Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín(a las 11:22 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 9 de abril de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

De la Mesa Directiva

En relación a la expedición del Bando por el que se nombra la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro, con el nombre de “Eduardo Neri Reynoso”.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva del Centenario de la toma de Zacatecas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. (Discusión y Votación)

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que adiciona un inciso C al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del Derecho a la Navegación Segura en Internet” a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que declara el día 9 de febrero de cada año, como el “Día Nacional del Odontólogo.

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 y se adiciona una fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de las Organizaciones Ganaderas.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el primer párrafo del artículo 18, y adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados felicita a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, por haber conseguido el premio Óscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos de América.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo para rendir un homenaje al intérprete de la música mexicana Vicente Fernández, por su trayectoria artística.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los rectores de las instituciones de educación superior del país y a los directores de las facultades y escuelas de Economía, Derecho, Administración y Trabajo Social, para que incorporen en sus planes de estudio el conocimiento del sector social de la economía y del cooperativismo.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Chihuahua, para que discuta y en su caso apruebe, se tipifique en el Código Penal de esa entidad, el delito de Feminicidio.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados de Coahuila de Zaragoza, de Durango, de Jalisco, de México y de San Luis Potosí, para que revisen sus legislaciones en materia penal y, en su caso, deroguen los delitos de adulterio.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores, a los Congresos Locales y a la ALDF, para llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia electoral con base en la federal y los instrumentos internacionales en la materia.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, remita al Gobierno de Estados Unidos de América la petición de esta Cámara de Diputados para que realice una investigación y proceso legal independientes, imparciales y ágiles, respetando en todo momento el derecho de acceso a la Justicia y a la verdad del asesinato de Jesús Flores Cruz, en la Frontera con el Estado de California, el pasado 18 de febrero de 2014.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados se congratula por los resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 13 y 14 de febrero en el Estado de Nayarit, México.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 Bis y se adiciona el artículo 109 Ter a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 192 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona cinco más al artículo 280, se adicionan los artículos 280 A y las fracciones II A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incorporar en la Cartilla Nacional de Vacunación, un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica (IRC), a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berúmen, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, STPS y de la SHCP, a fin de analizar y resolver el problema que afecta a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Iniciativas

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo de los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 103 y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Teresita de Jesús Borges Pasos, Yesenia Nolasco Ramírez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y expide la Ley General de Prevención del Delito, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 8o. del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 51 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de las diputadas Loretta Ortíz Ahlf y Margarita Elena Tapia Fonllem, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 282 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender la Obesidad y el Sobrepeso, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9o. y 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo y suscrita por el Dip. J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta de los Hidrocarburos, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 44 Ter a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 38 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 114, 115, 216 y 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167, 179 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De Decreto, para declarar el 22 de abril como “Día del Municipio”, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 65 bis 8 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley que Crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 315 bis 1 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de los Derechos Laborales y de Seguridad Social de las y los Trabajadores Petroleros, Electricistas y Mineros, Reglamentaria del Artículo 2º Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 19 y 21 de la Ley Minera, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 353-C y 353-E de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México y de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44, 47 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

5. Que adiciona un artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Margarita Licea González y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

8. Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7 Bis y 15 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11 y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 260 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo al conflicto de Mexicana de Aviación y el respeto a los derechos de sus trabajadores, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para integrar la Comisión de Investigación de casos de corrupción ocurridos en Petróleos Mexicanos, a cargo del DIp. Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes ocho de abril de dos mil catorce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con trece minutos del martes ocho de abril de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada y los diputados: Germán Pacheco Díaz, del Partido Acción Nacional; Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; y| Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Desde su curul el diputado Rosendo Medina Filigrana, de Movimiento Ciudadano, solicita a la Presidencia se guarde un minuto de silencio en memoria del ex gobernador de Tabasco Leandro Rovirosa Wade. El Presidente hace suya la solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que comunica que se recibieron dictámenes de proposición con puntos de acuerdo en sentido negativo de las Comisiones de:

• Cultura y Cinematografía, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a constituir un fondo para desarrollar en los municipios del país programas de educación musical.

• Igualdad de Género, por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California Sur, a que promulgue el decreto dos mil ciento veintidós, expedido el veintiocho de noviembre de dos mil trece por el Congreso del estado, mediante el cual se adicionó el artículo doscientos sesenta y cinco Bis al Código Penal vigente, estableciendo en dicho numeral el delito de feminicidio.

• Relaciones Exteriores

– Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a hacer del conocimiento público el estado de las negociaciones del acuerdo de asociación transpacífico, así como la postura oficial para cada uno de sus capítulos.

– Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a transmitir al estado de Belarús la felicitación del Grupo de Amistad México-Belarús de la Cámara de Diputados, por los resultados obtenidos por ese país en los vigésimo segundo Juegos Olímpicos de Invierno.

De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates, y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

b) De la Junta de Coordinación Política, relativa a cambio de integrante de Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. De enterado. Comuníquese.

c) De los diputados:

• Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trata de personas, presentada el veintiséis de septiembre de dos mil trece, sea retirada de la Comisión Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Humberto Armando Prieto Herrera, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos trescientos treinta y cinco y trescientos treinta y siete, y adiciona un articulo trescientos treinta y cinco Bis, al Código Penal Federal, presentada el doce de noviembre de dos mil trece, sea retirada de la Comisión de Justicia.

• Patricia Lugo Barriga, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo ciento setenta de la Ley de Seguro Social, presentada el once de diciembre de dos mil trece, sea retirada de la Comisión de Seguridad Social.

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa que reforma el artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Salud, presentada el quince de enero del dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Salud.

• Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos séptimo, y treinta y tres de la Ley General de Educación, publicada en la Gaceta Parlamentaria el veintinueve de enero del dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veinte de febrero del dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo relativo al establecimiento de incentivos para la movilidad sustentable no motorizada, presentada ante el pleno el primero de abril de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

d) Del Congreso del estado de Jalisco, con la que remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la reforma del artículo doscientos cincuenta y siete de la Ley Federal del Trabajo. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.

e) Del Instituto Federal Electoral, con la que remite el Informe sobre el resultado obtenido de la implementación de las bases para la transición del patrimonio, derechos, obligaciones y estado que guardan los asuntos del Instituto Federal Electoral y que pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral. Se remite a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite cinco contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que emita el Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Se remite a la Comisión de Protección Civil para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que atienda la recomendación número 23/2013 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el caso presentado por la inadecuada atención médica en agravio de V 1, en los hospitales de especialidades número setenta y uno en Coahuila y General de Zona número Uno, en Zacatecas. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento.

• Para que iluminen sus respectivas sedes de color naranja, en el marco de la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, para poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se ponga en marcha una campaña informativa donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

• Por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir una norma oficial para regular el uso, aprovechamiento y control de sistemas kársticos en México, como proponen la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.

g) Del Gobierno del estado de Aguascalientes, con la que remite dos contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio. Se remiten a los promoventes para su conocimiento.

h) De los Gobiernos de los estados de Chiapas y de Guanajuato, con el que remiten cuatro contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por los que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que iluminen sus respectivas sedes de color naranja, en el marco de la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, para poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento.

• Por el que exhorta al Ejecutivo estatal, al Congreso y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guanajuato, realicen las acciones necesarias para prevenir, detener y atender la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento.

• Por el que exhorta a los gobiernos locales y del Distrito Federal a instalar por sus Secretarías de Trabajo o de Asuntos Laborales las comisiones estatales de productividad. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.

• Por el que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a instalar la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.

i) Del diputado Roy Argel Gómez Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Segundo Distrito Electoral del estado de Nayarit, a partir del tres de abril del año en curso. Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Aurora Denisse Ugalde Alegría, Javier Filiberto Guevara González, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; y Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueban los Puntos de Acuerdo. Comuníquense. Llámese al Suplente.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto el ciudadano Ángel Alain Aldrete Lamas, diputado federal electo en el Segundo Distrito Electoral del estadio de Nayarit. El Presidente designa una comisión que lo acompaña a su ingreso al salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

j) De la Cámara de Senadores, con las que remite Minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen. La Secretaría da cuenta de comunicación signada por consenso de los grupos parlamentarios, por medio de la cual solicitan a la Presidencia de la Mesa Directiva se consulte a la Asamblea, con fundamento en el artículo ciento cincuenta y cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que la Comisión de Gobernación sea citada y se reúna de manera extraordinaria hoy martes ocho de abril a las dieciséis horas, con el propósito de discutir y dictaminar la minuta tunada. En votación económica se autoriza se cite a la Comisión de Gobernación a reunión extraordinaria con objeto de que emita el dictamen correspondiente.

• Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo veinte de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada y el diputado: Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática; y Néstor Octavio Gordillo Castillo, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, que reforma la fracción cuarta del artículo dieciséis y la fracción séptima del artículo treinta y ocho, y se adiciona una fracción sexta al artículo cuarenta y dos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

b) De Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma los artículos segundo y veintisiete de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

c) De Ganadería, que reforma el tercer párrafo del artículo trece de la Ley de las Organizaciones Ganaderas.

d) De Derechos Humanos, que reforma el segundo párrafo del artículo décimo y el primer párrafo del artículo dieciocho, y adiciona los artículos décimo Bis y décimo Ter a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

e) De Asuntos Migratorios, que reforma los artículos tercero y ciento once de la Ley de Migración.

f) De Protección Civil, que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo sesenta y tres de la Ley General de Protección Civil.

g) De Transportes, que reforma el tercer párrafo del artículo veinticinco de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

h) De Salud, que reforma el párrafo quinto del artículo treinta y seis de la Ley General de Salud.

i) Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, que adiciona un segundo párrafo al artículo veintinueve de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; reforma el párrafo quinto y adiciona un párrafo sexto al artículo doscientos setenta y uno del Código Federal de Procedimientos Civiles.

j) De Distrito Federal, que reforma el artículo treinta y nueve del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

k) De Protección Civil, que reforma los artículos segundo y ochenta y dos; y adiciona la fracción vigésimo primera al artículo segundo, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo veinte de la Ley General de Protección Civil.

l) De Asuntos Migratorios:

• Que reforma y adiciona los artículos segundo y veintiocho de la Ley de Migración.

• Que reforma el primer párrafo y las fracciones primera, segunda y tercera del artículo ciento doce de la Ley de Migración.

m)  Del Distrito Federal, que reforma la fracción segunda del artículo cuarenta y seis del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Asuntos Migratorios, con Proyecto de Decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo ochenta y cuatro de la Ley General de Población. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Amalia Dolores García Medina. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática;

A las doce horas con veinte minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y dos diputadas y diputados.

Néstor Octavio Gordillo Castillo, del Partido Acción Nacional; y, Javier Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados, en votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos veinticuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de la Comisión de Asuntos Migratorios, que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo ochenta y cuatro de la Ley General de Población. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoMarcelo de Jesús Torres Cofiño

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Armando Contreras Ceballos, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

b) Ciencia y Tecnología, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación, y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Rubén Benjamín Félix Hays. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; Patricia Lugo Barriga, del Partido Acción Nacional; e Irazema González Martínez Olivares, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos treinta un votos a favor, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de la Comisión de Ciencia y Tecnología que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación, y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo de las Comisiones:

a) Del Distrito Federal:

• Por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de impulsar políticas públicas y programas sociales tendientes a generar espacios laborales adecuados, para las personas con discapacidad que fueron desplazadas de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

• Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y diversas Autoridades, para que realicen campañas de difusión masivas permanentes incluyendo establecimientos mercantiles con el giro de café internet y papelería, de las penalidades federales a quien cometa el delito de pornografía infantil.

b) De Transportes:

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, difunda las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión hasta por treinta años, de la autopista Manzanillo-Guadalajara en su tramo Manzanillo-Armería, en el estado de Colima, para la Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA).

• Por los que se solicita a Caminos y Puentes Federales, para que a través del Órgano Interno de Control, se investiguen los supuestos casos de corrupción que se presentan en las Plazas de Cobro números sesenta Rodolfo Robles y ochenta y cinco Luis Cabrera, así como en la Subgerencia de Operación de la Gerencia de Tramo Chiapas.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solucione el colapso del Puente Tamaca y se reinicien los trabajos para la terminación del Paso Superior Tamaca, en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz y la carretera Méx-180M.

• Por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eliminar la Caseta de Cobro cero cuarenta y cinco, ubicada en el municipio de Fortín de las Flores, entre las ciudades de Córdoba y Orizaba, Veracruz.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios relativos al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, las diputadas y los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; José Francisco Coronato Rodríguez, del Partido del Trabajo; Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Partido Acción Nacional; y Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

El Presidente instruye a la Secretaría a dar lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

a) Por el que se designan a los diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura para participar como titular y suplente respectivamente, ante el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

b) Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Economía a instrumentar las medidas necesarias para que se agilice el pago del “Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar dos mil trece”. Se concede el uso de la palabra para referirse al Acuerdo a los diputados: José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional; José Antonio Rojo García de Alba, y Salvador Romero Valencia, ambos del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la palabra para rectificación de hechos al diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

En su oportunidad y desde su respectiva curul hacen comentarios el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y José Antonio Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

c) Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, realice un nuevo peritaje en el que se indique los pasos que han de seguirse para lograr el rescate seguro y viable de los restos de los mineros fallecidos en dos mil seis, que yacen en Pasta de Conchos. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos artículo sesenta y nueve, ochenta y nueve, y noventa y cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma los artículos  doce, y trece de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Arturo Escobar y Vega y Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo sesenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Arturo Escobar y Vega y Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento cuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Lizbeth Loy Gamboa Song y Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza, y suscrita por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos mil cincuenta y cinco Bis, mil ciento sesenta y ocho, y mil ciento setenta y cinco del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo:

• Francisco González Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Economía, a generar un nuevo instrumento que regule el aprovechamiento sustentable de las aguas del subsuelo de las cuencas de las lagunas de Tochac y Tecocomulco. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la secretarías: de Salud Federal, Estatales, al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de verificar que las mujeres embarazadas que han entrado en trabajo de parto sean atendidas de manera oportuna, digna y con calidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jorge Salgado Parra, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, a revisar el sistema para la inscripción, cambio de actividades y demás trámites que se realizan a través del portal de la página del Servicio de Administración Tributaria, solicitando una prórroga para compensar a los contribuyentes que finalizó el treinta y uno de marzo de dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Victor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, relativo a los damnificados por el huracán “Manuel” en la montaña de Guerrero. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la política sectorial encaminada a la consolidación de acciones preventivas y de tratamiento focalizado. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María del Carmen García de la Cadena Romero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que vigilen la calidad de los pescados y mariscos en venta durante esta época de cuaresma. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a las dependencias correspondientes de integrar los Bancos Estatales de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres a cumplir con la ley en esta materia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a fin de conminar a los delegados de Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, a implementar un programa de desazolve, a fin de prevenir y evitar desastres en la próxima temporada de lluvias. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el miércoles nueve de abril, de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a quince horas con cuarenta y tres minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a ponerla a discusión.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con la comunicación de la Mesa Directiva.

DECRETO QUE NOMBRA LA PLAZA CENTRAL DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO COMO “EDUARDO NERI REYNOSO”, Y SE COLOCA UN BUSTO CON SU EFIGIE

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta presidencia informa a la asamblea que el decreto por el que se nombra la plaza central del recinto legislativo de San Lázaro “Eduardo Neri Reynoso” y la colocación de un busto con su efigie, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 4 de abril del año en curso.

Para dar cumplimiento al artículo quinto del decreto, esta Mesa Directiva expedirá el bando correspondiente, lo publicará en la Gaceta Parlamentaria y lo hará del conocimiento de los órganos de gobierno, de los grupos parlamentarios y de las áreas administrativas del recinto legislativo.

Atentamente

México, DF, a 9 de abril de 2014.— Diputado José González Morfín (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Cúmplase.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA TOMA DE ZACATECAS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la toma de Zacatecas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del centenario de la Toma de Zacatecas, una de oro y otra de plata, suscrita por diputadas y diputados integrantes de las diversas fuerzas políticas de la LXII Legislatura.

La comisión legislativa que suscribe, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 173, 174, 182, 187 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de los proyectos de iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a las votaciones que del sentido de los proyectos de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de esta Comisión legislativa, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En la sesión de 5 de marzo de 2014, diputadas y diputados integrantes de las diversas fuerzas políticas de la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se aprueba la emisión de dos monedas conmemorativas del centenario de la toma de Zacatecas, una de oro y otra de plata.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó la referida iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública mediante oficio DGPL 62-II-7-1341.

3. Los integrantes de esta Comisión Legislativa realizaron diversos trabajos, a efecto de que contaran con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a las mismas e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa en estudio narra que el próximo 23 de junio se conmemora el centenario de la Toma de Zacatecas, acontecimiento histórico que registran las páginas de la  historia patria como la batalla decisiva en la cual las tropas del presidente usurpador Victoriano Huerta, serían vencidas.

Así, se comenta que en 1914, el general de división Luis Medina Barrón se encontraba en Zacatecas al frente de 12 mil efectivos del ejército federal. Por su parte las fuerzas revolucionarias de los generales Francisco Villa y Felipe Ángeles habían tomado la decisión de avanzar desde Torreón para enfrentar al ejército de Huerta en Zacatecas.

El historiador Alejandro Rosas, en su narrativa acerca de la Toma de Zacatecas comenta que “los villistas avanzaron por los cuatro puntos cardinales intentando arrebatar a los federales sus posiciones en la Bufa, el Grillo, la Sierpe, Loreto y el cerro de La Tierra Negra, cuarenta cañones 28 por el norte y 12 por el sur entraron en acción al mismo tiempo para apoyar el despliegue de infantería que ascendía por los cerros que rodeaban la ciudad”.

Zacatecas había sido testigo de una de las más sangrientas batallas de la revolución, “los siete kilómetros que mediaban entre Zacatecas y la población de Guadalupe terminaron tapizados de cadáveres” afirma Rosas.

La trascendencia de esta batalla radica en que precipitó la caída de Victoriano Huerta 22 días después y la sangre derramada propició el avance del ejército constitucionalista hasta la Ciudad de México, para que se consolidara el triunfo de la Revolución Mexicana.

La Toma de Zacatecas cambió de manera significativa los acontecimientos de la Revolución Mexicana, dando lugar a la convención de Aguascalientes en ese mismo año y más adelante al Congreso Constituyente de 1917.

Derivado de lo expuesto, las y los diputados promoventes solicitan la aprobación del decreto que contiene la emisión de dos monedas conmemorativas del centenario de la Toma de Zacatecas, bajo las especificaciones técnicas contenidas en éste.

Consideraciones de la comisión

Primera. Esta comisión legislativa estima conveniente conmemorar el centenario de la descrita Toma de Zacatecas. Lo anterior, por ser uno de hechos más significativos en la historia de nuestro país, al precipitar la caída de Victoriano Huerta y propiciar el avance del ejército constitucionalista hasta la ciudad de México, para que se consolidara el triunfo de la Revolución Mexicana, lo que contribuyó de manera significativa a hacer de México un país de instituciones fundamentales para el desarrollo nacional.

Segunda. Esta comisión dictaminadora coincide con la propuesta de honrar los actos heroicos realizados el 23 de junio de 1914, mediante la acuñación de moneda conmemorativa, ya que se considera ello constituiría un recuerdo permanente de la importancia de la lealtad, patriotismo y valentía de los mexicanos defensores.

Tercera. Esta comisión dictaminadora observa que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento de hechos significativos de nuestra historia, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva los actos heroicos que nos forjaron como nación, así como los valores y tradiciones de nuestro país.

De tal suerte, en el entendido de que el objetivo es que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de remembrar el centenario de la Toma de Zacatecas, y que las monedas conmemorativas acuñadas en metal precioso son poco conocidas por la población, coincidimos en la intención de emitir una moneda de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, en virtud de su distribución nacional y su buena aceptación por el público.

Cuarta. La comisión que suscribe, considera acertado que el diseño principal del anverso de la moneda sea propuesto por el gobierno de Zacatecas, debiendo incluir la leyenda “Centenario de la Toma de Zacatecas”, considerando el papel fundamental que tuvo esta gesta heroica en la vida de nuestro país.

Quinta. La que dictamina, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al artículo 3, fracción I, de su ley, el regular la emisión de la misma, estima conveniente aprobar la iniciativa en análisis, con las consideraciones descritas.

Por lo expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva del centenario de la Toma de Zacatecas

Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la Toma de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75 por ciento (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25 por ciento (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92 por ciento (noventa y dos por ciento) de cobre; 6 por ciento (seis por ciento) de aluminio y 2 por ciento (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 gramos (ocho gramos quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 gramos (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 gramos (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza 0.638 gramos (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta del gobierno de Zacatecas. Dicho motivo deberá relacionarse con el centenario de la Toma de Zacatecas.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno de Zacatecas enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente decreto, la cual deberá incluir la leyenda “Centenario de la Toma de Zacatecas”.

En caso de que el gobierno de Zacatecas no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha de entrega del diseño señalado en el artículo segundo transitorio del presente decreto.

Cuarto.Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga el gobierno de Zacatecas en los términos de este decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de ese artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado de la acuñación de las monedas.

Dado en la sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados. México, Distrito Federal, a uno del mes de abril de dos mil catorce.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), presidente; Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), secretarios; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante, Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), José Luis Márquez Martínez (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Alberto Curi Naime (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Javier Salinas Narváez, Federico José González Luna Bueno (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANA Y PREFERENTE

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de  la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y Orgánica de la Administración Pública Federal, así como del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativas ciudadana y preferente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana y de iniciativa preferente.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71, 72, inciso e) y 73, fracción XXIX-Q, a la luz de lo dispuesto por el artículo 35, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. El cuatro de diciembre de dos mil trece, los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, José González Morfín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada Amalia Dolores García Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana y de iniciativa preferente.

2. En esa misma fecha, cuatro de diciembre de dos mil trece, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que establece el trámite para la discusión y votación de la minuta que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral enviada por el Senado de la República para los efectos de los artículos 135 y 72 de la Constitución, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, determinó que la iniciativa que originó la minuta materia del presente dictamen fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

3. Con fecha cinco de diciembre de dos mil trece, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

4. El diez de diciembre de dos mil trece, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, siendo turnado a la Cámara de Senadores para los efectos precisados en el artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El seis de febrero de dos mil catorce, el pleno de la Cámara de Senadores dio cuenta de la minuta de referencia siendo turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.  El dieciocho de febrero, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores ordenó la ampliación de turno, para efectos de dictamen, a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda.

6. El uno de abril de dos mil catorce, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas ordenándose su remisión a la Cámara de origen para los efectos precisados en el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. El ocho de abril de dos mil catorce, el pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta de referencia ordenándose el turno, para análisis y dictamen correspondiente, a la Comisión de Gobernación.

Contenido de la minuta

El proyecto de decreto materia del presente dictamen señala la naturaleza de la iniciativa ciudadana y de la iniciativa preferente. De acuerdo a la exposición de motivos, para la iniciativa ciudadana, el Congreso de la Unión y el Instituto tendrán funciones importantes a fin de garantizar el pleno ejercicio, sin olvidar los medios de impugnación que pueden ser promovidos contra las resoluciones dictadas por este último con relación a la verificación de los requisitos constitucionales y legales. A tal efecto, la iniciativa considera que es necesario reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para señalar las formalidades en su presentación, el mínimo de normas adjetivas sobre su trámite y el contacto institucional que los Presidentes de cada Mesa Directiva deberán tener con el Instituto Federal Electoral para verificar el porcentaje señalado por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, es decir, el 0.13% de la lista nominal de electores, necesario para que la iniciativa ciudadana continúe con el trámite legislativo ordinario. La iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen considera que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales debe consagrar la metodología para verificar el porcentaje exigido por la Constitución en cuanto a la iniciativa ciudadana y lo relativo a la notificación que deberá enviar al Congreso de la Unión.

Para la iniciativa preferente,el proyecto de decreto indica que esta figura tiene por objeto que los asuntos de interés general considerados por el Ejecutivo Federal tengan  la decisión legislativa correspondiente en un plazo breve previamente definido por la Constitución conforme a lo establecido en el artículo 71, tercer párrafo, y evitar la dilación en asuntos de gran relevancia. Los proponentes indican que la iniciativa preferente se convertirá en una herramienta detonante del desarrollo nacional en diversos rubros del bienestar general a través de la decisión legislativa expedita adoptada en cada asunto. En caso de ser positiva, manifiesta la exposición de motivos, permitirá a la sociedad gozar de los beneficios de las reformas aprobadas en el menor tiempo posible.

Es en este sentido que la iniciativa proyecto de decreto propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta, los miembros de Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

1. El artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el nueve de agosto de dos mil doce en el Diario Oficial de la Federación, determinó la obligación para que el Congreso de la Unión expida, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del decreto, la legislación secundaria relativa a la iniciativa ciudadana, iniciativa preferente y consulta popular.

2. El espíritu de esa reforma, conforme a los propósitos del Constituyente Permanente, quiso abrir nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía, a través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en los asuntos públicos y los procesos electorales sin debilitar el sistema de elecciones en México.

3. Al llevar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente Permanente quiso fortalecer el derecho de los ciudadanos para presentar, ante el Congreso de la Unión, las iniciativas de ley o decreto. La iniciativa ciudadana permitirá estimular el interés de la sociedad por el trabajo y las decisiones del Congreso de la Unión y así fortalecer los vínculos entre representantes y representados propiciando prácticas que susciten el mayor contacto con sus electores y permite que las minorías en un sistema democrático encuentren formas distintas y novedosas de expresión constitucional y legal.

4. En cuanto a la iniciativa preferente, el Constituyente Permanente consideró que es un medio para que el Ejecutivo tenga garantía constitucional de que el Congreso habrá de pronunciarse sobre las iniciativas de reforma legal que señale al momento de presentarlas; el carácter de preferente no prejuzga ni condiciona la decisión que adopte el Poder Legislativo sino asegura la atención del asunto en un plazo predeterminado en la propia norma constitucional.

5. El propósito de la iniciativa preferente, de acuerdo al espíritu de la reforma constitucional, propuso que el Ejecutivo Federal presente, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con ese carácter hasta dos que estén pendientes de dictamen, sin haber sido originalmente señaladas por el propio Ejecutivo como preferentes. La Cámara de origen, a través de las comisiones ordinarias de dictamen y del Pleno respectivo, deberá pronunciarse en un plazo breve, y si no lo hace, la iniciativa del Ejecutivo, en sus términos y sin mayor trámite, será sometida a discusión y votación ante el pleno. Igual plazo y procedimiento se observará en la cámara revisora.

6. La reforma constitucional en materia de iniciativa preferente quiso obtener un equilibrio entre el derecho del Poder Ejecutivo a señalar la preferencia que decide otorgar a sus iniciativas ante el Congreso y la potestad soberana de este último para aprobar, rechazar o modificar las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo Federal dentro de los plazos y a través de los procedimientos establecidos en la Constitución y en la disposiciones secundarias correspondientes.

B) Valoración de la minuta

Iniciativa ciudadana

La colegisladora indica en sus consideraciones que la iniciativa ciudadana es una figura representativa de la democracia directa la cual faculta a los ciudadanos a proponer iniciativas de ley así como decretos de reforma.

Esta figura, de acuerdo con la Cámara revisora, permitirá un mayor acercamiento entre la ciudadanía y el poder público mediante la inclusión  y alineación en la agenda legislativa de los intereses y preocupaciones de la ciudadanía en un efectivo contrapeso del poder.  Así, la colegisladora considera que los ciudadanos dejan de ser actores pasivos en la toma de decisiones trascendentales que el país requiere de acuerdo a las realidades que se presenten.

A mayor abundamiento, la Revisora afirma en el dictamen de la minuta de la Cámara de Diputados que otra razón para apoyar la figura es que los ciudadanos viven y conocen mejor las necesidades de los temas que proponen y saben de primera mano la problemática y como resolverla. A juicio de la Cámara de Senadores, esta herramienta legislativa permitirá verter opiniones con un enfoque sin duda interesante y propio de la sociedad sin menoscabo de las actividades sustantivas del Congreso de la Unión.

Iniciativa preferente

La Cámara de Senadores argumenta que la iniciativa preferente, instrumento en favor del Poder Ejecutivo, permitirá que en la relación entre poderes el Congreso tome determinaciones en el mismo periodo ordinario de sesiones en que fueren presentadas hasta dos iniciativas con el carácter de preferente de manera que el Ejecutivo tenga el respaldo legislativo para ejercer sus facultades, y atender la demanda social de acuerdo con sus planes y programas propuestos.

Las reformas al ordenamiento del Poder Legislativo darán certeza jurídica a lo dispuesto en el texto constitucional, de manera que el trámite respecto de la iniciativa preferente esté fundado en los reglamentos del Congreso General.

C) Modificaciones a la minuta proyecto de decreto

Toda vez que la colegisladora devuelve a la Cámara de origen la minuta proyecto de decreto para los efectos del artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión advierte que la nueva discusión en la Cámara de su origen versará únicamente sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.

Los integrantes de esta Comisión hacen del conocimiento de esta Honorable Asamblea sobre la serie de modificaciones que la minuta proyecto de decreto sufrió debido a las discusiones que se dieron al seno de la Colegisladora. De acuerdo al dictamen de las Comisiones Unidas, los cambios obedecieron a las siguientes cuestiones:

1. Sobre la técnica legislativa.En virtud de la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 10 de febrero del presente año, las funciones asignadas al Instituto Federal Electoral, se trasladan al Instituto Nacional Electoral, toda vez que aquél dejará de existir en cuanto inicie la vigencia del Decreto que lo crea, así como de la legislación secundaria que determina su funcionamiento, en ese sentido las referencias hechas al Instituto Federal Electoral se propone sean modificadas con el nombre del ahora Instituto Nacional Electoral. Así como la transcripción de los artículos 130 al 135 que pasan a ser artículos 139 a 144, parte del capítulo sexto.

2. Sobre términos y plazos.Se atiende a la preocupación de la ciudadanía para que las iniciativas presentadas sean atendidas en los tiempos y forma por las cámaras del Congreso, evitando con ello que se queden archivadas y sin ser discutidas en el Pleno de estas.

3. Sobre el procedimiento para integrar la iniciativa ciudadana.Para que el Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, dentro del plazo de treinta días, verifique que los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana aparezcan en las listas nominales de electores y que la suma corresponda en un número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, posteriormente hará un ejercicio muestral para verificar la autenticidad de las firmas de estos, para garantizar su validez.

4. Sobre la participación de los ciudadanos en las discusiones legislativas.La colegisladora consideró proponer un cambio que permita a un representante de los promotores de la iniciativa ciudadana para participar con derecho a voz en las sesiones de las Comisiones en la etapa de análisis y discusión, previo a la deliberación. Asimismo propuso que las Cámaras, a través de las oficinas de atención ciudadana, integren un servicio de apoyo para la presentación de iniciativas.

5. Sobre la iniciativa preferente.La colegisladora propuso una modificación al inciso b) del numeral 1 del artículo 138 a fin de que la Cámara revisora, al recibir el proyecto para los efectos de la fracción D o E del artículo 72 Constitucional, tenga quince días para la resolución de la misma.

Las modificaciones se presentan en el siguiente cuadro comparativo:

La Comisión de Gobernación, al analizar y dictaminar en sentido positivo la minuta proyecto de decreto, contribuye a la transformación del sistema democrático y de participación ciudadana como ha querido el Constituyente Permanente y hacer posible el reconocimiento de nuestra pluralidad y de la conformación de figuras legales que abonen a la colaboración entre los Poderes de la Unión y del empoderamiento de la ciudadanía.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, para los efectos establecidos en el artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA E INICIATIVA PREFERENTE.

ARTÍCULO PRIMERO.Se REFORMANlos artículos 43, numeral 1; 66, numerales 2 y 3; 104, numeral 1; se ADICIONANlos artículos 20, numeral 2, con un inciso d), pasando los actuales incisos d) a j) a ser los incisos e) a k); 23, numeral 1, con un inciso q), pasando el actual inciso q) a ser r), y, un numeral 2, pasando los actuales numerales 2 y 3 a ser 3 y 4; 34, numeral 1, con un inciso d), pasando los actuales incisos d) a i) a ser los incisos e) a j); 66, numeral 1, con un inciso c), pasando los actuales incisos c) a l) a ser los incisos d) a m); 67, numeral 1, con un inciso n), pasando el actual inciso n) a ser inciso o) y, un numeral 2; 82,numeral 1, con un inciso d), pasando los actuales incisos d) a f) a ser los incisos e) a g); un Titulo Quinto para denominarse “De la Iniciativa Ciudadana y Preferente”, con dos Capítulos, que comprende los artículos 130 a 133, denominado “De la Iniciativa Ciudadana”, y de los artículos 134 a 138 denominado “De la Iniciativa Preferente” recorriéndose el actual Título Quinto “De la difusión e información de las actividades del Congreso” a ser Título Sexto, pasando los actuales artículos 130 a 135 a ser los artículos 139 a 144, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 20.

1. ...

2. ...

a)a c)...

d) Incorporar en el Orden del Día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que la comisión o comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales;

e) Determinar durante las sesiones las formas que puedan adaptarse en los debates, discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios;

f) Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;

g) Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria;

h) Designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con el ceremonial;

i) Elaborar el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto por el cual se normará el servicio de carrera parlamentaria, a efecto de que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;

j) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Federal Electoral; y

k) Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos de la Cámara.

ARTÍCULO 23.

1. ...

a) a o). ...

p)Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

q)Solicitar al la verificación del porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

r) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.

2. En el caso de iniciativas y minutas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:

a) Turnar inmediatamente la iniciativa o minuta a una o más comisiones para su análisis y dictamen;

b) Cuando se trate del señalamiento de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos anteriores, y esté pendiente de dictamen, notificará a la comisión o comisiones que conozcan de la misma que ha adquirido el carácter de preferente;

c) Solicitar a la Junta de Coordinación Política que constituya e integre de manera anticipada la comisión o comisiones que dictaminarán la iniciativa o minuta con carácter de preferente;

d) Prevenir a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa o minuta con carácter de preferente a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta, y

e) Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo de la comisión o comisiones para dictaminar.

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios.

4. Si al comenzar el periodo constitucional no se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1 de diciembre, procederá a tomar las medidas necesarias para que el Congreso se erija en colegio electoral a efecto de designar Presidente interino, en los términos del artículo 84 Constitucional.

ARTÍCULO 34.

1. ...

a) a c) ...

d)Proponer al Pleno la integración de la comisión o comisiones a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, cuando se presente una iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad;

e) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados;

f) Analizar y, en su caso, aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara;

g) Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del estatuto, por el cual se normará el servicio de carrera administrativo y financiero a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;

h) Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios;

i) Proponer al Pleno la convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Federal Electoral, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la presente Ley y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los procedimientos que de ella se deriven, con el consenso de los respectivos grupos parlamentarios, y

j) Las demás que le atribuyen esta ley o los ordenamientos relativos.

ARTÍCULO 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

2. a 7. ...

ARTÍCULO 66.

1. ...

a)y b). ...

c) Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que las comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales;

d) Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y tiempos de presentación;

e) Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el ceremonial;

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difundida a los medios de comunicación en condiciones de objetividad y equidad;

h) Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara, que le presente la Comisión de Administración, para su remisión al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; así como los presupuestos mensuales de la propia Cámara. En los recesos, el Presidente de la Mesa turnará el presupuesto mensual al Presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales conducentes;

i) Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios;

j) Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de Carrera. La adopción de esos instrumentos se regirá, en lo conducente, por las reglas y procedimientos establecidos para la aprobación de leyes y decretos;

k) Organizar y supervisar las funciones a cargo de las secretarías generales, la Tesorería, el servicio civil de carrera y crear las unidades administrativas que requiera la Cámara;

l) Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos medios y superiores , acordados mediante los procedimientos señalados en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos aplicables; y

m) Las demás que se deriven de esta Ley o del Reglamento.

2. Las facultades que se precisan en los incisos a), d), e), f), g), h) e i), serán ejercidas por el Presidente de la Mesa Directiva.

3. Las facultades que se precisan en los incisos b), c), i), j) y k), serán ejercidas de manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Mesa Directiva. En caso de empate, el Presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente deberán asistir más de la mitad de sus integrantes.

ARTÍCULO 67.

1. ...

a) a I). ...

m) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

n) Solicitar al la verificación del porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

o) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento.

2. En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:

a) Turnar inmediatamente la iniciativa a una o más comisiones para su análisis y dictamen;

b) Cuando se trate del señalamiento de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos anteriores, y esté pendiente de dictamen, notificará a las comisiones que conozcan de la misma que ha adquirido el carácter de preferente;

c) Solicitar a la Junta de Coordinación Política que constituya e integre de manera anticipada las comisiones que dictaminarán la iniciativa o minuta con carácter preferente;

d) Prevenir a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa o minuta con carácter preferente a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta, y

e)Inmediatamente después de concluido el plazo de la comisión o comisiones para dictaminar, incluir el asunto en el orden del día para su discusión y votación.

ARTÍCULO 82.

1. ...

a) a c) ...

d) Proponer al Pleno la integración de las comisiones a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, cuando se presente una iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad.

e) Elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para dichos efectos;

f) Proponer al Presidente de la Mesa Directiva a los senadores que integren las delegaciones para atender la celebración de reuniones de carácter internacional; y

g) Las demás que se deriven de esta Ley y del Reglamento.

ARTÍCULO 104.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cuatro de ellas.

2. a 4. ...

TÍTULO QUINTO

De la Iniciativa Ciudadana y Preferente

CAPÍTULO PRIMERO

De la iniciativa ciudadana

ARTÍCULO 130.

1. El derecho de iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente a cuando menos al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

2.Los ciudadanos podrán presentar proyectos de iniciativas, respecto de las materias de competencia del Congreso de la Unión.

3. Las Iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de cada Cámara, una vez que la autoridad electoral comunique el cumplimiento del requisito señalado en el numeral 1.

ARTÍCULO 131.

1.La iniciativa ciudadana, además de los requisitos que establecen los reglamentos de las cámaras, según corresponda, deberá:

a)Presentarse por escrito ante el Presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores; y en sus recesos, ante el Presidente de la Comisión Permanente.

La Cámara que reciba el escrito de presentación de la iniciativa ciudadana será la Cámara de origen, salvo que el proyecto respectivo se refiera a empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropas. En estos casos la cámara de origen será siempre la de Diputados.

Durante los recesos del Congreso, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinará la Cámara de origen en caso de que la iniciativa no lo especifique;

b)Contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de elector el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma . En caso de advertirse error en la identificación del ciudadano, siempre y cuando éste sea menor al 20% del total requerido, el Instituto prevendrá a los promoventes para  que subsanen el error antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, debiendo informar de ello a Presidente de la Mesa Directiva, de no hacerlo se tendrá por desistida la iniciativa;

c)Nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir notificaciones, y

d)Toda la documentación deberá estar plenamente identificada, señalando en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto que se propone someter.

Cuando la iniciativa no cumpla con los requisitos señalados en los incisos a), c) o d) el Presidente de la Cámara prevendrá a los proponentes para que subsane los errores u omisiones en un plazo de días hábiles a partir de la notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada.

ARTÍCULO 132.

1. La iniciativa ciudadana atenderá el siguiente procedimiento:

a)El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, dará cuenta de ella y solicitará de inmediato al, la verificación de que haya sido suscrita en un número equivalente, a cuando menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente;

b)El contará con un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente para realizar la verificación que se refiere el inciso anterior;

c)En el caso de que determine en forma definitiva que no se cumple con el porcentaje requerido por la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta de ello al Pleno de la Cámara, lo publicará en la Gaceta, y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido notificando a los promoventes, por conducto de su representante.

En caso de que el representante de los promoventes impugne la resolución del, el Presidente de la Mesa Directiva suspenderá el trámite correspondiente mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo conducente;

d)En el supuesto de que se verifique el cumplimiento del porcentaje señalado en el inciso a), el Presidente de la Mesa Directiva, turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el proceso legislativo ordinario, y

e) En el caso de que la iniciativa ciudadana sea aprobada por la Cámara de origen, pasará a la Cámara revisora, a efecto de que siga el procedimiento legislativo ordinario, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución.

ARTÍCULO 133.

1. En el proceso legislativo de dictamen en cada Cámara, el Presidente de la comisión deberá convocar al representante designado por los ciudadanos, para que asista a una reunión de la comisión que corresponda, a efecto de que exponga el contenido de su propuesta.

2.Las opiniones vertidas durante la reunión a la que fue convocado, no serán vinculantes para la comisión y únicamente constituirán elementos adicionales para elaborar y emitir su dictamen, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara respectiva.

3.El procedimiento de dictamen no se interrumpirá en caso de que el representante no asista a la reunión a la que haya sido formalmente convocado.

4. El representante podrá asistir a las demás reuniones públicas de la comisión para conocer del desarrollo del proceso de dictamen y

CAPÍTULO SEGUNDO

De la iniciativa preferente

ARTÍCULO 134.

1.La iniciativa preferente es aquella que es sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República en ejercicio de su facultad exclusiva para trámite preferente, o señalada con tal carácter de entre las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen.

2.La iniciativa referida en el numeral anterior, conservará su carácter preferente durante todo el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de la Constitución.

ARTÍCULO 135.

1.No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución.

2. La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o más ordenamientos cuando exista conexidad en los temas.

ARTÍCULO 136.

1.El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen.

2.En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas con ese carácter, se observará lo siguiente:

a)La Cámara de origen deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de su presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad.

b) El plazo a que se refiere el numeral anterior será improrrogable.

c) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

I. La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite.

II.La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada, de lo contrario, se tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en la fracción G del artículo 72 de la Constitución.

III.El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la Cámara de origen, será enviado de inmediato a la Cámara revisora, en calidad de minuta, para los efectos del artículo 72 de la Constitución.

d)La comisión o comisiones podrán trabajar en conferencia a fin de agilizar el análisis y dictamen de las iniciativas con carácter preferente, en cualquier etapa del proceso legislativo.

ARTÍCULO 137.

1.Para las minutas sobre iniciativas preferentes aprobadas y remitidas a la Cámara revisora para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, se observará lo siguiente:

a) El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de ésta al Pleno;

b) El presidente dará treinta días naturales a partir de la recepción del asunto por la Cámara revisora, para que la comisión o comisiones formulen el dictamen correspondiente;

c) El plazo a que se refiere el inciso anterior es improrrogable;

d) Cuando la minuta sea aprobada en sus términos se remitirá al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución;

e) Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución.

f)Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

I. La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el Orden del Día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite.

II. Cuando la minuta sea aprobada en sus términos se remitirá al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución.

III. Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución, sin que la iniciativa, materia de la minuta, pierda su carácter de preferente.

ARTÍCULO 138.

1.Para las minutas sobre iniciativas preferentes remitidas para los efectos de las fracciones D o E del artículo 72 constitucional, se observará lo siguiente:

a) El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de ésta al Pleno;

b) La Cámara deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de días naturales contados a partir de la recepción del asunto;

c) El plazo a que se refiere el inciso anterior es improrrogable;

d) Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución, sin que la iniciativa, materia de la minuta, pierda su carácter de preferente;

e) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

I. La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el Orden del Día de la siguiente Sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite:

II. Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora, la cual deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución.

TITULO SEXTO

De la difusión e información de las actividades del Congreso

CAPITULO UNICO

ARTÍCULO 139.

1. El Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y esta Ley les encomiendan.

ARTÍCULO 140.

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el Canal de Televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa.

ARTÍCULO 141.

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

3. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades del Canal.

4. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras podrán solicitar al responsable del Canal copia de las video grabaciones transmitidas a través del mismo.

5. La organización y funcionamiento del Canal se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.

ARTÍCULO 142.

1. Cada Cámara tendrá un órgano oficial denominado “Diario de los Debates” en el que se publicará la fecha y lugar en que se veri?que la sesión, el sumario, nombre del que presida, copia ?el del acta de la sesión anterior, versión taquigráfica o estenográ?ca, en su caso, de las discusiones en el orden que se desarrollen e inserción de todos los documentos a los que se les dé lectura.

2. Las actas de las sesiones secretas no serán publicadas.

3. El Titular de la unidad administrativa responsable del Diario de los Debates en cada Cámara, será responsable de la custodia, salvaguarda y archivo de los expedientes, y deberá remitirlos en su oportunidad, conforme a los acuerdos que dicten las respectivas mesas directivas, al Archivo General de la Nación.

ARTÍCULO 143.

1. El Congreso de la Unión tendrá un Sistema de Bibliotecas que estará a cargo de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

2. Las Cámaras conformarán, mantendrán y acrecentarán los acervos bibliográ?co y de otros contenidos cientí?co, cultural o informativo, para contribuir al cumplimiento de las atribuciones de las propias Cámaras, sus Comisiones y de los legisladores. Esos acervos tendrán carácter público.

3. La administración y operación de las Bibliotecas será responsabilidad de los servicios establecidos en cada Cámara, conforme a los Títulos Segundo y Tercero de esta ley, y a través de una Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, integrada por tres diputados y tres senadores, electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

ARTICULO 144.

1. Las Cámaras podrán establecer instituciones de investigación jurídica y legislativa para la mejor información y realización de los trabajos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 43 Ter a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 43 Ter.

1. El recurso de apelación será procedente para impugnar el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del a la Cámara solicitante del Congreso de la Unión, relativo al resultado de la revisión del porcentaje de ciudadanos que hayan suscrito la iniciativa ciudadana, atendiendo lo señalado en el artículo 71 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.El recurso se interpondrá ante el dentro de los tres días siguientes a aquél en que el Presidente de la Cámara notifique el informe al representante de los promoventes de la iniciativa ciudadana.

ARTÍCULO TERCERO.Se reforma la fracción II del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. ...

II.Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo; y en su caso, comunicar el señalamiento formal del Presidente de la República del carácter preferente de hasta dos de las iniciativas que se hubieren presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen;

III.a XLIII. ...

...

...

ARTÍCULO CUARTO.Se adiciona un inciso g), recorriéndose las demás en su orden, al numeral 1 del artículo 125 y los numerales 3 y 4 al artículo 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 125

1. ...

a)a f). ...

g) Informar a la Cámara solicitante del Congreso de la Unión dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la recepción del expediente que le remita el Presidente de la Mesa Directiva de dicha cámara, sobre el resultado de la revisión del porcentaje señalado en al artículo 71, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del párrafo cuarto del artículo 128 de este Código;

h) Suscribir, en unión del consejero presidente, los convenios que el Instituto celebre con las autoridades electorales competentes de las entidades federativas para asumir la organización de procesos electorales locales;

i) Coadyuvar con el contralor general en los procedimientos que éste acuerde para la vigilancia de los recursos y bienes del Instituto y, en su caso, en los procedimientos para la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores públicos del Instituto;

j) Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados;

k) Nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables;

l) Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

ll) Establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General, de los resultados preliminares de las elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; para este efecto se dispondrá de un sistema de informática para recabar los resultados preliminares. En este caso se podrán transmitir los resultados en forma previa al procedimiento establecido en los incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 291 de este Código. Al sistema que se establezca tendrán acceso en forma permanente los consejeros y representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General;

m) Actuar como secretario de la Junta General Ejecutiva y preparar el orden del día de sus sesiones;

n) Recibir los informes de los vocales ejecutivos de las juntas locales y distritales ejecutivas y dar cuenta al presidente del Consejo General sobre los mismos;

ñ) Sustanciar los recursos que deban ser resueltos por la Junta General Ejecutiva o, en su caso, tramitar los que se interpongan contra los actos o resoluciones de ésta, en los términos de la ley de la materia;

o) Apoyar la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral, cuando así lo ordene el consejero presidente;

p) Elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el anteproyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración del presidente del Consejo General;

q) Ejercer las partidas presupuestales aprobadas;

r) Otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de administración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, el secretario ejecutivo requerirá de la autorización previa del Consejo General;

s) Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva;

t) Expedir las certificaciones que se requieran; y

u) Las demás que le encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta General Ejecutiva y este Código.

Artículo 128

1.y 2. ...

3. Las firmas a que se refiere el artículo 71, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

a)Nombres con datos incompletos, falsos o erróneos, ;

b)No se acompañen la clave de elector el número identificadoral reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente;

c)Un ciudadano haya suscrito dos o más veces la misma iniciativa; en este caso, sólo se contabilizará una de las firmas;

d)Cuando los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en este Código.

4. Finalizada la verificación de las firmas, la Dirección General Ejecutiva del Registro Federal de Electores remitirá al Secretario Ejecutivo del Instituto un informe detallado y desagregado que deberá contener:

a) El número total de ciudadanos firmantes;

b)El número de ciudadanos firmantes que se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje;

c) El número de ciudadanos firmantes que no se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje;

d)Los ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en este Código.

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.Cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor.

TERCERO. Las Cámaras del Congreso a través de la oficina de atención ciudadana, en un plazo no mayor a 90 días, establecerán mecanismos de apoyo a los ciudadanos que buscan presentar iniciativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a ocho de abril de dos mil catorce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en contra), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando González de las Fuentes Hernández, Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

PROTESTAS EN PUEBLA EN CONTRA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

La diputada Roxana Luna Porquillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Roxana Luna Porquillo. Dígame, diputada.

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Sí, compañeras y compañeros diputados, nuevamente hacer una denuncia. El día de ayer por la tarde fue detenido un dirigente más, integrante del Movimiento Nacional Los de Abajo.

El ciudadano Abraham Cordero Calderón estuvo desaparecido por más de siete horas, negándole información a sus familiares y compañeros, quienes al enterarse de que fue levantado frente a su domicilio solicitaron informes a la Procuraduría General del estado, a las agencias del Ministerio Público del Distrito y a la Procuraduría y no dieron a conocer su paradero.

Fue hasta que tuve que intervenir como diputada y hasta las nueve y media de la noche el secretario particular me informó que estaba recluido en el Cereso de Atlixco, Puebla. Hemos confirmado su reclusión. Se le imputan los delitos no cometidos, como son los de amenaza y privación ilegal de la libertad. En Puebla se prefabrican delitos. Esta es la forma en que el gobierno nos responde.

No sólo han detenido a los compañeros del Frente Campesino, sino también a los campesinos de Chignahuapan, de Francisco Z. Mena y de Tehuacán en esta administración. Los encarcelan y los sujetan a procesos penales, así lo hacen hoy con 300 mototaxistas, a quienes además de despojarles de sus vehículos hoy se integran a averiguaciones en su contra.

Es vergonzoso que se utilicen las instituciones, como la Procuraduría General de Justicia, para perseguir a los dirigentes sociales en lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes para frenar la inseguridad que prevalece en el estado de Puebla.

La detención del dirigente Abraham Cordero tiene la finalidad de intimidar a los dirigentes del Frente Campesino quienes se oponen a la construcción del libramiento poniente, de presionar a los afectados directos para que vendan sus tierras y evitar se organicen y se unan en torno a la demanda central. La defensa del agua y de la sierra es la prioridad para los campesinos.

El día de ayer se anunció en los medios de comunicación, en el estado, el Encuentro regional en defensa de los recursos naturales y los derechos sociales en Puebla, a realizarse en el poblado de San Francisco Tepeyecac, del municipio de San Martín Texmelucan.

El gobierno respondió con su aprehensión y de manera paralela un supuesto periodista le habla hoy a los representantes de los pueblos para decirles que Abraham Cordero está en la cárcel y que hay, hoy, 250 órdenes de aprehensión, principalmente contra los que no quieren vender sus tierras.

Estas formas de intimidación y represión psicológica son instrumentadas, sin duda, desde el gobierno del estado. Exigimos inmediata libertad de todos los dirigentes sociales que en esta semana han sido detenidos. Que el gobierno del estado instale mesas de diálogo para construir acuerdos con los grupos sociales. Debe entender que la irritación social crece día a día. Debe entender que hay varias regiones del estado en que están aflorando movimientos sociales.

La lucha contra las concesiones mineras en la Sierra norte y la Mixteca poblana, contra la privatización del agua, contra las expropiaciones por la defensa del derecho al trabajo, como son los mototaxistas y los despidos del Hospital del Niño Poblano, del estado de Puebla. Aumento de tarifas en los servicios públicos, todo esto demuestra que en Puebla crece el descontento social.

Es urgente que se haga un exhorto al gobierno del estado de Puebla, que se promueva el diálogo y que se organicen a los grupos sociales, que se frene la criminalización de la lucha social y se consulte a las comunidades de los proyectos de alto impacto económico, social, ambiental y cultural.

Y desde aquí le digo al procurador que es una falta de respeto que no sea capaz de tomar una llamada y cumplir con la demanda de los ciudadanos del derecho de audiencia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya quedó su denuncia debidamente registrada.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANA Y PREFERENTE

El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Gobernación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Gobernación se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, en consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativas ciudadana y preferente.

Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado Alejandro Moreno Cárdenas.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Estamos ya en la discusión de un dictamen, diputada. Pero al término del dictamen con mucho gusto, si quiere, le doy la palabra, pero ya vamos a iniciar la discusión de este dictamen.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Compañeras y compañeros legisladores, con el análisis y aprobación del presente dictamen en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, el día de hoy estamos culminando un intenso proceso, largo, contundente, de discusión y debate parlamentario que ha permitido que la minuta que se originó en esta Cámara de Diputados regrese a este órgano legislativo revisada y mejorada.

Por ello, quiero agradecer a nombre de la Comisión de Gobernación al Senado de la República por haber llevado a cabo en estos meses un análisis exhaustivo e incluyente, que aportó elementos trascendentes a la minuta aprobada por esta Cámara de Diputados en diciembre pasado, mediante una amplia mayoría de todos los legisladores de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.

La minuta que hoy discutimos forma parte de un paquete de medidas legislativas presentadas por las principales fuerzas políticas del país con el fin de construir un nuevo andamiaje legal que permita configurar un nuevo marco en la materia político-electoral.

Responde también a los compromisos contraídos por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien durante la campaña electoral de 2012 insistió en la necesidad de avanzar hacia una segunda transición que condujera al país de ser una democracia meramente electoral a otra de derechos plenos, en la cual la eficacia del gobierno estuviera directamente en función del diálogo que se establezca con todos los ciudadanos.

Para cumplir con tales objetivos ha sido preciso poner en marcha diversas reformas que abran el sistema político a la sociedad, de manera tal que se incluyan mecanismos específicos de participación directa que vinculen y acerquen a representantes y a representados. Se pretende así que la ciudadanía contribuya de manera directa a través de ideas y propuestas en la solución de las diferentes problemáticas que enfrenta el país.

En el caso de la iniciativa preferente, ésta será otra herramienta que contribuirá al bienestar general, gracias a que incluye plazos estrictos que garantizan la toma de decisiones legislativas en el menor tiempo posible, en beneficio de la eficacia y en el diseño y ejecución de los planes y los programas de gobierno.

El proyecto de dictamen que hoy ponemos a consideración incluye, como decíamos, una serie de adecuaciones legislativas que también fueron propuestas en el Senado de la República y que sin duda mejoran el texto y el contenido original; en primer lugar, derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral ha sido necesario adecuar en el dictamen las referencias que se hacían al Instituto Federal Electoral para incluir ahora el recién creado Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, se modifican los plazos legislativos para dictaminar la iniciativa preferente con el fin de garantizar las propuestas presentadas por el Ejecutivo federal y que sean atendidas en tiempo por el Congreso abonando así a la eficacia legislativa.

Por lo que corresponde al procedimiento para integrar la iniciativa ciudadana, las condiciones y las propuestas por la colegisladora favorecen a la transparencia, a la seguridad jurídica en el caso de la verificación de la autenticidad de los solicitantes.

Adicionalmente, el Senado de la República también consideró oportuno cambiar y hacer modificaciones con el fin de permitir a un representante de los promotores de la iniciativa participar en el proceso de análisis, deliberación y discusión legislativa en comisiones.

Así, el dictamen que hoy proponemos a su consideración incluye reformas y adiciones también al marco jurídico. En el caso de la Ley Orgánica del Congreso, se tiene con claridad que estas modificaciones ayudarán a darle más certeza y transparencia al marco institucional.

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral también se estuvo trabajando permanentemente para que juntos podamos darle una fuerza al suscrito en esta iniciativa ciudadana.

El proyecto de decreto que hoy discutimos propone reformar también la fracción II del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Finalmente, compañeros legisladores, el proyecto de dictamen que estamos analizando incluye adiciones al Cofipe con el fin de ampliar las facultades de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de que la ciudadanía se convierta en un actor más activo en la toma de decisiones trascendentales que en el país, y de acuerdo a la circunstancia, se presenten.

Por ello, y con la iniciativa preferente y con la iniciativa ciudadana, se fortalecerá la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en beneficio de la sociedad. Sin duda alguna el grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Está a discusión. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el proyecto discutido y aprobado el 10 de diciembre en esta asamblea, es devuelto y fortalecido con algunas modificaciones de forma, alguna cuestión de fondo y aprobado en su totalidad ya por la Cámara de Senadores, condición que, con el trámite que se sigue en este momento, permitirá dar plena eficacia y aplicación a las trascendentales reformas que incrementarán de manera significativa las atribuciones y funciones de la actividad legislativa.

En nuestra participación del día 10 de diciembre expresamos en ese momento que transitábamos tiempos inéditos de relevante importancia para el país.

Hoy se perfila un futuro inmediato de transformación de las instituciones políticas y sociales, instituciones que siendo francos, ya no respondían a las necesidades ni al desarrollo de nuestra población, población, ciudadanía, siempre demandante de los instrumentos que le permitan su mejor acceso y participación en la vida pública y política de nuestra gran nación.

El día de hoy desde esta tribuna reafirmamos con mayor convicción nuestra opinión. Al contar novedosas normas que integran la favorable visión de ambas Cámaras y se encuentra en vías de aprobación definitiva y aplicación inmediata.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera procedentes y comparte las precisiones realizadas por la Cámara alta al proyecto que le fue turnado por esta instancia legislativa.

Sin duda es evidente el ajuste a la denominación del nuevo órgano electoral en las disposiciones modificadas una vez integrado e instalado el mismo, e iniciando ya sus funciones en plenitud de jurisdicción y de competencias, aunque haciendo falta la legislación secundaria que lo regula.

Resulta igualmente adecuada la precisión en el procedimiento de presentación de las iniciativas ciudadanas. Con ellas se da una mayor eficacia; así como la integración de un representante de la iniciativa ciudadana en su discusión al interior y al seno de las comisiones, lo que otorga, sin duda, mayor participación al interés ciudadano, y por lo que respecta a la iniciativa ciudadana, mayor seguridad jurídica al definir un periodo para su resolución.

Ambas instituciones jurídicas, iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, comparten un desarrollo del quehacer legislativo al vincular de nueva manera el quehacer legislativo con los ciudadanos y con el Poder Ejecutivo, incrementando así la integración de la función gubernamental para la producción de instrumentos normativos más precisos, eficaces y capaces de cumplir cabalmente sus objetivos.

Hoy, las normas que en breve someteremos a la aprobación de esta asamblea son evidencia de los procesos crecientes de integración y vinculación del quehacer público entre las distintas funciones y entidades de gobierno con respecto a la ciudadanía, a quienes se otorga una plena participación directa en las decisiones de trascendencia del interés ciudadano.

La presente legislatura ha sido autora de las grandes transformaciones normativas sustanciales que propician hoy un mejor presente y mañana mejor futuro para nuestro país. Hoy tenemos la seguridad que con las reformas que en este punto abordamos daremos aplicación adecuada a las recientes disposiciones constitucionales en materia política, generando mayor confianza, eficacia y participación entre el gobierno y la ciudadanía.

Nueva Alianza ha impulsado desde el inicio de esta Legislatura estas nuevas instituciones políticas, habiendo incluso presentado en su momento iniciativas sobre la materia y con la seguridad de que con ello da cumplimiento a sus esenciales principios partidistas de gobernar con y para los ciudadanos, por lo que nuestro voto será favorable al decreto presentado. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para fijar la posición del Partido del Trabajo.

Aprovecho para saludar y dar la más cordial bienvenida al secretario de Educación de Veracruz, licenciado Adolfo Mota Hernández, que nos acompaña invitado por el diputado Alejandro Montano. Bienvenido.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Es importante que los diputados cuando menos se asesoraran bien de lo que hoy se va a votar.

Miren ustedes —en mi caso lo hago, evidentemente—, las modificaciones que la colegisladora Cámara de Senadores considera, diversas observaciones que se presentaron ante la Comisión de Gobernación y que se expusieron ante este pleno para razonar el voto en contra en la votación del proyecto original; o sea, en otras palabras, se los dijimos.

Es loable que la colegisladora corrija la tarea de esta Cámara de Diputados cuando ésta se cierra al diálogo constructivo en el proceso de dictamen de las leyes que se someten a consideración de este pleno. Sin embargo, es preciso señalar que parte de este proyecto de decreto, por el retraso en que se presenta, resulta en un trabajo legislativo inútil por cuanto hace a la iniciativa ciudadana.

Miren ustedes, si bien la colegisladora, atendiendo a la reforma constitucional en materia político-electoral sustituye a IFE por el actual Instituto Nacional Electoral, no debemos pasar por alto que en el artículo 4o. de la minuta se adicionan y reforman los artículos 125 y 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Código Electoral, que de acuerdo con el artículo 2o. de la misma reforma constitucional en los próximos días, a más a tardar el 30 de abril de este año, será abrogado por una nueva Ley General de Procedimientos Electorales.

Legisladores, estamos reformando un Código Electoral cuya vigencia será de unos cuantos días, actos que se convierten en demagogia legislativa puesto que el quehacer de esta Cámara no garantiza el pleno ejercicio de los ciudadanos para impulsar leyes en temas de su interés.

¿Por qué señalo que es una reforma inútil en lo que se refiere al Cofipe? Ustedes saben que los Grupos Parlamentarios del PRI y del Verde Ecologista presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Electoral, que el Partido de Acción Nacional, su grupo parlamentario, en el mismo Senado, presentó iniciativa por la que se expide la Ley General de Partidos Políticos. De igual forma procedió el Grupo Parlamentario del PRD al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.

En los artículos transitorios de cada una de las propuestas se determina la abrogación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo en todas y cada una de estas iniciativas no se contempla la regulación de la iniciativa ciudadana objeto de la minuta que hoy se presenta, minuta en la que tampoco se establece en el apartado de transitorios su adecuación al nuevo marco reglamentario de la reforma constitucional electoral para garantizar la viabilidad de la iniciativa ciudadana en la parte relativa a la verificación de requisitos que corresponden al Instituto Nacional Electoral.

De aprobarse el proyecto la viabilidad de la iniciativa preferente no tendrá problema alguno, puesto que la regulación de ésta no será impactada por la reforma en materia política electoral; lo que no sucede con la iniciativa ciudadana, misma que será sujeta a revisión del Instituto Nacional Electoral, por lo que su viabilidad estará sujeta a la nueva Ley General Electoral.

Por otra parte, las modificaciones que presenta la colegisladora por sí misma no cambian la obstrucción al ejercicio de la iniciativa ciudadana, puesto que se sigue sujetando a formalidades que obstruyen el acceso a un instrumento fácil y sencillo que garantice la expresión de la voluntad ciudadana como un instrumento de la democracia. Su presentación ante cualquiera de las Cámaras es centralizada, esto es, sólo se puede presentar en la sede de las Cámaras o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la ciudad de México.

Se hace una caricatura de la réplica o derecho a contra argumentar del ciudadano representante de la iniciativa al concedérsele el derecho a voz con anticipación, cito textualmente la modificación al artículo 133, párrafo cuarto; Podrá hacer uso de la voz hasta antes del inicio del proceso de deliberación y votación. Un derecho a voz inútil, ya que anula la posibilidad de controvertir o contra argumentar la posición de los miembros de la comisión dictaminadora.

En un Estado de derecho democrático, el sistema normativo debe contemplar garantías para la plena efectividad y exigibilidad de los derechos fundamentales. No es el caso del proyecto que se presenta, puesto que se legisla para obstruir un derecho fundamental reconocido en la Constitución.

Es por eso que el Grupo Parlamentario al que represento votará en contra y ojalá actuaran en conciencia. Es difícil en esta Cámara que no sigan las directrices que les da el Poder Ejecutivo, de no cambiarle ni una coma aunque se cometan —culmino, presidente— esta clase de, yo no diría que son deficiencias legislativas, van a ver qué trámite le dan a la fe de erratas de los problemas no de dedazo, sino de las prisas legislativas por cumplirle a quien les manda, pero evidentemente en estos temas de fondo se aprovechan de la buena voluntad de los promotores de esta iniciativa, y como se los dije la vez pasada, les dan cuentas de vidrio por oro.

La maquinaria de Peña Nieto y el PRI es implacable en cuanto a los retrocesos democráticos en este país, como en todos los rubros. Un regreso más en materia de democracia en este país si aprueban esta ley. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Saludo con mucho gusto a un grupo de alumnos del Centro de Atención Múltiple número 4, del municipio de Coacalco, estado de México, que nos acompañan hoy aquí invitados por la diputada Lucila Garfias. Bienvenidas y bienvenidos todos.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. Dice la sabiduría popular que no por mucho madrugar amanece más temprano. Esta expresión viene al caso cuando por enésima vez el Senado de la República nos enmienda la plana subsanando, aunque sea parcialmente, muchas de las omisiones que ya habían sido señaladas en esta tribuna.

A la luz de las modificaciones propuestas por la Cámara Alta, es doblemente inexplicable la premura, las convocatorias al vapor, la falta total de discusión y el uso de la mayoría como aplanadora, para que, ya no se diga evitar modificaciones al proyecto original, sino para acallar cualquier expresión opositora dentro de este recinto en la discusión inicial de la propuesta.

En su momento denunciamos desde aquí que la iniciativa ciudadana se dejaba a su suerte dentro del proceso legislativo, con una mala redacción que daba espacio a que fueran enviadas a la congeladora legislativa. Señalamos también que el requisito de recolectar datos específicos de más de 100 mil personas o el equivalente al 0.13 por ciento del padrón electoral convertía este instrumento en un mecanismo de participación legislativa abierta más a organismos corporativos que a los ciudadanos porque, ¿quién, si no los mismos partidos o sindicatos, cuentan con la capacidad de articular y mantener informados a ese número de personas?

Asimismo, en la anterior discusión en este pleno rechazamos enérgicamente que ante la menor falla en el cumplimiento de los requisitos para integrar la lista de los firmantes, la Mesa Directiva de esta Cámara pudiera solicitar que se subsanaran estos errores otorgando solamente dos días hábiles para corregirlos.

Lo anterior proveía las herramientas para que con el menor pretexto dichas iniciativas no fueran aceptadas al no poder subsanar los errores a tiempo. Afortunadamente la minuta enviada por el Senado avanzó en la dirección correcta, acotando los huecos legales que podrían obstaculizar de facto la presentación al desahogo en el Legislativo de las iniciativas ciudadanas.

Se corrigieron errores obvios, propuestos también anteriormente en las apresuradas reuniones de la Comisión de Gobernación, como el cambio de las menciones al IFE por INE.

Se añadió también la obligación de que una vez agotados los plazos legislativos para discutir la propuesta de iniciativa ciudadana, ésta tenga que inscribirse inmediatamente después en el orden del día para su votación y discusión. Con lo cual se limita la capacidad de enviar las propuestas ciudadanas a la congeladora.

Se relajan también los requisitos de verificación de identidad, para que aun en el caso de que existan errores en la integración de proponentes ciudadanos el plazo para subsanarlo sea hasta el final del periodo de sesiones y no dos días hábiles, como se proponía anteriormente, siempre y cuando dichos errores sean inferiores al 20 por ciento del total de los ciudadanos proponentes.

Se avanzó también en permitir que un representante del grupo que proponga la iniciativa ciudadana pueda participar con voz, hasta antes del inicio del proceso de deliberación y votación de la comisión dictaminadora, contrario a la limitante anterior, que sólo les permitía asistir a las reuniones públicas, sin siquiera darles derecho a voz.

Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, aunque estas correcciones enmiendan la plana en la dirección correcta, recogiendo algunas de las propuestas que hayan sido sugeridas en esta misma Cámara, estas siguen siendo insuficientes, en particular porque consideramos una burla y una simulación que los representantes de la iniciativa popular puedan participar con voz solamente al inicio de las reuniones de las comisiones, dando la impresión de una apertura al debate por demás falso.

¿Por qué? ¿Qué debate genuino puede existir entre los legisladores y los representantes ciudadanos, cuando estos últimos sólo pueden dar un posicionamiento inicial, sin la capacidad de contra argumentar el sentido que se ofrezca posteriormente en el dictamen?

Asimismo, seguimos considerando exagerado el requisito de reunir el 0.13 por ciento del padrón electoral para presentar una iniciativa ciudadana, ya que de esta manera se privilegia la política corporativista y de partidos, en lugar de una verdadera participación ciudadana. Es decir, aunque la minuta del Senado avanza en la dirección correcta, se queda corta en la aspiración de construir verdaderos instrumentos de participación ciudadana, en lugar de simulaciones de apertura y la creación de válvulas de escape.

Increíblemente, como ya se dijo, la minuta la envió el Senado de la República y en esa misma tarde se discutió, dictaminó y votó en la Comisión de Gobernación. Vuelvo a decir que no se sabe qué es lo que se va a votar aquí, porque por lo menos tres de los cambios que la colegisladora nos remitió fueron en materia de algunas reservas que como Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos en atención y en beneficio del propio dictamen cuando se discutió en la ocasión pasada. Pero aquí no se nos escucha, no se nos respeta.

Señores, a ustedes no les interesa si como sociedad tenemos o no instrumentos o mecanismos democráticos para que el pueblo participe. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, este dictamen es una minuta que nos está regresando el Senado, en el ámbito democrático de la relación que mantenemos de equilibrio con la Cámara alta, y hemos escuchado dos posiciones en esta tribuna por parte de los compañeros que me antecedieron.

Una, por supuesto, haciendo énfasis en lo que podemos nosotros lograr con estos instrumentos de democracia directa. Y otra posición crítica, respecto a que lo que estamos haciendo no significa ningún avance. Sin embargo, voy a defender la posibilidad de que esta reforma sea una reforma que les permita a los ciudadanos un instrumento, una herramienta nueva, para poder participar en la vida democrática de nuestro país.

No obstante esta afirmación quiero aclarar, quiero decir en esta tribuna, que ya son 31 estados de la República los que hacen referencia a este tema. Sin embargo, sólo 19 de ellos, me voy a permitir decir cuáles: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas son los que hacen referencia en su Constitución local de este tema.

No obstante —vuelvo a repetir—, que estos 19 estados ya regulan en la Constitución la iniciativa ciudadana, pasan dos fenómenos al respecto. El primer fenómeno es que todos estos estados que acabo de mencionar tienen una forma diferenciada de porcentajes de ciudadanos que tienen que llegar a firmar para presentar una iniciativa ciudadana.

El cambio que nosotros estamos aquí aprobando —y que espero que todos voten a favor— respecto a que el 0.13 por ciento de los inscritos en el padrón sean los que presenten la solicitud, va a ayudar a que estos estados fortalezcan esta figura y la posibilidad de la participación directa de sus ciudadanos.

Pero, sobre todo, compañeras y compañeros, el siguiente fenómeno es el que tenemos que combatir. Esta honorable Cámara de Diputados, junto con la Cámara alta, la Cámara de Senadores, hemos estado aprobando una serie de instrumentos llamados cartas ciudadanas y otras reformas importantísimas, que pocas veces los ciudadanos se informan de que puedan ser utilizadas para su beneficio, y en este caso me refiero al fenómeno de que aún cuando estos 19 estados de la República ya cuentan con la figura de iniciativa ciudadana, no hay antecedente de estados que hayan promovido estas iniciativas, sea que lo gobierne la izquierda, la derecha, el centro, sino cualquier estado quien lo gobierne tiene esa deficiencia.

Nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente de aprobar normas y reformas importantes para que los ciudadanos puedan participar. Tenemos la gran responsabilidad de que tenemos que promover lo que aquí aprobamos y tenemos que hacer efectivos los cambios que hacemos en la norma, para que los ciudadanos puedan ser beneficiados con los cambios que estamos realizando.

Por eso defiendo esta propuesta, defiendo esta minuta, defiendo la posibilidad de que esta herramienta, esta carta ciudadana, esta alternativa que van a tener los ciudadanos en los estados de la República y a nivel federal pueda ser aprobada en esta Cámara de Diputados, para que inmediatamente pueda ejercerse este derecho por los ciudadanos.

Recordemos que la democracia representativa ha sido muy cuestionada y que requiere tener figuras alternativas como éstas de la democracia directa para que los ciudadanos se puedan sentir integrados y fortalecidos a un sistema democrático que estamos luchando día a día en transformar en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Creo que en esta Legislatura hemos hecho un excelente trabajo como para que pueda lograrse esta aspiración y este sueño que muchas personas, muchos políticos hemos impulsado desde hace muchísimos años desde nuestras diferentes trincheras. Muchas gracias, diputadas y diputados, es todo, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Guillermo Sánchez Torres para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Guillermo Sánchez Torres:Con su venia, diputado presidente. Una sociedad democrática debe garantizar el espacio suficiente a sus ciudadanos para que participen en la discusión y elaboración de sus leyes, así como para reformar las mismas. Pero eso no basta para cumplir con la democracia. Es muy importante asegurar que no se caiga en simulaciones.

En ese sentido es una obligación asegurar que las iniciativas de ley que presenten los ciudadanos sean debidamente atendidas. Es por ello que resulta relevante el que un representante de los ciudadanos que promueve una iniciativa de ley participe directamente en la discusión y análisis de la misma, dentro de las comisiones y en la etapa de análisis y discusión, previo a la deliberación y votación.

La participación directa de los ciudadanos en la elaboración de las leyes permitirá fortalecer la relación entre los representantes y los representados, resultando un procedimiento incluyente que permita, incluso, a las minorías expresarse legalmente y defender así sus intereses y proponer normas que promuevan y defiendan los intereses específicos de grupos minoritarios, los cuales también forman parte de nuestra nación.

Sin duda que este ejercicio nos permitirá a los legisladores conocer de primera mano, y por tanto, con mejor detalle los intereses, las preocupaciones, los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos, lo que coadyuvará en la conformación de la agenda legislativa y hará más efectiva la tarea del legislador.

Si bien me parece un tanto ambicioso afirmar que la figura de la iniciativa ciudadana representa un contrapeso en la repartición del poder de decisiones, y con ello la ciudadanía se consolide como un contrapeso de los partidos políticos, considero que esta figura permite que los ciudadanos se conviertan en actores activos en la vida pública de la nación para dar a conocer sus preocupaciones, sus aspiraciones y sus necesidades, a fin de que todo ello sea incluido en las plataformas electorales y en las agendas de los diferentes partidos políticos en función, claro está, del interés real de que cada uno de estos tengan por atender a sus electores.

Finalmente es importante resaltar y concientizar a la ciudadanía que esta nueva facultad o espacio que se abre para su participación en la vida pública del país representa igualmente una obligación de aportar propuestas, ideas e información que pueda resultar en una legislación que beneficie a toda la ciudadanía.

Así como es relevante que el ciudadano común participe activamente en la elaboración de sus leyes, igualmente resulta fundamental que dicha participación activa tenga sus alcances bien definidos para que por ningún motivo afecte las obligaciones y facultades propias de los legisladores.

El reconocimiento y ampliación de los instrumentos de participación ciudadana han sido producto de muchos años de lucha de la izquierda por democratizar a este país y garantizar que se escuchen todas las voces en las decisiones más importantes de la vida política de este país. Por lo anterior es que estoy a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alfredo Rivadeneyra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández:Compañeras diputadas y diputados, a lo largo de su historia Acción Nacional ha sostenido que la democracia requiere la participación directa y eficaz de las personas en las decisiones públicas.

Reiteramos que la democracia es un sistema de vida, de convivencia y de gobierno que se fundamenta en la igualdad esencial de los seres humanos, en lo material se sustenta en una igualdad de oportunidades y en lo espiritual en la posibilidad real de acceso a los valores de cultura y en el respeto a la libertad del ser humano para responder ante su propia conciencia y creencias personales del propio destino y del de sus semejantes.

Debido a ello los panistas hemos exigido siempre que el régimen político en México respete, promueva y garantice, no solo en el reconocimiento teórico, sino en el ejercicio real de los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la vida, a la elección de sus autoridades y representantes, a la participación en la toma de decisiones en el ámbito público, a incidir en los asuntos legislativos, a las libertades espirituales, a la justicia, a la educación, a la cultura, al trabajo y al descanso, a la propiedad, a la seguridad social y al bienestar en su conjunto.

En ese sentido, Acción Nacional ha promovido todas las vías que pongan las decisiones políticas en forma prominente en manos de los ciudadanos por vía del voto directo, de la participación ciudadana, de la participación en cargos públicos y de la capacidad de proponer proyectos que se conviertan en leyes y políticas públicas.

Es así que en diversos documentos básicos del PAN hemos propuesto iniciativas semejantes a las que hoy discutimos. En 1994 nuestra plataforma sostenía que el moderno estado de derecho es el que enriquece las instituciones de la democracia representativa con los principios y procedimientos de la democracia participativa, entre los que se encuentran la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, figuras que urge incorporar a nuestro régimen constitucional.

Por su parte, la plataforma electoral del año 2000, sostenía que la participación de la sociedad es la base de la democracia y constituye un formidable instrumento de apoyo a las tareas de gobierno. Estableceremos mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, entre otras formas de participación ciudadana.

En éstos y otros documentos asumimos los panistas que todos los ciudadanos debemos tener acceso al conocimiento y participación cívica, política y económica necesarias para ejercer los derechos y emplear los instrumentos y las instituciones que la democracia pone a nuestro alcance. Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos públicos y entusiasmar a la participación libre y ordenada en organismos intermedios.

La minuta que está a nuestra consideración, sin duda actualiza la premisa de que el sistema bicamaral permite el perfeccionamiento del trabajo parlamentario. Con los cambios que acordó la colegisladora no sólo se asegura que las referencias legales se armonicen con la creación del INE, sino que además atiende la necesidad de darle relevancia debida a las iniciativas ciudadanas en la agenda de las Cámaras del Congreso, dando atención oportuna a sus iniciativas con la obligación de la Mesa Directiva para inscribir en el orden del día de la sesión inmediata posterior a la conclusión de los plazos si no se contara con el dictamen correspondiente.

Adicionalmente se dará mayor certidumbre jurídica al proceso de integración de la iniciativa ciudadana verificando la validez de las firmas de quienes suscriben las iniciativas, así como garantizando una mayor participación de los ciudadanos cuando se faculta a uno de sus representantes para participar con derecho a voz en las sesiones de las comisiones y al proponer además que las Cámaras, a través de las oficinas de atención ciudadana, instauren un servicio de apoyo a la presentación de iniciativas.

Al hacer todo esto, compañeras y compañeros diputados, estaremos cumpliendo con nuestro deber de fortalecer y robustecer la democracia, un ideal que en los hechos se puede hacer tangible a todos los niveles y a todos los ciudadanos sin distinción alguna. Habremos de fomentar la cooperación y colaboración entre los tres Poderes de la Unión y entre los tres niveles de gobierno y los ciudadanos.

Es por estas razones que he expuesto, que el Grupo Parlamentario del PAN, fiel a su convicción democrática, votará a favor de la minuta en comento y habrá de hacer así efectivo el derecho humano contemplado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Abel Octavio Salgado Peña.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. A partir de 1977 el sistema político mexicano ha recorrido de manera pacífica y consensuada un largo trecho para transitar hacia una democracia electoral plena. Un régimen que haga posible la igualdad de todas y todos frente a las urnas, llevando a la práctica el contenido del artículo 3o. de nuestra Carta Magna en el que se visualiza a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

En tanto construcción humana nuestra democracia es susceptible de mejora permanente, para de este modo actualizarla, hacerla funcional y lograr que responda a las necesidades del país.

Hoy, a diferencia de otros momentos históricos, estamos frente al reto de transitar de una democracia electoral hacia otra de plenos derechos, que sea capaz de incidir positivamente en las condiciones de vida de la población.

Si no somos capaces de alejar el desaliento y satisfacer las expectativas generadas por la alternancia política, corremos el riesgo de provocar un distanciamiento entre los gobernantes y la sociedad, por lo que se vuelve necesario crear vínculos institucionales que identifiquen a la ciudadanía con su sistema político.

El dictamen que ahora discutimos cobra especial importancia pues por una parte genera espacio de participación social y por el otro hace posible que en el proceso legislativo se privilegien aquellos temas que más preocupan a la ciudadanía, logrando en todo caso su aprobación expedita por parte de la representación popular.

Tal y como en su momento lo señalara el licenciado Enrique Peña Nieto, la iniciativa ciudadana es una herramienta que permitirá a cualquier grupo de mexicanos, no nada más a los partidos políticos, participar en la generación de ideas y propuestas para transformar la legislación.

Así la ciudadanía podrá introducir nuevos temas a la agenda legislativa, fomentando una discusión directa con los legisladores, lo que permitirá acercar la relación entre representantes y representados.

Por su parte, como bien se menciona en el dictamen que nos atañe, la iniciativa preferente tiene como objeto obtener un equilibrio entre el derecho del Poder Ejecutivo a señalar la preferencia que decide otorgar a sus iniciativas ante el Congreso y la potestad soberana de este último para aprobar, rechazar o modificar las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo federal dentro de los plazos y a través de los procedimientos establecidos en la Constitución y en las disposiciones secundarias correspondientes.

Juntas estas dos instituciones jurídicas buscan otorgar mayor calidad a nuestro régimen político y provocar las transformaciones que nos permitan aprovechar nuestro potencial como nación, para de esta forma insertarnos de lleno en el desarrollo y la prosperidad.

Tal y como lo han hecho otros oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, se hace necesario expresar un reconocimiento al trabajo legislativo desarrollado por el Senado de la República y al oficio de los legisladores que integran la Comisión de Gobernación de esta Cámara, pues sus contribuciones han enriquecido de manera notable el multicitado dictamen y con ello han aclarado conceptos, fijado plazos ciertos y actualizado los términos de los contenidos para así ofrecernos una legislación mucho más depurada.

Compañeras y compañeros diputados: los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI otorgaremos nuestro voto favorable al presente dictamen, puesto que estamos convencidos de la necesidad de establecer una nueva relación entre gobernantes y gobernados a partir de la inserción de estos últimos en los procesos de toma de decisiones.

Estamos ciertos de que la adopción de formas de democracia directa como lo es la iniciativa ciudadana lejos de sustituir al actual régimen de representación popular lo viene a complementar, pues la realidad nos ha demostrado que no es suficiente elegir a nuestras autoridades, sino que es necesario establecer procesos de participación alejados de los intereses partidistas.

Pero no sólo eso. Creemos que estamos dando pasos importantes para modernizar la relación entre poderes, pues lejos de fortalecer a uno por encima de los otros, estamos aprobando medidas que provocan el diálogo y el consenso, privilegiando en todo momento la satisfacción de las necesidades sociales. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz para hablar en contra el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero Presidente. Éste es un reenvío del Senado de la República a un conjunto de normas que debieron haberse aprobado desde el año 2013, que deriva a su vez de la reforma política que se publicó en agosto del 2012. Es decir, estamos atrasados en el tema.

Pero de algún modo, cuando se hizo la reforma política que se aprobó el año pasado se pudo ir más lejos en materia de participación ciudadana, dado que nada impedía flexibilizar en el cuerpo del artículo 71 constitucional aún más los requisitos para la iniciativa ciudadana.

Es un poco también como el artículo 35, que habla de la consulta popular. Si se había reformado la Constitución para prever la reelección legislativa y de alcaldes, desde ahí se pudo haber flexibilizado el tema de la consulta popular y quitar toda la serie de candados de los que hoy se vale la Corte para estar dilatando el ejercicio de la democracia participativa.

Nuestra opinión es que se perdió la oportunidad de ir a una reforma política de Estado y de ir a una reforma política de fondo. Esta reforma que hoy llega en su reenvío del Senado de la República es una de las reminiscencias de la reforma de agosto del 2012. Y sigue habiendo obstáculos a la participación ciudadana, sigue habiendo requisitos mayores porque se dice fácil juntar ese número de firmas, el punto 13 del padrón electoral, pero sólo es para presentar la iniciativa, nada hay para facilitar que tengan un tratamiento legislativo adecuado, para que los ciudadanos tengan garantizado su derecho a participar.

Por otro lado, en el caso de la iniciativa preferente reglamentarla a estas alturas parece, incluso, una broma de mal gusto porque no ha habido iniciativas preferentes en este Congreso, ha habido iniciativas ultrapreferentes. Ha habido violación de procedimientos parlamentarios enviando minutas directamente a discusión, sin pasar por comisiones, y ha habido una serie de manoseos legislativos en esto que hemos llamado el monopolio u oligopolio legislativo que priva en San Lázaro, y entonces reglamentar a estas alturas la iniciativa preferente nos parece, incluso, extemporánea.

Por eso nosotros creemos que una verdadera reforma política que involucre a los ciudadanos tendría que partir de una iniciativa que reiteradamente en Movimiento Ciudadano hemos venido proponiendo, que es la revocación de mandato de autoridades, desde el presidente de la República hasta los ayuntamientos, pasando por jefes de gobierno, gobernadores y jefes delegacionales.

Nosotros lo propusimos y se dejó que muriera de inanición la iniciativa, pero hoy la diputada Merilyn Gómez Pozos ha propuesto nuevamente una iniciativa de reforma constitucional para reglamentar la revocación de mandato.

Aquí hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios a que le entremos de fondo a la revocación de mandato, que así como el pueblo elige una autoridad el pueblo tenga derecho a interrumpir un mandato cuando haya ineficacia, corrupción, negligencia o irresponsabilidad. Ése es el llamado que hacemos, por lo demás, nosotros vamos a votar en congruencia, nos parece una reforma menor, corregir de IFE a INE es prácticamente lo mismo.

Concluyo presidente. Porque en realidad lo único que ha cambiado en materia electoral es una letra de la efe a la ene, pero la democracia en el país sigue siendo inexistente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de la Universidad La Salle, de la carrera de derecho, alumnos y maestros, invitados por la diputada Lucy Pérez, que hoy nos acompañan aquí y nos da mucho gusto. Bienvenidas, bienvenidos todos.

Tiene la palabra para hablar a favor la diputada Consuelo Argüelles Loya.

La diputada Consuelo Argüelles Loya:Gracias, presidente. La democracia no es sólo una técnica, una forma de administración o de gestión de la república, de un estado, de un municipio o de una ciudad. Es una filosofía y una forma de convivencia, la más elevada y más conforme a la naturaleza humana, porque parte de la igualdad, de la esencia de todos los hombres. Es también una concepción de relaciones de los hombres entre sí y de los gobernados del poder.

La democracia es un valor, es una forma de organizarnos en la que los ciudadanos tienen el poder de decidir cuál es su gobierno y quiénes los representan en el ejercicio del poder, es un principio que parte de la idea de que todas las personas son iguales e implica establecer, dada su importancia, mecanismos que permitan hacer efectiva esa democracia.

Hoy Acción Nacional está a favor de esta minuta, mediante la cual se regulan tres cosas: la iniciativa ciudadana, la preferente y además se adecuan diversos ordenamientos para facultar al Instituto Nacional Electoral. Hemos de sentirnos orgullosos, pues con la aprobación de estas reformas se cuenta con la certeza de que ahora cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa.

Con esto se fortalece nuestro marco democrático y se enriquece nuestro actuar legislativo, pues son los ciudadanos quienes en primer lugar tienen el conocimiento de los problemas que día a día acontecen en nuestra sociedad. Además que son ellos en quien reside esencial y originalmente la soberanía nacional.

Para estas iniciativas se cuenta con un procedimiento en el que buscamos que dicha facultad ciudadana se vea protegida para garantizar su objetivo, porque lo que se estableció es un marco jurídico que promueve la atención en tiempo de dichas iniciativas, impidiendo el rezago legislativo, y con ello la falta de participación de la ciudadanía al ver mecanismos inoperantes.

Asimismo dotamos a los ciudadanos de la facultad de participar en reuniones de trabajo de las comisiones en que se discutan y dictaminen estas iniciativas a través de un representante común, promoviendo su acercamiento y que los diputados y las diputadas conozcamos la intención de la iniciativa de primera mano.

También definimos un procedimiento para verificar la autenticidad de los nombres y firmas de los suscriptores de las iniciativas en aras de la transparencia y la adecuada representatividad de quienes la presentan. Éste es un gran avance y Acción Nacional siempre ha sido un impulsor de brindar mayor poder a los ciudadanos, ya que ellos perfeccionan la democracia que actualmente vivimos.

De igual manera se incluyeron adecuaciones en las que tenemos que estar de acuerdo, pues implican la armonización legislativa de aquellas referencias a normas en materia electoral en que se refiere al Instituto Federal Electoral para contemplar ahora al nuevo órgano del INE. Con ello se perfecciona el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y formalmente se le asignan funciones que actualmente corresponden al IFE.

Finalmente se regula la figura de iniciativa preferente, con la que se da mayor certeza a las iniciativas que formula el presidente de la República, siendo esto una herramienta que permitirá implementar a la brevedad reformas sobre los temas que el Ejecutivo estime prioritarias.

Son todas estas reformas que logran dar pasos hacia adelante el camino a la consolidación de un régimen democrático, que si bien es perfectible puede traer mayor crecimiento en nuestro país y promueve la cultura de la participación ciudadana a nivel legislativo. La bandera ciudadana que siempre ha sido Acción Nacional hoy se ve bien defendida con esta trascendente reforma, y es por ello que nuestro partido votará a favor del presente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. Si le va bien a México, nos va bien a todos. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en contra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Será porque estamos días previos a la Semana Santa y dicen que de buenas intenciones está lleno el reino de los cielos. Yo no dudo que tal vez dos de los promotores de la iniciativa, que obviamente no son los del PRI, diputado Morfín, tuvieron buenas intenciones.

Aquí se han venido a llenar la boca los que me antecedieron en hablar loas y que la participación ciudadana y que... ya casi parece el ágora griega aquí. No, ya lo vivimos con el nombramiento de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, ya vimos de qué son capaces, de la regresión que hicieron.

Nada más ojalá leyeran lo que opinan los especialistas, los académicos, de cómo con esta imposición afín a sus partidos, y hablo de los del pactus interruptus continuos, porque continúa ese pacto. Ese pactus interruptus fue pura simulación, como le pasa a muchos mexicanos. No saben interrumpir, continúan.

No pusieron ciudadanos libres, autónomos, en estos momentos de fragilidad del sistema político mexicano y del propio país, no dieran certeza en los próximos procesos legislativos, y sigue siendo la asignatura pendiente evidentemente la democracia. Y aquí nadie se opone a que se abra la democracia participativa, la iniciativa ciudadana, sin duda la consulta popular, el referéndum y algo que ustedes ni por asomo tocan: la revocación del mandato, porque obviamente se los impide Peña Nieto. El que use esa palabra será despedido, como ahora despiden a muchos del PRI y ya no digo de otros partidos.

Obviamente no nos oponemos, lo que decimos es que no hay que mentir, que no hay que simular, que si tienen buena fe, que la verdad lo dudo, les hemos anunciado cómo les iban a dar cuentas de vidrio por oro para que aprobaran la reforma energética que fue el juego de Acción Nacional con el PRI, y que se llevaba el PRD para lavarse la cara con este tema como un supuesto avance democrático y demás.

Pero miren, vuelvo a dejar en la tribuna. De hecho, ya después no me van a dejar hablar, pero auguro que no lo van a responder. Se los dejo en la tribuna, porque aquí nadie se puede subir a desmentir esto que les estoy diciendo.

Por qué en los artículos transitorios de cada una de las propuestas que determina la abrogación del Cofipe, que han presentado en el Senado los del PRI, los del Verde, los del PAN y los del PRD, en todas y cada una de estas iniciativas, ¿por qué no se contempla la regulación de la iniciativa ciudadana, objeto de la minuta que hoy se presenta?

Minuta en la que tampoco se establece en el apartado de transitorios su adecuación al nuevo marco reglamentario de la reforma constitucional electoral para garantizar la viabilidad de la iniciativa ciudadana y la parte relativa a la verificación de requisitos que corresponden al INE, ¿y saben por qué no? Porque con esta iniciativa ciudadana, misma que será sujeta a revisión por el INE —culmino presidente— su viabilidad estará sujeta a esa nueva ley general electoral.

Entonces, están legislando en demagogia, ¿para qué tanto rollo? ¿Acaso no ven cómo los usa el PRI? Creo que sí, pero lo único que les importa a todos ustedes es garantizarse el ejercicio de sus privilegios. Por eso lo que más les importaba en la reforma política electoral era la reelección de diputados y senadores, porque se quieren quedar a vivir aquí en esas mullidas butacas, aunque al pueblo se lo esté llevando la trampa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Hay que recordar que estas iniciativas nacieron en gran medida por un movimiento ciudadano, un movimiento ciudadano en redes sociales, se convirtieron en un actor político importante y formaron incluso un hashtag, como se dice en Twitter, que se llama ReformaPolíticaYa. De esa reforma política ya y de la discusión que se hizo a partir de esa presión ciudadana —me parece una sana presión ciudadana— salieron algunas figuras, no todas las que plantearon en su momento, es cierto, aunque otras las recuperamos.

Por ejemplo, ellos traían no sólo la iniciativa ciudadana o la consulta popular, tenían también la reelección, que no se consiguió en ese momento, sino se consiguió ya en la reforma política. Pero viniendo de ésto y recordando esa historia, es justo reconocer a los ciudadanos que impulsaron estos instrumentos de democracia directa, estos instrumentos de participación ciudadana.

Y hay que decir, por supuesto, que no es la ley perfecta, ninguna lo es, y hay que ver también que este no es el último paso que vamos a dar para mejorarlas, al contrario, no es el fin del camino, es el inicio de un camino que empodera a los ciudadanos y, por lo tanto, estoy muy satisfecho de dar por fin una salida a estas demandas a la iniciativa ciudadana y la preferente también es correcta. Me parece que para una adecuada relación entre Poderes es correcto que exista esta figura de iniciativa preferente entre una relación sana y productiva entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero la iniciativa ciudadana es fundamental.

De hecho, se hizo una propuesta que se llama Internet para Todos, en la cual se estrenó esta figura, aún sin ley reglamentaria y es, por cierto, una iniciativa que tenemos que tener muy en cuenta para la discusión que va a venir en el caso de la Ley de Telecomunicaciones en lo referente a las redes sociales.

Hay un punto clave que está faltando, que me parece que es lo que sigue en el asunto. Vamos a sacarla y demos este paso importante, y por eso votaré con entusiasmo a favor, pero, ¿qué falta? Me parece que aprovechar las nuevas tecnologías.

Insisto, si fueron las nuevas tecnologías las que hicieron que fuera fuerte la reforma política, pues entonces que se utilicen y lo que sigue es aceptar la firma electrónica. Que haya firma electrónica para que no tenga que ser necesariamente en las esquinas como se consigan las firmas, sino que pueda ser por Internet y aprovechar esto. La firma electrónica o lo que se llama la wiki iniciativa es lo que falta.

Ahora, quiero decir, y sabemos de algunos que cuando pierden el sentido en lugar de volver en sí, vuelven en no. Bueno, para ellos quiero decirles que así como aquí dijimos —y tuvimos un deja vu en esta discusión—, porque cuando discutimos consulta popular, también decía aquí que era una simulación, que no iba a servir de nada, que jamás iba a poder. Bueno, aquí les dijimos en esta tribuna que serían bienvenidos cuando se sumaran a la consulta popular por el petróleo. La verdad es que tuvimos que esperar mucho menos de lo que yo pensé en ese momento.

Yo quiero celebrar el twitter de Andrés Manuel López Obrador ayer diciendo que va a juntar 2 millones de firmas para demandar consulta popular sobre el petróleo. Bienvenido, qué bueno, al sectarismo no le vamos a responder con sectarismo. Vamos a ser más fuertes vamos a defender el petróleo y los intereses de la nación, juntos, en el 2015.

Y qué bueno que se vaya a la Suprema Corte, a las instituciones, aunque seguramente en un muy buen debate que hubo entre los ministros hace apenas unos días, discutieron esto y dijeron que le iban a entrar al fondo cuando el Congreso así lo dispusiera de acuerdo a la nueva Ley de Consulta Popular, que será en el segundo semestre de este año.

Bienvenidos. Así como los vimos rectificar en consulta popular, seguramente los veremos rectificar en otras cosas. Bienvenidos, porque juntos somos más fuertes. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores. Frente a la tragedia que vive el país, frente a la enorme descomposición que la nación está sufriendo se buscan, se impulsan, se aprueban, por la mayoría de esta Cámara, medidas tibias, light, de una gran simulación, que no resuelven nada del fondo del problema.

Nosotros actuamos con principios, por eso no creemos en el gradualismo, no creemos en la contemporización de la derecha. Ésa es nuestra posición política, aunque a muchos les incomode, pero no vamos a variar.

Cuando les dijimos que iba a fracasar la reforma laboral no nos creyeron, a pesar de que la demagogia oficial de los que la apoyaron argumentaba que iba a haber millones de empleos. Se aprobó la reforma laboral y hay más desempleo.

También deberían rectificar los que apoyaron esta medida reaccionaria que privó a los trabajadores de sus conquistas laborales. Más aun, aquellos que respaldaron la reforma fiscal deberían rectificar, porque el país está hecho pedazos. No hay inversión, no hay crecimiento, hay desempleo y más inseguridad.

Aquellos que votaron por nuevos impuestos. Aquellos que votaron por el aumento mensual a las gasolinas deberían rectificar. Están a tiempo y son bienvenidos, porque la reforma fiscal que se aprobó en diciembre pasado, hasta los más conspicuos economistas señalan que es un error haberla aprobado, que es recesiva y que está provocando una profunda desaceleración económica.

Quienes han impulsado esta reforma de la iniciativa ciudadana, nosotros no los descalificamos, porque finalmente la iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación directa que busca otorgar derechos a los ciudadanos para poner en marcha el proceso legislativo. Fíjense ustedes, muchas de las reservas que aquí presentamos cuando la discusión de este tema ahora se están contemplando en el regreso que el Senado ha hecho como colegisladora de esta Cámara de Diputados.

La consolidación de mecanismos de participación directa sí es una exigencia, por supuesto que es una exigencia ciudadana y que en nuestro país siempre ha existido.

Ésta es una reforma que no resuelve el problema de fondo por el cual el país está atravesando. Por eso nosotros creemos que es un esfuerzo tibio, creemos que es insuficiente, creemos que es incompleta, porque frente a la tragedia que vive el país debería ser más profundo el cambio que se plantee.

Cuando se planteó la reforma fiscal nosotros afirmamos que era un completo error y hoy, a tres meses de aplicarse, todos los sectores productivos, ciudadanos, clases medias, demandan una corrección a la política fiscal, demandan una rectificación a la política fiscal, porque el país se está hundiendo en materia económica. El país puede lograr crecer con medidas más eficaces, con reformas sociales más profundas: ésa es nuestra posición política.

Por eso no les extrañe, siempre que intenten descalificarnos, nosotros vamos a pronunciarnos porque observemos principios. A nosotros nos preocupa finalmente la terca realidad, que nos está dando la razón a los argumentos esgrimidos y que muchos nos descalificaron: la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma financiera, la reforma energética.

Las llamadas reformas estructurales están provocando un estancamiento y una desaceleración económica en el país, y como consecuencia más desempleo, más inseguridad, más injusticia, porque es el mismo proyecto neoliberal que han venido aplicando éstos que mal gobiernan.

Por eso nosotros estamos en contra del proyecto neoliberal, pésele a quien le pese. Vamos a defender nuestras posiciones y vamos a mantener los principios que son los únicos que van a sacar al país adelante. Por un cambio verdadero.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, la diputada Amalia García Medina, para hablar a favor del dictamen.

La diputada Amalia Dolores García Medina:Muy estimados compañeras, compañeros. Señor presidente. Quienes venimos de una lucha de muchos años, una lucha de lejos por cambios en el país —yo tengo más de 40 años en esa batalla, se dice fácil 40 años— desde una posición de izquierda, batallando porque México se democratice sabemos que este tipo de batallas significan una determinación de constancia, significa también mucho compromiso y cuando la izquierda llegó a estar presente en las Cámaras, en el Congreso de la Unión tomamos la determinación, hablo en particular del caso mío y de otros compañeros y compañeras, que teníamos que tomar una determinación.

Podríamos estar aquí para presentar denuncias, y hay que hacerlo sin ninguna duda —éste es un foro extraordinario para denunciar, para visibilizar, para señalar aquello que es inaceptable, aquello que no puede ser— y también al mismo tiempo éste es un espacio en el cual, aparte de hacer uso de él para dejar el testimonio de nuestros reclamos, intentar que haya cambios. No es posible que logremos el consenso absolutamente de todas y de todos en un solo momento. Generalmente, sobre todo en una democracia, habrá puntos de vista diversos.

Ha sido, insisto, un proceso muy prolongado y largo para lograr transformaciones. Una de esas batallas que se han librado es la que tiene que ver con los derechos de los hombres y las mujeres de nuestro país a participar directamente en los asuntos de la nación, a influir en su curso y en la ruta del país.

En ese sentido, lo que hoy se conoce como las cartas ciudadanas puede ser visto como un asunto menor. Yo en cambio le veo una enorme trascendencia porque significa, a pesar de que no ha sido valorado así, la introducción de un elemento adicional en la democracia, en la calidad democrática de nuestro país. De una democracia representativa en donde estamos aquí elegidas y elegidos por los ciudadanos para hacer uso de este espacio en representación de ellos, a otro tipo adicional de participación ciudadana, que es la participación directamente de ciudadanas y ciudadanos que sin tener este cargo de representación popular, aquí hagan oír directamente sus propuestas y su voz.

Lo que existía en el Congreso de la Unión en el Reglamento era absolutamente insuficiente, era menor. Se señala —por ejemplo— en el artículo 177 del Reglamento de esta Cámara que las comisiones podrán acordar la realización de audiencias públicas y que pueden citar las comisiones a especialistas, a grupos interesados. Podrán citar a los ciudadanos para conocer su opinión.

Pero de lo que se trata con esta reforma que hoy estamos aquí discutiendo, que tiene que ver con el artículo 71, fracción IV, de la Constitución es una ley que establece el derecho de democracia directa de ciudadanas y ciudadanos a presentar aquí sus iniciativas, a estar en comisiones y a dar sus argumentos. Esta forma de democracia directa es aquello por lo que hemos luchado en muchas ocasiones a lo largo de muchos años.

Me parece pertinente decir que si bien es cierto la Constitución —no la ley, no lo que hemos discutido estos días— señala que deberán hacer la solicitud para una iniciativa ciudadana el 0.13 por ciento de quienes estén en el Registro Nacional de Electores —que con el listado de hoy día equivale a alrededor de 106 mil personas—, en nuestro propio grupo parlamentario y en otros espacios había quienes nos decían que reunir las firmas de 106 mil era un exceso.

Yo creo que siendo un número importante de firmas, al mismo tiempo a las propuestas que vengan promovidas por ciudadanas y ciudadanos con al menos 106 mil firmas, es evidente que llegan con tal fuerza, con tal autoridad de la sociedad, que muy probablemente en comisiones y en el pleno de las Cámaras tendrán posibilidades de ser aprobadas.

Yo quiero además agregar que, y termino con esto, el sistema bicameral que tenemos es un acierto. Hay quienes han planteado la posibilidad de que desaparezca el Senado, que esto se constituya en un espacio de representación unicameral, pero la virtud de este modelo que tenemos en México es que efectivamente el tránsito de iniciativas entre las dos cámaras, que haya cámaras revisoras, permite que si algo requerimos que vaya más allá, pueda ir mucho más allá.

Y en ese sentido, señor presidente, creo que la determinación de nuestras compañeras y compañeros senadores que establece principalmente una modificación, la principal que quiero resaltar, que cuando se ha presentado una iniciativa, quien la presente no tenga por que hacer uso de la voz en una sola ocasión, sino que pueda hacer uso de la voz hasta antes del proceso deliberativo de votación.

Me parece que eso es lo pertinente y ésta es una iniciativa que respaldamos plenamente en beneficio de derechos de democracia directa de ciudadanas y ciudadanos. Estamos a favor, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, le ruego a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a alumnos de la Universidad del Valle de México, de derecho, quinto semestre, y a estudiantes de la Universidad Central de Querétaro, que están hoy aquí acompañándonos, invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): A favor.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 357 votos a favor, 7 abstenciones y 27 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por 357 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Rectifico, fue por 358 votos.

Esta presidencia con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita el decreto al Ejecutivo federal se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar, por supuesto, lo aprobado por el pleno.

MEXICANOS SENTENCIADOS A MUERTE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Graciela Saldaña.

La diputada Graciela Saldaña Fraire(desde la curul): Gracias, señor presidente. El pasado 29 de enero del 2014, la diputada Alliet Bautista y su servidora presentamos un punto de acuerdo a la Comisión Permanente para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores emitiera un informe de las gestiones diplomáticas que se encuentran realizando a favor de los conciudadanos condenados a pena capital en el extranjero.

El día de hoy se ejecutará al sexto ciudadano mexicano en Texas, Ramiro Hernández, y es el número 16 en lo que va del año en todo Estados Unidos.

Señor Presidente, quiero comentar que el punto de acuerdo solicitado fue: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que brinde un informe detallado de las gestiones diplomáticas que se encuentran realizando a favor de los conciudadanos condenados a la pena capital en el extranjero a las Comisiones de Relaciones Exteriores en ambas Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Quisiera comentarle que nuestro grupo parlamentario está interesado en todas las labores diplomáticas y en cuáles son estas gestiones que se hicieron en esta fecha pasada. Por ello, es urgente tomar acciones en esta Cámara que permitan asegurar que el gobierno de Texas garantice las obligaciones internacionales en lo que respecta al tratado de ciudadanos apresados en el extranjero para garantizar un proceso apropiado.

Me parece que nuestra función no nada más es solicitar minutos de silencio, cuando nosotros tenemos que actuar a favor de nuestros connacionales, y sobre todo que tengan un juicio justo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, por favor.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf(desde la curul): Gracias, presidente. En relación con el mismo asunto, la ejecución el día de hoy de Ramiro Hernández Yáñez, mi enfoque es a una petición, más que petición una exigencia al presidente de la República para que haga valer la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros nacionales mexicanos.

En esta sentencia se señala la obligación de los Estados Unidos de Norteamérica, a raíz precisamente de esta sentencia, de revisar, reconsiderar todos los casos porque se violó el derecho de notificación consular establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares, derecho fundamental para precisamente respetar las garantías de debida audiencia, porque no tuvieron acceso a un cónsul, a la asistencia consular y a un abogado.

Desgraciadamente, el único estado de la Unión Norteamericana que no ha cumplido con la sentencia es precisamente el estado de Texas. Por la importancia de este asunto —porque no nada más es la ejecución de Ramiro Hernández Yáñez, sino los restantes que están pendientes de la pena de muerte en el estado de Texas—, la petición al presidente de la República es que haga un llamado al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, para que cumpla con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal(desde la curul): Gracias, presidente. Sobre el mismo tema y como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores quiero hacer un puntual llamado al presidente Peña Nieto para que atienda y se involucre en estos temas de los connacionales sentenciados a ser ejecutados en Estados Unidos.

Actualmente hay 60 sentenciados para esta ejecución, lamentablemente en el estado de Texas, en donde ellos argumentan tener leyes más duras que en los demás estados de los propios Estados Unidos, bueno, pues con este argumento no están atendiendo ni respetando las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia.

Es por eso que hacemos este llamado, ya que el propio Ejecutivo de la República Mexicana, a través del presidente Peña Nieto, debe tomar cartas en el asunto y exigirle a Estados Unidos que respete estas sentencias, sobre todo en el estado de Texas. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

La diputada Adriana González Carrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Adriana González Carrillo.

La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quiero hablar en nombre de los que integramos el Grupo Parlamentario del PAN para apoyar que se cumpla el fallo del caso Avena, y en particular para acompañar al Ejecutivo federal en el reclamo que se ha hecho ya a través de la Cancillería en el Consejo de Seguridad, para que se atienda ese fallo que fue en favor de los connacionales mexicanos y que en particular, en el caso de Texas, se ha negado a cumplir argumentando que ellos no son parte de ese tratado.

Es importante señalar que en enero pasado, el connacional Tamayo fue ejecutado también en las mismas circunstancias. Hoy, desgraciadamente, se ha anunciado que también será ejecutado el connacional Hernández, y desgraciadamente vemos la actitud del gobierno del estado de Texas que se niega a atender los mandatos del derecho internacional.

Yo creo que en este caso todos los nacionales mexicanos somos solidarios con la posición que exige el cumplimiento de la sentencia y que, por supuesto, acompañamos en el Consejo de Seguridad esa posición.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente para, también en materia de derechos humanos, dar cuenta de las recomendaciones que ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la tragedia del 5 de octubre del 2013, en el evento denominado Extremo Aeroshow de Chihuahua, donde hace una recomendación a las autoridades correspondientes, no solamente a que den seguimiento y se finquen las responsabilidades a todos los funcionarios públicos que están inmiscuidos en este tema, sino que se amplíe la investigación, que se dé una indemnización a las víctimas y que se dé una disculpa pública a las mismas, no solamente por la falta de medidas de seguridad y de protección civil en el evento, sino también por el dolo con el que se actuó en la designación de quién llevaría a cabo este evento.

Este es un tema de violación de derechos humanos al público en general en la ciudad de Chihuahua y se está solicitando que la Cámara de Diputados tenga un posicionamiento para que las autoridades del anterior cabildo de Chihuahua puedan cumplir con estas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.

El diputado Eloy Cantú Segovia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Eloy Cantú Segovia, por favor.

El diputado Eloy Cantú Segovia (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Efectivamente, en la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó este punto donde se exhorta justamente al Ejecutivo federal a que apoye jurídicamente la protección de la vida de los mexicanos condenados a muerte.

Y se hizo un reconocimiento al gobierno federal, al Ejecutivo federal, por haber ganado este caso de Avena, mediante el cual efectivamente se establece —según como se ha planteado aquí por la diputada Loretta Ortiz—, de conformidad con el artículo 36 de la Convención Internacional en Materia Consular, que es un requisito del debido procedimiento el que se tenga asistencia consular.

Se señaló explícitamente que infortunadamente en el caso de Texas no se está respetando este fallo internacional, más sí en otras entidades federativas. Está la Comisión de Relaciones Exteriores en el tema y hemos hecho lo conducente. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Todas las intervenciones quedarán debidamente registradas en el Diario de los Debates.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un inciso c) al artículo 11 y el Capítulo V Bis, denominado Del derecho a la navegación segura en Internet, a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de  la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que adiciona un inciso c) al artículo 11 y el capítulo V Bis, “Del derecho a la navegación segura en Internet”, a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez, de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso C. al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del derecho a la navegación segura en Internet” de la Ley Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 14 de agosto de 2013, la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del derecho a la navegación segura en Internet” de la Ley Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La diputada proponente expone que, a pesar de que la difusión del conocimiento y desarrollo vertiginoso de las tecnologías apresuran la evolución de la sociedad, las niñas, niños y adolescentes en medio de ese progreso científico y tecnológico son desprotegidos por las leyes y su desarrollo biopsicosocial se ve afectado por este medio.

Asimismo, señala que además del progreso, las nuevas tecnologías están siendo una fuente de información para la comisión de delitos graves como la trata, el secuestro, la extorsión; que sí es de alto impacto social en los adultos, el asunto se sobredimensiona para nuestra infancia.

Considera que el Poder Legislativo debe de atender esta problemática actualizando la norma para hacerla una herramienta que propicie políticas públicas de prevención del delito y genere condiciones más favorables para un desarrollo sano e integral de las niñas, niños y adolescentes.

Afirma que, la actual situación de Internet permite que un niño pueda acceder a páginas con cualquier tipo de temática. Como dato a destacar, 9 de cada 10 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, han visto pornografía en Internet. En la mayoría de los casos, el acceso a este tipo de contenidos se ha producido a través de búsquedas en Internet sobre temas que no tuvieron relación con la búsqueda principal que se estaba realizando.

Añade que, las y los niños mexicanos utilizan medios digitales al menos durante 14 horas a la semana, según una encuesta del portal MeQuedoUno.com, de mayo de 2012. De acuerdo con un sondeo de TNS Research International, efectuado para MeQuedoUno.com, los infantes usan la mensajería instantánea durante tres horas por semana, mientras que el tiempo que dedican a las redes sociales sería de dos horas, además de una hora para consultar su correo electrónico.

Manifiesta que, en cuanto al tema de la seguridad en los espacios digita/es, seis de cada diez padres de familia afirmó que sus hijos sólo navegan en Internet supervisados por un adulto, y uno de cada diez dijo que el uso de la red estaba restringido a ciertas páginas para sus hijos.

Por otro lado, manifiesta que según el artículo “Riesgos del uso de Internet por niños y  adolescentes, Estrategias de seguridad” publicado en el Acta Pediátrica de México, Volumen 29, Número 5, septiembre-octubre de 2008, en el Reino Unido, el 70 por ciento de los menores acceden a Internet desde su casa, y de ellos, 52 por ciento destina al menos cinco horas cada semana “a navegar”. Sin embargo, 80 por ciento de los padres no sabe qué hacer para que sus hijos lo utilicen de forma segura. Lo más grave, es que la mayoría desconoce los riesgos o peligros que pueden existir en la red. En este estudio, más de la mitad de los niños y jóvenes han tenido contacto con pornografía en línea al menos una vez a la semana.

Para la proponente, de acuerdo con publicaciones especializadas en el tema de seguridad para navegar en Internet, aseguran que en la página web los riesgos a los que se exponen niños y adolescentes cuando navegan libremente por Internet, son el acceso a páginas de contenido para adultos con material sexual explícito. También pueden encontrar contenidos de juegos, apuestas, escenas de violencia, consumo de drogas y alcohol, etcétera. Los juegos de dinero, les puede crear adicción.

Otro riesgo, que corren las niñas, niños y adolescentes es la comunicación con personas desconocidas que pueden engañar, seducir, abusar e inclusive desarrollar acciones ¡lícitas contra ellos, solicitando información personal como nombre, dirección, teléfono, aficiones, datos de la familia, aumentando con ello, el riesgo de ser víctimas de pederastia o de trata.

Además afirma que, la mensajería instantánea es el servicio más usado por niños y adolescentes. Este medio permite activar la cámara web; la cual no es recomendable su uso, ya que uno de los riesgos más importantes es que cualquier persona puede tomar el control de la computadora a través de la cámara conectada a Internet y entrar a los hogares o ser utilizado por depredadores en línea.

Finalmente, señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han impuesto al Estado mexicano el “interés superior de la niñez” en el artículo cuarto:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Contenido de la propuesta

Se propone la adición del inciso C. al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del derecho a la navegación segura en Internet” de la Ley Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

Consideraciones

Primera. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Segunda. La Convención sobre los Derechos del Niño, refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, entre las que encontramos: el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.

De ahí que la Convención de los Derechos del Niño establece en sus artículos 3, 4 y 17, lo siguiente:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 4

Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 17

Los Estados parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

Tercera. Es de suma importancia esta propuesta para esta Comisión dictaminadora, toda vez que la Internet en el mundo se ha posicionado en los últimos años, como uno de los medios de comunicación que le permite a la sociedad acceder a un volumen importante de información y conocimientos. A su vez le permite desarrollar con mayor ahínco sus posibilidades de expresar y comunicar libremente sus opiniones y provocar cambios en sus sociedades, así como también para asegurar el respeto de otros derechos y garantías, tales como: el derecho a la educación, la atención de la salud, el trabajo, el derecho de reunión y asociación.

Si bien es cierto, la Internet es una magnífica herramienta de información, de comunicación y de libertad, también es cierto que la Internet ha revolucionado el estilo de vida de los adultos, pero sin duda el cambio más espectacular se ha producido en las niñas, niños y adolescentes, quienes han aprendido hábilmente su manejo.

La rapidez con la que los niños y las niñas están accediendo al Internet no tiene precedente alguno en la historia de la innovación tecnológica en el mundo.

La Internet es, después de la televisión, el medio de comunicación que mayor influencia tiene en niñas, niños y adolescentes en particular, puesto que la Internet es usado como medio de expresión, comunicación y entretenimiento, muchas de las veces lejos del alcance y conocimiento de sus padres, mientras que en las escuelas o en los colegios el uso de Internet está generalmente supervisado.

No obstante, junto con esas incuestionables ventajas derivadas de las inmensas posibilidades de conocimiento y comunicación que permite la navegación, la Internet ha hecho surgir en los últimos tiempos graves motivos de inquietud, si tenemos en cuenta que la niñez y la adolescencia están cada día más expuestas a computadoras, teléfonos celulares, dispositivos móviles u otros dispositivos portátiles (tabletas) que ofrecen conexión a Internet, sin la supervisión de alguno de sus padres o de aquellas personas que los tengan bajo su cuidado, quienes a su vez podrían mediar en el uso del menor bien para ayudarle a maximizar las oportunidades como para minimizar los riesgos.

Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes aunque pueden ser usuarios experimentados de la Internet ignoran y pueden manejar incorrectamente los peligros que su uso implica, puesto que la Internet se ha convertido en el vehículo ideal para transmitir informaciones perjudiciales y para la comisión de diversos delitos.

Por ello, es importante que estén siempre acompañados de cualquiera de los padres o un adulto cuando estén conectados a Internet, a fin de que no estén expuestos a material pornográfico, de violencia, drogas, abuso, corrupción de menores o que tengan comunicación con personas desconocidas que pueden engañarlos, seducirlos, abusar e inclusive desarrollar acciones ¡lícitas contra ellos o a entregar información personal como nombre, dirección, teléfono, aficiones, datos de la familia, etcétera.

Es por esta razón que tanto en hogares, como en escuelas, se deben acometer con toda seriedad acciones tendientes a lograr que los menores adopten conductas responsables y preventivas, cuando navegan y se interrelacionan con otras personas en Internet.

Cuarta. Debemos reconocer que el marco jurídico internacional, por conducto de los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado, obligan a nuestro país como Estado parte a proteger a la niña, niño y adolescente contra toda información y material perjudicial para su bienestar.

Por ello, la Comisión de Derechos de la Niñez, considera de suma importancia llevar a cabo la adición propuesta, en virtud de que dentro de nuestro marco jurídico como lo es la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no existe un apartado relativo al derecho de las y los infantes y adolescentes a una navegación segura de Internet que les proteja de los riesgos a los que se pueden enfrentar.

Por lo que nos parece muy acertada la propuesta de iniciativa de la promovente, en el sentido de que nos interesa y preocupa la seguridad de los menores cuando navegan en Internet de manera totalmente privada. Al margen de la supervisión de alguno de sus padres o de aquellas personas que los tenga bajo su cuidado.

Si bien, no se trata de una propuesta de privar a las niñas, niños y adolescentes de esta herramienta de la vida moderna, por el contrario es necesario tomar ciertas precauciones en lo que concierne su uso, dado que la Internet tiene también sus desventajas, puesto que ofrece un acceso a unos contenidos peligrosos para sus hijos (violencia, pornografía, etc.) o contrarios a la ley (incitación a la xenofobia, uso de drogas, trata de personas, etc.)

Por ello, es deber de los padres hacer dla Internet sea un sitio seguro para sus hijos. Por lo tanto, es importante que exista el diálogo padres e hijos en la prevención de los riesgos relacionados con el uso de Internet.

Quinta. En este tenor, la Comisión de Derechos de la Niñez, considera viable aprobar el contenido de la propuesta de adicionar el inciso C. al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del derecho a la navegación segura en Internet” de la Ley Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, toda vez que es obligación de los padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes supervisar los contenidos de la información a la que acceden las niñas, niños y adolescentes a través dla Internet, a fin de evitar que estén expuestos al contacto con personas malintencionadas, con contenidos inapropiados para su edad y con la posibilidad de desarrollar actividades que ponen en riesgo la intimidad propia y la de los demás, así como el eventual desarrollo de conductas ilícitas o adictivas, especialmente sobre los que hagan apología o inciten a la violencia, a la guerra, a la comisión de delitos, al racismo, a la desigualdad entre el hombre y la mujer, a la xenofobia, a la intolerancia religiosa y cualquier otro tipo de discriminación, a la esclavitud, a la servidumbre, a la explotación de las personas, al uso y consumo de cigarrillos y derivados del tabaco, de bebidas alcohólicas, así como aquellos de carácter pornográfico.

Frente a estos hechos, esta comisión dictaminadora considera viable la propuesta de la proponente, en razón de que debemos garantizar que los padres o aquellas personas que tienen a su cuidado niñas, niños y adolescentes supervisen la navegación segura en Internet por parte de los más pequeños, tanto en los hogares y centros educativos como en cualquiera de los puntos de acceso público a Internet.

Si bien es cierto que actualmente los niños y los jóvenes utilizan a diario la Internet para sus trabajos escolares y pueden llegar a contar con determinada experiencia en la navegación por este medio, también lo es que existe el riesgo latente de que reciban información perjudicial o de que sean víctimas en la comisión de diversos delitos.

De ahí la importancia de tomar todo tipo de medidas para lograr que los menores adopten conductas responsables y preventivas, cuando navegan y se interrelacionan con otras personas en Internet.

Finalmente, esta comisión considera necesario hacer modificaciones a la propuesta de la iniciante, a efecto de que este acorde con lo previsto en el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez someten a consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el inciso C. al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del derecho a la navegación segura en Internet” de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se adiciona el inciso C. al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del derecho a la navegación segura en Internet” de la Ley Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A. y B. ...

C. Supervisar los contenidos de la información a la que acceden las niñas, niños y adolescentes a través dla Internet; utilizando para ello los mecanismos de seguridad de este sistema de información en los diversos medios electrónicos.

Asimismo deberán, sin que se considere invasión a su privacidad, tener conocimiento del uso que le dan a los diferentes servicios en la Internet.

Capítulo V Bis

Del derecho a la navegación segura en Internet

Artículo 21 A. Las niñas, niños y adolescentes deberán contar con información adecuada, que sea acorde con su desarrollo integral y a la salud, para el uso o compra de juegos computarizados, electrónicos o multimedia, especialmente de Internet.

Artículo 21 B. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, buscar y utilizar información acorde con su desarrollo integral por medios de salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedia y de servicios de Internet.

Artículo 21 C. Las madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes orientarán a los mismos sobre el uso de la información y contenidos en Internet, especialmente sobre los que hagan apología o inciten a la violencia, a la guerra, a la comisión de hechos punibles, al racismo, a la desigualdad entre el hombre y la mujer, a la xenofobia, a la intolerancia religiosa y cualquier otro tipo de discriminación, a la esclavitud, a la servidumbre, a la explotación de las personas, al uso y consumo de cigarrillos y derivados del tabaco y cualquier otra droga, de bebidas alcohólicas, así como aquellos de carácter pornográfico.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García, María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López, Isela González Domínguez (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz.»

El Presidente diputado José González Morfín: Saludo con mucho gusto a los estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tepeapulco, Hidalgo, que nos acompañan hoy, invitados por el diputado Francisco González Vargas. Bienvenidas y bienvenidos, todos.

Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz la diputada Beatriz Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez me permito presentar y argumentar a favor del proyecto de decreto que adiciona un inciso c) al artículo 11 y el Capítulo V Bis, denominado Del derecho a la navegación segura en Internet, a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Internet en el mundo se ha posicionado en los últimos años como un medio de comunicación que le permite a la sociedad acceder rápidamente a un volumen importante de información y conocimientos.

En nuestro país el Internet ha cobrado especial relevancia por la relación que tiene con los derechos humanos, tales como el derecho a la información, la libertad de enseñanza y la libertad de expresión, que a su vez contiene el derecho de difundir el libre pensamiento de ideas, además de convertirse en un espacio para comunicarse, para buscar información, para estudiar, jugar, descubrir y crear.

El Internet, después de la televisión, es el medio de comunicación que mayor influencia tiene en niñas, niños y adolescentes en particular, tomando en cuenta que la niñez y la adolescencia están cada día más expuestas a computadoras, teléfonos celulares, dispositivos móviles u otros dispositivitos portátiles que ofrecen conexión a Internet, sin la supervisión de alguno de sus padres, de sus madres o de aquellas personas que los tengan bajo su cuidado, quienes a su vez podrían mediar con las niñas, niños y adolescentes bien para ayudarles a maximizar las oportunidad, como para minimizar los riesgos que se pueden encontrar.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta un panorama general sobre el uso y el aprovechamiento de Internet, tomando como fuente la encuesta sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, la cual nos reveló que en 2010 en el país 38.9 millones de personas son usuarios de una computadora y 32.8 millones tienen acceso a internet. La encuesta también registró que en entidades como el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora, Baja California, 4 de 10 hogares cuentan con una computadora, lo que significa un promedio del 43.4 por ciento, mientras que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca sólo uno de cada 10 hogares tienen acceso a una computadora, en un promedio de 14 por ciento.

Hoy las niñas, los niños y los adolescentes, aunque pueden ser usuarios experimentados de Internet, ignoran los peligros que esto también implica, puesto que éste se ha convertido en el vehículo ideal también para trasmitir informaciones perjudiciales y para la comisión de diversos delitos.

Son muchos los riesgos a los que se exponen las niñas, niños y adolescentes al navegar libremente en Internet, como la exposición de material pornográfico, de violencia, drogas, trata de personas, abuso y corrupción de niñas, niños y adolescentes.

Los factores que mayor influencia tienen son la facilidad para acceder a páginas de contenidos inapropiados. Otro riesgo es la comunicación con personas desconocidas que igual los pueden engañar, seducir, abusar e inclusive desa-rrollar delitos contra las niñas y niños, como los que mencioné con anterioridad.

Si bien no se trata de una propuesta de privar a las niñas, niños y adolescentes de esta herramienta de la vida moderna, es necesario tomar ciertas precauciones en lo que concierne a su uso, de ahí la relevancia que tiene para la Comisión de los Derechos de la Niñez que se apruebe esta iniciativa, por lo que los convocamos a votar a favor del presente dictamen.

Estamos convencidas y convencidos que es obligación de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes —de los padres de familia, de las madres de familia— el de orientar y supervisar los contenidos de la información a la que acceden sus hijos y sus hijas a través del Internet.

Lo anterior, a fin de evitar que estén expuestos al contacto con personas mal intencionadas y con páginas electrónicas con contenidos inapropiados para su edad, así como el eventual desarrollo de conductas ilícitas o adictivas, especialmente sobre los que hagan apología o inciten a la violencia, a la guerra, a la comisión de delitos, al racismo, a la desigualdad entre el hombre y la mujer, a la xenofobia, a la intolerancia religiosa y a cualquier otro tipo de discriminación, a la esclavitud, a la servidumbre, a la explotación de personas, al uso y consumo de drogas, de bebidas alcohólicas, así como aquellas páginas que tengan carácter pornográfico.

Sin duda estamos conscientes que este dictamen contribuirá para que las niñas y niños tengan una navegación segura en Internet. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Juárez Piña. Está a discusión en lo general. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la sociedad de la información es una realidad que nos obliga a diseñar nuevos entramados legales e institucionales para hacer frente a los retos que implica el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.

En los albores del siglo XXI, los cambios en la economía global han impulsado la expansión de las tecnologías digitales, en las cuales el Internet se ha convertido en la vía más idónea y accesible para facilitar la comunicación social y la adquisición de conocimientos. Esta situación trae consigo transformaciones en la interacción social, particularmente en la responsabilidad sobre el manejo de la información disponible en Internet, ya que estos datos no siempre están bajo la tutela de una autoridad y, por el contrario, rompen con la dimensión espacial.

Además resulta necesario contemplar que el contenido generado en un recóndito lugar de un país lejano puede ser visto en otra latitud, sin que se requiera de una autorización para su publicación.

Reconocemos en el Internet un espacio de libertad de interacción social, un mecanismo para ejercer de manera plena nuestro derecho a la información, pues constituye un ágora virtual. Sin embargo, debemos advertir que esta libertad conlleva a una responsabilidad y un compromiso para que su uso contribuya a la formación integral del individuo y que la información sirva para construir una mejor ciudadanía.

El escenario en el que se inscribe la adición de un inciso c), al artículo 11 y un capítulo V Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, busca que en un marco de seguridad las y los niños mexicanos puedan hacer efectivo el derecho humano a la educación y a la información de calidad y sin riesgos.

Al incluir la obligación de padres, madres de familia y tutores de supervisar la información que reciben nuestros menores de edad, reforzamos las acciones que realizan desde sus ámbitos de competencia las autoridades correspondientes.

La realidad en la que se inserta esta dictaminación nos reclama acciones urgentes, pues la Asociación Mexicana de Internet reporta que desde el año 2006, cada año un promedio de cinco millones de connacionales se suman al uso del Internet.

Bajo esta óptica, en el 2006, la red de redes sólo era utilizada por 20.2 millones de mexicanos y para el 2013 ya contabilizábamos 45.1 millones. Por lo que urge atender legislativamente aquellas ausencias que podrían afectar el desarrollo de las y de los mexicanos. Este mismo organismo informa que el 33 por ciento de estos usuarios se inscriben entre los 6 y los 17 años de edad, equivalente a 14 millones 883 mil personas.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública reporta que en el curso 2012-2013, el país atendió a 30 millones 334 mil 896 alumnos, por lo que se estima que uno de cada dos alumnos mexicanos cuentan con acceso a los servicios de Internet.

Lo anterior si consideramos que 9 de cada 10 usuarios de Internet acceden a por lo menos a una red social, que utilizan esta herramienta un promedio de 5 horas al día, y que los días de mayor consumo son los viernes. En consecuencia, resulta esencial atender los temas relacionados a este uso y a la formación de las nuevas generaciones.

Cabe destacar que la exposición sin supervisión de nuestra niñez a las herramientas tecnológicas los convierte en un sector vulnerable para los delincuentes, quienes aprovechan el anonimato con la intención de generar un clima de confianza que les permite cometer delitos graves, como la pedofilia o la trata de personas, drogadicción, secuestro, etcétera.

Las encuestas también señalan que sólo 6 de cada 10 padres de familia vigilan a sus hijos cuando utilizan el Internet, y sólo uno de cada 10 sabe cómo restringir el ingreso de sus hijos a páginas de contenido inapropiado.

Por lo tanto es necesario que a la par de la aprobación de esta reforma la Secretaría de Educación Pública implemente programas de información y de capacitación a los padres de familia, de tal forma que estos cuenten con las herramientas necesarias para poder dar cumplimiento a este acuerdo, pues una buena parte de ellos ha expresado que desconocen el uso y el manejo del Internet. Consideramos que para evitar los riesgos que esto implica todos los involucrados deben asumir su responsabilidad para resolver esta problemática.

Congruentes con la convicción que hemos impulsado desde el Grupo Parlamentario Nueva Alianza acerca del acceso a la banda ancha como un derecho humano votaremos a favor del presente dictamen, pero con la responsabilidad y el debido cuidado, a fin de que en el futuro la infancia y la adolescencia mexicanas gocen de los derechos fundamentales de seguridad y acceso a una educación de calidad con equidad. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Lucila Garfias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, agradezco a los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez el tiempo dedicado al análisis y preparación del dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por la de la voz.

Celebro que hayamos coincidido en la necesidad de adicionar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Vivimos la época de mayor desarrollo tecnológico, en la cual las niñas, niños y adolescentes son mucho más diestros que nosotros para manejarla. De hecho, comentamos que ellos pertenecen a una generación en la que han nacido con un chip integrado, el de la tecnología.

Ciertamente, los avances tecnológicos que hoy atestiguamos son un medio que ha transformado a la humanidad, su manera de pensar y actuar, de relacionarnos con el mundo y sus circunstancias. Pero lo que nunca debe cambiar ni cambiará, ni podremos permitir que así sea, son los vínculos que deben existir entre los padres o tutores para con los hijos en su etapa de formación.

Como lo señalé en la exposición de motivos de la iniciativa, la Internet es una magnífica herramienta de información, de comunicación y de libertad, pero también, desafortunadamente, se ha convertido en un medio con material pornográfico, de violencia, drogas, abuso, corrupción de menores y para entablar diálogo con personas que pueden engañar a las niñas, niños y adolescentes, seducirlos, abusar de su ingenuidad, inclusive, inducirlos a la realización de conductas ilícitas.

Por ello, propuse que a la ley de la materia se agregara el inciso c) al artículo 11, relativo a la obligación de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, en supervisar los contenidos de la información a la que acceden a través de la Internet, utilizando para ello los mecanismos de seguridad de este sistema de información en los diversos medios electrónicos y supervisión, y un capítulo denominado Del derecho a la navegación segura en Internet.

La adición de este capítulo V Bis garantizará que las niñas, niños y adolescentes cuenten con la información adecuada, acorde con su desarrollo integral y a la salud, al uso o compra de juegos computarizados, electrónicos o multimedia, especialmente de Internet. Que tengan derecho a recibir, buscar y utilizar información acorde con su desarrollo integral por medio de salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedia y de servicios de Internet, de que las madres, padres y todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes los orienten sobre el uso de la información y contenidos del Internet.

La aprobación de esta propuesta favorecerá, sin lugar a dudas, la comunicación entre padres e hijos afectada en la actualidad cuando no se maneja adecuadamente la tecnología, e influirá en un mejor desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, alejándolos del manejo de información que pueda dañarlos.

El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración contribuye al fortalecimiento de nuestro Estado de derecho con la modificación propuesta a los dispositivos enunciados, puesto que el artículo 16 constitucional, en la parte conducente señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, pues con el imperativo legal referido, articulado con los cambios a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se dota a las autoridades correspondientes de más elementos para actuar en contra de todas aquellas personas que pretendan atentar contra la integridad de nuestros infantes y jóvenes a través de la Internet.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, les solicito su voto de manera afirmativa en la aprobación del dictamen que se somete a nuestra consideración, en los términos que se ha publicitado en la Gaceta Parlamentaria. Y por tanto, nuestro grupo parlamentario votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Magdalena Núñez. A continuación, para fijar posición por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. El Internet es una herramienta, como se ha dicho aquí por las diputadas y los diputados que me han antecedido, que representa un gran abanico de posibilidades y es el medio actual por excelencia a través del cual nos informamos, interactuamos con otras personas e intercambiamos un sin fin de bienes y servicios.

Sin embargo, el acceso a las tecnologías y a la banda ancha en México constituye algo de alto costo y hasta de riesgo para nuestras niñas, niños y adolescentes. El Internet debiera ser un bien y se ha convertido en una mercancía. El Estado ha renunciado a su facultad rectora dejando este sector al mercado, y peor, al oligopolio de este sector.

Ya se han dado datos, pero cuando leemos que para 2012 tenemos 2 mil 400 millones de usuarios y que en México se va avanzando en un crecimiento del 556 por ciento desde el 2000 hasta el 2014, entendemos que la problemática es digna de atenderse por parte de la Comisión de Derechos de la Niñez.

En México, sin embargo, en Oaxaca no se llega ni al 2 por ciento de la cobertura, claro, en Oaxaca no hay dinero, hay mucha marginación, no hay negocio, entonces no hay banda ancha, ni accesibilidad a estos contenidos inapropiados de los que hace alusión esta iniciativa. Por lo visto y afortunadamente no todo México es territorio Telcel.

Ojalá esta Cámara de Diputados en la discusión que vamos a abordar en el tema de las telecomunicaciones y que al parecer constituye únicamente un reparto entre los magnates que por cierto son integrantes de la mafia que soporta al Ejecutivo federal, pues tomemos acciones y medidas para que, para empezar nuestras niñas, nuestros niños y los adolescentes tengan acceso a la banda ancha y a las tecnologías desde el enfoque que constituye un derecho y que constituye un bien y que no veamos los representantes del pueblo todo como mercancías y desde el enfoque de los empresarios.

Ustedes, nosotros, no estamos para litigar las disputas de Carlos Slim y de Emilio Azcárraga. Tenemos que construir instituciones de Estado que limiten la voracidad, el abuso y los monopolios. Ojalá se tenga en ese sentido la disposición de tomar las medidas correspondientes, al menos en la Comisión de Derechos de la Niñez nos preocupamos por estar al pendiente de las reformas que corresponden a los riesgos que las niñas, niños y adolescentes puedan tener al acceder a estos contenidos.

Yo les diría con mucha claridad que soy diputado del distrito XXIV de Coyoacán y en las últimas semanas he visitado 45 escuelas públicas y si comparamos los resultados que se dan en el censo de escuelas que hace público el Inegi en el que damos cuenta que seis mil escuelas no tienen agua, tres mil escuelas no tienen energía eléctrica, dos mil escuelas no tienen servicios sanitarios, pues menos van a tener Internet, menos van a tener una computadora.

Señoras y señores, esos son los temas. En Coyoacán no se atienden temas de seguridad estructural. Los baños no funcionan, no hay ventanas, no se impermeabiliza. Este gobierno gasta en cualquier tontería menos en lo que se debe de invertir, que es en la educación y en la escuela pública.

¿Cuánto dinero gastan? ¿Cuánto dinero se gasta incluso en la Cámara de Diputados? 30 millones de pesos de propaganda mentirosa, hablando de las grandes reformas estructurales incluyendo la educativa, y en las escuelas no hay agua, no hay luz, no hay servicios. Faltan todas las cosas que se puedan imaginar, menos va a haber Internet.

Muchas gracias, diputado presidente. Obviamente como se desprende de lo que he dicho, vamos a favor del dictamen, pero quiero que conste en la versión estenográfica la situación grave que existe en Coyoacán. No me quiero imaginar cómo está Tabasco, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, el norte del país, si en el Distrito Federal estamos como estamos.

Seguramente esta Cámara me respaldará en las gestiones que haremos ante la Secretaría de Educación Pública para que esta circunstancia no se quede únicamente como una queja, como un dolor de las madres, padres de familia, profesores y niñas y niños de las escuelas del distrito de donde provengo. Es cuanto.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Gerardo Villanueva. A continuación tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Judit Magdalena Guerrero López para fijar posición en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su venia, presidente. Señoras y señores legisladores. La infancia es un periodo de preparación, aprendizaje y formación para enfrentar de la mejor manera los retos del futuro.

Dada la vulnerabilidad a la que está expuesto el ser humano en esta etapa de su desarrollo los líderes mundiales decidieron que los niños deberían de tener una convención que velara específicamente por sus derechos, en razón de que los menores de 18 años precisan de cuidados y protecciones especiales ya que los infantes son más sensibles a los cambios que se generan en su ambiente y estos factores positivos o negativos pueden cambiar su desarrollo de manera drástica.

La Convención sobre los Derechos de los Niños, establece en el artículo 17, inciso e) que los Estados parte promoverán directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.

Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño, sancionada en 1989, garantiza a cada niño y niña adolescente el derecho a opinar y a ser escuchado. La libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, la libertad de asociación y asamblea y el derecho a la información.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF reconoce que el uso de la Internet ha puesto una profunda y auténtica revolución en la manera de relacionarnos, comunicarnos y entretenernos. Especialmente al segmento demográfico de niñas, niños y adolescentes ha originado este fenómeno una serie de retos y grandes desafíos.

La propia UNICEF ha planteado la integración de una plataforma electrónica por una Internet responsable y libre que proteja y promueva los valores, evitando sea utilizada esta excepcional herramienta para provocar actitudes violentas, racistas, xenofóbicas o discriminatorias.

Dicha agencia mundial ha alertado a los gobiernos nacionales a tomar medidas estratégicas y a definir políticas públicas específicas para que los niños, niñas y adolescentes naveguen de forma protegida en el ciberespacio de la Internet.

Ha recomendado igualmente implementar amplias campañas sociales de concientización sobre la importancia de utilizar adecuadamente la autopista de la información. En ese sentido es pertinente conciliar correctamente el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos, entre ellos los derechos de los niños, niñas y adolescentes con las regulaciones normativas con sentido moral y ético.

La UNICEF ha propuesta una regulación de avanzada en el acceso a Internet, no sólo desde computadoras, ya sean de escritorio o portátiles, sino también desde teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia consideró también como una forma de proteger a los niños, niñas y adolescentes la posible utilización por parte de los proveedores de Internet de filtros electrónicos que garanticen el cuidado de los menores en la utilización de esta poderosa herramienta de comunicación digital.

La mayoría de las naciones han avanzado en el diseño de modernos modelos de regulación jurídica del uso pleno de la Internet, sobre todo cuando se trata de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En nuestro país debemos de dar pasos firmes en este sentido, que afiancen las relaciones de una sociedad regulada por el derecho.

Junto con las nuevas oportunidades que brinda el mundo digital a los niños, niñas y adolescentes, y que les permiten ejercer derechos importantes tales como el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, paralelamente se busca lograr el acceso a una Internet inclusiva y segura en todas partes del mundo que posibilite la construcción de una cultura de responsabilidad para su uso.

Se propone por lo tanto tomar precauciones en lo que respecta al uso de la Internet, dado que la autorización de ésta ofrece también desventajas al ofrecer acceso a contenidos peligrosos para los niños como violencia, pornografía, usos de drogas, trata de personas, etcétera.

Debido a lo aquí expuesto se invita a que los padres colaboren para que la Internet sea un sitio seguro para sus hijos, utilizando medidas como el control parental que establece candados en las computadoras y sobre todo estableciendo una relación de confianza con sus hijos que les permita emprender un diálogo abierto sobre los peligros relacionados con el uso de la Internet.

Por todo lo anterior y tratando de velar siempre por el interés superior de nuestros niños, el Partido Verde apoya el presente proyecto de decreto por el cual se adiciona un inciso al artículo 11 y al capítulo V Bis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes.

La Internet cambia tan rápido como las medidas tecnológicas para la protección de los infantes, probablemente no podrán mantenerse al día. Las medias más efectivas y verdaderas son las que se construyen sobre la familia, la comunidad y la educación, de forma que el niño y el joven tomen buenas decisiones y se beneficien del poder generador de la Internet. Es cuanto, presidente y a su consideración, señoras y señores legisladores.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Guerrero López.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a invitados procedentes del estado de Coahuila de Zaragoza, invitados por el diputado José Luis Flores Hernández, así como a miembros de la Asociación Civil Filantrópica y Educativa, provenientes de distintos países centroamericanos, invitados por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra. Sean todos ustedes bienvenidos.

A continuación tiene el uso de la voz, para fijar posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos.

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El Internet es una novedosa carretera que nos acerca a un gran volumen de información y de conocimientos. La red hoy tiene un gran sitio predominante en nuestra vida diaria.

También el Internet ha hecho que muchas cosas se mejoren en nuestro entorno social, haciendo procesos más eficientes, búsquedas de información mucho más sencillas y agilizando la comunicación a distancia en tiempo real.

Como se sabe, existe un mundo de aspectos positivos a los que se puede acceder por la vía de Internet. Muestra de ello es el dato de la existencia, en el año 2010, de mil 967 millones de personas que utilizan 274 millones de servidores en el mundo.

Pero también existen grandes amenazas a través del Internet, acciones y conductas dañinas que también se ejercen, como el acoso, el ciberbullying, injurias, apropiación de propiedad intelectual, adicción, enganche para trata de personas, prostitución, pornografía, etcétera.

Pero el Internet, que por sus innegables ventajas se ha constituido en un instrumento que debe ser propiciado por los diferentes gobiernos, no está exento de riesgos. El Internet es un medio en el que la delincuencia organizada y tecnológica pone buena parte de sus esfuerzos en tratar de sorprender a muchos usuarios que confían en la red y en la información que encuentran o reciben a través de ella.

Es por ello que resulta prioritario emplear todos los medios a nuestro alcance para crear en las y los usuarios de Internet un entorno de confianza para el empleo de este útil medio informático.

En gran medida, en los riesgos a que nos exponemos en Internet existe un elemento común: requiere de un tratamiento previo de información personal, de datos personales. No es posible intentar estafar o remitir publicidad no deseada si previamente no se ha obtenido el dato del correo electrónico.

El acoso a los menores de edad a través de su propio espacio privado exige acceder a datos de identificación para poder conocer e invitarles a alguna actividad. Los problemas vinculados al uso de un dato fundamental de la persona, la imagen, requieren que alguien la haya puesto a disposición de la comunidad en el Internet.

Por otra parte, muchos servicios de Internet se han basado en el intercambio o consumo de información personal.

Desde este punto de vista, la problemática de la protección de datos personales en Internet constituye una pieza fundamental. Es absolutamente necesario generar en las y los ciudadanos una cultura para la protección de sus datos personales y de manera particular en las niñas, en los niños y en los adolescentes, ya que de ella dependerá que cada persona pueda hacer un uso seguro de Internet para lograr no sólo mejor nivel de vida, sino también un verdadero control sobre su información.

Muchos factores contribuyen a que los menores de edad estén más expuestos a situaciones riesgosas. Las cámaras fotográficas digitales, los celulares con cámara incorporada, los mensajes de texto, las salas de chat y los sitios de redes sociales como el Facebook y el Messenger, entre otros, permiten a las y a los niños acceder a comunidades virtuales donde no existe certeza respecto de la identidad de las personas con quienes conversan o se relacionan. Es ahí donde conviven sin restricciones posibles víctimas y victimarios, y se genera un ambiente propicio para el anonimato y el encubrimiento de los abusadores.

Por lo anterior, es insustituible el tema de la seguridad en la navegación de Internet, ya que desde la instalación del primer servidor en la década de los noventa el volumen de la información en la red sigue expandiéndose. Y por ello es indispensable buscar una regulación que permita generar un uso seguro eliminando todo riesgo para nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática llama a pronunciarse en la aprobación de ésta, ya que la iniciativa en comento tiene como misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías, y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia y en la adolescencia, buscando con ello dar un avance en la ruta de la garantía de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputada Borges Pasos. A continuación para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene el uso de la voz la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En Acción Nacional coincidimos con las adiciones que se están proponiendo realizar a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través del dictamen que discutimos en la Comisión de Derechos de la Niñez.

Estamos a favor porque se cumple con lo previsto en el artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, con las modificaciones a la ley se están promoviendo disposiciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra toda la información y material que resulta perjudicial para su bienestar y que están disponibles en la red.

Particularmente establece que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, buscar y utilizar información acorde a su desarrollo, por medio de salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedia y de servicios de Internet.

También hace énfasis en que es obligación de madres, padres y de toda persona que tengan al cuidado niñas, niños y adolescentes supervisar los contenidos de la información a la que acceden ellos a través de Internet, utilizando para ello los mecanismos de seguridad de ese sistema de información en los diversos medios electrónicos.

Estas disposiciones son necesarias debido a que no podemos omitir que Internet ofrece una oportunidad sin precedentes en la historia de la humanidad. Y como lo han señalado diversos autores en la materia, para niños y adolescentes en particular Internet se ha convertido en un espacio para comunicarse, buscar información, estudiar, descubrir y crear. Pero también se ha convertido en el vehículo ideal para transmitir informaciones que pueden llegar a ser perjudiciales para los pequeños y para la realización de diversos abusos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, tenemos que asumir que la convergencia de Internet, la telefonía móvil, las diversas modalidades de computadoras y tabletas, entre otros, son actualmente la forma de acceso al ciberespacio. La familia, como núcleo fundamental de la sociedad y como primer garante de proteger en todo momento a las niñas y niños es responsable de su cuidado en todo momento.

Los padres, tutores y responsables de la niñez mexicana tenemos cada vez más dificultades para supervisar las interacciones de los menores de edad en el ciberespacio. Pero ello no debe ser obstáculo para que asumamos nuestra responsabilidad y proporcionemos una mejor orientación a nuestros hijos en el uso de la información y contenidos para que puedan tener una navegación más segura en Internet.

Ciertamente la extraordinaria expansión de las tecnologías de la información se han constituido en una herramienta imprescindible para el desarrollo individual y colectivo de la sociedad en general, sin embargo es pertinente alertar a los menores de edad sobre los peligros de estas tecnologías de tal manera que no se infunda miedo o fobias tecnológicas.

Debemos promover entre la niñez prácticas seguras y hábitos saludables en Internet. Actualmente no se les puede prohibir navegar en Internet, pero los padres o las personas responsables de su cuidado tenemos la obligación de asumir una supervisión que los proteja y resguarde de riesgos.

Promovamos también la concientización y la autorregulación, démosle la información necesaria para que no se expongan a los ciberdelincuentes que se dedican a actividades ilícitas. Por ello nos sumamos a este dictamen y las invito y los invito a que lo aprobemos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Pérez Camarena. A continuación tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Isela González Domínguez, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Isela González Domínguez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la labor para educar a las niñas y niños en el uso adecuado de la Internet compromete aspectos críticos para la preservación de su vida y su desarrollo.

El pasado 11 de febrero la Unión Internacional de Telecomunicaciones junto con otras agencias de la ONU, organizaciones civiles y gubernamentales, celebraron a nivel internacional el Día de la Internet Segura. En esa ocasión se centró en estrategias de educación para promover un uso más responsable de las tecnologías, especialmente entre niños y jóvenes.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones destacó que el uso de teléfonos inteligentes para enviar, recibir y difundir fotos y videos también crece con rapidez, aunque las capacidades de los niños para navegar de forma segura en la red no van a la par con la velocidad con la que aparecen nuevas aplicaciones y dispositivos.

El organismo alertó que los mensajes con contenido sexual explícito, la intimidación y el acoso, así como el contacto con explotadores sexuales, son peligros rutinarios que afrontan los niños y los adolescentes.

En México, el 18 de marzo de este año, en entrevista concedida a un diario de circulación nacional, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Procuraduría General de la República, señaló que en nuestro país las redes sociales se han vuelto el mecanismo preferido para reclutar víctimas del delito de trata de personas, principalmente mujeres.

De acuerdo con la funcionaria, los tratantes se han modernizado, el número de menores de edad contactados a través de estos medios va en aumento y el problema se ha extendido hacia nuevos estados de la República. La posibilidad de establecer contacto directo entre personas desconocidas y el anonimato que fomenta usos impensables fuera de la red, brinda a los delincuentes oportunidades para obtener información que les facilita la comisión de estos ilícitos.

Con los datos que las potenciales víctimas suben a las redes los criminales las seleccionan y enganchan, ofreciéndoles una relación sentimental, de trabajo, viajes, coches, entre otras. Como refirió la funcionaria, existen también impactos en otras conductas delictivas, como son los casos de niños contactados a través de las redes sociales para trabajar como sicarios.

El uso delictivo del Internet constituye sin duda uno de los aspectos más alarmantes en torno de los problemas que plantea el acceso a esta herramienta, pero no son los únicos, existe por otra parte una gran preocupación por los efectos negativos que puede tener la exposición de los menores de edad a contenidos que puedan lesionar su desarrollo bio-psicosocial, tales como aquellos con material sexual explícito, violencia, consumo de drogas y alcohol o aquellos que involucran a los participantes en juegos o apuestas.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del total de usuarios de Internet en México el 11 por ciento son niñas y niños entre 6 y 11 años, y el 24 por ciento son adolescentes entre 12 y 17 años de edad. Estamos hablando de un conjunto de población que equivale a poco más del 30 por ciento del total de las personas que usan Internet.

Por eso estamos de acuerdo en apoyar la aprobación del dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, para adicionar el inciso c), al artículo 11 y un capítulo V Bis, Del derecho a la navegación segura en Internet, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, determinándose como obligación de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, la de supervisar los contenidos de la información a la que acceden las niñas, niños y adolescentes a través del Internet.

En este acto, el Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor de iniciar un proceso para reeducarnos y educar en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, creando hábitos de uso que incluyan la definición de límites, pero también y, sobre todo, información, preparación, orientación, confianza y respeto para proveer a nuestros niños y niñas de las herramientas que les permitan aprovechar los enormes beneficios de esta formidable herramienta evitando sus riesgos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada González Domínguez.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, para hablar en pro, la diputada Denisse Ugalde Alegría, la diputada Zuleyma Huidobro y el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Por tanto, pido a la diputada Ugalde Alegría tomar el uso de la voz hasta por tres minutos.

La diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, actualmente es difícil pensar nuestra vida diaria sin herramientas tecnológicas como el Internet, cuya utilización ha transformado la manera en la que nos comunicamos, pensamos, convirtiéndose en las últimas dos décadas en parte fundamental de nuestro entorno cotidiano.

A este avance tecnológico debe acompañar siempre un amplio sentido de responsabilidad, principalmente por el alcance y el potencial daño que su mal uso puede llegar a generar a la sociedad.

Sobre lo anterior, ante la evidencia de un creciente número de casos de tráfico de personas para fines de explotación sexual o laboral, o de fenómenos como el bullying o la extorsión que se están dando a través de Internet y que afectan la tranquilidad de muchas familias mexicanas, la labor de educar a niños, niñas y adolescentes en el uso adecuado de esta herramienta se vuelve fundamental para su desarrollo y la integridad de sus familias.

La iniciativa en comento hace especial énfasis en la obligación de los padres y de todas las personas que tienen a su cuidado niñas, niños y adolescentes de supervisar los contenidos de la información a la que estos acceden a través de la red. Asimismo se subraya el derecho que tienen de recibir, buscar y utilizar información por medios electrónicos que esté acorde con su desarrollo integral y su salud.

Queda claro que esta labor debe darse desde distintos niveles, comenzando con la educación y la formulación de criterios desde los propios hogares, para que en un determinado momento nuestros jóvenes y niños puedan hacerle frente a los peligros antes mencionados.

Es imprescindible que las niñas y niños que navegan en el Internet cuenten con la orientación adecuada sobre la forma en la que pueden sacar el mayor provecho de la información obtenida a través de este recurso, sin riesgos y siempre bajo la supervisión de los padres o de las personas que cuiden de ellos.

Proteger a los niños y a las niñas mexicanos de la exposición o contenidos que les dañen física, psicológica o emocionalmente nos exige, como legisladores, el avanzar hacia un marco de responsabilidades que incluyen a la familia en estas tareas, al ser ésta el núcleo básico en el cual los menores desarrollan la mayor parte de sus actividades.

En días recientes hemos difundido videos de concientización en distintas redes sociales sobre el uso que se les da a las imágenes y videos que los jóvenes comparten en sus cuentas como, por ejemplo, las ofertas falsas de índole sexual con fotografías extraídas directamente de la red.

Será por medio de la educación y la supervisión en el uso de las nuevas tecnologías como podremos frenar y erradicar definitivamente estos delitos. Internet es una herramienta que ha significado un gran avance en temas como la comunicación, la información, el fortalecimiento de la ciudadanía o el comercio, por citar sólo algunos.

Estamos conscientes de que todo avance tecnológico, como ya se ha dicho, implica un grado de responsabilidad social que debe estar orientado siempre hacia el bien común y en beneficio de las nuevas generaciones. Debemos buscar que los niños y jóvenes mexicanos aprovechen al máximo las grandes posibilidades que ofrece Internet. Reduciendo el riesgo, por medio de las medidas aquí señaladas, de que sus potenciales usos delictivos puedan dañar de forma irreversible tanto a ellos como a sus familias.

Por lo antes expuesto, las diputadas y diputados del PRI nos pronunciamos a favor de esta iniciativa. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Ugalde. Tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro hasta por tres minutos, en representación del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar en pro.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. Es cierto que las niñas y niños de hoy ya traen el chip de la tecnología incluido. Felicitamos a la promovente de esta iniciativa, porque celebramos que se incluya en las obligaciones de madres, padres y de quien tenga a su cuidado niñas, niños y adolescentes, que supervisen los contenidos de la información a la que acceden a través de Internet.

Pero también es cierto que no se ha dicho aquí que todos los problemas a los que se pueden exponer los niños al usar Internet también se da por la pérdida de valores y de principios en nuestra sociedad, de la falta de comunicación entre padres e hijos.

Nuestra sociedad ha cambiado. Nuestras niñas, niños y adolescentes prefieren estar al frente de una computadora que salir a jugar a las calles, y los padres así también lo prefieren por la inseguridad que se vive en nuestro país.

Habremos de fomentar la obligación a padres y madres para supervisar cómo navegan nuestros hijos en Internet, pero también habrá que fomentar principios y valores como honestidad, confianza, autoestima, respeto, responsabilidad.

Explicarles que aparte de las redes sociales a las que pueden tener acceso, también pueden visitar museos de manera virtual en todo el mundo, por ejemplo. O que pueden seguir conciertos de ópera en vivo. Consideramos que el Internet no es malo como tal, lo malo es cómo se utiliza. Fomentemos la cultura y educación en nuestras niñas y niños.

Pero también me pregunto, ¿qué se va a hacer en aquellos casos donde existe trata, abuso, acoso sexual, en estados o comunidades indígenas de niñas, niños y adolescentes donde no se tiene acceso a Internet? El Internet no es el problema, lo vuelvo a repetir, el problema es cómo se utiliza y para qué se utiliza. El Internet debe ser de acceso abierto y gratuito para todo mundo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos, para hablar en pro.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Primer que nada felicitar a la proponente, la diputada Núñez Monreal, por esta iniciativa que recoge la preocupación de padres de familia respecto a la navegación segura de los menores de edad en Internet. Y que al mismo tiempo establece una serie de determinaciones para evitar que también se desentiendan algunos padres de lo que implica hoy el amplio universo de información que circula por las redes.

No es una iniciativa restrictiva, es una iniciativa para prevenir el mal uso del Internet, dado que hoy millones de niños y menores de edad están sujetos a acechanzas, a ataques en su privacidad y también al acoso de pederastas o de gente que utilizando el anonimato de las redes y del Internet tratan de llevar a cabo sus innobles propósitos con el bien más preciado de una sociedad que es su niñez.

Por esa razón, nosotros estamos de acuerdo en que se involucre a la familia en la supervisión de los contenidos. Hay además una serie de herramientas para la navegación segura que los propios sistemas informáticos permiten y de esta manera no hay pretexto para que se pueda llevar a cabo.

Por esa razón estamos de acuerdo en el dictamen de la comisión, de la propuesta de la diputada Núñez Monreal.

Sin embargo, no hay que confundir una reforma de estas características que involucra a la sociedad y a la familia para regular las visitas a Internet, partiendo de que son menores de edad, de que están en etapa formativa, partiendo de que no tienen todavía los elementos suficientes para el libre albedrío y sus propias determinaciones. No hay que confundirlo con la regulación excesiva a Internet con la mano del Estado y de los ministerios de Gobernación para influir en los contenidos que circulan en la red o en los medios de comunicación.

Por eso nosotros estamos de acuerdo en esta reforma, pero no estaríamos de acuerdo en ninguna disposición que retome los contenidos de la famosa acta, que es el Acuerdo para el Tratamiento y el acceso a Internet que vemos algunos detalles, algunos rasgos de esta disposición en la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones.

Vemos que hay por ahí algunas disposiciones que hablan del bloqueo de contenidos, aplicaciones o servicios por parte de los proveedores de servicios de Internet o de telecomunicaciones a solicitud de cualquier autoridad, lo cual implica un absurdo porque estamos convirtiendo a la Secretaría de Gobernación en un Big Brother que va a estar supervisando el comportamiento de los particulares.

Estamos nosotros por un Internet libre, por un Internet que no tenga interferencias gubernamentales, sino la propia responsabilidad social de las familias en temas como éste que tiene que ver con los menores de edad. Pero desde hoy advertimos que no estaremos de acuerdo en que se le quieran dar facultades a la Secretaría de Gobernación para vigilar contenidos en medios y en Internet solamente como una medida de control estatal.

Ésa es nuestra posición, por ahí a algunos les incomoda, pero ya estamos hablando ahorita de Internet y de su regulación. Nos parece pertinente, presidente —concluyo— tocar este tema para que al rato no haya sorpresas. Es cuanto.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía. No habiendo más oradores registrados y en virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutir en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, a favor 404 votos, 1 abstención y 1 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto que adiciona un inciso c) al artículo 11, y un capítulo V Bis denominado Del derecho a la navegación segura en Internet a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Honorable Asamblea

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma el artículo 46 del Estatuto General de Gobierno del Distrito Federal.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión del Distrito Federal, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en razón de los siguientes.

I. Antecedentes

1. Con fecha del 3 de diciembre de 2013, la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma el artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen.

3. El 25 de marzo de 2014, en sesión plenaria de la Comisión Distrito Federal, se analizó, discutió y aprobó el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa, tiene la convicción de que existirán muchas ventajas para la democracia y la impartición de justicia, otorgando al órgano encargado de desarrollar la función judicial en el Distrito Federal, y de aplicar su marco normativo, el derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre todo destacándose en materias jurídicas tan especializadas como son: Código Penal, Código Civil, sus correspondientes Códigos Procesales, así como la Ley de Justicia para Adolescentes, entre otras.

III. Considerandos

La diputada proponente en su exposición de motivos, realiza una exposición vasta, amplia y precisa de argumentos históricos, teóricos y jurídicos como son los siguientes:

I. La Teoría clásica de la separación de poderes, es el fundamento del Estado liberal, formulada por los clásicos del Estado democrático (Alexander Hamilton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu) responde a la necesidad de evitar que el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado se concentre en un solo individuo; y protege al hombre de otros hombres.

Esta división debe ser resguardada para que nadie controle los tres poderes, exista invasión de un poder sobre otro; o subordinación de alguno frente a los demás. Esta misma concepción, esta retornada en nuestra Constitución en su artículo 49 cuando señala:

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.”

Así, tradicionalmente al Poder Legislativo se le encomienda como función específica la creación de leyes; al Poder Ejecutivo, la facultad de ser el administrador de los recursos del Estado, el que ejecuta o pone en vigencia las normas y controla su cumplimiento; y al Poder Judicial, se le encarga la administración de la justicia y la resolución de controversias mediante la aplicación de las leyes a casos concretos e interpretación de normas.

II. Sin embargo, en el presente, la teoría clásica es superada aunque respetada en su conformación de órganos independientes que representan dentro de sus límites, el poder del Estado.

Así, en el Estado mexicano cada órgano desarrolla una función en forma principal pero no excluyente, sino que algunas se realizan por dos órganos estatales.

No obstante de que cada uno de los órganos ejerce las facultades conferidas por la norma, también es cierto que se les confiere, permite y reconoce atribuciones, en apariencia exclusiva a los otros poderes.

Ejemplo de esto, es un Poder Legislativo que realiza funciones ejecutivas al aprobar o rechazar los tratados concluidos con otras naciones, o cuando manifiesta su aprobación para el nombramiento por el poder ejecutivo de jueces, embajadores y jefes militares. De igual forma, realiza funciones judiciales cuando a través de sus cámaras, desahoga juicios políticos o declaraciones de procedencia.

Otro ejemplo, es cuando el Poder Ejecutivo que ejerce funciones legislativas participa en la promulgación de las leyes o emite disposiciones reglamentarias; presenta proyectos de ley, o bien, se opone a través del veto a las leyes emitidas por el poder legislativo.

Sus funciones judiciales se enfocan a la facultad que tiene de disponer de indultos o conceder conmutación de penas, arrestos de personas durante el estado de sitio, o a través de la “Justicia Administrativa”.

III. Por su parte, el poder judicial participa dentro del las funciones legislativas cuando declara la inconstitucionalidad de alguna ley del Congreso o decreto del poder ejecutivo; o establece jurisprudencias. Funciones ejecutivas, cuando nombra y remueve a los funcionarios que se de-sempeñan en los tribunales o administra los recursos que les son destinados.

Así las cosas, ente’1demos que la teoría de la división de poderes ha venido evolucionando, desarrollándose y estableciendo la mutua colaboración de los órganos públicos, pues esto redunda en una adecuada interrelación y equilibrio entre los mismos.

IV. En ese contexto, los órganos encargados de la función judicial en diversos estados del país, cuentan con la posibilidad de presentar iniciativas ante su respectivo Congreso local. Sobre todo, en aquellos asuntos que son correspondientes a la materia judicial.

V. Hasta el pasado 7 de enero de 2013, treinta y una entidades federativas otorgaban el derecho de iniciativa al Poder Judicial local. Algunas restringiendo en diferentes grados dicha facultad (facultad restringida) concediéndolo sólo para regular asuntos internos de los propios tribunales; y otras abren el campo a todas las materias (facultad amplia).

Siendo el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el único que no contaba con la facultad para ejercer el derecho de iniciativa; hasta que el pasado 28 de noviembre la Cámara de Diputados, aprobó la minuta enviada por Senado, y fue publicada el pasado 7 de enero de 2013.

Sin embargo, en el recién concluido mes de octubre, el Tribunal Superior quiso hacer uso de esta nueva facultad para proponer modificaciones a la Ley de Justicia para Adolescentes.

En esta ocasión, legisladores locales expresaron que el Tribunal Superior de Justicia del DF, “...sólo tenía facultad para iniciar leyes orgánicas y para el funcionamiento de la administración de justicia, por lo que no la tendría para iniciar un procedimiento legislativo... y no de normas sustantivas que rebasan sus facultades de iniciativa”.

De ahí también, la necesidad de corregir esta situación en el Estatuto de Gobierno para evitar que al Tribunal se le escatime la potestad que esta misma Cámara acordó por unanimidad, conceder en noviembre del año pasado.

VI. Con la presente iniciativa, se tiene la convicción de que existirán muchas ventajas para la democracia y la impartición de justicia, al otorgar al órgano encargado de desarrollar la función judicial en el Distrito Federal, y de aplicar el marco normativo de la ciudad; el derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e iniciar un proceso legislativo en las materias jurídicas tan especializadas como son: Código Penal, Código Civil, sus correspondientes códigos procesales, así como la Ley de Justicia para Adolescentes, entre otras.

En diversos estados, sus constituciones locales consagran este derecho de iniciativa “amplia” y ha quedado expresado de la siguiente manera:

Baja California Sur

Artículo 57. La facultad de iniciar Leyes o Decretos compete a:

I. Al gobernador del estado

II. Los diputados al Congreso del estado

III. Los ayuntamientos

IV. El Tribunal Superior de Justicia

Durango

Artículo 50. El derecho de iniciar leyes y decretos compete:

I. A los diputados del Congreso del estado;

II. Al gobernador del estado;

III. Al Tribunal Superior de Justicia; y

IV. A los ayuntamientos en lo relativo a la administración municipal.

Estado de México

Artículo 51. El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:

I. Al gobernador del estado;

II. A los diputados;

III. Al Tribunal Superior de Justicia;

IV. A los ayuntamientos;

V. A los ciudadanos del estado;

VI. A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en materia de derechos humanos. Michoacán

Artículo 36. El derecho de iniciar leyes corresponde:

I. Al gobernador del estado;

II. A los diputados;

III. Al Supremo Tribunal de Justicia;

IV. A los ayuntamientos; y,

V. A los ciudadanos michoacanos, de conformidad con los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia. No podrán ser objeto de iniciativa popular la materia tributaria o fiscal, de Egresos y la regulación interna de los órganos del Estado.

San Luís Potosí

Capítulo IV

De la iniciativa y Formación de Leyes

Artículo 61. El derecho de iniciar leyes corresponde a los diputados, al gobernador, al Supremo Tribunal de Justicia, y a los ayuntamientos, así como a los ciudadanos del Estado.

Sinaloa

Artículo 45. El derecho de iniciar leyes y decretos o sus reformas, compete:

I. A los miembros del Congreso del estado;

II. Al gobernador del estado;

III. Al Supremo Tribunal de Justicia del Estado;

IV. A los ayuntamientos del estado;

V. A los ciudadanos sinaloenses;

VI. A los grupos legalmente organizados en el estado.

Sonora

Artículo 53. El derecho de iniciar leyes compete:

I. Al Ejecutivo del estado.

II. Al Supremo Tribunal de Justicia.

III. A los diputados al Congreso de Sonora.

IV. A los ayuntamientos del estado.

V. A los ciudadanos que representen el 1% del total inscrito en el Padrón Estatal Electoral, conforme a los términos que establezca la Ley.

Tamaulipas

Artículo 64. El derecho de iniciativa compete:

I. A los diputados del Congreso del estado;

II. Al gobernador del estado;

III. Al Supremo Tribunal de Justicia;

IV. A los ayuntamientos;

V. - A todos los ciudadanos, por conducto de sus Diputaciones; la iniciativa popular deberá plantearse conforme a la ley

Tlaxcala

Artículo 46. La facultad de iniciar leyes y decretos corresponde:

I. A los diputados;

II. Al gobernador;

III. Al Tribunal Superior de Justicia;

IV. A los ayuntamientos;

V. A los habitantes del estado en los términos que establezca la ley, y

VI. A los titulares de los órganos públicos autónomos.

Querétaro

Artículo 18. La iniciativa de leyes o decretos corresponde:

I. Al gobernador del estado;

II. A los diputados;

III1. Al Tribunal Superior de Justicia;

IV. A los ayuntamientos;

V. A los organismos autónomos; y

VI. A los ciudadanos en los términos previstos en la Ley.

Zacatecas

Artículo 60. Compete el derecho de iniciar leyes y decretos.

I. A los diputados a la Legislatura del estado;

II. Al gobernador del estado;

III. Al Tribunal Superior de Justicia del Estado;

IV. A los ayuntamientos Municipales;

V. A los representantes del Estado ante el Congreso de la Unión;

VI. A los ciudadanos zacatecanos radicados en el Estado; y

VII. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el ámbito de su competencia

VII. Es importante considerar que las propuestas de ley enviadas por un órgano no político como es el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, contribuirá a perfeccionar el sistema jurídico vigente, al detectar y observar limitaciones, problemas, contradicciones o deficiencias al momento de su aplicación; y el estricto apego de las normas jurídicas nacionales e instrumentos internacionales.

VIII. La iniciativa que se propone, no implica una violación de competencia ni de facultades; ya que el hecho de concederle al Tribunal Superior de Justicia la facultad de iniciativa amplia y las propuestas que formule al respecto. Estas tendrán que ceñirse al proceso legislativo que todo proyecto de ley o decreto sigue, que puede dar como resultado su aprobación, su modificación o su rechazo, e inclusive el veto mismo. Con lo que se garantiza la separación y equilibrio de poderes.

La Comisión del Distrito Federal encontró en los argumentos expuestos por la diputada proponente, en listados del I al VIII considerados, sustento y bases suficientes para acordar el dictamen de la presente iniciativa de acuerdo a sus facultades, coincidiendo los integrantes de esta comisión dictaminadora con la iniciativa en cuestión.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal resuelven: Es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Por lo que sometemos a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 46. ...

I. ...

II. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia; en las materias Civil, Penal, Familiar, de Justicia para Adolescentes y en sus respectivos códigos procesales, a excepción del penal.

III. y IV. ...

Transitorios

Único:El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica en contra), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan, Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera, José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández.»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Laura Barrera Fortoul, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Laura Barrera Fortoul:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea. El dictamen que hoy presenta la Comisión del Distrito Federal es producto del consenso y aprobación mayoritaria de todos los grupos parlamentarios que en ella participan y propone reformar la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Como se recordará, el 28 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado por la que se concedía la facultad al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de presentar iniciativas ante la Asamblea Legislativa en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia, y que fue publicada el 7 de enero de 2013.

La modificación puesta a su consideración tiene por objeto ampliar las facultades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia en las materias civil, familiar y de justicia para adolescentes en su aspecto procesal, con lo cual se fortalece la labor del tribunal.

Cabe señalar que en los diversos estados de nuestro país sus Constituciones locales ya consagran este derecho de iniciativa para sus tribunales, algunas restringiéndola en diferentes grados, concediéndola sólo para regular asuntos internos de los propios tribunales, y otras, abriendo el campo para todas las materias.

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal era el único que no contaba con la facultad para ejercer el derecho de iniciativa y se considera que esta modificación traerá ventajas en la impartición de la misma, al permitir que el órgano encargado de desarrollar la función judicial en el Distrito Federal pueda promover adecuaciones a su marco de adaptación y presentar iniciativas ante la Asamblea Legislativa en materias jurídicas tan especializadas como las ya mencionadas, con lo que contribuirá al perfeccionamiento del andamiaje jurídico de la Ciudad.

Es importante tener en cuenta que las propuestas de ley enviadas por un órgano no político como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal contribuirán a perfeccionar el sistema jurídico vigente al detectar y observar limitaciones, problemas, contradicciones o deficiencias al momento de su aplicación en estricto apego de las normas jurídicas nacionales e instrumentos internacionales.

El proyecto de decreto que se discute no implica de ninguna manera una violación de competencias ni de facultades, ya que el hecho de concederle al Tribunal Superior de Justicia la facultad de iniciativa en determinadas materias tendrá que ceñirse al proceso legislativo que todo proyecto de ley o decreto sigue, lo que puede dar como resultado su aprobación, modificación, rechazo e inclusive el veto mismo, con lo que se garantiza la separación y equilibrio de poderes.

Agradezco a mis compañeros diputados su confianza y colaboración en los trabajos que de manera cordial venimos realizando, e informo que la comisión en su conjunto presentará una reserva a este dictamen, misma que doy lectura.

Con fundamento en el artículo 109 de Reglamento de la Cámara de Diputados solicitamos someter a consideración del pleno la presente reserva al dictamen de la Comisión del Distrito Federal que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El dictamen dice, artículo 46. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia en las materias civil, penal, familiar, de justicia para adolescentes, y en sus respectivos códigos procesales, a excepción del penal.

Debe decir: Artículo 46. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia en las materias civil, familiar y de justicia para adolescentes en su aspecto procesal.

Lo dejo en la mesa, señor presidente, muchas gracias.

«Comisión del Distrito Federal.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitamos someter a consideración del Pleno la presente reserva al dictamen de la Comisión del Distrito Federal que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El dictamen dice:

Artículo 46.

I.

II. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento  de la administración de justicia; en las materias Civil, Penal, Familiar, de Justicia para Adolescentes y  en sus respectivos códigos procesales a excepción del penal.

Debe decir:

Artículo 46.

I.

II. Al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia; en las materias Civil, Familiar y de Justicia para Adolescentes en su aspecto procesal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2014.— Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Fernando Rodríguez Doval, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Alejandro Sánchez Camacho, José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Barrera Fortoul. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aceptan las modificaciones presentadas por la diputada Barrera Fortoul a nombre de la comisión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones presentadas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Proceda el diputado Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de la asamblea, de mis compañeras y compañeros legisladores. La naturaleza jurídica del Distrito Federal y su pospuesta reforma política han generado que los habitantes de la ciudad de México seamos privados de contar con un orden jurídico que responda a las necesidades de esta gran urbe.

Somos conscientes que vivir en la capital de la República tiene grandes ventajas por ser el centro neurológico económico, político, social y cultural del país.

Pero también debemos de reconocer los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal, que estos han sufrido restricciones por no tener una soberanía en cuanto a su régimen interno como lo tienen los demás estados de la República mexicana.

En los últimos años las reformas políticas del país han permitido resarcir estas restricciones al otorgar el derecho a voto para elegir al jefe de gobierno y a los delegados de esta ciudad, así como a ampliar las facultades de nuestra Asamblea Legislativa.

Sin embargo, ha sido pospuesta la reforma política del Distrito Federal en aras de lograr un régimen jurídico que reconozca la soberanía política y administrativa de la ciudad de México y que al mismo tiempo establezca las condiciones sui generis de la ciudad por ser el lugar donde residen los poderes del Estado mexicano federal.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que los derechos políticos de los ciudadanos de la Ciudad de México deben de fortalecerse y poder contar con un régimen jurídico eficaz y funcional es un derecho que nos asiste como habitantes de esta ciudad.

Por ello consideramos que la propuesta de reforma que contiene el dictamen que presenta la Comisión del Distrito Federal es pertinente y adecuada sobre todo a la luz de que acontece en otros estados de la República en cuanto al precepto normativo para iniciar y presentar iniciativas de ley.

En efecto, en las consideraciones de la comisión señalamos que en 31 entidades federativas del país se otorga el derecho de iniciativa al Poder Judicial, derecho que siendo aprobado por el Congreso de la Unión el pasado mes de noviembre, fue acotado por los legisladores locales cuando el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal propuso modificaciones a la Ley de Justicia para Adolescentes.

Coincidimos también con la comisión dictaminadora en que de aprobarse esta propuesta de reforma estaríamos fortaleciendo la democracia y la impartición de justicia, ampliando las capacidades del Tribunal de Justicia del Distrito Federal a fin de mejorar el funcionamiento de dicho órgano judicial, además también de que estaría facultado para incidir directamente en los mecanismos para mejorar la normatividad en las materias civil, familiar, de justicia para adolescentes, en sus respectivos códigos procesales.

Estamos seguros de que las aportaciones del tribunal en materia legislativa serán de gran importancia pues son ellos quienes al momento de interpretar la ley pueden identificar los alcances suficientes de una norma para impartir justicia.

Esto también, cabe la pena destacar, sin invadir las competencias y facultades de la Asamblea Legislativa, pues sus propuestas se ceñirán al proceso legislativo como cualquier otro proyecto de iniciativa de ley concerniente a los códigos procesales.

Compañeras y compañeros diputados: la reforma política del Distrito Federal no puede esperar más tiempo. El fortalecimiento de los derechos políticos de los habitantes de esta gran ciudad debe ser un tema prioritario de la agenda del Congreso de la Unión.

Como representante del Distrito Federal exhorto a todas las fuerzas políticas representadas en este gran órgano colegiado a que aprobemos cuanto antes una reforma de altura para esta gran ciudad, para que sus ciudadanos disfruten de los derechos de forma plena, como nuestros compatriotas en los demás estados de la República.

Hoy con este dictamen damos un paso importante, pero no es con parches legales como se construye un régimen jurídico acorde con la realidad del Distrito Federal. Es necesaria, sin duda alguna, una reforma integral que fortalezca la democracia en la capital de nuestro país.

Las diputadas y diputados que formamos parte del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor de este dictamen con la convicción de que esta propuesta contribuye a mejorar el sistema de impartición de justicia, pero sobre todo con la seguridad de que esta iniciativa y este dictamen fortalecen los derechos políticos de los ciudadanos de esta gran capital. Por su atención y paciencia, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. De conformidad con la teoría clásica de la separación de poderes, sólo se logra la construcción de un Estado democrático a través de la consolidación de un gobierno moderado, es decir, por aquella estructura que dé contrapeso al actuar de los diferentes entes investidos de potestad en la toma de decisiones que trascienden a toda la sociedad.

Este principio ha sido recogido por nuestro ordenamiento doméstico en el artículo 49 de nuestra Carta Magna que a la letra señala: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Bajo este orden de ideas, la división de poderes tiene entonces como principal objetivo la limitación del proceder de cada uno de los órganos en los que ha sido fraccionado el poder supremo de la federación, pero también presupone el equilibrio entre ellos, así como el apoyo y la colaboración en la ejecución de sus facultades.

En México, la elaboración de las normas jurídicas es una facultad que únicamente recae en dos de los tres Poderes de la Unión, a saber, el Legislativo y el Ejecutivo son los órganos que detentan la actitud legal para la toma de decisiones que de manera positiva o negativa repercuten en la esfera jurídica individual o colectiva de los ciudadanos, e incluso a la del Estado mismo, como lo establece expresamente el artículo 71 de nuestra Carta Magna.

A decir de algunos, la competencia antes descrita ha derivado en la exclusión del Poder Judicial en la participación del proceso de la creación de leyes, colocándolo en una especie de desventaja frente a los otros y así afectando considerablemente el equilibrio entre ellos.

En este sentido, una visión más contemporánea de la colaboración entre los Poderes de la Unión estableció que la inequidad que los involucra radica en que fuera el Legislativo o, en su defecto, el Ejecutivo, quienes proponían las normas de organización y funcionamiento del Poder Judicial, situación que ha derivado en el reconocimiento de la facultad de iniciar leyes —entre comillas— “a favor de los órganos encargados de la función jurisdiccional en materia de su competencia”. La cual aún con carácter limitado ha encontrado eco dentro de la legislación estatal del país —como ya lo señaló con antelación nuestra compañera diputada— pues en algunas entidades federativas la potestad de los órganos de justicia sólo les es atribuida con el fin de regular sobre los asuntos internos del propio poder, esto es desde el punto de vista administrativo y orgánico.

La propuesta de modificación a la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal contenida en el dictamen que hoy estamos discutiendo radica en que se pretende conceder al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la facultad de presentar iniciativas de ley en sentido amplio en las materias del orden civil, familiar, de justicia para adolescentes y en sus respectivos códigos procesales a la Asamblea Legislativa, lo cual a todas luces resultaría inconstitucional, concretamente a lo establecido en el artículo 71 y 122 base segunda, fracción I, de la propia Constitución federal, proyectos que tendrán que ceñirse al proceso legislativo que todo proyecto de ley o decreto sigue, que puede dar como resultado su aprobación, modificación o su rechazo, inclusive, el veto mismo garantizando así una verdadera separación y equilibrio de Poderes.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos en contra de esta propuesta ya que de dar al Tribunal una intervención más allá de las que se le permite actualmente, en base a sus atribuciones y al marco de constitucionalidad, pudiera traer inconvenientes, además quedaría desdibujada su imparcialidad respecto a las materias en cuestión.

Imaginemos que un particular se ampara sobre un precepto que ha atentado contra su esfera jurídica, de entrada al no haber otras instancias serían los mismos ministros quienes de ser el caso tendrían que resolver sobre los litigios que se interpongan contra las leyes o reformas que de ellos prácticamente emanarían.

Reiteramos nuestra posición de votar en contra de esta propuesta por resultar a todas luces inconstitucional. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Coronato Rodríguez. Tiene el uso de la voz para fijar postura el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nos encontramos hoy discutiendo un dictamen que es a todas luces benéfico para las instituciones del Distrito Federal.

Nuestro esquema jurídico de división de poderes constitucionalmente ha marcado la existencia de tres poderes, como lo son el Ejecutivo, el legislativo y el Judicial. Cada uno con una esfera de competencias propias:

El Ejecutivo en la ejecución de las leyes, en la ejecución del gasto público y en llevar a cabo las políticas públicas a beneficio de los ciudadanos. El Legislativo en una función primordial, que es la de iniciar leyes, discutirlas, aprobarlas, así como la de determinar el gasto público que ha de llevarse y la presupuestación del mismo, y la evaluación en el gasto del mismo a través de las instancias, como lo son la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización locales. Y el Poder Judicial, obviamente encargado de iniciar leyes.

Pero a lo largo del camino de la nación se ha hecho necesario el generar ciertos contrapesos y equilibrios entre poderes. Es así como algunos de los órganos del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o del Poder Legislativo tienen otras facultades que originariamente fueran inherentes a cualquiera de los otros poderes.

Y lo hablamos así cuando en el Poder Ejecutivo encontramos funciones judiciales, como son las que lleva a cabo la Junta de Conciliación y Arbitraje, más bien dicho jurisdiccionales, o bien cuando vemos en la propuesta de iniciativa que hoy tenemos que al Poder Judicial se le da la facultad de iniciar leyes y con ello participar en el proceso legislativo.

No estamos hablando de facultades metaconstitucionales, de facultades que intervengan en la vida pública de los otros órganos del Estado, ya que al Poder Judicial del Distrito Federal únicamente le estamos dotando con esta iniciativa de aquellas facultades que sean tendentes a que puedan adecuar su marco normativo y el marco procesal en materia civil, familiar y de justicia para adolescentes.

Y esto por una simple razón de ser, son los jueces y magistrados quienes día a día tienen conocimiento de la aplicación de la ley y de cómo poder hacer más expeditos, y en beneficio de quienes están siendo parte en los procesos, los diferentes tiempos procesales y las diferentes etapas que el procedimiento debe llevar. Por eso el Partido Verde Ecologista de México está a favor de esta iniciativa, porque vamos a fortalecer las instituciones ya creada por el Estado mexicano y que están contempladas en la Constitución General de la República y en las leyes que de ella emanan.

Fortalecemos al Poder Judicial porque va a poder iniciar leyes en materia adjetiva para poder caminar y encaminar los procesos que ante ellos se ventilan.

No estamos hablando de materias sustantivas, no estamos hablando de materias donde pudieran contraponerse con otros ordenamientos y con cuestiones constitucionales que pudieran derivar en un juicio de amparo, donde el propio Poder Judicial fuera juez y parte en una controversia de carácter constitucional.

Estamos a favor del dictamen, como ya lo he mencionado, porque fortalecemos al Poder Judicial del Distrito Federal y porque con ello le damos más fuerza a las instituciones públicas en este caso del Distrito Federal. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Castellanos. A continuación tiene el uso de la voz para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Londres, del Distrito Federal. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, cuando estuvimos en campaña solicitando el voto popular para representar en las diferentes instancias legislativas a los habitantes del Distrito Federal, los candidatos del PRD centramos nuestros compromisos en uno fundamental; propugnar y hacer lo necesario para darles a los habitantes de la ciudad una Constitución que los llevara a dejar de ser ciudadanos de segunda y a tener los mismos derechos de que gozan todos los mexicanos.

Con ello, explicábamos, vendrían seguramente una serie de cambios que les permitiría a los capitalinos tomar decisiones propias sobre el manejo y la orientación de sus asuntos educativos y presupuestales, y sobre la selección y control de los responsables de la impartición y cuidado de la seguridad pública y la justicia en la ciudad.

Desde entonces hemos estado proponiendo o apoyando en los diferentes ámbitos legislativos iniciativas que conformen una reforma política para el Distrito Federal que mejore la vida en la ciudad en general, pero que impulse un sistema de justicia que responda a las necesidades peculiares de la localidad al tiempo que cumple con el marco general que caracteriza a las demás entidades federativas y al país en su conjunto.

Esa fue la razón por la cual el pasado 28 de noviembre, en esta honorable Cámara de Diputados apoyamos con nuestro voto una reforma que otorgaba al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la facultad para ejercer el derecho de iniciativa de procesos legislativos, y así estar en condiciones semejantes al resto de las entidades del país.

A la postre, sin embargo esa reforma no fue suficiente, dado que la facultad que otorgaba se restringía a los asuntos internos del Tribunal y no permitía el inicio de iniciativas en asuntos importantes que en muchas otras entidades de la República ya eran facultad de los tribunales. Era necesaria la facultad amplia, que es la que le otorgaría el dictamen que hoy nos ocupa.

Con ella, no solamente se le otorga al tribunal el derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino también se cumple con la intención de darles a los habitantes de esta ciudad capital una mayor injerencia en sus asuntos de justicia.

Hay que reconocer, sin embargo, que la modificación propuesta al dictamen y aprobada por esta soberanía hace unos minutos le resta al Tribunal del Distrito Federal una facultad en un área sustantiva muy importante. Ciertamente no hay un consenso en términos de si es para bien o para mal. Sin embargo, para nosotros representa aún así un avance importante en la conformación del marco político y legal al que aspiramos para nuestros conciudadanos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario del PRD, y en especial sus diputadas y diputados del Distrito Federal apoyamos totalmente este dictamen y votaremos a favor. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la voz para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez:Muchas gracias, presidente, con su venia. El día de hoy tenemos una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y me gustaría un poco hacer remembranza de que hace algunos meses ya estábamos modificando este mismo artículo, estas mismas facultades respecto del Tribunal Superior de Justicia.

En un primer intento se le dio facultades para que realizara o pudiera presentar iniciativas de manera directa e inmediata ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ver todo lo relacionado con su organización interna. Eso estuvo muy bien. Ahora venimos en un segundo momento, ya no solamente a que puedan presentar iniciativas para su organización interna, sino ahora también para que puedan presentar iniciativas en lo que se refiere al derecho procesal. Es decir, a todas las reglas y todas las normas que se establecen para que se reconozcan los derechos ante los juzgados. Es decir, toda la materia procedimental en aspectos que tienen que ver con civil, familiar y justicia para adolescentes, obviamente no se está metiendo aquí el tema de derecho penal, porque como nosotros sabemos bien, hemos dado estas facultades a un Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es una segunda reforma para fortalecer aún más esta facultad de iniciativa, que ya tenía el Tribunal Superior de Justicia, pero ahora ellos son los expertos, los que día a día están tratando la materia procedimental. Si diario tienen que ver con los abogados, con las partes que les proponen, que les dicen, bueno, pues son los más instruidos para solicitarle a la Asamblea Legislativa cambios en materia procedimental.

Por eso es que en Acción Nacional vamos a favor de este dictamen y vamos a favor de este dictamen porque se están cuidando las formas, no se le están dando al tribunal facultades de derecho sustantivo, sino nada más en materia adjetiva.

Muchas gracias, presidente. Espero que esta iniciativa rápidamente sea vigente en el Distrito Federal y que tengamos ya las primeras iniciativas en esta materia por parte del Tribunal Superior de Justicia de esta hermosa capital. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Sotomayor Chávez. Tiene el uso de la voz, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado César Reynaldo Navarro de Alba.

El diputado César Reynaldo Navarro de Alba:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la evolución del sistema político mexicano hacia un régimen más democrático y de libertades sería impensable si no tomamos en consideración la importancia que han adquirido los tribunales del país. A partir de las reformas aprobadas por el Constituyente Permanente en diciembre de 1994 fue posible empezar a hablar de la vigencia real del artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la división de poderes.

Hasta antes de ese momento dicha construcción jurídica no había permeado del todo entre la sociedad. Lejos de contar con un sistema en el que los poderes públicos se controlaran a través de una delimitación efectiva de facultad para producir leyes y resolver conflictos, habíamos convivido en un régimen que permitía la prevalencia de un poder por sobre todos los demás.

Quedaba entonces pendiente la tarea de lograr un equilibrio institucional que permitiera, entre otras cosas, que el Poder Judicial se convirtiera en el garante de los derechos fundamentales, en el árbitro eficaz para la solución de litigios e intérprete de las normas que nos rigen.

Es a partir de 1995 que se consigue hacer que los poderes judiciales federal y de los estados —sin prestigio social ni fortaleza presupuestal— pasaran a tener paridad frente al Legislativo y al Ejecutivo. La profundización de la reforma judicial de 1995 propició que la sociedad estuviera mejor dispuesta a plantear sus pretensiones y a defender sus derechos ante los órganos judiciales competentes.

Ahora, a diferencia de hace décadas, las resoluciones dictadas por los jueces son motivo de discusión pública, los fallos son celebrados o criticados por el grueso de la población y sus alcances son motivo de debate más allá de los especialistas en materia jurídica.

El proceso de reforma ya mencionado debe ser concatenado en este momento con otro igual de importante, que es el relativo a la transformación del Distrito Federal en una entidad con características propias, reconocidas por el propio texto constitucional, la cual se ha distinguido por la actitud crítica y participativa de sus habitantes a lo largo de las últimas décadas.

Instaurado así el nuevo régimen político para la ciudad capital, hoy tenemos un Estatuto que si bien es cierto es susceptible de mejoras profundas, también ha servido como un referente sumamente útil para determinar la forma de gobierno y el régimen de libertades que impera en la Ciudad de México.

Vistos en forma conjunta, la reforma judicial y el estatus de la capital son ejemplos del avance democrático del país, de la capacidad de innovación de la sociedad mexicana, por lo que es viable proceder a la aprobación del dictamen que ahora nos ocupa, pues forma parte de este proceso dinamizador de las relaciones entre el gobierno y los gobernados y los poderes públicos.

Los legisladores del PRI compartimos el sentido del dictamen que ahora nos ocupa, pues como en él se establece, a partir de ahora existirán muchas ventajas para la democracia y la impartición de justicia. Esto, al otorgar al órgano encargado de desarrollar la función judicial en el Distrito Federal y de aplicar su marco normativo en el derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre todo destacándose en materias jurídicas tan especializadas como son el Código Penal, el Código Civil y sus correspondientes códigos procesales. Así como la Ley de Justicia para Adolescentes, entre otras.

Permitir que el Poder Judicial del fuero común del Distrito Federal tenga la capacidad para proponer normas relativas a su propio régimen y a las materias que son de su competencia constituye una transformación que permitirá la creación de leyes con mayor sentido de responsabilidad y apegadas a la realidad.

Este dictamen constituye también un reconocimiento a la función judicial que se realiza en la capital, pero también un llamado dirigido al legislativo local, a fin de que se prevenga de obrar en forma veleidosa o con base en ocurrencias o caprichos. Al momento de votar este dictamen debe cobrar especial importancia el pensamiento de John Locke, quien afirmaba lo siguiente: “donde no hay ley no hay libertad”. Pues la libertad ha de estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley.

Y no es como se nos dice una libertad para que todo hombre haga lo que quiera, pues quién pudiera estar libre al estar dominado por los caprichos de todos los demás. Gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Navarro.

Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general, para hablar en pro, el diputado Alejandro Carbajal González.

El diputado Alejandro Carbajal González:Compañeras, compañeros, diputado presidente. No corran prisa, además, la verdad es que tenemos todavía muy buen rato para poder avanzar en estos temas. Evidentemente nosotros vamos a favor, estamos en pro de estas reformas, toda vez que deriva de este conjunto de reformas que se están aplicando en materia de justicia en todo el país.

Esta transición que estamos buscando del sistema inquisitorio al sistema adversarial va aunado a una serie de reformas que están reflejándose precisamente en esta reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en donde lo que estamos pretendiendo es que se le dé la facultad ampliada de iniciativa al Tribunal Superior de Justicia, toda vez que en la gran mayoría de los estados de la República se cuenta con esa facultad, la Ciudad de México es una de las pocas excepciones en donde no contamos con esta facultad.

Es por ello que nosotros estamos apelando a su sensibilidad para efecto de que homologuemos esta facultad, pero sobre todo porque conlleva a lo que también tan anhelado es para los capitalinos, esta reforma política de la Ciudad de México, que sería un paso, por supuesto va a implicar todavía aun más.

La intención y la propuesta —que además hemos platicado ya con todos los grupos parlamentarios, se está consensuando con la mayoría— es justamente que el texto quede tal cual en los términos del dictamen. Esto es, que se permita en la fracción II del artículo 46, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia en las materia civil, penal, familiar, de justicia para adolescentes y en sus respectivos códigos procesales, a excepción del penal.

Lo que estamos solicitando es que se vote esta reserva para efecto de que se conserve el texto original en los términos del dictamen, toda vez que sería un retroceso. Estamos pretendiendo cambiar a hacer esta transición. Si buscamos el sistema adversarial, al momento en el cual le limitemos las facultades al tribunal va a ser un verdadero retroceso.

Es por ello que apelamos a su sensibilidad para efecto de que nos acompañen con esta reforma. Es necesario que podamos establecer unanimidad en este criterio porque, de lo contrario, vamos a complicar la aplicación de la reforma de justicia en la Ciudad de México.

Es por ello que les invitamos a votar a favor. Es cuanto, diputado presidente. Dejamos la propuesta a la Secretaría para efecto de que sea votada. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Propuesta de Modificación.

Se propone al Pleno dejar sin efecto la propuesta de la Comisión para Reformular la fracción II del artículo 46 del Estatuto de gobierno del Distrito Federal, para quedar la fracción II, en términos del dictamen publicado en la Gaceta parlamentaria.

México, DF, a 9 de abril de 2014.— Diputado Alejandro Carbajal González (rúbrica).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el diputado Alejandro Carbajal González, en votación económica.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Simplemente para confirmar si la propuesta del diputado es regresar a la propuesta original.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Sí, claro.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de aceptarse la propuesta presentada por el diputado, en términos de devolver la redacción en su término original del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Se acepta y se votará el dictamen en los términos publicados en la Gaceta Parlamentaria.

No habiendo más oradores registrados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

El diputado Eduardo Román Quian Alcocer (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): A favor.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): A favor.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (desde la curul): A favor.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera (desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 381 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 381 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en términos del dictamen publicado. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de  la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados de la XLII Legislatura le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 3248, que contiene iniciativa presentada por los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

1) El jueves 7 de noviembre de 2013 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esta Honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 2, y se recorren las demás, y un párrafo al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, en nombre propio y del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

2) Con fecha 21 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Deporte de la LXII Legislatura para su estudio y dictamen el expediente No. 3248 en el cual se contiene la iniciativa antes referida.

3) Con fecha 26 de noviembre la Comisión de Deporte, por conducto de su Junta Directiva, solicitó prórroga para dictaminar la iniciativa citada, de conformidad con el artículo 183, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4) Con fecha 16 de diciembre de 2013, la Comisión de Deporte recibió notificación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante la cual se otorgó prórroga por 45 días para dictaminar la iniciativa citada.

5) Con fecha 12 de febrero de 2014, la Comisión de Deporte celebró sesión para discutir, analizar y aprobar el presente dictamen, mismo que en este acto se somete a consideración de esta soberanía, en los términos que aquí se expresan.

I. Contenido de la Iniciativa

De acuerdo con lo expresado por los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán en la iniciativa materia de este dictamen, el objetivo de su propuesta está enfocado en fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio para lograr la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano. Para ello proponen adicionar una fracción VI al artículo 2, y se recorren las demás, así como un párrafo tercero al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Los autores de la iniciativa parten de la premisa de que el sistema penitenciario del país está en crisis y requiere de una reorganización. Señalan que el modelo de reinserción social puesto en práctica en dicho sistema ha mostrado poca capacidad para reintegrar a la comunidad a las personas recluidas en los centros penitenciarios. Añaden asimismo el problema de la ociosidad en la prisión como una fuente de problemas asociada directamente al consumo de drogas y a la violencia.

En este sentido, los legisladores promoventes argumentan que es preciso armonizar el contenido de nuestra Carta Magna con la legislación secundaria en materia de cultura física y deporte. En consecuencia con lo anterior, y con el fin de fundar y motivar su argumentación, los autores hacen referencia al párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

No obstante, exponen los legisladores promoventes, estos principios torales de la reinserción social, contenidos en nuestra legislación fundamental, no se cumplen a cabalidad, y los sentenciados no cuentan con estas garantías, lo que dificulta cumplir con el objetivo superior de la reintegración social de las personas retenidas en los centros penitenciarios.

En su argumentación para apoyar el contenido de la iniciativa en comento, los diputados iniciadores advierten la carencia de políticas y programas determinados, implantados y evaluados, como un medio para coadyuvar en la rehabilitación, tratamiento y reinserción social de los sentenciados, lo que en los hechos está resultando en un incumpliendo por parte del Estado mexicano de su responsabilidad constitucional.

En ese sentido, los representantes populares señalan la pertinencia de que las labores de promoción y difusión de las actividades deportivas sean llevadas a cabo por los especialistas que integran el sistema nacional de cultura física y deporte y no tanto por aquellos funcionarios vinculados a la organización directiva de las instituciones penitenciarias.

Los legisladores promoventes refuerzan su iniciativa manifestando que la práctica de deportes de conjunto genera una relación entre sus participantes que de otra forma no se produciría. Añaden que la celebración de actividades deportivas planeadas y estructuradas en los centros penitenciarios puede dar lugar a relaciones transculturales en la medida en que los participantes comparten durante el intercambio físico los mismos objetivos, estrategias y el mismo gusto por la práctica deportiva, algo no muy habitual en otras actividades que se llevan a cabo dentro de los centros de readaptación.

Finalmente, en razón de lo anterior, los autores de la iniciativa concluyen que la promoción y difusión de actividades deportivas en los centros penitenciarios es muy importante para los sentenciados como medio para canalizar ansiedades, agresividades y, en definitiva, una serie de energías generadas por la misma situación de reclusión.

En razón de lo anterior, los legisladores proponen adicionar una fracción VI al artículo 2, y se recorren las demás, y un párrafo al segundo al artículo 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la forma siguiente:

Ley General de Cultura Física y Deporte

Texto vigente

Artículo 2.Esta ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en los Estados, el Distrito Federal y los Municipios;

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura física y el deporte;

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;

VII. a XII...

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del deporte en todas sus manifestaciones existirá un Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que tendrá como objeto asesorar en la elaboración del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, coordinar, dar seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y procedimientos que formen parte de la ejecución de las políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y la práctica del deporte, tomando en consideración el desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y de los recursos humanos y financieros vinculados a la cultura física y al deporte en el país.

El Sinade es un órgano colegiado que estará integrado por las Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil reconocidos por esta Ley, que en sus respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.

Texto propuesto por los diputados promoventes

Artículo 2.Esta ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en los artículos 18 y 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. a V....

VI. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano, conforme al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII. a XIII...

Artículo 10....

En cumplimiento al artículo 18 constitucional, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte coordinará y evaluará permanentemente, los procedimientos y programas para promover y fomentar la cultura física y el deporte como un medio importante en la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano.

...

II. Consideraciones

La comisión dictaminadora coincide con los legisladores promoventes en el interés por actualizar la Ley General de Cultura Física y Deporte con el fin de armonizarla con lo ordenado por el párrafo segundo del artículo 18 de la Carta Magna en materia de reinserción social de los sentenciados en los centros penitenciarios.

Las y los diputados integrantes de esta Comisión de Deporte están de acuerdo con las razones y preocupaciones expuestas como motivos de la iniciativa en comento, con el sentido general de las adiciones que se proponen así como con el fondo del contenido del proyecto de decreto con que se acompaña.

En efecto, las y los legisladores de este órgano que dictamina acompañan los argumentos de los diputados promoventes en el sentido de que el deporte puede jugar un papel trascendente en la reinserción del sentenciado a la sociedad, debido a que la práctica deportiva, como parte de la cultura humana, es un reflejo del funcionamiento social y de las vivencias y convivencias de las personas que participan en él.

Es un hecho que la cultura física y el deporte contribuyen a la formación y al fortalecimiento del individuo, física y espiritualmente, ya que logran destacar valores y sembrar virtudes. Como señala el Doctor Sergio García Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derecho deportivo, “la actividad deportiva es escuela de civismo, animadora de solidaridad, espacio para el arrojo y la entereza, que no riñen con el mutuo aprecio, el respeto y la buena fe...y contribuye a encaminar la existencia bajo patrones de ética y nobleza”.

Adicionalmente, las y los legisladores miembros de esta Comisión estamos plenamente conscientes de que el régimen constitucional de la reinserción social de sentenciados a penas privativas de la libertad, según el nuevo texto del artículo 18 constitucional, emergente de las reformas de 2008, plantea al deporte como elemento para alcanzar esa reinserción.

El tratamiento penitenciario moderno incluye al deporte entre los medios para lograr la reinserción, los cuales se enumeran en el precepto aludido de la Carta Magna. Esto ha sido considerado así debido a que “las actividades culturales, recreativas y deportivas tienen el mérito de mejorar el nivel cultural y las condiciones físico-psíquicas de los detenidos, además de apagar esa carga de agresividad que generalmente se acumulan en los sujetos sometidos a un régimen restrictivo de la libertad personal”.

Precisamente por todo lo anterior, las y los legisladores de esta Comisión estimamos procedente adicionar a las finalidades generales de la Ley General de Cultura Física y Deporte la de fomentar y promover la activación física, la cultura física y el deporte en los programas de rehabilitación y reinserción de los internos en los centros del sistema penitenciario mexicano.

De la misma manera, las y los miembros de este órgano dictaminador coincidimos en la pertinencia de otorgar al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) la facultad de llevar a cabo las acciones tendientes a planear y evaluar, conjuntamente con las autoridades del sistema penitenciario mexicano, los programas y procedimientos para fomentar y promover la activación física, la cultura física y el deporte como medio para coadyuvar en la rehabilitación y reinserción en la sociedad de los internos en los centros penitenciarios mexicanos.

Juzgamos adecuado lo anterior debido a que es en el Sinade donde confluyen la amplia diversidad de organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, con capacidad para asesorar sobre las acciones y procedimientos pertinentes en materia de planeación, diseño y ejecución de políticas públicas en materia de cultura física y práctica del deporte. Entre algunas de las más importantes podemos ubicar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); los Órganos Estatales, del Distrito Federal, y Municipales de Cultura Física y Deporte; el Comité Olímpico Mexicano (COM); el Comité Paralímpico Mexicano (Copame); Asociaciones y Sociedades Deportivas Nacionales; además de que son invitadas permanentes a sus sesiones de trabajo las Comisiones de Deporte de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Ahora bien, con el propósito de dar congruencia así como una mayor eficacia a las propuestas contenidas en la iniciativa presentada por los diputados promoventes en su proyecto de decreto, los suscritos integrantes de la Comisión de Deporte coincidimos en formular algunas modificaciones a la iniciativa que se dictamina, dejando claro por supuesto que se mantiene el espíritu y el sentido de los cambios planteados por los legisladores Coronato Rodríguez y Villanueva Albarrán.

La Comisión que dictamina consideró, además, que con las modificaciones hechas a la propuesta original de los diputados promoventes se logra también cumplir con el objetivo último de armonizar el contenido de la Ley General de Cultura Física y Deporte con lo ordenado por el párrafo segundo del artículo 18 de la Carta Magna en materia de reinserción social de los sentenciados.

III. Modificaciones a la iniciativa

Por lo que respecta a las modificaciones propuestas, los miembros de esta Comisión sostenemos que no resulta procedente considerar una adición al primer párrafo del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para agregar el artículo 18 de la Constitución dentro de los principios de concurrencia que se señalan en dicho ordenamiento. La Comisión que dictamina llegó a dicha conclusión en vista de que no se trata de reglamentar un artículo constitucional, como es el caso del precepto referido, el cual se vincula enteramente con cuestiones específicas del ámbito penal y del sistema penitenciario nacional, y no con la cultura física y el deporte en su expresión más amplia. Adicionalmente, los legisladores de esta Comisión subrayan que resulta innecesario referir el artículo constitucional sugerido por los proponentes al texto del artículo 2 de la Ley debido a que ha sido ya establecido en los considerandos del presente dictamen además de que ya lo determinó el Constituyente permanente al inscribirlo en el texto supremo.

En el mismo sentido, y sin alterar la sustancia y el fondo de la propuesta presentada por los legisladores promoventes, las y los integrantes de este órgano dictaminador proponemos asignar un nuevo lugar y una nueva redacción a la fracción que se adiciona al texto del artículo 2 para quedar ahora como fracción XII y se recorre la que sigue. Lo anterior se consideró pertinente en términos de técnica legislativa, debido a que se trata de una adición que puede incorporarse con mayor orden y coherencia si se hace al final de los párrafos en los cuales se hace referencia a las finalidades generales de la Ley, además de que es conocido que no existe una lógica ni una jerarquía en la organización de las competencias y finalidades que se describen en dicho ordenamiento jurídico.

Por lo que corresponde a la propuesta contenida en la iniciativa de los diputados promoventes de adicionar un párrafo segundo al artículo 10 de la Ley, esta comisión dictaminadora consideró que por técnica legislativa, así como para aclarar y ordenar las acciones que debe llevar a cabo el Sinade, se ha determinado no considerar dicha adición como había sido formulada por los legisladores proponentes y, en cambio, adicionarse ahora como una fracción V al artículo 13 de la Ley, y se recorre la que sigue. Las y los legisladores pertenecientes a esta Comisión que dictamina consideramos adecuada esta modificación debido a que se trata de una atribución implícita que se otorga al Sinade, la cual debe ser agregada precisamente en el párrafo destinado a describir las acciones que debe llevar a cabo dicho Sistema.

En razón de lo anterior, esta Comisión dictaminadora ha acordado modificar la iniciativa original presentada por los diputados promoventes de la forma siguiente:

Ley General de Cultura Física y Deporte

Texto vigente

Artículo 2. ...

I. a X. ...

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Artículo 13. ...

I. a III. ...

IV. Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, y

V. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales.

Texto propuesto por la Comisión de Deporte 

Artículo 2....

I. a X ....

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen;

XII. Fomentar y promover la activación física, la cultura física y el deporte, en los programas dirigidos a procesados y de rehabilitación y reinserción de los sentenciados en forma condenatoria, en los centros del sistema penitenciario mexicano, y

XIII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

 Artículo 13. ...

I. a III. ...

IV. Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte;

V. Planear y evaluar, conjuntamente con las autoridades del sistema penitenciario mexicano, los programas dirigidos a procesados y de rehabilitación y reinserción de los sentenciados en forma condenatoria, en los centros del sistema penitenciario mexicano, y

VI. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Deporte de la LXII Legislatura nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción XII, y se recorre en su orden la actual, para quedar como fracción XIII, al artículo 2, y una nueva fracción V, y se recorre en su orden la actual, para quedar como fracción VI, al artículo 13 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2....

I. a X. ...

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen;

XII. Fomentar y promover la activación física, la cultura física y el deporte, en los programas dirigidos a procesados y de rehabilitación y reinserción de los sentenciados en forma condenatoria, en los centros del sistema penitenciario mexicano, y

XIII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Artículo 13....

I.a III...

IV. Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte;

V. Planear y evaluar, conjuntamente con las autoridades del sistema penitenciario mexicano, los programas dirigidos a procesados y de rehabilitación y reinserción de los sentenciados en forma condenatoria, en los centros del sistema penitenciario mexicano, y

VI. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 García Ramírez, Sergio “Prólogo. Derecho del deporte: vida y milagros”, en: Norma Olivia González y Alejandro Francisco Manzo, Derecho deportivo. Cultura física y deporte. Visión jurídica,México, Cárdenas Velasco Editores, primera edición, 2012, página XI.

2 Ojeda Velázquez, Jorge, Reinserción social y función de la pena,México, Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Disponible en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2011/diplojusticiapenal/jorgeojeda/EXPOSICI %C3%93N%20MAGDO.%20JORGE%20OJEDA%20VEL%C3%81ZQUEZ.pdf (Consultada el 28 de enero de 2014).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2014

La Comisión de Deporte, diputados:Felipe Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra, Tomás Brito Lara, Catalino Duarte Ortuño (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Alejandra López Noriega, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti, Jorge Salgado Parra, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica en contra).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de los integrantes y las integrantes de la Comisión del Deporte, acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen motivo de la presente discusión. El mismo atiende un aspecto básico para el sano desarrollo de los seres humanos y el reconocimiento de su dignidad.

Desde el pasado 21 de noviembre del 2013, fecha en que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Deporte para su análisis y dictamen la iniciativa referida, esta comisión se dio a la tarea de obtener elementos que enriquecieran esta valiosa aportación a la legislación secundaria a través del dictamen aprobado por la comisión con fecha del 12 de febrero.

Es de mencionar también que durante el proceso de discusión los diputados promoventes José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, estuvieron presenten en todo momento. Mi más sincero reconocimiento por sus contribuciones.

Nuestro país ha realizado múltiples esfuerzos tanto a nivel federal como estatal para contar con una legislación respetuosa de los derechos humanos y congruente con los documentos de las Naciones Unidas para el tratamiento de las personas privadas de su libertad.

Por ello las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte, que me honro presidir, coincidimos en todo momento en que el deporte para la población privada de su libertad sin duda constituye un factor mediante el cual la población interna, a través de su participación en diferentes actividades, ayudará para lograr su readaptación y reinserción a la sociedad.

Para la evolución de toda sociedad son fundamentales diversos aspectos que contribuyen a la construcción de convivencia ciudadana. La actividad física, así como la práctica deportiva, son parte de estos aspectos.

El deporte como actividad integradora de la cultura es sin duda un reflejo del funcionamiento de una colectividad, establece reglas de convivencia y forma parte del crecimiento personal de cada persona. El deporte también es un componente de la educación y ahora, con la aprobación de este dictamen, también podrá ser parte auxiliar en la reincorporación a la sociedad de las personas que enfrentan un proceso penal o quienes ya cumplen con una pena privativa de su libertad.

Para la Comisión de Deporte resulta imperativo para toda sociedad la garantía del derecho fundamental que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y a que se respete y se proteja su dignidad, su vida y su integridad física, sicológica y moral.

Es por ello que en nuestra Carta Magna se contempló el establecimiento del deporte como un elemento de la organización del sistema penitenciario al incluir en su párrafo segundo del artículo 18, cito: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, al trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”.

Con la aprobación de este dictamen será posible dar cumplimiento a este precepto constitucional a través de la legislación secundaria en materia de cultura física y deporte.

Es en este orden de ideas que la actividad física y el deporte se deberán de garantizar como parte de las actividades a realizar en los centros de readaptación tanto para las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal, como para quienes ya cumplen con una pena privativa de su libertad.

Estamos conscientes que resulta fundamental establecer espacios adecuados para lograr la reinserción de quienes cumplen con una pena privativa de su libertad, así como garantizar las condiciones necesarias que permitan mantener una estancia digna a quienes aún se encuentran en proceso penal, y ésta es la principal razón por la que se consideró que este mandato constitucional fuera incluido dentro del artículo referente a las acciones que se realizan a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, para que la responsabilidad sea compartida de forma integral y no sólo quede en términos de la Conade.

Es en este tenor que la práctica del deporte en las instalaciones debe de ser un factor que promueva el crecimiento personal, la readaptación social y el establecimiento de relaciones humanas en un clima de seguridad y de armonía.

Agradezco la intervención de las y los integrantes de la comisión que contribuyeron al enriquecimiento del dictamen y solicito al pleno de esta honorable asamblea su voto aprobatorio. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Muñoz. Está a discusión en lo general. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, hasta por cinco minutos.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, presidente. Nuevamente le agradezco la oportunidad a usted y a mis compañeros por permitirme estar aquí.

Compañeras y compañeros diputados: el párrafo segundo del artículo 18 de nuestra Constitución Política establece de forma muy clara las bases del sistema penitenciario que procurará la reinserción social de los sentenciados. Esta base la constituyen el respeto a los derechos humanos, el derecho al trabajo, a la capacitación, a la educación, a la salud y al deporte.

Sin embargo, es justo reconocer que la reinserción social de los sentenciados en nuestras cárceles mexicanas actualmente es un anhelo que está muy lejos de la realidad. Existen testimonios y datos que demuestran claramente que desde los recintos carcelarios se planean y cometen ilícitos tales como la extorsión.

El sistema penitenciario en México presenta deficiencias estructurales y de operación, lo que ocasiona que en lugar de ser centros de readaptación social, en realidad sean verdaderas escuelas de criminalidad y de delincuencia.

Actualmente, en los 420 centros penitenciarios hay una población total de 242 mil 754 reclusos, de los cuales, el 80 por ciento son del fuero común y se estima que en 220 centros penitenciarios presentan una sobrepoblación de 47 mil 476 presos.

Corrupción, impunidad, hacinamiento, tráfico de drogas al interior de penales son de los principales problemas que atraviesa el sistema penitenciario de nuestro país. Todo ello no sólo obstaculiza la readaptación de los internos, sino que se convierte en un caldo de cultivo de mayor agresividad y violencia entre ellos, ya que se encuentran en una constante frustración y pasan a ser personas marcadas para toda su vida.

Es necesario, por lo tanto, hacer cambios a la situación que se vive en los penales. Para eso hay que promover acciones sustantivas que permiten una verdadera readaptación de los prisioneros a fin de que cuando cumplan sus condenas puedan reinsertarse a la sociedad de manera honrada y de manera honesta.

La readaptación de un sentenciado se plantea mediante diferentes métodos correctivos, como el aprendizaje de algún oficio con el cual puede trabajar honradamente al momento de su liberación.

Si bien enseñarles algún oficio es parte fundamental de la rehabilitación, también lo es el proporcionarle alguna actividad que asemeje su vida fuera de la prisión. El practicar algún deporte les permitirá a los prisioneros disponer de un espacio personal, sin el cual es imposible la labor de reinserción, ya que es algo que todo el mundo necesita, y privarlos de ello sólo acentúa más su desadaptación social.

Para las diputadas y diputados que formamos parte del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es fundamental la protección de los derechos humanos de todas y cada uno de los individuos. Es por ello que estamos convencidos de que la reinserción debe verse desde un punto de vista educativo, que otorgue al condenado una segunda oportunidad, aunque esto nos parezca sumamente difícil a todos.

Respaldamos y votaremos a favor del presente dictamen que fomenta el desarrollo de la activación, la cultura física y el deporte como medios para lograr la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos convencidos que es necesario aplicar políticas y programas definidos proyectados y evaluados como un medio para coadyuvar en la rehabilitación, el tratamiento y la reinserción social de los sentenciados.

Si bien reconocemos que existen problemas de fondo del sistema penitenciario como son la sobrepoblación, el hacinamiento, también es cierto que el deporte puede contribuir a la reducción de conductas antisociales, esto como un medio para canalizar la frustración, el enojo, la agresividad y ansiedad generadas por la misma situación de reclusión que viven nuestros presos, situaciones que se manifiestan en las incidencias penitenciarias, ya que el 45 por ciento de ellas es derivada de las riñas internas. De ahí nuestra necesidad de implementar el deporte como tratamiento de rehabilitación de los reclusos en los centros penitenciarios de nuestro país.

Estamos conscientes que algunos de los presos han cometido graves faltas en contra de la sociedad y que deben ser castigados por sus delitos, pero si en realidad queremos un cambio en la conducta de los sentenciados hay que educarlos y brindarles la ayuda y las oportunidades necesarias para incorporarse de nueva cuenta a la sociedad.

Muchas gracias por su atención. Ésta, legisladoras y legisladores, es la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Presidente, mucha gracias por su paciencia.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Fujiwara.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura de relaciones internacionales, Universidad de Guadalajara. Sean ustedes bienvenidos a esta honorable Cámara de Diputados.

A continuación tiene el uso de la voz la diputada Rosa Elia Romero Guzmán para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, esta adición que hoy se propone a la Ley General de Cultura Física y Deporte es un avance que sin duda fortalece a la política pública en el orden de la rehabilitación para la reinserción social de los internos en los centros preventivos y de readaptación social en México.

Es, de todos, conocida la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario en nuestro país, las condiciones en las que se encuentran los presos en las cárceles mexicanas son en verdad infrahumanas, la sobrepoblación en cada centro preventivo y de readaptación social rebasa en más de tres veces lo permitido por la norma. Esto ocasiona hacinamiento, delitos y corrupción, que muchas veces impide la colaboración de los consejos técnicos internos interdisciplinarios con sus coordinaciones de área para lograr el cumplimiento de la ley.

Por ello es muy importante que este dictamen, cuyo origen es la iniciativa presentada por los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, se concrete en la aplicación de la garantía constitucional, en el respeto a los derechos humanos de los internos procesados y sentenciados para la capacitación, el trabajo, la educación, la salud y el deporte, especialmente cuando se propone la participación de personal experimentado de otras instituciones y organismos, para lograr un modelo integral de coordinación donde el deporte sea y retome la base de las medidas de seguridad a las que tienen derecho para alcanzar su rehabilitación e integración como personas.

Este dictamen no sólo establece la armonización de la legislación, sino que obliga ahora a una serie de actividades adicionales que complementan a las que por ley deberían realizar las autoridades con la población de los diversos centros preventivos y de readaptación social.

Por ello es primordial aprobar esta adición a la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero especialmente a hacer realidad su cumplimiento por parte de las autoridades respectivas, por lo que el Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Romero Guzmán. Proceda el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, a fijar postura hasta por cinco minutos.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la reinserción o readaptación social no ve la prisión sólo como un espacio para confinar al individuo, sino como una oportunidad para corregir su conducta a fin de que puedan nuevamente volver a la sociedad.

De hecho la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 18 que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Lamentablemente esto no sucede así, a partir de los años 60 el sistema penitenciario nacional sostiene que la reinserción social debe hacerse a través de un tratamiento técnico progresivo e individualizado. Dicho tratamiento se compone de una mezcla de elementos subjetivos y objetivos, los cuales contemplan desde el personal penitenciario hasta el conjunto de normas, reglamentos, manuales y actividades que van marcando la pauta del régimen de reinserción social.

La buena conducta, el trabajo, la capacitación, educación y deportes son algunos elementos que ayudan a potencializar dicho objetivo. El sistema penitenciario mexicano ha demostrado su total ineficacia e incapacidad para readaptar a los cientos de miles de presos recluidos en los centros penitenciarios, lo que ha provocado un aumento considerable en el número de reincidencias y poca satisfacción en readaptación y reinserción de los mismos.

El sistema penitenciario se encuentra en una profunda crisis originada por la saturación de sus penales y reclusorios, lo que incapacita al sistema para lograr la verdadera reinserción social de los inculpados.

Las 420 cárceles que existen en nuestro país están sobrepobladas en un 24 por ciento de su capacidad, es decir conviven 242 mil prisioneros en espacios diseñados para solamente 195 mil. Así, las cárceles se convierten en auténticas universidades del crimen.

Un punto de suma importancia en la readaptación social de los sentenciados radica en que los centros penitenciarios no establecen políticas ni programas que contribuyan a la recuperación y tratamiento de las personas en estado de reclusión.

Algunos países de Europa, como España, utilizan la práctica del deporte como una forma de canalizar la agresividad de los internos y los efectos nocivos durante su internamiento, lo que ha tenido como resultado una disminución en el consumo de drogas y mejoras en los estándares de conducta.

El deporte en las prisiones, en su dimensión estructural como fenómeno social total, cumple disposiciones y expectativas esperadas en todo el ámbito deportivo. Por lo tanto es interpretado como un opuesto a la ociosidad, es salud en un sentido global.

Asimismo, es significativo resaltar nuestro agradecimiento a los integrantes de la Comisión del Deporte, particularmente a su presidente el diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, por su sensibilidad en la propuesta de reforma, que conjuntamente con mi compañero Gerardo Villanueva Albarrán presentamos, y que va encaminada a incluir el deporte como un método para lograr la rehabilitación y reinserción a la sociedad de los reclusos en México.

El fracaso de las prisiones de México para ofrecer una función de rehabilitación o de prevención se refleja en el hecho de que a nivel nacional 15.5 por ciento de los prisioneros reinciden, aunque en el Distrito Federal es el área más afectada, la tasa de reincidencia es poco más del doble. De esta manera, la práctica del deporte ayuda a canalizar ansiedades, agresividades y, en definitiva, una serie de energías generadas por la misma situación de la reclusión. Lo que sin duda ayuda a eliminar el ocio y actúa como medio para la rehabilitación y reinserción del sentenciado a la sociedad.

Por otra parte —y de la mayor importancia— debo destacar que con esta reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte se armoniza en su calidad de cabeza de sector con nuestra Carta Magna, concretamente con lo establecido en el artículo 18, como bien lo ha establecido el señor presidente de la Comisión del Deporte.

Por todo ello, compañeras y compañeros, en convicción Movimiento Ciudadano, sus integrantes, votaremos por supuesto en sentido positivo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Coronato. Tiene el uso de la voz la diputada Gabriela Medrano Galindo, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro sistema penal mexicano fue creado para funcionar sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Las penas se justifican sólo si cumplen la función de rehabilitación para las cuales fueron impuestas. Sin embargo, resulta difícil observar que ello se lleve a la práctica en nuestro país, pues continuamente observamos que pocos o ninguno son los presos que logran reinsertarse en la sociedad después de haber permanecido en prisión.

Los motivos son muchos, la sobrepoblación en las prisiones derivado del alto índice delictivo que sufre nuestro país, la falta de infraestructura para afrontar dichas situaciones, el desinterés de las autoridades, e incluso la incomprensión de la auténtica función de dichos centros de reclusión como mecanismos de rehabilitación.

Las prisiones mexicanas son bien definidas por la sociedad como las escuelas del crimen, pues más allá de que se logre la rehabilitación de los presos, lo único que se fomenta son las prácticas negativas derivadas de la competencia por obtener el poder o simplemente por sobrevivir ante los constantes abusos de autoridades y de los demás internos.

La vida en prisión no es más que un reto constante, ponderan las prácticas de asociación delictuosa por encima de las ganas de rehabilitarse para salir e integrarse de manera proactiva a la sociedad.

Dicha reinserción resulta sumamente complicada, pues la mayoría de los internos no llevan a la práctica ninguna de las opciones para la rehabilitación que marca nuestra Constitución Política. Los oficios enseñados resultan obsoletos, la integración de los presos a prácticas escolares son poco atractivas, pues son consideradas insuficientes para cubrir sus necesidades en el interior.

Es entonces que el deporte recobra alta importancia, pues aún cuando no ha sido suficientemente determinante para lograr una verdadera rehabilitación, es la práctica de éste el medio ideal para que los presos ocupen su tiempo en actividades positivas y lejos del ocio que los lleva a cometer actos delictivos, incluso, al interior de la prisión.

Coincidimos que la práctica del deporte es una escuela de civismo que fomenta la solidaridad, la buena fe, el compromiso y la competencia, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad bajo patrones de ética y de respeto.

Por lo anterior, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte, pues consideramos oportuno se establezcan las bases para la planeación, evaluación, fomento y promoción de la actividad física y el deporte en los programas dirigidos a la rehabilitación y reinserción de los presos, como un medio exitoso para lograr el objetivo de nuestro sistema penal mexicano. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Medrano Galindo. Tiene el uso de la voz el diputado José Valentín Maldonado Salgado, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado José Valentín Maldonado Salgado:Con su venia, diputado presidente. Estimadas diputadas y diputados, el día de hoy subo aquí a tribuna porque la reforma propuesta en el presente dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte le hace honor a la frase clásica y ya milenaria de las grandes culturas grecolatinas de la antigüedad, frase que afirma mente sana en cuerpo sano.

Por ello, la bancada de mi partido, el PRD, votará a favor del presente dictamen por compartir el propósito de los promoventes de esta iniciativa, en el sentido de que el fomento al desarrollo de la activación física, a la cultura física y al deporte, es un medio y una herramienta idónea para lograr la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el sistema penitenciario mexicano.

La visión social del Estado, que es inherente a las posiciones de izquierda, coloca a nuestro partido en sinergia con la presente propuesta, y por ello nosotros pensamos que el deporte, que la promoción de la actividad física y el deporte recreativo y de alto rendimiento no sólo debe de estar en programas dirigidos de manera específica en algunas comunidades.

Por ello, como en este caso, se propone, hablando de las y los reclusos, nosotros sostenemos que todo el pueblo, toda la sociedad debe estar inmersa en la cultura del deporte.

Que no solamente es una situación de cultura de bienestar físico, sino que también es una cultura de bienestar mental y psicológico, de ahí esta relevancia para desarrollarla en el sistema penitenciario, pero también hay que desarrollarla en todos los ámbitos.

Hay que desarrollarla para todas las comunidades como prioridad del Estado mexicano y que todos los gobiernos de todos los niveles y de todas las expresiones partidarias también trabajen en ello.

Todos los países que son grandes potencias, también son grandes potencias deportivas y tienen una extendida práctica del deporte en sus sociedades. Por ello, el deporte es el antídoto de la ansiedad y de la agresividad, pero no solamente de los reclusos, como dicen los autores de esta iniciativa, sino también de la población en general, y yo creo que todas y todos nos hemos dado cuenta de ello, y es verdad lo que se argumenta en el dictamen, en el sentido de que en nuestro país existe la carencia de políticas, existe la carencia de programas determinados, implantados y evaluados como un medio para coadyuvar en la rehabilitación y también en el tratamiento y reinserción social de los sentenciados, lo que en los hechos está resultando en un incumplimiento por parte del Estado mexicano de su responsabilidad constitucional.

Compañeras y compañeros diputados, el PRD celebra la aprobación de este dictamen, pero también exhortamos a esta Cámara para que juntos elevemos el deporte como una actividad espiritual, mental y física, a que sea una prioridad del Estado mexicano y que se refleje de esta manera en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación que habremos de discutir en este pleno.

Por ello busquemos que este tipo de programas den alcance a todas las comunidades y poblaciones de nuestro país, sin distingo, pero que también sea incluida, desde luego, como lo propone este dictamen que hoy discutimos, a la población penitenciaria de México. Muchísimas gracias, es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Maldonado. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos para fijar postura, el diputado Fernando Larrazabal Bretón.

El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón:Con su permiso, diputado presidente. El último párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho que toda persona tiene a la cultura física y a la práctica del deporte. Asimismo, establece que le corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

El deporte y la activación física impactan positivamente en el estado de salud de la población y ello puede mejorar la producción de la riqueza en el país, así como disminuir el gasto en salud, de los gastos que se destinan para atacar algunas enfermedades crónicas degenerativas que se encuentran íntimamente relacionadas con la obesidad y el sobrepeso.

El dictamen que hoy nos ocupa en discusión en este pleno pretende, en primer lugar, garantizar a todas las personas, sin distinción de género, de edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y del deporte se implementan.

En segundo lugar, pretende fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte como medio para lograr la rehabilitación y reinserción social de los reclusos del sistema penitenciario.

Por ello, el dictamen propone adicionar una nueva fracción al artículo 2o. y adicionar una nueva fracción al artículo 13, ambos de la Ley General de la Cultura Física y el deporte.

Tal y como se plantea en este dictamen se parte de la premisa de que el sistema penitenciario de este país está en crisis y requiere ser reorganizado, y que el modelo de reinserción social ha mostrado poca capacidad para lograr la reintegración de las personas recluidas en los centros penitenciarios de este país. Asimismo que la ociosidad en la prisión es una fuente de problemas ligados y relacionados con el consumo de drogas y la violencia.

Coincidimos en que es necesario armonizar el contenido de nuestra Carta Magna con la legislación secundaria en materia de cultura física y de deporte a fin de lograr que toda persona pueda gozar del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Es sabido que el sistema penitenciario debe organizarse sobre bases que estén en el respeto a los derechos humanos, sobre bases del trabajo, la capacitación del mismo, así como el deporte y la salud como medios para que estos reclusos logren la reinserción a la sociedad y procurar con ello que no vuelvan a delinquir.

Los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen por considerar indispensable que los miembros de esta Cámara de Diputados contribuyamos al perfeccionamiento de los instrumentos legislativos que de manera directa o supletoria permitan que la reinserción social de las personas recluidas sea una realidad en nuestro país. Estamos convencidos que el deporte constituye un elemento esencial para lograr este fin. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En muchas ocasiones las personas tuercen su senda e incurren en conductas antisociales que los lleva a sufrir un demérito en bienes jurídicos tan precisos como es el honor y la libertad, nos referimos a sujetos que no por el hecho de haber delinquido y ser encarcelados han perdido su dignidad, ni la oportunidad de rectificar. Una vez que han asimilado la gravedad de sus acciones, hombres y mujeres que a pesar de encontrarse segregados del resto de la sociedad entienden que su retorno está al paso por el trabajo duro, la perseverancia y el deseo de rehabilitarse.

Es justo esta clase de personas a quienes el Estado les debe otorgar las herramientas necesarias para su reinserción. Misericordia es justamente el sentimiento que motivó al Constituyente al señalar en el artículo 18 de nuestra ley fundamental, que el sistema penitenciario nacional se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

El deporte, por el solo hecho de encontrarse inserto en el dispositivo antes mencionado adquiere una relevancia tal como proceso de readaptación social que amerita ser proyectado en la legislación secundaria, lo que en este preciso momento se cumple con la aprobación del dictamen que hoy nos ocupa.

El instrumento legislativo que se encuentra a discusión refleja la preocupación por el fortalecimiento del sistema penitenciario en nuestro país y por ello la protección de los derechos del reo a una mejor calidad de vida, encaminada al objetivo primigenio de todo órgano penitenciario que es la readaptación social. Durante muchos años se han buscado las herramientas necesarias para cumplir con las demandas y necesidades de las penitenciarías, las cuales no han sido más que resguardo de criminales sin intención de rehabilitarse.

El deporte no sólo es conocido como una fórmula para llegar una vida más sana física y mentalmente, sino que también es reconocido como una forma a través de la cual se pueden conocer personas y estrechar sus lazos, coadyuvar en la armonía social y en la conformación de identidades.

Recordemos, según el escritor conservador español Ramiro Maeztu, el deporte es lucha. Sí, pero lucha noble y franca; que no deje tras de sí, como las guerras, un reguero de lágrimas y de sangre.

De esta manera la inclusión del deporte como medio de reinserción social no sólo resulta adecuada, sino urgente para lograr una vida más sana y cordial dentro y fuera de los centros de readaptación social, sobre todo si tomamos en consideración que las actividades que se desarrollan dentro de éstos complejos no han generado los resultados esperados, ya que la población penitenciaria lejos de readaptarse se ha vuelto más propensa a recaer en la delincuencia, formándose un círculo vicioso que atenta contra la paz pública y bienestar de las y los mexicanos.

Es por ello que este órgano parlamentario debe de buscar incansablemente todas las herramientas y medios a través de los cuales se genere el fortalecimiento del sistema penitenciario, buscando en todo momento que los sentenciados encuentren el camino que más les acomode para reintegrarse adecuadamente a la sociedad.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen toda vez que comparte su intencionalidad y optimismo frente a los grandes retos que nos impone la lucha contra la delincuencia, y la reinserción social basada en el respeto de la dignidad humana y del trabajo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado.

Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general, para hablar en pro, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Es muy importante para nosotros, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ratificar, como lo hizo nuestra compañera, el hecho de que estemos a favor de un dictamen tan importante como el que se discute el día de hoy.

México está cambiando. Se está transformando. Se están buscando nuevas y mejores formas de servir a todos los ciudadanos desde el Poder Ejecutivo, Legislativo.

Hoy es un tema muy importante que vale la pena resaltar el cambio y la transformación, la importancia de este dictamen, el hecho de que podamos promover desde esta Cámara de Diputados y agradeciendo a los dos diputados promoventes de esta iniciativa y hoy dictamen, el hecho de que podamos llevar a cabo en todos los estados del país este tipo de proyectos en los centros en donde miles de personas están buscando una salida y una reinserción adecuada a la sociedad.

El hecho de poder fomentar el deporte y la cultura, es un hecho muy trascendental en el que no solamente se fortalece el aspecto físico, el corporal, sino el mental, el anímico, en el que todas estas personas vuelven a creer en el compañerismo, vuelven a sentir esa lucha de competencia en donde hoy están buscando readaptarse a nuestra sociedad.

Hoy se están haciendo grandes logros en lo que tiene que ver en materia de fomentar la cultura del deporte. Aquí en esta Cámara esta semana acabamos de ver un claro ejemplo de lo que me refiero, un programa denominado Ponte al Cien, son programas que hoy la Conade promueve y que no solamente deberíamos de promover en esta Cámara sino en los parques, en los jardines, en las comunidades, en las casas.

Nosotros como legisladores debemos de llevar esta voz de estos programas a cada rincón de las comunidades de los distritos que representamos para que podamos juntos convencer y conseguir que el tema del deporte y la cultura no solamente es un tema de prevención, es un tema de salud y es un tema que nos ayudará, sobre todo, a que a mediano y largo plazo una de los principales causas de muerte de los mexicanos que es el tema de la obesidad y que si no ponemos hoy cartas en el asunto, seguramente será un problema a mediano y largo plazo de quebranto a los sistemas de salud en nuestro país si no actuamos hoy con puntualidad.

Estamos a favor y queremos ratificar y felicitar a los dos diputados promoventes, al diputado Coronato y al diputado Villanueva, y por supuesto al presidente de la Comisión del Deporte, al diputado Muñoz. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Astudillo. Esta presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha reservado para su discusión el artículo 2o., fracción XI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Román Quian Alcocer (desde la curul): A favor.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Señor presidente, se emitieron 373 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 373 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por tres minutos, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta de modificación al artículo 2o, fracción XI.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, Presidente. La verdad es que yo celebro la iniciativa y estoy totalmente a favor, pero me di cuenta de algo que creo que por consecuencia deberíamos ser consistentes con lo que ya mandamos al Senado.

Hace muy poco tiempo, en este mismo periodo ordinario, mandamos que en ese artículo 2o., en el numeral XI romano que tiene que ver con la no discriminación, agregamos “garantizar a todas personas, sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil e igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.”

Esto ya lo aprobamos y lo mandamos al Senado en una modificación anterior y está como minuta, que además está totalmente consistente con el artículo 1o. constitucional y el mandato de poner todas las leyes en esa consonancia y en esa idea.

Mandamos como minuta al Senado este agregado y ahora lo modificamos de una manera muy pequeña; le quitamos un “y” y le pusimos un punto y coma para que siguieran más numerales.

Pero si estamos tocando el mismo inciso, el mismo numeral, lo correcto, lo consistente es mandar al Senado lo que ya habíamos aprobado y que se agregue por supuesto “distinción de origen étnico y preferencias sexuales” tal como lo habíamos mandado nosotros allá. Simplemente es consistencia con lo que ya aprobamos y que ya tienen en el Senado.

Espero que no haya ningún problema porque esto ya lo aprobamos, está como minuta en el Senado y como tocamos, aunque sea solamente por cuestiones de puntos y comas y quitarle una “y” a este inciso, lo correcto, para tener consistencia, es que sostengamos la reforma que ya aprobamos y que llegue igualmente como minuta al Senado.

Es por consistencia, es decir, agregar lo que ya habíamos aprobado de que no haya discriminación por origen étnico ni por preferencias sexuales, que era lo que ya habíamos hecho y que yo incluso felicité a la Comisión de Deporte por haber hecho esto contra la discriminación. Es correcto, pero si estamos tocando el mismo inciso, debiéramos mantener la redacción que ya aprobamos. Es un asunto de consistencia.

Yo sé que hay una convicción de esta legislatura de combatir toda la discriminación y que este texto, como ya lo cambiamos y está en minuta, corresponde a lo que ya se aprobó en el artículo 1o. constitucional y al mandato de homologar todas las leyes en ese sentido. Entonces, es simplemente por consistencia, pero por supuesto que celebro la iniciativa, voté a favor en lo general y esta modificación en lo particular lo que hace es simplemente ser consistente con lo que ya aprobamos en un dictamen anterior y está como minuta en la Cámara de Senadores. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputados secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito la reserva de la fracción XI del artículo 2 del dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte que presenta la Comisión de Deporte para quedar como sigue:

Dice:

Artículo 2.(...)

I. a X. (...)

XI.Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen;

XII. y XIII. (...)

Debe decir:

Artículo 2.- (...)

I. a X. (...)

XI.Garantizar a todas las personas sin distinción de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen;

XII. y XIII. (...)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2014.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Belaunzarán. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Por tanto está a discusión. Se ha registrado para la discusión de la propuesta de modificación el diputado Ricardo Mejía Berdeja para hablar en pro.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Le pido que haga un llamado al orden, por favor, presidente. Ya quieren irse de vacaciones, por lo visto. Lo que queremos señalar es, primero que nada, felicitar a los promoventes, al diputado Francisco Coronato, al diputado Gerardo Villanueva y qué bueno que se aprueba esta iniciativa, que es una de cientos de iniciativas que en Movimiento Ciudadano hemos presentado.

Este tema lo hemos señalado cuando se discutió el tema de los estadios, que nos preocupa una visión integral del tema del deporte. Y qué bueno que aquí se proponen reformas y adecuaciones con esta reserva que nosotros aprobamos, el tema de que no haya ningún tipo de discriminación, aquí se complementa con el tema del origen étnico y la preferencia sexual, y celebramos vengan de donde vengan.

Incluso, de un diputado que se ha destacado por cuestionarnos en diferentes temas, pero aquí vamos a aprobar esta iniciativa porque somos congruentes. Lo positivo hacia adelante, lo que le pega al pueblo, como la reforma fiscal, no vamos a aprobarla nunca así haya un monopolio legislativo y así tengan mucha prisa por irse. Es cuanto y, adelante, estamos a favor de la reforma.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 2o, fracción XI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte presentada por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 2o., fracción XII. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 2o., fracción XI de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la modificación aceptada por esta asamblea.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos con la modificación autorizada por la asamblea.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Eduardo Román Quian Alcocer (desde la curul): A favor.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): A favor.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

La diputada Maricela Velázquez Sánchez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 359 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado el artículo 2o., fracción XI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la modificación aceptada por esta asamblea.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

VOLUMEN II

FELICITACION A ALFONSO CUARON, EMMANUEL LUBEZKI Y LUPITA NYONG'O POR HABER CONSEGUIDO EL PREMIO OSCAR

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de  la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados felicita a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o por haber conseguido el premio Óscar, que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), n y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados felicita a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, por haber conseguido el premio Oscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos de América.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 62-11-4-1367, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/1814 de fecha 7 de marzo de 2014, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el veintiséis de marzo de dos mil catorce, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados felicita a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, por haber conseguido el premio Oscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos de América, presentada por la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Que la proposición con punto de acuerdo busca que esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión felicite a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, por haber conseguido el premio Oscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos de América.

Tercero. Como antecedentes, la diputada proponente refiere que la noche del pasado 1 de marzo, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, fueron galardonados con el premio Óscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, por sus destacados trabajos en la industria fílmica de ese país.

Que Alfonso Cuarón fue reconocido como mejor director por la película Gravedad, mientras que Emmanuel Lubezki, nominado en cinco ocasiones anteriores, fue galardonado con la estatuilla por la mejor fotografía, gracias a esa misma historia.

Asimismo, menciona que ambos cineastas cursaron sus estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por otra parte, señala que Lupita Nyong’o, quien naciera en la capital del país y que cuenta con las nacionalidades mexicana y keniana, fue premiada como mejor actriz de reparto por su papel como Patsy.

Que en el caso de Cuarón, se habla de un cineasta con una carrera consolidada, que cuenta en su haber con diecisiete películas, en las que ha colaborado como productor y director, algunas de las cuales se han convertido en éxitos de taquilla, tanto en México como en el mundo entero, entre las que se mencionan Los hijos del hombre, Y tu mamá también, Sólo con tu pareja, Rudo y cursi,y Harry Potter y el prisionero de Azkabán.

La filmografía de Lubezki rebasa las treinta películas y abarca las facetas de director, productor y fotógrafo, ya sea en México, los Estados Unidos y el Reino Unido y si bien es cierto esta es la primera ocasión que recibe el Oscar, con anterioridad había obtenido los premios BAFTA y de la Asociación Americana de Directores de Fotografía.

Que en el caso de Lupita Nyong’o, aunque su trayectoria se ha construido lejos de nuestras fronteras y de la industria fílmica mexicana, el hecho de que sea una compatriota nuestra que se enorgullece públicamente de sus raíces nos hace congratularnos de igual forma por el premio que le fue otorgado.

Que si bien es cierto que los premios otorgados no constituyen un reconocimiento a la cinematografía de nuestro país ni a nuestra cultura, lo cierto es que vienen a demostrar una vez más que, cuando a la familia artística mexicana se le otorgan las condiciones necesarias para el desarrollo de su talento, los resultados pueden ser sorprendentes y de resonancia mundial, por lo que debe insistirse una vez más, en fortalecer a la industria mexicana del cine, una industria llena de posibilidades para la difusión de los valores que nos distingue por sobre otros pueblos del planeta.

Cuarto. Una de las capacidades de los seres humanos es la de expresarse, ya sea mediante su propio lenguaje o utilizando diferentes herramientas de su entorno.

Es el caso del arte, donde la actividad que se desarrolla pretende comunicar ideas, emociones o la visión de la persona que la realiza, ya sea de manera verbal, escrita, utilizando imágenes, o por cualquier otro medio, plasmando su obra en un tiempo y espacio determinados.

Asimismo, el arte es un componente ligado a la cultura, ya que permite en algunos casos, la difusión de valores, de la realidad social, o bien, contener elementos que sean distintivos de un grupo o una sociedad determinada.

Es así, que la cinematografía, la fotografía y la actuación son formas de expresión artística que requieren diversas técnicas, así como la visión y aptitudes personales, para que el proceso creativo o de interpretación logre su objetivo.

Quinto. Para el estudio de esta proposición, es necesario destacar parte de la trayectoria de estos tres personajes y su aportación a la cinematografía nacional y extranjera.

En el caso de Alfonso Cuarón, ya sea como guionista, productor o director, su trabajo en la actualidad, es referente importante en la forma de realizar películas en nuestro país, destacando filmes como Sólo con tu pareja y Rudo y cursi, que han sido de las más exitosas del cine nacional, asimismo, Y tu mamá también, una de las películas mexicanas más notorias en el extranjero.

A nivel internacional, destacan Los hijos del hombre y Harry Potter y el prisionero de Azkabán, la cual recibió dos nominaciones a los premios Óscar en el año 2005, en las categorías de mejor banda sonora y mejores efectos especiales, cuatro nominaciones en los premios BAFTA y nueve nominaciones a los premios Saturn.

Con su más reciente trabajo, Gravedad, ganó el Globo de Oro al mejor director y el 2 de marzo del año en curso, fue reconocido con el Óscar a mejor director y mejor montaje, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar el premio de la Academia en la categoría de mejor dirección.

Por su parte, Emmanuel Lubezki, es un reconocido fotógrafo, productor y director, que ha destacado a nivel nacional recibiendo el premio Ariel por su trabajo en las películas Como agua para chocolate, Miroslava y Ámbar.

También, ha sido nominado cinco veces al premio Oscar en la categoría de dirección de fotografía en las películas La princesita, La leyenda del jinete sin cabeza, Nuevo mundo, Los hijos del hombrey El árbol de la vida,

El 2 de marzo de este año, fue galardonado con el premio Oscar en la categoría de mejor fotografía por la película Gravedad.

En este sentido, es de reconocer que el trabajo de Alfonso Cuarón y Emmnuel Lubezki ha sentado un precedente en la historia del cine nacional e internacional y que servirá de ejemplo para futuras generaciones.

En el caso de la actriz Lupita Nyong’o, hija de padres keniatas y nacida en la Ciudad de México, su carrera se ha desarrollado en el extranjero, sin embargo, es un orgullo como connacionales, que su participación en la película 12 años de esclavitud, le haya valido ganar el Oscar como mejor actriz de reparto y el premio SAG en la misma categoría. .

Sexto. Como señala la proponente, si bien es cierto que los premios otorgados no son a la cinematografía de nuestro país ni a nuestra cultura, la Cámara de Diputados siempre se ha distinguido por reconocer la labor de los mexicanos que han contribuido a enaltecer la imagen de nuestra nación, por ello, esta Comisión dictaminadora considera que es merecida la felicitación a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, por haber conseguido el premio Oscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Esto constituye, sin duda un estímulo para que en México, se impulse decididamente a una de las industrias culturales de enorme relevancia, como la cinematográfica, ya que estos reconocimientos, son muestra de que así como en el extranjero se galardona a quienes como Cuarón se prepararon en nuestro país y encuentran campo fértil para desarrollarse y proyectarse en el ámbito internacional, también es importante que lo puedan .hacer en la propia nación mexicana.

Que con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados felicita a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, por haber conseguido el premio Oscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos de América.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, abril, 2014.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González, Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime, Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Martín López Cisneros, María del Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Hugo Sandoval Martínez, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche, Alejandro Sánchez Camacho.»

HOMENAJE AL INTERPRETE DE LA MUSICA MEXICANA VICENTE FERNANDEZ

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de  la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo para rendir un homenaje al intérprete de la música mexicana Vicente Fernández por su trayectoria artística

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracciones XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 6 de febrero de 2104, los diputados Salvador Arellano Guzmán y Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo para rendir un homenaje al intérprete de la música mexicana, Vicente Fernández, por su trayectoria artística.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 62-II-1-1600, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/1707 de fecha 11 de febrero de 2014, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. Con fecha 20 de marzo de 2014, los diputados Salvador Arellano Guzmán y Sergio Armando Chávez Dávalos, mediante oficio dirigido la presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, diputada Margarita Saldaña Hernández, manifestaron su conformidad para que el punto de acuerdo que suscribieron el pasado 3 de diciembre de 2013, denominado “Acuerdo para rendir un homenaje al intérprete de la música mexicana, Vicente Fernández, por su trayectoria artística”, sea modificado en su resolutivo para que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía, sea la que realice el homenaje a Vicente Fernández, solicitando respetuosamente formar parte de la comitiva que se integrará para el día del evento. Asimismo, piden que el reconocimiento sea firmado por los integrantes de la Mesa Directiva y los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias.

Quinto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión se reunieron el 26 de marzo de 2014, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo para rendir un homenaje al intérprete de la música mexicana, Vicente Fernández, por su trayectoria artística, presentada por los diputados Salvador Arellano Guzmán y Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo señalado por el artículo 39, fracción XII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Que la proposición con punto de acuerdo busca que esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rinda un homenaje al intérprete de la música mexicana, Vicente Fernández, por sus más de 45 años de trayectoria artística.

Tercero. Como antecedentes, los diputados proponentes refieren que la historia de la música en México se ha escrito gracias a los grandes intérpretes que han dejado su marca en la memoria del país.

Que personajes como José Alfredo Jiménez y Pedro Infante siguen estando a lo largo de los años en la memoria de la gente, sin embargo, al hablar de personajes de esta investidura, que no sólo por su trayectoria artística son importantes, sino por el cariño que la gente tiene hacia ellos, es que se tiene que recordar a Vicente Fernández Gómez.

Vicente Fernández también es conocido como “el Charro de Huentitán”, “el ídolo de México” o “el rey de la música ranchera”. Nació el 17 de febrero de 1940, en Huentitán el Alto, Jalisco, y es hijo de Ramón Fernández y Paula Gómez de Fernández.

Que fue hasta los 14 años que comenzó su historia dentro de la música, a raíz de un concurso de canto amateur, en el cual su voz lo hizo ganador del primer lugar, sin imaginar que este sería el primero de muchos reconocimientos que obtendría a lo largo de su vida.

Que en el año de 1963 muere su madre a los 47 años de edad, y en ese mismo año, contrae nupcias con María del Refugio Abarca Villaseñor, “Cuquita”.

En su afán de convertirse en un reconocido cantante, comienza a tocar en fiestas privadas y restaurantes, y a los 24 años de edad se une al mariachi Amanecer de México de Pepe Mendoza; y posteriormente al mariachi de José Luis Aguilar.

Para impulsar su carrera de cantante, se muda a la Ciudad de México, donde comienza a tocar las puertas de las principales compañías discográficas, sin obtener resultados favorables, pero sin darse por vencido, continúa trabajando en la famosa Plaza de Garibaldi.

Que en el año de 1966, la compañía discográfica CBS México (actualmente Sony Music) lo contrata para grabar su primer disco, con lo cual comienza lo que hoy es un recopilado de más de 100 producciones discográficas y más de 65 millones de discos vendidos en el mundo.

Los diputados proponentes argumentan que su voz ha sido y seguirá siendo escuchada en todo tipo de fiestas, que sin importar que se trate de niños, jóvenes y adultos su música sigue estando en el gusto de la gente, gracias a canciones tan memorables como Tu camino y el mío, La ley del monte, Volver, volver, Mujeres divinas, Cruz de olvido y El rey, entre muchas otras.

Además, a partir del año de 1971 participó en diversas producciones cinematográficas, protagonizando más de 25 películas, entre las que se encuentran: Uno y medio contra el mundo, La ley del monte, Mi querido viejo y El hijo del pueblo, entre otras.

Que su trayectoria lo ha hecho merecedor de un gran número de reconocimientos nacionales e internacionales tales como:

• La distinción de Mister Amigo, en el año de 1977, en Brownsville Texas, reconocimiento que se concede año con año a un mexicano prominente.

• Las llaves de la ciudad de San Antonio, Texas, en 1982.

• Recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

• En el año de 1998, es incluido en el Salón de la Fama de la revista Billboard.

• En 2002 fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

• En el año 2008, el entonces gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, declaró el 12 de julio como día de honor al artista, acto que se celebra cada año.

• Ha sido acreedor en diversas ocasiones, de premios Oye, Billboard y Grammys, entre los que han destacado Mejor Álbum Ranchero y Artista Ranchero del Año.

Asimismo, es importante mencionar que durante las más de cuatro décadas de trayectoria ha destacado en los escenarios más importantes, entre los que se encuentran el Auditorio Nacional, la Plaza de Toros México, el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall de Nueva York, entre otros.

Que con base en los antecedentes que exponen los diputados Salvador Arellano Guzmán y Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponen se rinda un homenaje al artista Vicente Fernández, un ídolo del pueblo, del cual su imagen quedará plasmada junto a los grandes de la música mexicana, que por su pasión por la música ha puesto el nombre de México en alto, proyectándola a nivel internacional, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes de la música ranchera.

Cuarto.La música es una manifestación artística del ser humano, que otorga identidad a un grupo social, llegando incluso a formar parte de la cultura popular de todo un país.

Para el tema que nos ocupa, la música ranchera es un género de la música mexicana, que por su versatilidad puede ser interpretado acompañado de mariachi, trío, guitarra, entre otros.

Su origen se remonta al siglo XIX, pero encuentra su apogeo en la época de la Revolución Mexicana, donde las letras se enfocaban en contar historias populares de la vida campesina, la familia y las tragedias amorosas, por lo que su interpretación requiere de un estilo que destaque las emociones, la potencia en la voz y la capacidad de sostener largamente una nota al final de cada estrofa.

Por ser uno de los géneros más representativos de la cultura popular, fue parte fundamental en la época de oro del cine mexicano, logrando así su reconocimiento a nivel internacional.

Entre los grandes exponentes de este género se encuentran: Lola Beltrán, Lucha Villa, María de Lourdes, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís y Vicente Fernández.

Quinto. Esta comisión considera que a lo largo de su trayectoria artística, Vicente Fernández ha sido promotor destacado de la cultura mexicana, ya que su música es reconocida a nivel nacional e internacional, haciéndolo merecedor de diversos reconocimientos, que lo han colocado entre los grandes exponentes de la música ranchera.

Asimismo, es un personaje que ha dejado un importante acervo musical para futuras generaciones y que en la actualidad, por su voz y estilo distintivo, sigue siendo la más fuerte influencia de los artistas del género.

Además, su labor artística abarca el ámbito de la actuación, haciéndolo protagonista de más de veinte películas, las cuales también forman parte de su legado.

Vicente Fernández es un mexicano que ha dejado un impacto significativo en la cultura popular, por lo que esta comisión dictaminadora coincide con los diputados proponentes en rendir un homenaje a este destacado intérprete de la música mexicana.

Sexto. La Cámara de Diputados siempre se ha distinguido por reconocer la labor de los mexicanos que han contribuido de manera significativa a fortalecer y enaltecer la imagen de nuestra nación, por ello, debe rendirse homenaje al intérprete vivo más importante de la música ranchera de nuestro país.

Que las diputadas y los diputados de esta comisión dictaminadora estimamos procedentes las modificaciones que presentaron los autores de la propuesta, por lo que se modifica el punto resolutivo en los términos señalados en el antecedente cuarto.

Que con base en lo anteriormente expuesto, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía realice un homenaje a Vicente Fernández por su trayectoria musical, para lo cual formará una comitiva que entregará un reconocimiento firmado por los integrantes de la Mesa Directiva, los coordinadores de los grupos parlamentarios de cada partido y la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, abril, 2014.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica en abstención), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González, Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime, Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche, Alejandro Sánchez Camacho.»

INCORPORAR EN LOS PLANES DE ESTUDIO EL CONOCIMIENTO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA Y DEL COOPERATIVISMO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los rectores de las instituciones de educación superior del país y a los directores de las facultades y escuelas de economía, derecho, administración y trabajo social a incorporar en los planes de estudio el conocimiento del sector social de la economía y del cooperativismo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los rectores de las instituciones de educación superior del país y a los directores de las facultades y escuelas de economía, derecho, administración y trabajo social, a que incorporen en sus planes de estudio el conocimiento del sector social de la economía y del cooperativismo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento y demás relativos  de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Metodología

Los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con el propósito de comprender la voluntad de la promovente, de examinar y determinar adecuadamente con estricto apego a lo manifestado en la proposición con punto de acuerdo materia de dictamen, tomaron en consideración los siguientes principios de técnica legislativa:

En los Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para dictaminar, así como de los trabajos que se llevaron a cabo.

En el apartado Contenido de la proposición con punto de acuerdo, se resumen los principales argumentos y propósitos del mismo.

En el apartado Consideraciones se exponen los resolutivos que acompañaron la valoración del instrumento legislativo.

En el apartado Acuerdo se desarrolla la propuesta a consideración que las y los integrantes de esta comisión dictaminadora somete a la honorable asamblea.

I. Antecedentes

En la sesión celebrada el 18 de marzo por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Silvia Márquez Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a nombre propio y de las y los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los rectores de las instituciones de educación superior del país y a los directores de las facultades y escuelas de economía, derecho, administración y trabajo social, para que incorporen en sus planes de estudio el conocimiento del sector social de la economía y del cooperativismo.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social para el estudio y dictamen correspondiente, mediante oficio número D.G.P.L.62-II-3-1500 y expediente número 4063.

II. Contenido de la proposición

En el análisis de la proposición con punto de acuerdo propuesto por la diputada Márquez Velasco, esta Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social identificó:

En su exposición de motivos, la proponente destaca la necesidad de destinar más recursos para el estudio de la economía social y el cooperativismo, así como ampliar su conocimiento y destacar su importancia. También señala la necesidad de conocer las fuerzas que permiten a las cooperativas generar valor agregado de manera competitiva, así como las condiciones en las que aplican conceptos como comercio justo, rentabilidad social y responsabilidad con el entorno.

Reconoce que son muchos temas de estudio, incluyendo las necesidades de financiamiento e inversión; la distribución de beneficios para sus socio; la constitución de redes de productores de bienes y servicios, de consumidores rurales y urbanos.

III. Consideraciones

Primero: Esta comisión dictaminadora reconoce la importancia del sector social de la economía y del cooperativismo y encuentra que la necesidad de estudiarlo y conocerlo tiene un sólido sustento en los términos en que el artículo 25 de nuestra Carta Magna reconoce el papel de la economía social.

Cabe recordar que en su párrafo tercero establece:

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

A su vez, en el párrafo quinto apunta:

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

En el sexto:

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

Y en el séptimo:

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Para lograr lo anterior se requiere contar con un Estado fuerte y un sector privado pujante, pero también es necesario un sector social reconocido, con valores  y principios  como base para la resolución de problemas comunes, con prácticas democráticas, aportes colectivos y el reconocimiento del trabajo como sustento; todo lo cual exige un gran conocimiento, investigación, capacitación y educación.

Segundo: La necesidad de desarrollar áreas de la educación superior del país para el conocimiento de la economía social y el cooperativismo se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, que establece “una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más competencia y dinamismo en la economía”. Y para lograrlo señala que “se buscará incrementar la productividad de los sectores dinámicos de la economía mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada”. Para ello, se propone fortalecer el mercado interno, impulsar a los emprendedores, fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, y fomentar “la economía social a través de un mejor acceso al financiamiento”. Asimismo, en la Estrategia 4.8.5, el Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de “fomentar la economía social” y señala como líneas de acción, realizar la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social, para mitigar las diferentes formas de exclusión económica y productiva”. Y más específicamente propone como objetivo “fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y gerenciales de las empresas de la economía social”.

Tercero: Para evaluar la importancia de esta proposición con punto de acuerdo, esta comisión dictaminadora destaca que según las cifras del Censo Económico de 2009, las cooperativas que formalmente se encontraban operando en el país en ese año apenas sumaban 9 mil 767 unidades económicas, las cuales dieron empleo a sólo 182 mil 928 personas. Esos datos son realmente poco significativos, ya que representan una cifra muy baja en comparación con las 5.1 millones de unidades económicas y los 27.7 millones de trabajadores censados en total en ese año. Sin embargo, a las cifras del Censo hay que agregar la referencia al número de socios.

En ese sentido, por ejemplo, el Fondo de Protección de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo informó que a febrero de 2014, había 657 cooperativas de ahorro y préstamo que contaban con 6.3 millones de socios. Eso multiplica el número de beneficiarios mucho más allá de los empleos directos generados por las cooperativas de ahorro y préstamo como unidades económicas. Aunque son pocas, su impacto benéfico es muy amplio.

Además, aunque no se tienen cifras sobre la contribución de las cooperativas al producto interno bruto nacional, se ha podido medir que en 17 de los 32 estados, 200 instituciones autogestionarias muestran un peso relativo de importancia en el desarrollo regional.

Y a eso hay que agregar que el censo ejidal de 2007, el más reciente, reportó 5.6 millones de ejidatarios y comuneros, que con sus familias sumarían por lo menos 22 millones de personas, a lo que se agrega la posibilidad de que una parte de la economía informal esté conformada por algunas de las figuras asociativas que caracterizan a la economía social; cabe señalar que en México la economía informal proporciona 6 de cada 10 empleos.

En ese sentido, la comisión dictaminadora considera que el conocimiento y el desarrollo de una academia especializada en el estudio y la educación acerca de la economía social por parte de las instituciones de educación superior tiene un alto potencial de crecimiento y tendría importantes efectos benéficos en tanto que contribuye a su fortalecimiento y éste en el conjunto de la economía.

Cuarto: Esta dictaminadora encuentra importante el argumento de la promovente, en el sentido de que a diferencia de lo que sucede en el caso de los otros dos sectores reconocidos en el artículo 25 de la Constitución, las “empresas privadas o de la administración pública”, cuya normatividad, administración y desarrollo recibe atención de la mayoría de las universidades y escuelas de economía, administración y derecho. Incluso, se han desarrollado centro de estudios tecnológicos de educación superior orientados a desarrollar cuadros medios para las empresas privadas, con el fin de bajar sus costos en sueldos de ejecutivos.

En cambio, la atención que brindan esas mismas instituciones al desarrollo del sector social se limita en muchos casos al estudio de los aspectos, al análisis y diseño de políticas públicas que rayan en la investigación del asistencialismo y la pobreza. En ese contexto, el cooperativismo, la figura asociativa emblemática del sector social, no recibe la atención necesaria para promover su desarrollo, como una alternativa que ha demostrado su capacidad de superar las adversidades, incluso en momentos de crisis.

Esto tiene todavía más importancia ahora que se ha puesto interés en apoyar a emprendedores, porque las figuras asociativas de la economía social y el cooperativismo son una base de organización que brinda muchas ventajas para comenzar a operar, sin perder calidad organizativa en la etapa madura de la sociedad.

Por ello, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social coincide con la diputada promovente, en la necesidad de que el estudio de la economía social y las cooperativas rebase la descripción de su funcionamiento y ponga énfasis en el estudio de los determinantes de su comportamiento, así como de su impacto en la economía y en la sociedad, además de sus capacidad para superar las adversidades del mercado.

Quinto:La proposición en dictamen realiza un respetuoso exhorto a las Instituciones de Educación Superior y esta comisión dictaminadora advierte que la organización que agrupa y coordina a 175 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, es decir a las principales instituciones de educación superior, es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

De acuerdo con la información proporcionada en la página web de la ANUIES, desde su fundación en 1950, esta organización ha participado en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana.

Tomando en cuenta la ANUIES es una asociación no gubernamental, de carácter plural, cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios, quienes dictaminamos confiamos que sus representantes tendrán la voluntad de valorar positivamente el presente exhorto.

Además, ya hay antecedentes del trabajo académico en este campo, como es el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Autónoma Chapingo, en la Iberoamericana de Puebla.

Sexto: Por otra parte, en otros países que buscan soluciones al desempleo y a la incertidumbre económica mediante la promoción de la economía social y el cooperativismo. Cabe recordar la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo que señala que las políticas fiscales que se fijen a las empresas de los sectores público y privado no pueden ser más favorables que las que se establezcan para las cooperativas.

A su vez, la Organización de Naciones Unidas y en particular la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, apunta la importancia de las cooperativas y la economía social en general, en la conformación de una alternativa productiva, incluso como una alternativa sustentable, amable con el medio ambiente y con amplias posibilidades de hacer frente a los efectos del cambio climático, para cubrir las crecientes necesidades de la población de cada economía y de la población mundial. No pierde importancia la economía mundial, al contrario.

Séptimo:Tomando en cuenta lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que la proposición con punto de acuerdo propuesto por la diputada promovente, contribuye a visibilizar al sector social de la economía, porque a medida que se conoce más de él pueden mejorar los instrumentos para su administración y fomento.

Esta medida, en que se propone un respetuoso exhorto de la Cámara de Diputados, no viola la autonomía de las instituciones, pero también anota un campo del conocimiento cuyo fortalecimiento podría redundar en un mejor posicionamiento de la educación superior en amplios sectores de la sociedad.

Finalmente, esta dictaminadora considera que el resolutivo debe de poner énfasis en que la Cámara de Diputados, con absoluto respeto a la autonomía de las instituciones de educación superior del país, les exhorta a aumentar el conocimiento sobre la economía social y el cooperativismo.

Con lo anterior, las universidades ratificaran su carácter de universidades al servicio  de la nación y su convicción social. También considera que la mejor vía para hacer llegar dicho exhorto es por medio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por lo que el resolutivo se propone en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con absoluto respeto a la autonomía de las instituciones de educación superior del país, exhorta a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para que en el marco de la legislación universitaria relativa a la modificación de los planes de estudio, promueva que sus asociados incorporen materias vinculadas al conocimiento y administración del sector social de la economía y del cooperativismo.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 20 de marzo de 2014.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados:Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas, José Antonio León Mendívil (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez, Jesús Morales Flores, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Cesario Padilla Navarro, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica).»

TIPIFICAR EN EL CODIGO PENAL DE CHIHUAHUA EL DELITO DE FEMINICIDIO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Chihuahua a discutir y, en su caso, aprobar que se tipifique en el Código Penal local el delito de feminicidio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Chihuahua a discutir y, en su caso, aprobar la tipificación en el Código Penal del delito de feminicidio, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 157, 162, 173, 174, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha de 4 de febrero de 2014, la diputada Crystal Tovar Aragón del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, PRD, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Chihuahua a discutir y, en su caso, aprobar la tipificación en el Código Penal del delito de feminicidio.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada promovente refiere en su punto de acuerdo que la aprobación en 1979 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, firmada y ratificada por México el 3 de septiembre de 1981, exige a los Estados que adopten todas las medidas adecuadas, incluida una legislación para modificar o abolir las leyes, reglamentaciones, costumbres y prácticas vigentes que constituyen discriminación contra la mujer.

Además la ONU emitió, en diciembre de 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que sitúa a la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos, afirmando que las mujeres tienen igualdad de derechos al dis­frute y protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad y seguridad a la persona, a una vida libre de tortura o de cualquier castigo o trato cruel, inhumano o degradante.

Que el derecho a una vida libre de violencia, establecida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará) firmada y ratificada por México, el 12 de noviembre de 1998, contempla que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para el desarrollo individual y social, y para su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

Que la violencia contra las mujeres es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes; por parientes o por extraños; en el ámbito público o privado; en tiempo de paz o en tiempos de conflicto, que mientras siga existiendo la violencia contra la mujer, no se puede afirmar que se han logrado progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.

Siendo la violencia feminicida la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres.

Según datos del estudio Violencia feminicida en México, tan sólo en 2010 se registraron 2 mil 335 defunciones femeninas con presunción de homicidio, lo que representa 6.4 mujeres asesinadas al día, y del año 2005 al 2010 suman 9 mil 385 feminicidios.

Además, en dicho estudio se muestra que el comportamiento de las defunciones con presunción de homicidio es distinto según el territorio al tratarse de un fenómeno muy heterogéneo y que va cambiando en el tiempo. En 2010 se identificó que Chihuahua se encuentra en primer lugar, con 32.8 defunciones con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, un valor 8.1 veces mayor al promedio nacional.

Que en 2010 más de un cuarto del total de los feminicidios ocurrieron en tan sólo cinco municipios del país (27.2 por ciento). Destacando en primer lugar el impresionante crecimiento del feminicidio en Juárez, Chihuahua, con 389 defunciones femeninas con presunción de homicidio (uno de cada seis casos ocurridos en el país) nos presenta un panorama de gran concentración del fenómeno.

En el asesinato de mujeres es más frecuente el uso de medios más brutales para matarlas: casi una de cada cinco mujeres asesinadas muere directa y literalmente a manos de su agresor; si a esto le agregamos que en los Códigos Penales de once entidades federativas aún se consideran como atenuantes de la pena la “infidelidad conyugal/razón de honor” o el “estado de emoción violenta”, lo que implica que nos encontramos frente a contextos en los que la violencia contra las mujeres es condonada desde el Estado.

El lugar donde hay mayor número de asesinatos contra mujeres es el Estado de México, ya que entre 2001 y 2010 se presentaron 2 mil 954 muertes por homicidios en mujeres, correspondiente al 19.7 por ciento de las observadas en la República Mexicana. Le sigue en el deshonroso segundo lugar, durante el mismo periodo, el estado de Chihuahua con mil 415 muertes por homicidio en mujeres, el 9.44 por ciento de las observadas a nivel nacional, dentro de este estado Ciudad Juárez ocupó el primer lugar con un promedio cercano a 57 por ciento de todas las muertes, seguido por Chihuahua con un 15 por ciento, con menos el 3 por ciento, también aportaron los municipios de Guachochi, Guadalupe, Cuauhtémoc y Calvo y Delicias.

Sobre la situación de violencia contra las mujeres en el Estado de Chihuahua, en el informe de ONU Mujeres (2012) revela que de 2007 a 2009 se registró un incremento del 325.1 por ciento en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio. En 2009 la tasa de defunciones femeninas fue de 12.73 por cada 100 mil mujeres, mientras que en el 2010 la tasa se elevó a 32.8 por ciento. Sobre la violencia sexual informó que en el 2010 se denunciaron 726 casos de violación, por lo que el promedio de violaciones fue de 44.9 por cada 100 mil mujeres. Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que de enero de 2011 a junio de 2012 en el estado de Chihuahua ocurrieron 529 homicidios de mujeres.

La conmoción social provocada por el crecimiento sistemático de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993, fue decisiva para incluir en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el concepto violencia feminicida, definida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Todos los niveles de gobierno en México están obligados a garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, en razón de haber ratificado una serie de instrumentos internacionales de protección a las mujeres, los cuales son obligatorios y adquieren rango constitucional a partir de la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011.

El lunes 16 de noviembre del año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México.

Ante el hecho de que en el estado de Chihuahua no se encuentra tipificado el delito de feminicidio y existiendo la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho al acceso a la justicia, a la vida y a la dignidad de las mujeres, por ello es que se considera necesario y de urgente atención se armonice el marco legal estatal en materia de feminicidio.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de Chihuahua, para que discuta y en su caso apruebe se tipifique en el Código Penal del estado de Chihuahua el delito de feminicidio.

Consideraciones

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido consagrado y establecido como un desafío prioritario a nivel nacional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discriminatorio tradicionalmente recibido por las mujeres en sus sociedades.

La obligación de contar con mecanismos para atender, prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos de ocurrencia, ha permitido incidir de manera determinante en las agendas de los gobiernos. Así, en el ámbito de las Naciones Unidas, en el año de 1979, se adoptó la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, CEDAW) y, dentro del Sistema Interamericano, en el año de 1994, se estableció la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante, Convención de Belém do Pará).

Sin embargo, –a pesar de la existencia de un marco jurídico internacional tendiente a proteger los derechos humanos de las mujeres– la violencia en su contra persiste en todos los países del mundo como una violación generalizada de sus derechos humanos y uno de los principales obstáculos para lograr la igualdad de género. Esta violencia, en palabras del secretario general de Naciones Unidas, es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes; por parientes o por extraños; en el ámbito público o privado; en tiempos de paz o de conflictos. Mientras exista la violencia contra las mujeres, no se puede afirmar que se han logrado progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.

Además, las experiencias dramáticas en la región muestran la ineficacia del sistema jurídico y de los aparatos policiales y de persecución para prevenir, investigar y sancionar adecuadamente las desapariciones, violaciones, asesinatos y mutilaciones de los cuerpos de las mujeres.

Tal como ha observado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH o Comisión Interamericana), en la mayoría de los países de la región existe un reconocimiento formal y jurídico de que “la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario”. Y a pesar del deber general de los Estados de promover la igualdad de jure y de facto entre las mujeres y los hombres; así como el deber de elaborar y aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y de políticas públicas para proteger y promover plenamente los derechos humanos de las mujeres, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema; así como, entre la calidad de la respuesta judicial ofrecida para atender la violencia contra las mujeres.

La obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas y en particular de las mujeres, constituye la obligación fundamental de los Estados. Así lo establece el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando señala el compromiso de los Estados de respetar los derechos y las libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

En México, con gran preocupación, se ha reconocido que existe una de las manifestaciones extremas de la violencia: los asesinatos de mujeres. Aunque con características distintivas relativas a la edad, la etnia, las relaciones de parentesco o las condiciones particulares de cada lugar, tienen en común su origen en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que generan una situación de mayor vulnerabilidad y de limitación para las mujeres en el disfrute de sus derechos humanos, en especial el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la seguridad, entre otros. Estos asesinatos se han nombrado de manera particular como feminicidios.

Esta modalidad de violencia contra las mujeres, que en diversos casos ha sido sistemática, sólo se ha identificado por el trabajo de familiares de las víctimas, de organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos. Así mismo, gracias a la actuación de organismos internacionales como la CIDH que produjo el Informe sobre la Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, el cual ha sido fundamental para visibilizar el problema.

No obstante la gravedad de la situación México, como Estado parte de la Convención Belém Do Pará, hasta ahora ha incumplido con su obligación de debida diligencia en la prevención, atención, investigación, judicialización, sanción y reparación en los casos de feminicidio. El gobierno mexicano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte Interamericana, CIDH), que los feminicidios “tienen causas diversas, con diferentes autores, en circunstancias muy distintas y con patrones criminales diferenciados, pero se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer”; señalando que esta cultura de discriminación contra las mujeres ha contribuido a que los feminicidios no sean percibidos como un problema de magnitud importante para el cual se requieren acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades.

Como es del conocimiento del gobierno del estado de Chihuahua, en sus tres órdenes; el Estado mexicano fue condenado por la CIDH en el caso González y otras, conocido como “Campo Algodonero”, por su falta de prevención, atención y sanción de tres jóvenes que desaparecieron y fueron torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez. La falta de actuación con debida diligencia de las autoridades mexicanas generó la responsabilidad del Estado mexicano.

La sentencia señala el contexto de violencia sistemática contra las mujeres; enfatiza los aspectos fallidos en los procesos de investigación, servicios forenses y de impartición de justicia, así como la falta de profesionalismo y compromiso de los funcionarios encargados de las investigaciones. Resalta también la evidente ausencia de protocolos adecuados para la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, así como para la conducción de las investigaciones, además de apuntar las fallas en el seguimiento y en el registro de los casos.

La conclusión de la CIDH es que el caso de Campo Algodonero no es un evento único ya que apunta que, “no se trata casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural, enraizado en las costumbres y mentalidades” (fundadas) “en una cultura de violencia y discriminación basada en el género”. Por ello dictó reparaciones específicas en materia de procuración e impartición de justicia, que resulta indispensable instrumentar, para evitar la repetición de estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres: integración de un banco de información genética; página electrónica sobre las mujeres desaparecidas; diseño de protocolos especializados con perspectiva de género para la investigación de delitos relacionados con homicidios de mujeres, desapariciones y violencia sexual; diseño e implantación de un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas; capacitación a funcionarios de gobierno, principalmente.

En ese sentido, vale recordar que el Parlamento Europeo en su Resolución del 5 de mayo de 2010, sobre la estrategia de la UE para las relaciones con América Latina, reconoció la importancia de la sentencia del Campo Algodonero y pidió “a los gobiernos de la Unión Europea, América Latina y el Caribe que acojan la sentencia como guía para su futuro trabajo, y que garanticen que acompañarán su firme condena de la violencia contra las mujeres con programas de protección, prevención y justicia y financiación adecuados.”

En el caso del Congreso mexicano, durante la Legislatura LXI se aprobó una serie de reformas a diversos ordenamientos como el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando a la legislación la obligación de las instituciones y entidades federativas de adoptar lo establecido en la sentencia Campo Algodonero por la CIDH. Además de incorporarse en el Código Penal el delito de Feminicidio. Estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012.

Con base en lo anterior, el artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece:

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

...

XXIII. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

XXIV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual...

En importante señalar, que desde el año 2009 se ha incorporado de forma paulatina en diversos Códigos Penales la figura de feminicidio; hasta la fecha son 29 entidades federativas que consideran este delito.

Finalmente, esta dictaminadora considera especialmente importante mencionar que durante la pasada revisión de México respecto de los informes 7 y 8 consolidados, ante el Comité para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres Cocedaw, se le recomendó al Estado mexicano lo siguiente:

17. El Comité toma nota que el artículo 21 del LGAMVLV-2007 define el feminicidio como la forma extrema de la violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, tanto en el ámbito público como privado, formado por el conjunto de conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad social y estatal y pueden culminar en el asesinato u otras formas de muerte violenta de las mujeres. Sin embargo, el Comité está preocupado por las deficiencias y las diferentes definiciones del delito de feminicidio en los Códigos Penales locales. Expresa su profunda preocupación por el elevado número y el aumento de los feminicidios cometido en varios estados, como Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, estado de México, Veracruz y Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad Juárez. Se preocupa además por las inexactitudes en los procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de mujeres, lo que atenta contra la investigación apropiada de los casos, evita que las familias de las víctimas sean notificadas, sin demora, y se oponen a una evaluación más completa y más confiable de los feminicidios;

Más clara y enérgicamente lo siguiente:

19. El comité recomienda al Estado parte:

a) Tomar las medidas necesarias para garantizar que la tipificación de los feminicidios se base en elementos objetivos que permitan su correcta clasificación en los Códigos Penales locales; acelerar su codificación en aquellos Códigos Penales locales pendientes; estandarizar los protocolos de investigación de la policía de los feminicidios en todo el país, e informar sin demora a las familias de las víctimas;

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso de Chihuahua, para que discuta y en su caso apruebe se tipifique en el Código Penal del estado de Chihuahua el delito de feminicidio.

Notas:

1 La Convención de Belém do Pará cuenta con 32 ratificaciones de Estados Miembros de la OEA, con ello se convierte en el instrumento más ratificado del sistema interamericano de derechos humanos.

2 Naciones Unidas, “Poner fin a la violencia contra la Mujer: De las palabras a los hechos”, Estudio del Secretario General de Naciones Unidas, 2006.

3 Diez Andrea y Herrera Kenia, El tratamiento de la violencia contra las mujeres. Tratamiento por parte de la justicia penal de Guatemala. Informe Final de Guatemala. Disponible en Internet: http://www.cejamericas.org/doc/proyectos/informe_guatemala.pdf (2 de noviembre 2011).

4 Cfr. CIDH, “Informe acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007. Disponible en Internet: http://www.cidh.org (2 de noviembre de 2011).

5 El concepto de femicide, de acuerdo a Diana Russell, fue utilizado por primera vez públicamente en inglés en el año 1801 en un artículo, para referirse al asesinato de una mujer. La misma Russell lo utilizó en 1976 ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres, realizado en Bruselas. Ella lo define como “el asesinato de mujeres por hombres, por ser mujeres”. En 1992 Diana Russell y Jill Radford plantean que el femicide está en el extremo final del “continuum” del terror contra las mujeres, el cual incluye una gran variedad de abusos verbales y físicos, como la violación, la tortura, la esclavitud sexual (particularmente en prostitución), el incesto y el abuso sexual infantil extrafamiliar, la agresión psicológica, el hostigamiento sexual, entre otras. Cfr. Russell, Diana E. y Harmes, Roberta A. Feminicidio: una perspectiva global. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM. México, 2006, páginas 75-76. Tomando como base el trabajo de Radford y Russell, Marcela Lagarde construyó el concepto de feminicidio. En sus diferentes análisis la autora señala que en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres. En su opinión, Russell y Radford definen el femicidio como “crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos de mujeres”, por lo que en su concepto, sería insuficiente utilizar femicidio para denominar estos homicidios que incluyen el elemento de odio contra las mujeres. La explicación del feminicidio, se encuentra en el dominio de género caracterizado tanto por la supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres. La arbitrariedad e inequidad social se potencian con la impunidad social y del Estado en torno a los delitos contra las mujeres, lo cual significa que la violencia está presente de formas diversas a lo largo de la vida de las mujeres antes del homicidio y que, aún después de perpetrado el homicidio, continúa la violencia institucional y la impunidad. Cfr. Peritaje presentado por la doctora Lagarde para el caso “Campo Algodonero” versus Estados Unidos Mexicanos. Disponible en internet: www.feminicidios-campoalgodonero.org.mx. (2 de noviembre 2011). Por su parte, Julia Monárrez, realizando un análisis sobre la situación de violencia extrema contra las mujeres en Ciudad Juárez, define el feminicidio como “el asesinato de mujeres cometido por hombres desde su superioridad de grupo; tiene que ver con los motivos, con las heridas que se infligen en el cuerpo de la mujer...”; o como “el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género. El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual”. Cfr. Peritaje presentado por la doctor Julia Monárrez para el caso “Campo Algodonero” versus Estados Unidos Mexicanos. Disponible en Internet: www.feminicidios-campoalgodonero.org.mx. (2 de noviembre 2011).

6 CIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) versus México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C número 205, párrafo 129.

7 Naciones Unidas, Informe de México producido por el CEDAW bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México, CEDAW/C/2005/OP.8/MÉXICO, 27 de enero de 2005 en Ibídem, párrafo 152.

8 CIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) versus México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 6, párrafo 133.

9 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la Estrategia de la UE para las relaciones con América Latina (2009/2213(INI) Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/ (2 de noviembre de 2011).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2014.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Eugenia de León Pérez (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

DEROGAR LOS DELITOS DE ADULTERIO EN COAHUILA, DURANGO, JALISCO, ESTADO DE MEXICO Y SAN LUIS POTOSI

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí a revisar sus legislaciones en materia penal y, en su caso, derogar los delitos de adulterio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión plenaria de la Cámara de Diputados del 18 de marzo de 2014, la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados de Coahuila, Durango, Jalisco, México y San Luis Potosí, a que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y, en su caso, deroguen los delitos de adulterio.

Contenido de la proposición

La proposición consiste en el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí, con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y, en su caso, deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal.

Las consideraciones de la exposición de motivos en que basa su propuesta la diputada María de Jesús Huerta Rea del PRI, básicamente nos remiten a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Convención de Belém do Pará, entre otros, que principalmente tienen como objetivo eliminar la violencia en detrimento de la mujer motivada por su género.

Toda vez que los documentos internacionales antes mencionados han sido adoptados por nuestro país, la promovente resalta que es responsabilidad de las y los legisladores, tanto del ámbito federal como local, la elaboración y aprobación del marco jurídico que prevenga y erradique la violencia en contra de las mujeres.

Respecto a la derogación del delito de adulterio, alude a la armonización legislativa ya que claramente es un delito “cultural” que busca menoscabar la libertad sexual, así como tomar las medidas legislativas conducentes para robustecer y fomentar los derechos fundamentales de la mujer en nuestra sociedad, y destacar la necesidad de políticas públicas encaminadas a eliminar la violencia motivada por el género en todos los ámbitos tanto el público como el privado.

De esta forma propone que se deben de generar estrategias suficientes que puedan combatir este “problema” que ha sido recurrente en la legislación penal a lo largo de nuestro país, por lo que es impostergable la actualización y armonización con el Código Penal Federal de leyes dentro de las legislaturas estatales, con el objetivo de tener un orden jurídico que garantice la seguridad y los derechos fundamentales de las mujeres.

Y explica que con su proposición lo que se pretende es que se suprima de los códigos penales locales de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí, únicas entidades donde subsiste la penalización del adulterio, todo capítulo que tipifique como delito las relaciones sexuales extramaritales en aras de reivindicar la libertad y dignidad de las mujeres de un vergonzoso delito que se construyó culturalmente en su contra y considera oportuno recordar que en 2011, se aprobó la reforma que derogó el capítulo IV del título XV del Libro Segundo del Código Penal Federal, que tipificaba el adulterio como delito, entre otros motivos que expuso durante su proposición.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. constitucional prohíbe toda discriminación motivada por el género, o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Adicionalmente en el artículo 4o. reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

En el ámbito internacional, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece en su artículo 2o. que los estados parte deben derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra las mujeres. El Comité de Vigilancia para la aplicación de la CEDAW (Cocedaw) recomendó en el año 2012 al Estado mexicano tomar todas las medidas necesarias para eliminar las inconsistencias de los marcos legales federal, estatal y municipal, así como definir y sancionar delitos como las lesiones y el homicidio en razón de honor, así como el adulterio.

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece en su artículo 7o. que los estados parte deberán tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, recomendó en su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, promover que se elimine de los códigos penales todo elemento que opere en detrimento de la protección de los derechos de las mujeres y de bienes jurídicos de gran valor social como la vida, la integridad física, emocional y sexual, y la libertad corporal, emocional, sexual y de tránsito. Particularmente se señala que se deben derogar las agravantes, atenuantes o eximentes que responden a consideraciones morales y protegen el honor, así como las disposiciones que perdonan o que sancionan con penas muy bajas ciertas conductas que se consideran “irrefrenables” por ser propias de la naturaleza humana.

Segunda. Según el estudio Delitos contra las mujeres. Análisis de la clasificación mexicana de delitos, “en algunas entidades federativas todavía se encuentran en los códigos penales respectivos los llamados homicidios por infidelidad conyugal, que son señalados en el derecho internacional como homicidios en razón de honor”, en el caso de las lesiones, se argumenta el “estado de emoción violenta” para “considerar las circunstancias que llevan a una persona a cometer un delito, por lo que la sanción al mismo deberá atender a tales circunstancias” (Olamendi, 2007, páginas 24 y 27).

Tercera. La atenuante de emoción violenta cae en una generalidad que puede dejar en estado de indefensión a las víctimas y dar lugar a la impunidad del homicida. Aunque esta atenuante no menciona el sexo de las personas, su construcción de género evidencia discriminación contra las mujeres. Lo anterior deriva que en estos delitos, el bien jurídicamente tutelado, es el honor.

Laura Salinas refiere que el argumento de “honor” para los cónyuges y los padres que sorprenden a sus parejas o a sus hijas menores de edad teniendo una relación sexual, además de atenuar la pena, legitima la violencia, y ataca la libertad sexual (Salinas, 2002).

Cuarta. En todo el país, excepto en los estados de Durango, Jalisco, y San Luis Potosí, se ha derogado el delito de adulterio. Los mencionados estados aún mantienen tipificado este delito de la siguiente manera:

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango

Artículo 296. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, privación de derechos civiles hasta por seis años, a la persona casada que en el domicilio conyugal o con escándalo, tenga cópula con otra que no sea su cónyuge y a la que con ella lo tenga, sabiendo que es casada.

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco

Artículo 182. Se impondrán de quince días a dos años de prisión al hombre o mujer que tengan entre sí relaciones sexuales, bien sea en el domicilio conyugal o causando escándalo, sabiendo que uno de ellos o los dos están casados con otra u otras personas. Este delito se sancionará por querella del ofendido, pero el perdón del último beneficiará a ambos responsables, siempre que se otorgue hasta antes de dictar sentencia.

Código Penal del estado de San Luis Potosí

Artículo 174. Comete el delito de adulterio la persona casada que tiene relación sexual con otra que no es su cónyuge y quien la tiene con aquélla sabiendo que lo es, si se realiza en el domicilio conyugal o con escándalo.

Este delito se sancionará con una pena de tres meses a dos años de prisión, privación de derechos civiles hasta por cinco años y sanción pecuniaria de cinco a cuarenta días de salario mínimo.

Artículo 175. No se procederá contra los adúlteros sino por querella necesaria del cónyuge, pero, cuando éste la formule contra uno solo de los culpables, se procederá contra los dos y contra los que aparezcan como codelincuentes.

Artículo 176. Cuando el ofendido perdone a su cónyuge, cesará todo procedimiento. Esta disposición favorecerá a todos los presuntos responsables.

Quinta. Se excluye del presente punto de acuerdo, el exhortar respetuosamente la derogación del delito de adulterio del Código Penal del estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que éste fue derogado el 2 de julio de 2010.

Sexta. Se excluye del presente punto de acuerdo, el exhortar respetuosamente la derogación del delito de adulterio en el estado de México, toda vez que el pasado 7 de noviembre de 2013, se derogó el mismo en su Código Penal.

Séptima. Durante el pasado mes de octubre de 2013, la Cámara de Diputados exhortó respetuosamente a través de dictamen propuesto por la Comisión de Igualdad de Género para tal efecto, a los Congresos de los estados de Durango, Jalisco, México y San Luis Potosí, con el objetivo de que revisaran con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y, en su caso, deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal, siendo el estado de México el único en atender dicho exhorto hasta la fecha, por lo que por segunda ocasión durante la LXII Legislatura, se propondrá por esta comisión, emitir exhorto respetuoso para dichos efectos a los estados de Durango, Jalisco, y San Luis Potosí.

Esta comisión considera que el exhorto materia del presente dictamen, además de urgente y necesario, coadyuva al trabajo de armonización legislativa y asegura los derechos humanos de las mujeres, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano, al suscribir los tratados en la materia.

Por lo anterior, se considera de suma importancia promover la derogación del delito de adulterio en las entidades federativas que aún lo tienen estipulado y revisar con perspectiva de género en su legislación penal aquellos delitos que contemplan atenuantes por estado de emoción violenta o en razón de honor en los delitos de homicidio y lesiones.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de Durango, Jalisco, y San Luis Potosí, con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal.

Notas:

1. Olamendi, Patricia (2007). Delitos contra las mujeres. Análisis de la clasificación mexicana de delitos.Unifem, Inegi: México.

2. Salinas, L. (2002). Derecho, Género e Infancia. Mujeres, niños, y niñas en los Códigos Penales de América Latina y el Caribe Hispano.Unifem/UAM/Universidad Nacional de Colombia: México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2014.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamente Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Eugenia de León Pérez (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

ARMONIZAR LA LEGISLACION ELECTORAL DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL CON BASE EN LA FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores, a los congresos locales y a la ALDF a llevar a cabo la debida armonización de su legislación electoral con base en la federal y los instrumentos internacionales en la materia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, 79, numeral 2, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. A la Comisión de Igualdad de Género fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 3672, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia electoral con base en la federal y los instrumentos internacionales en la materia, presentada por la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 11 de febrero de 2014.

2. La promovente refiere que las mujeres han sido discriminadas constantemente, y que uno de los ámbitos de exclusión ha sido el político.

Contenido de la proposición

La diputada promovente destaca en la exposición de motivos que aún no se ha logrado el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres.

La legisladora señala que la reforma constitucional en materia de derechos humanos hace necesaria una adecuada armonización, la cual implica no solo revisar la normatividad vigente, sino revisar el contexto y proporcionar elementos que conlleven a la igualdad sustantiva, por lo que se precisa, la armonización de la legislación estatal en materia electoral, a fin de que las mujeres se visibilicen en los congresos en la misma proporción que los hombres.

La iniciante hace mención de las cuotas de género en materia electoral, las cuales tienden a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Sostiene que la paridad es una meta por alcanzar en todas las entidades federativas.

También se hace referencia a la importancia del fortalecimiento de liderazgos femeninos en los partidos políticos.

La diputada señala que las legislaturas estatales deben adecuar su norma electoral para llevar a cabo una democratización en cada entidad federativa, a fin de asegurar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Finalmente, sostiene la diputada: “Es necesario llevar a cabo la armonización de la legislación de cada entidad federativa, no sólo de la legislación específica, sino que se precisa la creación de tipos penales, y de infracciones administrativas acordes tanto con la normatividad federal, como con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de tal manera que los derechos políticos de las mujeres sean una realidad”.

Consideraciones

Esta dictaminadora coincide en la necesidad de armonizar la legislación nacional, con los contenidos de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, en este caso, con aquellos que aseguran sus derechos civiles y políticos de cara a la paridad.

En ese contexto, como señaló la promovente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace un reconocimiento expreso a los derechos humanos, que se encuentran plasmados en los tratados internacionales, de los cuales México es parte, ello deriva a la obligación estatal de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Adicionalmente, la Constitución prohíbe la discriminación en razón del género o por cualquier otra condición, y reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

Empero, se debe destacar la reciente reforma constitucional (del 10 de febrero de 2014) en la que se determina la obligación de los partidos políticos garanticen la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

Por su parte, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación considera una forma de discriminación la negativa o el condicionamiento del derecho de participación política, de manera específica el derecho al sufragio, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas gubernamentales.

La legislación en materia de igualdad (Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres) determina que la política nacional en materia de igualdad entre ambos sexos debe establecer las acciones para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito político; concretamente, plantea la necesidad de promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres en las estructuras políticas.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que las limitaciones o impedimentos que imposibiliten la participación de las mujeres en la política, se considera una forma de violencia en su contra.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) incorporó en 2002 cuotas de género 70/30 para integrar las listas de candidaturas a diputaciones y senadurías por mayoría relativa y por representación proporcional.

El Cofipe fue reformado (2008) para eliminar la disposición de la cuota, previo proceso interno de acuerdo con los estatutos partidarios. Sin embargo, tales procesos internos, no implican, ni aseguran transparencia y una actuación con un enfoque de género.

En lo relativo a los principales instrumentos internacionales aplicables a los temas materia del presente dictamen, destacan éstos:

La Declaración Universal de Derechos Humanos no tiene un carácter obligatorio, pero sus preceptos deben ser tomados en consideración por la comunidad internacional. Este instrumento proclamó que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Además, la declaración reconoce el derecho de acceso en condiciones de igualdad.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer reconoce el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y a ejercer de igual modo, cargos públicos si discriminación de ningún tipo y en condiciones de igualdad con los hombres.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el principal tratado internacional sobre derechos humanos de las mujeres, mandata la adopción de medidas especiales de carácter temporal (en todas las esferas) a fin de acelerar la igualdad de facto entre mujeres y hombres.

Adicionalmente, la Cedaw establece la obligación de los Estados Partes para tomar medidas adecuadas para asegurar el adelanto de las mujeres en todos los ámbitos, entre ellos el político.

Otro instrumento internacional aplicable en el tema es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual reconoce el principio de igualdad entre mujeres y hombres para gozar de sus derechos civiles y políticos, y el derecho de “votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores” así como a acceder en condiciones de igualdad en las funciones públicas de su país, disposición que se traduce en una base para asegurar la participación política femenina, en todos los espacios de toma de decisiones y en condiciones de igualdad respecto a la participación política de los hombres.

En el contexto regional, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer refiere que las mujeres tienen derecho a igual trato político en relación con los hombres, y determina que el derecho al voto y a ser “elegido” para un cargo nacional “no deberá negarse o restringirse por razones de sexo”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la igualdad jurídica de toda persona, así como el derecho de las mujeres a participar en la dirección de los asuntos públicos por sí o a través de representantes libremente elegidos, en ese sentido, se subraya la importancia del derecho a votar y ser elegidas “en elecciones periódicas auténticas, mediante el sistema de sufragio universal e igual voto secreto” que garantice la libre expresión de voluntad del electorado, ello implica que el Estado deberá crear las condiciones necesarias para asegurar el acceso de las mujeres, a las funciones públicas del país, en términos de igualdad frente a los hombres.

Es necesario tener presentes los contenidos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, toda vez que la exclusión de las mujeres en el contexto político, es considerada una forma de violencia en su contra. La convención reconoce el derecho de las mujeres “a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos de su país, incluyendo la toma de decisiones”.

Por otro lado, aunque no es un instrumento vinculante, los preceptos de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer dan luces para garantizar la igualdad y la no discriminación contra las mujeres en el ámbito político, en la esfera La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones se destacó que la participación equitativa de las mujeres en este ámbito es crucial en su proceso de adelanto.

Entre los objetivos estratégicos que se plantearon, se encuentra la adopción de medidas para garantizar a las mujeres igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones, se destacó la necesidad de alcanzar una representación paritaria. También se propuso la instrumentación de medidas positivas para conseguir un número decisivo de mujeres en puestos estratégicos para la toma de decisiones.

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta las recomendaciones emitidas por los Comités que vigilan el cumplimiento de las convenciones sobre derechos humanos, entre las cuales destacan

Las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cocedaw), que respecto a la participación política de las mujeres ha planteado lo siguiente:

- Hacer un mayor uso de las medidas especiales de carácter temporal como los sistemas de cupos para que las mujeres se integren a la política.

- Garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, las oportunidades de representar a su gobierno en el plano internacional y participar en las actividades de las organizaciones internacionales.

- Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país.

El Cocedaw plantea:

- Garantizar que organizaciones como los partidos políticos y los sindicatos, no discriminen a las mujeres

- Idear y ejecutar medidas temporales especiales para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas, tales como lograr un equilibrio entre mujeres y hombres que ocupen cargos de elección pública; asegurar que las mujeres entiendan su derecho al voto, su importancia y la forma de ejercerlo; asegurar la eliminación de los obstáculos a la igualdad.

- Establecer medidas para asegurar la igualdad de representación de las mujeres en la formulación de la política gubernamental; así como la promulgación de una legislación eficaz que prohíba la discriminación de las mujeres.

El Cocedaw recomendó al Estado mexicano fortalecer las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles conforme a la recomendación general número 23, además exhortó a introducir medidas de carácter temporal.

Respecto a las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos, el comité menciona que en cuanto al derecho de hombres y mujeres en el goce de todos los derechos civiles y políticos, no solamente se requieren medidas de protección, sino también de una acción positiva para garantizar el disfrute real de derechos.

El comité sostiene que la no discriminación es un principio básico y general para la protección de los derechos humanos, y que, el principio de igualdad en algunas ocasiones exige a los Estados parte la adopción de diversas disposiciones de carácter positivo para disminuir o eliminar las condiciones que dan lugar a la discriminación. Este comité considera que tales medidas, pueden otorgar un trato preferencial a un grupo específico durante un tiempo determinado.

En el Consenso de Quito se abordaron temas como la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles.

En esta conferencia se acordó, entre otras cuestiones, la adopción de mediadas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales para:

La adopción de acciones afirmativas para garantizar la plena participación femenina en cargos públicos y de representación política; incentivar mecanismos de formación y capacitación política para el liderazgo de las mujeres de la región; además se establecieron estrategias hacia los partidos políticos, como la incorporación de la perspectiva de género en sus agendas, instrumentar acciones positivas para incluir la paridad, adoptar medidas para prevenir y sancionar el acoso político que sufren las mujeres que acceden a cargos políticos, y el trabajo con medios de comunicación para el reconocimiento de la importancia de la participación paritaria de las mujeres en el proceso político.

Se considera que la participación de las mujeres en el ámbito político, en términos de igualdad respecto a los hombres, asegura una democracia real, por lo que, la legislación federal y estatal, debe adecuarse a los mandatos contenidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Finalmente, se proponen modificaciones de redacción para asegurar que las cuotas de género que se incorporen permitan la paridad, como sigue:

Dice:

Se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia electoral con base en la legislación federal y en los instrumentos internacionales en la materia y, de esa manera, garantizar el acceso de las mujeres a espacios de representación popular mediante cuotas de género.

Se propone:

Se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia electoral con base en la legislación federal y en los instrumentos internacionales en la materia y, de esa manera, garantizar el acceso de las mujeres a espacios de representación popular mediante cuotas de género paritarias.

Respecto al cambio propuesto, cabe señalar que personal de la Comisión de Igualdad de Género lo expuso a la oficina de la diputada proponente, quien manifestó estar de acuerdo con que se le agregue a su proposición la palabra “paritarias”. Aunado a lo anterior, el 25 de marzo del presente año se recibió oficio en las oficinas de la Comisión de Igualdad de Género, suscrito por I. Iván Salgado Trujillo, asesor legislativo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, en el que expone su conformidad con la redacción del exhorto agregando la palabra “paritarias” al final.

Por las consideraciones expuestas, las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género resuelven que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, con las modificaciones planteadas, presentada por la diputada Flor de María Pedraza Aguilera.

Por ello se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en materia electoral con base en la legislación federal y en los instrumentos internacionales en la materia y, de esa manera, garantizar el acceso de las mujeres a espacios de representación popular mediante cuotas de género paritarias.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917.

2 Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación. Publicada en el DOF el 11 de junio de 2003.

3 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el DOF el 2 de agosto de 2006.

4 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el DOF el 1 de febrero de 2007.

5 Código Federal de de Instituciones y Procedimientos Electorales. Publicado en el DOF el 14 de enero de 2008.

6 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General en la resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948.

7 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 31 de marzo de 1953. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el DOF el 28 de abril de 1981.

8 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y publicado en el DOF el 20 de mayo de 1981.

9 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos el 2 de mayo de 1948. Aprobada por México el 24 de marzo de 1981 y publicada en el DOF el 29 de abril de 1981.

10 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969.

11 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1994. Aprobada por México el 12 de noviembre de 1998 y publicada en el DOF el 19 de enero de 1999.

12 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Beijing, China, 4 a 15 de septiembre de 1995.

13 Recomendación general número 5 (séptimo periodo de sesiones, 1988).

14 Recomendación general número 8 (séptimo periodo de sesiones, 1988).

15 Recomendación general número 23. Vida política y pública (decimosexto periodo de sesiones, 1997).

16 Recomendación general número 25. Medidas especiales de carácter temporal (trigésimo periodo de sesiones, 2004).

17 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (trigésimo sexto periodo de sesiones, 2006).

18 Observación número 4. Derecho de hombres y mujeres en el goce de todos los derechos civiles y políticos (decimotercer periodo de sesiones, 1981)

19 Observación número 18. No discriminación (trigésimo séptimo periodo de sesiones, 1989).

20 Consenso de Quito. En el marco de la décima Conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, 6 a 9 de agosto de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2014.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Eugenia de León Pérez (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

INVESTIGACION DEL ASESINATO DE JESUS FLORES CRUZ, OCURRIDO EL 18 DE FEBRERO DE 2014 EN LA FRONTERA CON CALIFORNIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente a la cancillería a remitir al gobierno de Estados Unidos de América la petición de la Cámara de Diputados para que realice una investigación y proceso legal independientes, imparciales y ágiles, respetando en todo momento el derecho de acceso a la justicia y a la verdad del asesinato de Jesús Flores Cruz, ocurrido el 18 de febrero de 2014 en la frontera con California

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena el asesinato del ciudadano mexicano Jesús Flores Cruz, ocurrido el 18 de febrero de 2014 en el área de Otay Mesa, en la frontera entre México y el estado de California, a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, presentada el 27 de febrero de 2014, presentada por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, numeral 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del 27 de febrero de 2014, la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara de Diputados, para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

Propone que esta Cámara condene el asesinato del ciudadano mexicano Jesús Flores Cruz, ocurrido el 18 de febrero de 2014 en el área de Otay Mesa, en San Diego, California, a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América.

Además, que se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por los conductos adecuados, exija al gobierno de Estados Unidos de América una investigación seria de estos hechos y el cumplimiento de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos de América sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza.

Finalmente, solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta Cámara la asistencia que ha brindado a los familiares del ciudadano Jesús Flores Cruz y los trámites diplomáticos que haya realizado para esclarecer estos lamentables acontecimientos.

Metodología

La Comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y la información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones

A continuación se destacan algunas consideraciones contenidas en la exposición de motivos de la proposición que se dictamina:

El pasado 18 de febrero, Jesús Flores Cruz, ciudadano mexicano de 41 años de edad, fue asesinado a tiros en las cercanías de la garita de Otay Mesa, en la frontera de México con el estado de California, Estados Unidos de América, por un agente de la Patrulla Fronteriza de ese país.

La proponente señala que de acuerdo con el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego, el incidente comenzó cuando dos agentes de la Patrulla Fronteriza se separaron para perseguir y arrestar a dos personas sospechosas de haber cruzado la frontera de manera ilegal.

De acuerdo con el relato del propio agente y donde no hubo otro testigo, Flores Cruz se ocultó en el fondo de un barranco y desde una ladera comenzó a lanzarle rocas. El agente, “temiendo morir o quedar incapacitado”, repelió la presunta agresión disparando sobre el mexicano, en al menos dos ocasiones, dándole muerte en el lugar de los hechos.

Menciona que el asesinato de Jesús Flores Cruz no es un caso aislado. La Secretaría de Relaciones Exteriores registra desde 2006 más de 22 asesinatos de ciudadanos mexicanos a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Plantea que de acuerdo con las autoridades estadounidenses, los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden utilizar la fuerza letal si tienen una sospecha razonable de que sus vidas o las vidas de otros están en peligro.

Refiere que los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos señalan que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar claramente definido por la excepcionalidad y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades.

En este sentido, sólo podrá hacerse uso de la fuerza cuando se hayan agotado todos los demás medios de control, siempre y cuando se limite por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.

Asimismo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar formulado por ley y ser interpretado restrictiva mente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler.

Por lo anterior, considera que la Cámara de Diputados debe presentar una enérgica protesta ante lo que ya resulta un patrón de violencia reiterada por parte de la Patrulla Fronteriza En contra de nuestros connacionales y exigir a las autoridades estadounidenses que las investigaciones relacionadas con estos lamentables abusos se realicen de manera rápida, eficiente e imparcial.

Al respecto, la Comisión tuvo conocimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el pasado 20 de febrero, el siguiente comunicado, relacionados con estos hechos:

México condena uso de la fuerza de agente de la Patrulla Fronteriza en muerte de nacional mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profunda preocupación por la muerte del mexicano Jesús Flores Cruz causada por el uso de arma de fuego por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza el 18 de febrero de 2014, en las cercanías de la garita de Otay Mesa, en California. Asimismo, reitera firmemente que el uso de la fuerza letal en tareas de control migratorio es inaceptable, por lo que el gobierno de México espera el resultado de las investigaciones y que se deslinden responsabilidades como corresponde.

La Embajada de México en Estados Unidos y el Consulado General de México en San Diego contactaron inmediatamente a la Patrulla Fronteriza en sus oficinas centrales y en esa localidad, para solicitar información sobre el incidente, determinar la identidad de la persona fallecida y confirmar su nacionalidad. Adicionalmente, solicitó por la vía oficial una investigación exhaustiva de los hechos a las autoridades estadounidenses. El Consulado General de México en San Diego permanecerá atento para brindar la asistencia que sea necesaria a la familia de la víctima.

El gobierno de México reitera la urgencia de que se adopten las múltiples recomendaciones sobre el uso de la fuerza letal por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, que han emitido la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, así como el Foro Ejecutivo de Investigación de la Policía (Police Executive Research Forum), con objeto de evitar estos lamentables decesos que desafortunadamente ya suman 21 desde el año 2010. Múltiples voces desde el Poder Legislativo de EUA y de la sociedad civil -en ambos lados de la frontera- se han sumado ya a este llamado crítico.

La coordinación bilateral y los intercambios técnicos iniciados en este ámbito son la mejor vía para prevenir situaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses. Sólo bajo este ánimo de cooperación entre ambos gobiernos podremos continuar construyendo una frontera común como una zona de prosperidad y desarrollo.

México condena uso de la fuerza de agente de la Patrulla Fronteriza en muerte de connacional.

Sobre el particular, los integrantes de esta Comisión consideran procedente la urgencia de que se adopten las recomendaciones sobre el uso de la fuerza letal por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza que han emitido la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, así como el Foro Ejecutivo de Investigación de la Policía (Police Executive Research Forum) con objeto de evitar estos lamentables decesos.

Múltiples voces desde el Poder Legislativo de EUA y de la sociedad civil –en ambos lados de la frontera– se han sumado ya a este llamado crítico.

Finalmente, los integrantes de esta Comisión consideran que resulta fundamental tener plena claridad sobre lo ocurrido, en este y los demás casos, así como sobre las políticas y acciones concretas emprendidas por el gobierno de Estados Unidos de América para atender este serio problema, además de que es procedente externar el repudio de esta honorable Cámara de Diputados a hechos que, como este, agravian de manera irreparable a nuestros connacionales y que no contribuyen a una relación internacional estable y justa con los Estados Unidos de América.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, basándose en las consideraciones que preceden, aprecian aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, con las modificaciones correspondientes, por lo que se someten a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por los conductos adecuados, remita al gobierno de Estados Unidos de América la petición de esta Cámara de Diputados para que se realice una investigación y proceso legal independientes, imparciales y ágiles, respetando en todo momento el derecho de acceso a la justicia y a la verdad del asesinato de Jesús Flores Cruz, en la frontera con el estado de California, el pasado 18 de febrero de 2014. Asimismo, dar cumplimiento cabal de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos de América sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe a esta Cámara la asistencia que ha brindado a los familiares del ciudadano Jesús Flores Cruz y los trámites legales y diplomáticos que haya realizado para lograr el esclarecimiento de este lamentable acontecimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de abril del dos mil catorce.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL IMPACTO HUMANITARIO DE LAS ARMAS NUCLEARES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se congratula por los resultados de la segunda Conferencia internacional sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, efectuada el 13 y 14 de febrero de 2014 en Nayarit

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados  se congratula por los resultados de la segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 13 y 14 de febrero en el estado de Nayarit y exhorta al Poder Ejecutivo federal a profundizar el compromiso de México con el derecho internacional, la no proliferación de armas nucleares y la búsqueda de la paz, presentada el 25 de febrero de 2014, por la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, numeral 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del 25 de febrero de 2014, la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara de Diputados,  para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

Propone que esta Cámara se congratule por los resultados alcanzados en la segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 13 y 14 de febrero en Nayarit y solicita se exhorte al Poder Ejecutivo federal a profundizar el compromiso de México con el derecho internacional, la no proliferación de armas nucleares y la búsqueda de la paz.

Metodología

La comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y la información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones

Respecto a la materia de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, la Comisión de Relaciones Exteriores desea apuntar lo siguiente:

El gobierno del Reino de Noruega organizó en marzo de 2013, la primera Conferencia  Intergubernamental para discutir, desde una perspectiva humanitaria, la amenaza que representan las armas nucleares. Un año más tarde, nuestro país fue sede de la  segunda Conferencia Mundial sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, que se realizó el 13 y 14 de febrero pasado con el objetivo de generar un movimiento de presión sobre los gobiernos de los países que poseen armas nucleares para reducir de manera sistemática este tipo de arsenales.

Participaron 146 países, representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, legisladores y expertos internacionales. De acuerdo con las distintas intervenciones, las consecuencias del uso de armas nucleares podrían llegar a ser desastrosas en términos del peligro para la vida que representan, la aceleración del cambio climático y la desertificación, y tendrían además, importantes repercusiones en la destrucción de infraestructura, la seguridad alimentaria y el desplazamiento de las poblaciones.

Algunos de los datos más preocupantes apuntan a que en la actualidad, nueve países concentran más de 17 mil armas nucleares de las cuales dos mil están preparadas para activarse en cuestión de minutos, esparciendo sus efectos devastadores de manera indiscriminada. Este grupo de países, gasta más de 100 mil millones de dólares anuales en este tipo de armas, lo que indica que el sólo hecho de poseerlas supone graves consecuencias humanitarias. Los analistas advirtieron, además, que el fin de la Guerra Fría incrementó el número de países con armas nucleares y aunque sus arsenales puedan ser pequeños en relación con los de Rusia y Estados Unidos, tienen una gran capacidad de destrucción.

México por su parte, condenó la existencia, posesión y uso de las armas nucleares y calificó como injustificable e inmoral su utilización. La posición del gobierno mexicano sostiene que las armas de destrucción masiva y en primer lugar las nucleares, deben ser prohibidas y eliminadas de manera total y definitiva, de la misma forma como la comunidad internacional alcanzó la proscripción de las armas biológicas y químicas.

La Conferencia concluyó con un llamado a iniciar un proceso diplomático que derive en un compromiso de los Estados para construir un instrumento jurídicamente vinculante que haga realidad el desarme nuclear. Nuestro país destacó la importancia de que este proceso se realice en un plazo específico y expresó su confianza en que, las naciones ausentes a esta Conferencia, formen parte de las discusiones de la próxima cumbre, a realizarse en Viena, Austria, a finales de este año.

Asimismo, México ha propuesto una estrategia diplomática hacia la revisión integral del Tratado de no Proliferación Nuclear en 2015 y se ha manifestado a favor de la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Los integrantes de esta comisión en congruencia con la tradición de México en favor del desarme y de la proscripción de las armas de destrucción masiva (como en su tiempo lo fue el impulso al Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe –más conocido como Tratado de Tlatelolco– que fue propuesto por el presidente Adolfo López Mateos e impulsado por el diplomático mexicano Alfonso García Robles, que fue motivo, entre otros, para que a este último, le fuera otorgado premio Nobel) así como el fomento de las vías diplomáticas para la solución de cualquier conflicto, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, basándose en las consideraciones que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente:

Resolutivo

Único. La honorable Cámara de Diputados  se congratula por los resultados de la segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 13 y 14 de febrero en Nayarit y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a profundizar las acciones que refrenden el compromiso de México con el derecho internacional, la no proliferación de armas nucleares y la búsqueda de la paz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a dos de abril de dos mil catorce.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), secretarios; Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldan (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobados. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXII Legislatura, le fue turnado por la Mesa Directiva para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Esta dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XLIX y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que esta comisión procedió a elaborar el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Único. El 2 de octubre de 2013, el diputado Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual fue suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja del mismo Grupo Parlamentario.

En la fecha antes referida, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 62-11-7-928, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

Primero. El diputado proponente manifestó en su exposición de motivos lo siguiente:

“Actualmente la red carretera de México se compone por tres ejes norte-sur: uno en la costa del pacifico, integrado principalmente por la carretera México-Nogales; uno central, que incluye la vía Querétaro-Ciudad Juárez y, el tercero en la región noreste que incluye las vías México-Nuevo Ladero y Veracruz-Monterrey.

Esta columna vertebral se compone de 14 corredores troncales que distribuyen los ejes mencionados, teniendo en todas las carreteras, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 140 tramos de cuota, principalmente en los corredores troncales del país, siendo los más emblemáticos además de los ya mencionados los tramos México- Tuxpan, Acapulco-Veracruz y el Transístmico Coatzacoalcos-Salina Cruz.

Actualmente el costo por kilómetro en la red carretera de cuota en México es de $1.46 pesos, siendo que en los Estados Unidos de América es de $1.26.

Al día de hoy la construcción de carreteras corresponde a la contratación pública que hace el Estado con los particulares, y en muchos casos incluso existe la concesión subsecuente para la explotación de la infraestructura carretera, constituyéndose el sistema carretero en tres vías, la red propia (operada por Capufe), la red concesionada (operada por particulares) y la red FARAC (correspondiente a las concesiones rescatadas por el Estado).

A través de este sistema se ha beneficiado e impulsado el desarrollo de grandes empresas constructoras que han recibido contraprestaciones míllonarias por la construcción y en muchas ocasiones la operación y mantenimiento de las carreteras.

No obstante, podemos constatar que no existe la menor prestación de servicios para los que las transitan, es decir, no existen beneficios adicionales que permitan a los particulares contar con un mejor servicio en los trayectos carreteros.

Dentro de los servicios carreteros no se observa el establecimiento de sanitarios, dejando como única opción las estaciones de servicio de gasolina, ni se cuenta con servicios de comunicación en caso de emergencias, lo que constituye un riesgo para los usuarios de carreteras; ya ni siquiera mencionemos un servicio médico mínimo que responda ante alguna eventualidad.

Con los tramos carreteros más costosos del mundo, resulta claro que debe de justificarse el cobro desmedido que sufren los usuarios con servicios adicionales que conlleven un beneficio a los usuarios que sufren dicho cobro.

Por lo anterior, y con el objetivo de mejorar el servicio a los usuarios de la infraestructura carretera del país se propone establecer en las condiciones de contratación pública de construcción de carreteras u operación de las mismas, la obligación de instalar estaciones de servicio cada 70 kilómetros para los usuarios de las vías, que contengan al menos los siguientes elementos:

• Sanitarios limpios y gratuitos.

• Red de comunicación para emergencias.

• Y en el caso que se trate de operación de carretera, la existencia de un servicio médico.

Con esta obligación se pretende que los servicios carreteros del país proporcionen beneficios adicionales a los usuarios y con ello justificar el cobro exorbitante de las cuotas de servicio carretero.

Así las cosas, se establece como una de las condiciones mínimas contenidas en las bases de los procedimientos de contratación de obra que como parte del servicio contratado se incluya la construcción de las estaciones de servicio con las características mencionadas.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto por el se reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Al tenor de lo siguiente:

Único. Decreto por el que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. Licitación pública;

II. Invitación a cuando menos tres personas, o

III. Adjudicación directa.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.

En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.

Tratándose de contratación de obra pública consistente en la construcción y operación de tramos carreteros, se establecerá como condición de las bases, la construcción adicional de centros de servicio para los usuarios cada setenta kilómetros, los que contaran con sanitarios gratuitos e higiénicos, centro médico y una red de comunicaciones gratuita con los servicios de emergencia.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.”

III. Fundamentación

Primera. Resulta importante el estudio comparativo del texto actual con el propuesto en la iniciativa, lo que se muestra en el siguiente cuadro:

Segunda. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los párrafos 3 y 4, establece el marco para las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes:

“Artículo 134. (...)

(...)

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

(...)”

Tercera. El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que tiene por objeto lo siguiente:

“Artículo 1. La presente Leyes de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

(...)”

Cuarta. El objeto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal es regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes federales. Así está establecido en el artículo 1 de dicha Ley:

“Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del Artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.”

Quinta. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en el artículo 2°, fracción IV, entiende como “Paradores”:

“Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Caminos o carreteras:

a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero.

b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y

c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.

II. a III. (...)

IV. Paradores: instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde la carretera;

V. a XVI. (...)”

IV. Consideraciones

Primera. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios; lo anterior en lo que toca a los procedimientos y no así a la especificación de los bienes, obras o servicios que el gobierno federal adquiera o ejecute.

Segunda. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes federales.

Tercera. Conforme a lo expuesto anteriormente, es en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en donde se encuentra la facultad de establecer las condiciones de construcción, operación, explotación y sus servicios auxiliares.

Cuarta. La propuesta de reforma presentada por los legisladores referente a las estaciones de servicio en las carreteras se observa inviable por no ser materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; legislación en la que se estableció la iniciativa de reforma.

Por lo anteriormente mencionado se emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, el 2 de octubre de 2013.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), secretarios; Omar Antonio Borboa Becerra, Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya, Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alejandro Carbajal González.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 Bis y adiciona el 109 Ter a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 21 de noviembre de 2013, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 109 Bis y adiciona el artículo 109 Ter a la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para dictamen.

III. Contenido

La presente iniciativa tiene como objetivo:

Facultar a la Secretaría de Salud para emitir la normatividad a que deberán sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Prever que todo usuario de los servicios de salud tanto en el ámbito público como en el privado, deberán contar con un expediente clínico electrónico.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... Y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.El Programa Nacional de Salud destaca la importancia del respeto a los derechos de las pacientes y los pacientes, fomentando una cultura de servicio orientada a satisfacer sus demandas, lo que entraña respetar su dignidad y autonomía, garantizar la confidencialidad de la información generada en la relación médico-paciente y brindar una mejor atención.

Todos alguna vez en nuestra vida hemos necesitado o necesitaremos utilizar algún servicio de salud, ya sea público o privado. En el mejor de los casos, siguiendo el tratamiento adecuado y las indicaciones del médico, recuperaremos nuestro bienestar y continuaremos con nuestra vida con absoluta normalidad. El asunto puede complicarse si sufrimos algún inconveniente con el servicio, como trato indigno o irrespetuoso, negligencia o impericia por parte del médico, carencia de material o medicamentos, y negativa a proporcionamos información sobre el estado de salud de algún familiar en estado grave o a darnos un resumen clínico para solicitar la opinión de otro especialista. Todos somos pacientes potenciales, por eso es muy importante que conozcamos muy bien nuestros derechos para evitar estas situaciones o, en su momento, saber enfrentarlas.

Resulta ineludible avanzar en el fortalecimiento de una cultura que fomente la participación social y la corresponsabilidad en el cuidado de la salud, por lo cual es preciso destacar las prerrogativas que las disposiciones sanitarias regulan en beneficio de los pacientes. Es por ello que se encomendó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) esta tarea, encaminada a coordinar los esfuerzos institucionales para definir un proyecto que fuera puesto a consideración de las organizaciones sociales. En él se plantearon los derechos de los pacientes frente al médico que le brinda atención, que concluyó con el diseño de la Carta de los Derechos Generales de las Pacientes y los Pacientes. En la construcción de esta carta participaron, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Subsecretaría de Innovación y Calidad, la Comisión Nacional de Bioética, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica, la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Subdirección General Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión Interinstitucional de Enfermería y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.

La Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, publicada en diciembre de 2001, contiene las prerrogativas de cualquier persona cuando, en su carácter de paciente, recibe atención médica.

Los derechos de los pacientes no están estrictamente relacionados con la mala práctica médica, sino que abarcan toda la atención médica, por lo que deben estar a la vista en los hospitales, las clínicas y los consultorios, con el fin de que el paciente los pueda leer antes de ser atendido.

Los derechos de los pacientes se enumeran a continuación (en cursivas se indica el marco jurídico de cada uno de los derechos):

1. Recibir atención médica adecuada

Los pacientes tienen derecho a que la atención médica se les otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención; así como a ser informados cuando requieran referencia a otro médico.

Ley General de Salud Artículos 51 y 89.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 21 y 48.

2. Recibir trato digno y respetuoso

Los pacientes tienen derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica, se identifiquen y les otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presenten, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes.

Ley General de Salud Artículos 51 y 83.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 25 y 48.

3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz

Los pacientes o, en su caso, el responsable, tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento; se exprese siempre en forma clara y comprensible; se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 29 y 30.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Numeral 5.6

4. Decidir libremente sobre su atención

Los pacientes o, en su caso, el responsable, tienen derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículo 80.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Numerales 4.2 y 10.1.

5. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado

Los pacientes o, en su caso, el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tienen derecho a expresar su consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico.

Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos.

Ley General de Salud. Artículos 100 fracción IV 320 y 321.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios médicos. Artículos 80 y 81.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Numerales 4.2 y 10.1.

6. Ser tratado con confidencialidad

Los pacientes tienen derecho a que toda la información que exprese a su médico, se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria; lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley.

NOM-004-SSA3-20 12, Del expediente clínico. Numerales 5.5.1 Y 5. 7

Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Artículo 36.

Ley General de Salud. Artículos 136, 137 y 138.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 19 y 35.

7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión

Los pacientes tienen derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 29 y 30.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Numerales, 4.10 y 5. 7

8. Recibir atención médica en caso de urgencia

Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, los pacientes tienen derecho a recibir atención de urgencia por un médico, en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones.

Ley General de Salud. Artículo 55.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 71 y 73.

9. Contar con un expediente clínico

Los pacientes tienen derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la atención médica que reciban sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa en un expediente que deberá cumplir con la normativa aplicable y cuando lo soliciten, obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin requerido.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículo 32.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico

10. Ser atendido cuando se inconforme por la atención recibida

Los pacientes tienen derecho a ser escuchados y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconformen por la atención médica recibida de servidores públicos o privados.

Asimismo tienen derecho a disponer de vías alternas a las judiciales para tratar de resolver un conflicto con el personal de salud.

Ley General de Salud. Artículo 54.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 19,51 y 52.

Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Artículos 2, 3, 4 y 13

Tercera.Tradicionalmente, los datos clínicos del paciente se han consignado en un documento, que los médicos en diferentes partes del orbe lo han denominado con diversos nombres. Desde que la enseñanza de la medicina se ha sistematizado, los médicos han sido adiestrados, en su formación, para elaborar ordenadamente los datos objetivos y subjetivos del paciente, como una herramienta indispensable en el tratamiento del enfermo. Dicho conjunto de datos se conoce como: expediente clínico, ficha clínica, historial médico o historia clínica.

En México lo conocemos como expediente clínico, en conjunto lo conforman: la historia clínica, notas de evolución, notas de enfermería, estudios paraclínicos, resúmenes clínicos, y está definido legalmente en la Norma Oficial Mexicana vigente del expediente clínico (NOM-004-SSA3-2012): “el expediente clínico es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la protección de la salud. Se trata del conjunto único de información y datos personales de un paciente, que puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención médica, las diversas intervenciones del personal del área de la salud, así como describir el estado de salud del paciente; a además de incluir, en su caso, datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo”.

El expediente clínico es el documento que cristaliza el acto médico y muestra por escrito, objetivamente, el curso de la enfermedad del paciente y el actuar del médico para su atención. Se trata de una guía de gran utilidad durante el proceso de atención, tan es así, que la propia lex artis,hace patente la necesidad de su elaboración, la cual es avalada por ordenamientos legales, al otorgarle jerarquía al analizar y juzgar la conducta profesional del médico.

Al tomar en cuenta lo determinado por el decálogo de los derechos de los pacientes, se establece en el numeral 9 que los usuarios de los servicios de salud deben contar con un expediente clínico, independientemente de su naturaleza (físico o electrónico).

En los distintos ámbitos y fases del proceso continuado de la atención médica, el uso del expediente clínico resulta imprescindible, destacando algunos aspectos del estado de salud del paciente, cuyo registro se considera de la mayor relevancia para su correcta integración, buscando que en el proceso de atención se generen los mayores beneficios.

De igual manera, se reconoce la intervención del personal del área de la salud en las acciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, que se registran y se incorporan en el expediente clínico a través de la formulación de notas médicas y otras de carácter diverso con motivo de la atención médica. En ellas, se expresa el estado de salud del paciente, por lo que también se brinda la protección de los datos personales y se les otorga el carácter de confidencialidad.

Con la expectativa de que su contenido se convierta en una firme aportación a los esfuerzos y procesos de integración funcional y desarrollo del Sistema Nacional de Salud, esta norma impulsa el uso más avanzado y sistematizado del expediente clínico convencional en el ámbito de la atención médica y orienta el desarrollo de una cultura de la calidad, permitiendo los usos: médico, jurídico, de enseñanza, investigación, evaluación, administrativo y estadístico principalmente.

Cuarta.Durante las últimas dos décadas, la utilización de la informática como herramienta de ayuda en las diferentes áreas de la salud ha tenido gran auge, la informática biomédica es ya un componente útil en los diferentes servicios de salud e investigación biomédica en el mundo, y cada día es más empleada en hospitales y centros de investigación para la obtención y procesamiento de los datos obtenidos de pacientes o proyectos.

Un ejemplo del impacto de esta herramienta ha sido la creación del expediente clínico electrónico (ECE), en el que los datos demográficos, historia médica y toda la información vinculada con la salud bio-psicosocial del paciente, son registrados en un programa computacional que permite el intercambio globalizado en línea de dicha información, con diferentes servicios de salud.

Inicialmente creado sólo como una herramienta de administración y facturación de procedimientos médicos, el ECE actualmente proporciona una oportunidad para evitar errores médicos, reducir costos y mejorar la atención médica de los pacientes.

Algunas ventajas del uso del ECE son la disponibilidad de datos de manera inmediata, independientemente de la ubicación geográfica de la información, el uso de un lenguaje estandarizado que mejora la comunicación entre profesionales de la salud, ayudando en la toma de decisiones de manera inmediata, con relación a la atención médica de los pacientes y facilitando el seguimiento de patrones de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Asimismo, el uso del ECE convierte la información registrada en una fuente importante de datos para promover la investigación clínica y colaborar en el desarrollo de la medicina basada en la evidencia (MBE).

A pesar de que el ECE ha mostrado ser una forma eficiente y segura para mejorar la calidad de la atención médica, su adopción enfrenta todavía resistencia por parte del sector salud.

El mayor obstáculo consiste en la carencia de un sistema universal estandarizado para la creación de expedientes clínicos. Desde inicio de los 60, muchos sistemas de ECE han sido creados de manera independiente por instituciones médicas públicas y privadas, provocando que la interacción entre diferentes sistemas sea complicada. La manera de enfrentar este problema ha sido la creación de nomenclaturas biomédicas universales y sistemas de clasificación de padecimientos con códigos estandarizado s (SNOMED, TC, ICD y UMLS), que facilitan el intercambio de información segura y confiable entre diferentes sistemas.

Quinta.En fechas recientes y acorde a una tendencia global en la adopción de tecnologías en los sistemas de información en salud, se han desarrollado plataformas de gestión de la información con el objetivo de mantener los registros médicos en formato electrónico en un intento por reducir los errores médicos e incrementar la calidad de la atención profesional y, en una etapa posterior, servir de cimiento para la conformación de un expediente clínico único para cada individuo que pueda ser consultado por el paciente y por los médicos que lo requieran, independientemente del tiempo y lugar de consulta.

En nuestro país fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 024 (NOM-024-SSA3-2010) como un esfuerzo formal de participar en esta tendencia. Esta norma tiene por objeto establecer los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.

Asimismo, en el numeral 1.2 indica que esta norma es “de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todos los productos de Expediente Clínico Electrónico que se utilicen en el sector público, así como para todos los establecimientos que presten servicios de atención médica, personas físicas y morales de los sectores social y privado que adopten un sistema de registros electrónicos en salud en términos de la presente norma y de la legislación aplicable”.

Para que se apliquen estos métodos tecnológicos establece que los prestadores de servicios de salud de carácter público, social y privado que se asistan de un Sistema de Expediente Clínico Electrónico, deberán hacerlo con un sistema que cumpla en los términos previstos en la presente norma y en la legislación aplicable, y es atribución de la Secretaría de Salud establecer la normatividad a que deberán sujetarse las unidades que forman el Sistema Nacional de Salud que prestan servicios de atención médica, respecto de los Sistemas de Expediente Clínico Electrónico, a fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información en el expediente clínico electrónico.

Sexta.Se deben considerar las normas vigentes para garantizar el intercambio de cierta información:

Ley General de Salud

Artículo 109. La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos que integren las estadísticas nacionales para la salud que elabore, para su incorporación al Sistema Nacional Estadístico, y formará parte de las instancias de participación y consulta que para esos fines se instituyan.

Artículo 109 Bis. Corresponde a la Secretaría de Salud emitir la normatividad a que deberán sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos.

NOM-004-SSA3-2012, Del Expediente Clínico

5.7. En los establecimientos para la atención médica, la información contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y sólo podrá ser dada a conocer a terceros mediante orden de las autoridades judiciales, administrativas, sanitarias o a las comisiones nacional y estatales de arbitraje médico existentes, para el ejercicio de sus atribuciones.

5.12. De manera optativa, se podrán utilizar medios electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos o de cualquier otra tecnología en la integración de un expediente clínico, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Al establecerse en estos ordenamientos lo relativo a la implementación de información en salud, así como la interoperabilidad de la información, ya se considera contemplado en la ley vigente, no siendo necesaria su modificación.

Séptima. El marco jurídico del expediente clínico electrónico es integrado por los siguientes ordenamientos, como lo indica el Manual del Expediente Clínico Electrónico (Secretaría de Salud, 2011)

A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., párrafos II y III, artículos 6o., 16o. y 73o.

B. Ley Reglamentaria del Artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones.

C. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, artículo 4, fracción III: “Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados”.

D. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, artículo 3, fracción VI, artículos 9, 10, y 13.

E. Ley General de Salud.

• Título primero, capítulo único. Disposiciones generales, artículos 1o., 2o. y 3o.

• Título tercero, Prestación de los servicios de salud,

• Capítulo II. Atención médica, artículos 32 y 33.

• Capítulo III. Prestadores de servicios de salud, artículos 34, 35, 37, 38, 39, y 40.

• Capítulo IV. Usuarios de los servicios de salud y participación de la comunidad, artículos 50,51 y 52.

• Título cuarto, Recursos humanos para los servicios de salud.

• Capítulo I, Profesionales, técnicos y auxiliares, artículos 78 al 83.

• Capítulo II, Servicio social de pasantes y profesionales, artículos 84, al 88.

F. Código civil.Capítulo II. De la prestación de servicios profesionales, artículos 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2612, 2613, 2714 y 2615.

G. Carta de los derechos generales de los pacientes 2001-2006.Secretaría de Salud, México, derechos 1, 2 y 3.

De esta manera, los distintos marcos normativos, leyes y reglamentos indican los requerimientos para la instalación del recurso del expediente clínico electrónico y su adecuada ejecución. No obstante, la misma NOM-024-SSA3-2010 indica las disposiciones que deben llevarse a cabo para que sea posicionada de manera óptima esta modalidad de expediente.

A partir de este marco, se establece que la implementación del Expediente Clínico Electrónico ya está normada, por lo que la presente iniciativa resulta innecesaria.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados sometemos a consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 Bis y se adiciona el artículo 109 Ter a la Ley General de Salud, presentada por el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 192 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado Contenido se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las Consideraciones, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 21 de noviembre de 2013, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma el artículo 192 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para dictamen

III. Contenido

La presente iniciativa tiene como objetivo:

Que los gobiernos de las entidades federativas tendrán la responsabilidad de crear clínicas especializadas en la prevención y atención a las adicciones y la farmacodependencia.

Lay General de Salud

Texto Vigente

Artículo 192. ...

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos;

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas que consuman estupefacientes y psicotrópicos.

Iniciativa

Artículo 192 ....

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos;

II. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; y

III. Crear clínicas especializadas en la prevención y atención a las adicciones y la farmacodependencia, en todas las entidades federativas.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud; se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. En el Informe Mundial sobre las Drogas 2012 de la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) se señala que unos 230 millones de personas, es decir, el 5 por ciento de la población adulta mundial (de 15 a 64 años) consumió una droga ilícita por lo menos una vez en 2010. Los consumidores de drogas problemáticos, que son principalmente personas dependientes de la heroína y la cocaína, suman unos de 27 millones, lo que representa alrededor del 0,6 por ciento de la población adulta mundial, o sea, una de cada 200 personas.

La Comisión Nacional contra las Adicciones define la adicción como “una enfermedad crónica del cerebro con recaídas caracterizadas por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas cambian al cerebro: modifican su estructura y cómo funciona”.

Tercera. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011:

Las tendencias globales a nivel regional indican que entre las encuestas de 2002, 2008 y 2011, el consumo de drogas no ha tenido un crecimiento estadísticamente significativo.

Al analizar las variaciones regionales en la encuesta de 2011, se observa que la región norte tiene las prevalencias más altas de consumo de cualquier droga (2.8 por ciento) y de cualquier droga ilegal (2.3 por ciento), en comparación con la región centro (1.7 por ciento y 1.3 por ciento respectivamente) y la región sur (1.2 por ciento y 1.1 por ciento, respectivamente).

Por tipo de droga, la mariguana es la droga que más se consume en todas las regiones y en segundo lugar está la cocaína.

Es importante mencionar que en la región centro, junto con la cocaína, los inhalables son la segunda droga de preferencia.

Un dato que llama la atención es que en la región sur (0.6 por ciento) el consumo de cocaína está ligeramente arriba de la región centro (0.2 por ciento).

Cuarta. En su argumentación el promovente de la presente iniciativa señala:

Actualmente, el inicio en el consumo de las drogas es a partir de los 12 años, por lo cual se requieren con urgencia, políticas públicas que lo prevengan, ya que según investigadores el 11.4 por ciento de los estudiantes de nivel medio superior requieren tratamiento por consumo de sustancias.

Sin embargo, se calcula que aproximadamente dos millones 600 mil mexicanos entre 12 y 45 años, no tienen acceso a tratamientos médicos para poder rehabilitarse y dejar de depender del alcohol o drogas.

Se necesitan programas de tratamiento donde se brinde atención psicológica y médica, existen millones de enfermos que no cuentan con recursos económicos para acceder a este tipo de tratamientos y apoyos costeados por parte de sus familiares; es urgente atenderlos para evitar más tragedias de las que se viven día a día en el país.

El sector salud necesita prevenir el consumo, disminuir el número de usuarios, transmitir los daños a la salud, y facilitar información y tratamientos a los consumidores adictos.

Debemos evitar un clima de familiaridad y aceptación social de estas sustancias nocivas y evitar de igual manera criminalizar y deshonrar al adicto.

En el tema, destaca el Programa de Prevención y Control de Adicciones de la Secretaria de Salud, donde se encuentran proyectos sustantivos y prioritarios para los ciudadanos que padecen de estas adicciones, sin embargo, necesitamos reforzar todos los proyectos y crear instituciones donde se realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y farmacodependencia.

Quinta. La normatividad vigente en la materia señala lo siguiente en el artículo 192 Quáter:

Artículo 192 Quáter. Para el tratamiento de los farmacodependientes, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente.

La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del impacto de las adicciones en cada región del país y deberá:

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, que contenga las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y re inserción social en materia de farmacodependencia, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen.

Dado que la propuesta de adición de una fracción III al artículo 192 de la Ley General de Salud, está enfocada a “crear clínicas especializadas en la prevención y atención a las adicciones y la farmacodependencia en todas las entidades federativas”, consideramos es innecesaria ya que el artículo antes mencionado ya contempla la creación de los centros especializados.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados sometemos a consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 192 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 11 de diciembre de 2013, fue presentada ante esta Asamblea la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa, que fue recibida el 17 de diciembre de 2013, para su estudio y dictamen.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. El problema que plantea la iniciativa en turno es el de qué, dada la gran inversión que implica el sostenimiento de los reclusos en Centros de Reinserción Social, el estado de ocio y de ocupación en dinámicas alejadas de los propósitos de la reinserción es un riesgo y una realidad.

2. El objeto de la iniciativa consiste en implementar un esquema de trabajo obligatorio, que proporcione una alternativa constructiva y aporte al crecimiento, desarrollo y potenciación de las habilidades de las personas.

3. El contenido de la iniciativa se ilustra a continuación, comparándose con la norma jurídica vigente:

A) Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Texto vigente

ARTICULO 2o.-El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.

Artículo 6o.- ...

...

...

...

...

I. a V. ...

VI. ...

...

...

a) y b)...

...

I. y II. ...

...

...

Asimismo, se deben de contemplar espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.

Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, tratándose de internas, en su caso, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del Gobierno del Estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Secretaría de Seguridad Pública.

Ningún interno...

Artículo 16.Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.

...

...

...

...

...

Texto propuesto

Artículo 2.El sistema penal se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos , el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinsercióndel delincuente a la sociedad. Por lo que respecta al trabajo, éste será obligatorio para las personas que se encuentren en prisión y precisos para conseguir los beneficios y sustitutivos que esta ley y el Código Penal Federal prevén, en función de procurar que no vuelvan a delinquir. Dichos beneficios son tratamiento preliberacional, remisión parcial de la pena y libertad preparatoria.

La obligatoriedad a que se refiere el párrafo precedente no significa que el trabajo tendrá carácter punitivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria; por tanto, se fomentará en condiciones dignas y justas.

Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles en lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión.

Artículo 6. ...

...

...

...

...

I. a V. ...

VI. ...

...

...

a) y b)...

...

I. y II. ...

...

...

Asimismo, se deben de contemplar espacios que permitan al interno recibir educación, practicar el deporte , desempeñar un trabajo digno y capacitación para el mismo.

Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta su interés , la vocación, las aptitudes, capacidad laboral y la oferta de trabajo , tratándose de internas, en su caso, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Secretaría de Seguridad Pública.

En las actividades laborales se buscará que el procesado y el sentenciado adquieran el hábito del trabajo y se convierta en una fuente de autosuficiencia personal y familiar; así mismo, en esta materia, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 123 constitucional en lo referente a la jornada de trabajo, días de descanso, higiene y seguridad, y salario, que en ningún caso será inferior al salario mínimo general vigente.

Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al trabajo, el Estado celebrará convenios con empresas particulares, cámaras empresariales o, en su caso, con entidades gubernamentales que estén dispuestos a participar, para la instrumentación de actividades laborales para las o los internos, dentro de los establecimientos carcelarios.

El gobierno federal instrumentará mecanismos tendentes a promocionar incentivos fiscales a los particulares, personas físicas o morales, con las que se celebren convenios para la realización de actividades laborales por los procesados y sentenciados en los centros penitenciarios de la federación.

Lo anterior, con la finalidad de que el interno pueda acceder a las actividades del mercado laboral, atendiendo a sus habilidades y experiencia.

Ningún interno...

Artículo 16.Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe en actividades educativas, deportivas, recreativas, y de trabajo que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades señaladas y en el buen comportamiento del sentenciado.

...

...

...

...

...

III. Proceso de análisis

1. Esta Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la iniciativa del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, y por la consulta de otros antecedentes legislativos, internacionales y doctrinales.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la iniciativa

A. En cuanto a los argumentos del autor

Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990, establecen que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su valor y dignidad inherentes como seres humanos, y que seguirán gozando de los Derechos Humanos y libertades fundamentales, con excepción a aquéllas que sean necesarias por el hecho del encarcelamiento.

Asimismo, tales principios contemplan que “se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción”.

El artículo 18 constitucional establece, tal como afirma la iniciante, que el sistema penitenciario se organizará sobre la base, entre otras, del trabajo y la capacitación para el mismo.

Esta comisión considera que el trabajo es una actividad que dignifica al hombre, y coincide con la iniciativa en cuanto a su utilidad como herramienta para apartar al recluso de las conductas nocivas, y para aproximarlo a una condición que le permita ser reinserto en sociedad.

Quienes integramos esta comisión realizamos la revisión del presente asunto ponderando cuestiones constitucionales y de derechos humanos respecto a la libertad de trabajo, así como de derecho penitenciario y reinserción social; sin embargo, como es de conocimiento de esta Comisión, existe una minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, y se adiciona el Artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue remitida por la Cámara de Diputados, y recibida en sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el 19 de abril de 2012, misma que se encuentra en análisis y discusión en las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Primera, de la colegisladora.

Dicha minuta, a la que se hace referencia en el párrafo que antecede, prevé la abrogación de la Ley en estudio, lo que haría ocioso su reforma, a pesar de lo loable del propósito de la misma.

Por lo anterior, esta Comisión considera que el espíritu de la iniciativa en revisión debe ser tomado en cuenta en los trabajos de análisis y discusión de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, instancia que actualmente puede adherir dichos preceptos en la que habrá de ser la legislación en materia penitenciaria, con la finalidad de prevenir la comisión de estos ilícitos cometidos dentro de prisión.

B. En cuanto a los textos normativos propuestos.

Dado que, aunque se coincide en los méritos de los argumentos propuestos, existe una legislación en revisión que abrogaría la Ley a reformar, no se procede al estudio de los textos normativos propuestos.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura sometemos a consideración de esta Asamblea la aprobación del siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha lainiciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentado el 11 de diciembre de 2013.

Segundo.Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez, Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval, José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles.»

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Que con fecha 4 de diciembre de 2013 fue presentada ante esta Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. La iniciativa objeto de este Dictamen plantea la situación en que se encuentran los reclusos en Centros de Reinserción Social, dado que, si bien conservan el goce de sus derechos humanos, no acceden a una educación integral, lo cual forma parte de su derecho a la readaptación social.

2. El objeto de la iniciativa es el de normar la posibilidad de que los reclusos accedan a la educación universitaria a través de convenios realizados por la autoridad con las universidades públicas.

3. El contenido de la iniciativa se ilustra a continuación en contraposición con la normatividad jurídica vigente:

a) Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Texto vigente

Artículo 11. La educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados.

Tratándose de internos indígenas, la educación que se les imparta será bilingüe, para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros bilingües.

Los hijos de las mujeres recluidas, en caso de que permanezcan dentro de la institución, recibirán atención pediátrica, educación inicial y preescolar hasta la edad de 6 años.

Texto propuesto

Artículo 11. ...

...

Los gobiernos federal y locales organizarán las actividades educativas y profesionales de acuerdo con el sistema oficial, de manera que los internos puedan alcanzar las titulaciones correspondientes, y suscribirán los oportunos convenios con las Universidades Públicas de las Entidades Federativas correspondientes para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria

Dichos convenios garantizarán que la enseñanza se imparta en las condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurran en el ámbito penitenciario.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la iniciativa del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consultó otros antecedentes legislativos; así como de investigación de disciplinas concernientes en materia que hoy nos ocupa, y posteriormente fue enriquecido por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones, resultado de análisis y valoración de la iniciativa

a) En cuanto a los motivos y argumentos del autor

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5 y al referirse al derecho a la integridad personal, menciona que las penas privativas tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Que el numeral sexto de los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990, establece que “todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana.

Que nuestro artículo 3 constitucional reconoce el derecho de todo individuo de recibir educación, y que se considera por esta Comisión que tal prerrogativa no debe ser negada por encontrarse privado de la libertad, sino por el contrario, se estima deseable el acompañar el proceso readaptatorio con el desarrollo académico del recluso, más aún siendo base del sistema penal, tal como lo establecen el artículo 18 de la misma Carta Magna y el 2 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Que se coincide con el iniciante en que las personas reclusas permanecen en goce de todos aquellos derechos humanos que no son incompatibles con su situación jurídica, siendo uno de ellos el derecho a la educación; y que se generan otros específicos como el derecho a la readaptación social.

b) En cuanto los textos normativos propuestos

Por lo expuesto, coincidimos en que la iniciativa es buena sin embargo, como es de conocimiento de esta comisión, existe una minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, y se adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue remitida por la Cámara de Diputados, y recibida en sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el 19 de abril de 2012, que se encuentra en análisis y discusión en las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos de la colegisladora.

Dicha minuta, a la que se hace referencia en el párrafo que antecede, prevé la abrogación de dicha ley, lo que haría ocioso la adición del artículo, a pesar de lo loable del propósito de la misma y de la multitud de internos que se encuentran en situación de vulnerabilidad de su derecho de acceso a la justicia.

Por lo anterior, esta comisión considera que este noble objetivo debe ser tomado en cuenta en los trabajos de análisis y discusión de las Comisiones Unidas de Justicia, y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, instancia que actualmente puede adherir dichos preceptos en la que habrá de ser la legislación en materia penitenciaria.

Consideramos procedente remitir copia simple de la presente iniciativa y de este dictamen a las Comisiones de Justicia, y Estudios Legislativos del Senado, a efecto de que dicha instancia analice y discuta la procedencia de incorporar el espíritu de dicha iniciativa, en razón de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones que se encuentra en análisis en dicha soberanía.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura sometemos a consideración de esta asamblea la aprobación de los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de diciembre de 2013.

Segundo. Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez, Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval, José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Trinidad Secundino Morales Vargas, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 29 de enero de 2014 fue presentada ante esta asamblea la iniciativa que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa para estudio y dictamen.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. El artículo 3o. constitucional determina que “todo individuo tiene derecho a recibir educación; por lo que el estado deberá de otorgar educación a todas las personas sin ningún tipo de distinción o discriminación.

Esto sienta las bases para que el sistema penitenciario en México de readaptación social, donde el principal objetivo sea que durante sus años de sentencia puedan aprender un oficio, superar sus problemas emocionales y de salud, así como recibir educación.

2. El objeto de la iniciativa consiste en adicionar el artículo 11 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, con el objetivo de que los reos puedan tener la oportunidad de contar con una educación de calidad, que considere al hombre como un ser no sólo de conocimientos, sino también de sentimientos y emociones, mismos que de forma puedan desarrollarse para una efectiva reintegración a la sociedad.

3. El contenido de la iniciativa se ilustra a continuación.

A) Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Artículo 11 Bis. La educación integral que se otorgue a la población penitenciaria se definirá bajo los siguientes criterios:

a. Desarrollo Personal: Se favorecerá al interno y al menor infractor, en la formación de una personalidad sana a través de la implementación de programas, con las estrategias de negociaciones institucionales y modalidades necesarias para cubrir los aspectos psicológico, emocional y físico; así como también el arte, cultura y deporte, en el ejercicio diario de los valores personales y cívicos.

b. Capacitación y Ámbito Laboral: Se favorecerá el desarrollo del interno y del menor infractor, a través de la capacitación laboral y de un trabajo especializado al interior de cada centro penitenciario, cuya productividad apoye económicamente a sus familias y su manutención en el mismo.

c. Conocimiento Académico: Se favorecerá el desarrollo del interno menor de 50 años y del menor infractor, al otorgar de manera obligatoria la educación básica; media y superior; así como la educación especial, destinada a aquel interno, interna o menor con problemas de aprendizaje o lenguaje; en coordinación con institutos y centros de enseñanza pública del país.

El gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de los estados, conformará el sistema nacional de educación integral penitenciario, que dará seguimiento a las políticas educativas aplicadas en los centros de reclusión de las entidades federativas, generará los programas a seguir y evaluará los resultados obtenidos.

III. Proceso de análisis

1. La Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la iniciativa del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos y doctrinales, investigación de los funcionamientos de los centros penitenciarios así como sus programas de readaptación y sus resultados, y se enriqueció por la discusión de éste en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la iniciativa

A. En cuanto a los argumentos del autor

El autor considera los ejes principales del sistema de readaptación social:

• La individualización del tratamiento.

• El carácter progresivo y técnico del régimen penitenciario, cuyas etapas corresponden al periodo de estudio, diagnóstico y tratamiento.

• Será el trabajo un medio de sustento en el interior y para el exterior, con fines de autosuficiencia y de reincorporación social.

• Se entenderá la capacitación laboral como el trabajo en libertad.

• Se impartirá la educación con perspectiva académica, cívica, social, higiénica, artística, física y ética.

• Se establece la necesidad de fomentar las relaciones del interior con el exterior.

También toma en cuenta lo que afirma la UNESCO: la educación para adultos reclusos se enfrenta a algunos problemas, como éstos:

En el contexto social, el poco interés público por la educación en las cárceles es otro obstáculo para el desarrollo en la educación, pues a menudo hay una reacción negativa en cuanto al concepto de la educación para reclusos, sobre todo en los países donde el suministro y el acceso de la población general a la educación están limitados a poca gente.

Por lo expuesto coincidimos en que la iniciativa es buena. Sin embargo, como es de conocimiento de esta comisión, hay una minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, y se adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue remitida por la Cámara de Diputados, y recibida en sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el 19 de abril de 2012, que se encuentra en análisis y discusión en las Comisiones de Justicia, y de Estudios Legislativos de la colegisladora.

Dicha minuta, a la cual se hace referencia en el párrafo que antecede, prevé la abrogación de dicha ley, lo que haría ociosa la adición del artículo, pese a lo loable del propósito de la misma y de la multitud de internos que se encuentran en situación de vulnerabilidad de su derecho de acceso a la justicia.

Por lo anterior, esta comisión considera que este noble objetivo debe ser tomado en cuenta en los trabajos de análisis y discusión de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, la que actualmente puede adherir dichos preceptos en la que habrá de ser la legislación en materia penitenciaria.

Consideramos procedente remitir copia simple de la presente iniciativa y de este dictamen a las Comisiones de Justicia, y de Estudios Legislativos del Senado, a efecto de que dicha instancia analice y discuta la procedencia de incorporar el espíritu de dicha iniciativa, en razón de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones que se encuentra en análisis en dicha soberanía.

B. En cuanto a los textos normativos propuestos

Dado que aun cuando se coincide en los méritos de los argumentos propuestos, el hecho de que haya una legislación que estudia dicho tema derivó que en el análisis de la iniciativa se desestimen por razones sustantivas tales dispositivos.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura sometemos a consideración de esta asamblea la aprobación de los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, suscrita por el diputado Alejando Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 29 de enero de 2014.

Segundo.Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez, Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval, José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción 1 y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 11 de febrero de 2014, la diputada Rocío Corona Nakamura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para dictamen.

III. Contenido

El objetivo de la iniciativa es especificar que la atención materno-infantil incluye el cuidado integral de la salud mental y emocional de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Para ello, propone reformar la primera fracción del artículo 61 de la Ley General de Salud, como se expone en la siguiente tabla:

IV. Consideraciones

Primera. El concepto integral de salud reproductiva es relativamente reciente. En la Organización Mundial de la Salud se iniciaron debates a finales de la década de los ochenta, sobre la conveniencia de ampliar el enfoque de los programas de planificación familiar, incorporando las demandas de grupos amplios de la sociedad que abogaban por los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.

En el plano personal, la salud reproductiva se refiere a un continuo que empieza antes de la concepción, incluye la educación a edades tempranas, abarca el desarrollo del adolescente y pasa por el periodo de la fecundidad y la reproducción hasta que, en la mujer, desemboca en la menopausia y el climaterio y, en el hombre, en la andropausia. En el plano colectivo, es parte integrante del desarrollo sostenible de un país y se basa en los derechos y deberes humanos individuales y sociales.

Esta definición dicta: “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”. De esta manera, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear; y la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables; el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.

En armonía con esta definición, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.

Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

La salud reproductiva es un proceso de toda la vida y parte integrante del desarrollo humano. Tiene que ver con la preparación, antes de la concepción, para tener un bebé sano y, más tarde, con velar porque el embarazo, el parto y el puerperio sean seguros. Luego tiene que ver con el niño pequeño, a medida que se van formando sus actitudes acerca de las relaciones entre los sexos, el comportamiento sexual y la reproducción. Más adelante, concierne al adolescente, cuando los conocimientos y actitudes se transforman en prácticas y se busca protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto, tiene gran importancia para el adulto que piensa en formar su familia y se preocupa por la posible aparición de problemas crónicos. Por último, tiene que ver con el anciano frente a los cambios hormonales y de las relaciones familiares.

Segunda.El embarazo es un periodo de muchos cambios biológicos y psicológicos radicales de adaptación para una mujer. Aunque son muchas las características comunes a los embarazos, existen igualmente muchas experiencias únicas e irrepetibles para cada mujer.

El embarazo es una experiencia física y emocional compleja que es intrínsecamente tensionante. El embarazo se asocia con cambios en la conducta alimentaria, el sueño y la actividad sexual, cambios que fuera del embarazo pueden señalar una perturbación psicológica como la depresión. Sin embargo, dentro del contexto del embarazo estos cambios se suponen normales. El embarazo se puede considerar tanto una fase biológica como psicológica de la vida que requiere ajuste de adaptación. Los aspectos emocionales del embarazo también son afectados por el contexto en el cual se desarrolla el embarazo.

Tercera.El embarazo propiamente dicho, con todos los riesgos y tratamientos relacionados, puede ser el desencadenante de reacciones psicológicas que varían desde el estrés emocional leve hasta trastornos psiquiátricos más graves. En otras mujeres, un trastorno psiquiátrico preexistente complica su experiencia del embarazo y el manejo de éste que hacen sus médicos.

A pesar de los cambios fisiológicos emocionales que ocurren durante el embarazo, los nueve meses de embarazo constituyen un periodo en el que disminuye la incidencia de alteraciones emocionales graves. Después del parto, el riesgo de presentación de trastornos psiquiátricos graves es alrededor de 15 por ciento. Esto representa más del doble (2 a 7 por ciento) del riesgo observado después de acontecimientos no relacionados con el embarazo.

Durante todo el embarazo se describen a menudo sentimientos de ansiedad, ambivalencia y labilidad de humor. Inicialmente existen algunas elecciones por hacer en el estilo de vida. Estas elecciones incluyen cuestiones relacionadas con hábitos alimentarios, tabaquismo, consumo de alcohol, uso de drogas, asistencia prenatal, situación laboral, relaciones, entre otras.

Durante el primer trimestre pueden existir más periodos de emociones fluctuantes. La aceptación del embarazo, la resolución de las elecciones en el estilo de vida y la incorporación de la presencia del feto son las principales tareas psicológicas. Los factores de riesgo para un aumento de la incidencia de trastornos psicológicos durante este periodo incluyen reacción negativa al embarazo de parte de su pareja, experiencias desagradables con embarazos previos, motivación poco clara para el embarazo, pocas personas en quienes buscar apoyo y un gran cambio en el estilo de vida.

En el segundo trimestre los cambios emocionales son menores. Las reacciones se pueden centrar en los cambios de la imagen corporal y la sexualidad. La principal tarea es comenzar a considerar al producto como alguien separado de ella misma.

En el tercer trimestre, las reacciones pueden intensificarse al mismo tiempo que el malestar físico se torna más agudo. Las dificultades con el sueño y los síntomas somáticos asociados con el aumento del tamaño uterino son frecuentes. A menudo aumenta la ansiedad acerca de la salud del niño, la experiencia del parto, los cambios en los papeles y relaciones de la futura madre. La principal tarea es comenzar a considerarse madre.

La realidad de esta maternidad inminente implica cierta pérdida de autonomía y control. En algunas mujeres esto puede provocar sentimientos conflictivos acerca de la libertad personal, la independencia y la dependencia de otros. Los cambios en la relación de la mujer con su pareja al paso que el niño se convierte en una realidad también pueden ser causa de estrés, o alteraciones emocionales a medida que el embarazo llega a su fin.

El trabajo de parto y el parto son experiencias muy estresantes, tanto física como emocionalmente. En la mayoría de las mujeres la ansiedad es alta.

Cuarta.Los trastornos del estado de ánimo en el postparto acontecen de una manera frecuente en las primeras semanas tras el parto y comportan considerables repercusiones tanto para la propia mujer, que ve mermado su nivel de salud y su capacidad para experimentar el gozo de la maternidad, como por los posibles efectos negativos en el desarrollo de los hijos y el deterioro de las relaciones conyugales y familiares.

El puerperio es uno de los periodos de mayor riesgo en la presentación de trastornos del estado de ánimo. Cerca de 85 por ciento de las mujeres presentan algún tipo de alteración del estado de ánimo durante el posparto. Algunas mujeres experimentan síntomas transitorios y leves. Sin embargo, entre 8 y 25 por ciento de las mujeres manifiestan algún tipo de trastorno incapacitante y persistente. En este último grupo, permanecen sin diagnosticar 50 por ciento de los casos.

Quinta.Según la cuarta edición revisada del Manual de diagnóstico y estadísticas de los trastornos mentales (DSM-IV TR), el especificador de inicio en el posparto se aplica a los trastornos que se manifiestan durante las cuatro semanas posteriores al parto.

La presencia de síntomas mentales graves durante el embarazo o en el posparto son de gran importancia, no sólo por su asociación con los indicadores de morbi-mortalidad, sino también, por las consecuencias y sus posibles complicaciones. De ahí que en los últimos años se viene intentando optimizar el diagnóstico y poner a disposición tratamientos tempranos y eficientes para prevenir y tratar estos trastornos.

A pesar de estas estrategias, ciertas patologías como la depresión posparto son aún subdiagnosticadas y consecuentemente, mal tratadas o no atendidas.

Sexta.Los trastornos de depresión postparto se clasifican en tres categorías:

l. Post partum blues: este trastorno se define como una forma leve y transitoria de depresión que aparece entre el tercero y el séptimo día posparto, con una duración generalmente corta. Se trata de la alteración del estado de ánimo posparto más común, con una prevalencia de 75 a 80 por ciento.

Se caracteriza por irritabilidad, tristeza, fatiga, accesos de llanto y labilidad emocional. El post partum blues es un fenómeno común en este periodo y puede durar hasta dos semanas. Por lo general, no requiere tratamiento farmacológico. Algunos estudios revelan que una mujer que presenta post partum blues tiene una probabilidad de 20 por ciento de desarrollar depresión posparto. No se conoce cuánto se asocia el post partum blues a cambios hormonales posnatales; algunos estudios han sugerido que el post partum blues se relaciona con la caída en los picos de estrógenos y progesterona en el momento del parto.

El tratamiento consiste en tranquilizar a la madre, promover el acompañamiento por parte de la familia, vigilar la evolución de los síntomas y realizar psicoterapia de apoyo breve.

2. Depresión posparto sin psicosis: se estima que este trastorno se presenta en 10 a 15 por ciento de las mujeres en el periodo de posparto; este síndrome dura más tiempo que el post partum blues y tiene un mayor impacto en la familia. Se ha calculado que, en países como Estados Unidos, una de cada ocho mujeres presenta en su posparto tal patología.

Los síntomas depresivos graves que se manifiestan de manera temprana (dos o tres días) sugieren el inicio de una depresión posparto. Estos síntomas incluyen anhedonia (incapacidad para experimentar placer, o la pérdida de interés o satisfacción), ideas de minusvalía y culpa, llanto fácil, fatiga, insomnio o hipersomnia, dificultad para concentrarse e incapacidad para realizar las tareas maternales. Las mujeres con depresión posparto sin psicosis pueden tener ideación suicida e ideas obsesivas comúnmente relacionadas con la posibilidad de hacerle daño al lactante.

En cuanto a la causa de la depresión posparto sin psicosis, las teorías más acertadas hasta el momento son las que se relacionan con los cambios hormonales y las susceptibilidades específicas durante este periodo.

Los antidepresivos son la piedra angular del tratamiento de la depresión posparto. La psicoterapia individual y de pareja son elementos coadyuvantes que han mostrado eficacia en el tratamiento de este tipo de trastornos.

3. Depresión posparto con psicosis: se encuentra presente en 1 a 2 por cada mil mujeres. Generalmente, los síntomas inician entre la segunda y la tercera semana posparto, con una correlación con los trastornos bipolares de 70 a 80 por ciento y una tasa de recurrencia de 30 a 50 por ciento.

Entre sus características clínicas, se encuentran: labilidad afectiva, alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, lenguaje desorganizado, desorientación, confusión, delirios y trastornos de sueño. Las ideas delirantes generalmente tienen relación con el bebé e incluyen aspectos sobre malformaciones de éste, así como contenido místico-religioso. De manera frecuente, se observan conductas autoagresivas y violentas que pueden terminar en suicidio o filicidio.

Los factores de riesgo más importantes son: la historia de psicosis posparto previa, el trastorno afectivo bipolar y la historia familiar de psicosis posparto.

El tratamiento es básicamente farmacológico. La terapia electroconvulsiva es bien tolerada y rápidamente efectiva.

Séptima.La promovente indica que en la Ley General de Salud no se reconocen los padecimientos psicológico-mentales relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio. Sin embargo, el texto vigente del artículo 61, en su primera fracción, señala que la atención materno-infantil es de carácter prioritario e incluye:

“La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;”

En este sentido, se advierte que la propuesta de reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud es inviable, en razón de que lo propuesto ya se encuentra en la ley vigente.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Salud de la LXII Legislatura somete a consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Primero.Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía

Honorable Asamblea:

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea someten a su consideración, el siguiente dictamen:

Esta Comisión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 73, fracción XXIX-N, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85, 156, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167 numeral 4, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, efectuó el análisis y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto en comento utilizando la siguiente:

Metodología.

Los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados; con el propósito de comprender la voluntad de los promoventes, examinar y determinar adecuadamente con estricto apego a lo manifestado en la iniciativa materia de dictamen, el aspecto teleológico de la misma, tomaron en consideración los siguientes principios de técnica legislativa:

Antecedentes. Se trata del apartado que contempla la inscripción en el orden del día del asunto materia del presente dictamen, y turno para dictamen a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la iniciativa que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada por el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 20 de marzo de 2014.

Contenido de la Iniciativa.En este apartado se realiza la fijación clara y precisa de las modificaciones propuestas por el legislador federal integrante de esta Cámara, en el documento que dio inicio a la actividad legislativa de esta comisión dictaminadora

Consideraciones. Este apartado contiene el análisis sistemático de los requisitos de forma y de fondo que toda iniciativa debe contener, así como los argumentos de naturaleza jurídica, de carácter general y especial,  que sirven de fundamento a las resoluciones a cada una de las proposiciones formuladas por el autor del acto legislativo, teniendo en cuenta lo previsto por aquellos instrumentos y ordenamientos jurídicos vigentes relacionados con la  finalidad de la iniciativa materia de dictamen.

I. Antecedentes

A la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, le fue turnado para su estudio y Dictamen, el expediente número 4094 que contiene la iniciativa que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada por el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el día 20 de marzo de 2014.

En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados del 20 de marzo de 2014, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó la iniciativa que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, con el objeto de realzar algunas precisiones con respecto del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Economía Social.

En ejercicio de las atribuciones que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, confieren al Presidente de la Mesa Directiva decretó el turno a esta Comisión, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-6-1366.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado promovente establece en su proyecto de decreto su intención en los siguientes aspectos:

a) Establecer que el Consejo Consultivo se integre por 15 concejeros nacionales invitados por el Instituto Nacional de Economía Social.

b) Que podrían ser invitadas a integrar el Consejo Consultivo organizaciones de la sociedad civil así como de jóvenes.

c) Que estos consejeros duren en su encargo hasta 3 años y que se puedan ser ratificados; y

d) Que el Consejo publique en la página del Instituto los acuerdos emitidos en sus reuniones.

Por lo anterior, propone el siguiente proyecto de decreto:

Artículo 25. El Consejo estará integrado por:

...

III. Quince consejeros invitados por el Instituto, que deberán ser personas reconocidas por sus aportaciones al Sector Social de la Economía, pudiendo ser representantes de organismos del sector, del ámbito académico, científico, profesional, empresarial, organizaciones ciudadanas, jóvenes , del poder legislativo y/o de organismos internacionales vinculados al tema.

...

...

Su temporalidad será por tres años y la renovación o ratificación de los miembros se definirá en el Reglamento Interno del Consejo.

Artículo 24. El Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. a X. ...

XI. Publicar en la página del Instituto los acuerdos emitidos en sus reuniones.

Con la finalidad de establecer con mayor precisión en el marco de la Ley vigente, quienes dictaminamos consideramos necesario ilustrarlo con el siguiente cuadro comparativo:

III. Consideraciones

Primera. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, como órgano legislativo de la LXII Legislatura en la honorable Cámara de Diputados, es competente para conocer del análisis y dictamen de la presente Iniciativa, según lo dispuesto por los artículos 72 y 73, fracción XXIX- N, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como en el artículo 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84 y 85, así como de los artículos 157 y 158, numeral I, fracción IV, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Segunda. Del número de miembros del Consejo Consultivo

Ciertamente el diputado promovente propone elevar a rango de Ley el número de integrantes del Consejo Consultivo, sin embrago esta comisión dictaminadora, después de revisar puntualmente el acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 22 de julio de 2013; concluimos que el primer párrafo del artículo 8 es más que la iniciativa que en este acto dictaminamos. Dicho párrafo establece:

Artículo 8. El Consejo funcionará en pleno, con la presencia de su presidente, secretario ejecutivo y un número de consejeros invitadosen términos de lo previsto en su reglamento interno, sin que puedan exceder de treinta integrantes ni ser menor a quince.

Es decir, que el Consejo no exceda de 30 ni sea menor a 15 integrantes, mientras que el legislador iniciante propone que sean 15 sus miembros.

Cabe destacar que el acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social es un instrumento reglamentario que tiene su fundamento en la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, la cual prevé que la organización y funcionamiento del Instituto será determinada por acuerdo que corresponde emitir al secretario de Economía.

Por lo que esta comisión dictaminadora considera que se encuentra satisfecha la propuesta legislativa del promovente en el acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social.

Tercera. Del Consejo Consultivo

La norma suprema de la cual deriva la normatividad específica de la economía social es el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisa:

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización socialpara la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Es decir que el sector social de la economía lo constituyen:

Los ejidos;

Las organizaciones de trabajadores;

Las cooperativas;

Las comunidades;

Las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y

En general, de todas las formas de organización social.

La Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, ratifica esta integración del sector en su artículo 4:

Artículo 4o. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización social:

I. Ejidos;

II. Comunidades;

III. Organizaciones de trabajadores;

IV. Sociedades Cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y

VI. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Tomado en consideración lo anterior, el 13 de diciembre del 2013 se efectuó la integración del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Economía Social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, capítulo II, de la Ley de la Economía Social y Solidaria.

El órgano se integró por 25 consejeros expertos en el tema de la economía social desde diversos cuerpos y sectores:

Universidades: El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Chapingo.

Cooperativas: Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores, Alianza Cooperativista Nacional, Cooperativas de Trabajadores, Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México.

Cámaras del Congreso de la Unión: Cámara de Diputados y de Senadores.

Del Campo: Congreso Agrario Permanente y el Frente Amplio Campesino.

Organismos especialistas: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y el uso de la Biodiversidad, el Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea.

Comunidades: Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina

Además de lo anterior, el acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 22 de julio de 2013 en el párrafo cuarto de su artículo 8 prevé que:

El Consejo podrá invitar a representantes de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de organizaciones civiles y de particulares. Estos invitados tendrán derecho voz pero no voto en las sesiones del Consejo y su función será el aportar sus conocimientos, experiencias y capacidades en el marco de sus responsabilidades públicas, privadas o sociales, para apoyar el desarrollo de las actividades del Consejo y del cumplimiento al Programa.

Después de motivar lo anterior, esta dictaminadora considera que el supuesto, que para fines de dar claridad a la propuesta del promovente, propone que podrían ser invitados a integrar el Consejo organizaciones de la sociedad civil así como de jóvenes; se encuentra plenamente normado por las disposiciones reglamentarias expuestas en la presente consideración.

Cuarta. De la duración en el encargo de los consejeros.

Con mucha precisión el diputado promovente del proyecto legislativo propone que:

Su temporalidad [de los consejeros] será por tres años y la renovación o ratificación de los miembros se definirá en el Reglamento Interno del Consejo.

Al respecto, el último párrafo del artículo 8 del acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el día lunes 22 de julio de 2013 con claridad precisa que:

El Reglamento Interno del Consejo establecerá los mecanismos para la propuesta a invitados, pudiendo establecer su temporalidad o si algunos serán permanentes.

En congruencia jurídica con la fracción IX del artículo 24 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, establece que:

Artículo 24. El Consejo tendrá las funciones siguientes:

X.  Expedir su Reglamento Interno

Esta fracción es una gran virtud del Congreso de la Unión que promovió la expedición de la norma, al depositar en la voluntad de los miembros del Consejo Consultivo la función de poder ellos discutir y acordar su propio reglamento; dando con ello la posibilidad de tener un trabajo de colaboración con el Instituto permanente y estable.

Ambas disposiciones, a nuestro juicio, superan el proyecto del legislador ya que prevén que los consejeros puedan ser permanentes o tener una temporalidad determinada y el promovente lo limita a 3 años.

Quienes dictaminamos vemos en el esquema de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía y en el acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 22 de julio de 2013 que la propuesta del diputado iniciante se encuentra plenamente satisfecha jurídicamente.

Quinta. De la obligación para que el Consejo publique en la página del Instituto los acuerdos emitidos en sus reuniones.

Al respecto, y haciendo una análisis integral de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública, esta comisión dictaminadora considera necesario traer al presente documento de resolución legislativa, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para entender de las obligaciones del Instituto Nacional de la Economía Social en lo referente a la rendición de cuentas.

El artículo 3 de esta Ley señala lo siguiente en sus fracciones XIV, inciso a) y III:

Artículo 3.Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

[...]

XIV. Sujetos obligados:

a) El Poder Ejecutivo federal, la administración pública federal y la Procuraduría General de la República;

[...]

III. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones... acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual , electrónico, informático u holográfico;

De lo anterior, podemos con certeza afirmar: uno, el Instituto es un sujeto obligado, y dos, que la obligación del Instituto para publicar las actas de las sesiones del Consejo Consultivo, aunque no se encuentran establecidas en su Ley, ya se encuentran previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además de lo anterior, esta misma normatividad, precisa en el artículo 7 lo siguiente:

Artículo 7. ... los sujetos obligados deberán poner a disposición del públicoy actualizar... entre otra, la información siguiente:

XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y [...]

Y finalmente,  este marco jurídico en materia de transparencia le impone al Instituto Nacional de la Economía Social la siguiente obligación:

Artículo 9. La información a que se refiere el artículo 7 deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica [...].

En razón de lo fundado y motivado esta comisión dictaminadora considera que la propuesta del Legislador para que el Consejo publique en la página del Instituto los acuerdos emitidos en sus reuniones se encuentra plenamente garantizada por las obligaciones que le impone al Instituto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo antes expuesto y fundado en las consideraciones vertidas con antelación, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada por el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 20 de marzo de 2014.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 20 de marzo de 2014.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados:Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas, José Antonio León Mendívil (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez, Jesús Morales Flores, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Cesario Padilla Navarro, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica).»

LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía

Honorable Asamblea:

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en su carácter de órgano legislativo ordinario de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, expresa que le fue turnada para su estudio, reflexión y dictamen, la iniciativa con proyecto de acuerdo que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, suscrita por el diputado José Alberto Benavides Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Esta comisión ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o.; 5o.; 9o.; 25, párrafos primero, quinto, sexto y séptimo; 26, Apartado A,  párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 27, fracciones VII, VIII, IX, XV, XVII, XVIII, XIX y XX; 28, párrafos tercero y noveno; 73, fracciones X, XXIX-E, XXIX-G y XXIX-N; y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66; 67, numeral 1, fracción I; 68; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 162; 167 numeral 4, 176, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, efectuó el análisis y discusión de la iniciativa con proyecto de acuerdo habiendo empleado la siguiente:

I. Metodología

Los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con el propósito de fijar y delimitar con precisión los objetivos de la Iniciativa en estudio, así como de realizar los actos formalmente necesarios para examinar y resolver fundada y motivadamente los planteamientos contenidos en el documento que dio inicio a la actividad de esta comisión dictaminadora, estimaron necesario considerar los siguientes principios de técnica legislativa en la elaboración de este dictamen:

Antecedentes. Se trata del apartado que contempla la presentación ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados de la iniciativa que dio origen a la actividad dictaminadora de este órgano legislativo; el turno que con sujeción a lo previsto en los artículos 66, 67, numeral 1, fracción I, y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, determinó la presidencia de la Mesa Directiva a esta comisión ordinaria; y la recepción formal de la Iniciativa por parte de esta instancia legislativa, con el propósito de efectuar el análisis y dictamen condignos a ésta

Contenido de la iniciativa. En este apartado se realiza la fijación clara y precisa de las propuestas de modificación de la iniciante,  en relación con el texto vigente de las disposiciones contenidas en el cuerpo legal sujeto a reforma. Asimismo, se elabora un sumario de los argumentos jurídicos, económicos y sociales que motivaron la estructuración de la Iniciativa objeto de dictamen.

Considerandos. En este apartado se expresan los argumentos jurídicos de carácter general y especial empleados por los integrantes de esta Comisión Dictaminadora y a través de los cuales analizaron, deliberaron y dieron resolución a las solicitudes planteadas por el diputado José Alberto Benavides Castañeda en el documento examinado por este órgano legislativo, con estricto apego y respeto de los ordenamientos jurídicos, los usos, costumbres y prácticas que regulan la actividad parlamentaria de esta Cámara de Diputados.

Habiendo analizado y reflexionado sobre el alcance y objeto de los planteamientos expuestos por el diputado José Alberto Benavides Castañeda en la Iniciativa que dio origen a la actividad parlamentaria de este órgano parlamentario, los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en ejercicio de las facultades que por ministerio constitucional y legal le competen, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

II. Antecedentes

Como primer punto, resulta importante destacar que la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, y que constituye la materia de este trabajo legislativo, fue elaborada por el diputado federal a la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo dentro de la misma, C. José Alberto Benavides Castañeda, en ejercicio de las facultades condignas al ejercicio de su cargo, reconocidas en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 6, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

1. El lunes 24 de febrero de 2014, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue inscrito en el orden del día de la sesión ordinaria celebrada, el instrumento legislativo elaborado por el diputado Benavides Castañeda por conducto del cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones contenidas en la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

2. Con fecha 11 de marzo de 2014, con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva informó del turno que correspondía a la iniciativa para efectos de dictamen.

3. En la fecha indicada en el numeral anterior, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1339, fue remitido a este órgano parlamentario el instrumento material a través del cual el diputado Benavides Castañeda, en ejercicio de su derecho consagrado en los artículos 6, numeral 1, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, expresó su pretensión por que se reformaran y modificaran diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, efecto de que esta comisión ordinaria elaborara de manera colegiada, fundada y motivadamente,  la opinión técnica y calificada correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

El acto procesal legislativo que motivó el ejercicio de la facultad dictaminadora de este órgano parlamentario, tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

1. Reformar el artículo 6o. de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, en el sentido de establecer a la eficiencia como un criterio más con base en el cual el Estado mexicano deberá apoyar e impulsar la actividad económica de los Organismos que componen el Sector Social de la Economía, toda vez que dicho parámetro implica la optimización de los resultados alcanzados por la Administración Pública en relación a la disponibilidad e inversión de los recursos destinados a dicho sector de la economía, ante la incuestionable escases de los mismos;

2. Adicionar una fracción X al artículo 8o. del ordenamiento jurídico en comento, toda vez que el iniciante destaca la importancia de considerar como una finalidad más del también llamado Tercer Sector de la Economía, el fomentar la organización económica entre los Asociados y los Organismos que integran el mismo, toda vez que de su actividad coordinada y complementaria se podrían obtener mayores y mejores beneficios, en pleno aprovechamiento de la oportunidad de actuar de manera consolidada. En este punto, el iniciante manifiesta su certeza en que la progresiva integración de los agentes componentes del Sector Social de la Economía en un mercado organizado, acarrearía un abaratamiento de los costos y el subsecuente decrecimiento de los precios de los bienes y servicios producidos por los mismos, lo que redundaría en beneficio de los consumidores de menores recursos y mayores limitaciones para usar, disponer y aprovechar plena y satisfactoriamente de los bienes generados en los mercados tradicionales encumbrados en el orden económico mexicano;

3. Adicionar las fracciones XIV y XV al artículo 10 del cuerpo legal que reconoce y regula la existencia y la participación del Sector Social en la economía nacional, con la finalidad de reconocer como valores de dicha institución económica la organización, así como la formación y la capacitación de los agentes económico-sociales imbuidas en la misma, teniendo en cuenta que constituye un deber del Estado mexicano mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Lo anterior deriva de la preocupación del promovente porque la capacitación verdaderamente represente un elemento indispensable en un escenario económico y social tan complejo y cambiante como lo es el actual, producto del avance de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros factores, circunstancia que ineludiblemente ha propiciado un mayor dinamismo y competitividad dentro de los mercados de comercio globales. Por lo anterior, el iniciante asevera que incorporar como valores de la también denominada “nueva economía social” a la organización, la formación y la capacitación de los Organismos que la integran, redundará en un aumento significativo de la productividad.

Además, propone adicionar las fracciones XXII y XXIII, recorriéndose la actual XXI a la XXIV al artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, con el propósito de instituir como nuevos deberes jurídicos a cargo del Instituto Nacional de la Economía Social el promover y apoyar el uso de tecnologías entre los agentes socio-económicos que lo componen, y su vez, fomentar la organización de los mismos a efecto de indagar por oportunidades que procuren una mejora en sus condiciones comerciales, en virtud que desde la perspectiva del iniciante, dichos imperativos facilitarían la adaptabilidad y accesibilidad  de los Organismos del Sector a mercados de alto valor comercial, fundamentalmente en lo que atañe a la implementación de cada uno de ellos de mecanismos eficientes en cada una de las etapas de sus procesos de producción, comercialización y administración de bienes y servicios, al tratase de sujetos jurídicos típicamente caracterizados por la ausencia de lucro en su objeto social, así como por su independencia respecto de las actividades desarrolladas por cualesquiera entidad gubernamental, y por la integración que hacen de la función económica y la función en la dinámica empresarial que desarrollan durante su existencia.

Habiendo expuesto lo anterior, y previo estudio, reflexión y estructuración del juicio que de resolutivo a cada uno de los planteamientos expuestos por el diputado Benavides Castañeda en la Iniciativa sometida a la consideración y examen de esta Comisión Dictaminadora, resulta indispensable elaborar un análisis comparativo entre los textos normativos vigentes y las proposiciones de reforma y adición estructuradas por el promovente, en aras de facilitar la comprensión del sentido adoptado de manera colegiada por las y los diputados integrantes de este órgano parlamentario, a través del siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que por mandato constitucional y ministerio legal nos competen, procedemos a enunciar los argumentos jurídicos de carácter general y especial que servirán de sustento a cada uno de los resolutivos que adoptemos, respecto de cada una de las proposiciones elaboradas e integradas por el diputado José Alberto Benavides Castañeda en su Iniciativa en materia de economía social, mediante las siguientes:

IV. Consideraciones

Primera. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, resulta competente para elaborar el análisis y correspondiente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, con fundamento en los artículos 1o.; 5o.; 9o.; 25, párrafos primero, quinto, sexto y séptimo; 26, Apartado A,  párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 27, fracciones VII, VIII, IX, XV, XVII, XVIII, XIX y XX; 28, párrafos tercero y noveno; 73, fracciones X, XXIX-E, XXIX-G y XXIX-N; y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66; 67, numeral 1, fracción I; 68; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 162; 167 numeral 4, 176, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segunda. Ahora bien, y en lo que corresponde al análisis y resolución del primer planteamiento de modificación a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía expuesto por el promovente en la Iniciativa que sirvió de base para el ejercicio de la facultad constitucional y reglamentaria de este órgano parlamentario, consistente en reformar el artículo 6 del ordenamiento jurídico en comento.

Si bien es cierto que el reconocimiento de la eficiencia como principio fundamental que oriente y determine el camino a seguir para la materialización de la justicia, la equidad y el cumplimiento de los diferentes elementos que componen la denominada moral pública o social en el campo de la economía social, por parte de cualquier persona que desempeñe, temporal o permanentemente, un cargo, comisión o empleo de carácter administrativo, judicial, ejecutivo, legislativo o parlamentario, en nombre del Estado o al servicio del mismo, en cualesquiera de sus niveles jerárquicos, reviste una importancia fundamental e irrebatible dentro de todo régimen democrático de gobierno, también lo es la clara, congruente, y en la medida de lo posible, uniforme regulación que de dicha directriz se haga en las leyes  que delimitan el campo de acción de las personas físicas que en función de lo antes expuesto, se ostenten con el carácter de servidores públicos.

En tal virtud, esta comisión dictaminadora estima importante manifestar al efecto que la positivización de la eficiencia como una meta más del apoyo e impulso que el Estado mexicano debe brindar a las actividades de corte económico y solidarias desarrolladas por toda estructura organizativa autogestionaria e independiente de los poderes públicos, así como democrática y promotora del ser humano y su trabajo sobre el capital, en su carácter de sujeto jurídico rector de la economía nacional,  ya ha sido efectuada y se encuentra regulada, explícita e implícitamente, en los artículos 1o., párrafo tercero y 25, párrafo primero, en relación con el artículo 109, fracción III, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales multilaterales de gran envergadura que, siguiendo lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra norma fundamental, que constituye el principio de supremacía constitucional, también forman parte de la Ley Suprema de la Nación, tales como son la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 7, numeral 1, inciso a), y la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo III, numeral 5, y de las Leyes Federales de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Administrativas de los Servidores Públicos, en sus artículos 7o. y 46, respectivamente, sin dejar de tener en cuenta el contenido de los diversos Códigos de Conducta o compendio de principios éticos-filosóficos que por acuerdos adoptados en el marco de convenciones y tratados internacionales de organizaciones públicas internacionales, celebrados y ratificados por el Estado mexicano, son instrumentados en los marcos jurídicos e institucionales de cada dependencia y entidad de la administración pública federal, en pleno y absoluto respeto del importantísimo principio general del derecho pacta sunt servanda.

Los instrumentos jurídicos de carácter nacional e internacional antes mencionados,  tienen como denominador común y causa de su vigencia en el orden jurídico mexicano, el prevenir, detectar, sancionar y erradicar todo acto o práctica de corrupción, con el propósito de fomentar y salvaguardar la integridad y el desarrollo sostenido de las instituciones públicas y la sociedad, con el consecuente fortalecimiento de la soberanía y la paz social que redunden en beneficio del desarrollo integral de la nación.

Asimismo, y según se desprende del contenido del artículo 25, primer párrafo, de nuestro Código Político Fundamental, el Estado mexicano posee el deber ineludible de instrumentar las medidas que resulten necesarias para promover, proteger y garantizar el pleno y absoluto respeto de los derechos fundamentales de los individuos, grupos y clases sociales, con residencia habitual o permanente en el territorio nacional, razón por la cual toda persona física que ostente el carácter de funcionario o empleado público, y que por tal, contribuya con su actividad al cumplimiento de los diversos fines del Estado, deberá desempeñarse de manera eficiente, imparcial, honesta, legal, equitativa, transparente y leal, so pena de ser sancionado de acuerdo con la  gravedad y naturaleza de los actos ilícitos que haya cometido, así como de los daños y perjuicios que deriven de su proceder culpable y antijurídico, en menoscabo de los intereses públicos fundamentales de nuestro país.

Por lo que, en la promoción y consolidación de las actividades económicas ejercidas por sociedades cooperativas, mutualistas, asociaciones civiles, sindicatos de trabajadores controladores de sociedades mercantiles, y demás formas de organización popular cuyas finalidades esenciales consistan en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, con base en valores y principios socialmente aceptados, en beneficio de las personas que las integran y las comunidades en donde se ubique su principal centro de administración, paralelo a constituir un imperativo de carácter constitucional a cargo del aparato estatal, entraña la obligación por parte de los funcionarios y empleados públicos que se desempeñan en cualesquiera de  los tres niveles de gobierno cuya actividad pública se halle vinculada en razón de la materia con cualquier esquema empresarial inscrito en el marco de la economía social, de salvaguardar, proteger, respetar y garantizar, como antes se ha escrito, principios tales como son el de honradez, legalidad, imparcialidad, honestidad, lealtad y eficiencia, con la intención de establecer las medidas y mecanismos necesarios para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad del sector social de la economía en México,  como una solución eficaz e integral a los viejos y nuevos problemas que afectan a diferentes regiones y comunidades, capaz de generar, por conducto de los agentes económico-sociales que la componen, riqueza con eficiencia económica y distribuirla de manera equitativa, en beneficio del hombre y la sociedad.

Esta comisión dictaminadora reconoció y examino la intención del promovente por introducir el criterio de eficiencia en el texto del artículo 6o. de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, como un esfuerzo más por aplicar los diferentes conceptos centrales que dan forma y sentido a la ciencia económica en el campo de las normas jurídicas. Aunque en el caso particular, dicha proposición no resulta aplicable, en virtud de la competencia e información precisa y correcta que prevalece en los diversos mercados configurados y utilizados por los agentes del sector social de la economía para satisfacer sus necesidades generalmente derivadas del acceso y goce de derechos de carácter social.

Aunque debe destacar que la inversión intelectual efectuada por el iniciante deriva del conocido “Análisis Económico del Derecho”, el cual suele abocarse de manera concreta al examen de tres cuestiones fundamentales, a saber:

a. El análisis de los efectos económicos de las reglas jurídicas.

b. La búsqueda de las reglas jurídicas eficientes desde el punto de vista económico.

c. La explicación económica de la naturaleza, teleología y los supuestos de aplicabilidad de las reglas de jurídicas.

Ahora bien, esta comisión dictaminadora estima pertinente expresar brevemente las características de los sistemas económicos a los cuales, en función de las características inherentes a su desarrollo y finalidades, si resulta aplicable el criterio de eficiencia en la intervención económica que tenga el Estado, y que son los sistemas capitalista liberal y el de economía mixta o dual.

El sistema económico capitalista encumbrado básicamente tiende a producir los bienes y servicios que el mercado demande, mediante empresas configuradas por particulares, esencialmente destinados a consumidores que cuenten con los medios económicos suficientes para proceder a su adquisición.

No obstante que dicha institución económica surgió en el curso del siglo XVIII, fue entre las postrimerías del siglo XIX y el génesis del siglo XX cuando logro consolidar su existencia como un pilar más del orden económico mundial, en el marco de la revolución industrial inglesa,  y en razón de los siguientes factores gestacionales:

• Consolidación de los mercados nacionales.

• Apertura de los mercados internacionales.

• Consolidación de la propiedad privada sobre los medios de producción.

• División social del trabajo.

• Invenciones tecnológicas productivas.

• Desarrollo de las ideales liberales de libertad, igualdad y fraternidad.

• Desarrollo considerable de los instrumentos financieros, monetarios y de las actividades de las sociedades mercantiles.

• Contracción de las actividades del Estado en la dinámica de los mercados, destacando entre las subsistentes la regulación de las relaciones sociales de los individuos, la custodia de las fronteras de su territorio y la implementación de medidas tendentes a garantizar y preservar el orden público, la seguridad nacional y la paz social.

• La consideración de la economía como una actividad social autorregulada por el mercado que instituye mediante los precios, las retribuciones al capital y al trabajo.

• La libertad económica es absoluta, en el marco de los mercados nacionales e internacionales.

Por lo que toca al sistema de economía mixta o dual, también conocido como economía neoliberal economía social de mercado, economía de mercado con planificación indicativa, economía socialista de mercado, socialismos concurrencial, economía de mercado administrativo y como se le denomina actualmente, estado social de derecho, es la  institución económica de corte ecléctico acogida por México durante el sexenio como titular del Poder Ejecutivo federal del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado y que a la fecha persiste, remontándose su génesis a la década de 1930 como respuesta al colapso de las economías puras de mercado y sustentado en los teorías del notable economista John Maynard Keynes y en la experiencia del Nuevo Trato, política implementada para contrarrestar los efectos de la Gran Crisis del año 1929 por parte del entonces presidente de Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt.

La Unión Europea y una vasta cantidad de países sudamericanos han adoptado este modelo económico, el cual suele caracterizarse por los siguientes aspectos:

• Rectoría del Estado en la dirección del sistema económico.

• Configuración de un sector público estratégico.

• Existencia y participación constante en la actividad económica nacional de sociedades mercantiles nacionales y extranjeras.

• Áreas económicas planificadas o publicitarias.

• Áreas económicas concurrenciales o privatizadas.

• Aceptación parcial y regulada de los mecanismos del mercado.

• Liberación parcial del comercio exterior.

• Protección estatal de sectores atrasados.

• Servicios públicos en salud, seguridad social, etcétera.

• Libertad individual empresarial.

En lo que toca a la institución de la economía social, se considera como la actividad económica y empresarial, privada, que llevan a cabo sociedades o entidades, que asocian a personas naturales –o físicas- o jurídicas, cuya finalidad es materializar el interés colectivo de sus miembros, inmediatamente, y satisfacer el interés general, mediatamente, económico y social, en permanente vinculación con el entorno natural en que se desenvuelve su actividad económica.

Con el objetivo de enfatizar en la inoperancia del criterio de eficiencia en la injerencia que el Estado mexicano pueda tener en la dinámica empresarial de los agentes del sector social de la economía, esta comisión dictaminadora estima pertinente enunciar las principales características de dicho esquema económico emergente:

• Encuadra en su marco a personas  físicas y morales de escasos recursos y con difícil acceso a los mercados convencionales.

• La distribución de los rendimientos, así como los procedimientos de toma de decisiones, se realizan de manera transparente y con independencia de las aportaciones en numerario o en especie efectuadas por cada socio, según el principio de un voto por socio.

• Impera la libertad de asociación y el retiro voluntario de las personas que pretendan integrarse a las estructuras organizativas económico-sociales.

• Independencia y neutralidad política y religiosa.

• Limitación de intereses a las aportaciones realizadas por las personas que las integran.

• Fomento de los principios, valores y practicas comunes de las estructuras de organización solidaria.

• Compromiso permanente con el desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad.

• Aplicación de los excedentes o de gran parte de los mismos a la consecución de las metas y objetivos de los agentes del sector, así como para la prestación de servicios de carácter social en beneficio de las comunidades en donde tengan su residencia habitual.

De lo expuesto y señalado, deriva la determinación de este órgano parlamentario por no considerar la propuesta del diputado José Alberto Benavides Castañeda, en imbuir a la eficiencia como un criterio más en función del cual el Estado apoyará el desarrollo y consolidación de los sujetos de la economía social, toda vez obtiene un encuadre en aquellas entidades que en función de su naturaleza y finalidades, forman parte de los sistemas capitalistas o privatistas y de economía mixta o dual, aunado a la circunstancia de que dicho criterio ya se encuentra regulado en diferentes instrumentos jurídicos que componen el marco jurídico nacional.

Tercera. En lo que respecta a la propuesta del iniciante por añadir como un objetivo más del papel que desempeña la economía social en México el fomento de la organización económica entre los Asociados y los organismos del sector con el propósito de obtener mayores beneficios en comunión, es menester indicar que dicho planteamiento constituye en sí mismo un medio más que un fin para la consolidación y reconocimiento de dicho sector social como una institución más del orden económico nacional, así como para la debida realización de las actividades económicas desarrolladas por las sociedades cooperativas, los ejidos, las comunidades agrarias, las sociedades mutualistas de seguros, las asociaciones civiles, las empresas constituidas y administradas por las sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación, empresas de inserción social y en general, de cualquier estructura asociativa que respete con compromiso estatutario los principios orientadores de la economía social.

Lo anterior se complementa con la regulación que los artículos 2o.; 11, fracción XII; 14, fracciones IX y XI; 31; 32, 33 y 34 de la Ley reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 constitucional hacen de la propuesta en comento del iniciante, la cual puede comprenderse de una interpretación correlacionada de las disposiciones jurídicas antes mencionadas.

Cuarta. En lo concerniente al planteamiento del promovente por considerar a la organización, formación y capacitación como valores a través de los cuales orientarán su actuación los Organismos del Sector Social de la Economía, este órgano dictaminador estima conveniente señalar lo siguiente:

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la significación del término “valor” entraña las siguientes acepciones:

Valor

- m. Precio o suma de dinero en que se valora o aprecia algo.

- Cualidad, virtud o utilidad que hacen que algo o alguien sean apreciados.

- Importancia de una cosa, acción, palabra o frase.

- Cualidad del valiente.

- Osadía, desvergüenza.

- Equivalencia de una cosa a otra, especialmente hablando de las monedas.

- Duración del sonido de cada figura musical.

- Cantidad que establece la determinación de una variable.

- Principios ideológicos o morales por los que se guía una sociedad.

- Títulos representativos de participación en haberes de sociedades.

En relación con la intensionalidad del término valor, la acepción utilizada por el legislador para la estructuración del artículo 10 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía fue la indicada con el número 9, es decir, aquella disposición lingüística que señala que principios ideológicos o socialmente aceptados en un espacio y tiempo determinados deberán observar los sujetos del Sector Social de la Economía, en el desarrollo de las actividades económicas de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que compongan su objeto social, aunado a que la organización, la formación y la capacitación de los Organismos del Sector constituyen en sí mismos mecanismos a través de los cuales puede incrementarse la productividad, competitividad y sostenibilidad de las actividades desempeñadas por dichas estructuras organizativas.

Como colofón, cabe señalar que el artículo 11, en su fracción IX, instituye como un imperativo a cargo de los sujetos del Sector Social de la Economía educar, formar y capacitar habitual y continuamente, con carácter técnico y administrativo a los Asociados, razón por la cual esta Comisión Dictaminadora procederá a desechar la petición del legislador Benavides Castañeda de adicionar dos fracciones XIV y XV al artículo 10 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

Quinta. En lo que toca a la proposición del promovente consistente en adicionar dos fracciones XXI y XXIII, recorriendo la actual XXI  a la XXIV, este órgano parlamentario estima procedente desecharlas, toda vez que dicho planteamiento, ya se encuentra normado en los artículos 11, fracciones XII y XIV, 14, fracciones II, IV, IX y X, según se desprende de la aplicación al caso en concreto de los argumentos jurídicos especiales a contrario, de voluntad del legislador y sistemático, en el marco de un caso fácil absoluta y plenamente regulado por el ordenamiento jurídico en comento.

Por lo expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en el curso del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, con fundamento en las disposiciones jurídicas que al proemio de este dictamen se citan, someten a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados, los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, suscrita por el diputado José Alberto Benavides Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 11 de marzo de 2014.

Segundo.Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Fix- Fierro, Héctor, “La Eficiencia de la Justicia (Una aproximación y una propuesta)”, Cuadernos para la reforma de la justicia, México, núm. 1, UNAM, 1995

2 Witker, Jorge, Introducción al Derecho Económico,cuarta edición, México, Mc-Graw Hill Interamericana editores, 1999, páginas 62- 63.

3 Ibídem,página 65.

4 Artículo 9o. de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social, y artículo 6o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de marzo de 2014.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados:Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), presidenta, Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas, José Antonio León Mendívil (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez, Jesús Morales Flores, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Cesario Padilla Navarro, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica).»

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona cinco más al artículo 280; y adiciona el artículo 280 A y las fracciones II A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Asuntos Indígenas de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona cinco más al artículo 280; crea los artículos 280 A; y adiciona las fracciones II A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el senador Carlos Rojas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 a 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción I, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente

Metodología

En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la minuta.

En el apartado “Análisis de la minuta” se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado “Consideraciones”, las comisiones dictaminadoras realizan las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 7 de septiembre de 2005 fue turnada la minuta del senador Carlos Rojas Gutiérrez de la LVIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional., ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adicionan cinco más al artículo 280; se crean los artículos 280 A; y se adicionan las fracciones II A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número D.G.P.L. 59-II-1-1413, acordó se turnara para su dictamen a estas comisiones unidas para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Análisis de la iniciativa

1. La minuta de referencia, plantea el siguiente proyecto de

Decreto de reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 177; se crean los artículos 280-A, 280-B y 282-A; y se adicionan las fracciones II A, VIII, IX, X, y XI al artículo 283, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 177. ...

Tratándose de trabajadores agrícolas, los menores de dieciséis años sólo podrán prestar sus servicios en jornadas de cuatro horas continuas al día, debiendo ser compatibles sus horarios de trabajo con los de estudio. No podrán ser contratados si no se acredita que se encuentran cursando la educación básica.

Artículo 280-A. Las personas que funjan como intermediarios en la contratación de trabajadores del campo deberán inscribirse en el registro que a tal efecto haga la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Sin ese requisito serán considerados patrones, independientemente de lo previsto en los artículos 12 al 15 de esta ley.

Los intermediarios, para quedar inscritos en el Registro, deberán presentar acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, RFC y fianza, así como testimonio notarial que de fe de que realiza la actividad de intermediario del campo.

Artículo 280-B. Son obligaciones de los intermediarios

I. Pactar por escrito las condiciones generales de trabajo, los descuentos en caso de anticipos de salario y la duración del contrato de trabajo el cual deberá ser depositado en la junta de conciliación y arbitraje más próxima al lugar de contratación. El documento generado será entregado a cada uno de los trabajadores, con la finalidad de que tengan conocimientos de las condiciones de su actividad laboral.

II. Sufragar los gastos de traslados y alimentación de los trabajadores y brindarle protección contra accidentes desde el momento de embarque, los cuales deberán ser informados al empleador.

III. No cobrar al trabajador retribución alguna o comisión con cargo a sus salarios.

IV. El trasporte para el traslado de los trabajadores debe ser de los autorizados para pasajeros por el gobierno federal.

V. Entregar al empleador un recibo de horarios por el monto de sus servicios, así como cumplir con las obligaciones fiscales que se deriven de su actividad.

Artículo 282-A.Para los efectos del capítulo V del título décimo primero de esta ley, los gobiernos federal y estatales podrán firmar convenios de coordinación de acciones para fortalecer las tareas de inspección en beneficio de los trabajadores del campo.

Artículo 283.Además de lo dispuesto en el artículo 132 de esta ley, los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. y II. ...

II-A. Proporcionar a los trabajadores alimentación sana y nutritiva, y agua potable durante la jornada de trabajo;

III. a VII. ...

VIII. Transportar en forma gratuita a los trabajadores de su domicilio al lugar de trabajo y regreso. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar la cuota necesaria para que el trabajador haga uso de un transporte público adecuado. Cuando el traslado de los trabajadores implique como mínimo un día, el inicio y la terminación de la jornada de trabajo se computará a partir de la salida de domicilio del trabajador y de su regreso al mismo domicilio.

IX. Brindar servicios de guardería y educación a los hijos de los trabajadores.

X. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de esta ley, proporcionar a la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, la relación de trabajadores con derecho a reparto de utilidades. Cuando alguno de los trabajadores con derecho a pago no cobre su participación una vez transcurridos noventa días contados a partir de la fecha en que debió realizarse el pago, el patrón o empleador realizará el pago respectivo a través de la forma que para tal efecto le indique el trabajador.

XI. Utilizar los servicios de un intérprete bilingüe cuando los trabajadores no hablen español.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.En cumplimiento del artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, el titular del Poder Ejecutivo deberá disponer que el texto integro del cuerpo normativo del presente decreto y de su exposición de motivos se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en las respectivas comunidades.

2. En la exposición de motivos, la minuta de referencia plantea lo siguiente:

A) El proponente alude que en el desarrollo agrícola de México, los trabajadores del campo, los jornaleros agrícolas han jugado un papel fundamental sobre los esfuerzos que millones de hombres, mujeres, niños y familias enteras que realizan a diario para contribuir a la alimentación de los mexicanos y la fortaleza de nuestra economía en el campo, en la mayoría de los casos, no cuentan con una retribución justa en términos económicos, sociales e incluso jurídicos, los jornaleros agrícolas exigen garantizar pleno ejercicio de sus derechos humanos y el acceso a una calidad de vida digna.

B) Menciona que 40 por ciento de los trabajadores proviene de pueblos indígenas y en los campos de labor, en conjunto, se hablan 26 lenguas diferentes. Junto con sus familias salen de sus comunidades hacia 23 zonas agrícolas distintas, la mayoría ubicadas en el noroeste, en busca de un empleo que les permita tener un ingreso que les permita sobrellevar su condición de pobreza, los grupos jornaleros de indígenas son de manera predominante, mixtecos, zapotecas, y nahuas, mientras en la región lagunera la mayoría son de la Huasteca potosina.

C) Argumenta que estos trabajadores viven en condiciones de hacinamiento, insalubridad, expuestos a las más severas condiciones climáticas y de riesgo ambiental, carecen de servicios públicos; los niños en edad escolar no pueden acudir a recibir educación, en tanto que los emplean a muy temprana edad, ya que no pueden tener el cuidado adecuado ya que sus madres también tiene que trabajar. Prácticamente todos, los jornaleros, pero sobre todo los niños presentan problemas graves de desnutrición, enfermedades asociadas a la pobreza, y también a un acelerado deterioro de la salud por el esfuerzo que implica el trabajo.

D) Aunado a esto, manifiesta que aun cuando la Ley Federal del Trabajo reconoce un conjunto de derechos para estos trabajadores y establece obligaciones claras y precisas que deben respetarse, lo cierto es que hay de manera permanente violaciones al marco legal, frecuentemente se infringe la ley, ampliando los horarios de trabajo, aprovechando la necesidad de los trabajadores a destajo; los niños, indebidamente empleados, junto con las mujeres llevan a cabo jornadas superiores a ocho horas, los salarios que reciben resultan insuficientes ante sus necesidades y también por la carestía de los productos que muchas veces les son obligados a adquirir en los propios centros de trabajo o a través de establecimientos comerciales propiedad de los empleadores.

E) El indicador concluye que el propósito de la reforma es hacer explícito y reglamentar en el capítulo VII del título sexto de la ley, “Trabajos especiales. trabajadores del campo” el mandato constitucional en materia de derechos de los trabajadores indígenas migrantes y jornaleros agrícolas en general, dotando desde luego de facultades y obligaciones a las autoridades para velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley relativas a las condiciones de trabajo y a los derechos de los trabajadores: contratación, horas de trabajo, salarios, descanso semanal y vacaciones, seguridad, higiene y bienestar; empleo de mujeres y menores y demás disposiciones afines. Propuesta que esta apegada al espíritu del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Consideraciones

1. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la minuta con proyecto de decreto de referencia.

2. Atendiendo a las reformas del proponente objeto de estudio, es de resaltar que la vigente reforma laboral aprobada en noviembre de 2012, reguló dos temas primordiales y notablemente sensibles para la sociedad, mismos que fueron atendidos e insertados en el cuerpo normativo, relativos a “Trabajo de los menores” y “Trabajadores del campo”, donde y de acuerdo con la propuesta del legislador ambos temas quedaron plasmados y actualmente disponen lo siguiente:

Título Quinto Bis

Trabajo de los Menores

Artículo 177.La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no podrá exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres horas. Entre los distintos periodos de la jornada disfrutarán de reposos de una hora por lo menos.

Capítulo VIII

Trabajadores del Campo

Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón.

Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las disposiciones generales de esta ley.

Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.

Artículo 282. Las condiciones de trabajo se redactarán por escrito, observándose lo dispuesto en el artículo 25 y demás relativos de esta ley.

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios y en períodos de tiempo que no excedan de una semana;

II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, proporcionales al número de familiares o dependientes económicos que los acompañen y, en su caso, un predio individual o colectivo, para la cría de animales de corral;

III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenientes;

IV. Proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo;

V. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como los antídotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a los trabajadores, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, así como adiestrar personal que los preste;

VI. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares que los acompañen asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También tendrán las obligaciones a que se refiere el artículo 504, fracción II;

VII. Proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar a los trabajadores que resulten incapacitados, el setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días. Los trabajadores estacionales disfrutarán de esta prestación por el tiempo que dure la relación laboral.

Los trabajadores estacionales también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno;

VIII. Permitir a los trabajadores dentro del predio

a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos y sus animales de corral.

b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las disposiciones que determinan las leyes.

c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en perjuicio de los sembrados y cultivos.

d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales.

IX. Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores;

X. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares.

El Estado garantizará en todo momento, el acceso a la educación básica de los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros. La Secretaría de Educación Pública reconocerá los estudios que en un mismo ciclo escolar, realicen los hijos de los trabajadores estacionales del campo o jornaleros tanto en sus lugares de origen como en sus centros de trabajo;

XI. Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de un trasporte público adecuado;

XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español; y

XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores.”

3. Quienes dictaminamos y tomando en cuenta las disposiciones vigentes de la Ley Federal del Trabajo, estimamos que la propuesta ha sido por mucho superada por lo establecido en dicha normativa donde, como ha quedado expresado, dichos temas fueron prioritarios en el estudio de la reciente reforma laboral, motivo por el cual las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Asuntos Indígenas someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona cinco más al artículo 280; crea el artículo 280 A; y adiciona las fracciones II A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el senador Carlos Rojas Gutiérrez de la LVIII legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en los términos y por los motivos que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos para los efectos legales a que haya lugar.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2014.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica en contra), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica en contra), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino (rúbrica en contra), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Alfredo Zamora García (rúbrica).

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro, Juan Luis Martínez Martínez, secretarios; Petra Barrera Barrera, Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado (rúbrica), Emilse Miranda Munive, Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Máximo Othón Zayas, Érick Marte Rivera Villanueva, Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh, Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:  Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos, por lo que se refiere al último de los asuntos devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

CAMBIOS EN COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause baja como secretaria de la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause alta como secretaria en la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause alta como integrante en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause baja como secretaria de la Comisión Especial de participación ciudadana.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause alta como secretaria en la Comisión Especial de participación ciudadana.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause baja como integrante de la Comisión Especial de desarrollo sustentable.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause alta como integrante en la Comisión Especial de desarrollo sustentable.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause baja como integrante de la Comisión Especial de fortalecimiento a la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause alta como integrante en la Comisión Especial de fortalecimiento a la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a la regularización de los solares urbanos de las zonas metropolitanas del país.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento a la regularización de los solares urbanos de las zonas metropolitanas del país.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de abril de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Roy Argel Gómez Olguín cause baja como secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Ángel Alain Aldrete Lamas cause alta como secretario en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Roy Argel Gómez Olguín cause baja como secretario de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Ángel Alain Aldrete Lamas cause alta como secretario en la Comisión de Marina.

• Que el diputado Roy Argel Gómez Olguín cause baja como integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Ángel Alain Aldrete Lamas cause alta como integrante en la Comisión de Juventud.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de abril de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Roy Argel Gómez Olguín cause baja como integrante de la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información.

• Que el diputado Ángel Alain Aldrete Lamas cause alta como integrante en la Comisión Especial de agenda digital y tecnologías de la información.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de abril de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobadas. Comuníquense.

PROPOSICION

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento la proposición contenida en el orden del día será turnada a la comisión que corresponda, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la proposición con punto de acuerdo registrada en el orden del día del miércoles 9 de abril de 2014, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea que la proposición con punto de acuerdo, relativo al conflicto de Mexicana de Aviación y el respeto de los derechos correspondientes a sus trabajadores, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, registrada en el orden del día del 9 de abril de 2014, se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2014.— Diputado José González Morfín (rúbrica), Presidente.»

CONFLICTO DE MEXICANA DE AVIACION Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A SUS TRABAJADORES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al conflicto de Mexicana de Aviación y el respeto de los derechos correspondientes a sus trabajadores, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

La madrugada del pasado 4 de abril, se resolvió la quiebra de Mexicana de Aviación; esto se hizo de madrugada, a unas horas del fin de semana y a pocos días de Semana Santa, para amortiguar, para dificultar la respuesta de los trabajadores y de la opinión pública.

Y bien, ahora que el juzgado décimo primero de distrito con sede en el Distrito Federal ha declarado la quiebra de Mexicana de Aviación, y de sus filiales Click y Link, queda absolutamente claro, que no se trató de una quiebra, sino de un saqueo maquinado de los bienes materiales y derechos de Mexicana de Aviación en perjuicio de los trabajadores y la Nación, para que se los repartieran tranquilamente empresarios nacionales y extranjeros, que actuando sobre hechos consumados, ahora ya no los quieren regresar. A todas vistas estamos frente una quiebra fraudulenta comandada por Gastón Azcárraga y otros grupos de interés, esto ante la complacencia, más bien complicidad, de los últimos gobiernos federales.

Como si la clase trabajadora no formara parte de México, recibe ahora un golpe más, sin que por lo visto importen sus derechos, sus necesidades, sus expectativas y las de sus familias. Las jubilaciones de los Trabajadores de Mexicana, quedan igualmente en un absoluto riesgo de incumplimiento. Pierde, también el país con la muerte de la aerolínea insignia de la nación, con incrementos de más del 40 por ciento del costo de los boletos de avión en perjuicio de la economía, especialmente del turismo.

Desde luego, este asunto no ha concluido legalmente, faltan posteriores vías de impugnación, incluido el amparo. Sin embargo, es de tal trascendencia este asunto, que paralelamente deben intervenir otras instancias, comenzando por el Ejecutivo federal.

Salvo que quiera poner de manifiesto su complicidad ante este acto ominoso, el Ejecutivo Federal debe escuchar directamente a los trabajadores en activo y jubilados, y tomar las medidas necesarias para que a la brevedad se valoren las propuestas de inversión que existen, a fin de que Mexicana de Aviación retome el vuelo a la brevedad. Debe igualmente el Ejecutivo fondear el Fideicomiso F/797 destinado a cubrir las jubilaciones de estos trabajadores. En suma, ha llegado la hora, de poner fin a este gigante monumento a la impunidad y a la corrupción.

Dada la relevancia de este asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe atraer el amparo que en el momento procesal oportuno interpongan los trabajadores y jubilados, para que como tutelar de los derechos humanos, deje sin efectos la sentencia de juzgado de distrito que declara la quiebra de Mexicana.

La Comisión de Derechos Humanos, ya con competencia en materia laboral, no debe permanecer indiferente, ante esta clara agresión a los derechos de los trabajadores.

Por otra parte, en el caso de Mexicana, no debe permitir que continúe en libertad Gascón Azcárraga, probable responsable de la quiebra fraudulenta de Mexicana. A éste señor y a sus cómplices se les debe aplicar todo el peso de la Ley.

Los trabajadores de Mexicana, la clase trabajadora en general, el pueblo de México, exigen que se ponga fin al desmantelamiento del pacto social, y que por el contrario se reinicie la reintegración de derechos y bienestar a los que viven de su trabajo, la mayoría absoluta de nuestro país.

Al declararse la quiebra procede la creación un fideicomiso para la liquidación de los 8 mil 500 trabajadores. El mecanismo consistiría en integrar una bolsa con los bienes tangibles e intangibles que todavía tiene el grupo aeronáutico.

Nos parece que se trata de una maquinación para eliminar la competencia en el sector, condenando al desamparo a los trabajadores y sus familias, manteniendo la impunidad de quienes cometieron un delito.

La autoridad no puede mantenerse ajena y complaciente frente a un hecho de esta magnitud. Creemos que la quiebra debiera no debió de ocurrir, pero sobre todo, esperamos que ahora no vuelvan a estafar a los trabajadores ocultando bienes para su liquidación. Un gobierno que no apoya a sus trabajadores, no puede ser llamado democrático, pero un gobierno que tolera la corrupción y no la sanciona es un gobierno cómplice.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados manifiesta su solidaridad con los trabajadores de Mexicana de Aviación y repudia el comportamiento de empresarios que impunemente llevaron a la quiebra a esta empresa.

Segundo.Se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir para garantizar los derechos de los más de ocho mil quinientos trabajadores y solicite a la Procuraduría General de la República el deslinde de responsabilidades.

Tercero.Se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que inicie una investigación de oficio sobre el conflicto de Mexicana de Aviación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2014.— Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño(a las 16:11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves 10 de abril de 2014, a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas de la mañana.

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