por lo expuesto, ante esa Soberanía, atentamente solicito:

Primero.Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito.

Segundo.Se den por cumplimentadas las obligaciones a cargo de Pemex-Exploración y Producción establecidas en los artículos 254, séptimo párrafo y 257 Bis, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos vigente en el ejercicio fiscal de 2013.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de marzo de 2014.— Contadora Pública María Magdalena Roles Barcelata (rúbrica), representante legal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

INFORMACION RELATIVA A LA EVOLUCION DE LAS FINANZAS PUBLICAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de febrero de 2014.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2013.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley el Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evaluación de la recaudación para el mes de febrero de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 28 de marzo de 2014.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, secretario. Sonido para este asunto en la curul del diputado Ricardo Mejía. Dígame, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sí, gracias, presidente. Sobre este aspecto, quisiera que nos remitieran copia de toda la información, porque es muy relevante.

Trascendió que la recaudación fiscal en el mes de febrero se cayó 9.4 por ciento, según datos de la propia Secretaría de Hacienda. Y esto es producto de la reforma hacendaria que ha sido no solamente inflacionaria, recesiva, sino que ahora ha resultado una pésima operación fiscal del gobierno, porque lejos de subir los ingresos tributarios hay una caída que no se vivía desde 2009, que hay que recordar que fue el año de la influenza.

Es decir, esta reforma ha resultado un reverendo fracaso y nosotros queremos toda la información para seguir orientando estas correcciones a la política fiscal que estamos viviendo, además de un periodo de desaceleración económica que se ha prolongado, como son las propias estimaciones de grupos financieros y especialistas sobre la materia.

El Presidente diputado José González Morfín: Con gusto, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Por eso le pido copia de este informe, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Ya está publicado en la Gaceta, pero con gusto voy a pedir que le hagan llegar una copia del documento. Continúe la Secretaría.

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de febrero de 2014, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT, por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos farmacéuticos y material de curación; productos agrícolas y agropecuarios, entre otros.

El total de bienes destinados en febrero de 2014 fue de 48 mil 105 bienes, los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como pieza, kilogramo y litro. Se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de febrero de 2014.— Licenciado Julio César Sánchez Gamiño (rúbrica), administrador Central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

OBJETIVOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en los artículos 42, fracción 1, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en el 4 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remito el documento que contiene:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015;

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2015: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit, y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 28 de marzo de 2014.— Fernando Apórtela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PROGRAMAS Y ACCIONES QUE ATIENDEN A PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo quinto transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, que señala: “La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas deberá informar a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil del mes de marzo, sobre los programas y acciones que atiendan a pueblos y comunidades afromexicanas”.

Al respecto, le comunico lo siguiente:

El Programa de Infraestructura Indígena tiene programada la realización de tres obras de infraestructura en Guerrero, en Igualapa y Ometepec, en las localidades Igualapa, Zacoalpan y Paso de Tabaco, con población afromexicana. La inversión total programada asciende a 34.4 millones de pesos.

Las obras son éstas: modernización y ampliación de la carretera Igualapa-Chilixtlahuaca-Alacatlatzala, tramo kilómetros 0+000 a 105+000; la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, tercera etapa de tres, en la localidad de Zacoalpan; y construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento en beneficio de la localidad del Tabaco.

En cuanto a los Programas Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, Fomento del Patrimonio Cultural Indígena, y Derechos Indígenas, conforme a lo que señalan sus reglas de operación, la información específica por tipo de apoyo o proyecto se tendrá una vez que sean dictaminadas y validadas las solicitudes presentadas, de acuerdo con la normativa aplicable. En cuanto este proceso sea cumplido, se procederá a informarle.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de marzo de 2014.— Licenciada Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INFORME ANUAL DE PETROLEOS MEXICANOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2013

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.DGVE/062/14, la maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite el informe anual de Petróleos Mexicanos 2013, adjuntando la documentación siguiente:

a) Acuerdo CA-022/2014, por el que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprueba el informe anual de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios 2013, y opina sobre la ejecución del Programa Anual y Estratégico de petróleos Mexicanos 2013;

b) Dictamen del auditor externo a los estados financieros 2012-2013 de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, elaborados conforme a Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, y

c) Reporte a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, que el comisario de Petróleos Mexicanos elaboró en cumplimiento del artículo 72 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 82 de su Reglamento.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así corno de sus anexos en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 28 de marzo de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Anexo al presente me permito enviarle el informe anual de Petróleos Mexicanos 2013, aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 868 extraordinaria, en cumplimiento al artículo 70 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Al referido Informe se adjunta la documentación siguiente:

a) Acuerdo CA-022/2014, por el que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprueba el informe anual de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios 2013, y opina sobre la ejecución del Programa Anual y Estratégico de petróleos Mexicanos 2013;

b) Dictamen del auditor externo a los estados financieros 2012-2013 de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, elaborados conforme a Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, y

c) Reporte a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, que el comisario de Petróleos Mexicanos elaboró en cumplimiento del artículo 72 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 82 de su Reglamento.

Lo anterior con el objeto de que, por su amable conducto, se haga llegar dicha información al honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de marzo de 2014.— Maestra Sharon M.T. Cuenca Ayala (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

RESULTADOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PEF DE 2013 EN EL RUBRO DEL CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-1-1641, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVE.064/14 suscrito por la maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales, responden el punto de acuerdo relativo al resultado sobre el ejercicio del gasto y las inversiones correspondientes a los recursos presupuestarios, definidos en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para conocer el impacto obtenido y el esperado en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, establecidas en el artículo 1o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 28 de marzo de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/300/250/14, que contiene punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, mediante el cual

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Gobernación, los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en conjunto con laos organismos descentralizados del Fondo de Desastres Naturales, del Fondo de Prevención de Desastres Naturales, del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de electricidad, hagan del conocimiento de esta soberanía, el resultado sobre el ejercicio del gasto y las inversiones correspondientes a los recursos presupuestarios, definidos en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para conocer el impacto obtenido y el esperado en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, establecidas en el artículo 1o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría superior de la Federación que en el Programa Anual de Auditorías 2014, sean considerados para su revisión los recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático en virtud que no han sido evaluados.

Sobre el particular, adjunto al presente sírvase encontrar la información presupuestal sobre el anexo 15, que remite la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de marzo de 2014.— Maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestra Sharon Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace.— Presente.

Hago referencia a su oficio número 100. DGVE.037/14, de fecha 4 de marzo de 2014, mediante el cual se remite a esta subsecretaría el oficio SELAP/300/250/14, emitido por la honorable Cámara de Diputados, en el que se exhorta los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en conjunto con sus organismos descentralizados, hagan de conocimiento del órgano legislativo, el resultado del gasto y las inversiones relacionados al anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, con el fin de y satisfacer las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas establecidas en el artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al respecto me permito enviar de forma anexa la información presupuestal sobre el anexo 15, “Recursos para adaptación y mitigación del cambio climático”, ejercido por el Ramo 18, Secretaría de Energía y sus organismos descentralizados, durante el año 2013. Esta información se presenta en una nota de síntesis, con anexos documentales proporcionados por las dependencias.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 27 de marzo de 2014.— Maestro Leonardo Beltrán Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Planeación y Transición Energética.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

El ejercicio presupuestal de 2013, aprobado por la honorable Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, referente al anexo 15, “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, para la Secretaría de Energía y sus organismos descentralizados fue de 688,187,998 pesos. Para este mismo concepto, el presupuesto aprobado para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fue de 3,533,988,992 y 45,417,244 pesos, respectivamente. Sin embargo, se realizaron modificaciones presupuestales corno se desarrolla a continuación.

Anexo 1

El presupuesto aprobado para la Secretaria de Energía y sus organismos descentralizados (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Instituto de Investigaciones Eléctricas e Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares), fue de 388,187,998 pesos, destinados a la gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía; promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía; supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía; actividades de apoyo administrativo; conducción de la política energética; coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad y seguimiento y evaluación de las políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía. El presupuesto que la secretaría y sus organismos descentralizados ejercieron durante el año para los conceptos anteriores, ascendió a 826,502,893.60 pesos.

Anexo 2

El presupuesto aprobado para el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease) fue de 300,000,000 pesos. El presupuesto que se depositó al Fotease durante el año fue de 300,000,000 pesos.

Al 1 de enero de 2013 el FOTEASE contaba con 1,048,640,958.89 pesos y al cierre de año con 872,166,240.70 pesos.

Anexo 3

El presupuesto aprobado para la Comisión Federal de Electricidad fue de 45,717,244 pesos, destinados a la promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. El presupuesto que CFE ejerció durante el año para este concepto ascendió a 32,643,522 pesos.

Anexo 4

El presupuesto aprobado para Petróleos Mexicanos fue de 3,685,828,553 pesos, para Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología. El presupuesto que PEMEX ejerció durante el año para este concepto ascendió a 3,685,828,552.59 pesos.

Nota:

1 El Fondo es el instrumento de la Secretaría de Energía para potenciar el financiamiento disponible para la transición energética, el ahorro de energía, el aprovechamiento de las energías renovables y tecnologías limpias, de acuerdo con los lineamientos de la política energética.

México, DF, a 10 de marzo de 2014.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

RESULTADOS SOBRE EL EJERCICIO DEL PEF DE 2013 EN EL RUBRO DEL CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-1-1641 signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNPC/0383/2014 suscrito por el ciudadano Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al resultado sobre el ejercicio del gasto y las inversiones correspondientes a los recursos presupuestarios, definidos en el Anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para conocer el impacto obtenido y el esperado en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, establecidas en el artículo 1o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 27 de marzo de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio SELAP/300/247/14, del 27 de febrero de 2014, mediante el cual solicita el resultado sobre el ejercicio del gasto y las inversiones correspondientes a los recursos presupuestarios, definidos en el Anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para conocer el impacto obtenido y los recursos estimados para el tema de cambio climático.

Al respecto, informo a usted que durante 2013 no se tuvieron comisiones fuera del Distrito Federal, ni en el extranjero, sólo se dedicó aproximadamente 50 por ciento del tiempo de una persona con cargo de jefe de departamento para atender dicho tema, resultando una erogación del gobierno federal de 173 mil 750 pesos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de marzo de 2014.— Luis Felipe Puente Espinosa (rúbrica), coordinador nacional.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

LEGISLACION AB60 DEL ESTADO DE CALIFORNIA, EN FAVOR DE LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1416, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0360/14, suscrito por el ciudadano Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a reconocer la decisión del Congreso y del gobernador del estado de California, de Estados Unidos de América, el señor Jerry Brown, para aprobar la legislación AB60, que permitirá a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia para conducir en ese estado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 27 de marzo de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado señor subsecretario,

Con fundamento en la fracción IV del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en apego a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a la proposición con punto de acuerdo aprobada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión del 25 de febrero del año en curso, el cual remitió para la atención de esta secretaría con oficio SELAP/UEL/311/ 293/14, misma que a continuación se trascribe:

“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reconoce la decisión del Congreso y del gobernador del estado de California, de Estados Unidos de América, el señor Jerry Brown, para aprobar la legislación AB60, que permitirá a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia para conducir en ese estado.”

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la información anexa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de marzo de 2014.— Emilio Suárez Licona (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reconoce la decisión del Congreso y del gobernador del estado de California, de Estados Unidos de América, el señor Jerry Brown, para aprobar la legislación AB60, que permitirá a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia para conducir en ese estado.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores toma nota del reconocimiento extendido por la Cámara de Diputados, al Congreso y gobernador de California por la aprobación de le legislación AB60.

• La Embajada de México en Estados Unidos emitió un comunicado de prensa el 4 de octubre de 2013, reconociendo la “trascendencia” de la firma de la citada ley. Asimismo, reitera el compromiso de la red consular de México en California de asistir a los mexicanos radicados en ese estado. Se encuentra disponible en:

http://embamex.sre.gob.mx/eua/index.php/ es/ comunicados2013/668.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

PROGRAMAS QUE DEN OPORTUNIDAD DE EMPLEO DIGNO Y JUSTO A LOS EGRESADOS DE LICENCIATURAS UNIVERSITARIAS Y TECNOLOGICAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1340, signado por el diputado José González Morfin, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/053/2014, suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a otorgar oportunidades laborales egresados de una carrera técnica o profesional, a efecto de que accedan a un trabajo digno que les permita a los jóvenes profesionistas integrarse al desarrollo nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 28 de marzo de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/292/14, signado por el encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo, maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 25 de febrero pasado, inherente al otorgamiento de oportunidades laborales a egresados de una carrera técnica o profesional, mismo que a continuación se transcribe:

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las distintas dependencias de la administración pública federal, centralizada, paraestatal y al sector empresarial, para que dentro del ámbito de sus distintas competencias sean otorgadas oportunidades laborales a egresados de una carrera técnica o profesional, a efecto de que accedan a un trabajo digno que les permita a los jóvenes profesionistas integrarse al desarrollo nacional.”

Al respecto, comunico a usted que se tomó debido conocimiento del aludido punto de acuerdo, siendo importante resaltar que, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de ésta para beneficio de la sociedad, se estableció el mecanismo denominado Sistema de Servicio Profesional de Carrera, cuyos principios rectores son la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, por lo que los aspirantes a ingresar al sistema deberán de cumplir con los requisitos establecidos al efecto.

Por otra parte, es de mencionarse que en enero del presente año, esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, inició la gestión de un proyecto denominado “Programa de Inspección con Apoyo de Estudiantes de la Cámara de Seguridad e Higiene del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica”, con el propósito de que los alumnos que cursen la carrera técnica de seguridad e higiene y protección civil, desarrollen sus prácticas profesionales participando en las visitas de inspección en materia de seguridad e higiene en compañía de inspectores federales del trabajo adscritos a esta secretaría, de tal manera que les permita aplicar sus conocimientos adquiridos durante la carrera y, al mismo tiempo, coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, sin descartar la posibilidad de que al concluir su servicio social y/o prácticas profesionales sean considerados para ocupar alguna plaza de inspector federal del trabajo.

Cabe destacar que la carrera de seguridad e higiene y protección civil se imparte en nueve estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León, Sinaloa con siete planteles, Sonora con 3 planteles al igual que Tlaxcala; y su plan de estudios se compone de 73 materias (algunas de ellas optativas) distribuidas en 6 semestres, entre las que se encuentran: interpretación del marco jurídico y normativo, control y prevención de incendios, análisis de riesgos y factores de riesgo, control de sustancias infectocontagiosas, elaboración de planes integrales de seguridad e higiene y manejo, almacenamiento, transporte y confinamiento de sustancias peligrosas.

Derivado de lo anterior, esta dependencia continuará dando impulso al proyecto de mérito, con el objetivo de lograr robustecer el conocimiento y capacidad de estos estudiantes, que facilite su inclusión al mercado laboral.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de marzo de 2014.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

ELIMINACION DEL REQUISITO DE VISA QUE SE EXIGE A LOS CIUDADANOS MEXICANOS QUE VISITAN CANADA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-3080, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0357/14, suscrito por el ciudadano Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a que en el marco de la VII Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada el pasado 19 de febrero, en Toluca, estado de México, el titular del Ejecutivo federal promoviera frente a sus homólogos los asuntos migratorios y particularmente el tema de la eliminación del requisito de visa que se exige a los ciudadanos mexicanos que visitan Canadá.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 27 de marzo de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado señor subsecretario.

Con fundamento en la fracción IV del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones, y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a la proposición con punto de acuerdo aprobada parla Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión del 18 de febrero del año en curso, el cual remitió para la atención de esta Secretaría con oficio número SELAP/UEL/311/231/ 14, misma que a continuación se trascribe:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de la VII Cumbre de Líderes de América del Norte, por celebrarse el próximo 19 de febrero, en Toluca, estado de México, solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a promover frente a sus homólogos los asuntos migratorios y particularmente trata el tema de la eliminación del requisito de visa que se exige a los ciudadanos mexicanos que visitan Canadá.

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la información anexa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2014.— Emilio Suárez Licona (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de la VII Cumbre de Líderes de América del Norte, por celebrarse el próximo 19 de febrero, en la ciudad de Toluca, estado de México, solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a promover frente a sus homólogos los asuntos migratorios y particularmente trata el tema de la eliminación del requisito de visa que se exige a los ciudadanos mexicanos que visitan Canadá.

• El 13 de julio de 2009, Canadá impuso el requisito de visa a nacionales mexicanos que viajan a ese país en calidad de turista o personal de negocios. Tras dicha decisión el turismo de mexicanos a Canadá bajó de 257 mil en 2008 a 131 mil 600 en 2012. Se estima que de haberse mantenido la tendencia previa el total de viajeros mexicanos a ese país sería hoy de 375 mil turistas al año.

• México ha expresado reiteradamente su deseo de que la visa se elimine a la brevedad posible. Ha recalcado la importancia mutua de fomentar los lazos entre ambas sociedades.

• Asimismo, ha insistido ante el gobierno de Canadá en facilitar la expedición de documentación migratoria y el tránsito de personas. Como resultado, Canadá ha creado procedimientos especiales para trabajadores del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), visitantes oficiales, estudiantes y empresarios. También ha abierto centros de procesamiento de visas en México, Monterrey y Guadalajara, reduciendo los tiempos de espera para la obtención de visas.

• El presidente Enrique Peña Nieto efectivamente abordó el tema de las visas con el primer ministro Stephen Harper, en el marco de la reunión que sostuvieron en México el 18 de febrero. Los mandatarios coincidieron en la importancia de facilitar el flujo legítimo de personas entre ambos países dentro de los respectivos marcos jurídicos de cada país. El propio presidente se refirió al intercambio sostenido en su intervención ante los medios tras el encuentro bilateral (http:www.residencia. gob.mx/articulos-prensa/mensaje-a-medios-de-cominicacion-del-presidente-de-los- estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-el-marco-de-la-visita -oficial-del-primer-ministro-de-canada-stephen-harper/).

• El día siguiente, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, los líderes de México, Canadá y Estados Unidos acordaron facilitar el movimiento de personas mediante el establecimiento del Programa de Viajeros Confiables de América del Norte. Contempla el reconocimiento mutuo de los programas existentes en la materia –Nexus, Global Entry, Sentri y Viajero Confiable– que facilitan la entrada y salida de viajeros en los tres países. Lo anterior se constituye como un paso importante en el ámbito regional.

• México seguirá actuando con sentido estratégico para propiciar un dialogo informado y sustantivo con los diferentes actores canadienses que apoyan la eliminación de la visa. El tema seguirá siendo abordado con autoridades canadienses.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

PADRON DE BENEFICIARIOS Y RESULTADOS PERIODICOS DEL PROGRAMA DE CREACION DE EMPLEO EN ZONAS MARGINADAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1237, signado por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2014.DGVP.186, suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a hacer del conocimiento público en Internet, el padrón de beneficiarios y los resultados periódicos del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, con relación al Presupuesto otorgado para los ejercicios fiscales 2009-2012.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 27 de marzo de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio número SELAP/UEL/311/118/14, con fecha 30 de enero de 2014, por el que se comunica punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el pasado 29 de enero relativo al siguiente resolutivo:

Único.La Comisi6n Permanente exhorta a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa para que a través del secretario de Economía, haga del conocimiento público en su sitio de Internet el padrón de beneficiarios y los resultados periódicos del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, con relación al Presupuesto otorgado para los ejercicios fiscales 2009-2012.”

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), informa que considerando que los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y los destinatarios a quienes se entreguen recursos públicos, así como los informes que dichos destinatarios presenten sobre el uso y destino de los recursos otorgados.

De igual forma las dependencias y entidades deberán publicar en sus sitios de internet a más tardar dentro de los primeros diez días hábiles del mes de julio de cada año, la información relativa a programas de estímulos, apoyos y subsidios. Dicha información deberá actualizarse cada tres meses y contener, por lo menos, los siguientes elementos:

I. El nombre o denominación del programa;

II. La unidad administrativa que lo otorgue o administre;

III. La población objetivo o beneficiaria, así como el padrón respectivo con el nombre de las personas físicas o la razón o denominación social de las personas morales beneficiarias;

IV. Los criterios de la unidad administrativa para otorgarlos;

V. El periodo para el cual se otorgaron;

VI. Los montos; y

VII. Los resultados periódicos o informes sobre el desarrollo de los programas.

Dicha circunstancia fue prevista en el acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la operación de Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas (PCEZM) de la Secretaría de Economía, específicamente en el numeral 36, que a la letra cita:

Artículo36. Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se instrumentarán las siguientes acciones:

(...)

La información de montos, y beneficiarios se publicar4 en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Aunado a lo anterior, y toda vez que en la actualidad el Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas ya no cuenta con partida presupuestal o recursos que permitan cumplimentar sus objetivos, el Inadem someterá a consideración del consejo directivo de dicho programa, la publicación de los padrones de beneficiarios, y los resultados periódicos del programa de creación de empleo en zonas marginadas 2009-2012, a través del portal de obligaciones de transparencia de la página oficial de la Secretaría de Economía.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el l de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, se solicita atentamente hacer del conocimiento del honorable Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar1e un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 25 de marzo de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite al promovente, para su conocimiento.

PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y el manual administrativo correspondiente, adjunto el oficio número INMUJERES-DF/ DG/ 132/ 02-2014,de fecha 12 de febrero de 2014, suscrito por la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, mediante el cual remite respuesta al punto de acuerdo DGPL 62-II-2-953, donde se comunicó por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva LXII Legislatura de ese órgano legislativo, la aprobación en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de febrero de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez, coordinador general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

Me dirijo a usted enviándole un afectuoso saludo, al tiempo que le extiendo una cordial felicitación, deseándole lo mejor para 2014, en el que habremos de estrechar lazos para continuar el impulso de la vida democrática de las mujeres, así como garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por el cumplimiento de los instrumentos normativos en la materia.

En respuesta del oficio número SG/ CEL/ PA/ 005/ 2014,donde hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y solicita hacer una respuesta para remitirla al órgano legislativo.

El punto de acuerdo a que se refiere está plasmado en el oficio de la Cámara de Diputados, para el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe del gobierno del Distrito Federal, número DGPL 62-II-2-953, expediente número 3017, que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto de su autonomía, exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal a incorporar la perspectiva de género en la planeación y el diseño de su Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal de 2014.

Al respecto, le comento que el gobierno del Distrito Federal se encuentra ampliamente comprometido con el tema de presupuestos públicos con igualdad de género. Este proceso inició en 2007, en el cual se revisaron los programas operativos anuales de los entes públicos del gobierno de la ciudad. En colaboración, el Instituto de las Mujeres y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal dan respuesta a la demanda de muchos años, por parte del movimiento feminista y en cumplimiento de los instrumentos internacionales, en especial a la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de la Organización de Naciones Unidas (Beijing, 1995), que plantea que los gobiernos deben introducir la transversalidad de género, tienen que tomar en cuenta en todos los ámbitos de la administración del Estado y en todas las acciones y los niveles de gobierno los efectos que tienen sus políticas para las mujeres y los hombres y de qué manera las medidas programadas mejoran la situación específica de las mujeres.

El presupuesto con perspectiva de género en la Ciudad de México ha desarrollado sus bases sobre seis pilares: 1. Marco jurídico, 2. Programación y presupuestación, 3. Programa de capacitación y especialización, 4. Desarrollo de habilidades para la gestión pública, 5. Análisis de los presupuestos públicos con perspectiva de género, y 6. Evaluación y monitoreo del proceso.

El primer pilar, “Marco jurídico”, cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos:

• Ley de Desarrollo Social, su Reglamento (publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1 de noviembre de 2006), establece en el capítulo IV, “De la planeación, programación y presupuestación”, artículo 38, que “para garantizar la incorporación de los principios de la ley en el Programa de Desarrollo Social, éste deberá incluir: Fracción III. Estrategias, mecanismos e instrumentos para la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas y del análisis presupuestal”. Asimismo, la fracción XIV establece generar metodologías.

• Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, publicado el 11 de septiembre de 2013, en “Antecedentes y visión de nuestra ciudad”, se menciona: “En este contexto, se seguirá impartiendo a funcionarias y funcionarios públicos capacitación en materia de derechos humanos y políticas públicas con perspectiva de género. Asimismo, se dará continuidad al presupuesto con perspectiva de género, único en su tipo, que obliga a todas las dependencias a aplicar recursos para disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres”.

• Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de mayo de 2007, que en el artículo 10 señala: “La política en materia de igualdad sustantiva que se desarrolle en todos los ámbitos de gobierno en el Distrito Federal deberá considerar los siguientes lineamientos: y en la fracción II señala “Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la progresividad, la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”.

• Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2008 (publicado el 13 diciembre de 2007), en el artículo sexto transitorio dispone la creación de la Comisión Interinstitucional de Género (Cige) del Distrito Federal, con objeto de “dar seguimiento al presupuesto destinado a la perspectiva de equidad de género, así como integrar un informe trimestral para informar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre las acciones realizadas en esta materia”.

• Acuerdo por el que se crea la Cige. Publicado el 4 de marzo de 2008, señala su objetivo, integrantes y atribuciones.

• Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, publicada 29 de enero de 2008, establece en el artículo 75: “Las dependencias, las entidades y los dieciséis órganos político-administrativos de la administración pública del gobierno del Distrito Federal encargadas del cumplimiento del objeto de la presente ley deberán requerir como prioritarios en su programa operativo anual las partidas y los recursos necesarios para su cumplimiento”. Y en el artículo 76 indica: “El proyecto de Presupuesto de Egresos anual deberá incluir como prioritarios, con base en los presupuestos operativos anuales enviados por las dependencias, las partidas y los recursos necesarios para la aplicación y cumplimiento de la presente ley”.

• Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2013-2018, publicado en la Gaceta oficial el 8 de marzo de 2013, es el instrumento rector que orienta los programas, los proyectos y las acciones de género a nivel interinstitucional que contribuye a la disminución permanente y gradual de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, en el se establecen cinco criterios básicos, entre los cuales se encuentra el de Presupuesto Público con Perspectiva de Género, y sobre los criterios señala que “deberán ser incorporados a todos los entes públicos del gobierno del Distrito Federal y tendrán por finalidad facilitar la realización y el cumplimiento de las líneas de acción desarrolladas en este programa”.

• Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicada el 31 diciembre de 2009. En el artículo 10 establece la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de presupuestación basado en resultados. Menciona que será obligatoria para todas las unidades responsables del gasto la inclusión de programas orientados a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de género. Para tal efecto, deberán considerar lo siguiente:

I. Incorporar el enfoque de género y reflejarlo en los indicadores...

II. Identificar y registrar la población objetivo...

III. Fomentar el enfoque de género... identificar de forma diferenciada los beneficios para mujeres y hombres

IV. Aplicar el enfoque de género en las evaluaciones...

V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres...

VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.

• El Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, y con modificaciones publicadas el 31 de diciembre de 2012, en los artículos 142 y 143 establece el procedimiento para la elaboración del informe de equidad de género, que trimestralmente se remitirá a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en el artículo 143, primer párrafo, indica los periodos de entrega: “Para integrar la información a que se refiere el artículo anterior se considerará lo siguiente: I. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades enviarán a la secretaría y al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, dentro de los 15 días naturales siguientes de concluido cada trimestre la información correspondiente, de acuerdo a los criterios establecidos por la secretaría”.

•Manual de Programación y Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2014, indica en el apartado “Igualdad de género” que “de acuerdo con la LPGEDF y su Reglamento, los anteproyectos de Presupuesto deberán contener la perspectiva de género y de derechos humanos en su elaboración. Por lo que resulta obligatoria para las unidades la inclusión de programas orientados a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, así como promover acciones para ejecutar el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2013-2018”.

El año pasado, además de cumplir la normatividad, se fortaleció el pilar 3, “Programa de Capacitación y Especialización”, al efectuarse el Seminario de presupuestos públicos con perspectiva de género, que tuvo como objetivo general “proporcionar instrumentos teóricos y metodológicos sobre presupuestos públicos con perspectiva de género a los servidores públicos de las áreas administrativas de 80 unidades responsables del gasto, a fin de obtener conocimientos básicos sobre el tema, sobre las buenas prácticas de los últimos seis años, y para elaborar el programa operativo anual para 2014 con perspectiva de género.

Asimismo, con objeto de fomentar la continuidad de los presupuestos públicos con perspectiva de género desde el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal se envió un exhorto a todas las unidades responsables del gasto que presupuestan en género mediante el oficio INMUJERES-DF/ DG/ 1053/ 11-13, emitido el 8 de noviembre de 2013, el cual mencionaba: “Le solicito de la manera más atenta que tenga a bien a instruir al personal del ente público que dignamente dirige a fin de presupuestar en la vertiente 12, ‘Género’, resultado 13, ‘Se reducen las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres’ los recursos necesarios para garantizar la igualdad sustantiva, en el marco de lo establecido en el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2013-2018 y dar cumplimento a la legislación vigente”.

Finalmente, entre los avances más significativos del gobierno del Distrito Federal se encuentra la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de presupuestación, que ha sido progresivo desde su creación, en 2008, hasta 2013, comenzó con mil 256 millones de pesos (mdp) y el año pasado programó mil 817 mdp, con un incremento de 584 mdp, que en términos porcentuales significa un incremento de 47 por ciento. Este proceso ha mejorado en términos de calidad al disminuir brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, y en la cantidad de presupuesto invertida y en el número de dependencias que realizan programas, proyectos y acciones en materia de igualdad sustantiva.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de febrero de 2014.— Beatriz Santamaría Monjaraz (rúbrica), directora general.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciada Beatriz Santamaría Monjaraz, directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y el manual administrativo correspondiente, adjunto el oficio número DGPL 62-II-2.-953, de fecha 3 de diciembre de 2013, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno de la Cámara.

Motivado en lo anterior, solicito respetuosamente que sirva dictar sus apreciables instrucciones a efecto de hacer llegar a la Secretaría de Gobierno la respuesta validada por usted, que se ha de remitir al órgano legislativo correspondiente, de la información que considere necesaria para atender dicho planteamiento en los términos solicitados.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de enero de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

2014 AÑO DE OCTAVIO PAZ

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al Secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; adjunto oficio OM/CGAA/61/2014 de fecha, 25 de febrero del 2014, suscrito por el Coordinador General de Apoyo Administrativo de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, mediante el cual remite respuesta al acuerdo D.G.P.L.62-II-2-956, en donde se comunicó por parte del diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación de éste en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de marzo de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez, coordinador de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobierno.— Presente.

Anexo para su atención correspondiente oficio No. OM/CGAA/ 61/2014 de fecha 25 de febrero del año en curso, signado por el Lic. Martín Makagawa Rodríguez, Coordinador General de Apoyo Administrativo, a efecto de brindar la atención procedente a la solicitud contenida en el oficio OM/CGCS/15912014, suscrito por Fernando Macías Cué, Coordinador General de Comunicación Social, adjunto al presente el formato muestro que a dicho oficio se acompaña, en el que constan las especificaciones tipográficas que deberán utilizarse en los comunicados oficiales durante el año 2014, con el objeto de dar debido cumplimiento al punto de acuerdo aprobado el pasado 3 de diciembre de 2013, por el pleno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Por lo anterior en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales se deberá escribirla Leyenda “2014, Año de Octavio Paz”,

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de febrero de 2014.— Lauro Antonio Martínez Salas (rúbrica), secretario particular del ciudadano secretario de Gobierno.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por este medio y atención al diverso SG/CEL/PA/511/2013, a través del cual el coordinador general de Enlace Legislativo, hizo del conocimiento que la Cámara de Diputados del honorable Congresos de la Unión en la sesión celebrada el 3 de diciembre de 2013, determinó aprobar un punto de acuerdo en el que se exhorta al jefe del gobierno a que en todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales se inscriba la leyenda “2014, Año de Octavio Paz”; se giró el oficio OM/CGAAI 028/2014, al coordinador general de Comunicación Social, a efecto de que en el ámbito de las facultades que tiene conferidas se diera la atención correspondiente al presente asunto.

Por lo anterior el citado coordinador por medio del diverso OM/CGCS/159/2014, informó que en atención a los solicitado les requirió a las secretarías y órganos desconcentrados, descentralizados, paraestatales y auxiliares dar el cabal cumplimiento al citado punto de acuerdo: del cual para pronta referencia se anexa copia.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 25 de febrero de 2014.— Licenciado Martín Makagawa Rodríguez (rúbrica), coordinador general de Apoyo Administrativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Martín Nakagawa Rodríguez, coordinador general de Apoyo Administrativo de la Oficialía Mayor.— Presente.

En atención a su oficio OM/CGM/028/2014 y en cumplimiento a lo dispuesto del punto de acuerdo en donde se exhorta, a que todas las plataformas de comunicación y documentos oficiales se inscriba la leyenda “2014, Año de Octavio Paz”.

Al respecto le informo que esta coordinación, solicitó –por medio de oficio– a las secretarías y órganos desconcentrados, descentralizados, paraestatales y auxiliares; dar cabal cumplimiento al citado punto de acuerdo, asimismo se anexo el formato muestra con la tipografía y el uso correcto de la referida leyenda.

Atentamente

México, DF, a 17 de febrero de 2014.— Fernando Macías Cué (rúbrica), coordinador general de Comunicación Social.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Leyenda que debe ser utilizada en los oficios de todas las dependencias del gobierno del Distrito Federal.

“2014, Año de Octavio Paz”

Fuente tipográfica: Arial

Estilos: Bold (negrita) y cursiva itálica

Tamaño de fuente: 12 puntos

Alineación: a la derecha

Tinta: negro al 100 por ciento

Deberá colocarse entrecomillada, debajo del cabezal, dos renglones debajo del nombre de la dependencia y 2 renglones arriba de la fecha.

México, DF, a 27 de enero de 2014..»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Édgar Armando González Rojas, Oficial Mayor de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los Gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; ya lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; adjunto oficio D.G.P.L. 62-II-2-956 de fecha, 3 de diciembre del 2013, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno de esa Cámara.

Motivado a lo anterior, solicito respetuosamente, sirva girar sus apreciables instrucciones, a efecto de hacer llegar a la Secretaría de Gobierno, la respuesta validada por usted, que se ha de remitir al órgano legislativo correspondiente, de la información que considere necesaria para atender dicho planteamiento en los términos solicitados.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de diciembre de 2013.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

CENTROS DE ACOPIO PARA CAPTAR LOS ARBOLES NAVIDEÑOS NATURALES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al Secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno locales, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; adjunto oficio SEDEMA/TMG/203/2014, de fecha 10 de marzo del 2014, suscrito por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, mediante el cual remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-6-1177, donde se comunicó por parte de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 22 de enero de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez, coordinador general de Enlace Legislativo.— Presente.

En atención al oficio número SG/CEUPA/134/2014, de fecha 4 de febrero de 2014, al cual adjunta oficio número D .P.L. 62-II-61177, de fecha 22 de enero de 2014, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno de esa Cámara.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los gobiernos de las entidades federativas del país, así como del Distrito Federal, prevean y promuevas ante los gobiernos municipales, la implementación de centro de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina, donde la población pueda acudir a estregarlos para su posterior procesamiento.

Al respecto, se informa que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, delegaciones del Distrito Federal y tiendas WalMart, realizan a partir del 2008 el programa de reciclamiento del árbol de navidad, estableciendo puntos de acopio en la ciudad para el tratamiento de este material. (Se anexan estadísticas de los avances, así como la ubicación de los centros de acopio implementados para el periodo 2013-2014).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 10 de marzo de 2014.— Maestra en Ciencias Tanya Müller García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite al promovente, para su conocimiento.

INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LOS TRAMOS CARRETEROS QUE FORMAN EL CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a su oficio D.G.P.L.62-II-3-1421, expediente 2570, de fecha 25 de febrero de 2014, en el cual exhorta al gobierno del estado de México para que se promueva ante Concesionaria Mexiquense, SA de CV, la construcción de infraestructura sanitaria, en la autopista Circuito Exterior Mexiquense.

Sobre el particular, me permito informarle que la empresa concesionaria en coordinación con este organismo está llevando a cabo los estudios de factibilidad necesarios para la construcción de estaciones de servicio a lo largo del Circuito Exterior Mexiquense, con estas acciones se cumplirá con los requerimientos de los usuarios de la autopista, al ofertar mejores condiciones de servicio.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Naucalpan, México a 24 de marzo de 2014.— Contador Público José R. Alcalá Angelino (rúbrica), suplente de la Dirección del SAASCAEM.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER PÁRRAFO DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I. a V. ...

VI. ...

...

...

a) ...

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y r televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) ...

...

...

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 26 de marzo de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

ÚNICO. Se reforma el inciso e) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. a V. ...

VI. Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en las materias siguientes:

a) a d)...

e) Planeación nacional del desarrollo, que incluye el ordenamiento ecológico;

f) a l)

VII. a XXVIII. ...

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 26 de marzo de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. y se adicionan los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7° Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE USO Y REGULACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 7°; y se adicionan la fracción V Ter al artículo 12; y la fracción X Bis al artículo 14, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7°. ...

I. - a VI. ...

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

VIII. a la XVI. ...

Artículo 12....

I. a V Bis. ...

V Ter. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo;

VI. a XIV. ...

Artículo 14. ...

I. a X. ...

X Bis. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento;

XI. a XIII. ...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la autoridad educativa federal emitirá los lineamientos a que se hace referencia en la fracción V Ter del artículo 12 del presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.México, DF, a 26 de marzo de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Ruego a la Secretaría dar lectura solamente a los puntos resolutivos de un acuerdo de la Mesa Directiva.

MINUTAS PENDIENTES DE DICTAMEN, RECIBIDAS ANTES DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 2009

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados relativo a las minutas pendientes de dictamen, recibidas antes del 1 de septiembre de 2009.

La Mesa Directiva, con fundamento en la atribución que le confieren los artículos 20, numeral 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 260, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el marco de lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como séptimo y octavo transitorios del Reglamento mencionado, y de conformidad con los siguientes

Considerandos

I. Que los artículos 20, numeral 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 260, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, facultan a la Mesa Directiva para realizar la interpretación de las normas y ordenamientos  relativos a la actividad parlamentaria que se requieran para el cumplimiento de sus atribuciones y de  los trabajos legislativos.

II. Que el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el proceso legislativo que seguirá todo proyecto de ley o decreto cuya aprobación no sea exclusiva de alguna de las cámaras que integran el Congreso de la Unión.

III. Que el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que si una iniciativa o minuta no es dictaminada y/o resuelta en comisiones en el lapso correspondiente, ésta deberá presentarse en sus términos al ámbito del Pleno para que sea resuelta.

En este sentido, el propio artículo 184 dispone y da la pauta para que la Mesa  Directiva acuerde lo conducente.

IV. Que el Reglamento mencionado establece en su artículo séptimo transitorio que “las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, podrán acordar los procedimientos a los que se sujetarán las minutas pendientes de dictamen en la Cámara de Diputados, presentadas desde el 1 de septiembre de 2009, hasta la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento”.

Que, por lo que se refiere a las minutas presentadas antes del 1 de septiembre de 2009 pendientes de dictamen, el artículo octavo transitorio del ordenamiento antes citado da la potestad a la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos para resolver lo conducente.

En este contexto y a consulta de esta Mesa Directiva, los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en dicho órgano manifestaron su anuencia para que proponga al Pleno un acuerdo con objeto de resolver la conclusión del proceso legislativo de las minutas presentadas antes del 1 de septiembre de 2009.

Asimismo, en el marco de lo establecido en los artículos transitorios en comento, el 25 de septiembre de 2013 las mesas directivas de las cámaras de Diputados y de Senadores sostuvieron reunión de trabajo con objeto de analizar diversos temas, entre los cuales destaca el rezago legislativo en materia de minutas.

Sobre el particular, las mesas directivas reunidas coincidieron en la necesidad de desahogar el cúmulo de minutas no resueltas recibidas por cada una de las cámaras antes del 1 de septiembre de 2009, es decir antes del inicio de la LXI Legislatura, con objeto de abatir el rezago y generar las condiciones que permitan enfocar los esfuerzos del legislativo por resolver los asuntos cuyo interés permanece vigente.

V. Que, por otra parte, uno de los propósitos principales del legislador al expedir el Reglamento de la Cámara de Diputados fue procurar y conseguir el abatimiento del rezago legislativo.

Derivado de lo anterior se tiene el precedente de que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hizo del conocimiento del Pleno de esta Cámara, con fecha 23 de noviembre de 2011, una comunicación relativa a la resolución como asuntos totalmente concluidos de las iniciativas presentadas antes del 1 de septiembre de 2009, que se encuentran pendientes de dictamen, y las iniciativas que no fueron seleccionadas en el plazo establecido en el acuerdo de fecha 13 de octubre de 2011, incluidas aquellas presentadas antes de la LVII Legislatura, publicada en la Gaceta Parlamentaria de esa fecha.

VI. Que actualmente en la Cámara de Diputados existen 171 expedientes que datan de la LX Legislatura y anteriores, respecto a los cuales han transcurrido más de seis años desde su recepción, motivo por el cual sus contenidos se encuentran desfasados del marco jurídico actual, y en muchos casos han perdido materia, lo que representa un impedimento para la continuidad de su proceso legislativo.

VII. Que tomando en cuenta lo anterior, la oportunidad que brindan las disposiciones transitorias invocadas, así como la voluntad expresa de la colegisladora y los coordinadores de los grupos parlamentarios, se estima conveniente proponer al Pleno la conclusión del proceso legislativo de las minutas recibidas por cada una de las cámaras antes del 1 de septiembre de 2009.

Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones, la Mesa Directiva somete a la consideración al Pleno el siguiente:

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados relativo a las minutas pendientes de dictamen, recibidas antes del 1 de septiembre de 2009.

Primero. Se declara finalizado el proceso legislativo a que se refiere el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las minutas de ley o decreto referidas en el anexo al presente acuerdo y que fueron recibidas antes del 1 de  septiembre de 2009.

Archívense como asuntos total y definitivamente concluidos y actualícense los registros parlamentarios.

Segundo.Comuníquese lo anterior a la Cámara de Senadores, con objeto de que proceda en consecuencia y actualice sus registros parlamentarios.

Tercero. Se manifiesta la anuencia de la Cámara de Diputados para que el Senado resuelva lo conducente respecto a las minutas de ley o decreto recibidas por esa Cámara antes del 1 de septiembre de 2009.

Cuarto.En el caso de que alguna comisión ordinaria de la Cámara de Diputados haya iniciado el proceso de resolución de alguna de las minutas citadas en el anexo, tendrá que informarlo a la Mesa Directiva y deberá remitirle su dictamen a más tardar el 30 de abril del presente año, a efecto de que el proyecto continúe su proceso legislativo.

De no recibirse dictamen, la Mesa Directiva procederá a archivar los expedientes en los términos del presente acuerdo.

Quinto. Publíquese el acuerdo y su anexo en la Gaceta Parlamentaria e incorpórese al Diario de los Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2014.— Diputados: José González Morfín (rúbrica), Presidente; Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), vicepresidentes; Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Xavier Azuara Zúñiga (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Merilyn Gómez Pozos (rúbrica), Magdalena Núñez Monreal (rúbrica), Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión. Al no haber quien solicite la palabra voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del acuerdo de la Mesa Directiva, en razón de que se trata de minutas que están en los expedientes desde hace tres Legislaturas. Cinco minutos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de niños y niñas de la Escuela Secundaria Oficial número 104, Licenciado Benito Juárez, del municipio de San Andrés Xaltenco, del estado de México que nos acompañan el día de hoy aquí en la sesión, invitados por el diputado Javier Salinas Narváez. Bienvenidas y bienvenidos todos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 376 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Presidente, quiero votar de viva voz.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya se cerró el sistema. Le pido que lo haga del conocimiento de la Secretaría, pero ya está cerrado el sistema y ya está cantada la votación.

Le pido a la Secretaría que continúe con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnado para estudio y dictamen, el expediente No. 867, que contiene minuta con proyecto de decreto, remitida por el Senado de la República, el 29 de abril de 2013.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la minuta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3755-X, del martes 23 de abril de 2013, y en esa misma fecha la Mesa directiva le dictó turno a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El objetivo de la minuta es establecer derechos para los mexicanos repatriados por gobiernos de otros países, en el proceso de su recepción en el país y su estancia en los lugares de detención provisional. En este sentido, se remite para la consideración de este órgano legislativo un proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 84 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con los términos del proyecto de decreto que se propone, en virtud de que, por un lado, nuestro país ha estado siempre comprometido con la defensa irrestricta de los derechos humanos de las personas en nuestro territorio, sin importar nacionalidad ni condición migratoria, como queda demostrado por el hecho de ser parte de todos los instrumentos internacionales y regionales en la materia.

Por otro lado, esta circunstancia ha sido ratificada en la reforma al artículo 1o. Constitucional, en materia de derechos humanos, que eleva a rango constitucional las disposiciones en esta materia contenidos en los instrumentos internacionales de los que México sea parte, establece la obligación de los tres órdenes de gobierno de observar estos instrumentos en la implementación de sus legislaciones, políticas y decisiones judiciales, y el principio pro homine en todas sus decisiones.

De la misma manera y en este mismo sentido, México ha firmado y ratificado todos los instrumentos internacionales que velan por los derechos humanos de los migrantes, y emitido una legislación en materia migratoria y de refugiados, que obliga a las autoridades responsables de estos temas a velar en todo momento por su garantía y protección.

Es este el sentido de las reformas propuestas, y por ello que esta comisión coincide de manera plena y en sus términos con el proyecto que se dictamina, por lo que la hace propia y acuerda dictaminarla por la afirmativa, en sus términos, en virtud de lo cual somete al pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población

Artículo Único.Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 84. ...

Asimismo, la secretaría vigilará que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten los siguientes derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia:

I. Acceder a comunicación telefónica;

II. Recibir agua y alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica;

III. Ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir;

IV. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

V. Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México;

VI. Que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente;

VII. Que se cuente con espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada;

VIII. Que en las instalaciones se evite el hacinamiento, y

IX. Recibir un trato digno y humano.

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción.

Transitorios

Primero. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con las disposiciones en materia de recepción de repatriados, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. 20 de febrero de 2014.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez, Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Antonio de Jesús Díaz Athié, Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado, Lorena Méndez Denis, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones y un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos, para prevenir riesgos en los asentamientos humanos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones y un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos, para prevenir riesgos en éstos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos y un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de prevenir riesgos en los asentamientos humanos.

En uso de las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se abocó al análisis, la discusión y la valoración de las proposiciones, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2013, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos y un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos para prevenir riesgos en los asentamientos humanos, que fue firmada por el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Con el oficio número DGPL 62-II-2-916, del 26 de noviembre de 2013, y con número de expediente 3296, la Mesa Directiva turnó para dictamen la iniciativa en comento a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, el oficio fue recibido el 27 de noviembre del mismo año.

II. Objeto y descripción de la iniciativa

La proponente considera que el cambio climático impacta a “millones de personas en condición de riesgo, afectando aún más aquellas en situación de pobreza y vulnerabilidad”. En el caso de México, calcula que cerca de 22 millones de personas están expuestas a “ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y descargas eléctricas; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados”.

Señala asimismo que en México hay “74 centros de población expuestos a riegos por los fenómenos hidrometeorológicos”. Además, “las ciudades están creciendo con graves problemas de desorden, carencias y deterioro. La dispersión y en muchos casos, la no existencia de reservas territoriales que orienten el crecimiento, propicia que se ocupen tierras vulnerables a riesgos naturales [...] por lo que la previsión de incidencia de estos eventos en las zonas de mayor vulnerabilidad del país, requiere atención inmediata, esencialmente ante los efectos negativos crecientes del cambio climático.

“Adicionalmente, considera que los fenómenos meteorológicos que tuvieron lugar en septiembre 15 y 16 de 2013 en nuestro país “pusieron al descubierto las debilidades institucionales y, en más un caso [sic], la corrupción de autoridades, propietarios y empresas que propiciaron la ocupación de asentamientos humanos o instalación de infraestructura estratégica en zonas de alto riesgo, sin precaución ni medida de protección alguna”.

De ahí que concluya en su diagnóstico que “falta normatividad específica que atienda a una mejor planeación para la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres naturales y el cambio climático”, además de que no se cuenta “con instrumentos de planeación y ordenación del territorio como planes o programas de desarrollo urbano e incluso con atlas de riesgo ni con un esquema normativo eficaz para la protección de sus habitantes y sus bienes y servicios”.

La proponente sostiene que a pesar de que la Ley General de Asentamientos Humanos vigente “contempla diversas normas o regulaciones específicas en materia de riesgos y protección civil”, y “se carece de un instrumento normativo rector a nivel nacional, que fije los criterios generales para la ocupación del territorio en zonas de riesgo”.

En consecuencia, plantea como propósito de su Iniciativa “atender con medidas preventivas los riesgos que se generan en los asentamientos humanos por los fenómenos hidrometeorológicos que han quedado referidos”. Para ello propone reformas de la ley en comento con el fin de “crear un instrumento normativo que contribuya a evitar situaciones críticas, “así como sus costos sociales y económicos en el desarrollo de los centros urbanos del país, mediante la aplicación y cumplimiento de lineamientos en materia de planeación urbana, que permitan disminuir riesgos para toda la población”.

En primer lugar, la proponente plantea actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con base en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero de 2013. Así se reforman el artículo 2o. en su fracción XVII y el artículo 7o. en su primer párrafo. Esta modificación de forma es acorde con la reforma en comento.

Sin duda, el elemento central de la Iniciativa objeto del presente dictamen es la prevención del riesgo en los asentamientos humanos, de ahí que se propongan adiciones y modificaciones a la Ley vigente, que cabe clasificar en tres tipos: modificaciones junto con adiciones, adiciones de texto a artículos vigentes, y adiciones de nuevos párrafos, artículos yfracciones.

En lo relativo a modificaciones y adiciones, hay que señalar la que se propone para el artículo 57, cuya redacción cambia de forma sustantiva en su primer párrafo, además de que se adicionan las fracciones I a III, quedando el último párrafo en sus términos, tal como se puede constatar en el siguiente cuadro:

En lo que respecta a las adiciones a textos de artículos vigentes, se deben señalar las siguientes:

1. En la fracción II, del artículo 1o., se adiciona un texto para establecer que entre los objetos de la Ley están la garantía de seguridad y protección civil de los habitantes, previniendo los riesgos naturales y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos.

2. En la fracción XII del artículo 3o., sobre los medios para que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población mejore el nivel y calidad de vida de la población, se adiciona que se debe prevenir la ocupación de zonas de riesgo natural y antropogénico y la reubicación de la población en zonas de riesgo.

3. En el artículo 7o., fracción VIII, se agrega, como atribución de la Secretaría en lo relativo a la coordinación con las entidades federativas, la realización de acciones e inversiones para la prevención de riesgos en los asentamientos humanos.

4. Se prevé adicionar en la fracción IX del artículo 7o., como atribución de la secretaría, coordinarse con la de Gobernación para apoyar a los gobiernos estatales y municipales en la formulación del atlas de riesgo y en la capacitación técnica del personal.

5. En el artículo 8o., sobre las atribuciones de las entidades federativas, se propone adicionar un texto a la fracción VI para establecer la coordinación con la Federación, otras entidades federativas y los municipios para prevenir riesgos y las contingencias que se deriven de ellos.

6. En el artículo 9o., sobre las atribuciones de los municipios, se adiciona texto a la fracción X, para establecer la evaluación y prevención de la ocupación de zonas de riesgo, natural o antropogénico que pueda poner en peligro a la población y sus bienes.

7. En el artículo 13, que versa acerca del Programa Nacional de Desarrollo Urbano se adiciona texto en la fracción IV para prever que además de la estrategia aplicable al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de población, deberá incluir medidas para prevenir y mitigar los riesgos en los asentamientos humanos.

8. En el citado artículo 13 se adiciona la fracción VII para prever que las estrategias generales también deben incluir la mitigación de riesgos en asentamientos humanos.

9. En el artículo 28 primer párrafo se adiciona texto para introducir la noción de prevención de riesgo con respecto a áreas y predios de los centros de población.

10. En el artículo 31 sobre los planes o programas municipales de desarrollo urbano se agrega que “Entre los elementos de zonificación se incluirán las determinaciones de las zonas de alto riesgo y sus normas de prevención federales y locales aplicables”.

11. Finalmente, en el artículo 40 sobre las acciones coordinadas entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, se adiciona texto a la fracción III, para establecer que en materia de reservas territoriales se deberán reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, en especial en zonas de riesgo.

Las adiciones de nuevas fracciones, párrafos y artículos conforman una parte medular de la Iniciativa objeto del presente dictamen. Así, con respecto a la adición de nuevas fracciones, además de las ya señaladas al artículo 57 modificado, tenemos que se adiciona una fracción al artículo 5o.., que versa sobre lo que debe considerarse de utilidad pública para incluir la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a prevenir y atender las condiciones de riesgo en los asentamientos humanos, y entre ellas la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

Respecto a la adición de nuevos párrafos en el artículo 28 se adicionan los párrafos tercero y cuarto, para establecer, en el tercer párrafo que las zonas que se determinen como de alto riesgo en los planes o programas de desarrollo urbano solo podrán tener un uso, destino o aprovechamiento compatible con tal determinación y conforme a los estudios de riesgo correspondientes, estableciendo además de que en ningún caso se permitirá alojar o construir infraestructura o equipamientos estratégicos, o vivienda de cualquier tipo; en lo que respecta al nuevo cuarto párrafo se prevé que se considera como causa de utilidad pública la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

En lo tocante a adiciones de nuevos artículos, la proponente adiciona un nuevo capítulo noveno a la ley vigente que se titula “Prevención de riesgos en los asentamientos humanos”. La proponente señala que el nuevo capítulo “se integraría por cinco nuevos artículos para determinar las normas básicas, obligatorias y de carácter nacional, relacionadas con los procesos de ocupación del territorio en zonas sujetas a riesgos geológicos e hidrometeorológicos, a fin de prevenir riesgos a la población y evitar daños irreversibles en sus personas o sus bienes, así como para mitigar los impactos y costos económicos y sociales en los centros de población”.

El artículo 52 Bis establece la obligatoriedad de las normas del capítulo para todas las personas físicas y morales, públicas o privadas y establece las especificaciones a que estarán sujetos los procesos de ocupación del territorio.

El artículo 52 Bis 1 prevé que las autoridades deberán solicitar un estudio de prevención de Riesgo cuando se trate de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo.

El artículo 52 Bis 2 establece las obras que deberán contar con estudios de Prevención de riesgo, esto es, las obras de infraestructura y las vías generales de comunicación; los ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria o básicas; las instalaciones que involucren residuos peligrosos en los municipios; los equipamientos públicos de salud, educación, seguridad, transporte y abasto; las instalaciones que contengan combustibles; y los fraccionamientos o conjuntos habitacionales. Así mismo prevé el contenido de los estudios de prevención de riesgo geológicos e hidrometeorológicos y que las autorizaciones para el crecimiento urbano deberán ajustarse a los estudios. Finalmente, establece que las autoridades estatales y municipales ajustarán los planes y programas de desarrollo urbano para zonas de riesgo no mitigable.

El artículo 52 Bis 3 determina que no se permitirá el desarrollo urbano en terrenos inestables o con características de intensificación de ondas sísmicas, estableciendo además los tipos de terrenos que esto comprende, además de que restringe las acciones de fundación o crecimiento de centros de población a un radio de 60 kilómetros de cualquier cráter.

El artículo 52 Bis 4 prohíbe la ocupación del territorio, con obras permanentes, que permiten el asentamiento humano en: áreas por debajo del nivel máximo de mareas; la primera duna de playa; el interior u orilla de los lechos de lagos, lagunas y presas, o en cauces de ríos, arroyos y canales; terrenos localizados por debajo de la cota de máximo crecimiento hidráulico; aguas abajo o al píe de la cortina de una presa o en terrenos localizados por debajo del nivel hidráulico máximo; terrenos sobre depresiones de relieve, altamente inundables o terrenos pantanosos; y zonas ubicadas al borde superior o en la parte baja de depresiones, montículos o barrancos con inclinación de paredones en riesgo de aludes. Además prevé que la franja costera de restricción de cualquier tipo de aprovechamiento urbano tendrá como mínimo 20 metros a partir de la cota máxima de distancia de marea o pleamar alcanzada en 20 años. Así mismo, se determina que los planes o programas de desarrollo urbano deberán identificar zonas de alto riesgo y medidas de mitigación y que en la legislación estatal se deberán establecer medidas de seguridad y sanciones para quienes trasgredan las disposiciones del artículo.

Se adicionan también cuatro nuevos artículos en el capítulo noveno de la Ley vigente que versa sobre el control del desarrollo urbano. Estos nuevos artículos son

Artículo 55 Bis, establece la obligación de las autoridades federales, estatales o municipales del cumplimiento de las leyes estatales y federales en materia de prevención de riesgos, además de que la legislación estatal contendrá normas para garantizar la seguridad y protección de la población y sus bienes por contingencias y riesgos en los asentamientos humanos. También se prevé que en todas las acciones que impliquen la expansión del área urbana, las autoridades deberán asegurarse que no se ocupen áreas de riesgo, sino que se tomen las medidas de prevención correspondientes.

Artículo 55 Bis 1, determina la obligación de las autoridades federales, estatales o municipales de cumplir con las normas sobre prevención de riesgos en los asentamientos humanos, con respecto a las obras, acciones o inversiones en que intervengan o que autoricen.

Artículo 55 Bis 2, establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como los particulares, comuneros o ejidatarios que propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios o autoricen asentamientos humanos o construcción en zonas de riesgo en polígonos de protección y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos de vía o zonas federales.

Artículo 55 Bis 3, prevé que las entidades federativas deberán promover la actualización de sus códigos penales para prohibir y sancionar a quienes propicien, permitan o se beneficien de la ocupación, el fraccionamiento, parcelación o la lotificación irregular u otras formas ilegales de aprovechamiento urbano de áreas o predios.

En los artículos transitorios se prevé uno, el inicio de vigencia del decreto; dos, la derogación de las disposiciones contrarias al mismo; y tres, un plazo no mayor de seis meses para que las entidades federativas adecuen la legislación en materia de desarrollo urbano y prevención de riesgos, conforme a las disposiciones del decreto con asistencia del gobierno federal en caso de ser solicitada, se establece también que transcurrido el plazo de seis meses las entidades federativas que hayan actualizado su legislación son las que podrán acceder a recursos federales en las materias a que alude el decreto.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora valora y hace suyo el espíritu que anima la iniciativa presentada por la proponente. Para valorar y dictaminar la iniciativa motivo del presente dictamen se procederá a considerar, artículo por artículo, en el orden en el que deben quedar plasmados en la Ley General de Asentamientos Humanos vigente, para considerar la conveniencia de aprobar las adiciones o modificaciones, argumentando en todo momento, cada uno de los cambios propuestos por la comisión.

Artículo 1o.

En este artículo, que prevé los objetos de la ley, se adiciona texto a la fracción II para establecer que, además de “fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”, se agregue el siguiente texto: “así como para garantizar la seguridad y protección civil de sus habitantes, previniendo los riesgos naturales y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos”. Esta comisión considera positiva la inclusión, dentro de los objetivos de la ley que se pretende modificar, de la prevención de los riesgos, no obstante, se considera que la materia de protección civil cae fuera del ámbito de aplicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, siendo regulada por la Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, que en el artículo 1 prevé lo siguiente:

La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta ley, en los términos y condiciones que la misma establece.

Adicionalmente, es conveniente incorporar los elementos de prevención y corrección de riesgos, que son parte de la nueva cultura de la protección civil.

De ahí que esta comisión proponga modificar la fracción II, del artículo 12 de la Ley General de Asentamientos Humanos en el siguiente sentido:

Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto:

I. ...

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como para garantizar la seguridad de sus habitantes, a travésde la gestión preventiva y correctiva de los riesgos de origen natural y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos;

Artículo 2o.

La proponente armoniza la fracción XVII del artículo 22, en función de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 2013. En este mismo caso se encuentra el primer párrafo del artículo 72. Es importante señalar que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial aprobó, el 21 de marzo de 2013, el dictamen de la iniciativa del diputado Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En la iniciativa del diputado Abel Guerra Garza, que fue presentada el 7 de febrero de 2013, se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos. Además de los artículos propuestos por la diputada proponente se consideran reformas a los siguientes: 23 primer párrafo y 52 segundo párrafo. La minuta enviada a la colegisladora fue turnada al Ejecutivo el 13 de diciembre de 2013, por lo que las propuestas de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León de reformar los artículos 2o. y 7o. ya han sido debidamente incorporadas.

Artículo 3o.

La proponente adiciona a la fracción XII un texto en los siguientes términos:

XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos, previniendo la ocupación de zonas de riesgo, natural o antropogénico, así como la reubicación de población asentada en zonas de alto riesgo;

En vista de que el artículo 3o. de la Ley General de Asentamientos Humanos considera los medios a través de los cuales el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, y que cada fracción comienza con un verbo en infinitivo, esta comisión propone armonizar el texto agregado, con el espíritu de las fracciones I a XIX del artículo en cuestión, para quedar de la siguiente manera:

XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos, así como la prevención de la ocupación de zonas de riesgo, natural o antropogénico y la reubicación de la población asentada en zonas de alto riesgo;

Artículo 5o.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León propone adicionar una fracción IX en los siguientes términos:

Artículo 5o. Se considera de utilidad pública

I. a VIII. ...

IX. La ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a prevenir y atender las condiciones de riesgo en los asentamientos humanos, entre ellas pero sin ser limitativo, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

Ahora bien, para efecto de técnica legislativa es importante considerar que toda adición de una fracción debe acompañarse de la modificación de las fracciones inmediatas anteriores, toda vez que se debe prever la parte antecedente. Adicionalmente, la frase “entre ellas pero sin ser limitativo” es a todas luces redundante, ya que la expresión “entre ellas” implica de por sí una enumeración no exhaustiva ni limitativa. Por otro, lado, en concordancia con la introducción del parámetro “alto riesgo” que ha realizado la proponente en el artículo 3, fracción XII, se considera conveniente su inclusión en la propuesta de adición a la fracción IX. Es en razón de las consideraciones anteriores que esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial propone, además de adicionar una fracción IX, reformar las fracciones VII y VIII para quedar en los siguientes términos:

Artículo 5o. ...

I. a VI. ...

VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población ;

VIII. La preservación del equilibrio eco lógico y la protección al ambiente de los centros de población ; y

IX. La ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a prevenir y atender las condiciones de riesgo en los asentamientos humanos, entre ellas, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de la población en situación de alto riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

Artículo 7o.

La diputada propone modificar el primer párrafo del artículo en cuestión, adición que como se mencionó al referirnos al artículo 2o. ya ha sido debidamente atendida. Adicionalmente, propone reformar las fracciones VIII y IX, en los siguientes términos:

VIII. Coordinarse con las entidades federativas y los municipios, con la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial, la prevención de riesgos en los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, mediante la celebración de convenios y acuerdos;

IX. Asesorar a los gobiernos estatales y municipales que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano, así como, en coordinación con la Secretaria de Gobernación, apoyar en la formulación de sus Atlas de Riesgo y en la capacitación técnica de su personal;

Respecto a la adición de texto a la fracción VIII, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial no tiene observación alguna. Sin embargo, se considera que la inclusión en la fracción IX de la coordinación con la Secretaría de Gobernación, para apoyar en la formulación de los Atlas de Riesgo de los gobiernos estatales y municipales no debe ser plasmada en la Ley ya que la formulación del Atlas de riesgo es una función especializada a cargo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es la instancia con capacidad técnica y operativa para realizar esta función, tal como lo establece el artículo 19, fracción XXII, de la Ley General de Protección Civil, que a la letra dice:

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

I. a XXI. ...

XXII. Supervisar, a través del Cenapred que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones;

XXIII. a XXX. ...

En consideración de las valoraciones previas esta Comisión solamente propone reformar la fracción VIII al artículo en comento para quedar en los siguientes términos:

Artículo 7o. ...

I. a VII. ...

VIII. Coordinarse con las entidades federativas y los municipios, con la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial, la prevención de riesgos en los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, mediante la celebración de convenios y acuerdos;

IX. a XVI. ...

Artículo 8º.

La proponente adiciona texto a las fracciones VI y X, en los siguientes términos:

Artículo 8o. Corresponden a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

I. a V. ...

VI. Coordinarse con la federación, con otras entidades federativas y con sus municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, así como para prevenir riesgos y contingencias en los mismos;

VII. a IX. ...

X. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administración de la planeación y prevención de riesgos del desarrollo urbano;

La comisión observa que la frase “contingencias en los mismos” es equívoca ya que tiene una relación de implicación, por lo que para resolver el equívoco propone una nueva redacción. También con respecto a la fracción X se podría precisar más el sentido de la adición para establecer con claridad que la planeación y la prevención de riesgos son dos categorías y no una categoría subsumida a otra. Adicionalmente, es importante abordar de forma explícita en la ley los reglamentos de construcción, figura que no ha sido prevista en la ley vigente y que es de primera importancia incluir, en vista de que la mayor parte de los municipios no cuentan con reglamentos actualizados y en otros no existen. En congruencia con lo anterior se propone la siguiente redacción:

Artículo 8o. ...

I. a V. ...

VI. Coordinarse con la federación, con otras entidades federativas y con sus municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, así como para prevenir riesgos y contingencias asociadas a los mismos;

VII. a IX. ...

X. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administración de la planeación del desarrollo urbano, así como en la prevención de riesgos en los asentamientos humanos, mediante la actualización o desarrollo de sus reglamentos de construcción;

XI. a XV. ...

Artículo 9o.

En la iniciativa se propone reformar la fracción X en el siguiente sentido:

Artículo 9o.Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

I. a VIII. ...

X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas federales y locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios; evaluando y previniendo, entre otros elementos, la ocupación de zonas de riesgo, natural o antropogénico que pudieran poner en peligro a la población o a sus bienes;

Esta comisión considera que el texto propuesto por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León es pertinente y que es necesario precisar dicha inclusión teniendo a la vista dos consideraciones: que la frase “entre otros elementos” es ambigua por lo que no aporta nada al texto de la ley; por otro lado, la evaluación es una acción que no tiene su fin en sí misma, sino que está ordenada a la realización de algo, * de ahí que sea conveniente determinar que la evaluación debe orientarse a la prevención, tal como la define la Ley General de Protección Civil en el artículo 2:

XXXVIII. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos;

Asimismo, en armonía con la adición propuesta al artículo 3, fracción XII se sugiere agregar el adjetivo “alto”; además, en concordancia con las consideraciones vertidas para el artículo 8, fracción X antes expuestas, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial propone adicionar una nueva fracción, de tal forma que la actual fracción XV pase a ser la fracción XVI. Teniendo a la vista estas consideraciones se propone la siguiente redacción para la fracción X y la inclusión de una nueva fracción XV:

Artículo 9o....

I. a IX. ...

X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas federales y locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios; y realizar las evaluaciones que sean necesarias para prevenir la ocupación de zonas de alto riesgo, natural o antropogénico que pudieran poner en peligro a la población o a sus bienes;

XI. a XIII. ...

XIV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas de desarrollo urbano;

XV. Desarrollar y mantener actualizados sus reglamentos de construcción y normas técnicas; y

XVI. Las demás que les señale esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Artículo 13

Se propone modificar el primer párrafo, así como adicionar texto a las fracciones IV y VII en el siguiente sentido:

Artículo 13. El Programa Nacional de Desarrollo Urbano, en su carácter sectorial, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, y contendrá:

I. a III. ...

IV. La estrategia general aplicable al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de población, incluyendo las medidas para prevenir y mitigar los riesgos en los asentamientos humanos;

V. y VI. ...

VII. Las estrategias generales para prevenir y mitigar riesgos en los asentamientos humanos, así como los impactos negativos en el ambiente urbano y rural originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

VIII. a XIII. ...

La comisión considera que las adiciones son necesarias y sólo propone modificar el texto de la fracción IV, con lo que ésta quedaría de la siguiente manera:

IV. La estrategia general aplicable al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de población, incluyendo las medidas que sean necesarias para prevenir y mitigar los riesgos en los asentamientos humanos;

Artículo 28

La diputada propone la adición de texto al primer párrafo, así como dos nuevos párrafos, que serían el tercero y el cuarto, en el siguiente sentido:

Artículo 28. Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana y prevención de riesgos dicten las autoridades conforme a esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

...

Las zonas que se determinen como de alto riesgo en los planes o programas de desarrollo urbano solo podrán tener un uso, destino o aprovechamiento compatible con tal determinación y conforme a los estudios de riesgo correspondientes; en ningún caso se permitirá alojar o construir infraestructura o equipamientos estratégicos, o vivienda de cualquier tipo.

En los términos del artículo 5o. de esta ley, se considera como causa de utilidad pública la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano, mediante la conformación de polígonos de protección y amortiguamiento de dichas zonas.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial considera conveniente modificar el párrafo tercero adicionado, en primer lugar para homologar la terminología con respecto a los “análisis de riesgo” y para clarificar explícitamente la limitación a la construcción de infraestructura, equipa miento estratégico o vivienda, ya que el sentido final del párrafo no es claro en la Iniciativa, de esta forma, la propuesta de artículo 28 quedaría de la siguiente manera:

Artículo 28. Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana y prevención de riesgos dicten las autoridades conforme a esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

...

Las zonas que se determinen como de alto riesgo en los planes o programas de desarrollo urbano, solo podrán tener un uso, destino o aprovechamiento compatible con tal determinación y conforme a los análisis de riesgo correspondientes; no se permitirá alojar o construir infraestructura o equipamientos estratégicos, o vivienda de cualquier tipo, salvo que se consideren en su diseño y construcción medidas de mitigación que garanticen niveles de seguridad aceptables de conformidad con los análisis de riesgo y demás normas aplicables.

En los términos del artículo 5o. de esta ley, se considera como causa de utilidad pública la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano, mediante la conformación de polígonos de protección y amortiguamiento de dichas zonas.

Artículo 31

Para este artículo, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León propone adicionar texto en el primer párrafo en el siguiente sentido:

Artículo 31. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano señalarán las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerán la zonificación correspondiente. Entre los elementos de zonificación se incluirán las determinaciones de las zonas de alto riesgo y sus normas de prevención federales y locales aplicables.En caso de que el ayuntamiento expida el programa de desarrollo urbano del centro de población respectivo, dichas acciones específicas y la zonificación aplicable se contendrán en este programa.

La comisión considera pertinente cambiar el posesivo “sus” por el artículo “las”. Quedando sin modificaciones el resto de la propuesta.

Artículo 40

La diputada propone adicionar la fracción III para quedar de la siguiente forma:

Artículo 40. La federación, las entidades federativas y los municipios llevarán a cabo acciones coordinadas en materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, con objeto de

I. y II. ...

III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, en especial en zonas de riesgo, mediante la oferta de tierra que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos;

IV. y V. ...

Esta comisión aprueba la adición en sus términos y considera que, con base en las propuestas de adiciones a los artículos 8, 9 y 28, es pertinente incluir en la fracción V los reglamentos de construcción y la prevención de riesgos, de tal forma que el artículo modificado quedaría así:

Artículo 40. ...

I. y II. ...

III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, en especial en zonas de riesgo, mediante la oferta de tierra que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos;

V. Garantizar el cumplimiento de 10s planes o programas de desarrollo urbano, así como de la normatividad aplicable en materia de construcción y prevención de riesgos.

Adición de un capítulo noveno, “Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos”

La proponente incorpora este capítulo conformado por cinco artículos, que van del 52 Bis al 52 Bis 4. La inclusión de este capítulo es parte medular de la Iniciativa, ya que el eje en torno al cual giran las adiciones y modificaciones es precisamente la prevención de riesgos derivados de los asentamientos humanos.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial considera pertinente modificar la propuesta original de la diputada para efecto de que, en caso de que alguna disposición normativa remita al capítulo noveno vigente, se mantenga la consistencia en la remisión. En consecuencia, se ajusta la propuesta de la diputada para adicionar un capítulo octavo Bis, en lugar de uno noveno.

Artículo 52 Bis

Para este nuevo artículo se propone el siguiente texto:

Artículo 52 Bis. Las normas del presente capítulo son obligatorias para todas las personas, físicas y morales, públicas o privadas y tienen por objeto establecer las especificaciones a que estarán sujetos los procesos de ocupación del territorio, tales como aprovechamientos urbanos, edificación de obras de infraestructura, equipamiento urbano y viviendas, en zonas sujetas a riesgos geológicos e hidrometeorológicos, a fin de prevenir riesgos a la población y evitar daños irreversibles en sus personas o sus bienes, así como para mitigar los impactos y costos económicos y sociales en los centros de población.

La comisión no propone modificación alguna al texto, por lo que lo acepta en sus términos.

Artículo 52 Bis 1

Para este artículo se propone:

Artículo 52 Bis 1. Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo, conforme a los planes o programas de desarrollo urbano o Atlas de Riesgo aplicables, las autoridades, antes de otorgar licencias relativas a usos del suelo y edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un estudio de prevención de riesgo que identifique las medidas de mitigación aplicables, en los términos de las disposiciones de esta ley y las normas oficiales mexicanas que se expidan.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial sugiere modificaciones al texto propuesto para armonizarlo con diversos preceptos de la Ley General de Protección Civil, y en específico con el artículo 4, fracción I, que a la letra dice:

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación;

II. a VII. ...

De esta forma, el artículo 52 Bis 1 quedaría de la siguiente manera:

Artículo 52 Bis 1. Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo, conforme a los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, las autoridades, antes de otorgar licencias relativas a usos del suelo y edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un análisis de riesgos que identifique las medidas de mitigación aplicables, en los términos de las disposiciones de esta ley y las normas oficiales mexicanas que se expidan.

Artículo 52 Bis 2

Para este nuevo artículo se propone:

Artículo 52 Bis 2. Independientemente de los casos a que alude el artículo anterior, por su escala y efecto, las siguientes obras e instalaciones deberán contar con estudios de prevención de riesgo:

I. Las obras de infraestructura portuaria, aeroportuaria y las vías generales de comunicación;

II. Los ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria o básicas;

III. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de residuos peligrosos y municipales;

IV. Los equipamientos públicos de salud, educación, seguridad, transporte y abasto;

V. Las instalaciones de almacenamiento, confinamiento, distribución, venta o transformación de combustibles;

VI. Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales.

Los estudios de prevención de riesgo geológicos e hidrometeorológicos contendrán las especificaciones, responsables técnicos, requisitos y alcances que determine el acuerdo que para tales efectos publique la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Las autorizaciones para el crecimiento urbano deberán ajustarse a dichos estudios; y en ningún caso podrán asignarse usos o aprovechamientos urbanos o asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. En tales zonas estará estrictamente prohibido realizar cualquier obra o edificación de carácter permanente.

Las autoridades estatales y municipales competentes realizarán las modificaciones necesarias a los planes y programas de desarrollo urbano para que las zonas consideradas como de riesgo no mitigable se clasifiquen como no urbanizables o con usos compatibles con dicha condición.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial propone sustituir el término “estudios de prevención de riesgo” por “estudios de análisis de riesgos”, en concordancia con las consideraciones expuestas al analizar el artículo 52 Bis 1. Adicionalmente, es fundamental considerar, en el segundo párrafo del artículo, al Centro Nacional de Prevención de Desastres que de acuerdo al artículo 23 de la Ley General de Protección Civil: es la “institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo técnico al Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de Riesgos, la conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil, la coordinación del monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y promover el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto”.

De esta forma, el artículo quedaría de la siguiente manera:

Artículo 52 Bis 2. Independientemente de los casos a que alude el artículo anterior, por su escala y efecto, las siguientes obras e instalaciones deberán contar con estudios de análisis de riesgos:

I. Las obras de infraestructura portuaria, aeroportuaria y las vías generales de comunicación;

II. Los ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria o básicas;

III. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de residuos peligrosos y municipales;

IV. Los equipamientos públicos de salud, educación, seguridad, transporte y abasto;

V. Las instalaciones de almacenamiento, confinamiento, distribución, venta o transformación de combustibles;

VI. Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales.

Los estudios de prevención de riesgos geológicos e hidrometeorológicos contendrán las especificaciones, responsables técnicos, requisitos y alcances que determine el acuerdo que para tales efectos publique la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la opinión del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Las autorizaciones para el crecimiento urbano deberán ajustarse a dichos estudios y opinión; y en ningún caso podrán asignarse usos o aprovechamientos urbanos o asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. En tales zonas estará estrictamente prohibido realizar cualquier obra o edificación de carácter permanente.

Las autoridades estatales y municipales competentes realizarán las modificaciones necesarias a los planes y programas de desarrollo urbano para que las zonas consideradas como de riesgo no mitigable se clasifiquen como no urbanizables o con usos compatibles con dicha condición.

Artículo 52 Bis 3

En este nuevo artículo se propone el siguiente texto:

Artículo 52 Bis 3. No se permitirá el desarrollo urbano en terrenos inestables o con características de intensificación de ondas sísmicas, tales como

I. Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial, en barrancos, lagos, lagunas, bahías marítimas y terraplenes en general, no con-solidados y. sensibles en muchos casos, a efectos de resonancia;

II. Antiguos brazos o lechos secos de ríos o lagos;

III. Terrenos sobre hidratados que al licuar y abatir su nivel freático, pierden su capacidad de carga; o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles asentamientos diferenciales;

IV. Faldas de cerros, en particular las que presentan sus estratos y fracturas orientadas en la misma dirección de sus pendientes, observando además en su material, una frágil cohesión susceptible al deslizamiento o derrumbe;

V. Gravas sobre estratos de arcilla inestable (marga y arcillas) y los mantos de ceniza volcánica (piedra pómez), aún en los casos en que se localice lejos de áreas volcánicas activas o inactivas, y de los epicentros sísmicos;

VI. Sobre o cercano a fallas y fracturas activas, por lo menos a una distancia mínima de 30 metros de su eje y según la magnitud de su actividad;

VII. En zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas o minas, o con problemas de hundimiento o alta comprensibilidad;

VIII. Arcas susceptibles a derrumbes o deslizamientos, sobre o al pié de laderas, cuyo material sea poco coherente y de adherencia frágil, con tendencia al desprendimiento por intensas lluvias, sobresaturación hidráulica, sobre peso, o movimientos vibratorios o sísmicos, dejando una franja mínima de seguridad de 25 metros entre las bases de éstas y el desarrollo urbano;

IX. Al pie de taludes artificiales, en el margen mínimo de seguridad señalado anteriormente;

X. Terrenos arenosos (dunas), por sus características de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de material, corrosión o alto contenido orgánico.

XI. En zonas con relieve muy accidentado o con pendientes mayores de 35 por ciento, sin realizar las obras de prevención, conforme al estudio de riesgo correspondiente.

Todas las acciones de fundación o crecimiento de centros de población deberán ubicarse fuera de un radio de 60 kilómetros de cualquier cráter potencialmente peligroso o en plena actividad volcánica.

Después de un análisis de la viabilidad, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial observa que, de permanecer la redacción propuesta por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, sería necesario reubicar a centros de población, como los que ocupan la zona metropolitana de la Ciudad de México. Cabe observar también que en la fracción III, la frase “sobre hidratados” debe formar un solo término. Además, respecto el párrafo final sobre las acciones de fundación o crecimiento que establecen un radio de 60 kilómetros el Centro Nacional de Prevención de Desastres reconoce cuando menos 65 volcanes o campos volcánicos potencialmente activos, que en su mayoría están situados en las regiones más pobladas del país o en las cercanías de centros de población importantes como las ciudades de México, Puebla, Toluca, Colima u Orizaba, de ahí que bajo el principio general del derecho “Nadie está obligado a lo imposible”, este párrafo final no sea aplicable. Adicionalmente se propone sustituir la frase “estudio de riesgo” por la frase “análisis de riesgo”. También se propone modificar el último párrafo para darle mayor claridad.

En consecuencia con las anteriores consideraciones se propone modificar la propuesta inicial para quedar en los siguientes términos:

Artículo 52 Bis 3. Para el desarrollo urbano en terrenos inestables o con características de intensificación de ondas sísmicas, se deberán observar los reglamentos y normas que consideren las técnicas y tecnologías de construcción, las alturas máximas, tipos de materiales y otras características que disminuyan el riesgo de colapso o hundimiento de estructuras, en tipos de suelo como

I. Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial, en barrancos, lagos, lagunas, bahías marítimas y terraplenes en general, no consolidados y sensibles en muchos casos, a efectos de resonancia;

II. Antiguos brazos o lechos secos de ríos o lagos;

III. Terrenos sobrehidratados que al licuar y abatir su nivel freático, pierden su capacidad de carga; o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles asentamientos diferenciales;

IV. Faldas de cerros, en particular las que presentan sus estratos y fracturas orientadas en la misma dirección de sus pendientes, observando además en su material, una frágil cohesión susceptible al deslizamiento o derrumbe;

V. Gravas sobre estratos de arcilla inestable (marga y arcillas) y los mantos de ceniza volcánica (piedra pómez), aún en los casos en que se localice lejos de áreas volcánicas activas o inactivas, y de los epicentros sísmicos;

VI. Sobre o cercano a fallas y fracturas activas, por lo menos a una distancia mínima de 30 metros de su eje y según la magnitud de su actividad;

VII. En zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas o minas, o con problemas de hundimiento o alta comprensibilidad;

VIII. Arcas susceptibles a derrumbes o deslizamientos, sobre o al pié de laderas, cuyo material sea poco coherente y de adherencia frágil, con tendencia al desprendimiento por intensas lluvias, sobresaturación hidráulica, sobre peso, o movimientos vibratorios o sísmicos, dejando una franja mínima de seguridad de 25 metros entre las bases de éstas y el desarrollo urbano;

IX. Al pie de taludes artificiales, en el margen mínimo de seguridad señalado anteriormente;

X. Terrenos arenosos (dunas), por sus características de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de material, corrosión o alto contenido orgánico.

XI. En zonas con relieve muy accidentado o con pendientes mayores de 35 por ciento, sin realizar las obras de prevención, conforme al análisis de riesgo correspondiente.

Artículo 52 Bis 4

Para este nuevo artículo, la diputada propone la siguiente redacción:

Artículo 52 Bis 4. No se permitirá ningún proceso de ocupación del territorio, con obras permanentes, que permitan el asentamiento humano en:

I. Áreas por debajo del nivel máximo de mareas, sobre zonas inundables periódicamente como esteros, canales marítimos o lagunas;

II. La primera duna de playa a lo largo del litoral;

III. El interior u orillas de los lechos de los lagos, lagunas y presas, o en los cauces de ríos, arroyos y canales. La prohibición incluye el estricto respeto a la franja de protección, determinada por el registro máximo de caudal o de inundación en sus superficies o secciones en los últimos 20 años, más una franja de amortiguamiento que cubrirá una distancia mínima de 15 metros a partir de la cota de máximo caudal;

IV. Terrenos localizados por debajo de la cota de máximo crecimiento hidráulico indicado anteriormente, en el caso de ríos que desarrollen más de 20 metros de sección, o cuerpos hidráulicos estáticos con un radio promedio mayor a los 40 metros, dados en sus periodos de estabilización promedio;

V. Aguas abajo o al pie de la cortina de una presa, o en terrenos localizados por debajo del nivel hidráulico máximo señalado en los puntos anteriores y susceptibles a constantes y prolongadas inundaciones;

VI. Terrenos sobre depresiones del relieve, altamente inundables por la impermeabilización de suelo durante períodos intensos o constantes de lluvias, o terrenos pantanosos; y

VII. La franja costera de restricción de cualquier tipo de aprovechamiento urbano tendrá como mínimo 20 metros a partir de la cota máxima de distancia de marea o pleamar alcanzada en 20 años; y

VIII. Zonas ubicadas al borde superior o en la parte baja de depresiones, montículos o barrancos con inclinación de paredones en riesgo de aludes.

Los planes o programas de desarrollo urbano deberán identificar las zonas de alto riesgo y sus medidas de mitigación.

En la legislación que expidan los estados se establecerán las medidas de seguridad y las sanciones a quienes transgredan lo dispuesto en este artículo.

Esta comisión considera que las fracciones III, IV y VII, contemplan aspectos que están fuera del ámbito competencial de la Ley General de Asentamientos Humanos y que se contemplan, de forma principal, en la Ley de Aguas Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992, y en el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, así como en las disposiciones de la autoridad competente en la materia tal como se prevé en el artículo 3o., fracción XLVII, de la Ley de Aguas Nacionales que a la letra dice: “[...] El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima ordinaria que será determinada por “la Comisión [Nacional del Agua]” o por el organismo de cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de esta ley”.

De ahí que se propongan modificaciones de las fracciones III y IV, con lo que la propuesta de esta comisión sería la siguiente:

Artículo 52 Bis 4. No se permitirá ningún proceso de ocupación del territorio, con obras permanentes, que permitan el asentamiento humano en

I. Áreas por debajo del nivel máximo de mareas, sobre zonas inundables periódicamente como esteros, canales marítimos o lagunas;

II. La primera duna de playa a lo largo del litoral;

III. El interior u orillas de los lechos de los lagos, lagunas y presas, o en los cauces de ríos, arroyos y canales. La prohibición incluye el estricto respeto a la franja de protección, establecida por la ley y las autoridades en la materia;

IV. Terrenos localizados por debajo de la cota de máximo crecimiento hidráulico, que determinen las autoridades competentes, en el caso de los ríos o cuerpos hidráulicos estáticos;

V. Aguas abajo o al pie de la cortina de una presa, o en terrenos localizados por debajo del nivel hidráulico máximo señalado en los puntos anteriores y susceptibles a constantes y prolongadas inundaciones;

VI. Terrenos sobre depresiones del relieve, altamente inundables por la impermeabilización de suelo durante períodos intensos o constantes de lluvias, o terrenos pantanosos;

VII. La franja costera de restricción de cualquier tipo de aprovechamiento urbano tal como lo determinen las autoridades competentes; y

VIII. Zonas ubicadas al borde superior o en la parte baja de depresiones, montículos o barrancos con inclinación de paredones en riesgo de aludes.

Los planes o programas de desarrollo urbano deberán identificar las zonas de alto riesgo y sus medidas de mitigación.

En la legislación que expidan los estados se establecerán las medidas de seguridad y las sanciones quienes transgredan lo dispuesto en este artículo.

Adiciones de nuevos artículos 55 Bis, 55 Bis 1, 55 Bis 2 y 55 Bis 3.

Artículo 55 Bis

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León propone el siguiente nuevo artículo:

Artículo 55 Bis. Es obligación de las autoridades federales, estatales o municipales asegurarse, previamente a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano o habitacional, cambio de uso del suelo o impactos ambientales del cumplimiento de las leyes estatales y federales en materia de prevención de riesgos en los asentamientos humanos.

La legislación estatal contendrá las normas a fin de garantizar la seguridad y protección de la población y sus bienes por contingencias y riesgos en los asentamientos humanos.

Todas las acciones que impliquen la expansión del área urbana, para el fraccionamiento de terrenos o conjuntos habitacionales, para la subdivisión o parcelación de la tierra, para el cambio de uso del suelo o en autorizaciones de impacto ambiental, las autoridades federales, estatales o municipales deberán asegurarse que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que se tomen las medidas de prevención correspondientes.

Esta comisión se acoge al espíritu del primer párrafo y último párrafos y sólo propone modificarlos para dar mayor claridad a la redacción, además, se propone que el párrafo segundo pase a ser el párrafo tercero, con lo que el nuevo artículo 55 Bis quedaría de la siguiente manera:

Artículo 55 Bis. Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales asegurar el cumplimiento de las leyes estatales y federales en materia de prevención de riesgos en los asentamientos humanos, previamente a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano o habitacional, cambio de uso del suelo o impactos ambientales.

Las autoridades federales, estatales y municipales deberán asegurarse que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que se tomen las medidas de prevención correspondientes, en todas las acciones que impliquen la expansión del área urbana, para el fraccionamiento de terrenos o conjuntos habitacionales, para la subdivisión o parcelación de la tierra, para el cambio de uso del suelo o en autorizaciones de impacto ambiental.

La legislación estatal contendrá las normas a fin de garantizar la seguridad y protección de la población y sus bienes por contingencias y riesgos en los asentamientos humanos.

Artículo 55 Bis 1

Se propone la siguiente inclusión:

Artículo 55 Bis 1. Es obligación de las autoridades federales y estatales asegurarse que en las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de riesgos en los asentamientos humanos que esta ley y la Ley General de Protección Civil establecen.

La comisión aprueba la propuesta en sus términos.

Artículo 55 Bis 2

Artículo 55 Bis 2. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, particulares, comuneros o ejidatarios que propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios o autoricen el asentamiento humano o construcción en zonas de riesgo, en polígonos de protección y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos de vía o zonas federales, se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial considera que es conveniente, en el cuerpo de este artículo, mencionar explícitamente el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil, que a la letra dice:

Artículo 84. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los atlas municipales, estatales y el nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

En congruencia con lo anterior, se propone para el nuevo artículo 55 Bis 2 la siguiente redacción:

Artículo 55 Bis 2. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, particulares, comuneros o ejidatarios que propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios o autoricen el asentamiento humano o construcción en zonas de riesgo, en polígonos de protección y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos de vía o zonas federales, se atendrán a lo previsto en el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil y se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables.

Artículo 55 Bis 3

Para este nuevo artículo se propone lo siguiente:

Artículo 55 Bis 3. Las entidades federativas deberán promover la actualización de sus códigos penales para prohibir y sancionar a quienes propicien, permitan o se beneficien de la ocupación, el fraccionamiento, parcelación o la lotificación irregular u otras formas ilegales de aprovechamiento urbano de áreas o predios, cualquiera que sea su régimen de propiedad.

Esta comisión considera que para efecto de respetar los ámbitos competenciales del orden de gobierno estatal, la actualización de los códigos penales debe ser facultativa y no potestativa. En consonancia con lo anterior se propone la siguiente redacción:

Artículo 55 Bis 3. Las entidades federativas actualizarán sus códigos penales para prohibir y sancionar a quienes propicien, permitan o se beneficien de la ocupación, el fraccionamiento, parcelación o la lotificación irregular u otras formas ilegales de aprovechamiento urbano de áreas o predios, cualquiera que sea su régimen de propiedad.

Artículo 57

Este artículo se reforma en su primer párrafo y se adicionan tres fracciones, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Artículo 57. Todas las personas físicas y morales, en el ejercicio de sus derechos, tienen interés jurídico para exigir, mediante denuncia del caso, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la presente ley, así como para que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes:

I. Cuando se estén llevando a cabo procesos de formulación o se hayan expedido programas de desarrollo urbano violando u omitiendo las disposiciones y formalidades establecidas en esta ley;

II. Cuando se lleven a cabo o se hayan ejecutado construcciones, fraccionamientos, condominios, parcelaciones, lotificaciones, conjuntos urbanos, cambios de uso o destino del suelo, obras o instalaciones públicas o privadas y otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Cuando se realicen actos u omisiones violatorias de las disposiciones en materia de prevención de riesgo, patrimonio cultural o edificado, imagen urbana, movilidad urbana, accesibilidad, cambio climático y las demás materias reguladas en esta ley.

Dicho derecho se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados y en su caso a los afectados, y deberán resolver lo conducente en un término no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente.

Respecto a las modificaciones y adiciones, esta comisión considera que cambiar la titularidad de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, a un interés simple para llevar a juicio a la autoridad competente es poco conveniente y puede ser oneroso para los tres órdenes de gobierno. En todo caso, el artículo 57 vigente garantiza que el particular con un interés simple, tiene el derecho de acudir al Ministerio Público en caso de que se percate que se esté cometiendo un ilícito. En razón de estas consideraciones se desecha la propuesta de la diputada.

Régimen transitorio

Se proponen tres artículos transitorios, con la siguiente redacción:

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Tercero. Las entidades federativas, en un plazo no mayor de seis meses, deberán adecuar su legislación en materia de desarrollo urbano y prevención de: riesgos, conforme a las disposiciones de este decreto. El gobierno federal asistirá a las entidades federativas que lo soliciten para la reforma de sus leyes en la materia.

Transcurrido el plazo a que alude el párrafo anterior, para que una entidad federativa pueda acceder a recursos federales en las materias a que alude este decreto, deberá haber actualizado su legislación acorde con lo dispuesto en este ordenamiento.

Respecto a las propuestas de régimen transitorio, esta comisión no tiene observaciones, por lo que se aceptan en sus términos.

En consideración de las anteriores valoraciones, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, habiendo explicado las propuestas de modificación que se pretende realizar a la iniciativa presentada por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, propone a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos

Artículo Único.Se reforman los artículos 1o. fracción II; 3o. fracción XII; 7o. fracción VIII; 8o. fracciones VI y X; 9o. fracciones X, XIV y XV; 13 primer párrafo y fracciones IV y VII; 28; 31 primer párrafo; 40 fracciones III y V; se adicionan una nueva fracción IX al artículo 5o.; una nueva fracción XV al artículo 9o. recorriéndose la fracción actual para quedar como fracción XVI; un nuevo capítulo octavo Bis, “Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos”, que comprende los artículos 52 Bis, 52 Bis 1, 52 Bis 2, 52 Bis 3 y 52 Bis 4; los artículos 55 Bis, 55 Bis 1, 55 Bis 2 y 55 Bis 3 a la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

I. ...

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como para garantizar la seguridad de sus habitantes, a través de la gestión preventiva y correctiva de los riesgos de origen natural y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos;

III. y IV. ...

Artículo 3o. ...

I. a XI. ...

XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos, así como la prevención de la ocupación de zonas de riesgo, natural o antropogénico y la reubicación de la población asentada en zonas de alto riesgo;

XIII. a XIX. ...

Artículo 5o. ...

I. a VI. ...

VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población;

VIII. La preservación del equilibrio eco lógico y la protección al ambiente de los centros de población ; y

IX. La ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a prevenir y atender las condiciones de riesgo en los asentamientos humanos, entre ellas, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de la población en situación de alto riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

Artículo 7o. ...

I. a VII. ...

VIII. Coordinarse con las entidades federativas y los municipios, con la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial, la prevención de riesgos en los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, mediante la celebración de convenios y acuerdos;

IX. a XVI. ...

Artículo 8o. ...

I. a V....

VI. Coordinarse con la Federación, con otras entidades federativas y con sus municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, así como para prevenir riesgos y contingencias asociadas a los mismos;

II. a IX. ...

X. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la administración de la planeación del desarrollo urbano, así como en la prevención de riesgos en los asentamientos humanos, mediante la actualización o desarrollo de sus reglamentos de construcción;

XI. a XIII. ...

Artículo 9o. ...

I. a IX. ...

X. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas federales y locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios; y realizar las evaluaciones que sean necesarias para prevenir la ocupación de zonas de alto riesgo, natural o antropogénico que pudieran poner en peligro a la población o a sus bienes;

XI. a XIII. ...

XIV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas de desarrollo urbano;

XV. Desarrollar y mantener actualizados sus reglamentos de construcción y normas técnicas; y

XVI. Las demás que les señale esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

...

Artículo 13. El Programa Nacional de Desarrollo Urbano, en su carácter sectorial, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, y contendrá

I. a III. ...

IV. La estrategia general aplicable al ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y al desarrollo urbano de los centros de población , incluyendo las medidas que sean necesarias para prevenir y mitigar los riesgos en los asentamientos humanos;

V. y VI....

VII. Las estrategias generales para prevenir y mitigar riesgos en los asentamientos humanos, así como los impactos negativos en el ambiente urbano y rural originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

VIII. a XII. ...

Artículo 28. Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana y prevención de riesgos dicten las autoridades conforme a esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Las tierras agrícolas y forestales, así como las destinadas a la preservación ecológica, deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades o fines.

Las zonas que se determinen como de alto riesgo en los planes o programas de desarrollo urbano solo podrán tener un uso, destino o aprovechamiento compatible con tal determinación y conforme a los estudios de riesgo correspondientes; en ningún caso se permitirá alojar o construir infraestructura o equipamientos estratégicos, o vivienda de cualquier tipo.

En los términos del artículo 5o. de esta ley, se considera como causa de utilidad pública la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano, mediante la conformación de polígonos de protección y amortiguamiento de dichas zonas.

Artículo 31. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano señalarán las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerán la zonificación correspondiente. Entre los elementos de zonificación se incluirán las determinaciones de las zonas de alto riesgo y las normas de prevención federales y locales aplicables. En caso de que el ayuntamiento expida el programa de desarrollo urbano del centro de población respectivo, dichas acciones específicas y la zonificación aplicable se contendrán en este programa.

Artículo 40. ...

I. y II. ...

III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, en especial en zonas de riesgo,mediante la oferta de tierra que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos;

IV. ...

V. Garantizar el cumplimiento de los planes o programas de desarrollo urbano, así como de la normatividad aplicable en materia de construcción y prevención de riesgos.

Capítulo Octavo BisPrevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos

Artículo 52 Bis. Las normas del presente capítulo son obligatorias para todas las personas, físicas y morales, públicas o privadas y tienen por objeto establecer las especificaciones a que estarán sujetos los procesos de ocupación del territorio, tales como aprovechamientos urbanos, edificación de obras de infraestructura, equipamiento urbano y viviendas, en zonas sujetas a riesgos geológicos e hidrometeorológicos, a fin de prevenir riesgos a la población y evitar daños irreversibles en sus personas o sus bienes, así como para mitigar los impactos y costos económicos y sociales en los centros de población.

Artículo 52 Bis 1. Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo, conforme a los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, las autoridades antes de otorgar licencias relativas a usos del suelo y edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un análisis de riesgos que identifique las medidas de mitigación aplicables, en los términos de las disposiciones de esta ley y las normas oficiales mexicanas que se expidan.

Artículo 52 Bis 2. Independientemente de los casos a que alude el artículo anterior, por su escala y efecto, las siguientes obras e instalaciones deberán contar con estudios de análisis de riesgos:

I. Las obras de infraestructura portuaria, aeroportuaria y las vías generales de comunicación;

II. Los ductos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria o básicas;

III. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de residuos peligrosos y municipales;

IV. Los equipamientos públicos de salud, educación, seguridad, transporte y abasto;

V. Las instalaciones de almacenamiento, confinamiento, distribución, venta o transformación de combustibles;

VI. Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales.

Los estudios de prevención de riesgos geológicos e hidrometeorológicos contendrán las especificaciones, responsables técnicos, requisitos y alcances que determine el acuerdo que para tales efectos publique la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la opinión del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Las autorizaciones para el crecimiento urbano deberán ajustarse a dichos estudios y opinión; y en ningún caso podrán asignarse usos o aprovechamientos urbanos o asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. En tales zonas estará estrictamente prohibido realizar cualquier obra o edificación de carácter permanente.

Las autoridades estatales y municipales competentes realizarán las modificaciones necesarias a los planes y programas de desarrollo urbano para que las zonas consideradas como de riesgo no mitigable se clasifiquen como no urbanizables o con usos compatibles con dicha condición.

Artículo 52 Bis 3. Para el desarrollo urbano en terrenos inestables o con características de intensificación de ondas sísmicas, se deberán observar los reglamentos y normas que consideren las técnicas y tecnologías de construcción, las alturas máximas, tipos de materiales y otras características que disminuyan el riesgo de colapso o hundimiento de estructuras, en tipos de suelo como

I. Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno artificial, en barrancos, lagos, lagunas, bahías marítimas y terraplenes en general, no con-solidados y. sensibles en muchos casos, a efectos de resonancia;

II. Antiguos brazos o lechos secos de ríos o lagos;

III. Terrenos sobrehidratados que al licuar y abatir su nivel freático, pierden su capacidad de carga; o terrenos inestables, con serios agrietamientos y sensibles asentamientos diferenciales;

IV. Faldas de cerros, en particular las que presentan sus estratos y fracturas orientadas en la misma dirección de sus pendientes, observando además en su material, una frágil cohesión susceptible al deslizamiento o derrumbe;

V. Gravas sobre estratos de arcilla inestable (marga y arcillas) y los mantos de ceniza volcánica (piedra pómez), aún en los casos en que se localice lejos de áreas volcánicas activas o inactivas, y de los epicentros sísmicos;

VI. Sobre o cercano a fallas y fracturas activas, por lo menos a una distancia mínima de 30 metros de su eje y según la magnitud de su actividad;

VII. En zonas con pozos naturales o artificiales, cuevas, cavernas o minas, o con problemas de hundimiento o alta comprensibilidad;

VIII. Arcas susceptibles a derrumbes o deslizamientos, sobre o al pié de laderas, cuyo material sea poco coherente y de adherencia frágil, con tendencia al desprendimiento por intensas lluvias, sobresaturación hidráulica, sobrepeso, o movimientos vibratorios o sísmicos, dejando una franja mínima de seguridad de 25 metros entre las bases de éstas y el desarrollo urbano;

IX. Al pie de taludes artificiales, en el margen mínimo de seguridad señalado anteriormente;

X. Terrenos arenosos (dunas), por sus características de expansión, colapso, granulación suelta, dispersión de material, corrosión o alto contenido orgánico.

XI. En zonas con relieve muy accidentado o con pendientes mayores a 35%, sin realizar las obras de prevención, conforme al análisis de riesgo correspondiente.

Artículo 52 Bis 4. No se permitirá ningún proceso de ocupación del territorio, con obras permanentes, que permitan el asentamiento humano en:

I. Áreas por debajo del nivel máximo de mareas, sobre zonas inundables periódicamente como esteros, canales marítimos o lagunas;

II. La primera duna de playa a lo largo del litoral;

III. El interior u orillas de los lechos de los lagos, lagunas y presas, o en los cauces de ríos, arroyos y canales. La prohibición incluye el estricto respeto a la franja de protección, establecida por la ley y las autoridades en la materia;

IV. Terrenos localizados por debajo de la cota de máximo crecimiento hidráulico, que determinen las autoridades competentes, en el caso de los ríos o cuerpos hidráulicos estáticos;

V. Aguas abajo o al pié de la cortina de una presa, o en terrenos localizados por debajo del nivel hidráulico máximo señalado en los puntos anteriores y susceptibles a constantes y prolongadas inundaciones;

VI. Terrenos sobre depresiones del relieve, altamente inundables por la impermeabilización de suelo durante períodos intensos o constantes de lluvias, o terrenos pantanosos;

VII. La franja costera de restricción de cualquier tipo de aprovechamiento urbano tal como lo determinen las autoridades competentes; y

VIII. Zonas ubicadas al borde superior o en la parte baja de depresiones, montículos o barrancos con inclinación de paredones en riesgo de aludes.

Los planes o programas de desarrollo urbano deberán identificar las zonas de alto riesgo y sus medidas de mitigación.

En la legislación que expidan los estados se establecerán las medidas de seguridad y las sanciones a quienes transgredan lo dispuesto en este artículo.

Artículo 55 Bis. Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales asegurar el cumplimiento de las leyes estatales y federales en materia de prevención de riesgos en los asentamientos humanos, previamente a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o aprovechamiento urbano o habitacional, cambio de uso del suelo o impactos ambientales.

Las autoridades federales, estatales y municipales deberán asegurarse que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que se tomen las medidas de prevención correspondientes, en todas las acciones que impliquen la expansión del área urbana, para el fraccionamiento de terrenos o conjuntos habitacionales, para la subdivisión o parcelación de la tierra, para el cambio de uso del suelo o en autorizaciones de impacto ambiental.

La legislación estatal contendrá las normas a fin de garantizar la seguridad y protección de la población y sus bienes por contingencias y riesgos en los asentamientos humanos.

Artículo 55 Bis 1. Es obligación de las autoridades federales y estatales asegurarse que en las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de riesgos en los asentamientos humanos que esta ley y la Ley General de Protección Civil establecen.

Artículo 55 Bis 2. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, particulares, comuneros o ejidatarios que propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios o autoricen el asentamiento humano o construcción en zonas de riesgo, en polígonos de protección y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos de .vía o zonas federales, se atendrán a lo previsto en el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil y se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables.

Artículo 55 Bis 3. las entidades federativas actualizarán sus códigos penales para prohibir y sancionar a quienes propicien, permitan o se beneficien de la ocupación, el fraccionamiento, parcelación o la lotificación irregular u otras formas ilegales de aprovechamiento urbano de áreas o predios, cualquiera que sea su régimen de propiedad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Tercero. Las entidades federativas, en un plazo no mayor de seis meses, deberán adecuar su legislación en materia de desarrollo urbano y prevención de riesgos, conforme a las disposiciones de este decreto. El gobierno federal asistirá a las entidades federativas que lo soliciten para la reforma de sus leyes en la materia.

Transcurrido el plazo a que alude el párrafo anterior, para que una entidad federativa pueda acceder a recursos federales en las materias a que alude el presente decreto, deberá haber actualizado su legislación acorde con lo dispuesto en este ordenamiento.

Nota:

* Tal como se define en el Diccionario de lengua de la Real Academia Española: evaluar (Del fr. évaluer). 1. tr. Señalar el valor de algo. 2. tr. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Evaluó los daños de la inundación en varios millones.U. t. c. prnl. En http://lema.rae.es/drae/ ?val=evaluar

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 29 de enero de 2014.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados:Jorge Herrera Delgado (rúbrica), presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández, Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Silvia Márquez Velasco, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Roman Quian Alcocer, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares.»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para fundamentar el dictamen por la comisión, la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz.

La diputada María Guadalupe Velázquez Díaz: Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial somete a su consideración el presente dictamen en el que se proponen reformas diversas a diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, en materia de prevención de riesgos.

El tema que nos ocupa es de la mayor relevancia ya que cerca de una cuarta parte de la población vive en zonas de riesgo, lo que significa que millones de personas están expuestas a fenómenos hidrometeorológicos como ciclones, lluvias atípicas e inundaciones, así como a cambios climáticos que pueden poner en riesgo sus vidas y acabar con el patrimonio familiar.

Lo más grave es que aproximadamente el 80 por ciento de la población que vive en zonas de riesgo está en condiciones de alta o muy alta marginación.

La vinculación entre pobreza y riesgo es inaceptable. Es inaceptable en un país que aspira al progreso y al desarrollo. De ahí la importancia de la iniciativa que es objeto del presente dictamen, ya que con ella se pretende atender con medidas preventivas los riesgos que derivan de los asentamientos humanos irregulares.

Como ha quedado en evidencia, debido a los fenómenos meteorológicos que azotaron a nuestro país a finales del año pasado se vieron afectadas aquellas viviendas que estaban instaladas en zonas de riesgo, y lamentablemente en esos lugares tenemos altos niveles de marginación, altos niveles de pobreza de nuestra población.

En el pasado las autoridades tuvieron una parte importante de la responsabilidad al permitir que la población se asentara en zonas de peligro potencial para sus vidas. Esto obliga a que el Poder Legislativo actúe con responsabilidad para establecer en la ley las medidas que sean necesarias para que se evite el desarrollo de viviendas en zonas de alto riesgo en México.

La Ley General de Asentamientos Humanos —de la que se proponen diversas reformas y adiciones— fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993. La ley vigente abrogó la ley anterior, la cual databa de 1976.

Desde su publicación la Ley General de Asentamientos Humanos se ha modificado sólo en cuatro ocasiones; la última de éstas fue en esta Legislatura, cuando se actualizó la denominación de la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La creación de la Sedatu es uno de los avances más significativos que se ha dado en la presente administración, ya que por primera vez funciones que antes estaban dispersas se han concentrado en una sola secretaría.

El dictamen que sometemos a la consideración de esta soberanía implica una de las reformas más importantes que se ha aplicado en esta ley. Se propone, como objetivo de la ley, garantizar la seguridad de los habitantes a través de la gestión preventiva y correctiva de los riesgos.

Se prevé como causa de utilidad pública la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a atender las condiciones de riesgo en los asentamientos humanos. Se establece que los municipios evaluarán y prevendrán la ocupación de zonas de riesgo natural o antropogénico que pudieran poner en riesgo o en peligro a la población y a sus bienes. Se contempla que las zonas que se determinan como de alto riesgo en los planes o programas de desarrollo urbano sólo podrán tener un uso, destino o aprovechamiento compatible con tal determinación.

Se adiciona un capítulo 8 Bis en el que se prevén de forma explícita las diversas hipótesis en las que los asentamientos humanos pueden considerarse de alto riesgo. Finalmente, se adicionan varios artículos para establecer las atribuciones de los tres órdenes de gobierno en materia de prevención de riesgos.

Felicito a la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI, por la presentación de la iniciativa de reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, iniciativa que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial adoptó e hizo parte en este dictamen que el día de hoy les presentamos.

Agradezco a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial quienes por unanimidad aprobaron el dictamen que hoy se somete a la consideración de la asamblea, y solicito a los y las diputadas su voto a favor, ya que de esta forma estarían aprobando una reforma seria y profunda, cuya motivación más importante es sin duda alguna la protección de la vida y el patrimonio de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Se encuentra con nosotros el excelentísimo señor Ahmed Mulay Ali Hamadi, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en México, está aquí invitado por el diputado José Antonio León Mendívil. Bienvenido, embajador, muchas gracias por acompañarnos.

Está a discusión el dictamen y para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores.

En el mes de septiembre del año 2013 se registraron la conjunción de diversos fenómenos meteorológicos, Ingrid y Manuel en específico, dejando 145 muertos, más de 58 mil evacuados, 75 mil millones de pesos en pérdidas económicas y 250 declaratorias de desastre natural.

A casi seis meses, una parte importante de la población que sufrió el efecto devastador de lluvias que no se habían registrado en 125 años y que, por qué no decirlo, aún resienten las consecuencias, conlleva a este Poder Legislativo a la inmediata atención para atender un tema sensible de la sociedad mexicana. Un tema que nos obliga a legislar en la materia para prevenir la afectación causada por asentamientos irregulares.

El proyecto de dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno busca atender este problema y establecer líneas específicas de observancia general, bajo las cuales las autoridades de los tres órdenes de gobierno apliquen la normatividad que permita el establecimiento de poblaciones en sitios que no representen riesgo a sus personas ni a su patrimonio.

En todo el territorio nacional existen asentamientos humanos que han crecido de forma desordenada, lo que conlleva al surgimiento de periferias que adolecen de los servicios públicos básicos e indispensables, infraestructura y equipamiento urbano y suficiente, que pone en riesgo a la integridad física y patrimonial de todos sus habitantes.

Como representantes populares tenemos la responsabilidad de atender de manera inmediata esta situación, modificando la ley y evitando en la medida de lo posible repercusiones que atenten contra la integridad y vida de las personas.

Una visión integral y sustentable de los asentamientos humanos permitirá que se establezcan zonas específicas para el amortiguamiento ambiental, como reservas ecológicas o lugares prohibidos.

Con estas disposiciones las autoridades estarán obligadas a implementar medidas que eviten la construcción de viviendas en zonas vulnerables o de alto riesgo a través del Atlas Nacional de Riesgos.

En Nueva Alianza, en el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, apoyamos la propuesta de que se otorgue poder a los ciudadanos a efecto de que se promuevan denuncias contra la invasión de zonas de reserva ecológica o zonas consideradas de riesgo, como viejos cauces de ríos.

Asimismo, es congruente el imponer plazos para que las autoridades den respuesta en tiempos específicos y de esta forma se evite que la falta de atención y resolución permita mayores concentraciones de población.

Señoras legisladoras y señores legisladores, hoy debemos reforzar la cultura de prevención y protección civil para atender oportunamente las consecuencias generadas por los fenómenos climatológicos que en ocasiones son causa de dolor y sufrimiento entre la población afectada. Los efectos del cambio climático son hoy una realidad insoslayable que obliga a los gobiernos a actuar con mayor eficacia en la prevención de los desastres naturales.

Es nuestra responsabilidad establecer el marco institucional y legal para que así sea, empezando por evitar los asentamientos irregulares susceptibles de sufrir los estragos de una mala planeación.

En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza coincidimos plenamente con la propuesta de la comisión, por lo que votaremos a favor del presente dictamen, conscientes de que el trabajo colaborativo siempre redituará en beneficio de la población. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Antes de darle la palabra al siguiente orador quiero destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del doctor Raúl Canosa Usera, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; del licenciado Fernando López Amor, director de Asuntos Empresariales de la Consultoría Internacional DYSAN; del licenciado Tomás Pérez Virasoro, director de Asuntos Jurídicos de DYSAN; y del contador público Marcelo Wainer, director de Administración y Finanzas de DYSAN, quienes han participado en una reunión de trabajo con la diputada Tanya Rellstab Carreto. Nos da mucho gusto tenerlos aquí, les damos la más cordial de las bienvenidas.

Tiene, ahora sí, la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:La política de desarrollo urbano, la depredación minera y la explotación y uso irracional de las cuencas hidrológicas exigen acciones que mitiguen el impacto en ecosistemas y alteración irreversible del medio ambiente.

Todos y cada uno de nosotros, en ejercicio de las facultades que nos otorgaron los ciudadanos y las ciudadanas de este país a través de las elecciones, estamos comprometidos a atender las necesidades y los problemas reales de la población mexicana. Somos y seremos responsables del país desgarrado y saqueado que estamos tolerando por la falta de compromiso con la población, más unos que otros, evidentemente.

La propuesta que hoy se presenta, de acuerdo con la exposición de motivos tiene por objeto la previsión de incidencias meteorológicas en zonas de mayor vulnerabilidad en el país, subraya la existencia de millones de personas en condiciones de riesgo en las que los más afectados son las personas en situación de pobreza.

Se reconoce el crecimiento desordenado de las ciudades sin atender a los programas de desarrollo urbano y las leyes, reglamentos y normas emitidas por las autoridades competentes para la regulación de asentamientos humanos.

En síntesis, podemos afirmar que es un mal parche legislativo que en sus términos y con las vaguedades que presenta predecimos su inoperancia y la demagogia legislativa y el uso político de su contenido. Veamos las razones de esta conclusión.

1. El 19 de diciembre de 2013, el comisionado nacional de Áreas Protegidas, Luis Fueyo Mac Donald, estimó que la reparación de los daños ocasionados por el Ingrid y Manuel se estimaban en un monto de entre los 40 y 50 mil millones de pesos, daños que no hubieran sido tan graves si los hoteles y el crecimiento desordenado de zonas habitacionales hubiesen respetado los manglares y las playas, a las que se agrega la construcción desordenada en zonas bajo el nivel del mar y cuencas de ríos.

2. En la propuesta de reforma no se presenta una visión integral de las zonas de riesgo, se implementan medidas administrativas que pretenden regular la autorización de asentamientos humanos en zonas consideradas de alto riesgo, dejando la carga para acreditar la viabilidad de los asentamientos en los usuarios.

3. De igual forma, no se consideran procedimientos de consulta y de participación responsable de los sectores afectados, buscando en todo momento cumplir con el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna.

4. De igual forma, no se define la responsabilidad administrativa, penal y civil de las autoridades federales, estatales y municipales que permitan, toleren o fomenten los asentamientos en zonas consideradas de alto riesgo o de riesgo, a partir de la clasificación establecida en los Atlas Nacional, estatales y municipales de Riesgo, por lo que la línea de corrupción y tolerancia a la ilegalidad queda intocada.

En el fondo la intención de la reforma, podemos afirmarlo, es establecer normas imprecisas para justificar acciones de gobierno en los asentamientos irregulares, sin resolver el problema de fondo.

Reconsiderando los efectos de los fenómenos meteorológicos que se presentaron en el país en 2013 y las medidas burocráticas para atender los daños y las víctimas de los mismos, así como la impunidad de autoridades federales, estatales y municipales que no actuaron con diligencia y prevención ante las alertas del Sistema Meteorológico Nacional, el dictamen con proyecto de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos carece de fundamentos técnicos y científicos que soporten medidas administrativas viables para la prevención de desastres en zonas de alto riesgo.

Es un mal parche legislativo que no atiende las deficiencias regulatorias y la falta de planificación. Además, hay que decirlo en forma clara y precisa, no se ataca la corrupción que se presenta en el desarrollo de los asentamientos humanos, considerando no sólo aquellos que se etiquetan de irregulares, por ser en donde vive la población pobre, con necesidades de vivienda y que logra asentarse, sino también aquellos en los que formalmente cuentan con los permisos, licencias y dictámenes de las autoridades federales, estatales y municipales, pero que sin embargo no atienden a la conservación del medio ambiente ni a los ciclos naturales regionales, como lo son las cuencas hidrológicas, los ecosistemas impactados y el cambio climático.

En síntesis, en esta Cámara como en todo el régimen, de aprobarse esta ley, es más de lo mismo y cada vez peor. Legislar de esta manera es irresponsable y una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Compañeros diputados, no se la crean, el único movimiento que están haciendo del país es hacia el precipicio. Salgan a la calle y pregunten qué piensa la gente de ustedes, de algunos de nosotros. Piensen y pregunten qué piensan del presidente de la República, del Gabinete y obtendrán la calificación al trabajo.

Un dato nada más que está en encuestas, para que se enteren. Es de sabios cambiar de opinión. El 50 por ciento de los ciudadanos que votaron por el PRI están arrepentidos. Esto nos alienta a pensar que la patria un día contará con autoridades, con diputados que realmente legislen a favor del pueblo. Por lo tanto, evidentemente, nuestro voto será en contra. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias. Compañeras y compañeros diputados, uno de los resultados del rápido aumento de la población urbana es que millones de personas sin capacidad económica viven hacinados en barrios y asentamientos ilegales, en condiciones de vida por debajo de los niveles necesarios para garantizar la salud de sus familias y comunidades.

A pesar de los avances logrados enfrentamos retos de magnitudes considerables. México sigue presentando dos facetas marcadamente contrastantes. Una enorme dispersión de la población rural, aunque el porcentaje de personas que habitan en tales comunidades ha disminuido. Y, número dos, una muy importante concentración poblacional en pocas ciudades, particularmente en nuestras cuatro zonas, grandes zonas metropolitanas: Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, donde habita cerca del 28 por ciento de la población nacional.

En 1950, poco menos del 43 por ciento de la población de nuestro país vivía en localidades urbanas. En 1990 era de 71 por ciento y para 2010 esta cifra aumentó a casi 78 por ciento.

En 2003, cerca de 125 mil familias se asentaban de forma irregular en nuestro país, ello representa un serio problema, ya que en tales comunidades la pobreza y la marginación son especialmente graves, y la construcción de los hogares es altamente vulnerable.

Dichos asentamientos se han presentado principalmente en áreas no aptas para el crecimiento urbano, ya sea por tratarse de superficies destinadas a la preservación ecológica, cuya consistencia en muy frágil y riesgosa; o bien, en terrenos sujetos al régimen ejidal o comunal o de propiedad privada, originadas por la demolición de antiguos depósitos o viejos edificios que han estado vacantes por años.

Reconocemos que los retos de la urbanización requieren una visión integral del desarrollo que involucre aspectos ambientales, sociales, económicos y políticos. Este dictamen plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, para ampliar el objeto de dicho ordenamiento, abriendo la posibilidad de fijar las normas básicas tendientes a garantizar la seguridad y protección civil de sus habitantes, previniendo, con mayor eficacia, riesgos naturales derivados de los asentamientos humanos.

Busca también apoyar en la formulación de los Atlas de Riesgo y servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo, y el establecimiento de franjas de protección y amortiguamiento. En las ciudades se necesitan estas normas más específicas para el desarrollo urbano, con sanciones fuertes para quienes violan la ley y con estudios específicos que determinen hasta dónde y en dónde crecer.

La catástrofe generada por el paso de la tormentas Manuel y el huracán Ingrid, refleja que las políticas públicas trazadas para enfrentar la vulnerabilidad del país frente a estos fenómenos llegaron tarde, y cuando llegaron no se implementaron adecuadamente.

Este dictamen a debate modifica también o incluye algunos transitorios que establecen que las entidades federativas deberán adecuar su legislación en materia de desarrollo urbano en un plazo no mayor de seis meses.

Establece también, que transcurrido el plazo para que una entidad federativa pueda acceder a recursos federales en la materia deberá haber actualizado su legislación, de acuerdo con lo dispuesto en este ordenamiento.

Por estos razonamientos y exposiciones, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanos emitirá su voto a favor del presente dictamen. Gracias, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Gracias, señor presidente. Compañeros, vamos a hablar de cosas que ya sabemos pero que día a día tenemos que seguir corrigiendo.

El crecimiento de la población y su concentración en las zonas metropolitanas propician la emisión de gases, que como saben, aumentan la temperatura del planeta.

En 1990 teníamos una temperatura de 1 grado centígrado como temperatura media global, para el 2100 se proyecta una temperatura media global de 5.8 grados. Todos y cada uno de nosotros en nuestras ciudades hemos sentido que los cambios abruptos son una cosa de todos los días.

El cambio lento de una estación a la otra ya es una cosa que está lejos en el tiempo. De un día para el otro lo sentimos, un día llueve, otro día nieva y otro día hace un calor de 30 a 35 grados.

Este ritmo de crecimiento no tiene precedente en los últimos 100 años. Estos cambios en el clima tienen un impacto mayor en los grupos social y económicamente más vulnerables.

Por eso, esta reforma por la que agradecemos a la diputada Celia Gaona, yo más que una reforma ambiental la consideraría una reforma orientada a la parte social.

¿Por qué? Porque son estos grupos, los económicamente y socialmente vulnerables los que compran, los que adquieren sus terrenos en zonas como barrancas, humedales, arenales, etcétera.

Por eso es que este dictamen propone que en la Ley General de Asentamientos Humanos se prevengan riesgos y contingencias asociadas a deslaves, desbordamientos, resquebrajamientos de tierras. Todo esto mediante mayor atención y acatamiento a los Atlas de Riesgo.

Hay que actualizar, compañeros, los reglamentos de construcción y la elaboración de evaluaciones que sean necesarias para prevenir la ocupación de zonas de alto riesgo que pudieran poner en peligro a la población o a sus bienes. Y quito el que pudieran, pues sabemos que ya han puesto y seguirán poniendo.

Conforme cambia la temperatura y se hace más extrema, estos deslavamientos, resquebrajamientos se van a volver más frecuentes. Y apenas ahora estamos trabajando aun en los Atlas de Riesgos.

Ésa es una cosa que queremos poner en claro también. Las diferentes secretarías de gobierno pueden trabajar más en conjunto, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Urbano Agrario y Territorial. Los mismos municipios están trabajando cada uno por su lado. Los estados, también los gobiernos estatales en la conformación de los Atlas de Riesgo. Tiene que haber una uniformidad, tiene que haber un trabajo más coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno.

No solamente entre las secretarías federales, pero me ha tocado ver cómo municipios y gobiernos estatales proponen sus propios Atlas de Riesgo sin estar en contacto con las diferentes secretarías.

Bueno, al igual que la diputada Gauna, consideramos que las zonas que se determinen como de alto riesgo en los planes o programas de desarrollo urbano solo pueden tener un uso compatible y que en ningún caso se permita alojar y construir casas o fraccionamientos de cualquier tipo.

Y lo he dicho varias veces, pero la frase creo que es buena, la víctima está en los océanos y los bosques, pero el victimario, el calor antropogénico, todo eso viene de las ciudades.

La presente reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos garantizará la seguridad de los habitantes a través de la gestión preventiva y correctiva de los riesgos de origen natural y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos.

Diputada Gauna, una vez más, gracias por poner esto sobre la mesa. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, particulares, comuneros o ejidatarios que la mayoría de las veces lo hacen por necesidad, esto es vender sus terrenos a las grandes desarrolladoras, ya no tendrán esa posibilidad. Ellos, quienes permitan o propicien la ocupación irregular de áreas y predios, o autoricen el asentamiento humano o construcción en zonas de riesgo, en polígonos de protección y amortiguamiento serán acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables.

Uno de los compañeros hablaba de las zonas de amortiguamiento; tenemos nosotros la Comisión de Fondo Metropolitano, ésa es una cosa que hay que poner mucha atención. Todos los fondos del Fondo Metropolitano, valga la aclaración, que vayan o que sean manejados o que sean analizados desde la Comisión de Fondo Metropolitano deberán poner atención a estas zonas de amortiguamiento, a que los proyectos que son financiados con ese fondo pongan atención a estos Atlas de Riesgo.

Porque, repito, en el crecimiento de las zonas metropolitanas, las zonas de amortiguamiento están siendo obviadas y no es posible que sigamos en este tenor. Derivado de lo aquí expuesto, los integrantes del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, toda vez que esta reforma cumple con el principio de prevención que es la mejor manera de actuar ante las catástrofes naturales ocasionadas por el cambio climático en los asentamientos humanos, e insisto, ésta es una reforma de tipo social porque los más afectados por el cambio climático, por el no uso o ignorancia o no acatamiento de los Atlas de Riesgo suelen ser los más pobres. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Compañeras y compañeros, quiero destacar aquí la presencia de la Selección Nacional Junior de Nado Sincronizado. Ellas se están preparando para participar en el Campeonato Nacional en Guadalajara, en la Olimpiada Nacional en la Ciudad de México y también para representar a México próximamente en el US Open en Henderson, Nevada, en el Campeonato Panamericano que se realizará en Estados Unidos y en el Mundial en Tampere, Finlandia.

Ellas son: Madison Fernanda López González, Rosa Isela Escalante Sáenz, Ana Guadalupe Sánchez Luna, Daniela Tapia Barrientos, Montserrat Eluani Muñoz, Alejandra Moguel Navarro, Samanta Flores Muro, Teresa Ixel García Alonso; y sus entrenadoras Olga Asseeva y Ariadna Medina. Están aquí todas y nos honran con su presencia. Invitadas por el diputado Silvano Aureoles. Muchas gracias por acompañarnos y mucho éxito en todo lo que viene por delante. Muchas felicidades a todas.

Tiene la palabra, el diputado Ramón Montalvo Hernández, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.

Saludo con mucho gusto a un grupo de ciudadanas de la zona oriente del municipio de Tultitlan, estado de México, que están acompañándonos aquí en la sesión. Invitadas por el diputado Marco Antonio Calzada. Bienvenidas todas a la sesión.

El diputado Ramón Montalvo Hernández:Muy buenas tardes, compañeras, y compañeros, diputados. Con su permiso, presidente. Enhorabuena y bienvenida esta iniciativa, compañeras y compañeros, que reforma y adiciona diversas disposiciones y un capítulo de la Ley General de Asentamientos Humanos para prevenir futuros riesgos.

En sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2013, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, presentó oportunamente esta iniciativa que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial donde el diputado Jorge Herrera Delgado, presidente de la misma, y sus integrantes la hicieron suya con responsabilidad y humanismo.

En México, compañeras y compañeros, se calcula que aproximadamente 22 millones de personas se encuentran expuestas a un nivel mayor de riesgo por la presencia de ciclones, lluvias, deslavamientos e inundaciones. Cabe mencionar que gran parte de esta problemática hoy en día, son consecuencias de diferentes aspectos.

Uno. Por la falta de estudios previos y la falta de planeación.

Dos. Por la necesidad de las personas que lamentablemente por la falta de oportunidades y la falta de economía terminan estableciéndose en zonas de alto riesgo por la necesidad de un hogar para su familia; y

Tres. Lo peor, compañeras y compañeros, por el abuso y la corrupción de algunas personas que sin escrúpulos abusan de la gente que ante la necesidad de un hogar, les ocultan los riesgos, intercambiando la vida de estas familias por algunos cuantos pesos.

Para la prevención de estos eventos, amigos y amigas, se requiere poner atención inmediata a ello ampliando y mejorando la normatividad en materia de riesgos como es el caso de esta reforma.

Sin duda coincidimos con la presente iniciativa que pretende garantizar la seguridad de los habitantes a través de su aplicación de forma preventiva y de manera correctiva. Es una iniciativa sin duda que contempla en su análisis la reubicación de la población en situación de alto riesgo y el establecimiento de polígonos de protección mediante la actualización y modificación de los reglamentos en materia de construcción, evitando con ello que en las zonas de alto riesgo se permita alojar o construir infraestructura o vivienda de cualquier tipo.

Incluso invitamos a la proponente y a la propia Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial a que en un futuro se considere el aumento de las penalizaciones para aquéllas personas que permitan o promuevan este tipo de asentamientos de alto riesgo que algún día provocarán seguramente pérdidas humanas, materiales e incluso gastos al propio gobierno por actos de irresponsabilidad.

Ejemplos claros. Septiembre de 2013, recientemente en Guerrero, el problema de desbordamiento de ríos.

Segundo, octubre del 2013, en Cuajimalpa, Distrito Federal, deslavamiento de cerros.

Tercero, en marzo del 2010, en Valle de Chalco Solidaridad, estado de México, problemas de inundamiento.

Aprovecho esta máxima tribuna para hacer un exhorto al gobierno del estado de México, al gobierno federal, para que tomen cartas en el asunto en los asentamientos irregulares que a últimas fechas se han presentado en el municipio de Valle de Chalco, donde se están haciendo asentamientos humanos en son zonas expuestas a la inundación. Ojalá haya eco en ello, puesto que es una demanda y, sin duda, un tema de prevención.

Con estos antecedentes, compañeras y compañeros, y por la relevancia que tiene esta iniciativa, hacemos nuestro reconocimiento a la proponente y por ello el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor, toda vez que es una necesidad prioritaria y un acto de prevención solidaria. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los desastres naturales causados por el fenómeno meteorológico, son en muchas ocasiones provocados por la necesidad, la ignorancia y hasta por la negligencia de asentarse en espacios que representan riesgos, ya sea porque se encuentran en los márgenes de ríos y arroyos, en llanuras inundables o sobre fallas sísmicas.

Si bien los peligros amenazan a todos, la población en condiciones de pobreza es la más vulnerable, haciendo necesario que los tres niveles de gobierno implementen medidas para mejorar la planificación y la prevención ante riesgos potenciales y emprender acciones para dar pronta respuesta a la población damnificada y dar inicio a los trabajos de reconstrucción de la infraestructura dañada.

Las autoridades de los diferentes ordenes de gobierno son corresponsables de evitar tragedias y garantizar que en esas zonas de riesgo no habrá gente que pueda ser arrastrada por una corriente de agua o sepultadas por un alud, por lo que se tomarán las medidas pertinentes para inhibir los asentamientos humanos en zonas de riesgo como, por ejemplo, aquellos próximos a los ríos y arroyos que cruzan por nuestro país.

Los fenómenos meteorológicos que año con año azotan a nuestro país evidencian que se requiere fortalecer el marco regulatorio en todos los niveles de gobierno para evitar por todos los medios posibles que la gente siga construyendo y asentándose en zonas de riesgo, por su misma seguridad y por la de sus familias.

El año pasado se tuvo que hacer frente a no pocos desastres naturales en diversas entidades federativas del país: huracanes, lluvias en exceso, heladas, fríos, desbordamiento de ríos y presas, etcétera, que han afectado a miles de familias con altos grados de marginación.

Tan sólo los fenómenos hidrometeorológicos de Ingrid y Manuel afectaron a dos terceras partes del país, dejando más de 150 muertos, 300 mil damnificados y en total un millón 200 mil personas sufrieron algún tipo de afectación.

Compañeros legisladores: no podemos pasar por alto los graves acontecimientos ocasionados por los desastres naturales que han golpeado fuertemente a nuestro país recientemente.

Ante esta delicada coyuntura, la reducción de desastres debe ser un componente clave en las políticas públicas del gobierno federal y de los gobiernos locales, particularmente los que se refieren a la prevención y a la atención inmediata, siendo necesario impulsar los mecanismos pertinentes para mitigar las consecuencias de los desastres que se enmarquen en la planificación y la puesta en marcha del establecimiento de un marco institucional legal que permita prevenir y reducir las consecuencias de desastres.

Por tanto, se estima urgente establecer un marco jurídico operativo que permita actuar con la mayor oportunidad y transparencia para atender los estragos que ocasionan los desastres naturales.

En este sentido, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es pertinente que se apruebe el presente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, en materia de prevención de riesgo.

Ante la ocurrencia de probables eventos de tipo hidrometeorológico o geológico no podemos permitir la construcción de una casa o de un desarrollo habitacional más en el cauce de un río o en alguna otra zona de riesgo. Es importante que los asentamientos humanos no se autoricen en lugares inadecuados.

Es sólo a través de la implementación de una serie de acciones de naturaleza preventiva, como las que contiene el presente dictamen, que mediante el trabajo coordinado de la federación con los gobiernos estatales y municipales se logrará disminuir al mínimo las condiciones de exposición a la que está sujeta la población de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Quiero dar la más cordial bienvenida y saludar la presencia aquí de un grupo de estudiantes del segundo semestre de derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

También saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos de la Universidad Tec-Milenio de la licenciatura de derecho, provenientes de Pachuca, Hidalgo, invitados por la diputada Mirna Hernández Morales. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

Tiene la palabra la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros: las palabras que vengo a compartirles son la culminación de un proceso en el que ustedes me han acompañado. Gracias.

La iniciativa con motivo de prevenir riesgos en los asentamientos humanos que originalmente se presentó en abril del 2013, contó con el respaldo de decenas de ustedes que con toda la sensibilidad vieron a través de este cristal, una propuesta para una mejor realidad para nuestro país.

La iniciativa se ha enriquecido, tanto en el proceso de dictaminación como en la consulta con expertos, como la hecha ante mi alma máter, la Benemérita Universidad de Guadalajara. Del Colegio de Urbanistas de México, de la Organización de Urbanistas Foropolis, así como de la Sedatu, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y, por supuesto y de antemano, por todo el pleno aquí presente. A todos ustedes muchas, muchas gracias.

Hoy estamos a punto de darle el trámite positivo, que una vez que lo avale la Cámara de Senadores permitirá prevenir los riesgos en los asentamientos humanos. La infraestructura es importante para nuestro país, el equipamiento y todos los servicios con los que contamos lo son también, es por eso que es imprescindible que hoy día podamos prevenir los riesgos que atenten contra estas infraestructuras y contra las vidas que en ellas se desarrollan.

Prevenir riesgos como lo dije tiempo atrás —y lo reitero— es un tema de atención crítica y prioritaria para el país, puesto que más de 22 millones de mexicanos viven puntualmente expuestos a fenómenos hidrometeorológicos intensos, tales como huracanes, ciclones, lluvias extremas e inundaciones.

No nos es posible olvidar los efectos nocivos causados por Ingrid y Manuel el año pasado a lo largo de todo el territorio nacional, ni lo ocurrido en La Pintada, o las inundaciones en la muy marginada colonia Luis Donaldo Colosio en Acapulco, tampoco a los cerca de 250 mil habitantes afectados por dichas tormentas. Los 50 mil evacuados y las lamentables centenas de víctimas fatales, o a lo que ocurre año con año en diferentes localidades de mi estado y con toda seguridad, en las de todos ustedes.

Lo anterior sucede, como sabemos, a causa de los fenómenos hidrometeorológicos, pero también, en cierta medida a la falta de prevención que hoy queremos afrontar. Además de los fenómenos hidrometeorológicos están también en la lista los riesgos geológicos para los asentamientos humanos, tales como los sismos, las erupciones volcánicas y la inestabilidad de los suelos.

Estos tienen por causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre que ponen en riesgo a millones de mexicanos. La falta de prevención coloca y apuesta vidas y millones de pesos en infraestructura instalada que con mejores regulaciones a los asentamientos y a su localización sí podría garantizarse.

Tengamos siempre en cuenta que ante la eventualidad de un desastre natural la vida en los asentamientos humanos, rurales o urbanos se ve seriamente trastocada por la secuencia de sus efectos negativos en cadena.

Las condiciones de habitación, transporte, abasto, educación y salud, así como los servicios públicos se dislocan y generan situaciones de adversidad y emergencia, pero también que la vulnerabilidad de los asentamientos humanos no está determinada por la ocurrencia de los fenómenos hidrometereológicos y peligrosos que lo azotan, depende del grado de fortaleza o fragilidad de varios de los elementos de los asentamientos, como son: su infraestructura o sus servicios, y a la forma en que sociedad y gobierno nos organicemos y preparemos para enfrentar dichas contingencias. La legislación que se propone hace posible fortalecer estos aspectos.

El dictamen a esta iniciativa permitirá abordar de manera responsable la prevención y sanción al incumplimiento en materia de prevención de riesgos, porque establece en la ley que regula los asentamientos humanos el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes a través de la gestión preventiva y correctiva de los riesgos citados; porque posibilita acciones, obras y servicios, como la reubicación de la población y el asentamiento de polígonos de protección con el fin de prevenir y atender las condiciones de riesgo en asentamientos humanos; porque faculta a la autoridad a realizar las evaluaciones necesarias para identificar zonas de alto riesgo; porque impide que en dichas zonas se edifique vivienda o infraestructura, así como equipamiento estratégico para nuestro país; porque finalmente se establece qué tipos de territorios, de acuerdo a sus condiciones orográficas, de proximidad a cuerpos de agua, edafológicas, entre otros criterios, son o no susceptibles para ser ocupados debido a su condición de peligro.

Además de todo lo anterior se propone fijar la obligatoriedad de las autoridades de establecer y aplicar sanciones a quienes permitan o alienten la ocupación de zonas que están en riesgo y ponen en riesgo el patrimonio y la vida de las personas.

Se acerca el momento de sufragar. Recordemos el pasado y conscienticemos que tenemos hoy día la oportunidad de votar a favor de normas jurídicas que prevengan los impactos asociados con eventos catastróficos como los ya referidos. Que podemos votar este día a favor de proteger la vida y el patrimonio de las personas que representamos, que votaremos este día por un futuro más seguro a partir de proteger los lugares de donde somos y de donde venimos. Y, les reitero, el asunto no es mínimo, los derechos al hábitat y la seguridad de los mexicanos son de atención prioritaria. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene finalmente la palabra, para hablar en pro, el diputado Víctor Díaz Palacios. Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la preparatoria Alfonso Calderón Moreno, del municipio de Puebla, que están hoy aquí acompañándonos, invitados por el diputado Javier López Zavala. Bienvenidas y bienvenidos todos.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, he escuchado con atención y por supuesto mi voto será a favor de esta iniciativa, sin embargo quiero recordarles que aquí mismo se presentó una en donde trasladábamos la falta administrativa a la pena corporal, para cualquier funcionario de los tres entes de gobierno que otorgara permisos de uso de suelo.

¿Por qué lo traigo en este momento a la tribuna, amigas y amigos legisladores?, porque en mi pueblo, en donde tuvimos muertos, por cierto los únicos afortunadamente del estado de Puebla, hoy están construyendo casas exactamente en el mismo lugar, pero además cuentan ya con el servicio de luz eléctrica.

En tanto y cuanto, compañeras y compañeros, nosotros no hagamos el traslado de la pena administrativa a la pena corporal, la autoridad federal, estatal y municipal estará otorgando permisos de uso de suelo en zonas de riesgo, aun teniendo el Atlas. Entonces aquí, compañeras y compañeros, por desgracia ahora que vienen las lluvias, los que somos de la sierra sabemos que esta película la vamos a tener en los próximos meses, y otra vez estaremos reclamando a los gobiernos y estaremos pidiendo a la Secretaría de Gobernación que agilice los recursos.

No es así, compañeras y compañeros diputados, como vamos a acabar con este gravísimo problema. Protejámos la vida humana. Si nosotros no hacemos lo que por mandato constitucional tenemos obligación, después no nos quejemos.

Yo no puedo entender que compañeras y compañeros de zonas de riesgo, como es Guerrero, como lo es Veracruz, como lo es Michoacán, por supuesto Puebla, después estarán aquí en la tribuna nuevamente solicitando más recursos y dejando en la impunidad a presidentes municipales, a gobernadores o funcionarios federales que están otorgando permisos de uso de suelo en zonas de alto riesgo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión el artículo 5o, fracción IX, por el diputado Ramón Montalvo, y el artículo 52 Bis 1, por el diputado Fernando Belaunzarán.

En consecuencia, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia da la bienvenida a un grupo de estudiantes y maestros de la Universidad Vizcaya, que están hoy aquí invitados por el diputado Mario Alberto Dávila Delgado. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 416 votos a favor, 12 abstenciones y 3 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

Tiene la palabra para presentar su propuesta de modificación al artículo 5o., fracción IX, el diputado Ramón Montalvo Hernández.

Informo a la asamblea que la reserva del diputado Fernando Belaunzarán ha sido retirada.

El diputado Ramón Montalvo Hernández:Buenas tardes, compañeros. Si bien es cierto esta reforma es una reforma meramente social, humanista, de prevención, también es cierto, compañeras y compañeros, que es importante y relevante que tratemos de cuidar los aspectos meramente al detalle.

Mi reserva va en el sentido del artículo 5o., fracción IX, donde dice a la letra: la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a prevenir y atender las condiciones de riesgo en los asentamientos humanos, entre ellas la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de la población en situación de alto riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

La propuesta es adicionar la palabra indemnización, quedando de la siguiente manera: la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a prevenir y atender las condiciones de riesgo en los asentamientos humanos, entre ellas la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación e indemnización de la población en situación de alto riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

De lo que se trata es de dar la mayor de las garantías a la población de esta manera, puesto que aquí se ha dicho que lamentablemente los que más resienten en cuestión de vidas humanas o materiales es precisamente la población más desprotegida.

Por eso hago un exhorto a todos, compañeras y compañeros, para que podamos abonar con este detalle y adherir el término de indemnización. De antemano, muchas gracias, muy buenas tardes.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputados secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted la reserva del artículo 5o. del dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley general de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Dice:

Artículo 5o. ...

I. a VI. ...

VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población;

VIII. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de los centros de población; y

IX. La ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a prevenir y atender las condiciones de riesgo en los asentamientos humanos, entre ellas, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de la población en situación de alto riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

Debe decir:

Artículo 5o. ...

I. a VI. ...

VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población;

VIII. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de los centros de población; y

IX. La ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a prevenir y atender las condiciones de riesgo en los asentamientos humanos, entre ellas, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación e indemnización de la población en situación de alto riesgo, y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2014.— Diputado Ramón Montalvo Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Montalvo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Queda en sus términos.

Le ruego a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 5o., fracción IX, y 52 Bis 1, en los términos del dictamen.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos en mención.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Calderón Ramírez (desde la curul): A favor.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): A favor.

La diputada Lorena Méndez Denis (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 335 votos a favor, 14 abstenciones y 62 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los artículos 5o. y 52 Bis 1 en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones y un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos, para prevenir riesgos en los asentamientos humanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Saludo con mucho gusto a un grupo de líderes comunitarios del municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, invitados por el diputado Miguel Sámano Peralta. Bienvenidas y bienvenidos todos.

Antes de continuar con los dictámenes relativos a la medalla y al reconocimiento Eduardo Neri, le voy a pedir a la Secretaría pueda dar lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sobre el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.

DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL AUTISMO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Pronunciamiento de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados sobre el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo.

El día de mañana se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y en nuestro país se iluminarán los edificios sede del Congreso de la Unión, así como la mayoría de los Congresos locales y palacios de gobierno.

La problemática de la condición de los trastornos del espectro autista es un fenómeno social con serias implicaciones económicas, políticas, sociales, educativas y culturales.

Uno de cada 100 mexicanos que nace sufrirá de algún trastorno del espectro autista, cuya prevalencia en el mundo ha propiciado acuerdos y declaraciones de los más importantes organismos internacionales para exigir a los Estados miembros una protección eficaz a favor de quienes padecen esta condición. Entre ellas, la Carta Universal de los Derechos de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, aprobada en la Convención de La Haya en el año 2007, derivada de la Carta Universal de los Derechos Humanos.

En la mayoría de los países de Europa, Asia y América existen legislaciones específicas que regulan la protección de los derechos humanos y la atención a las personas con la condición autista en materia de salud, educación, trabajo, recreación y deporte.

En México, ninguna ley relativa a estos rubros inserta el fenómeno autístico. Es urgente que el Estado se haga responsable de proporcionar un servicio de salud especializado que permita la detección temprana de este fenómeno.

En esta semana del autismo hemos podido percibir distintas manifestaciones públicas de miles de familias en todo el país que esperan un mensaje de aliento que les dé certeza jurídica de que el Estado y el gobierno mexicano tienen voluntad política de proteger y amparar el ejercicio pleno de sus derechos.

Invitamos a las diputadas y diputados federales, y a la sociedad en general, para que asuma la importancia en este tema y nos comprometamos con lograr medidas legislativas para su mejor atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias.

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Paloma Villaseñor, por favor. Adelante, diputada.

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): Gracias, señor presidente. Se dice con frecuencia que en tanto los poderosos carecen de sensibilidad, los sensibles carecen de poder, concepto que llama a la reflexión.

El día de mañana se conmemora en el mundo entero, el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, condición que afecta a niños, jóvenes y adultos en todos los países del mundo. Su prevalencia, como ya se dijo aquí, va de uno por cada 38 y en otras uno por cada 68, uno por cada 100 nacimientos, tal como lo señaló la Mesa Directiva, el dato es alarmante.

En México se calcula que hoy existen a lo largo y ancho de todo el territorio nacional cerca de un millón de niños, jóvenes y adultos con autismo, todo apunta a convertirse en la condición de discapacidad más importante del siglo XXI.

Por ello yo también invito a todos ustedes para que, más allá de los discursos y de las buenas intenciones, nos sumemos con un sentido humanista y solidario a una causa que en México requiere con urgencia ser legislada. Miles de familias esperan de quienes tenemos un poder legítimo hagamos valer nuestra voluntad política para responder por la vía de la razón y de la ley, al reclamo de atención y protección de los derechos humanos de todas las personas con trastornos del aspecto autista.

Agradezco la solidaridad de la Mesa Directiva y de las distintas fracciones parlamentarias. Sin duda con sus aportaciones enriqueceremos la iniciativa de ley que hemos presentado.

Finalmente los invito el día de hoy a las siete de la noche para que me acompañen y podamos iluminar todos esta Cámara de azul, en favor de las personas con autismo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

La diputada Adriana Hernández Iñiguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Adriana Hernández.

La diputada Adriana Hernández Iñiguez (desde la curul): Gracias, presidente. De igual manera para agradecer que hayan hecho suya la propuesta que el día de ayer presentara la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que me honro en presidir, sobre la conmemoración del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo donde solicitamos que se tomara en cuenta como parte de la agenda política el día de hoy.

Sé que el día de hoy no fue posible, pero el jueves así será; agradecer que se hayan sumado, que hayan hecho suyo este tema y reiterar nuestra petición para que el día jueves se tome en cuenta como agenda política.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Verónica Juárez Piña, por favor.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. Reconocer y saludar las acciones que desde la Cámara de Diputados se estarán haciendo y hay que reconocer también aquí la iniciativa que ha tenido la diputada Paloma Villaseñor, para que el día de mañana, el 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo pueda iluminarse no solamente esta Cámara de Diputados, sino también otros Congresos locales.

En la medida en que nos concienticemos, y en la medida en que visibilicemos que hay muchas niñas y niños con autismo, es en la medida en que vamos también a dar respuestas concretas a través de políticas públicas.

En días pasados se ha presentado también una iniciativa que la hemos abrazado todos los grupos políticos, todos los partidos políticos, porque estamos conscientes de que también teniendo leyes más fuertes es como estando dando respuesta a estos niños y niñas con autismo que no son visibilizados en México. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MERITO CIVICO “EDUARDO NERI Y LEGISLADORES DE 1913”

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se turnó la iniciativa enunciada en el encabezado de este documento, por conducto del presidente de la Cámara de Diputados.

La comisión se abocó a su estudio y análisis para formular el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada el jueves 21 de noviembre de 2013, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. del decreto que crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”. El presidente determinó que se turnase a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presentada por Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 3910-VI, el miércoles 20 de noviembre de 2013.

II. Contenido

La iniciativa propone modificar el artículo 3o. del decreto que crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, que a la letra dice: “Durante el mes de septiembre de cada año de ejercicio, la Mesa Directiva encargará a la Casa de Moneda de la Nación la elaboración de dos ejemplares de la medalla que vaya a entregarse. Uno de los ejemplares será el que se entregue a la persona galardonada y el otro será entregado al Museo Legislativo para su exhibición al público en general, en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la celebración de la sesión solemne”.

III. Los argumentos

De acuerdo con su contenido, la iniciativa expresa en un recuento histórico que el 9 de octubre de 1913, al iniciar la sesión en la Cámara de Diputados, el legislador guerrerense Eduardo Neri, fue contundente al llamar a combatir al presidente de México en turno, haciendo uso de la tribuna de la nación, señalando: “Creí que al renunciar don Aurelio Urrutia a la cartera de Gobernación, el procedimiento Cepeda habríase extinguido, pero desgraciadamente, señores, el asesinato y el tormento siguen en pie y a la lista de nuestros infortunados compañeros Gurrión y Rendón, tenemos que agregar el nombre del valiente senador Belisario Domínguez, a quien no parece que lo mataron hombres sino chacales que, no contentos con quitarle la vida, devoraron sus restos, pues su cadáver no aparece”.

(...)

“El Ejecutivo ha enarbolado frente a nosotros su bandera negra de restauración, de terror y de infamia. Enarbolemos nosotros frente a él nuestra bandera roja de abnegación, de valor y de fe.

(...)

“Todos hablamos de patria, todos hablamos de ideales, todos hablamos de dignidad y si realmente, señores, amamos a la patria, hoy más entristecida que nunca (dijo el orador en otro de sus párrafos candentes), si realmente somos dignos, formemos un Congreso de valientes y sigamos tras nuestros ideales de libertad, no importa que no encontremos con nuestras termópilas, en este camino de peligros en que nos amenaza constantemente la espada de Victoriano Huerta.”

Este hecho motivó la molestia de Victoriano Huerta, y al salir del recinto, Eduardo Neri y otros 82 diputados fueron aprendidos, siendo objeto de maltratos y la constante amenaza de ser fusilados. A partir de estos hechos, el presidente ordenó la disolución del Congreso.

Por esto, a partir del discurso pronunciado por el diputado Eduardo Neri, en el que denuncia la tiranía de Victoriano Huerta, la congruencia de sus actos, su valor y arrojo, sean reconocidos a través del otorgamiento de una presea instituida con el nombre del diputado “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”.

En el transcurso de la vida parlamentaria de la Cámara de Diputados federal, diversas legislaturas consideraron instituir los mecanismos para conceder dicha presea.

Sin embargo, dice la iniciativa, en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados se aprobó, el 25 de abril de 2001, el decreto que crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” y publicado en el Diario de la Federación (DOF) el 2 de mayo del mismo año; posteriormente en 2002 se expediría su normatividad complementaria para la entrega de la medalla.

Dicho decreto se ha modificado en dos ocasiones, siendo una de éstas la que instituye el otorgamiento de esta presea, no sólo al final de la legislatura, como menciona esta iniciativa, sino cada año, propuesta señalada en la iniciativa que presentara el diputado Heriberto Galindo Quiñones (PRI), en la actual legislatura, el 27 de noviembre de 2012.

Entre los galardonados con la Medalla al Mérito Cívico se encuentran el mismo diputado Eduardo Neri Reynoso (XLVII Legislatura), Jesús Silva Herzog (XLVIII Legislatura), Enrique Corona Morfin (XLIX Legislatura), Salvador Azuela Rivera (LI Legislatura), Francisco de la Vega Martínez (LII Legislatura), Andrés Henestrosa (LVIII Legislatura), Raúl Anguiano Valadez (LIX Legislatura), Miguel Luis León y Portilla (LX Legislatura), José Aristeo Sarukhán Kermez (LXI Legislatura) y, recientemente, Jacobo Zabludovsky Kraveski, así como Fernando Landeros Verdugo (LXII Legislatura).

El motivo central de esta iniciativa es enriquecer el procedimiento para la difusión de la entrega de la medalla, modificando el texto del artículo 3o. del decreto por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, otorgando un carácter al Museo Legislativo de resguardante histórico ya que, según señalan los iniciantes, éste en la práctica opera como un auténtico acervo histórico del Poder Legislativo, toda vez que ahí se exhiben artículos de gran valor para la Cámara, lo que le ha servido para consolidar el vínculo entre el pueblo de México y el Poder Legislativo.

Señala esta iniciativa que actualmente el museo no se encuentra facultado para solicitar a la Mesa Directiva en turno un ejemplar de esta presea para su acervo, por lo que existe un vacío legal, y tampoco se establece el plazo para que ésta sea remitida.

Así, la propuesta pretende facultar al Museo Legislativo para que pueda solicitar a la Mesa Directiva en turno un ejemplar de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, para que sea exhibido al público en general que nos visite; así como el establecimiento de un plazo de entrega después de haberse celebrado la sesión solemne. Se da con ello paso para que el Museo Legislativo se convierta en un espacio de reflexión sobre el quehacer legislativo y el legado histórico que representa.

IV. Consideraciones y análisis

1. La iniciativa que en este dictamen se analiza cumple los requisitos formales que señala el artículo 78 del Reglamento. Se formuló por escrito y se presentó con un título por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el pleno, y fue difundida con oportunidad.

2. La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece el primer párrafo del artículo 70 constitucional, así como la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen de la propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Sin embargo, es importante señalar que en el texto de esta iniciativa, la propuesta de los iniciantes sugiere la reforma del artículo 30 del decreto que crea la medalla “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, pero el artículo que se pretende reformar corresponde al 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico, “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, por lo que, aun con el error en el señalamiento de la normativa, esta comisión considera que la sugerencia para modificar el decreto aplica correctamente al Reglamento, por lo que se procedió a emitir el dictamen con esta consideración.

5. El 3 de diciembre de 2013, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias solicitó la opinión que para este órgano implicaba la propuesta contenida en la iniciativa, mediante el oficio número CRRPP/ 634-LXII/ 13, al maestro Elías Robles Andrade, director general del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y a fin de contar con los elementos necesarios para dictaminar la iniciativa en comento.

6. El 9 de diciembre de 2013, este órgano legislativo remitió mediante oficio la opinión respecto de esta iniciativa. En términos generales, expresa que esta propuesta promueve de manera dinámica y reflexiva el conocimiento de la vida legislativa de México y su historia para fortalecer la participación cívica y democrática de los ciudadanos.

7. Se considera también que reglamentar una práctica parlamentaria como es el caso de la entrega de la medalla “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, fortalecerá al Museo Legislativo como un espacio de reflexión sobre el quehacer legislativo y el legado que significa. Contribuirá al incremento del acervo histórico de la Cámara de Diputados y podrá mostrar al público que día con día visita este lugar el compendio de medallas al mérito cívico de manera cronológica.

8. Señala además que el Museo Legislativo cuenta con medios para conservar, preservar y garantizar el adecuado trato a las preseas.

9. Considera que, de aprobase la propuesta de la iniciativa, se abriría un espacio de difusión, y contribuiría al fomento del conocimiento del devenir histórico del país, fortaleciendo las funciones y características del Poder Legislativo federal.

10. Señala que sería importante agregar un artículo transitorio en el que se establezca que el presidente de la Mesa Directiva solicitará a la Casa de Moneda la elaboración de las preseas con las cuales no cuenta el museo, para su debida difusión.

11. Menciona que la aprobación de esta iniciativa contribuye también al cumplimiento del objetivo para el que fue creado el Museo Legislativo, señalado en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados.

12. Asimismo, el museo manifiesta que en el acervo correspondiente a la Medalla Eduardo Neri no cuenta con las preseas correspondientes a 1969, 1972, 1975, 1981, 1984 y 2003, en los cuales se llevó a cabo la entrega de la medalla por la Cámara de Diputados.

V. Conclusiones y propuestas

A partir del concepto del vocablo acervo, que deriva del latín acervus, y que significa “conjunto de bienes o de un haber común para un grupo social”, concluimos que todas las manifestaciones, los hechos culturales y sociales, pasados y presentes, nos llevan a construir una identidad como sociedad, con la sucesión de valores de generación en generación.

Así, el patrimonio legislativo debe entenderse como el conjunto de bienes, sin un valor de uso y de cambio sino, más bien, con valor excepcional desde el punto de vista histórico e historiográfico y en consecuencia, dichos bienes deberán ser difundidos para el conocimiento de la población y preservarse para las siguientes generaciones.

De ser el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación un depositario del acervo histórico de la Cámara de Diputados federal, deberá pensarse en un futuro inmediato crear auténticamente un archivo con diversos fondos como el documental, bibliográfico, fototeca, hemeroteca, videoteca, audioteca, para que de esta manera, el quehacer legislativo se exponga al servicio de la sociedad y su desarrollo.

En concordancia con la opinión del Museo Legislativo, esta comisión estima procedente la iniciativa que aquí se dictamina, a fin de ampliar la difusión de un reconocimiento que está dirigido a la sociedad mexicana, como es la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”. Para ello, se propone modificar el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, en el artículo 30, cuyo contenido corresponde a la propuesta original de la iniciativa.

Por lo expuesto, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias propone a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”

Artículo Único. Se reforma el artículo 30 del Reglamento dela Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, para quedar como sigue:

Artículo 30. Durante el mes de septiembre de cada año de ejercicio, la Mesa Directiva encargará a la Casa de Moneda de la Nación la elaboración de dos ejemplares de la medalla que vaya a entregarse. Uno de los ejemplares será el que se entregue a la persona galardonada y el otro será entregado al Museo Legislativo para su exhibición al público en general, en un plazo no mayor de 30 días naturales posteriores a la celebración de la sesión solemne.

Transitorios

Primero. EI presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados solicitará, a más tardar en septiembre de 2014, a la Casa de Moneda los ejemplares de las medallas correspondientes a 1969, 1972, 1975, 1981, 1984 y 2003, a fin de que el acervo histórico de este reconocimiento esté completo y se exhiba en el Museo Legislativo.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la reunión ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2014.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme, Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Roberto López Suárez, Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado Alfonso Durazo Montaño.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados presento ante ustedes, a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el dictamen por el que se reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, respecto a la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, es la presea que se entrega año con año a todo aquél ciudadano o ciudadana que por sus hechos o méritos cívicos y/o políticos en favor de la sociedad es reconocido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Dicho reconocimiento ha transitado por diversas etapas, comenzando con el otorgamiento por primera vez el 21 de octubre de 1969 al propio Eduardo Neri Reynoso, para reconocer el acto de valentía que tuvo como legislador al denunciar la desaparición y muerte de diversos legisladores por parte del dictador Victoriano Huerta.

El motivo central de la propuesta de los iniciantes es enriquecer el procedimiento para la difusión de la entrega de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, otorgando un carácter al Museo Legislativo de resguardante histórico ya que, según señalan, en la práctica opera como un auténtico acervo histórico del Poder Legislativo, toda vez que ahí se exhiben artículos de gran valor para esta Cámara, lo que le ha servido para consolidar el vínculo entre el pueblo de México y el Poder Legislativo.

En este proceso la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias solicitó opinión a la Dirección General del Museo Legislativo “Sentimientos de la Nación”, a fin de contar con los elementos necesarios para dictaminar esta iniciativa.

En respuesta a esa solicitud dicha área considera también que la entrega de la Medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913, al propio museo, fortalecerá al museo legislativo como un espacio de reflexión sobre el quehacer legislativo y el legado que significa.

El museo manifiesta también que en el acervo correspondiente a la Medalla Eduardo Neri, no cuenta con las preseas de los años 1969, 72, 75, 81, 84 y 2003, en los cuales se llevó a cabo la entrega de la medalla por parte de la Cámara de Diputados.

De conformidad con lo señalado por la dirección del museo, esta dictaminadora decidió incorporar un artículo transitorio donde se hace referencia a la petición de los ejemplares de las medallas correspondientes a los años mencionados con el fin de que el museo las reciba y pueda exhibirlas.

Como justificación para aprobar este dictamen, los miembros de la comisión asumimos que el patrimonio legislativo debe entenderse como el conjunto de bienes sin un valor de uso y de cambio, sino más bien con un valor excepcional desde el punto de vista histórico e historiográfico.

En conclusión, esta comisión estima procedente la iniciativa que aquí se dictamina, a fin de ampliar la difusión de un reconocimiento que está dirigido a la sociedad mexicana como es la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913.

Para ello se propone modificar el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, con el artículo 30 cuyo contenido corresponde a la propuesta original de la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias propone a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913. Es cuanto, presidente y gracias por su atención.

Presidencia del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Durazo.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Se informa a la asamblea que los grupos parlamentarios acordaron una sola intervención para fijar postura en éste y el siguiente dictamen. Por tal motivo tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su permiso, señor presidente. En este acto, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, doy posicionamiento del mismo en torno a los dos dictámenes que se están conociendo: la plaza cívica y establecer dos medallas para que quede como acervo del patrimonio de este Congreso.

Señoras y señores legisladores: Eduardo Neri Reynoso y los legisladores de 1913 merecen un justo y merecido reconocimiento de esta soberanía y del pueblo mexicano. La valentía del joven legislador que a los 26 años pronunció un discurso contundente en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta debe ser un referente constante sobre la importancia de la libertad en un régimen democrático.

Consideramos por demás positivo nombrar a la plaza central de este Palacio Legislativo con el nombre del ilustre legislador Eduardo Neri Reynoso, colocando además un busto con su efigie y una placa alusiva a los valerosos legisladores de la XXVI Legislatura.

Asimismo, consideramos positivo enriquecer el acervo de esta Cámara con relación a la entrega de las preseas anuales que se otorgan a distintas personalidades en nombre de este ilustre legislador.

Como sabemos, este hombre de ideas liberales contribuyó a la construcción de instituciones democráticas en el país. Fue diputado federal, representante en 1913 del distrito electoral federal de Chilpancingo, que en aquel año fatídico, con aquel discurso valeroso arriesgó su vida y su libertad, al igual que muchos otros hombres valientes de esa legislatura a los que hoy nuevamente enalteceremos con el honor que se merecen. Su osadía provocó la disolución inconstitucional de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión de aquel entonces, pero sus palabras resultaron jurídica y políticamente trascendentes, sentando las bases de lo que fue el fuero constitucional para las y los legisladores.

Desde ese entonces su actitud le imprimió una indisoluble e indiscutible dignidad al Poder Legislativo, quedando establecido que las y los legisladores de ambas cámaras del Congreso son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

En mérito de su persona se instituyó la Medalla al Mérito Cívico, entregándosela a él por primera vez en 1969 para reconocerle la defensa a la dignidad del Poder Legislativo con el discurso valeroso que pronunció el 9 de octubre de 1913.

De esta manera, como legisladores asumimos su ejemplo y reconocemos a las y los mexicanos que se hayan significado por su aportación a la sociedad mexicana. Sin embargo, aun cuando este reconocimiento se realice ya de forma anual, en Nueva Alianza coincidimos con la dictaminadora en que honrar su memoria fortalece la participación cívica y democrática de los ciudadanos y debe servir para promover de manera dinámica y reflexiva el conocimiento de la vida legislativa de México, de las aportaciones cívicas de sus mujeres y hombres, así como de su propia historia.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de estos dictámenes porque consideramos que en estos tiempos de definiciones es propicia la oportunidad de difundir y honrar la memoria de Eduardo Neri Reynoso y de los 82 legisladores de 1913, tanto en el Museo Legislativo como en la plaza que llevará su nombre.

Señoras y señores diputados, el Congreso mexicano debe asumir con responsabilidad y de cara la nación las decisiones que marcarán el rumbo del país. Estamos frente a momentos históricos que determinarán el progreso y desarrollo de las futuras generaciones.

El régimen de libertades que imperan estos tiempos nos permite exponer nuestras ideas desde la más alta tribuna, sin menoscabo de nuestra libertad. Pero en esta misma libertad trae consigo responsabilidades que plenamente asumimos desde el momento que aceptamos el mandato popular.

El debate puede tornarse álgido, muestra del crisol de pensamientos de una sociedad heterogénea y moderna, pero siempre en el marco de respeto que como pares nos tenemos, y del reconocimiento a los distintos y a los diferentes.

Por ello resulta fundamental no olvidar las lecciones de la historia, de esa historia en el que los hombres y las mujeres como Eduardo Neri Reynoso y los legisladores de 1913 nos han legado, constructores de la patria que gracias a ellos hoy podemos vivir las vicisitudes de la democracia política. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Luis Antonio González Roldán. Tiene la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse a ambos dictámenes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Igualmente, damos la más cordial bienvenida al grupo de estudiantes y maestros de la licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Occidente, unidad Guamuchil, estado de Sinaloa, invitados y atendidos por el diputado Alfonso Inzunza Montoya.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913.

El diputado de la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión, Eduardo Neri, pronunció el 9 de octubre de 1913 un discurso en la tribuna de la Cámara de Diputados, en el que protestó en contra del sanguinario régimen del usurpador Victoriano Huerta.

Hace 101 años que Victoriano Huerta ordenó, entre otros horrendos crímenes, el del senador por el estado de Chiapas, Belisario Domínguez, apoyado por el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Henry Lane Wilson, se perpetró un golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, ambos fueron vilmente asesinados y ello permitió el acceso de Huerta a la Presidencia de la República.

Muchos legisladores no lo saben o deliberadamente lo olvidaron, pero la actitud hostil hacia el presidente Madero por parte del embajador Lane Wilson, se debió a que el gobierno de Madero tuvo la osadía, en opinión de las empresas petroleras norteamericanas, de establecer un gravamen de 20 centavos por tonelada de petróleo extraída, lo cual generó la inconformidad de dichas empresas y su consecuente apoyo al golpe de Estado.

Como consecuencia del discurso del diputado Eduardo Neri el usurpador Victoriano Huerta ordenó la disolución de las Cámaras del Congreso y encarcelar a 83 diputados.

La Cámara de Diputados tomó la decisión de instituir la presea Eduardo Neri, Legisladores de 1913, como reconocimiento y homenaje a la actitud valiente de aquellos diputados y entregarla a mexicanos distinguidos.

En el dictamen presentado se nos propone que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados encargará en el mes de septiembre de cada año a la Casa de Moneda la elaboración de dos ejemplares de la medalla que vaya a entregar, una para el galardonado y otra para resguardo y exhibición en el Museo Legislativo de esta Cámara.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en consecuencia el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor el presente dictamen con el cual se contribuye también al fortalecimiento de los valores cívicos, puesto que las personas que visiten el Mueso Legislativo tendrán oportunidad de conocer las medallas que esta soberanía ha entregado a mexicanos distinguidos.

Por otra parte, también apoyamos, como grupo parlamentario, el dictamen relativo a la propuesta para que la plaza central de este recinto legislativo lleve el nombre de Eduardo Neri Reynoso. Por estas consideraciones, y en virtud de los actos heroicos de este diputado, Eduardo Neri, que deberíamos traer a la memoria con la privatización del petróleo y ser dignos diputados representantes del pueblo de este país, nuestro grupo parlamentario votará a favor de ambos dictámenes. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Núñez Monreal. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para referirse a ambos dictámenes.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadanos presidente, ciudadanos legisladores, el dictamen que se discute y está a consideración de la asamblea intenta describir los valores cívicos de mujeres y hombres que merecen ser reconocidos por la sociedad y busca enaltecer su dignidad.

Soy autor de la iniciativa que recoge el dictamen en discusión y que frente a la emergencia general que vive el país quizás podría ser calificada por algunos como insustancial o menor, pero no lo es. Argumentaré por qué mi afirmación.

El dictamen contiene modificaciones al decreto por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, para que el Museo Legislativo sea el depositario y custodio de la misma, y para que la ponga en exhibición con el objeto de que los ciudadanos la conozcan y sepan cuáles son los méritos que pueden hacerlos merecedores de tal distinción.

A principios del siglo XX, Eduardo Neri alzó la voz como un opositor al régimen, denunció valientemente el asesinato de legisladores y asumió una posición digna frente a la usurpación huertista. El Ejecutivo ha enarbolado frente a nosotros su bandera negra de restauración de terror, de infamia, dijera el entonces diputado Neri, el 9 de octubre de 1913 ante la Legislatura a la que perteneció.

Hoy de nueva cuenta México se encuentra en un proceso de restauración, de nueva cuenta se ciernen sobre la patria actos regresivos de autoritarismo y corrupción. La nación está anhelando de patriotas y ciudadanos de virtudes, el país se encuentra en una franca y acelerada decadencia política.

Los dioses de esta nueva clase gobernante son el dinero, la hipocresía y el poder. Los hombres de bien se están extinguiendo ante la vorágine de lo superfluo, el privilegio y la deshonestidad. Y es que el bien es un ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos, aun de nuestra felicidad o de nuestra vida. Recordando a Alfonso Reyes en su cartilla moral.

La decadencia política que sufre el país toca a todos, y es evidente en todos los sectores, en todos los lugares del poder público carcomidos por los intereses económicos y la venta grosera de privilegios.

La justicia se encuentra en estado de putrefacción, al servicio de los poderosos, del mejor postor. La justicia es torcida en beneficio de aquel que paga más en la puja judicial. El Poder Ejecutivo está subastando el patrimonio nacional promoviendo reformas a las que pomposamente llaman estructurales, pero que en realidad son vulgares despojos de los derechos de los maestros, de los trabajadores, de los campesinos y de la población en general.

El Poder Legislativo es sumiso y obediente, cercado por sus propias contradicciones que les impone la repartición de migajas, sin ningún papel relevante que lo distinga históricamente. Los órganos autónomos se han convertido en una extensión de la partidocracia y el repartió del botín anula la imparcialidad, la objetividad y la justicia en sus actos de autoridad. Se ciñen sólo a los intereses de la burocracia política y al gobierno al cual se deben, sin importar el bienestar de los ciudadanos y de sus reclamos de justicia.

¿Qué ha pasado? ¿Dónde se perdió nuestra generación? ¿Dónde se extinguieron los principios y las virtudes de los hombres de Estado? ¿Cuándo se dio la transición de hombres de Estado a comunes hombres de partido? ¿Cuándo tocará fondo esta decadencia política?

Cuando reniegan y vociferan algunos intolerantes que nos acusan de estar en contra de este estado de cosas y nos descalifican por nuestra posición, deberían leer la historia patria, porque quienes no la conocen son extranjeros en su tierra. A ellos les decimos que seguiremos actuando como oposición seria, incorruptible. No somos comparsa, luchamos por principios e ideales y no avalaremos jamás regímenes corruptos, de oprobio y de injusticia.

Recuerdo a Kipling, aquel escritor británico que decía: Ten fe en ti mismo cuando los otros duden. No les niegues el derecho a seguir en su error. Que no te harte la espera y debes saber esperar. Y aún calumniado nunca incurras en mentiras ni en desesperación. Aguanta, aún cuando te odien, sin cegarte de ira. Continúa con tus sueños sin que te ofusquen los que no creen. Que tu razón no duerma y que tu razonar no se agote.

Por eso nosotros creemos que es oportuno, porque a un siglo de distancia, la vigencia política de Neri no es fruto de la ideología, sino de la realidad.

No hay un golpe de Estado, pero sí un golpe cotidiano a la Constitución, que se traduce en actos de traición a la patria. No hay un dictador sanguinario, pero sí un proyecto restaurador del presidencialismo ominoso. No hay una Decena Trágica, pero sí una decena de reformas que degradan la vida del país, el empleo y la economía. No hay un levantamiento armado en marcha, pero sí una guerra civil en gestación, dadas las ejecuciones, secuestros, extorsiones, discriminación y violencia en todo el país. No hay una revolución política, pero sí una contrarrevolución. No hay una disolución autoritaria del Congreso por parte de un dictador de marras, pero sí una serie de amarres, arreglos y moches políticos, que mantienen al Poder Legislativo en su peor expresión social, secuestrado y asediado por poderes de facto y metaconstitucionales.

Sé que en todos los partidos hay hombres y mujeres honorables, y saben que estoy diciendo la verdad, a pesar de que voten en conjunto, como les indican los poderes fácticos y metaconstitucionales. Nosotros seguiremos de pie.

«Discurso sobre el nombramiento de la plaza central del Palacio Legislativo de San Lázaro con el nombre de Eduardo Neri Reynoso, la colocación de un busto con su efigie y la entrega de la medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores 1913” al Museo Legislativo.

Martes 1 de abril de 2014.

En la plaza central de la antigua sede del Senado de la República, en la calle de Xicoténcatl 9, una estatua de Belisario Domínguez de cuerpo entero, con la mano derecha en alto y al pie del pódium senatorial, da la bienvenida al visitante de este edificio histórico, pero ante todo, advierte al legislador que obligadamente la observa, su grave y delicada responsabilidad política: honrar la independencia y honorabilidad republicanas del Poder Legislativo.

A nuestro sistema bicameral le faltaba su referente simbólico monumental, en la plaza legislativa de San Lázaro. Hoy saldamos ese pendiente con la develación de una efigie de Eduardo Neri Reynoso, con la designación de este espacio con su mismo nombre y con la entrega de la medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores 1913” al Museo Legislativo. Tres acciones en un solo evento para honrar la memoria, trayectoria y actuación del legislador de origen guerrerense, con proyección nacional y legado universal.

Belisario Domínguez conduce a Eduardo Neri, y viceversa. Quedaron histórica y perenemente vinculados aquel fatídico año de 1913. Hace 101 años, para ser precisos. Año de descomposición política y degradación nacional. Año de la decena trágica, del magnicidio de Madero, de la usurpación de una presidencia de origen democrático, de la  disolución del Congreso y de la caída de una dictadura sanguinaria. Año en el que estuvo a prueba y en peligro inminente la naciente Revolución Mexicana y sus ideales de democracia, justicia social y libertades cívicas.

La historia coyuntural de lo que hoy conmemoramos empezó de la siguiente manera: El 9 de octubre de 1913, el Pleno de la Cámara de Diputados conoció de la desaparición del senador Belisario Domínguez unos días antes, gracias a la denuncia presentada ante la misma Cámara de Diputados por Ricardo Domínguez, hijo del insigne senador.

Por iniciativa de los diputados chiapanecos se inició una sesión permanente con el fin de averiguar el paradero del senador Domínguez. Se integró una comisión, misma en la que figuró el diputado Eduardo Neri, procediendo a entrevistarse de inmediato con el Secretario de Gobernación Manuel Garza Aldape. Este manifestó que el asunto no era de su competencia y que turnaría a la policía la investigación correspondiente.

Fue entonces cuando el diputado Eduardo Neri, justamente indignado por la actitud del gobierno, pronunció el discurso gracias al cual, ahora podemos afirmarlo, se empezó a labrar el inicio del fin de Victoriano Huerta.

¿Qué dijo Eduardo Neri en aquella histórica intervención? Defendió a Madero, a la democracia, a la honorabilidad del Congreso de la Unión y denunció la desaparición del senador Domínguez. Pero dijo algo que enfureció al dictador Victoriano Huerta. Le llamó “chacal”, porque sólo esa bestia desaparece a sus víctimas para devorarlos.

El adjetivo quedó para la posteridad histórica, pero también para la perturbación de los hombres del poder. Desde entonces, parece que les quedó la piel sensible. Se molestan cuando se les identifica por lo que hacen: “a los chacales, chacales..., a los espurios, espurios..., y a los vendepatrias, vendepatrias”.

La respuesta de Victoriano Huerta a aquella actitud crítica, independiente y de contrapeso de la Cámara de Diputados, fue enviar a la tropa al recinto legislativo al día siguiente, pedirles que se desistieran de crear una comisión legislativa investigadora del caso Belisario Domínguez, y como la respuesta fue un no contundente, procedió al encarcelamiento de los 83 diputados presentes en la sesión en el Palacio de Lecumberri, con el diputado Neri Reynoso a la cabeza.

La reacción dictatorial de Huerta le costó el bloqueo internacional a su gobierno y el rechazo popular. El Presidente Wilson y el Congreso de los Estados Unidos censuraron la desaparición del Poder Legislativo y reiteraron su no reconocimiento a un gobierno de facto; el gobierno francés canceló un préstamo por 20 millones de libras esterlinas y la Gran Bretaña anunció la cancelación de inversiones petroleras. En México, carrancistas, villistas, zapatistas y obregonistas se preparaban para irrumpir en la vida pública. Victoriano Huerta tuvo que dejar el poder. El discurso de Neri Reynoso había dado en el blanco.

Abogado y político de 24 horas, Eduardo Neri Reynoso se sumaría después a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza; posteriormente, Álvaro Obregón lo haría su representante en el estado de Guerrero. Al llegar a la Presidencia de la República, Obregón lo nombraría Procurador General de Justicia de la Nación, cargo al que renunciaría un año y medio después en protesta por los ataques al Partido Liberal Constitucionalista, del cual había sido miembro fundador y presidente.

Posteriormente, Neri Reynoso fue electo en dos ocasiones senador de la República por el Estado de Guerrero, en las legislaturas XXXI y XXXIV, enrolándose después en la campaña presidencial de Juan Andreu Almazán, siendo ésta su última actuación política, dedicándose después al ejercicio de su profesión, la abogacía. Murió en 1973, con una modesta pensión suministrada por el gobierno del Estado de Guerrero de 5 mil pesos mensuales, equivalente al 10% de la dieta actual de un legislador federal.

El diputado Eduardo Neri Reynoso ha sido sujeto de diversas distinciones, reconocimientos y homenajes. En vida recibió las medallas “Veterano de la Revolución” y de la “Legión de Honor” por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en 1969, la XLVII Legislatura del Congreso de la Unión creó y le impuso a él por vez primera la medalla “Eduardo Neri. Honor al Mérito Cívico al Servicio de la Patria”. Un año después, el Congreso del Estado de Guerrero le concedería el título de “Héroe Civil Guerrerense” e inscribiría su nombre en el recinto del Poder Legislativo. A su vez, en 1987, con motivo del centenario del natalicio de su nacimiento, el gobernador José Francisco Ruiz Massieu emitió el decreto por el cual el municipio de Zumpango del Río cambiaba su nombre por el de Eduardo Neri.

Hoy, a poco más de 100 años de aquel memorable discurso, el diputado Neri Reynoso sigue recibiendo merecidamente reconocimientos como el que actualmente le estamos tributando.

Pero más que recordar un discurso, un adjetivo memorable o una sentencia política, el mayor homenaje con el que podemos honrar la memoria de tan distinguido prócer civil es valorar la actualidad de su conducta, actitudes y valores cívicos, a la luz de lo que hoy vivimos.

A un siglo de distancia, la vigencia política de Eduardo Neri no es fruto de la ideología sino de la realidad.

No hay un golpe de Estado, pero sí un golpazo a la Constitución de 1917.

No hay un dictador sanguinario, pero sí un proyecto restaurador del presidencialismo centralista.

No hay un decena trágica, pero sí una docena de reformas que ponen en riesgo la economía, el empleo, la supervivencia de las empresas, la propiedad petrolera de todos los mexicanos y hasta la elección en tiempo y forma de nuestras autoridades municipales, estatales y federales.

No hay un levantamiento armado en marcha, pero sí una modalidad de guerra civil en gestación, dado el número de ejecuciones, secuestros, extorsiones, discriminaciones y violencia de todo tipo con el que unos mexicanos tratan a otros mexicanos en la calle, en el trabajo, en la escuela, en las relaciones personales y hasta en las propias familias.

No hay una revolución política, pero sí una contrarrevolución que aleja a las instituciones, incluida la Cámara de Diputados, de los sentimientos, expectativas y demandas de la mayoría de la sociedad civil.

No hay una disolución autoritaria del Congreso por parte de un dictador de marras, pero sí una serie de amarres y arreglos políticos que mantienen al Poder Legislativo secuestrado y asediado por poderes de facto o metaconstitucionales.

No hay una convulsión nacional, pero sí una descomposición y degradación generalizadas que hoy más que nunca estamos obligados a contener y revertir, con un Poder Legislativo más libre, independiente e incluyente de la sociedad.

Es un hecho que esto no se logrará simplemente con la imposición de un nombre a este espacio público de San Lázaro ni con la entrega de un busto del ejemplar Eduardo Neri Reynoso. Pero sí es un paso en la dirección correcta mantener en la memoria y en la actuación parlamentaria los valores de independencia, libertad y dignidad del trabajo legislativo.

Gracias.»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Monreal.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos del Colegio del Tepeyac, Querétaro, invitados por el diputado José Sergio Manzur Quiroga. Sean ustedes bienvenidos.

A continuación tiene el uso de la palabra, para fijar postura por el Partido Verde Ecologista, el diputado Felipe Arturo Camarena García.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, presidente. Con la autorización de la asamblea. Espero que mi tiempo, que nos da la Presidencia, no me sea descontado del anterior diputado.

Honor a quien honor merece, ésa es la frase popular que bien podría enmarcar el contexto de los dictámenes que están en este instante a discusión, ya que el género humano, con todos sus vicios mantiene, gracias a sus instituciones, como la sociedad y la historia, el noble realce del reconocimiento a sus semejantes.

Existen muchos ejemplos de ello, uno de los más trascendentes para nuestra tradición legislativa es don Eduardo Neri Reynoso, que con el único poder de su convicción a principios morales sólidos y amor a su patria enfrentó al indeseable Victoriano Huerta, a quien llamó chacal por haber atentado en contra de la vida del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.

Eduardo Neri poseyó siempre la cualidad de la modestia, ya que se sentía mucho más cómodo en su vida privada que en los andares públicos. Por ello decidió que su suplente Bonifacio Rodríguez asumiera originalmente la función de diputado federal en la XXVI Legislatura. Sin embargo, acudió por su legítimo derecho a asumir las funciones que le correspondían ante el ambiente convulsivo que se vivía a inicio de la segunda década del siglo XX.

El único motivo que tuvo para ello fue revestirse como un alto consciente y valiente que auténticamente expresara, en nombre del pueblo, el repudio a las tropelías del usurpador Huerta.

En este sentido, Eduardo Neri Reynoso, junto con don Belisario Domínguez, pasaron a la historia como los legisladores por antonomasia, aquellos que no rechazaron su obligación y sí decidieron ser la voz del pueblo.

La deontología legislativa se erigió desde aquél entonces con el nombre de Eduardo Neri Reynoso. El motivo del decoro de don Eduardo Neri Reynoso radica en el valor, la lealtad y el respeto a las instituciones democráticas que se constituyeron en la segunda década del siglo anterior.

Es por ello, que muy seguramente todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, votarán a favor de los dos dictámenes puestos a discusión en este instante, los cuales tienen como objeto respectivamente otorgar al Museo Legislativo, cito, en este Palacio de San Lázaro, una de las medallas que vaya a entregarse por concepto del Mérito Cívico a Eduardo Neri Reynoso y Legisladores de 1913.

Las grandes personas ameritan el reconocimiento, y qué mejor que sea con un galardón en nombre de otro grande, lo cual dejará una memoria histórica y contribuirá a la finalidad del museo de exhibir la cultura legislativa. Asimismo, saludamos con agrado la decisión legislativa de esta LXII Legislatura federal de asignarle a la plaza central del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Eduardo Neri Reynoso, así como de colocar un busto con su efigie.

De este modo, todo quien entre sabrá que aquí, donde se redactan las leyes para la patria, es sede de grandes personalidades que han influido moral y patrióticamente para un México sin yugos, sin imposiciones y sin violencia. México es grande por sus personas y eso lo sabemos todos quienes integramos la bancada del Partido Verde Ecologista de México, por lo cual votaremos a favor de las determinaciones que en breve se pondrán a nuestra consideración.

Con esto esperamos motivar no solamente a los legisladores sino también a todos los mexicanos, ya que estamos convencidos que el país reclama a grandes personas como a Eduardo Neri Reynoso y, desde luego, los legisladores de 1913. Es cuanto, señor presidente y gracias por su atención compañeros diputados.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Camarena. A continuación tiene el uso de la voz el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para fijar postura hasta por cinco minutos.

El diputado Roberto López Suárez:Gracias, presidente. Agradezco la oportunidad de dirigirme a la memoria histórica de Eduardo Neri Reynoso.

En los últimos meses, al seno de esta soberanía hemos escuchado innumerables citas sobre el pasaje histórico del 9 de octubre de 1913, a través del cual, por congruencia de sus actos se otorga una presea con el nombre del entonces diputado.

El primer acercamiento a la vida pública fue en los primeros días del mes de julio de 1911, Eduardo Neri fue el encargado de dar un discurso en Iguala, Guerrero, para dar la bienvenida al entonces candidato a la presidencia de la República y después presidente, Francisco I. Madero.

En este discurso, el después diputado Neri, planteó que mientras Francisco I. Madero siguiera fiel a la causa de la libertad y la democracia contaría con el apoyo de los guerrerenses y los mexicanos. Pero si en algún momento daba la espalda los revolucionarios del sur defenderían contra él, y con las armas los ideales que iniciaron su campaña.

Madero reaccionó, sinceramente emocionado, lo abrazó ante la multitud y prometió ser siempre fiel a la causa y a los principios que dieron origen a su campaña.

Después, Neri fue invitado para ser candidato a diputado, sin embargo, a pesar de haber sido electo Neri no se presentó a tomar protesta en la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

El 16 de septiembre de 1912, ese día el suplente asumió la responsabilidad. Era evidente que no le atraía la actividad política en ese momento para ser diputado.

En enero de 1913 el propio Luis Cabrera le dirigió una carta a Neri en la que le explicaba la situación que atravesaba el país y le urgía ocupar su puesto como diputado.

Por su parte, el gobernador de Guerrero y amigo cercano de Neri, el licenciado José Inocente Lugo, le informó de un movimiento subversivo contra Madero y también le hizo ver la necesidad de que asumiera sus funciones como diputado. Esto bastó para que Neri se enfilara hacia la capital de la República y formó parte del grupo renovador de diputados en marzo de 1913.

A partir de agosto de ese fatídico año, y ya posesionado Huerta en la Presidencia de la República, desató su furia homicida contra los diputados que se atrevieron a levantar la voz. Aunado a ello, el senador Belisario Domínguez escribió un discurso que no le fue permitido leer en tribuna porque lo consideraban subversivo. Sin embargo, lo imprimió y lo repartió por todos lados, dos días después desapareció.

Los diputados chiapanecos indignados pidieron que se iniciara una sesión permanente con el fin de averiguar el paradero del senador Domínguez, la Cámara aceptó esta sesión y nombró una comisión, entre los figuraba el diputado Neri, para que investigaran el paradero del senador.

El secretario de Gobernación recibió a la comisión y les dijo que no sabía nada del paradero del senador Domínguez, que ése era un caso de la policía y que por lo tanto turnaría este expediente a las autoridades correspondientes. Los diputados comisionados volvieron al recinto legislativo e informaron de la entrevista con el secretario de Gobernación, entonces el diputado Neri, justamente indignado, pronunció un discurso que puede calificarse como el principio de la caída de Victoriano Huerta.

En esa valerosa arenga, entre otras cosas, el diputado Neri dijo que no parecían hombres quienes habían matado al senador Belisario Domínguez, que más bien parecían chacales. Desde ese entonces el dictador fue calificado como chacal. Neri exhortó a sus compañeros a defender la dignidad del Poder Legislativo, la tempestad de la protesta contra el huertismo se desató con más fuerza a partir del 10 de octubre de 1913 cuando se disolvió el Congreso y varios diputados fueron aprendidos, entre ellos el diputado Neri.

Por estos motivos y muchos otros que han planteado muchos diputados en esta tribuna, el Grupo Parlamentario del PRD exhorta a este pleno para que estas dos iniciativas que hoy se presentan, la primera sobre la Medalla Eduardo Neri y Legisladores de 1913, donde se le otorgan las facultades al Museo Legislativo como resguardante histórico de esta presea y se le pide a cada Mesa Directiva en turno que pueda otorgar un ejemplar para que sea exhibido en el museo; y la segunda iniciativa en el que se pretende realizar una inscripción en la plaza central de San Lázaro con el nombre de Eduardo Neri, así como exponer un busto del legislador histórico.

El PRD llama a todos nuestros diputados y a los diputados de los diferentes partidos políticos para que apoyemos esta iniciativa y tengamos este reconocimiento en alto y que el pueblo de México pueda ser testigo a lo largo de la historia de lo que hicieron legisladores como el diputado Neri. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado López Suárez. Para referirse a ambos dictámenes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional vengo a esta tribuna a solicitar su voto a favor de los presentes dictámenes por considerar las propuestas contenidas en ellos como un reconocimiento digno y trascendente a la memoria de Eduardo Neri Reynoso.

Con esta inscripción se está rindiendo un homenaje a la figura de éste destacado legislador guerrerense, ejemplo de valentía, honestidad y principios irrenunciables. Pero también — es conveniente decirlo— con la colocación de la imagen de Eduardo Neri Reynoso en la plaza central de este recinto y la placa con los nombres de los 82 legisladores que lo acompañaron en aquélla Legislatura, así como la exhibición de las preseas entregadas a diferentes ciudadanos que han sido galardonados con esta distinción, estaremos dejando un testimonio de aquélla generación de representantes valerosos, cuya protesta frente al poder dictatorial dejó claro que este Poder Legislativo, y en particular la Cámara de Diputados, no sería un brazo ejecutor y complaciente del Poder Ejecutivo.

Esa brillante generación de parlamentarios, a la que aquí me refiero, mostró con cabalidad que el único mandato al que todos quienes desempeñamos esta labor legislativa debemos servir es únicamente al pueblo, al que con transparencia y honor representamos.

Lo anterior fue sin duda la motivación principal de la propuesta de su servidor, con el respaldo de mi grupo parlamentario, cuyo dictamen ahora se somete a su aprobación y por el que se nombra la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro como Eduardo Neri Reynoso y se coloca un busto con su efigie, así como el apoyo del dictamen que reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913.

Sin duda en estos tiempos de alternancia y mayor apertura que vivimos, es conveniente mantener viva la herencia de quienes contribuyeron a construir y consolidar nuestras instituciones. No olvidemos que la historia nos enseña la razón de nuestro presente y nos muestra cómo construir un mejor futuro.

Por ello el Partido Acción Nacional apoya el presente dictamen, toda vez que desde su fundación se ha caracterizado por sus ideales, dentro de los cuales se debe resaltar nuestros principios humanistas dirigidos al bien común, el cual era el mismo objeto que con su sobresaliente actitud procuró en aquéllos tiempos don Eduardo Neri Reynoso.

Agradezco a los diputados coordinadores Silvano Aureoles Conejo, Manlio Fabio Beltrones y Luis Alberto Villareal, quienes hicieron suya la propuesta de un servidor. De igual manera agradezco y felicito a los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, autores de la otra iniciativa que también se dictamina.

Debemos entender que un reconocimiento como éste va más allá de signos partidistas y nos permite contribuir unidos a la memoria histórica de esta honorable institución, a la que orgullosamente todos los aquí presentes representamos.

Por lo anteriormente expuesto, al ser un merecido homenaje al legado de este legislador y que los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional tomamos como ejemplo y compromiso de cara a los ciudadanos, a quienes responsablemente debemos representar, votaremos a favor de los dictámenes en mención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Aguilar Vega. A continuación tiene el uso de la palabra, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Miguel Sámano Peralta.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos del cuarto semestre de la preparatoria Instituto San Carlos, del municipio de Ecatepec, invitados por la diputada Jessica Salazar Trejo. Así como a estudiantes michoacanos de de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, invitados por la diputada Berenice Álvarez Tovar.

El diputado Miguel Sámano Peralta:Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, el 2 de diciembre de 1969 es una fecha muy significativa para la historia de esta representación popular por ser el día en que se creó la presea que hoy conocemos como Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913.

Es una distinción que honra a quien la recibe y sobre todo evoca la obra y acción de quien fuera uno de los más grandes defensores del Poder Legislativo de México, un hombre que superó las barreras del tiempo y es fuente de inspiración para quienes tenemos el honor y la gran responsabilidad de representar a todos los mexicanos en la máxima tribuna del país.

Hoy nuevamente nos reúne Eduardo Neri Reinoso, un hombre íntegro y de calidad moral impecable, jurista ejemplar y legislador de singular valor, a quien nunca le tembló la voz para defender los altos ideales del Poder Legislativo.

En primer lugar nos congrega para otorgar al Museo Legislativo el carácter de resguardante histórico del quehacer parlamentario mediante la conservación de un ejemplar de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, para que sea exhibida en sus instalaciones.

De igual forma, en segundo lugar, nos convoca para rendirle otro justo homenaje nombrando la plaza central de este recinto legislativo con su nombre y ubicar en ella un busto con su efigie, así como una placa con los nombres de los 82 diputados que junto a él formaron parte de la histórica XXVI Legislatura federal.

Desde aquí quiero expresar el reconocimiento a Silvano Aureoles Conejo, a Luis Alberto Villarreal y a mi coordinador, a Manlio Fabio Beltrones, por el proyecto de decreto que nombra a la plaza central del Palacio Legislativo de San Lázaro como Eduardo Neri Reinoso.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de que estas propuestas representan una gran oportunidad para recordar nuestra misión como parlamentarios y reconocer a uno de los diputados mexicanos más representativos, un legislador sin par que empleó sabiamente el poder de las palabras para mover conciencias, fomentar los principios republicanos y defender la libertad de expresión en una época por demás compleja.

Sin duda es un ejemplo de entereza para las presentes y las futuras generaciones de legisladores, así como de visión y convicción democrática para todos los mexicanos.

Quienes integramos la LXII Legislatura federal compartimos la responsabilidad de preservar su obra y difundir su legado a través de nuestras acciones.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la importancia de unir voluntades para contribuir al acervo legislativo y reconocer a quienes han fortalecido con sus actos a las instituciones democráticas.

Con decisión y convicción apoyamos estas propuestas, porque reconocemos y valoramos la trayectoria, la grandeza moral y el valor inquebrantable del diputado Eduardo Neri Reynoso, porque su legado nos recuerda la importancia del Poder Legislativo para configurar el México que queremos ser: un país de libertades y con proyección de futuro.

Como diputados federales tenemos mucho que aportar para el avance de la nación mexicana. Inspirados en Eduardo Neri Reynoso compartimos la responsabilidad de legislar para seguir transformando a México y demostrar que no existe mayor privilegio que servir a la patria, porque la patria es primero. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Sámano Peralta.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Marcos Medina Filigrana y Heriberto Galindo Quiñones, en pro. Dígame, diputada, con qué objeto.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Dígame, diputada, con qué objeto.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Celebrar la aprobación de estos dictámenes en los que se instituye la medalla al mérito, de mi paisano, Eduardo Neri Reynoso y Legisladores de 1913, y se nombra Eduardo Neri Reynoso a la plaza central del recinto legislativo, colocando también un busto con su esfinge. Enhorabuena por esta aprobación.

Pero aún le debemos a Eduardo Neri Reynoso inscribir con letras de oro su nombre en este Muro de Honor. Esa iniciativa la presenté el 11 de febrero, y posteriormente fui a hacer su defensa en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el 5 de marzo para hablar de los méritos que tiene este legislador guerrerense.

Señor presidente, me hubiera gustado que esa propuesta de reforma que presenté se hubiera dictaminado junto con éstas. Ya que no pudo ser así, ojalá que cuando la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la dictamine sea a favor, porque así podremos equiparar al legislador Eduardo Neri Reynoso con otro gran legislador, el senador Belisario Domínguez, quien en este momento cuenta con una medalla, con una efigie, pero también se encuentran su nombre con letras de oro en el recinto legislativo del Senado de la República.

Ah, bueno, y también cuenta con el Instituto Belisario Domínguez. Creo que son dos grandes legisladores, un senador y un diputado que merecen todos los honores, que posiblemente y seguramente van a tener en próximos dictámenes. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputada. Su intervención queda registrada en el Diario de los Debates.

Cedo el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja para hablar en pro. Igualmente esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad Londres, del sexto semestre, del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañero presidente. No comulgar con la postura traidora de Victoriano Huerta y denunciarlo en los recintos parlamentarios equivaldría a firmar la sentencia de muerte. Huerta, el traidor, decidió emprender una cacería para eliminar a los principales opositores al régimen, hombres y mujeres leales al apóstol de la democracia Francisco I. Madero y a sus ideales y principios políticos.

Personajes como Belisario Domínguez, Abraham González, Gabriel Hernández, Adolfo Gurrión, Eduardo Pastelín, Serapio Rendón, entre otros, quienes por pronunciarse en contra de la violenta tiranía impuesta por Huerta fueron vilmente asesinados.

Fue así como en octubre de 1913, el año de la Decena Trágica y de la muerte y el asesinato de Madero, Eduardo Neri, legislador guerrerense, hizo uso de la tribuna y valientemente denunció ante la nación y ante el mundo la dictadura de Huerta.

Su postura opositora congruente y patriótica nos inspira a legisladores que hemos decidido seguir su ejemplo. Eduardo Neri fue miembro del bloque renovador y desde ahí luchó por sus ideales y principios.

Nosotros celebramos que se hayan aprobado la iniciativa del diputado Ricardo Monreal y el de la voz, y la otra iniciativa que presentaron varios compañeros, reconocemos el trabajo plural del diputado Marcos Aguilar al frente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, pero tenemos la firme convicción que además de medallas, bustos y reconocimientos en plazas a los personajes, el mejor ejemplo es honrar su legado, más frente a las circunstancias que hoy vivimos y que no distan mucho de ser las que se vivieron hace un siglo en el país.

Ya el diputado Monreal señalaba que no hay revolución en forma, pero sí hay una descomposición, hay violencia, hay inseguridad y hay ingobernabilidad en vastos territorios del país. Antes se mataba y se disolvía al Congreso, hoy se anula al Poder Legislativo.

Por eso nosotros no coincidimos con aquellos que honran al legislador guerrerense Eduardo Neri y les molesta la oposición. Seguramente le hubieran chiflado en su tiempo a Eduardo Neri, le hubieran gritado tiempo y le hubieran tildado de ser un opositor irredento.

Sin embargo, nosotros creemos que la historia es memoria viva, que no es simplemente honrar personajes como pieza de arqueología política, mientras en la realidad hacemos nugatorio su legado.

Si Eduardo Neri viviera y tuviera oportunidad de dirigirse hoy al Congreso seguramente hubiera denunciado la reforma laboral, hubiera denunciado el golpeteo de los maestros con la reforma educativa, el despojo fiscal de la reforma hacendaria recesiva, terrorista inflacionaria que vive hoy el país. Seguramente Eduardo Neri hubiera estado en contra de la reforma energética privatizadora y de la entrega traidora del patrimonio nacional que representa el petróleo.

Eduardo Neri seguramente hubiera estado en contra del monopolio legislativo que hoy se vive en San Lázaro. Ése hubiera sido el postulado de Eduardo Neri, no simplemente retórica hueca para lavar conciencias.

Concluyo, presidente. Seguramente Eduardo Neri hubiera estado en contra de la reelección, que fue la bandera de Francisco I. Madero: Sufragio Efectivo. No Reelección. Y Eduardo Neri hubiera estado en contra del autoritarismo en cualquiera de sus expresiones. No basta disolver el Congreso para ser autoritario, o matar, como lo hacía Huerta, para que haya una actitud hostil hacia la oposición.

No tomar en cuenta propuestas, ningunear planteamientos y traicionar a la patria es muy similar a lo que hizo Huerta en su tiempo. Por eso Eduardo Neri sigue vivo, no sólo en museos, no sólo en medallas, no sólo en plazas, sino más que nada con su legado. Es cuanto.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. A continuación tiene el uso de la voz el diputado Marcos Medina Filigrana, para hablar en pro, hasta por tres minutos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Igualmente, esta Presidencia recibe a los alumnos invitados por la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, alumnos de la Universidad Intercultural Maya, que nos visitan del municipio de José María Morelos, del estado de Quintana Roo. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Diputado presidente, compañeras, compañeros diputados, el 23 y 29 de septiembre de 1913, un valiente senador chiapaneco, Belisario Domínguez, hizo evidente su forma de pensar no solamente al interior de la Cámara de Senadores, sino también en hojas que distribuyó impresas por la Capital de la República.

Ese valiente hecho generó que el 9 de octubre del mismo año, Belisario Domínguez fuera secuestrado y asesinado por la policía secreta de Victoriano Huerta. La ejecución de Belisario Domínguez sirvió de impulso para despertar —hay que decirlo— a una aletargada e indolente Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura, que había sido omisa y había callado ante el asesinato de cuatro de sus miembros que había ocurrido meses anteriores, también bajo la dictadura huertista, y cuyos nombres fueron Serapio Rendón, Aldolfo Gurrión, Néstor Monroy y Edmundo Pastelín.

Esos cuatro diputados habían sido asesinados por Huerta, y la Cámara de Diputados había callado, pero el asesinato de Belisario Domínguez movió conciencias y en la sesión del 9 de octubre el diputado Adolfo Grajales, de la diputación chiapaneca, tuvo la valentía de presentar el caso y el diputado Eduardo Neri de dar un discurso que llega hasta nuestros días por su valor y por su civismo.

Hoy estamos aquí para pedir su voto a favor de rendir justo homenaje a Eduardo Neri, pero también a los legisladores que junto con él fueron encarcelados después de la disolución de la Cámara de Diputados, en la sesión del día 10 de octubre de 1913, porque hay que recordar a Eduardo Neri, efectivamente, pero también hay que recordar a Adolfo Grajales, que presentó a nombre de la diputación chiapaneca el tema de Belisario Domínguez.

Hay que recordar a José Manuel Puig, que con precisión señaló detalles de la redacción de los resolutivos para no permitir que fueran omisos el jefe de la policía del DF y el ministro de Gobernación de aquel tiempo. Por eso no basta con que signifiquemos a Eduardo Neri, sino también hay que hacer un justo reconocimiento a los 82 legisladores restantes que compartieron con él durante varios meses la prisión y la represión huertista.

Esta representación del PRD ha presentado en comisiones, y ha sido aprobado, que justo al busto de Eduardo Neri vaya también una placa con el nombre de los 82 legisladores restantes. Aplaudimos que haya habido ese gesto de apertura y que reconozcamos en su conjunto a esos valientes integrantes de la XXVI Legislatura.

Quisiera concluir mi intervención recordando una parte del discurso de Eduardo Neri, que lamentablemente no pierde vigencia en nuestros días, decía Eduardo Neri: Por desgracia nosotros no hemos tomado una actitud digna de esta Cámara, señores diputados, y yo creo que ha llegado el momento de probar al Ejecutivo que no es tan fácil atropellar a un pequeño grupo de hombres que estamos aquí como consecuencia del sufragio efectivo.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Medina Filigrana. A continuación, tiene el uso de la voz para hablar en pro el diputado Heriberto Galindo Quiñones, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, rendir homenaje a un ciudadano de la talla de Eduardo Neri es algo muy honroso, más aún si se trata de un legislador ejemplar, uno de los más grandes y valientes legisladores —diputados federales— que hayan pasado por este recinto —o el ubicado en Donceles—, en todos los tiempos. Es un motivo de orgullo para los guerrerenses y para los mexicanos.

Por eso saludamos hoy las dos iniciativas, los dos dictámenes por los cuales la diputación del PRI votará a favor, porque se trata de consagrar, de confirmar el reconocimiento a Eduardo Neri.

Sin quitarle mérito a ninguna bancada, fue una iniciativa priista la que creó la medalla en 1969 y logró unanimidad. Fue una iniciativa priista que logró unanimidad también gracias a ustedes para que la Medalla Eduardo Neri y Legisladores de 1913 se convirtiera en un reconocimiento anual y dejara de ser un reconocimiento trianual, o de cada tres años.

Eduardo Neri, hombre valiente, hombre honrado, hombre patriota, es el mejor ejemplo de un diputado federal mexicano. Por eso lo honramos y por eso reconozco las iniciativas que los compañeros que elevaron a este rango estos dictámenes. Y vamos a apoyarlos, porque Eduardo Neri es y debe ser a la Cámara de Diputados lo que Belisario Domínguez es al Senado de la República.

Sintámonos orgullosos, sintámonos muy honrados, defendamos lo que significó un hombre valiente, un hombre honrado y decidido, determinado por la patria. Sigamos su ejemplo y respaldemos todas las iniciativas que vengan y que sean a favor de todos los mexicanos. Los convoco a votar a favor de estos dictámenes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Heriberto Galindo Quiñones.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Proceda para rectificar hechos el diputado Fernando Belaunzarán, hasta por tres minutos, una vez concluida procederemos a la votación.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias. Por supuesto que como Cámara de Diputados es correcto el reconocimiento a Eduardo Neri, a su valentía. Pero me parece un despropósito que se le quiera reconocer con discursos facciosos.

Efectivamente, Eduardo Neri tuvo una visión de Estado y se opuso a un pensamiento único, al pensamiento único que se estableció con las armas, al pensamiento único que dijeron: o están con Huerta, con el dictador, o les espera la muerte, o les espera el destierro o les espera la persecución. Frente a eso se levantó la voz valiente de Eduardo Neri.

Por lo tanto, la mejor forma de reconocerlo es, efectivamente, con un discurso de Estado, pero el discurso de Estado es lo contrario al discurso de facción o a otro discurso que dice: el pensamiento único lo impongo yo, porque soy el que tengo la verdad, soy el incorruptible, el honesto, todos los demás están casi casi en la inmundicia.

Me parece que ésa no es la mejor forma y lo digo porque tenemos que respetar el Parlamento como espacio de pluralidad. Lo que defendió a Eduardo Neri fue la pluralidad, el derecho a discrepar. Eso es lo que defendió y es lo que me parece que nosotros tenemos que defender, el derecho a discrepar. El derecho a discrepar del presidente, por supuesto, pero también el derecho a discrepar del caudillo, del líder, de cualquiera. A defender nuestra libertad de conciencia frente a cualquier poder fáctico, sea formal o informal.

Por eso me parece un contrasentido que se venga a decir aquí discursos de facción. Sí, se oye muy bonito, hasta de marcha. Si Eduardo Neri viviera, con nosotros estuviera. Por supuesto. No digo que no sea bonito, dominguero, de marcha, pero la verdad, como lo podemos honrar es con visión de Estado, poniendo por delante el interés del país sobre consideraciones facciosas.

Muchos piensan antes en las urnas que en el desarrollo del país, y no quieren pagar ningún costo, simplemente en las urnas y no en el país. Son, como decían en la antigua Grecia, los demagogos del foro, que simplemente pueden decir lo que quieran, pueden autoerigirse como próceres de la patria, pero lo que trayectoria no da, demagogia no presta. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Belaunzarán.

No habiendo más oradores registrados se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe Sánchez Santiago(desde la curul): A favor.

El diputado Genaro Carreño Muro (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 437 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 437 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN II

DECRETO QUE NOMBRA LA PLAZA CENTRAL DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO COMO “EDUARDO NERI REYNOSO”, Y SE COLOCA UN BUSTO CON SU EFIGIE

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que nombra la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro como Eduardo Neri Reynoso, y se coloca un busto con su efigie.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que nombra la plaza central del Palacio Legislativo de San Lázaro como “Eduardo Neri Reynoso”, y se coloca un busto con su efigie

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se turnó la iniciativa enunciada en el encabezado de este documento, de acuerdo al trámite que dictó el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La Comisión recibió, analizó y resolvió, a través de la formulación del presente dictamen a dicha iniciativa, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el jueves 6 de febrero de 2014, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto para realizar un inscripción de honor en la plaza central del recinto legislativo de San Lázaro, con el nombre de “Eduardo Neri Reynoso”, así como para colocar un busto con su efigie. El documento fue signado por los diputados Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Manilo Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Luis Alberto Villarreal García y Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Además, a la iniciativa se sumaron con su rúbrica las diputadas Elvia María Pérez Escalante y María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. El presidente determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

3. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año XVII, número 3956-III, el jueves 6 de febrero de 2014.

Contenido y argumentos de la iniciativa

La iniciativa propone reconocer el nombre y la obra del guerrerense Eduardo Neri Reynoso, a través de la inscripción de su nombre en la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro y colocar en el mismo sitio un busto con su efigie.

Entre los argumentos que los proponentes exponen para sustentar su propuesta se encuentran los siguientes:

Desde la inauguración del llamado Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de septiembre de 1981, obra de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano y David Suárez, ha existido esta plaza central, sin que sea ubicada con algún nombre en específico, salvo la referencia que existe en el artículo 9 de en los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados, donde se llama Plaza Legislativa.

Lo anterior, con el fin de que los legisladores, trabajadores y visitantes de este Recinto conozcan y mantengan viva la memoria de quien contribuyó, a través de su obra, al engrandecimiento de este Poder Legislativo, actuando y defendiendo con honor su razón de ser.

Además de lo anterior, la iniciativa enfatiza la importancia de realizar la primera inscripción de honor, con el consenso de diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, cuya base jurídica se encuentra en los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados, vigentes desde el 3 de octubre de 2011.

Los diputados iniciantes argumentan también que Eduardo Neri Reynoso fue un mexicano cuyos méritos cívicos y políticos no están a discusión y son incuestionables. Sin embargo, hasta hoy no se le ha dado el lugar que merece en la historia de nuestro país, especialmente por el Poder Legislativo a quien defendió decididamente.

Hechos ocurridos durante la historia de su vida como:

A) Ser miembro del Bloque Renovador de la XXVI Legislatura, con apenas 26 años de edad;

B) Haber sido invitado por el General Ambrosio Figueroa, para dar la bienvenida en la ciudad de Iguala, en junio de 1911, a don Francisco I. Madero en su visita a Guerrero y con motivo del cual pronunció un discurso, que motivó la felicitación personal del señor Madero;

C) Ser acreedor al grado de coronel por su labor revolucionaria en Oaxaca, Guerrero y Colima; grado que le fue ratificado por el general Pascual Morales y Molina; grado militar que nunca ostentó;

D) Pronunciar una determinante arenga, en la tribuna de la Cámara de Diputados, en donde entre otras cosas, dijo que no parecían hombres los que habían asesinado al senador Belisario Domínguez, sino “chacales”, pues “no contentos con quitarle la vida devoraron sus restos”. Ello motivó la disolución, por parte de Huerta, del Congreso Mexicano y de la aprensión de los diputados, incluyendo a Neri, y

E) Recibir por parte de la Cámara de Diputados, el 21 de octubre de 1969, una medalla conmemorativa con la leyenda “Al valor cívico y defensor de la dignidad del Poder Legislativo”, a partir de la cual surgió la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, que actualmente es el máximo reconocimiento otorgado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al ciudadano o ciudadana que por sus méritos se haya distinguido relevantemente sirviendo a la colectividad nacional y a la República, por sus hechos cívicos o políticos.

Son algunos de los acontecimientos por los que los diputados proponentes estiman conveniente realizar el homenaje antes descrito y al mismo tiempo, otorgar un nombre a la plaza central del recinto Legislativo de San Lázaro.

Consideraciones y análisis

1. La iniciativa que en este dictamen se analiza cumple con los requisitos formales que señala el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se formuló por escrito y se presentó con un título por quienes están facultados para iniciar el proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado expositivo del problema que pretende resolver, así como de los motivos y argumentos que la animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el Pleno, y fue difundida ante el Pleno con oportunidad.

2. La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece el primer párrafo del artículo 70 constitucional, así como la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen a la propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados, el artículo 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los artículos 3, 5, 7 y 9 de los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados.

4. El 24 de diciembre de 2010 se publicó el Reglamento de la Cámara de diputados, cuya vigencia comenzó a partir del 1 de enero de 2011.

El artículo 262 del Reglamento establece que:

1. La Cámara podrá realizar inscripciones dentro del recinto, en los espacios adecuados para tal fin, conforme a los criterios para las inscripciones de honor en el recinto de la Cámara de diputados que emita la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Para ello, deberá presentarse iniciativa en los términos de este Reglamento.

5. El lunes 3 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de diputados.

6. En la norma antes señalada se expresa la posibilidad para que los reconocimientos u homenajes inscritos, se realicen no sólo en el Salón de Sesiones, en el lugar que hasta ahora se ha considerado como único para este tipo de tributos, sino también en otros espacios del Recinto, como el patio central o en los salones donde habitualmente se reúnen las comisiones.

7. Otro elemento a considerar por esta dictaminadora es el contenido de los artículos 3 y 5 de los criterios, que a la letra señalan:

Artículo 3. Las inscripciones de honor en la Cámara de diputados serán procedentes cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno, previo dictamen que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presente debidamente fundado y motivado.

Artículo 5. La comisión resolverá sobre las propuestas de Inscripción presentadas valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad; sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal.

8. Estas disposiciones forman la columna vertebral de la regulación citada, porque en ellas se incorporan requisitos elementales para dictaminar las propuestas presentadas en esta materia, sea en sentido positivo o negativo, como son: una votación de dos tercios en el Pleno, es decir, 333 diputados y diputadas de un universo de 500; así como los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia que ahora deben caracterizar este tipo de decisiones, por parte de la Cámara de Diputados, a fin de evitar cualquier duda o controversia, respecto a las resoluciones que emita.

9. Como bien lo señalan los diputados proponentes en el texto de su iniciativa, desde la creación del conjunto físico en el que se encuentran las instalaciones de la Cámara de Diputados, la plaza central no ha sido ubicada con algún nombre en específico. Baste citar al autor de esta obra arquitectónica –Pedro Ramírez Vázquez– para comprobar tal afirmación:

El edificio del Congreso de la Unión fue planeado para integrar las Cámaras de Diputados y Senadores unidas por un patio. La Cámara de Diputados consta de un cuerpo central, donde se reúne el Congreso en pleno, y dos alas –hacia el norte y hacia el sur–, para alojar servicios generales, las oficinas de los diputados y las áreas para las comisiones plenarias. La disposición es muy clara y sencilla.

El gran patio central se ha resuelto en sus cuatro fachadas con una celosía de aluminio. El diseño es muy semejante al del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México (una celosía de madera que recuerda los diseños mayas de Uxmal).

En este patio se montan exposiciones sobre temas de actualidad en las discusiones, las costumbres y tradiciones de una entidad o un personaje histórico. Aún más: se pensó que pudiera haber exposiciones de planteamientos ciudadanos sobre problemas nacionales o regionales. Estas exposiciones suelen hacerse en otros sitios, pero consideramos que es mucho mejor montarlas en el lugar donde habitualmente trabajan los legisladores.

10. No obstante el planteamiento original con el que fue planeado este espacio legislativo (ser sede del Congreso), lo cierto es que hasta hoy, las dos Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, se han mantenido en sedes distintas y reconocidas por la ciudadanía.

11. En el patio central, en la parte posterior del edificio A, se encuentran los bustos de Miguel Ramos Arizpe, José María Morelos, Francisco Zarco, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Alfonso Cravioto. En la parte central de este pabellón, se localiza una placa conmemorativa de los “Constituyentes de Querétaro 1917-1918”, en la que se enlistan todos los delegados constituyentes.

12. El pasado 17 de octubre de 2013, se llevó a cabo en la plaza central la develación de una placa conmemorativa del 60 aniversario del sufragio femenino, con nombres de diputadas de la pasada y actual Legislatura, como un reconocimiento a la lucha por la igualdad y la equidad de género.

13. Por lo anterior, esta dictaminadora considera que darle un nombre oficial a la plaza central ubicada al interior de la Cámara de Diputados, permitirá, además de convertirla en un espacio adecuado para ceremonias oficiales, que sea conocida con el nombre de uno de los personajes más representativos y destacados del Poder Legislativo mexicano, en particular de la Cámara de Diputados y quien fuera un actor fundamental para el respeto de su autonomía.

14. Actualmente la plaza central se ha convertido en un lugar de paso para acudir a reuniones, sesiones y demás actividades cívicas y parlamentarias que a diario se llevan a cabo en este recinto. La plaza, también es hoy una referencia y ejemplo multicultural, pues en ella se desarrollan exposiciones, muestras, ceremonias y reuniones, en donde conviven legisladores, trabajadores, expositores y público en general de todo el país que visita con frecuencia esta institución.

15. Con una acción como la propuesta por legisladores de diversos grupos parlamentarios, estaremos reafirmando el origen de este espacio lleno de historia, de una forma sencilla pero clara, como su creador lo ideó:

En el conjunto se presenta una serie de simbolismos. Se eligieron materiales utilizados desde la época prehispánica, si bien se adaptaron a nuestro tiempo. Materiales sencillos, naturales, como el tezontle, pero trabajados con herramientas modernas y sistemas constructivos contemporáneos. Predominan la madera y la cantera. Lo que se busca es que sean de fácil mantenimiento y adecuados al servicio que habrán de prestar.

Nuestros colores nacionales se muestran también con estos materiales: el verde, a través del bronce, con el que se forjaron el escudo y el gran mural que realizó Chávez Morado a la entrada; el blanco, por medio de franjas de mármol; y el rojo, con el cálido tezontle de los muros.

16. Así, en concordancia con la propuesta contenida en la iniciativa, consideramos adecuado otorgarle el nombre de “Eduardo Neri Reynoso”, a la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro, así como colocar un busto con su efigie, para lo cual será indispensable realizar una sesión solemne con el protocolo habitual.

17. Cabe decir que durante la reunión ordinaria en la que se discutió el presente dictamen, el Dip. Marcos Rosendo Medina Filigrana expuso una propuesta para que como parte de este merecido reconocimiento que habrá de realizarse a la memoria de Eduardo Neri Reynoso, también se incluyeran los nombres de todos los legisladores que junto con Neri conformaron la XXVI Legislatura en la que fueron aprendidos por instrucciones de Victoriano Huerta. La propuesta fue aceptada por todos los integrantes de la Comisión para que los nombres de los 82 diputados se inscriban en una placa en el busto que será colocado con la efigie de Neri.

Por lo expuesto, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias propone a esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se nombra la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro, “Eduardo Neri Reynoso” y se coloca un busto con su efigie

Artículo Primero. Realícese una inscripción de honor para nombrar la plaza central del recinto legislativo de San Lázaro, con el nombre de “Eduardo Neri Reynoso”.

Artículo Segundo. Ubíquese en la plaza central del recinto legislativo de San Lázaro, un busto con la efigie de Eduardo Neri Reynoso, así como una placa con los nombres de los 82 diputados que junto con Neri pertenecieron a la XXVI Legislatura.

Artículo Tercero. La Cámara de Diputados convocará a una sesión solemne para realizar la inscripción referida, así como para la develación del busto y la placa, referidos en los artículos anteriores.

Artículo Cuarto. El protocolo que rija dicha sesión solemne será definido conjuntamente por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Artículo Quinto. El presente decreto será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva deberá expedir el bando correspondiente.

Transitorio

Único. EI presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Decreto por el que se expiden los criterios para las inscripciones de honor de la Cámara de Diputados.

2 El Palacio Legislativo de San Lázaro.Sede de la Cámara de Diputados. Pedro Ramírez Vázquez. Cámara de Diputados. Página 7.

3 Ibíd. Página 28.

4 Consulta en línea: http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/22_capacitacion/12_guia_d e_induccion_7a_edicion/11_cultura_arte_y_arquitectura_del_placio_legislativo_de _san_lazaro/03_arte_escultorico

5 Consulta en línea:

http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_d e_noticias/009_2013/10_octubre/17_17/4678_con_sufragio_de_la_mujer_se_corrigio_ atropello_a_dignidad_de_la_persona_afirma_anaya_cortes_al_develar_una_placa_par a_conmemorar_el_60_aniversario_del_voto_femenino

6 El Palacio Legislativo de San Lázaro.Sede de la Cámara de Diputados. Pedro Ramírez Vázquez. Cámara de Diputados. Páginas. 11 y 12.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su reunión ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2014.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme, Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Roberto López Suárez, Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Luis Armando Cordova Díaz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Norma Ponce Orozco, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Norma Ponce Orozco:Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas. Con fundamento en el artículo 76, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados presento ante ustedes, a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el dictamen con proyecto de decreto por el que se nombra la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro como Eduardo Neri Reynoso, y se coloca un busto con su efigie.

Me voy a permitir citar dos de los artículos contenidos en los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados, vigentes desde el 4 de octubre de 2011, y que actualmente forman parte del marco normativo para este tipo de propuestas, como la contenida en el dictamen.

Artículo 3. Las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados serán procedentes cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno, previo dictamen que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presente debidamente fundado y motivado.

Artículo 5. La comisión resolverá sobre las propuestas de inscripción presentadas valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad, sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal.

Concluyo cita. Estas disposiciones forman la columna vertebral de la regulación citada, porque en ellas se incorporan requisitos elementales para dictaminar las propuestas presentadas en esta materia, sea en sentido positivo o negativo, como son: una votación de dos tercios en el pleno, así como los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia que ahora deben caracterizar este tipo de decisiones por parte de la Cámara de Diputados, a fin de evitar cualquier duda o controversia respecto a las resoluciones que emita.

La iniciativa que resuelve este dictamen fue presentada por los diputados Silvano Aureoles, Manlio Fabio Beltrones, Luis Alberto Villarreal y Marcos Aguilar Vega, presidente de la comisión.

Como se expresó en el texto de la iniciativa, desde la construcción de estas instalaciones la plaza central no ha sido designada con algún nombre en particular, baste citar el autor de esta gran obra arquitectónica, Pedro Ramírez Vázquez para comprobar tal afirmación.

Abro cita. El edificio del Congreso de la Unión fue planeado para integrar las Cámaras de Diputados y Senadores unidas por un patio, el gran patio central se ha resuelto en sus cuatro fachadas con una celosía de aluminio. El diseño es muy semejante al del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

En este patio se montarán exposiciones sobre temas de actualidad en las discusiones, las costumbres y tradiciones de una entidad o un personaje histórico. Cierro cita.

No obstante el proyecto original con el que fue planeado este espacio legislativo, ser sede del Poder Legislativo, lo cierto es que hasta hoy las dos Cámaras que conforman el Congreso de la Unión se han mantenido en sedes distintas, plenamente reconocidas por la ciudadanía.

Actualmente la plaza central, o patio, se ha convertido en un lugar de tránsito para acudir a reuniones, sesiones y demás actividades cívicas y parlamentarias que a diario se llevan a cabo en este recinto. La plaza también es hoy una referencia y ejemplo multicultural, pues en ella se desarrollan exposiciones, muestras, ceremonias y reuniones en donde conviven legisladores, trabajadores, expositores y público en general de todo el país que visita con frecuencia esta institución.

Por lo anterior, la comisión considera que darle un nombre oficial a la plaza central ubicada al interior de esta Cámara permitirá, además de convertirla en un espacio adecuado para ceremonias oficiales, que sea conocida con el nombre de uno de los personajes más representativos y destacados del Poder Legislativo mexicano, en particular de la Cámara de Diputados y quien fuera un actor fundamental para el respeto de su autonomía.

Como ustedes saben, compañeras y compañeros, Eduardo Neri Reynoso fue aquél mexicano valeroso que a sus 26 años de edad, siendo diputado federal por el estado de Guerrero, subió a la tribuna de la Cámara para increpar desde ahí al entonces presidente Victoriano Huerta por la desaparición y muerte de legisladores, entre ellos Belisario Domínguez. Aquél discurso breve, pero lleno de símbolos y de valentía, motivó que al día siguiente Neri, junto con sus 82 compañeros diputados, fuera hecho preso y el Congreso fue disuelto.

Por hechos como éste, la Cámara de Diputados decidió crear el reconocimiento que ha pasado por varias etapas y que ahora, año con año, entregamos en esta soberanía la Medalla Eduardo Neri y Legisladores de 1913.

El reconocimiento a la vida y obra de Eduardo Neri que hoy exponemos a su consideración busca que al interior del recinto su figura tenga un espacio permanente, y que su nombre le dé identidad a un lugar que se distingue por su pluralidad e historia.

De esta forma, los integrantes de la comisión consideramos adecuado otorgarle el nombre de Eduardo Neri Reynoso a la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro, así como colocar un busto con su efigie para lo cual será indispensable realizar una sesión solemne con el protocolo habitual.

Es conveniente recordar que ya existen imágenes y nombres de mexicanos ilustres en la plaza central donde se propone colocar la efigie de Neri. En la parte posterior del edificio A, se encuentran los bustos de Miguel Ramos Arizpe, José María Morelos, Francisco Zarco, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Alfonso Cravioto. En la parte central de este pabellón se localiza una placa conmemorativa de los Constituyentes de Querétaro 1917-1918, en la que se enlistan todos los delegados constituyentes.

Asimismo, el pasado 17 de octubre de 2013 se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa del LX aniversario del sufragio femenino con nombres de diputadas de la pasada y actual Legislaturas, como un reconocimiento a la lucha por la igualdad y la equidad de género.

Por otro lado, quiero comentar con ustedes que durante la reunión ordinaria de la comisión en la que se discutió el presente dictamen, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana expuso una propuesta como parte de este merecido reconocimiento que habrá de realizarse a la memoria de Eduardo Neri, para que también se incluyeran los nombres de todos los legisladores que junto con Neri conformaron la XXVI Legislatura y que fueron aprehendidos por instrucciones de Victoriano Huerta.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a nombre de los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, me permito solicitar el voto a favor del dictamen presentado. Es cuanto, presidente, gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Ponce Orozco.

Está a discusión en lo general y en lo particular, y en razón de que los grupos parlamentarios ya fijaron postura, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Esta Presidencia saluda y les da la más cordial bienvenida a presidentes municipales del municipio de Acolman, estado de México, invitados por el diputado Darío Zacarías Capuchino. Sean ustedes bienvenidos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 423 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular por 423 votos el proyecto de decreto que nombra la plaza central del recinto legislativo de San Lázaro como Eduardo Neri Reynoso, y se coloca un busto con su efigie. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

INCIDENTE EN SALAMANCA, GUANAJUATO

El diputado Genaro Carreño Muro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Genaro Carreño Muro (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de comunicar, informar del incidente que se generó este pasado domingo en el municipio de Salamanca.

En los últimos años de la vida de la refinería en Salamanca nunca se había presentado una situación como la que vivimos los salmantinos este pasado domingo a partir de las 10 de la mañana. Poco antes apareció una nube amarillenta, aparentemente tóxica, y los habitantes de toda la zona de alrededor de la refinería vivieron y pudieron corroborar esta situación y lo testimoniamos también con la presencia de humo negro a través de las chimeneas.

Compañeros legisladores, señor vicepresidente, ante el temor y la preocupación en que viven las familias por los posibles daños ambientales derivados de las emisiones de los gases, la incertidumbre de las condiciones de seguridad de la propia refinería en nuestro municipio de Salamanca y también los riesgos futuros, solicito a esta honorable asamblea que se exija a Petróleos Mexicanos que aclare de manera detallada, oficial y por escrito el incidente ocurrido en la refinería de Salamanca, para que se esclarezcan con precisión los hechos cuyas consecuencias, además de ser ambientales y de salud pública, tienen un impacto económico por el paro de las 53 plantas de procesos que tiene la propia refinería.

Aprovecho también para recordar respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que se comprometió en su comparecencia a enviar por escrito la información relacionada con el tema de la reconfiguración de Salamanca, que hasta la fecha no hemos recibido y aún seguimos esperando. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Su intervención ha quedado registrada en el Diario de los Debates.

TRANSMISION EN CADENA NACIONAL DE LAS SESIONES DEL CONGRESO DONDE SE DISCUTAN LAS REFORMAS DE LAS LEYES SECUNDARIAS DERIVADAS DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES ESTRUCTURALES

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputada Alliet Bautista, con qué objeto.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo(desde la curul): Gracias, señor Presidente. Solamente para recordar que el martes 11 de marzo del 2014 presenté proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a establecer la transmisión en cadena nacional de las sesiones del Congreso de la Unión donde se discutan las reformas de las leyes secundarias derivadas de las reformas constitucionales estructurales, que fue turnada a la Comisión de Gobernación.

De acuerdo con el artículo 182, numeral 3, la Comisión de Gobernación sólo tiene este mes para resolver el asunto turnado. Ya hemos discutido reformas importantes, sin embargo, las leyes secundarias de la reforma energética, la reforma política y la de telecomunicaciones están pendientes.

Presidente, le solicitaría, en su calidad de presidente de la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos, haga un llamado a la comisión a fin de que presente el dictamen correspondiente y con ello garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Bautista. Igualmente, su intervención ha quedado registrada en el Diario de los Debates.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para estudio y dictamen, la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los integrantes de la Comisión dictaminadora realizaron el estudio de la misma, con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible el contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El dictamen que se propone al Pleno de esta Honorable Cámara se realizó conforme a la siguiente.

Metodología

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido” se hace una descripción de la minuta y se resumen los objetivos, motivos y alcances de las propuestas.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos de cada una de las reformas planteadas, con base en los cuales se sustenta el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 24 de marzo de 2011 (LXI Legislatura), el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos, Segunda para estudio y el dictamen correspondiente.

2. El 24 de abril de 2013 el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos, Segunda, así como la adición de un artículo segundo transitorio al decreto que motivó el dictamen, propuesto por el senador Fidel Demédicis Hidalgo.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó remitir la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El 29 de abril de 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Defensa Nacional, para estudio y dictamen.

Contenido de la minuta

La Cámara de Senadores consideró aprobar en sus términos la Iniciativa del Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, entre otras consideraciones, porque:

• De conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los habitantes del país tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

• El artículo 14 de la Carta Magna, en su párrafo tercero, establece que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

• El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en el párrafo primero, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

• El artículo 21 del mismo ordenamiento, establece en su párrafo tercero, que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

• El artículo 22 primer párrafo de la Constitución federal puntualiza que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado.

• La obligación que tiene cualquier ciudadano de registrar su arma es tal, que en caso de no hacerlo, debe ser castigado de manera ejemplar, promoviendo así, el uso legal y correcto de las armas, de tal forma que mantenga seguro a los ciudadanos que lo rodean.

• El objeto de la iniciativa cumple con el fin de fortalecer el ordenamiento vigente, para que de esta manera, se luche contra el mercado negro de las armas de fuego.

• Las comisiones coinciden con el legislador, en el sentido de que las multas por la contravención de los artículos propios de este dictamen, son en la actualidad pírricas, y tal situación no conduce a frenar las conductas previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

• Se advierte necesario actualizar las multas a los portadores de armas de fuego, que no hagan la manifestación ante la Secretaría de la Defensa Nacional, o a quien no tenga las licencias correspondientes. Esto con el objeto de homogeneizar las penas y las multas, tanto porque la actualidad así lo exige, como para estar acorde con lo que establecen otros ordenamientos en esta materia, ya que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es una ley que data de 1972, cuando las condiciones y circunstancias eran sumamente distintas; que si bien es cierto ha sido reformada con el paso del tiempo, las multas continúan siendo las mismas de cuando fue la creación del ordenamiento, haciéndolas obsoletas y con nula eficiencia en su aplicación al momento que vive nuestro país.

Conforme a lo anterior, la minuta aprobada por la colegisladora modifica el monto de las multas contenidas en los artículos 77, 78, 79, 81, 83 fracciones I, II y III; 83 Bis fracciones I y II; 83 Ter, fracciones I, II y III; 83 Quat, fracciones I y II; 84, 84 Bis, 85, 85 Bis, 86, 87 y 90 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De igual manera, reforma el segundo párrafo del artículo 78, para que, en el supuesto de que se recoja un arma por no portar la licencia correspondiente, se amplíe de 15 a 30 días el plazo para exhibir dicha licencia.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objetivo de la minuta, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados como instancia legislativa competente para atender la presente minuta, en virtud de que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señala en los artículos 2, fracción III, 37 y 40 que corresponde su aplicación a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras autoridades; y que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39, numeral 3, establece que las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación.

En ejercicio de dichas facultades, la Comisión Dictaminadora emite las siguientes:

Consideraciones

Primera. En los últimos años la delincuencia organizada en sus diversas expresiones se ha convertido en el principal problema de seguridad pública en el país; a la par de este problema, se ha sufrido un incremento sostenido en los índices delictivos, debido al aumento de la violencia asociada a las organizaciones criminales, lo que se ha traducido en severos daños y afectaciones en la vida y expectativas de la población mexicana.

La tendencia al incremento en la incidencia criminal se ha acompañado de un agravamiento de la violencia; delitos como el homicidio, el secuestro, la extorsión y el robo con violencia han registrado un crecimiento considerable en los últimos años. Este tipo de delitos de alto impacto atentan contra la vida, la salud y el patrimonio de las personas. Además, sus efectos trascienden a las víctimas que enfrentan directamente a los delincuentes, ya que esto afecta a las personas cercanas a ellas.

En general, los analistas coinciden en que la proliferación de armas es el principal factor de propagación de violencia; y que la amplia disponibilidad de armas entre la población implica un aumento tanto del crimen común, como de la delincuencia organizada.

El tráfico de armas es una amenaza a la seguridad de las personas y un reto para las instituciones de orden y seguridad. Existe evidencia de que la propagación de armas tiene impactos negativos en la seguridad, en los derechos humanos y sociales, y por supuesto en la vida de las personas, sobre todo en zonas con elevados niveles de criminalidad y violencia.

De acuerdo con lo anterior, se coincide con la Cámara de Senadores en la revisión de las sanciones económicas dispuestas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, toda vez que con motivo de la amplia disponibilidad de armas de fuego en poder de los particulares, inclusive para su propia seguridad, los índices de criminalidad aumentan, máxime que las sanciones en materia de portación de armas son de poca cuantía, con relación al daño que pueden provocar a la sociedad.

Se coincide también, en que de aprobarse las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se contribuye a fortalecer la seguridad pública, y ésta a su vez, a generar paz, tranquilidad, equilibrio y armonía en el desarrollo de las actividades de la sociedad mexicana.

Segunda. Como lo señala la colegisladora, existe similitud respecto a los tipos penales descritos en los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, que corresponden al Capítulo III, Título Cuarto, de los Delitos contra la Seguridad Pública, con algunos de los delitos establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y al considerar que en esta última las sanciones pecuniarias son menores, aprobó modificar la Ley de Armas para hacerla congruente con las contempladas en el Código Penal Federal.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente, data del año de 1972, época en la cual las dinámicas delictivas eran distintas a las actuales, situación que se refleja en los tipos penales y las sanciones contenidas en ésta.

Si bien, desde su expedición hasta ahora se han concretado 10 reformas y adiciones a la ley, siendo la última la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2004, dichas reformas han tenido como objetivo la precisión e incorporación de nuevas conductas tipificadas como delitos; sin embargo, las diversas sanciones establecidas en esta ley —la pena corporal y la sanción pecuniaria— se han mantenido sin cambios desde la fecha de su creación.

A partir del análisis de las diversas sanciones contenidas en la ley objeto del presente análisis, es de concluir que, en la época en que fue promulgada la ley, las conductas delictivas tipificadas o las faltas administrativas establecidas, reflejaban un grado de peligrosidad bajo por parte de los sujetos activos de dicha conducta contraria a la ley.

En ese sentido, la comisión considera que la evolución de las dinámicas delictivas requiere de cambios y actualizaciones institucionales y legales para enfrentarlas con mayor eficacia; por tal motivo, la que dictamina se identifica con la minuta respecto a la necesidad de revisar las disposiciones legales relativas a la comisión de delitos que afectan o pueden afectar bienes jurídicos fundamentales para las personas, como son la vida y la seguridad.

Conforme a lo anterior, esta comisión establece que los objetivos primordiales de la reforma que se impulsa son: prevenir el uso indebido de las armas y salvaguardar la seguridad pública.

Tercera. Esta comisión comparte el criterio de que el incremento de las penas no es el factor determinante en la inhibición de conductas delictivas, sin embargo considera que en el marco de la Minuta objeto del presente dictamen, se justifica el aumento de las multas para hacerlas congruentes con el contexto actual de nuestro país.

No obstante, en la revisión de las sanciones económicas no se deben omitir los principios de seguridad jurídica establecidos en la Constitución. En este orden de ideas, la que dictamina considera necesario hacer un análisis de las conductas delictivas que pueden ser objeto de una sanción pecuniaria mayor a la actualmente prevista, a la luz de los principios de “exacta aplicación de la ley penal”, de “proporcionalidad de la pena” y de “razonabilidad jurídica” previstos en los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo el principio de la “exacta aplicación de la ley penal” es que esta dictaminadora no puede considerar suficiente hacer únicamente un ejercicio de analogía con las penas dispuestas en los artículos 160 y 162 del Código Penal; al respecto, se cita la siguiente tesis jurisprudencial:

“Exacta aplicación de la Ley Penal. La garantía, contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución federal, también obliga al legislador.

El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia;que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así  como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa.”

Por su parte, el principio de “proporcionalidad de la pena” implica que la sanción prevista en la norma, sea acorde con la conducta típica descrita. Es decir, que toda penalidad deberá estar acorde con el bien jurídico tutelado y con la perspectiva de la lesión que causa dicha conducta a la sociedad.

En observancia de este principio, también resulta esencial establecer parámetros que permitan la aplicación de penas pecuniarias  diferenciadas, tomando en cuenta el grado de peligro de las infracciones administrativas y tipos penales establecidos, así como la conducta desplegada.

Las siguientes tesis ilustran el criterio del Poder Judicial sobre la aplicación de este principio:

“Leyes Penales. Al examinar su constitucionalidad deben analizarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica.

El legislador en materia penal tiene amplia libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las leyes relativas debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, conforme a los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón, el Juez constitucional, al examinar la constitucionalidad de las leyes penales, debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficientes entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado.”

“Penas. Principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la interpretación del citado precepto constitucional se advierte que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender a tal principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las penas como el sistema para su imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de las normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de autonomía legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados contenidos en la Constitución General de la República; de ahí que su actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional –la legislación penal no está constitucionalmente exenta–, pues la decisión que se emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado principio constitucional.”

Cuarta. A partir de los argumentos anteriores, esta Comisión hace la revisión sistemática de las multas establecidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En una primera revisión, se desprende que las modificaciones propuestas en la Iniciativa, toman como referencia la multa establecida en el artículo 162 del Código Penal Federal:

Artículo 162. Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso:

I. ...

II. Al que ponga a la venta pistolas o revólveres, careciendo del permiso necesario;

III. Al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160;

IV. Al que, sin un fin lícito o sin el permiso correspondiente, hiciere acopio de armas, y

V. Al que, sin licencia, porte alguna arma de las señaladas en el artículo 161.

...

...

Como se observa en el artículo transcrito, el Código Penal Federal establece, entre otros, tipos penales referidos a la venta de pistolas o revólveres sin el permiso correspondiente; a la portación de armas prohibidas; portación de pistolas y revólveres sin licencia; y acopio ilícito de armas. Delitos que son sancionados con prisión de seis meses a tres años o, a criterio del juzgador, multa de 180 a 360 días, es decir, se establece la multa como pena alternativa a la de prisión.

Por su parte, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establece en su Título Cuarto, Capítulo Único, penalidades diferentes a las previstas en el Código Penal Federal, mismas que son diferenciadas de acuerdo al tipo de arma y, en general, la sanción pecuniaria en su mínimo es de menor cuantía que las del Código de referencia, sin embargo, en el caso de la Ley especial, la sanción no es conmutativa, sino que se aplican ambas, prisión y multa.

Valga recordar que bajo el principio de especialidad de la ley, establecido en el segundo párrafo del artículo 6 del Código Penal Federal, el cual dispone que “Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general”, a los delitos en materia de armas permitidas y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, no les es aplicable el artículo 162 del Código Penal Federal.

De acuerdo a lo anterior, esta comisión sólo tomará como referencia el monto de la multa establecida en el Código Penal Federal, pero revisando el peligro ocasionado a los bienes jurídicos tutelados, en observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, de cada tipo penal o falta administrativa establecida en la ley motivo de este dictamen.

Quinta. El Titulo Cuarto de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, denominado “Sanciones” establece en su articulado una serie de actos ilícitos y faltas administrativas que son castigados con penas de prisión que oscilan entre los 3 meses y hasta 30 años y por multas que van desde 1 hasta 500 días.

El dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, modifica los montos de las multas, oscilando entre 50 y 720 días de sanción pecuniaria, las cuales en su caso se aplican de forma adicional a la pena de prisión prevista para los ilícitos descritos en la ley.

Sobre los incrementos de las multas, esta Comisión realiza un análisis de éstas, como parte de una sanción penal o administrativa, que deberán cumplir con los principios de razonabilidad jurídica y proporcionalidad, pero además bajo la premisa de que deberán revestir ciertas características que la hagan funcional y justifiquen su existencia.

En este sentido, debemos evitar las multas excesivas, debido a que éstas dejan de cumplir con su finalidad, además hay que tomar en cuenta diversos factores como lo son los relacionados con la insolvencia del infractor y el hecho de hacer inviable la sustitución de la multa por trabajo a favor de la comunidad.

“Multa excesiva prevista por el artículo 22 constitucional. No es exclusivamente penal.

Es inexacto que la “multa excesiva”, incluida como una de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, deba entenderse limitada al ámbito penal y, por tanto, que sólo opere la prohibición cuando se aplica por la comisión de ilícitos penales. Por lo contrario, la interpretación extensiva del precepto constitucional mencionado permite deducir que si prohíbe la “multa excesiva” como sanción dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y mayoría de razón debe estimarse que también está prohibida tratándose de ilícitos administrativos y fiscales, pues la multa no es una sanción que sólo pueda aplicarse en lo penal, sino que es común en otras ramas del derecho, por lo que para superar criterios de exclusividad penal que contrarían la naturaleza de las sanciones, debe decretarse que las multas son prohibidas, bajo mandato constitucional, cuando son excesivas, independientemente del campo normativo en que se produzcan.”

Bajo las consideraciones anteriores, esta dictaminadora modifica los montos propuestos, formulando sanciones con penas mínimas de 30 días y no de 50 como propone la Colegisladora, para los delitos de menor peligro para la sociedad o las faltas administrativas.

En el caso opuesto, esta Comisión propone converger con la Minuta, respecto a la sanción máxima ordinaria de 720 días multa, que se impondrá para los delitos graves, de conformidad con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. ...

II. ...

III. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los delitos siguientes:

1) Portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción III;

2) Los previstos en el artículo 83 Bis, salvo en el caso del inciso i) del artículo 11;

3) Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, en el caso previsto en el artículo 83 Ter, fracción III;

4) Los previstos en el artículo 84, y

5) Introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 84 Bis, párrafo primero.

IV. a XVIII. ......

El elemento básico considerado por el artículo citado, “consiste en el grado de peligro que para la sociedad representa la conducta delictiva del agente, peligrosidad que obviamente está vinculada con la importancia que tienen para el individuo y para el grupo social en su conjunto, los bienes jurídicamente tutelados por el ordenamiento, es decir, la base se sustenta en la gravedad de la ofensa a la sociedad”.

En este orden de ideas, se pretende lograr un esquema integral de sanciones pecuniarias graduadas proporcionalmente, conforme al grado de peligro que representen las conductas tipificadas como faltas o delitos.

Sexta. Expresado lo anterior, se valoran en lo particular las reformas contenidas en la minuta de mérito y, en su caso, se realizan modificaciones para adecuarlas a los principios normativos y al esquema general de multas propuesto en el presente dictamen.

1) Artículo 77.

El artículo 77 de la ley vigente establece sanciones de 10 a 100 días multa para quienes se encuadren en las faltas siguientes:

I. Quienes posean armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional;

II. Quienes posean armas, cartuchos o municiones en lugar no autorizado;

III. Quienes infrinjan lo dispuesto en el artículo 36 de esta ley. En este caso, además de la sanción, se asegurará el arma, y

IV. Quienes posean cartuchos en cantidades superiores a las que se refiere el artículo 50 de esta ley.

La minuta propone la actualización de la sanción pecuniaria para quedar de 180 a 360 días multa.

Respecto a la fracción I, esta comisión toma en cuenta, como se señaló anteriormente, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza al ciudadano en su artículo 10 la posesión de armas en su domicilio, para seguridad y legítima defensa, sin establecer requisito adicional alguno.

Es la ley especial (LFAFE) en su artículo 7, la que establece que la “posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas”.

De acuerdo con lo anterior, la omisión de manifestar la posesión de armas permitidas (establecidas en los artículos 9 y 10 de la Ley) debe, en su caso, considerarse como una omisión simple, lo cual también deberá reflejarse en la multa impuesta. Lo anterior, debido a que la Constitución federal es permisiva respecto a la posesión de armas, para seguridad y legítima defensa del ciudadano en su domicilio y, además, para actividades deportivas y de caza, o como parte de una colección.

Respecto a la fracción II, debe tomarse en consideración que la autorización para poseer o portar un arma conlleva la relativa para poseer cartuchos, por lo que, en este supuesto, la sanción pecuniaria se impone por poseer los cartuchos en lugar no autorizado.

Respecto a la fracción III, se establece la sanción para quien asista armado a manifestaciones y celebraciones públicas, asambleas deliberativas, juntas en que se controviertan intereses o a cualquier reunión que haga previsible la aparición de tendencias opuestas, en correlación al artículo 36 de la ley.

En sentido similar, la fracción IV establece la sanción para quién posea cartuchos en cantidades superiores a las permitidas. Esta conducta se cumple bajo los supuestos de que son cartuchos permitidos en los términos de la Ley, destinados a las armas registradas y permitidas por la propia Ley. Es decir, se establece que debe sancionarse con multa a quien posea cartuchos en cantidades superiores a las permitidas, en correlación al supuesto de que éstos serán destinados para las armas en el número y características permitidas.

En este sentido, debemos recordar que la conducta típica de portación sin la licencia correspondiente, se encuadra en el tipo penal de portación ilegal de arma, delito castigado con mayor severidad en los artículos 81, referido a las armas permitidas y el 83 referido a las armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Bajo los argumentos anteriores, se estima conveniente establecer una sanción pecuniaria, de 30 a 120 días multa para los supuestos incluidos en el artículo 77, para quedar como sigue:

Artículo 77. Serán sancionados con treinta a ciento veinte días multa:

I. a IV. ......

2) Artículo 78

El texto actual del artículo 78, contempla una sanción de diez días multa a quien porte un arma sin llevar consigo la licencia correspondiente y establece un plazo de 15 días para la exhibición de la licencia.

La minuta propone actualizar la multa para quedar de cincuenta a cien días. Asimismo, amplía el plazo para exhibir la licencia a treinta días.

Al respecto, se estima conveniente modificar la multa correspondiente, toda vez que la actual aplicable no resulta gravosa para quien incurre en la conducta descrita, pero también se modifica bajo la luz de los principios constitucionales citados de proporcionalidad y razonabilidad jurídica.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que la portación de un arma constituye un acto delicado que requiere de la mayor atención por parte del licenciatario, así como una supervisión adecuada por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otra parte, se considera acertado el establecimiento de un mínimo y un máximo en la multa aplicable, lo que permitirá que la autoridad jurisdiccional, tomando en cuenta las circunstancias de los hechos, las condiciones del infractor y las características del arma, aplique la sanción que estime más justa.

Conforme a lo anterior, la Dictaminadora modifica la sanción aprobada por la Colegisladora, a un parámetro de cuarenta y cinco a ciento veinte días multa.

En cuanto a la ampliación del plazo para la exhibición de la licencia, de quince a treinta días, no se considera procedente toda vez que, en razón de la infracción cometida y el cuidado que se debe observar respecto al manejo de las armas, no es justificable la ampliación de dicho plazo.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que no existe referencia alguna en la iniciativa o en el dictamen de la colegisladora, que argumente o justifique esta ampliación para poder exhibir la licencia respectiva.

Por otra parte, en la redacción propuesta para este supuesto normativo, con el fin de generar una mayor certeza jurídica, se considera precisar que el cómputo será en días hábiles, para quedar como sigue:

Artículo 78. ...

El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo pago de cuarenta y cinco a ciento veintedías multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de quince días hábiles.

...

3) Artículo 79

El texto vigente contempla una sanción pecuniaria de diez días multa, al funcionario que habiendo realizado un aseguramiento o recoja un arma no lo informe a su inmediato superior.

La minuta propone el aumento de dicha sanción en un rango de cincuenta a cien días multa.

Al respecto, esta comisión justifica el incremento de la multa tomando en cuenta que la conducta que se sanciona corresponde a un funcionario que, ante todo, debe ser conocedor de la norma jurídica que regula su actuación.

En este caso, el bien jurídicamente protegido, además de la seguridad pública, es la correcta prestación del servicio público, contribuyendo de esta manera a evitar la corrupción.

Igualmente, se estima acertado el establecimiento de un mínimo y un máximo en la multa aplicable, lo que permitirá que la autoridad jurisdiccional, tomando en cuenta las circunstancias de los hechos, las condiciones del infractor -que dentro de este supuesto se trata de un servidor público- y las características del arma, aplique la sanción que estime más justa.

De acuerdo con lo anterior, y en armonía al esquema de multas propuesto en el presente dictamen, se estima conveniente establecer una sanción mayor a la aprobada por la Cámara de Senadores, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 79. Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo de inmediato a su superior, quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de sesenta a ciento ochenta días multa.

...

4) Artículo 81

El artículo 81 se refiere a la portación de un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta ley, sin tener expedida la licencia correspondiente.

Actualmente, el individuo que cumpla con dicha conducta típica será sancionado con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa. Y en el caso de que se porten dos o más armas, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes.

La minuta en estudio propone un incremento de la sanción pecuniaria de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa. Al respecto se observa que ésta corresponde a la sanción por el delito de portación de pistolas y revólveres establecida como pena sustitutiva de la de prisión en el artículo 162 del Código Penal Federal.

Esta comisión considera justificable el incremento a la multa, por el grado de peligro que para la seguridad pública representa la conducta delictiva de portación de arma sin licencia. Asimismo, con la propuesta se busca desincentivar la tenencia y portación ilegal de armas, así como el aumento de la violencia que éstas pueden representar.

No obstante lo anterior, esta comisión modifica la sanción económica para esta conducta, de ciento veinte a doscientos cuarenta días multa, en lugar de los 180 a 360 días propuestos en la Minuta, en congruencia con el esquema propuesto de multas graduadas proporcionalmente a la peligrosidad que representen las conductas tipificadas como faltas o delitos.

De acuerdo con lo anterior, la redacción queda de la manera siguiente:

Artículo 81. Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de ciento veinte a doscientos cuarenta días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

...

5) Artículo 82

El artículo 82 vigente establece una sanción de uno a seis años de prisión y cien a quinientos días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente.

Es de observarse, que en la Ley vigente este es uno de los delitos que mayor sanción pecuniaria merece, y en el que se agrava la pena de prisión de cinco a diez años tratándose de dos armas o más, o por reincidencia.

Para este caso, la minuta que se dictamina propone el aumento de la sanción económica para quedar de ciento ochenta a setecientos veinte días multa.

Atendiendo el principio de proporcionalidad de la pena y tomando en cuenta las actualizaciones realizadas para otras infracciones y tipos penales, esta Dictaminadora considera conveniente modificar el incremento propuesto en la Minuta, para quedar de ciento ochenta a quinientos días multa. Es decir, se considera relevante incrementar la multa mínima y mantener en los términos vigentes la multa máxima.

Lo anterior debido a que, como ya se mencionó, la pena pecuniaria máxima que se propone en el presente dictamen es de setecientos veinte días multa para sancionar los delitos considerados como graves en el Código Federal de Procedimientos Penales.

En ese tenor, se modifica el artículo 82 para quedar de la manera siguiente:

Artículo 82. Se impondrá de uno a seis años de prisión y de ciento ochenta a quinientos días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente.

6) Artículo 83

El artículo 83 se refiere a las sanciones por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sin tener el permiso correspondiente. En éste, se incluyen 3 fracciones en las que se establecen penas de acuerdo al tipo y peligrosidad de arma, de acuerdo con lo siguiente:

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta ley (bayonetas, sables y lanzas).

La minuta propone una ampliación del castigo económico en el rango de cincuenta a ciento ochenta días multa.

II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso a) que incluye Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial, entre otras; y en el inciso b) que incluye Pistolas 9 mm. y similares, las .38 Super y de calibres superiores, establecidos en el artículo 11 de esta ley.

La minuta propone el incremento de la multa para quedar de ciento ochenta a trescientos días.

III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. Entre éstas se encuentran: pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras y ametralladoras, escopetas de calibre superior, lanzagases, cañones, piezas de artillería, morteros, carros de combate proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, lanzallamas, embarcaciones y aeronaves de guerra y su armamento. Y en general, todas las armas y materiales destinados exclusivamente para la guerra.

En esta última fracción, la minuta propone aumentar la multa para quedar de trescientos sesenta a setecientos veinte días.

Es de señalar que conforme a lo establecido en el penúltimo y último párrafos, las penas se agravan: en caso de que se porten dos o más armas, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes y cuando tres o más personas integrantes de un grupo porten armas de las referidas en la fracción III, la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble.

Para este artículo, la dictaminadora considera que el aumento de las penas se justifica en que:

1) Se trata de armas prohibidas para los particulares;

2) Son armas de calibre y de potencialidad lesiva superior a las armas permitidas y por lo tanto su posesión y portación representan un grado de peligro mayor a la población y por ende a la seguridad pública.

De acuerdo con lo anterior, y bajo el esquema planteado en este dictamen, se modifican las multas propuestas en la minuta, para graduarlas en proporción a la peligrosidad de las armas de acuerdo con su potencial lesivo, estableciendo las más bajas para las menos lesivas y las más altas para el caso de portación ilegal de armas de mayor potencial vulnerante.

En este sentido, la fracción I y II del artículo 83 se modifican para establecer un rango de 60 a 180 días multa a quien porte armas de uso exclusivo de las  comprendidas en el artículo 11 inciso i) de esta Ley; y de 210 a 360 días multa a quien porte armas de las descritas en los incisos a) y b) del artículo 11.

Respecto a la fracción III del artículo 83, se acepta la propuesta de la Minuta en sus términos, en razón de que impone la pena de mayor cuantía, en congruencia con la conducta reprochable sancionada por los delitos graves descritos en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

De tal manera que la redacción del artículo 83 queda de la siguiente forma:

Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de sesenta a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta ley;

II. Con prisión de tres a diez años y de doscientos diez a trescientos sesenta días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley, y

III. Con prisión de cuatro a quince años y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.

...

...

7) Artículo 83 Bis

El artículo 83 Bis tipifica el delito de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Al respecto, señala en su párrafo segundo, que por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de esta clasificación.

Así, la fracción I del artículo establece una pena de prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, por acopio de armas comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta ley. Para el caso de acopio de armas referidas en el inciso i) del mismo artículo, impone de uno a tres años de prisión y de cinco a quince días multa.

En el caso de la fracción II, prevé prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate del acopio de las armas comprendidas en los demás incisos del artículo 11 de la ley.

La minuta de análisis establece las sanciones siguientes:

• De cien a setecientos veinte días multa por acopio de armas comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11.

• De cincuenta a ciento ochenta días multa por acopio de armas referidas en el inciso i).

• De trescientos sesenta a setecientos veinte acopio de las armas comprendidas en los demás incisos del artículo 11.

Esta comisión considera modificar las multas de la minuta, debido a que se observa una desproporción en la sanción pecuniaria establecida en el texto vigente de la fracción I referida al acopio de armas y revólveres de uso exclusivo del Ejército; específicamente en la multa mínima que actualmente es de diez días; y el delito de acopio de las armas de uso exclusivo a las Fuerzas Armadas, con excepción de las establecidas en el inciso i) del artículo 11, es considerado como uno de los delitos graves establecidos en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que conforme al esquema de multas propuesto, a esta conducta le corresponde la sanción más alta.

Para mantener la proporcionalidad entre las sanciones y las conductas delictivas, se toma en cuenta la diferencia entre los tipos de armas y el nivel de peligrosidad que estas representan, diferencia que debe reflejarse en la sanción económica.

De acuerdo con lo anterior, esta comisión modifica la propuesta de la colegisladora para quedar como sigue:

Artículo 83 Bis. Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará:

I. Con prisión de dos a nueve años y de trescientos sesenta a seiscientos días multa, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de noventa a doscientos diez días multa; y

II. Con prisión de cinco a treinta años y de cuatrocientos veinte a setecientos veinte días multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.

...

...

8) Artículo 83 Ter

El artículo 83 Ter se refiere a la posesión sin permiso de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Contiene tres fracciones que establecen las sanciones correspondientes conforme al tipo de arma:

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta ley;

II. Con prisión de uno a siete años y de veinte a cien días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley; y

III. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.

La minuta de análisis establece las sanciones siguientes:

I. Con prisión de tres meses a un año y de cincuenta a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta ley;

II. Con prisión de uno a siete años y de cien a trescientos días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley; y

III. Con prisión de dos a doce años y de ciento ochenta a setecientos veinte días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.

Esta comisión ya se refirió en el numeral 6) de la sexta consideración, a la gravedad de la portación ilegal de armas de gran potencial vulnerante como lo son las enlistadas en el artículo 11 de la ley, mismas que representan un grado de peligro mayor a la población y por ende a la seguridad pública.

La conducta establecida en la fracción III de este artículo 83 Ter, es otro de los delitos graves, establecidos en el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales.

Por lo anterior, se modifica la propuesta para graduar proporcionalmente los delitos conforme a la peligrosidad de las armas y en referencia a los demás delitos de armas en revisión, para quedar con la siguiente redacción:

Artículo 83 Ter. Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de cuarenta y cinco a ciento cincuenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta ley;

II. Con prisión de uno a siete años y de ciento cincuenta a doscientos cuarenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley, y

III. Con prisión de dos a doce años y de doscientos diez a seiscientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.

9) Artículo 83 Quat

El artículo 83 Quat establece las sanciones para quienes posean cartuchos en cantidades mayores a las permitidas en el artículo 50 de la ley.

En su fracción I, dispone prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, cuando se trate de cartuchos destinados a armas comprendidas en los artículos 9, 10, y 11, inicios a) y b).

En la fracción II, prevé prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, para el caso de cartuchos de armas de las comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de la Ley.

La minuta de análisis propone incrementar la sanción contemplada en la fracción I, para quedar de cien a ciento ochenta días multa; en la fracción II, propone su reforma para quedar de cien a trescientos sesenta días multa.

Al respecto, la comisión dictaminadora estima procedente el aumento de las multas para el delito de posesión de cartuchos en cantidades superiores a los permitidos, sin embargo se modifica la minuta, a la luz de los principios citados, para quedar como sigue:

Artículo 83 Quat. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

I. Con prisión de uno a cuatro años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y

II. Con prisión de dos a seis años y de trescientos sesenta a quinientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

10) Artículo 84

El artículo 84 se refiere a la introducción ilegal al territorio nacional de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La sanción vigente es de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa, en los casos siguientes:

Fracción I. A quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta ley;

Fracción II. Al servidor público, que estando obligado por sus funciones a impedir esta introducción, no lo haga. Además, se le impondrá la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, y

Fracción III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fracción I para fines mercantiles.

La minuta propone ampliar la multa para quedar de cien a setecientos veinte días, para estas tres conductas delictivas.

Al respecto, esta comisión expresó en la parte inicial de las consideraciones su preocupación por la amenaza que representa el tráfico ilegal de armas a la seguridad pública, por lo que se considera atendible la revisión de las multas.

Como se ha señalado en diversos foros, en nuestro país cientos de ilícitos que se cometen al año, particularmente relacionados con el narcotráfico, se vinculan directamente con el uso de armas de fuego que llegan a manos de los grupos criminales como resultado de un tráfico ilegal que llega a nuestro país por ambas fronteras.

En el marco de la revisión de las multas en este dictamen, la comisión se ha manifestado por sancionar con mayor rigor a los servidores públicos que en razón de sus funciones tengan obligaciones en esta materia y no la cumplan, ya sea por acción u omisión. De esta manera, se protege la correcta prestación del servicio público, como una forma de evitar la corrupción.

Debe señalarse, que de conformidad con el artículo 84 Ter vigente, se incrementa hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo.

Conforme a los razonamientos anteriores, en el presente instrumento legislativo se propone modificar el mínimo de la multa con una sanción de 180 días, para quedar como sigue:

Artículo 84. Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de ciento ochenta a setecientos veinte días multa:

I. a III. ...

11) Artículo 84 Bis

El artículo 84 Bis establece penas de tres a diez años de prisión a quien introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las no reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Asimismo, establece que al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas, solamente será acreedor de sanción administrativa de doscientos días multa y se le recogerá el arma, la cual le será devuelta a su salida del país.

Al respecto, la minuta propone modificar la pena contenida en el segundo párrafo, referido al residente extranjero, para quedar de doscientos a trescientos sesenta días multa. En este caso, no se considera de aceptar la propuesta, toda vez que bajo esta hipótesis lo que se califica es que se trate de una sola arma y que no se haya incurrido en la conducta delictiva anteriormente.

Por otra parte, esta comisión considera viable aumentar la sanción pecuniaria al tipo penal de introducción clandestina de armas al país, considerando que la afectación a la seguridad pública se ha agravado por la creciente presencia de gente armada sin licencia, ya sea con armas permitidas o de uso reservado para las Fuerzas Armadas.

La propuesta de redacción sería la siguiente:

Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de prisión y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.

...

12) Artículo 85

El artículo 85 establece una pena de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos días multa a los comerciantes de armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.

La minuta propone actualizar la multa para quedar de cien a setecientos veinte días multa.

Sobre ello, esta comisión considera viable aumentar la pena mínima a cien días multa y mantener la máxima en los términos de la ley vigente, es decir en quinientos días multa.

La razón, es que se trata del ilícito respecto a armas de uso permitido por la ley –artículos 9 y 10– ya que la comercialización de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sólo es realizada por la institución oficial autorizada por el titular del Poder Ejecutivo federal, de conformidad con el artículo 51 de la ley.

En ese sentido, la modificación es la siguiente:

Artículo 85. Se impondrá de dos a diez años de prisión y de cien a quinientos días multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.

13) Artículo 85 Bis

En el artículo 85 Bis de la Ley vigente, se establecen sanciones de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa, de acuerdo con lo siguiente:

Fracción I. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente;

Fracción II. A los comerciantes de armas que sin permiso transmitan la propiedad de los objetos a que se refiere la fracción I, y

Fracción III. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

La minuta propone incrementar las multas vigentes a un rango de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa.

Es de señalarse, que la dictaminadora considera modificar la propuesta a un parámetro de doscientos cincuenta a seiscientos cincuenta días multa, para dar coherencia con las penalidades para otros delitos relacionados; así la redacción propuesta sería la siguiente:

Artículo 85 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de doscientos cincuenta a seiscientos cincuenta días multa:

I. a III. ...

14) Artículo 86

El artículo 86 sanciona tres conductas ilícitas de acuerdo con lo siguiente:

De tres meses a tres años de prisión y de dos a doscientos días multa, a quienes sin el permiso respectivo compren explosivos (fracción I), y a quienes transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen objetos regulados en la Ley (fracción II).

Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de la ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa.

Para el primer caso, la minuta propone modificarla para quedar de cincuenta a trescientos sesenta días multa y para el caso del transporte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas propone de cien a setecientos veinte días multa.

Con relación a este artículo, la que dictamina acepta la propuesta en sus términos, ya que los montos propuestos para estos delitos son congruentes y proporcionales al grado de peligro que representan.

De acuerdo a lo anterior, el artículo quedaría en los siguientes términos:

Artículo 86. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de cincuenta a trescientos sesenta días multa, a quienes sin el permiso respectivo:

I. ...

II. ...

...

Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de cinco a treinta años de prisión y de cien a setecientos veinte días multa.

15) Artículo 87

Este artículo dispone penas de un mes a dos años de prisión y de dos a cien días multa, a quienes:

I. Manejen fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y demás establecimientos que se dediquen a las actividades reguladas por esta ley, sin ajustarse a las condiciones de seguridad a que estén obligados;

II. Remitan los objetos materia de esta ley, si el transporte se efectúa por conducto de empresas no autorizadas;

III. Realicen el transporte a que se refiere la fracción anterior, y

IV. Enajenen explosivos, artificios y substancias químicas relacionadas con explosivos, a establecimientos o personas que no tengan el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La reforma que contempla la minuta, propone incrementar las sanciones económicas de cincuenta a ciento ochenta días multa.

Esta dictaminadora considera de aceptarse la propuesta en sus términos, toda vez que los montos propuestos para estos delitos, son congruentes y proporcionales al grado de peligro que representan a la seguridad pública y se correlacionan con los otros que ya han sido revisados en este dictamen.

De acuerdo a lo anterior, la redacción quedaría en los siguientes términos:

Artículo 87. Se impondrá de un mes a dos años de prisión y de cincuenta a ciento ochenta días multa, a quienes:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

16) Artículo 90

El artículo 90 vigente, establece una sanción pecuniaria de uno a doscientos días multa, para las demás infracciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos o su Reglamento, que no estén expresamente previstas.

Al respecto, la minuta contempla un incremento en la penalidad para quedar de cincuenta a setecientos veinte días multa.

En este sentido, esta comisión estima que el establecimiento de sanciones en casos no regulados, puede afectar los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, por lo que estiman conveniente modificar la propuesta para quedar de treinta a trescientos sesenta días multa.

De acuerdo a lo anterior, la redacción del artículo referido quedaría en los siguientes términos:

Artículo 90. Las demás infracciones a la presente ley o su Reglamento, no expresamente previstas, podrán sancionarse con la pena de treinta a trescientos sesenta días multa.

Analizados los artículos objeto del presente dictamen, en lo general y lo particular, y con el propósito de dar claridad a las modificaciones realizadas por esta Comisión Dictaminadora se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados y para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Comisión de Defensa Nacional someten, a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Artículo Único. Se reforman los artículos 77, primer párrafo; 78, segundo párrafo; 79, primer párrafo; 81, primer párrafo; 82, primer párrafo; 83, fracciones I, II y III; 83 Bis, fracciones I y II; 83 Ter, fracciones I, II y III; 83 Quat, fracciones I y II; 84, primer párrafo; 84 Bis, primer párrafo; 85; 85 Bis, primer párrafo; 86, primer y último párrafos; 87, primer párrafo y 90 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,  para quedar como sigue:

Artículo 77. Serán sancionados con treinta a ciento veinte días multa:

I. a IV. ...

...

Artículo 78. ...

El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo pago de cuarenta y cinco a ciento veinte días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de quince días hábiles.

...

Artículo 79. Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo de inmediato a su superior, quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de sesenta a ciento ochenta días multa.

...

Artículo 81. Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de ciento veinte a doscientos cuarenta días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

...

Artículo 82. Se impondrá de uno a seis años de prisión y de ciento ochenta a quinientos días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente.

...

Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de sesenta a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta ley;

II. Con prisión de tres a diez años y de doscientos diez a trescientos sesenta días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley, y

III. Con prisión de cuatro a quince años y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

...

...

Artículo 83 Bis. Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará:

I. Con prisión de dos a nueve años y de trescientos sesenta a seiscientos días multa, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de noventa a doscientos diez días multa; y

II. Con prisión de cinco a treinta años y de cuatrocientos veinte a setecientos veinte días multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.

..

...

Artículo 83 Ter. Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de cuarenta y cinco a ciento cincuenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta ley;

II. Con prisión de uno a siete años y de ciento cincuenta a doscientos cuarenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley, y

III. Con prisión de dos a doce años y de doscientos diez a seiscientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.

Artículo 83 Quat. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

I. Con prisión de uno a cuatro años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta ley, y

II. Con prisión de dos a seis años y de trescientos sesenta a quinientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta ley.

Artículo 84. Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de ciento ochenta a setecientos veinte días multa:

I. a III. ...

Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de prisión y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.

...

Artículo 85. Se impondrá de dos a diez años de prisión y de cien a quinientos días multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.

Artículo 85 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de doscientos cincuenta a seiscientos cincuenta días multa:

I. a III. ...

Artículo 86. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de cincuenta a trescientos sesenta días multa, a quienes sin el permiso respectivo:

I. y II. ...

...

Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de cinco a treinta años de prisión y de cien a setecientos veinte días multa.

Artículo 87. Se impondrá de un mes a dos años de prisión y de cincuenta a ciento ochenta días multa, a quienes:

I. a IV. ...

Artículo 90. Las demás infracciones a la presente Ley o su Reglamento, no expresamente previstas, podrán sancionarse con la pena de treinta a trescientos sesenta días multa.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades federales en el ámbito de su competencia, y particularmente las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, llevarán a cabo las campañas necesarias y permanentes para registrar las armas de fuego que posean lícitamente los ciudadanos.

Notas:

1 Benítez Manaut, Raúl. “La crisis de seguridad en México”. Revista Nueva Sociedad, número 220, marzo-abril de 2009. www.nuso.org. Página 6, citado por Carlos Flores Rico,. ¿Es posible detener el tráfico de armas? Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Cámara de Diputados LXI Legislatura, Serie Azul, Temas Internacionales (Visión de los Legisladores). México, 2011.

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “constitucional, penal” Tesis de Jurisprudencia (Registro 175595). Amparo directo en revisión 268/2003, cinco votos, Novena Época, Primera Sala, en Seminario Judicial de la Federación, página 84.

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “constitucional, penal”, Jurisprudencia (Registro 168878), Acción de inconstitucionalidad, Procuraduría General de la República, 27 de junio de 2008, unanimidad de 8 votos, Novena Época, Tribunal Pleno, en Seminario Judicial de la Federación, Página 599.

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “constitucional, penal” Tesis Aislada, Amparo directo en revisión 1405/2009, 7 de octubre de 2009, Cinco votos, Novena Época, Primera Sala, en Seminario Judicial de la Federación, Página 289.

5 De la lectura del artículo 160 del Código Penal Federal se desprende que son armas prohibidas los “instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas”.

6 Código Penal Federal, “artículo 161.- Se necesita licencia especial para portación o venta de las pistolas o revólveres.”

7 El artículo 162 del Código Penal Federal (anteriormente denominado Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal), desde su  expedición (14 de agosto de 1931), ha sido objeto de 2 reformas dirigidas a la cuantía de las sanciones. En su publicación original disponía la aplicación de seis meses a un año de prisión o multa de diez a mil pesos o ambas sanciones a juicio del juez; con la reforma del 15 de enero de 1951, se dispuso la pena de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a dos mil pesos; y finalmente con la reforma del 30 de noviembre de 1991, se establecieron las penas hasta hoy vigentes.

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “constitucional, común”, Jurisprudencia, Amparo en Revisión 928/94, Comerkin, SA de CV, 2 de julio de 1995, unanimidad de diez votos, Novena Época, Tribunal Pleno, en Seminario Judicial de la Federación, Página 18.

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “constitucional, penal” Tesis Aislada (Registro 175967). Amparo en revisión 934/2005, mayoría de cuatro votos, Novena Época, Primera Sala, en Seminario Judicial de la Federación, Página 628.

Delitos Graves. El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que prevé un catálogo de éstos, no transgrede la garantía de igualdad.

10 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. “Artículo 36. Queda prohibido a los particulares asistir armados a manifestaciones y celebraciones públicas, a asambleas deliberativas, a juntas en que se controviertan intereses, a cualquier reunión que, por sus fines, haga previsible la aparición de tendencias opuestas y, en general, a cualquier acto cuyos resultados puedan ser obtenidos por la amenaza o el uso de las armas; se exceptúan los desfiles y las reuniones con fines deportivos de charrería, tiro o cacería.”

Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2014.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Jorge Mendoza Garza (rúbrica), presidente; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña, Adriana González Carrillo (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Víctor Manuel Manríquez González (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), José Alejandro Montano (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba, Heberto Neblina Vega (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Genaro Ruiz Arriaga, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Genaro Ruiz Arriaga: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Defensa Nacional vengo hoy a esta tribuna a presentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, relativo a la minuta enviada por la Cámara de Senadores.

El objetivo de esta minuta consiste en prevenir el uso indebido de las armas y salvaguardar la seguridad pública. Para lo cual se propone actualizar las sanciones pecuniarias establecidas para las faltas administrativas y los tipos penales previstos en dicha ley.

Es importante señalar que la ley encargada de regular la tenencia de armas de fuego data del año de 1972, época en que las dinámicas delictivas eran distintas a la que actualmente observamos, situación que se refleja en los tipos penales y las sanciones contenidas en ésta.

Por otra parte, la amplia disponibilidad de armas de fuego entre la población se asocia al incremento del crimen común y de la delincuencia organizada, por lo que el tráfico de armas es una amenaza a la seguridad de las personas y un reto para las instituciones de orden y seguridad.

Existe evidencia de que la propagación de armas tiene un impacto negativo a la seguridad en los derechos humanos y sociales y, por supuesto, en la vida de las personas, sobre todo en zonas con elevados niveles de criminalidad y de violencia.

Derivado de lo anterior, la minuta remitida por la Cámara de Senadores modifica los montos de las multas, oscilando entre 50 y 720 días de sanción, las cuales en su caso se aplican de forma adicional a la pena de prisión prevista para los ilícitos descritos en la ley, con penas de prisión que oscilan entre los tres meses y hasta los 30 años.

Sin embargo, esta dictaminadora considera pertinente modificar los montos propuestos, formulando sanciones con penas mínimas de 30 días y no de 50 como propone la colegisladora. Esto para los delitos de menor peligro para la sociedad o las faltas administrativas.

En el caso opuesto, esta comisión propone converger con la minuta respecto a la sanción máxima ordinaria de 720 días de multa que se impondrá para los delitos graves. En este orden de ideas se pretende lograr un esquema integral de sanciones pecuniarias graduadas proporcionalmente conforme al grado de peligro que representan las conductas tipificadas como faltas o delitos.

En efecto, los incrementos de las multas deben cumplir con los principios de razonabilidad jurídica y proporcionalidad bajo la premisa de que deberán revestir ciertas características que la hagan funcional y justifiquen su existencia.

No causa el mismo daño a la seguridad pública la omisión de notificar a Sedena la posesión de un arma de bajo calibre, que portar sin permiso correspondiente armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, al aprobarse el dictamen con las modificaciones propuestas por la Comisión de la Defensa Nacional, se contribuya a fortalecer el ordenamiento vigente y en consecuencia la seguridad pública, la paz social, sin dejar de sensibilizar a la población sobre la importante necesidad de mantener la armonía en el desarrollo de las actividades de la sociedad mexicana.

Por lo anterior, en la Comisión de Defensa Nacional, decidimos aprobar este dictamen, a fin de que las faltas administrativas y los delitos contenidos en ésta sean sancionados bajo un esquema general de multas graduadas proporcionalmente, conforme al grado de peligro que representan las conductas tipificadas como faltas o delitos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en virtud de lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional someten a su consideración el presente dictamen solicitándoles su voto aprobatorio, ya que con el mismo se cumple con el fin de fortalecer el ordenamiento vigente para que de esta manera se salvaguarde la seguridad pública del país. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen.

Quiero informar a la asamblea que los grupos parlamentarios han acordado posicionar al mismo tiempo, en una sola intervención, tanto este dictamen como el que sigue, que también tiene que ver con modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Entonces, el diputado Bribiesca se referirá a los dos dictámenes.

Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Muchas gracias.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, permítame un momento, diputado. Dígame, diputado Monreal. Sonido en la curul del diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, sólo el dictamen anterior nosotros aceptamos que se discutiera en un solo acto, para que no fijara precedente, por la atención al presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En el caso de estos dictámenes nosotros nos reservamos para discutirlos por separado.

El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo, diputado. Están en todo su derecho. Adelante, diputado.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Compañeras diputadas y compañeros diputados, los dictámenes que presenta la Comisión de Defensa Nacional reconocen el sentir social de un gran sector de la población por los efectos del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza no sólo reconocemos ese sentir sino que hacemos eco de las voces que claman un mayor control por parte de la autoridad sobre las armas que alimentan a los delincuentes para cometer sus fechorías.

Las propuestas contenidas en los dictámenes actualizan la norma al incorporar la posesión ilícita de cargadores de cartuchos que permiten el rápido reabastecimiento de armas de fuego, lo que menoscaba y merma la actuación pronta y expedita de nuestras fuerzas de seguridad, con el agravante que vulneran también su seguridad.

Al ajustar el monto de las multas a los portadores de armas de fuego que no hagan la manifestación o no tengan las licencias correspondientes expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional e incorporar un tipo penal para sancionar las conductas de posesión ilícita de cargadores se actualiza nuestro precepto normativo sobre armas de fuego y explosivos a la realidad que nos atañe, asimismo permite armonizar con otros ordenamientos en esta materia, aportando a la autoridad encargada de su aplicación los elementos necesarios para brindar certeza jurídica a las personas físicas y morales.

Es de reconocer también que la actualización de las sanciones económicas fue realizada bajo los principios de seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal, proporcionalidad de la pena y racionalidad jurídica establecidos en la Constitución, tomando en cuenta el grado de peligro de las infracciones administrativas, tipos penales establecidos, así como la conducta desplegada.

Se estima que en México circulan un número aproximado de 20 millones de armas ilegales, además de las 5.5 millones registradas ante la Sedena, lo anterior nos da una clara idea del potencial dañino que implica tal cantidad de armas de fuego, más aún si consideramos el fácil acceso que se tiene para adquirir cargadores y cartuchos útiles que sirven para abastecer estas armas, la mayoría de ellas catalogadas como de uso exclusivo del Ejército.

No atender esta situación con medidas efectivas generará a corto plazo un problema mayor, sobre todo si consideramos que unas 2 mil armas ilegales se introducen el país cada día, procedentes de Estados Unidos de América. Estas armas y cartuchos abastecen a los cárteles de la droga, a la delincuencia común, a la delincuencia organizada, así como a miles de mexicanos que ven en su posesión una vía de defensa ante los niveles de inseguridad que prevalecen en diversas partes del país, aspecto que no parece ser el mejor camino para enfrentar a la delincuencia.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor de ambos dictámenes porque estamos convencidos de que la seguridad pública debe fortalecerse como un derecho humano indispensable para ejercer otros derechos consagrados en nuestra Constitución, como el de la seguridad personal, familiar y de nuestros bienes; el derecho de tránsito y a vivir en paz y con tranquilidad en nuestra comunidad.

También debemos señalar que ante la crisis de inseguridad hay otras tareas relacionadas con la prevención que deben de ser permanentes. Prevención es transparentar las acciones del gobierno contra la delincuencia común y organizada, atacar a las redes de lavado de dinero y que en mucho han financiado este mercado negro de armas. Significa el combate a la corrupción política y administrativa, pues de otra forma no se concibe el desmedido ingreso de armas y cartuchos ilegales por ambas fronteras.

Consiste también en la prevención social del delito, fomentando las condiciones sociales, educativas y económicas para el desarrollo, así como una pulcra actuación de los ministerios públicos para que los procesos judiciales logren la condena de los inculpados. Sólo así lograremos combatir de manera frontal y directa a la delincuencia organizada. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, el diputado Francisco Coronato Rodríguez.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que está a discusión busca fortalecer las sanciones contra aquellos que violen la Ley General de Armas de Fuego, con la finalidad, implícitamente, de implementar su registro, lugar de uso, número de cartuchos por poseer, entre otros.

La actual administración se ha empeñado en conservar la política del sexenio pasado, fortaleciendo sanciones, ampliando penas y aumentando multas, como si esa estrategia hubiera sido efectiva en esos años.

Pregunto, ¿qué se va a lograr con incrementar las multas? ¿Los narcotraficantes ya no las comprarán? ¿Los sicarios, secuestradores y asaltantes ya no las utilizarán? ¿Los norteamericanos ya no las traficarán hacia nuestro país?

La violencia que padecemos no se va a erradicar solamente con multas más elevadas o con penas más largas, lo hemos repetido reiteradamente, los problemas de México sólo se solucionarán con salud, educación, empleos, vivienda, espacios de recreación, seguridad y, sobre todo, con un gobierno honesto, desterrando la impunidad y la corrupción. Mientras no solucionemos todos esos inconvenientes no podremos aspirar a transformar nuestro país.

Se calcula que el tráfico de armas representa un negocio de más de 35 mil millones de dólares al año y que está directamente relacionada con la mayoría de los hechos violentos que se viven a diario en las calles mexicanas.

Datos de la Conferencia de las Naciones Unidas mencionan que por nuestras fronteras y aduanas ingresan diariamente alrededor de dos mil armas de grueso calibre y un número no determinado de municiones que van a parar a manos del crimen organizado. El mismo estudio arroja una cifra de seis mil 700 traficantes de armas en 12 mil puntos de venta a lo largo de la frontera norte. Las principales rutas para ingresar armas al territorio son Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Los estados con mayor incidencia de aseguramiento de armas son Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Chiapas y Veracruz.

El dictamen de la comisión menciona que la iniciativa cumple con el fin de fortalecer el ordenamiento vigente para que se luche contra el mercado negro de las armas de fuego.

Creemos que es como darle un mejoral a quien padece una enfermedad, considerando a dicha iniciativa insuficiente. El tráfico de armas es un problema muy complejo, que se vincula directamente con la capacidad operativa de la delincuencia organizada y no se solucionará aumentando solamente las multas, tenemos que atacar el problema de raíz y esta propuesta —a nuestro juicio— se queda corta. Sin embargo, reconocemos que esta iniciativa es un insumo.

Incluso el portal de Internet de la Procuraduría General de la República menciona que el acopio y el tráfico de armas no se dan de manera aislada sino regularmente van acompañados por otras conductas delictivas.

Este pleno debe entender la complejidad del tráfico de armas y que su fortaleza radica en la capacidad de maniobra que tienen los grupos criminales. Son ellos quienes compran armamento, autoridades, impunidad y protección. Si atendemos las cifras y a los hechos reiteramos que el problema es la corrupción en las aduanas mexicanas. Es la podredumbre arraigada en lo más profundo de nuestro sistema judicial lo que nos lleva a padecer también esta realidad y esa, reiteramos, no se solucionará simplemente aumentando las penas.

El artículo 10 de nuestra Constitución establece que los habitantes del país tienen el derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal, y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Sin embargo, es la ley federal la que determina los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se autoriza a los habitantes la aportación de armas. Este dictamen tiende a obligar su respeto.

Por todo lo anterior, el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano reitera que la presente reforma resulta ser insuficiente, pero también reconociendo que es un insumo para generar un uso debido y control de las armas, por lo que votaremos a favor del mismo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Quiero dar la más cordial bienvenida y saludar a un grupo de ciudadanos de la Escuela de Cuadros del Icadep, del municipio de La Paz, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Cristina González Cruz. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

También saludamos con mucho gusto a los estudiantes de la Secundaria Tepatitlán, de Tepatitlán, Jalisco, que se encuentran aquí invitados por la diputada Margarita Licea González. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión.

Tiene la palabra el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Mario Francisco Guillén Guillén:Con su permiso, presidente. El espíritu liberal de los Constituyentes de 1857 llevó a establecer en nuestra Carta Magna el derecho de los ciudadanos a poseer armas en su domicilio para usarlas en legítima defensa de su propia seguridad y de su vida, así como para defender a su familia.

Los legisladores de 1917 otorgaron a esta prerrogativa la categoría de derecho fundamental, del cual debe gozar toda persona en territorio nacional, al ubicarlo dentro los primeros 29 artículos de nuestra Carta Magna.

Si bien es cierto que poseer un arma es un acto de libre determinación, pues son las propias personas quien deciden ejercer o no su derecho, resulta importante destacar que el hecho de que los ciudadanos de una nación se encuentren armados no es lo más adecuado, pues ello, en cierta medida, va en detrimento del monopolio legítimo del uso de la fuerza de parte del Estado, lo cual se traduce en desconfianza de la población hacia las instituciones políticas y civiles de nuestro país.

La existencia de armas en posesión de la población civil ha traído efectos nocivos para la sociedad, pues cuando las armas son utilizadas por civiles no solo se generan costos para ellos mismos sino que en muchas ocasiones las consecuencias alcanzan a otros miembros de la comunidad y generan costos al Estado, derivado de la implementación activa de la seguridad pública, los servicios de salud y los órganos judiciales.

No obstante lo anterior, la salvaguarda de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades civiles constituyen un binomio inseparable y ambas son condiciones básicas para la convivencia de una sociedad liberal y democrática, para lo cual el Estado tiene la obligación de conjugar.

En este sentido, el propio artículo 10 de la Constitución Política vigente establece que es la ley federal de la materia la que determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los ciudadanos tanto la posesión como la portación de armas. Lo cual implica que el control y la regulación de las mismas y sus respectivas municiones es facultad estatal.

Por tanto, el propósito fundamental de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es evitar el mal uso de las armas por parte de quienes las poseen, asegurando con ello el respeto a la vida y a los derechos humanos del resto de nuestra comunidad.

Así pues, resulta primordial para la seguridad pública que todas las armas en posesión de civiles sean declaradas y registradas ante la autoridad correspondiente, a efecto de tener un adecuado control sobre las mismas, evitando con ello que éstas sean utilizadas con el propósito de atentar en contra de la vida y el patrimonio de la ciudadanía.

Desafortunadamente, lo dispuesto por la ley en comento, que data de 1972, no ha sido suficiente para evitar el tráfico ilícito de armas, lo cual ha tenido un impacto muy negativo para la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de nuestra sociedad.

Tomar medidas serias para erradicar el tráfico ilegal de armas de fuego es un tema prioritario en el combate a las bandas del crimen organizado y de narcotraficantes que tanto daño le han causado a nuestro país durante los últimos años, y que han incrementado sustancialmente su poder de fuego frente a las instituciones del Estado, desatando con ello una alarmante espiral de violencia que atenta seriamente contra la tranquilidad de la ciudadanía.

Bajo esta lógica, resulta de gran relevancia revisar las normas jurídicas que se relacionan con la posesión y portación de armas de fuego para adecuarlas al contexto actual de nuestro país, por lo cual es imperiosa la necesidad de actualizar las multas contempladas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la finalidad de que tengan una proporcionalidad similar a lo dispuesto en el Código Penal Federal en lo que respecta a los delitos en contra de la seguridad pública. Resulta inverosímil que en el país existan sanciones pecuniarias que castigan más severamente infracciones de tránsito que conductas delictivas tan graves como las relacionadas con el tráfico de armas. Hasta ahora las modificaciones que ha sufrido la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos han incorporado la sanción a nuevas conductas delictivas, sin embargo no han elevado las multas para quienes infringen lo dispuesto en la misma, motivo por el cual se ha ido perdiendo la proporcionalidad que éstas deben guardar respecto del bien jurídico que se pretende tutelar, en este caso la seguridad de las y los mexicanos.

Ahora bien, además de actualizar las multas relacionadas con la posesión y la portación ilegal de armas de fuego hace tiempo que se observaba la necesidad de sancionar la posesión de otros elementos complementarios de las cuales las bandas delincuenciales han hecho acopio y que resulta fundamental cuando se presenta un enfrentamiento entre policías y criminales, nos referimos al caso de los dispositivos impulsores y de almacenamiento de municiones tanto para armas cortas como largas.

En virtud de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde apoyamos los dos proyectos de decreto que presenta la Comisión de Defensa en esta Cámara, pues consideramos que con ello se limita la acción de los grupos delincuenciales, del mismo modo que se contribuye en la reducción de los preocupantes índices de violencia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, el diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, el día de hoy la Comisión de Defensa de esta Cámara, a la cual orgullosamente pertenezco, ponemos a consideración del pleno dos dictámenes que tienen que ver con reformas a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

En el primero de ellos se dictamina una minuta presentada por el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, la cual propone incrementar las sanciones pecuniarias o económicas establecidas para los tipos penales y faltas administrativas contenidas en la ley antes citada.

Como segundo objeto se propone la ampliación del plazo otorgado a quien porte un arma previamente registrada y en su caso no lleve consigo licencia de portación.

En la segunda minuta se pretende crear el supuesto legal de posesión de cargadores, con la finalidad de sancionar no solo a quien posea o porte sin permiso armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino también a quien acopie cargadores implementando las siguientes sanciones: de uno a dos años de cárcel y de 30 a 100 días de multa cuando se posea de uno hasta cinco cargadores, y de dos a cinco años de cárcel y de 100 a 300 días de multa cuando se trate de más de cinco cargadores.

Debemos señalar con claridad que éstas son modificaciones legales que responden al incremento del clima de violencia en nuestro país y que pretenden endurecer las penas para que en consecuencia las personas no cometan las conductas delictivas que allí se prevén.

No obstante que compartimos el espíritu fundamental de las minutas, debemos señalar que en el marco del desarrollo de los acontecimientos que en los últimos años hemos vivido en el país, nos encontramos plenamente convencidos de que no es simplemente con el incremento de penas que la situación de violencia se resolverá.

Debemos señalar que los altos índices de impunidad que según la fuente se sitúan entre el 97 y el 98 por ciento de los delitos cometidos y denunciados, no contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva porque al delincuente no le preocupa si el delito que comete está castigado con cinco o 20 años de prisión, si tiene altísimas probabilidades de nunca poner un pie en la prisión y ser dejado en libertad para continuar delinquiendo. Es indispensable en consecuencia que el derecho al acceso a la justicia sea una realidad en México.

Adicionalmente es importante señalar que en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el costo de una averiguación previa despachada en el ámbito federal es de 115 mil pesos cada una, incrementándose vertiginosamente desde el año 2007 cuando su costo era de 89 mil 100 pesos, situándose muy por encima de los ingresos medios de la población.

Señala el órgano superior de fiscalización que la auditoría practicada reveló que en 2012 de cada 100 averiguaciones previas para trámite, en 66 se concluyen las investigaciones de las cuales 24 se consignan ante un juez y en 16 de estos casos se dicta sentencia, lo que representa una efectividad del 15.6 por ciento respecto del total de averiguaciones previas para trámite.

Todo esto se refleja en el incremento de los niveles de impunidad y de inseguridad, así como en la disminución de los niveles de confianza del ciudadano, que ante la comisión de un delito que afecte a su integridad asume que el responsable no será sancionado por la autoridad.

Lo anterior quiere decir que la justicia en nuestro país no es eficiente, no es expedita y mucho menos es un derecho que el Estado mexicano garantice a cabalidad. Este, compañeros diputados, es un pendiente que debemos atender.

Esta situación tiene como consecuencia que en muchos lugares de nuestra República las personas tiendan a tomar las armas para la protección de su integridad física, de la de su familia y de sus bienes. Éste es un fenómeno que hemos podido observar cada vez con mayor frecuencia dando como resultado la negativa ficta del Estado para establecer las condiciones mínimas de seguridad a las que todos los ciudadanos aspiran, negándoles en los hechos el ejercicio de un derecho omnigarante que les impide gozar de todos los demás derechos humanos.

Nos encontramos plenamente convencidos de que la seguridad se encuentra íntimamente ligada a la equidad e igualdad de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de todas y todos los ciudadanos.

Es por ello que hemos sostenido en múltiples ocasiones que la prevención es la base de las políticas de seguridad pública que tienen como objeto la inhibición de la comisión de conductas ilícitas a través de la erradicación de los factores de riesgo que causan la delincuencia, así como también establece como parte integral de este fenómeno la atención de las víctimas y la reinserción social de los transgresores.

Estamos convencidos que para disminuir los índices delictivos es necesario invertir en la atención de los factores de riesgo causantes de la delincuencia.

Estas políticas desde nuestro punto de vista deben ser concebidas como políticas de Estado y es por ello que su transversalidad resulta imprescindible.

Es nuestra convicción que aumentar los presupuestos, incluso con grandes sumas para pagar a más policías, no repercutirá en una diferencia sustancial en los niveles de criminalidad, lo cual no significa que no deban destinarse recursos públicos al efecto, sino que éstos sean utilizados de manera eficiente en el combate de los factores de riesgo y no únicamente para la implementación de medidas de coerción.

Resulta indispensable entonces equilibrar un sistema modernizado de imposición de la ley y de justicia penal que privilegie la inteligencia en la lucha contra los factores del delito que ponen en riesgo a las personas.

Todas las entidades de la administración pública, los tres poderes, los tres ámbitos de gobierno, deben implementar acciones preventivas para el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidades, pueblos indígenas, adultos mayores, y de cualquier grupo que se encuentre en situación de desventaja por alguna circunstancia específica.

Entendido el desarrollo integral como el proceso sistemático económico, social, cultural y político que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos y sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.

Asimismo, estas acciones de prevención deben tender a elevar los niveles de educación y abatimiento del analfabetismo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud, la promoción del empleo productivo, la disminución de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, la promoción de la cultura de la paz y de una vida libre de violencia, así como de la cultura de la legalidad, proceso en el que sin duda alguna debe intervenir la sociedad civil con organización o sin ella para su redireccionamiento.

Es por todo lo anterior que si bien manifestamos nuestro voto a favor como la expresión de nuestra voluntad para coadyuvar con las autoridades en el restablecimiento de la seguridad, también formulamos nuestra intención de seguir puntualmente la implementación de esta estrategia y haremos los señalamientos que correspondan con el objeto de contribuir en el restablecimiento de la paz social. Es cuanto, señor presidente y muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Sergio Chan Lugo.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Con su permiso, presidente. Quiero y vengo a fijar la postura del Partido Acción Nacional con respecto a dos dictámenes que se refieren a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, diversos artículos se modifican con el primer dictamen, 16 artículos se modifican y específicamente en el segundo dictamen se modifica un artículo.

En el trabajo de la Comisión de Defensa atendimos las minutas que provienen del Senado, dos minutas que se refieren a una ley reglamentaria del artículo 10 constitucional. El artículo 10 refiere con toda precisión como un derecho de todos los mexicanos poseer armas en su domicilio para su legítima defensa y para su seguridad.

Sin embargo, el acotamiento al derecho a esta garantía expresada en la Constitución está señalado en esa ley reglamentaria que data del 11 de enero de 1978. En esta ley podemos ver cómo se ha desfasado en el tiempo el tema de la imposición de las multas y los montos a los que éstas se refieren.

Si bien específicamente, como ya se señaló, el establecimiento de una multa no inhibe al delincuente para cometer una infracción a aquel delincuente que reta al Estado de una manera sistemática, aquella persona que ejerce su derecho y que lo pretende ejercer con orden inhibe el que se haga mal uso de un derecho y que el acceso al ejercicio del mismo se haga con pleno orden cuando la sanción que pudiera enfrentar cualquier ciudadano sea cada vez más grave o proporcional a la falta que se pudiera estar cometiendo.

Estos dos dictámenes atienden dos elementos muy importantes que sí pueden abonar a terminar con la impunidad. El primer extremo que se genera con la impunidad es que las multas puedan ser irrisorias. Podemos ver en el artículo 77 donde hemos promovido las modificaciones a la propia minuta que se nos envió, que la multa establecida vigente es de 10 a 100 salarios mínimos, es decir, que pudiera ir de 672 pesos a seis mil 729 pesos al que se cometa una infracción, de acuerdo al artículo 77, que posea un arma sin darla debida notificación.

La modificación a estos 15 artículos subsecuentes va precisamente a incrementar el monto de las multas de tal forma de adecuar una multa mínima, por ejemplo que en vez de que vaya de 10 a 100 vaya de 30 a 120 salarios mínimos. O el artículo 83 Bis que en vez de que vaya de 10 a 300 salarios mínimos, vaya de 300 a 600 salarios mínimos. Así se va adecuando una norma a una realidad en donde se debe garantizar por parte de la legislación el ejercicio de otro derecho constitucional que es el derecho a la seguridad.

El otro extremo que también provoca impunidad es que no se contemple un tipo penal a una actividad que ya se está dando en la vida cotidiana, algo que se está dando en las actividades de los ciudadanos, como es el acopio de cargadores.

El presentar estos dos dictámenes y adecuar estos dos dictámenes en señalar un incremento sustancial en el monto de las multas y, por supuesto, el establecer un nuevo tipo penal atiende a la necesidad de la nueva realidad del país y que la legislación garantice también a los ciudadanos el acceso a la seguridad y, por supuesto, el respeto a las demás garantías que deben disfrutar todos los ciudadanos en nuestro país.

Es por eso que el Partido Acción Nacional planteó desde la comisión, a través de los que integramos y somos parte integral de la Comisión de Defensa, nuestro voto a favor en la comisión, y es por ello que pido a esa asamblea que en este mismo sentido votemos a favor de esos dos dictámenes. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene finalmente la palabra para hablar a favor el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Definitivamente el tema del armamentismo, de los millones de armas irregulares que hay en nuestro país, es uno de los principales elementos que incide en la inseguridad pública nacional y en el desbordamiento del crimen organizado.

Si no se combate el tráfico de armas que viene desde la frontera norte del país y si no se combaten los flujos de dinero ilegal cualquier medida policiaca es una medida insuficiente.

Este dictamen establece mayores sanciones a este tráfico irregular o a esta posesión de armas del Ejército, pero nos parece que es un dictamen a destiempo, después de ahogado el niño ahora a querer tapar el pozo, y ya hay millones de armas que invaden todo el territorio nacional.

Falta también, y nunca se supo la verdad a plenitud de qué pasó con ese operativo intervencionista del Rápido y Furioso, por virtud del cual en una operación encubierta permiten el flujo de armas ilegales a nuestro país, armas que después intervinieron en crímenes que fueron motivo de escándalo en la relación bilateral, pero que al paso del tiempo quedó sepultado por la coyuntura.

Nosotros aprovechamos esta deliberación para reclamar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación, que no echen tierra al asunto de Rápido y Furioso, y aclaren qué fue lo que en realidad aconteció y que haya sanciones.

No podemos tener una relación totalmente asimétrica, y no sólo una relación de estas características, sino también una postración cuando hay una intervención de esta naturaleza que provocó crímenes en nuestro país.

Por eso el tema del armamento tiene que ser un tema integral, porque siguen avanzando los delitos en el país. El tema de los secuestros y de las extorsiones son temas desbordados, el tema de los grupos de autodefensa, las policías comunitarias, que están en varias partes del territorio nacional, y desde luego la intervención cada vez mayor de la Secretaría de Gobernación en entidades federativas. No sólo el caso del procónsul Castillo en Michoacán, sino ya la intervención abierta en el estado de México, donde la Secretaría de Gobernación ha tomado el control de la seguridad pública.

También hubo opacidad en saber cuál fue las verdaderas razones de la salida de Mondragón de la comisión nacional, como comisionado nacional de Seguridad Pública, más allá de las especulaciones que se han manejado en reportajes periodísticos.

Por esa razón nosotros creemos que seguimos teniendo un gran pasivo en seguridad pública, y por eso creemos —y concluyo, presidente— que no es casual lo que hoy publica el periódico Reforma en una encuesta de evaluación presidencial, donde Enrique Peña Nieto tiene la calificación de 5.5 —véanlo, si no nos creen— y está reprobado, y hay un 48 por ciento de desaprobación. Y una de las razones principales es el manejo de la economía y la falta de resultados en el combate al crimen organizado. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 386 votos a favor, 23 abstenciones, 1 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por 386 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Metodología

La Comisión de Defensa Nacional, encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado antecedentes, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado contenido de la minuta, se exponen sus objetivos y se hace una descripción de la misma en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las consideraciones, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos de la adición planteada, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

En sesión de la Cámara de Senadores de fecha 25 de octubre de 2012, el senador Arturo Zamora Jiménez presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó turnarla a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

En sesión de fecha 18 de diciembre del 2012, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente a la Iniciativa citada. Al respecto, la Mesa Directiva acordó remitirla a la Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión de fecha 20 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, siendo turnada a la Comisión de Defensa Nacional, para su estudio y dictamen.

Contenido de la minuta

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras en el Senado, reconocen que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es el instrumento jurídico que regula la posesión de armas de fuego en territorio nacional, así como las actividades comerciales e industriales que se realizan con armas, municiones, explosivos, artificios y sustancias químicas, incluyendo la importación, exportación, transportación y almacenamiento de todo tipo de material regulado.

Se refieren a los argumentos del proponente, respecto a que en los últimos años la capacidad de fuego de la delincuencia organizada se ha incrementado de manera considerable, desafiando el monopolio del estado en el uso de la fuerza pública, para lo cual han hecho acopio de importantes cantidades de armas de fuego exclusivas del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, así como cartuchos y cargadores; siendo estos últimos los que carecen de regulación y sanción, en el supuesto de su posesión.

Asimismo, señalan que de acuerdo con información del proponente la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el documento Informe de rendición de cuentas 2006-2012 de la Policía Federalmenciona que del 2007 al 2011 lograron asegurar 33 mil 374 cargadores y 1 millón 642 mil 158 cartuchos.

Con objeto de avanzar en la actualización de la ley que se analiza para hacerla acorde con la realidad que vive el país, la Colegisladora aprobó el decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus, con la finalidad de sancionar no sólo a quién posea o porte sin permiso armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino también a quién posea cargadores de cartuchos.

Por los razonamientos expresados, se aprobó la adición de un artículo 83 Quintus, en los siguientes términos:

Artículo 83 Quintus. Al que posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se le sancionará con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa.

Consideraciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, fracción III; 37 y 40 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, corresponde su aplicación a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras autoridades.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Defensa Nacional, como instancia legislativa de la Cámara de Diputados es competente para atender la minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en virtud de que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39 numeral 3, establece que las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación.

En ejercicio de dichas facultades, la comisión dictaminadora emite las siguientes consideraciones:

Primera. Esta comisión comparte la preocupación de la colegisladora, respecto a la necesidad de actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para efecto de aportar a la autoridad encargada de su aplicación los elementos necesarios para brindar la seguridad jurídica a las personas físicas y morales, así como a otras autoridades, respecto a los procedimientos regulados en ésta entre otros, los relativos a los registros de arma, los trámites para la obtención de alguna licencia de portación, así como las operaciones industriales y comerciales.

Asimismo, se comparte la intención de aportar a las instancias competentes en la procuración y administración de justicia los elementos jurídicos y técnicos para, respectivamente, la adecuada integración de las averiguaciones previas y en su momento la  imposición de las sanciones correspondientes, a través de una sentencia, cuando se cometa alguna de las conductas prohibidas por la ley citada. Como parte importante de esta actualización, se estima conveniente analizar la descripción e incorporación de nuevas conductas delictivas y perfeccionar los tipos penales contenidos en aquélla.

Es de tomarse en cuenta que las circunstancias del país así como las dinámicas delictivas han cambiado, por lo que resulta necesaria la revisión y actualización de la misma a la luz de la situación actual del país, teniendo como principal eje de atención las necesidades de la sociedad en el ámbito de seguridad.

Esta comisión tiene presente que el incremento de los índices delictivos en diversas entidades federativas y las estrategias implementadas por las autoridades competentes para enfrentarlos, han llevado a diversos grupos de la delincuencia común y organizada, a realizar acciones que fortalezcan sus capacidades de resistencia frente a la autoridad o les abran espacios de impunidad, como lo son el traslado de armas en partes o el uso de un número mayor de cargadores de cartuchos.

En este sentido, la comisión dictaminadora valora que la ausencia de un tipo penal para sancionar las conductas de posesión de cargadores puede limitar el ejercicio de la acción penal hacia personas o grupos de la delincuencia organizada, que a través de la posesión de cartuchos pretendan fortalecer sus capacidades.

Esta comisión estima que los múltiples aseguramientos de armas de fuego y explosivos, así como de cargadores y cartuchos realizados por la Policía Federal, así como los reportados por la Secretaría de la Defensa Nacional en los informes de rendición de cuentas 2006-2012, citados en la minuta, reflejan el incremento de la actuación por parte de grupos de la delincuencia organizada, por lo que resulta viable contemplar la posesión de cargadores, como una conducta típica, antijurídica y punible.

Segunda.Las diputadas y diputados integrantes de la comisión dictaminadora, coinciden con la Colegisladora en el sentido de que los cargadores de cartuchos son un elemento del arma de fuego que fortalece la capacidad de enfrentamiento de los grupos delictivos ante la acciones de las autoridades competentes en materia de seguridad.

En efecto, la posesión de cargadores adicionales y abastecidos aumenta la capacidad de enfrentamiento, toda vez que el hecho de reabastecer un cargador implica una desventaja frente al hecho de sólo cambiarlo.

En este sentido, se analiza la posible argumentación en el sentido de que un cargador por sí sólo no es peligroso y que, por tanto, su sanción tendría que estar vinculada a la posesión de un arma de fuego.

Al respecto, se parte de la premisa de que no es común que un ciudadano con un modo honesto de vivir posea cargadores para armas de fuego de alto poder.

Bajo ese enfoque, el sentido del dictamen obedece a una necesidad de proteger a nuestras fuerzas del orden público, que en diversas ocasiones se enfrentan a los delincuentes en desventajas armamentísticas y, en un supuesto, la posesión de cargadores –abastecidos- de armas de fuego de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas, representa una ventaja, por que la acción de cambiar un cargador vacío por otro ya cargado, frente al hecho de tener que reabastecer otro implica una gran diferencia en la capacidad de disparo.

Tercera.A partir de una revisión completa de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como del Código Penal Federal no se identificó ningún tipo penal que con certeza jurídica permitiera sancionar la posesión simple de cargadores de cartuchos, en virtud de lo cual se estima viable el establecer en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos una descripción típica que permita sancionar dicha conducta, a partir de la cual se brinde seguridad jurídica a las partes en el procedimiento penal.

El establecimiento de la conducta típica descrita es acorde con la garantía de seguridad jurídica, contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra expresa:

Artículo 14. ...

...

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

...

Cuarta. Sin embargo, respetando el espíritu de la Iniciativa que dio origen a la minuta en análisis, se estima necesario realizar modificaciones al artículo 83 Quintus que se propone adicionar, para efectos de:

• Precisar en el texto la circunstancia de ilicitud, toda vez que al no contemplarse en la descripción de la conducta delictiva, en estricto derecho, ésta pudiera acreditarse en todos los casos en los cuales una persona, o incluso algún elemento de policía o funcionario, posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, independientemente de que su posesión fuera lícita, lo cual pudiera dar lugar a limitaciones procesales para las autoridades responsables en la averiguación previa o durante el proceso ante la autoridad jurisdiccional, o incluso abusos por parte de algunos funcionarios.

Lo anterior, toda vez que el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, estableciendo también que la ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

Así, conforme a lo dispuesto en el artículo citado, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala en el artículo 9 cuáles son las armas que pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta ley.

Por otra parte, en el artículo 10 se identifican las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia.

En congruencia con lo anterior, en el artículo 11 se describen las armas, municiones y materia prima para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos.

Cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 11 de la ley citada, las armas de uso exclusivo podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los estados o de los municipios.

Con base en lo dispuesto en el párrafo anterior, esta comisión estima que existe la posibilidad jurídica para que pueda darse la posesión lícita de cargadores de cartuchos de uso exclusivo, por parte de algún funcionario federal o estatal a quién le haya sido otorgada licencia individual de portación, en virtud de lo cual se considera viable incorporar la circunstancia de ilicitud en el tipo penal que se propone, a efecto de diferenciar de manera indubitable la posible posesión lícita de algún cargador de cartuchos.

Al respecto cabe tener presente que la totalidad de los tipos penales y sanciones administrativas descritas en el título cuarto, sanciones, capítulo único, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contienen la circunstancia que permite identificar con claridad la ilicitud de la conducta realizada.

• Por otra parte, esta Comisión considera necesario establecer sanciones diferenciadas,dependiendo el númerode cargadores de cartuchos de uso exclusivo que se posean, atendiendo a los principios de proporcionalidad de la pena y razonabilidad jurídica.

Los principios referidos sostienen que la sanción prevista en la norma debe ser acorde con la conducta típica descrita y que la sanción sea la adecuada frente al bien jurídico que se pretende proteger.

Esta comisión estima que el proyecto de decreto aprobado en la minuta omite dichos principios constitucionales al no establecer alguna fórmula para graduar la penalidad, más allá de establecer un mínimo y máximo, por lo que de aprobarse la minuta en sus términos, existiría la posibilidad jurídica de que puedan aplicarse penas corporales similares a quién posea dos cargadores de los ya referidos, respecto de quién posea cantidades mayores.

El principio de proporcionalidad, también denominado como prohibición de exceso, razonabilidad o racionalidad, tiene por objeto evitar una utilización desmedida de las sanciones privativas de la libertad, con base en este principio, se exige que las medidas restrictivas de derechos se encuentren previstas en la ley y que sean necesarias para alcanzar los fines legítimos previstos en una sociedad democrática.

Así, la sanción prevista en la norma debe ser acorde con la conducta típica descrita. Es decir, que toda penalidad deberá ser acorde con el bien jurídico tutelado y no debe decidirse arbitrariamente, sino con la perspectiva de la lesión que causa o pueda causar dicha conducta a la sociedad.

En observancia del principio de “proporcionalidad de la pena”, resulta necesario establecer parámetros que permitan la aplicación de penas diferenciadas, tomando en cuenta el grado de peligro de las infracciones y tipos penales establecidos, así como la conducta desplegada.

Las siguientes tesis ilustran el criterio del Poder Judicial sobre la aplicación de los principios de proporcionalidad de la pena y razonabilidad jurídica:

Penas. Principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De la interpretación del citado precepto constitucional se advierte que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender a tal principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las penas como el sistema para su imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de las normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de autonomía legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados contenidos en la Constitución General de la República; de ahí que su actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado principio constitucional.

Leyes penales. Al examinar su constitucionalidad deben analizarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica.

El legislador en materia penal tiene amplia libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las leyes relativas debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, conforme a los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón, el Juez constitucional, al examinar la constitucionalidad de las leyes penales, debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficientes entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado.”

Con base en los razonamientos expuestos, se propone modificar el texto del artículo 83 Quintus aprobado por la Cámara de origen, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 83 Quintus. Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores.

II. Con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Esta comisión estima que la gradualidad de las penalidades que se proponen, dependiendo las cantidades de cargadores de cartuchos que sean objeto de posesión ilícita, son acordes con los principios de proporcionalidad de la pena y razonabilidad jurídica, a la vez que cumplen con dos de los objetivos de la misma; la posible inhibición de la conducta delictiva o la aplicación de una pena justa respecto al ilícito cometido.

Quinta. Por otra parte, cabe señalar que en el tipo penal propuesto se sanciona la posesión de cargadores de cartuchos no abastecidos, pues de darse esta circunstancia se deberá aplicar, además, la sanción que corresponda por la posesión de cartuchos o municiones, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 o 83 Quáter, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esta comisión estima que el tipo penal propuesto representa un avance importante, al incorporar la sanción por la posesión de cargadores de cartuchos, no descrito en la ley que se analiza.

Conclusiones:

Primera. Los diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional coinciden en la necesidad de avanzar en la actualización de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para hacerla acorde con las condiciones actuales del país, de manera importante, con la incorporación del nuevo tipo penal de posesión ilícita de cargadores de cartuchos.

Segunda.La Comisión de Defensa Nacional estima que la sanción por la posesión de cargadores de cartuchos contribuirá a cerrar los espacios de impunidad a la delincuencia, brindando seguridad jurídica a quienes son parte de algún procedimiento penal.

Tercera. La precisión respecto a la circunstancia de ilicitud de la conducta relativa a la posesión de cargadores de cartuchos, brinda certeza jurídica y la hace congruente con el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con las faltas administrativas y tipos penales descritos en el título cuarto, capítulo único, de las sanciones, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Cuarta. Al establecer sanciones diferenciadas, a partir del número de cargadores de cartuchos que se posean, se respetan los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Defensa Nacional estiman de aprobarse con modificaciones, por lo que sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, para los efectos a que se refiere el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Artículo Único. Se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 83 Quintus. Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores.

II. Con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Véase artículos 81, 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quáter y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en los que se expresa claramente la circunstancia de ilicitud: “sin tener expedida la licencia correspondiente”, “sin el permiso correspondiente”, “en cantidades mayores a las permitidas”, entre otras.

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Constitucional, Penal” Tesis Aislada, Amparo directo en revisión 1405/2009, 7 de octubre de 2009, Cinco votos, Novena Época, Primera Sala, en Seminario Judicial de la Federación, Página 289.

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Constitucional, Penal” , Jurisprudencia ( Registro 168878), Acción de Inconstitucionalidad, Procuraduría General de la República, 27 de junio de 2008, Unanimidad de 8 votos,  Novena Época, Tribunal Pleno, en Seminario Judicial de la Federación, Página 599.

Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2014.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Jorge Mendoza Garza (rúbrica), presidente; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña, Adriana González Carrillo (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Víctor Manuel Manríquez González (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba, Heberto Neblina Vega (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado Fernando de las Fuentes Hernández.

El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a la Comisión de Defensa Nacional le fue turnado para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuyo propósito es sancionar la posesión ilícita de cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Esta propuesta responde a una situación de hecho que en la sociedad actual se presenta cada vez con mayor frecuencia y que desafortunadamente aún no se ha regulado. Es necesario que dicha figura se contemple en la ley, evitando así vacíos para propiciar la sanción eficaz a quien infringe la ley, y así combatir la impunidad que la imprecisión jurídica puede acarrear, dotando al agente del Ministerio Público de los elementos jurídicos y técnicos que le permitan realizar una adecuada integración de las averiguaciones previas en las que se investiguen tales conductas.

Así, la propuesta enviada por la colegisladora resulta de gran importancia en el combate contra la delincuencia organizada. Por esta razón la Comisión de Defensa Nacional consideró oportuno modificar la minuta proveniente del Senado de la República para no dejar dudas al respecto.

Una de las modificaciones consiste en precisar las circunstancias de ilicitud, toda vez que con la redacción aprobada por la colegisladora existe la posibilidad jurídica de encuadrar en el tipo penal a quienes posean cargadores de cartuchos de manera lícita, dando con ello lugar a limitaciones procesales o abusos por parte de la autoridad.

Resulta pertinente dejar claro que los particulares continuarán gozando del derecho de solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional la autorización para la posesión y portación de armas, aditamentos y accesorios de éstas y la sanción se impondrá a quienes no hayan realizado estos procedimientos.

Aunado a lo anterior, la Comisión de la Defensa considera que es necesario establecer sanciones diferenciadas dependiendo del número de cargadores de cartuchos de uso exclusivo que se posean, atendiendo a los principios de proporcionalidad de la pena y razonabilidad jurídica.

El principio de proporcionalidad tiene por objeto evitar una utilización desmedida de las sanciones privativas de la libertad. Con base en este principio se exige que las medidas restrictivas de derechos se encuentren previstas en la ley y que sean necesarias para alcanzar los fines legítimos previstos en una sociedad democrática.

Así, la sanción prevista en la norma debe de ser acorde a la conducta típica descrita, es decir que toda penalidad deberá ser acorde con el bien jurídico tutelado y no debe decidirse arbitrariamente, sino con la perspectiva de la lesión que causa o pueda causar dicha conducta a la sociedad.

Bajo estas consideraciones, se establece una sanción de uno a dos años y de 50 a 10 días de multa al que de manera ilícita posea dos y hasta cinco cargadores de cartuchos, y de dos a cinco años y de 100 a 200 días de multa cuando se trate de más de cinco cargadores. De esta manera se establece un tipo penal preciso y con una sanción ejemplar para quien incurra en esta actividad, dando un parámetros a la autoridad jurisdiccional para valorar la gravedad de la actividad ilícita, contribuyendo a su posible inhibición mediante la aplicación de una pena justa respecto al ilícito cometido.

Por los razonamientos expuestos en la Comisión de Defensa Nacional decidimos aprobar este dictamen, a fin de establecer en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos una descripción típica que permita sancionar dicha conducta, a partir de la cual se brinde seguridad y certeza jurídica a las partes y al procedimiento penal, además de colmar los vacíos legales que actualmente existen, motivo por el cual pedimos de todas y de todos ustedes su voto a favor al presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión, y para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, el tráfico de armas es una compleja red mercantil que se alimenta de los conflictos armados, problemas de legitimidad de los sistemas políticos y de la corrupción pública, privada, civil y militar. Por ende, la necesidad de tener herramientas que permitan enfrentarlo de manera efectiva.

Este mercado en la actualidad no es entre países, sino entre individuos y organizaciones terroristas, las cuales usan el mercado negro para adquirir grandes saldos de armas, con las cuales asesinan a diario a miles de personas en el mundo.

En Latinoamérica, especialmente en Colombia, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y México, la implicación del tráfico ilegal de armas en las muertes violentas de estos países es de gran preocupación.

Generalmente las armas entran a estos países por las costas o por las fronteras vecinas y hacen su viaje a las ciudades principales por medio de transportes terrestres, los cuales generalmente terminan sus puntos de encuentro en la distribución. Desde ahí se reparten y comercializan en el mercado negro, para que los delincuentes hagan sus paseos millonarios, secuestros exprés, desapariciones forzadas, cobro de deudas de la mafia, entre otras modalidades siniestras.

No obstante, se desconoce la dimensión verdadera del mercado ilícito de armas, ya que su gran volumen, municiones existentes y el inmenso número de proveedores condicionan los alcances de las medidas de control, así como la eventual verificación de la cadena de distribución y venta.

El reciente incremento de las muertes violentas en países como México y Guatemala, como consecuencia del tráfico de drogas y su conexidad ilegal de armas ha encendido las alarmas y hace la urgente la necesidad de ejercer más controles. Pero al parecer esas solicitudes no han tenido eco en la región y mucho menos en nuestro país.

Es necesario combatir este flagelo de manera ejemplar, no sólo en la aplicación de la norma, sino en la atención y la actuación ante el mercado negro de armas exclusivas del ejército. Esto con el fin de lograr que menos personas sean privadas de la vida.

El dictamen pretende sancionar con prisión de uno a dos años y de 50 a 100 días multa a quien posea de dos y hasta cinco cargadores de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y de la Armada y Fuerza Aérea, y de dos a cinco años y de 100 a 200 días de salario multa cuando se trate de más de cinco cargadores por armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos preocupa la situación actual que se vive en nuestro país, pues se sigue registrando numerosos casos de violencia a lo largo y ancho de nuestro país.

Se requiere atender el mercado ilícito implementando mayores controles, una obligación de registro para el control de la venta de armas, control en las fronteras. En lugar de plantear políticas para aumentar las penas es necesario implementar acciones en el que el principal objetivo sea la persecución del delito.

Pero compañeras y compañeros, en el México de nuestros días no somos tratados por igual, al campesino que vive en una comunidad rural se le aplica todo el peso de la ley y a los delincuentes de cuello blanco se les otorga toda la impunidad para que sigan privando de la vida a muchos mexicanos.

Por eso es que nuestra fracción parlamentaria, y de manera particular votaré en contra del presente dictamen. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 362 votos a favor, 26 abstenciones, 3 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional.

ESTAMPILLA POSTAL Y BILLETE DE LOTERIA CONMEMORATIVOS DEL LXXV ANIVERSARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes de punto de acuerdo a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Servicio Postal Mexicano y de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a realizar una estampilla postal y un billete de lotería conmemorativos del septuagésimo quinto aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

HOMENAJE AL ESCRITOR JOSE EMILIO PACHECO POR PARTE DE CONACULTA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conaculta a realizar un homenaje al escritor José Emilio Pacheco.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

GESTIONES DIPLOMATICAS EN FAVOR DE CONCIUDADANOS CONDENADOS A PENA CAPITAL EN EL EXTRANJERO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para solicitar a la cancillería que remita un informe de las gestiones diplomáticas que realiza en favor de conciudadanos condenados a pena capital en el extranjero.

MEXICANOS SENTENCIADOS A MUERTE EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos de América.

NORMA OFICIAL MEXICANA PARA DETECTAR, DIAGNOSTICAR Y TRATAR LA HEMOFILIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaria de Salud a crear y expedir una norma oficial mexicana para detectar, diagnosticar y tratar la hemofilia.

GRUPO “QUEMADURAS, CORROSIONES Y ESCALDACIONES”

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a la inclusión del grupo "Quemaduras, corrosiones y escaldaciones" en el Fondo contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el catálogo universal de los Servicios de Salud para quemaduras de tercer grado.

ACCIONES ENCAMINADAS A ERRADICAR LOS ALTOS INDICES DE ALCOHOLISMO ENTRE MUJERES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a aplicar acciones encaminadas a erradicar los altos índices de alcoholismo entre mujeres.

APOYOS ECONOMICOS A LOS LOCATARIOS AFECTADOS POR EL INCENDIO SUCEDIDO EN EL MERCADO DE LA MERCED

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a otorgar apoyos económicos a los locatarios afectados por el incendio sucedido en el mercado de La Merced el sábado 25 de enero.

REGLAMENTO QUE REGIRA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP a expedir por la Conade el reglamento que regirá las disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

ABIERTO MEXICANO DE TENIS, XXI EDICION, LLEVADA A CABO EN ACAPULCO, GUERRERO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados felicita y reconoce la extraordinaria labor de los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis, vigésima primera edición, llevada a cabo en Acapulco, Guerrero.

CONVENIOS CON EMPRESAS DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA QUE LOS ALUMNOS MANTENGAN PRACTICAS PROFESIONALES QUE LES PERMITAN INGRESAR EN EL MERCADO LABORAL AL TERMINO DE SUS ESTUDIOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de educación y universidades del país a suscribir convenios con empresas de la iniciativa privada para que los alumnos mantengan prácticas profesionales que les permitan ingresar en el mercado laboral al término de sus estudios.

PORCENTAJE MINIMO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE DEBEN LABORAR EN EL GOBIERNO FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inegi a emprender un estudio que determine un porcentaje mínimo de personas con discapacidad que deben laborar en el gobierno federal, y a difundir resultados de dicho análisis.

CONVENCION PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo acciones tendentes a impulsar en la ONU el establecimiento de una convención para proteger los derechos de las personas adultas mayores.

IMPULSO A LA PRODUCCION ORGANICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a emprender por el Comité Nacional de Producción Orgánica medidas que impulsen ese tipo de producción.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados. Comuníquense.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado José González Morfín: A continuación tenemos en el orden del día dictámenes en sentido negativo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

La Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162, 176, 177 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. El 26 de noviembre de 2013, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

2. Por oficio número DGPL 62-II-3-1165, del 26 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Competitividad, para dictamen, la iniciativa del diputado José Antonio Hurtado Gallegos.

3. Mediante oficio número CC/CDHCU/002/2014, de fecha 14 de enero de 2014, la junta directiva de la Comisión de Competitividad solicitó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la ampliación del plazo para emitir dictamen respecto a la iniciativa del diputado José Antonio Hurtado Gallegos.

4. En fecha 31 de enero de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión autorizó a la Comisión de Competitividad la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa del diputado José Antonio Hurtado Gallegos.

5. La Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de la iniciativa antes referida, emitiendo el presente dictamen conforme con lo siguiente:

II. Contenido y objeto de la iniciativa de ley:

En la exposición de motivos de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se señala que la misma tiene como propósito:

Favorecer el fomento y desarrollo de la micro y pequeña empresa, para que contemple esquemas de financiamiento con tasas blandas de interés que les permita capitalizarse, desarrollo e innovación tecnológica, simplificación administrativa pública, capacitación y asesoría para la exportación; que les permita adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y mantenerse como una de las principales fuentes generadoras de empleo del país... consideramos que un mayor apoyo financiero a las Mipyme, es necesario, pero no resuelve el problema de fondo, pues es indispensable una reforma estructural... no obstante, estamos convencidos que el apoyo financiero es una de las palancas impulsaras para el desarrollo, que a la vez generará en el corto, mediano y largo plazos beneficios a la sociedad en conjunto, al incrementarse la productividad, se fomenta la generación de empleos, la competitividad y la reducción de la pobreza.

Para lo que se plantean las siguientes modificaciones y adiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa:

III. Consideraciones

Primero. Que la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Segundo. Que los integrantes de la Comisión de Competitividad comparten la preocupación del Diputado José Antonio Hurtado Gallegos respecto de la necesidad de impulsar el financiamiento a las MIPyMES, para hacer a éstas más competitivas. Ello en vista de lo que se señala en el apartado de la meta México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:

Tras la crisis de 1994-1995, el sistema financiero mexicano ha madurado y se ha fortalecido. Hoy en día, el sistema bancario del país se caracteriza por su solvencia y estabilidad... Sin embargo, prevalece en México la preocupación de que la banca no presta lo suficiente y, por tanto no cumple con una de sus funciones básicas dentro de la economía: transformar el ahorro en créditos para apoyar proyectos productivos.

Se deben llevar a cabo políticas públicas eficaces tendientes a facilitar el acceso al financiamiento para la creación y la expansión de empresas productivas. El financiamiento al sector privado en México como porcentaje del PIB asciende a tan sólo 26.2 por ciento, nivel inferior al observado en países latinoamericanos comparables. Además, existe una alta concentración del crédito bancario, ya que a pesar de que hay 45 instituciones bancarias con actividades en el país, en diciembre de 2012 el 74% de la cartera de crédito total se concentraba en manos de cinco bancos.

Es necesario fortalecer el marco jurídico del sistema financiero para incrementar su contribución a la economía aumentar el monto de financiamiento en la economía reducir el costo del crédito promover la competencia efectiva en el sector e incentivar la entrada de nuevos participantes...

La Banca de Desarrollo debe transformarse para ser una palanca real de crecimiento. En este contexto, es necesario implementar medidas que, atendiendo a la fortaleza de su balance le ermita n también instrumentar políticas que promuevan el desarrollo y la democratización del financiamiento...

El objetivo de la Banca de Desarrollo debe ser ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, además de las pequeñas y medianas empresas.Así, la Banca de Desarrollo debe contribuir de manera eficaz y eficiente con la actividad productiva del país, con la creación de valor y crecimiento del campo, para que a su vez permita y respalde el ahorro popular en beneficio del bienestar de las familias mexicanas... En todo caso, el esfuerzo debe estar dirigido a las empresas productivas que no consiguen financiamiento de la banca privada, de forma que puedan alcanzar una mayor escala de operación y adoptar tecnologías nuevas y más eficientes.

Tercero. Que en este sentido no pasa desapercibido para los integrantes de la Comisión de Competitividad que el 10 de enero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la denominada reforma financiera o decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para regular las Agrupaciones Financieras.

Reforma financiera cuyos objetivos son:

1. Impulsar la Banca de Desarrollo mediante el mandato de promover el crecimiento, al crear mayores oportunidades de desarrollo en sectores económicos estratégicos.

2. Mejorar la certeza jurídica de la actividad de los agentes privados del sector financiero, a fin de que haya más crédito y que éste sea más barato.

3. Incrementar la competencia en el sector financiero, lo que generará tasas más bajas, menores comisiones y mejores servicios.

4. Fortalecer la solidez del sector financiero.

Cuarto. Que los integrantes de la Comisión de Competitividad consideran que si bien coinciden plenamente con el espíritu de la iniciativa en análisis que busca conseguir facilidades de acceso al crédito para las Mipymes, al mismo tiempo llaman la atención sobre el hecho de que uno de los objetivos de la recientemente aprobada reforma financiera fue precisamente ése y en tal sentido la aprobación de la iniciativa traería duplicidad en materia de contenidos y en las funciones que corresponden a las distintas autoridades en la materia. Ello es así porque no es competencia de la Secretaría de Economía la gestión ante la banca de desarrollo y los intermediarios financieros para la implementación de incentivos, sino que con arreglo al artículo 31, fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que cuenta con facultades en dicha materia. Más aún, el artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros señala que es el Banco de México quien emitirá disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, activas y pasivas, comisiones y pagos anticipados y adelantados de las operaciones que realicen con sus clientes, las instituciones de crédito y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. Del mismo modo, vigilará que las mencionadas instituciones otorguen préstamos o créditos en condiciones accesibles y razonables, y tomará las medidas correctivas que correspondan a fin de que tales operaciones se ofrezcan en los términos antes señalados, incluso, estableciendo límites a las tasas de interés aplicables a operaciones específicas, en cuyo caso podrá tomar en cuenta fórmulas de derecho comparado relevantes. El Banco de México podrá diferenciar su aplicación por tipos de crédito, segmentos de mercado o cualquier otro criterio que resulte pertinente, así como propiciar que los sectores de la población de bajos ingresos no queden excluidos de los esquemas de crédito.

Quinto. Que los integrantes de la Comisión de Competitividad consideran que debe desecharse la iniciativa de referencia, pues ya existen legislaciones vigentes que atienden a los objetivos planteados y su aprobación traería duplicidad en las mismas y en las funciones encomendadas a otras autoridades federales por otros ordenamientos legales.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, reunida en sesión plenaria el 11 de marzo de 2014, a las 16 horas, en el salón B del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, considera que no es de aprobarse la iniciativa en análisis, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

IV. Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentada por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos el 26 de noviembre de 2013.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, página 75.

2 Véase http://www.presidencia.gob.mx/tag/reforma-financiera/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.

La Comisión de Competitividad, diputados:Adolfo Orive Bellinger (rúbrica en contra), Cecilia González Gómez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño, Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica) José Ángel González Serna (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández, Armando Contreras Ceballos (rúbrica en contra), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Francisca Elena Corrales Corrales, José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Gerardo Peña Avilés, Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica).»

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

La Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162, 176, 177 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 18 de septiembre de 2013, el diputado Óscar Bautista Vil legas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

2. Por oficio número DGPL 62-II-5-930, del 18 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Competitividad, para dictamen, la iniciativa del diputado Óscar Bautista Villegas.

3. Mediante oficio número CC/CDHCU/812/2013, de fecha 5 de noviembre de 2013, la junta directiva de la Comisión de Competitividad solicitó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la ampliación del plazo para emitir dictamen respecto a la Iniciativa del diputado Óscar Bautista Villegas.

4. A través del oficio número DGPL 62-II-5-1168, del 7 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión autorizó a la Comisión de Competitividad la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa del diputado Óscar Bautista Villegas.

5. La Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la iniciativa antes referida, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido y objeto de la iniciativa de ley

En la exposición de motivos de la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se señala que tiene como propósito:

“Agregar una fracción III Bis al artículo 10 de la Ley... con la finalidad de incentivar el desarrollo de las Mipyme cuya vocación sea la de procesar, industrializar o comercializar los productos básicos estratégicos señalados en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, con lo cual se fomentará la producción y distribución de los productos básicos estratégicos, fortaleciendo la planta productiva nacional”.

Se plantea entonces adicionar una fracción III Bis al artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Ley vigente

Artículo 10.La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mypime debe atender los siguientes criteriors:

I. a III. ...

(No existe correlativo)

IV. a X. ...

Iniciativa de ley

Artículo 10.La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mypime debe atender los siguientes criteriors:

I. a III. ...

III. Bis. Fortalecer los esquemas de apoyo y estímulo a las Mypime cuya vocación principal sea procesar, industrializar o comercializar los productos básicos y estratégicos nacionales señalados en la Ley de Desarrollo Sustentable;

IV. a X. ...

III. Consideraciones

Primera. Que la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la, Unión, es competente para dictaminar la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Segundo. Que conforme al artículo 1 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, dicha ley tiene por objeto “promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional”. Mientras que el artículo 2 de la ley prevé que la autoridad encargada de su aplicación sea la Secretaría de Economía.

Tercero. Que conforme a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una de las cinco metas nacionales es México Próspero, lo que para el sector agroalimentario se traduce en:

(Considerar que el) campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional. De cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

...

Los retos en el sector agroalimentario son considerables. En primer lugar, la capitalización del sector debe ser fortalecida. La falta de inversión en equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la productividad. Para incrementar la productividad del campo, se debe mejorar la organización y la escala productiva de los minifundios... En segundo lugar, la oportunidad y costo del financiamiento deben mejorar. Por un lado, sólo el 6 por ciento de las unidades de producción agropecuaria tiene acceso al crédito institucional. Además, existen fuertes disparidades en la productividad de las unidades de producción. El segmento comercial es altamente competitivo, mientras que más del 70 por ciento de las unidades económicas rurales es de subsistencia o autoconsumo.

Un tercer reto radica en fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico... La capacidad instalada de investigación no se aplica plenamente para resolver las demandas de los productores. El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, y una elevada dependencia externa de insumos estratégicos como los fertilizantes. Esta situación afecta el abasto, calidad y acceso a los agroalimentos.

Finalmente, se debe fomentar un desarrollo regional más equilibrado. Existe un desarrollo desigual entre las entidades federativas del norte y del centro del país respecto a las del sur-sureste, que se refleja en diferencias importantes en el nivel de productividad de los cultivos. Asimismo, es necesario propiciar la existencia de un marco institucional adecuado a los requerimientos del sector. Debe realizarse una evaluación y revisión de los programas existentes para que la política de fomento agroalimentario transite desde los subsidios a los incentivos hasta la productividad, sea incluyente focalizando la población objetivo y cuente con un marco normativo así como reglas de operación claras y sencillas.

Cuarto. Que en el apartado de plan de acción de la meta México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se indica que “a través de un fomento económico moderno, también se buscará construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Esto implica impulsar al sector mediante inversión en desarrollo de capital físico y humano.

Además, es necesario fomentar modelos de asociación que aprovechen economías de escala y generen valor agregado, así como otorgar certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. Asimismo, se deberá incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”.

Quinto. Que es en esta tesitura en la que se inserta la iniciativa de ley del Diputado Óscar Bautista Vil legas para que se establezca que la planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipyme, deben atender al criterio de fortalecer los esquemas de apoyo y estímulo a las Mipyme cuya vocación principal sea procesar, industrializar o comercializar los productos básicos y estratégicos nacionales (maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche carne de bovinos, porcinos, aves y pescado).

A este respecto, los integrantes de la Comisión de Competitividad consideran que tal medida es inviable pues más que el criterio sectorial, el criterio que debe prevalecer en la asignación de recursos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) tiene que ser apoyar la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de éstas. Sin que esto de modo alguno signifique que no se tenga en cuenta el aspecto sectorial en la asignación de recursos del Fondo Pyme.

En otros términos, a consideración de los integrantes de la Comisión de Competitividad es inviable la propuesta en análisis en virtud de que dicha adición para especificar apoyos a productos específicos resultaría contraria a la naturaleza de la Ley y podría provocar inequidades derivadas de ésta al momento de definir la política pública de fomento para la competitividad de las Mipyme, además de que ya existen políticas públicas derivadas de disposiciones vigentes y de las atribuciones del Inadem que atienden la intención de vincular el campo- empresa y el campo-ciudad para fortalecer e incentivar la planta productiva nacional.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, reunida en sesión plenaria el 11 de marzo de 2014, a las 16 horas, en el salón B del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, considera que no es de aprobarse la iniciativa en análisis, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

IV. Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentada por el diputado Óscar Bautista Villegas el miércoles 18 de septiembre de 2013.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, página 82.

2 Ibíd., página 87.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.

La Comisión de Competitividad, diputados:Adolfo Orive Bellinger (rúbrica en contra), Cecilia González Gómez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño, Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica en contra), José Ángel González Serna (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández, Armando Contreras Ceballos (rúbrica en contra), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Francisca Elena Corrales Corrales, José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Gerardo Peña Avilés, Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica).»

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los integrantes de esta comisión dictaminadora someten a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 28 de abril de 2010, la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

3. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados, en fecha 6 de marzo de 2012, se dio cuenta al pleno cameral, con el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que fue aprobada con 317 votos a favor y 6 en contra, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión ordinaria del pleno del Senado de la República, celebrada el 8 de marzo de 2012, se dio cuenta con la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados, el 10 de octubre de 2013, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que envían el expediente de la minuta proyecto de decreto por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

6. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la minuta, turnándola a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

7. Con fecha 6 de diciembre de 2013, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales procedió a solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva, prórroga para la elaboración del dictamen correspondiente, la cual fue autorizada el 10 de diciembre de 2013, hasta por 45 días adicionales.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo que nos ocupa, expresan el siguiente:

II. Contenido de la minuta

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, coinciden en reconocer en la minuta que uno de los instrumentos de política ambiental para la conservación de los ecosistemas, es el establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP), instrumento por excelencia de la conservación de los conjuntos de flora y fauna de una región determinada, los paisajes y la biodiversidad.

Las ANP son definidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como aquellas zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservados y restaurados.

Las ANP de carácter federal son zonas terrestres o acuáticas representativas como hábitats de los diversos ecosistemas del país, en las que el estado natural del medio no ha sufrido una alteración significativa. De forma particular la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA), en su artículo 45, establece cuáles son los objetivos de la determinación de ANP en México, dentro de los que podemos referir se encuentran los siguientes: la conservación, preservación y restauración de los ecosistemas y especies que ahí habitan; salvaguardar los entornos naturales de aquellas zonas que por sus características históricas, arqueológicas o artísticas sirven de espacios para la recreación, la cultura e identidad nacional y de los pueblos indígenas; así como para conservar los espacios propicios para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio o bien, sirven para generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.

Una de las premisas de este instrumento de la política ambiental, es definir y reconocer los actores legítimos de los sectores público, social y privado, tanto directos como indirectos, que participan en la gestión sustentable, así como lograr identificar sus derechos, obligaciones y el tipo de relación jurídica, con el objetivo principal de proteger el ambiente.

Con base en lo señalado anteriormente, la minuta cuyo propósito primicial era fortalecer la participación social en el establecimiento de las áreas naturales protegidas,reconoce improcedente la propuesta de la Cámara de origen, en el sentido de reformar el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, enviada por la Cámara de Diputados, la cual proponía:

Artículo 58. Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las aéreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición del público para su consulta por un plazo de 30 días naturales. Para tal efecto, la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Ecológica y en un periódico de mayor circulación en la entidad o entidades involucradas, un aviso a través del cual se dé a conocer esta circunstancia.

Durante el periodo de consulta pública, cualquier ciudadano podrá presentar por escrito observaciones y recomendaciones respecto el contenido del estudio justificativo.

Asimismo, la Secretaría deberá solicitar la opinión de:

I. a IV. ...

Con el objeto de que los propietarios de los predios que habrán de integrarse al área natural protegida y la sociedad en general, participen y asuman responsablemente las obligaciones que se deriven del acto de la posible declaratoria, la Secretaría deberá realizar una reunión pública informativa con los propietarios y actores sociales interesados a fin de dar a conocer los alcances de la declaratoria, así como recibir sus propuestas.

La Secretaría integrará al expediente respectivo las observaciones, recomendaciones y propuestas recibidas durante la consulta pública y la reunión pública informativa, y dará respuesta por escrito.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal realizará las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Aéreas Naturales Protegidas, en un plazo no mayor a 90 días naturales.

Tercero.Las atribuciones otorgadas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante este decreto, serán ejercidas de acuerdo a su asignación presupuestaria.

A partir de la revisión del contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa, los integrantes de la comisión dictaminadora, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincide con los propósitos que orientan la iniciativa con proyecto de decreto, en virtud de que en ella se exponen preocupaciones relacionadas con uno de los instrumentos de política ambiental para la conservación de los ecosistemas, que es el establecimiento de áreas naturales protegidas, instrumento por excelencia de conservación de las biotas, los paisajes y la biodiversidad.

Esta comisión reconoce válido lo estimado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en cuanto señala que la diversidad biológica que alberga México, caracterizada por una elevada riqueza de especies y endemismos, especies cultivadas domésticas y sus parientes silvestres, aunada a la heterogeneidad del mosaico de paisajes en que se distribuyen, presenta retos de gran envergadura para su conservación. Además, muchos de estos ecosistemas del país han sido ampliamente afectados por las actividades humanas, con lo cual se han deteriorado considerablemente, con efectos negativos en la calidad y cantidad de los bienes y servicios ambientales que nos proporcionan, lo que ha causado también impactos, desde el punto de vista económico y social, que afectan negativamente el bienestar de la población.

Como respuesta a estos cambios ocasionados por el severo deterioro ambiental, particularmente en el sector rural, desde principios de los años noventa se ha conformado paulatinamente una política ambiental con criterios de protección y conservación, con lo cual se han logrado establecer instrumentos de resguardo como las áreas naturales protegidas y que, en el ámbito federal, se han incrementado sustancialmente.

Coincidimos con la colegisladora en el sentido de que una de las premisas del instrumento de política ambiental de las áreas naturales protegidas, es el definir y reconocer a los actores legítimos del sector público, social y privado, tanto directos como indirectos, con su participación armónica en la gestión sustentable que permita mantener los ecosistemas y la biodiversidad que albergan; así como identificar los derechos, obligaciones y el tipo de relación jurídica de los servicios ambientales que proporcionan a toda la sociedad mexicana.

Coincidimos en que la reforma propuesta al artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, resulta innecesaria, esto en virtud de que ya se encuentra regulada la participación de los sectores estratégicos en el proceso de la elaboración de los estudios previos justificativos, toda vez que se incorporan las opiniones de los gobiernos locales, las dependencias de la administración pública federal, las organizaciones sociales públicas o privadas, pueblos indígenas, y demás personas físicas o morales que se encuentren interesadas, así como también las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado.

Adicional a lo anterior, se precisa que existe difusión de la elaboración de los estudios previos justificativos y en consecuencia la propia inclusión de los sectores sociales estratégicos, mismos que son puestos a disposición del público para su consulta por un periodo de 30 días naturales, mediante su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica, el aviso para dar a conocer esta situación; previo a este procedimiento, se solicita la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y municipios.

No obstante lo anterior, es importante señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con la Estrategia Nacional de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental, cuyo objetivo es orientar la política ambiental, la actuación institucional y la participación de la sociedad, hacia el desarrollo de una ciudadanía corresponsable e incluyente y hacia un servicio público respetuoso con las y los participantes, mediante lineamientos estratégicos que favorezcan la participación informada y capaz de incidir efectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas del sector ambiental.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se confirma el contenido de la minuta proyecto de decreto que desecha la propuesta de reforma al artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo.Archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velazquez Díaz (rúbrica).»

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el título quinto, con los artículos 192 a 200, a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título quinto que contiene los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por la diputada federal María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, numeral 1, fracción II, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 173, 174,176, 177, 180, 182, 190 y 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Rural somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen el cual se realizó a partir de la siguiente

Metodología

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 176, numeral 1, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Rural está facultada para el análisis y la elaboración del dictamen de la iniciativa citada,  por lo que se llevó a cabo el proceso descrito a continuación:

• La sección denominada “Antecedentes” da cuenta de la operación realizada por la proponente en la elaboración de la iniciativa, los trámites del inicio y desarrollo del proceso legislativo, la recepción y turno para el dictamen, así como las acciones realizadas por la Comisión de Desarrollo Rural.

• La sección nombrada “Contenido de la iniciativa” destaca el planteamiento del problema, se sintetizan los motivos y alcances de la propuesta en estudio.

• La sección llamada “Consideraciones” incluye el análisis y valoración de los argumentos que respaldan la propuesta.

• En la sección denominada “Conclusiones” se expresan los motivos y fundamentos que sustentan el sentido de la resolución de la Comisión Dictaminadora.

• Por último, se presenta el “Proyecto de Acuerdo” que resuelve el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un título quinto que contiene los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

I. Antecedentes

Primero: Con fecha 21 de noviembre de 2013, la diputada federal María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título quinto que contiene los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Segundo: El 11 de diciembre de 2013, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para el dictamen correspondiente.

Tercero: Con fecha 20 de enero de 2014 y con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 18, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el numeral 3, del artículo 49, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión dictaminadora solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas emitiera una valoración del impacto presupuestario de la iniciativa materia del presente dictamen.

Cuarto: El 20 enero de 2014, la Comisión de Desarrollo Rural formuló consulta respecto del contenido de la iniciativa al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, a fin de disponer de todos aquellos elementos que enriquezcan el dictamen y den como resultado una resolución meritoria a la iniciativa.

Quinto:Con fecha 17 de febrero de 2014, la Comisión Desarrollo Rural, con fundamento en el artículo 185, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó prórroga a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con la finalidad de ampliar el plazo para la formulación del dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título quinto que contiene los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Sexto: El 20 de febrero de 2014, por acuerdo de la Mesa Directiva y en atención a la solicitud presentada por la Comisión de Desarrollo Rural, con fundamento en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se autorizó a la comisión la prórroga para la emisión del dictamen de mérito.

Séptimo: El 27 de febrero de 2014, la Comisión de Desarrollo Rural en su oportunidad solicitó opinión de la iniciativa materia del presente dictamen a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Gobernación, con el propósito de que dichas dependencias formularan las observaciones y comentarios que estimaran pertinentes.

II. Contenido de la iniciativa

El objetivo de la presente iniciativa consiste en adicionar un título quinto,  denominado “De los Riesgos”, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el que se establezcan y contemplen los riesgos de todas y cada una de las actividades agropecuarias, pero sobre todo, la creación de un Fondo para Riesgos Agropecuarios, propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto de decreto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de cada año, asimismo, la legisladora plantea el uso de la figura del fideicomiso para la creación de dicho fondo, para lo cual realiza la propuesta en los términos siguientes:

Decreto que adiciona un título quinto que contiene los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un título quinto que contiene los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

L ey de Desarrollo Rural Sustentable

Título QuintoDe los Riesgos

Artículo 192. Se entienden por riesgos, a los eventos exógenos producidos por enfermedades o plagas, que pongan en peligro la producción o comercialización de una o varias de las actividades agropecuarias a que se hacen referencia en la presente ley.

Artículo 193. Cuando el riesgo pueda ocasionar un problema a la salud o a la vida de los seres humanos, la Secretaría junto con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, implementarán las medidas para su prevención, control y manejo.

Artículo 194. El Ejecutivo federal al momento de realizar el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos, contemplará una reserva económica que se denominará Fondo para Riesgos Agropecuarios, mismo que se creará a través de un fideicomiso público, el cual será utilizado para controlar y erradicar los riesgos que se presenten, ello con la intervención que le corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 195. La Secretaría en términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de la ley en la materia, procurará incorporar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda recursos para el Fondo para Riesgos Agropecuarios, tomando en consideración:

I. El saldo disponible en el fideicomiso público a que se hace mención en el artículo precedente;

II. Las recomendaciones que para tal efecto realice la Secretaría, con base en los pronósticos para el ejercicio fiscal que se presupuesta;

III. La evaluación de la suficiencia de los montos presupuestales asignados al Fondo en ejercicios anteriores; y

IV. Las disponibilidades presupuestarias para el ejercicio que se presupuesta derivadas de la situación de las finanzas públicas.

Artículo 196. Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación por la honorable Cámara de Diputados, la disponibilidad de recursos para la atención de los riesgos agropecuarios, incluido el saldo disponible en el Fideicomiso público, será comunicado a las dependencias de la Secretaría y entidades paraestatales que suelen participar en la atención de los riesgos, y a la Función Pública.

Artículo 197. Los fines del Fondo para Riesgos Agropecuarios son los siguientes:

I. Destinar recursos para controlar y erradicar las urgencias veterinarias que se presenten en el área de ganadería.

II. Consignar recursos para controlar y exterminar las plagas y enfermedades de los cultivos agrícolas.

III. Canalizar recursos para controlar y eliminar los riesgos que se presenten en las actividades de la silvicultura y acuicultura.

Artículo 198. Cuando el riesgo se presente en alguna de las entidades federativas, la Secretaría a través de sus delegaciones, realizará un dictamen técnico de la situación y una vez efectuado, solicitará los recursos humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para controlar o erradicar el riesgo; los cuales serán aportados con dinero del fondo al que alude el artículo 194.

Artículo 199. En caso de que, para el manejo, control y erradicación de alguno de los riesgos, se tenga que destruir la producción agrícola o selvas, o sacrificar el ganado o peces, la Secretaría procurará que en todo momento, los afectados reciban el 85 por ciento por ciento del valor de los destruido o sacrificado, logrando así la colaboración de la sociedad civil para los fines mencionados.

Artículo 200. La Secretaría expedirá cada año las reglas de operación para acceder a los recursos del Fondo contemplado en el presente título, los cuales no podrán oponerse a lo establecido en el mismo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La promovente considera:

• Que el incremento de urgencias veterinarias en todo el mundo está ligado al aumento de la movilidad de las personas, los bienes y el ganado, a los cambios en los sistemas agrícolas y en el clima, y al debilitamiento de muchos servicios de sanidad pecuaria.

• Que tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, en ocasiones los brotes de enfermedades no han sido detectados por las autoridades veterinarias durante días o aún meses, lo que les ha permitido propagarse sin contención.

• Que como consecuencia de lo anterior, los resultados han sido pérdidas innecesarias de la producción y una dificultad cada vez mayor para realizar campañas eficaces de lucha contra las enfermedades y erradicación de las mismas.

• Que para el caso de México, una vez que se presentan enfermedades veterinarias, se tiene que recurrir a implementar medidas drásticas como el sacrificio del ganado; sin embargo, el problema al que se enfrentan las autoridades de la materia radica en la negativa de los dueños, debido a las pérdidas económicas que se generan, sobre todo de aquellos en los que es el único patrimonio con que cuentan.

• Que el ser humano, en su búsqueda de obtener una gran variedad de productos vegetales con fines alimenticios, medicinales, industriales u ornamentales, que junto con el crecimiento poblacional y con las facilidades del comercio mundial, ha introducido en sus lugares de asentamiento numerosas especies exóticas y con ellas, sus plagas y enfermedades en muchos de los casos.

• Que las pérdidas que ocasionan las plagas y enfermedades en los cultivos de los países desarrollados se pueden cifrar entre 10 y 20 por ciento del total de la producción, según los cultivos. Ello obliga a una constante lucha y al empleo de cantidades masivas de productos fitosanitarios, en ocasiones de efectos poco estudiados o controvertidos, tanto para la naturaleza como para el ser humano y los animales consumidores de las plantas tratadas.

• Que si bien reconoce que el gobierno federal ha apoyado a las personas dedicadas a las actividades agropecuarias, dentro de las cuales se incluyen a la agricultura, ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye pesca), en aquellos casos, en los que se han tenido que enfrentar los diversos riesgos, resulta el hecho que los apoyos han sido insuficientes y en algunas regiones nulos.

• Que ante la insuficiencia de fondos económicos para afrontar los diversos riesgos, se propone adicionar un título en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que se establezcan y contemplen los riesgos de todas y cada una de las actividades agropecuarias, pero sobre todo, la creación de un Fondo para Riesgos Agropecuarios, el cual será propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Decreto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal de cada año.

• Que se plantea recurrir al uso de la figura del fideicomiso público,para darle formalidad al Fondo para Riesgos Agropecuarios en el proyecto de decreto de Egresos de la Federación, con la finalidad de que al presentarse un riesgo agropecuario se pueda controlar y erradicar, atendiendo a la urgencia del riesgo y sobre todo se apoye de una manera adecuada y eficiente a los afectados, pagando hasta el ochenta y cinco por ciento del valor de los productos.

III. Consideraciones

Primera: La producción agropecuaria en México al igual que otras partes del mundo no está exenta de riesgos o agentes que causen daños a la producción, por lo que es necesario el fortalecimiento de la protección nacional para eficientar el control y la vigilancia, así como la aplicación de campañas sanitarias en tiempo, forma y focalizadas.

Segunda: Esta comisión coincide con la diputada promovente y reconoce la existencia de los riesgos potenciales para la producción agropecuaria y la salud pública, la existencia de plagas que afectan la sanidad vegetal y la salud animal en el territorio nacional, así como en el resto del mundo.

Tercera:La propuesta de iniciativa manifiesta tener como objetivo: “que se establezcan y contemplen los riesgos de todas y cada una de las actividades agropecuarias, pero sobre todo, la creación de un Fondo para Riesgos Agropecuarios, propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto de decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de cada año, así mismo, la Legisladora plantea el uso de la figura del Fideicomiso para la creación de dicho fondo”.

Cuarta: Del texto propuesto por la diputada federal, esta comisión infiere que se pretende: a) Definir a los “riesgos”; b) Establecer medidas de coordinación entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris); c) Implementar un fondo o reserva económica dentro del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos para la prevención de riesgos; d) Consignar el procedimiento para el caso de ocurrencia de riesgos en las entidades federativas; e) Otorgar un porcentaje de apoyo en función de lo “destruido” por una ocurrencia de un riesgo y f) Señalar que la obligatoriedad para que la Sagarpa emita reglas de operación del fondo cada ejercicio fiscal.

Quinta: El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) determinó que la iniciativa en comento, sí implica impacto presupuestario, por lo que la promovente debió agregar de manera previa la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento para que el Fondo que se plantea disponga de recursos en el presupuesto de egresos federal, por lo que la iniciativa no cumple con lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:

Artículo 18. A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá? agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá? que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.”

Sexta:  La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el título tercero, “Del Fomento Agropecuario y de Desarrollo Rural Sustentable”, capítulo VIII, De la Sanidad Agropecuaria, mandata que la obligatoriedad de implementar políticas de prevención de riesgos para la producción agropecuaria y la salud pública, en los numerales 91, 92 y 93 que establecen:

Artículo 91. En materia de sanidad vegetal, salud animal y lo relativo a los organismos genéticamente modificados, la política se orientará a reducir los riesgos para la producción agropecuaria y la salud pública, fortalecer la productividad agropecuaria y facilitar la comercialización nacional e internacional de los productos.

Para tal efecto, las acciones y programas se dirigirán a regular la importación, tránsito y manejo de organismos genéticamente modificados, a evitar la entrada de plagas y enfermedades al país, en particular las de interés cuarentenario; a controlar y erradicar las existentes y a acreditar en el ámbito nacional e internacional la condición sanitaria de la producción agropecuaria nacional.

Las acciones y programas que llevarán a cabo las dependencias y entidades competentes se ajustarán a lo previsto por las leyes federales y las convenciones internacionales en la materia.

Artículo 92. El gobierno federal, con base en lo dispuesto por las leyes aplicables, establecerá el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, el cual será coordinado por la Secretaría e integrado por las dependencias y entidades competentes.

Artículo 93. Con base en la información provista por el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, la comisión intersecretarial fomentará la normalización, organizará y llevará a cabo las campañas de emergencia, y las campañas fitozoosanitarias, e impulsará los programas para el fomento de la sanidad agropecuaria, mediante la concertación con los gobiernos de las entidades federativas y los productores.”

Séptima: El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), por su parte señaló que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), en el título tercero, “Del Fomento Agropecuario y de Desarrollo Rural Sustentable”, está contemplado el capítulo XII, “De la Administración de Riesgos”, que abarca los artículos 124 al 133, en el cual se contemplan la prevención de los fondos económicos para enfrentar los riesgos agropecuarios y los instrumentos para la cobertura de riesgos de producción y las contingencias climatológicas y sanitarias, objeto de la propuesta.

En ese sentido, el artículo 125 de la propia ley, ya contempla la prevención de fondos económicos para enfrentar los riesgos agropecuarios, el cual establece que:

Artículo 125. El gobierno federal, en la administración de riesgos inherentes al cambio tecnológico en las actividades del sector rural, promoverá apoyos al productor que coadyuven a cubrir las primas del servicio de aseguramiento de riesgos y de mercado

Los apoyos económicos se entregarán prioritariamente por conducto de las organizaciones mutualistas o fondos de aseguramiento de los productores y también de las empresas aseguradoras de los productores.

Octava: Por otro lado el CEDRSSA también argumenta que la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural (LFAAR) tiene por objeto el crear y regular la organización, funcionamiento y operación del Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, en donde se establece una serie de disposiciones orientadas a la administración del riesgo en la actividad agropecuaria, como se desprende de su tercer artículo que señala:

Artículo 3o. Los Fondos de Aseguramiento son las sociedades constituidas en los términos de esta ley y tendrán por objeto ofrecer protección mutualista y solidaria a sus socios a través de operaciones activas de seguros y coaseguros. Las coberturas que se ofrezcan se circunscribirán a lo siguiente:

I. En las operaciones de daños, al ramo agrícola y de animales y a aquellos ramos que específicamente registre ante la Secretaría para el aseguramiento de los bienes conexos a la actividad agropecuaria, rural y patrimonial;

II. En operaciones de vida, a coberturas con sumas aseguradas limitadas para atender esquemas de saldo deudor y de vida para familias campesinas, y

III. En las operaciones de accidentes y enfermedades de sus socios, el ramo de accidentes personales.

Para el caso de las operaciones de vida, las coberturas deberán practicarse por Fondos de Aseguramiento exclusivamente constituidos para este efecto.

En el otorgamiento de coberturas para el ámbito rural, se incluyen todas las líneas de operación que ofrezcan protección a la población rural, en sus bienes y personas y en sus actividades productivas, comerciales, de servicios o de otro tipo, en los términos de este artículo.”

Novena: La Sagarpa señala que en materia de sanidad animal y vegetal, tanto la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA) como la Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV), en sus artículos 4 y 5 respectivamente, ya definieron tal concepto, señalando un comparativo entre estos artículos y el 192 del proyecto de decreto, quedando de la siguiente manera:

LFSA

Artículo 4

Riesgo zoozanitario: La probabilidad de introducción, establecimiento o diseminación de una enfermedad o plaga en la población animal, así como la probabilidad de contaminación de los bienes de origen animal o de los productos para uso o consumo animal, que puedan ocasionar daño a la sanidad animal o a los consumidores.

LFSV

Artículo 5

Riesgo Fitosanitario: Es la evaluación del impacto fitosanitario o agroecológico que se determina ante el supuesto de la introducción o establecimiento de un organismo en un lugar del cual no es nativo o no está establecido.

Iniciativa

Artículo 192

Se entienden por riesgos a los eventos exógenos producidos por enfermedades o plagas, que pongan en peligro la producción o comercialización de una o varias de las actividades agropecuarias a que se hace referencia en la presente ley.

Continúa señalando que:

Por su parte el artículo 193 (de la iniciativa), pretende ordenar la concurrencia de competencias entre la Secretaría de Salud y la Sagarpa, al indicar que “Cuando el riesgo pueda ocasionar un problema a la salud o a la vida de los seres humanos, la Secretaría junto con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, implementarán las medidas para su prevención, control y manejo. Sin embargo, se advierte que tal atribución corresponde a la Secretaría de Salud y no a su Órgano Administrativo Desconcentrado (Cofepris), lo que contraviene el Reglamento Interior de Dicha Dependencia.

Asimismo el artículo 198 de la presente iniciativa establece que “Cuando el riesgo se presente en alguna de las entidades federativas, la Secretaría a través de sus delegaciones, realizará un dictamen técnico de la situación y una vez efectuado, solicitará los recursos humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para controlar o erradicar el riesgo”, sobre el particular se advierte que tal atribución corresponde al Senasica, en términos del Reglamento Interior de Sagarpa, disposiciones que serán ampliadas en el Reglamento Interior del Senasica.

De la misma manera, indica que el artículo 198 del Proyecto pretende que las Delegaciones de la Sagarpa ejecuten medidas zoo y fitosanitarias (precautorias, de seguridad o cautelares), las cuales son competencia del Senasica.

En cuanto al sector ganadero, se aprecia que actualmente la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, con fundamento en la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, constituye comúnmente un Fondo de Aseguramiento  Ganadero de Cobertura Nacional, que genera varias ventajas, entre ellas se encuentra fortalecer los programas y acciones de la Sagarpa, como son las campañas de salud animal, vigilancia epidemiológica, análisis de riesgo, detección y control de enfermedades exóticas, atención y control de brotes, Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SNIIGA), padrón ganadero nacional, mejoramiento genético y desarrollo de la ganadería lechera tropical.”

Décima: Actualmente existen políticas públicas en el gobierno federal para atender las diversas problemáticas que enfrenta el sector agropecuario en materia sanitaria  tal el caso que se aprecia que en las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa para el 2014, donde se establece el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  cuyo objetivo general es contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad mediante la conservación y mejora de las condiciones sanitarias para apoyar la competitividad del sector agropecuario, acuícola y pesquero; y el objetivo específico es conservar y mejorar el estatus sanitario de zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras; y aplicar medidas y/o sistemas de reducción de riesgo de contaminación en unidades de producción agropecuaria, acuícola y pesquera que favorecen la sanidad e inocuidad de alimentos, con un presupuesto para este ejercicio fiscal de 5,143 millones de pesos.

Undécima:Por su parteel Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), es el órgano  dependiente de la Sagarpa, encargado de la sanidad y la inocuidad y tiene el fin de preservar y mejorar las condiciones sanitarias, y de inocuidad agroalimentaria, ejecutando proyectos prioritarios de campañas agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, acciones de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección en la movilización y es justamente el órgano encargado de ejecutar el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y según información publicada en su página oficial de internet se tienen los siguientes avances en la materia:

“En los últimos años se emplearon estrategias y acciones para proteger en general a todo el país de plagas y enfermedades; y en específico, la producción de más de 200 millones de toneladas de alimentos; el inventario ganadero en su conjunto, así como exportaciones agroalimentarias por alrededor de 17 mil millones de dólares.

Estas acciones posibilitaron haber alcanzado una condición sanitaria sólida, permitiendo un abastecimiento del mercado interno de productos sanos y exportar a más de 43 Países, además:

• Se logró que el 92 por ciento de la superficie nacional esté libre o con baja prevalencia de plagas y enfermedades (tuberculosis bovina, fiebre porcina clásica y enfermedad de Newcastle).

• Se conservó al país, libre de Fiebre Aftosa, Gusano Barrenador del Ganado, Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos, Influenza Aviar de alta patogenicidad entre otras plagas cuarentenarias a nivel mundial.

• Se reconoce al país libre de fiebre porcina clásica  a partir del 30 de enero de 2009.

• Se atiende a más de 45,000 ha, lo que representa el 64 por ciento de la superficie acuícola nacional en operación, mediante campañas sanitarias en crustáceos, moluscos y peces.

• Se apoyó el sacrificio de 1,760,614 cabezas de ganado bovino,  4,000,164 cabezas de ganado porcino y 9,107 cabezas de ganado ovino, para un total de 5,769,885 cabezas sacrificadas.

• Se conservó al país libre de Huanglongbing, también conocido como greening o dragón amarillo, plaga que afecta a los cítricos y en los países que se ha presentado ha sido devastadora.

• Se logró que más de la mitad del territorio nacional está libre de moscas nativas de la fruta del género Anastrepha, de importancia cuarentenaria.

• 838 Unidades de producción y establecimientos de procesamiento primario de productos agrícolas, reconocidas o certificadas que cumplen con estándares de buenas prácticas agrícolas o de manejo.

• 11 Estados/Regiones pecuarias que cambiaron de estatus sanitario, en las que destacan Chiapas, Colima, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tabasco, Zacatecas.

• Se declararon zonas libres de plagas del aguacate a 4 municipios de Michoacán que comprenden una superficie  de 2,087 kilómetros cuadrados, con lo cual se alcanzó el 20.8 por ciento de la superficie estatal libre de plagas del aguacate.

IV. Conclusiones

Del análisis realizado se puede advertir que, si bien es fundamental incrementar la cobertura de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en unidades de producción agroalimentaria, acuícola y pesquera a nivel nacional, para obtener alimentos higiénicos, de calidad e inocuos en su producción primaria que garanticen la salud de los consumidores, sin embargo, el contenido y esencia del proyecto de iniciativa, actualmente se encuentra vigente en las siguientes leyes: de Desarrollo Rural Sustentable, de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, Federal de Sanidad Vegetal, Federal de Sanidad Animal, y en el decreto por el que se expiden las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa, por lo que de aprobarse la iniciativa de mérito en los términos planteados, se podría incurrir en duplicidad legislativa, sin soslayar el incumplimiento al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa no proporciona información suficiente y actualizada sobre las políticas públicas implementadas, los resultados alcanzados ni los recursos presupuestales ejercidos en los últimos años, a grado tal que justifique la necesidad de crear en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, un Fondo para Riesgos Agropecuarios.

En mérito de lo expuesto, con base en las consideraciones anteriores y el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título quinto que contiene los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título quinto que contiene los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por la diputada federal María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 11 de diciembre de 2013.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 marzo de 2014.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados:Víctor Serralde Martínez (rúbrica), presidente; Noé Barrueta Barón (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Cesario Padilla Navarro (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica), Alfredo Zamora García (rúbrica), Armando Conteras Ceballos (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Josefina García Hernández (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero, Raúl Gómez Ramírez, Blanca Jiménez Castillo, Javier López Zavala (rúbrica), Víctor Manuel Manríquez González (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba, José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, General de Educación, y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 176, 182 numeral 1 y 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen.

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO”, se da constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Minuta.

II. En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”,se realiza una síntesis de los alcances de la propuesta.

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”,la Comisión expresa los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada el 20 de marzo de 2014, se remitió al Pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Segundo. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta materia de este dictamen tiene como objetivo principal impulsar el Acceso Abierto a la información de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación, para lo cual se proponen diversas reformas a fin de establecer en el Marco Jurídico que rige el sector, las bases de una política de diseminación del conocimiento, para que con el apoyo de plataformas tecnológicas se encuentre disponible a la población en general.

De manera particular la Minuta propone:

1. Establecer como principio legal para la integración de políticas públicas en materia científica y tecnológica, la diseminación de los contenidos científicos, académicos, de investigación e innovación, mediante el uso de plataformas de acceso abierto.

2. Facultar al CONACyT para diseñar y ejecutar una estrategia que tenga como objetivo democratizar el acceso abierto y el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación con el fin de que el conocimiento universal esté disponible a la población en general.

3. Establecer en la Ley los conceptos de “Acceso Abierto” y “Acceso a recursos de Información Científica y Tecnológica de Calidad”.

4. Crear y establecer las bases de operación de un Repositorio Nacional de Acceso Abierto, así como fijar las bases para la operación y coordinación de Repositorios.

5. Otorgar al CONACyT las atribuciones para promover y consolidar el acceso a la investigación científica, tecnológica de calidad.

6. Otorgar a los investigadores, tecnólogos, académicos, y estudiantes de posgrado cuyas investigaciones sean financiadas con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, la posibilidad de depositar una copia de dicha investigación para su publicación en Acceso Abierto a través del Repositorio Nacional.

7. Establecer en la Ley General de Educación como atribución concurrente de las autoridades educativas federal y local, la promoción del Acceso Abierto a investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación. Cuando las mismas hayan sido financiadas con recursos públicos, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual correspondientes o que por razón de su naturaleza o decisión del autor deban reservarse.

8. Establecer en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la facultad del CONACyT para promover y fortalecer los Repositorios, así como para emitir los lineamientos correspondientes para su funcionamiento y coordinación.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. En la Minuta materia de estudio del presente dictamen se establece que “En una economía basada en el conocimiento, la capacidad del crearlo y diseminarlo es una determinante de la prosperidad, lo que resulta crucial para optimizar el rendimiento de una economía y lograr el retorno social del gasto en investigación y el desarrollo”.

SEGUNDA. De acuerdo a la exposición de motivos, hoy día la diseminación del conocimiento científico en el ámbito mundial tiene en la publicación en revistas científicas arbitradas por pares, un medio de comunicación útil y eficaz; sin embargo la comunicación científica abarca también otro tipo de formatos como las bases de datos referenciales, memorias de congresos, imágenes médicas, tesis de posgrado, etc., mismos que tienen dificultad para ser localizados o consultados ya que se producen y distribuyen fuera de canales tradicionales.

TERCERA.En la Minuta se realiza una extensa reflexión sobre el origen y desarrollo del movimiento denominado “Acceso Abierto” haciéndose un recuento de las declaraciones internacionales relacionadas con el mismo y se destaca su papel como un medio importante para enfrentar los altos costos de la difusión científica y como herramienta para democratizar el acceso al conocimiento.

CUARTA.La Minuta afirma que la tendencia mundial actual entre investigadores, instituciones y gobiernos para compartir el conocimiento científico, se basa en la utilización de las ventajas tecnológicas que ofrecen internet y la digitalización de la información, mismas que se presentan como alternativas importantes para publicar y dar visibilidad a este conocimiento.

QUINTA.El Acceso Abierto supone una mejora notable del funcionamiento de la comunicación científica, ya que mediante el mismo es posible aumentar tanto su uso como impacto inmediato.

SEXTA. Para lograr contar con Acceso Abierto a un número mayor de publicaciones es necesaria la conformación de repositorios que sigan estándares técnicos y de calidad, así como fortalecer y ampliar la adquisición de publicaciones.

SÉPTIMA. Para esta Comisión es importante destacar que la Minuta en estudio ha recogido las principales conclusiones y recomendaciones de los foros organizados por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en los que se realizaron diversas mesas de discusión a fin de analizar las implicaciones del Acceso Abierto y Acceso a la Información Científica. En estos debates participaron representantes de los sectores público, social y privado, destacándose la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Academia Mexicana de Ciencias (AMC); Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Universidad Iberoamericana, Secretaría de Educación, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e innovación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otros.

OCTAVA.El Acceso Abierto y su promoción ha sido un tema con importante presencia en nuestro país, muestra de ello son los distintos esfuerzos institucionales que se han realizado en ese sentido, tal es el caso de impulsado por la UNAM,desde la Universidad Autónoma del Estado de México, el Fondo desarrollado en colaboración por el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y el Fondo de Cultura Económica, el impulsado por el Tecnológico de Monterrey, así como los repositorios de la Universidad de Veracruz, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el del Colegio de Posgraduados, el de la Universidad de las Américas, el de la Universidad Iberoamericana, entre otros.

NOVENA.La oportunidad de legislar a fin de promover e impulsar el acceso a la investigación científica bajo una visión democrática es elemental, para ello resultan importantes las reformas planteadas a fin de dar atribuciones específicas al CONACyT para promover la diseminación del conocimiento mediante la operación de un Repositorio Nacional de Acceso Abierto y para coordinarse con los repositorios existentes. Consideramos que la creación de un Repositorio Nacional logrará reducir las desigualdades en el acceso a la información científica de calidad, ya que los autores-investigadores por decisión personal podrán depositar sus investigaciones en formato electrónico y compartirlos con la población en general.

DÉCIMA. Establecer el mandato legal para que CONACyT diseñe y opere una estrategia para democratizar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación, y de las atribuciones específicas que se le otorgan para establecer lineamientos generales para acopiar, integrar, estandarizar, interoperar, almacenar y difundir la información derivada de investigaciones así como de material académico y científico.

DÉCIMA PRIMERA. Fijar con precisión las nuevas atribuciones del CONACyT en materia de acceso abierto y acceso a la investigación científica de calidad.

DÉCIMA SEGUNDA. Con la aprobación de este dictamen, esta Comisión de Ciencia y Tecnología considera que estas nuevas disposiciones lograrán incrementar la visibilidad de los investigadores nacionales, distribuir la literatura científica de calidad sin restricciones y reducir paulatinamente los recursos que invierte el gobierno en la adquisición de información científica y tecnológica.

Por las consideraciones que anteceden esta Comisión dictaminadora realizó un estudio y considera que es de aprobarse en sus términos, por encontrarlo debidamente fundado y motivado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 176, 182 numeral 1 y 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Artículo Primero.Se reforma la fracción II del artículo 2, y se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 4 y se adiciona el Capítulo X de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2.Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes:

I. ...

II. Promover el desarrollo,la vinculación y diseminación de la investigación científica que se derive de las actividadesde investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico de calidad y la innovación ,asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y, en su caso, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Así como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad;

III.a VIII. ...

Artículo 4.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I.a XI. ...

XII. Repositorio, la plataforma digital centralizada que siguiendo estándares internacionales, almacena, mantiene y preserva la información científica, tecnológica y de innovación, la cual se deriva de las investigaciones, productos educativos y académicos;

XIII. Repositorio Nacional, el Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural;

XIV. Diseminación, la transmisión de información científica, tecnológica y de innovación desarrollada por parte de los investigadores o especialistas a sus pares, y que utiliza un lenguaje especializado.

CAPÍTULO XDel Acceso Abierto, Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación y del Repositorio Nacional

Artículo 64.

El CONACyT diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la información Científica, Tecnológica y de Innovación, con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en general. La estrategia buscará ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e internacional a texto completo, en formatos digitales.

Las instituciones de educación superior y Centros de Investigación podrán constituir Repositorios por disciplinas científicas y tecnológicas u otros que se determinen, a fin de diseminar la información científica y tecnológica que se derive de sus productos educativos y académicos, y en general de todo tipo de investigaciones que realicen, cualquiera que sea su presentación, de acuerdo con criterios de calidad y estándares técnicos que emita el CONACyT. Dichos Repositorios podrán establecerse a nivel de las instituciones y centros de investigación o mediante la creación de redes o asociaciones con otras instituciones, por disciplinas, por regiones u otros. El CONACyT emitirá los lineamientos a que se sujetarán los Repositorios a que se refiere la presente Ley.

Artículo 65.

Por Acceso Abierto se entenderá el acceso a través de una plataforma digital y sin requerimientos de suscripción, registro o pago, a las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.

Artículo 66.

Por Acceso a Recursos de Información Científica y Tecnológica de Calidad, se entenderá al conjunto de técnicas utilizadas para buscar, categorizar y acceder de manera inequívoca, al texto completo de publicaciones reconocidas por los sectores de ciencia, tecnología e innovación, y que son resultado de la revisión por pares.

El acceso al que se hace referencia también incluye bases de datos que contienen los registros de citas e información bibliográfica de artículos de revistas científicas y tecnológicas, tesis y disertaciones, protocolos, memorias de congresos y patentes, entre otros.

Artículo 67.

El Acceso Abierto y el Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación, tendrán la finalidad de fortalecer la capacidad científica, tecnológica y de innovación del país para que el conocimiento universal esté disponible, a texto completo y en formatos digitales a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en general.

Artículo 68.

Para el adecuado funcionamiento y desarrollo del Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación de Calidad, el CONACyT deberá:

I. Actualizar permanentemente la adquisición de recursos de información científica y tecnológica publicada;

II. Simplificar los procesos administrativos para la adquisición de bases de datos y colecciones de información científica y tecnológica en formato digital;

III. Promover la operación y uso de bases de datos de publicaciones electrónicas en las instituciones de educación superior y centros de investigación;

IV. Ampliar la cobertura temática de las publicaciones científicas y tecnológicas disponibles a los usuarios mediante el uso colectivo de las colecciones, y

V. Promover la capacitación a los usuarios, con el apoyo y seguimiento de las instituciones de educación superior y centros de investigación, con la finalidad de hacer mejor uso y aprovechamiento de los acervos.

Artículo 69.

Los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado, cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, por decisión personal podrán, depositar o en su caso autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final aceptada para publicar en Acceso Abierto a través del Repositorio Nacional, comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación respectivo, lo anterior bajo los términos que al efecto establezca el CONACyT.

Artículo 70.

El CONACyT operará el Repositorio Nacional de conformidad con los lineamientos, bases de organización y demás disposiciones aplicables a fin de dar certeza a los contenidos y seguridad a los procesos de diseminación del conocimiento.

La principal función del Repositorio Nacional será el acopio, preservación, gestión y acceso electrónico de información y contenidos de calidad, incluyendo aquellos de interés social y cultural que se producen en México con fondos públicos.

El repositorio operará mediante el uso de estándares internacionales que permitan buscar, leer, descargar textos completos, reproducir, distribuir, importar, exportar, identificar, almacenar, preservar y recuperar la información que se reúna.

Artículo 71.

Los contenidos de información de calidad serán aquellos que resulten del proceso de publicación científica y tecnológica formalizado con revisión por los pares del autor y evaluadas por el CONACYT.

El presente capítulo y los lineamientos que de él se deriven, respetarán en todo momento la legislación aplicable, incluida aquélla en materia del derecho de autor.

Artículo 72.

En materia de Acceso Abierto y operación del Repositorio Nacional, el CONACyT deberá:

I. Crear, desarrollar, coordinar, dirigir, administrar y establecer las políticas que regulen la seguridad y sostenibilidad, así como la gestión y preservación a largo plazo de los recursos de información.

II. Establecer la normativa a nivel nacional, para acopiar, integrar, estandarizar, interoperar, almacenar y difundir la información derivada de investigaciones así como de material académico, científico, tecnológico y de innovación.

III. Crear y operar el Repositorio Nacional de acuerdo con normas internacionales impulsando la interoperabilidad con los demás repositorios a fin de garantizar la recuperación, autentificación y evaluación de la información.

Artículo Segundo.Se reforma la fracción VIII del artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14.Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abiertoy su divulgación, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.

IX. a XIII. ..

...

Artículo Tercero.Se adicionan las fracciones XII y XVII del artículo 2, recorriéndose las subsecuentes en cada adición, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2.El CONACyT tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al CONACyT, a través de los órganos que establece esta Ley y de sus representantes, realizar lo siguiente:

I. a XI. ...

XII. Promover y fortalecer el Repositorio Nacional y los Repositorios, por disciplinas científicas y tecnológicas u otros que determine, a cuyo efecto emitirá los lineamientos a que se sujetarán los mismos. Establecer la conformación y funcionamiento del Repositorio Nacional a través de los lineamientos y reglas de operación que estime convenientes y de conformidad con las leyes aplicables a la materia, para incentivar la publicación en acceso abierto de las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada;

XIII.Emitir los criterios generales, términos de referencia y parámetros de evaluación para medir el impacto, los resultados y beneficios de los recursos asignados a los programas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que realicen investigación científica y tecnológica, así como de los apoyos otorgados para la investigación científica y tecnológica;

XIV.Dictaminar, administrar y evaluar los aspectos técnicos y científicos vinculados con la aplicación de los estímulos fiscales y otros instrumentos de fomento de apoyo a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico;

XV.Proponer para su aprobación ante la Junta de Gobierno la creación, transformación, disolución o extinción de centros públicos de investigación con base en criterios de oportunidad de desarrollo, vinculación con necesidades y prioridades, y a un sistema de evaluación de calidad y productividad institucional; debiéndose contar con la opinión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico;

XVI.Promover y apoyar la conformación y funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación para definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y concertar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como definir los criterios y estándares de calidad institucional aplicados en los procesos de evaluación para ingreso y permanencia en dicho sistema;

XVII. Emitir los lineamientos y criterios generales para el funcionamiento, coordinación y evaluación de la información. Definir las políticas, instrumentos y medidas de apoyo para el acceso abierto y el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación, así como para el funcionamiento del Repositorio Nacional;

XVIII.Promover y apoyar el desarrollo de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y los proyectos de investigación científica y tecnológica de las universidades e instituciones públicas de educación superior;

XIX.Formular estudios, programas y promover, conjuntamente con las autoridades competentes, planes de carrera orientados a ofrecer incentivos para la profesión de investigador y tecnólogo, fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad de investigadores entre centros, constituir nuevos centros e instituciones, incluyendo aquellos orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel y especialización en áreas científicas y tecnológicas y crear redes en áreas estratégicas de propuestas de conocimiento. Dichos planes de carrera comprenderán catálogos de puestos y tabuladores de sueldos para los centros públicos de investigación;

XX.Diseñar, organizar y operar programas de apoyo y un sistema nacional de estímulos e incentivos para la formación y consolidación de investigadores y grupos de investigadores en cualquiera de sus ramas y especialidades, así como promover el establecimiento y difusión de nuevos premios y estímulos;

XXI.Aportar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y, en general, a personas físicas y morales, públicas, sociales y privadas, para el fomento y realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos, en función de programas y proyectos específicos, en los términos de esta Ley, de la Ley de Ciencia y Tecnología y, en su caso, de los convenios que al efecto celebre el CONACyT con otros aportantes y con las instituciones o centros interesados, sin perjuicio de que dichas instituciones y centros sigan manejando e incrementando sus propios fondos y patrimonio;

XXII.Formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades, y concederlas directamente, así como integrar la información de los programas de becas que ofrezcan para postgrado otras instituciones públicas nacionales o los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes;

XXIII.Operar en colaboración con las entidades federativas, el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica y el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, y publicar la información estadística de dicho sistema;

XXIV.Apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los aspectos técnicos y científicos que requieran para sustentar la formulación y modificación de sus esquemas regulatorios y sus funciones de normalización y metrología, y promover la certificación tecnológica de las empresas, así como promover y verificar el cumplimiento de las disposiciones que establezcan compromisos para la realización de actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, en coordinación con las autoridades competentes;

XXV.Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos realizados tanto por los investigadores nacionales como por los extranjeros que residan en el país, mediante la utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de la ciencia y la tecnología nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades trascendentes de los centros públicos de investigación;

XXVI.Investigar en forma directa exclusivamente sobre el desarrollo y estado de la ciencia y la tecnología, para lo cual deberá:

A. Sistematizar y mantener actualizada la información de recursos humanos, materiales y financieros dedicados a la investigación científica y tecnológica y desarrollo tecnológico en el país;

B. Realizar estudios prospectivos para identificar las necesidades nacionales en ciencia y tecnología, estudiar los problemas que la afecten y sus relaciones con la actividad general del país, y

C. Promover la operación de servicios de información y documentación científica, en el marco del Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica;

XXVII.Coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas para el establecimiento, operación, integración, desarrollo y evaluación tanto de los consejos locales de ciencia y tecnología como de los programas estatales en estas materias;

XXVIII.En lo que se refiere a asuntos internacionales en materia de ciencia y tecnología:

A. Ejecutar programas y proyectos de cooperación científica y tecnológica internacional, obtener información y dar a conocer las acciones de cooperación científica y tecnológica pactadas y desarrolladas por el CONACyT o por dependencias y entidades que apoyen la formulación e instrumentación de la política nacional de ciencia y tecnología, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tales actividades deberán observar las disposiciones legales aplicables;

B. Remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su dictamen jurídico, los acuerdos y convenios internacionales que en ámbito de la ciencia y la tecnología requiera suscribir el CONACyT, así como concertar convenios con instituciones extranjeras y con agencias internacionales para el cumplimiento de su objeto, previa consulta jurídica con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Participar conforme lo dispongan las leyes aplicables, en los organismos o agencias internacionales de los que México sea parte y que se relacionen con la materia de su competencia;

C. Fomentar programas de formación de recursos humanos de alto nivel y de intercambio de profesores, investigadores, técnicos y administradores, en coordinación con dependencias, entidades, instituciones académicas o empresas, tanto nacionales como extranjeras;

D. Concertar acuerdos de cooperación técnica que identifiquen y seleccionen oportunidades para establecer flujos positivos de conocimiento y recursos tecnológicos hacia las empresas nacionales, bajo criterios de asimilación inicial y posterior innovación;

E.Asesorar, al titular del Ejecutivo Federal y a sus dependencias y entidades, la definición de posiciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a ser presentadas por el Gobierno de México en los diversos foros y organismos internacionales en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XXIX.Ejercer las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las dependencias coordinadoras de sector, respecto de las entidades paraestatales que el Presidente de la República determine, en los términos de los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

XXX.Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto en los términos de esta Ley y de la Ley de Ciencia y Tecnología.

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El CONACyT expedirá dentro de un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, los lineamientos y disposiciones correspondientes para el funcionamiento del Repositorio Nacional.

TERCERO.El CONACyT contará con un plazo no mayor a 18 meses a partir de la expedición de los lineamientos y disposiciones correspondientes, para capacitar, convocar, organizar y coordinar a las instituciones e instancias en materia de acceso abierto, diseminación de la Información y funcionamiento del Repositorio Nacional.

El CONACyT procurará y promoverá la homologación de la normativa existente en los Estados e Instituciones que por su actividad estén sujetas a las disposiciones establecidas en este Decreto, ésta homologación deberá ejecutarse en el tiempo señalado en el párrafo anterior.

CUARTO.El CONACyT dentro de su presupuesto anual, preverá los recursos necesarios para la creación, impulso y fortalecimiento de las plataformas tecnológicas, así como para el fortalecimiento del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, en lo conducente a las disposiciones establecidas en el presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de Abril de 2014

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), presidente; Juan Pablo Adame Alemán, Luis Miguel Ramírez Romero, Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), secretarios; Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga, Miguel Ángel Aguayo López, Salvador Barajas del Toro, Benito Caballero Garza, Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba, Roberto López González (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 15:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 3 de abril de 2014 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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