Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 256 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:13 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 8 de abril de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Relativo a proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo.

De la Junta de Coordinación Política

Relativo a cambio de integrante de Comisión Parlamentaria.

De los diputados Crystal Tovar Aragón, Humberto Armando Prieto Herrera, Patricia Lugo Barriga, Verónica Beatriz Juárez Piña, Martha Berenice Álvarez Tovar, Trinidad Morales Vargas y Rosa Elba Pérez Hernández

Relativo a retiro de Iniciativas con proyecto de decreto y de Proposición con punto de acuerdo.

Del Congreso del Estado de Jalisco

Con el que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la reforma del artículo 257 de la Ley Federal del Trabajo.

Del Instituto Federal Electoral

Con el que remite el Informe sobre el resultado obtenido de la implementación de las bases para la transición del patrimonio, derechos, obligaciones y estado que guardan los asuntos del Instituto Federal Electoral y que pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio.

De los gobiernos de los estados de Chiapas y de Guanajuato

Con el que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Solicitud de licencia

Del diputado Roy Argel Gómez Olguín.

Toma de protesta

Del diputado Ángel Alain Aldrete Lamas.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 y se adiciona una fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de las Organizaciones Ganaderas.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 18, y adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; reforma el párrafo quinto y adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 82; y adiciona la fracción XXI al artículo 2, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración.

De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación, y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que adiciona un inciso C al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del Derecho a la Navegación Segura en Internet” a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que declara el día 9 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Odontólogo.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de impulsar políticas públicas y programas sociales tendientes a generar espacios laborales adecuados, para las personas con discapacidad que fueron desplazadas de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y diversas Autoridades, para que realicen campañas de difusión masivas permanentes incluyendo establecimientos mercantiles con el giro de café internet y papelería, de las penalidades federales a quien cometa el delito de pornografía infantil.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT, difunda las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión hasta por 30 años, de la autopista Manzanillo-Guadalajara en su tramo Manzanillo-Armeria, en el estado de Colima, para la promotora y operadora de infraestructura (PINFRA).

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se solicita a CAPUFE, para que a través del Órgano Interno de Control, se investiguen los supuestos casos de corrupción que se presentan en las Plazas de Cobro números 60 Rodolfo Robles y 85 Luis Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SCT, solucione el colapso del Puente Tamaca y se reinicien los trabajos para la terminación del Paso Superior Tamaca, en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz y la carretera Méx-180M.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la SCT, eliminar la Caseta de Cobro 045, ubicada en el Municipio de Fortín de las Flores, entre las Ciudades de Córdoba y Orizaba, Veracruz.

Agenda política

Comentarios relativos al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Economía a instrumentar las medidas necesarias para que se agilice el pago del “Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013”. (Votación)

Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, realice un nuevo peritaje en el que se indique los pasos que han de seguirse para lograr el rescate seguro y viable de los restos de los mineros fallecidos en 2006, que yacen en Pasta de Conchos. (Votación)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incorporar en la Cartilla Nacional de Vacunación, un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica (IRC), a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berúmen, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el Gobierno del Estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, los Reyes la Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, STPS y de la SHCP, a fin de analizar y resolver el problema que afecta a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Iniciativas

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo de los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 103 y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Teresita de Jesús Borges Pasos, Yesenia Nolasco Ramírez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos artículo 69, 89 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y expide la Ley General de Prevención del Delito, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 8o. del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 51 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de las diputadas Loretta Ortíz Ahlf y Margarita Elena Tapia Fonllem, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 282 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender la Obesidad y el Sobrepeso, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9o. y 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo y suscrita por el Dip. J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta de los Hidrocarburos, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 44 Ter a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 38 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 114, 115, 216 y 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167, 179 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De Decreto, para declarar el 22 de abril como “Día del Municipio”, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 65 bis 8 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley que Crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 315 bis 1 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de los Derechos Laborales y de Seguridad Social de las y los Trabajadores Petroleros, Electricistas y Mineros, Reglamentaria del Artículo 2º Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez y suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 19 y 21 de la Ley Minera, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire y suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 353-C y 353-E de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México y de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44, 47 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Margarita Licea González y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de los diputados Lizbeth Loy Gamboa Song y Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza, y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1055 Bis, 1168 y 1175 del Código de Comercio, a cargo del diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7 Bis y 15 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11 y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Conagua, de la Semarnat, de la Sagarpa y de la SE, a generar un nuevo instrumento que regule el aprovechamiento sustentable de las aguas del subsuelo de las cuencas de las lagunas de Tochac y Tecocomulco, a cargo del diputado Francisco González Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretarías de Salud Federal, Estatales, al IMSS e ISSSTE, a fin de verificar que las mujeres embarazadas que han entrado en trabajo de parto sean atendidas de manera oportuna, digna y con calidad, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y del SAT, a revisar el sistema para la inscripción, cambio de actividades y demás trámites que se realizan a través del portal de la página del SAT, solicitando una prórroga para compensar a los contribuyentes que finalizó el 31 de marzo de 2014, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los damnificados por el huracán “Manuel” en la montaña de Guerrero, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la política sectorial encaminada a la consolidación de acciones preventivas y de tratamiento focalizado, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SS y de la Profeco, para que vigilen la calidad de los pescados y mariscos en venta durante esta época de cuaresma, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias correspondientes de integrar los Bancos Estatales de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres a cumplir con la ley en esta materia, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF, a fin de conminar a los delegados de Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, a implementar un programa de desazolve, a fin de prevenir y evitar desastres en la próxima temporada de lluvias, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del Día Mundial de la Salud, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura, en razón de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de abril de dos mil catorce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos setenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del jueves tres de abril de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, con relación a cambio de integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. De enterado. Comuníquese.

b) De los diputados:

• Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos sesenta y cuatro de la Ley General de Salud, y ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo, presentada el veinticuatro de septiembre dos mil trece.

•  Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos tercero, y noventa y dos de la Ley General de Vida Silvestre, presentada el cuatro de febrero dos mil catorce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Comisión de Hidrocarburos, la que remite el Reporte Anual del Cumplimiento de Actividades y Metas Programadas, correspondiente al año dos mil trece. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo dos mil trece-dos mil dieciocho. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Relativo a la responsabilidad de diversas autoridades, por los daños causados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta al Gobierno Federal y al sector empresarial, a fin de implementar programas que den oportunidad de empleo digno y justo a los egresados de licenciaturas universitarias y tecnológicas. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

– Con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

e) De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Teresa de Jesús Mojica Morga, Gloria Bautista Bravo, ambas del Partido de la Revolución Democrática; Flor de María Pedraza Aguilera, María Beatriz Zavala Peniche, en dos ocasiones, ambas del Partido Acción Nacional; Lizbeth Loy Gamboa Song, Mauricio Sahui Rivero, en dos ocasiones, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Cinthya Noemi Valladares Couoh, del Partido Acción Nacional; y Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva al diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que en votación económica, no se toma en consideración y se desecha.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen la diputada y los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática;

A las trece horas con cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y tres diputadas y diputados.

Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional;

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra en el Salón de Sesiones una delegación de diputados integrantes del Comité de Finanzas y Asignaciones de la Asamblea Nacional de Kenia, encabezada por la señora Mary Emaase, quienes asistieron a una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado José Sergio Manzur Quiroga, del Partido Revolucionario Institucional y Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional.

Se somete a discusión e intervienen en contra los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; y Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro intervienen los diputados: Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática; y Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional. Se concede el uso de la palabra para rectificación de hechos los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional; Fernando Belaunzarán Méndez, y Marcos Rosendo Medina Filigrana, ambos del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de la misma manera se aprueba. En votación nominal, por mayoría calificada de cuatrocientos diecisiete votos a favor; cuarenta y uno en contra; y cuatro abstenciones se aprueba la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El Presidente declara que la Cámara de Diputados ha elegido como integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a los siguientes ciudadanos:

• Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

• Consejeros electorales por nueve años. Adriana Margarita Favela Herrera; José Roberto Ruiz Saldaña; y Ciro Murayama Rendón.

• Consejeros electorales por seis años. Marco Antonio Baños Martínez; Enrique Andrade González; Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; y Benito Nacif Hernández.

• Consejeros electorales por tres años. Beatriz Eugenia Galindo Centeno; Arturo Sánchez Gutiérrez; y Javier Santiago Castillo.

Comuníquese la declaratoria; désele formato de decreto; y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Damián Zepeda Vidales y suscrita por la diputada María Guadalupe Mondragón González, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos treinta y cinco, cuarenta y nueve, ciento quince, y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento cincuenta y siete Bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y dos Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• María Guadalupe Mondragón González, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos veintiocho, y veintinueve a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, que reforma el artículo quinientos sesenta y dos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• José Ángel González Serna, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y tres del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, que reforma los artículos quinientos setenta, y quinientos setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo:

• Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al presidente del Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, para que, en el marco de la celebración del centenario del natalicio de Octavio Paz, se denomine al Patio Central de la Ciudad de los Libros con el nombre de Octavio Paz. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a fin de modificar el artículo veinticuatro del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

• Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Banco de México a transferir a las instancias correspondientes el diez por ciento de las reservas internacionales para subsidiar el precio de los combustibles, el gas y la energía eléctrica durante el dos mi l catorce. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Antonio Cuéllar Steffan y Jorge Francisco Sotomayor Chávez, de los Grupos Parlamentarios de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Acción Nacional, respectivamente, por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, para que ejerzan las acciones que procedan con el objeto de conservar y hacer efectivos los derechos que legal y contractualmente les corresponden, referentes a la terminación y debida operación de la línea doce del metro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Zuleyma Huidobro González y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, relativo a la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos que amenazan la sierra nororiental del estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a los titulares del Gobierno del Estado de México y de la Comisión Nacional del Agua, para que se lleve a cabo el proyecto de limpieza, desazolve y entubamiento del Río de los Remedios, a fin de evitar futuras inundaciones y problemas sanitarios en la zona. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la atención de sequías e inundaciones, a fortalecer la toma de decisiones al interior de la misma. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• William Renan Sosa Altamira, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a integrar en el subsidio destinado a la seguridad pública (Subsemun) a todos aquellos municipios que registren una eficaz implementación de los recursos en ejercicios anteriores. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que haga cumplir la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las normas oficiales mexicanas, en materia de etiquetado de jugos, néctares y otras conservas. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que adecúe las reglas de operación del programa Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los titulares de las dieciséis delegacionales del Distrito Federal, para que lleven a cabo acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos sobre presentan condiciones de abandono y deterioro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de la República, a fin de investigar el posible caso de corrupción relacionado con la empresa Representaciones y Distribuciones Eyva Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Rosalba de la Cruz Requena, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, consideren en la elaboración de sus políticas públicas, la propuesta de los Lineamientos Base para la Operación del Programa de Coinversión Social Apoyo a Mujeres Cuidadoras, del Honorable Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Gobierno del estado de Coahuila, a inspeccionar y supervisar las áreas respectivas y los trabajos realizados en los pocitos verticales de carbón, y se investiguen los hechos ocurridos el día veintisiete de marzo de dos mil catorce, en el municipio de Muzquiz, en donde fallecieron dos mineros. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transparente el origen y destino de los recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que requieran a la empresa Radiomóvil DIPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, Telcel, que otorgue a los usuarios un servicio eficiente y establezcan una sanción conforme a la normatividad aplicable a la empresa por el daño que causa a sus clientes por el deficiente servicio que presta en telefonía celular. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en coordinación con la Secretaría del Trabajo del estado de Coahuila, se refuercen las actividades de inspección sobre la situación en la que se trabaja en las minas de carbón, a fin de garantizar condiciones dignas y seguras. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al jefe de gobierno del Distrito Federal, para que a través de su Secretaria de Obras y Servicios, realice un estudio detallado en materia de obra pública y de servicios urbanos, para verificar que se dé cumplimiento a todas las normas en el otorgamiento de permisos futuros para construcción de obras viales y pavimentos hidráulicos. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, difunda la información sobre las causas que provocaron la minusvalía en el monto de los fondos que administran las Afores, los efectos en la situación financiera de las mismas y los riesgos en lo que resta del año. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, relativo al Decreto de Expropiación en la comunidad de Buenavista, municipio de Tlaxco, estado de Tlaxcala. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes ocho de abril, de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a ponerla a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.

VIOLENCIA EN TAMPICO, TAMAULIPAS

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, antes de continuar con las comunicaciones, sonido en la curul del diputado Germán Pacheco. Dígame, diputado.

El diputado Germán Pacheco Díaz(desde la curul): Buenos días, señor presidente. Nada más para hacer un comentario de lo que se está viviendo en mi tierra, en Tampico, Tamaulipas.

Hace aproximadamente tres semanas, el senador Francisco García Cabeza de Vaca subió un punto de acuerdo, el cual fue negado, y hoy lo estamos viviendo, lo que pasa en Tamaulipas.

Hago un exhorto al Ejecutivo, que ponga los ojos en Tamaulipas. Doy gracias a los medios de comunicación porque hoy sí están pasando lo que pasa en Tampico. Tampico ahorita es un municipio sin autoridad. Todo lo que está viendo México le quiero decir que es realidad.

Hoy, el día de hoy, siguen suspendidas las clases, siguen cerrados varios negocios. Ya van más de 20 muertos y la autoridad lo único que ha dicho, que es un arreglo de cuentas entre el crimen organizado, pues sí, pero la ciudadanía qué culpa tiene de eso.

Por eso un diputado hace aproximadamente dos meses también hizo una aclaración, que no sacaran las fuerzas federales de Tamaulipas y menos de esa zona. El pretexto fue de llevar más apoyo a Michoacán.

Creo que Michoacán está pasando por una situación igual, pero se le dijo bien claro al gobierno del estado, de que luchara por eso para que no se fueran las fuerzas federales, y hoy estamos viviendo ese reflejo de inseguridad que se vive en Tampico, Tamaulipas, que se vivió en Matamoros, que se vivió en Reynosa, en Ciudad Mier y en Miguel Alemán.

Por eso hago un exhorto al Ejecutivo, que voltee a ver a Tamaulipas y en especial al sur de Tamaulipas. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, su intervención quedará debidamente registrada en el Diario de los Debates.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Rosendo Medina Filigrana. ¿Dígame, diputado?

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Para informar a esta asamblea que el pasado domingo murió en esta Ciudad de México el ingeniero Leandro Rovirosa Wade quien fuera secretario de Recursos Hidráulicos del gobierno federal y gobernador de Tabasco.

Como gobernador de Tabasco, don Leandro Rovirosa fue el impulsor del Tabasco moderno, a él debemos, por ejemplo, en Chontalpa Chica la construcción de puentes de concreto en lugar de puentes de madera, debemos también la construcción de autopistas, debemos la construcción de museos, del teatro Esperanza Iris, de la zona de investigación de las culturas Olmeca y Maya, y sobre todo, el desarrollo urbano de Tabasco 2000, que hoy es un ícono de la sociedad de Villahermosa.

Quiero decirle, diputado presidente, que el ex gobernador Leandro Rovirosa Wade era un hombre que generaba consensos y afectos.

Por eso, los diputados Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional, el diputado Tomás Brito Lara, Antonio Sansores Sastré, Juan Manuel Fócil Pérez y su servidor, del Partido de la Revolución Democrática, externamos nuestra solidaridad a su familia, a su nieto, nuestro compañero legislador Gerardo Gaudiano Rovirosa y rogamos a esa Presidencia, que usted dignamente encabeza, pudiera obsequiarnos un minuto de silencio en honor a la memoria del impulsor del Tabasco Moderno, don Leandro Rovirosa Wade.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado, esta Presidencia hace suya la propuesta y yo le pediría a todos los presentes nos pongamos de pie para dar un minuto de silencio en memoria del ex gobernador Leandro Rovirosa Wade.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias.

Descanse en paz don Leandro Rovirosa. Y también a nombre de la Mesa Directiva expreso las más sentidas condolencias a nuestro compañero Gerardo Gaudiano, nieto del ex gobernador, compañero nuestro aquí presente. Un abrazo solidario de los integrantes de la Mesa Directiva, diputado.

VIOLENCIA EN CONTRA DE FUNCIONARIOS SINDICALES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

El Presidente diputado José González Morfín: Ahora sí, sonido en la curul de la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf(desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para informar a esta soberanía de los hechos graves que ocurrieron ayer en la Universidad de Colima.

Las autoridades universitarias, el cuerpo de seguridad del rector expulsó, sacó a empeñones y empujones a los funcionarios sindicales que estaban en ejercicio del derecho legítimo a la huelga en la universidad. Esto es un hecho gravísimo, por cuanto además tiene por antecedente que ya se había demostrado —y hay diversos acuerdos de la Cámara de Diputados en este sentido, y está en la Auditoría Superior de la Federación— el hecho de que se han erogado, se han gastado las autoridades universitarias, el Fondo de Pensiones y de Jubilaciones de los Trabajadores de la Universidad de Colima.

Los hechos de ayer demuestran una falta absoluta de cumplimiento y respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores de la universidad y precisamente en violación más que grave a sus derechos sindicales. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. También su denuncia ya quedó debidamente registrada.

SOLICITUD PARA PASAR A COMISIONES TODAS LAS MINUTAS QUE LLEGUEN DEL SENADO

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán. Dígame diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Para hacer un exhorto, muy gentil, muy respetuoso, tanto a la Junta de Coordinación Política como a la Mesa Directiva para que hagamos nuestro trabajo de acuerdo a la gran responsabilidad que tenemos, que en las grandes reformas que se están discutiendo, algunas en el Senado, no se vuelva a repetir —me parece— el despropósito de ahorrarse el trámite, el dispensar el trámite, y que yo diría que no es un trámite, sino que se dispense la ida a comisiones de las minutas.

Creo que es muy importante que los distintos diputados hagamos un trabajo muy serio, muy profesional en las comisiones. Muchos legisladores, y yo coincido con ellos, han dicho que ésta es una Legislatura histórica, pero que no sea solo por la cantidad, sino también por la calidad de nuestro trabajo, que no lo hagamos sobre las rodillas.

Si hay de alguna manera premura, existe la figura por ejemplo de trabajar en conferencias las comisiones; si se quiere eso, pues que se haga eso, pero que no se les quite a los legisladores, a los diputados, la posibilidad de hacer un trabajo serio para dictaminar en comisiones.

Hago este llamado respetuoso para que respetemos nuestra Constitución que establece que es bicameral y por lo tanto no convirtamos nuestro sistema de facto en uno unicameral, y que no sea esta Cámara un simple espacio de trámite para sesiones interminables que disque son muy cansadas y que no se puede trabajar como se debe para poder enriquecer, hacer nuestras expresiones en las comisiones.

Hago un gentil exhorto tanto a la Junta de Coordinación Política como a la Mesa Directiva para que las reformas que se están trabajando en el Senado, cuando lleguen, se le dé el trámite a las comisiones y las podamos trabajar en las comisiones como se merece por la trascendencia que tienen las cosas. Es un gentil exhorto y quisiera que quedará establecido así en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado José González Morfín: Así quedará, diputado. Gracias.

VIOLENCIA EN CONTRA DE FUNCIONARIOS SINDICALES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Arnoldo Ochoa. Dígame, diputado.

El diputado Arnoldo Ochoa González(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para dejar en conocimiento del pleno de esta Cámara, en el asunto que hace un momento se trató de la Universidad de Colima, es un asunto interno del sindicato. De 42 delegados 32 desconocieron a la actual dirigencia. Es un asunto totalmente interno donde rectoría no tiene que ver en ese tema. Nada más para dejarlo claro.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposición con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Cultura y Cinematografía

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a constituir un fondo para desarrollar en los municipios del país programas de educación musical.

Igualdad de Género

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California Sur, a que promulgue el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso del estado, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio.

Relaciones Exteriores

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a hacer del conocimiento público el estado de las negociaciones del acuerdo de asociación transpacífico, así como la postura oficial para cada uno de sus capítulos.

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a transmitir al estado de Belarús la felicitación del Grupo de Amistad México-Belarús de la Cámara de Diputados, por los resultados obtenidos por ese país en los XXII Juegos Olímpicos de Invierno.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2014.— Diputado José González Morfín (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a constituir un fondo para desarrollar en los municipios del país programas de educación musical

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero.Con fecha 25 de febrero de dos mil catorce, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a constituir un fondo para desarrollar en los municipios del país programas de educación musical.

Segundo.Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número DGPL 62-II-5-1508, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero.Mediante oficio número CCC/LXII/1784, de fecha 4 de marzo de 2014, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición turnada a los diputados integrantes de la comisión, a fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el veintiséis de marzo de dos mil catorce, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero.Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a constituir un fondo para desarrollar en los municipios del país programas de educación musical, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.Que fijada la competencia de esta Comisión dictaminadora, procede a plantear el juicio reflexivo contenido en su motivación.

En este contexto, la proponente señala que en Venezuela se fundó el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e infantiles, el cual es un programa de educación musical que tiene como objetivo sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música, a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico.

Asimismo, sostiene que la red cuenta con aproximadamente 120 orquestas juveniles y orquestas infantiles en el que participan alrededor de 350 mil jóvenes. El propósito del sistema es usar la música para la protección de la niñez por medio del entrenamiento, rehabilitación y prevención del comportamiento criminal.

Este modelo exitoso dirigido a los jóvenes ha intentado ser reproducido en México por algunas fundaciones de carácter privado, por lo que la proponente considera que es el momento de impulsar una política pública de acceso a la música orientada a la niñez y juventud, a partir del ámbito municipal, para que de ahí se desarrollen acciones orientadas a la enseñanza de instrumentos musicales mediante el apoyo económico de la federación.

Por ello, propone la constitución de un fondo cuyo patrimonio sea integrado con recursos públicos, pero también con aportaciones del sector privado y social, y de personas físicas o morales, al cual puedan tener acceso los municipios del país interesados en desarrollar en sus comunidades la formación de sus habitantes. Que en México, existen muchas orquestas sinfónicas o filarmónicas que reciben apoyo de las universidades del país y de particulares, por lo que estima factible la creación de un fondo para la adquisición de instrumentos y el pago de un estímulo mensual a los maestros que impartan su enseñanza.

Especifica que el desarrollo de un programa formal para impulsar la enseñanza musical en el nivel municipal, atraerá la atención de niños y jóvenes que encontrarán en el aprendizaje de un instrumento un aliciente en sus vidas y servirá como una medida preventiva para combatir la delincuencia y evitar que muchos jóvenes sigan conductas equivocadas.

Tercero.Una vez analizado el punto de acuerdo en estudio, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con la diputada promovente, en el sentido de que es importante desarrollar programas para impulsar la enseñanza musical que sirva como una medida preventiva para combatir la delincuencia, así como para fomentar el desarrollo de las y los niños y jóvenes que sobresalgan por sus aptitudes musicales.

Sin embargo, creemos conveniente considerar que el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), es el área del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) encargada de impulsar la práctica musical de niños y jóvenes del país para conformar orquestas, coros y bandas tanto infantiles como juveniles.

Asimismo, es la institución responsable de promover a través del quehacer musical, el desarrollo integral de niños y jóvenes, principalmente de quienes habitan en las localidades más desprotegidas social y económicamente del país, con lo cual contribuye a la recomposición del tejido social.

La premisa del SNFM es que mediante la pertenencia a una agrupación musical comunitaria, los niños y jóvenes no sólo obtienen una opción de sano entretenimiento, además, la instrucción y la práctica diaria y colectiva del quehacer musical, permite que los niños hagan comunidad, fortalezcan su identidad, y desarrollen actitudes y valores como el trabajo en conjunto y la responsabilidad, con las cuales, pueden visualizar nuevas oportunidades de desarrollo.

Si bien es cierto que la Misión de la institución no es formar músicos profesionales, el SNFM tiene como segundo eje estratégico detectar a los jóvenes talentos brindándoles la oportunidad de dirigirse de una agrupación comunitaria a la profesionalización, a través del programa Orquesta Escuela cuyos estudiantes se incorporan desde el principio a la práctica orquestal en la Orquesta Escuela Carlos Chávez, y una vez concluidas sus unidades de aprendizaje, reciben certificado de nivel licenciatura con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública.

Al 2013, el SNFM cuenta con una red de agrupaciones comunitarias y artísticas, a las cuales pertenecen alrededor de 5 mil niños y jóvenes haciendo música en gran parte del país.

El SNFM está organizado en cuatro coordinaciones nacionales: orquestas, coros, bandas y núcleos comunitarios de aprendizaje musical.

El área encargada de llevar a cabo dicho Sistema es la Coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical, el cual depende de Conaculta y tiene como objetivo consolidar, impulsar y promover al SNFM, mediante la implementación de directrices, creación de programas permanentes de superación artística, estrategias y sistemas de organización que conduzcan hacia la superación y promoción del arte musical en todas las regiones del país, procurando al mismo tiempo la creación de mecanismos que permitan a este Sistema obtener apoyos financieros con instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles que posibiliten la consolidación de nuevas agrupaciones.

Entre sus funciones se pueden encontrar:

• Elaborar la planeación estratégica anual del sistema.

• Realizar los informes periódicos de los proyectos y actividades del sistema para la Presidencia del Consejo.

• Acordar con el presidente del Consejo cuando lo determine.

• Acordar con las Secretarías Técnicas y Direcciones Generales del Consejo para la realización de proyectos y la solución de asuntos de la competencia de cada instancia.

• Diseñar las estrategias de superación docente y capacitación.

• Formalizar relaciones interinstitucionales para el desarrollo de los proyectos artísticos del sistema.

• Evaluar y controlar las acciones realizadas en todos los organismos del sistema.

• Coordinar los programas de superación artística de las agrupaciones afiliadas al sistema.

• Diseñar con el director artístico la programación de las temporadas de la Orquesta Sinfónica  Carlos Chávez.

• Supervisar el estricto manejo de los recursos financieros del sistema.

• Presidir el comité  interno de apoyos institucionales del sistema.

• Delinear las estrategias publicitarias promociónales y extensivas de las actividades artísticas del sistema.

• Establecer una comunicación permanente con los directores de las agrupaciones afiliadas al sistema.

• Controlar el desarrollo de los programas de descentralización regional.

En el mismo sentido, Conaculta cuenta con un Departamento de Recursos Financieros, que tiene como objetivo coordinar las acciones necesarias que permitan controlar los recursos financieros otorgados por el Conaculta, para la operación del SNFM, mediante la instrumentación de mecanismos de registro y control orientados a optimizar las ministraciones, en apego a la normatividad y procedimientos establecidos para tal efecto, que permitan apoyar el trabajo de las áreas sustantivas para el cumplimiento de sus objetivos y programas de trabajo de acuerdo con su planeación; con la finalidad de atender en tiempo y forma los compromisos pactados ante instituciones federales, asociaciones sin fines de lucro, prestadores de servicios artísticos y/o profesionales eventuales, personal adscrito y proveedores, proporcionando un servicio eficiente y de calidad.

Y entre sus funciones se encuentra la de administrar el presupuesto del Sistema Nacional de Fomento Musical a través de procesos, como la integración del presupuesto autorizado por capítulo y partida del gasto en base de datos, distribución del presupuesto por centro de costo, actualización permanente de la base de datos para conocer el avance presupuestal por capítulo, partida y/o centro de costo.

Cuarto.Que esta comisión dictaminadora considera inviable la propuesta en estudio, toda vez que México cuenta con un Sistema Nacional de Fomento Musical, que es ejecutado por diversas áreas dependientes de Conaculta. Este sistema engloba de forma integral todos los objetivos que plantea la proponente, en virtud de que el propósito principal del Sistema es promover a través del quehacer musical, el desarrollo integral de niños y jóvenes, principalmente de quienes habitan en las localidades más desprotegidas social y económicamente del país. Aunado a lo anterior, el SNFM opera con los recursos financieros que le otorga el Conaculta, así como de los mecanismos creados por la coordinación del sistema para obtención de apoyos financieros de las instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único.Se desecha la proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a constituir un fondo para desarrollar en los municipios del país programas de educación musical.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, abril de 2014.

Signan el presente dictamen los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica en contra), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González, Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), secretarios; Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Juana Bonilla Jaime, Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche, Alejandro Sánchez Camacho.»

«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California Sur, a que promulgue el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso del estado, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Baja California Sur a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso local, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, con el establecimiento en dicho numeral del delito de feminicidio, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 157, 162, 173, 174, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha de 4 de febrero de 2014, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Baja California Sur a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso local, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, con el establecimiento en dicho numeral del delito de feminicidio, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

El diputado promovente durante su exposición de motivos señaló que el pasado 2 de febrero del año en curso el portal de noticas Sin Embargo dio a conocer que el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, vetó el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso local, mediante el que se adiciona el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio.

Debido a lo anterior, el promovente recalcó que el clima en que los actos de violencia contra la mujer han incrementado en dicha entidad y mencionó que el Observatorio de Violencia Social y de Género de Baja California Sur que reveló que desde 2009 se contaron 29 feminicidios, sin tomar en cuenta aquellos que fueron mal clasificados como muertes accidentales.

Señaló que en una nota publicada el 22 de enero, el colectivo Pericú denunció que en los últimos meses de 2013 se presentaron 12 casos de feminicidios en La Paz y Los Cabos, principalmente, lo que señaló dicho colectivo como muestra de la necesidad de tipificar este tipo de delitos.

El promovente continúa en su exposición de motivos señalando que gobernador determinó no publicar las reformas en el Diario Oficial de la Federación y las regresó al Congreso para su revisión, al considerar que existían “deficiencias” en el rubro de las penalidades.

Y concluye que se debe precisar que el feminicidio se caracteriza por el tipo de violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres. De la misma manera en que se mata a una persona por raza, nacionalidad, religión u orientación sexual, se asesina por razón de género; esto es feminicidio. El sustento ideológico que justifica tal acción lo constituye el sexismo, productor de desigualdades en que las diferencias biológicas, entre las mujeres y los hombres se usan políticamente para avalar la superioridad de los hombres frente a las mujeres.

Que un elemento importante son los actos violentos que pueden estar presentes en el feminicidio, es el uso excesivo de la fuerza física, es decir a causa de golpes, quemaduras, traumatismos, asfixia, mutilaciones, torturas, incineración, heridas punzo cortantes, lo que refleja la extrema violencia utilizada por parte de los victimarios para terminar con la vida de las mujeres. Otro tipo de agresiones que no se reflejan en la necropsia pero que están presentes en la violencia generada hacia las mujeres son los insultos, intimidación, acoso sexual, entre otras manifestaciones.

Por lo tanto, este tipo de agresiones misóginas son importantes para establecer la violencia que se encuentra en la exposición de los cuerpos de las mujeres asesinadas.

El diputado promovente recordó que el tema de la tipificación del feminicidio cobró auge en Baja California Sur (BCS) casi al finalizar 2013, cuando se hallaron muertas dos adolescentes de 15 y 14 años, en sus domicilios, en Los Cabos.

Aunado a ello, oportunamente señaló que ante el contexto de feminicidio y la violencia sistemática contra las mujeres, diversos mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado mexicano, considerar el feminicidio como un delito, dentro del Código Penal Federal y los códigos penales estatales, atendiendo a esta recomendación y debido al contexto político considera el promovente que no se deben vetar o frenar diversas iniciativas para tipificar el feminicidio.

Y concluye que justamente este tipo de acciones son un reflejo de cómo el país se debate entre un México que lucha por construir una cultura de equidad e igualdad y que por otro lado vive una práctica cotidiana de impunidad, altos índices de corrupción e inoperancia del Estado en la investigación de los asesinatos de mujeres, elevan el número de feminicidios.

Sin embargo señaló que en algunos estados, la tipificación del feminicidio es considerada una forma para que los estados se eximan de sus responsabilidades en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, al tipificar con elementos subjetivos y de difícil acreditación, que no permiten investigar este tipo de asesinatos y volviendo invisible la problemática, y en específico considera el caso de Baja California Sur en el que “simplemente vetan una iniciativa” que ayudaría sin duda alguna a erradicar un delito que ha cobrado auge en dicha entidad; de tal forma, con base en lo antes expuesto propone a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso del estado, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio.

Consideraciones

Personal de la Comisión de Igualdad de Género se dio a la tarea de investigar el estatus del decreto a que se refirió el diputado Mejía Berdeja, dado que durante la exposición de motivos del punto de acuerdo que propuso no fue muy específico al respecto, en efecto a la fecha del 4 de febrero de 2014 en que los promoventes presentaron el punto de acuerdo que se dictamina, existía una controversia en el propio Congreso del Estado de Baja California Sur y el Ejecutivo del mismo estado en virtud de que no se había publicado por parte de éste último el decreto 2122, sin embargo esto al parecer fue porque emitió observaciones al dictamen en tiempo y forma.

Al respecto es oportuno señalar que esta comisión conoció por lo menos de otro exhorto que se llevó a cabo aproximadamente el pasado 26 de junio de 2013, desde el Senado de la República a los congresos de las entidades federativas que aún no han tipificado en su legislación penal el delito de feminicidio, a que en el ámbito de sus respectivas competencias procedan a realizar las acciones legislativas correspondientes para tipificar el delito de feminicidio, ajustándolo debidamente a los instrumentos y estándares internacionales existentes para tal efecto y que en virtud de que han transcurrido con exceso más de 6 meses sin que esto haya tenido lugar en Baja California Sur, en relación a la propuesta del diputada promovente y quien suscribió la proposición, esta Comisión de Igualdad de Género considera urgente y necesario que se verifique ya dicha tipificación, por lo que considera pertinente la proposición del diputado Ricardo Mejía Berdeja para exhortar al gobernador de Baja California Sur a promulgar el decreto 2122, expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso local, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, con el establecimiento en dicho numeral del delito de feminicidio, a efecto de que entre en vigor la tipificación del feminicidio en dicha entidad a favor de la vida y la libertad de las mujeres además de su acceso a la justicia.

Tal parece que el exhorto antes mencionado fue atendido por el Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, toda vez que con fecha 13 de febrero de 2014 fue publicado en el Boletín Oficial de Baja California Sur, el decreto 2122 íntegro y sin modificaciones, es decir sin las observaciones del Ejecutivo estatal, por lo que quedó como sigue:

Artículo 256 Bis. Homicidio Agravado por Feminicidio. Cuando el homicidio sea ejecutado sobre una mujer por razón de su género, se impondrán de veinticinco a cincuenta años de prisión y multa de trescientos a novecientos días de salario mínimo vigente, así como la pérdida del derecho a heredar que pudiera tener respecto a la víctima.

Existen razones de género de parte del sujeto activo, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público;

V. Exista antecedente de violencia en el ámbito familiar, laboral, vecinal o escolar del sujeto activo en contra de la víctima; o

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

En virtud de lo anteriormente expuesto la Comisión de Igualdad de Género considera pertinente desechar el punto de acuerdo que se dictamina toda vez que el mismo ha quedado sin materia.

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California Sur, a que promulgue el decreto 2122 expedido el 28 de noviembre de 2013 por el Congreso del estado, mediante el cual se adicionó el artículo 265 Bis al Código Penal vigente, establecido en dicho numeral el delito de feminicidio, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 4 de febrero de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2014.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamente Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Eugenia de León Pérez (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a hacer del conocimiento público el estado de las negociaciones del acuerdo de asociación transpacífico, así como la postura oficial para cada uno de sus capítulos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a hacer de conocimiento público el estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Así como la postura oficial para cada uno de sus capítulos, presentada el 27 de febrero de 2014, por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, numeral 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del 27 de febrero de 2014, la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.

Contenido

Solicita al titular del Poder Ejecutivo hacer del conocimiento público el estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Así como la postura oficial para cada uno de sus capítulos.

Metodología

La comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y la información pública disponible al momento de su dictamen.

Consideraciones

La comisión destaca algunas consideraciones planteadas por la proponente en su exposición de motivos:

Menciona que el Acuerdo de Asociación Transpacífico, conocido por sus siglas en inglés como TPP, es un acuerdo comercial multilateral que actualmente negocian Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá y algunos países latinoamericanos, como México, Perú y Chile. El tratado impone diversos derechos y obligaciones en materia económica para los países miembros, tendentes a liberalizar el comercio de la región.

También señala que ha trascendido que de los capítulos que componen este acuerdo, quizás el más preocupante es el correspondiente a la propiedad intelectual, pues contempla un aumento sustantivo al esquema de protección de patentes para invenciones del ramo farmacéutico.

Considera que de aprobarse el TPP en esos términos se otorgarían poderes sin precedentes para los titulares de patentes, que les permitirán generar condiciones anticompetitivas de mercado, encareciendo el precio de los medicamentos, inhibiendo la competencia sobre todo (aunque no exclusivamente) de las versiones genéricas de los medicamentos, aun habiendo caducado la patente sobre los compuestos activos esenciales.

En general, estima que la aprobación del TPP supondría una seria disminución de la capacidad de los gobiernos para garantizar el acceso a la salud y el abasto suficiente y de calidad de los medicamentos.

Por las anteriores consideraciones solicita que las áreas competentes del gobierno mexicano hagan del conocimiento público el estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico.

Al respecto, esta comisión aprecia adecuado realizar algunas precisiones:

En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción I, del artículo 76, establece que es facultad exclusiva del Senado de la República la aprobación de los tratados internacionales.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II. a XIV. ...

Por otra parte, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, en su artículo 5, establece que las secretarías de Estado y cualquier organismo de la administración pública federal que representen a México sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado deberán informar al Senado de la República, entre otras, las razones para negociar un tratado, los beneficios y ventajas que representaría la negociación de ese tratado y un programa inicial del proceso de negociación organizado, como enseguida se transcribe:

Artículo 5. Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a través de las comisiones competentes, requerirá un informe a las Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado.

El informe contendrá:

I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo;

II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y

III. Un programa inicial del proceso de negociación calendarizado.

Adicionalmente, el artículo 6 de esta ley dispone: “Con base en la información sobre el avance de las negociaciones las comisiones a las que haya sido turnado el informe... deberán requerir a las secretarías de Estado y a cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México en las negociaciones, con la anticipación necesaria a la fecha determinada para la firma del tratado correspondiente, un informe sobre el resultado final completo de las negociaciones, y sobre la forma en que se atendieron los objetivos de esta ley, ...el informe contará con una explicación amplia y detallada de: I. Los beneficios que se obtuvieron en la negociación; II. Los alcances de la negociación; III. Los compromisos de la negociación, y, IV. Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado.

Asimismo, el artículo 8 de esta ley dispone que las secretarías de Estado y cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México en las negociaciones deberá presentar informes periódicos con base en el programa inicial al que se refiere la fracción III del artículo 5.

Por otra parte, la fracción II, del artículo 13, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental clasifica como información reservada aquella que pudiera “menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado mexicano”.

Capítulo III

Información reservada y confidencial

Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

I. ...

II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;

III. a V. ...

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, estiman que toda vez que por una parte, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica dispone que los informes y solicitudes correspondientes deben turnarse y realizarse por el Senado de la República, en virtud de la facultad constitucional exclusiva de la colegisladora en la materia, no es competencia de esta honorable Cámara de Diputados la proposición correspondiente.

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental clasifica como información reservada aquella que pudiera menoscabar la conducción de las negociaciones de un tratado, se propone desecharla.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, basándose en las consideraciones y argumentaciones jurídicas que preceden, aprecian desechar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de abril del dos mil catorce.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Agustín Barrios Gómez, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia García Medina (rúbrica en contra), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a transmitir al estado de Belarús la felicitación del Grupo de Amistad México-Belarús de la Cámara de Diputados, por los resultados obtenidos por ese país en los XXII Juegos Olímpicos de Invierno

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnada para análisis y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a transmitir al Estado de Belarús la felicitación del Grupo de Amistad México-Belarús de la Cámara de Diputados por los resultados obtenidos por ese país en los XXII Juegos Olímpicos de Invierno, presentada el 11 de marzo de 2014 por los integrantes del Grupo de Amistad México-Belarús.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80 fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, numeral 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del 11 de marzo de 2014, integrantes del Grupo de Amistad México - Belarús presentaron la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para el estudio y dictamen correspondientes.

Contenido

Solicitan que se trasmita a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Estado de Belarús la felicitación del Grupo de Amistad México-Belarús de la Cámara de Diputados por los resultados obtenidos por ese país en los XXII Juegos Olímpicos de Invierno.

Metodología

La comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y la información pública disponible al momento de su dictamen.

Consideraciones

La exposición de motivos plantea las siguientes consideraciones:

Al finalizar los XXII Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, en la Federación Rusa, la República de Belarús alcanzó el octavo lugar del medallero, pues obtuvo cinco preseas de oro y una de bronce en esta justa deportiva.

Para los integrantes del Grupo de Amistad México-Belarús, los resultados alcanzados por los deportistas que representaron a esa nación es motivo de singular alegría.

Manifiestan que este año, cuando se conmemora el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, vale la pena tener presente lo que el deporte puede hacer a favor de la paz y del entendimiento entre los pueblos. El deporte nos hermana, nos emociona y nos hace ser más conscientes de la importancia que tiene cuidar nuestro planeta y evitar su afectación.

Por esos motivos, entre otros, el Grupo de Amistad México-Belarús, considera conveniente hacer llegar a través de los canales correspondientes la felicitación de sus integrantes a Belarús.

Sobre el particular, la comisión que dictamina considera adecuado realizar las siguientes anotaciones:

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, la diplomacia parlamentaria tiene por objetivo contribuir a la promoción, la defensa y el fortalecimiento del interés nacional en el exterior (artículo 269).

El pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, puede constituir grupos de amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de otras naciones (artículo 275).

Ahora bien, la comisión que dictamina enfatiza que, como determina el Reglamento, los grupos de amistad son un mecanismo complementario de la diplomacia parlamentaria para incentivar el contacto y acercamiento entre parlamentarios para contribuir a la definición de las agendas binacionales en materia de diálogo político, intercambio económico y prácticas parlamentarias de otros Estados.

En virtud de lo anterior, se estima que la felicitación que plantean los integrantes del Grupo de Amistad México-Belarús no corresponde al pleno de la Cámara de Diputados en materia de diplomacia parlamentaria, toda vez que el grupo de amistad puede hacer llegar su felicitación de manera directa a las autoridades diplomáticas de Belarús.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores consideran de desecharse la proposición que se dictamina.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, por las consideraciones que preceden, aprecian desechar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Único.Se desecha la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2014.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

CAMBIO EN COMISION PARLAMENTARIA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause baja como integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.

• Que el diputado Tomás Torres Mercado cause alta como integrante en la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo. México, DF, a 3 de abril de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: De enterado. Comuníquese.

RETIRO DE INICIATIVAS Y PROPOSICION

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con base en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted que se realicen los trámites correspondientes a efecto de retirar la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trata de personas, presentada por la suscrita el 26 de septiembre de 2013 y turnada a la Comisión Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que le sirva brindar a esta petición y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2014.— Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Por medio de la presente, y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados en vigor, solicito de la manera más atenta que se retire la inciativa con proyecto de decreto que reforma los articulos 335 y 337, y adiciona un articulo 335 Bis al Código Penal Federal, misma que se encuentra turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presentada por el suscrito.

Agradeciendo de antemano su atención, me despido cordialmente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2014.— Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, me dirijo a usted no sin antes enviarle un cordial saludo, al tiempo que le solicito respetuosamente gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de retirar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 170 de la Ley de Seguro Social, y la cual fue turnada a la Comisión de Seguridad Social el año próximo pasado.

Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, abril de 2014.— Diputada Patricia Lugo Barriga (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me permito solicitarle muy atentamente que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se retire y se borre de todos los registros parlamentarios, por así convenir a mis intereses, la iniciativa que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, suscrita por una servidora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual presente el pasado 15 de enero del año en curso, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Esperando contar con su valioso apoyo, me permito enviarte un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 3 de abril de 2014.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Creo firmemente que los cambios generan una dinámica positiva por sí mismos, pero cuando son originados por personas de compromiso, conocimiento, capacidad y disposición de servicio a su nación, es inminente el desarrollo y crecimiento de ésta.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cálido saludo y su vez aprovecho la presente para solicitarle de la manera más respetuosa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la-Cámara de Diputados, sea retirada mi iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 33 de la Ley General de Educación, publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 29 de enero del año en curso y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

En espera de contar con su valioso apoyo, para el trámite correspondiente, le reitero mi compromiso y apoyo incondicional, aprovecho la ocasión para patentizarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 abril de 2014.—Diputada Berenice Álvarez Tovar (rúbrica).»

«Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto le solicito, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, el retiro de la iniciativa “que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, presentada el 20 de febrero del presente año por el suscrito.

Sin más por el momento le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 abril de 2014.— Diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La suscrita, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, haciendo uso de mi derecho dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta, gire sus instrucciones para que sea retirada la proposición con punto de acuerdo relativo al establecimiento de incentivos para la movilidad sustentable no motorizada, presentada por una servidora ante el pleno el 1 de abril de 2014, misma que fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el dictamen correspondiente.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 4 de abril de 2014.— Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

ARTICULO 257 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Presidente de la Cámara del Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el Acuerdo Legislativo número 817-LX-14, en el que de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que, en términos que a su representación compete, se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia del que se adjunta copia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”

Doctor Marco Antonio Daza Mercado (rúbrica), Secretario General del honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Honorable Congreso de Jalisco.— Presente.

Los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, de la Sexagésima Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 22, fracción I; 150, numeral 1, fracción I, 152, primer párrafo, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de esta asamblea, el siguiente acuerdo legislativo:

Exposición de Motivos

l. Jalisco atraviesa por un problema estructural en materia de movilidad, si bien ya cuenta con las herramientas legales mediante la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, lo cierto es que no puede actuar por encima de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

El pasado viernes 7 de marzo, Jalisco sufrió uno de los accidentes que más han marcado a la sociedad, pues una unidad del transporte público arrolló a un grupo de estudiantes, a las afueras de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara, el saldo fue una estudiante fallecida y varios más lesionados.

Lo más lamentable del caso, es que realmente no podemos culpar completamente al chofer que conducía dicha unidad, pues sólo forma parte del desorganizado e insostenible sistema de transporte público que opera en la entidad.

Una de las principales constantes en los accidentes en que participa el transporte público, es la velocidad con que se conducen las unidades, además de que los choferes se compiten el pasaje y esto los obliga a olvidar las medidas de seguridad, pues solo van pensando en que necesitan subir más gente para tener al fin de semana un salario digno que llevar a sus casas y cubra las necesidad básicas de su hogar.

Aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar al estrés con el que trabajan los transportistas diariamente, toda vez que cargan con una serie de complicaciones que afectan su estado físico y emocional, ocasionando una serie de eventos secundarios tales como: las llamadas “corretizas” con otros choferes, un trato inadecuado a los usuarios, desobedecer señales de tránsito por prisas, entre otras cosas.

Aquí es donde nace el principal problema, en el hecho de que el salario semanal de los choferes dependa de la cantidad de boletos que vendieron en la semana, además de que no cuentan con el mínimo de prestaciones laborales, como son la seguridad social, vacaciones, aguinaldo, por señalar algunas.

2. Por lo anterior, es que consideramos que el artículo 257 de la Ley Federal de Trabajo, necesita ser reformado, para cambiar el método por el que se fija el salario de los choferes del transporte y establecer un pago fijo, que no dependa del boletaje vendido ni los kilómetros recorridos, sino que se establezca un sueldo base y un bono calificado por el desempeño que pueda ser hasta por una cantidad igual, ello para garantizar la calidad del servicio, con un mayor beneficio para los trabajadores.

3. Con base en lo anteriormente expuesto, proponemos la siguiente redacción para el artículo 257 de la Ley Federal del Trabajo:

En virtud de lo anterior, se pone a la consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo Legislativo

Único. Se gira un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que considere la reforma del artículo 257 de la Ley Federal del Trabajo, en los términos propuestos en el cuerpo del presente.

Atentamente

“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”

Guadalajara, Jalisco, marzo de 2014.— Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputados: Rafael González Pimiento (rúbrica), coordinador; Héctor Pizano Ramos (rúbrica), Martín López Cedillo (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Miguel Castro Reynoso (rúbrica), José Trinidad Padilla López (rúbrica), Miguel Hernández Anaya (rúbrica), Jaime Prieto Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Cárdenas (rúbrica), Avelina Martínez Juárez (rúbrica), Nicolás Maestro Landeros (rúbrica), Juan Manuel Alatorre Franco (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Idolina Cosío Gaona (rúbrica), Gustavo González Villaseñor (rúbrica), Joaquín Antonio Portilla Wolff (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica). Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputados: J. Jesús Palos Vaca (rúbrica), coordinador; Celia Fausto Lizaola (rúbrica), Enrique Velázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

INFORME SOBRE EL RESULTADO OBTENIDO DE LA IMPLANTACION DE LAS BASES PARA LA TRANSICION DE IFE A INE

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Federal Electoral.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, me permito comentar que durante la sesión extraordinaria del pasado 28 de marzo de 2014, se hizo entrega al órgano superior de dirección de este instituto, el informe que se presenta al Consejo General en cumplimiento al acuerdo CG84/2014, sobre el resultado obtenido de la implementación de las bases para la transición del patrimonio, derechos, obligaciones y estado que guardan los asuntos del Instituto Federal Electoral y que pasarán a formar parte del Instituto Nacional electoral.

En virtud de lo anterior, por instrucciones del consejero presidente provisional del Instituto Federal electoral, doctor Benito Nacif Hernández, me permito hacerle llegar dicho documento, para conocimiento del órgano legislativo que usted preside.

Sírvase encontrar adjuntos a esta misiva la “presentación general” del informe, su índice de contenidos y un disco compacto que contiene el documento en su totalidad con sus respectivos anexos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de abril de 2014.— Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-1-1636 signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 378-II- 0082, suscrito por la licenciada Mercedes Ayarzagoitia Pérez, directora general adjunta de Planeación, Operación y Servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a acelerar la revisión del proyecto de Reglamento de Protección Civil sometido a su consideración, para que éste sea publicado lo más pronto posible.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 3 de abril de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Valentín Martínez Garza, director general Adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SELAP/300/243/14, de fecha 27 de febrero del presente año, que envía la Subsecretaría de enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, hago de su conocimiento que en relación a la solicitud requerida se le comunica, que por parte de esta Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales, quien es la encargada de las acciones de Protección Civil en cada uno de los inmuebles que ocupara esta dependencia, apegado a lo establecido en los artículos 8o., fracción XVI, y 68, fracción II, del reglamento interior de esta secretaría, esta dirección no cuenta con las atribuciones para emitir un comentario al respecto.

No obstante, se informa que esta dirección general consultó el portal de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) institucional, de la Secretaría de Economía, y a través del oficio COFEME/14/0394, de fecha 17 de febrero de 2014, el cual hace referencia al anteproyecto del Reglamento de la Ley General de Protección Civil enviado por la secretaría de Gobernación, expide la constancia de prepublicación a que aluden los artículos 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, así como 24 y 25 primer párrafo de su reglamento, respecto del anteproyecto antes citado, ya que la versión final del mismo estuvo disponible para su consulta, a partir del 26 de noviembre de 2013.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de abril de 2014.— Licenciada Mercedes Ayarzagiotia Pérez (rúbrica), directora general adjunta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Jorge Francisco Márquez Montes, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Se hace referencia al anteproyecto denominado Reglamento de la Ley General de Protección Civil, enviado por la Secretaría de Gobernación (Segob) el día 26 de noviembre de 2013 y del cual esta Cofemer emitió su dictamen total final, mediante el oficio número COFEME/13/3394, con fecha del 11 de diciembre de 2013, así como a la solicitud de fecha 17 de febrero de 2014, realizada por la Segob, relativa a la expedición de la constancia de transparencia para el anteproyecto de mérito.

Sobre el particular, se expide la constancia de prepublicación a la que aluden los artículos 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 24 y 25, primer párrafo, de su reglamento, respecto del anteproyecto antes citado, ya que la versión final del mismo estuvo disponible para consulta pública en el portal de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a partir del 26 de noviembre de 2013.

Lo anterior se comunica con fundamento en las disposiciones jurídicas antes invocadas, y en los artículos 69-E y 69-G de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; diversos 7, fracción III, y 9, fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como primero, fracción III, y segundo, fracción VIII, del acuerdo por el que se delegan facultades del titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a los servidores públicos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2010.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de febrero de 2014.— Licenciada Claudia Ríos Liévano (rúbrica), directora.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

RECOMENDACION 23/2013, EMITIDA POR LA CNDH, POR ATENCION MEDICA INADECUADA EN HOSPITALES DE COAHUILA Y ZACATECAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-Il-3-1412, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SDH/900/0203/2014, suscrito por la maestra Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por medio del cual responde el punto de acuerdo relativo a dar seguimiento a la atención de la recomendación 23/2013 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la inadecuada atención médica en agravio de V1, realizada en los hospitales de especialidades número 71, en Coahuila, y General de Zona Número 1, en Zacatecas, así como para que dicte las medidas administrativas necesarias para tal efecto

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 3 de abril de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace  Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Estimado subsecretario:

En respuesta a su oficio SELAP/300/249/14, a través del cual informa a esta subsecretaría del exhorto realizado a la Secretaría de Gobernación por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el ámbito de su competencia “dé seguimiento a la atención de la recomendación 23/201.3emitiaa por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la inadecuada atención médica en agravio de V1, realizada en los hospitales de especialidades número 71,en Coahuila, yen el General de Zona Número 1, en Zacatecas”, me permito informarle lo siguiente:

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, esta Subsecretaría de Derechos Humanos tiene la atribución de auxiliar al secretario en la coordinación de los esfuerzos que tas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal emprendan para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de tos Derechos Humanos (CNDH).

En ejercicio de dicha facultad, se ha dado seguimiento a la recomendación 23/2013, emitida por la CNDH en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es la autoridad responsable de implementar de manera directa las acciones necesarias para su cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior, el IMSS aceptó la recomendación e informó el cumplimiento de las siguientes acciones en relación a cada uno de los puntos resolutorios, mismas que han sido informadas a la CNDH:

• Se han realizada las diligencias necesarias para poner a disposición del beneficiario el pago de la indemnización por la afectación sufrida a consecuencia de la atención médica recibida;

• Se han impartido cursos integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos al personal del IMSS y, en especial al personal de los hospitales de especialidades número 71 en Coahuila, y en el General de Zona Número 1 en Zacatecas;

• Se han realizado las acciones necesarias para instruir al personal médico de los referidos hospitales, para entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas, con la finalidad de que acrediten tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes para mantener la habilidades necesarias que les permitan brindar un servicio médico adecuado y profesional;

• Se han girado las instrucciones correspondientes para que el personal médico se apegue a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico, y se adopten las medidas de medidas efectivas de prevención que permitan garantizar que los expedientes clínicos que generen con motivo de la atención médica que brindan se encuentren debidamente integrados y protegidos;

• Se han realizado las acciones para colaborar con la CNDH en el trámite de queja que se lleva a cabo ante el Órgano Interno de Control del IMSS, y

• Se ha colaborado con las autoridades de la Procuraduría General de la República para la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos presentada por la CNDH.

De acuerdo a lo anterior, las autoridades federales se encuentran a la espera del pronunciamiento por parte de la CNDH sobre el total cumplimiento de la recomendación de mérito.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de marzo de 2014.— Maestra Lía Limón García (rúbrica), subsecretaría de Derechos Humanos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

ILUMINAR LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE COLOR NARANJA LOS DIAS 25 DE CADA MES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1334, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 378-II.-0083 suscrito por la licenciada Mercedes Ayarzagoitia Pérez, directora general adjunta de Planeación, Operación y Servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a iluminar los edificios públicos de color naranja los días 25 de cada mes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 3 de abril de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En seguimiento a su similar número SELAP/300/277/14, mediante el cual refiere al acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el pasado 25 de febrero del año en curso; en específico en el segundo punto de acuerdo donde se exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal a que iluminen en color naranja los inmuebles públicos los días 25 de cada mes; de acuerdo al exhorto contenido en el dictamen que emite la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados en el marco de la campaña de la ONU, para poner fin a la violencia contra mujeres.

Le informo, que a fin de dar cumplimiento al acuerdo citado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público iluminó la fachada de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en el tono indicado el pasado 25 de marzo del año en curso; asimismo, continuará dando cumplimiento a dicha recomendación todos los días 25 de cada mes, dicho inmueble se encuentra ubicado en República del Salvador número 49, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, propicio la ocasión para saludarle cordialmente.

Atentamente

México, DF, a 2 de abril de 2014.— Licenciada Mercedes Ayarzagoitia Pérez (rúbrica), directora general adjunta.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

CAMPAÑA INFORMATIVA DONDE SE EXPONGAN LAS CONSECUENCIAS DE ADQUIRIR UN TELEVISOR ANALOGICO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1341 signado por el diputado José Gónzalez Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2014.DGVP.174 suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, así como los anexos que en él mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a vigilar el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM.024.SCFI-2013, información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, y ponga en marcha una campaña informativa, en la forma y a través de los medios que estime pertinentes, donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 3 de abril de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio SELAP/UEL/311/267/14 con fecha 26 de febrero de 2014 por el que comunica punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados el pasado 25 de febrero relativo al siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se vigile el cumplimiento de la norma oficial mexicana nom.024.SCFI-2013, información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, y ponga en marcha una campaña informativa, en la forma y a través de los medios que estime pertinentes, donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico.

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que la Procuraduría Federal del Consumidor (en lo sucesivo Profeco) manifiesta que respecto del punto de acuerdo de mérito, en la fracción II del artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se enuncia el derecho a la “educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones”.

De igual forma, como parte de sus atribuciones, la Profeco formula y realiza programas de educación para el consumo, así como de difusión y orientación, de conformidad a lo establecido en el artículo 24, fracción V, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Asimismo, con fundamento en el artículo 24, fracción VIII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, esta dependencia promueve y realiza programas educativos y de capacitación en la materia; asimismo, presta asesoría a consumidores y proveedores.

Por otra parte, la Profeco dentro sus atribuciones y atendiendo al tema de la transición digital terrestre, ha reforzado sus acciones de verificación, con el objeto de evitar prácticas abusivas por parte de los proveedores.

Dichas verificaciones, tienen su fundamento en lo dispuesto por fracciones XIII y XIV del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establecen lo siguiente:

Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

...

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;

...

En este sentido, la Profeco conforme al ámbito de sus atribuciones lleva a cabo acciones de verificación y vigilancia a giros comerciales relacionados con la venta de aparatos electrónicos y eléctricos, incluidos los decodificadores de señal digital, así corno a los prestadores de servicio, con el objeto de constatar que el comportamiento comercial de los proveedores de este tipo de accesorios se ajuste a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor y se evite la comisión de conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como no exhibir de manera visible los precios de los productos, no respetar el exhibido y condicionar o negar la venta de los mismos.

Por anterior, la Profeco realiza verificaciones relacionadas con la norma oficial mexicana NOM-192-SCFI/SCT1-2013, Telecomunicaciones-Aparatos de televisión y decodificadores-Especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2013, la cual establece, entre otros aspectos, lo siguiente:

1. Objetivo y campo de aplicación

La presente norma oficial mexicana establece las especificaciones que deben cumplir los televisores y decodificadores que son comercializados dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Especificaciones

5.1. Los televisores, objeto de esta norma oficial mexicana, que se comercialicen para su venta al público dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, deben contar con la capacidad de recibir, sintonizar y reproducir, cuando menos, las señales que se transmitan con el estándar A/53 del ATSC, siendo recomendable que cuenten con capacidad para recibir señales de video con el estándar A/72. (véase 2, Referencias). Conforme a lo anterior, dichos televisores deben ser capaces de recibir, sintonizar y reproducir las señales de TDT y tener la capacidad de recibir, sintonizar y reproducir, cuando menos, señales HDTV y SDTV.

5.2. Los televisores que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos deben cumplir con las especificaciones establecidas en la norma oficial mexicana NOM-001-SCFI-1993 o las que se hayan aceptado como equivalentes, (véase 2, Referencias).

5.3. Los decodificadores que se comercialicen para su venta al público dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos deben contar con la capacidad de recibir, sintonizar y reproducir las señales que se transmitan con el estándar A/53 del ATSC y contar con capacidad para recibir, sintonizar y reproducir señales de video con el estándar A/72 del ATSC (véase 2, Referencias). La reproducción de las señales a la salida de los decodificadores deberá ser en formato analógico NTSC/M.

7. Información comercial

Los televisores y decodificadores objeto de esta norma oficial mexicana, deben cumplir con la información comercial establecida en la norma oficial mexicana NOM-024-SCFI-2013 (véase 2, Referencias), o la que la sustituya, en todo en lo que no se oponga a la presente norma.

...

9. Verificación y vigilancia

La verificación y la vigilancia del cumplimiento del producto conforme a esta norma oficial mexicana, se llevará a cabo por la Secretaria de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones, en el punto de venta (exhibición) al consumidor, contando en todo momento con la colaboración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Complementariamente se vigila el cumplimiento de los elementos de información establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, e1 12 de agosto de 2013, que establece, entre otros aspectos, 10 que a continuación se indica:

l. Objetivo y campo de aplicación

1.1. Objetivo

Esta norma oficial mexicana tiene por objeto establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles, destinados al consumidor final, cuando éstos se comercialicen en territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2. Campo de aplicación

1.2.1. Esta norma oficial mexicana es aplicable a los productos nuevos, reconstruidos, usados o de segunda mano, así como los repuestos, accesorios y consumibles que se comercialicen en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.2. Los repuestos, accesorios y consumibles, internos y externos, de productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos que estén destinados para expenderse a granel o para efectos de reposición dentro de garantía, no requieren del instructivo, garantía, ni de la información comercial a que se refiere esta norma oficial mexicana, aun cuando sí requieran de las advertencias cuando sean productos peligrosos.

1.2.3. Para efectos de los empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, considerados como reconstruidos, usados o de segunda mano, no les es aplicable la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SCFI-1993

5. Información comercial

La información contenida en los empaques o envases de los productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos objeto de esta norma oficial mexicana, debe ser veraz, describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto.

6. Instructivos y advertencias

6.1. Requisitos

Los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos que se encuentren en el punto de venta al momento de su comercialización, deben ir acompañados o tener impresos sobre el empaque, sin cargo adicional, los instructivos y advertencias necesarios que contengan las indicaciones claras y precisas para su uso normal, conservación y mejor aprovechamiento; así como las advertencias para el manejo seguro y confiable de los mismos.

En el caso de productos electrónicos, equipos de procesamiento de datos, de informática y sus accesorios, éstos podrán cumplir con lo indicado en el Párrafo anterior; o bien, ir acompañados de instructivos de inicio rápido impresos con las instrucciones básicas para operar y, en su caso, armar el producto. En estos casos, los instructivos con la información detallada para el uso normal, conservación y mejor aprovechamiento de los equipos y sus accesorios, podrán proporcionarse á través de medios de almacenamiento de información electrónica, tales como CD, DVD, memorias electrónicas y direcciones de Internet.

7. Garantías

Las garantías que ofrezcan los proveedores deben estar redactadas en los términos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, estar incluidas en el instructivo o anexas en los productos que se encuentran en el punto de venta al momento de su comercialización,

8. Verificación y vigilancia

8.1. La Profeco vigilará el cumplimiento de la presente norma oficial mexicana.

8.2. Los comercializadores de los productos contemplados en esta norma oficial mexicana, tienen la obligación de verificar, antes de ofrecer dichos productos al público, que se haya cumplido con las obligaciones que establece la presente norma oficial mexicana, y se consideran responsables solidarios de los respecti.vos fabricantes nacionales o importadores.

Derivado de las citadas acciones, y en caso de que se constaten violaciones a la Ley de la materia, se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes.

Las acciones anteriores continuarán desarrollándose de manera permanente, para evitar que se afecten los derechos de los consumidores.

Por otra parte, la Profeco a través de la Coordinación General de Educación y Divulgación, en el ámbito de sus atribuciones, en relación a la transición digital terrestre, así como a las televisiones y decodificadores que se utilizarán, ha realizado las siguientes acciones:

1. Portal de Internet “Que no te consuma el consumo”. Página de Internet (http://conseios.profeco.gob.mx/), creada en noviembre de 2013, incluye una sección permanente sobre Apagón Analógico que se actualiza de manera constante y cuyo link aparece en la página oficial de TDT (Transición Digital Terrestre).

Actualmente, los contenidos son los siguientes:

a) Infografía “¿Piensas aprovechar el buen fin para comprar una Tv nueva? La Televisión Digital Terrestre en México”.

b) Brújula de Compra “Que no te sorprenda el apagón. Digitalízate.

c) Link para abrir la página de “Quién es Quién en los Precios”, en donde pueden consultarse precios de 62 modelos de televisores levantados diariamente en 20 ciudades.

d) Videos producidos por Profeco.

- Qué es la TDT

- Ventajas y recomendaciones sobre TDT.

- Estudio de calidad: televisiones LCD y LED.

e) Reporte especial “Apagón analógico”.

f) Webcast 224 “Apagón analógico”.

g) Artículo Televisiones LCD LED: La revolución de la Tv.

h) Mapa del apagón analógico en México.

2. Redes sociales en el Buen Fin 2013. Campana antes, durante y después del Buen Fin sobre consumo responsable. En materia de apagón analógico se difundieron 10#ConsejosProfeco sobre compra de televisores y se utilizaron hashtags: #ElBuenFin, #ConoceComparaConsume y #DenunciaElBuenFin.

3. Revista del Consumidor en Línea.

a) Webcast 224 “Apagón analógico”. Cápsula informativa disponible en y youtube y en la revista del Consumidor en Línea.

b) Podcast 125. “Apagón analógico. Cápsula informativa disponible en y youtube y en la revista del Consumidor en Línea.

c) Reporte especial “Apagón analógico”. Cápsula sobre el programa de televisión transmitido en tiempos oficiales.

4. Revista del Consumidor

a) Edición diciembre 2011:

- Estudio de calidad sobre televisores HD, LCD, LED y 3D.

b) Edición mayo 2013:

- Infografía ¿Qué es el apagón analógico?

- Artículo “La TDT en México”

- Quién es Quién en los precios. Precios mínimos y máximos de televisores en el Distrito Federal y zona metropolitana. c) Edición diciembre 2013:

- Qué hacer si... vas a comprar un decodificador para televisión digital terrestre.

- Infografía “¡Apantállate!”. Conoce la diferencia entre televisores de Plasma, LCD, LCD, LED y OLED.

- Estudio de calidad. Televisiones LCD LED aptos para recibir señal digital: La Revolución de la TV

- Quién es Quién en los precios. Precios mínimos y máximos de televisores en el D.F. y zona metropolitana, Guadalajara y Monterrey.

- Tendencias de consumo. Televisión digital terrestre.

5. Difusión de espots y cápsulas de Profeco a través de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC.

En seguimiento a los temas tratados en la Séptima Sesión de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital –a la que esta procuraduría acudió en calidad de invitado– se realizaron diversas gestiones con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC.

La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC, tiene como objetivo propiciar la articulación y colaboración común en los sistemas de radio y televisión de servicio público del país, los cuales realizan labores de promoción de la educación y la cultura, entre otros. Dicha red cuenta con 596 frecuencias de radio y televisión que en total cubren una audiencia de más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas.

Derivado de las gestiones descritas ya fin de brindar información a los consumidores sobre la Transición a la Televisión Digital Terrestre en próximas fechas –una vez que concluya la edición de los materiales correspondientes y se lleven a cabo las gestiones necesarias entre ambas instituciones– la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC, transmitirá de manera gratuita, diversos contenidos ya producidos por la Profeco con dicha temática (promosionales y cápsulas de radio y televisión).

Por otra parte, se informa que la Dirección General de Delegaciones de la PROFECO, a través de sus representaciones en el país, también llevará a cabo la difusión de los materiales descritos en el párrafo anterior. De igual manera, se realizará una campaña en redes sociales con el mismo objetivo.

En caso de que la Profeco detecte que algún proveedor de bienes o servicios cometa violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se actuará con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el l de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, se solicita atentamente hacer del conocimiento de la H. Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que se estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 3 de abril de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

SISTEMAS KARSTICOS EN MEXICO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-3010 signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número BOO.CA.-015 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a emitir una norma oficial mexicana para regular el uso, aprovechamiento y control de sistemas kársticos en México, con la finalidad de regular las actividades antropogénicas que garanticen el desarrollo sustentable y preservación de la calidad del agua.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 2 de abril de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

Abraham González número 48, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc código postal 06600

En atención a su oficio SELAP/UEL73117182714, sobre el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a emitir norma oficial mexicana a propuesta de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para regular el uso, aprovechamiento y control de sistemas kársticos en México, con la finalidad de regular las actividades antropogénicas que garanticen el desarrollo sustentable y preservación de la calidad del agua.

Al respecto, y en ejercicio de las atribuciones que confiere a esta Coordinación de Asesores de la Dirección General, el artículo 16 fracción VI del Reglamento Interior de esta Comisión, me permito adjuntar la respuesta, sobre el exhorto a esta Comisión Nacional del Agua.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de marzo de 2014.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Opinión sobre el siguiente punto de acuerdo de fecha 4 de febrero del presente

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal a emitir norma oficial mexicana a propuesta de la Comisión Nacional del Agua y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para regular el uso, aprovechamiento y control de sistemas kársticos en México, con la finalidad de regular las actividades antropogénicas que garanticen desarrollo sustentable y preservación de la calidad del agua.

Generalidades

En la superficie de terrenos constituidos por rocas carbonatadas o calcéreas es común que se formen oquedades naturales, de forma más o menos circular, originadas por el colapso del techo de oquedades subterráneas que se forman en esas rocas (calizas y dolomías, compuestas en su mayoría por calcita Cacea y dolomita CaMg (CO3)2, respectivamente), generalmente de origen marino. Estas oquedades se forman a partir de fisuras, grietas o fracturas, zonas de debilidad que son atacadas por la acción erosiva del agua infiltrada y por el ataque químico de la misma sobre las componentes solubles de ese tipo de rocas, ricas en minerales muy vulnerables a la disolución.

Al paso del tiempo las oquedades son ensanchadas, con lo cual aumenta la permeabilidad del medio rocoso y se facilita cada vez más la circulación del agua. Así, se va formando una red de conductos más o menos interconectados de diferente forma y tamaño, en un proceso progresivo que se acelera por sí mismo. Cuando se van ensanchando las oquedades más cercanas a la superficie del terreno, su techo se va adelgazando hasta que se desploma por su propio peso, con el consiguiente hundimiento de la superficie del terreno y la formación en ésta de los “sumideros”, o “dolinas”, oquedades que en la región de la península de Yucatán reciben el nombre de “cenotes” (término derivado del maya: tz’onot, pozo, abismo).

Generalmente, estas oquedades están conectadas con un cuerpo de agua subterránea o acuífero, cuyo nivel de agua puede o no aflorar en su fondo; pero, por convención, en esa región se denominan cenotes a aquéllas oquedades en las que sí aflora el agua. Asimismo, el término está asociado popularmente a las oquedades de gran tamaño; aunque las hay también de pequeñas dimensiones, muy diseminadas en toda la plataforma yucateca, que también juegan un papel importante en la alimentación, flujo y contaminación de los acuíferos.

De acuerdo con Gutiérrez Elorza (2008), la palabra karst es la acepción germánica del término kras, que comprende una región del oeste de Eslovenia, fronteriza con Italia, y en ella los terrenos calizos aparecen desprovistos de vegetación. En esa área se realizaron las primeras investigaciones sobre el karst por las escuelas de geomorfología de Viena y por la famosa publicación de Jovan Cvijiv de 1893: “Das Karstphënomen”. Geogr, Abhand; 5, 215-319

Las formas características de las regiones kársticas son (Gutiérrez Elorza, 2008):

• Depresiones cerradas de tamaño variable

• Drenaje superficial desorganizado

• Cuevas y sistemas de drenaje subterráneo

Las depresiones cerradas tienen tamaños muy diversos, pudiendo alcanzar decenas de kilómetros de eje mayor, constituyendo polijes. Están desconectadas entre sí y constituyen el exokarst, que se caracteriza por un modelado caótico y desordenado. El drenaje superficial desorganizado es de tipo centr1peto y totalmente distinto. al desarrollado en las rocas no karstiflcables, que es de carácter ordenado. La última característica deriva de un drenaje vertical que desarrolla una circulación subterránea, dentro de lo que se denomina endokarst.

Además de las rocas carbonatadas pueden presentarse aflorando formaciones constituidas por minerales muy solubles en agua como el yeso (CaSO4 2H2O), la anhidrita (CaSO4) y los cloruros (como la halita, NaCl). Estos minerales originados básicamente por evaporación (evaporitas), pueden aflorar en porcentajes pequeños a nivel global (Figura 1), pero su velocidad de disolución es mucho mayor a la de los carbonatos, lo que trae consigo una rápida morfogénesis y, como consecuencia, en su interacción con las actividades humanas, pueden dar lugar a numerosos e importantes riesgos kársticos.

Hollingsworth y otros (2008) consideran los siguientes tipos de karst

Karst carbonatado. Es un terreno con hidrología y relieve distintivos derivadas de la combinación de alta solubilidad de las rocas y de una porosidad secundaria altamente desarrollada. La velocidades del agua subterránea típicamente son mucho mayores comparadas a las del clásico medio poroso, los mecanismos de atenuación de los contaminantes son mucho menos efectivos y el flojo tiende a ser anisotrópicoy heterogéneo. En la mayoría de los casos este tipo de karst es producido por disolución química debida a agua ligeramente ácida que actúa sobre capas de calizas o dolomías.

Karst evaporítico. Es similar al karst carbonatado en el sentido de que la disolución es el proceso dominante, sin embargo, la alta solubilidad de los minerales evaporíticos produce aguas subterráneas muy mineral izadas. Así que los organismos que habitan en ambientes y ecosistemas asociados a este tipo de terrenos deben ser más tolerantes a los sólidos disueltos. Los minerales más característicos son yeso, anhidrita y halita.

Pseudokarst Consiste de un ambiente o relieve parecido al karst, pero en donde la disolución no es constituye un proceso critico para la formación de cavidades, huecos aislados o pasajes conectados. El ambiente subterráneo en esas áreas es similar en muchas maneras al karst, pero debido a que no fue resultado de procesos de disolución, las características del flujo del agua subterránea, la calidad del agua y los factores ambientales son por lo regular distintos.

En la superficie, los terrenos kársticos son excelentes receptores de recarga por su gran capacidad de infiltración; en el subsuelo, transmiten el agua infiltrada a través de la red de conductos, por la cual transitan verdaderos ríos subterráneos que alimentan a los acuíferos subyacentes. Estos suelen ser muy favorables para la captación del agua subterránea, por su gran transmisividad, que se traduce en pozos de alto caudal y rendimiento.

En la República Mexicana –que hace más de 60 millones de años estuvo casi totalmente cubierta por el mar–, existen formaciones marinas calcéreas, en algunas áreas aflorando y en otras cubiertas por formaciones geol6gicas de origen continental, con manifestaciones de diferente tamaño y extensión, algunas de ellas espectaculares y de gran belleza. Entre éstas destacan: las Grutas de García, Nuevo León; las “poza” de Cuatrociénegas, Coahuila; las “abras” de Torreón, Coahuila; las grutas de Cacahuamilpa, Guerrero; los pozos brotantes de la Sierra del Burro, y los “cenotes” de la península de Yucatán.

Caso especial: La Península de Yucatán

Cenotes y ríos subterráneos.

Un caso muy especial se tiene en la península de Yucatán, que comprende a Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En esta región mexicana, las condiciones geológicas, climáticas e hidrogeoquímicas han favorecido la fonnaci6n de cenotes, con dimensiones desde unos cuantos centímetros hasta de decenas de metros de diámetro y con profundidades cercanas a los 100 metros.

Ejemplos de este tipo son: el cenote X’lacah de Dzibilchaltún, localizado a unos 15 kilómetros al norte de Mérida, que tiene 44 metros de profundidad, diámetro medio de 150 metros, 35 metros de profundidad, nivel de agua a 3 metros de la superficie, y que es la parte superficial de una gruta de dimensiones sorprendentes (20 a 30 metros de ancho y 10 metros de alto. El Cenote Sagrado de Chichén Itzá tiene 35 metros de profundidad, diámetro medio de 60 metros y espejo de agua a 22 metros de profundidad.

Otros ejemplos importantes, en la porción centro-oriental de la península, son los ríos subterráneos de Ox Bel Ha, Dos Ojos y Sac Actún, de 168, 62 y 180 kilómetros de longitud, respectivamente –descubiertos mediante exploraciones geofísicas y espeleológicas–, que comprenden un gran número de cenotes y tienen trayectoria errática con orientación preferencial hacia el mar Caribe, al cual descargan considerables volúmenes de agua dulce a lo largo de la costa oriental (Figura 7a y 7b).

Los estudios demuestran que muchos de los cenotes más importantes estén alineados y concentrados en una faja con alta densidad de fracturas en la caliza: el “anillo de cenotes”, que supuestamente corresponde al borde del cráter formado por el Bólido Maya que, a finales del Cretácico, impactó la península de Yucatán y contribuyó a la extinción de los dinosaurios.

Los acuíferos de la península

Históricamente, los acuíferos de la península yucateca han sido utilizados como la principal y casi la única fuente de abastecimiento de agua para todos los usos, ya que por sus condiciones topográficas en ella no existen nos. Estos acuíferos constituyen una de las fuentes de agua más importantes del país, porque la topografía plana, la capacidad de infiltración y la precipitación pluvial abundante, propician una cuantiosa recarga de agua, mucho mayor que la demanda de agua actual y la previsible a largo plazo, que en su mayor parte es descargada al mar en forma natural o por transpiración de la densa cobertura vegetal.

Sin embargo, en cuanto a la calidad del agua, los acuíferos son muy vulnerables a la contaminación antropogénica y a la intrusión marina, debido a que esas rocas no tienen capacidad natural para atenuar contaminantes, como la mayoría de los acuíferos granulares continentales, que actúan como una eficiente planta de tratamiento natural. A la contaminación contribuye, en gran medid., el que la escasa pendiente topográfica y la gran dureza del terreno, no hacen económica y constructiva mente viable la construcción de redes de drenaje tradicional ni la disposición de agua residuales a cuerpos receptores superficiales. Debido a ello, las aguas residuales se descargan a los acuíferos en las zonas urbanas o rurales, donde estén intercaladas las captaciones sin protección sanitaria con las fosas sépticas mal diseñadas, construidas y conservadas.

Por su parte, los cenotes juegan papel importante en la contaminaci6n de los acuíferos. Los de mayor tamaño han sido utilizados en la época presente como atractivos turísticos o como balnearios, y en la época Maya, supuestamente, como lugares de sacrificios humanos. Lamentablemente, en el presente los de mayor tamaño son también utilizados como tiraderos de basura o como cuerpos receptores de aguas residuales; los de menor tamaño, muy numerosos y ampliamente diseminados, son también receptores de aguas residuales y propician la contaminación difusa generada por el retorno de agua utilizada en las zonas agrícolas y pecuarias.

Por lo anterior, el mayor riesgo de esos acuíferos no es la sobreexplotación sino la contaminación que, de hecho, ha estado ocurriendo desde siempre, con impacto rara vez notable hasta ahora, gracias a que el agua contaminada se diluye, se dispersa y es rápidamente desalojada hacia aguas abajo, aun en la ciudad de Mérida que es la mayor concentración urbana e industrial de la región. Otro riesgo a largo plazo es el impacto del cambio climático, que provocaría el ascenso del nivel del mar, invadiendo extensas áreas costeras y provocando el adelgazamiento del acuífero dulce, ya de por sí reducido (decenas de metros).

Medidas para la protección de la calidad del agua en cenotes y acuíferos

Las medidas para la .protección ambiental de la región tienen que considerar, en forma muy especial, las relativas a la protección de la calidad del agua subterránea, pues ésta sustenta el desarrollo de todos los sectores, guarda una estrecha interrelación con la flora silvestre y, al escapar de los acuíferos a lo largo de la faja costera, su contaminación puede afectar a la calidad del agua en manglares, humedales, desarrollos de acuicultura y playas, con serio impacto ambiental y turístico.

Estas medidas deben ser correctivas o preventivas (Conagua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y ser incluidas en los planes estatales o regionales de desarrollo, específicamente, entre otros aspectos, deben considerar:

• Ordenamiento territorial atendiendo a la vulnerabilidad del acuífero y a la capacidad contaminante de los proyectos de desarrollo o existentes;

• Establecimiento de zonas locales o regionales de proteccl6n de las captaciones de agua subterránea para consumo humano;

• Lineamientos generales para la ubicación, construcción, diseño, equipamiento y operación de pozos, rellenos sanitarios y fosas sépticas;

• Instrumentación y monitoreo de la calidad del agua subterránea, que considere los aspectos relacionados con el cambio climático;

• Declaración de zonas de reserva para el abasto de agua a los centros mayores de población;

• Análisis de la viabilidad de construir diques subterráneos para protección contra la intrusión salina y para propiciar el incremento del espesor de agua dulce en las fajas costera;

• Establecimiento, en la Ley Federal de Derechos, de gravámenes sobre uso de aguas salobres/saladas y descargas de aguas residuales;

• Manejo de la cobertura vegetal y limpieza de los cenotes mayores;

• Desarrollo de modelos para el análisis de sistemas de flujo y transporte de contaminantes en ese tipo de acuíferos.

Estas medidas pueden formar parte de la norma oficial mexicana (NOM) referida en el punto de acuerdo del 4 de febrero del 2014 de la H. Cámara de Diputados y que regularía el uso, aprovechamiento y control de sistemas kársticos en México, con la finalidad de regular las actividades antropogénicas que garanticen desarrollo sustentable y preservación de la calidad del agua.

Para la elaboración de esta NOM se debe formar un grupo de trabajo coordinado por la Gerencia de Normatividad, adscrita a la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de esta comisión.

Referencias

Gutiérrez Elorza, M. (2008): Geomorfología. Pearson Prentice Hall. Página 898 Hollingsworth, E., Brahana, V., Inlander, E., and Slay, M. (2008): “Karst Regions of the World (KROW): Global Karst Datasets and Maps to Advance the Protection of Karst Species and Habitats Worldwide.” US Geological Survey. http://pubs.usgs.gov/sir/ 2008/5023/06hollings.htm

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

MEDIDAS DIRIGIDAS A LA NIÑEZ CON OBJETO DE PREVENIR ACCIDENTES GRAVES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— Gobierno de Aguascalientes.— Progreso para todos.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 62-II-3-1300, de fecha 22 de enero de 2014, por el cual se comunica el punto de acuerdo aprobado el mismo día por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, relativo a difundir ante la, opinión pública las medidas necesarias para prevenir todo tipo de accidentes entre las niñas y los niños, me permito informar que el Instituto de Servicios del Salud del Estado de Aguascalientes, en vinculación con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) y el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (ST Conapra), trabajan conjuntamente para desarrollar el programa de prevención y control de accidentes y lesiones en la entidad.

En tal virtud, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes diseña y acuerda las líneas de acción en materia de prevención de accidentes de niñas y niños, dentro del ámbito de competencia de cada una de las instituciones que lo conforman, principalmente dirigidas a la población de alumnos, padres de familia y cuerpos docentes, a través de la implementación de campañas de comunicación social e imagen, identificación de factores de riego que serán intervenidos en cada ocasión y definición de la forma de participación por dependencia pública o privada.

Las líneas de acción que se impulsan desde el Consejo son las siguientes:

1. Prevención de accidentes en la vía pública

En atención de los acuerdos nacionales e internacionales en materia de prevención de lesiones accidentales, se han armonizado y adecuado las acciones que se ejecutan localmente, con las impulsadas a nivel nacional e internacional, en el marco del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. De igual forma, el área de Seguridad Vial promueve la capacitación de formadores en seguridad vial entre los diferentes grupos etáreos, con la finalidad de promover una mejor cultura vial.

2. Prevención de accidentes en el hogar

Se promueve la sensibilización de la sociedad civil a través de la promoción de estilos de vida saludables, así como a identificar los puntos de riesgo en el hogar y establecer planes de contingencias familiares; de igual manera, se impulsa el fomento y educación a la sociedad en general en el manejo y activaci6n del número único de emergencias 066.

3. Prevención de accidentes en la escuela

Se desarrolla el programa de fortalecimiento de las competencias del personal docente, así como en la difusión de las medidas necesarias para prevenir lesiones, identificar riesgos y atender de forma inmediata a las niñas y los niños, dirigido a padres de familia, alumnos, maestros y personal administrativo.

4. Prevención de accidentes en lugares de recreación y deporte

Se distribuyen boletines de prensa en los medios de comunicación locales con las recomendaciones generales para prevenir accidentes, principalmente enfocado a los periodos vacacionales; asimismo, se realizan campañas de comunicación social enfocadas a la prevención de lesiones y muertes provocadas por asfixia por sumersión, caldas, quemaduras, picaduras de animales ponzoñosos y ataques de mascotas, al mismo tiempo que se colabora con las instituciones de seguridad pública estatal y municipal para la señalización de los sitios registrados como de alta siniestralidad por la vista de los menores de edad.

5. Atención prehospitalaria

Se desarrollan acciones para asegurar la atención médica eficaz. Eficiente y con calidad de las emergencias, con tiempos de respuesta óptimos, con una cobertura del 100 por ciento de los servicios activados y con total disponibilidad de los servicios básicos, avanzados y cuidados críticos. Cabe señalar que el Sistema Estatal de Emergencias Médicas promueve e imparte el curso “Primera Respuesta a las Urgencias Médicas”, dirigido a la población civil y a las corporaciones encargadas de la seguridad y la protección civil en el estado, a fin de que la primera atención que se brinde a las niñas y niños accidentados sea la adecuada en tanto arriban los servicios de emergencia.

6. Difusión

Mediante el observatorio de lesiones, se realiza la vigilancia epidemiológica de las lesiones y violencias en niñas, y niños, para efecto de contar con información veraz la cual favorezca la toma de decisiones en materia de programas ciudadanos educativos, boletines a la población civil que emita recomendaciones generales, entre otras medidas de este tipo.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente

Aguascalientes, Aguascalientes, a 27 de marzo de 2014.— Licenciado Antonio Javier Aguilera G. (rúbrica) jefe de gabinete del Gobierno de Aguascalientes.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite al promovente, para su conocimiento.

POLITICAS PUBLICAS FEDERALES Y LOCALES CON MIRAS A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— Gobierno de Aguascalientes.— Progreso para todos.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 62-II-3-1075, de fecha 22 de enero de 2014, por el cual se comunica el Punto de Acuerdo aprobado el mismo día por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, relativo a informar a esa soberanía sobre el problema de la deserción escolar en Aguascalientes, me permito adjuntar a este oficio el informe en relación a este tema, desarrollado por la Dirección de Educación Media y superior y la dirección de Educación Básica, del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente

Aguascalientes, Aguascalientes, a 26 de marzo de 2014.— Licenciado Antonio Javier Aguilera G. (rúbrica), jefe de gabinete del gobierno del estado de Aguascalientes.»

«Escudo.— Gobierno de Aguascalientes.— Progreso para todos.

Informe sobre la deserción escolar en Aguascalientes

I. La deserción escolar en educación básica.

Desde la política educativa la deserción es una prioridad para hacer frente al conjunto de cambios de transición entre la enseñanza primaria y la secundaria, con respecto a educación básica es en este último nivel educativo es donde se concentra las mayores tasas de deserción, por lo que resulta indispensable comprender las razones y factores que los han llevado a suspender su proceso formativo. Factores internos como la falta de conexión de los niños con el ambiente escolar, falta de motivación y percepción de que la escuela es aburrida, o bien de que no pueden con los retos académicos y los externos como situación familiar afectan y juegan un rol preponderante en la decisión de suspender la trayectoria escolar.

Según Juan Ignacio Calvo encargado de UNICEF en México la decisión de continuar asistiendo a la secundaria está determinada por la mala calidad de la educación, la necesidad del estudiante de trabajar para apoyar en el sostén de la familia y el maltrato que se percibe en las escuelas.

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, es importante resaltar que según cifras de la Educación 2012-2013 el índice de reprobación ha disminuido en primaria de 1.94 por ciento a 0.37 por ciento. La deserción por su parte, mejora al descender de 1.41 a 1.33 por ciento.

Si se toma en cuenta que diversos estudios sostienen que el problema de la insuficiente escolarización en los países de Latinoamérica se refiere, más que a la cuestión de la cobertura, a la limitada capacidad de los sistemas educativos para garantizar que el alumno pueda permanecer en la escuela (Fernández, 2009; Román, 2009; Escudero, 2005; Cepal, 2002; Espíndola y León, 2002; Goicovic, 2002; Tijoux y Guzmán 1998), es entonces este un tema central a atender.

Somos conscientes y estamos convencidos que uno de los principales desafíos para avanzar en esa dirección, es evitar que los niños y las niñas y jóvenes abandonen la escuela antes del término de su enseñanza básica y disminuir significativamente la deserción de los jóvenes tanto del secundaria como el de media superior; por ello se está trabajando en mejorar la capacidad de retención en los diferentes niveles educativos, mediante una oferta relevante, con sentido para todos y cada uno de los estudiantes para poder hacer realidad la promesa de un acceso igualitario y una educación de calidad para todos.

Es necesario que la escuela considere que la deserción se da en la escuela y no en la estadística, detectando aquellos alumnos que están en riesgo es decir una “alerta temprana”, e involucrar a la comunidad educativa en la aplicación de estrategias para rescatar a los posibles desertores.

Para ello la función supervisora juega un papel trascendental, pues es la responsable de brindar seguimiento a las escuelas que presentan alto índice de deserción, analizar de manera conjunta con el director sus causas y diseñar un plan de acción oportuno para estos niños en riego, así como el brindar apoyo al director en la gestión para que unidades de USAER, USAP y CRIE de educación especial colaboren en caso necesario en el aprendizaje de los alumnos que así lo requiera.

Con la finalidad de brindar una educación de calidad, durante este ciclo escolar 2013-2014 se está priorizando en cuatro aspectos fundamentales de trabajo en las escuelas de educación básica los cuales son:

a) Cumplimiento de la normalidad mínima,

b) Mejora del aprendizaje: lectura, escritura y matemáticas,

c) Alto al rezago educativo y el abandono escolar, y

d) Convivencia escolar.

Las estrategias que ayudarán a avanzar en el compromiso anteriormente señalado son la utilización de los consejos técnicos escolares y de zona como espacios de reflexión y análisis del acontecer diario en la escuela en función de las cuatro prioridades para la toma de decisiones colegiada que lleve a la escuela al logro de los aprendizajes.

El fortalecimiento de la supervisión escolar como figuras centrales para contribuir a consolidar la calidad del servicio educativo, evaluando el rendimiento de las escuelas, brindando en base a éste la asesoría y el acompañamiento necesario para que la escuela adquiera su autonomía en todas las área de gestión escolar.

La descarga administrativa otra de las estrategias para que la escuela no se distraiga en asuntos administrativos y descuide lo importante y urgente el desarrollo armónico de todas las facultades de los educandos. Por último y no menos importante los Consejos Escolares de Participación Social como una forma de integrar de manera ordenada y clara la participación de los padres de familia de manera activa y corresponsable así como otros actores sociales interesados en apoyar la educación básica.

En el siguiente cuadro se desglosan los programas que apoyarán a la gestión escolar así como aquellos que serán transversales para todas las escuelas de educación básica que ayudarán a que continuamos a la baja en deserción escolar.

II. La deserción en media superior

A manera de contextualizar, en Aguascalientes actualmente la *oferta educativa del nivel medio superior se compone de la siguiente manera:

Como se puede apreciar en la siguiente imagen existen 161 planteles de bachillerato, de los cuales 97 son públicos (federales, OPD, estatales y autónomos), y el resto opera través de la iniciativa privada.

Si lo traducimos en términos de porcentaje, los planteles públicos representan el 60.24 por ciento del universo, en tanto que los planteles particulares sólo el 39.76 por ciento.

Según datos de “Las Cifras de la Educación” pasamos de 45 mil 145 alumnos inscritos en el inicio del ciclo escolar 2009-2010, a una matrícula de 55 mil 787 (23.54 por ciento más) estudiantes en el presente ciclo escolar, evidentemente en los últimos tres ciclos escolares se han desarrollado varias estrategias para incrementar considerablemente el número de estudiantes. Lo anterior, se debe a la creación de nuevos planteles de bachillerato en la presente administración, por ejemplo: la reciente creación de dos planteles pertenecientes al subsistema de DGETI: el primero de estos, se ubica en la comunidad de Peñuleas, del municipio capital, y el segundo, en el municipio de San Francisco de los Romo; dos planteles adscritos a la DGB: uno para atender la demanda de servicios educativos a través de Casa del Adolescente, y otro, se ubica en Fraccionamiento de Valle de los Cactus; un Bachillerato con orientación hacia del deporte, uno más con orientación a las artes y humanidades; así como la conversión de cuatro instituciones a planteles sede o independientes, los cuales se encontraban funcionando como extensión; sin dejar de lado las necesidades en las comunidades más  apartadas de los municipios, se han incrementado ocho planteles del subsistema CEMSAD, así como cinco planteles de telebachillerato comunitario y dos de telebachillerato ordinario

Datos de planteles de nueva creación:

Datos de inversión en infraestructura 2007-2013

Derivado de lo anterior, el porcentaje de cobertura en Aguascalientes asciende a 74.43 por ciento, ubicándonos 8.5 puntos porcentuales por arriba de la media nacional. Asimismo, se tiene registrado un 102.03 por ciento en cuanto al porcentaje de absorción, en este apartado también nuestra entidad se ubica por arriba del 100.9 por ciento como medida nacional.

A continuación, me permito presentar la matrícula por subsistema:

a) El abandono escolar (deserción) en educación medias superior

Definitivamente el abandono escolar (deserción), la reprobación y la eficiencia terminal en el nivel medio superior constituyen tres de los indicadores más representativos para evaluar la eficiencia de nuestro Sistema Educativo; por esta razón en particular, cobra especial relevancia para las autoridades educativas federales y locales, el implementar acciones dirigidas no sólo en mejorar considerablemente el acceso a bachillerato, sino en diseñar y establecer procedimientos de apoyo que garanticen la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.

Si toman os en cuenta que diversos estudios sostienen que el problema de la insuficiente escolarización en los países de Latinoamérica se refiere, más que a la cuestión de la cobertura, a la limitada capacidad de los sistemas educativos para garantizar que el alumno pueda permanecer en la escuela (Fernández, 2009; Román, 2009; Escudero, 2005; CEPAL, 2002; Espíndola y León, 2002; Goicovic, 2002; Tijoux y Guzmán 1998), es entonces este un tema central a atender.

Estudios realizados en diferentes países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay), dan cuenta de que en América Latina hay una conciencia generalizada respecto a que la retención escolar, en los años de estudios equivalentes al nivel medio superior mexicano, es uno de los principales retos de los sistemas educativos. Según datos de la Cepal, en el 2002 el 37 por ciento de los adolescentes latinoamericanos de entre 15 y 19 años abandonaron la escuela antes de terminar sus estudios secundarios, e incluso se sostiene, a partir de los datos que aporta tanto el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) Como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2009), que menos de la mitad de los jóvenes de 20 años consiguen terminar el nivel medio en Latinoamérica (Román, 2009)”

Según el Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la EMS, publicado por el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo de Medio superior, AC, (Copeems) sobre estudios realizados para identificar los principales factores que inciden la deserción en América Latina y los Estados Unidos de América son:

Con respecto a México, en el año 2000 durante el Censo de Población y Vivienda se incluyó una pregunta a la población en edad de entre 7 a 29 años, que dijo que no asistir a la escuela, ésta se refería a “la razón principal por la que había abandonado sus estudios”, sin embargo, debido a las características de este censo, la pregunta fue realizada en términos muy generales, por lo que, no se precisa en cuál de los niveles educativos fue que abandono sus estudios el encuestado, es decir, si fue en el nivel de básica, media superior o superior. En este sentido, se pueden rescatar aspectos en común que los encuestados refirieron:

• Nunca ha ido a la escuela

• No quiso o no le gustó estudiar.

• Falta de dinero o tenía que trabajar.

• Se casó (unió).

• La escuela estaba muy lejos o no había.

• Su familia yo no lo (a) dejó o por ayudar en las tareas del hogar.

• Terminó sus estudios.

A partir de los datos arrojados por el Censo de 2000, Norma Luz Navarro Sandoval, en su artículo Marginación Escolar en los jóvenes. Aproximación a las causas de abandono (2001) calculó los porcentajes de cada una de las opciones de respuesta, delimitando los datos a las respuestas de los jóvenes de 15 a 19 años. Según este estudio, “de los jóvenes que desertaron del sistema educativo, el 37.4 por ciento no quiso o no le gustó estudiar; el 35.2 por ciento por causas económicas; 5.8 por ciento porque se casó o unió; el 5.4 por ciento por haber terminado sus estudios; un porcentaje menor (2.3 por ciento) declaró que no existía escuela o que estaba lejos, la causa de tipo familiar presentó un porcentaje bajo (2.4 por ciento), en tanto que el 3.1 por ciento de las respuestas fueron para otra causa y el restante 8.5 por ciento no especificó por qué dejó los estudios” (Navarro, 2001, páginas 48 y 49).

Otro estudio que tiene relación con los factores que influyen para que el joven abandone las aulas, fue la encuesta que se realiza entre los directores de las escuelas del nivel medio superior que participan en la prueba ENLACE. En 2010, aproximadamente 72 por ciento de los directores de media superior que participaron (10 mil 686) contestaron ese cuestionario. Los directores reportaron como principales razones para la deserción los problemas económicos (43 por ciento), la falta de interés en la escuela (24 por ciento) y el bajo rendimiento (19 por ciento).

La OCDE en 2010, emitió 15 recomendaciones a México en el ánimo de contribuir para la mejora de sus resultados en el ámbito educativo. Las recomendaciones en términos generales fueron:

a) Reforzar la importancia del papel que juegan los docentes: atraer mejores candidatos, profesionalizar la selección, contratación y evaluación docente, y (b) Redefinir y apoyar un liderazgo y una gestión escolar de excelencia (OECD, 2010).

Cabe señalar que un rasgo en común en todos estos estudios y encuestas consiste en admitir, que en elfenómeno de la deserción existen una multiplicidad de factores que hacen que resulte difícil establecer una causalidad directa. Los condicionantes analizados abarcan desde la organización de los sistemas educativos, el contexto social, la gestión escolar, la relación de los alumnos con los docentes, la situación familiar y la situación individual

b) Acciones para evitar el abandono escolar (deserción) en Aguascalientes

En Aguascalientes el porcentaje deserción se ubica en 7.5 por ciento, lo cual significa que estamos 6.9 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, sin embargo, no es motivo de satisfacción, ya que lo expresamos en valores absolutos encontraremos que el fenómeno de deserción es un tema bastante serio.

Datos de deserción y eficiencia terminal por subsistema en Aguascalientes:

De forma contundente, cobra un sentido diferente cuando se hace consciencia del número total de estudiantes que terminan abandonando sus estudios de preparatoria en Aguascalientes.

El Instituto de Educación de Aguascalientes, a través de la Subdirección de Educación Media, ha desarrollado las siguientes acciones:

Becas:

• 100 por ciento planteles públicos dados de alta en padrón de beneficiarios del Probems.

• 100 por ciento estudiantes validados en procesos de selección.

• 8 nuevas altas a igual número de planteles de reciente operación.

Padrón general de becarios en sus diferentes modalidades:

A continuación de manera general se exponen las principales acciones llevadas a cabo por los Subsistemas para atender y disminuir el número de estudiantes de bachillerato que abandonan los estudios de bachillerato. Lo anterior, independientemente, de que muchas de las estrategias tengan como origen programas federales, como lo son; Probems, Tutorías, Movimiento Nacional en contra del Abandono Escolar, SIAT, Profordems, Profordir, etcétera.

Telebachillerato y telebachillerato comunitario

• Se busca que todos los jóvenes de nuestro subsistema, cuenten con una beca para continuar con sus estudios (actualmente contamos con el 85 por ciento de alumnos becados con algina beca de las siguientes modalidades: Oportunidades, contra el abandono escolar, ingresar, permanecer y concluir, excelencia, compensatorias y municipales. Siendo nuestra matrícula actual de 2 mil 500 alumnos distribuidos en 5 telebachilleratos comunitarios.

• Se dan cursos de regularización para alumnos de nuevo ingreso en la áreas de matemáticas y comprensión lectora beneficiando a más de 700 alumnos.

• Se estableció un programa de tutorías, dando como resultado que cada plantel tenga un tutor escolar y asesorías para todos aquellos jóvenes que las requieran, logrando así asesorías individuales y grupales, en algunos casos extra clases, hasta de 2 horas. Beneficiando a mil alumnos que formaron parte de este proyecto. Se capacitaron 90 docentes en el diplomado de acción tutorial.

• Se establecen estrategias motivacionales antes de empezar clases como: lectura por parte del docente de algún poema o escrito que permita la reflexión del joven, beneficiando al 80 por ciento de nuestra matricula actual.

• Se invita a los padres de familia para que acompañen a con sus hijos en un día de escuela, para que conozcan y los apoyen en las actividades que realizan en su escuela.

• Se implantaron y en algunos casos se estableció el café literario, donde participan padres de familia, alumnos y autoridades de los distintos municipios, cubriendo casi un 60 por ciento de los planteles.

• Se están capacitando 6 docentes en Salas de Lectura, para después reproducir la información y establecer salas de lectura por lo menos en el 90 por ciento de nuestros planteles.

• Se lleva a los jóvenes a ferias de universidades, visitas a empresas y actividades que les permitan ampliar su proyecto de vida, dando como resultado casi 600 alumnos, en su mayoría de quinto y sexto semestre beneficiados.

• Se realizan proyectos deportivos y culturales, así como diversos concursos a lo largo del semestre, donde se busca una sana convivencia y competitividad entre los diferentes alumnos de los planteles, con un participación del 70 por ciento de la matricula inicial.

Centro de enseñanza media de la UAA

De manera general le comunicamos que una actividad fundamental en nuestro Centro Académico lo constituyen la acciones que son emprendidas por el área de Orientación Educativa; la cual integra coordinadamente las acciones de:

• Asesoría psicopedagógica

• Orientación vocacional

• Tutoría longitudinal

Estos tres subprogramas del programa general de Orientación Educativa que trabajan coordinadamente en atención directa de los estudiantes, atendiéndolos a  a nivel grupal e individual en cubículo, promovido acciones que generen mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes; a la vez apoyan y se coordinan en acciones con:

1. Los coordinadores de las academias (las cuales dependen de las jefaturas de departamento) para el trabajo logístico y con cada uno de los docentes en actividades operativas coordinadas relacionadas con el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

2. Con todos los padres de familia de los estudiantes de cada nivel educativo para establecer estrategias de trabajo en el proceso formativo de los estudiantes.

3. Con el programa de escuela para padres que se maneja en el Centro.

4. Con instituciones educativas y otras instancias que provean acciones cuyo impacto se vea reflejado en beneficio del proceso educativo de los estudiantes.

Todo lo anterior tiene como propósito coadyuvar en logro del perfil de egreso establecido en el diseño curricular por competencias vigente en nuestro centro académico, lo cual ha influido significativamente en la formación integral de los estudiantes y consecuentemente en el abatimiento del índice de deserción escolar, éste último actualmente es muy bajo y cada vez es menor si lo comparamos con el índice presentado apenas hace 5 años.

Implementación de acciones contra del abandono, tales como:

• “Yo no abandono”,

• “Sistema de Tutorías”,

• “Actividades extracurriculares deportivas de fortalecimiento académico en fines de semana”, “Escuela siempre abierta”, etcétera, están cumpliendo con los objetivos planteados.

Principalmente se llevan a cabo acciones sugeridas por los propios alumnos, que van desde las deportivas, culturales y sociales, hasta la integración de la comunidad en acciones en beneficio de ellos mismos

• Talleres de serigrafía

• Club de teatro

• Club de danza

• Club de música

• Club de dibujo y pintura

• Club de matemática

• Disposición de laboratorios de cómputo

• Banda de guerra

• Club de ajedrez

Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Aguascalientes (Ceptea)

Para fortalecer la permanencia de los alumnos en el sistema Conalep y evitar el problema del abandono escolar, el Conalep Aguascalientes ha implementado diversas acciones con el propósito de apoyar a los estudiantes en su formación integral.

Las acciones realizadas son:

• Psicología. Es uno de los aspectos más relevantes  debido a que se contrató una Psicólogo por Plantel, como apoyo en la atención personalizada a los estudiantes. Para conocer de cerca la problemática de las razones por las cuales abandonan sus estudios, aplicándoles una encuesta de salida.

• Programa de tutorías. Derivado de la capacitación que tuvieron los docentes en el área de tutorías, cada grupo cuenta con un maestro tutor. Este programa se apoya en coordinación con Psicología para la atención integral a la problemática que presenten los alumnos.

• Sistema de alerta temprana (Siat). Seguimiento al aprovechamiento académico, en ese sentido se ha hecho un reconocimiento en público a aquellos jóvenes que han logrado sobresalir, con la finalidad de incidir positivamente en la comunidad estudiantil.

• Actividades extracurriculares. Se continúa impulsando las actividades extracurriculares con los diferentes clubes que existen en los planteles (banda de guerra, escolta, danza folklórica, mariachi, banda colegial, batucada, etc.). Se promueve la participación de los jóvenes en eventos artísticos, culturales y deportivos.

• Becas. Conalep cuenta con diferentes tipos de becas Institucionales, que aunadas a las becas federales, constituyen un mecanismo de apoyo importante contra el abandono escolar.

• Becas institucionales:

• Retención

• Excelencia académica

• Bécalos

• Becas federales:

• Yo no abandono

• Ver bien para aprender mejor

• Se promueve activamente la vinculación Escuela-Empresa, en donde los jóvenes tienen la oportunidad de desarrollarse durante el último año escolar, en diferentes Empresas. Esto les ha dado, en algunos casos, la oportunidad de viajar al extranjero a capacitarse. Lo que representa un estímulo y les genera el compromiso para no abandonar sus estudios.

• Perfil docente. Se ha ido adecuando el perfil docente a los módulos a impartir, dando pertinencia a los programas de estudio, beneficio a los estudiantes al recibir una información académica de calidad.

• Emprendedores. Mediante este programa se propicia la participación y creatividad de los jóvenes, a su vez, desarrollan sus capacidades con proyectos productivos e innovadores. Se promueve la participación en concursos Interconalep. Derivado de los resultados de este programa, se pretende incursionar en concursos estatales y nacionales.

Mediante las actividades que los planteles Conalep, realizan se fortalece la formación integral del estudiante y contribuye a que no abandonen sus estudios.

Dirección de Educación Básica y Dirección de Educación Media y Suprior del Instituto de Educación de Aguascalientes.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite al promovente, para su conocimiento.

INSTALACION EN AGUSCALIENTES DE LA COMISION ESTATAL DE PRODUCTIVIDAD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— Gobierno del Estado de Chiapas.

Diputado José Gonzales Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por instrucciones del gobernador del estado, licenciado Manuel Velasco Coello, y en atención a su oficio número D.G.P.L.62-II-3-1422 de fecha 25 de febrero del año que transcurre, relativo al acuerdo adoptado por la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, referente al exhorto efectuado a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que éstos instalen las Comisiones Estatales de Productividad, me permito hacer su conocimiento lo siguiente.

El estado de Chiapas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 153 Q, de la Ley Federal del Trabajo, con fecha 28 de mayo de 2013 instaló la Comisión Estatal de Productividad y aprobó el reglamento de organización y funcionamiento de la misma, el cual fue publicado el miércoles 29 de mayo de este mismo año en el Periódico Oficial del Estado número 035; habiéndose sesionado en dos ocasiones y constituidas e instaladas la subcomisiones temáticas previstas en la reglamentación interna.

Se adjunta fotocopia del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Estatal de Productividad.

Sin otro particular, me reitero a sus distinguidas consideraciones.

Atentamente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 27 marzo de 2014.— Maestro en Derecho Manuel Sobrino Durán (rúbrica), Secretario del Trabajo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

COMISION CONSULTIVA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— Guanajuato.— Orgullo y compromiso de todos.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, y en respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-1196, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que, en su artículo segundo, señala: “ Segundo. Se exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal, para que a través de sus dependencias competentes, en términos de lo dispuesto por el articulo 512 B de la Ley Federal del Trabajo, instalen las comisiones consultivas estatales y del Distrito Federal de seguridad y de salud en el trabajo, con el objeto de coadyuvar en la definición de la política estatal en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanos en la materia, así como estudiar y proponer medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo establecidos en su jurisdicción, y las demás establecidas en la normatividad vigente aplicable”. Con base en lo anterior me permito manifestar lo siguiente:

Para nosotros es un gusto comentarle que la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo se constituyó desde el 27 de septiembre de 2012. A la fecha sigue vigente.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

“Únete Guanajuato. Por el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de marzo de 2014.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

INSTALACION EN AGUSCALIENTES DE LA COMISION ESTATAL DE PRODUCTIVIDAD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— Guanajuato.— Orgullo y compromiso de todos.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva.— México, DF

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional de Guanajuato y en respuesta del oficio número DGPL 62-II-3-1422, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala: “Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a instalar por sus Secretarías de Trabajo o de Asuntos Laborales las comisiones estatales de productividad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 153-Q de la Ley Federal de Trabajo, con objeto de que cumplan las facultades conferidas en la normativa vigente aplicable”, me permito manifestar lo siguiente:

Derivado de las reformas y adiciones de la Ley Federal del Trabajo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se prevé la constitución de un comité nacional de productividad, como órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo federal y de la planta productiva porque la productividad es factor fundamental y condición indispensable para el crecimiento económico, la ampliación y el mejoramiento de las oportunidades de empleo y, con ello, de modificación favorable de las condiciones de vida de la población en general.

La Ley Federal del Trabajo hace referencia al Comité Nacional de Productividad y a la Comisión Nacional de Productividad de manera indistinta, pese a que se trata del mismo órgano consultivo, y que se instaló en enero de 2013.

El artículo 152-Q de la Ley Federal del Trabajo establece que todas las entidades federativas cuenten con una comisión estatal de productividad, lo cual en este momento es impulsado en los diversos estados de la república.

En Guanajuato, desde julio del 2013 se instaló el Comité Estatal de Productividad, por lo que esta entidad es una de las cuatro en el país que ha dado cumplimiento al dispositivo invocado en el punto de acuerdo de referencia, como se consigna en las consideraciones de dicho resolutivo.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Únete, Guanajuato. Por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de marzo de 2014.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

ILUMINAR LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE COLOR NARANJA LOS DIAS 25 DE CADA MES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— Guanajuato.— Orgullo y compromiso de todos.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1335, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que en el artículo segundo señala: Segundo. Se exhorta respetuosamente a todas las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal para que se unan a esta campaña, e iluminen los edificios públicos de color naranja los días 25 de cada mes. Con base en lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:

Felicitamos las acciones impulsadas por la Cámara de Diputados en el respeto de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. En ese sentido, para nosotros es un honor compartirle que en el estado de Guanajuato, el 14 de noviembre del 2013, se arrancó la estrategia Código Naranja: “Únete Guanajuato. Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, con objeto de fortalecer y coordinar bajo una estrategia las acciones del gobierno del estado dirigidas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, articulando los esfuerzos institucionales y sociales para consolidar una política transversal.

Así las cosas, se conjuntaron esfuerzos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal para proteger el derecho de las guanajuatenses a una vida libre de violencia. Es de comentar, que una de las primeras acciones es impulsar la leyenda de la estrategia en toda la papelería oficial por el lapso de un año que finaliza hasta noviembre de 2014. También se colocaron pendones en los principales edificios gubernamentales.

Acciones señaladas con anterioridad que representaban un menor costo que el de la iluminación de los edificios públicos, sin que ello represente demeritar el significado y valía de la finalidad propuesta.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

“Únete Guanajuato. Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.”

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de marzo de 2014.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y FEMINICIDIOS EN GUANAJUATO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— Guanajuato.— Orgullo y compromiso de todos.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1309, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que, en el artículo primero señala: Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a detener la violencia institucional e instruir a los funcionarios responsables de la administración y procuración de justicia, para que cumplan con las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y apliquen los protocolos de investigación de perspectiva de género y derechos humanos, en todos los casos de violencia en contra de las mujeres y en la investigación de los feminicidios.

Con base en lo anterior me permito manifestar lo siguiente:

Sin lugar a duda, el ámbito del acceso efectivo a la procuración oportuna de justicia es uno de los temas más sensibles cuando se habla de los derechos de las mujeres. Por ello, en Guanajuato, a través de la Procuraduría General de Justicia del estado, se han impulsado y aplicado un conjunto de acciones que demuestran la importancia que para esta administración reviste el brindar las condiciones adecuadas para el ejercicio de sus prerrogativas. En ese sentido, se aplican los protocolos de investigación con perspectiva de género.

La perspectiva de género, como metodología y visión científica de atención especializada, debe ser observada en cada una de las indagatorias en las que se denuncia un delito de violencia contra la mujer, es por lo anterior, que la Procuraduría General de Justicia del estado, oficializó la aplicación de los siguientes protocolos de investigación con perspectiva de género:

• Protocolo de investigación relacionado con desaparición de mujeres;

• Protocolo de violación de mujeres; y

• Protocolo de feminicidio.

Lo anterior con el propósito de establecer procesos homologados, precisar las diversas diligencias del personal ministerial, policial y pericial y fijar directrices generales de actuación para lograr la estandarización ordenada de actuaciones del Ministerio Público en el marco irrestricto de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, a fin de proveer al esclarecimiento de los hechos. Dichos protocolos con perspectiva de género fueron formalizados el pasado 8 de marzo del 2013.

Los protocolos de investigación contemplan lo dispuesto en normas internacionales, nacionales y estatales en la materia y fueron estructurados a partir de los Lineamientos Generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razonas de género, elaborados por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, Fevimtra, el Inacipe y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

“Únete Guanajuato. Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.”

Guanajuato, Guanajuato, a 13 de marzo de 2014.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José González Morfín:  Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

Le pido dar lectura a la solicitud de licencia del diputado Roy Argel Gómez Olguín.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfin, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Que toda vez que existe la posibilidad de que el suscrito sea postulado a otro cargo de elección popular y en las disposiciones electorales correspondientes se me condiciona a la separación al cargo de diputado federal de la LXII Legislatura por lo menos noventa días antes del día de la elección, con fundamento en los artículos 6, fracción XVI, y 12, apartado 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar que me sea concedida licencia temporal al cargo que a la fecha ostento, debiendo surtir efectos dicha licencia, en caso de ser aprobada por el pleno, a partir de su presentación el 3 de abril de 2014, tal y como lo prevé el artículo 13 apartado 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados ya invocado.

Sin otro particular reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes.

Palacio Legislativo, a 3 de abril de 2014.— Diputado Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputo Roy Argel Gómez Olguín, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el segundo distrito electoral de estado de Nayarit a partir del 3 de abril del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados...

La diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado. Sonido en la curul de la diputada Denisse Ugalde Alegría. Dígame, diputada. Sonido, por favor.

La diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría (desde la curul): Gracias, presidente. Sobre este punto quisiera expresar que quienes hemos tenido el enorme privilegio de conocer y de compartir con el diputado Roy Gómez durante esta LXII Legislatura sabemos perfectamente que además de ser un extraordinario compañero, amigo y ser humano, se ha desempeñado también con gran compromiso como legislador. Se ha destacado en su labor como coordinador de los diputados de Nayarit y, por supuesto, también tuvo un papel muy importante en las mesas de diálogo de la reforma educativa, siendo una reforma tan necesaria y tan importante para nuestro país.

Por eso quisiera externar a nombre de mi grupo parlamentario que la licencia del diputado Roy Gómez sin duda es una pérdida muy notable para nuestro grupo, para esta Cámara de Diputados, pero estamos seguros de que será de gran beneficio para toda la gente de Nayarit.

Por eso queremos desearle el mayor de los éxitos a nuestro amigo y compañero Roy Gómez, y estamos seguros de que será un extraordinario candidato y un extraordinario alcalde de Tepic. Muchísimas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El diputado Javier Filiberto Guevara González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Filiberto González. Dígame, diputado.

El diputado Javier Filiberto Guevara González (desde la curul): Guevara González.

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Sí, adelante.

El diputado Javier Filiberto Guevara González (desde la curul): En nombre de la bancada poblana y de nuestro coordinador, el diputado Carlos Sánchez, le deseamos lo mejor a todo lo que va a emprender nuestro amigo el diputado Roy Gómez.

Sabemos que va a ser un gran presidente municipal porque lo ha demostrado aquí en la Cámara, por ser un hombre de buenos sentimientos, un hombre amigo, un hombre que siempre nos extendió la mano y que estuvo siempre trabajando por el bien de México. Hoy los de Nayarit le encargan Tepic y sabemos que va a hacer un gran trabajo y va a tener todo el respaldo de la bancada poblana para que nuestro compañero y amigo Roy Gómez sea un presidente exitoso. Enhorabuena y que Dios te bendiga, Roy.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.

La diputada Gabriela Medrano Galindo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Gabriela Medrano.

La diputada Gabriela Medrano Galindo (desde la curul): En el mismo sentido, presidente, para unirnos a mis demás compañeros y desearle al diputado Roy Gómez todo el éxito en este nuevo proyecto y que toda la bancada del Partido Verde sabe que ha sido un legislador que ha cumplido cabalmente con su tarea, y que no dudamos que va a ser un presidente exitoso.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Continúe la Secretaría.

El diputado Héctor García García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón, permítame, diputado. El diputado Héctor García. Sonido en su curul, por favor.

El diputado Héctor García García (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. De la misma forma, la fracción parlamentaria de Nuevo León desearle el mayor de los éxitos a nuestro amigo Roy Gómez, sabemos que es un hombre de trabajo y que le va a ir muy bien en Nayarit. Muchos éxitos, mí estimado Roy.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ahora sí, continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquese.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Ángel Alain Aldrete Lamas, diputado federal electo por el segundo distrito electoral del estado de Nayarit.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y a los siguientes diputados: Arnoldo Ochoa, Lourdes Eulalia Quiñones, Joaquina Navarrete, Nabor Ochoa, Martha Beatriz Córdova Bernal y Rubén Benjamín Félix Hays.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

Se pide a los presentes ponerse de pie, por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Ciudadano Ángel Alain Aldrete Lamas, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Ángel Alain Aldrete Lamas: Sí protesto.

El Presidente diputado José González Morfín: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Felicidades, señor diputado. Bienvenido.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANA Y PREFERENTE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.

Atentamente

México, DF, a 1o., de abril de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA E INICIATIVA PREFERENTE.

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMANlos artículos 43, numeral 1; 66, numerales 2 y 3; 104, numeral 1; se ADICIONAN los artículos 20, numeral 2, con un inciso d), pasando los actuales incisos d) a j) a ser los incisos e) a k); 23, numeral 1, con un inciso q), pasando el actual inciso q) a ser r), y, un numeral 2, pasando los actuales numerales 2 y 3 a ser 3 y 4; 34, numeral 1, con un inciso d), pasando los actuales incisos d) a i) a ser los incisos e) a j); 66, numeral 1, con un inciso c), pasando los actuales incisos c) a l) a ser los incisos d) a m); 67, numeral 1, con un inciso n), pasando el actual inciso n) a ser inciso o) y, un numeral 2; 82, numeral 1, con un inciso d), pasando los actuales incisos d) a f) a ser los incisos e) a g); un Título Quinto para denominarse “De la Iniciativa Ciudadana y Preferente”, con dos Capítulos, que comprende los artículos 130 a 133, denominado “De la Iniciativa Ciudadana”, y de los artículos 134 a 138 denominado “De la Iniciativa Preferente” recorriéndose el actual Título Quinto “De la difusión e información de las actividades del Congreso” a ser Título Sexto, pasando los actuales artículos 130 a 135 a ser los artículos 139 a 144, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 20.

1. ...

2. ...

a) a c)...

d) Incorporar en el Orden del Día de la siguiente Sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que la comisión o comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales.

e) Determinar durante las sesiones las formas que puedan adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios;

f) Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;

g) Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria;

h) Designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con el ceremonial;

i) Elaborar el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto por el cual se normará el servicio de carrera parlamentaria, a efecto de que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;

j) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Federal Electoral; y

k) Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos de la Cámara.

ARTÍCULO 23.

1. ...

a) a o). ...

p) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

q) Solicitar al Instituto Nacional Electoral la verificación del porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

r) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta Ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.

2. En el caso de iniciativas y minutas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:

a) Turnar inmediatamente la iniciativa o minuta a una o más comisiones para su análisis y dictamen;

b) Cuando se trate del señalamiento de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos anteriores, y esté pendiente de dictamen, notificará a la comisión o comisiones que conozcan de la misma que ha adquirido el carácter de preferente;

c) Solicitar a la Junta de Coordinación Política que constituya e integre de manera anticipada la comisión o comisiones que dictaminarán la iniciativa o minuta con carácter de preferente;

d) Prevenir a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa o minuta con carácter de preferente a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta, y

e) Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo de la comisión o comisiones para dictaminar.

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.

4. Si al comenzar el periodo constitucional no se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1 de diciembre, procederá a tomar las medidas necesarias para que el Congreso se erija en colegio electoral a efecto de designar Presidente interino, en los términos del artículo 84 Constitucional.

ARTÍCULO 34.

1. ...

a) a c) ...

d) Proponer al Pleno la integración de la comisión o comisiones a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, cuando se presente una iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad;

e) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados.

f) Analizar y, en su caso, aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara;

g) Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del estatuto, por el cual se normará el servicio de carrera administrativo y financiero a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;

h) Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios;

i) Proponer al Pleno la convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Federal Electoral, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la presente Ley y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los procedimientos que de ella se deriven, con el consenso de los respectivos grupos parlamentarios, y

j) Las demás que le atribuyen esta ley o los ordenamientos relativos.

ARTÍCULO 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

2. a 7. ...

ARTÍCULO 66.

1. ...

a) y b). ...

c) Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que las comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales.

d) Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y tiempos de presentación;

e) Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el ceremonial;

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difundida a los medios de comunicación en condiciones de objetividad y equidad;

h) Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara, que le presente la Comisión de Administración, para su remisión al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; así como los presupuestos mensuales de la propia Cámara. En los recesos, el Presidente de la Mesa turnará el presupuesto mensual al Presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales conducentes;

i) Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios;

j) Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de Carrera. La adopción de esos instrumentos se regirá, en lo conducente, por las reglas y procedimientos establecidos para la aprobación de leyes y decretos;

k) Organizar y supervisar las funciones a cargo de las secretarías generales, la Tesorería, el servicio civil de carrera y crear las unidades administrativas que requiera la Cámara;

l) Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos medios y superiores , acordados mediante los procedimientos señalados en esta Ley, las disposiciones  reglamentarias y los acuerdos aplicables; y

m) Las demás que se deriven de esta Ley o del Reglamento.

2. Las facultades que se precisan en los incisos a), d), e), f), g), h) e i), serán ejercidas por el Presidente de la Mesa Directiva.

3. Las facultades que se precisan en los incisos b), c), i), j) y k), serán ejercidas de manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Mesa Directiva. En caso de empate, el Presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente deberán asistir más de la mitad de sus integrantes.

ARTÍCULO 67.

1. ...

a) a l). ...

m) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

n) Solicitar al Instituto Nacional Electoral la verificación del porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

o) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento.

2. En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:

a) Turnar inmediatamente la iniciativa a una o más comisiones para su análisis y dictamen;

b) Cuando se trate del señalamiento de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos anteriores, y esté pendiente de dictamen, notificará a las comisiones que conozcan de la misma que ha adquirido el carácter de preferente;

c) Solicitar a la Junta de Coordinación Política que constituya e integre de manera anticipada las comisiones que dictaminarán la iniciativa o minuta con carácter preferente;

d) Prevenir a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa o minuta con carácter preferente a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta, y

e) Inmediatamente después de concluido el plazo de la comisión o comisiones para dictaminar, incluir el asunto en el Orden del Día para su discusión y votación.

ARTÍCULO 82.

1. ...

a) a c) ...

d) Proponer al Pleno la integración de las comisiones a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, cuando se presente una iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad.

e) Elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para dichos efectos;

f) Proponer al Presidente de la Mesa Directiva a los senadores que integren las delegaciones para atender la celebración de reuniones de carácter internacional; y

g) Las demás que se deriven de esta Ley y del Reglamento.

ARTÍCULO 104.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cuatro de ellas.

2. a 4. ...

TITULO QUINTO

De la Iniciativa Ciudadana y Preferente

CAPÍTULO PRIMERO

De la iniciativa ciudadana

ARTÍCULO 130.

1. El derecho de iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente a cuando menos al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

2. Los ciudadanos podrán presentar proyectos de iniciativas, respecto de las materias de competencia del Congreso de la Unión.

3. Las Iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de cada Cámara, una vez que la autoridad electoral comunique el cumplimiento del requisito señalado en el numeral 1. Cumplidos los plazos en los términos que establecen los reglamentos respectivos, sin que haya dictamen de las comisiones, la Mesa Directiva incluirá el asunto en el Orden del Día de la Sesión inmediata siguiente.

ARTÍCULO 131.

1. La iniciativa ciudadana, además de los requisitos que establecen los reglamentos de las cámaras, según corresponda, deberá:

a) Presentarse por escrito ante el Presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores; y en sus recesos, ante el Presidente de la Comisión Permanente.

La Cámara que reciba el escrito de presentación de la iniciativa ciudadana será la Cámara de origen, salvo que el proyecto respectivo se refiera a empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropas. En estos casos la cámara de origen será siempre la de Diputados.

Durante los recesos del Congreso, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinará la Cámara de origen en caso de que la iniciativa no lo especifique;

b) Contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma. En caso de advertirse error en la identificación del ciudadano, siempre y cuando éste sea menor al 20% del total requerido, el Instituto prevendrá a los promoventes para que subsanen el error antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, debiendo informar de ello al Presidente de la Mesa Directiva, de no hacerlo se tendrá por desistida la iniciativa;

c) Nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir notificaciones, y

d) Toda la documentación deberá estar plenamente identificada, señalando en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto que se propone someter.

Cuando la iniciativa no cumpla con los requisitos señalados en los incisos a), c) o d) el Presidente de la Cámara prevendrá a los proponentes para que subsane los errores u omisiones en un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada.

ARTÍCULO 132.

1. La iniciativa ciudadana atenderá el siguiente procedimiento:

a) El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, dará cuenta de ella y solicitará de inmediato al Instituto Nacional Electoral, la verificación de que haya sido suscrita en un número equivalente, a cuando menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente;

El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, verificará que los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana, aparezcan en las listas nominales de electores y que la suma corresponda en un número equivalente, a cuando menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

Una vez que se alcanzó el requisito porcentual a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo a los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva.

b) El Instituto Nacional Electoral cantará con un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente para realizar la verificación que se refiere el inciso anterior;

c) En el caso de que Instituto Nacional Electoral determine en forma definitiva que no se cumple con el porcentaje requerido por la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta de ello al Pleno de la Cámara, lo publicará en la Gaceta, y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido notificando a los promoventes, por conducto de su representante.

En caso de que el representante de los promoventes impugne la resolución del Instituto Nacional Electoral, el Presidente de la Mesa Directiva suspenderá el trámite correspondiente mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo conducente;

d) En el supuesto de que se verifique el cumplimiento del porcentaje señalado en el inciso a), el Presidente de la Mesa Directiva, turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el proceso legislativo ordinario, y

e) En el caso de que la iniciativa ciudadana sea aprobada por la Cámara de origen, pasará a la Cámara revisora, a efecto de que siga el procedimiento legislativo ordinario, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución.

ARTÍCULO 133.

1. En el proceso legislativo de dictamen en cada Cámara, el Presidente de la comisión deberá convocar al representante designado por los ciudadanos, para que asista a una reunión de la comisión que corresponda, a efecto de que exponga el contenido de su propuesta.

2. Las opiniones vertidas durante la reunión a la que fue convocado, no serán vinculantes para la comisión y únicamente constituirán elementos adicionales para elaborar y emitir su dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara respectiva.

3. El procedimiento de dictamen no se interrumpirá en caso de que el representante no asista a la reunión a la que haya sido formalmente convocado.

4. El representante podrá asistir a las demás reuniones públicas de la comisión para conocer del desarrollo del proceso de dictamen y podrá hacer uso de la voz hasta antes del inicio del proceso de deliberación y votación.

CAPÍTULO SEGUNDO De la iniciativa preferente

ARTÍCULO 134.

1. La iniciativa preferente es aquella que es sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República en ejercicio de su facultad exclusiva para trámite preferente, o señalada con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen.

2. La iniciativa referida en el numeral anterior, conservará su carácter preferente durante todo el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de la Constitución.

ARTÍCULO 135.

1. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución.

2. La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o más ordenamientos cuando exista conexidad en los temas.

ARTÍCULO 136.

1. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen.

2. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas con ese carácter, se observará lo siguiente:

a) La Cámara de origen deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de su presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad.

b) El plazo a que se refiere el numeral anterior será improrrogable.

c) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

I. La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite.

II. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada, de lo contrario, se tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en la fracción G del artículo 72 de la Constitución.

III. El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la Cámara de origen, será enviado de inmediato a la Cámara revisora, en calidad de minuta, para los efectos del artículo 72 de la Constitución.

d) La comisión o comisiones podrán trabajar en conferencia a fin de agilizar el análisis y dictamen de las iniciativas con carácter preferente, en cualquier etapa del proceso legislativo.

ARTICULO 137.

1. Para las minutas sobre iniciativas preferentes aprobadas y remitidas a la Cámara revisora para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, se observará lo siguiente:

a) El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de ésta al Pleno;

b) El presidente dará treinta días naturales a partir de la recepción del asunto por la Cámara revisora, para que la comisión o comisiones formulen el dictamen correspondiente;

c) El plazo a que se refiere el inciso anterior es improrrogable;

d) Cuando la minuta sea aprobada en sus términos se remitirá al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución;

e) Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución.

f) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

I. La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el Orden del Día de la siguiente Sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite.

II. Cuando la minuta sea aprobada en sus términos se remitirá al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución.

III. Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución, sin que la iniciativa, materia de la minuta, pierda su carácter de preferente.

ARTICULO 138.

1. Para las minutas sobre iniciativas preferentes remitidas para los efectos de las fracciones D o E del artículo 72 constitucional, se observará lo siguiente:

a) El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de ésta al Pleno;

b) La Cámara deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de quince días naturales contados a partir de la recepción del asunto;

c) El plazo a que se refiere el inciso anterior es improrrogable;

d) Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución, sin que la iniciativa, materia de la minuta, pierda su carácter de preferente;

e) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

I. La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el Orden del Día de la siguiente Sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite:

II. Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora, la cual deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución.

TITULO SEXTO

De la difusión e información de las actividades del Congreso

CAPITULO UNICO

ARTICULO 139.

1. El Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y esta Ley les encomiendan.

ARTICULO 140.

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el Canal de Televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa.

ARTICULO 141.

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

3. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades del Canal.

4. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras podrán solicitar al responsable del Canal copia de las vídeo grabaciones transmitidas a través del mismo.

5. La organización y funcionamiento del Canal se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.

ARTICULO 142.

1. Cada Cámara tendrá un órgano oficial denominado “Diario de los Debates” en el que se publicará la fecha y lugar en que se verifique la sesión, el sumario, nombre del que presida, copia fiel del acta de la sesión anterior, versión taquigráfica o estenográfica, en su caso, de las discusiones en el orden que se desarrollen e inserción de todos los documentos a los que se les dé lectura.

2. Las actas de las sesiones secretas no serán publicadas.

3. El Titular de la unidad administrativa responsable del Diario de los Debates en cada Cámara, será responsable de la custodia, salvaguarda y archivo de los expedientes, y deberá remitirlos en su oportunidad, conforme a los acuerdos que dicten las respectivas mesas directivas, al Archivo General de la Nación.

ARTICULO 143.

1. El Congreso de la Unión tendrá un Sistema de Bibliotecas que estará a cargo de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

2. Las Cámaras conformarán, mantendrán y acrecentarán los acervos bibliográfico y de otros contenidos científico, cultural o informativo, para contribuir al cumplimiento de las atribuciones de las propias Cámaras, sus Comisiones y de los legisladores. Esos acervos tendrán carácter público.

3. La administración y operación de las Bibliotecas será responsabilidad de los servicios establecidos en cada Cámara; conforme a los Títulos Segundo y Tercero de esta ley, y a través de una Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, integrada por tres diputados y tres senadores, electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

ARTICULO 144.

1. Las Cámaras podrán establecer instituciones de investigación jurídica y legislativa para la mejor información y realización de los trabajos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 43 Ter a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 43 Ter.

1. El recurso de apelación será procedente para impugnar el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a la Cámara solicitante del Congreso de la Unión, relativo al resultado de la revisión del porcentaje de ciudadanos que hayan suscrito la iniciativa ciudadana, atendiendo lo señalado en el artículo 71 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El recurso se interpondrá ante el Instituto Nacional Electoral dentro de los tres días siguientes a aquél en que el Presidente de la Cámara notifique el informe al representante de los promoventes de la iniciativa ciudadana.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción II del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. ...

II. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo; y en su caso, comunicar el señalamiento formal del Presidente de la República del carácter preferente de hasta dos de las iniciativas que se hubieren presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen;

III. a XLIII. ...

...

...

ARTÍCULO CUARTO.Se adiciona un inciso g), recorriéndose las demás en su orden, al numeral 1 del artículo 125 y los numerales 3 y 4 al artículo 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 125

1. ...

a) a f). ...

g) Informar a la Cámara solicitante del Congreso de la Unión dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la recepción del expediente que le remita el Presidente de la Mesa Directiva de dicha cámara, sobre el resultado de la revisión del porcentaje señalado en al artículo 71, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del párrafo cuarto del artículo 128 de este Código;

h) Suscribir, en unión del consejero presidente, los convenios que el Instituto celebre con las autoridades electorales competentes de las entidades federativas para asumir la organización de procesos electorales locales;

i) Coadyuvar con el contralor general en los procedimientos que éste acuerde para la vigilancia de los recursos y bienes del Instituto y, en su caso, en los procedimientos para la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores públicos del Instituto;

j) Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados;

k) Nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables;

l) Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

ll) Establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General, de los resultados preliminares de las elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; para este efecto se dispondrá de un sistema de informática para recabar los resultados preliminares. En este caso se podrán transmitir los resultados en forma previa al procedimiento establecido en los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 291 de este Código. Al sistema que se establezca tendrán acceso en forma permanente los consejeros y representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General;

m) Actuar como secretario de la Junta General Ejecutiva y preparar el orden del día de sus sesiones;

n) Recibir los informes de los vocales ejecutivos de las juntas locales y distritales ejecutivas y dar cuenta al presidente del Consejo General sobre los mismos;

ñ) Sustanciar los recursos que deban ser resueltos por la Junta General Ejecutiva o, en su caso, tramitar los que se interpongan contra los actos o resoluciones de ésta, en los términos de la ley de la materia;

o) Apoyar la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral, cuando así lo ordene el consejero presidente;

p) Elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el anteproyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración del presidente del Consejo General;

q) Ejercer las partidas presupuestales aprobadas;

r) Otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de administración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, el secretario ejecutivo requerirá de la autorización previa del Consejo General;

s) Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva;

t) Expedir las certificaciones que se requieran; y

u) Las demás que le encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta General Ejecutiva y este Código.

Artículo 128

1. y 2. ...

3. Las firmas a que se refiere el artículo 71, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

a) Nombres con datos incompletos, falsos o erróneos, que no permitan la identificación del ciudadano;

b) No se acompañen la clave de elector o el número identificador ubicado al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente;

c) Un ciudadano haya suscrito dos o más veces la misma iniciativa; en este caso, sólo se contabilizará una de las firmas;

d) Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en este Código.

4. Finalizada la verificación de las firmas, la Dirección General Ejecutiva del Registro Federal de Electores remitirá al Secretario Ejecutivo del Instituto un informe detallado y desagregado que deberá contener:

a) El número total de ciudadanos firmantes;

b) El número de ciudadanos firmantes que se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje;

c) El número de ciudadanos firmantes que no se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje;

d) Los ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en este Código.

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor.

TERCERO. Las Cámaras del Congreso a través de la oficina de atención ciudadana, en un plazo no mayor a 90 días, establecerán mecanismos de apoyo a los ciudadanos que buscan presentar iniciativas.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 1o., de abril de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE GOBERNACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió comunicación signada por consenso de los grupos parlamentarios, por la que solicitan a la Presidencia de la Mesa Directiva se consulte a la asamblea, con fundamento en el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que la Comisión de Gobernación sea citada y se reúna de manera extraordinaria hoy martes 8 de abril a las 16:00 horas, para todos los efectos que correspondan, con el propósito de discutir y dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se autoriza.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se autoriza. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se autoriza. Se cita a la Comisión de Gobernación a reunión extraordinaria, con el objeto de que emita el dictamen correspondiente. Continúe la Secretaría.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Atentamente

México, DF, a 1o., de abril de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

ARTÍCULO UNICO. Se REFORMAN las fracciones XIII y XIV; y se ADICIONA la fracción XV, todas del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 20. ...

I. a XII. ...

XIII. Programas que promuevan la acuacultura rural e industrial, así como la reconversión productiva como una alternativa de desarrollo;

XIV. El Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal, y

XV. Apoyos a los pescadores y acuacultores que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas nacionales, tanto marinas como continentales

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2015.

SEGUNDO. Las erogaciones que, en su caso, deban realizarse con el fin de dar cumplimiento al presente Decreto estarán sujetas al presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se ejecutarán observando las prioridades que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo, debiendo observar las disposiciones aplicables en materia presupuestaria a partir del ejercicio fiscal 2015.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 1o., de abril de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.

PROTESTAS EN PUEBLA EN CONTRA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Roxana Luna Porquillo. Dígame, diputada.

La diputada Roxana Luna Porquillo(desde la curul): Compañeros diputados, buenos días a todos y a todas. Es importante hacer del conocimiento lo que está pasando en el estado de Puebla.

La zona poniente de la ciudad de Puebla está integrada por 22 municipios, incluyendo la capital del estado, donde habitan más de dos millones y medio de personas. Esta zona es parte de la cuenca hidrológica del Balsas, donde hace más de 25 años la urbanización crece de manera desmedida y que además crece en desorden.

La actividad inmobiliaria, industrial y comercial ha desplazado la actividad agrícola, generando desempleo y acrecentando la migración en esta zona que produce más de dos mil toneladas de hortalizas que alimentan a la Ciudad de México, a 20 mil empleos directos e indirectos.

Y sobre estas tierras se pretende hoy incluir el Proyecto Integral Morelos y en la región poblana del Izta-Popo se desea construir el gasoducto y las autopistas. A esto se debe que decenas de comunidades se encuentran movilizadas en contra de estos proyectos. Organizaciones como el Frente de Pueblos y el Frente de Campesinos, de Ejidatarios y Pequeños Propietarios luchan en defensa de la tierra, del agua y de los bosques que han vulnerado debido a la entrada en vigor de la Ley de Expropiación en el estado, que desaparece el derecho de audiencia previo al acto expropiatorio. Lo que no es otra cosa sino una flagrante violación a nuestra Constitución federal para legalizar los despojos.

Las organizaciones han buscado diálogo e información, así como la exigencia que las comunidades sean consultadas. Sin embargo, sólo se ha concentrado a la soberbia y a la cárcel.

El domingo pasado y el día de ayer fueron detenidos, sin orden de aprehensión, la comisaría ejidal de San Felipe, del municipio de Atlixco, Puebla, Enedina Rosa Vélez, de 60 años de edad y el vocero del Frente de Pueblos, Juan Carlos Flores Solís. Estos actos demuestran una vez más que el gobierno del estado de Puebla actúa criminalizando la protesta social y queda de manifiesto la incapacidad de los funcionarios de dialogar y construir acuerdos que favorezcan a la paz y a la tranquilidad social.

Advertimos desde ahora del movimiento social en Puebla contra los proyectos mineros en regiones de la Sierra norte y la Mixteca poblana y en el valle del centro poniente, en Puebla. Ésta por la defensa de la tierra, el agua y el derecho al trabajo, que crece de manera progresiva.

En Puebla se vive un ambiente de incertidumbre. Se acumula el resentimiento social ante la cerrazón y la represión del gobierno del estado. Un lamentable ejemplo de ello es lo que sucedió el día de ayer, frente al Congreso local, en donde se crucificaron tres ex trabajadores del Hospital del Niño Poblano, suprimiendo hoy irresponsablemente mediante un decreto lo que integra a los servicios de salud en el estado, dejando a cientos de personas desempleadas y a su suerte, sin las consideraciones de reubicación que debiera tomarse.

Por lo que desde esta soberanía nacional se hace un llamado al gobierno del estado, a fin de que se instalen mesas de diálogo con las organizaciones sociales, se frene la criminalización a la protesta social y sean liberadas la comisaria ejidal Enedina Rosas Vélez y el activista Juan Carlos Flores Solís.

Además de que solicito se forme una comisión plural de legisladores que investiguen los actos de gobierno por probables violaciones a los derechos humanos de audiencia y de debido proceso, y de acceso a la justicia, que a la vez son garantías constitucionales, como también los vínculos que dicho gobierno mantiene con la empresa Oceanografía. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención quedará debidamente registrada.

El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Néstor Gordillo. ¿Dígame, diputado?

El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo (desde la curul): Con su permiso, presidente. Lo único, solicitarle que se lleve —y como lo ha coordinado acertadamente en todas las reuniones— que sea en otra forma la manera en que uno exprese estas situaciones, porque la verdad se anda afectando ahorita al gobierno del estado, al gobernador, de represión, de varias cosas, y no es el momento —creo yo— ni es la forma, sino que hay que cumplir el Reglamento y que podamos, en su momento, dar la respuesta adecuada.

Si no, podríamos ahorita responder todo lo que nos está comentando la diputada, con todo respeto a lo que ella está diciendo, pero también nosotros debemos ser los primeros en demostrar civilidad, y sobre todo, respetar el reglamento, y que en su momento le vamos a contestar a todo lo que está diciendo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Continúe la Secretaría con las declaratorias de publicidad.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma las fracciones IV del artículo 16 y VII del 38, y adiciona la VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 6 de septiembre de 2011 las senadoras Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, María del Socorro García Quiroz, Norma Esparza Herrera y Margarita Villaescusa Rojo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, LFPED, y por la que, además, se modifican la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, LGIMH.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Equidad y Género –ahora de Igualdad de Género–, y de Estudios Legislativos Primera, la iniciativa de referencia para su estudio y dictamen.

3. El 27 de noviembre de 2012, las Comisiones Unidas de Equidad y Género –ahora de Igualdad de Género– y la de Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 10 de la LFPED y, se reforman la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 de la LGIMH.

4. El 7 de marzo de 2013, el Pleno de la Cámara Alta aprobó el dictamen de referencia y en esa misma fecha, mediante el Oficio No. DGPL-2P1A.-1743, la Mesa Directiva del Senado de la República remitió a esta Soberanía el expediente que contiene la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman los artículos señalados de la LFPED y de la LGIMH.

5. El 12 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Equidad (sic) y (sic) Género la minuta de referencia para dictamen.

Con base en lo anterior, corresponde a estas Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Igualdad de Género elaborar el dictamen respectivo, discutirlo y votarlo en los términos de las disposiciones aplicables.

II. Contenido de la minuta

1. La minuta en comento plantea adicionar una fracción V al artículo 10 de la LFPED, a fin de que se contemple en este precepto, como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres, el fomento, “a través de la publicidad gubernamental, de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas sus manifestaciones”.

2. Propone asimismo reformar la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 de la LGIMH, a fin de que, por una parte, los municipios del país lleven a cabo el diseño, formulación, aplicación y promoción de campañas de concientización de carácter permanente, así como que otras autoridades realicen lo propio.

La colegisladora sustenta su minuta en lo siguiente:

Primero. En la consideración general de que nuestra Carta Magna determina que, en el país, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la misma, así como en los tratados internacionales de los que México es parte y precisa que conforme al artículo 4 de la propia Constitución, el varón y la mujer son iguales ante la ley.

Segundo. Que en sintonía con lo expresado por las senadoras iniciantes [...] de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en nuestro país, las campañas publicitarias desarrolladas por la federación incluyen contenidos sexistas en los que, según su propia percepción, invisibilizan a la mujer o le asignan estereotipos [...], asimismo, refiere que durante el año 2010 el 75 por ciento de las campañas de la administración pública federal tuvieron enfoques contrarios a la equidad de género.

En ese orden de ideas, la colegisladora señala que conforme a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación en Contra de la Mujer (artículo primero), dichas campañas se encuadran dentro de los actos discriminatorios contra la mujer y, en razón de ello, propone adicionar una fracción V al artículo 10 de la LFPED con el objetivo de ...dejar en claro que se debe fomentar a través de la publicidad gubernamental la equidad de género en todas sus manifestaciones...

Tercero. En lo tocante a las reformas a la LGIMH, señala que a pesar de que este ordenamiento tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres a través del establecimiento de lineamientos y mecanismos institucionales para tal fin, ...es imperativo el continuar con la promoción y concientización de manera permanente... (el subrayado es nuestro).

Adicionalmente la colegisladora afirma –citando a las promoventes– que resulta innegable la importancia de que las campañas del gobierno promuevan la equidad de manera permanente, generando contenidos ...que eviten la discriminación de cualquier tipo o tengan como propósito difundir estereotipos de género... Para ello, señala que una de las acciones fundamentales será la adecuación del marco jurídico a las demandas sociales y su congruencia con el respeto entre el hombre y la mujer, evitando la invasión de competencias e impulsando las enmiendas ...que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos a través de campañas institucionales equilibradas y apegadas al espíritu del artículo 1o. constitucional, que deberán ser permanentes...

Por las razones anteriores la colegisladora concluye que son procedentes la adición y reformas que proponen establecer como obligación de los órganos públicos, municipios y autoridades federales, el fomento al respeto entre mujeres y hombres a través de la publicidad gubernamental en materia de equidad de género en todas sus manifestaciones, así como que el diseño, formulación y aplicación de las campañas de concientización sean de carácter permanente.

III. Consideraciones de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Igualdad de Género

1. Respecto de la propuesta de adición de una fracción V al artículo 10 de la LFPED

Como se mencionó en el apartado anterior, esta propuesta busca incluir en el texto de la LFPED una medida positiva y compensatoria para fomentar, a través de la publicidad gubernamental, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en todas sus manifestaciones.

Es importante, antes de entrar al estudio de dicha propuesta, señalar que quienes integramos estas comisiones dictaminadoras estamos ciertos de que “la igualdad parte del postulado [de] que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la libertad de desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género rígidos o prejuicios.”

En ese orden de ideas, debemos expresar que coincidimos con la colegisladora en que es necesario impulsar, por medio de medidas legislativas, las reformas necesarias para ampliar el reconocimiento de la igualdad formal –o jurídica– en nuestros cuerpos legales, y así, posibilitar el ejercicio de la igualdad de hecho –o material– en todos los ámbitos de la vida, porque se trata entonces de consolidar la igualdad sustantiva.

Ahora bien, para iniciar el análisis de la primera propuesta que se incluye en la Minuta, cabe señalar que en el plano normativo nuestro país ha emitido diversos ordenamientos jurídicos y ha ratificado instrumentos internacionales con el fin de reconocer la igualdad entre mujeres y hombres.

Así, en dichas normas legales se contemplan diversas acciones y medidas que el Estado mexicano debe implantar para garantizar aquél derecho y en ese contexto, la LGIMH establece:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Asimismo, este ordenamiento precisa en la fracción V de su artículo 12, que corresponde al gobierno federal:

Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas.

Del texto de dichas prevenciones se aprecia que la LGIMH establece la obligación a cargo del gobierno federal de que, a través de sus dependencias y entidades, adopte todas aquellas políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios, como las acciones afirmativas, que posibiliten garantizar la igualdad entre mujeres y hombres para cumplir de ese modo, en todos los ámbitos de la vida pública y privada, con la igualdad sustantiva.

Tenemos así, en primera instancia definida por ley, aquella obligación del Estado de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y, a ello se suma el deber de la administración pública federal de fomentar la igualdad sustantiva a través de las acciones que la propia ley señala.

En razón de lo anterior, estimamos que la adición de la fracción V al artículo 10 de la LFPED propuesta en la minuta con proyecto de decreto resulta innecesaria porque por una parte, según puede constatarse, la prevención contenida en la misma queda englobada en las disposiciones de la LGIMH.

Por otra parte, es oportuno señalar que esa determinación también encuentra apoyo en el hecho de que las medidas positivas y compensatorias, por su naturaleza, son de carácter temporal por lo que, una vez que se supera la situación de inferioridad o desventaja social en que se encuentra la población beneficiaria de las mismas, dichas medidas deben cesar o suspenderse.

En este sentido, la minuta objeto del presente dictamen, tiene como objetivo establecer como una medida positiva o compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres, que los órganos púbicos y autoridades federales deban “fomentar a través de la publicidad gubernamental la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas sus manifestaciones”.

Entonces, no debe pasarse por alto que la propuesta descrita no coincide con el establecimiento de una acción compensatoria, ya que dichas acciones se caracterizan por ser específicas y tener un objeto delimitado.

En razón de lo anterior, la redacción de la propuesta contenida en la minuta carece de precisión, ya que la adopción de tal medida correspondería más al diseño de una política pública en la materia, en virtud de que de implementarse su alcance sería mucho mayor al de una mera acción afirmativa, como las contenidas en la LFPED, por tratarse de una que debe implantarse de manera permanente por el Estado, sin que pueda ver limitada su temporalidad al mero cumplimiento de su objeto, como sí pasa con las acciones afirmativas.

En este sentido y aunado a lo anterior, es importante precisar que la LGIMH establece en su artículo 17, fracción I, que la Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres que desarrolle el Ejecutivo federal, deberá fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, reconociendo así esta ley, el carácter permanente del fomento de la igualdad sustantiva mediante la referida política nacional, y no de manera temporal como sería tratándose de la medida compensatoria a que hace alusión el precepto citado.

Adicionalmente, de la lectura e interpretación teleológica del proyecto de decreto contenido en la minuta que se dictamina, así como del contenido de la iniciativa que dio origen a ésta, se desprende que ambas tienen como propósito que, de manera permanente, se concientice a la población mediante la referida publicidad gubernamental, las campañas de concientización y los programas de desarrollo, lo cual, reiteramos, no es acorde a la naturaleza de las acciones afirmativas y compensatorias.

Por lo anterior, estas dictaminadoras estiman improcedente aprobar la primera de las enmiendas planteadas en la minuta, relativa a la adición de una fracción V al artículo 10 de la LFPED.

2. Concordancia con las propuestas de reforma a la LGIMH

Como señalamos al inicio de este dictamen, la minuta remitida por la colegisladora prevé la reforma de dos disposiciones de la LGIMH a través de las cuales se determine que las campañas de concientización a que se refieren sus artículos 16, fracción IV, y 38, fracción VII, sean de carácter permanente.

Al respecto quienes integramos estas comisiones dictaminadoras nos pronunciamos a favor de las reformas a tales fracciones ya que, a diferencia de la adición propuesta a la LFPED, reconocer desde la ley el carácter permanente de esas campañas, sin duda apuntalará la promoción de las mismas en su calidad de políticas públicas, por lo que estas comisiones dictaminadoras consideran viable su aprobación.

En ese sentido estimamos que el proyecto de decreto remitido por la colegisladora encuentra correspondencia con el contenido de la LGIMH, por lo que su aprobación posibilitará abonar a la consolidación de un esquema de corresponsabilidad entre las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno.

Se suma a la anterior consideración el hecho de que, con las reformas planteadas, los municipios del país pasarán a integrarse a aquel esquema de corresponsabilidad.

Ahora bien, se da cuenta que, por lo que hace a las reformas que en este apartado se analizan, el término “permanentes” que se propone adicionar a los preceptos 16, fracción IV, y 38, fracción VII, debe colocarse después de la palabra “campañas” y no luego del término concientización, ya que son precisamente las primeras las que se pretende sean de carácter permanente. De ese modo se estima se cumple con mayor precisión el propósito de la reforma: concientizar.

3. Consideraciones sobre la publicidad gubernamental o institucional: Una propuesta para dar efectividad al planteamiento de fondo contenido en la minuta remitida por el Senado

Las legisladoras y los legisladores que integramos estas comisiones unidas consideramos que no puede soslayarse el hecho de que la colegisladora al aprobar la adición de la fracción V del artículo 10 de la LFPED, pretendió evitar fuera difundida por el gobierno, publicidad cuyo contenido sea discriminatorio o atente contra la igualdad entre mujeres y hombres al emplear estereotipos o ser sexista y, para ello, en sus consideraciones hizo suyos los datos aportados por las iniciantes.

Con base en ese argumento, coincidimos en la necesidad de que se precise en la ley que la publicidad que emplee el gobierno para promocionar o difundir campañas deberá estar desprovista de estereotipos ni ser sexista de manera que ello impida “la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas sus manifestaciones”.

En otras palabras expresado, si bien no se aprueba en este dictamen la propuesta de adición planteada por la Colegisladora a la LFPED por las razones expuestas con antelación, sí se coincide con ella, considerando los datos que aporta, de que de ninguna manera la publicidad institucional debe difundir contenidos que atentan precisamente contra los valores y principios contenidos en las leyes cuyas disposiciones tienden a garantizar la igualdad sustancial entre mujeres y hombres, así como a erradicar la discriminación.

Apoya esta perspectiva el hecho de que en la propia LGIMH se incluye un capítulo (el sexto del Título IV) cuyas disposiciones están orientadas precisamente a determinar como objetivo de la Política Nacional la eliminación de los estereotipos que fomenten la discriminación y la violencia contra las mujeres.

De tal forma, estimamos que la redacción de los preceptos que se propone reformar de la LGIMH debe complementarse en ese sentido e incluir la adición de una fracción VI a su artículo 42.

Por lo expuesto y para efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Igualdad de Género, someten a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 y se adiciona la fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único.Se reforman la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 y se adiciona la fracción VI del artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

I. a III. ...

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta ley le confiere.

El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas, y

V. ...

Artículo 38. ...

I. a VI. ...

VII. Promover campañas nacionales permanentes de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos.

El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.

Artículo 42. ...

I. a III. ...

IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales;

V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje , y

VI. Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta ley esté desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario de Género Primera Edición, México, 2007, p.78

2 Ídem, página 79.

3 Vid. ¿Qué es la igualdad formal y que es la igualdad sustantiva? Consultado el 11 de julio de 2013 en el portal electrónico: http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?article46

4 Instituto Nacional de las Mujeres, Op. Cit., p.13

5 Ver apartado II, inciso 2 rubro segundo de este dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González, Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el 11 de diciembre de 2013, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto que decreto que reforma los artículos 2o. y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León identifica las zonas y monumentos arqueológicos como bienes que tienen un alto impacto social y en los que es preciso que se tenga preeminencia de participación por parte de las comunidades cercanas, a fin de fomentar el arraigo social.

Entre los argumentos vertidos por la promovente se debe poner especial énfasis en los siguientes:

a) Los bienes culturales tienen tres tipos de valores: el valor formal, el valor de uso y el valor simbólico-significativo. Este reconocimiento no se refleja en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

b) Los monumentos y zonas, tienen funciones relevantes en sus contextos territoriales y culturales contemporáneos por sus valores de uso y simbólico-significativo actuales.

c) La Ley brinda el tipo de protección como curatorial o clásica “fundada en el conocimiento y estudio técnico del diseño, en [su] construcción y en materiales”. Aunque la aproximación curatorial profundiza en los significados del bien cultural; su análisis es más historicista que adaptativo a los simbolismos y usos del bien en el tiempo presente.

En el sentido, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en su artículo 28 define como  “monumentos arqueológicos a los bienes muebles e inmuebles anteriores al establecimiento de los hispanos  como los son restos humanos, la flora y fauna pertenecientes  a las culturas prehispánicas”. De igual modo, en su artículo 39 reconoce  como zonas arqueológicas a los monumentos inmuebles. Sin embargo, esta Ley sólo ofrece un tipo de conservación formal, dejando de lado la conservación y valor  de uso, simbólico y significativo. Dicho de otro modo, esta  ley en su artículo 2 no reconoce que el valor de las piezas no se reduce sólo a su  mera existencia y conservación física.

Debido a la omisión que hace la ley, en opinión de la promovente, es necesario darle utilidad pública y social a los bienes culturales, es por eso que la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz impulsa las reformas a los artículos 2 y  27 de la Ley Federal sobre Monumentos  y Zonas Arqueológicos,  Artísticos e Históricos con el propósito de hacer del patrimonio artístico bienes de la nación inalienables e imprescriptibles, ejerciendo sobre ellos una rectoría que reconozca y respete su función social, promoviendo la participación de la sociedad civil en el fomento del arraigo social en torno a los bienes arqueológicos para que se beneficien de su conocimiento.

Asimismo, con la reforma al artículo 2 de la mencionada ley se dispuso que la protección investigación, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos sea  de utilidad pública y de función social que éstos representen.

Con base en los anteriores argumentos, la diputada propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Único.Se reforman el párrafo primero del artículo 2o. y el artículo 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o.Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, y la función social que éstos representan.

...

...

Articulo 27.Son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles. Se ejercerá sobre ellos una rectoría que reconozca y respete su función social. Se promoverá que la sociedad civil participe en el fomento del arraigo social en torno a los bienes arqueológicos y que se beneficie de su conocimiento.

III. Consideraciones generales

Esta comisión dictaminadora, comprende las inquietudes expuestas y se solidariza con la propuesta de la diputada ante la función social que representan los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. La comisión reconoce que dicho tema afecta sobremanera el destino de los monumentos, pues al generarse arraigo social alrededor de los mismos éstos son cuidados, valorados y generan dinámicas en beneficio de la identidad y del desarrollo social.

Adicionalmente a los argumentos anteriores, como se verá en las consideraciones particulares hay argumentos que considerados de manera complementaria, impulsarían de manera definitiva e indudable esta iniciativa, en los términos en los que la presenta la diputada.

IV. Consideraciones particulares

La comisión dictaminadora subraya que existen diversas normas jurídicas, así como experiencias en otras latitudes que hacen no sólo posible sino necesaria la adopción de una política que abiertamente reconozca la función social de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

A continuación se describen algunas consideraciones que refuerzan la postura vertida en la iniciativa motivo de este dictamen:

a. Un reciente documental –La piedra ausente–describe el impacto que tuvo para el pueblo de San Miguel Coatlinchan, en el municipio de Texcoco desde 1964, el traslado de la piedra tallada más grande de América (el Tláloc, monolito, que representa una deidad prehispánica del agua) hasta el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México y que fue trasladada por medio de una impresionante maniobra de ingeniería.

Los impactos sociales en San Miguel Coatlinchan  detonaron una rebelión entre los habitantes del pueblo y la consecuente intervención del ejército. Hoy los habitantes de Coatlinchan recuerdan el monumento, mismo que permanece en los recuerdos de sus habitantes y ronda las calles del pueblo en un sinnúmero de reproducciones y réplicas.

Este documental sólo es un ejemplo de los impactos negativos y abusos a los que se puede llegar cuando la ley no considera los impactos sociales de los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos.

b. Existen experiencias exitosas en este sentido a nivel internacional, tales como “Pueblo Perdido de La Quebrada” en la República Argentina, que ha visto impactos positivos significativos en las poblaciones locales en las que existen zonas arqueológicas, pues han permitido la “mayor difusión del conocimiento científico a nivel educativo inicial, que incrementa la participación, la observación, y el conocimiento de los yacimientos y sitios arqueológicos... y, a su vez, incrementa la actividad turística... que es tradicionalmente religiosa-paisajística, proponiendo un nuevo blanco de mercado, calificado, orientado hacia el turismo científico-cultural y de buen poder adquisitivo”.

c. Por otro lado, las comunidades han colaborado no sólo en el saber universal que se tiene sobre importantes sitios arqueológicos, sino en su mantención, como lo reflejan la intervención en importantes descubrimientos como fueron los casos de Machu Picchu en el Perú, así como colaborado de manera activa en la investigación, como lo reconoce la investigación en el caso de la región Rankulche en Argentina.

Como puede apreciarse la preocupación del promovente se encuentran atendida por las distintas dependencias del Ejecutivo facultadas para ello y por los diversos artículos establecidos en las leyes mexicanas, por consiguiente no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente proyecto de decreto que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Artículo Único.Se reforman el párrafo primero del artículo 2o. y el artículo 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos , y la función social que éstos representan.

...

...

Artículo 27. Son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles. Se ejercerá sobre ellos una rectoría que reconozca y respete su función social. Se promoverá que la sociedad civil participe en el fomento del arraigo social en torno a los bienes arqueológicos y que se beneficie de su conocimiento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Notas:

1 Mason, Randall. Landmarks and historic districts. En Hack, Gary, Jonathan Barnett y Stefan Al. Designing cities [curso en línea]. Universidad de Pennsylvania, 2013.

2 Consulta el 12 de febrero, en: http://www.lapiedraausente.com/index.php

3 Consulta el 12 de febrero, en:

http://www.exactas.unca.edu.ar/riecyt/VOL%203%20NUM%203/Texto%20 8%20-%20Arqueolog%C3%ADa,%20Sociedad%20y%20Patrimonio.pdf

4 Tal es el caso de la participación de Agustín Lizárraga, un agricultor que redescubrió Machu Picchu17 años antes de su descubrimiento formal y que, de haber sido incorporado pudo adelantar su investigación y cuidado. De hecho, el descubridor formal de la zona “Bingham “llama a Lizárraga “descubridor de Machu Picchu” (Mould 2003: 56).

5 Endere, M. y Curtoni, P. (2006 - 1998). Entre Longos y “Ölogos” La participación de la comunidad indígena Rankulche de Argentina en la investigación arqueológica.En: Arqueología Sudamericana. Volumen 2 número 1. Editorial Gnecco y Haber. Departamento de Antropología de la Universidad del Cáuca. Facultad Humanidades. UNCa. W.A.C.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 19 de febrero de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica en abstención), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE LAS ORGANIZACIONES GANADERAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de las Organizaciones Ganaderas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Ganadería, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Ganadería le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 3471, que contiene la iniciativa presentada por el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al pleno de la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre de 2013, en sesión ordinaria correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio legislativo.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3919-VIII, del martes 3 de diciembre de 2013.

La Mesa Directiva acordó darle turno para estudio y dictamen, a la Comisión de Ganadería, en reserva para ser resuelta por dicha comisión de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El 11 de diciembre de 2013, con oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1231, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente relativo para su estudio y dictamen, a la Comisión de Ganadería.

La Comisión de Ganadería, el día 30 de enero de 2014, solicitó mediante su mesa directiva, una prórroga para recibir la opinión de los diputados acerca de dicha iniciativa mediante oficio No. D.G.P.L. 62-II-3-1368, recibido en esta comisión el 13 de febrero de 2013, la Mesa Directiva autorizó la prórroga para el dictamen de la iniciativa en mención.

La iniciativa tiene como objetivo reformar el último párrafo del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para que los dirigentes de estas organizaciones deban siempre de ser electos mediante un sistema de votación  que garantice el voto libre, directo y secreto; ya que hasta el momento cómo está redactado dicho artículo no precisa a ciencia cierta el método de elección de sus dirigentes.

En la iniciativa, el diputado proponente parte de las consideraciones doctrinales acerca de la naturaleza de las organizaciones, asociando esta definición al del sufragio en la vida democrática de dichas organizaciones. Menciona que el “carácter de interés público de las organizaciones ganaderas implica que las mismas deben guiarse en su vida interna conforme a los principios de transparencia, democracia, libertad, entre otros, que el Estado Mexicano actualmente reconoce en otras instituciones y organizaciones, igualmente, consideradas de interés público como son los partidos políticos o los sindicatos”.

Más adelante, relaciona esta idea con la del voto libre y secreto como garante de la vida democrática de las organizaciones, “todos sabemos que –las instituciones- deben de guiarse en su vida interna conforme a principios democráticos reales y el voto secreto garantiza, precisamente, la libertad de los integrantes”. Para sustentar esta idea, el proponente cita a especialistas en el tema como Jordi Barrati Esteve, el cual discute entre la pertinencia del voto abierto y el voto secreto, afirma que “el voto público paradójicamente puede esconder restricciones indeseadas de la libertad individual y del pluralismo interno que sólo el voto secreto sería capaz de combatir”. Cabe hacer mención que no discrimina la naturaleza democrática del voto abierto, pero afirma que para ciertos casos, como el del que nos ocupa, la de la elección de las dirigencias de las organizaciones, el voto secreto es el que mejor puede garantizar la libertad individual al momento de elegir.

En el mismo sentido al análisis de la confiabilidad del voto secreto, el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, cita en su iniciativa tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se afirma que “...el voto personal, libre, directo y secreto... puede comprobarse la voluntad absoluta e irrestricta de cada uno de ellos.. y para ello, deben proteger la confidencialidad, autenticidad y libertad de su voluntad, evitando influencias externas que puedan hacer varias su decisión y poner en peligro su integridad al ejercer su voto dentro del sistema democrático y de libertad, que es una garantía social íntimamente ligada a las libertades de expresión y asociación, lo que supone que cada persona pueda determinar sin presión, intromisión o suplantación alguna su decisión”. En el mismo tenor, el proponente hace reflexiones relacionadas en materia de derecho electoral y enuncia los procedimientos previstos en la Ley Federal del Trabajo en lo relativo a la elección de los dirigentes de organizaciones como sindicatos, para aducir la necesidad de que se reforme el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas a fin de que quede inscrito expresamente el que el voto libre y secreto deba de ser el procedimiento puntual para la elección de los dirigentes de las organizaciones ganaderas en todos los casos.

Por ello propone la siguiente modificación al último párrafo de este artículo, el cual se cita como está actualmente en la Ley de Organizaciones Ganaderas:

Artículo 13....

...

A)...

B)...

C)...

Los Estatutos de las organizaciones ganaderas en los términos que establezca el reglamento deberán consignar, cuando menos, normas relativas a la integración, facultades y funcionamiento de sus órganos; al patrimonio de la organización; a los sistemas de elección de sus dirigentes, a la duración de los cargos directivos y las incompatibilidades para su desempeño, así como las relativas a los derechos y obligaciones de sus asociados.

Para quedar como sigue

Iniciativa

Artículo 13. ...

...

A)...

B)...

C)...

Los estatutos de las organizaciones ganaderas en los términos que establezca el reglamento deberán consignar, cuando menos, normas relativas a la integración, facultades y funcionamiento de sus órganos; al patrimonio de la organización; a los sistemas de elección de sus dirigentes, que garantizarán el voto libre, directo y secreto; a la duración de los cargos directivos y las incompatibilidades para su desempeño, así como las relativas a los derechos y obligaciones de sus asociados.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora una vez haber realizado el análisis jurídico de la iniciativa da cuenta que ésta se ha apegado a los procedimientos legislativos señalados en las leyes concernientes, de las cuales se da cuenta al inicio de este resolutivo.

En cuanto a la naturaleza objeto de esta iniciativa la Comisión de Ganadería considera factible el realizar la modificación al artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, puesto que coincide con los puntos esenciales expuestos por el diputado proponente, al tanto en su concepción de lo que son las organizaciones ganaderas, como en su condicionante democrática en que el sistema de elección de sus dirigentes tenga que darse siempre  a través del voto libre y secreto.

Coincide en su apreciación teórica y en su disertación doctrinaria acerca del origen y el fin de las organizaciones e instituciones sociales que coexisten dentro del Estado, así como el hecho de que, como en este caso lo afirma, las organizaciones ganaderas como sujetos de interés público deben de ser tratadas como tales. Para ello parte del supuesto de que las propias leyes del país que se relacionan con el sujeto en cuestión, como la relativa a las organizaciones denominados partidos políticos, o sindicatos, también son sujetos de interés público y por lo tanto se sujetan a las leyes que en la materia el Estado Mexicano se ha dispuesto para ello.

En el mismo sentido la Comisión de Ganadería reconoce que el voto libre y secreto debe de ser la condición sine qua non que garantice la libre voluntad de los miembros de las organizaciones ganaderas, ya que como acto supremo de la vida democrática de las organizaciones no admite libre albedríos, ni debe darse condicionado por la voluntad de una asamblea, o una dirigencia temporal que tenga o no, voluntad de darse una renovación por el voto secreto, sino que éste quede inscrito dentro de la ley que regula la vida al interior de las organizaciones ganaderas, a fin de que existe siempre para sus miembros, la certidumbre de que su voto podrán ejercerlo siempre de forma libre y secreta.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 113 de la Ley de Organizaciones Ganaderas

Para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

...

A) a C)...

Los estatutos de las organizaciones ganaderas en los términos que establezca el reglamento deberán consignar, cuando menos, normas relativas a la integración, facultades y funcionamiento de sus órganos; al patrimonio de la organización; a los sistemas de elección de sus dirigentes, que garantizarán el voto libre, directo y secreto; a la duración de los cargos directivos y las incompatibilidades para su desempeño, así como las relativas a los derechos y obligaciones de sus asociados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las organizaciones ganaderas deberán modificar sus estatutos a fin de establecer disposiciones que garanticen el voto libre, directo y secreto de sus agremiados en los procesos de renovación de sus dirigentes, en un plazo que no deberá exceder de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas.

Tercero. Las disposiciones que garanticen el principio del voto libre directo y secreto, en los sistemas de elección de los dirigentes de las organizaciones ganaderas, deberán ser incorporadas en el Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, en un término de 90 días, contados a partir de la publicación de las presentes reformas.

Salón de sesiones de la Comisión de Ganadería, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 19 de febrero de 2014.

La Comisión de Ganadería, diputados:Salvador Barajas del Toro (rúbrica), presidente; Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Leonor Romero Sevilla, Tomás Brito Lara (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, secretarios; Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Claudia Delgadillo González (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Javier López Zavala (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica),  Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano (rúbrica), William Renán Sosa Altamira.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo del artículo 10 y primero del 18; y adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente

I Antecedentes

A. En sesión ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2013, el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 10 Bis, 10 Ter y 18 Bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

B. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa de mérito tiene por objeto determinar, mediante la adición de diversos artículos a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en adelante LCNDH, las disposiciones específicas que regularán el procedimiento de elección de quien habrá de ocupar la presidencia-de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, así como de los integrantes del Consejo Consultivo de ese organismo nacional, considerando las prevenciones constitucionales correspondientes.

En ese esquema, la iniciativa plantea regular cuestiones que tienen que ver con los términos y plazos en que habrá de emitirse la convocatoria para el proceso de elección, así como los mecanismos para su difusión; determinar que las entrevistas a los candidatos sean públicas y transmitidas en vivo por el canal del congreso y precisar las etapas y pormenores del procedimiento para el que se convoca, todo ello con la finalidad de que la comisión a la que corresponda presentar las propuestas de candidatos ante el pleno del Senado o, en su caso, ante la Comisión Permanente, sujete sus funciones a un procedimiento transparente de consulta pública y auscultación entre las organizaciones sociales.

En complemento a las adiciones anteriores, se propone por el legislador iniciante regular supuestos referentes a la fecha límite para que el Senado elija al “presidente del Consejo Consultivo de la CNDH” –a más tardar 10 días antes de que concluya el período del presidente saliente.

Por otra parte se contempla que en el supuesto de que no se reúna la votación requerida para designar al Presidente entrante de la CNDH, es decir, las dos terceras partes de los presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la comisión respectiva –del Senado– habrá de presentar una nueva terna de candidatos tantas veces como sea necesario hasta que se alcance dicha votación.

Finalmente, entre las adiciones propuestas se determina que las y los candidatos tendrán la posibilidad de inconformarse ante la autoridad judicial correspondiente, cuando no se hubiere respetado el procedimiento para la elección de presidente.

Para sustentar su propuesta, el diputado Ochoa Gallegos hace mención de lo siguiente:

A. Relata distintas etapas del devenir de los derechos humanos en el plano global, haciendo mención de su positivización, así como de las diversas generaciones en las que se les ha clasificado.

B. Destaca que entre los esfuerzos realizados al interior de los países para contar con mecanismos que aseguren el cumplimiento de los derechos humanos, se encuentra la figura del Ombudsman, que en México se encomienda al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Hace mención de las características que distinguen a esa institución como las de autonomía, imparcialidad y accesibilidad para los ciudadanos que requieren de su intervención en los asuntos que padecen. A la vez, enfatiza el desempeño de la función de vigilancia que tiene sobre las autoridades y la fuerza moral de sus recomendaciones en la reparación de violaciones a los derechos humanos.

C. Resalta que el mecanismo para la integración del Consejo Consultivo de la CNDH:

(...) tiene como finalidad impactar en la eficacia de sus resoluciones la que depende en gran medida de la fuerza moral de la que goce [y que] por esa misma razón el presidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser un profesionista con la más destacada carrera en favor de la defensa de los derechos humanos, por ello también su origen, si bien es procesado por el Senado, debe originarse en la sociedad y sus organizaciones, mediante la consulta más amplia de la que habla el texto constitucional (...)

D. Enuncia diversas enmiendas adoptadas con la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, destacando las relativas a la obligación de los servidores públicos para responder las recomendaciones de la CNDH, así como el deber de fundar y motivar su negativa en el caso de que no las cumplan; la nueva competencia de la CNDH para conocer violaciones de derechos humanos en materia laboral; la transferencia de la facultad de investigación por violaciones graves de derechos humanos a la CNDH; el reconocimiento de la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos locales, así como la realización de una consulta pública transparente para el procedimiento de elección del titular de la CNDH y de los integrantes de su Consejo Consultivo.

E. Sobre la citada reforma constitucional de junio de 2011, resalta que respecto al procedimiento de elección del Presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH se establece que éste deberá realizarse por medio de una consulta pública transparente. También da cuenta que en la reforma de 2011, el constituyente permanente (...) hace una remisión a la ley para que sea en ésta donde se fijen los términos y condiciones referidos (...) Asimismo, menciona que con la citada reforma se (...) busca darle mayor certeza, transparencia y legitimidad al proceso de selección del Ombudsman, lo que ineluctable mente repercutirá en la eficacia de sus resoluciones (...) y en la fuerza moral para que sus recomendaciones sean acatadas.

Complementa diciendo que (...) esta reforma no gozará de plena eficacia hasta que el legislador ordinario desarrolle los preceptos constitucionales en la ley de la CNDH (...) y menciona que, (...) aunque en la actualidad existen disposiciones jurídicas que tratan el tema y que son los artículos 10 y 18 de la citada ley, lo hacen pero de manera somera pues deja -Sic- fuera aspectos importantes como la transparencia a la que alude el texto constitucional y la consulta con la que habrá de realizarse el proceso de selección (...)

Lo anterior, señala, impele a que tales aspectos deban ser regulados a través del establecimiento en la ley de las formas y tiempos, así como las condiciones en que se realicen los procedimientos de elección referidos.

F. Relata que en el plano material (...) en el Senado la comisión respectiva emite un acuerdo para cubrir las vacantes, sin embargo consideramos que un acuerdo nunca tendrá la misma fuerza vinculante que la ley, además al dejarlo al ámbito de un acuerdo parlamentario se incumple con lo que ordena la Constitución y resulta posible pensar en escenarios de criterios cambiantes en la formulación de la convocatoria, debido a la naturaleza del órgano político que la emite...

Por lo señalado se llega a la conclusión de que si el proceso de integración del Consejo Consultivo y de designación del Presidente de la CNDH se realiza con la mayor transparencia posible, será factible dotar a dicho órgano de la mayor legitimidad en su actuación, lo cual redundará en el fortalecimiento de la fuerza moral de sus resoluciones para que éstas sean aceptadas.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Con antelación la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados ha resuelto en sentido positivo la aprobación de iniciativas de reformas que abonan y clarifican sobre cuestiones relativas a la reelección de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, así como de su sustitución en los casos de falta absoluta de los mismos, a fin de adecuar la ley a las prevenciones constitucionales aplicables.

Siguiendo esa directriz, las y los diputados integrantes de este órgano técnico están ciertos de que toda propuesta que contribuya a desarrollar en la legislación secundaria los mandatos constitucionales, en este caso los publicados en junio de 2011, y que coadyuven a la eliminación de posibles lagunas jurídicas y antinomias son bien recibidas, siempre y cuando resulten procedentes conforme al análisis técnico jurídico que a ellas se realice.

Una vez hecho mención de lo anterior, se procede a enunciar las consideraciones constitucionales, jurídicas y materiales que sustentan el presente dictamen.

A. Sobre las bases fundamentales incorporadas con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011

En 2011 al artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante Constitución Federal, le fue adicionado un octavo párrafo, que a la letra dispone:

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. (El subrayado es nuestro)

De la lectura de la disposición citada se desprende la obligación de sujetar la elección del Presidente y de los Consejeros de la CNDH, así como de los respectivos titulares de organismos locales en la materia, a procedimientos de consulta pública que deberán ser transparentes y ajustarse a los términos y condiciones que determine la ley.

Conforme lo anterior, corresponde al legislador ordinario concretar el referido mandato constitucional en la legislación que regula la organización, funcionamiento y operación de la CNDH, previendo las disposiciones que regulen aquellos procedimientos.

Bajo ese esquema, resulta procedente la iniciativa planteada, por lo que se estima conveniente analizar en particular sobre su viabilidad.

B. Respecto a la viabilidad de la propuesta

El precepto constitucional antes citado señala en sus párrafos sexto y séptimo que la ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara -de Senadores-, de aquellos candidatos a ocupar el cargo de Presidente o consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH.

Como se puede apreciar, la Constitución Federal establece que será la ley la que regule también aquellos procedimientos para la presentación de propuestas por parte de la cámara alta.

En ese tenor, la iniciativa del diputado promovente encuentra sustento en dicha determinación constitucional, ya que la propia Carta Magna establece que la ley deberá desarrollar los procedimientos correspondientes y que son, precisamente, los que se plantean en la iniciativa de mérito, mismos que a la fecha no se encuentran determinados en la LCNDH que es el ordenamiento al que aquéllas bases fundamentales se refieren, considerando que se trata de la ley que regula la estructura orgánica, funcional y operativa de ese organismo nacional.

Para complementar lo anterior y como ya se mencionó, con antelación esta Comisión dictaminadora ha aprobado reformas y adiciones cuyo objeto fue precisamente desarrollar en la LCNDH disposiciones contenidas en la Constitución Federal respecto, en esos casos, a la reelección de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, así como sobre la determinación del proceso a seguir para su designación, en caso de falta absoluta de los mismos.

Al fundamentar tales enmiendas, este órgano legislativo precisó la importancia de armonizar el contenido de la LCNDH con el texto del artículo 102, Apartado B constitucional, a fin de evitar lagunas jurídicas y potenciales antinomias.

En ese sentido y con el propósito de que la legislación secundaria sea acorde a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 y al tiempo de seguir la línea de acción que ha caracterizado las resoluciones de esta Comisión dictaminadora, sus integrantes coinciden en lo general con el contenido de las adiciones planteadas en la iniciativa objeto de este dictamen, ya que las mismas abonarán al establecimiento de procesos de elección guiados bajo los cánones de máxima publicidad y transparencia, así como a garantizar a los candidatos a ocupar los cargos de Presidente y consejeros de la CNDH mayor certidumbre, por preverse en la ley, las condiciones y términos en que habrán aquellos de desarrollarse.

Encuentra sustento también lo anterior en el hecho de que esta legislatura se ha caracterizado por la aprobación de reformas progresivas en materia de transparencia, tal como la reforma constitucional en la materia recién publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014.

C. Consideraciones que, con base en antecedentes de procesos de elección anteriores, motivan la regulación precisa del procedimiento de elección del presidente y de los consejeros de la CNDH

Esta dictaminadora en aras de allegarse de elementos que apoyen y enriquezcan sus determinaciones, estima pertinente revisar antecedentes sobre los procedimientos que se hubieren realizado antes de la reforma constitucional de 2011 para la elección del presidente y de los consejeros de la CNDH. Por tanto, las observaciones mencionadas en el presente apartado no son reproducidas con el propósito de denostar, sino más bien, son tomadas desde la óptica de la crítica constructiva, a fin de plantear soluciones a las problemáticas enunciadas en las mismas a partir de una regulación efectiva.

Una vez señalado lo anterior, cabe referir que el jurista César Astudillo ha externado que el proceso para la elección del titular de la CNDH presenta deficiencias debido a que “el marco jurídico es insuficiente” y “no hay un sistema de proceso bien articulado”.

El referido especialista especifica que en el proceso de relevo reglamentado por el artículo 102, Apartado B de la Constitución y 10 a 14 de la LCNDH no existen tiempos reglamentados y no se contempla la participación de organismos de la sociedad civil, a pesar de que este último aspecto es fundamental conforme a los Principios de París. Adicionalmente, crítica que todo lo no contemplado por la legislación lo determina el Senado de la República mediante acuerdos.

Como se puede apreciar de los comentarios de César Astudillo, de quien se hace referencia por la amplitud de sus observaciones, existe coincidencia entre las mismas y lo planteado por el iniciante en el sentido de que la legislación ordinaria carece de prevenciones concretas que orienten el procedimiento de elección correspondiente.

Con base en las consideraciones anotadas en los apartados anteriores, este órgano legislativo estima que, efectivamente, la Constitución Federal establece las bases fundamentales que habrán de regir el procedimiento de elección del Presidente y de los consejeros de la CNDH por lo que, corresponde a la ley precisar sobre los términos y las condiciones bajo las cuales deberá realizarse aquél, mismo que deberá desarrollarse bajo la premisa de consultas públicas transparentes.

Adicionalmente, se concuerda con la aseveración que hace César Astudillo en cuanto a la falta de regulación para garantizar la participación de la sociedad civil conforme a los Principios de Paris. De igual forma se coincide con lo expresado por el legislador iniciante cuando precisa que los artículos 10 y 18 de la LCNDH tratan ese tema de manera “somera”.

Complementariamente, Cécile Lachenal, Juan Carlos Martínez y Miguel Mogue han externado que:

Entre los organismos protectores de derechos humanos existen distintos mecanismos que incluyen criterios para la elección de sus titulares. Estos criterios resultan indispensables toda vez que ayudan a garantizar la independencia de sus titulares frente a los Poderes del Estado. Algunos elementos que pueden ser útiles para garantizar esta independencia son: contar con criterios claros en las bases de su convocatoria promover procesos de selección transparentes v abiertos al escrutinio público v la participación de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos a lo largo del mismo. (El subrayado es nuestro)

Asimismo dichos autores mencionan, por lo que toca al proceso de elección de los integrantes del Consejo Consultivo, que los requisitos mínimos que se exigen para ocupar estos cargos son sumamente relevantes y significativos. Adicionalmente, dan cuenta que entre los elementos prevalecientes en la elección de los miembros del referido consejo se encuentran los referentes a la emisión de las bases de una convocatoria pública por parte del Poder Legislativo, un proceso deliberativo -con comparecencias públicas, exposición de motivos de los candidatos(as), cartas de apoyo de la sociedad civil-, entre otros.

Por otra parte, en lo tocante al ámbito del Distrito Federal, Miguel Carbonell, en su momento, exhortó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal -ALDF- para que transparentará el proceso de elección del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal -CDHDF-, publicará los perfiles de las y los aspirantes en su página web, garantizará que las entrevistas a los mismos fueran públicas y que las organizaciones de la sociedad civil también pudieran cuestionar a las y los candidatos.

Lo anterior da muestra, si bien aplicado al contexto del Distrito Federal, que la sociedad y la academia claman por la existencia de mayor transparencia en los procesos de elección de quienes presiden los organismos de protección de los derechos humanos y, si bien las propuestas de Miguel Carbonell fueron planteadas a la ALDF, las mismas pueden ser retornadas por esta soberanía.

En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos considera que es procedente la inclusión a la LCNDH de las adiciones propuestas, en razón de que las mismas darán mayor certidumbre al establecimiento de las formas, tiempos y condiciones en que se realicen los procedimientos de elección referidos.

D. Aspectos a destacar del más reciente proceso de elección de Presidente de la CNDH

Se han expuesto hasta aquí consideraciones que motivan la viabilidad, en términos generales, de las adiciones propuestas por el iniciante. Ahora, en virtud de que el mismo diputado refiere sobre que los procedimientos de elección se han sujetado a acuerdos parlamentarios y que en ellos se han precisado los parámetros y lineamientos para elegir al Presidente de la CNDH y consejeros, se estima conveniente traer a este dictamen los puntos específicos que guiaron el procedimiento de elección del Presidente de la CNDH en 2009. Lo anterior con el propósito de allegar mayores elementos de análisis.

Para tal efecto, esta dictaminadora procedió a revisar la convocatoria pública abierta para la presentación de candidaturas a dicho encargo emitida el 25 de septiembre de 2009 por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República. Dentro de los aspectos que previó dicha convocatoria se encuentran, entre otros, los siguientes:

• Requisitos de perfil de candidatos -conforme al artículo 9 LCNDH.

• Plazo para la presentación de candidaturas.

• Fecha para determinar qué candidaturas cumplieron los requisitos de elegibilidad.

• Medios de publicidad para dar a conocer la fecha y orden de las comparecencias de candidatos ante las comisiones unidas del Senado de la República.

• Posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil y organismos promotores o defensores de derechos humanos formularan opiniones respecto a las candidaturas.

• Formato de comparecencia de los candidatos mediante sesión pública y transmisión por el canal del Congreso.

• Fecha límite para dictaminar de la terna de candidatos que se presente al pleno de la cámara alta.

• Fecha límite para la elección del presidente de la CNDH por parte del pleno del Senado de la República y fecha de protesta constitucional ante dicha soberanía.

• Requisitos de notificación de resultados a candidatos.

• Aspectos sobre las cuestiones no previstas en la convocatoria.

De la lectura del contenido de la convocatoria de referencia se aprecia que la mayoría de los aspectos anotados coinciden con los que el diputado Ochoa Gallegos plantea en su iniciativa, por lo que, tomando en consideración que aquellos puntos fueron seguidos por las comisiones dictaminadoras del Senado de la República en la LXI Legislatura y, coincidiendo con el legislador iniciante en el sentido de que su establecimiento en la ley garantizará cumplir con los estipulado en la Ley Suprema, lo que evitará potenciales escenarios de criterios cambiantes en la formulación de la convocatoria y desarrollo de los procesos de elección por dejar precisamente a criterio del órgano político su determinación por medio de un acuerdo parlamentario, es por lo que también se estima procedente regular en la LCNDH las cuestiones planteadas en la iniciativa objeto del presente dictamen.

E. Análisis sobre la viabilidad para inconformarse judicialmente contra el procedimiento de elección de presidente

En la iniciativa del diputado Ochoa Gallegos se plantea que:

Artículo 10 Ter. ...

...

Si no se respetara el procedimiento establecido para la elección del presidente, los concursantes afectados podrán inconformarse ante la autoridad judicial correspondiente.

Al respecto, quienes integran esta dictaminadora estiman conveniente no incorporar en la LCNDH el supuesto previsto por el iniciante, ello en razón de que conforme a la interpretación sistemática del orden jurídico mexicano, se concluye que los concursantes que se consideren afectados en el proceso de elección pueden ejercitar los medios de defensa contenidos en los distintos cuerpos legales –como es el caso del juicio de amparo–, sin que para ello sea óbice que en la LCNDH no se haga mención expresa de la posibilidad de inconformarse judicialmente en tales supuestos.

En ese sentido, se evidencia que frente a todo procedimiento seguido ante las autoridades, asiste a los interesados el derecho de ejercer medios de defensa cuando consideren vulnerados sus derechos, por lo que en tal tesitura, se propone no precisar en esta ley cuestiones procedimentales que corresponden más bien a un ordenamiento jurídico de naturaleza adjetiva. De tomar un criterio distinto al anterior, sería necesario enunciar en todas y cada una de las leyes que integran el ordenamiento jurídico, la posibilidad de inconformarse judicialmente, lo x cual, a todas luces, resulta ocioso conforme a una adecuada interpretación sistemática del orden jurídico mexicano.

Se concluye lo anterior, porque en un sistema democrático como el mexicano, los medios de defensa constituyen un instrumento toral para la salvaguarda y protección de los derechos fundamentales de las personas y en ese sentido, las normas jurídicas mexicanas ya prevén diversos medios de defensa, así como recursos judiciales y administrativos.

F. Últimas consideraciones en cuanto a técnica legislativa

Por otra parte, las y los diputados integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos han observado que en el segundo párrafo del artículo 10 de la LCNDH se omite hacer referencia a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, misma que también se encuentra facultada constitucionalmente para realizar la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que, en congruencia con las consideraciones que motivan la aprobación de la propuesta que se dictamina y conforme a la técnica legislativa, se estima procedente incorporar en el texto del proyecto de decreto que se presenta, la reforma del referido párrafo del artículo 10.

En el mismo sentido, por cuestiones de técnica legislativa, se estima oportuno que a las referencias hechas a la “comisión correspondiente” del Senado de la República –que se encarga de emitir la convocatoria, desarrollar el proceso de elección de presidente y consejeros de la CNDH y proponer la terna correspondiente al pleno de la cámara alta– se les incluya inmediatamente la expresión “o comisiones correspondientes”. Lo anterior en razón de que esta dictaminadora no es ajena al hecho de que el proceso de elección no siempre es desarrollado por una comisión única, ya que también puede llevarse a cabo por diversas comisiones unidas, tal como aconteció en el último proceso de elección de presidente de la CNDH en el año 2009.

Por otra parte, respecto a las propuestas del iniciante que fijan plazos de un mes y, otro de diez días, –ambos previos a la conclusión del período del cargo que se sustituye–, como fechas límites para la emisión de la convocatoria y para la elección del Presidente de la CNDH, respectivamente; esta dictaminadora considera oportuno modificar tales plazos a fin de que la convocatoria sea emitida con 30 días hábiles de anticipación a la fecha en que concluya el cargo que se renueva y, por otra parte, la elección del presidente de la Comisión Nacional se realice a más tardar n antes de que concluya el periodo del presidente saliente. Lo anterior, tomando en cuenta que los plazos propuestos originariamente se consideran reducidos, por lo que la incorporación de los mismos en días hábiles, redundará en beneficio de las y los participantes, así como de la propia Cámara Alta que contará con mayor tiempo a su favor para desarrollar los procesos de elección.

Adicionalmente, también por cuestiones de técnica legislativa, se estima que resulta procedente reformar el primer párrafo del artículo 18 de la LCNDH para prever en él que, para la elección de los consejeros, habrá de observarse el procedimiento aplicable a la elección del Presidente de ese organismo. De tal forma, no habrá de incorporarse el artículo 18 Bis propuesto por el iniciante, pero sí su contenido esencial.

Por los argumentos antes señalados, la Comisión de Derechos Humanos, estima procedente la aprobación con modificaciones de la iniciativa que se analiza, sabedora que contribuirá a transparentar los procesos de elección del titular y consejeros de la CNDH, por lo que, en ejercicio de sus atribuciones somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 18 y se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 18 y se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

Con base en dicha auscultación, la comisión o comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores propondrá al pleno de la misma o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.

Artículo 10 Bis. Para efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, la comisión o comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores deberán:

I. Emitir la convocatoria para la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La convocatoria se emitirá 30 días hábiles antes de la fecha en que haya de concluir el cargo que se renovará.

Dicha convocatoria deberá publicarse en la Gaceta del Senado, así como en el Diario Oficial de la Federación, en ambos casos incluyendo sus versiones electrónicas. De igual forma, deberá difundirse a través de su publicación en al menos tres de los periódicos de mayor circulación nacional;

II. Señalar en la convocatoria:

a) Los requisitos que habrán de cumplir quienes deseen participar en la elección para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

b) El procedimiento mediante el que se desahogará la elección del Presidente.

c) El periodo en el que se recibirán las propuestas de candidatos.

d) La fecha en la que se dará a conocer la lista de candidatos que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo vacante

e) La fecha, hora y duración de las comparecencias de los candidatos ante la comisión o comisiones correspondientes.

f) El formato a que se sujetarán las comparecencias de candidatos.

g) La fecha en la que se publicarán los resultados del procedimiento.

III. Difundir la lista de candidatos que cumplieron con los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Nacional. Para tal efecto, la lista deberá publicarse en los medios en que se haya difundido la convocatoria, a más tardar dentro de los tres días siguientes de haberse ésta cerrado;

IV. Evaluar a los candidatos para lo cual programará la comparecencias de los mismos y, una vez concluidas, determinará a quienes habrán de integrar la terna para ocupar el cargo correspondiente.

Las comparecencias de los candidatos serán públicas y deberán transmitirse en vivo por el canal del congreso; y

V. Proponer ante el Pleno del Senado o ante la Comisión Permanente, una vez desahogado el procedimiento a que se refieren las fracciones que anteceden, una terna de candidatos a ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Nacional.

Artículo 10 Ter. El pleno del Senado o, en su caso, los integrantes de la Comisión Permanente deberá elegir al Presidente de la Comisión Nacional a más tardar 10 días hábiles antes de que concluya el periodo del Presidente saliente.

Si no se reuniera la votación requerida para designar al Presidente, la comisión o comisiones correspondientes deberán presentar una nueva terna, tantas veces como sea necesario para alcanzar la votación requerida.

La persona que sea elegida para desempeñar el cargo correspondiente deberá rendir protesta ante el Senado o la Comisión Permanente.

Artículo 18. Para la elección de los miembros del Consejo Consultivo se aplicará lo previsto en los artículos 10 Bis y 10 Ter de esta ley y serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Se cita el texto presentado por el diputado en su iniciativa (artículo 10 Ter de la propuesta) y respecto del mismo cabe hacer la precisión de que la designación ha de hacerse del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien, por esa calidad, será también presidente del Consejo Consultivo de ese organismo. Por tanto resulta imprecisa la redacción propuesta en la iniciativa. Véase el artículo 102, inciso b, párrafo séptimo de la Constitución federal.

2 Véase dictamen con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 17 de la LCNDH, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 26 de septiembre de 2013, así como el dictamen aprobado al interior de la Comisión de Derechos Humanos que adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto, recorriendo el orden del actual párrafo tercero del artículo 17 de la LCNDH del 3 de diciembre de 2013. Respecto al primero de los dictámenes citados es importante mencionar que el mismo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2013 y el segundo se encuentra pendiente de discusión y votación ante el Pleno de esta Soberanía.

3 Consultado el 07 de febrero de 2014 a las 10:30 horas en el portal electrónico: http://132.247.1.49/vigia_ ciudadano/images/elecciones_ opdh/ELECCIONES/DF/NOT AS/procesos_ opacos_poco _incluyentes_relevos_280809.pdf

4 Se refiere a los Principios relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos que fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 y que en lo conducente señalan:

B. Composición y garantías de independencia y pluralismo

1. La composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros, por vía de elección o de otro modo, deberán ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de los representantes de: las organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial, los sindicatos, las organizaciones socioprofesionales interesadas, en particular juristas, médicos, periodistas y personalidades científicas; las corrientes de pensamiento filosófico y religioso; los universitarios y especialistas calificados; el Parlamento; las administraciones (de incluirse, los representantes de las administraciones sólo participarán en los debates a título consultivo).

Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12sp.pdfpp. 33 y 115 a 117 inclusive. Consultado el13 de febrero de 2014 a las 17:00 horas.

5 Lachenal Cécile et al., Los Organismos Públicos de Derechos Humanos en México, Nuevas instituciones, viejas prácticas, Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C, México, 2009, p.36. Consultado en línea el 11 de febrero de 2014 a las 08:50 horas en el portal electrónico: http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/ombudsman.pdf

6 Ibídem, página 39.

7 Consultado el 7 de febrero de 2014 a las 11:00 horas en el portal electrónico: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/64720

8 Consultado el 7 de febrero de 2014 a las 10:00 horas en el portal electrónico: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id= 22384

9 El método sistemático parte de considerar al derecho como un sistema de normas relacionadas o conectadas entre sí y no como un simple conjunto de normas aisladas. Ver: Vázquez, Rodolfo. Teoría del derecho. Oxford University Press. México, 2007, páginas 66-67.

10 Véase artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de febrero de 2014.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda, María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE MIGRACION

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

Con fecha 24 de septiembre de 2013 el diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración. En esa misma fecha la Mesa Directiva dictó turno para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3895-VIII, el martes 29 de octubre de 2013.

Fundamento constitucional y legal para emitir el dictamen

• La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión está facultada para legislar en la presente materia conforme a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra indica:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

• La Comisión de Asuntos Migratorios, es instancia competente para el estudio y dictamen de esta iniciativa, con base a lo establecido por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos.

Metodología

• La Comisión de Asuntos Migratorios elaboró el presente dictamen a partir de un método analítico del contenido y los diferentes aspectos de la iniciativa, verificando que sean acordes con la Constitución, los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte y demás ordenamientos legales del orden jurídico nacional.

• En la primera parte del presente dictamen, se presentan las razones que motivan la presentación de la iniciativa, así como los términos del proyecto de decreto de que se acompaña.

• En la segunda parte, se exponen los razonamientos de esta comisión que dictamina, con el fin de sustentar el sentido de éste.

• En la última parte, se expone el proyecto de decreto resultante del análisis.

Contenido de la iniciativa

El objeto de la iniciativa en estudio, es el de corregir el sentido y redacción de diversas disposiciones de la Ley de Migración, con la finalidad de evitar confusiones y abonar a la claridad de ésta y a la seguridad jurídica de los ciudadanos.

En este sentido el diputado proponente señala, entre las razones que motivan la Iniciativa y el proyecto de decreto:

• Que para lograr una debida aplicación de la ley, son necesarias la claridad, el buen uso del lenguaje y la precisión jurídica de la norma, como una máxima transversal y universal para todo cuerpo normativo.

• Que en la elaboración de leyes deben tomarse en consideración tres actividades confluentes: una científico-jurídica, otra política y una técnica. Cada una de estas responde a objetivos distintos. Mientras que las dos primeras aportan el contenido, los fines y la oportunidad del proyecto, la técnica jurídica los conceptualiza en normas. Esto es, el estudio científico y la política únicamente proveen la materia prima de la norma; la técnica jurídica la moldea y la adapta para lograr su realización práctica.

• Que la iniciativa aborda el aspecto de la técnica jurídica en un contexto de reforma, en virtud de que, una vez que cualquier legislación ha sido promulgada, es deber del legislador promover la modificación de aquellas disposiciones en ella establecidas que representen o puedan representar un factor que impida su correcta aplicación. o que resulten imprecisas o incorrectas desde el punto de vista jurídico, como es el caso de la Ley de Migración, en los diversos artículos que la conforman y que hacen referencia a un concepto toral en la materia: “la situación jurídica migratoria”.

• Que la Ley de Migración, expedida en 2011; constituye un esfuerzo por reunir en un único cuerpo normativo, todas las disposiciones relativas al fenómeno migratorio internacional, con el fin de simplificar y ordenar los procedimientos migratorios administrativos; de establecer las bases de la política migratoria; y de ceñir la actuación de las autoridades a reglas claras y precisas, entre otros objetivos.

• Que la Ley de Migración, asigna diversas categorías migratorias con derechos y obligaciones específicos que buscan dotar de certeza jurídica a la estancia de los inmigrantes internacionales cuya internación ha sido permitida por las autoridades, así como de subrayar que se garantizará el ejercicio de los derechos humanos de los extranjeros, con independencia de su situación jurídica migratoria, pues no es requsito el contar con una estancia legal en México para que los migrantes sean sujetos de derechos en el país

• Que el concepto de “situación migratoria”, que se define como la condición “en que se ubica un extranjero, en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país, de modo tal que si el migrante [ha cumplido con ellas], su situación migratoria será regular; [mientras que de lo contrario,] será irregular” (Morales Vega, 2011), es pues un elemento toral dentro de esta legislación, alrededor del cual giran gran parte de las disposiciones en ella contenida.

• Que lo que el Instituto Nacional de Migración tiene, entre sus facultades y obligaciones torales, el de resolver sobre la situación jurídica migratoria regular o irregular de los extranjeros presentados, a pesar de lo cual, el artículo 111 de la Ley de Migración a la letra dice que: “El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación”

• Que, como lo han señalado organizaciones de la sociedad civil como International Detention Coalition —cuya labor está directamente relacionada con la defensa de los derechos humanos de los migrantes, particularmente en un contexto de detención— es evidente, que la redacción de esta disposición es un contrasentido que resulta necesario corregir.

Por tales motivos, la iniciativa se propone subsanar este importante yerro conceptual, a través de la modificación a la definición del concepto “situación migratoria” en el artículo 3o. de la ley, así como del mencionado artículo 111 de la Ley de Migración., como sigue:

Texto Vigente

Artículo 3.Para efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a XXVI. ...

XXVII. Situación migratoria: a la hipótesis en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas;

XXVIII. a XXX. ...

Artículo 111. El instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.

...

Iniciativa

Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a XXVI. ...

XXVII. Situación migratoria: a la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas;

XXVIII. a XXX. ...

Artículo 111.El instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.

...

Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar la iniciativa en estudio, concluye que el Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales para legislar en materia de emigración e inmigración tal como se establece en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. Esta comisión dictaminadora considera, luego de analizar la Iniciativa en estudio que la modificación a la fracción XXVII del artículo 3 de la Ley de Migración Vigente, en el sentido de aclarar que la situación migratoria es una hipótesis jurídica, es pertinente, en virtud de que dicha fracción establece que se entenderá como situación migratoria a: “la hipótesis en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país”, con lo cual se deja de lado que se trata de una hipótesis que se debe satisfacer en términos de la Ley, además de los elementos de facto que se puedan acreditar acerca de la situación de la persona en cuestión.

Las disposiciones migratorias las conforman la Ley de Migración y otras leyes en la materia, de tal manera que al establecerse hipótesis en una ley, y que de la actualización de dichas hipótesis surgen situaciones jurídicas, queda claro que la hipótesis a la que se refiere la mencionada fracción XXVII del artículo 3 de la multicitada Ley de Migración.

Por lo tanto; se considera que es de aprobarse la reforma propuesta en lo que hace a la fracción XXVII del artículo 3 de la Ley de Migración.

Sin embargo, es necesario apuntar que la fracción que se reforma es la XXVIII de la Ley vigente, no la XXVII, y son XXXI, no XXX las fracciones que componen este artículo, como se señala en la iniciativa de manera errónea por el promovente, y es necesario corregir estas situaciones que no afectan el fondo de la propuesta.

Tercera. Esta comisión dictaminadora considera, en coincidencia con el proponente en el sentido de que la actual redacción del artículo 111 de la Ley de Migración es inadecuada, ya que lo que el Instituto Nacional de Migración debe resolver es la situación migratoria de los extranjeros en nuestro país, determinando si esta es regular o irregular en función de la hipótesis jurídica en que los mismos se encuentren, según lo dispuesto por la fracción XXVII del artículo 3 de la ley en comento.

De esta manera, al establecer el artículo 111 de la Ley de Migración vigente que: “El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación”, se entiende que el instituto sólo podrá determinar la situación migratoria de un extranjero cuándo la misma sea regular por haber cumplido con las disposiciones migratorias para su legal internación y estancia en el país, no habiendo por tanto facultades de dicho instituto para determinar la situación migratoria de los extranjeros que hayan incumplido con dichas disposiciones. Es decir; careciendo el Instituto Nacional de Migración de facultades para determinar la situación migratoria irregular de los extranjeros en nuestro país.

Por tanto, esta comisión considera que la reforma propuesta mejoraría la redacción del artículo 111 de la Ley de Migración abonando a una mayor seguridad jurídica tanto para los migrantes como para las autoridades encargadas de la aplicación de dicha ley.

Por las consideraciones expuestas, la comisión somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración

Artículo Único. Se reforma la fracción XXVIII del artículo 3 y el primer párrafo del artículo 111 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a XXVII. ...

XXVIII. Situación migratoria: a la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas;

XXIX. a XXXI. ...

Artículo 111. El instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 20 de febrero de 2014.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez, Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Antonio de Jesús Díaz Athié, Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Protección Civil fue turnada para el estudio, análisis y dictamen correspondientes la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71 y 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado la minuta referida, somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen:

I. Antecedentes legislativos

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del 29 de abril de 2013, el diputado Raymundo King de la Rosa presentó la iniciativa que reforma la fracción III del artículo 58, el párrafo primero del artículo 63, y los párrafos primero, segundo y tercero y adiciona un párrafo cuarto al artículo 64, reforma los párrafos segundo y tercero y adiciona un párrafo cuarto al artículo 74 de la Ley General de Protección Civil, la cual fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Protección Civil para el análisis y dictamen correspondientes.

2. La Comisión de Protección Civil, en la cuarta reunión ordinaria, celebrada el 4 de julio de 2013, dictaminó en sentido positivo con modificaciones respecto a la iniciativa original el dictamen con proyecto de decreto de la iniciativa que reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.

3. El 3 de septiembre de 2013, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue aprobado el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Mesa Directiva del Senado de la República la minuta del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.

4. El 5 de septiembre de 2013, en sesión celebrada en la Cámara de Senadores se dio cuenta del oficio recibido de la Cámara de Diputados y se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, para estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.

5. El 29 de octubre de 2013, las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores dictaminaron la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil con modificaciones del texto propuesto para los párrafos primero y tercero del artículo 63 de la ley citada, para ser devuelta a la Cámara de origen con fundamento en apartado e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. El 11 de febrero de 2014, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en votación nominal la minuta con proyecto de decreto por el que se modifican los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, y se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

7. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 13 de febrero de 2014 se dio cuenta del oficio recibido del Senado de la República mediante el que se devolvió la minuta con proyecto de decreto por el que se modifican los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, la que fue turnada a la Comisión de Protección Civil en la misma fecha para estudio y dictamen.

8. El 27 de febrero de 2014, los integrantes de la Comisión de Protección Civil aprobaron por mayoría el presente dictamen.

II. Contenido de la minuta

Primero.En lo general, la minuta enviada por el Senado de la República a esta Cámara coincide y reconoce el espíritu del dictamen elaborado originalmente por esta comisión, referente al proyecto de decreto por el que se proponía reformar el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil (LGPC), en el sentido de garantizar el uso adecuado de los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Segundo. En lo particular, la minuta considera necesario hacer modificaciones a la redacción del proyecto de decreto enviado originalmente por la Cámara de Diputados, por considerar que de esta manera se clarifican los objetivos de la reforma mencionados.

Tercero.La minuta enviada por la colegisladora propone tres cambios de la redacción del proyecto de decreto, los cuales se describen a continuación:

i) Adicionar al texto propuesto la palabra ejecución,para que de este modo se garantice que, no solo las normas administrativas contemplen los valores indispensables para la atención de desastres naturales, sino que además, éstas se respeten durante la ejecución de los fondos destinados para la atención de ellos.

Si bien la minuta enviada por el Senado de la República asume la importancia de establecer los principios básicos para la formulación de los lineamientos administrativos, también considera que, una de las principales preocupaciones de la sociedad y de la población afectada por desastres naturales, es la ejecución de los procedimientos para el acceso y ejercicio de los recursos federales otorgados para la atención de desastres.

ii) La minuta considera pertinente omitir la limitante establecida en el dictamen aprobado originalmente por esta comisión, para que la formulación de las disposiciones administrativas se apegaran a los principios previstos en el artículo 5 de la LGPC, “limitándose a las formalidades indispensables para garantizar la honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos”.

Lo anterior, por considerar que las ocho fracciones enumeradas en el artículo 5 de la LGPC son necesarias para crear y cumplir las normas administrativas.

iii) La tercera propuesta de modificación que propone la minuta analizada, sugiere trasladar la parte última del texto propuesto, donde se trata de “garantizar la honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de recursos”, al final del cuarto párrafo del artículo 63 de la LGPC, ya que éste se refiere a la “aplicación, erogación, regularización, justificación, comprobación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los cuales estarán sujetos a las reglas, los lineamientos de operación y demás disposiciones aplicables”, a fin de mejorar la minuta enviada originalmente por la Cámara de Diputados.

Para mayor claridad se inserta el cuadro comparativo entre los textos de la minuta enviada originalmente por la Cámara de Diputados y la devuelta por el Senado de la República a esta colegisladora:

Texto de la minuta original de la Cámara de Diputados

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 63. Las disposiciones administrativas, regularán los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, constituidos para tal efecto. En su formulación se atenderá a los principios previstos en el artículo 5,limitándose a las formalidades indispensables para garantizar la honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos.

...

...

La aplicación, erogación, regulación, justificación, comprobación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos autorizados en los instrumentos financieros de gestión de riesgos se sujetarán a las reglas y demás disposiciones aplicables.

...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Texto propuesto en la minuta devuelta por el Senado de la República

Único. Se reforma el párrafo primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 63.Las disposiciones administrativas, regularán los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, constituidos para tal efecto. En cuanto a la formulacióny ejecución de las disposiciones administrativas, se atenderá a los principios establecidos en el artículo 5.

...

...

La aplicación, erogación, regulación, justificación, comprobación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos autorizados en los instrumentos financieros de gestión de riesgos se sujetarán a las reglas y demás disposiciones aplicables que garantizarán los principios de honradez, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones de la comisión dictaminadora

La Comisión de Protección Civil, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta mencionada, ha llegado a la conclusión de emitir un dictamen positivo en los términos de la redacción planteada, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero.Se reconoce que la minuta devuelta por la Cámara de Senadores, mantiene el espíritu de garantizar el uso adecuado de los recursos del Fonden destinados a la atención de desastres naturales, y que las modificaciones propuestas en ella, fortalecen y amplían las disposiciones legales encaminadas a dicho objetivo.

Segundo.Se considera apropiada la propuesta de modificación relativa a introducir la palabra ejecución,para fortalecer la obligación de que no sólo las disposiciones administrativas sino que la ejecución misma de los recursos autorizados se ejerza conforme a los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Protección Civil.

Se reconoce también que esta modificación recoge la preocupación de la ciudadanía respecto a que todo el proceso de atención de desastres, desde las declaratorias de emergencia hasta la ejecución de los recursos autorizados, se conduzca conforme a los lineamientos del mencionado artículo 5 de la ley.

Tercero.El dictamen emitido por esta comisión el 4 de Julio del 2013, en el sentido de que la formulación de las disposiciones administrativas se apegaran a los principios previstos en el artículo 5 de la LGPC, “limitándose a las formalidades indispensables para garantizar la honradez, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la utilización de los recursos.”, buscaba en su espíritu, privilegiar la celeridad del proceso de atención de desastres.

Por ello establecía que, más allá de los diversos principios contenidos en el artículo 5 de la LGPC, las disposiciones administrativas para atención de desastres se formularan limitando las formalidades, y concentrándose en los principios conducentes al manejo transparente de los recursos.

Sin embargo, esta comisión reconoce que la redacción propuesta originalmente podría interpretarse como una limitación a los amplios principios enumerados en el artículo 5 de la LGPC, más que como un incentivo a la celeridad y a evitar las formalidades, sin menoscabo de la búsqueda de transparencia en el uso de los recursos.

Por todo lo anterior se estima pertinente la modificación propuesta por la Cámara de Senadores, para que la formulación de disposiciones administrativas y la ejecución de los recursos se ajusten a todos los principios descritos en el mencionado artículo 5.

Cuarto.Esta comisión considera pertinente la modificación propuesta, para que la garantía de que las disposiciones aplicables se ajusten a “principios de honradez, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos”, sea trasladada al final del párrafo cuarto del artículo 63 de la LGPC, por valorar que este párrafo se refiere a los principios con que deben manejarse los recursos autorizados en los instrumentos financieros de gestión de riesgos, y de esta manera se da mayor claridad al texto.

Por todas las consideraciones anteriores, esta comisión dictamina en sentido positivo y en sus términos la minuta con proyecto de decreto por el que se modifican los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, devuelta por la Cámara de Senadores a esta colegisladora.

Ante lo expuesto, la Comisión de Protección Civil somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 63. Las disposiciones administrativas, regularán los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, constituidos para tal efecto. En cuanto a la formulación y ejecución de las disposiciones administrativas, se atenderá a los principios establecidos en el artículo 5.

...

...

La aplicación, erogación, regulación, justificación, comprobación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos autorizados en los instrumentos financieros de gestión de riesgos se sujetarán a las reglas y demás disposiciones aplicables que garantizarán los principios de honradez, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

La Comisión de Protección Civil, diputados:Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López, Isela González Domínguez (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba, Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para la resolución de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo referido al Contenido de la iniciativa se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de Consideraciones se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

I.1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 7 de noviembre de 2013, el diputado Genaro Carreño Muro, integrante del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

I.2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dictó trámite: “Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-4-1036, Expediente 3145.

I.3. Con fecha 12 de diciembre de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar las Subcomisiones de Transporte Carretero de Pasaje, y Carretero de Carga para la elaboración del predictamen correspondiente.

I.4. Durante las dos siguientes semanas se llevó a cabo la investigación documental para allegarse de los elementos necesarios a efecto de elaborar el dictamen respectivo.

I.5. Del 25 de noviembre al 12 de diciembre de 2013, se solicitó a quienes estuvieran interesados en esta iniciativa a enviar los comentarios respectivos.

I.6. Con fecha 29 de noviembre de 2013, la Comisión de Transportes solicita al Centro de Estudios de las Finanzas Publicas de la honorable Cámara de Diputados, realice los estudios de impacto presupuestario que resulten de esta iniciativa.

I.7. Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante oficio número CTR-LXII-2-0474/13, la junta directiva de esta comisión solicitó autorización de prorroga a la Mesa Directiva.

I.8. Con fecha 9 de enero el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas, mediante oficio número CEFP/DG/ 0019/14, envió “valoración de impacto presupuestario” CEFP/IPP/328.1/2013, mediante la que informa que la iniciativa no tiene impacto presupuestario.

I.9. Con fecha 14 de enero de 2014 la Mesa Directiva, mediante oficio número DGPL 62-II-4-1208, autorizó prorroga de 90 días para dictaminar la iniciativa.

II. Contenido de la iniciativa

El objetivo de la iniciativa presentada por el diputado Genaro Carreño Muro está encaminada a la homologación de la red carretera nacional, ya que es prioritario que las carreteras estatales y municipales que presentan conectividad y articulación con las carreteras de jurisdicción federal cuenten con la armonización de criterios generales que permitan establecer las mismas características y especificaciones técnicas en su construcción, así como en el mantenimiento de las mismas, a fin de que proporcionen condiciones de seguridad vial a los conductores que circulan por ellas.

Que en materia de carreteras, se establezcan las mismas especificaciones técnicas y estructurales que aplica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sus características físicas, en la pavimentación y conservación de la red nacional.

La infraestructura de transporte es un pilar fundamental para el progreso de México, su impulso permite ampliar las oportunidades de crecimiento y desarrollo regional, ya que contribuye a la comunicación de las poblaciones, permite potenciar las actividades productivas, favorece a la competitividad, amplia la cobertura de los servicios, mejora la calidad de vida de las poblaciones y es una importante fuente de empleos.

El nivel de desarrollo que tiene nuestro país es heterogéneo en materia de infraestructura carretera, debido a que hay regiones que cuentan con una mejor conectividad y articulación de sus vías de comunicación, que otras que se encuentran rezagadas y que por sus malas condiciones físicas representan un riesgo para los usuarios que circulan por ellas.

Es prioritario que se impulse una red carretera uniforme que cumpla con los estándares de seguridad vial, que favorezca la conectividad y articulación de toda la red en la que la integración de las entidades, los municipios y sus localidades sea de forma homogénea, evitando divergencias en sus condiciones físicas y estructurales a fin de evitar accidentes viales.

El legislador promovente menciona que nuestra red carretera nacional comprende más de 374 mil kilómetros; sin embargo carece de una homologación que permita que las condiciones físicas que presentan las estatales y municipales sean uniformes con respecto a las carreteras federales. Esto a razón de que las carreteras estatales y municipales presentan inconsistencias en su construcción y diseño, la falta de mantenimiento correctivo y preventivo, insuficiente señalización, debido a que en su mayoría carecen de una planificación vial.

El diputado promovente propone la siguiente redacción para el artículo a reformar:

Artículo 25. La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones.

La Secretaría, considerando la importancia del camino, la continuidad de la vía y la seguridad de los usuarios, podrá convenir con los municipios, su paso por las poblaciones, dejando la vigilancia y regulación del tránsito dentro de la zona urbana a las autoridades locales.

Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales; estos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y estructurales que establecen las normas federales.

III1. Consideraciones

La comisión dictaminadora coincide con el promovente, pues considera que a raíz de la proclamación del Plan Mundial que realizó la ONU, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial el 6 de junio de 2011, el acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, suscrita por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud, en la que se promueve la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en la implementación de cinco acciones, dentro de las cuales destaca la participación en la revisión de la modernización de la infraestructura vial y de transporte más seguro.

Se considera además que también en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el capítulo IV, “México Próspero”, en materia de infraestructura de transporte y logística, se señala como uno de los principales retos que enfrenta el sector de transporte, elevar la seguridad vial, ya que cada año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito. Asimismo, dentro de las líneas de acción de la estrategia 4.9.1, al sector carretero se le atribuye, entre otros, garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores condiciones físicas de la red carretera y sistemas inteligentes de transporte.

Por otro lado, esta comisión considera oportuno modificar la redacción de la propuesta para especificar que en caso de realizarse convenio con los estados o municipios para la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales, se cumpla con lo establecido en la normatividad que rige a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el fin de ser más específicos en la materia.

En esta comisión, durante la 12 reunión ordinaria, se autorizo la participación a miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a fin de hacer públicos algunos de sus problemas, mencionando entre otros puntos que municipios y estados de la republica deberían dar seguimiento y puntual tramite a las obras de remodelación, conservación, ampliación y construcción de aquellos tramos carreteros que en virtud de convenios con la SCT y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe mismo debieran tener lineamientos que especifiquen los criterios para realizar las obras antes mencionadas; por lo que se considera que este asunto hace propicia la ocasión para definir la participación de Estados y Municipios en las obras mencionadas.

En ese sentido, esta Comisión de Transportes, considera viable la propuesta, en virtud de que está encaminado a impulsar una red carretera más uniforme, que cumpla con los estándares de seguridad vial, que favorezca la conectividad y articulación, con la integración de las entidades y los municipios, evitando divergencias en sus condiciones físicas y estructurales a fin de evitar accidentes viales.

Los integrantes de esta Comisión de Transportes, se pronuncian a favor de la iniciativa en estudio, pues resulta conveniente que se especifique en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que la conservación, reconstrucción, y ampliación de tramos federales que realicen las autoridades estatales o municipales, se elaboren conforme a las normas que regulen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes someten a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

...

Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales; éstos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y estructurales que establecen las normas que regulan a la Secretaría.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu, Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez..»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 2 de octubre de 2012, la senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al Senado de la República de la LXII Legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.

Con fecha 9 de octubre de 2012, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

El dictamen elaborado por las comisiones mencionadas fue votado a favor con modificaciones y por consiguiente fue turnado al pleno de la Cámara de Senadores para ser votado en sesión de fecha 25 de abril de 2013.

Habiendo pasado a primera lectura en sesión de fecha 29 de abril de 2013, el dictamen pasó a una segunda lectura para la sesión de fecha 30 de abril de 2013, en la cual fue votado a favor por 100 votos y ordenándose turnar a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

En sesión de fecha 3 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó se turnara la minuta en comento a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

La presente minuta tiene por objeto establecer que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento y hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia del menor se encuentre dentro de los cinco primeros deciles de ingreso que determinen las autoridades competentes, con independencia de que la Secretaría de Salud podrá eximir mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, del pago de cuotas de recuperación a los menores que formen parte de una familia ubicada en otros deciles de ingreso.

La presente minuta propone reformar el quinto párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud 

Texto Vigente

Artículo 36.- ...

...

...

...

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Minuta

Artículo 36.....

...

...

...

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento y hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia del menor se encuentre dentro de los cinco primeros deciles de ingreso que determinen las autoridades competentes, con independencia de que la Secretaría de Salud podrá eximir, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, del pago de cuotas de recuperación al menor que forme parte de una familia ubicada en otros deciles de ingreso. 

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... Y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que se dispone en la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El Programa Seguro Médico para una Nueva Generación forma parte del Seguro Popular. Su principal objetivo es proteger la salud de los niños mexicanos nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006. Este seguro ofrece atención médica completa e integral a los niños nacidos a partir del 1 de diciembre del 2006 que no cuentan con ningún tipo de seguridad social y garantiza la afiliación inmediata de toda la familia al Sistema de Protección Social en Salud.

Los niños nacidos después del 1 de diciembre del 2006 afiliados al Seguro Popular tienen derecho a recibir los servicios médicos de 131 intervenciones a través de medicina preventiva y atención médica de primer, segundo y tercer niveles, de todas las enfermedades que pudieran presentar a partir del día de su afiliación y durante la vigencia de sus derechos sin ningún desembolso por el servicio, mediante un paquete de acciones integrado de la siguiente manera:

A. Un paquete de acciones preventivas y de atención con línea de vida.

B. Estudios de laboratorio y gabinete que permiten diagnósticos tempranos.

C. Atención médica, medicamentos e insumos de salud para todos los padecimientos que afectan a beneficiarios del Programa en el segundo y tercer nivel de atención, que se adicionan a las provistas por el Sistema a través del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), Apéndice A páginas 467 y 468 del Causes.

Considerando que los menores beneficiarios del Programa también están afiliados al Sistema, tienen, en adición a lo señalado en los incisos anteriores, derecho a:

• Las intervenciones correspondientes al primero y segundo nivel de atención que se encuentren contenidas en el Causes del Sistema, aplicables a la población atendida y

• Las atenciones contempladas para las enfermedades cubiertas por el FPGC del Sistema aplicables a niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006, que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social.

En las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal de 2014, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2013, en su anexo 13, acuerdo por el cual se establece un nuevo supuesto para considerar a las familias que se afilien al Sistema de Protección Social en Salud bajo el Régimen no Contributivo, publicado el 29 de febrero de 2008, acuerdo segundo señala:

Segundo. Se considerarán dentro del régimen no contributivo a aquellas familias con al menos un niño mexicano nacido a partir del 1 de diciembre de 2006, que derivado de la aplicación de la evaluación socioeconómica a que se refieren los artículos 77 Bis 25 de la Ley General de Salud y 122 y 124 al 127 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, se ubiquen en los deciles I a VII de la distribución de ingreso.

Tercera. En su exposición de motivos la promovente señala:

De lo anterior, se puede observar que los deciles de menor ingreso corresponde a los primeros en orden, y por lo tanto resulta evidente que en el texto vigente del párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud existe una inconsistencia, que lleva a considerar, de su literalidad, que se estaría eximiendo del cobro de cuotas de recuperación a la población con mayor nivel de ingreso, además de que de la lectura de dicho precepto, pareciera desprenderse que la Secretaría de Salud, hace la determinación de dichos deciles de ingreso, cuando conforme a lo antes señalado es el Inegi quien realiza los estudios pertinentes para hacer dicha determinación.

Asimismo, se estima conveniente dar atribución a la Secretaría de Salud, para que mediante disposiciones de carácter general que publique en el Diario Oficial de la Federación, pueda hacer extensivo este beneficio a los menores que encontrándose dentro del rango de edad a que se refiere el citado párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, sus familias se encuentren ubicadas en un decil de ingreso superior al señalado en dicho párrafo.

Cuarta. La distribución del ingreso se mide tradicionalmente a través del índice de Gini, que mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. en el cual se establecen niveles de ingreso, tomando como referencia una distribución de la población en segmentos de 10 por ciento, que son conocidos como deciles.

Al respecto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realiza una Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que tiene por objeto proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; adicionalmente ofrece información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. A partir de 1992 se realiza con una periodicidad bienal con excepción de 2005, ya que fue un levantamiento extraordinario.

Los resultados de las últimas encuestas realizadas son los siguientes:

Ingreso corriente total promedio trimestral por hogar agrupados por deciles de hogares levantamientos 2008, 2010 y 2012 (Pesos de 2012)

Como se puede observar en la tabla, los deciles de menor ingreso corresponden a los primeros y por lo tanto resulta evidente que en el texto vigente del párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud lleva a considerar que se estaría eximiendo del cobro de cuotas de recuperación a la población con mayor nivel de ingreso.

Quinta.Con relación a la adición al párrafo quinto que se pretende incluir la cual señala:

“... que determinen las autoridades competentes, con independencia de que la Secretaría de Salud podrá eximir mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, del pago de cuotas de recuperación a los menores que formen parte de una familia ubicada en otros deciles de ingreso.”

Cabe hacer mención, que el mismo artículo 36 en su tercer párrafo aduce lo siguiente:

“Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.”

Consideramos que la reforma que se pretende incluir repite lo citado en el párrafo anterior. Con relación a que se modifique, “establecidos por la Secretaría de Salud” por “que determinen las autoridades competentes”, no es viable ya que la Secretaría de Salud como instancia rectora de la sanidad en el país, es quien establece los criterios en esa materia, independientemente de quien realice el cálculo correspondiente.

Ante estas consideraciones, la Comisión de Salud toma a bien que esta Iniciativa sea viable con modificaciones, ya que la reforma propuesta se encuentra parcialmente contemplada en los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud

Artículo Único.Se reforma el párrafo quinto del Artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 36. ....

...

...

...

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre dentro de los deciles uno a cinco de la distribución de ingreso establecidos por la Secretaría de Salud.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para la aplicación de la presente reforma, estará sujeta de acuerdo a la suficiencia presupuestal de la Secretaría de Salud.

Nota:

1 Según página de Inegi consultado en internet: http://www.inegi.org. mx/est/contenidos/proyectos/Preview.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica en abstención), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica en contra), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica en contra), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica en contra), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN II

LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y reforma el párrafo quinto y adiciona uno sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen:

Metodología

Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia, encargadas del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y el turno del dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los alcances de la propuesta de reforma para estudio.

En “Consideraciones”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

1.Que con fecha del 11 de diciembre de 2013, Patricia Lugo Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y reforma el párrafo quinto del artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

2.Que en la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia.

3. Que con fecha del 29 de enero de 2014, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se emitió y publicó en la Gaceta Parlamentaria la prevención de la Presidencia de la Mesa Directiva de dicho órgano colegiado, para que las Comisiones Unidas de Grupos Vulnerables, y de Justicia emitan el dictamen respectivo a la presente iniciativa en estudio, que se emite en sentido positivo.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa materia del presente dictamen tiene como primordial objetivo la creación de un glosario jurídico para las personas con sordera, para que en su oportunidad forme parte del lenguaje de señas mexicano, con la finalidad de que cuenten con la debida interpretación y comprensión de estos términos, y al mismo tiempo, garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Por ello, la diputada proponente pretende “adicionar un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y reformar el párrafo quinto del artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles”, a fin deproporcionar a las personas que padecen discapacidad en la audición o sordera, una herramienta idónea, en su propio lenguaje y símbolos distintivos, que les permitiría garantizar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia a quienes se involucren como partes o víctimas en un proceso.

Consideraciones

1. La diputada inicia su exposición de motivos, señalando que las personas que padecen de alguna discapacidad, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de que el país sea parte.

De igual forma, reconoce que es una realidad que las personas con discapacidad se enfrentan a diversos obstáculos, que no les permiten su integración a la sociedad en igualdad de condiciones, por lo que es necesario implantar las medidas necesarias para ir eliminando progresivamente esas barreras.

Recuerda la legisladora que durante las últimas décadas ha cobrado relevancia este sector poblacional vulnerable. Por ello, a escalas nacional e internacional, los gobiernos, organizaciones, expertos y sociedad han realizado esfuerzos en conjunto para eliminar las dificultades a que se enfrentan en la vida práctica, tomando las medidas necesarias para mejorar su calidad de vida y lograr su desarrollo integral.

En este sentido, reconoce la legisladora que se han implantado diversos esfuerzos por implantar políticas y normas para garantizar la protección de los derechos de cada habitante, así como para fomentar la participación e integración social de las personas con discapacidad.

A escala internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, además de gozar de los derechos y libertades proclamados en la declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada en la sede de Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como un instrumento que reúne un catálogo de derechos humanos con un enfoque de desarrollo social.

En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Así bien, a escala nacional, con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 tuvo entre sus propósitos garantizar la protección de los derechos humanos observando los contenidos de diversos instrumentos internacionales de los que México es parte.

Conforme a lo anterior y cumpliendo el estado de derecho, el país publicó el 30 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1o. constitucional, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Por otra parte, señala la proponente las cifras refiriéndose al Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en donde se calcula que más de mil millones de personas, equivalente a 15 por ciento de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15.6 por ciento) de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la carga mundial de morbilidad estima una cifra próxima a 975 millones (19.4 por ciento).

También refiere que la Encuesta Mundial de Salud señala que del total estimado de personas con discapacidad, 110 millones (2.2 por ciento) tienen dificultades significativas de funcionamiento, mientras que la carga mundial de morbilidad cifra en 190 millones (3.8 por ciento) las personas con una “discapacidad grave” (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones como la tetraplejía, depresión grave o ceguera).

En el caso de la discapacidad en la audición o sordera, la Organización Mundial de la Salud estimaba que en 2004 más de 275 millones de personas en el mundo padecían defectos de audición entre moderados y profundos; 80 por ciento de ellos vivía en países de ingresos bajos y medianos.

Señala la diputada que la investigación lingüística ha demostrado que las lenguas de señas de las personas con sordera son verdaderos idiomas, que le dan al individuo y a la colectividad tanta capacidad de expresión y abstracción como cualquier otra lengua humana por lo que cada lengua de señas tiene su gramática y vocabulario.

Reconoce la legisladora en torno al tema que los instrumentos para las personas que padecen esta discapacidad en nuestros país puedan comunicarse, se ha creado un instrumento denominado “lengua de señas mexicana”, que consta de signos visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifica y expresa la comunidad de sordos mexicana. Para la mayoría de quienes han nacido sordos o han quedado sordos desde la infancia o juventud, esta es la lengua en que articulan sus pensamientos y emociones, la que les permite satisfacer sus necesidades comunicativas, así como desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo mientras interactúan con el mundo que los rodea.

Señala que en el caso de los sordos, cuya herramienta de comunicación es la lengua de señas mexicana, encontramos que palabras o términos jurídicos no tienen un signo distintivo incorporados dentro de este instrumento, por lo que carecer de símbolos claros en la lengua de señas mexicana para los términos jurídicos, genera una enorme dificultad de comprensión para este grupo vulnerable así como limitación al acceso a la justicia.

Finalmente, la diputada estima necesario crear un glosario jurídico para que, en su oportunidad, forme parte del lenguaje de señas mexicano, a fin de alcanzar la debida interpretación y comprensión de estos términos por las personas sordas.

2. Por todo lo anterior, señala la legisladora que con el propósito de cumplir lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que México es parte, propone en primera instancia adicionar un segundo párrafo al artículo 29 la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que las instituciones con el apoyo de intérpretes y expertos, bajo la supervisión del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, desarrollen un glosario jurídico del lenguaje de señas mexicano.

Y en segunda instancia, se reforma el párrafo quinto del artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que en las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad, puedan contar con el apoyo de un intérprete en lenguaje de señas mexicano, para mejor comprensión de su situación.

3. Para las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia, es muy gratificante dar cuenta que entre las diputadas y diputados los temas relacionados con la protección de los derechos de las personas con discapacidad continúen siendo parte importante dentro de sus agendas legislativas y, más aún, tratándose de un tema tan importante como lo es garantizarles un ambiente saludable y libre de accesibilidad e igualdad de justicia.

Es de reconocer que con la reciente legislación en la materia, se da un gran paso en la regulación de mecanismos jurídicos para proteger, defender e impulsar estos derechos en el seno de la convivencia comunitaria.

Es necesario reiterar que la Carta Magna consagra en el artículo 1o. que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que esta Constitución establece garantizando igual de condiciones y acceso a la justicia.

Señalando también que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reglamenta el artículo 1o. constitucional, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

A escala internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, además de gozar de los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

4. En este sentido, las comisiones dictaminadoras reconocen lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los artículos 12 y 13, respecto al acceso a la justicia, que establecen que los Estados parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, asimismo asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares con la finalidad de que las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a la justicia.

De igual forma, esta convención, en el artículo 4, establece que los Estados Partes se comprometerán a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos.

5. En este sentido, a nivel nacional el proceso de transición para la atención a las personas con discapacidad, ha obedecido que sea directriz de los Planes de Desarrollo Nacional desde pasadas administraciones. Se ha pretendido crear una cultura de inclusión y coadyuvar a generar una toma de coincidencia en la sociedad sobre la comunidad de personas sordas, sus derechos, su cultura y su lengua.

Por ello, en marzo de 2012 se avanzó en crear una herramienta práctica denominado “lengua de señas mexicana” para facilitar el aprendizaje del lenguaje de señas mexicano, para personas sordas y para personas oyentes, a fin de facilitar la interacción, el diálogo y la información en el campo de lo social y de lo privado, además de posibilitar el acceso a la educación y al empleo, entre muchos otros espacios de la vida. Este instrumento trata de subsanar las continuas y repetidas expresiones y quejas de aislamiento, segregación e incomunicación de las personas sordas, particularmente por parte de instituciones públicas.

En el mismo esfuerzo, en de agosto de 2012, el Conadis consideró necesario desarrollar un glosario de los términos comunes sobre discapacidad, que sirva para unificar el lenguaje que sobre este tema existe en el país; así como para sensibilizar y capacitar a funcionarios de todos los niveles de gobierno.

La característica de este glosario es multidisciplinaria, en el que se incluyeron algunas definiciones por tipos de discapacidades que son comunes para el lenguaje cotidiano, se logra hacer una perspectiva que existen más términos y definiciones asociadas a la discapacidad, según el sector particular de atención, por ejemplo, en la educación, salud o inclusión laboral. Cada uno de esos sectores puede y debe desarrollar glosarios más específicos, teniendo en cuenta los términos generales que se incluyen en este documento y es de señalar, que en él participaron organizaciones civiles y dependencias de la administración pública federal.

Por otra parte, es de señalar que la presente administración, en el Plan Nacional de Desarrollo, al pretender hacer un México incluyente, propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social, por ello continuará con las directrices para favorecer a las personas con discapacidad.

5. Con el objetivo de cumplir el principio de exhaustividad es necesario para la elaboración de cualquier dictamen, estas comisiones unidas entraron al estudio de las propuestas de la iniciante con la finalidad de evaluar su viabilidad. Así bien, la iniciativa materia del presente dictamen propone la adición y reforma de las siguientes leyes:

A) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Pretende adicionar un párrafo al artículo 29 a este ordenamiento para que instituciones de administración e impartición de justicia que como a la letra de la ley, establece, deberán contar con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes en lenguaje de señas mexicano, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille. También desarrollen con el apoyo de intérpretes, expertos y bajo la supervisión del Consejo, el glosario jurídico del lenguaje de señas mexicano. Sin embargo, el uso del término lenguaje de señas mexicano, no es el idóneo, ya que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad utiliza invariablemente el término de lengua de señas mexicana, por lo que se deberá utilizar ésta última, en concordancia y congruencia con dicho ordenamiento jurídico.

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad / Actual

Capítulo IX

Acceso a la Justicia

Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille.

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad/ Propuesta

Capítulo IX

Acceso a la Justicia

Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille.

Las instituciones citadas en el párrafo anterior deberán desarrollar con el apoyo de intérpretes, expertos y bajo la supervisión del consejo el glosario jurídico de la lengua de señas mexicana.

En el caso de la discapacidad en la audición o sordera, la investigación lingüística ha demostrado que las lenguas de señas son verdaderos idiomas, que le dan al individuo y a la colectividad tanta capacidad de expresión y abstracción como cualquier otra lengua humana. Asimismo, cada lengua de señas tiene su propia gramática y vocabulario.

Para que las personas que padecen esta discapacidad puedan comunicarse, se crea el instrumento denominado “lengua de señas mexicana”, que consta de signos visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifica y expresa la comunidad de sordos mexicana.

Actualmente, en la lengua de señas mexicana efectivamente se carece de términos jurídicos y símbolos distintivos, situación que genera una enorme dificultad de comprensión e interpretación para las personas que padecen sordera. Lo que los coloca en un estado de desigualdad jurídica y en su caso, a un estado de indefensión, ya que a falta de comprensión de estos términos, se encuentran limitados de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo de un proceso.

En este sentido, por no ser una discapacidad que afecte el intelecto, es necesaria la creación un glosario jurídico, para que en su oportunidad forme parte de la lengua de señas mexicana, que permita proporcionar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia a quienes se involucren como partes o víctimas en un proceso.

Se trata de una tarea multidisciplinaria e interinstitucional, con la participación de técnicos en procesos jurídicos, así como en la lengua de señas mexicana, así como autoridades, para construir los contenidos del glosario jurídico, vincularlos oficialmente en dicha lengua, que permee en los procesos donde personas que padecen sordera puedan utilizarlo en su calidad de procesado o víctima, así como los encargados de la procuración, impartición de justicia y defensores.

Al incorporarse a la lengua de señas mexicana una serie de términos jurídicos, nuestro país da cumplimiento a lo que establecen la Constitución, la legislación procesal penal y los tratados internacionales suscritos por nuestro país, referentes a la igualdad de acceso a la justicia, con independencia de las condiciones particulares de cada persona.

A mayor abundamiento, es falsa la consideración de que incorporar a la lengua de señas mexicana los correspondientes términos jurídicos, implique la erogación de un gasto o rompa con la armonización jurídica actual, pues en quien recaería la obligación de desarrollar este glosario sería en la autoridad jurisdiccional y no en el Ejecutivo, ya sea a través de acuerdos o convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el ámbito académico o en general, una o varias instituciones que pudiesen, en dado caso, realizar dicha actividad la cual, además, sería por única ocasión. Asimismo, como estas comisiones dictaminadoras han referido en el punto 5), el Estado ha tenido la sensibilidad para favorecer a este sector, aunado de que la tarea de incorporación y accesibilidad forma parte de plan nacional actual.

En este sentido, estas comisiones no consideran que pueda traducirse en ser un gasto económico, sino más bien, implica que tiene en sí misma un alto contenido de sensibilidad social, es al final de cuentas, infinitamente superior que cualquier erogación para integrar al universo del derecho una serie de señas para proteger y salvaguardar los derechos de las personas que necesiten echar mano de ellas.

Por lo anterior, la propuesta de crear un glosario de términos jurídicos se considera viable y de igual forma que sea reformado ese ordenamiento no afecta ni la naturaleza jurídica y legislativa, ni se contrapone a la materia del artículo reformado.

B) Código Federal de Procedimientos Civiles

Se pretende que en las actuaciones en los juicios en que intervengan personas que tengan alguna discapacidad auditiva o de locución, el juez deberá a petición de la parte o de oficio, proporcionar un intérprete en lenguaje de señas mexicano. Empero, como se señaló en las anteriores consideraciones, es necesario que el término idóneo a emplearse sea el de lengua de señas mexicana. Para el caso de las personas con discapacidad visual, auditiva o de locución, se les otorgará la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, lengua de señas mexicana, escritura braille o de ayuda técnica respectiva.

Código Federal de Procedimientos Civiles

Actual

Artículo 271.Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.

Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que no supieran leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

Las fechas y cantidades se escribirán con letra.

En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada o de ayuda técnica respectiva.

Código Federal de Procedimientos Civiles

Propuesta

Artículo 271.Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.

...

...

...

Enlas actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, lengua de señas mexicana, escritura brailleo de ayuda técnica respectiva.

Cuando una o ambas partes tengan alguna discapacidad auditiva o de locución, se les deberá proporcionar un intérprete en lengua de señas mexicana que se designará de entre los autorizados como auxiliares de la administración de justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o privadas, relatándose su intervención en las audiencias correspondientes;y de ser necesario, el intérprete deberá permanecer durante toda la audiencia. Los intérpretes en lengua de señas mexicana al iniciar su función, serán advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o interpretar fielmente lo dicho. En congruencia con la reciente legislación en la materia, se da un gran paso en la regulación de mecanismos jurídicos para proteger, defender e impulsar estos derechos en el seno de la convivencia comunitaria.

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó las siguientes tesis aisladas:

Época: Décima época

Registro: 2002520

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Libro XVI, enero de 2013, tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. VI/2013 (10a.)

Página: 634

Discapacidad. Su análisis jurídico a la luz del modelo social consagrado en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años: en principio existía el modelo de “prescindencia” en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema denominado “rehabilitador”, “individual” o “médico”, en el cual el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo “social”, el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al haberse adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que contiene y desarrolla los principios de tal modelo, los cuales en consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Así, a la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Tal postura es congruente con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, los cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto es, propician la implementación de medidas de naturaleza positiva –que involucran un actuar y no sólo una abstención de discriminar– que atenúan las desigualdades.

Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa, 21 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Época: Décima época

Registro: 2002519

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Libro XVI, enero de 2013, tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. VII/2013 (10a.)

Página: 633

Discapacidad. Presupuestos en la materia que deben ser tomados en cuenta por los operadores del sistema jurídico mexicano.

Atendiendo al modelo social de discapacidad, previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los presupuestos o fundamentos en los cuales se sustenta tal materia son los siguientes: (i) dignidad de la persona, referida al pleno respeto de los individuos por el solo hecho de serlo, sin que una diversidad funcional implique una disminución de tal reconocimiento; (ii) accesibilidad universal, consistente en la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos y servicios de su entorno social; (iii) transversalidad, relativa a la concepción de la discapacidad como un aspecto en íntima relación con todas las facetas del contexto en que se desenvuelve; (iv) diseño para todos, referido a que las políticas se conciban de tal manera que puedan ser utilizadas por el mayor número posible de usuarios; (v) respeto a la diversidad, consistente en que las medidas a implementarse reconozcan las diferencias funcionales como fundamento de una sociedad plural; y (vi) eficacia horizontal, relativa a que la exigencia de respeto a las personas con discapacidad se dirija tanto a las autoridades, así como a los particulares.

Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa, 21 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

La cultura desarrollada en materia de discapacidad, que se refleja en la legislación aplicable, afirma –en palabras de la SCJN– que “las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración”. Esta idea es central en la iniciativa de referencia.

Estas comisiones dictaminadoras consideran que se debe decontribuir con los mecanismos jurídicos que posibiliten que las personas con alguna discapacidad, logren su adaptación al ambiente de convivencia en condiciones de igualdad al resto de la población.

En este razonamiento, las comisiones unidas consideran que de aprobarse el dictamen de esta iniciativa, se proporcionaría a las personas que padecen discapacidad en la audición o sordera, una herramienta idónea, en su propio lenguaje y símbolos distintivos, que les permitiría garantizar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia a quienes se involucren como partes o víctimas en un proceso.

En igual forma, las comisiones dictaminadoras, para efectos de limitar cualquier tipo de impacto presupuestal que pudiera generar el presente dictamen, propone la inclusión de un artículo transitorio que estaría acorde con lo previsto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual prevé en el artículo transitorio séptimo: “Todos los entes competentes deberán desarrollar las políticas públicas y acciones señaladas en la presente ley, adoptando medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos en congruencia con la Convención”, y que señale lo siguiente: “ Artículo Transitorio. Las erogaciones que deban realizarse con motivo de la puesta en marcha de las acciones señaladas en el presente decreto por parte de las instituciones o dependencias públicas, se llevarán a cabo con base en su disponibilidad presupuestaria y de manera gradual, sujetándose al efecto a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Se trata fundamentalmente con esta Iniciativa de hacer obligatorio en ley, una tarea multidisciplinaria e interinstitucional, con conocimientos en materias jurídica, administrativa y de lenguaje de señas, al servicio de los derechos humanos.

6. En este orden de ideas, la opinión general de los integrantes de las comisiones dictaminadoras manifiesta emitir este dictamen en sentido positivo.

Por lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia de la LXII Legislatura someten consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 29. ...

Las instituciones citadas en el párrafo anterior, deberán desarrollar con el apoyo de intérpretes, expertos y bajo la supervisión del Consejo, el Glosario Jurídico de la lengua de señas mexicana.

Segundo.Se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 271. ...

...

...

...

Enlas actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, lengua de señas mexicana, escritura brailleo de ayuda técnica respectiva.

Cuando una o ambas partes tengan alguna discapacidad auditiva o de locución, se les deberá proporcionar un intérprete en lengua de señas mexicana que se designará de entre los autorizados como auxiliares de la administración de justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o privadas, relatándose su intervención en las audiencias correspondientes; y de ser necesario, el intérprete deberá permanecer durante toda la audiencia. Los intérpretes en lengua de señas mexicana al iniciar su función, serán advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o interpretar fielmente lo dicho.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse con motivo de la puesta en marcha de las acciones señaladas en el presente decreto por parte de las instituciones o dependencias públicas se llevarán a cabo con base en su disponibilidad presupuestaria y de manera gradual, sujetándose al efecto a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Notas:

1 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2002520&Cla se=DetalleTesisBL&Semanario=0

2 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2002519&Cla se=DetalleTesisBL&Semanario=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Claudia Delgadillo González (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Tomás Torres Mercado, Crystal Tovar Aragón, Darío Zacarías Capuchino, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Fernando Zárate Salgado, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal le fueron turnadas, para su análisis y dictamen, las iniciativas siguientes:

a) Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, enviada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

b) Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por los ciudadanos diputados Carlos Augusto Morales López y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción I, 68, 80, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, 85, 176 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta comisión es competente para conocer y dictaminar las iniciativas en cuestión, por lo que somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 13 de Enero de 2014, la Comisión Permanente de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con oficio número D.G.P.L. 62-II-21014, turnó a la Comisión del Distrito Federal la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, enviada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

2. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el jueves 20 de febrero de 2014, el diputado Carlos Augusto Morales López y el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

3. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa mencionada a la Comisión del Distrito Federal, para su estudio y dictamen, mediante oficio D.G.P.L.62-II-2-1185. Expediente 3791.

4. El 25 de febrero de 2014, en sesión ordinaria la Comisión del Distrito Federal, se reunió para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de las iniciativas

Tienen por objeto, modificar la duración de los períodos de sesiones ordinarias de cada año legislativo en la Asamblea Legislativa. De esta manera, se propone que el primer periodo comience el día 5 de septiembre y concluya el 20 de diciembre; para el segundo periodo, se propone que inicie el día 1 de febrero y concluya el 30 de abril.

III. Considerando que

1- Esta comisión dictaminadora, luego de analizar las iniciativas en comento y corroborando que cumplen con los requisitos legales y del proceso legislativo necesarios, coincide y hace suyas las preocupaciones y objetivos de la mismas.

2. En las iniciativas enviadas por la Asamblea Legislativa y por los diputados Carlos Augusto Morales López y Agustín Miguel Alonso Raya, se destaca que el espíritu de los proyectos de decreto enviados es aumentar la productividad del órgano encargado de la función legislativa en el Distrito Federal.

Y en el caso de la propia asamblea señala que los periodos actuales resultan insuficientes, toda vez que “...en el primer período, los dos primeros meses los ocupan en la llamada Glosa del Informe de Gobierno. El mes y medio restante, suele trascurrir en torno al Presupuesto de Egresos y a la Ley de Ingresos. En el segundo periodo, de marzo a abril, concurren a comparecer ante el pleno los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública de la Procuraduría General de Justicia, de la Contraloría General y de la Comisión de Derechos Humanos, quedando muy poco tiempo para la Agenda Legislativa”.

De igual forma, ambas iniciativas mencionan en su parte expositiva que una de las razones para ampliar la duración de las sesiones ordinarias, es buscar “...que los periodos coincidan -en la mayor medida posible- con los periodos del Congreso de la Unión”.

3. Por su parte, los diputados Carlos Augusto Morales López y Agustín Miguel Alonso Raya argumentan que la eficiencia del trabajo legislativo se encuentra sujeta a dos atributos: Los cuantitativos y los cualitativos. Es decir, no se mide únicamente en términos del número de propuestas que presenten los legisladores, ni cuántas de éstas se aprueban, sino también por el valor o aporte que la creación o modificación normativa implica en beneficio de la sociedad. Y que para lograr esto resulta indispensable que el periodo de tiempo en el cual se desarrolla, sea suficiente para desempeñar el trabajo legislativo que establece el marco jurídico de la Asamblea Legislativa.

4. De un análisis realizado por esta comisión dictaminadora, respecto de los periodos legislativos y número de días que cada entidad del país tiene y lleva a cabo; se puede observar lo siguiente:

5. Del análisis anterior se desprende que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la que menos días de sesiones tiene (152 totales), seguida por el estado de Chiapas con 160 días de sesiones, Campeche 172 y Veracruz con 177; lo cual contrasta, por ejemplo, con el Congreso del estado de Morelos, el cual tiene 271 días de sesiones.

6. Finalmente, esta comisión dictaminadora es respetuosa de la competencia de la Asamblea Legislativa, que ha determinado que sus tiempos legislativos deben ser ampliados en lo que coinciden también los ciudadanos diputados Carlos Augusto Morales López y Agustín Miguel Alonso Raya, por lo que no existe inconveniente por parte de esta representación en sus planteamientos.

Con base en las consideraciones y argumentos que preceden, y por tratarse ambas iniciativas del mismo tema, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal resuelven: Son de aprobarse en un solo dictamen las siguientes iniciativas:

a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, enviada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Carlos Augusto Morales López y el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Único.Se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 39. La Asamblea se reunirá a partir del 5 de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 20 de diciembre del mismo año, excepto cuando el jefe de Gobierno del Distrito Federal inicie su encargo, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese propio año. Asimismo se reunirá a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias, el cual podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en del presente decreto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevará a cabo reformas necesarias a su marco normativo a efecto de realizar las modificaciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2014.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica),José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela, José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 82; y adiciona la fracción XXI al artículo 2, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Protección Civil fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 82; y adiciona la fracción XXI del artículo 2, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil.

Esta comisión, con fundamento en los artículos, 71, 72, inciso D), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 82 Numeral 1, 84, 85 y 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, 167 numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado la minuta referida, somete a la consideración de esta soberanía el presente dictamen.

I. Antecedentes Legislativos

1. El 28 de febrero de 2013 el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa que reforma los artículos 2o. y 82 de la Ley General de Protección Civil (LGPC).

2. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Protección Civil el 28 de febrero de 2013.

3. El 23 de abril del 2013 la Comisión de Protección Civil aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 82 de la LGPC.

4. El 29 de abril del 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad del citado dictamen.

5. El dictamen fue presentado a discusión al pleno de la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2013, donde fue aprobado por 402 votos y pasó a la Cámara de Senadores para efectos el apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. La LXII Legislatura de la Cámara de Senadores recibió la minuta el 30 de abril del 2013, misma que fue turnada para su estudio y dictaminación a las comisiones unidas de Protección Civil y Estudios Legislativos, Primera.

7. El 6 de febrero del 2014 se presentó en la Cámara de Senadores el dictamen de primera lectura.

8. El 11 de febrero del 2014 fue presentado a discusión en la Cámara de Senadores el proyecto de decreto, el cual fue aprobado con 95 votos a favor, por lo que pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9. La minuta enviada por la Cámara de Senadores fue recibida en la Cámara de Diputados el 13 de febrero del 2014, y en esa misma fecha fue turnada a esta comisión para su discusión, análisis y posterior dictaminación.

II. Contenido de la minuta devuelta por la Cámara de Senadores

Primero.Tanto ésta comisión como las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores, coinciden en que los fenómenos astronómicos, sin duda, representan un riesgo latente sobre la población, por lo que su conocimiento, catalogación, análisis y monitoreo constante son acciones necesarias que nuestro sistema de protección civil debe incorporar a su normatividad.

Segundo.No obstante ésta coincidencia, la minuta devuelta por el Senado de la República, considera necesario realizar modificaciones a la minuta con proyecto de dictamen enviado originalmente por esta colegisladora.

Tercero.Las modificaciones propuestas en la minuta enviada por el Senado de la República en cuestión, se resumen en dos áreas principales:

– Modificar la definición de fenómenos astronómicospropuesta en el artículo 2 de la LGPC, con base en la definición propuesta por la Agencia Espacial Mexicana (AEM); y

– Ampliar la descripción de tareas preventivas, de atención  y difusión entre la población que las autoridades tendrían que realizar ante los fenómenos astronómicos, añadiendo en este sentido, un segundo y tercer párrafo al artículo 20 de la LGPC.

Para mayor claridad, se muestra una tabla comparativa del proyecto de dictamen enviado por la Cámara de Diputados y de la minuta devuelta por la Cámara de Senadores para los efectos del Apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Texto propuesto originalmente en la minuta enviada por la Cámara de Diputados

Artículo Único. Se reforma el artículo 2, fracción XVI, y el artículo 82, asimismo se adiciona la fracción XXI, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2, y se añade un segundo y tercer párrafo al artículo 20, de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XV. ...

XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior,que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada;

XVII. a XXVI. ...

XXVII. Fenómeno astronómico: Agente perturbador que se genera por la actividad del espacio exterior y que al interactuar con la Tierra ocasiona fenómenos destructivos, como pueden ser tormentas magnéticas solares y meteoritos.

[Se recorren las fracciones subsecuentes]

XXVIII. a LXI. ...

Artículo 20. ...

...

Artículo 82. El gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Texto propuesto en la minuta devuelta por la Cámara de Senadores

Artículo Único. Se reforma el artículo 2, fracción XVI, y el artículo 82, asimismo se adiciona la fracción XXI, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2, y se añade un segundo y tercer párrafo al artículo 20, de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. ..

I. a XV. ...

XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada;

XVII. a XX. ...

XXI. Fenómeno astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de éstos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos.

[Se recorren las fracciones subsecuentes]

XXII a LXI. ...

Artículo 20. ...

En el caso de los fenómenos astronómicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana, trabajarán conjuntamente y en el marco de sus atribuciones, a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior.

Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil coadyuvará a realizar las acciones necesarias de protección civil, de forma coordinada y eficaz, entre el gobierno federal, las entidades federativas, el Gobierno del Distrito Federal, los municipios, las delegaciones, los sectores privado y social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador espacial.

...

Artículo 82. El gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones de la comisión dictaminadora

La Comisión de Protección Civil, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta antes mencionada, ha llegado a la conclusión de emitir un dictamen en sentido positivo, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero.Que la minuta devuelta por la Cámara de Senadores, coincide con el espíritu del Proyecto de Dictamen aprobado originalmente por la Cámara de Diputados, por lo que las modificaciones que plantea buscan principalmente mejorar la redacción y fortalecer el objetivo de incluir la prevención y atención de los fenómenos astronómicos en el país.

Segundo.Que no existen cambios entre la redacción propuesta por ambas Cámaras para la fracción XVI del artículo 2 de la LGPC, en la que se añade la frase “o aquellos provenientes del espacio exterior”, por lo que se considera aprobar en sus términos la reforma a dicha fracción.

Tercero.La propuesta de inclusión y definición del concepto fenómenos astronómicosdentro de las definiciones del artículo 2 de la LGPC, presenta dos cambios en la minuta enviada por el Senado de la República:

a) En primer lugar, la propuesta enviada por la Cámara de Diputados incluía dicha definición en la fracción XXVII del citado artículo, recorriendo las fracciones subsecuentes, mientras que la Minuta devuelta por el Senado de la República propone añadir dicha definición en la fracción XXI, recorriendo las fracciones subsecuentes.

Aunque en el dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, no se establecen las razones para hacer dicho cambio, puede suponerse que obedece a un criterio de ordenación alfabética en el que, si se ordenaran alfabéticamente los diferentes fenómenos perturbadores definidos en el artículo 2 de la LGPC, a los fenómenos astronómicos les correspondería insertarse en la fracción XXI.

Mientras que esta comisión, en su dictamen original, había considerado un criterio cronológico de ordenación de los diferentes fenómenos perturbadores. De esta manera, a los fenómenos astronómicos, los más recientemente incluidos en la LGPC, les correspondería la parte final del listado de fenómenos perturbadores, es decir, la fracción XXVII.

La Comisión de Protección Civil considera igualmente adecuados ambos criterios, y considera válido el cambio propuesto en la minuta enviada por el Senado de la República, por lo que considera aprobar en los términos propuestos, la inclusión de la definición del término fenómenos astronómicos en la fracción XXI del artículo 2 de la LGPC, recorriendo las fracciones subsecuentes.

b) En segundo lugar, la minuta enviada por el Senado de la República propone una nueva redacción para la definición de los fenómenos astronómicos incluidos en la LGPC.

Dicha definición está basada en la propuesta de la Agencia Espacial Mexicana, por lo que, dada la experiencia y capacidad técnica de la AEM en la materia espacial, ésta Comisión considera adecuado mantener la definición de los fenómenos astronómicos, en los términos propuestos en la Minuta devuelta por el Senado de la República.

Cuarto.Esta comisión reconoce la intención de la minuta por mejorar la prevención y atención de los eventuales desastres ocasionados por fenómenos astronómicos, al ampliar la descripción de la manera en la que deben atenderse dichos fenómenos, adicionando un segundo y tercer párrafo del artículo 20 de la LGPC.

Actualmente, el artículo 20 establece que la Coordinación Nacional de Protección Civil “podrá integrar comités interinstitucionales para los diferentes agentes perturbadores, quienes apoyarán a las autoridades en el diagnóstico y toma de decisión en la gestión del riesgo a fin de reducir al máximo los posibles daños que pudiesen generar. Dichos Comités Interinstitucionales, serán técnicamente apoyados  por los Comités Científicos Asesores u otras instancias técnicas conforme el Manual de Organización del Sistema Nacional”.

Si bien ésta Comisión consideró en su dictamen original, no hacer explícitos los detalles de la atención a cada uno de los fenómenos perturbadores, en este caso es pertinente aprobar la adición de dos párrafos al artículo 20 propuestos en la minuta enviada por el Senado, ya que clarifica los protocolos de colaboración científica y entre los diferentes órdenes de gobierno para atender eventuales desastres ocasionados por fenómenos astronómicos.

Por todas las consideraciones anteriores, esta comisión dictamina en sentido positivo en sus términos,la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción XVI, y el artículo 82, asimismo se adiciona la fracción XXI, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2, y se adicionan un párrafo segundo y tercero al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil.

Ante lo expuesto anteriormente, la Comisión de Protección Civil somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 82; y se adicionan la fracción XXI del artículo 2, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil

Artículo Único. Se reforma el artículo 2, fracción XVI, y el artículo 82, asimismo se adiciona la fracción XXI, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2 y se adicionan un párrafo segundo y tercero al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XV. ...

XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada;

XVII. a XX. ...

XXI. Fenómeno astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de éstos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos.

XXII a LXI....

Artículo 20. ...

En el caso de los fenómenos astronómicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana, trabajarán conjuntamente y en el marco de sus atribuciones, a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior.

Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil coadyuvará a realizar las acciones necesarias de protección civil, de forma coordinada y eficaz, entre el gobierno federal, las entidades federativas, el gobierno del Distrito Federal, los municipios, las delegaciones, los sectores privado y social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador espacial.

Artículo 82. El gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómicade que se disponga a nivel nacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial de la federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

La Comisión de Protección Civil, diputados:Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López, Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba, Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE MIGRACION

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 13 de marzo de 2014, la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó iniciativa con proyecto de decreto, para reformar los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración, en materia de derechos humanos.

En esa misma fecha, la mesa Directiva le dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3976-V, jueves 6 de marzo de 2014.

Fundamento constitucional y legal para emitir el dictamen

• La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión está facultada para legislar en la presente materia conforme a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra indica:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XVI.Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

• La Comisión de Asuntos Migratorios, es instancia competente para el estudio y dictamen de esta iniciativa, con base a lo establecido por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos.

Metodología

• La Comisión de Asuntos Migratorios elaboró el presente dictamen a partir de un método analítico del contenido y los diferentes aspectos de la iniciativa, verificando que sean acordes con la Constitución, los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte y demás ordenamientos legales del Orden Jurídico Nacional.

• En la primera parte del presente dictamen, se presentan las razones que motivan la presentación de la iniciativa, así como los términos del proyecto de decreto de que se acompaña.

• En la segunda parte, se exponen los razonamientos de esta Comisión que dictamina, con el fin de sustentar el sentido del mismo.

• En la última parte, se expone el Proyecto de Decreto resultante del análisis.

Contenido de la iniciativa

El objeto de la Iniciativa, es incorporar a la Ley los tratados internacionales en la materia como marco de referencia para la protección de los derechos de los migrantes.

En este sentido la Diputada proponente señala, entre las razones que motivan la Iniciativa y el proyecto de decreto:

• Que México presenta un complejo problema migratorio como país de tránsito que lacera a la sociedad nacional e internacional.

• La frontera entre México y los Estados Unidos, con su dinamismo, es reflejo de contrastes sociales y económicos entre los Estados Unidos y Latinoamérica.

• Que según el Censo de Población y Vivienda 2010, un promedio de 609 mexicanos dejaron el país por día, durante los últimos 5 años; más del 50 por ciento de la migración de Chiapas, Oaxaca y Guerrero es de jóvenes y adolescentes.

• Que las condiciones económicas y sociales del país producen importantes flujos migratorios hacia los Estados Unidos, respecto a la cual la Oficina de Censo de los Estados Unidos, señala que existe una población de alrededor de 33.7 millones de mexicanos, 11.4 millones que han emigrado de México y los 22.3 millones que nacieron en Estados Unidos. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los mexicanos representan el 65 por ciento de los cerca de 52 millones de hispanos en Estados Unidos, y el 11 por ciento de la población nacional.

• Que como país de tránsito, México recibe el flujo migratorio de distintos países en busca de mejorar sus condiciones de vida a través del ingreso a los Estados Unidos.

• Que diversos datos oficiales arrojan que cada año unos 120 mil centroamericanos entran a México por su frontera sur; pero muy pocos deciden regularizarse. En 2012, el INM entregó menos de 10 mil documentos migratorios a centroamericanos.

• Que las condiciones de ingreso y estancia en nuestro país representan un desafío al marco y sistema de protección de los derechos humanos, pues si bien el Estado Mexicano critica criticado al vecino país del norte por su política migratoria y trato a connacionales, nuestro país es cuestionado de manera reiterada, por el trato dado a los migrantes centroamericanos., y en este sentido, en 2012, 35 por ciento de las 93 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos, fueron a las secretarías de Seguridad Pública Federal, de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura, violaciones sexuales contra menores de edad, cateos y retenciones ilegales, detenciones arbitrarias e incomunicación.

Que en junio de 2011 se realizaron reformas a nuestra Constitución en materia de derechos humanos, que establecieron el control de convencionalidad, al establecer en los párrafos segundo y tercero del artículo 1:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

• Que no obstante lo anterior, el artículo segundo de la Ley de Migración no establece, como fundamento de la política migratoria, a los tratados internacionales, ni a la propia constitución.

• Que la Ley señala una serie de principios, de acuerdo a los cuales, debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, pero en ellos no establece la convencionalidad, ni el interés superior de la mujer y de la niña, niño o adolecente.

• Que es necesario garantizar los mecanismos de protección en materia de derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano señalando expresamente la aplicación de la Constitución Política y de los convenios y tratados internacionales, como fundamento en la política migratoria del Estado Mexicano, y asimismo establecer diversos principios en materia de derechos humanos, en los cuales debe sustentarse dicha política migratoria.

• Que en este sentido es también necesario facultar a la Procuraduría General de la República para celebrar convenios para la eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes, y no solo de colaboración y coordinación.

Con tales motivos, la proponente acompaña a la Iniciativa con un Proyecto de Decreto para reformar el párrafo primero y adicionar dos últimos al artículo 2, y se reforma la fracción IV del Artículo 28, ambos de la Ley de Migración, como sigue:

Consideraciones

Primera. El Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales para legislar en materia migratoria, y esta Comisión para emitir dictamen sobre la Iniciativa en estudio.

Segunda.Esta comisión dictaminadora considera, luego de analizar la Iniciativa en estudio, que la primera propuesta contenida respecto al artículo 2o. de la Ley de Migración, es procedente en sus términos, en virtud de que efectivamente, no se contemplan la Constitución y los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte, como criterios rectores de la política migratoria del país. Y aun cuando en el caso de la Constitución esta observancia está implícita en toda Ley que derive de ella, no lo es respecto a los instrumentos internacionales, en los términos que la propia Constitución establece en su Artículo 1º.

Tercera.Respecto al primer párrafo que se propone agregar, es pertinente señalar como criterio el Interés Superior del Niño, establecido en instrumentos internacionales de los que México es parte, y sobre el que existen definiciones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, este no es el caso del principio de interés superior de la mujer, que se propone, por lo que no es pertinente recogerlo en la Ley. Asimismo, resulta necesario agregar la definición de este principio, en los términos en que lo hacen los instrumentos internacionales y lo ha admitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuarta.Respecto al segundo párrafo que se propone incorporar, como décimo cuarto, resulta pertinente en función de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de 2011, que establece la convencionalidad en materia de derechos humanos, como principio a observar por las autoridades de los tres órdenes y ramas de gobierno en todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que emprendan, y por ello es que se considera que debe quedar esta propuesta en sus términos.

Quinta.Con respecto al agregado que se propone a la fracción IV del artículo 28, se considera que debe aprobarse en sus términos, toda vez que de una manera pertinente amplía las facultades de la Procuraduría General de la República no sólo a firmar convenios de colaboración en materia de migración, sino que establece que debe desplegar todas las facultades que le concede la legislación vigente para investigar los delitos de que las personas migrantes sean víctimas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración

Artículo Único.Se reforman los artículos 2, primer párrafo; 28, fracción IV y se adicionan los párrafos quince y dieciséis, pasando el actual párrafo quince a ser diecisiete al artículo 2 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Interés superior de la niña, niño o adolescente, en términos del artículo 29; y de la mujer, en términos del artículo 30; ambos de esta Ley.

Convencionalidad, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Artículo 28. ...

I. a III. ...

IV. Celebrar convenios de cooperación y coordinación, así como realizar en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes;

V. y VI. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Oficina del Censo de los Estados Unidos de América.

2 Instituto Nacional de Migración.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. a 25 de marzo de 2014.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), Salvador Ortiz García, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE MIGRACION

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y las fracciones I a III del artículo 112 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 13 de marzo de 2014, la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el artículo 112 de la Ley de Migración, en materia de derechos humanos. En esa misma fecha, la mesa Directiva le dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3976-V, del jueves 6 de marzo de 2014.

Fundamento constitucional y legal para emitir el dictamen

• La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión está facultada para legislar en la presente materia conforme a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra indica:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XVI.  Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

• La Comisión de Asuntos Migratorios, es instancia competente para el estudio y dictamen de esta iniciativa, con base a lo establecido por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos.

Metodología

• La Comisión de Asuntos Migratorios elaboró el presente dictamen a partir de un método analítico del contenido y los diferentes aspectos de la iniciativa, verificando que sean acordes con la Constitución, los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte y demás ordenamientos legales del Orden Jurídico Nacional.

• En la primera parte del presente dictamen, se presentan las razones que motivan la presentación de la iniciativa, así como los términos del proyecto de decreto de que se acompaña

• En la segunda parte, se exponen los razonamientos de esta Comisión que dictamina, con el fin de sustentar el sentido del mismo.

• En la última parte, se expone el Proyecto de Decreto resultante del análisis.

Contenido de la iniciativa

El objeto de la Iniciativa, es Garantizar el trato adecuado a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados a disposición del INM.

En este sentido la Diputada proponente señala, entre las razones que motivan la Iniciativa y el proyecto de decreto:

• Que México presenta un complejo problema migratorio como país de tránsito que lacera a la sociedad nacional e internacional.

• La frontera entre México y los Estados Unidos, con su dinamismo, es reflejo de contrastes sociales y económicos entre los Estados Unidos y Latinoamérica.

• Que según el Censo de Población y Vivienda 2010, un promedio de 609 mexicanos dejaron el país por día, durante los últimos 5 años; más del 50 por ciento de la migración de Chiapas, Oaxaca y Guerrero es de jóvenes y adolescentes.

• Que las condiciones económicas y sociales del país producen importantes flujos migratorios hacia los Estados Unidos, respecto a la cual la Oficina de Censo de los Estados Unidos, señala que existe una población de alrededor de 33.7 millones de mexicanos, 11.4 millones que han emigrado de México y los 22.3 millones que nacieron en Estados Unidos. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los mexicanos representan el 65 por ciento de los cerca de 52 millones de hispanos en Estados Unidos, y el 11 por ciento de la población nacional.

• Que como país de tránsito, México recibe el flujo migratorio de distintos países en busca de mejorar sus condiciones de vida a través del ingreso a los Estados Unidos.

• Que en 2012, se realizaron 369 mil 492 repatriaciones a territorio mexicano provenientes de los Estados Unidos. Baja California, es el estado de la república, que más repatriados recibe: 125 mil 732 durante 2012, seguido por los estados de Tamaulipas y Sonora, y en 2013, tan sólo a Baja California, se realizaron 41.24 por ciento de las deportaciones, recibiendo en ese año un total de 74 mil 138 repatriados.

• Que estos asuntos se agudizan cuando afectan a los sectores más débiles dentro de los grupos vulnerables, como  mujeres, niñas, niños o adolescentes, que pone en mayor riesgo el respeto a sus derechos humanos, y en este sentido, el caso de las niñas, niños o adolescentes no acompañados, requiere atención especial, durante 2013, se realizaron 11 mil 710 repatriaciones de menores migrantes mexicanos, y este fenómeno tiende a agudizarse hasta alcanzar una cifra de 60 mil, según proyecciones de organismos internacionales.

• Que la atención de esta población debe darse a partir de disposiciones normativas que regulan los procesos de repatriación o estancia de menores migrantes no acompañados, deben establecer de manera clara y precisa la actuación de las autoridades de migración, a efecto de preservar los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad.

• Que el artículo 112 de la Ley de Migración establece el procedimiento al cual deben sujetarse las autoridades, cuando tengan a su disposición alguna niña, niño, o adolescente no acompañado. El párrafo primero y la fracción I, del artículo 112 señalan:

“Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.”

En el primer párrafo de este artículo existe un problema de redacción que la hace imprecisa, cuando dice: “Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado sea puesto a disposición del instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar...”. Por lo que se propone sustituir el artículo “la” por el artículo “su”.

Por su parte, la fracción I presenta diversos problemas de fondo, que se propone subsanar de la siguiente manera:

En su parte inicial, la fracción I, señala: “El instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado...” Al respecto, la Constitución federal es precisa y puntual sobre los casos de restricción de garantías, en los cuales se pone en riesgo el reconocimiento y respeto de los derechos humanos por lo que se propone reformar para establecer como obligación del instituto, la canalización inmediata de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado sustituyendo el término “procederá a canalizar” por “deberá canalizar”:

También establece que el menor no acompañado deberá ser canalizado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales DIF y del Distrito Federal, usando de manera errónea la conjunción “y”, cuya interpretación implicaría la canalización del menor a los tres niveles del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia; por lo que se propone sustituir la conjunción “y” por la disyuntiva “o”, agregando el término “según sea el caso”.

Igualmente dispone que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, privilegiará la estancia del menor no acompañado en “lugares donde se les proporcione la atención adecuada...”; dicha redacción deja abierta la posibilidad de canalizar al menor a cualquier lugar donde se le preste atención adecuada, por lo que, propone especificar la denominación del lugar al que debe ser canalizado.

En función de lo anterior la diputada proponente acompaña la iniciativa con un proyecto de decreto para reformar y adicionar el Artículo 112 de la ley de Migración, como sigue:

Texto vigente

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Proyecto

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado sea puesto a disposición del instituto quedará bajo su responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto deberá canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF o del Distrito Federal, según sea el caso, con objeto de privilegiar su estancia en algunos de los albergues de tránsito para la infancia migrante públicos o privados y autorizados para su salvaguarda, donde se les debe proporcionar la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y, en el caso de extranjeros,daráaviso al consulado de su país.

Consideraciones

Primera. El Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales para legislar en materia migratoria, y esta Comisión para emitir dictamen sobre la Iniciativa en estudio.

Segunda.Esta comisión dictaminadora considera, luego de analizar la Iniciativa en estudio, que las propuestas de reforma son procedentes, en virtud de que, efectivamente, se aprecian en la redacción del artículo 112 falencias en materia de redacción que es necesario corregir con el fin de dar seguridad jurídica y para garantizar mejor los derechos humanos de los menores migrantes no acompañados.

Tercera. No obstante lo anterior, la propuesta es insuficiente para los objetivos que se propone, en virtud de que es necesario, en ese mismo artículo, armonizar la redacción para adecuarla a los términos que especifica la Constitución, diversos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte. En este sentido esta Comisión Dictaminadora considera que:

– Con respecto al primer párrafo, se está de acuerdo con las correcciones de redacción que se proponen, pero debe reformarse el resto del texto, en virtud de que bajo los principio de que la migración en sí misma no constituye delito y de que los menores no pueden ser imputados ni detenidos, no pueden ser entonces “puestos a disposición”, con la carga punitiva que en el derecho penal tiene este concepto.

Es el DIF en los diferentes órdenes de gobierno, la instancia responsable de dar atención a estos menores, así como de su guarda y custodia, no el INAMI, que no cuenta ni con el personal, ni las instalaciones ni las capacidades suficientes para darles la atención que requieren por sus condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, no pueden los menores migrantes ser “puestos a disposición” del  INAMI por autoridad alguna para que este asuma responsabilidad sobre él, en los términos que establece el texto del artículo que se comenta.

– Con respecto a la Fracción I, se está de acuerdo con el sentido de la propuesta. Sin embargo, es necesario hacer algunas correcciones de redacción para que sea más claro y se ajuste de mejor manera a los principios de su tratamiento.

No puede existir en la Ley posibilidades de que los menores migrantes se encuentren en estado de detención en ninguna instancia, sino que deben estar siempre bajo la guarda y custodia de las autoridades del DIF con el fin de salvaguardar en todo momento su interés superior. En virtud de ello, en conveniente reformar el presente párrafo para armonizar con la legislación nacional e internacional vigente en la materia.

– Con respecto a las Fracciones II y III que no se consideran para reformar en el proyecto de decreto que acompaña a la iniciativa, esta Comisión Dictaminadora sostiene la necesidad de adecuar su redacción a una visión de respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes no acompañados bajo la protección del Estado mexicano, que se adecue a los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte y a las mejores prácticas en la materia, desterrando en primer lugar el lenguaje punitivo y por otro sujetando todos los procedimientos y medidas a la valoración y determinación del Interés Superior del Niño, entendido como dar prioridad al bienestar de niñas, niños y adolescentes ante cualquier interés que vaya en su perjuicio, e implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados en los criterios para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera necesarias las siguientes reformas al texto vigente y al proyecto de decreto en estudio:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración

Artículo Único.Se reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado o separado se encuentre a resguardo del Instituto, éste deberá garantizar en todo momento el respeto a sus derechos humanos, sujetándose a lo siguiente:

I. Canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado a la instancia del Sistema DIF Nacional, Estatal o del Distrito Federal que corresponda para su guarda y custodia, donde se les proporcionará la protección y asistencia adecuadas mientras se resuelve su situación migratoria, se determina su interés superior y las medidas que mejor le convengan.

Se dará aviso de inmediato al consulado de su país.

Durante los lapsos que las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados se encuentren en una estación migratoria en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema DIF Nacional, Estatal, municipal o del Distrito Federal que corresponda, deberá asignárseles un espacio distinto al del alojamiento de los adultos.

En estos casos la autoridad migratoria deberá observar en todo momento el Interés Superior del Niño, los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados previstos en el presente ordenamiento y la demás legislación aplicable; dar aviso inmediato al Sistema DIF, al organismo estatal de defensa de los derechos humanos y al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos;

II. Se informará a la niña, niño y adolescente sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tiene acceso; cuando así resulte de la evaluación o determinación de su interés superior, se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

III. Cuando como resultado de la evaluación o determinación de su interés superior así proceda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, la ubicación de las instalaciones del Sistema Nacional o Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia a la cual se le canalizó y las condiciones en las que se encuentre, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

IV. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México,.a 25 de marzo de 2014.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Honorable Asamblea

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma el artículo 46 del Estatuto General de Gobierno del Distrito Federal.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión del Distrito Federal, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en razón de los siguientes.

I. Antecedentes

1. Con fecha del 3 de diciembre de 2013, la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma el artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen.

3. El 25 de marzo de 2014, en sesión plenaria de la Comisión Distrito Federal, se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa, tiene la convicción de que existirán muchas ventajas para la democracia y la impartición de justicia, otorgando al órgano encargado de desarrollar la función judicial en el Distrito Federal, y de aplicar su marco normativo, el derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre todo destacándose en materias jurídicas tan especializadas como son: Código Penal, Código Civil, sus correspondientes Códigos Procesales, así como la Ley de Justicia para Adolescentes, entre otras.

III. Considerandos

La diputada proponente en su exposición de motivos, realiza una exposición vasta, amplia y precisa de argumentos históricos, teóricos y jurídicos como son los siguientes:

I. La Teoría clásica de la separación de poderes, es el fundamento del Estado liberal, formulada por los clásicos del Estado democrático (Alexander Hamilton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu) responde a la necesidad de evitar que el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado se concentre en un solo individuo; y protege al hombre de otros hombres.

Esta división debe ser resguardada para que nadie controle los tres poderes, exista invasión de un poder sobre otro; o subordinación de alguno frente a los demás. Esta misma concepción, esta retornada en nuestra Constitución en su artículo 49 cuando señala:

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”

Así, tradicionalmente al Poder Legislativo se le encomienda como función específica la creación de leyes; al Poder Ejecutivo, la facultad de ser el administrador de los recursos del Estado, el que ejecuta o pone en vigencia las normas y controla su cumplimiento; y al Poder Judicial, se le encarga la administración de la justicia y la resolución de controversias mediante la aplicación de las leyes a casos concretos e interpretación de normas.

II. Sin embargo, en el presente, la teoría clásica es superada aunque respetada en su conformación de órganos independientes que representan dentro de sus límites, el poder del Estado.

Así, en el Estado mexicano cada órgano desarrolla una función en forma principal pero no excluyente, sino que algunas se realizan por dos órganos estatales.

No obstante de que cada uno de los órganos ejerce las facultades conferidas por la norma, también es cierto que se les confiere, permite y reconoce atribuciones, en apariencia exclusiva a los otros poderes.

Ejemplo de esto, es un Poder Legislativo que realiza funciones ejecutivas al aprobar o rechazar los tratados concluidos con otras naciones, o cuando manifiesta su aprobación para el nombramiento por el poder ejecutivo de jueces, embajadores y jefes militares. De igual forma, realiza funciones judiciales cuando a través de sus cámaras, desahoga juicios políticos o declaraciones de procedencia.

Otro ejemplo, es cuando el Poder Ejecutivo que ejerce funciones legislativas participa en la promulgación de las leyes o emite disposiciones reglamentarias; presenta proyectos de ley, o bien, se opone a través del veto a las leyes emitidas por el poder legislativo.

Sus funciones judiciales se enfocan a la facultad que tiene de disponer de indultos o conceder conmutación de penas, arrestos de personas durante el estado de sitio, o a través de la “Justicia Administrativa”.

III. Por su parte, el poder judicial participa dentro del las funciones legislativas cuando declara la inconstitucionalidad de alguna ley del Congreso o decreto del poder ejecutivo; o establece jurisprudencias. Funciones ejecutivas, cuando nombra y remueve a los funcionarios que se desempeñan en los tribunales o administra los recursos que les son destinados.

Así las cosas, ente’1demos que la teoría de la división de poderes ha venido evolucionando, desarrollándose y estableciendo la mutua colaboración de los órganos públicos, pues esto redunda en una adecuada interrelación y equilibrio entre los mismos.

IV. En ese contexto, los órganos encargados de la función judicial en diversos estados del país, cuentan con la posibilidad de presentar iniciativas ante su respectivo Congreso local. Sobre todo, en aquellos asuntos que son correspondientes a la materia judicial.

V. Hasta el pasado 7 de enero de 2013, treinta y una entidades federativas otorgaban el derecho de iniciativa al Poder Judicial local. Algunas restringiendo en diferentes grados dicha facultad (facultad restringida) concediéndolo sólo para regular asuntos internos de los propios tribunales; y otras abren el campo a todas las materias (facultad amplia).

Siendo el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el único que no contaba con la facultad para ejercer el derecho de iniciativa; hasta que el pasado 28 de noviembre la Cámara de Diputados, aprobó la minuta enviada por Senado, y fue publicada el pasado 7 de enero de 2013.

Sin embargo, en el recién concluido mes de octubre, el Tribunal Superior quiso hacer uso de esta nueva facultad para proponer modificaciones a la Ley de Justicia para Adolescentes.

En esta ocasión, legisladores locales expresaron que el Tribunal Superior de Justicia del DF, “...sólo tenía facultad para iniciar leyes orgánicas y para el funcionamiento de la administración de justicia, por lo que no la tendría para iniciar un procedimiento legislativo... y no de normas sustantivas que rebasan sus facultades de iniciativa”.

De ahí también, la necesidad de corregir esta situación en el Estatuto de Gobierno para evitar que al Tribunal se le escatime la potestad que esta misma Cámara acordó por unanimidad, conceder en noviembre del año pasado.

VI. Con la presente iniciativa, se tiene la convicción de que existirán muchas ventajas para la democracia y la impartición de justicia, al otorgar al órgano encargado de desarrollar la función judicial en el Distrito Federal, y de aplicar el marco normativo de la ciudad; el derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e iniciar un proceso legislativo en las materias jurídicas tan especializadas como son: Código Penal, Código Civil, sus correspondientes códigos procesales, así como la Ley de Justicia para Adolescentes, entre otras.

En diversos estados, sus constituciones locales consagran este derecho de iniciativa “amplia” y ha quedado expresado de la siguiente manera:

Baja California Sur

Artículo 57. La facultad de iniciar Leyes o Decretos compete a:

I. Al gobernador del estado

II. Los diputados al Congreso del estado

III. Los ayuntamientos

IV. El Tribunal Superior de Justicia

Durango

Artículo 50. El derecho de iniciar leyes y decretos compete:

I. A los diputados del Congreso del estado;

II. Al gobernador del estado;

III. Al Tribunal Superior de Justicia; y

IV. A los ayuntamientos en lo relativo a la administración municipal.

Estado de México

Artículo 51. El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:

I. Al gobernador del estado;

II. A los diputados;

III. Al Tribunal Superior de Justicia;

IV. A los ayuntamientos;

V. A los ciudadanos del estado;

VI. A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en materia de derechos humanos. Michoacán

Artículo 36. El derecho de iniciar leyes corresponde:

I. Al gobernador del estado;

II. A los diputados;

III. Al Supremo Tribunal de Justicia;

IV. A los ayuntamientos; y,

V. A los ciudadanos michoacanos, de conformidad con los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia. No podrán ser objeto de iniciativa popular la materia tributaria o fiscal, de Egresos y la regulación interna de los órganos del Estado.

San Luís Potosí

Capítulo IV

De la iniciativa y Formación de Leyes

Artículo 61. El derecho de iniciar leyes corresponde a los diputados, al gobernador, al Supremo Tribunal de Justicia, y a los ayuntamientos, así como a los ciudadanos del Estado.

Sinaloa

Artículo 45. El derecho de iniciar leyes y decretos o sus reformas, compete:

I. A los miembros del Congreso del estado;

II. Al gobernador del estado;

III. Al Supremo Tribunal de Justicia del Estado;

IV. A los ayuntamientos del estado;

V. A los ciudadanos sinaloenses;

VI. A los grupos legalmente organizados en el estado.

Sonora

Artículo 53. El derecho de iniciar leyes compete:

I. Al Ejecutivo del estado.

II. Al Supremo Tribunal de Justicia.

III. A los diputados al Congreso de Sonora.

IV. A los ayuntamientos del estado.

V. A los ciudadanos que representen el 1% del total inscrito en el Padrón Estatal Electoral, conforme a los términos que establezca la Ley.

Tamaulipas

Artículo 64. El derecho de iniciativa compete:

I. A los diputados del Congreso del estado;

II. Al gobernador del estado;

III. Al Supremo Tribunal de Justicia;

IV. A los ayuntamientos;

V. - A todos los ciudadanos, por conducto de sus Diputaciones; la iniciativa popular deberá plantearse conforme a la ley

Tlaxcala

Artículo 46. La facultad de iniciar leyes y decretos corresponde:

I. A los diputados;

II. Al gobernador;

III. Al Tribunal Superior de Justicia;

IV. A los ayuntamientos;

V. A los habitantes del estado en los términos que establezca la ley, y

VI. A los titulares de los órganos públicos autónomos.

Querétaro

Artículo 18. La iniciativa de leyes o decretos corresponde:

I. Al gobernador del estado;

II. A los diputados;

III1. Al Tribunal Superior de Justicia;

IV. A los ayuntamientos;

V. A los organismos autónomos; y

VI. A los ciudadanos en los términos previstos en la Ley.

Zacatecas

Artículo 60. Compete el derecho de iniciar leyes y decretos.

I. A los diputados a la Legislatura del estado;

II. Al gobernador del estado;

III. Al Tribunal Superior de Justicia del Estado;

IV. A los ayuntamientos Municipales;

V. A los representantes del Estado ante el Congreso de la Unión;

VI. A los ciudadanos zacatecanos radicados en el Estado; y

VII. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el ámbito de su competencia

VII. Es importante considerar que las propuestas de ley enviadas por un órgano no político como es el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, contribuirá a perfeccionar el sistema jurídico vigente, al detectar y observar limitaciones, problemas, contradicciones o deficiencias al momento de su aplicación; y el estricto apego de las normas jurídicas nacionales e instrumentos internacionales.

VIII. La iniciativa que se propone, no implica una violación de competencia ni de facultades; ya que el hecho de concederle al Tribunal Superior de Justicia la facultad de iniciativa amplia y las propuestas que formule al respecto. Estas tendrán que ceñirse al proceso legislativo que todo proyecto de ley o decreto sigue, que puede dar como resultado su aprobación, su modificación o su rechazo, e inclusive el veto mismo. Con lo que se garantiza la separación y equilibrio de poderes.

La Comisión del Distrito Federal encontró en los argumentos expuestos por la diputada proponente, en listados del I al VIII considerados, sustento y bases suficientes para acordar el dictamen de la presente iniciativa de acuerdo a sus facultades, coincidiendo los integrantes de esta comisión dictaminadora con la iniciativa en cuestión.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal resuelven: Es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Por lo que sometemos a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 46. ...

I. ...

II. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia; en las materias Civil, Penal, Familiar, de Justicia para Adolescentes y en sus respectivos códigos procesales, a excepción del penal.

III. y IV. ...

Transitorios

Único:El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica en contra), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan, Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera, José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnado para estudio y dictamen, el expediente No. 867, que contiene minuta con proyecto de decreto, remitida por el Senado de la República, el 29 de abril de 2013.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la minuta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3755-X, del martes 23 de abril de 2013, y en esa misma fecha la Mesa directiva le dictó turno a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El objetivo de la minuta es establecer derechos para los mexicanos repatriados por gobiernos de otros países, en el proceso de su recepción en el país y su estancia en los lugares de detención provisional. En este sentido, se remite para la consideración de este órgano legislativo un proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 84 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con los términos del proyecto de decreto que se propone, en virtud de que, por un lado, nuestro país ha estado siempre comprometido con la defensa irrestricta de los derechos humanos de las personas en nuestro territorio, sin importar nacionalidad ni condición migratoria, como queda demostrado por el hecho de ser parte de todos los instrumentos internacionales y regionales en la materia.

Por otro lado, esta circunstancia ha sido ratificada en la reforma al artículo 1o. Constitucional, en materia de derechos humanos, que eleva a rango constitucional las disposiciones en esta materia contenidos en los instrumentos internacionales de los que México sea parte, establece la obligación de los tres órdenes de gobierno de observar estos instrumentos en la implementación de sus legislaciones, políticas y decisiones judiciales, y el principio pro homine en todas sus decisiones.

De la misma manera y en este mismo sentido, México ha firmado y ratificado todos los instrumentos internacionales que velan por los derechos humanos de los migrantes, y emitido una legislación en materia migratoria y de refugiados, que obliga a las autoridades responsables de estos temas a velar en todo momento por su garantía y protección.

Es este el sentido de las reformas propuestas, y por ello que esta comisión coincide de manera plena y en sus términos con el proyecto que se dictamina, por lo que la hace propia y acuerda dictaminarla por la afirmativa, en sus términos, en virtud de lo cual somete al pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población

Artículo Único.Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 84. ...

Asimismo, la secretaría vigilará que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten los siguientes derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia:

I. Acceder a comunicación telefónica;

II. Recibir agua y alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica;

III. Ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir;

IV. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

V. Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México;

VI. Que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente;

VII. Que se cuente con espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada;

VIII. Que en las instalaciones se evite el hacinamiento, y

IX. Recibir un trato digno y humano.

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción.

Transitorios

Primero. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con las disposiciones en materia de recepción de repatriados, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 20 de febrero de 2014.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez, Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Antonio de Jesús Díaz Athié, Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado, Lorena Méndez Denis, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para fundamentar el dictamen por la comisión la diputada Amalia García Medina.

Y aprovecho la oportunidad para saludar al presidente municipal de Ejutla de Crespo, Oaxaca, Víctor Barrita, que está aquí invitado por el diputado José Soto Martínez, bienvenido alcalde.

La diputada Amalia Dolores García Medina:Muchas gracias, presidente. Estimados compañeros, compañeras, todos conocemos, hemos sabido, se ha informado sobre el enorme número de deportaciones de los Estados Unidos hacia México. Es el mayor número de deportaciones en la historia, en la relación entre nuestras dos naciones. Dos millones, dos millones de mexicanas y mexicanos deportados hacia México.

Pero yo quiero poner el acento en el hecho de que mientras en Estados Unidos son criminalizados, tratados con una actitud que violenta sus derechos humanos, sus garantías y son indocumentados allá, cuando son trasladados a su patria, a su propio país, también aquí son criminalizados, y en muchas ocasiones son indocumentados en su propio país. No gozan de lo que establece nuestra ley. Es decir, que la repatriación debería ser segura, digna y ordenada.

Por tanto, esta reforma a la Ley General de Población, que hoy presento con este dictamen que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Migratorios, tiene el propósito de que se establezca de manera puntual y precisa, para que haya un protocolo de actuación que muestre paso a paso cómo se debe tratar a quienes han aportado tanto a nuestro país, pero se fueron porque aquí no habían encontrado oportunidades, forzados por las circunstancias, y cuando son deportados deberían gozar del respeto a sus derechos plenos. Ése es el tema fundamental, las personas migrantes tienen derechos y deben ser vigentes.

Ahora bien, en este regreso a nuestro país viniendo deportados debería garantizarse, y esto dice el dictamen que hemos aprobado en la Comisión de Asuntos Migratorios, la posibilidad de tener comunicación telefónica, porque lo que más requiere alguien que ha sido deportado y regresa a nuestro país es tener comunicación con su familia, informarles en dónde está, tener atención que garantice alimento, que garantice agua y un espacio digno.

Hemos estado diputados de diversas fracciones parlamentarias en la frontera, en Mexicali. Por cierto hace algunos meses he estado en diversos puntos, he estado en Tijuana y sabemos que la situación es verdaderamente dolorosa, es inaceptable que no se garantice ese trato digno. Tiene que haber esas condiciones.

Por supuesto también la posibilidad de atención legal, de atención médica, de atención psicológica. Nada más imaginemos, quienes no han visto a estos mexicanos y mexicanas deportadas, la situación en la que ellos llegan. Se requiere entonces que el Estado mexicano garantice esas condiciones. Al mismo tiempo también se establece en este dictamen que se les brinde información sobre los programas y apoyos que pueden recibir, porque si son dos millones los que han sido deportados y regresados se requiere que se reinserten al tejido social y que se les informe de qué manera podrían hacerlo, de tal manera que no estén en una situación de precariedad, sino que puedan formar parte de la economía y de la vida en nuestro país en las mejores condiciones.

También se establece el derecho que tienen —pero aquí se subraya— a la no discriminación, a no ser discriminados ni por origen étnico, ni edad, ni condición social, por ninguna razón. Esto lo señalo de manera sustancial, porque lamentablemente en algunos casos las corporaciones policiacas los discriminan, los criminalizan y han sido víctimas de abuso. Esto se tiene que parar.

También es pertinente señalar que los estados de la República y el gobierno federal requieren coordinarse para el traslado a sus lugares de origen, ellos lo que desean es llegar nuevamente hacia su casa, su familia, reinsertarse y ser tratados con dignidad y que sus derechos estén vigentes, de tal modo que puedan llegar con el auxilio a sus lugares de origen.

Se señala aquí en este dictamen la pertinencia de que en el caso de hombres y de mujeres estén en áreas separadas para garantizar su bienestar, para garantizar su protección. De la misma manera para niños, niñas y adolescentes no acompañados se establece —y además México está obligado porque ha firmado todos los instrumentos internacionales en relación con el interés superior de niñas, niños y adolescentes— que estén en un lugar separado que garantice su seguridad, su integridad, es decir, su bienestar. Porque podemos imaginar lo que es que niños, niñas o adolescentes estuvieran sin este trato, sin estas condiciones.

De tal manera, señor presidente; compañeras, compañeros, que este dictamen que se refiere a una reforma a la Ley General de Población tiene la intención de atender de manera puntual, precisa, condiciones, garantías, protocolos para la protección de los derechos, el bienestar y la seguridad de nuestros paisanos que han sido deportados, repatriados que es el término que se utiliza, yo diría elegantemente, pero no es el término exacto, son deportados y tienen derechos y deben ser protegidos en ello.

Por lo tanto, les pedimos compañeras, compañeros, que este pleno también pudiera aprobar —esperamos que por unanimidad— este dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

Saludo con mucho gusto a los alumnos de la Escuela Libre de Derecho que están hoy aquí invitados por la diputada Flor Pedraza. Bienvenidas, bienvenidos.

También a los estudiantes de distintas instituciones del estado de Aguascalientes que nos acompañan hoy aquí, invitados por el diputado José Pilar Moreno Montoya. Bienvenidos todos a la sesión.

Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de mis compañeras diputadas y compañeros diputados. La migración es un fenómeno social que se ha convertido en un tema de suma importancia en la agenda internacional. Su presencia cada vez mayor obliga a los Estados a abordarlo no sólo desde el énfasis de la política interior, sino también desde las relaciones bilaterales y regionales al incluirla en las agendas de seguridad nacional de los países.

Generalmente este concepto se asocia como un problema social, sin embargo en el Partido Nueva Alianza consideramos que la migración es una expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y acceder a una vida mejor para ellos y sus familias.

En la década pasada se incrementó considerablemente el número de personas que se vieron obligadas a trasladarse hacia otros lugares distintos al lugar de su origen. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que cerca de 214 millones de personas circulan a nivel mundial en calidad de migrantes, de los cuales 40 millones lo hacen con carácter de indocumentados.

México, nuestro país, se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Nuestra posición geográfica con Estados Unidos de América constituye uno de los factores que más influyen en nuestra agenda bilateral.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al 2011 existen 11.7 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, los cuales representan 29 por ciento de los migrantes y cuatro por ciento de la población total en el vecino país del norte.

Por su parte, el Banco Mundial afirma que el principal corredor migratorio a nivel internacional es el de México a Estados Unidos, cuestión que es sumamente alarmante para nuestro país. En esta compleja situación la repatriación de los migrantes que son deportados de los países donde vivían constituyen un escenario preocupante al entrar al territorio nacional.

La realidad fáctica es que en estas deportaciones se constituyen y se realizan sistemáticamente violaciones a sus derechos humanos por parte de la autoridad migratoria. Asimismo, esas personas se enfrentan con múltiples problemas como la falta de un documento de identificación, ropa adecuada para el frío, un lugar para dormir, el acceso a la justicia, extorsiones, entre otros problemas que complican el retorno digno y seguro a sus lugares de origen.

A esto se suma las condiciones inhumanas en las que se encuentran las estaciones migratorias también. En el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes y de las estaciones migratorias, la comisión señala las malas condiciones insalubres de las instalaciones, la sobrepoblación y hacinamiento, la falta de áreas para separar a hombres de las mujeres, de los menores y de las familias, así como las deficiencias en la alimentación de estos lugares.

En Nueva Alianza, como un firme promotor del respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales repatriados, consideramos que este problema tiene que estar incluido dentro de nuestras más altas prioridades en la agenda legislativa como Congreso y debemos emprender juntos, como legisladores, las medidas que sean necesarias a fin de dar solución a este tema.

El dictamen que discutimos abona en esta solución, a regular los derechos que tienen las y los repatriados en los lugares destinados para su recepción, en la Ley General de Población, medida legislativa que contribuye a fijar expresamente estos derechos de la norma, además de los contenidos en los acuerdos internacionales en la materia.

Estamos en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza convencidos de que la situación migratoria no debe ser un impedimento para que a toda persona se le respeten sus derechos fundamentales, así lo mandata el espíritu del artículo 1o. constitucional, que obliga a todas las autoridades a tomar una nueva postura en donde los derechos humanos sean el eje principal y base en todas las actuaciones del Estado mexicano.

Los migrantes repatriados, al igual que todas las personas, gozan de los derechos humanos establecidos tanto en nuestra Carta Magna como en diversos instrumentos internacionales.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, ya que consideramos que el Estado mexicano debe garantizar el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de las y los migrantes repatriados.

Si queremos, compañeras y compañeros, exigir un trato digno para nuestros connacionales en el extranjero, debemos empezar por dar el ejemplo en nuestro país, brindando mayor protección, no únicamente a los migrantes que cruzan nuestras fronteras, sino también a los connacionales repatriados en las mismas. Por su atención y compromiso, les agradezco, compañeras y compañeros; muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para expresar nuestro apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios, por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población.

El dictamen establece una serie de derechos a favor de nuestros connacionales que son repatriados a México provenientes de otros países. Desafortunadamente los mexicanos y centroamericanos, en particular en la frontera norte, son arrojados a territorio nacional sin que hayan políticas públicas o programas gubernamentales orientados a apoyarlos en tanto que se reintegran plenamente a sus actividades en el país, con pleno uso y goce de sus derechos humanos.

En muchas ocasiones por no contar con los medios económicos para trasladarse a sus lugares de origen, se quedan en las ciudades de la franja fronteriza, con los consecuentes problemas de sobrepoblación o de población flotante en esas zonas y desconocimiento del entorno que les rodea.

El dictamen que aprobaremos plantea aspectos tan básicos a favor de la persona, como el que se propone en la fracción I del párrafo segundo, en términos de acceder a comunicación telefónica, que sin lugar a dudas les permitirá contactar a sus familiares y, en su caso, recibir ayuda para trasladarse a su lugar de origen.

En la fracción II se nos propone que reciban un mínimo de satisfactores que les permitan enfrentar su situación, tales como recibir agua, alimentos, enseres básicos para su aseo personal, un espacio digno donde estar, así como recibir atención médica o psicológica.

De lograr llevar a cabo estas medidas sin lugar a dudas estaremos contribuyendo a poner en práctica a favor de los mexicanos repatriados el derecho a la alimentación y a la salud, y en el caso particular de estos compatriotas, los derechos constitucionales de todos los mexicanos les serán aplicables de manera benéfica para que superen su situación.

En la fracción III se establece el derecho que tienen a ser informados acerca de los distintos programas gubernamentales que están enfocados a los repatriados con el propósito de que puedan acceder a sus beneficios.

Por su parte, la fracción VI contempla el derecho a no ser discriminados por cualquier circunstancia. Ya bastante difícil es su situación como para que permitamos que se abuse de ellos o se les discrimine.

Sería deseable que en este fenómeno de las deportaciones políticas tomada por nuestro país vecino, por los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente de la República, como jefe de Estado y representante máximo del Estado mexicano, reclamara y demandara precisamente los derechos humanos de que gozan estos nacionales mexicanos. Nadie podría más enfáticamente hacer valer este derecho.

Ojalá y se hiciera esto, tomando en consideración que nuestros socios comerciales son precisamente Estados Unidos y Canadá en razón del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Se establecen medidas respecto a la pertenencia de género, en la fracción VI, que dispone que se debe contar con áreas de estancias separadas para mujeres y hombres. En la fracción VII se plantea que las niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados deban estar separados de los adultos en tanto sean canalizados a instituciones donde se les brinde la atención que requieran.

Como se puede advertir, en el contenido normativo que se nos propone se trata de apoyar a los mexicanos que son repatriados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica debido a su condición migratoria irregular.

No podemos pasar por alto que si miles de mexicanos deciden dejar sus familias y sus lugares de origen es porque buscan en otro país las oportunidades laborales y el salario digno que les permita la manutención de sus familias y que desafortunadamente en nuestro país no se puede obtener.

Por estas consideraciones nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen. Solicitamos a la comisión que se haga el ajuste en el capítulo de antecedentes, en la primera hoja del dictamen, ya que en el primer párrafo se nos indica que la minuta fue remitida por el Senado el 29 de abril del 2013 y en el párrafo segundo se señala que la minuta se publica en la Gaceta Parlamentaria el 23 de abril de 2013 y que en esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios. Las fechas no concuerdan, por lo que se tendrá que hacer el ajuste correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. Primero que nada una felicitación a la Comisión de Asuntos Migratorios por este dictamen que hoy pasan al pleno. Sin duda lo que ha comentado la presidenta de la Comisión, la diputada Amalia García, pues nos ha abierto más el panorama de qué trata realmente este dictamen.

En este país estamos viviendo hoy una deportación de varios miles de mexicanos que están regresando de manera muy forzada a sus estados, a su país y que, sin duda, están también siendo desatendidos.

Hasta el momento no hay un recurso específico que pueda destinar el gobierno federal y los gobiernos estatales para que sea una atención digna. No por el hecho de ser migrante signifique que nuestros connacionales sean delincuentes. Son hoy víctima de la escasez de empleos en nuestro país, son también víctimas los niños y las niñas.

Estos nueve párrafos que se agregan al artículo 84 de la Ley General de Población, van a ayudar, estamos avanzando en esta materia en nuestro país. Sin embargo, yo creo que de fondo el presidente de la República tiene que hacer ya un freno a tanta gente que se está yendo. Tiene que crear ya desde ahora, desde sus comunidades de origen, posibilidades de una mejor vida, de que trabajemos el campo, de que las mujeres también puedan tener mejores espacios y mejores salarios en ese país. Sin duda sería la clave y sería un éxito para nuestra República el hecho de que nuestros migrantes vean bien a nuestro país, porque se están yendo porque no hay oportunidades.

También desde aquí le hago un exhorto al Ejecutivo para que frene esta migración tan explosiva en donde se están yendo mujeres y hombres de Oaxaca, mujeres y hombres de Veracruz, por decirles algunos estados.

Creo que de fondo tendríamos, también como Cámara de Diputados, que enviarle una misiva al presidente Obama para que frene la deportación de nuestros migrantes, porque ahora los están enviando, hay una cacería de migrantes en Estados Unidos y, sin duda, nuestros migrantes son los que están haciendo el trabajo más duro, el trabajo que los americanos no quieren hacer. Yo no sé qué haría Estados Unidos de América sin la mano de obra barata que está expulsando a nuestro país.

Por eso enhorabuena, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de este dictamen, pero creo que todos estamos obligados, compañeras y compañeros, a ya ayudar de a deveras a nuestros migrantes. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. Me congratula esa iniciativa que el día de hoy estamos por votar al artículo 84 de nuestra ley, ya que este dictamen establece garantías para lograr la efectiva protección de las personas establecidas en la reforma constitucional de 2011.

Para darles una cifra, en los primeros seis meses del año pasado, el 2013, sumaron 189 mil 493 repatriaciones registradas según datos del Inami, pero en nuestro estado un tema que hemos defendido arduamente —soy procedente del estado de Baja California—, y junto con la diputada Fernanda Schroeder ya les había comentado que realizamos un foro regional de migración en el cual estuvo presente la diputada Amalia García, diputada presidenta de esta Comisión de Asuntos Migratorios, y pudo constatar algo que el día de hoy estamos aprobando modificar, que es el tema de dignificar las estaciones migratorias que tenemos a lo largo de la frontera. Y no únicamente hay que centrarnos en las de la frontera norte, que son las colindantes de México con Estados Unidos, sino también las que colindan hacia el sur con nuestros países vecinos de Centroamérica.

Creo que lo más importante es que dejemos plasmado aquí en la ley la cuestión de dignificación humana porque con ello estamos hablando de un tema de fondo, que es el presupuesto.

En sí, si ustedes visitan las estaciones migratorias podrán darse cuenta y constatar que muchas de ellas se encuentran en situaciones muy precarias, que a muchas de ellas las rebasan las asociaciones civiles y las ONG que operan a lo largo de la frontera a favor de los migrantes, y son ellos los que a veces terminan siendo los proveedores de lo que viene siendo el alojamiento, el vestido y la comida o la alimentación que se le da a nuestros hermanos que son repatriados o deportados desde América del Norte.

Es por ello que nosotros, como grupo parlamentario, nos sumamos a este compromiso. Y en la última responsabilidad que nos va a tocar aprobar, que es el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, va a ser clave que en él nosotros plasmemos un presupuesto adicional y acorde a las necesidades que se requieren para tener estaciones modernas, amplias, dignas y con personal capacitado para darle atención a nuestros hermanos que llegan repatriados o deportados del norte.

Es por ello que como representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México expresamos nuestra más amplia complacencia por esta modificación que estamos realizando al artículo 84 y que sobre aquella situación que los obligó a moverse de su lugar de origen, les estamos dando un trato digno y humano a estas personas que lo requieren. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidente. Las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen. Según datos del Instituto Nacional de Migración en el 2012 los Estados Unidos repatriaron a México 369 mil 492 connacionales. Para el año 2013 el mismo Instituto registró el ingreso al país de 332 mil 614 mexicanos, repatriados a través de los nueve puntos de repatriación ubicados en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora, estado del cual soy originaria.

En el reporte se detalla que del total de mexicanos repatriados 16 mil 853 son menores de edad, de esta cifra, 2 mil 834 se encontraban con algún familiar y el resto, 14 mil 19, fueron recibidos por el Instituto en calidad de niñas, niños y adolescentes no acompañados.

De la cifra total de menores de edad repatriados, 86 por ciento, es decir 14 mil 530, son mujeres y el resto, 2 mil 323, son varones.

El 14 de mayo de 2013, representantes de México y Estados Unidos se reunieron para delinear las condiciones en las que se realizará el proceso de repatriación de mexicanos y mexicanas, a fin de garantizar el respeto a sus derechos humanos y su dignidad. Lo anterior se dio como seguimiento al acuerdo firmado el 17 de abril pasado entre la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a cargo de Janet Napolitano, y por parte de México el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ambas partes acordaron revisar los diferentes sectores de la frontera norte, así como el perfil de riesgo de seguridad para cada uno de los puntos de internación de los estados fronterizos, para orientar de manera adecuada y segura la repatriación a territorio nacional.

Durante el encuentro binacional se planteó reactivar el Programa de Repatriación al Interior de México, conocido como PRIM, que consiste en trasladar a los repatriados a través de vuelos al Distrito Federal. A través de este procedimiento los mexicanos repatriados son regresados a sus estados de origen con la intención de que no sean víctimas del crimen organizado en los estados de la frontera norte.

En relación a sus funciones, el Instituto Nacional de Migración señala que debe colaborar con otras dependencias y con la Organización Internacional para las Migraciones, y que son, por supuesto, los encargados de recibir a los connacionales, repatriados, entregarles sus pertenencias, ofrecer servicios de vacunación, una consulta médica en caso de necesitarlo, otorgarles una constancia de recepción, proporcionarles alimento, un folleto informativo para que cada repatriado tenga conocimiento del procedimiento que se realiza.

No obstante todas esas situaciones que presuntamente contiene el PRIM, estamos convencidos de que la mejor manera de garantizar los derechos de las y los repatriados, que deben por supuesto asistir a todos los mexicanos que regresan a nuestro país, es que tales derechos deben estar establecidos en la misma Ley, en este caso la Ley General de Población, para que no queden sujetos a la discrecionalidad de las autoridades que ejecutan el PRIM y sean garantizados plenamente sus derechos en el mismo momento que regresan a su patria.

Por eso nos congratulamos de que en esta reforma se considere el acceder como un derecho, y por supuesto es un derecho humano además, acceder a la comunicación telefónica, recibir agua, alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica. Ser informado respecto a los diversos programas de apoyo que puede recibir. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de esos derechos.

Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia, que se cuente con áreas específicas para que las mujeres y los hombres estén separados, que los niños, niñas y adolescentes tengan un espacio digno, en donde puedan permanecer cuando no son acompañados de sus familiares, que las instalaciones eviten el hacinamiento y recibir un trato digno y humano.

Como pueden ver estamos señalando situaciones básicas, mínimas, que debieran garantizarse de por sí. Pero sabemos las condiciones en las que se encuentran las estaciones migratorias de nuestro país, sabemos las condiciones en las que regresan nuestros hermanos mexicanos y mexicanas al país.

Y, por tanto, consideramos necesario, indispensable, que la ley garantice esos derechos y, por supuesto, la nueva tarea será vigilar, ser vigilantes de que esos derechos se cumplan a cabalidad y que quienes regresan a nuestro país no encuentren solamente hostilidad y desánimo, desempleo, inseguridad.

Que cuenten con mínimas condiciones para llegar a sus lugares de origen, y hacerlo con seguridad, en el marco del respeto a sus derechos humanos y a su dignidad. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada.

Quiero aprovechar para dar la más cordial de las bienvenidas a un grupo de alumnos de la Escuela Thomas Jefferson, secundaria, de la ciudad de Querétaro, que están hoy aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar y por el diputado Ricardo Astudillo. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

También aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida a un grupo de alumnos de la Escuela Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, invitados por la diputada Lucila Garfias. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el diputado Néstor Gordillo Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo:Con la venia de la presidencia. Señoras y señores legisladores, México se reconoce como un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes.

Hemos sido una nación hospitalaria que ha recibido refugiados, asilados y trabajadores de distintos países del mundo, que han encontrado en este país un lugar de vida. Por lo que en el 2010 la cifra de este tipo poblacional llegaba a 971 mil habitantes.

Por otro lado, el contexto de nuestros connacionales que vuelven a casa después de haber sido repatriados, así como de todas aquellas personas, sin importar su nacionalidad o situación migratoria que se encuentran en territorio mexicano, expone la necesidad de reforzar las disposiciones normativas en la materia, a efecto de asegurar el goce absoluto de sus derechos humanos amparados dentro del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Actualmente, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, la comunidad de mexicanos residentes en Estados Unidos asciende a casi 12 millones que declaran haber nacido en México. Si tenemos en consideración a la primera generación de migrantes de origen mexicano en aquél país, esta cifra se incrementa a 34 millones.

Por su parte, cabe mencionar que en los últimos cinco años la migración retornada asciende a más de 2 millones de repatriados y a más de 824 mil mexicanos que regresan de forma voluntaria a su país.

Ante esta situación se incrementa la cifra de personas en busca de trabajo, muchas de ellas sin vínculos familiares y con problemas de integración social, a pesar de que el envío de sus remesas constituye una de las principales aportaciones a la economía de este país.

Asimismo, su situación de vulnerabilidad los hace más propensos a enfrentarse al riesgo de ser llevados a las filas del crimen organizado o ser víctimas de la trata de personas y del tráfico humano en sus distintas modalidades, situación que se agudiza debido a que muchas veces se enfrentan con la corrupción y discriminación por parte de las autoridades migratorias.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 216 del Reglamento de la Ley General de Población están considerados como servicios y no como derechos el acceso a recibir alimentos, así como asesoría legal y médica, entre otros, a su llegada a los centros de atención a migrantes.

Por lo tanto, se pone de manifiesto la obligación y la necesidad de salvaguardar siempre y en todo momento la repatriación segura, digna y ordenada, conforme al contenido de aquellos instrumentos internacionales suscritos en la materia, con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos humanos, en donde se asegure el acceso a la comunicación telefónica para comunicarse con familiares o personas de su confianza, tanto en el territorio nacional como en el exterior. El recibir atención médica y psicológica, así como asesoría legal, agua y alimentos y a no ser discriminados por las autoridades como derechos consagrados dentro de las disposiciones normativas de la Ley General de Población.

De igual manera, se requiere del esfuerzo a favor de promover acciones eficientes de coordinación interinstitucional, con el objetivo de brindarles una adecuada recepción, garantizando siempre y en todo momento la atención necesaria, poniendo especial énfasis en la revisión de su estado de salud, que cuenten con los espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados, que se evite el hacinamiento y que se les brinde el apoyo en el traslado a su lugar de residencia en México.

Señoras y señores legisladores, por lo anteriormente expuesto en Acción Nacional manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen, con el objetivo de asegurar los derechos de los migrantes repatriados para que siempre reciban un trato digno y humano y que nunca se encuentren en estado de indefensión ante los intereses de cualquier administración. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Javier Filiberto Guevara González:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como todos sabemos nuestro país es tránsito y destino migratorio en el caso de la migración.

Es sabido que durante los últimos años, el número de connacionales que tomó la decisión de marcharse para buscar mejores condiciones de vida y bienestar para sí mismos y sus familiares se incrementó de manera considerable, estableciéndose solo en el pasado reciente.

Las razones que otorgan a nuestro país esta característica especial las podemos encontrar en fenómenos de tipo histórico, económico, social e incluso cultural. La migración responde a factores tan diversos como los vínculos familiares que en algunos casos se remontan a varias generaciones, de diferentes salarios que se ve en las naciones, han agraviado el problema de la migración. También la inseguridad en algunas regiones del país. También los patrones culturales que tienen lugar en distintas comunidades de México, entre otros.

Para ello, la presente administración está encabezando una serie de transformaciones estructurales que permitan alcanzar un clima de estabilidad y seguridad, para detonar la inversión y el crecimiento económico en el país y generar así los empleos suficientes y bien remunerados que los mexicanos necesitan para mantenerse aquí en el país.

Mientras esto sucede debemos reconocer que en el futuro cercano nuestros compatriotas seguirán emigrando, fundamentalmente al norte y continuarán enfrentando una serie de amenazas, abusos y peligro.

El Estado mexicano debe estar ahí, en cualquier lugar para proteger y evitar sean violentados sus derechos fundamentales.

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la diplomacia mexicana en los últimos años han fracasado una y otra vez, en Estados Unidos, los intentos de avanzar en la regulación del flujo de connacionales a ese país.

Es preciso, por tanto, dar seguimiento ante el gobierno y Congreso de aquella nación sobre la importancia de alcanzar un acuerdo migratorio que otorgue condiciones de estabilidad laboral y garantizar el respeto a los derechos humanos de los trabajadores migrantes mexicanos en la Unión Americana.

Simultáneamente, se deben explotar todas las vías de cooperación internacional tendentes a alcanzar acuerdos y otros mecanismos institucionales de colaboración para regular el flujo seguro, eficiente de personas, particularmente en la frontera, protegiendo los derechos humanos de los migrantes sin importar su estatus migratorio.

En este sentido cobra relevancia el dictamen que hoy nos ocupa. Durante los últimos años la Secretaría de Relaciones Exteriores ha llevado a cabo un trabajo diplomático sostenido para mejorar la condición con las autoridades estadounidenses y perfeccionar el procedimiento de retorno de connacionales que son asegurados en ese país como indocumentados.

Si bien se está llevando a cabo condiciones correctas en el ámbito de la cooperación bilateral en materia de repatriación, es preciso que al nivel interno llevemos a cabo también adecuaciones legales, normativas y pragmáticas necesarias para garantizar que dicha repatriación se lleve a cabo de una manera segura, digna y ordenada.

El dictamen que habremos de aprobar el día de hoy, y que el Grupo Parlamentario del PRI apoyará en sus términos, está dirigido justamente a hacer frente a esta sensible situación que enfrentan quienes tomaron la decisión de emigrar y son repatriados al país.

La propuesta originada en el Senado de la República y respaldada por todas las fuerzas políticas representadas en la colegisladora tiene por objetivo proteger y ampliar los derechos de los migrantes mexicanos repatriados debido a que la ley vigente es insuficiente y que no incluye aspectos esenciales que deben considerarse una vez que los connacionales han sido devueltos al territorio mexicano.

El proyecto de dictamen establece que la Secretaría de Gobernación vigilará, en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten los derechos y se cumplan con los acuerdos internacionales en la materia.

En el mismo sentido, con la nueva redacción en los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población se garantiza el otorgamiento de diversas prerrogativas para los connacionales repatriados, a saber: acceder a comunicación telefónica, recibir agua y alimentos, contar con un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal, y atención legal, psicológica y médica, ser informado respecto a los diversos programas y apoyos que puede recibir, no ser discriminado por las autoridades, ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México, contar con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, y espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados.

Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación del presente dictamen estamos garantizando que nuestros connacionales repatriados reciban un trato digno y humano al regresar a nuestro país. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Saludo con mucho gusto a los alumnos de cuarto y quinto de primaria de la Escuela Montessori del Distrito Federal, que se encuentran aquí invitados por el diputado Fernando Belaunzarán. Bienvenidas y bienvenidos todos.

También a un grupo de alumnos de la Escuela Primaria Alfredo Nobel de Xochimilco. Invitados por la diputada Lourdes Amaya Reyes. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

Tiene ahora la palabra, para hablar a favor del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Quienes han migrado de nuestro país hacia otras latitudes lo hacen forzados por la imperiosa necesidad económica, por buscar una mejoría económica para ellos y sus familias, desesperados por la angustia de dejar su terruño y buscar en la incertidumbre una expectativa que se vislumbre mejor.

Por esa razón nosotros no podemos soslayar que el origen fundamental de esta emigración tiene que ver con la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y de empleo que hace que se genere esta expulsión continua en diferentes estados del país, desde luego algunos son mayores, el caso de Zacatecas, el caso de Oaxaca, el caso de Guerrero, Michoacán y diversos estados del país de los cuales van buscando una esperanza.

Por eso creemos, que lo menos que se puede esperar cuando son repatriados es que se les reciba con dignidad, con un trato justo, que no haya incomunicación, que no haya vejaciones, que no se les trate como delincuentes o como rechazados. Por eso celebramos este dictamen que reforma la Ley General de Población, el artículo 84, y establece un catálogo de medidas y derechos para tener una comunicación permanente y un trato humanitario.

Estamos de acuerdo en este dictamen, pero no podemos soslayar que en estos años del gobierno de Barack Obama, que es de origen inmigrante, se ha dado —como lo decía la diputada Aída Valencia— las mayores deportaciones en la historia de aquella nación.

Sólo en 2013 fueron deportados más de 400 mil mexicanos, según las estadísticas de los nueve puntos de repatriación asentados en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora. Esto es lo que está registrado oficialmente. Además de ello hay repatriaciones de las cuales no quedan registro y los mexicanos, nuestros paisanos, son deportados como si fueran objetos y no como si fueran personas.

Por eso nos sumamos a que no haya tibiezas de parte del gobierno federal. Sabemos que el canciller no tiene experiencia diplomática —es un economista que ha estado en las áreas hacendarias y está en la Secretaría de Relaciones Exteriores como pago de facturas por su intervención en el Monexgate y ser tapadera de escándalos financieros—, pero el problema es del gobierno federal. ¿De qué sirvió la reunión de Toluca entre el presidente Peña Nieto y Barack Obama, si siguen las repatriaciones en el país?

Por eso queremos que esta Cámara se pronuncie sobre el tema. Que esta Cámara no solamente haga reformas a la legislación, sino que veamos que nunca ha habido como hoy —concluyo, presidente—, en la historia del país, un éxodo, una forzada repatriación de la magnitud que hoy hay en Norteamérica. No hay en aquél país reforma migratoria, todo fue toma de foto y los mexicanos siguen regresando.

Por otro lado, insistir que también nosotros tenemos que predicar con el ejemplo y el mismo trato que demandamos de la frontera norte hay que darlo en la frontera sur, donde muchos centroamericanos que vienen a nuestro país son víctimas de tratos degradantes. Todavía queda por ahí el recuerdo de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes centroamericanos fueron brutalmente asesinados. El tema migratorio es un tema central que amerita un enfoque multidireccional. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra también para hablar a favor el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Raúl Gómez Ramírez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros. Como lo han mencionado anteriormente mis compañeras y compañeros, el proyecto de decreto es para reformar y adicionar el artículo 84 de la Ley General de Población.

El objetivo de la minuta es establecer derechos para los mexicanos repatriados por gobiernos de otros países en el proceso de su recepción en nuestro país y su estancia en lugares de detención provisional.

Se pretende con esto que en los lugares destinados para recibir a los mexicanos repatriados se respeten sus derechos, accedan a comunicación telefónica con sus familiares, reciban agua, alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal, atención legal, psicológica y médica.

Informarles sobre los programas y apoyos que puedan recibir, no ser discriminado por cualquier condición, ser apoyados para trasladarse a sus lugares de residencia en México, que en las estaciones se cuente con áreas separadas para mujeres, así como niños, niñas y adolescentes, que en la estación se evite el hacinamiento, recibir siempre un trato digno y humano.

Por esa razón estamos de plácemes que nuestros connacionales nos hayan unido sin importar color partidista. Por eso exigimos un trato digno hacia con ellos, porque no son delincuentes. Nuestros connacionales salieron de nuestro país en busca de una vida mejor para ellos y sus familias.

Por eso, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y su servidor, les pedimos de la manera más atenta se unan y votemos a favor este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Agotada la lista de oradores y no habiendo reservas, le pido a la secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos con mucho gusto a ciudadanos de la zona sur del municipio de Tultitlán, estado de México, invitados por el diputado Marco Antonio Calzada. Bienvenidas y bienvenidos todos.

Les doy la más cordial bienvenida a los alumnos de la Escuela Primaria Alfredo Nobel, de cuarto año, que nos acompañan hoy invitados por la diputada Lourdes Amaya Reyes. Bienvenidas y bienvenidos todos.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Diputado Ángel Alain Aldrete, ¿me da el sentido de su voto?

El diputado Ángel Alain Aldrete Lamas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 424 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

FIDEICOMISO PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado Armando Contreras, con qué objeto.

El diputado Armando Contreras Ceballos(desde la curul): Es con respecto al tema que no abordé hace un momento por ser un tema diferente, pero mi petición es hacer un exhorto tanto a la Junta de Coordinación Política como a la Mesa Directiva.

Me veo obligado a participar en este tema de los migrantes. Se trata del tema de los ex braceros, que fueron los primeros migrantes de nuestro país a los campos agrícolas de Estados Unidos del 42 al 64, a quienes se les está atropellando injustamente lo que hoy por ley les corresponde, que es el 10 por ciento de lo que ellos aportaron con su mano de obra en Estados Unidos en ese tiempo.

Hay un acuerdo entre México y Estados Unidos y existe un fideicomiso ante la Secretaría de Gobernación que se implementó con el presidente de la rRpública Vicente Fox de 300 millones de pesos, que fue un préstamo. Se implementó y se integró más recurso con el anterior presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa.

Qué bueno que nuestra diputada Amalia García, como presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, ha abordado el tema. Lo único que se pide es que se libere ya este recurso del fideicomiso, porque después de 10 años no se ha hecho justicia.

Hoy la Secretaría de Gobernación ha puesto miles de peros con las enfermedades terminales de nuestra gente, que ya tiene 80 años, y que no se les ha liberado los 38 mil pesos. Por eso la situación y la preocupación, porque estas enfermedades terminales, si los médicos en su certificado no especifican estas enfermedades terminales que están en la misma lista, no se les ha liberado.

Por eso el exhorto y la invitación para que todos los diputados y diputados de esta legislatura podamos ir juntos también para que pronto se libere, por medio de la Secretaría de Gobernación y las entidades federativas en los estados como Michoacán, Zacatecas, Guerrero, para que esta parte ya sea lo más pronto liberada. Es una invitación, un exhorto para que se pueda puntualizar y atender a los ex braceros.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Contreras. Así quedará plasmado en el Diario de los Debates.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, General de Educación, y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 176, 182 numeral 1 y 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen.

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO”, se da constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Minuta.

II. En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”,se realiza una síntesis de los alcances de la propuesta.

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”,la Comisión expresa los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada el 20 de marzo de 2014, se remitió al Pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Segundo. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta materia de este dictamen tiene como objetivo principal impulsar el Acceso Abierto a la información de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación, para lo cual se proponen diversas reformas a fin de establecer en el Marco Jurídico que rige el sector, las bases de una política de diseminación del conocimiento, para que con el apoyo de plataformas tecnológicas se encuentre disponible a la población en general.

De manera particular la Minuta propone:

1. Establecer como principio legal para la integración de políticas públicas en materia científica y tecnológica, la diseminación de los contenidos científicos, académicos, de investigación e innovación, mediante el uso de plataformas de acceso abierto.

2. Facultar al CONACyT para diseñar y ejecutar una estrategia que tenga como objetivo democratizar el acceso abierto y el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación con el fin de que el conocimiento universal esté disponible a la población en general.

3. Establecer en la Ley los conceptos de “Acceso Abierto” y “Acceso a recursos de Información Científica y Tecnológica de Calidad”.

4. Crear y establecer las bases de operación de un Repositorio Nacional de Acceso Abierto, así como fijar las bases para la operación y coordinación de Repositorios.

5. Otorgar al CONACyT las atribuciones para promover y consolidar el acceso a la investigación científica, tecnológica de calidad.

6. Otorgar a los investigadores, tecnólogos, académicos, y estudiantes de posgrado cuyas investigaciones sean financiadas con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, la posibilidad de depositar una copia de dicha investigación para su publicación en Acceso Abierto a través del Repositorio Nacional.

7. Establecer en la Ley General de Educación como atribución concurrente de las autoridades educativas federal y local, la promoción del Acceso Abierto a investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación. Cuando las mismas hayan sido financiadas con recursos públicos, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual correspondientes o que por razón de su naturaleza o decisión del autor deban reservarse.

8. Establecer en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la facultad del CONACyT para promover y fortalecer los Repositorios, así como para emitir los lineamientos correspondientes para su funcionamiento y coordinación.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. En la Minuta materia de estudio del presente dictamen se establece que “En una economía basada en el conocimiento, la capacidad del crearlo y diseminarlo es una determinante de la prosperidad, lo que resulta crucial para optimizar el rendimiento de una economía y lograr el retorno social del gasto en investigación y el desarrollo”.

SEGUNDA. De acuerdo a la exposición de motivos, hoy día la diseminación del conocimiento científico en el ámbito mundial tiene en la publicación en revistas científicas arbitradas por pares, un medio de comunicación útil y eficaz; sin embargo la comunicación científica abarca también otro tipo de formatos como las bases de datos referenciales, memorias de congresos, imágenes médicas, tesis de posgrado, etc., mismos que tienen dificultad para ser localizados o consultados ya que se producen y distribuyen fuera de canales tradicionales.

TERCERA.En la Minuta se realiza una extensa reflexión sobre el origen y desarrollo del movimiento denominado “Acceso Abierto” haciéndose un recuento de las declaraciones internacionales relacionadas con el mismo y se destaca su papel como un medio importante para enfrentar los altos costos de la difusión científica y como herramienta para democratizar el acceso al conocimiento.

CUARTA.La Minuta afirma que la tendencia mundial actual entre investigadores, instituciones y gobiernos para compartir el conocimiento científico, se basa en la utilización de las ventajas tecnológicas que ofrecen internet y la digitalización de la información, mismas que se presentan como alternativas importantes para publicar y dar visibilidad a este conocimiento.

QUINTA.El Acceso Abierto supone una mejora notable del funcionamiento de la comunicación científica, ya que mediante el mismo es posible aumentar tanto su uso como impacto inmediato.

SEXTA. Para lograr contar con Acceso Abierto a un número mayor de publicaciones es necesaria la conformación de repositorios que sigan estándares técnicos y de calidad, así como fortalecer y ampliar la adquisición de publicaciones.

SÉPTIMA. Para esta Comisión es importante destacar que la Minuta en estudio ha recogido las principales conclusiones y recomendaciones de los foros organizados por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en los que se realizaron diversas mesas de discusión a fin de analizar las implicaciones del Acceso Abierto y Acceso a la Información Científica. En estos debates participaron representantes de los sectores público, social y privado, destacándose la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Academia Mexicana de Ciencias (AMC); Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Universidad Iberoamericana, Secretaría de Educación, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e innovación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otros.

OCTAVA.El Acceso Abierto y su promoción ha sido un tema con importante presencia en nuestro país, muestra de ello son los distintos esfuerzos institucionales que se han realizado en ese sentido, tal es el caso de impulsado por la UNAM,desde la Universidad Autónoma del Estado de México, el Fondo desarrollado en colaboración por el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y el Fondo de Cultura Económica, el impulsado por el Tecnológico de Monterrey, así como los repositorios de la Universidad de Veracruz, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el del Colegio de Posgraduados, el de la Universidad de las Américas, el de la Universidad Iberoamericana, entre otros.

NOVENA.La oportunidad de legislar a fin de promover e impulsar el acceso a la investigación científica bajo una visión democrática es elemental, para ello resultan importantes las reformas planteadas a fin de dar atribuciones específicas al CONACyT para promover la diseminación del conocimiento mediante la operación de un Repositorio Nacional de Acceso Abierto y para coordinarse con los repositorios existentes. Consideramos que la creación de un Repositorio Nacional logrará reducir las desigualdades en el acceso a la información científica de calidad, ya que los autores-investigadores por decisión personal podrán depositar sus investigaciones en formato electrónico y compartirlos con la población en general.

DÉCIMA. Establecer el mandato legal para que CONACyT diseñe y opere una estrategia para democratizar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación, y de las atribuciones específicas que se le otorgan para establecer lineamientos generales para acopiar, integrar, estandarizar, interoperar, almacenar y difundir la información derivada de investigaciones así como de material académico y científico.

DÉCIMA PRIMERA. Fijar con precisión las nuevas atribuciones del CONACyT en materia de acceso abierto y acceso a la investigación científica de calidad.

DÉCIMA SEGUNDA. Con la aprobación de este dictamen, esta Comisión de Ciencia y Tecnología considera que estas nuevas disposiciones lograrán incrementar la visibilidad de los investigadores nacionales, distribuir la literatura científica de calidad sin restricciones y reducir paulatinamente los recursos que invierte el gobierno en la adquisición de información científica y tecnológica.

Por las consideraciones que anteceden esta Comisión dictaminadora realizó un estudio y considera que es de aprobarse en sus términos, por encontrarlo debidamente fundado y motivado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 176, 182 numeral 1 y 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Artículo Primero.Se reforma la fracción II del artículo 2, y se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 4 y se adiciona el Capítulo X de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2.Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes:

I. ...

II. Promover el desarrollo,la vinculación y diseminación de la investigación científica que se derive de las actividadesde investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico de calidad y la innovación ,asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y, en su caso, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Así como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad;

III.a VIII. ...

Artículo 4.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I.a XI. ...

XII. Repositorio, la plataforma digital centralizada que siguiendo estándares internacionales, almacena, mantiene y preserva la información científica, tecnológica y de innovación, la cual se deriva de las investigaciones, productos educativos y académicos;

XIII. Repositorio Nacional, el Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural;

XIV. Diseminación, la transmisión de información científica, tecnológica y de innovación desarrollada por parte de los investigadores o especialistas a sus pares, y que utiliza un lenguaje especializado.

CAPÍTULO X

Del Acceso Abierto, Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación y del Repositorio Nacional

Artículo 64.

El CONACyT diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la información Científica, Tecnológica y de Innovación, con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en general. La estrategia buscará ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e internacional a texto completo, en formatos digitales.

Las instituciones de educación superior y Centros de Investigación podrán constituir Repositorios por disciplinas científicas y tecnológicas u otros que se determinen, a fin de diseminar la información científica y tecnológica que se derive de sus productos educativos y académicos, y en general de todo tipo de investigaciones que realicen, cualquiera que sea su presentación, de acuerdo con criterios de calidad y estándares técnicos que emita el CONACyT. Dichos Repositorios podrán establecerse a nivel de las instituciones y centros de investigación o mediante la creación de redes o asociaciones con otras instituciones, por disciplinas, por regiones u otros. El CONACyT emitirá los lineamientos a que se sujetarán los Repositorios a que se refiere la presente Ley.

Artículo 65.

Por Acceso Abierto se entenderá el acceso a través de una plataforma digital y sin requerimientos de suscripción, registro o pago, a las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.

Artículo 66.

Por Acceso a Recursos de Información Científica y Tecnológica de Calidad, se entenderá al conjunto de técnicas utilizadas para buscar, categorizar y acceder de manera inequívoca, al texto completo de publicaciones reconocidas por los sectores de ciencia, tecnología e innovación, y que son resultado de la revisión por pares.

El acceso al que se hace referencia también incluye bases de datos que contienen los registros de citas e información bibliográfica de artículos de revistas científicas y tecnológicas, tesis y disertaciones, protocolos, memorias de congresos y patentes, entre otros.

Artículo 67.

El Acceso Abierto y el Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación, tendrán la finalidad de fortalecer la capacidad científica, tecnológica y de innovación del país para que el conocimiento universal esté disponible, a texto completo y en formatos digitales a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en general.

Artículo 68.

Para el adecuado funcionamiento y desarrollo del Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación de Calidad, el CONACyT deberá:

I. Actualizar permanentemente la adquisición de recursos de información científica y tecnológica publicada;

II. Simplificar los procesos administrativos para la adquisición de bases de datos y colecciones de información científica y tecnológica en formato digital;

III. Promover la operación y uso de bases de datos de publicaciones electrónicas en las instituciones de educación superior y centros de investigación;

IV. Ampliar la cobertura temática de las publicaciones científicas y tecnológicas disponibles a los usuarios mediante el uso colectivo de las colecciones, y

V. Promover la capacitación a los usuarios, con el apoyo y seguimiento de las instituciones de educación superior y centros de investigación, con la finalidad de hacer mejor uso y aprovechamiento de los acervos.

Artículo 69.

Los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado, cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, por decisión personal podrán, depositar o en su caso autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final aceptada para publicar en Acceso Abierto a través del Repositorio Nacional, comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación respectivo, lo anterior bajo los términos que al efecto establezca el CONACyT.

Artículo 70.

El CONACyT operará el Repositorio Nacional de conformidad con los lineamientos, bases de organización y demás disposiciones aplicables a fin de dar certeza a los contenidos y seguridad a los procesos de diseminación del conocimiento.

La principal función del Repositorio Nacional será el acopio, preservación, gestión y acceso electrónico de información y contenidos de calidad, incluyendo aquellos de interés social y cultural que se producen en México con fondos públicos.

El repositorio operará mediante el uso de estándares internacionales que permitan buscar, leer, descargar textos completos, reproducir, distribuir, importar, exportar, identificar, almacenar, preservar y recuperar la información que se reúna.

Artículo 71.

Los contenidos de información de calidad serán aquellos que resulten del proceso de publicación científica y tecnológica formalizado con revisión por los pares del autor y evaluadas por el CONACYT.

El presente capítulo y los lineamientos que de él se deriven, respetarán en todo momento la legislación aplicable, incluida aquélla en materia del derecho de autor.

Artículo 72.

En materia de Acceso Abierto y operación del Repositorio Nacional, el CONACyT deberá:

I. Crear, desarrollar, coordinar, dirigir, administrar y establecer las políticas que regulen la seguridad y sostenibilidad, así como la gestión y preservación a largo plazo de los recursos de información.

II. Establecer la normativa a nivel nacional, para acopiar, integrar, estandarizar, interoperar, almacenar y difundir la información derivada de investigaciones así como de material académico, científico, tecnológico y de innovación.

III. Crear y operar el Repositorio Nacional de acuerdo con normas internacionales impulsando la interoperabilidad con los demás repositorios a fin de garantizar la recuperación, autentificación y evaluación de la información.

Artículo Segundo.Se reforma la fracción VIII del artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14.Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abiertoy su divulgación, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.

IX. a XIII. ..

...

Artículo Tercero.Se adicionan las fracciones XII y XVII del artículo 2, recorriéndose las subsecuentes en cada adición, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2.El CONACyT tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al CONACyT, a través de los órganos que establece esta Ley y de sus representantes, realizar lo siguiente:

I. a XI. ...

XII. Promover y fortalecer el Repositorio Nacional y los Repositorios, por disciplinas científicas y tecnológicas u otros que determine, a cuyo efecto emitirá los lineamientos a que se sujetarán los mismos. Establecer la conformación y funcionamiento del Repositorio Nacional a través de los lineamientos y reglas de operación que estime convenientes y de conformidad con las leyes aplicables a la materia, para incentivar la publicación en acceso abierto de las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada;

XIII.Emitir los criterios generales, términos de referencia y parámetros de evaluación para medir el impacto, los resultados y beneficios de los recursos asignados a los programas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que realicen investigación científica y tecnológica, así como de los apoyos otorgados para la investigación científica y tecnológica;

XIV.Dictaminar, administrar y evaluar los aspectos técnicos y científicos vinculados con la aplicación de los estímulos fiscales y otros instrumentos de fomento de apoyo a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico;

XV.Proponer para su aprobación ante la Junta de Gobierno la creación, transformación, disolución o extinción de centros públicos de investigación con base en criterios de oportunidad de desarrollo, vinculación con necesidades y prioridades, y a un sistema de evaluación de calidad y productividad institucional; debiéndose contar con la opinión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico;

XVI.Promover y apoyar la conformación y funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación para definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y concertar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como definir los criterios y estándares de calidad institucional aplicados en los procesos de evaluación para ingreso y permanencia en dicho sistema;

XVII. Emitir los lineamientos y criterios generales para el funcionamiento, coordinación y evaluación de la información. Definir las políticas, instrumentos y medidas de apoyo para el acceso abierto y el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación, así como para el funcionamiento del Repositorio Nacional;

XVIII.Promover y apoyar el desarrollo de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y los proyectos de investigación científica y tecnológica de las universidades e instituciones públicas de educación superior;

XIX.Formular estudios, programas y promover, conjuntamente con las autoridades competentes, planes de carrera orientados a ofrecer incentivos para la profesión de investigador y tecnólogo, fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad de investigadores entre centros, constituir nuevos centros e instituciones, incluyendo aquellos orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel y especialización en áreas científicas y tecnológicas y crear redes en áreas estratégicas de propuestas de conocimiento. Dichos planes de carrera comprenderán catálogos de puestos y tabuladores de sueldos para los centros públicos de investigación;

XX.Diseñar, organizar y operar programas de apoyo y un sistema nacional de estímulos e incentivos para la formación y consolidación de investigadores y grupos de investigadores en cualquiera de sus ramas y especialidades, así como promover el establecimiento y difusión de nuevos premios y estímulos;

XXI.Aportar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y, en general, a personas físicas y morales, públicas, sociales y privadas, para el fomento y realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos, en función de programas y proyectos específicos, en los términos de esta Ley, de la Ley de Ciencia y Tecnología y, en su caso, de los convenios que al efecto celebre el CONACyT con otros aportantes y con las instituciones o centros interesados, sin perjuicio de que dichas instituciones y centros sigan manejando e incrementando sus propios fondos y patrimonio;

XXII.Formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades, y concederlas directamente, así como integrar la información de los programas de becas que ofrezcan para postgrado otras instituciones públicas nacionales o los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes;

XXIII.Operar en colaboración con las entidades federativas, el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica y el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, y publicar la información estadística de dicho sistema;

XXIV.Apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los aspectos técnicos y científicos que requieran para sustentar la formulación y modificación de sus esquemas regulatorios y sus funciones de normalización y metrología, y promover la certificación tecnológica de las empresas, así como promover y verificar el cumplimiento de las disposiciones que establezcan compromisos para la realización de actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, en coordinación con las autoridades competentes;

XXV.Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos realizados tanto por los investigadores nacionales como por los extranjeros que residan en el país, mediante la utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de la ciencia y la tecnología nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades trascendentes de los centros públicos de investigación;

XXVI.Investigar en forma directa exclusivamente sobre el desarrollo y estado de la ciencia y la tecnología, para lo cual deberá:

A. Sistematizar y mantener actualizada la información de recursos humanos, materiales y financieros dedicados a la investigación científica y tecnológica y desarrollo tecnológico en el país;

B. Realizar estudios prospectivos para identificar las necesidades nacionales en ciencia y tecnología, estudiar los problemas que la afecten y sus relaciones con la actividad general del país, y

C. Promover la operación de servicios de información y documentación científica, en el marco del Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica;

XXVII.Coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas para el establecimiento, operación, integración, desarrollo y evaluación tanto de los consejos locales de ciencia y tecnología como de los programas estatales en estas materias;

XXVIII.En lo que se refiere a asuntos internacionales en materia de ciencia y tecnología:

A. Ejecutar programas y proyectos de cooperación científica y tecnológica internacional, obtener información y dar a conocer las acciones de cooperación científica y tecnológica pactadas y desarrolladas por el CONACyT o por dependencias y entidades que apoyen la formulación e instrumentación de la política nacional de ciencia y tecnología, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tales actividades deberán observar las disposiciones legales aplicables;

B. Remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su dictamen jurídico, los acuerdos y convenios internacionales que en ámbito de la ciencia y la tecnología requiera suscribir el CONACyT, así como concertar convenios con instituciones extranjeras y con agencias internacionales para el cumplimiento de su objeto, previa consulta jurídica con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Participar conforme lo dispongan las leyes aplicables, en los organismos o agencias internacionales de los que México sea parte y que se relacionen con la materia de su competencia;

C. Fomentar programas de formación de recursos humanos de alto nivel y de intercambio de profesores, investigadores, técnicos y administradores, en coordinación con dependencias, entidades, instituciones académicas o empresas, tanto nacionales como extranjeras;

D. Concertar acuerdos de cooperación técnica que identifiquen y seleccionen oportunidades para establecer flujos positivos de conocimiento y recursos tecnológicos hacia las empresas nacionales, bajo criterios de asimilación inicial y posterior innovación;

E.Asesorar, al titular del Ejecutivo Federal y a sus dependencias y entidades, la definición de posiciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a ser presentadas por el Gobierno de México en los diversos foros y organismos internacionales en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XXIX.Ejercer las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las dependencias coordinadoras de sector, respecto de las entidades paraestatales que el Presidente de la República determine, en los términos de los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

XXX.Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto en los términos de esta Ley y de la Ley de Ciencia y Tecnología.

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El CONACyT expedirá dentro de un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, los lineamientos y disposiciones correspondientes para el funcionamiento del Repositorio Nacional.

TERCERO.El CONACyT contará con un plazo no mayor a 18 meses a partir de la expedición de los lineamientos y disposiciones correspondientes, para capacitar, convocar, organizar y coordinar a las instituciones e instancias en materia de acceso abierto, diseminación de la Información y funcionamiento del Repositorio Nacional.

El CONACyT procurará y promoverá la homologación de la normativa existente en los Estados e Instituciones que por su actividad estén sujetas a las disposiciones establecidas en este Decreto, ésta homologación deberá ejecutarse en el tiempo señalado en el párrafo anterior.

CUARTO.El CONACyT dentro de su presupuesto anual, preverá los recursos necesarios para la creación, impulso y fortalecimiento de las plataformas tecnológicas, así como para el fortalecimiento del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, en lo conducente a las disposiciones establecidas en el presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2014.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), presidente; Juan Pablo Adame Alemán, Luis Miguel Ramírez Romero, Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), secretarios; Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga, Miguel Ángel Aguayo López, Salvador Barajas del Toro, Benito Caballero Garza, Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba, Roberto López González (rúbrica).»

«Opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos respecto de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación, y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su opinión la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación, y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 69 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión efectuó el estudio y análisis de la Iniciativa de ley en comento conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 9 de diciembre de 2013 la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

2. En sesión de 13 de marzo de 2014 se discutió y aprobó en el pleno de la Cámara de Senadores el dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, turnándose a la Cámara de Diputados en su facultad de Cámara revisora.

3. El 21 de marzo de 2014, la Mesa Directiva del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la minuta de referencia a la Comisión de Ciencia y Tecnología para dictamen y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para opinión.

4. Se recibió el oficio de turno para dictamen número DGPL 62-11-5-1578 de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, a fin de que esta comisión emita el dictamen de opinión.

II. Contenido de la minuta

La minuta en materia tiene como objetivo principal fomentar el acceso abierto a la información de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación para lo cual establece las siguientes modificaciones normativas:

• Se reforma la fracción II del artículo 2, se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 4 y se adiciona el Capítulo X de la Ley de Ciencia y Tecnología.

• Se reforma la fracción VIII del artículo 14 de la Ley General de Educación.

• Se adicionan las fracciones XII y XVII del artículo 2, recorriéndose las subsecuentes en cada adición, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Dentro de las consideraciones, la colegisladora señala que el proyecto de decreto inserta el término Acceso Abierto en la legislación mexicana, con el cual se reafirma el compromiso con la divulgación y el conocimiento haciéndonos parte de la tendencia mundial actual entre investigadores, instituciones y gobierno, que utilizan las ventajas tecnológicas que ofrece el internet y la digitalización de la información para mejorar la comunicación científica entre investigadores y hacia la sociedad en general.

Que en una economía basada en el conocimiento, la capacidad de crearlo y diseminarlo es una determinante para la prosperidad, reafirmando que ésta facultad es crucial para optimizar el rendimiento de una economía.

Las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores señalan que el contenido de la propuesta fortalece las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para poner al alcance de las universidades, centros de investigación, escuelas y la sociedad en general, información de alta calidad, mediante un sistema creativo de adquisición que incentive la formación de capital humano de alto nivel.

La minuta propone la inserción de un capítulo especial a la Ley de Ciencia y Tecnología en el cual se regula, además del Acceso Abierto y del acceso a la información científica, lo concerniente al Repositorio Nacional, el cual estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y tendrá como principal función el acopio, preservación, gestión y acceso electrónico de información y contenidos de calidad incluyendo aquellos de interés social y cultural que se producen en México con fondos públicos.

Este repositorio operará mediante el uso de estándares internacionales que permitan buscar, leer, descargar textos completos, reproducir, distribuir, importar, exportar, identificar, almacenar, preservar y recuperar la información que se reúna.

El Conacyt, además de diseñar e impulsar una estrategia nacional para democratizar la información Científica, Tecnológica y de Innovación, buscará ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información. Asimismo será el facultado para la expedición de los lineamientos y disposiciones correspondientes para la implementación de la estrategia y la operación del Repositorio Nacional.

Para esta comisión se destaca la modificación en la fracción VIII del artículo 14 de la Ley General de Educación en la que se establecen como atribuciones de las autoridades educativas federal y locales, además de promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, incentivará la diseminación en Acceso Abierto y su divulgación cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.

III. Análisis y valoración

Primero. Que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para emitir opinión respecto de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación, y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Segundo. Que la minuta de referencia plantea reformar la fracción II del artículo 2, las fracciones XII, XIII, XIV del artículo 4, y se crea el Capítulo X, todos de la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se reforman el artículo 14, fracción VIII, de la Ley General de Educación, y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Tercero. Que el Acceso Abierto, entendido como el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción o pago, a material digital, educativo; académico, científico o de cualquier otro tipo y que como parte de una política latinoamericana e internacional, el Acceso Abierto y el Acceso a la Información Científica, representan un gran esfuerzo para difundir los resultados de investigaciones, abonando no sólo a su diseminación y difusión sino también a su regularización e implicación en todos los niveles educativos del país.

Cuarto. Que con la regulación del Acceso Abierto, mediante normas precisas se impulsa la producción de ciencia y tecnología de calidad. Toda la información que cumpla con los requerimientos para su publicación será contenida en el Repositorio Nacional el cual operará mediante el uso de estándares internacionales que permitan buscar, leer, descargar textos completos, reproducir, distribuir, importar, exportar, identificar, almacenar, preservar y recuperar la información que se reúna.

Por lo que esta comisión considera que, de aprobarse la minuta con proyecto de decreto, el Acceso Abierto y el Repositorio Nacional, se coadyuvara con las diferentes estrategias que en materia digital se desarrollan en el país, fortaleciendo la diseminación del conocimiento científico, tecnológico, de innovación y educativo que realizan las universidades, centros de investigación y centros educativos del país.

Quinto. Que la legislación en la materia es un paso a la regulación, mejora e impulso de prácticas que ya funcionan en el país a través de Repositorios Institucionales como Scielo, Redalyc, Latindex, la Universidad Nacional Autónoma de México con el proyecto Toda la UNAM en línea; los proyectos de colaboración entre el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, denominado El Fondo Aleph, o los esfuerzos que actualmente se desarrollan en importantes universidades tales como: la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio de Posgraduados, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas, por sólo mencionar algunas.

Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos esperan que su implementación, en total coordinación con el Conacyt, la Secretaría de Educación y los lineamientos que para el efecto se mandatan, se logre incrementar la producción y el acceso de conocimiento en México.

Al tratarse de un movimiento internacional y ahora de una política nacional, será imperante tomar como ejemplo, para la apertura del conocimiento, las cifras publicadas por uno de los laboratorios de cienciometría más prestigiados del mundo: ScienceMetrix, a raíz de una petición expresa de la Comisión Europea, el cual el 21 de agosto de 2013 informó que:

• Para abril del 2013, el 50% de los artículos científicos publicados entre 2004 y 2011 a nivel mundial, estaban ya disponibles en Acceso Abierto.

• Más de tres cuartas partes de los países de la Unión Europea (es decir 20 de 27 países) han superado el 50% de publicaciones en Acceso Abierto.

• Estados Unidos ha superado el 50% de publicaciones en Acceso Abierto y Canadá está cerca de llegar a ese mismo rango.

• Brasil cuenta con 63% de sus publicaciones en Acceso Abierto.

Sexto. Que en marzo de 2013 el Conacyt participó, junto con otros 23 países, y firmó en el Informe de la consulta Latinoamericana y del Caribe sobre Acceso Abierto a la Información e Investigación Científica, mejor conocido como Informe Kingston que a la letra dice:

“Es esencial que los resultados de investigación con fondos estatales, por ejemplo, revistas y artículos científicos y académicos revisados por pares, tesis de posgrado (maestría y doctorado), libros académicos y científicos, informes y datos de investigación estén disponibles a través de rutas en Acceso Abierto... [y agrega) ...Tanto la ruta dorada como la ruta verde son formas adecuadas para el Acceso Abierto en la región.”

En mayo de 2013, el director general del Conacyt, asistió en Alemania al Annual Global Meeting del Global Research Council junto con representantes de ciencia y tecnología de más de 60 países del orbe, donde se firmó una declaración de principios con dos temas centrales: la buena práctica científica y el Acceso Abierto.

(http://www .globalresearchcouncil.org/meetings/2013-meeting)

En dicha reunión se planteó como ruta apoyar un conjunto común de principios para la integridad de la investigación y llegar a un acuerdo de un plan de acción para la implementación del Acceso Abierto a las publicaciones como el principal paradigma de la comunicación científica en los años siguientes.

Por lo que para los integrantes de esta comisión, los objetivos y propuestas que son congruentes con el texto de la minuta, la cual faculta al Conacyt como el responsable de diseñar e impulsar una estrategia nacional para democratizar la información Científica, Tecnológica y de Innovación, con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en general, buscando ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información nacional e internacional a texto completo, en formatos digitales.

Séptimo Que con el cumplimiento del objetivo primordial que es que la comunidad científica, tecnológica, de innovación, educativa y la sociedad, se beneficien e involucren con los avances de la investigación científica, se evitará también la mercantilización del conocimiento producido por nuestras universidades, en búsqueda de sociedades más equitativas e inclusivas.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos emite el siguiente dictamen de opinión:

IV. Opinión

Único. Se considera viable la aprobación en sus términos de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación, y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, realizada en el Palacio de San Lázaro, a los 3 días del mes de abril de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Aída Ramírez Torres, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el acceso a la información es de suma importancia en la llamada economía del conocimiento. Los datos científicos traen nuevas ideas y acrecentan la capacidad inventiva de los pueblos. El que no sabe es como el que no ve. El conocer no siempre es plenamente coincidente con el entender, la divulgación científica ayuda a entender.

Recordando al químico francés Louis Pasteur, quien dijo: “la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso”. Si aceptamos que el conocimiento científico y la innovación tecnológica son de suma importancia para elevar la calidad de vida de los pueblos, entonces comprendemos que la difusión y diseminación de la ciencia nos va a permitir crear una sociedad del conocimiento para impulsar el desarrollo del país.

Reconocer la importancia que adquieren las tareas de difusión y diseminación en la materia es poner al alcance los avances científicos para todos los sectores sociales y tener su aprovechamiento directo.

Para un investigador activo en cualquiera de las disciplinas científicas, o para un ingeniero que trabaja en el desarrollo de tecnologías, el llevar tareas de difusión o diseminación de la ciencia lo conduce al compromiso que enfrenta con la sociedad, pues es una gran responsabilidad reconocer que su vocación representa un gran avance para la vida de cada mexicano. Es decir, si el científico no asimila la dimensión social de su propio trabajo, difícilmente podrá hacerse cargo de resaltar el valor de su investigación, de su potencial económico, tecnológico y educativo.

El proyecto de decreto que honorablemente presento ante el pleno, tiene como finalidad favorecer la difusión de los progresos científicos y tecnológicos en nuestro país. La Comisión de Ciencia y Tecnología hoy tiene la oportunidad de darle a la sociedad mexicana las bases para contribuir a crear una nueva generación que se interese por el desarrollo científico y tecnológico.

El proyecto contiene un conjunto de disposiciones que de manera coherente relacionan tres ordenamientos legales: la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La incidencia de la norma tiene previsto el conjunto de atribuciones necesarias para la implementación de las nuevas disposiciones, las cuales son:

1. Establecer como principio legal para la integración de políticas públicas en materia científica y tecnológica la diseminación de los contenidos científicos, académicos de investigación e innovación mediante el uso de plataformas de acceso abierto.

2. Facultar al Conacyt para diseñar y ejecutar una estrategia que tenga como objetivo democratizar el acceso abierto y el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación, con el fin de que el conocimiento universal esté disponible a la población en general.

3. Establecer en la ley los conceptos de acceso abierto y el acceso a recursos de información científica y tecnológica de calidad.

4. Crear y establecer las bases de operación de un repositorio nacional de acceso abierto, así como fijar las bases para la operación y coordinación de repositorios.

5. Otorgar al Conacyt las atribuciones para promover y consolidar el acceso a la investigación científica y tecnológica de calidad.

6. Otorgar a los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de posgrado, cuyas investigaciones sean financiadas con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, la posibilidad de depositar una copia de dicha investigación para su publicación en acceso abierto a través del repositorio nacional.

7. Establecer en la Ley General de Educación, como una atribución concurrente de las autoridades educativas federales y locales la promoción del acceso abierto a las investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación, cuando las mismas hayan sido financiadas con recursos públicos sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual correspondientes o que por razón de su naturaleza o decisión del autor deban reservarse.

8. Establecer en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la facultad del Conacyt para promover y fortalecer los repositorios, así como para emitir los lineamientos correspondientes para su funcionamiento y coordinación.

La comisión que orgullosamente presido está convencida de que el decreto que tengo el honor de presentarles es de suma importancia para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de nuestro país.

Esta Legislatura tiene el gran reto de establecer la normatividad que motive el desarrollo científico y tecnológico de México y lo convierta en un país próspero en ciencia, tecnología e innovación, con una visión firme para el camino de un futuro mejor para todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Félix Hays. Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para fijar postura hasta por cinco minutos.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la historia nos ha enseñado que en el desarrollo de los pueblos la ciencia y el conocimiento han sido estandartes de prosperidad y evolución, pues a través de ellos las sociedades han escrito su presente y su futuro. Es así como los haberes científicos han impulsado el crecimiento de las naciones, mediante la expansión de la razón para dar respuesta a las grandes interrogantes humanas. Tal es la importancia del conocimiento científico y del cúmulo de información que han acompañado la evolución social, que su diseminación plural, equitativa e imparcial resulta más que necesaria.

En este contexto es imperante democratizar la información que no es otra cosa que permitir a todas y a todos por igual tener las mismas oportunidades de ser consumidores activos de los textos científicos que se generan a diario.

Según datos oficiales, en México durante el año 2009 se publicaron 9 mil 488 artículos científicos, lo que colocó al país en el lugar 22 de producción científica entre los países miembros de la OCDE. Sin embargo, esta cifra esconde una realidad paralela ya que la disponibilidad de estos artículos de divulgación resulta ser en la mayoría de los casos restrictiva para el público en general, ya que su acceso es primordialmente para los investigadores y la comunidad académica. Esta situación genera un círculo nocivo en el que la divulgación de la ciencia en México es principalmente de autoconsumo, es decir sólo para sus propios creadores o personas que por su labor tienen algún contacto con la esfera académica y científica del país.

Es por ello que en Nueva Alianza reconocemos el avance que implica establecer en la Ley de Ciencia y Tecnología la operación por parte de Conacyt de una plataforma digital nacional que almacene, mantenga y preserve la información científica, tecnológica y de innovación derivada de las investigaciones elaboradas por las y los científicos, y al mismo tiempo nos congratulamos porque se contemple la utilización de ventajas tecnológicas como el Internet y la digitalización de la información como alternativas importantes para publicar y dar visibilidad a este conocimiento.

Para Nueva Alianza esta propuesta aborda un aspecto central para la democratización del conocimiento, ya que cumple con los criterios fundamentales que orientan la educación pública, plasmados en el artículo 3o. constitucional, además de que contribuye a garantizar el derecho humano a la información e incentiva la innovación tecnológica.

Además, porque consideramos adecuado establecer en la Ley General de Educación que las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno promuevan el acceso abierto a la producción científica cuando ésta se realice con recursos públicos, sin menoscabo de los derechos de autor y en materia de patentes.

Compañeras y compañeros legisladores, el acelerado proceso tecnológico ha generado nuevas directrices en los diversos campos del conocimiento científico, desde su desarrollo y producción hasta los canales mediante los cuales se difunden sus alcances a toda la sociedad.

Sabemos que el conocimiento es fundamental para la toma de decisiones, es necesario para la generación de nuevas oportunidades de desarrollo y es de vital importancia para la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática.

Por ello resulta indispensable que se impulse la apertura del conocimiento y se sienten las bases de una nueva política de comunicación y difusión en materia de ciencia y tecnología, que enaltezca el acceso universal a los haberes producidos por la plantilla científica de nuestro país.

Por ello, coincidimos en que el acceso abierto a los textos científicos es un paso decisivo en la democratización del conocimiento, que traerá consigo mayor intercambio, difusión y expansión de las investigaciones nacionales en beneficio de todas y de todos.

De tal forma, que en respuesta a los principios que defendemos y plasmamos en nuestra agenda legislativa, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, seguros de que con ello fortalecemos las capacidades de nuestro país y al mismo tiempo impulsamos que el conocimiento científico llegue a todos los rincones de México sin distingo alguno. Es cuando, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Garfias Gutiérrez. A continuación, tiene el uso de la voz para fijar postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta soberanía llegó una minuta remitida por la colegisladora acerca de reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, referente a regular el acceso abierto y el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación del repositorio nacional.

Dada la importancia del tema, el promovente hizo un exhaustivo estudio del problema en cuestión y por ello propone reformas a las Leyes General de Educación y a la Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

No sobra decir que las reformas y adiciones abarcan a diversos artículos de dichos ordenamientos, con el fin de que el objetivo que se persigue se logre a cabalidad, que es el de incorporar los conceptos acceso abierto y acceso a la información científica, tecnológica y de innovación y del repositorio nacional, así como la diseminación de la información científica aquellos preceptos. En un sentido amplio de la palabra, es democratizar la información científica.

Se introducen en las leyes sujetas a modificación las interpretaciones relativas a los repositorios y a la diseminación, la transmisión de información científica, tecnológica y de innovación desarrollada por parte de los investigadores.

El punto neural de la iniciativa u objeto de la minuta en su momento es el de impulsar el acceso abierto a la información de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación, para cuyo fin se proponen diversas reformas que establezcan en el marco jurídico las bases de una política de diseminación del conocimiento, para que con el apoyo tecnológico se encuentren disponibles para el grueso de la población.

Con la regulación del acceso abierto, mediante normas precisas, se impulsa la producción de ciencia, tecnología e innovación de calidad, que será contenida en el repositorio nacional, que operará bajo estándares internacionales que permitan buscar, leer, descargar textos, reproducir, distribuir, importar y exportar la información reunida.

En ese sentido, la minuta propone ocho medidas donde destacan establecer como principio legal para la integración de las políticas públicas en materia científica y tecnológica la diseminación de los contenidos en esta materia mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Es decir, darle amplia difusión a los conocimientos acumulados a la población en general.

Hace referencia, a facultar al Conacyt para diseñar y ejecutar estrategias que tengan como objetivo democratizar el acceso abierto y el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación, con el fin de que el conocimiento universal esté disponible a la ciudadanía en general, en congruencia con lo anotado en el párrafo precedente.

Incorporar los conceptos de acceso abierto y acceso a recursos de información científica y tecnológica de calidad. De la misma manera, dar las bases de operación de un repositorio nacional de acceso abierto, así como fijar las bases para la operación y coordinación de repositorios.

En este tema pensamos que el producto de las investigaciones realizadas no debe ser un secreto de Estado, sino por el contrario, deben ser sujetas de consulta por la sociedad en su conjunto, cuestión importante reside en que se otorgan al Conacyt facultades para promover y consolidar el acceso a la investigación científica y tecnológica de calidad.

Sobre el particular, expertos en el tema sustentan que este siglo tiene que ser no sólo de la tecnología, sino de la innovación. Cuando se habla de la diseminación, se habla de una amplia difusión que permita que en los repositorios se acumulen los resultados de las investigaciones que se hayan financiado con recursos públicos o se haya utilizado estructura pública para su realización y la posibilidad de que se publiquen en acceso abierto a través del repositorio nacional.

Derivado de lo expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la minuta reúne requisitos, y más, para ser aprobada por esta soberanía, y por ello votaremos a favor del citado documento. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Roblero Gordillo. A continuación tiene el uso de la voz, para fijar por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a 50 alumnos y profesores de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, de la Universidad Autónoma de Coahuila, invitados por el diputado Salomón Juan Marcos Issa. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. Uno de los grandes pilares sobre los que descansa el desarrollo social y económico de cualquier país es la inversión que se haga en ciencia y tecnología, educación y cultura.

Una manera efectiva de hacerlo es el establecimiento de una plataforma digital en la cual se haga acopio, preserven y gestionen contenidos científicos de calidad, de interés social y cultural que sean producidos en el país con fondos públicos, la cual será de libre acceso buscando mejorar la diseminación del conocimiento.

Operado de acuerdo a estándares internacionales, el repositorio nacional que participará en el quehacer educativo permitirá buscar, leer, descargar, reproducir, distribuir, almacenar y recuperar la información que se reúna, garantizando el acceso abierto a la investigación científica y tecnológica de calidad, aprovechando las ventajas tecnológicas de Internet y la digitalización de la información, las cuales han transformado la manera en que se comunica y comparte el saber.

La información científica, principal fruto de los investigadores, es también el recurso más importante de la innovación tecnológica, por lo que es necesario promover y apoyar el libre acceso a ella, es decir, la accesibilidad de línea y de forma gratuita a la información académica para todos, libre de la mayoría de las barreras impuestas por las licencias y los derechos de autor.

A pesar de las mejoras considerables, en tanto a la accesibilidad a las tecnologías de información y la comunicación, el libre acceso a la información, tanto por lo que se refiere a su producción como a su utilización sigue siendo escasa.

Es por ello que la posibilidad de acceder a bases de datos de la figura del repositorio nacional, de forma abierta y gratuita, es una medida necesaria e importante para estimular la formación académica de miles de estudiantes de nuestro país, la comunicación entre investigadores, así como para promover el intercambio del conocimiento, la innovación y el desarrollo socioeconómico.

La diseminación de contenidos especializados en ciencia y tecnología son el pilar fundamental de las economías basadas en el conocimiento, por lo que el Estado no debe escatimar recursos en la materia y aprovechar todas las instituciones y la infraestructura de las cuales dispone para generar los entornos necesarios para su adecuado desarrollo.

El conocimiento debe ser entendido en lo fundamental como un bien público, por lo que el acceso democrático al mismo y a la información mejora su uso y calidad. Además de constituir una de las herramientas más poderosas para superar las desigualdades sociales, generar crecimiento y desarrollo económico.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen, porque coincidimos que con estas reformas México se suma, a nivel mundial, sobre acceso abierto, que inició con la Declaración de Budapest en 2002. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, campus Quecholac, de la ciudad de Puebla, invitados por la diputada Ana Isabel Allende Cano. Sean ustedes bienvenidos.

A continuación tiene el uso de la voz la diputada Mónica García de la Fuente, para fijar postura hasta por 5 minutos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La diputada Mónica García de la Fuente:Con su permiso, presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, todos los aquí presentes hemos trabajado arduamente para modernizar el Estado mexicano y hoy tenemos una oportunidad para continuar con esta imprescindible encomienda: impulsar la investigación científica y tecnológica de nuestro país.

La tendencia mundial es aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información a fin de poner a disposición permanente de todas las personas el resultado de las investigaciones científicas a través del acceso abierto.

Lamentablemente, de acuerdo con el estudio de publicaciones de 2012, publicado por la Comisión Europea, México es el país donde es más difícil conseguir fondos para la publicación científica, por esto es indispensable desarrollar medidas que promuevan el conocimiento de los estudios realizados en nuestro territorio.

El dictamen que hoy presenta la Comisión de Ciencia y Tecnología potencializa el alcance del conocimiento de la investigación realizada con los recursos del Estado, al compartir y dar acceso libre a la información que resulte de ésta. El acceso abierto a los textos científicos se entiende, en términos de la Declaración de Budapest, como la disponibilidad gratuita en Internet para que cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir con la posibilidad de enlazar o buscar el texto completo del artículo o publicación. Por supuesto el único límite a este acceso es el respeto del derecho de autor de los investigadores. El acceso abierto traerá beneficios inmediatos porque mejorará la comunicación científica al aumentar su uso e impacto inmediato.

El dictamen que hoy pone a consideración la comisión es el resultado de diversos foros y la participación muy activa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En estos foros se realizaron mesas de discusión a fin de analizar las implicaciones del acceso abierto y acceso a la información científica y en los que participaron representantes de los sectores público, social y privado.

Es indispensable que se regule un tema tan importante como el acceso abierto, máxime que su aplicación es una realidad a nivel mundial y seguirá evolucionando, México no puede quedarse atrás.

Por lo anterior, el Partido Verde votaremos a favor de la aprobación del proyecto de dictamen y esperamos su apoyo. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Mónica García de la Fuente. Tiene el uso de la voz para fijar postura, el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Como todos sabemos, existen muchas maneras de generar conocimiento, pero hay una que es aceptada como la mejor por quienes se dedican a esos temas, se trata del método científico —que dicho sea de paso— es la esencia de la ciencia.

Dicho método, que aprendimos en términos generales desde el bachillerato, y por lo tanto es conocido universalmente, tiene dos características que quiero destacar: por un lado es una forma de adquirir conocimiento que en principio todos podemos aplicar, aun sin ser genios y ni siquiera brillantes, sino simplemente siguiendo una serie de prácticas secuenciales —y hay que insistir— convencionales, entre las cuales hay una que es esencial, publicar los resultados de la investigación y hacerlo de tal manera que cualquier otro miembro de la comunidad pueda replicarla, ya sea para efectos de corroborar los conocimientos o para desafiar al investigador proponente.

De hecho, solamente si ese conocimiento se confirma después de muchos desafíos por otros investigadores o investigadoras pasa a formar parte de la ciencia. La otra característica destacable del método científico es que los conocimientos que se obtienen con su aplicación son provisionales, en tanto dependen en buena medida de las herramientas que se utilizan en la investigación.

De acuerdo con esas características, es claro que mientras el método sea practicado por un mayor número de personas y sus resultados sean conocidos por el mayor número de posibles desafiantes, mayores posibilidades se tendrán para que el conocimiento científico avance, y claro, dicho conocimiento será mejor en la medida en que se usen mejores herramientas.

El dictamen que nos ocupa, que reforma la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología va en el sentido de potenciar la característica del método científico de publicar tanto las investigaciones como sus resultados, y en esa medida contribuir a la difusión de los conocimientos aceptados, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación masiva, hechas posibles por los avances científicos.

Así, las reformas propuestas van también a favor de todos los verdaderos investigadores a quienes por naturaleza les interesa que sus investigaciones sean publicadas y no solamente las de aquéllas y aquéllos que, como indica el dictamen, hayan utilizado recursos públicos en su realización.

Habrá sin duda —hay que reconocerlo— quienes consideren que estas reformas, sin resolver ningún problema, generan dudas a causa del voluntarismo político que se refleja en algunos de sus textos. Por ejemplo, en el artículo 64 del Capítulo 10 se indica —cito— El Conacyt diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la información científica, tecnológica y de innovación.

En lo personal considero que la democratización de ese tipo de información requiere no solamente que todo mundo por lo menos sepa leer y escribir, sino que tengan conocimiento y acceso a los medios electrónicos de comunicación masiva, lo que lamentablemente no es aún el caso de nuestro país. Así será muy difícil que el Conacyt realice esa tarea que le estamos imponiendo.

Pero también habrá investigadores, investigadoras que tendrán la legítima duda de si se respetará la autoría de sus investigaciones, puesto que si no fuera así entonces el impacto de las reformas que nos ocupan sería muy limitado. En esos casos los investigadores y las investigadoras podrían atenerse a la libertad que establece el artículo 65 en el sentido de permitir o no la inclusión de sus investigaciones en los repositorios.

No obstante, lo anterior no debe ser impedimento para reconocer el gran potencial que tiene esta minuta en términos de su contribución a la difusión del conocimiento en México. En el caso del Grupo Parlamentario del PRD no es impedimento y, por tanto, votaremos a favor del dictamen.

Ojalá que las compañeras diputadas y los compañeros diputados compartan esta posición y lo voten también a favor. Se aprobó por unanimidad en la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta honorable Cámara de Diputados. Enhorabuena. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Carrillo Huerta. Proceda la diputada Patricia Lugo Barriga para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes del Colegio del Bosque y del Instituto Cumbres de León, Guanajuato, invitados por el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada Patricia Lugo Barriga:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros. Actualmente el mundo se encuentra inmerso en el paradigma de la sociedad de la información y el conocimiento, herramientas que hoy día son elementos esenciales para el desarrollo social y el crecimiento económico.

Como representantes de los ciudadanos debemos tener claro impulsar el uso de estas tecnologías para actuar sobre la información y no sólo promover el uso de la información para actuar sobre la tecnología.

En ese sentido es relevante la minuta que hoy se discute, ya que pone a consideración de esta asamblea reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, a la Ley General de Educación y a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a efecto de promover la diseminación de la investigación científica que se derive de actividades financiadas con recursos públicos o que haya utilizado infraestructura pública en su realización, apoyándose en las nuevas tecnologías de la información, así como mediante el uso de plataformas de acceso abierto.

La aprobación de esta minuta sin duda sentará las bases para el acceso abierto a la literatura científica, lo que paulatinamente, con la correcta aplicación de las políticas que deriven del mismo, supondrá que los usuarios puedan leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos y usarlos con cualquier otro propósito legítimo sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet en sí mismo.

Lo anterior toma relevancia ante datos como el de la UNESCO en el que menciona que: En América Latina y el Caribe, dos tercios de la investigación es financiada con fondos públicos.

Sin embargo el acceso a los resultados de esta investigación se ve dificultado por las limitaciones en los sistemas tradicionales de comunicaciones académicas y científicas.

Para el Grupo Parlamentario del PAN garantizar el acceso abierto al conocimiento científico no sólo implica acercar los contenidos a los usuarios, sin barreras económicas o legales, sino también contribuir al desarrollo de códigos tecnológicos que los garanticen, pues la tecnología es un vehículo que permite generar nuevos espacios de aprendizaje y democratiza el acceso a la información, y creemos que el decreto de la minuta que hoy se discute así lo refleja.

Acción Nacional votará a favor de este proyecto, ya que para nosotros abona a la democratización del conocimiento y contribuye a revalorizar la práctica de la investigación científica y tecnológica en vinculación con los objetivos del desarrollo social.

Nosotros pensamos que el proyecto de decreto que presenta la minuta también tendrá la ventaja, de corto a mediano plazo, de favorecer la promoción de nuevas investigaciones y la aplicación del conocimiento científico y tecnológico, disponible a la resolución de los desafíos que plantea la producción de bienes y servicios, así como a las problemáticas socialmente relevantes.

Compañeras y compañeros, el conocimiento científico es un producto social, por ello en el Congreso de la Unión debemos impulsar proyectos para que todas las personas de nuestra sociedad tengan derecho a acceder gratuita y libremente a las producciones que las universidades y los centros de investigación realizan.

Más aún cuando la mayoría del conocimiento que circula en esas publicaciones es generado por científicos que trabajan en instituciones públicas, costeadas por los impuestos que pagamos los ciudadanos.

Este asunto de ninguna manera se trata de generosidad, se trata de una obligación, de un compromiso mínimo con la defensa del espacio público. Simplemente porque el conocimiento en una sociedad democrática debe ser un bien común. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Patricia Lugo. A continuación tiene el uso de la voz la diputada Olivares Irazema González Martínez , para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Irazema González Martínez Olivares:Con su venia, señor Presidente. El día de hoy en esta alta tribuna estamos discutiendo uno de los temas más importantes, no solamente para la comunidad científica, sino para el resto de los ciudadanos.

Quiero hacer dos menciones importantes. La primera es precisamente agradecerle a toda la comunidad científica del país el acercamiento y la inclusión que en ambas vías han tenido con el Poder Legislativo. Muchas gracias a todos los científicos que a lo largo de esta Legislatura se han acercado tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República.

En segunda instancia también quiero mencionar muy especialmente a la senadora Ana Lilia Herrera, la promovente de esta iniciativa, porque gracias a ella, en un esfuerzo sin precedentes, histórico, el día de hoy estamos discutiendo en México el acceso abierto.

Como ya lo han mencionado mis compañeros, los medios tradicionales de la difusión científica son las revistas, algunas en medio digital y otras en medio impreso. De lo que se trata el acceso abierto es que todos los ciudadanos, de manera gratuita y libre, podamos tener acceso no solamente a las revistas, sino también a otros medios, por ejemplo las memorias de congresos, las imágenes médicas, las bases de datos referenciales, toda la información generada.

En este sentido, la propuesta de este decreto se refiere a crear la infraestructura digital para que todos podamos tener acceso a esta información. Es a lo que mis compañeros han estado llamando el repositorio nacional.

En ese sentido, cualquier investigador que haya trabajado en alguna publicación con recursos públicos, en la infraestructura pública, va a tener la opción de poner su información en este repositorio, siempre protegiendo los derechos de autor y siempre a libre decisión del investigador.

Lo más trascendental es que dentro de este repositorio nacional vamos a tener acceso puntual los ciudadanos al texto completo de la publicación debido a el acceso puntual que tendremos cada uno de los ciudadanos a Internet.

Es importante mencionar que en México ya hay esfuerzos importantes en repositorios, inclusive uno de los promoventes más importantes de esta iniciativa fue la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Redalyc, la UNAM, con Latin Index, el CIDE, el Colegio de México, Conalep, el Tec de Monterrey con Temoa. Son distintos repositorios que ya en la actualidad manejan la información científica generada.

La intención de este decreto es que también tengan interoperatividad los distintos repositorios, que no solamente puedan comunicarse de manera eficiente entre sí, sino además se tenga acceso a este repositorio nacional que será administrado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es por eso tan importante esta iniciativa.

Como ya se ha mencionado, en una economía basada en el conocimiento no nada más es importante para la comunidad científica, es importante para los médicos, para los juristas, para los ingenieros poder acceder a la información que estará en este repositorio nacional.

Quiero poner mucho énfasis en lo siguiente: la ciencia que no se ve, no existe. Los que hemos trabajado en la academia sabemos de la importancia de encontrar el conocimiento de manera fácil y rápida. Por eso es tan importante esta iniciativa, porque va a promover que el conocimiento nuevo se base en todo el conocimiento ya adquirido a lo largo y ancho del país.

En resumen, y para finalizar, quiero agradecer muy especialmente al diputado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, al diputado Rubén Félix, a los compañeros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, así como a la Comisión de Educación y, sobre todo a los coordinadores parlamentarios y al coordinador Beltrones, por apoyar de manera visionaria una iniciativa tan importante como ésta y, sobre todo, reconocer  a toda la comunidad científica por abordar un tema tan importante y necesario que potenciará no solamente el desarrollo científico, sino el desarrollo económico de todo el país. Es cuanto, y muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias diputada González Martínez Olivares.

Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general, el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, para hablar en pro. Por tanto tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos, tutores y profesores de la Escuela Primaria Vasco de Quiroga, invitados por el diputado Juan Manuel Carbajal Hernández. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas:Muy buenas tardes, con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros que nos acompañan en este Congreso. La información científica es la principal creación de los investigadores y es también el recurso más importante de la innovación tecnológica. La producción científica abarca trabajos técnico-científicos, tesis académicas, estudios, artículos, entre otros, que son el resultado de la realización de actividades de investigación, en muchos casos financiadas con fondos públicos, de investigadores, tecnólogos, docentes, becarios y estudiantes.

La UNESCO promueve y apoya el libre acceso a ella, es decir, la accesibilidad en línea a la información académica y que sea para todos, libre de las barreras impuestas por las licencias y los derechos de autor para promover el intercambio del conocimiento en el plan mundial, la innovación y el desarrollo socioeconómico.

Este modelo de acceso abierto a la producción científico-tecnológica implica que los usuarios con propósitos legítimos ligados a la investigación científica, a la educación o a la elaboración de políticas públicas de este tipo de material puedan, en forma gratuita leer, consultar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos y usarlos sin limitaciones económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet en sí mismas.

El dictamen que hoy votaremos plantea actualizar permanentemente la adquisición de recursos de información científica y tecnológica publicada, simplificar los procesos administrativos para la adquisición de bases de datos y colecciones de información científica y tecnológica en formato digital.

Promover la operación y uso de bases de datos de publicaciones electrónicas en las instituciones de educación superior y centros de investigación. Ampliar la cobertura temática de las publicaciones científicas y tecnológicas disponibles a los usuarios mediante el uso colectivo de colecciones. Y promover la capacitación a los usuarios con el apoyo y seguimiento de las instituciones de educación superior y centros de investigación con la finalidad de hacer mejor uso y aprovechamiento de los acervos.

En este sentido, como ya lo dijimos, el libre acceso beneficia a los investigadores, innovadores, docentes, estudiantes, profesionales de los medios de comunicación y al público en general, promueve el intercambio del conocimiento en el plano mundial para alentar los descubrimientos científicos, la innovación y el desarrollo socioeconómico.

Particularmente nos hemos unido a esta iniciativa con júbilo y contribuido desde nuestra modesta posición para crear en la Subcomisión de Divulgación y Promoción Científica y Tecnológica una página llamada cienciaporméxico.mx.

Lo que restaría únicamente sería desde luego incrementar el apoyo a la ciencia, a la tecnología para que estos repositorios, pues estén rebosantes de información científica y tecnológica desarrollada por nuestros muy creativos, nuestros muy curiosos y nuestros muy innovadores científicos que tenemos en todas las instituciones públicas de este país. Así que lo único que nos correspondería sería incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología para que verdaderamente esas bases estén repletas de mucha información, que es útil, se hace un buen trabajo, hay trabajos de primer nivel, habrá trabajos de primer nivel a disposición del público en general.

Y, bueno, el trabajo también será en hacer llegar mucho de este conocimiento de manera accesible, comprensible, a través de la divulgación científica a la mayoría de la población mexicana, para que conozca precisamente lo que están haciendo nuestros investigadores, nuestros científicos mexicanos.

Por tal motivo nos pronunciamos a favor del dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, General de Educación y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Martínez Rojas.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, conforme lo dispone el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron 431 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, con 431 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

ESPACIOS LABORALES ADECUADOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESPLAZADAS DE LAS INSTALACIONES DEL METRO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe del gobierno local a impulsar políticas y programas tendentes a generar espacios laborales adecuados para las personas con discapacidad desplazadas de las instalaciones del Metro

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, presentado por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80 y 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el martes 25 de febrero del 2014, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario. Nueva Alianza, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a impulsar políticas públicas y programas sociales tendientes a generar espacios labores adecuados para las personas con discapacidad desplazadas de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

2. En la misma sesión celebrada el martes 25 de febrero de 2014 fue turnado a la Comisión del Distrito Federal.

3. El miércoles 26 de febrero del año 2013, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura recibió la proposición con Punto de Acuerdo y con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada por la Comisión del Distrito Federal.

4. Con fecha del 25 de marzo de 2014, la Comisión se reunió para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen.

II. Contenido y objeto de la proposición en procedimiento legislativo.

El objeto de la proposición dictaminada, es solicitar acciones de parte del Gobierno del Distrito Federal, dirigidas a generar espacios laborales y sociales adecuados para las’ personas con discapacidad desplazadas de las instalaciones del Sistema del Transporte Colectivo Metro.

Se fundamenta la presente, proposición en el hecho de que personas con discapacidad han perdido su fuente de ingresos ante una decisión administrativa del Gobierno del Distrito Federal.

En su exposición de motivos la proposición en comento expone los siguientes argumentos:

1. El derecho al trabajo es un derecho humano que garantiza que todas las personas, no importando su sexo, color de piel, orientación sexual, devoción religiosa, origen étnico o grado educativo debemos acceder a una fuente de empleo digna, y la autoridad es la primera obligada en respetarlo y satisfacerlo por mandato constitucional.

2. Recientemente las autoridades capitalinas han implementado una serie de medidas u operativos para impedir que comerciantes informales vendan los productos que ofrecen dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, como son: andenes, escaleras, vagones, entre otros.

3. Las personas con discapacidad tienen el derecho al trabajo, no por una cuestión filantrópica sino porque cuentan con las habilidades para desarrollar las tareas que se les encomienden. Sin embargo, no se han desterrado las prácticas discriminatorias que atentan contra su dignidad. Muestra de ello fue la represión de que fueron objeto las personas ciegas o débiles visuales, el pasado martes 18 del presente mes, por los cuerpos policíacos en las estaciones de la línea 2, donde fueron detenidos y consignados, unos al Ministerio Público y otros al Juez Cívico.

4. Sorpresa e impotencia provoca en una parte de la sociedad ver la forma en que fueron tratadas estas personas por las fuerzas del orden: que a decir del proponente, fue un exceso, violentando el mandato constitucional contenido en el artículo Quinto que a la letra establece que:

“Ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo ilícitos.”

5. Los comerciantes invidentes no forman parte del acuerdo alcanzaron las autoridades del DF con 21 organizaciones de comerciantes ambulantes para que eviten ejercer esa actividad en el Metro dentro del cual los comerciantes invidentes no forman parte.

6. Es obligación ineludible del Estado mexicano generar, fomentar e instrumentar espacios laborales donde las personas con alguna discapacidad, sea auditiva, silente, visual u otra de cualquier naturaleza, tengan acceso a la justicia social procurando espacios que no representen mayor dificultad para el desempeño de las funciones o sus potencialidades productivas.

III. Proceso de análisis

1. Es loable el esfuerzo del Gobierno del Distrito Federal por hacer cumplir los ordenamientos en torno al comercio ambulante en las instalaciones Y vagones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como el esfuerzo por capacitar para el autoempleo a quienes están integrados en las 21 organizaciones de las personas conocidas como “vagoneros”.

2. Sin embargo, el proponente considera que no existen de parte del Gobierno del Distrito Federal acciones directas dirigidas a generar una alternativa de trabajo a las personas con discapacidades que obtenían sus ingresos de manutención familiar dentro del Metro.

3. Por lo tanto las acciones de gobierno por erradicar el comercio ambulantaje en el Metro, han afectado los ingresos económicos a las personas con discapacidad que asistían al Metro para obtener recursos para su sustento.

IV. Considerando que:

1. Las políticas para erradicar el ambulantaje en el Metro, realizadas por el Gobierno del Distrito Federal han dejado sin ingresos a decenas de personas con discapacidad que asistían regularmente a este medio de transporte.

2. En este mismo sentido, la Secretaria Técnica de la Comisión, tuvo conocimiento y atendió a un grupo de ciudadanos que acudieron a la misma, para exponer el caso del señor Abraham Díaz González, discapacitado con parálisis cerebral, que impulsa su silla de ruedas con un solo pie; y que busca una forma de sustento al vender diversas golosinas. EI14 de febrero del presente año, cuando se encontraba en la estación Pino Suárez de la línea 1 del Metro, fue abordado por elementos de la Policía Bancaria Industrial que le exigieron desalojar con rapidez el lugar.

3. Al no poder atender esa exigencia, fue manipulado, dando como resultado el que cayera de su silla. Además de este hecho, pretendían despojarle de la mercancía (Golosinas y peluches que portaba en sus piernas en una maleta) lo que ocasionó la indignación de usuarios del metro que circulaban en ese momento; quienes para protegerlo de los excesos de este cuerpo policiaco, lo resguardaron en uno de los locales autorizados en dicha estación.

Si bien, el asunto ya se está viendo con el área de Gobierno de la Jefatura del Distrito Federal, este suceso deja de manifiesto la falta de sensibilidad y capacitación de los cuerpos policiacos para respetar los derechos humanos de las personas, sobre todo los que tienen algún tipo de discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión del Distrito Federal resuelve: Es de aprobarse con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de:

Primero. Impulsar políticas públicas y programas sociales, tendientes a generar espacios laborales adecuados para las personas con discapacidad, que fueron desplazadas de las instalaciones del Sistema Colectivo Metro.

Segundo. Fortalecer la capacitación de los elementos de la Policía Bancaria e Industrial en el trato de personas y respeto a sus derechos humanos, sobre todo a las que tienen algún tipo de discapacidad.

Tercero. Se inicien las acciones tendientes a fincar responsabilidades a los servidores públicos que protagonizaron los hechos contra personas con discapacidad en los hechos ocurridos el 14 y 18 de febrero del presente.

Notas:

1 En total 71 personas la mayoría invidentes. De ellas 41 al Ministerio Público y 30 al Juez Cívico. Informó el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

2 Periódico La Jornada, miércoles 19 de febrero de 2014. Pág. 41

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan, Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera, José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández.»

CAMPAÑAS DE DIFUSION MASIVAS SOBRE LAS PENALIDADES FEDERALES A QUIEN COMETA EL DELITO DE PORNOGRAFIA INFANTIL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo para exhortar al jefe del gobierno local y diversas autoridades a realizar campañas de difusión masivas permanentes, que incluyan establecimientos mercantiles con el giro de café internet y papelería, sobre las penalidades federales a quien cometa el delito de pornografía infantil

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal, a instruir al procurador general de Justicia y al secretario de Seguridad Pública, a fin de que se realicen campañas de difusión masiva permanentes incluyendo establecimientos mercantiles con el giro mercantil de café internet y papelería, de las penalidades federales a quien cometa del delito de pornografía infantil, presentada por el diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la proposición con punto de acuerdo señalada, conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 20 de febrero de 2014, el diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 20 de febrero de 2014, con oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1401, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente relativo para su análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 25 de marzo de 2014, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal, se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el proponente señala que “se denomina pornografía infantil a toda representación de menores de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explicitas. Puede tratarse de representaciones visuales, descriptivas (por ejemplo en ficción) o incluso sonoras. El acceso a contenidos pornográficos en general ha evolucionado los distintos medios; literatura, fotografía, video, cine, DVD, dibujos de animación y en los últimos años Internet”.

3. Hace referencia a que “Internet” ha generado innumerables formas de permitir el intercambio de pornografía infantil, a través de grupos de noticias, foros o también con el uso de aplicaciones. En la actualidad, la producción comercial se limita a moverse al borde de lo permitido por la ley; imágenes eróticas y de desnudo, que están en el límite legal de lo sexualmente explicito”.

5. En la última década los niños y jóvenes tienen mucho más fácil acceso al internet. En cualquier establecimiento público (café internet) podemos encontrar a los muchachos o niños conectados chateando con sus amigos, interactuando información y la mayoría de ellos ya pertenecen a alguna red social. Lo cual destaca que los dueños de dichos locales comerciales desconocen o hacen caso omiso ya que son responsables del tipo de información o actividad que realicen mientras están rentando el servicio.

6. Señalando “que no se trata de prohibir el uso del internet o de las redes sociales. De lo que se trata es que se informe a la población en general de las penalidades que están vigentes para que se realicen las denuncias, averiguaciones y sentencias correspondientes a la infracción de la ley.

Se trata de que los adultos, quienes son responsables de los menores estén informados y adicionalmente podamos impulsar que tengan una mejor comunicación con los menores para que conozcan del tipo de información que buscan, las redes sociales a las que pertenecen, el tipo de personas con las cuales se relacionan”.

Por lo que concretamente propone que:

Primero. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a instruir al procurador general de Justicia y a la Secretaria de Seguridad Pública, a fin de que se realicen campañas de difusión masiva permanentes, incluyendo establecimientos mercantiles con el giro mercantil de café internet y papelería, de las penalidades federales a quien cometa el delito de pornografía infantil.

Segundo. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a establecer con los delegados de cada una de las demarcaciones territoriales; para que en alcance de sus facultades se implementen operativos permanentes para la detención de quienes resulten responsables de a cuerdo al Código Penal del Distrito Federal, en cuanto a pornografía infantil.

Tercero. Se exhorta a la Asamblea del Distrito Federal a que en el ámbito de su competencia legisle el texto correspondiente a pornografía, para evitar que se sigan cometiendo la conducta ilícita en virtud de que consideramos que tanto el Código Penal del Distrito Federal (artículo 188), así como la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, existe una laguna jurídica particularmente a las sanciones en cuanto a la comisión del delito de pornografía infantil.

II. Considerando que

1. En el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de la Organización de la Nacionales Unidas, en el artículo 34 señala:

Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.

2. De igual forma, establece que la encuesta “Hábitos de los usuarios de Internet en México 2013”, que presentaron la Asociación Mexicana de Internet y Televisa, señala que la distribución de usuarios de internet entre grupos de edad en 2013 fue de 6 a 11 años, e1 11 por ciento y la de 12 a 17 años de 22 por ciento.

Lo cual nos refleja que los usuarios de internet entre los 6 y 17 años ocupan el 33 por ciento de la población en México. En cuanto a las principales actividades online acceder a redes sociales ocupa el tercer lugar con el 82 por ciento, enviar y recibir mensajes instantáneos el 61 por ciento.

3. Que como lo señala el diputado Moreno, “de acuerdo con la información que proporciona la Asociación Mexicana de Internet y Televisa, en nuestro país la red social más utilizada sin duda es Facebook. En la cual cuando un menor desea registrarse para obtener una cuenta miente en su edad y con ello tiene acceso. Miles de menores lo hacen día con día. Algunos tienen el consentimiento de sus padres, pero la gran mayoría obtienen una cuenta sin que sus padres estén enterados de que dicho requisito (ser mayor de edad) es necesario. A lo anterior se suma que existen filtros para que el perfil sea restringido y no todo sea publicado, pero igualmente los menores, quienes están en una edad en la que desean ser populares no establecen éste tipo de filtros a fin de que su información personal como datos generales y fotografías sean vistas por cualquier usuario”.

4. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar que la proposición con punto de acuerdo cumple con los requisitos formales, hace suyas las preocupaciones y objetivos de la proposición, en el sentido de salvaguardar la integridad de los menores de pornografía infantil.

5. Debido a los constantes ataques de tipo sexual, al que se enfrentan los menores por engaños en las redes sociales, es necesario que los padres de familia se encuentren informados a que instancias judiciales deben acudir en caso de acoso o engaño de sus menores hijos.

6. Es pertinente que los afectados tengan conocimiento que los derechos de los niños están protegidos por la ley y que es necesario que si están siendo víctimas de algún acto delictivo de tipo sexual, acudan con las autoridades las cuales les van a brindar su apoyo de prevención y orientación sobre las acciones a realizar en caso de que sus menores hijos lleguen a tener contacto en redes sociales con personas desconocidas. Sin embargo, el Sistema Judicial en el Distrito Federal cuenta con lagunas legales respecto del delito de pornografía infantil, por lo cual debe legislarse al respecto para salvaguardar y garantizar los derechos fundamentales de las niñas y los niños en nuestra ciudad.

7. Es importante que los establecimientos mercantiles cuenten con propaganda visible, la cual contenga información sobre este tipo de delitos cibernéticos en materia de pornografía infantil, así mismo es obligación de todos los establecimientos que ofrezcan servicio de conexión a internet, mejor conocidos como cibercafés, instalar filtros y programas de cómputo para evitar el acceso de los menores de edad a sitios pornográficos.

8. Finalmente, esta dictaminadora considera que estas medidas pueden contribuir a alejar a la población joven de la pornografía y por lo tanto a evitar que sean víctimas de personas mal intencionadas que se valen de la red para hacer negocios ilícitos como lo es la explotación sexual infantil y la pornografía infantil que hacen de México uno los principales países señalados como productores de este tipo de material.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base en las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal y diversas autoridades a que realicen campañas de difusión masivas permanentes incluyendo establecimientos mercantiles con el giro mercantil de café internet y papelería; de las penalidades federales a quien cometa el delito de pornografía infantil

Primero. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a instruir al procurador general de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que se realicen campañas de difusión masiva permanentes incluyendo establecimientos mercantiles con el giro mercantil de café internet y papelería; de las penalidades federales a quien cometa el delito de pornografía infantil.

Segundo. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a establecer con los, delegados de cada una de las demarcaciones territoriales, para que en alcance de sus facultades se implementen operativos permanentes para la detención de quienes resulten responsables de a cuerdo al Código Penal del Distrito Federal, en cuanto a pornografía infantil.

Tercero. Se exhorta a la Asamblea del Distrito Federal a que en el ámbito de su competencia legisle el texto correspondiente a pornografía, para evitar que se sigan cometiendo la conducta ilícita en virtud de que consideramos que tanto el Código Penal del Distrito Federal (artículo 188), así como la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, existe una laguna jurídica particularmente a las sanciones en cuanto a la comisión del delito de pornografía infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Staffan, Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera, José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández.»

AUTOPISTA MANZANILLO-GUADALAJARA, TRAMO MANZANILLO-ARMERIA, EN COLIMA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT a difundir las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión hasta por 30 años de la autopista Manzanillo-Guadalajara, tramo Manzanillo-Armería, en Colima, para Promotora y Operadora de Infraestructura

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

A fin de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) a difundir las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión hasta por 30 años de la autopista Manzanillo-Guadalajara, tramo Manzanillo-Armería, en Colima, para Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra).

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158, 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 4 de marzo de 2014, Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a difundir las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión hasta por 30 años de la autopista Manzanillo-Guadalajara, tramo Manzanillo-Armería, en Colima, para Pinfra.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dictó trámite: “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante el oficio número DGPL 62-II-2-1534.

3. La junta directiva de la Comisión de Transportes acordó turnar la presente proposición con punto de acuerdo a la Subcomisión de Transporte Carretero de Pasajeros, para la elaboración del predictamen correspondiente.

Derivado de lo anterior, la Comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios al respecto e integrar el presente dictamen.

Contenido de la propuesta con punto de acuerdo

La diputada promovente menciona lo siguiente:

1. En México, la red de autopistas, igual que en otros países que cuentan con sistemas de carreteras de cuota, ofrece a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, consumo de combustible y desgaste de vehículos. Esta red es operada en el país por Caminos y Puentes Federales, organismo encargado de administrar, mantener y construir las autopistas de México.

2. Que las autopistas y los puentes de cuota han sido eje fundamental en el desarrollo económico del país durante los últimos 50 años, pues han integrado y comunicado a diversas zonas y regiones, lo que ha facilitado su comunicación con el resto del país y el intercambio de mercancías.

3. Que el tramo carretero Manzanillo-Armería es parte de la autopista Manzanillo-Guadalajara y se encuentra en uno de los polos del desarrollo más importante del país, por el puerto de Manzanillo, hoy considerado el puerto mexicano más importante en movimiento de carga contenerizada, además de que se importa gran cantidad de mercancías y también se exportan variada gama de productos nacionales. Por ello, la movilidad de los sectores productivos y sociales, especialmente los agrícolas y de pequeño comercio, son afectados gravemente por los altos costos que representa el peaje por este tramo carretero, que oscila entre un vehículo compacto y un camión doble remolque entre 119 y 600 pesos en apenas 46 kilómetros de carretera.

4. Que desde hace varios años ha persistido la gran expectativa ciudadana de bajar estos costos de peaje, pues los ingresos que reporta la empresa concesionaria, de acuerdo con el aforo aproximado que tienen, es de alrededor de 600 millones de pesos al año y un gasto mínimo de operación y mantenimiento.

5. Que la SCT, luego de perder un litigio promovido por la empresa concesionaria (Pinfra), con relación al tramo carretero de San Martin Texmelucan, en Tlaxcala, autorizó a dicha empresa que se le ampliara a 30 años más la concesión del tramo Manzanillo-Guadalajara, en el tramo de la autopista Armería-Manzanillo, en Colima.

6. Que pese a no contar con la transparencia de cuentas y manejo de información al respecto, cada 6 meses se aumenta el costo de peaje, como acaba de suceder la semana pasada, subiendo de 119 a 122 pesos, motivando que los usuarios utilicen la carretera libre, a pesar de ser riesgosa, por el intenso tráfico pesado que circula por ella, proveniente del puerto de Manzanillo.

7. La diputada promovente menciona que no se justifica bajo ningún argumento la carga de este peaje que no sólo es gravoso, por su costo y largo plazo sino que, además, se da en momento de especulaciones sobre la ampliación del momento de la concesión por razones ajenas al convenio original.

Por lo anterior, la diputada promovente propone exhortar al titular de la SCT a informar a la opinión pública sobre las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión hasta por 30 años, para Pinfra, de la autopista Manzanillo-Guadalajara, tramo Manzanillo-Armería, en Colima.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Coincidimos con la diputada promovente respecto a que la SCT revise las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión otorgada a Pinfra por el tramo de la autopista Manzanillo-Armería, en Colima.

Que la empresa concesionaria Pinfra fue autorizada a que se le ampliara a treinta años mas la concesión del tramo carretero de la autopista Armería-Manzanillo, en Colima, lo que aparentemente representa un alto grado de reclamos por los usuarios, pues no se justifica con ningún argumento la carga de este alto cobro de peaje, que no sólo es gravoso por su costo y largo plazo sino que se trata en momentos de especulaciones sobre la ampliación de la concesión por razones ajenas al convenio original.

Sin duda, el otorgamiento de ampliación de concesiones de infraestructura carretera en las autopistas que se tienen en toda la República Mexicana deja abierta la posibilidad para que la opinión pública emita cuestionamientos que pueden poner en entre dicho la confiabilidad de los órganos de gobierno, por lo que en este caso es necesario que el gobierno federal responda por estos hechos.

Derivado de lo anterior, la comisión dictaminadora considera importante que el gobierno federal informe a esta Cámara respecto de las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión mencionada.

Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Transportes se pronuncian a favor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno federal, a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, a informar a esta soberanía sobre las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión hasta por 30 años, para Promotora y Operadora de Infraestructura, de la autopista Manzanillo-Guadalajara, tramo Manzanillo-Armería, en Colima.

México, DF, a 27 de marzo de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

PLAZAS DE COBRO NUMEROS 60, RODOLFO ROBLES; Y 85, LUIS CABRERA, EN CARRETERAS DE CHIAPAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se solicita a Capufe que investigue por el Órgano Interno de Control supuestos casos de corrupción en las plazas de cobro números 60, Rodolfo Robles; y 85, Luis Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Para solicitar a Capufe que a través del órgano interno de control se investiguen los supuestos casos de corrupción que se presentan en las plazas de cobro números 60 Rodolfo Robles y 85 Luis Cabrera, así como la subgerencia de operación de la gerencia de Chiapas.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción VI, 81 numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás  aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen,

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 4 de febrero de 2014, el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar a Capufe, para que a través del órgano interno de control, se investiguen los supuestos casos de corrupción que se presentan en las plazas de cobro números 60 Rodolfo Robles y 85 Luis Cabrera, así como la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-2-1116.

3. La junta directiva de la Comisión de Transportes acordó turnar la presente proposición con punto de acuerdo a la Subcomisión de Transporte Carretero de Pasajeros, para la elaboración del predictamen correspondiente.

Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Contenido de la propuesta con punto de acuerdo

El presente punto de acuerdo, tiene el objeto de fomentar la transparencia y con ello, hacer más eficiente la obra pública. Asimismo, cabe mencionar que el apartado de transparencia se encuentra contemplada en el Código de Conducta de Capufe, que a la letra cita: “Transparencia”: Garantizare el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga interés público y los derechos de privacidad de particulares, establecidos por la Ley, así como el uso y aplicación transparente de recursos público, fomentando su manejo responsable y eliminando su indebida discrecionalidad”.

Tomando en cuenta que Caminos y Puentes Federales (Capufe) es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyas funciones básicas son:

1. Conservar, reconstruir, mejorar, administrar y explotar por si o a través de terceros los caminos y puentes a su cargo.

2. Administrar caminos y puentes federales concesionados mediante la celebración de convenios correspondientes.

3. Coadyuvar a solicitud de la SCT en la inspección de carreteras y puentes federales concesionados y, en su caso, en la operación de estos últimos, así como en la ejecución y operación del Programa de Caminos y Puentes Concesionados.

4. Participar en los proyectos de inversión y coinversión con los particulares, para la construcción y explotación de vías generales de comunicación bajo el régimen de concesión.

Que tiene por objeto:

1. Asegurar la calidad en la prestación de los servicios y la satisfacción a sus clientes y usuarios.

2. Operar en un marco de transparencia, legalidad y ética.

3. Contar con el personal de excelencia profesional y humana.

4. Hacer más eficiente la administración y el uso de los recursos institucionales hacia el logro de resultados.

5. Atender los requerimientos asociados con el medio ambiente y las necesidades sociales.

Capufe deberá velar en la erradicación de actos de corrupción que impidan dar certeza en el desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus objetivos, así como de la misión señalada en su Código de Conducta, que a la letra dice:

 “La misión de Capufe se desglosa en los siguientes ejes:

• Entender y atender permanentemente las necesidades de usuarios y clientes de caminos y puentes de cuota.

• Adoptar la transparencia, la legalidad y la ética en las prácticas institucionales.

• Atraer y desarrollar personal con alta convicción del servicio público y deseo de superación.

• Operar con eficiencia y eficacia.

• Promover la sustentabilidad social y ambiental.”

No obstante lo anterior, el diputado promovente tiene conocimiento de supuestos actos de corrupción que se vienen presentando en las Plazas de Cobro números 60 Rodolfo Robles y 85 Luis Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas, mismo que versan sobre:

• Venta de combustible por parte de servidores públicos a usuarios

• Extorción por parte de los administradores de las Plazas de Cobro números 60 y 85.

• Cobro de porcentajes de licitaciones por parte del Subgerente de Operación de la Gerencia de Tramo de Chiapas.

• Faltantes de ingresos.

• Ocupación de plazas sin cumplir el perfil establecido para ello.

Aunando a lo anterior, el propio Legislador tiene conocimiento de una denuncia interpuesta por parte de la empresa denominada Inmobiliaria y Constructora de Chiapas ICCSA, SA de CV, a través de su apoderado legal, por el incumplimiento de un contrato de obra pública a precio unitario y tiempo determinado que tiene el objeto de los trabajos de ampliación de instalaciones administrativas en las plazas de cobro número 179, Las Choapas km 16+900; 181, Mal Pasito km 112+200 y 182; Ocozocoautla km 182+200 del camino directo Las Choapas-Raudales-Cozocoautla y que por el cual se le cobro un porcentaje del cobro del contrato.

Comenta que dadas las supuestas actividades ilícitas que se vienen presentando contrarias a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal y del Código de Conducta de Capufe, siendo estos los ordenamientos en los que se establece el actuar de los servidores púbicos.

Consideraciones de la comisión

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con el diputado promovente en que todos los funcionarios públicos deben ser respetuosos de la legalidad, honradez y eficacia en el manejo de los recursos que tienen a su disposición por cuenta de la Federación.

Que la administración de los recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por parte de los empleados de Capufe en las casetas de cobro ubicadas en las diferentes plazas que se tienen instaladas para tal fin, debe realizarse con transparencia y  deberá velar en la erradicación de actos de corrupción que impidan dar certeza en el desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus objetivos, conforme a los principios de su Código de Conducta.

Que el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Sección II Chiapas, alude que existen una serie de irregularidades en el desempeño de funciones de diversos servidores públicos, en el que existen videos en los cuales algunos funcionarios públicos aparecen pidiendo dinero por una licitación.

Se considera que el Órgano Interno de Control de Capufe, es la autoridad competente para conocer e investigar las denuncias de irregularidades que se presentan en dicho organismo, por lo que es importante modificar el Punto de Acuerdo en el sentido de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que presente denuncia ante dicho organismo e investigar hechos que el diputado promovente denuncia.

Por todo lo anterior y dadas la supuestas actividades ilícitas que se vienen presentando y que van en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal y del Código de Conducta de Capufe, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Transportes, se pronuncian a favor de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de la Función Pública, investigue los casos de corrupción denunciados constantemente en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y tome las medidas correspondientes para sancionar a los funcionarios públicos que no se manejen de manera legal, honrada y con eficacia en el manejo de los recursos que tienen a su disposición por cuenta de la federación.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presente denuncia al Órgano Interno de Control de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se investiguen los casos denunciados de corrupción en las Plazas de Cobro números 60 Rodolfo Robles, y 85 Luis Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas, e informe a esta soberanía respecto de los resultados de la misma.

México, DF, a 27 de marzo de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Asueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

CARRETERAS MEX-140, TRAMO XALAPA-VERACRUZ, Y MEX-180

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a solucionar por la SCT el colapso del puente Tamaca y reanudar los trabajos para terminar el paso superior Tamaca, en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz, y Méx-180

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que solucione a la brevedad colapso del puente Tamaca y se reinicien los trabajos para la terminación del paso superior de Tamaca en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz y la carretera Méx-180m.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4, y demás  aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 27 de febrero de 2014, el diputado Rafael Acosta Croda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que solucione a la brevedad colapso del puente Tamaca y se reinicien  los trabajos para la terminación del paso superior de Tamaca en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz y la carretera Méx-180m.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-2-1211.

3. La junta directiva de la Comisión de Transportes acordó turnar la presente proposición con punto de acuerdo a la Subcomisión de Transporte Carretero de Pasajeros, para la elaboración del predictamen correspondiente.

Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios e integrar el presente dictamen.

Contenido de la propuesta con punto de acuerdo

El diputado promovente menciona que el puente Tamaca que desde hace seis años se construye como parte del libramiento Veracruz-San Julian-Tamaca Paso del Toro-Boca, se franqueo en su construcción hasta derrumbarse en un extremo, constituyéndose en un severo riesgo para todo aquel vehículo que circule por la lateral.

Dicha obra tiene como objetivo construir un paso a desnivel que permita agilizar el congestionamiento vehicular que se genera principalmente por el alto aforo del transporte de carga.

Esta obra se ubica cerca de las comunidades de Santa Fe y Villarín en el municipio de Veracruz, dicho proyecto inicio desde la pasada administración y sin embargo el diputado promovente menciona que hasta la fecha sigue inconcluso.

Denuncia, que la problemática se focaliza en que los muros de tierra compactada que sostienen los aproches de acceso al puente colapsaron, ocasionando que se obstruyera el carril de circulación de norte a sur en el sentido de Santa Fe a Paso del Toro.

Asevera, que la afectación que sufrió el puente equivale a más de 60 metros de longitud de la estructura en construcción que se colapso, al debilitarse los fragmentos de concreto que se ubican en la parte más alta del puente, saliéndose de la tierra compactada.

Comenta, que es probable que la estructura no soportara el peso de la tierra, en el carril que va hacia Paso del Toro el cual quedo invadido por la tierra y las piezas de concreto, destruyéndose aproximadamente 100 metros del puente. Esta situación no deja de ser preocupante, ya que esta vía es altamente transitada por el transporte de carga y pasajeros.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2014, se le asignaron para el proyecto del puente de Tamaca, 25 millones de pesos, de un monto total de 160.8 millones de pesos, dicho proyecto cuenta con clave de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 10096500058.

Cabe destacar que la obra tiene una inversión acumulada de 141 millones de pesos, que representan el 85 por ciento de los recursos presupuestados para su terminación.

Actualmente, comenta el Legislador que la obra representa un riesgo, pues se trata de una obra en proceso, ante el suceso aquí descrito, los vehículos circulan por un costado del puente, con el peligro que ella representa.

Con lo señalado, considera que es necesario que se realicen estudios técnicos en materia de mecánica de suelos, topográficos, cimentación, construcción, etc., para determinar la situación del puente, así como fincar responsabilidades sobre quien resulte responsable en  la ejecución de la obra.

Propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, lleve a cabo la supervisión y evaluación de la obra, ya que es preciso se dé pronta solución al colapso del puente Tamaca y se reinicien los trabajos para la terminación del libramiento Veracruz-San Julián-Tamaca-Paso del Toro-Boca del Río en Veracruz.

Asimismo, considera urgente que la Auditoría Superior de la Federación atienda el reclamo de los veracruzanos y de su servidor, para que de inmediato lleve a cabo una auditoría de la citada obra, a fin de fincar responsabilidades sobre quienes resulten responsables por los hechos suscitados y a la falta de terminación del proyecto.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Sin duda, se trata de una obra de infraestructura carretera con paso a desnivel que tiene por objeto comunicar dentro del Estado de Veracruz, el puente Tamaca y se reinicien los trabajos para la terminación del libramiento Veracruz-San Julián-Tamaca-Paso del Toro-Boca del Río.

Este puente como ya lo describió el Diputado promovente, tiene seis años y se entre las comunidades de Santa Fe y Villarín en el municipio de Veracruz, sin embargo hasta la fecha sigue inconcluso, esta Comisión considera que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias lo sucedido al puente Tamaca.

Asimismo, se considera incluir como medida de protección el que se instalen los elementos que permitan conocer con anticipación el comportamiento y la estructura y evitar posibles accidentes.

Es preciso mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2014, se asignaron para el proyecto del puente Tamaca, 25 millones de pesos de un monto total de 160.8 millones de pesos, de los cuales es importante que se investigue a través de una auditoría, como fueron utilizados dichos recursos federales para la realización de la obra.

Estamos de acuerdo con el diputado promovente que considera que es necesario que se realicen estudios técnicos en materia de mecánica de suelos, topográficos, cimentación, construcción etc. Para determinar la situación del puente así como fincar responsabilidades sobre quien resulte responsable.

Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera modificar la proposición con punto de acuerdo para adecuar lo anteriormente mencionado.

Por lo expuesto, las diputadas y los diputados de la Comisión de Transportes, exponemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación de los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que solucione a la brevedad el colapso del puente Tamaca y se reinicien los trabajos para la terminación del paso superior Tamaca en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz y la carretera Méx-180.

Asimismo, se instalen los elementos que permitan conocer con anticipación el comportamiento de la estructura y evitar posibles accidentes.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, para que lleven a cabo una auditoría a la obra paso superior Tamaca en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz y la carretera Méx-180, y se finquen responsabilidades a quien resulte responsable por el colapso del puente Tamaca debido a la falta de supervisión técnica.

México, DF, a 27 de marzo de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

CASETA DE COBRO 045, EN FORTIN DE LAS FLORES, ENTRE CORDOBA Y ORIZABA, VERACRUZ

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la SCT a eliminar la caseta de cobro 045, en Fortín de las Flores, entre Córdoba y Orizaba, Veracruz

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se elimine la caseta de cobro 045, ubicada en el municipio de Fortín de las Flores, entre las ciudades de Córdoba y Orizaba, Veracruz.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción VI, 81 numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 13 de septiembre de 2012, el diputado Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y a Banobras para que, con fundamento en sus atribuciones legales procedan a la eliminación de la plaza de cobro 045, ubicada a la altura del municipio Fortín de las Flores, entre las ciudades de Córdoba y Orizaba en Veracruz.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “túrnese a la Comisiones Unidas de Transportes, y de Hacienda y de Crédito Público para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-7-18.

3. La junta directiva de la Comisión de Transportes acordó turnar la proposición con punto de acuerdo mencionada a la Subcomisión de Transporte Carretero de Pasajeros, para la elaboración del predictamen correspondiente.

4. Dicho punto de acuerdo, precluyó por no haberse dictaminado en el primer periodo ordinario del primer año de la LXII Legislatura, sin embargo, esta comisión dictaminadora considera pertinente el análisis de éste para la elaboración del presente dictamen.

5. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 7 de marzo de 2013, el diputado Juan Manuel Diez Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, para que con fundamento en sus atribuciones, se proceda a la eliminación de la caseta de cobro 045 situada en el municipio de Fortín de las Flores entre las ciudades de Córdoba-Orizaba.

6. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “túrnese a la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-2-486.

7. La junta directiva de la Comisión de Transportes acordó turnar la proposición con punto de acuerdo mencionada a la Subcomisión de Transporte Carretero de Pasajeros, para la elaboración del predictamen correspondiente.

8. Dicho punto de acuerdo, precluyó por no haberse dictaminado en el segundo periodo ordinario del primer año de la LXII Legislatura, sin embargo esta comisión dictaminadora considera pertinente el análisis del mismo para la elaboración del presente dictamen.

9. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 11 de febrero de 2014, el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes a fin de que se elimine la caseta de cobro 045, situada en el municipio de Fortín de las Flores, entre Córdoba y Orizaba, Veracruz.

10. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-2-1446.

11. La junta directiva de la Comisión de Transportes acordó turnar la presente proposición con punto de acuerdo a la Subcomisión de Transporte Carretero de Pasajeros, para la elaboración del predictamen correspondiente.

Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios e integrar el presente dictamen.

Contenido de la propuesta con punto de acuerdo

Los diputados promoventes mencionan, en su propuesta, que en la actualidad la zona metropolitana de Orizaba presenta un incremento en su desarrollo económico, cultural, social y poblacional, así como la zona metropolitana de Córdoba, la cual a la par, ha elevado sus índices de desarrollo, ante tal situación menciona que es primordial tomar la decisión de eliminar la caseta de cobro 045 situada en el municipio de Fortín de las Flores, con la finalidad de que las zonas cuenten con un tramo carretero libre de cobro, para contribuir a potencializar el desarrollo que se está presentando en la región de Córdoba – Orizaba.

Mencionan que hace mas de 40 años, en el municipio Fortín de las Flores se ubicó una caseta de cobro, la cual desde el instante de su instalación ha representando para la región un problema tanto en su desarrollo como en su movilidad. Durante este tiempo las autoridades han conocido de la problemática, sin embrago, continúan permitiendo que crezca el taponamiento dificultando con ello el tránsito de personas y bienes.

Enuncian un recuento de la lucha emprendida para lograr la eliminación de la caseta de Fortín. En 1997, diferentes organizaciones de las sociedad y de los organismos productivos, se manifestaron por los causes legales a fin de que las autoridades de Hacienda, y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), examinaran una solución que permitiera resolver la demanda social, relativa a la eliminación de la caseta de cobro ubicada a la altura del municipio de Fortín de las Flores, entre las ciudades de Córdoba y Orizaba.

Aseveran que en mayo de 2002, se realizó una reunión entre senadores y diputados federales del estado de Veracruz integrantes de la LVIII Legislatura, con el entonces director general de Caminos y Puentes Federales, Manuel Zubiría y Maqueo así como representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la sociedad civil de Córdoba y Orizaba con la finalidad de conocer la problemática que representa la caseta de cobro 045 el Fortín.

El mencionado director general de Capufe, señaló que tanto la dependencia a su cargo como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconocían su solicitud, pero no podían proceder a la eliminación de la caseta toda vez que con ello el gobierno federal estaría perdiendo importantes recursos fiscales, ante tal situación se planteo, una solución que consiste en trasladar a partir de un estudio técnico y financiero, el costo de la caseta 045 el Fortín, a las casetas ubicadas en Esperanza y Cuitlahuac, la cual no fue objetada por las autoridades.

Para el 27 de mayo de 2002, el entonces subdirector de Supervisión de Capufe, Francisco Velazco Durand, llevó una reunión de trabajo con los alcaldes de Córdoba y Orizaba, y organizaciones sociales y empresariales, en dicha reunión se comprometió a la desaparición de la caseta 045 de Fortín, subrayando que Capufe no tenía objeción técnica alguna.

Los diputados promoventes mencionan que la autopista Orizaba-Córdoba inició operaciones el 29 de diciembre de 1969, la cual forma parte de la ruta Veracruz-México y cuenta con una longitud de 18 kilómetros, comunicando los municipios de Amatlan, Atoyac, Atzacán, Ciudad Mendoza, Cuitláhuac, Córdoba, Fortín, Huilopan, Ixhuatlancillo, Ixtazoquitlán, La Perla, Mariano Escobedo, Naranjal Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco, el tránsito diario promedio anual (TDPA) es un estimado de 37 mil vehículos. Actualmente, la cuota de la caseta es de 12 pesos para las motocicletas, 24 pesos para  automóviles y camionetas, de 60 para autobuses, y de 100 a 135 pesos para camiones pesados dependiendo de los ejes que posean.

Comentan que el tramo carretero que va de Orizaba-Fortín su costo es de 10 pesos para motocicletas, automóviles y camioneta, de 32 para autobuses y de 31, 61 y 90 para camiones pesados, considerando que este costo representa un gasto considerable elevado, tomamos en cuenta el tiempo que se invierte en cruzar la caseta, el cual es excesivo derivado de que los habitantes de los municipios y comunidades aledañas deben cruzar frecuentemente por ella, en ocasiones en más de cuatro ocasiones al día.

Por ello, aseveran que resulta trascendental la eliminación de la caseta de Fortín 045, ya que dicha caseta, significa un incremento sobre el gasto de los pobladores, además de acortar las condiciones comerciales, industriales, y educativas de las zonas metropolitanas de Orizaba y Córdoba, en el sentido de que tanto estudiantes como profesionistas que todos los días transitan por esa vía, ven una afectación en su bolsillo.

Los diputados promoventes, comentan que los habitantes continúan con su exigencia ante las diversas autoridades, a fin de obtener resultados positivos, en este sentido, como su representante popular nos sumemos a la demanda social. Por tal motivo, presentamos la presente proposición con punto de acuerdo, para que se proceda a la eliminación de la caseta de cobro 045 ubicada en el municipio de Fortín de las Flores.

Consideraciones

Derivado del estudio del presente asunto, esta comisión considera tomar en cuenta las proposiciones de los diputados Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentado el jueves 13 de septiembre de 2012 y el diputado Juan Manuel Diez Francos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentado el jueves 7 de marzo de 2013.

Esta comisión dictaminadora coincide con los legisladores promoventes respecto de beneficiar a los pobladores que viven cerca de la caseta Fortín 045, en vista de que su posición significa un gasto excesivo para los mismos, acota condiciones comerciales, industriales y educativas de las zonas metropolitanas de Orizaba y Córdoba, afectando a estudiantes y profesionistas que todos los días transitan por esta vía.

Asimismo, esta comisión está a favor de que la autoridad competente analice el estudio elaborado por Caminos y Puentes Federales en el 2002, dando su visto bueno respecto de cerrar la caseta 045, subiendo el costo de peaje de las casetas próximas como son la número 27 “Esperanza” y número 116 “Cuitlahuac”, enviando oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que a la fecha no se ha tenido respuesta y los pobladores de la región siguen afectando su bolsillo de forma significativa.

Esta comisión dictaminadora considera que las autoridades correspondientes, conforme a sus respectivas competencias, analicen la problemática que viven los pobladores aledaños a la caseta de cobro 045, ubicada en el municipio de Fortín de los Flores, Veracruz, y tomen las medidas necesarias en beneficio de los pobladores, derivado de lo anterior se realizaron modificaciones de forma y fondo a la redacción de la proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de adecuar y darle más claridad al asunto a dictaminar.

Por las consideraciones anteriores, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, se pronuncian a favor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Comunicaciones y Transportes, conforme a sus respectivas competencias, se analice la problemática que viven los pobladores cercanos a la caseta de cobro 045, ubicada en el municipio de Fortín de las Flores, entre las ciudades de Córdoba y Orizaba, del estado de Veracruz, y se tomen las medidas necesarias en beneficio de dicha población.

México, DF, a 27 de marzo de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobados. Comuníquense.

DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL AUTISMO

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden día son comentarios relativos al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados. En primer término el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 2 de abril conmemoramos el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, para tomar conciencia sobre este padecimiento y hacer una profunda reflexión sobre las acciones que los distintos niveles de gobierno deben emprender en favor de las personas que se encuentran en esta condición.

La iniciativa impulsada desde la Organización de las Naciones Unidas en 2007 tuvo como principio el noble propósito de sensibilizar a la población y crear conciencia respecto a uno de los padecimientos con mayores índices de crecimiento en la población mundial.

Los trastornos del espectro autista o autismo se caracterizan porque los pacientes muestran dificultades para interactuar y comunicarse, así como por mostrar actitudes repetitivas y restringidas, padecimiento que los aísla y son condicionantes para una discapacidad de por vida.

Es importante destacar que la Clínica Mexicana de Autismo reportó en 2011 que México tenía 115 mil niños con autismo, población casi similar a quienes padecen el síndrome de Down, que alcanza los 150 mil casos.

Es urgente emprender acciones que contrarresten los efectos de esta condición de discapacidad, pues tan sólo en 2011 nacieron 25 mil 862 niños con algún trastorno del espectro autista.

Es necesario que desde la Secretaría de Salud se destinen recursos humanos, económicos y materiales para atender estos padecimientos y ofrecer tratamientos preventivos y reactivos.

Nueva Alianza propone evitar todo tipo de exclusión para las personas con autismo durante todas las etapas de su vida. Es decir, desde la niñez, juventud y adultez, es decir, garantizar de manera integral sus derechos.

Congruentes con este principio, este 1 de abril presentamos a la consideración de esta Legislatura un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a crear programas de capacitación dirigidos a este sector de nuestra población.

Al mismo tiempo, exhortamos al Servicio Nacional de Empleo, para que celebre convenios con empleadores, con el propósito de contratar, de acuerdo a sus capacidades, a las personas con autismo.

Compañeras y compañeros, aprobar este tipo de propuestas significa reconocer que las personas con autismo y quienes tengan alguna discapacidad, al igual que todos los ciudadanos deben disfrutar de todo los derechos humanos y libertades, fundamentalmente los que reconoce nuestra Constitución.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos que las afectaciones de estos padecimientos repercuten en la sociedad en su conjunto, y para los pacientes se traducen en inadecuados niveles de acceso a la educación, superación, desarrollo personal de vida y de empleo. Situación que se agrava aún más, porque no se cuenta con las condiciones necesarias y suficientes en la infraestructura y equipamiento escolar, así como también no se han dispuesto programas pertinentes para especializar a los maestros para el tratamiento correcto y adecuado a las personas que tienen estos trastornos, y contribuir de esta manera a impulsar la cultura de la integración y la inclusión.

Consideramos urgente que México tenga un área de investigación para avanzar en la detección, tratamiento y manejo de los pacientes del trastorno del espectro autista.

Por eso hoy, en esta fecha, es importante hacer un llamado para que sumemos voluntades para atender este problema, el cual sin un tratamiento adecuado castiga al paciente y a las familias mexicanas. No debemos permitir que esto siga ocurriendo, es nuestra responsabilidad como legisladores. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado José Angelino Caamal Mena.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, plantel Nezahualcóyotl. Así como alumnos de la carrera de derecho de la Universidad República Mexicana, invitados por el diputado Daniel Ordoñez Hernández.

A estudiantes de la licenciatura en ciencias de la seguridad, de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar.

En este recinto igualmente se encuentra un grupo de comerciantes y empresarios irapuatenses, invitados por el diputado Alejandro Rangel Segovia. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

A continuación, tiene el uso de la voz la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el 2 de abril ha sido declarado como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.

En México no se tienen cifras precisas. Sin embargo, se calcula que existen aproximadamente 45 mil niños con autismo. El autismo o el trastorno del espectro autista, como se le conoce técnicamente, es considerado un trastorno del desarrollo que se manifiesta en los primeros tres años de vida.

Se caracteriza por ser congénito y afectar la comunicación, las relaciones sociales, las relaciones afectivas, así como las capacidades educativas convencionales. En este sentido, las dificultades relacionadas al autismo son padecidas por niños y por todos los miembros de la familia.

Un niño que presenta autismo requiere de cuidados especiales, sistema de educación especializada y tratamiento médico, elementos que demandan tiempo y dinero, el cual no siempre es suficiente en las familias.

Aunado a ello, la sociedad no ha generado de forma eficiente y suficiente los apoyos y las culturas de integración necesarios para que las personas con este trastorno logren acceder a una buena calidad de vida.

Es por ello que detectarlo de forma oportuna permite mejorar la calidad de vida de los niños y de las familias, así como el disminuir los costos económicos y sociales que trae consigo.

El autismo es considerado una capacidad diferente. En este sentido, la integración de las personas con este trastorno a la sociedad se debe procurar atendiendo a dicha condición. Una persona con autismo puede realizar una vida independiente, integrada a la sociedad, si tiene la atención médica, el seguimiento necesario y las condiciones apropiadas para desarrollar sus capacidades individuales.

Más aún, las personas con autismo desarrollan habilidades no convencionales, en algunos casos desarrollan una gran capacidad memorial, en otros una creatividad de expresión artística y plástica, en otras la capacidad de abstracción y análisis numérico y muchos más, lo que les permite realizar trabajos especializados y destacarse en áreas artísticas y culturales.

Por ello, al dedicar un día a la concientización sobre el autismo, nos permite valorar el esfuerzo individual de las personas y sus familias por tener una vida digna, así como del papel que juega la sociedad en la integración de las personas con capacidades diferentes, en general, y de las personas con autismo, en particular.

Aún tenemos un camino por delante, y en materia de integración y cultura social aún existen estigmas contra las personas con capacidades diferentes, aún existe discriminación social, laboral, educativa, económica. Terminar con ella y transitar a una sociedad incluyente y humanista es una tarea que debemos cumplir.

En ese camino, debemos hacer un reconocimiento expreso a la sociedad civil y sus organizaciones que trabajan y pugnan por defender los derechos humanos e integrar a las personas con discapacidad y a las personas con autismo a la vida cotidiana.

Es por ello que debemos caminar de forma conjunta políticos, sociedad civil y organizaciones para lograr los acuerdos y las políticas públicas necesarias en la materia, que permitan integrar a las personas con autismo a la vida del país en las mejores condiciones y con el mayor de los respetos.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se une a esta noble causa, aquí, desde la tribuna, como en nuestro quehacer cotidiano con el pueblo, para poder lograr una sociedad incluyente, plural, democrática y humanista. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Martínez Santillán. A continuación tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la calidad de vida de una comunidad se mide, en gran parte, por el compromiso en el cuidado de los más débiles y más necesitados, y en el respeto a su dignidad de hombres y mujeres.

El mundo de los derechos no puede ser solo prerrogativa de los sanos. Incluso la persona con una discapacidad deberá ser ayudada a participar, en la medida de lo posible, en la vida de la sociedad, como también ayudada a poner en práctica todo su potencial físico, psíquico y espiritual.

“Solo mediante el reconocimiento de los derechos de los más vulnerables una sociedad puede decir que se fundamenta en el derecho y en la justicia”, Karol Wojtyla.

A lo largo del tiempo, y en diversos entornos socioeconómicos, la discapacidad se ha definido como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad, es un síndrome caracterizado por el aislamiento del individuo.

Para los niños con autismo, los déficits en los bloques de construcción sensoriales para el lenguaje y la comunicación, en última instancia, pueden obstaculizar las habilidades sociales y de comunicación, presentándose, por lo general, en un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad.

Hay una enorme cantidad de esfuerzo y energía volcados en el tratamiento de niños con autismo, pero prácticamente nada de ello se basa en una sólida investigación empírica ligada a la función sensorial.

Si podemos solucionar este déficit en la función sensorial temprana, se podrían ver beneficiados en el lenguaje, la comunicación y las interacciones sociales.

Por otro lado, el funcionamiento sensorial también cambia en discapacidades del desarrollo, como la dislexia y la esquizofrenia. También tienen un gran agrandamiento en un área conocida como la ventana de la unión temporal, presentando el cerebro problemas para asociar los acontecimientos visuales y auditivos que suceden dentro de un cierto periodo de tiempo.

Los niños con autismo tienen dificultades para procesar la entrada simultánea por los canales audiovisuales, es decir, que se encuentran con problemas para integrar la información simultánea de sus ojos y sus oídos, es como si estuvieran viendo una película extranjera que está mal doblada, las señales auditivas y visuales no coinciden en sus cerebros.

Se estima que aproximadamente 150 millones de niños en todo el mundo viven con autismo y que el 80 por ciento de ellos se encuentra en países en vías de desarrollo. La gran problemática es que en la mayoría de los casos estos niños no reciben el tratamiento que necesitan y muchos son discriminados.

A menudo la discapacidad de un niño es seguida por su marginación en la sociedad, pues tan solo alrededor de un 2 por ciento de éstos tienen acceso a la educación, sobre todo se trata de un hecho evidente en los países en vías de desarrollo donde la mayoría de los niños con discapacidad son analfabetas y viven totalmente aislados del resto de la sociedad.

Aún es considerada una condición que viven unos cuantos, por cierto sin contemplar, sin establecer políticas públicas para quienes viven con el padecimiento y sus familias, y por lo tanto sin tratamiento ni terapias para los niños afectados que les garanticen integración social y atención médica y educativa.

El pasado 2 de abril fue el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y se han realizado algunas conmemoraciones para sensibilizar y generar comprensión en la sociedad, sin embargo solo escuchamos o decimos de las autoridades la importancia, las características y los riesgos, pero desgraciadamente todavía no se logra posesionar como un trastorno ante sus ojos y además un verdadero problema de salud pública de atender con urgencia.

Por ello necesitamos acciones contundentes, que solucionen a fondo la problemática de los más vulnerables; digno de reconocer la Clínica de Niños Autistas del municipio de Santa María Huatulco.

Consciente de lo anterior, el de la voz presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para emprender una campaña de detección del autismo en fase primaria para lograr mejores resultados en su tratamiento, en fecha 27 de marzo del presente año, el cual compañeras y compañeros, les solicito que sea aprobado a la brevedad en conciencia y en urgencia para poder atender a nuestras hermanas y hermanos con autismo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Coronato Rodríguez. A continuación tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Antonio Cuéllar Steffan.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Gracias, diputado presidente. Estimadas compañeras y compañeros diputados, los muros de la Cámara se iluminaron de azul la semana pasada; quiero pensar en este color como una muestra de paz, de sensibilidad, de reflexión y de auténtica solidaridad. Un símbolo de unificación partidaria en torno de un problema que concierne a toda nuestra sociedad por igual.

¿Discapacidad o genialidad? ¿Impedimento o espiritualidad? El autismo se clasifica desde un punto de vista médico, pero se soslaya desde la limitada perspectiva de nuestra dimensión corporal. El autismo, al igual que el resto de las enfermedades de la mente humana, constituye un elemento que diferencia el comportamiento ordinario de un ser humano con relación al resto, pero que no por ello lo hace menos valioso ni mucho menos lo convierte en un ser inferior con relación al cúmulo de prerrogativas y derechos que a todo ser le corresponde por el solo hecho de existir. La comprensión del autismo encierra en sí misma un gran reto no para el individuo autista, sino para todos los que lo rodeamos.

Contar con un Día Mundial para la Concientización sobre el Autismo, brinda la oportunidad para honrar la creatividad de las personas con trastornos del efecto autista y renovar nuestro compromiso de ayudarlas a realizar su gran potencial. Esas fueron las palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que hoy suscribimos y que nos motivan a emprender nuevos esfuerzos en pos de la cultura de la inclusión y de la tolerancia, como vía justa para lograr el desarrollo armónico de una nación más moderna y plural.

La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un grave impacto en los niños y sus familias. Se dice que la frecuencia de este trastorno ha alcanzado alrededor de 60 por cada 10 mil personas.

La familia es el núcleo de nuestra sociedad. La familia que se integra con un miembro autista debe ser un centro de atención en el que los valores de fraternidad y comprensión que naturalmente emergen entre ellos, trasciendan de manera ejemplar hacia el resto de nuestra sociedad.

Algunos de los síntomas más característicos que presenta el autismo son el aislamiento, el contacto visual fugaz, la obsesión por el orden, anomalías en el lenguaje, el rechazo al contacto físico, el apego inapropiado a objetos, hiperactividad o hipoactividad, la incapacidad de interrelacionarse socialmente, la falta de capacidad imaginativa, la ecolalia —entendiéndose por ésta la repetición de palabras o frases—, la complejidad o ausencia de reconocimiento de los sentimientos de los demás.

Pero qué pusilánime sería nuestra visión si sólo apreciáramos que las personas con autismo son distintas de nosotros en función de carecer de características consideradas “normales” por su convencionalidad. Veámoslo también desde esta otra perspectiva. Las personas con autismo pueden ser súper dotadas en la comprensión del espacio físico, el arte, el manejo de los números y el amplio pensamiento abstracto.

Albert Einstein, Isaac Newton, Mozart, Beethoven, Immanuel Kant y Hans Christian Andersen, según pudo concluir Michael Fitzgerald, psiquiatra irlandés del Trinity College de Dublín, sufrieron alguna forma de autismo a lo largo de su vida.

Los autistas tienen una capacidad diferente de procesar información que el común de los mortales, lo que los lleva a participar activamente en el sector de la tecnología de la información. Los autistas son más capaces de detectar información que se considere esencial, según el estudio que aparecía en la publicación internacional Journal of Child Psychology.

Es verdad que las diferencias del individuo autista imponen a su familia una carga excepcional no sólo en la parte anímica para tratar de entender una forma de pensamiento distinta, sino también en el aspecto económico por la carencia de espacios a los que las personas con autismo puedan acceder para desarrollar sus potencialidades.

Aprovechemos esta ocasión para comprender la importancia que reviste solidarizarnos con las familias que tienen en su seno a un individuo con esta condición. Propongámonos impulsar normas y políticas que permitan la accesibilidad de las personas a los tratamientos para avanzar el mejoramiento conductual del autismo.

La terapia basada en reforzadores ya vertidos comúnmente conocida como la terapia del premio y castigo, la terapia TEACCH, basada en la comunicación visual por medio de imágenes y símbolos que representan conceptos o palabras, la terapia PECS, como un método de comunicación visual de electroescritura, el método Tomatis y Veras que basa en el adiestramiento auditivo, así como el tratamiento químico y/o fármaco.

Busquemos sobre todo la erradicación de la discriminación en contra de las personas con autismo y el de las familias que los acompañan. Busquemos la sensibilización y concientización sobre el trastorno mediante campañas de información, de divulgación, de apoyo y de incentivos a favor de aquellas personas y asociaciones que apoyan a los niños, niñas y personas con autismo.

Todos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos sumamos vigorosamente al llamado de la comunidad internacional para renovar en esta ocasión nuestros votos en pro de un compromiso a favor de la inclusión de los individuos con autismo y de repudio en contra de la estigmatización y de la discriminación de la que son sujetos. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Cuéllar Steffan.

Esta presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, del estado de Puebla, invitados por la diputada Ana Isabel Allende Cano.

También a un grupo de ciudadanos de la tercera edad, de la CNOP, invitados por la diputada Marisela Velázquez Sánchez. Y a los alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Morelia, invitados por la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Sean todos ustedes bienvenidos.

A continuación tiene el uso de la voz la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy recurrimos a esta tribuna para expresar nuestra posición sobre un tema que pese a su relevancia todavía resulta ajeno para muchas personas, y es lo referente a los trastornos del espectro autista.

El espectro autista es un trastorno infantil que se presenta en los primeros años de vida de los infantes, entre uno y los tres años de edad, y que afecta el desarrollo de las funciones cerebrales de la o el pequeño. Esto le impedirá comunicarse adecuadamente de acuerdo con sus ciclos de desarrollo y conectarse emocionalmente con los otros y con su entorno de vivencia.

El espectro autista tiene una mayor incidencia en los niños que en las niñas. Existe cálculo aproximado de que en México afecta a uno de cada 88 niñas y niños, según el Instituto Nacional de Salud. Además se indica que de un total de 37 millones de población infantil, 37 mil de ellas y ellos presentan el espectro autista.

Pese a los múltiples estudios e investigaciones realizadas con el fin de conocer de manera objetiva y puntual las causas que originan este espectro, aún no es posible expresar con certeza cuáles es el origen.

Para despejar esta interrogante existen dos grandes posturas que pretenden generar una explicación: Una que le da al espectro autista un origen genético, y la otra que sostiene que es de origen congénito.

Ésta puede ser una de las causas de que hasta el momento no se haya logrado desarrollar ningún tratamiento que logre eliminar con éxito absoluto este espectro. Pero debemos reconocer que sí se han conseguido alcanzar importantes progresos en la prevención, gracias a la identificación de los posibles factores incidentes en la aparición del espectro autista.

Entre más temprano sea tratada una niña, un niño con autismo, mayor y mejor será su progreso y los resultados serán más satisfactorios, ya que las y los niños pueden avanzar y aprender nuevas habilidades y lograr una marcada recuperación en el presente.

Es importante saber que este espectro tiene un tratamiento de intervenciones psicoeducativas que les permite mejorar notoriamente en su desarrollo personal y social.

En décadas cercanas se consideraba que las niñas y los niños que padecían severos impedimentos lingüísticos, intelectuales, de relación social y una conducta inusualmente repetitiva eran afectados por autismo. Y al no contar con información científica sólida y suficiente sobre este espectro, se recurría a lo más común y cotidiano: la discriminación y el rechazo.

Aun ahora es notorio que nuestra sociedad no está lo suficientemente sensible y preparada para convivir con las niñas, niños, adolescentes o adultos con alguna discapacidad, lo cual muestra otro terreno en el que también debemos lograr la igualdad, y la inclusión de todas las personas con trastornos del espectro autista.

Para coadyuvar en la solución y erradicación, además de la creación de políticas públicas efectivas, es necesario que la sociedad, las familias y las personas en general puedan y deban desempeñar un papel fundamental en el tratamiento de las y los infantes, contrarrestando el aislamiento, estimulando la imitación y la atención compartida, facilitando la comunicación y el desarrollo de competencias sociales y muchos otros aspectos que se deben de tomar en cuenta en la planificación personalizada del modelo de atención para un niño o una niña afectada con este espectro.

Por ello es necesario, además de que debemos contar con centros de investigación regionales de salud, sensibilizar socialmente, y en el ánimo de lograr este objetivo el pasado 2 de abril fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de colaborar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas, niños y adultos que presentan este espectro autista.

Por cierto, esta Cámara de Diputados participó con la iluminación de su fachada; de igual forma lo hicieron algunos Congresos locales. Hubo una actividad muy grande en todo el país para visibilizar aún más este problema en el que nos encontramos.

Requerimos sin lugar a dudas una sociedad solidaria, una sociedad más humana, una sociedad que avance hacia el objetivo de garantizar el goce de derechos y la plena ciudadanía a las personas afectadas con este espectro autista o cualquier otra discapacidad, favoreciendo y apreciando sus cualidades, sobre todo aceptando su diversidad, impulsando su bienestar y su contribución positiva al mundo que todas y todos compartimos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Juárez Piña.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Secundaria Técnica número 17, Artes Decorativas, de la delegación Coyoacán, invitados por la diputada Dora María Guadalupe Talamente Lemas. Sean ustedes bienvenidos.

Proceda el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fijar sus comentarios hasta por cinco minutos.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Las personas discapacitadas en México son un sector olvidado. De acuerdo con el censo de 2010 del Inegi, en el país existen 5 millones 739 mil personas con discapacidad de las cuales alrededor de 800 mil presentan discapacidad intelectual.

En el 2012 el Estado invirtió tan solo 2 pesos con 68 centavos en cada persona con discapacidad motriz o audiovisual, pese a los llamados de organizaciones civiles del año pasado para aumentar el gasto en este rubro.

Para dimensionar el problema, cifras oficiales revelan que en el 2011 el Instituto Nacional de la Mujer recibió una partida de 629 millones de pesos mientras que el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad recibió tan solo 32 millones de pesos.

El doctor Gregorio Katz, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que las evidencias muestran que la discapacidad intelectual no despierta interés en la política, en la ciencia, en la salud, ni en la comunidad, y como consecuencia predomina la perspectiva de asistencia y caridad, ya sea en las áreas educativas, de servicio social o del voluntariado.

No sólo eso, sino que los familiares de pacientes con discapacidad intelectual son quienes finalmente tienen que hacer frente a los gastos y problemas que ocasionan este tipo de trastornos.

Estos problemas encuentran una mayor escala cuando los padres de familia o sus familiares en su mayoría son de escasos recursos. No saben a dónde acudir ya que en los hospitales y clínicas públicas no son atendidos. Esto adquiere mayor relevancia ya que los especialistas coinciden en que las personas afectadas por dichos trastornos pueden superar las limitaciones en el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, de la socialización a través de una habilitación terapéutica misma que debería de ser proporcionada por el Estado.

En materia de autismo los esfuerzos institucionales en nuestro país no han avanzado con la misma celeridad que ha avanzado el problema, por lo que se pueden calificar de insuficientes y de escasa efectividad. Además se requiere de la voluntad política del Estado mexicano para reconocer el problema autístico como prioritario.

En síntesis, desde el punto de vista de los servicios de sanidad se puede afirmar que la atención para las personas en condición autística, no es sistemática, eficaz ni cubre todo el territorio nacional.

Al respecto no omito mencionar la necesidad e importancia de establecer la diferencia entre autismo y espectro autista, ya que ello nos ayudará significativamente a comprender con detalle todo lo relativo al autismo, sus comportamientos y sus trastornos en el desarrollo.

Definimos como autismo el síndrome congénito en general que se engloba tanto en las causas como características, como su tratamiento. El espectro autista son un grupo de discapacidades relacionadas con el desarrollo de los niños y niñas que influyen directamente en la capacidad de comunicación y socialización del individuo que afecta en forma diferente a cada persona.

Por otro lado, nos encontramos con el síndrome de Asperger, que se caracteriza con la dificultad de socializarse y demostrar empatía hacia los demás, no suelen tener ningún tipo de discapacidad intelectual, y en muchas ocasiones suelen obsesionarse o mostrar un interés exagerado por determinada temática.

Por lo anterior expuesto y en lo personal celebro este pasado 2 de abril como el Día Mundial del Autismo, más que nada por la concientización que debemos tener tanto la sociedad como el gobierno.

Así pues, compañeros diputados, me permito exhortarles que juntos busquemos soluciones a través de atribuciones que nos competen para combatir una enfermedad que en los últimos tiempos se encuentra afectando gravemente y de manera sistemática y progresiva a las futuras generaciones.

Es importante que nosotros como legisladores nos conscienticemos sobre este grave problema y enfermedad, que desafortunadamente va a recaer en muchas familias en un futuro no muy lejano.

En lo personal no coincido con algunas personas que se expresan de manera despectiva de los autistas. Para mí los niños autistas, las niñas autistas son unos ángeles que nos ha mandado Dios o la vida para que nosotros cuidemos de ellos. Y me consta, tengo un hijo autista y para mí es el ángel de mi vida. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Sampayo Ortiz.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al alcalde Néstor Camarillo, alcalde de Quecholac, del estado de Puebla, invitados por la diputada Ana Isabel Allende Cano. Igualmente esta Presidencia da la más cordial bienvenida a Sergio Bucheli Susarrey, estudiante de la escuela Yehudi Menuhin, de Londres, Inglaterra, becado por los Rolling Stones, invitado por el diputado Mario Dávila. Sean ustedes bienvenidos.

A continuación tiene el uso de la voz la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, al cumplirse un año más del Día Internacional de Concientización sobre el Autismo se abre nuevamente una esperanza.

El día de ayer el presidente de la República inauguró un nuevo instituto de salud, de diagnóstico y referencia epidemiológica contra picaduras de insectos transmisibles del dengue y del paludismo, enfermedades ya superadas en el pasado.

Sin duda el nuevo instituto es una necesidad urgente, como urgente es contar, como en el resto del mundo, con un instituto nacional de salud sobre los trastornos del espectro autista, ambas especialidades han sido reconocidas y recomendadas por los más altos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, es un asunto de derechos humanos.

Quienes me antecedieron en el uso de la palabra han dejado constancia de la preocupación de todos los integrantes de esta LXII Legislatura por atender y proteger los derechos humanos de las niñas, niños, jóvenes y adultos que conforman a este importante sector de la sociedad mexicana, como son las personas con autismo.

Como es ya de su conocimiento y del conocimiento público, un grupo de diputadas y diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México hemos presentado una iniciativa de decreto para que se expida la Ley General de Atención y Protección a las Personas con Trastornos del Espectro Autista, misma que estoy cierta habrá de contar con la solidaridad humana de todos ustedes y de nuestros compañeros en la Cámara de Senadores.

No hay duda que esta iniciativa que representa el primer intento de plasmar en nuestra legislación el tema del autismo en México, será enriquecida con las opiniones de las Comisiones de Salud y de Grupos Vulnerables y de todos aquellos interesados en ambas Cámaras en este fenómeno que hoy alcanza cifras alarmantes en el mundo y en nuestro país; uno de cada 100 nacimientos en el territorio nacional; mayor incidencia que el cáncer, el sida, la diabetes, incluso las picaduras infantiles, todas ellas juntas.

Conviene referir entonces algunos conceptos de la teoría política que aspiran a consolidar la unidad y fortalecer el consenso a favor de quienes se encuentran en la banda de los trastornos del espectro autista. Es un tema que unifica, y encauzarlo enaltecerá el actuar de un cuerpo colegiado como lo es el Poder Legislativo.

Los derechos humanos de las personas con autismo no son un problema ideológico como tampoco un problema de pesos y centavos, y mucho menos puede soslayarse bajo criterios de una escasa y deficiente atención en el andamiaje institucional. Quien piense así está actuando con mezquindad y cortedad de miras. No faltará quien argumente que ahora sí se pondrán a trabajar después de un largo tiempo de ignorar el problema real de atención y de defensa de derechos humanos de las personas con autismo.

Estamos pues ante un problema con serias implicaciones políticas, económicas, sociales, educativas y culturales. Es un asunto de conciencia y de voluntad política porque desde cualquier punto de vista es un problema social que demanda la intervención eficiente y decidida del Estado mexicano.

Es claro que la política social en México tiene prioridades, el autismo debe ser, sin regateos, una de ellas. Se requiere un instrumento que norme, como en la mayoría de los países del mundo, la investigación, la enseñanza, los protocolos y las políticas de atención que se deben seguir en todo el sistema nacional de salud en materia de autismo. Sostener lo contrario en el fondo lo único que refleja es carencia de una visión de Estado.

Hoy se otorgan tan sólo 2 mil 400 consultas mensuales en un centro denominado Cisame, ubicado en el Distrito Federal. No hay investigación, no hay enseñanza, no hay política pública. Lamentablemente se sigue sosteniendo sin ninguna base científica que el autismo es una enfermedad psiquiátrica, nada más falso, en todo caso se trata de una condición neurológica.

Muchos individuos, como ya se dijo aquí, han demostrado al mundo que no obstante tener autismo son mentes brillantes, mucho más brillantes que otros que se caracterizan bajo la denominación de normales.

Junto al aspecto de la salud, necesitamos adecuar la estructura educacional, la capacitación para el trabajo, la recreación y la cultura física y el deporte para quienes se encuentran en esta condición, que no enfermedad.

La política obliga a una legitimidad, no sólo por representación o por procedimiento, exige una legitimidad por resultados, la gente siente, valora y califica lo que los Poderes de la Unión hacemos todos los días para cumplir con las obligaciones que se derivan de la Constitución, de las leyes y de los tratados y convenciones internacionales.

Se dice y se dice bien, que lo que no está en la ley no existe. En tal razón, los invito a que impulsemos todas las normas que sean necesarias a favor de los intereses y necesidades de la comunidad autista que viven en el campo y en la ciudad en nuestro país.

Recordemos a Karl Deutsch, que refiere en su obra Política y Gobierno algunos valores básicos de la política y la probabilidad de las necesidades, entre ellos la ilustración, el bienestar, el afecto, la rectitud y el respeto, que son demandas históricas planteadas a los políticos por los individuos que buscan la transformación del mundo en el que viven.

Así pues, no temo equivocarme para asegurar que existe en el Poder Legislativo la capacidad de acción para saber qué hacer ante esta lacerante realidad del autismo, para reinventar leyes e instituciones.

Formamos parte del gobierno y debemos continuar avanzando por el camino de una legislación de vanguardia, que coadyuve al máximo posible las soluciones que todos deseamos.

Como lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, todos en consenso estamos obligados a proporcionar a quienes se encuentran en la condición autística y sus familias las opciones para ser diagnosticados a tiempo, para recibir terapias de rehabilitación, para acceder a un sistema educativo integrador e incluyente, para obtener las facilidades de una vida independiente, para contar con el beneficio de la recreación, la cultura y el deporte. En suma, para salir de la indefensión y de la indiferencia al mundo de la seguridad jurídica y de la auténtica seguridad social.

En el PRI confiamos en la sensibilidad humana y política del presidente Enrique Peña Nieto para contar con su apoyo y validación institucional.

La ley por sí misma no es una panacea, pero sí el principio para fortalecer lo poco que se ha avanzado e impulsarlo hacia ese horizonte de esperanza, que el propio líder de la Organización de las Naciones Unidas ha señalado como una prioridad en el mundo entero.

Compañeras y compañeros, lo más caro, lo que más impacta en las finanzas públicas es lo que no existe para resolver problemas sociales como éste. Sigamos transformando las esperanzas en alternativas legislativas concretas.

Dice Bill Clinton que para construir nuestro futuro necesitamos coadyuvar a construir el futuro de otros. Construyamos un México mejor y más justo, en beneficio de quienes tienen el derecho a ser integrados plenamente en la sociedad. Hagamos de la política el mejor camino para que los consensos nos conduzcan a una sociedad más justa, más digna, más igualitaria, más equitativa, más inclusiva y menos discriminatoria.

No olvidemos que para todo aquel que se siente perdido en la oscuridad cualquier rayo de luz se convierte en una esperanza.

Bertrand Russell afirmó: nuestra vida está llena de esperanzas, de las cuales por regla general sólo nos damos cuenta cuando resultan fallidas.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI expreso a todos ustedes la certeza de que nadie en esta Cámara habrá de fallar, ni sepultar una vida de esperanza para todos aquellos que son únicos por ser diferentes, las personas con autismo. Muchas gracias a todos. Les ha hablado una madre también de un niño con autismo.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Le ruego a la Secretaría dé lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone a nuestros representantes en el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.

REPRESENTANTES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a los diputados de la LXII Legislatura, para participar como titular y suplente respectivamente, ante el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34 numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con el decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 2003.

II. Que de conformidad con los artículos cuarto y noveno del decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, la participación de la Cámara de diputados en el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres es como invitada.

III. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsa entendimiento y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Acuerdo

Primero. Se designa al diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como titular, y a la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como suplente, representantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ante el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al titular del Ejecutivo federal.

Tercero.Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco, (rúbrica) Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado. Comuníquese.

Ahora le ruego a la Secretaría dar lectura a los resolutivos de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con el apoyo al paquete tecnológico de los productores de caña de azúcar.

APOYO AL PAQUETE TECNOLOGICO DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR 2013

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, a instrumentar las medidas necesarias para que se agilice el pago del “apoyo al paquete tecnológico de los productores de caña de azúcar 2013” a quienes aún no les ha apoyado, concentrados principalmente en el estado de Veracruz, asimismo, solicitar a la Secretaría de Economía implemente programas y acciones tendientes a estabilizar los precios de la azúcar en el mercado nacional.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar las medidas necesarias para que se agilice el pago del “Apoyo al paquete tecnológico de los productores de caña de azúcar 2013” a quienes aún no les ha apoyado, concentrados principalmente en el estado de Veracruz, asimismo, solicitar a la Secretaría de Economía implemente programas y acciones tendientes a estabilizar los precios de la azúcar en el mercado nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco, (rúbrica) Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Y se han inscrito para hacer uso de la palabra el diputado José Soto Martínez, el diputado José Antonio León Mendívil y el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Tiene el uso de la voz el diputado José Soto Martínez.

Y aprovecho para dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Derecho, que están aquí invitados por el diputado Juan Pablo Adame Alemán. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

También a otro grupo de alumnos, también de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, invitados por el diputado Luis Miguel Ramírez. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, este tema trae consigo muchos problemas. Ya casi a un año de haberse aprobado ese paquete de apoyo a los productores de caña de azúcar y no es posible que todavía haya más del 20 por ciento de productores que no reciban el apoyo que ya fue aprobado.

Todavía viene algo peor. Ya están preliquidando a la mayoría de productores de caña y resulta que están esperanzados a esa preliquidación, es el 80 por ciento de la producción y quedan a deber. Ya viene el nuevo problema en esa importante agroindustria, de donde viven muchísimas familias mexicanas.

Desgraciadamente tiene muchos años que tal parece que quieren que esta agroindustria desaparezca como lo han hecho con muchos ingenios, ya casi ha desaparecido la mitad y otros que están trabajando a una tercera parte de su capacidad. Necesitamos ayudar.

Este exhorto que se le hace, y qué bueno que lo hizo la Junta de Coordinación, a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Economía, que necesitamos que vigile también que ya no entre más azúcar de contrabando, tanto más todavía por el lado de Guatemala y de Belice. De por sí producimos mucha azúcar y consumimos poca.

Es urgente, por favor, presidente, le ruego me dé oportunidad, porque es muy importante. Aquí hay diputados y diputadas, más diputados cenecistas y cañeros que conocen perfectamente el problema de los cañeros.

No tenemos apoyos para las variedades, tenemos dos variedades o tres cuando en Brasil y en otros lados tienen cientos de variedades. Si nos llega a haber una enfermedad o una plaga se nos termina la caña.

El Grupo Piasa, tengo entendido que ya pagó a todos los cañeros y ahí nosotros estamos pagando un paquete tecnológico de Brasil, donde teníamos ya 10 variedades, que 5 ya están aprobadas y 5 que están ya por salir, ¿pero qué creen ustedes que nos han costado a los cañeros? Millones de pesos que han puesto los cañeros y no hemos recibido ningún apoyo para esas variedades.

Ya no quiero decir de los sistemas de riego que necesitamos. No podemos competir con otros países, precisamente por eso, porque tenemos una producción de 60 y de 70 toneladas en promedio, cuando ellos tienen hasta 200 y 200 y fracción de toneladas por hectárea.

Pero es precisamente porque necesitamos los medios para producir y poder bajar los costos de producción. Y debido a ello tener mejores liquidaciones y que los cañeros y sus familias puedan vivir mejor.

Ojalá y que no tengamos el problema del año pasado, donde tengan que salir nuevamente los cañeros a tapar carreteras para que puedan recibir un apoyo. Ya lo necesitan y deberíamos estar pensando en esta nueva zafra que va a terminar, porque les repito, no están alcanzando ni un solo peso. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra, el diputado José Antonio León Mendivil para referirse también al acuerdo. Si no está el diputado León Mendivil. tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Sin duda es un tema en el que hay que dar nuestra voz porque muchos cañeros, particularmente en el estado de Veracruz, pero también de otros estados del país se han acercado para ser voz de ellos en esta tribuna de cómo, pues no de ahorita, sino lo hemos dicho desde las primeras reformas estructurales.

Ustedes saben la privatización del ejido, la privatización de los ingenios, una supuesta apertura a través del Tratado de Libre Comercio que iba a beneficiar a la industria en general y en particular al campo que era tan vital, pues hoy a menos de 25 años se muestra la tragedia que viven estos ciudadanos y sus familias. Es cuando el destino nos alcance y sirve de ejemplo para muchas cosas que hemos anunciado por desgracia se ciñen sobre el pueblo de México con las legislaciones que esta Cámara está haciendo, en particular la energética.

Decir que nos llamó la atención que los cañeros nos hablaban que a ellos les habían ofrecido, como se hizo antes, pagar el corte a 772 pesos y centavos la tonelada y se empezó a pagar a 470 pesos. Y cuando les preguntamos el nivel de producción, pues veíamos que había pérdidas por más de 50 mil pesos por hectárea producida por los cañeros. Y luego les preguntábamos, ¿y por quién votaste? ¿Quién te ofreció eso? No, pues el PRI. Ah pues ya, ahí está claro. El PRI no da, el PRI quita.

Nosotros en esta tribuna lo que tenemos que decir es que la gente, a un costo muy elevado, está aprendiendo de estas mentiras que el régimen, obviamente apoyado por el PAN, ha sostenido en estos 25 años y que esta medida pues sin duda los mil 903 pesos de apoyo por hectárea no serán suficientes para el desarrollo de procesos de innovación y desarrollo tecnológico, principalmente por la escala necesaria para lograr resultados significativos. Tan solo hay que recordar que en muchos casos la inversión en tecnología e innovación no tienen resultados en el ciclo agrícola que se realizan, sino que se reflejan dos o tres ciclos a posteriori.

Este apoyo, como el que se maneja, no garantiza el riesgo que corren los productores de perder sus ingresos presentes y futuros aun con estas promesas que en el propio punto, de manera mentirosa, están planteando que las secretarías que se refieren en este punto de acuerdo realicen acciones tendientes a estabilizar los precios del azúcar por el mercado nacional.

Esto la verdad es que no lo van a poder hacer, porque están aplicando una política económica en contra de todos los mexicanos y en particular de los sectores más vulnerables como es el campo mexicano. Estos datos ustedes los conocen.

Voy a culminar, presidente. Nosotros decimos que este paliativo la verdad es que los propios cañeros en todos sus niveles lo ven como una grosería de las autoridades. Tal vez muchos lo van a requerir, se han movilizado para ello, pero saben que es un paliativo insuficiente y la lección que los cañeros han tenido ya se refleja en estas encuestas que hemos marcado, donde la gente está arrepentida por haber votado por el PRI. Porque han aprendido a un costo muy elevado que el PRI no da. El PRI quita, como les ha quitado su futuro a los campesinos de este país y en particular a los cañeros. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora sí el uso de la voz el diputado José Antonio León Mendívil.

El diputado José Antonio León Mendívil:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.

Nos parece ciertamente que es urgente acudir en apoyo de los cañeros del país, como también lo es acudir en apoyo de los diversos sectores del campo mexicano que actualmente atraviesan por una de las peores crisis por la caída de los precios de sus cosechas.

El desplome de los precios del azúcar de noviembre pasado a la fecha ciertamente provocó una severa crisis en la cadena productiva del sector, ocasionando un serio problema a los productores de la caña y a los industriales también pues estamos hablando de una caída del precio de aproximadamente el 30 por ciento, con pérdidas estimadas en más de ocho mil 500 millones de pesos.

La industria azucarera en México ha sido históricamente una de las más importantes del país debido a su gran fuerza económica y social en el sector agropecuario, constituyendo uno de los productos agrícolas con mayor demanda, tanto en el mercado nacional en el consumo doméstico e industrial como para exportación.

Genera más de dos millones de empleos tanto en forma directa como indirecta. Se desarrolla en 15 entidades federativas y en 227 municipios generan un valor de producción primaria de alrededor de 30 mil millones de pesos.

Por ello nos parece inadmisible que a estas alturas del año no se hayan entregado a los cañeros los recursos del paquete tecnológico a los productores de caña de azúcar 2013. Si de por sí no es la gran cosa este paquete tecnológico y a estas alturas no se haya entregado, la verdad es desesperante para los productores.

Desde aquí nuestra solidaridad y por ello votaremos a favor del punto, pero también porque a pesar de todo este problema que ahorita hemos mencionado, todavía los productores de caña y desde el gobierno federal norteamericano están acusando a los productores nacionales de dumping, es decir que escondemos el azúcar para después inundarles el mercado a ellos. Nada más falso.

Y desde aquí nuestra solidaridad con los productores de caña. No aceptaremos, por supuesto, este tipo de denuncias del gobierno norteamericano. Nuestra solidaridad con los campesinos, con los pequeños y medianos productores de caña de este país.

Por ello nosotros reiteramos el apoyo del Grupo Parlamentario del PRD al presente punto de acuerdo. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Juan Bueno Torio:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, evidentemente éste es un tema que nos preocupa a todos y por eso nos ocupa el tratar de resolver el problema de los productores de caña en nuestro país.

Esto es motivo, como bien se dijo aquí, de la solicitud de muchos cañeros, particularmente de mi estado de Veracruz, que no han recibido el apoyo que se gestionó por esta Cámara a finales del año pasado.

Afortunadamente ha avanzado en buena medida este apoyo, pero a muchos de ellos aún no se les ha hecho realidad por diversas circunstancias y trámites burocráticos, y por eso es que desde la Cámara de Diputados les hacemos un llamado a las autoridades, al gobierno, para que se concluya con este programa que particularmente está retrasado en el estado de Veracruz.

Y también le hacemos un llamado al gobierno federal precisamente para que se corrija o se trate de generar políticas públicas que ayuden a los productores de caña a mejorar sus ingresos, y hay diversas vías para poderlo hacer.

Es falso que el corte de caña se pague a 700 o a 400 pesos la tonelada. Lamentablemente ese es el precio del valor de la caña y ese precio del valor de la caña no le alcanza al productor, los 400 pesos por tonelada de caña no le alcanza al productor para sufragar ni siquiera los costos de producción y por eso es que están terminando en esta zafra con deudas con el propio gobierno.

Se requiere mejorar las toneladas de producción por hectárea y el rendimiento de contenido de azúcar por tonelada de caña para que entonces el productor pueda enfrentar con mucho mayor éxito esta realidad que hoy vivimos en nuestro país, que coincidentemente tenemos precios bajos en México por un exceso de producción de azúcar.

Normalmente traíamos una producción de 4 millones 800 mil toneladas, cinco millones, y la zafra pasada tuvimos 7 millones de toneladas y para ésta también estaremos enfrentando esa realidad.

Y coincidiendo con este asunto, también el mercado mundial tiene una sobreproducción de azúcar que está impactando en todos lados en donde podríamos exportar este producto.

Si es importante hacer un llamado también desde aquí a las autoridades hacendarias y particularmente a las aduanas para que controlen, eviten la entrada de azúcar, particularmente de Guatemala, que viene a impactar negativamente en el precio de este producto al público y como consecuencia de ello viene a reducir el ingreso de los cañeros.

Por último comentar que esta industria azucarera tiene un gran futuro y tiene un gran futuro también ahora que va a poder generar energía eléctrica y comercializarla en los mismos lugares en donde está instalada la industria azucarera.

Con la reforma energética se abre una oportunidad importante también a este sector, inclusive tratando de destinar etanol a las mezclas de las gasolinas para que haya menos producto como azúcar en el mercado que impacte negativamente su precio y para que tengamos una oferta más hacia el mercado nacional derivado de esta gramínea que puede convertirse en energía eléctrica.

Ese es el llamado que se les hace autoridades, al gobierno para que se implementen adecuadamente las políticas públicas que impacten favorablemente en la economía de la industria y particularmente en los productores de caña de azúcar de nuestro país. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Antonio Rojo García de Alba para referirse también al tema.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba:Con su permiso, diputado Presidente. Vengo en hombre del Grupo Parlamentario del PRI, particularmente de los diputados del sector agrario de la CNC del PRI, a hablar a favor de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Pero habrá que poner las cosas en contexto. Nuestro país no tiene un problema de producción, incluso se ha hablado que en azúcar tenemos una sobreproducción. México produce 7.5 millones de toneladas de azúcar y consume solamente cuatro y media, lo demás lo exportamos.

Tenemos un sector organizado pero que en efecto ha vivido momentos difíciles, sobre todo —y también hay que decirlo— cuando vivió una cosecha récord Brasil en producción de azúcar y eso también ha tenido que ver con que los precios de la tonelada de azúcar bajen de cinco mil pesos a los que estaba a dos mil 900.

En ese entonces y con ese motivo el gobierno federal, a petición de los cañeros, de todas las organizaciones, muchos de ellos de la CNC, entraron con un reclamo para que el gobierno federal apoyara a este producto.

Esta Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto 2014, 460 millones de pesos para biocombustibles, esto es para que se avance y nuestro país empiece a generar bioetanol a partir de la caña de azúcar.

Ya hay ingenios y productores organizados con este propósito y los primeros 460 millones de pesos como un programa piloto quedaron en el Presupuesto 2014. Tenemos que avanzar también en el tema del etiquetado de refrescos que nos han pedido ahí los productores de azúcar que avancemos, que se distingan los que están hechos con alta fructuosa y lo que están hechos de azúcar, para que esto les permita una mejor condición.

Se abrieron las ventanillas y se inscribieron productores de azúcar, mil 360 millones de pesos se destinan para este apoyo, 715 mil hectáreas quedaron registradas y justo es decir que faltan sólo 38 millones de pesos por entregar, es decir, el 4 por ciento.

Y desde luego entiendo que a los productores, sobre todo focalizados en el estado de Veracruz, eso no les importa. Ellos quieren que se les termine de pagar y por eso nosotros estamos a favor, particularmente dos ingenios, Tres Valles y Motzorongo del estado de Veracruz.

Y también hay que decir que los productores de Jalisco y de Morelos por cuestiones administrativas han tenido problemas para su pago, pero todo deberá de quedar pagado en tiempo y forma.

Por este apoyo, justo es decir también, nuestro país está enfrentando una demanda de Estados Unidos por mil millones de dólares, como ya lo dijo el diputado León Mendívil, y nosotros creemos que es justo que apoyemos a los cañeros de nuestro país, así sea con las demandas que tengamos que enfrentar.

Quiero felicitar al diputado Juan Bueno Torio por este punto de acuerdo, y en nombre de la bancada campesina del Partido Revolucionario Institucional, le externamos nuestro apoyo para este punto de acuerdo a usted y a los cañeros de Veracruz, señor diputado. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene finalmente la palabra el diputado Salvador Romero Valencia, también para referirse al tema.

El diputado Salvador Romero Valencia:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, estamos totalmente de acuerdo con este punto del diputado Juan Bueno para que se apoye a los cañicultores de este país. Sin embargo, compañeras y compañeros, el problema estructural de la agroindustria de la caña de azúcar no se está tocando y no estamos llegando hasta las raíces más hondas del problema.

El apoyo es positivo, lo celebramos y lo aplaudimos, pero no deja de ser un paliativo frente a la crisis. Ésta es una de las más importantes crisis del sector.

Pero, ojo, no es la crisis de la cañicultura, es la crisis de la sacarosa. México produce más azúcar de la que consume, somos importadores de alta fructuosa proveniente del jarabe de maíz de los Estados Unidos y hoy en día no tenemos elementos para detener la caída libre del precio del azúcar y consecuentemente la caída libre del precio de la caña a los productores.

Qué bueno que los estamos apoyando, pero eso no resuelve el problema de fondo. Más aún, se cierne sobre la agroindustria, la sombra de una demanda millonaria de los Estados Unidos de Norte América porque considera que el gobierno federal está realizando prácticas de dumping en la exportación del azúcar mexicana a los Estados Unidos.

Lo que requerimos verdaderamente, compañeras y compañeros, es que de una vez y para siempre hagamos una reconversión industrial de la agroindustria, que se produzca en México —como en todos los países donde se cultiva caña de azúcar— bioetanol. Azúcar y electricidad a partir de un solo cultivo.

Mientras en este país continuemos con el modelo agotado, arcaico y obsoleto de hacer solamente azúcar de la caña nuestros productores engrosarán cada día la fila interminable de pobres de este país. Si verdaderamente nos preocupa la situación del cañero de México empujemos la reconversión industrial de la agroindustria.

En prácticamente todos los estados de este país caben nuevos ingenios, no ingenios azucareros, sino ingenios etanoleros y productores de electricidad, generando riqueza, prosperidad y bienestar para nuestros hombres del campo. Los exhorto, a que vayamos al fondo y a la raíz, y de una vez y para siempre les demos la oportunidad a nuestros hombres del campo de proyectos que les permitan abandonar su situación de pobreza.

Tendremos un debate importante con Petróleos Mexicanos y la Comisión Intersecretarial para la Introducción de los Bioenergéticos. Desde la Comisión de Energía Renovable presentaremos en breve una iniciativa de ley para reformar la Ley de la Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos a favor de los hombres del campo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para rectificación de hechos me pidió la palabra el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Yo igual.

El Presidente diputado José González Morfín: No puedo ya, porque usted sí estaba en la lista de oradores, diputado. Después del diputado Monreal voy a preguntar si el asunto está suficientemente discutido.

Si me permiten, nada más déjenme dar la más cordial bienvenida a los alumnos del Colegio de Bachilleres de Tecocomulco, Hidalgo, que nos acompañan hoy aquí invitados por el diputado Francisco González Vargas. Bienvenidos y bienvenidas.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, quisiera expresarles en primer término que Movimiento Ciudadano, como ya lo expresara el diputado Soto, respaldará esta propuesta para beneficio de los productores de caña de azúcar.

Sin embargo, unas intervenciones que con atención he escuchado me han motivado a solicitar la palabra para hechos, porque de lo que se trata es de revisar integralmente lo que está pasando en el país en materia agropecuaria.

Al estar de acuerdo con este exhorto, con este punto de acuerdo, no resolvemos el fondo del problema. En efecto, es apenas una atenuante frente a la crisis que viven los cañeros en el país, pero no sólo los cañeros sino el campo mexicano está en agonía. El abandono del campo de las últimas décadas es criminal.

En materia agropecuaria la política que se ha llevado a cabo o se ha seguido es equivocada, es errática. La profundización de la crisis en el campo es evidente y el gobierno actual, quien se comprometió a revertir el proceso de descapitalización del campo, no ha hecho realidad sus compromisos con el campo mexicano.

La política agropecuaria sigue orientada en la misma dirección del caos, del abandono y de una crisis recurrente. Aquí mismo apenas hace unos meses votamos por unanimidad respaldar a los productores de manzana, ¿qué sucedió?, nada sucedió. Los productores de manzana de Chihuahua ahora están padeciendo el abandono del gobierno en materia agropecuaria.

¿Qué pasó con el exhorto que aquí aprobamos por unanimidad para beneficiar a los productores de Zacatecas, los usuarios de riego y los productores de frijol? Tampoco sucedió absolutamente nada. Los productores en el país se encuentran en un abandono total. Esta Cámara no ha hecho nada, salvo exhortos que nadie hace caso.

Los productores, los campesinos en general, hasta los propietarios rurales que pueden tener una extensión de superficie de tierra mayor a la de los ejidatarios, colonos o comuneros están padeciendo la crisis económica en el sector agropecuario. Los insumos por los cielos, los productos por los suelos. Pero lo más grave es que las tarifas de bienes y servicios públicos, que presta el estado o el gobierno son lo más caro, la energía eléctrica.

Las tarifas de energía eléctrica se han incrementado de manera tan impresionante que hacen incosteable la posibilidad de producir. Asimismo los fertilizantes, los insumos, el diesel, la gasolina, que la mayoría de los que aquí están, con el voto nuestro en contra, aprobó los aumentos mensuales de la gasolina, del diesel y de la energía eléctrica.

Esas son las consecuencias de una Ley de Ingresos, que ahora muchos de los que aprobaron dicen: busquemos la solución para ayudarle a los productores a que compren gasolina barata. Sí, aquí en esta Cámara los condenamos, aquí en esta Cámara la mayoría votó por el incremento del diesel, de la gasolina y de la energía eléctrica.

Por esa razón me parecen huecos los discursos que hablan de apoyar al campo, cuando en realidad aquí se ha votado en contra del campo y en contra de los campesinos.

Nosotros actuamos en congruencia, por eso votaremos a favor. Pero lamentablemente este gobierno no escucha a los productores, los tiene en total abandono, se ha continuado la política de descuido a los campesinos de México. La política agropecuaria es un desastre en este país.

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido al orador que pueda concluir con su intervención.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Presidente, muchas gracias. Y atiendo a su llamado porque ha sido siempre usted correcto en su conducción.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente, para rectificación de hechos.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, no le puedo dar la palabra para rectificación de hechos, porque usted sí está en la lista de oradores.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Mire, presidente, nada más decirle que va a tener tiempo de estudiar bien el Reglamento de aquí de la Cámara, porque evidentemente usted no puede coartarme mi libertad de hablar para hechos.

Ahorita le voy a conceder, porque el diputado Monreal ha expresado en su voz mi voz, de la retórica y la demagogia con la cual el PRI y el PAN están actuando. Usted como presidente no debe de encubrir a su partido y vigilar que el Reglamento se cumpla. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Es lo que estoy haciendo, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación...

El diputado José Antonio Rojo García de Alba(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado, ¿con qué objeto? Diputado Rojo García de Alba, dígame.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba (desde la curul): Señor presidente, toda vez que me ha dado la palabra, simplemente quiero apuntar que mañana se instala la Mesa para la Reforma del Campo, a las 2 de la tarde, en la Secretaría de Gobernación, con las organizaciones, los productores, representantes de los Poderes. Es importante comentarlo. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado. Comuníquese.

Le pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos de otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con Pasta de Conchos.

RESCATE SEGURO Y VIABLE DE LOS RESTOS DE LOS MINEROS FALLECIDOS EN 2006 EN PASTA DE CONCHOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que realice un nuevo peritaje en el que se indique los pasos que han de seguirse para lograr el rescate seguro y viable de los restos de los mineros fallecidos en 2006.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, exhorta a la Procuraduría General de la República, a que realice un nuevo peritaje en el que se indique los pasos que han de seguirse para lograr el rescate seguro y viable de los restos de los mineros fallecidos en 2006, que yacen en Pasta de Conchos, desde hace 97 meses.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco, (rúbrica) Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el acuerdo. Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, hace 8 años la mina de Pasta de Conchos sufrió una explosión por la acumulación de gas metano, lo que provocó la muerte de 65 mineros que cumplían el turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana.

Tras varios días intentando rescatar a los mineros atrapados, el 25 de febrero se anunció que no había posibilidad alguna de rescatar con vida a ninguno de los trabajadores, esto debido a los altos niveles de gas que se registran o se registraban en la misma y la profundidad a la que se encontraban los mineros que estaban laborando en ese lugar.

Desde ese momento las tareas se enfocaron en recuperar los cuerpos de los trabajadores, pero tan sólo dos de ellos han sido recuperados, el de Felipe de Jesús Torres Reina y el de José Manuel Peña Saucedo.

Quisiera ser muy breve, pero lucrar políticamente con un discurso respecto a las pérdidas humanas sería un poquito irresponsable. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza hace un pronunciamiento, hace un exhorto a la Procuraduría General de la República, simplemente para que nos pueda dar cuáles son los pasos a seguir o el peritaje que se tendría que hacer para recuperar estos cuerpos.

Creo que sería muy prudente que nos den la información requerida para poder hacer este rescate y no pongamos en riesgo a los nuevos cuerpos de seguridad o a los cuerpos que estarían rescatando a los mineros fallecidos en el 2006. Por eso, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor de este exhorto. Muchísimas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Desde el siniestro ocurrido el 19 de febrero del año 2006, que cegó la vida a 65 mineros del carbón en la unidad 8 de Pasta de Conchos, de la compañía Minera México, del Grupo México, la Cámara de Diputados se ha pronunciado ininterrumpidamente sobre el caso, creando grupos de trabajo, comisiones especiales, emitiendo puntos de acuerdo en torno a la clarificación de lo ocurrido y exigiendo justicia que reclaman los familiares de los mineros fallecidos.

El 28 de febrero de 2006 la Cámara de Diputados aprobó la constitución de un grupo de trabajo integrado por diputados y diputadas de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la LIX Legislatura, con objeto de investigar las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene en la mina Pasta de Conchos, después de la terrible explosión. Su informe fue publicado el 13 de julio de 2006 en la Gaceta Parlamentaria.

Posteriormente, la LX Legislatura del Congreso de la Unión, para efectos de continuidad a la labor de dicho grupo de trabajo, aprobó el 18 de diciembre de 2006 la creación de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos.

Para el 21 de septiembre del 2010 la LXI Legislatura emite otro punto de acuerdo, exhortando al procurador general de la República a aceptar la recomendación número 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativa al caso. Tanto este pronunciamiento como todos los anteriores han hecho eco de lo concluido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que investigó y emitió la recomendación del 2006, donde concluye que en razón de los argumentos expuestos se acreditan violaciones a derechos humanos en agravio de las 65 personas que perdieron la vida en el interior de la empresa industrial Minera México, SA de CV, así como de 11 personas que resultaron lesionadas, toda vez que los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente, subrayo, la salud y vida de los trabajadores.

Se añade además, que existen evidencias técnicas que permiten señalar la corresponsabilidad de la autoridad laboral por no cumplir con las normas y reglamentos de seguridad, higiene y medio ambiente.

Posteriormente se sometió el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, que emitió a su vez una resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2011. Precisa dicha recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el compromiso de encontrar un mecanismo que permita lograr el ingreso a la mina y el rescate de los cuerpos de los mineros.

Es decir, la obligación del rescate de los cuerpos de los mineros está basada en una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de los derechos que consagran, incluso post mortem, el derecho a los familiares al rescate de los cuerpos.

En materia de derechos humanos se ha aceptado que existen ciertos derechos, cuyo respeto sigue obligado, de los Estados respecto a las personas, incluso post mortem. Por ejemplo, el reconocimiento a la personalidad jurídica, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se deriva que todo cadáver debe ser inhumado o cremado.

De igual manera el artículo 120 del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949, se desprenden ciertas obligaciones relativas al trato decoroso de su cadáver, respeto a su honra, como el derecho a un entierro individual honorable con los ritos de la religión que profesó.

Por todas estas consideraciones basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, en nuestra Constitución Política y en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortamos a que se vote a favor este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Le doy la más cordial bienvenida a los alumnos y maestros de la Universidad La Salle, Morelia, que están hoy aquí invitados por el diputado Silvano Aureoles. Bienvenidas, bienvenidos.

También a un grupo de estudiantes de la Escuela Primaria Fray Juan de la Cruz Bueno. Invitados por el diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidos y bienvenidas, todos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Nueve años han pasado de impunidad para los responsables e indiferencia del Estado frente al homicidio industrial.

El día de hoy aún permanecen abandonados los cuerpos a 120 metros de profundidad y aún no hay señales que muestren la voluntad de aplicar la justicia, rescatar a los mineros caídos, castigar a los responsables, indemnizar dignamente a las familias y obligar a los que obtienen concesiones a cumplir con la ley en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo para evitar que estas catástrofes puedan repetirse.

Familiares de los mineros permanecieron durante varios meses a la espera de que aparecieran por lo menos los cadáveres de los trabajadores del turno de las 22 a las 6:00 AM, lo que jamás ocurrió. El cumplimiento de la petición que hicieron esposas, madres, padres e hijos de los sepultados por la recuperación de los cuerpos se quedó en el aire, como otros de los pendientes que dejaron los gobiernos federal y estatal.

Fue una cosa trágica, una tragedia que no se olvida y tenemos que tener en cuenta un parangón, los accidentes que ocurrieron en la mina de Pasta de Conchos en México y la de San José en Chile son comparables de forma natural en distintos aspectos.

Dicha comparación hizo manifiesta dos caras de la minería, pero sobre todo dos actitudes diferentes de los gobiernos frente a una tragedia humana. Los 33 mineros atrapados en la mina chilena fueron rescatados de forma exitosa, se evitó la pérdida de seres humanos. En el caso mexicano los 65 mineros sepultados a 150 metros de profundidad en Coahuila fueron abandonados a su suerte, condenándolos y arrojando a sus familias al dolor y al desamparo.

El mundo entero recuerda cómo los mineros de Chile, en octubre de 2010, tuvieron un gran éxito y un triunfo moral al rescatar con vida a los 33 trabajadores atrapados a 750 metros de profundidad después de 69 días de que sucedió el derrumbe.

En México jamás se olvidará la indignación, el coraje y la frustración de las familias y los trabajadores, cuando la empresa y el gobierno decidieron cerrar la mina a los cinco días de que sucedió la tragedia.

El problema de las minas, señores legisladores, es muy grave en nuestro país. Más de 400 años han pasado desde que los colonizadores españoles comenzaron a explotar las minas mexicanas y parece que no se ha aprendido la lección. La actividad minera sigue representando riqueza para algunos y miseria y tragedia para los trabajadores.

La actitud del gobierno fue —y es grave y lamentable— no atreverse a regular a las mineras y cobrarles lo que debieron hacer por los tesoros que se llevan y nunca regresarán. Actualmente las mineras pagan sobre las concesiones desde 5.91 pesos hasta 129 pesos por hectárea.

El día de hoy la industria minera es denunciada en todas partes del país. Lo mismo en Guanajuato, lo mismo en Baja California Sur con la minería tóxica, o en Guerrero, o en Oaxaca, o en San Luis Potosí o en mi tierra natal, Zacatecas. Es la misma historia. Empresas explotadas por extranjeros que extraen metales preciosos y dejan miseria y enfermedades en nuestra tierra. Destruyen la ecología, destruyen nuestras costumbres y la convivencia.

Hasta ahora un grupo de seis firmas mineras canadienses controlan el 70 por ciento de la explotación del oro en nuestro país, pero además constituyen en este momento 30 por ciento del territorio nacional concesionado, 56 millones de hectáreas sin que nadie los moleste a los extranjeros y nacionales que degradan nuestras tierras, extraen el mineral y la riqueza y abandonan a su suerte a todos los mineros y sus familias.

Hoy con tristeza recordamos aquél acontecimiento, por eso estamos en favor de este punto de acuerdo. Exigimos justicia para las familias, justicia para aquellos mineros que fueron abandonados por el gobierno federal y estatal, y que ahora sus familias siguen deambulando en búsqueda de justicia. Presidente, muchas gracias.

«Posicionamiento en relación al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con Pasta de Conchos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila.

Los accidentes que ocurrieron en las minas de Pasta de Conchos en México, y la de San José en Chile, son comparables de forma natural en distintos aspectos. Dicha comparación hizo manifiesta dos caras de la minería, pero sobre todo dos actitudes diferentes de los gobiernos frente a una tragedia humana.

Los 33 mineros atrapados en la mina chilena fueron rescatados de forma exitosa, el propio presidente Sebastián Piñera acudió a la mina en Atacama y se evitó la pérdida de seres humanos. En el caso mexicano, los 65 mineros sepultados a 150 metros de profundidad en Coahuila fueron abandonados a su suerte, condenándolos, y arrojando a sus familias al dolor y al desamparo.

El mundo entero recuerda cómo los mineros de Chile en octubre de 2010 tuvieron un gran éxito y un triunfo moral, al rescatar con vida a los 33 trabajadores atrapados a 750 metros de profundidad, después de 69 días de que sucedió el derrumbe. En México jamás se olvidará la indignación, el coraje y la frustración de las familias y los trabajadores cuando la empresa y el gobierno decidieron cerrar la mina a los cinco días de que sucedió la tragedia, sin conocer si los mineros estaban con vida o sin ella, condenándolos a su suerte.

Nueve años han pasado de impunidad para los responsables e indiferencia del Estado frente al homicidio industrial, el día de hoy aún permanecen abandonados los cuerpos a 120 metros de profundidad y aún no hay señales que muestren la voluntad de aplicar la justicia, rescatar a los mineros, castigar a los responsables, indemnizar dignamente a las familias y obligar a los que obtienen concesiones a cumplir con la ley en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo, para evitar que estas catástrofes puedan repetirse.

Familiares de los mineros, permanecieron durante varios meses a la espera de que aparecieran, por lo menos, los cadáveres de los trabajadores del turno de las 22:00 a las 6:00 horas, lo que jamás ocurrió. El cumplimiento de la petición que hicieron esposas, madres, padres e hijos de los sepultados por la recuperación de los cuerpos, se quedó en el aire, como otro de los pendientes que dejó el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

El propio Moreira reconoció que pese a que la mina operaba con elevados índices de inseguridad, la carbonera no fue clausurada antes de la tragedia debido a la negligencia y corrupción en que incurrieron funcionarios de la Secretaría del Trabajo a nivel estatal y federal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió diversas recomendaciones en favor de las familias de Pasta de Conchos. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también emitió un dictamen en el que señaló que el gobierno de México tuvo responsabilidad por negligencia en la muerte de los mineros, el gobierno mexicano hizo caso omiso.

La pregunta es: ¿cuántos muertos más se requieren para que se haga justicia? Pasta de Conchos demuestra la impunidad que existe en México y una de las mayores vergüenzas históricas aceptadas o toleradas por su sistema adormecido que no parece reaccionar ante todos los actos indignantes e infamias que se cometen en el país.

Quienes están en el gobierno de hoy tienen que dar una lección de honor y de moral al determinar que se haga justicia en Pasta de Conchos, caiga quien caiga. Nadie puede o debe estar por encima del marco legal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del PRD saluda el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que llama a las autoridades competentes a efecto de realizar un nuevo dictamen para proceder al rescate de los 63 restos mortales de los mineros víctimas de la explosión en Pasta de Conchos.

Del 19 de febrero de 2006 a la fecha los restos de los mineros víctimas de la explosión de la mina Pasta de Conchos siguen esperando ser rescatadas como un acto de justicia y por un ordenamiento de la ley. Lo exigen sus familiares pero también el pueblo de México.

Es un hecho inédito en la historia de nuestro país que una empresa, Grupo México, mantenga su oposición para rescatar los restos de los 63 mineros que murieron el 19 de febrero de 2006 en la tragedia de esta mina.

Simplemente Industrial Minera México está aferrada a que no se llegue al lugar de la explosión argumentando pretextos de seguridad y de carácter ecológico. La razón pareciera ser su responsabilidad en ese grave incidente, como algunas opiniones así lo señalan, e indican como argumento la explotación comercial del gas grisú, con el desenlace fatal de todos conocido. Esa es una clara violación a los derechos humanos de las víctimas.

Un recurso utilizado por Grupo México consistió en ampararse frente al inminente inicio de los trabajos de rescate, para lo cual la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sólo esperaba el peritaje de la PGR sobre los términos en que se iban a llevar a cabo los trabajos relativos. Y en un hecho aún más condenables, el Poder Judicial Federal le concedió de entrada a esa suspensión a Grupo México, deteniendo por el momento la realización de las tareas de rescate y hacer pasar tiempo valiosísimo que pudo haberse aprovechado.

Las familias de Pasta de Conchos y el pueblo de México llevan ya ocho años esperando rescatar los restos de esos mineros, esperando justicia frente a uno de los homicidios industriales más evidentes y dolorosos.

Habría bastado solamente con el cumplimiento con las normas en materia de seguridad e higiene de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Grupo México, para que se hubiera evitado la muerte de estos 63 mineros.

A ocho años de aquel 19 de febrero ¿con qué nos encontramos? Primero, no se ha llevado a cabo el rescate de los mineros fallecidos que aún permanecen en los socavones de la mina de Pasta de Conchos. Incumplieron la recomendación 26-2006 de la Comisión de Derechos Humanos. También incumplieron con el informe final de la Comisión Especial de esta Cámara de Diputados, en la LX Legislatura, donde se hizo muy claro, evidente y contundente que no se estaba respetando la normatividad nacional aplicable y diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte.

Qué más nos encontramos en estos momentos. La PGR se sigue negando a proceder en contra de los auténticos responsables: empresarios y funcionarios de cuello blanco. Se han evitado las reformas legales indispensables que impidan repetir este tipo de riesgos. Aún más, la contrarreforma laboral —recordemos— del pasado 30 de noviembre del 2012 reduce las facultades de la Secretaría del Trabajo frente a un riesgo inminente para la vida de los trabajadores mineros.

Entre otros, continúan los decesos de mineros en la zona carbonífera de Coahuila y en todo el territorio nacional, y eso debe de ser una gran preocupación y debemos de estarlo lamentando, pero también encontrar soluciones.

Frente a tanta ilegalidad, debemos nuevamente rememorar el rescate de los mineros de San José de Chile, donde bastaron 17 días después de la tragedia, que fue en agosto del 2010, para que empresarios y gobierno se unieran en uno solo, en una gran jornada, más significativa en materia de humanismo y acatamiento a sus respectivas responsabilidades.

Los derechos humanos serán una ilusión en nuestro país si, entre otros deleznables, la autoridad se deja vencer por la posición del Grupo México que pretende mantener bajo toneladas de tierra a estos cuerpos que al fallecer su única tarea era cumplir con su trabajo en beneficio del lucro desmedido.

En tal virtud, se hace un llamado a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la PGR, a la Comisión de Derechos Humanos, al Poder Judicial federal y al gobierno del estado de Coahuila para que, en el ámbito de sus respectivas facultades, adopten las decisiones necesarias para el inmediato rescate de los restos de los 63 mineros que aún permanecen en la mina de Pasta de Conchos, asumiendo con mucha responsabilidad el llamado que esta Junta de Coordinación Política hace en exhorto a la PGR para el nuevo peritaje y tener la forma para ya por fin pueda rescatarse lo que quede, lo que esté, pero que quede la satisfacción de esas familias que sus muertos están todavía bajo tierra por irresponsabilidades de la Secretaría del Trabajo y del Grupo México. Gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañero presidente. Esta tragedia del pasado 19 de febrero de 2006 no fue un mero accidente fue, como aquí se ha dicho, un crimen industrial, pero fue producto de la negligencia, de la irresponsabilidad y del contubernio de autoridades federales y locales que tienen que ver con el tema.

En la región carbonífera de Coahuila, que abarca el municipio de San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, donde se ubica esta tristemente célebre mina de Pasta de Conchos, es parte de una región donde no sólo en San Juan de Sabinas, sino en Sabinas, en Múzquiz, en Progreso, en Juárez hay accidentes recurrentes, y hay una gran ligereza para ver las condiciones tan deplorables de vida en las que operan trabajadores mineros que tienen que recurrir, arriesgar su vida para poder sacar el sustento familiar.

Este rescate de los cuerpos atrapados, de los 63 de los 65 cuerpos no solamente es una necesidad apremiante de justicia para entender la veracidad de los hechos, satisfacer las angustias de los deudos, hacer justicia y, desde luego que no haya impunidad, pero también lo que se requiere es que no haya más Pastas de Conchos en nuestro país.

Por eso yo quiero traer a la memoria que en abril de hace un año, precisamente, se aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre otras, buscando prohibir la explotación del carbón mineral a través de los llamados pocitos. Esto a raíz de los innumerables casos de mineros que han muerto por las condiciones de riesgo en que laboran.

Cabe señalar que en estos túneles, llamados pocitos por su profundidad y diseño, los mineros extraen el carbón sostenidos únicamente por una cuerda de vida sin la posibilidad de llevar oxígeno consigo o, incluso, sistemas de ubicación para que en caso de accidente, puedan ser ubicados debido a la estrechez de los mismos túneles.

Al respecto, entre las modificaciones que aquí se aprobaron se encuentran disposiciones para frenar precisamente, la operación de estos pocitos. Sin embargo, hasta ahora, debido a un transitorio que aquí se aprobó y que se dio hace un año, esto sigue siendo letra muerta, una aspiración. Porque el pasado 27 de marzo en la zona conocida como La Florida, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, murieron dos jóvenes mineros más: Misael Amaya Ibarra y Francisco Vargas García, precisamente por seguir operando en estas condiciones.

La organización Pasta de Conchos que ha sido tenaz en esta lucha por la justicia, ha señalado que estos pozos pertenecen al ex alcalde de Progreso, Coahuila, Federico Quintanilla, y que en dicho yacimiento han fallecido 11 mineros. Es decir, sigue habiendo una gran impunidad.

Y al respecto, esta organización ha demandado que la prohibición que aquí se aprobó, a esta actividad de los pocitos, es una prohibición a medias, una farsa, ya que sólo quedó prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de este material, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes. Así dejaron la puerta abierta —concluyo presidente— para que continúen los trabajos a mayores profundidades. Es decir, una simulación y una situación que no viene a resolver un problema de fondo.

Por eso nosotros no queremos que se le de carpetazo a este asunto, que se hagan nuevos peritajes, que se rescaten los restos, pero sobre todo que haya una política laboral y también en la minería justa para que no sigan habiendo esos accidentes.

Y queremos recordar que sobre este tema en su momento hubo una gran demagogia del ex gobernador Humberto Moreira y de quien era secretario del Trabajo, y simplemente han pasado más de ocho años y sigue el tema sin solución.

Y queremos decir que, no obstante esta situación tan triste, reprobable y lamentable de la carbonífera, ahora se yergue otro nuevo enemigo, el fracking en Coahuila —concluyo, presidente— que se va a aplicar en la misma región, convirtiendo a esta zona del país en una zona de devastación social, ecológica y laboral.

Y por eso señalamos que esto se debe frenar, si no, el gobernador de Coahuila —hermano del anterior—, Rubén Moreira, pasara como un criminal ecológico, porque él está promoviendo el fracking en este estado y en regiones tan golpeadas como la carbonífera que viven lo de Pasta de Conchos, quieren ahora meter el fracking, por eso desde hoy lo denunciamos y vamos a ser insistentes en que no se tolere este tema en el país. Es cuanto.

«Posicionamiento en relación al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con Pasta de Conchos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Más de 400 años han pasado desde que los colonizadores españoles comenzaran a explotar las minas mexicanas y parece que no se ha aprendido la lección. La actividad minera sigue representando riqueza para algunos y miseria para muchos.

La regla general es que en las entidades donde se practica la minería sólo se realizan las tareas de extracción y beneficio, que son las que menos agregan valor a la producción minera y por ende, no producen sino un mínimo efecto multiplicador en las regiones en cuanto a ingresos, valorización del producto y empleo.

En lo económico, con el actual modelo extractivo minero no se genera beneficio al conjunto de la economía, ya que no se da ninguna relación intersectorial, pues a diferencia de lo que existió en siglos pasados, no se involucra a prácticamente ningún otro sector de la economía, y las mineras sólo se benefician a sí mismas.

La actitud del gobierno mexicano es grave y muy lamentable, al no atreverse a regular a las mineras y cobrarles lo que debieran por los tesoros que se llevan y nunca regresarán. Actualmente, las mineras pagan impuestos sobre las concesiones, que van desde los 5.91 hasta los 129.24 pesos por hectárea.

Y al día de hoy, la industria minera se ejerce en su mayor parte por grandes corporaciones que están en manos de extranjeros, quienes han sido los verdaderos beneficiarios de la política neoliberal y privatizadora de los recursos, que en teoría son del exclusivo dominio de la nación. Política que fue consolidada por las reformas llevadas a cabo por Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992 expidió la Ley Minera en vigor.

Las últimas administraciones han adoptado políticas y actitudes entreguistas al proteger los intereses de un grupo de empresas extranjeras en su mayoría canadienses que han extraído el doble de oro y la mitad de la plata, que la Corona Española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje.

Un grupo de seis firmas mineras canadienses controlan el 70 por ciento de la explotación del oro en nuestro país y poseen en territorio nacional reservas de este metal por más de 82 mil 924 millones de dólares.

En 2010 la Cámara Minera Mexicana (Camimex), reportó que 8 de las 11 principales minas son operadas por empresas extranjeras, y según datos de la Secretaría de Economía 41 de las empresas dedicadas a este ramo, 25 son filiales a corporativos canadienses.

Las autoridades federales han renunciado a velar por el medio ambiente, la salud y la integridad de las comunidades al permitir que se siga llevando a cabo la conquista de suelo patrio con la entrega de 56 millones de hectáreas, lo que representa el 26 por ciento del territorio nacional y por si fuera poco están en marcha 757 proyectos extractivos de capital extranjero.

Lo anterior nos ubica como el cuarto destino más atractivo en el mundo y el primero en América Latina para las inversiones en explotación minera, según la Cámara Minera de México en su informe anual 2011.

La normatividad ambiental no es un obstáculo para la minería. En la transición al nuevo modelo extractivo jugó un papel importante la introducción del sistema de tajo o a cielo abierto, mucho más agresivo para el medio ambiente. Aunado a que la actividad extractiva afecta los suelos por destrucción o contaminación, las aguas superficiales al introducir sólidos en suspensión y contaminación química, las aguas subterráneas por contaminación de los acuíferos, así como la atmósfera al afectar la calidad del aire y aumentar la contaminación acústica.

Esa vastísima riqueza concedida a los consorcios mineros privados no acaba allí, pues se adereza con generosas exenciones fiscales, autoridades serviciales, leyes laxas e incumplidas, complicidad del poder político, daño ecológico, persecución sindical, outsourcing, inseguridad e insalubridad para los trabajadores, explotación de la mano de obra.

Por otra parte, la Ley Minera trasgrede el artículo 27 constitucional, pues establece a la minería como una actividad preferente por encima de la agricultura y la silvicultura, lo cual ha derivado en conflictos en comunidades no sólo de México sino de toda Latinoamérica.

La industria minera que es controlada por unas cuantas empresas extranjeras está sujeta a un régimen fiscal de privilegios en comparación con otros países de América Latina, como es el caso de Perú donde se cobra un derecho por uso de concesión, es decir la empresa minera está obligada a pagar un impuesto que se determina con base en el valor de venta del producto.

Mientras en México el derecho se genera por hectárea concesionada, lo cual evidentemente representa un beneficio económico para las empresas privadas que realizan actividades en territorio nacional.

Este régimen contribuye a elevar las ganancias, más allá de las generadas por la explotación y venta del recurso. Por otro lado, no obstante que todo aquel contribuyente que se dedique a la actividad minera debe enterar el ISR, IETU y el IVA, existen privilegios fiscales o ventajas a las que acceden las empresas mineras extranjeras, como se observa con claridad en el artículo 220, fracción II, inciso h) de la Ley del Impuestos Sobre la Renta el cual establece la posibilidad de deducir hasta un 77 por ciento del valor de los activos fijos nuevos en los que se ha invertido.

La diferencia entre las empresas mexicanas y las extranjeras radica en que estas últimas son respaldadas por los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano para evitar la doble tributación.

Como se ha mencionado, las empresas mineras que operan en nuestro país, sin importar el origen de su capital, pagan un derecho por la explotación de la concesión determinada con base en las hectáreas o fracciones asignadas a las compañías que se dediquen a la minería. Lo que se traduce en una nimiedad que en nada representa un ingreso para el Estado mexicano.

El pago simbólico ha permitido abusos y conflictos en las comunidades cercanas a las zonas en donde las mineras llevan a cabo sus actividades, como los casos de la minera “San Xavier” en San Luis Potosí, “El zapatillo” en Jalisco, “El Peñas quito” en Zacatecas y “Caballo Blanco” en Veracruz, en donde la arbitrariedad es la constante que trae consigo el despojo de tierras, la afectación definitiva del ecosistema y desmonte de miles de hectárea.

Eso debería ser razón suficiente para emprender una revisión profunda a la legislación y las políticas mineras. No se puede seguir haciendo como si nada pasara. Es necesario analizar los requisitos para la entrega de concesiones las obligaciones de quienes las obtienen, especialmente en materia de protección ambiental y de salud de quienes viven en las zonas donde se instalan, los pagos por derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los impuestos por comercialización de los mismos. Esas son razones suficientes para iniciar un cambio de fondo en esta actividad, pero si alguien necesita un argumento más, hay que decir que el mineral es propiedad de todos los mexicanos y las trasnacionales mineras se lo están llevando sin dejar ningún beneficio al país.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado. Comuníquese.

*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 15:43 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 9 de abril de 2014 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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