Presidencia del diputadoJosé González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 279 diputadas y diputados.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:21 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 24 de abril de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Paloma Villaseñor Vargas, María Concepción Diez Gutiérrez, Y Manuel Añorve Baños

En relación a retiro de iniciativa y de proposiciones con puntos de acuerdo.

Del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Con el que remite el segundo informe trimestral de actividades del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el primer informe trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2014, de los programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de la Secretaría de Economía.

Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para realizar un homenaje al escritor José Emilio Pacheco.

Del Instituto Mexicano de la Juventud

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que por medio de convenios se les permita a los egresados de educación superior acceder al mercado laboral al término de sus estudios.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se determina el Formato para la Obtención de Firmas, previsto por el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de dictamen

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; reforma el párrafo quinto y adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

De la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 82; y adiciona la fracción XXI al artículo 2, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.

Iniciativas

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo de los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y expide la Ley General de Prevención del Delito, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 8o. del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 51 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de las diputadas Loretta Ortíz Ahlf y Margarita Elena Tapia Fonllem, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 282 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender la Obesidad y el Sobrepeso, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9o. y 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo y suscrita por el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta de los Hidrocarburos, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 44 Ter a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 38 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 114, 115, 216 y 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167, 179 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De Decreto, para declarar el 22 de abril como “Día del Municipio”, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley que Crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

6. Que reforma el artículo 315 bis 1 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de los Derechos Laborales y de Seguridad Social de las y los Trabajadores Petroleros, Electricistas y Mineros, Reglamentaria del Artículo 2º Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 19 y 21 de la Ley Minera, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley Federal de Seguridad Privada, suscrita por las diputadas Margarita Elena Tapia Fonllem y Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 353-C y 353-E de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México y de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44, 47 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Margarita Licea González y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7 Bis y 15 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11 y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 260 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De Decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro y suscrita por el diputado Mario Alberto Dávila Delegado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 y adiciona un Artículo Séptimo Transitorio a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Desarrollo Sustentable, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que deroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios y de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o., 92 y 94 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42, 66 y 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10, 14 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Expropiación, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 513, 514 y 515 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

De decreto por el que se realiza una Inscripción de Honor alusiva al Bicentenario del Constitucionalismo Mexicano en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, Presidente de la Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incorporar en la Cartilla Nacional de Vacunación, un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica (IRC), a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berúmen, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex, para que considere la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería “Ing. Antonio M. Amor” así como la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en las Entidades Federativas donde se ubican las Instalaciones de Pemex. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados y sus congresos locales a armonizar su legislación civil en materia de adopción plena, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, defina los mecanismos y estrategias de asistencia técnica para la elaboración de los Programas Estatales de Cambio Climático, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Sedesol, para que transparente los recursos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, de la Profepa y de la SE, se garantice el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales al emitir concesiones mineras en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Veracruz, a implementar un operativo de seguridad permanente, a fin de proteger la integridad de las y los migrantes en el territorio de dicho estado, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento al caso Mexicana de Aviación, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SS, del DIF y del Inapam, impulsen la creación de casas hogar, albergues y residencias de día, de carácter gratuito para las personas de la tercera edad de escasos recursos económicos que lo requieran, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que emita un decreto para incorporar a las formas de tributación vigentes, un esquema simplificado para las personas que se dediquen al comercio, a cargo de la diputada Margarita Licea González y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Semarnat, de la Profepa y de la Conanp, intervenga y dé seguimiento respecto del abandono de ejemplares de la vida silvestre, derivado del cierre de la concesión del parque Amikúu, ubicado dentro del área natural protegida, Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor, lleven a cabo acciones de prevención y eliminación de la plaga descortezador que amenaza los bosques de México, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Le pido a la que Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintitrés de abril de dos mil catorce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoMarcelo de Jesús Torres Cofiño

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con veintiséis minutos del miércoles veintitrés de abril de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la Sesión Solemne y el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueban.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del Diputado Rodrigo González Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el trece de marzo de dos mi catorce, sea retirada de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite la información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal dos mil catorce”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al primer trimestre de dos mil catorce. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la responsabilidad de diversas autoridades por los daños causados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Se remite a la Comisión de Protección Civil para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. Se remite al promovente para su conocimiento.

c) Del Gobierno del estado de Querétaro, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para incorporar tecnologías tendientes a generar ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de vivienda. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.

En su oportunidad y desde sus curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Carlos de Jesús Alejandro; Uriel Flores Aguayo; y Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, los tres del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios relativos al Homenaje a Gabriel García Márquez, las diputadas y los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México; Tomás Brito Lara, del Partido de la Revolución Democrática; María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional; y Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente instruye a la Secretaría a dar lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

a) Por el que se propone la integración de la Comisión de Investigación de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas  subsidiarias y filiales de dos mil seis a la fecha, así como de su Junta Directiva. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

b) Por el que se propone la integración de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del metro, así como de su Junta Directiva. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Protección Civil, que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo sesenta y tres de la Ley General de Protección Civil. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño.

A las doce horas con cuarenta minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y ocho diputadas y diputados.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Ana  Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México; Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática; David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Partido Acción Nacional; y Raymundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos once votos, dos en contra, y seis abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo sesenta y tres de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

b) De Transportes, que reforma el tercer párrafo del artículo veinticinco de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Luis Manuel Arias Pallares. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; María del Rosario Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Valentín González Bautista, del Partido de la Revolución Democrática; Genaro Carreño Muro, del Partido Acción Nacional; y María Guadalupe Velázquez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diez votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo veinticinco de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Desde su curul el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional, solicita a la Presidencia se guarde un minuto de silencio por el fallecimiento del ex legislador Federico Ling Altamirano. El Presidente hace suya la solicitud e invita a la Asamblea a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por dicho acontecimiento.

c) De Salud, que reforma el párrafo quinto del artículo treinta y seis de la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Raquel Jiménez Cerrillo. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México; Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática; Leslie Pantoja Hernández, del Partido Acción Nacional;

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre el dictamen el diputado Alfredo Zamora García, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones;y María Elia Cabañas Aparicio, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos ochenta y ocho votos a favor, veintidós en contra, y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo treinta y seis de la Ley General de Salud. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente instruye a la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba el formato para la obtención de firmas que refiere el artículo quince de la Ley Federal de Consulta popular. Se concede el uso de la palabra para referirse al Acuerdo a los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, y Francisco Alfonso Durazo Montaño, ambos de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Víctor Hugo Velasco Orozco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a integrar sus Atlas de Riesgos Estatales y Municipales. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, para que difunda la información respecto del impacto y alcances del proyecto relativo a la construcción de dos mil cuatrocientos sesenta y cinco viviendas verticales en la zona de Huentitán. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• María Guadalupe Sánchez Santiago, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, a fin de realizar acciones de limpieza del Río Zahuapan. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana jueves veinticuatro de abril de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con treinta minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda ahora la Secretaría a ponerla a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.

DETENCION EN DURANGO DE DIRIGENTES DEL MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer una denuncia. El día de ayer, 23 de abril, fueron detenidos en la ciudad de Durango, los ciudadanos José Hilario Román González, Verónica del Rosario Villarreal Moreno y Nobel Galván Hernández, que son dirigentes de la organización Consejo Coordinador Obrero Popular, Movimiento de Liberación Nacional.

Estos dirigentes fueron detenidos por la Agencia Estatal de Investigación y trasladados, de manera inmediata, al Cereso de esa ciudad. Esto es una contradicción y es una violación a un acuerdo que habían firmado el pasado 12 de abril con el gobierno del estado, que encabeza Jorge Herrera Caldera, en el sentido de hacer gestiones para vivienda popular.

Sin embargo, con las detenciones del día de ayer el gobierno del estado rompió violenta y unilateralmente el acuerdo y están amenazando la libertad y la actuación de dirigentes sociales.

Por eso Movimiento Ciudadano exige la inmediata e incondicional libertad de José Hilario, Verónica del Rosario, Nobel Galván y también hacemos un llamado al gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, a atender este justo reclamo y a no criminalizar a los movimientos sociales.

Nos preocupa, señor presidente, este clima de violencia contra líderes sociales que han desatado algunos gobernadores y por eso hacemos un llamado al gobernador de Durango a que se conduzca con apego a la ley y que no criminalice estos movimientos.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

HUELGA EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Gracias, Presidente. Para plantear que desde hace 55 días la Universidad de Sonora se encuentra en huelga. El sindicato de trabajadores de la universidad ha convocado reiteradamente al diálogo a las autoridades universitarias y, por supuesto, al gobierno del estado sin obtener respuesta.

En estos 55 días, 40 mil estudiantes se encuentran sin clases. En virtud de ello, aprovecho esta tribuna para convocar, para pedir a las autoridades, demandar a las autoridades de Educación Pública, al rector de la Universidad de Sonora y, por supuesto, al gobierno del estado a que muestren sensibilidad para atender el problema.

Lo que está demandado, como paso inicial para la solución del conflicto, este sindicato de trabajadores es diálogo, y no ha habido una sola autoridad de nivel con capacidad de decisión que se haya sentado a la mesa con la representación sindical.

En virtud de ello reitero la demanda a las autoridades estatales y federales a tomar cartas en el asunto, pues 40 mil estudiantes tienen 55 días sin clases. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Continúe la Secretaría.

RETIRO DE INICIATIVA Y PROPOSICIONES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.

Respetable presidente:

Por este conducto me dirijo a usted a efecto de solicitarle, con fundamento  en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el retiro de todo trámite legislativo.de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Trastornos del Espectro Autista, presentada por una servidora y otros diputados y diputadas el 19 de marzo de 2014 y que fue turnada a Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, le manifiesto las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014. — Diputada Paloma Villaseñor Villegas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito sea retirada la propuesta, con punto de acuerdo, exhorto a fin de que la Secretaría de Economía, a través del Centro Nacional de Metrología, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Salud, por medio de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, haga cumplir la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y las Normas Oficiales Mexicanas, en materia de etiquetado a la industria de jugos, néctares, concentrados de fruta, jaleas, mermeladas, fruta deshidratada y conservas, entre otros productos, para que el consumidor final tenga la información necesaria para determinar su consumo; suscrito por la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 3 de abril del presente año.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 22 de abril de 2014.— Diputada federal María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la. LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente ejerzo mi derecho a retirar la proposición con punto de acuerdo publicada en la Gaceta Parlamentaria de la honorable Cámara de Diputados de la sesión ordinaria del jueves 27 de marzo de 2014, por la que se propone al pleno camaral la develación de una placa conmemorativa del bicentenario del Constitucionalismo Mexicano en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, presentada por el suscrito y en nombre de los integrantes de la Comisión Especial de conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación.

Sobre el particular, solicito a usted que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de esta Cámara.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014.— Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

INFORME DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Instituto Federal de Telecomunicaciones

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la. LXII Legislatura.— Presente.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28, párrafo veinte, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me permito entregar a esa Cámara del Congreso de la Unión el segundo informe trimestral de actividades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual fue aprobado por el pleno en sesión del pasado 16 de abril.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente

México, DF, a 22 de abril de 2014.— Gabriel Contreras Saldívar (rúbrica), comisionado Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION A CARGO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 113.2014.DGVP.272, el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el primer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2014 de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 75 de la Ley Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en mismo se cita, en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 23 de abril de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 177, fracciones III, VI y VII, .así como 181 y 285 de su Reglamento, solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes, el primer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2014 de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, operados por esta Secretaría, los cuales se enuncian a continuación:

• S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur).

• S017 Programa de Fomento a la Economía Social.

• S020 Fondo Nacional Emprendedor (FNE).

• S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim).

• S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft).

• S214 Programa de Competitividad en Logística y Centrales Abasto (Prologyca).

•S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (Prodiat).

• U003 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (Proind).

• U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (Fondo ProMéxico).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de abril del año 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

HOMENAJE AL ESCRITOR JOSE EMILIO PACHECO POR PARTE DE CONACULTA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Estimado diputado Marcelo Torres Cofiño:

Hago referencia a su oficio del 1 de abril del presente, mediante el cual tiene la gentileza de informarme sobre el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) a llevar a cabo un homenaje nacional al destacado escritor José Emilio Pacheco.

Al respecto, me permito informarle que con el propósito de realizar este merecido homenaje, el Conaculta se encuentra en contacto directo con Cristina Pacheco, viuda del distinguido escritor, así como con su familia, a fin de que nos indiquen la fecha que ellos consideren oportuna para realizar el homenaje a José Emilio Pacheco, uno de nuestro más grandes poetas en lengua hispana.

En cuanto tengamos su respuesta y el detalle de las actividades del homenaje, informaremos puntualmente a la Cámara de Diputados que usted dignamente representa.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de abril de 2014.— Licenciado Rafael Tovar y de Teresa (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Poder Legislativo Federal.— Presente.

Muy estimado diputado Marcelo de Jesús Torres:

En relación con su atenta solicitud dirigida al licenciado Rafael Tocar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para atender el Acuerdo sobre el homenaje nacional al escritor José Emilio Pacheco, me permito hacer de su conocimiento que este Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, a cargo de la Maestra Stasia de la Garza, tiene programado el homenaje Lecturas de José Emilioen la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el domingo 29 de junio del presente a las 12:00 horas, en el marco de la celebración con motivo del aniversario de su natalicio.

Con mi reconocimiento, reitero a usted la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 11 de abril de 2014.— María Cristina García Cepeda (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

CONVENIOS CON EMPRESAS DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA QUE LOS ALUMNOS MANTENGAN PRACTICAS PROFESIONALES QUE LES PERMITAN INGRESAR EN EL MERCADO LABORAL AL TERMINO DE SUS ESTUDIOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1561, relacionado con el expediente número 3771, por medio del cual se comunica la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del acuerdo en el que se exhorta respetuosamente, entre otros, al Ejecutivo federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional del Emprendedor y al Instituto Mexicano de la Juventud a reforzar programas y políticas públicas con el fin de combatir el desempleo juvenil.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que teniendo presente la problemática laboral de la juventud planteada por la Comisión de Juventud, consistente en la falta de oportunidades laborales y desarrollo profesional de la juventud; así como las estadísticas señaladas en las que se observa que la población juvenil cuenta con 37.9 millones de personas, y que sólo 55.2 por ciento de los jóvenes que concluyen una carrera profesional son contratados en algo relacionado a su carrera, mientras que 48.8 por ciento restante labora en ocupaciones que no sólo no tienen relación con sus estudios sino que se dedican a oficios para los cuales no son un requerimiento estudios universitarios; es por eso que el instituto reconoce como una de sus prioridades la atención a ese sector de la población, que por su calidad se encuentra en situación de vulnerabilidad y representa el futuro inmediato del país.

Por lo que, atendiendo a la problemática establecida, y con fundamento en los artículos 2, 3 fracciones I y II, 3 Bis, fracción III, y 4, fracción XII, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), así como los numerales 1, fracción I, y 2, fracciones VII y IX, de su estatuto orgánico, este instituto ha enfocado todos sus esfuerzos en la inclusión de la juventud en el desarrollo del país, para lo que, en cumplimiento de sus funciones, ha formalizado diferentes programas dirigidos a ese sector en especifico.

Dentro de los diferentes programas impulsados por el Imjuve se encuentran aquellos cuyo objetivo es introducir a la juventud en las actividades laborales, como el de Joven-es Servicio, el cual tiene como finalidad fomentar la participación de las y los jóvenes estudiantes de diferentes instituciones de educación superior y técnica media superior de todo el país para instrumentar acciones en favor de la juventud mexicana, aplicando sus conocimientos profesionales.

Asimismo, con la finalidad de contribuir a que los jóvenes conozcan desde la educación no formal los requerimientos de un empleo formal, adquieran experiencia y fortalezcan sus conocimientos, aptitudes y habilidades, se ha diseñado el programa de Jóvenes becarias y becarios, diseñado para los jóvenes que se encuentran cursando o hayan concluido estudios de nivel medio superior y superior, otorgándoles un apoyo económico mensual sujeto a la disponibilidad presupuestal y durante el ejercicio fiscal correspondiente.

También se ha impulsado la creatividad y participación de las organizaciones juveniles, otorgando recursos a aquellos proyectos que por su contenido, inciden en el desarrollo de sus comunidades o responden a las inquietudes y necesidades de los jóvenes del país, fomentando el asociacionismo juvenil y el fortalecimiento del capital social, a través del programa de apoyo a proyectos juveniles Impulso México.

De igual forma, gracias al programa Emprendedores Juveniles, se han ofrecido a los jóvenes mexicanos emprendedores apoyo económico, asesorías y las gestiones necesarias y pertinentes para concretar una empresa propia, que permita fortalecer la autosuficiencia del trabajo para sí mismos o en equipo, basada en las oportunidades que en sus comunidades existan y de esta forma propiciar su bienestar económico y social, el de sus comunidades y disminuir su migración.

Finalmente, es también necesario mencionar que el Imjuve cuenta con una bolsa de trabajo dirigida a la juventud con oportunidades de desarrollo profesional en diversos ámbitos.

Por lo anterior, este instituto reconoce de suma importancia los acuerdos aprobados por la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y lo tomará en consideración para incluirlo dentro de sus políticas y programas en la medida de sus posibilidades, continuando con el esfuerzo que desde sus orígenes como organismo descentralizado se le encomendó, implementando políticas públicas en materia de juventud con el fin de promover el desarrollo y disminuir las tasas de desempleo juvenil, permitiendo a los jóvenes una sana integración al desarrollo económico nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de abril de 2014.— Maestro Pablo Gómez Jiménez  (rúbrica), Director de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SELAP/UEL/311/438/14, dirigido al licenciado Leodegario Reyes Pérez, director general de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Desarrollo Social, por medio del cual hace de su conocimiento que por oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1561, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunica a esa secretaría, el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 1 del actual, mismo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las instituciones educativas de nivel superior del país para que suscriban convenios con empresas de la iniciativa privada a fin de que brinden a sus egresados la posibilidad de incorporarse al mercado laboral al término de sus estudios.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al instituto Nacional del Emprendedor y al Instituto Mexicano de la Juventud a reforzar programas y políticas públicas con el fin de combatir del desempleo juvenil.”

Al respecto, me permito informarle que esta Dirección de Asuntos Jurídicos envió mediante oficio número IMJ/DG/DAJ/390/2014 dirigido al diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la postura del Instituto Mexicano de la Juventud, respecto del acuerdo referido con anterioridad, por lo que adjunto al presente copia simple del oficio citado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de abril de 2014.— Maestro Pablo Gómez Jiménez (rúbrica), director de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Juventud, para su conocimiento.

ORDEN DEL DIA

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta. Dígame, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, nada más, presidente, disculpe, es que no nos ha llegado el orden del día impreso y viendo aquí en el capítulo de minutas hablan de un proyecto de decreto en el que se determina el formato para la obtención de firmas, previsto en el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular, entiendo que ayer tuvimos esta discusión y no entiendo esta minuta, por qué aparece aquí en el orden del día.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, ya lo retiramos del orden del día, diputado Huerta, y estamos revisando el carácter del documento que recibimos del Senado, pero en este momento está retirado del orden del día, porque la Mesa Directiva lo va a revisar.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Ah, ¿fue un documento que mandaron del Senado?

El Presidente diputado José González Morfín: Así es.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Ah, okey. Gracias. Muy amable, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Y estamos corrigiendo el orden del día, pero ya fue retirado. Gracias, diputado.

RECONOCIMIENTO AL CLUB DE FUTBOL CRUZ AZUL, AC

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputada. Sonido en la curul de la diputada Alliet Bautista.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): Sí, presidente, agradezco y reconozco su entendimiento para que las legisladoras y los legisladores hagamos públicas manifestaciones que no cuentan con un apartado en el orden del día de nuestra sesión plenaria.

Y le he pedido el uso del micrófono, y con el permiso de las diputadas y de los diputados de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la cual tengo el alto honor y responsabilidad de presidir, así como del presidente de la Comisión de Deporte, de la cual soy integrante, para formular un reconocimiento al club de futbol Cruz Azul, AC, por la obtención del campeonato de la Liga de Campeones de la Confederación de Futbol del Norte, Centroamérica y el Caribe, el día de ayer miércoles 23 de abril.

Lo hago por dos razones. La primera, que este club de futbol representa y es un reflejo del trabajo profesional que una sociedad cooperativa de producción realiza todos los días en beneficio de sus socios, de sus trabajadores y de la gente que ratifica su confianza en sus productos.

Como presidenta de la Comisión, el resultado obtenido por Cruz Azul nos recuerda que el sector cooperativista reclama ser visible en las políticas públicas del Estado, reclama de mayores presupuestos para el financiamiento de proyectos productivos para las personas organizadas en este esquema socio-económico, reclama viabilidad hacendaria para competir dignamente en el mercado nacional, pero sobre todo reclama impulso para contribuir a la grandeza de la nación.

Con el resultado de un equipo cooperativista la decisión de esta soberanía de otorgar la medalla al Mérito Cooperativista y la Economía Social, Guillermo Álvarez Cuevas, toma relevancia ya que convierte a esta Cámara en una verdadera representación nacional que cuenta con una agenda cooperativista por medio de su comisión ordinaria. Nos muestra cómo una Cámara al tanto del quehacer nacional y nos muestra como un órgano de representación nacional que reconoce la labor de mujeres y hombres que ponen en alto el nombre de México en diversas expresiones humanas.

En segundo lugar, presidente, asamblea, porque la filosofía deportiva del Cruz Azul la entiendo como un triunfo del deporte sobre el negocio, de la esencia deportiva sobre el interés comercial.

El logro ratifica la confianza de la ciudadanía en que el deporte profesional cuenta con ejemplos dignos para sentirnos orgullos, de que el esfuerzo en todas las actividades del futbol es posible que te lleve a vitrinas del concepto mundial del deporte profesional, a conquistar resultados de excelencia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Muchas gracias. Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

1. En sesión de fecha 1 de abril del año 2014 se recibió minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El titular del Ejecutivo Federal se encuentra legitimado para proponer la iniciativa de mérito, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que lo que se propone reformar es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester destacar lo que la misma Ley Fundamental señala al respecto en el artículo 135:

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.”

Establecidos en estas consideraciones los fundamentos legales que facultan al Titular del Ejecutivo Federal para la presentación de iniciativas y, particularmente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe señalar que estas Comisiones Unidas coincidimos con el propósito de reformar el precepto constitucional aludido, para adicionar el supuesto de “adquirir” cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, ya que puede haber operaciones diversas a la acción de “comprar”, que ya se encuentra prevista en el texto constitucional vigente, y que debe señalarse en la hipótesis sancionable.

Con el propósito de facilitar la ubicación y el texto que se modifica en la iniciativa envidada por el Presidente de la República, estas Comisiones Unidas estimamos de utilidad la elaboración de un cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el proyecto de Decreto:

Cabe recordar que la reciente reforma constitucional en materia política-electoral, fue promulgada el 31 de enero próximo pasado y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014, y que constituye un avance en el sistema democrático de nuestro país, fue producto de un amplio consenso entre los diversos actores políticos. Ahora bien, no obstante lo anterior, estas Comisiones Unidas estimamos que la disposición es perfectible. 

De hecho, con respecto al sistema de nulidades de las elecciones y lo previsto en el citado inciso b) del párrafo tercero de la Base VI del artículo 41 constitucional, en el acto público de la promulgación del Decreto de reformas constitucionales en materia política-electoral, el Presidente Enrique Peña Nieto, promotor de la iniciativa que se dictamina, expresó lo siguiente: 

“En este marco, quiero compartir con ustedes tres determinaciones políticas, que son las siguientes:

Primero...

Y tercera determinación...” 

Así, la iniciativa materia de estudio y dictamen, tiende a subsanar una limitación y una eventual interpretación ajena al espíritu del legislador constitucional, al proponer se contemple expresamente como conducta sancionable la adquisición de cobertura informativa o de tiempos de radio y televisión. 

Las Comisiones Unidas consideramos necesario hacer un análisis gramatical de los verbos adquirir y comprar; así mismo, también resulta importante admitir lo que el Ejecutivo Federal dice respecto a esto en su exposición de motivos, al señalar:

“El supuesto establecido en al inciso b) antes citado se refiere al de ‘compra’ de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los casos previstos por la ley. Es claro y notorio que dicho supuesto prevé una situación que significa una ventaja indebida, pues el acceso a los medios masivos de comunicación, fuera de los casos que la ley establezca, implica claramente una mayor penetración y presencia mediática de un partido político o candidato en la población en general, con relación a sus competidores, lo que en última instancia podría ser determinante para el resultado de la votación. 

Para comprender plenamente el sentido del texto constitucional, es preciso acudir a la legislación civil, pues el término ‘compre’, supone la existencia de un acto jurídico por el cual se adquiere un bien o servicio a cambio de una contraprestación; esto es, un contrato de compraventa.

El contrato de compraventa es el acto jurídico por el cual se transfiere la propiedad de una cosa o un derecho a cambio de un precio. Genera la obligación del vendedor de realizar la transferencia de la propiedad al comprador y, la de éste, de pagar el precio estipulado. El Código Civil Federal lo define de la manera siguiente:

Artículo 2248.- Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.

Asimismo, la legislación civil determina el momento en que la compraventa es perfecta y obligatoria, conforme a la disposición que a continuación de transcribe:

Artículo 2249.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho.

Lo anterior supone que, salvo los casos expresamente previstos por la ley, la compraventa no requiere una formalidad específica, ya sea que se haga por escrito o ante fedatario público o alguna otra. 

En virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo estima que el término ‘compre’ previsto en el inciso b) de la Base VI del artículo 41 constitucional, resulta limitado e insuficiente en relación con el propósito de la reforma constitucional. Ello es así porque el acceso a la cobertura informativa o a los tiempos de radio y televisión, no siempre se llevará a cabo mediante una contraprestación consistente en un precio cierto y en dineroy, no obstante, el resultado en materia electoral puede ser el mismo.

En efecto, la cobertura informativa y el tiempo de radio y televisión pueden ser otorgados de manera indebida sin contraprestación alguna (donación); o bien, a cambio de prestaciones en especie -las cuales podrían ser lícitas o no- y, en otros casos, como medio de pago para la liberación de obligaciones contraídas con el partido político o candidato de que se trate, e incluso, respecto de terceros.”

Como se puede apreciar, el Ejecutivo Federal argumenta la necesidad de reformar ese precepto normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y señala lo que el Código Civil Federal establece respecto de la figura de la compraventa.

La Real Academia Española, comprar y adquirir tienen las siguientes acepciones:

Comprar.

(Del lat. compar?re, cotejar, adquirir). 

1. tr. Obtener algo con dinero. 

2. tr. sobornar. 

3. tr. ant. pagar.

Adquirir.

(Del lat. adquirere). 

1. tr. Ganar, conseguir con el propio trabajo o industria. 

2. tr. comprar (? con dinero). 

3. tr. Coger, lograr o conseguir. 

4. tr. Der. Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción. 

Así, gramaticalmente el verbo “comprar” siempre implica el pago de una contraprestación, mientras que “adquirir” no necesariamente hace referencia al pago, pues pudiera alcanzarse el acceso a un bien o un derecho por medio de una figura diversa a la compra. 

Por tanto, estas Comisiones Unidas coincidimos con el ánimo del Ejecutivo Federal de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer en el texto del artículo 41, dentro de los casos de nulidad de las elecciones, el supuesto de que podrán ser declaradas inválidas en caso de “adquirir” cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, y no limitarlo solamente a la acción de “comprar”. 

Estas Comisiones Unidas consideramos pertinente recordar que la Minuta de la reforma política-electoral recibida en la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2013, contemplaba en el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 constitucional, como causa de nulidad de las elecciones federales o locales, adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley. La parte conducente a la que se alude, textualmente cita:

“Artículo 41. 

(...) 

VI. (...) 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

a) (...) 

b) Se adquieracobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; 

c) (...)” 

No obstante lo anterior, en la deliberación de la Cámara de Diputados se propuso y aceptó cambiar el vocablo “adquiera” por la palabra “compre”. La Minuta con esta modificación realizada por la H. Colegisladora se recibió en el Senado de la República el 9 de diciembre de 2013 y el dictamen se discutió en la sesión de día 13 de diciembre último. Estas Comisiones Unidas desean señalar que en torno a esa modificación los Senadores Javier Corral Jurado del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Manuel Bartlett Díaz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, expresaron sus diferencias de criterio con la sustitución de la palabra “adquiera” por el vocablo “compre”, al estimar que la acción de comprar entrañaría una circunstancia probatoria compleja o quizás imposible en la vida real, abriéndose la posibilidad de la simulación en la adquisición de cobertura informativa y tiempos en radio y televisión. 

Estas Comisiones Unidas estimamos de utilidad señalar que el artículo 41 que se propone reformar en la iniciativa, ya hace mención a la adquisición de tiempos en radio y televisión, en la Base III, apartado A, antepenúltimo párrafo. La parte conducente señala:

“Artículo 41. (...) 

I. (...) 

II. (...) 

III. (...) 

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

(...)” 

En ese contexto, estas Comisiones Unidas valoramos que la propuesta del Presidente de la República refuerza el contenido vigente del artículo 41 constitucional, al establecer como hipótesis para el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales la acción de adquirir en contravención a lo previsto por el régimen legal, cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. La adición propuesta, de consuno con lo ya contemplado en el citado apartado A de la Base III del artículo 41 constitucional, fortalece nuestra democracia y honra los principios que deben prevalecer en todo proceso electoral previstos en el mismo precepto de la Ley Fundamental: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Estas Comisiones Unidas consideramos necesario señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace alusión en una jurisprudencia a dos términos importantes: la contratación y la adquisición de tiempos en radio y televisión, para establecer la competencia de las autoridades electorales para conocer de los procedimientos sancionadores respectivos. Al efecto, señala:

Partido Acción Nacional 

vs. 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral 

Jurisprudencia 25/2010 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, base III, apartados A y C, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se obtiene que el Instituto Federal Electoral es la autoridad competente para conocer y resolver los procedimientos especiales sancionadores, tanto en procesos federales como locales y fuera de ellos, en las siguientes hipótesis: 1. Contratación y adquisiciónde tiempos en radio y televisión por los partidos políticos, por sí o por terceras personas, físicas o morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión; 3. Difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos políticos o que calumnien a las personas, y 4. Difusión en radio y televisión de propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales, de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. En cambio, en el supuesto de violaciones a leyes locales durante los procesos electorales respectivos, por el contenido de la propaganda difundida en cualquier medio, distintas a las anteriores, la autoridad administrativa electoral local es competente para conocer del procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la sanción correspondiente; en estos casos, el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, se coordina con la autoridad local exclusivamente para conocer y resolver sobre la petición de medidas cautelares, en cuanto a la transmisión de propaganda en radio y televisión.

Del texto se desprende una interpretación confirmatoria de que hay dos acciones prohibidas, la contratación de tiempos de radio y televisión, que se documentaría por medio de una compraventa y que revela la existencia de un acuerdo de voluntades entre los contratantes; y la adquisición, que no necesariamente implica la formalización y existencia de un documento jurídico.

Con esta reforma se pretende evitar la simulación que se puede dar al obtener de forma indebida cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, pues es de dable colegir que la posibilidad fáctica de obtener espacios en los medios de comunicación, no necesariamente se da por medio de la contratación de los mismos, sino que puede haber otras formas susceptibles de ser utilizadas por partidos políticos y candidatos para tener mayor cobertura informativa e incidir de esa manera en la decisión de la población en plena desventaja de sus adversarios; estas formas pueden ser, por ejemplo, la donación o la dación en pago.

Por tanto, estas Comisiones Unidas, estimamos procedente la propuesta de reforma del Ejecutivo Federal, ya que contribuirá al fortalecimiento de nuestra democracia y favorecerá la equidad en la competencia electoral...”

III. CUADRO COMPARATIVO

Con el objeto de obtener una debida apreciación de las modificaciones propuestas en las Iniciativas, materia del presente dictamen, se visualiza un comparativo, en el que se ve reflejado concretamente los cambios realizados por la mencionada propuesta:

IV. CONSIDERACIONES

Esta Comisión de Puntos Constitucionales, después de hacer un análisis exhaustivo y pormenorizado de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llega a la convicción de emitir Dictamen en Sentido Positivoconforme a lo siguiente:

El tema de los medios de comunicación ha estado presente a lo largo del ciclo democratizador que ha vivido el país. Desde la reforma política de 1977, cuando se abrió la puerta para el ingreso de nuevos partidos políticos al escenario electoral-institucional, se entendió que uno de los derechos de los mismos sería un mínimo acceso a la radio y la televisión a través de los llamados “tiempos oficiales”.

En este sentido, el tema de los medios de comunicación no ha quedado al margen en cada reforma político-institucional, pues para que las contiendas electorales fueran consideradas legítimas, se requería que fueran medianamente equitativas y que para ello resultaba indispensable que los medios se comportaran de una manera equilibrada, sin sesgos a favor o en contra de alguno o algunos de los contendientes.

La reforma constitucional de 2007, intentó construir un nuevo modelo de comunicación política, ya que refrendaba la prohibición para que se pudiera comprar espacio en la radio y la televisión durante las campañas electorales, sin embargo, diferentes organizaciones empresariales e intelectuales promovieron diversos juicios de amparo indirecto, bajo la premisa de que violaba la libertad de expresión.

Con la propuesta contenida en la Minuta, se pretende evitar la simulación en la contratación de medios de comunicación. El propósito para reformar el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es para incluir el supuesto de “adquirir” cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, pues el Senado de la República, considera que existe la posibilidad de celebrar operaciones diversas a la acción de “comprar”, hipótesis que ya está prevista en la Ley Fundamental vigente y que debe señalarse como un supuesto sancionable.

Así, la propuesta de reforma contenida en la Minuta, es para aclarar que la nulidad de elecciones se puede producir no sólo ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la Ley.

En este tenor, la colegisladora considera que debe subsanarse la limitación e interpretación contraria que puede producirse al aplicar la citada norma, razón por la cual debe incorporarse a la Constitución en forma expresa una conducta sancionable, como lo es la adquisición de cobertura informativa o tiempo en radio y televisión.

Bajo estas circunstancias, esta Comisión dictaminadora, considera que sí es pertinente la reforma propuesta en la Minuta sujeta a análisis, por que fortalece nuestra democracia y es acorde a los principios que debe regir todo proceso electoral, tales como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Además, esta Comisión dictaminadora, advierte que en la reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de febrero del año en curso, al estar consideradas las acciones “contratar” y “adquirir”, sí justifica la incorporación del último vocablo, como supuesto para el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales.

Por otra parte, los integrantes de esta Comisión que dictamina, coinciden en que el término “adquirir” es más amplio que “comprar” dada la complejidad que se requiere en materia probatoria para acreditar este último supuesto.

Así, el Diccionario Jurídico Mexicano define el vocablo “adquisición de la propiedad” como: “I. La adquisición significa en términos generales la incorporación de una cosa o de un derecho a la esfera patrimonial de una persona. En materia de propiedad se puede afirmar que la adquisición es el hecho o acto jurídico en términos del cual se incorpora al patrimonio de una persona un bien mueble o inmueble: es el acto o hecho jurídico al que liga la ley el traslado de dominio (...)”.

De lo anterior, se advierte que el término “adquiera” abarca toda la gama posible de acceso a radio y televisión más allá de la compra, porque esos tiempos se pueden adquirir por donación, regalo, cesión, aportación, entre otros mecanismos; de este modo, con el término adquiera, se pone un dique al papel determinante del dinero y los medios en los procesos electorales.

Por el contrario, el término “comprar” permite la hipótesis de que un determinado partido o candidato accedan a radio y televisión fuera de los tiempos del Estado y, una vez denunciados, puedan alegar que no compraron esos tiempos de difusión, sino que se los cedieron, aportaron o regalaron. Así, el acceso a la cobertura informativa o a los tiempos de radio y televisión, no siempre se llevará a cabo mediante una contraprestación consistente en un precio cierto y en dinero, no obstante que el resultado en materia electoral puede ser el mismo.

Incluso, está probado que es en la “adquisición” de propaganda política en donde se encuentran los grandes actos de simulación, que permiten transformar diversos actos de ilegalidad, en supuestas muestras de libertad de expresión, para favorecer a sus promotores, tanto partidos políticos como concesionarios, quienes al obtener beneficios mutuos, no sólo distorsionan el modelo de comunicación política, pues generan inequidad en la competencia electoral, sino que acendran en el imaginario colectivo, la falsa idea de que nada se puede hacer en contra de este tipo de perversiones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales que suscriben, someten a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO.Se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 41. ...

...

I. a V. ...

VI. ...

...

...

a)...

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c)...

...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Definición de la Real Academia de la Lengua Española visible en la dirección electrónica http://lema.rae.es/drae/?val=comprar

2 Definición de la Real Academia de la Lengua Española visible en la dirección electrónica http://lema.rae.es/drae/?val=adquirir

3 Diccionario jurídico mexicano. Tomo I, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2014.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Héctor García García, Raymundo King de la Rosa, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica en abstención), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez, Ricardo Villarreal García, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Míriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y reforma el párrafo quinto y adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y reforma el párrafo quinto y adiciona uno sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen:

Metodología

Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia, encargadas del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y el turno del dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los alcances de la propuesta de reforma para estudio.

En “Consideraciones”, los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

1.Que con fecha del 11 de diciembre de 2013, Patricia Lugo Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y reforma el párrafo quinto del artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

2.Que en la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia.

3. Que con fecha del 29 de enero de 2014, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se emitió y publicó en la Gaceta Parlamentaria la prevención de la Presidencia de la Mesa Directiva de dicho órgano colegiado, para que las Comisiones Unidas de Grupos Vulnerables, y de Justicia emitan el dictamen respectivo a la presente iniciativa en estudio, que se emite en sentido positivo.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa materia del presente dictamen tiene como primordial objetivo la creación de un glosario jurídico para las personas con sordera, para que en su oportunidad forme parte del lenguaje de señas mexicano, con la finalidad de que cuenten con la debida interpretación y comprensión de estos términos, y al mismo tiempo, garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Por ello, la diputada proponente pretende “adicionar un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y reformar el párrafo quinto del artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles”, a fin deproporcionar a las personas que padecen discapacidad en la audición o sordera, una herramienta idónea, en su propio lenguaje y símbolos distintivos, que les permitiría garantizar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia a quienes se involucren como partes o víctimas en un proceso.

Consideraciones

1. La diputada inicia su exposición de motivos, señalando que las personas que padecen de alguna discapacidad, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de que el país sea parte.

De igual forma, reconoce que es una realidad que las personas con discapacidad se enfrentan a diversos obstáculos, que no les permiten su integración a la sociedad en igualdad de condiciones, por lo que es necesario implantar las medidas necesarias para ir eliminando progresivamente esas barreras.

Recuerda la legisladora que durante las últimas décadas ha cobrado relevancia este sector poblacional vulnerable. Por ello, a escalas nacional e internacional, los gobiernos, organizaciones, expertos y sociedad han realizado esfuerzos en conjunto para eliminar las dificultades a que se enfrentan en la vida práctica, tomando las medidas necesarias para mejorar su calidad de vida y lograr su desarrollo integral.

En este sentido, reconoce la legisladora que se han implantado diversos esfuerzos por implantar políticas y normas para garantizar la protección de los derechos de cada habitante, así como para fomentar la participación e integración social de las personas con discapacidad.

A escala internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, además de gozar de los derechos y libertades proclamados en la declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada en la sede de Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como un instrumento que reúne un catálogo de derechos humanos con un enfoque de desarrollo social.

En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Así bien, a escala nacional, con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 tuvo entre sus propósitos garantizar la protección de los derechos humanos observando los contenidos de diversos instrumentos internacionales de los que México es parte.

Conforme a lo anterior y cumpliendo el estado de derecho, el país publicó el 30 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1o. constitucional, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Por otra parte, señala la proponente las cifras refiriéndose al Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en donde se calcula que más de mil millones de personas, equivalente a 15 por ciento de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15.6 por ciento) de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la carga mundial de morbilidad estima una cifra próxima a 975 millones (19.4 por ciento).

También refiere que la Encuesta Mundial de Salud señala que del total estimado de personas con discapacidad, 110 millones (2.2 por ciento) tienen dificultades significativas de funcionamiento, mientras que la carga mundial de morbilidad cifra en 190 millones (3.8 por ciento) las personas con una “discapacidad grave” (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones como la tetraplejía, depresión grave o ceguera).

En el caso de la discapacidad en la audición o sordera, la Organización Mundial de la Salud estimaba que en 2004 más de 275 millones de personas en el mundo padecían defectos de audición entre moderados y profundos; 80 por ciento de ellos vivía en países de ingresos bajos y medianos.

Señala la diputada que la investigación lingüística ha demostrado que las lenguas de señas de las personas con sordera son verdaderos idiomas, que le dan al individuo y a la colectividad tanta capacidad de expresión y abstracción como cualquier otra lengua humana por lo que cada lengua de señas tiene su gramática y vocabulario.

Reconoce la legisladora en torno al tema que los instrumentos para las personas que padecen esta discapacidad en nuestros país puedan comunicarse, se ha creado un instrumento denominado “lengua de señas mexicana”, que consta de signos visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifica y expresa la comunidad de sordos mexicana. Para la mayoría de quienes han nacido sordos o han quedado sordos desde la infancia o juventud, esta es la lengua en que articulan sus pensamientos y emociones, la que les permite satisfacer sus necesidades comunicativas, así como desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo mientras interactúan con el mundo que los rodea.

Señala que en el caso de los sordos, cuya herramienta de comunicación es la lengua de señas mexicana, encontramos que palabras o términos jurídicos no tienen un signo distintivo incorporados dentro de este instrumento, por lo que carecer de símbolos claros en la lengua de señas mexicana para los términos jurídicos, genera una enorme dificultad de comprensión para este grupo vulnerable así como limitación al acceso a la justicia.

Finalmente, la diputada estima necesario crear un glosario jurídico para que, en su oportunidad, forme parte del lenguaje de señas mexicano, a fin de alcanzar la debida interpretación y comprensión de estos términos por las personas sordas.

2. Por todo lo anterior, señala la legisladora que con el propósito de cumplir lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que México es parte, propone en primera instancia adicionar un segundo párrafo al artículo 29 la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que las instituciones con el apoyo de intérpretes y expertos, bajo la supervisión del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, desarrollen un glosario jurídico del lenguaje de señas mexicano.

Y en segunda instancia, se reforma el párrafo quinto del artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que en las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad, puedan contar con el apoyo de un intérprete en lenguaje de señas mexicano, para mejor comprensión de su situación.

3. Para las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia, es muy gratificante dar cuenta que entre las diputadas y diputados los temas relacionados con la protección de los derechos de las personas con discapacidad continúen siendo parte importante dentro de sus agendas legislativas y, más aún, tratándose de un tema tan importante como lo es garantizarles un ambiente saludable y libre de accesibilidad e igualdad de justicia.

Es de reconocer que con la reciente legislación en la materia, se da un gran paso en la regulación de mecanismos jurídicos para proteger, defender e impulsar estos derechos en el seno de la convivencia comunitaria.

Es necesario reiterar que la Carta Magna consagra en el artículo 1o. que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que esta Constitución establece garantizando igual de condiciones y acceso a la justicia.

Señalando también que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reglamenta el artículo 1o. constitucional, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

A escala internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, además de gozar de los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

4. En este sentido, las comisiones dictaminadoras reconocen lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los artículos 12 y 13, respecto al acceso a la justicia, que establecen que los Estados parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, asimismo asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares con la finalidad de que las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a la justicia.

De igual forma, esta convención, en el artículo 4, establece que los Estados Partes se comprometerán a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos.

5. En este sentido, a nivel nacional el proceso de transición para la atención a las personas con discapacidad, ha obedecido que sea directriz de los Planes de Desarrollo Nacional desde pasadas administraciones. Se ha pretendido crear una cultura de inclusión y coadyuvar a generar una toma de coincidencia en la sociedad sobre la comunidad de personas sordas, sus derechos, su cultura y su lengua.

Por ello, en marzo de 2012 se avanzó en crear una herramienta práctica denominado “lengua de señas mexicana” para facilitar el aprendizaje del lenguaje de señas mexicano, para personas sordas y para personas oyentes, a fin de facilitar la interacción, el diálogo y la información en el campo de lo social y de lo privado, además de posibilitar el acceso a la educación y al empleo, entre muchos otros espacios de la vida. Este instrumento trata de subsanar las continuas y repetidas expresiones y quejas de aislamiento, segregación e incomunicación de las personas sordas, particularmente por parte de instituciones públicas.

En el mismo esfuerzo, en de agosto de 2012, el Conadis consideró necesario desarrollar un glosario de los términos comunes sobre discapacidad, que sirva para unificar el lenguaje que sobre este tema existe en el país; así como para sensibilizar y capacitar a funcionarios de todos los niveles de gobierno.

La característica de este glosario es multidisciplinaria, en el que se incluyeron algunas definiciones por tipos de discapacidades que son comunes para el lenguaje cotidiano, se logra hacer una perspectiva que existen más términos y definiciones asociadas a la discapacidad, según el sector particular de atención, por ejemplo, en la educación, salud o inclusión laboral. Cada uno de esos sectores puede y debe desarrollar glosarios más específicos, teniendo en cuenta los términos generales que se incluyen en este documento y es de señalar, que en él participaron organizaciones civiles y dependencias de la administración pública federal.

Por otra parte, es de señalar que la presente administración, en el Plan Nacional de Desarrollo, al pretender hacer un México incluyente, propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social, por ello continuará con las directrices para favorecer a las personas con discapacidad.

5. Con el objetivo de cumplir el principio de exhaustividad es necesario para la elaboración de cualquier dictamen, estas comisiones unidas entraron al estudio de las propuestas de la iniciante con la finalidad de evaluar su viabilidad. Así bien, la iniciativa materia del presente dictamen propone la adición y reforma de las siguientes leyes:

A) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Pretende adicionar un párrafo al artículo 29 a este ordenamiento para que instituciones de administración e impartición de justicia que como a la letra de la ley, establece, deberán contar con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes en lenguaje de señas mexicano, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille. También desarrollen con el apoyo de intérpretes, expertos y bajo la supervisión del Consejo, el glosario jurídico del lenguaje de señas mexicano. Sin embargo, el uso del término lenguaje de señas mexicano, no es el idóneo, ya que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad utiliza invariablemente el término de lengua de señas mexicana, por lo que se deberá utilizar ésta última, en concordancia y congruencia con dicho ordenamiento jurídico.

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad / Actual

Capítulo IX

Acceso a la Justicia

Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille.

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad/ Propuesta

Capítulo IX

Acceso a la Justicia

Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille.

Las instituciones citadas en el párrafo anterior deberán desarrollar con el apoyo de intérpretes, expertos y bajo la supervisión del consejo el glosario jurídico de la lengua de señas mexicana.

En el caso de la discapacidad en la audición o sordera, la investigación lingüística ha demostrado que las lenguas de señas son verdaderos idiomas, que le dan al individuo y a la colectividad tanta capacidad de expresión y abstracción como cualquier otra lengua humana. Asimismo, cada lengua de señas tiene su propia gramática y vocabulario.

Para que las personas que padecen esta discapacidad puedan comunicarse, se crea el instrumento denominado “lengua de señas mexicana”, que consta de signos visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifica y expresa la comunidad de sordos mexicana.

Actualmente, en la lengua de señas mexicana efectivamente se carece de términos jurídicos y símbolos distintivos, situación que genera una enorme dificultad de comprensión e interpretación para las personas que padecen sordera. Lo que los coloca en un estado de desigualdad jurídica y en su caso, a un estado de indefensión, ya que a falta de comprensión de estos términos, se encuentran limitados de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo de un proceso.

En este sentido, por no ser una discapacidad que afecte el intelecto, es necesaria la creación un glosario jurídico, para que en su oportunidad forme parte de la lengua de señas mexicana, que permita proporcionar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia a quienes se involucren como partes o víctimas en un proceso.

Se trata de una tarea multidisciplinaria e interinstitucional, con la participación de técnicos en procesos jurídicos, así como en la lengua de señas mexicana, así como autoridades, para construir los contenidos del glosario jurídico, vincularlos oficialmente en dicha lengua, que permee en los procesos donde personas que padecen sordera puedan utilizarlo en su calidad de procesado o víctima, así como los encargados de la procuración, impartición de justicia y defensores.

Al incorporarse a la lengua de señas mexicana una serie de términos jurídicos, nuestro país da cumplimiento a lo que establecen la Constitución, la legislación procesal penal y los tratados internacionales suscritos por nuestro país, referentes a la igualdad de acceso a la justicia, con independencia de las condiciones particulares de cada persona.

A mayor abundamiento, es falsa la consideración de que incorporar a la lengua de señas mexicana los correspondientes términos jurídicos, implique la erogación de un gasto o rompa con la armonización jurídica actual, pues en quien recaería la obligación de desarrollar este glosario sería en la autoridad jurisdiccional y no en el Ejecutivo, ya sea a través de acuerdos o convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el ámbito académico o en general, una o varias instituciones que pudiesen, en dado caso, realizar dicha actividad la cual, además, sería por única ocasión. Asimismo, como estas comisiones dictaminadoras han referido en el punto 5), el Estado ha tenido la sensibilidad para favorecer a este sector, aunado de que la tarea de incorporación y accesibilidad forma parte de plan nacional actual.

En este sentido, estas comisiones no consideran que pueda traducirse en ser un gasto económico, sino más bien, implica que tiene en sí misma un alto contenido de sensibilidad social, es al final de cuentas, infinitamente superior que cualquier erogación para integrar al universo del derecho una serie de señas para proteger y salvaguardar los derechos de las personas que necesiten echar mano de ellas.

Por lo anterior, la propuesta de crear un glosario de términos jurídicos se considera viable y de igual forma que sea reformado ese ordenamiento no afecta ni la naturaleza jurídica y legislativa, ni se contrapone a la materia del artículo reformado.

B) Código Federal de Procedimientos Civiles

Se pretende que en las actuaciones en los juicios en que intervengan personas que tengan alguna discapacidad auditiva o de locución, el juez deberá a petición de la parte o de oficio, proporcionar un intérprete en lenguaje de señas mexicano. Empero, como se señaló en las anteriores consideraciones, es necesario que el término idóneo a emplearse sea el de lengua de señas mexicana. Para el caso de las personas con discapacidad visual, auditiva o de locución, se les otorgará la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, lengua de señas mexicana, escritura braille o de ayuda técnica respectiva.

Código Federal de Procedimientos Civiles

Actual

Artículo 271.Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.

Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que no supieran leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

Las fechas y cantidades se escribirán con letra.

En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada o de ayuda técnica respectiva.

Código Federal de Procedimientos Civiles

Propuesta

Artículo 271. Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.

...

...

...

En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, lengua de señas mexicana, escritura brailleo de ayuda técnica respectiva.

Cuando una o ambas partes tengan alguna discapacidad auditiva o de locución, se les deberá proporcionar un intérprete en lengua de señas mexicana que se designará de entre los autorizados como auxiliares de la administración de justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o privadas, relatándose su intervención en las audiencias correspondientes; y de ser necesario, el intérprete deberá permanecer durante toda la audiencia. Los intérpretes en lengua de señas mexicana al iniciar su función, serán advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o interpretar fielmente lo dicho.

En congruencia con la reciente legislación en la materia, se da un gran paso en la regulación de mecanismos jurídicos para proteger, defender e impulsar estos derechos en el seno de la convivencia comunitaria.

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó las siguientes tesis aisladas:

Época: Décima época

Registro: 2002520

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Libro XVI, enero de 2013, tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. VI/2013 (10a.)

Página: 634

Discapacidad. Su análisis jurídico a la luz del modelo social consagrado en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años: en principio existía el modelo de “prescindencia” en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema denominado “rehabilitador”, “individual” o “médico”, en el cual el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo “social”, el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al haberse adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que contiene y desarrolla los principios de tal modelo, los cuales en consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Así, a la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Tal postura es congruente con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, los cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto es, propician la implementación de medidas de naturaleza positiva –que involucran un actuar y no sólo una abstención de discriminar– que atenúan las desigualdades.

Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa, 21 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Época: Décima época

Registro: 2002519

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Libro XVI, enero de 2013, tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. VII/2013 (10a.)

Página: 633

Discapacidad. Presupuestos en la materia que deben ser tomados en cuenta por los operadores del sistema jurídico mexicano.

Atendiendo al modelo social de discapacidad, previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los presupuestos o fundamentos en los cuales se sustenta tal materia son los siguientes: (i) dignidad de la persona, referida al pleno respeto de los individuos por el solo hecho de serlo, sin que una diversidad funcional implique una disminución de tal reconocimiento; (ii) accesibilidad universal, consistente en la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos y servicios de su entorno social; (iii) transversalidad, relativa a la concepción de la discapacidad como un aspecto en íntima relación con todas las facetas del contexto en que se desenvuelve; (iv) diseño para todos, referido a que las políticas se conciban de tal manera que puedan ser utilizadas por el mayor número posible de usuarios; (v) respeto a la diversidad, consistente en que las medidas a implementarse reconozcan las diferencias funcionales como fundamento de una sociedad plural; y (vi) eficacia horizontal, relativa a que la exigencia de respeto a las personas con discapacidad se dirija tanto a las autoridades, así como a los particulares.

Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa, 21 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

La cultura desarrollada en materia de discapacidad, que se refleja en la legislación aplicable, afirma –en palabras de la SCJN– que “las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en consideración”. Esta idea es central en la iniciativa de referencia.

Estas comisiones dictaminadoras consideran que se debe decontribuir con los mecanismos jurídicos que posibiliten que las personas con alguna discapacidad, logren su adaptación al ambiente de convivencia en condiciones de igualdad al resto de la población.

En este razonamiento, las comisiones unidas consideran que de aprobarse el dictamen de esta iniciativa, se proporcionaría a las personas que padecen discapacidad en la audición o sordera, una herramienta idónea, en su propio lenguaje y símbolos distintivos, que les permitiría garantizar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia a quienes se involucren como partes o víctimas en un proceso.

En igual forma, las comisiones dictaminadoras, para efectos de limitar cualquier tipo de impacto presupuestal que pudiera generar el presente dictamen, propone la inclusión de un artículo transitorio que estaría acorde con lo previsto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual prevé en el artículo transitorio séptimo: “Todos los entes competentes deberán desarrollar las políticas públicas y acciones señaladas en la presente ley, adoptando medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos en congruencia con la Convención”, y que señale lo siguiente: “ Artículo Transitorio. Las erogaciones que deban realizarse con motivo de la puesta en marcha de las acciones señaladas en el presente decreto por parte de las instituciones o dependencias públicas, se llevarán a cabo con base en su disponibilidad presupuestaria y de manera gradual, sujetándose al efecto a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Se trata fundamentalmente con esta Iniciativa de hacer obligatorio en ley, una tarea multidisciplinaria e interinstitucional, con conocimientos en materias jurídica, administrativa y de lenguaje de señas, al servicio de los derechos humanos.

6. En este orden de ideas, la opinión general de los integrantes de las comisiones dictaminadoras manifiesta emitir este dictamen en sentido positivo.

Por lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia de la LXII Legislatura someten consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 29. ...

Las instituciones citadas en el párrafo anterior, deberán desarrollar con el apoyo de intérpretes, expertos y bajo la supervisión del Consejo, el Glosario Jurídico de la lengua de señas mexicana.

Segundo.Se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 271. ...

...

...

...

Enlas actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, lengua de señas mexicana, escritura brailleo de ayuda técnica respectiva.

Cuando una o ambas partes tengan alguna discapacidad auditiva o de locución, se les deberá proporcionar un intérprete en lengua de señas mexicana que se designará de entre los autorizados como auxiliares de la administración de justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o privadas, relatándose su intervención en las audiencias correspondientes; y de ser necesario, el intérprete deberá permanecer durante toda la audiencia. Los intérpretes en lengua de señas mexicana al iniciar su función, serán advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o interpretar fielmente lo dicho.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse con motivo de la puesta en marcha de las acciones señaladas en el presente decreto por parte de las instituciones o dependencias públicas se llevarán a cabo con base en su disponibilidad presupuestaria y de manera gradual, sujetándose al efecto a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Notas:

1 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2002520&Cla se=DetalleTesisBL&Semanario=0

2 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2002519&Cla se=DetalleTesisBL&Semanario=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Claudia Delgadillo González (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Tomás Torres Mercado, Crystal Tovar Aragón, Darío Zacarías Capuchino, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Fernando Zárate Salgado, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la Comisión tiene el uso de la tribuna la diputada Adriana Hernández Iñiguez.

El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Al término del dictamen, diputado, ya iniciamos la discusión del dictamen.

La diputada Adriana Hernández Iñiguez: Buenos días, diputadas y diputados. Con su venia, presidente. Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, con fundamento legal procedente, presentamos a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el presente dictamen positivo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Quiero reconocer el trabajo de las diputadas y de los diputados de las dos comisiones, Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, ya que el presente dictamen fue analizado y elaborado en sentido positivo, con modificaciones hechas por varios integrantes de ambas, de los distintos partidos políticos que las conformamos.

Es preciso edificar una sociedad democrática, en la que las personas con discapacidad tengan acceso irrestricto y directo a la libertad, la igualdad, la justicia, la equidad, la participación social, la accesibilidad, la solidaridad y la tolerancia, en la que realmente se sientan dignos y tomados en cuenta de pertenecer a ella y tengan los mismos derechos que los demás.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, puesta en vigor el 3 de mayo de 2008 por nuestro país, en su artículo 2o. establece que la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos de comunicación.

El objetivo fundamental de este dictamen es que las personas que padecen discapacidad en la audición, o sordera y débiles visuales tengan una herramienta idónea en su propio lenguaje y símbolos distintivos, que les permita garantizar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia a quienes se involucren como partes o víctimas en un proceso, armonizando nuestros ordenamientos jurídicos en la materia con la citada Convención.

Para dicho efecto, se pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que las instituciones de administración e impartición de justicia cuenten con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes en lengua de señas mexicanas, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille.

También desarrollen con el apoyo de intérpretes expertos y bajo la supervisión del consejo, el glosario jurídico de lengua de señas mexicana. Se trata de una tarea multidisciplinaria e interinstitucional, con la participación de técnicos en procesos jurídicos en lengua de señas mexicana, así como autoridades para construir los contenidos del glosario jurídico, vincularlos oficialmente en dicha lengua que permee en los procesos donde personas que padecen sordera puedan utilizarlo en su calidad de procesado o víctima, así como los encargados de la procuración, impartición de justicia y defensores.

De igual manera, se considera necesario adicionar un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para el caso de que cuando una o ambas partes tengan alguna discapacidad auditiva o de locución, se les deberá proporcionar un intérprete en lengua de señas mexicana, que se designará de entre los autorizados, como auxiliares de la administración de justicia o por colegios, asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o privadas, delatándose su intervención en las audiencias correspondientes y, de ser necesario, el intérprete deberá permanecer durante toda la audiencia.

Los intérpretes en lengua de señas mexicana, al iniciar su función, serán advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o interpretar fielmente lo dicho.

Sin duda alguna, con esta propuesta legislativa se da un gran paso en la regulación de mecanismos jurídicos para proteger, defender e impulsar esos derechos de las personas con discapacidad. Ambas comisiones consideramos que de aprobarse el dictamen a esta iniciativa se proporcionaría una herramienta idónea en su propio lenguaje y símbolos distintivos que les permitirían garantizar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia.

Por lo que en consecuencia, pido a esta honorable asamblea soberana tenga a bien aprobar este dictamen de noble pretensión. Es cuanto, compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado José Angelino Caamal Mena.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se somete a discusión es de gran importancia para romper con las barreras que excluyen y limitan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Particularmente de quienes tienen alguna discapacidad auditiva o visual.

Es importante mejorar sus condiciones de vida y con ello reconocer que son titulares de los derechos humanos como partícipes de una sociedad que debe ser cada vez más incluyente.

Es por ello que quiero expresar nuestro reconocimiento a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, así como a esta LXII Legislatura por el trabajo realizado a favor de las personas con discapacidad, ya que en días pasados, en este salón de plenos aprobamos un dictamen para que las personas con discapacidad visual o auditiva puedan ser asistidas en procedimientos de materia penal, y dicho dictamen ya fue turnado al Senado para los efectos legislativos.

Sobre la reforma que hoy discutimos, que se refiere a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene como objetivo la creación de un glosario jurídico, esto es trascendental debido a que el lenguaje de señas es un medio de comunicación que hace accesible la información en cualquier procedimiento de índole judicial.

Asimismo se incluye en este dictamen la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles para que tengan un intérprete de señas mexicana para la intervención y desarrollo de audiencias, lo que garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, derecho que tienen todos los ciudadanos de nuestro país.

Es importante destacar que en México hay más de 5 millones de personas con discapacidad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, y la discapacidad para escuchar ocupa el tercer lugar con un porcentaje del 12.1 por ciento del total de la población con alguna discapacidad.

Las reformas constitucionales de 2011, aprobadas en este recinto legislativo, reconocieron la importancia de garantizar los derechos humanos, por lo que el presente dictamen es una muestra más del compromiso por el respeto a los mismos y en particular con el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo de 2008, estableciendo que las personas con discapacidad deberán tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento.

Por lo anterior, es importante sumar esfuerzos para garantizar el respeto al derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, para que sea ejercido al igual que en toda la población sin distinción alguna y que a su vez se consideren acciones propicias para ese fin.

Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables. Al mismo tiempo es importante que exhortemos a todos los grupos parlamentarios para que en el Presupuesto estos temas tan sensibles estén considerados, y estas reformas pasen de la condición de letra escrita a los hechos reales, por lo que es importante continuar trabajando por una sociedad incluyente en la que ninguna persona sea excluida por motivo alguno. Es cuanto y gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Autónoma del Estado de México, campus Chimalhuacán, que están hoy aquí invitados por el diputado Tolentino Bojórquez Román. Bienvenidos todos y bienvenidas.

También a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Estado de México, campus Chiautla, del municipio de Texcoco que nos acompañan, invitados por el diputado Brasil Acosta Peña. Bienvenidas, bienvenidos todos.

Tiene la palabra ahora la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia someten a consideración del pleno el dictamen por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El proyecto tiene como primordial objetivo la creación de un glosario jurídico para las personas con sordera y que en su oportunidad formen parte del lenguaje de señas mexicano, con la finalidad de que cuenten con la debida interpretación y comprensión de estos términos y al mismo tiempo garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

De esta forma se busca proporcionar a las personas que padecen discapacidad en la audición o sordera, una herramienta idónea en su propio lenguaje y símbolos distintivos que les permitirá garantizar certeza jurídica y una efectiva interpretación de justicia a quienes se involucren como partes o víctimas en un proceso.

Como se señala en la iniciativa, el reconocimiento de los derechos humanos se encuentra plasmado en nuestra Constitución. Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reafirma sus derechos humanos y reconoce las condiciones en las que el Estado debe promover, proteger y asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Sin embargo, para poder ejercer los derechos de forma efectiva se requiere sean tomadas con consideración las características particulares de las personas. Es decir, requiere que se reconozca su lenguaje, el idioma, religión, la raza, género, edad, cultura, tradiciones, entre otras diferencias.

Con esto queremos poner el acento en la necesidad de incluir dentro de la legislación y el marco jurídico nacional las diferencias significativas de las personas, a fin de construir una sociedad realmente democrática que garantice el pleno ejercicio de los derechos jurídicos y humanos de todas las personas. Una de ellas se refiere a las discapacidades que pueden presentar las personas. Sin embargo aún dentro de esas hay diferencias de discapacidad en la forma de manifestación de las mismas.

Por ello en la clasificación de los tipos de discapacidad del Inegi se manejan cinco grupos y 18 subgrupos de discapacidad. En este sentido el grupo de discapacidades sensoriales y de comunicación incluye el subgrupo de discapacidad para el oído.

Así vemos que el marco jurídico mexicano incluye el reconocimiento de derechos humanos en las diferencias particulares entre personas y el reconocimiento de la sordera como una discapacidad identificada y clasificada.

Por lo antes expuesto el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida al excelentísimo embajador del Reino de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, que nos acompaña hoy invitado por el diputado Manzur, en razón de que hoy se instala el Grupo de Amistad México-España. Bienvenido, embajador; mucho éxito en su misión en México.

Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Muy buenos días. Con su venia, diputado presidente. Los gobiernos deben de actuar con alto sentido social, pero la discapacidad del gobierno federal en turno no ve, no escucha y mucho menos da muestras de buscar la igualdad entre los mexicanos.

La discapacidad política de los gobiernos federales, estatales y municipales lesionan los derechos humanos de las personas que por naturaleza tienen que hacer frente a una discapacidad.

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad conformaban uno de los grupos más marginados de todo el mundo. Uno de los grupos que ha sido a través de los años de los más marginados.

Esto lo pasan por alto todos los gobiernos de todos los niveles de gobierno y no toman en cuenta que a las personas con una discapacidad se les debe de apoyar para que su desarrollo sea de manera igualitaria a los demás. Desde la educación, la salud, la infraestructura, la economía, la tecnología, etcétera, debe de tomarse en cuenta a las personas con una discapacidad.

No podemos permitir desde esta Cámara que no se dé un trato igualitario. Es nuestro deber vigilar que se les dote de lo necesario para que su vida sea placentera y que tengan un desarrollo junto con su familia.

En México tenemos que lograr que los casi 5 millones 739 mil 270 personas que muestran algún tipo de discapacidad, es decir, el 5.1 por ciento de la población, según el Inegi, se incrusten a una vida productiva. Actualmente, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.

Hoy en día, la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos, la cual debe ser atendida por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los mismos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos por la misma, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Por lo anterior, no existe ninguna disposición que limite en el ejercicio de sus derechos a personas con alguna discapacidad. De hecho, el mismo sistema jurídico mexicano establece las bases para que los gobiernos, en sus distintos órdenes, establezcan programas y políticas públicas que ayuden a su integración y a la mejora en su calidad de vida.

Si bien es cierto que durante los últimos años los esfuerzos para garantizar el pleno respeto a los derechos de este sector social han ido en aumento, también es muy cierto que no han sido suficientes, aún falta mucho por hacer.

La infraestructura de la vida pública, por ejemplo en las vías públicas, el transporte, los edificios, instalaciones y servicios públicos y privados que son precisamente de uso público no son accesibles en su inmensa mayoría.

Las acciones realizadas se enfocan preponderantemente en la discapacidad motriz, dejando de lado la sensorial, como es la visión y la audición y las de carácter intelectual, mental y psicosocial.

Por otra parte, la discriminación de la que son objeto en razón de sus particularidades físicas o biológicas conductuales se acentúa por factores como el género, la condición socioeconómica y la pertenencia étnica. Existe una imagen estereotipada de este sector tanto en la sociedad como en quienes diseñan e implementan las políticas públicas, considerándolos como necesitados de asistencia y no como personas sujetas a derechos.

En lo que corresponde a la discapacidad auditiva o sordera, la Organización Mundial de la Salud revela que existen más de 360 millones de personas que sufren pérdida de audición discapacitante en el mundo, de los cuales más de 694 mil 452 personas la padecen en México.

Algunos estudios sobre lingüística han demostrado fehacientemente que las lenguas de señas dan a los individuos con discapacidad auditiva o sordera la capacidad de expresión y abstracción como cualquier lengua humana. La lengua de señas mexicanas es la lengua natural de las comunicaciones de sordos, su principal característica es su forma de transmisión visual, la cual les permite comunicarse con miembros de su comunidad o con el mundo que les rodea.

Sin embargo, dentro del sistema jurídico mexicano aún existen términos o palabras que para las personas con discapacidad auditiva o sordera no son fáciles de comprender debido a que actualmente no existen señas o símbolos claros que especifiquen su significado o comprensión para determinadas palabras.

Por lo anterior, la obligación de las instituciones de administración e impartición de justicia para la creación de un glosario jurídico de esta lengua de señas mexicanas dotará a las personas con discapacidad auditiva o sordera de la oportunidad de obtener, comprender e interpretar las normas legales en beneficio propio.

De esta manera, el dictamen a discusión nos parece un avance importante en la materia como medio para mejorar la interacción de las personas con discapacidad y su entorno. Sin embargo, hace falta seguir impulsando políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y género, los cuales cuenten con un marco institucional y programas eficientes y eficaces para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con el permiso de la asamblea. El régimen de derechos debe engrosarse constantemente y mucho más cuando los destinatarios son sectores sociales clasificados tradicionalmente como los menos favorecidos.

Es por ello que en la bancada del Partido Verde recibimos con agrado los cambios propuestos en el dictamen que tenemos en este instante a discusión. En este sentido recordamos que uno de los pilares del régimen constitucional contemporáneo en occidente son los derechos humanos.

Sin embargo, materialmente a diario muchas personas quedan fuera de los beneficios legales procurados por el derecho. Ello se origina por el motivo de diversas discapacidades que impiden al involucrado expresarse, siendo que en la actualidad los tribunales no cuentan con sistemas de estenografía proyectada o bien especialista en lenguas de señas mexicanas, escritura braille o cualquier otro sistema de comunicación.

Lo anterior es reprobable, pues los afectados en las condiciones aludidas son incapaces de expresar su voluntad, constando hechos o precisando circunstancias sustantivas para diversos procesos.

En este marco deben ser analizadas todas sus intervenciones con el mismo valor referencial y probatorio que el de cualquier persona que no tenga una discapacidad. De no hacerlo de esta manera se daría un trato discriminatorio atentando así contra el principio de igualdad consignado en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna.

El principio pro-persona, la supremacía constitucional establecida en el artículo 133 y de ser el caso, también contra la identidad de derechos entre hombres y mujeres, redactado en el artículo 4o. de la propia Constitución.

Por si lo anterior fuera poco, debemos decir que al no procurar el Estado los medios de expresión adecuados para todos quienes padezcan una discapacidad, se contraría el texto máximo del orden jurídico en el aspecto adjetivo, es decir, en los hechos se les prohíbe a todas las personas encuadradas en el respecto supuesto a no tener acceso adecuado a la justicia, violando así las formalidades del procedimiento judicial reconocidas en los artículos 14, 16 y 17, entre otros.

Por último, no se nos olvida manifestar que en la actualidad la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en su artículo 12 el rubro de igualdad de personas ante la ley. Asimismo, el artículo 13 trata del acceso a la justicia de éstas.

En este sentido la bancada del Partido Verde Ecologista de México apoya y, en su caso, aprobará el dictamen en discusión, el cual tiende a modificar el artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reformas que además de ser nobles resultan impostergables respecto a su consentimiento, ya que finalmente recaerá en el beneficio indirecto de todos los mexicanos, pues estaremos así cada vez más cerca del acceso pleno a la justicia.

John Rawls, en La justicia como equidad, expresó que la exclusión es causada por la forma en que el sistema institucional procesa los hechos de la naturaleza con los que son favorecidos o no las personas. En este sentido nosotros, los legisladores federales, tenemos hoy el gran compromiso de contribuir para disminuir las diferencias nefastas que no permiten la auténtica igualdad entre todos los seres.

Por ello votaremos positivamente, ya que nuestra decisión implicará contribuir a disminuir la iniquidad, la injusticia y la desigualdad en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Buenos días, diputadas y diputados. Con su permiso, señor presidente. El presente dictamen tiene por objeto avanzar en la incorporación de la lengua de señas mexicana en la legislación procesal civil. De esta forma este Poder Legislativo cumple con la obligación del artículo 1o. constitucional, al aprobar de forma progresiva normas que permitan un mejor cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad auditiva o de locución.

Debemos recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 4.3, establece que en la elaboración y en la aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

Por ello, para el cumplimiento de esta reforma, las autoridades deberán ser incluyentes y convocar a un proceso amplio, a fin de construir instrumentos que cuenten con el aval y con el conocimiento práctico de las personas que serán sus beneficiarias.

En particular con esta reforma las instituciones adquieren dos obligaciones específicas. La primera, la de desarrollar el glosario jurídico de la lengua de señas mexicana con el apoyo de intérpretes expertos y bajo la supervisión del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Con ello se tendrá certeza y claridad en los términos que se utilicen en todo procedimiento, a fin de que las partes tengan por igual un acceso a la justicia y que de ninguna manera el desconocimiento o la ambigüedad afectan sus derechos.

En segundo lugar se adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que toda actuación en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal asigne a un intérprete en lengua de señas mexicana a la parte que lo requiere.

Debemos apuntar que en el proceso de elaboración del glosario, las autoridades consulten a la comunidad sorda o con alguna discapacidad auditiva, pues desde su entendimiento se deben referir ideas y conceptos apropiados. Los intérpretes, que en su mayoría no tienen esta discapacidad auditiva, son facilitadores de la comunicación, pero quienes ejercen el derecho a contar con los instrumentos en lengua de señas son las personas que participan en un proceso.

Es de destacar que aún hoy en día muchas personas mantienen un enfoque paternalista y asistencialista acerca de las necesidades y las aspiraciones de las personas con discapacidad. Durante siglos, a pesar de las intenciones loables de diversas instituciones y personas se mantuvo un modelo de integración, lo que implicaba insertar a un grupo minoritario en un grupo mayoritario pero manteniendo las condiciones estructurales que marginan de las oportunidades de desarrollo y libertad de las personas con discapacidad.

Hoy, por el contrario, el reto es avanzar hacia un modelo de inclusión, que se eliminen las divisiones entre sectores de acuerdo a sus capacidades y diferencias funcionales. Se trata de lograr que las personas convivan, se desarrollen e interactúen entre sí, sin que la discapacidad sea un factor determinante para profundizar y para justificar las diferencias.

Por estas razones, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos pronunciamos a favor del presente dictamen y quisiéramos que el pleno reflexione sobre el artículo segundo transitorio, que establece que las erogaciones que deban realizarse con motivo de la puesta en marcha de las acciones señaladas en el presente decreto por parte de las instituciones o dependencias públicas, se llevarán a cabo con base en su disponibilidad presupuestaria y de manera gradual, sujetándose al efecto a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Confío en que esta Cámara asumirá su obligación cuanto antes de destinar recursos a cumplir con este decreto, a fin de que su mandato no se vuelva nugatorio y la obligación de brindar oportunidades iguales a las personas con discapacidad no constituya letra muerta. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Patricia Lugo Barriga, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Patricia Lugo Barriga:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, una persona con discapacidad no sólo es aquella que presenta una determinada deficiencia física o enfermedad, sino la que dada un estado de salud y las características del entorno, tanto físicas como de actitudes, ve afectada su capacidad para realizar sus actividades cotidianas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, en México 6.6 por ciento de la población presenta dificultad para realizar al menos una de las actividades medidas, como son caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental.

Los problemas para caminar son el tipo de discapacidad de mayor presencia, con el 57.5 por ciento, seguido de las dificultades para ver con un 32.5 por ciento; oír, 16.5 por ciento; hablar o comunicarse, 8.6 por ciento; mental, 8.1; atender el cuidado personal, 7.9; y, finalmente, poner atención, un 6.5 por ciento.

La Carta de las Naciones Unidas proclama que la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad, el valor inherente y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos han reconocido y proclamado que toda persona tiene derechos y libertades sin distinción de ninguna índole.

Con base en estos preceptos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de los Estados parte de garantizar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos para participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás actores, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a participar por cargo de elección popular, el acceso a la justicia, entre otros.

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que este grupo social tiene derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en los que participe, así como contar con asesoría y representación jurídica gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.

En este contexto, las reformas que hoy discutimos buscan beneficiar principalmente a la población que vive con alguno de los tres tipos de discapacidad de mayor presencia, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares mencionada.

Actualmente, para garantizar el acceso a la justicia no sólo se debe proporcionar una asistencia judicial que permita la seguridad jurídica mediante un debido proceso legal, sino que además se requiere de una adecuada atención formativa e informativa, que permita a las personas adquirir el conocimiento jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos.

Es por ello que el dictamen que hoy analizamos, y que invito a votar favorablemente, impulsa la creación de un glosario jurídico para que en su oportunidad forme parte de la lengua de señas mexicanas, que permita proporcionar certeza jurídica y una efectiva impartición de justicia a quienes se involucren como partes o víctimas en un proceso.

Por otro lado, se pretende que en las actuaciones en los juicios en que intervengan personas que tengan alguna discapacidad auditiva o de locución, el juez deberá, a petición de la parte o de oficio, proporcionar un intérprete en lengua de señas mexicana. Para el caso de las personas con discapacidad visual, auditiva o de locución, se les otorgará la asistencia necesaria en materia de escenografía proyectada, lengua de señas mexicana, escritura braille o de ayuda técnica respectiva.

Compañeras y compañeros diputados, en Acción Nacional estamos convencidos que debemos favorecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La justicia debe ser accesible para todas las personas, lo que implica la eliminación de barreras físicas, de actitud, de información, de comunicación y de cualquier índole que se convierta en un obstáculo para el ejercicio pleno de sus derechos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Fernández Clamont, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Francisco Javier Fernández Clamont:Muy amable, señor presidente, con la venia de usted y de todas las compañeras diputadas y compañeros diputados. A nombre de mi Grupo Parlamentario del PRI, vamos a dar nuestro posicionamiento de este dictamen, pero antes quiero reconocer que la idea de este dictamen surgió en iniciativa de la diputada Patricia Lugo Barriga, quien me antecedió en la palabra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con el gran trabajo y profesionalismo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que encabeza nuestra diputada Adriana Hernández Iñiguez, y el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia, de todos los secretarios e integrantes de estas dos comisiones.

La iniciativa en materia del presente dictamen tiene como primordial objetivo la creación de un glosario jurídico para las personas con sordera o discapacidad auditiva, para que en su oportunidad forme parte del lenguaje de señas mexicano, con la finalidad de cuenten con la debida interpretación y comprensión de estos términos y al mismo tiempo garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Sin pretender ser exhaustivo, debemos también mencionar algunos antecedentes relevantes en leyes, en modificaciones de leyes en este respecto. En primer término, la reforma al artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para ampliar las reformas reconocidas para poder presentar quejas ante dicha instancia, ya sea de forma oral o por lengua de señas mexicana, a través de medios de comunicación electrónica, telefonía y mecanismos accesibles para personas con discapacidad.

Asimismo, la reforma de los artículos 19 y 29 de la misma ley, entre otros cambios, incorporó el mandato de poner a disposición de los reclamantes formularios que faciliten el trámite y de proporcionar a los comparecientes, de manera gratuita, un intérprete de lengua de señas mexicana, tratándose de personas con discapacidad auditiva.

Y tercero, la más reciente, que la aprobamos el 13 de febrero de este año, de reformas y adiciones a diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Civiles, para asegurar que las personas con discapacidad auditiva o visual tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás, mediante ajustes a los procedimientos penales y civiles, y facilitar el desempeño de las funciones efectivas de las personas con discapacidad como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

La creación de un glosario jurídico para las personas con sordera o discapacidad auditiva, y la incorporación de disposiciones específicas para la intervención de los intérpretes en lengua de señas mexicanas en las audiencias reviste una gran significación. En el PRI votaremos a favor de este dictamen.

Compañeras y compañeros, quiero citar al gran neurólogo inglés, Oliver Sacks, quien decía: “logremos que la lengua de señas que sirve para confesarse, para la filosofía, para discutir o para hacer el amor preste también su plasticidad, su belleza y amplitud al servicio del no menos loable objetivo de salvaguardar la facultad de las personas con sordera o discapacidad auditiva para acceder a la justicia en condiciones de igualdad”. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos a un grupo de alumnos y maestros del Centro de Estudios Universitarios Horacio Zúñiga, de Toluca, estado de México, que nos acompañan hoy, invitados por el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Hay algún diputado o diputada que falte por emitir su voto? De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Señor presidente, se emitieron 389 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad, el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y reforma el párrafo quinto y adiciona un párrafo sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

PROGRAMA 65 Y MAS

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Señor presidente, muchas gracias. Con el objeto de hacer un llamado a la Comisión Especial del adulto mayor, así como a la Comisión de Desarrollo Social, y un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social, para que se investigue el por qué en algunos estados de la República el programa 65 y Más, para los adultos, no se ha cubierto, algunos desde octubre y diciembre, por eso es mi exhorto a la Secretaría. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal le fueron turnadas, para su análisis y dictamen, las iniciativas siguientes:

a) Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, enviada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

b) Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por los ciudadanos diputados Carlos Augusto Morales López y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción I, 68, 80, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, 85, 176 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta comisión es competente para conocer y dictaminar las iniciativas en cuestión, por lo que somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 13 de enero de 2014, la Comisión Permanente de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con oficio número D.G.P.L. 62-II-21014, turnó a la Comisión del Distrito Federal la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, enviada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

2. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el jueves 20 de febrero de 2014, el diputado Carlos Augusto Morales López y el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

3. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa mencionada a la Comisión del Distrito Federal, para su estudio y dictamen, mediante oficio D.G.P.L.62-II-2-1185. Expediente 3791.

4. El 25 de febrero de 2014, en sesión ordinaria la Comisión del Distrito Federal, se reunió para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de las iniciativas

Tienen por objeto, modificar la duración de los períodos de sesiones ordinarias de cada año legislativo en la Asamblea Legislativa. De esta manera, se propone que el primer periodo comience el día 5 de septiembre y concluya el 20 de diciembre; para el segundo periodo, se propone que inicie el día 1 de febrero y concluya el 30 de abril.

III. Considerando que

1- Esta comisión dictaminadora, luego de analizar las iniciativas en comento y corroborando que cumplen con los requisitos legales y del proceso legislativo necesarios, coincide y hace suyas las preocupaciones y objetivos de la mismas.

2. En las iniciativas enviadas por la Asamblea Legislativa y por los diputados Carlos Augusto Morales López y Agustín Miguel Alonso Raya, se destaca que el espíritu de los proyectos de decreto enviados es aumentar la productividad del órgano encargado de la función legislativa en el Distrito Federal.

Y en el caso de la propia asamblea señala que los periodos actuales resultan insuficientes, toda vez que “...en el primer período, los dos primeros meses los ocupan en la llamada Glosa del Informe de Gobierno. El mes y medio restante, suele trascurrir en torno al Presupuesto de Egresos y a la Ley de Ingresos. En el segundo periodo, de marzo a abril, concurren a comparecer ante el pleno los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública de la Procuraduría General de Justicia, de la Contraloría General y de la Comisión de Derechos Humanos, quedando muy poco tiempo para la Agenda Legislativa”.

De igual forma, ambas iniciativas mencionan en su parte expositiva que una de las razones para ampliar la duración de las sesiones ordinarias, es buscar “...que los periodos coincidan -en la mayor medida posible- con los periodos del Congreso de la Unión”.

3. Por su parte, los diputados Carlos Augusto Morales López y Agustín Miguel Alonso Raya argumentan que la eficiencia del trabajo legislativo se encuentra sujeta a dos atributos: Los cuantitativos y los cualitativos. Es decir, no se mide únicamente en términos del número de propuestas que presenten los legisladores, ni cuántas de éstas se aprueban, sino también por el valor o aporte que la creación o modificación normativa implica en beneficio de la sociedad. Y que para lograr esto resulta indispensable que el periodo de tiempo en el cual se desarrolla, sea suficiente para desempeñar el trabajo legislativo que establece el marco jurídico de la Asamblea Legislativa.

4. De un análisis realizado por esta comisión dictaminadora, respecto de los periodos legislativos y número de días que cada entidad del país tiene y lleva a cabo; se puede observar lo siguiente:

5. Del análisis anterior se desprende que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la que menos días de sesiones tiene (152 totales), seguida por el estado de Chiapas con 160 días de sesiones, Campeche 172 y Veracruz con 177; lo cual contrasta, por ejemplo, con el Congreso del estado de Morelos, el cual tiene 271 días de sesiones.

6. Finalmente, esta comisión dictaminadora es respetuosa de la competencia de la Asamblea Legislativa, que ha determinado que sus tiempos legislativos deben ser ampliados en lo que coinciden también los ciudadanos diputados Carlos Augusto Morales López y Agustín Miguel Alonso Raya, por lo que no existe inconveniente por parte de esta representación en sus planteamientos.

Con base en las consideraciones y argumentos que preceden, y por tratarse ambas iniciativas del mismo tema, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal resuelven: Son de aprobarse en un solo dictamen las siguientes iniciativas:

a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, enviada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, presentada por el diputado Carlos Augusto Morales López y el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Único.Se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 39. La Asamblea se reunirá a partir del 5 de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 20 de diciembre del mismo año, excepto cuando el jefe de Gobierno del Distrito Federal inicie su encargo, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese propio año. Asimismo se reunirá a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias, el cual podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en del presente decreto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevará a cabo reformas necesarias a su marco normativo a efecto de realizar las modificaciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2014.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica),José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela, José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz la diputada Laura Barrera Fortoul.

La diputada Laura Barrera Fortoul:Con su venia, señor presidente. Estimados compañeros, el dictamen que se pone a su consideración es resultado del consenso por unanimidad a dos iniciativas que se presentaron para reformar el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia de ampliación de los periodos de sesiones de la Asamblea Legislativa.

Dicho cambio responde a una propuesta enviada por el propio órgano legislativo de la Ciudad de México y otra de los diputados Carlos Augusto Morales López y don Miguel Alonso Raya, ambas propuestas tienen por objeto modificar la duración de los periodos de sesiones ordinarias de cada año legislativo en la Asamblea Legislativa, de esta manera se propone que el primer periodo comience el 5 de septiembre y concluya el 20 de diciembre. Para el segundo periodo se propone que inicie el primero de febrero y concluya el 30 de abril.

En las iniciativas dictaminadas se destaca que el espíritu de los proyectos de decreto enviados es aumentar la productividad del órgano encargado de la función legislativa en el Distrito Federal. Es también adecuada la intención de que los periodos de sesiones de la Asamblea Legislativa coincidan en la mayor medida posible con los periodos del Congreso de la Unión. También se busca que al tener mayor tiempo para legislar, éste se dedique a que el debate del proceso legislativo sea más intenso y de mayor calidad.

Con la presente reforma la Asamblea en el Distrito Federal legislará 46 días más, lo cual representa el 39 por ciento más de actividad parlamentaria.

Ciudadanas diputadas y diputados, pido respetuosamente su voto a favor de este dictamen, que trata de mejorar la calidad del trabajo legislativo y por tanto dotar a los ciudadanos del Distrito Federal de mejor gobierno. Agradezco siempre la disposición y actitud propositiva de la Comisión del Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputada. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene la palabra el diputado José Alberto Benavides Castañeda.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda:Con su permiso, presidente. La discusión y diálogo en un parlamento fortalece la representación democrática de una nación y promueve el pluralismo de ideas que conllevan a la existencia de un marco jurídico que mejora las condiciones de vida de la sociedad.

El diálogo que debe de existir en las sesiones parlamentarias es un modo efectivo de ejercer la racionalidad como medio supremo de comunicación humana a través de una reflexión semántica, etimológica e histórica, con el fin de demostrar en la democracia la expresión máxima y coherente de su intrínseca virtualidad en confrontación con concepciones desvirtuadas.

En una sociedad que pretende ser democrática siempre será necesaria la clarificación de las ideas y la ilustración de conceptos fundamentales, fomentando en todo momento la inclusión para llevar a cabo una transformación social en la cual participen el mayor número de representantes, y son las sesiones legislativas un espacio ideal en donde debe de darse esta transformación.

En el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se establecen los periodos en los que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sesiona, alcanzando un total de 152 días al año de sesiones pertenecientes a los periodos ordinarios, siendo el parlamento local en el país con menor número de días establecidos para sesionar.

Otros parlamentos locales como el de Yucatán y Tlaxcala sesionan 257 y 256 días, respectivamente, siendo los que tienen establecidos sesionar durante más días en relación con el resto de los congresos locales.

Es evidente que el número de sesiones con los que cuenta un parlamento para desahogar sus asuntos no es una condición suficiente, más sí necesaria, con la finalidad de que se generen un mayor número de productos legislativos y, sobre todo, de mayor calidad por la mayor cantidad de tiempo asociada a las discusiones.

La actual Legislatura de la Asamblea Legislativa inició en septiembre de 2012 y el 26 de septiembre de 2013. Se presentaron 238 iniciativas, y de éstas sólo se han podido desahogar 63 de ellas. Esto, según datos extraídos de la página web de la propia Asamblea.

Esto significa un importante rezago, mismo que podría reducirse de ampliarse los periodos de sesiones, tal y como lo establece el dictamen aprobado en la Comisión del DF.

Diversas fracciones de distintos partidos políticos han manifestado la necesidad de incrementar el número de días de sesiones, por lo que hoy podemos llegar a un acuerdo que otorgue tan necesaria ampliación, esperando que tenga como resultado una mejora de las condiciones sociales de los habitantes de la Ciudad de México.

Sin duda la Asamblea Legislativa resultará fortalecida con lo que seguramente aprobaremos hoy, sumado a los acuerdos hechos a principios de año para formalizar la creación de su canal de televisión, con la firma de un convenio de colaboración que celebró con el gobierno del DF, el cual le permitirá transmitir emisiones sobre el acontecer en el recinto legislativo incluidas, por supuesto, las sesiones por medio de la señal de Capital 21.

Felicitamos a los integrantes de la Comisión del DF por atender el asunto referente a la modificación al Estatuto para ampliar los periodos de sesiones. Esperemos que para los siguientes asuntos exista discusión y pluralidad.

El PT apoyará con determinación las propuestas que promuevan las discusiones parlamentarias, que siempre enriquecerán la vida política del país y propiciarán interés entre los ciudadanos representados, generando mecanismos de colaboración que vinculen las regulaciones en materia legislativa y las necesidades o requerimientos de la sociedad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso y el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. El dictamen que elaboramos en el seno de la Comisión del Distrito Federal es congruente y es oportuno con los principios que rigen nuestra responsabilidad, nuestra productividad, pero sobre todo nuestro compromiso legislativo como grupo parlamentario.

En Nueva Alianza apoyamos las propuestas orientadas a fortalecer a los órganos legislativos. En el caso particular de este dictamen que ahora está a discusión coincidimos con la importancia de ampliar los periodos legislativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en virtud de facultar a dicho poder a incrementar el número de sesiones y así poder desahogar los asuntos legislativos que incumben a las y los ciudadanos de esta gran ciudad, nuestra capital.

En un auténtico sistema democrático, en donde el equilibrio de poderes representa la columna vertebral del Estado mexicano, resulta primordial que cada una de las instituciones que lo conforman disponga de los tiempos adecuados para generar oportuna y adecuadamente los resultados que la ciudadanía nos está exigiendo. En este contexto, hay quienes sostienen que la eficacia legislativa se circunscribe exclusivamente a una reseña cuantitativa de iniciativas, dictámenes o puntos de acuerdo.

Lo anterior desde una óptica industrial o desde el sector privado podría parecer una postura atinada. En cambio quienes han estudiado el sector público o quienes han ostentado alguna responsabilidad en dicho ámbito, saben que un enfoque cuantitativo se convierte en un análisis somero de lo que representa el actuar de un sistema político y las instituciones que lo conforman.

En el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el dictamen en comento sustenta que se trata de uno de los órganos legislativos en el país que tienen la limitante legal para poder extender sus periodos legislativos, a fin de generar los tiempos para desahogar los asuntos que le corresponden y que se le turnan.

Estamos conscientes de que la labor legislativa como expresión de la soberanía popular conlleva una lógica muy particular, ya que se trata de un poder en el cual se encuentran representadas todas las fuerzas políticas y por lo tanto implica la construcción de consensos que deriven en ordenamientos legales congruentes y oportunos con las necesidades de la sociedad. De ahí la trascendencia del presente dictamen.

Al aprobar la modificación del artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal estaremos sentando un precepto jurídico fundamental para facultar a la Asamblea Legislativa de esta gran ciudad a ampliar sus periodos de sesiones ordinarias, coadyuvando de esta manera al fortalecimiento cualitativo de la responsabilidad de nuestros homólogos en la Ciudad de México.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor de este dictamen porque consideramos que con dicha reforma estaremos incentivando la generación de un órgano legislativo moderno, y con facultad de generar mejores leyes para las y los mexicanos que habitamos y amamos a esta capital.

Por su atención y comprensión muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Fujiwara.

Quiero saludar y agradecer la presencia de un grupo de alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de Hidalgo, invitados por el diputado Ricardo Mejía.

También a los alumnos de la Escuela Politécnica de San Luis Potosí, invitados por el diputado Xavier Azuara, y a un grupo de alumnos del octavo semestre de la licenciatura en derecho de la Universidad del Golfo de México. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

Tiene la palabra el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. Producto de su particular figura jurídica, política y legal que durante décadas ha sido distinta respecto a los demás estados del país, el Distrito Federal ha tenido que hacer constantes procesos de ajustes administrativos y normativos que le permitan atender sus necesidades en los diversos ámbitos de la vida cotidiana de esta ciudad.

Tal es el caso del dictamen a discusión que propone ampliar el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en aras de disminuir el rezago existente en el ámbito legislativo.

Lo anterior es resultado del régimen legal emanado del artículo 122 de nuestra Carta Magna que señala: “Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos  Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local”. A diferencia de los estados que conforman la República Mexicana, no cuenta con poderes, sino con órganos de gobierno, situación que constriñe la autonomía de la Ciudad de México en este Distrito Federal.

En tal razón, al ser la residencia el Distrito Federal de los Poderes Federales, no puede tener dos poderes residentes en el mismo territorio, lo cual resulta incongruente, pues en los hechos se desarrolla como cualquier otra entidad. Además, la división entre órdenes de gobierno en nuestro país se encuentra claramente definida.

La cantidad de temas que debe atender la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exige contar con más tiempo para realizar con eficacia y eficiencia su labor, requisito que no se cumple con su actual calendario, toda vez que en el primer periodo, los dos primeros meses los ocupan en la llamada glosa del informe de gobierno, el mes y medio restante suele transcurrir en torno a la discusión del Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos.

En el segundo periodo, de marzo-abril, concurren a comparecer ante el pleno los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia, de la Contraloría General y de la Comisión de los Derechos Humanos, por lo que el tiempo disponible para la agenda legislativa es muy limitado para atender los acontecimientos de una ciudad que alberga a 8 millones de habitantes.

Puesto en números, la Asamblea Legislativa sesiona aproximadamente en un 60 por ciento en comparación con el 100 por ciento que sesiona la Cámara de Diputados, resultando que la Asamblea es la que tiene menos días de sesiones en el país.

La propuesta de modificación contenida en el dictamen es sin duda positiva pero insuficiente. Las fechas que se proponen prácticamente deben homologar los periodos de sesiones de la Asamblea con las del Congreso de la Unión.

Busquemos retomar el debate que desde la oposición hemos planteado para que también sean extendidos los periodos de la Cámara de Diputados, que posibiliten la discusión a conciencia y el debate razonado.

Es menester establecer las condiciones favorables para el desarrollo de la vida institucional de una ciudad tan grande, tan importante y habitada que es la capital de este país. Lo que aquí se propone permitirá mejorar la calidad de su legislación por lo que no debemos escatimar esfuerzos que garanticen el diseño de políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, votará a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Señor presidente, permítame aprovechar la voz y la tribuna para felicitar a la diputada presidenta de la Comisión del Distrito Federal, la licenciada Laura Barrera Fortoul, mi agradecimiento por la manera de conducirnos en nuestra comisión. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos de la zona centro del municipio de Tultitlán, estado de México, que nos acompañan hoy aquí invitados por el diputado Marco Antonio Calzada. Bienvenidas y bienvenidos todos.

Tiene la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Gracias, diputado presidente. Entender la importancia que tiene para la subsistencia del Estado federal la capital del país como asiento de los Poderes de la Unión en estos tiempos en los que la democratización y la participación de la ciudadanía demanda un mayor activismo nos invita, desde luego, a ser muy reflexivos y ser muy prudentes en la definición de cómo es que tenemos que organizar el funcionamiento del gobierno dentro de nuestra ciudad.

No podemos dejar de ver jamás la importancia que reviste que los Poderes de la Unión, que este Congreso federal, que el titular del Poder Ejecutivo, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cumplimiento de los cometidos que a su cargo impone la Constitución, nunca, bajo ningún motivo, ninguna consideración queden supeditados, queden de alguna manera subordinados a ningún poder estatal, ningún poder local, porque los Poderes de la Unión gobiernan para todos los mexicanos.

Y el Distrito Federal bajo ninguna excepción, bajo ningún concepto que pudiera incorporarse dentro de nuestro texto constitucional, podría suprimir esta clausula que permite la gobernabilidad y la subsistencia del pacto federal para toda la República y para todo el país.

No obstante esto —desde luego siendo la capital del país históricamente este manantial de ideas, de resoluciones, de demandas sociales, de discusión y dialéctica política— nos queda claro que los capitalinos tienen el derecho para gozar de órganos de poder, de órganos de autoridad para la entidad federativa, para la capital que reflejen su sentir y que en ese sentido sean representativos de aquello que los capitalinos realmente persiguen desde la arena política.

Es precisamente en esa arena que la Asamblea Legislativa viene a cumplir esta primordial función para todos los que habitamos en la Ciudad de México. La Asamblea Legislativa sin embargo no viene a suplantar bajo ningún motivo el papel que con su calidad de legislador originario le corresponde al Congreso de la Unión para todo lo que concierne al Distrito Federal.

Pero con el ánimo de respetar este dinamismo político de la capital el Congreso de la Unión, en la Constitución federal y en ese sentido el Constituyente, ha permitido y ha cedido facultades que le corresponden a los órganos federales a favor de los órganos locales en la medida que pudieran tratarse de la expedición de leyes que conciernen solamente al Distrito Federal y a quienes habitan en ella.

El artículo 122 constitucional, en su Base Primera, fracción V, establece en un catálogo de 18 incisos toda una pluralidad de preceptos, una pluralidad de materias que hoy corresponden a la competencia de la Asamblea Legislativa para discutir la expedición de leyes que conciernen a la vida de los capitalinos y del Distrito Federal.

Evidentemente, esta compartición de las responsabilidades del Congreso de la Unión, como legislador originario, y la Asamblea Legislativa en la decisión del destino político legislativo del Distrito Federal provocan que la Asamblea Legislativa ya no tenga el tiempo suficiente para destinar los esfuerzos, para destinar el debate necesario a fin de resolver con prudencia y con profundidad el contenido de las leyes que le corresponden a la capital.

Desde luego que en el Partido Verde, en el grupo parlamentario que hoy represento en esta tribuna, estamos de acuerdo en votar a favor de esta modificación al Estatuto de Gobierno que vendría a hacer prácticamente análogos los tiempos de legislación, del trabajo parlamentario de la Asamblea Legislativa con relación al resto de los órganos legislativos de la República y de este Congreso federal, porque con ello estaremos respetando la nueva dinámica que el texto constitucional impone a la Asamblea Legislativa para resolver, a través de las disposiciones generales que ésta emite, los problemas que conciernen a la capital.

Les repito, votaremos a favor y abonamos a que estos acuerdos que permiten la gobernabilidad más democrática y políticamente participativa de la ciudadanía de la Ciudad de México vengan fortaleciendo las demandas de los capitalinos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Carlos Augusto Morales López:Con su venia, diputado presidente. La eficiencia del trabajo en cualquier órgano legislativo sin duda está marcado por factores cuantitativos y factores cualitativos, por lo que no se mide únicamente a través del número de propuestas que se presentan ni cuántas de ellas son aprobadas o en su caso son rechazadas. Se mide o se debe medir esencialmente por el valor o aporte que implica la creación o reformas a las normas existentes que beneficien a la sociedad.

Por ello, nos parece que resulta indispensable que el periodo de tiempo en el cual se desarrollan estas actividades sea el suficiente para el desempeño de tan importante labor. Así, el espíritu que guarda el presente dictamen que el día de hoy se somete a este pleno es aumentar la productividad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, instancia que, hay que decirlo, aunque relativamente es muy joven por no decir que es la más joven, el órgano legislativo más joven de nuestro país, este órgano ha sabido estar a la altura de las circunstancia que exige la conformación de un marco jurídico que atienda las principales demandas y necesidades de los habitantes de una urbe como lo es la ciudad capital, la Ciudad de México.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha emanado leyes de vanguardia que han colocado a nuestra ciudad, la Ciudad de México, a la par de otras metrópolis de gran importancia en el mundo, normas que por cierto han servido de ejemplo para después instrumentarlas a nivel federal o en distintos Congresos locales, y que han beneficiado a mexicanos más allá de las fronteras del propio Distrito Federal y que hoy sustentan esas reformas el reconocimiento que se le brinda a nuestra capital, a la Ciudad de México, la capital de los derechos. Se le nombra la capital de los derechos.

Pese a estos logros que hemos estado describiendo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el órgano legislativo en el país que menos días naturales de sesión tiene en el año legislativo, cuenta con sólo 52 días naturales de sesión y si comparamos esto con Congresos como Chiapas, que tienen 160, Campeche 172 y Veracruz 177, o con Morelos, que tiene 271 días de sesiones naturales, nos damos cuenta que el periodo que se ejerce en la Asamblea Legislativa es un periodo que resulta ser muy corto para la trascendencia de las labores de este órgano legislativo.

Dado que los periodos de sesiones actuales en la Asamblea Legislativa resultan insuficientes, toda vez que en el primero de ellos los dos primeros meses se ocupan para la glosa del jefe de Gobierno y el mes y medio restante se ocupa para la discusión del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Ciudad de México. En el segundo comparecen ante el pleno los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos, dejando un muy reducido tiempo para discusión y desarrollo de la agenda legislativa cotidiana.

En el dictamen que hoy se somete a su consideración se pretende incrementar un total de 11 días al primer periodo de sesiones y 43 días al segundo periodo de sesiones, dejando un incremento total de 54 días, que van a permitir que esté muy cercano el periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa a lo que se establece aquí en el Congreso de la Unión.

La iniciativa contempla también que una vez aprobada esta iniciativa la Asamblea contará con un plazo de hasta seis meses para poder adecuar su normatividad interna, a efecto de que esta ley se cumpla.

Quiero aprovechar la oportunidad para reconocer el trabajo que se realizó en la Comisión de Distrito Federal, que sin duda este trabajo va a redundar en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Por ello es que venimos a pedir su voto a favor de la presente iniciativa, que estamos seguros va a significar un aporte importante para las actividades legislativas de la Ciudad de México.

No quiero dejar de mencionar y de solicitar en esta intervención a todas las fuerzas políticas del país cumplir la palabra empeñada y darle a la Ciudad de México la reforma política del Distrito Federal. Los habitantes de la Ciudad de México no podemos ser rehenes de disputas políticas internas. Apelamos a la sensibilidad y apelamos al compromiso que este órgano legislativo y el Senado de la República adquieren con los que habitamos en la Ciudad de México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Margarita Saldaña, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Margarita Saldaña Hernández:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea de diputados y diputadas. Para los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PAN en esta Legislatura el presente dictamen que busca eficientar el trabajo legislativo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en producir el mayor número de resultados en el menor tiempo posible y maximizar los beneficios para la sociedad, atendiendo en todo momento la dimensión cualitativa más que cuantitativa, que debe imperar en el trabajo legislativo.

Me llaman la atención algunos párrafos del presente dictamen, a los que haré referencia. En el numeral tercero de las consideraciones dicen: Esta comisión dictaminadora, luego de analizar las iniciativas en comento y corroborando que cumplen con los requisitos legales y del proceso legislativo necesarios, coincide y hace suyas las preocupaciones y objetivos de la misma.

También en el numeral dos se destaca que el espíritu de los proyectos de decreto enviados, es aumentar la productividad del órgano encargado de la función legislativa en el Distrito Federal.

Y como ya se ha mencionado por los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, es el órgano legislativo con menos días de sesiones al año en todo el país, con sólo 152 días.

Finalmente, en el numeral seis de estas consideraciones, se menciona que esta comisión dictaminadora es respetuosa de la competencia de la Asamblea Legislativa, que ha determinado que sus tiempos legislativos deben ser ampliados, por lo que no existe inconveniente por parte de esta representación en sus planteamientos.

Y cuando digo que me llaman la atención estos párrafos del dictamen, es porque este año la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cumple 25 años de existir. Sí es la más joven, el más joven de los Congresos locales, sin embargo, ya no es una menor de edad, tiene 25 años de existir, y es verdaderamente una lástima que todavía, a estas alturas, tenga que seguir pidiendo la anuencia de este cuerpo Legislativo del Congreso de la Unión para poder realizar reformas tan simples, tan simples como es la de tener más días de sesiones ordinarias.

Creo que el hecho de que hoy tengamos la posibilidad de aprobar esto nos debe recordar que ha sido una demanda eterna de los diputados locales del Distrito Federal el que se pueda ampliar su periodo de sesiones.

En 2005, la Asamblea presentó un dictamen, una iniciativa similar a la que hoy vamos a aprobar. En el 2011, el diputado Ezequiel Rétiz, del Grupo Parlamentario del PAN, también la presentó, y esto es por mencionar a algunos. Prácticamente todas las legislaturas que ha tenido la Asamblea, desde 1997 para acá, han presentado a este Congreso de la Unión una iniciativa en la que piden que por favor se amplíen nuestros periodos. Esto es lamentable.

Quiero concluir haciendo conciencia a esta Cámara de Diputados, y también mencionando que ojalá la reforma política del Distrito Federal, de la que tanto se ha hablado y que se dice que pronto estará por acá, en esta Cámara de Diputados, no solamente hablo de una mayor autonomía y libertad para la Asamblea Legislativa o para el Gobierno del Distrito Federal, sino que también venga acompañada de una mayor libertad y autonomía para las delegaciones del Distrito Federal. Y espero que éstas no tarden otros 25 años para que las podamos aprobar en esta Cámara de Diputados.

Hay temas importantes del Distrito Federal que debemos tomar en cuenta, que no deben ser ya materia de esta Cámara de Diputados, y entre ellas estoy hablando de la autonomía administrativa de las delegaciones, de la autonomía financiera de las delegaciones, de una ley de coordinación fiscal que sirva verdaderamente a un reparto justo y equitativo de los recursos económicos para el Distrito Federal.

De una mayor participación en materia, inclusive, de seguridad pública, que hoy por hoy está totalmente centralizado en el Gobierno del Distrito Federal.

Ojalá esa reforma política del Distrito Federal tan mencionada venga verdaderamente acompañada de mayor libertad, mayor autonomía, mayor democracia y menos centralización.

Por todo lo anterior, quiero comentar que en espera de que la reforma política venga pronto y venga completa, les comento que el Partido Acción Nacional, el Grupo Parlamentario votará a favor de este dictamen. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos de la delegación Gustavo A. Madero, que están hoy aquí en la Cámara de Diputados invitados por la diputada Claudia Elena Águila Torres, bienvenidas y bienvenidos todos. Tiene la palabra el diputado Arnoldo Ochoa González para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Arnoldo Ochoa González:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en el vestíbulo, en su muro principal está grabado un apotegma de José María Morelos que señala que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia.

El referido apotegma cobra especial vigencia en este momento de nuestra historia cuando la división de poderes es una realidad y la pluralidad se refleja en la vigorosa vida que distingue a nuestros cuerpos parlamentarios, entre ellos la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, órgano que debido a las características propias del régimen jurídico de la capital del país, conserva cualidades que las distinguen de otros Congresos locales.

Desde 1987, el gobierno federal decretó la creación de una Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la cual nació con poderes legislativos limitados. Debido a la reforma constitucional de 1993 se otorgaron mayores atribuciones a la Asamblea de Representantes.

El proceso de autonomía de la capital del país avanzó con la reforma constitucional de 1996 en la que se instituyó la figura de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que sería electo por vez primera, y se modificó el nombre del órgano legislativo por Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuya primera Legislatura fungió de 1997 al año 2000.

Sin embargo, el ejercicio del voto público, la división de poderes y la representación política plural de poco o nada sirven si los trabajos realizados en los parlamentos no contribuyen a mejorar la vida de los mexicanos, a acrecentar el desarrollo y la prosperidad, o a mejorar la seguridad de sus habitantes: Lo que en este momento reclama la ciudadanía es que los procesos democráticos que tanto nos cuestan se traduzcan en resultados concretos, o de lo contrario permeará el escepticismo respecto de la viabilidad de nuestro sistema político.

Lo anterior cobra especial importancia si tomamos en cuenta que una de las principales demandas de la sociedad es el mejoramiento del trabajo legislativo que realizan los representantes populares, lo cual —a decir de diversos instrumentos de medición de la opinión pública— pasa necesariamente por aumentar las jornadas de trabajo de los plenos legislativos.

En el caso de la Asamblea Legislativa capitalina, el dictamen sujeto a nuestra consideración reconoce que este organismo es uno de los que menos veces sesiona al año, lo que ha traído consigo una revisión de su propio régimen de gobierno a fin de proponer la ampliación de los días de sesiones.

Cierto es que, como bien se menciona en el dictamen, la ampliación de los periodos ordinarios no garantiza una mayor productividad por parte de los cuerpos legislativos, toda vez que como bien entendemos en este recinto, la aprobación de leyes, decretos y puntos de acuerdo requiere no solo de tiempo, sino de voluntad política y visión de Estado, capacidad de negociación y talento para el ejercicio de la política y dejar de lado rencores o rivalidades que en nada abonan el entendimiento entre quienes difieren sobre la forma en que conciben al país.

Reconocemos que el presente dictamen goza de una importante legitimidad, toda vez que las iniciativas que lo originaron provienen de la propia Asamblea Legislativa y de legisladores afines al partido que gobierna la capital del país, por lo que la aprobación del mismo no debe ser vista como una intromisión por parte del Congreso de la Unión.

Simplemente estamos en el desempeño de un ejercicio, de una facultad constitucional contenida en el artículo 122 de la Carta Magna, y el fruto del acuerdo entre las diversas fuerzas políticas representadas en esta Cámara y en la propia Asamblea.

Compañeras y compañeros legisladores, los diputados del Partido Revolucionario Institucional vamos a votar a favor del presente dictamen, ya que reconocemos en el Distrito Federal a la ciudad de todos los mexicanos, una entidad que se distingue por su vigor ciudadano y vocación democrática.

Les decimos con claridad a todas las fuerzas políticas: no está en nuestra naturaleza regatearle apoyo alguno a la capital del país, sino hacer todo lo necesario para que siga siendo una casa incluyente y la capital de todos los mexicanos.

El Grupo Parlamentario del PRI está listo para un debate para la reforma política del Distrito Federal en la mayor disposición de fortalecer la vida democrática de la Ciudad de México y de los acuerdos políticos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se ha inscrito para hablar en contra la diputada Aleida Alavez. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Muchas gracias, presidente. Estamos discutiendo una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que entiendo, por lo que me comentan mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, se acredita como iniciativa de de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Si esto fuera así es algo que podemos atender con justa razón, porque además homologar los periodos de sesiones entre la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa no tiene ningún inconveniente. Lo que creo, que este honorable cuerpo del Legislativo federal tiene que resguardar es el respeto a la vida institucional de los poderes en la Ciudad de México.

Lo digo porque estar acreditando, legislando temas de la Ciudad sin dar cabida a ya la resolución de la reforma política del Distrito Federal, pues sí, al menos en mi caso como representante electa por uno de los distritos de esta Ciudad, de esta gran Ciudad de México, pues no me agrada esa idea. No estoy de acuerdo en que sigamos en la discusión o decidiendo por el Distrito Federal temas que le corresponden a la Ciudad de México.

Yo creo que sería más congruente de nuestra parte —lo digo por todos los grupos parlamentarios, del PRI, del PAN, del PRD mismo, del PT, de Movimiento Ciudadano, del Panal, del Verde Ecologista, todos los que conformamos esta honorable Cámara de Diputados— reflexionar sobre el papel que estamos jugando en esta Legislatura para trascender o no a la reforma política del Distrito Federal.

Si somos congruentes tenemos que dejarle estos temas a la Ciudad de México, al órgano que está erigido en representación de la ciudad que es la Asamblea Legislativa, en donde jurisprudencia de la Suprema Corte nos ha acreditado como congreso local, aunque lamentablemente no hay ese estatus en la Ciudad de México.

Por eso es el que haya subido a tomar la tribuna, perdón, a hacer uso de la tribuna en el sentido no de ir en contra de este dictamen, sino abstenerme por la razón de no ser un tema que crea que se tenga que discutir en esta Cámara de Diputados, sino en la Ciudad de México, en los órganos que son representativos de la ciudad y que no sigamos hablando por la ciudad cuando allá hay quienes representan a la misma y pueden hacerlo si nosotros acreditamos de una vez por todas la reforma política. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar a favor el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Vamos a votar a favor de este dictamen pero no podemos soslayar algunas reflexiones que tienen que ver con la materia del dictamen.

Desde luego que se tienen que ampliar los periodos legislativos para homologarse cuando menos a los tiempos que tiene la Cámara federal, pero me parece que no es un tema sólo del Distrito Federal, porque como bien se apunta en el dictamen, hay Congresos como el de Chiapas, Campeche y Veracruz, que también tienen periodos muy similares al del Distrito Federal y que en todo caso tendrían que revisarse, pero a diferencia de este régimen sui generis de la Ciudad de México, en los estados tienen su propia autonomía para poder definir sus tiempos parlamentarios.

La reflexión entonces es que no sigamos parchando el régimen político de la Ciudad de México y se vaya a fondo ya a una reforma política integral para la Ciudad de México, que parta de una Constitución, que parta de un pleno reconocimiento a las delegaciones ya equiparadas a municipios. Es decir, que no siga habiendo este régimen incompleto en la Ciudad de México.

Esto es lo que hemos discutido al interior de Movimiento Ciudadano con nuestro coordinador Ricardo Monreal, con el diputado José Antonio Hurtado y es lo que hemos coincidido con distintos diputados progresistas, que ya la reforma política del Distrito Federal no puede seguir congelada y sujeta a temas de coyuntura de las agendas de ciertos actores políticos.

La reforma política integral de la Ciudad de México no admite ya más dilaciones porque hay una tentación de estar legislando desde el Congreso federal la vida política de la Ciudad de México. Ya lo vimos con el tema de las marchas, con la regulación de las marchas, que sigue ahí como espada de Damocles, congelada, pero siempre latente para poder volver a surgir cuando haya movilizaciones sociales. Lo vemos ahora en esta reforma que si bien puede tener asideros legales por la facultad para legislar en materia de Estatuto de Gobierno nos parece que sigue siendo un parche.

Votamos a favor porque nos parece conveniente ampliar los periodos legislativos, pero creemos que se tiene que revisar de manera integral la vida política de la Ciudad de México, para avanzar en la democratización y en los derechos plenos de los ciudadanos de esta ciudad.

Preguntaríamos si hubo alguna comunicación con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si hubo alguna interacción con otros niveles ciudadanos y políticos de la Ciudad de México para que, si bien se tiene la facultad legal, también hacer un ejercicio de diálogo y de consulta y que no llegue nada más como una imposición o como una determinación de este Congreso y en particular de esta Cámara.

Ya no más parches, ya no más reformas de coyuntura, sino una reforma política de fondo y genuina para la Ciudad de México.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Quiero saludar a un grupo de líderes comunitarios del municipio de Jijipilco, estado de México, que nos acompañan invitados por el diputado Miguel Sámano Peralta. Bienvenidos a la sesión.

Se han inscrito también para hablar en pro el diputado Fernando Rodríguez Doval y el diputado Carlos Reyes Gámiz. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos(desde la curul): Pido la palabra.

El Presidente diputado José González Morfín: Ahorita registramos su intervención. Permítame, ya le di la palabra al diputado Rodríguez Doval. Inmediatamente después le doy la palabra desde su lugar.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Muchas gracias, diputado presidente. Quiero primero referirme a algo que comentaban hace unos minutos en esta tribuna acerca de la posibilidad de que la Cámara de Diputados, de que el Congreso de la Unión esté legislando en torno a lo que debiera hacer la propia Asamblea Legislativa.

Yo, por supuesto, estoy a favor de que exista una reforma política de fondo para el Distrito Federal y en ese sentido ya no tengamos que seguir legislando en este Congreso de la Unión sobre asuntos que debe legislar el próximo Congreso local —esperemos que así sea— del Distrito Federal.

Pero en tanto eso no ocurra, no solamente tenemos el derecho sino sobre todo la obligación de estar legislando en aquellas atribuciones que el artículo 122 de la Constitución nos otorga.

Por eso me parece una buena decisión de este Congreso de la Unión el que podamos aprobar esta reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para ampliar los periodos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Yo fui diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al igual que muchos de los aquí presentes, algunos, la mayoría, de la bancada del PRD, y puedo decir que en efecto, la Asamblea Legislativa no solamente es uno de los Congresos que menos sesiona en el país, sino que además tiene muchos problemas que ojalá que la reforma política de la Cámara de Diputados también aborde.

Por ejemplo, la Comisión de Gobierno del Distrito Federal de la Asamblea es una de las que concentra más facultades en perspectiva comparada respecto al resto de los Congresos locales del país. Ahí no ha habido una transición a la democracia en el Distrito Federal. Vemos que también la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tristemente es campeona en opacidad, en falta de rendición de cuentas y en falta de transparencia.

Estos serán temas que también la reforma política del Distrito Federal deberá abordar, porque lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es que el predominio de un partido político se ha traducido en muchas ocasiones en un mayoriteo que desconoce la enorme pluralidad que existe en la Ciudad de México. Por eso, esta reforma que hoy estamos aprobando nos va a permitir, por un lado, tener periodos de sesiones que simple y sencillamente se homologan con los del Congreso federal y la mayoría de los Congresos del país.

Pero debe ser también el punto de partida para que la reforma política del Distrito Federal convierta a la Asamblea Legislativa no solamente en un Congreso local con plenas facultades, y que forme parte también del Constituyente Permanente, y que pueda aprobar también su techo de endeudamiento y modificaciones a su ley fundamental que esperemos sea la próxima Constitución de la Ciudad de México, sino que también la Asamblea Legislativa se convierta en algo que hoy no es: un ejemplo de transparencia, de rendición de cuentas y de pluralidad política. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros: quiero reconocer y felicitar la iniciativa del diputado Carlos Augusto Morales, que además siendo una iniciativa que la propia Asamblea Legislativa aprobó en un marco de pluralidad, sea hoy retomada por esta Cámara y, en su caso, también afirmativamente validada.

Es verdad, la Ciudad de México, capital de todo nuestro país, es un espacio político fundamental para la vida de la República. Y en ese sentido, durante muchos años, a esta ciudad capital de todas y de todos, se le ha escatimado facultades, derechos, que otros estados hoy tienen.

Por eso que hoy esta Cámara dé cuenta de esta pequeña reforma coloca nuevamente el debate, y yo haría una pregunta que todos nos deberíamos responder: ¿Y la reforma política del Distrito Federal, dónde está?

Y lo pregunto porque en el marco del traído y llevado Pacto por México, uno de los ejes esenciales de esos acuerdos precisamente tenían que ver con la reforma política posible de la ciudad capital, pero ésta ha quedado guardada en alguna gaveta, los actores políticos que toman decisiones han dejado para un segundo momento este fundamental asunto, y es a lo que llamaría la atención.

Necesitamos y debemos —con el respeto a todos los puntos de vista, a todas las propuestas pluripartidistas, que en torno a la reforma política se tomaron y que posibilitó que ésta tuviera ya un 90 por ciento de acuerdo—, necesitamos retomarla. Es verdad, la reforma política de la ciudad sólo será posible si respetamos la diversidad y la pluralidad de puntos de vista, como me parece que hasta ahora el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera lo ha posibilitado.

Desde la izquierda seguiremos insistiendo e invitando al PAN, al PRI, al Partido Verde, a Movimiento Ciudadano, al PT, a Nueva Alianza a que le demos un impulso de nueva vida a la ciudad capital y que ya no más se postergue la reforma política posible, que ya tiene grandes consensos, pero que por algunas extrañas razones hoy sigue todavía esperando en alguna gaveta. Muchas gracias por su atención, y saludo esta iniciativa y felicito nuevamente a mi compañero Carlos Augusto Morales.

Presidencia del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Reyes Gámiz. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Zárate, para hablar en pro.

El diputado Fernando Zárate Salgado:Gracias, presidente. Qué bueno que estamos platicando y planteando, discutiendo, y vamos a aprobar hoy una de las reformas más importantes para el Distrito Federal, para homologar el periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa.

Me parece todavía más importante que la propia Asamblea Legislativa pudiera determinar, acorde a las circunstancias y a los motivos, razones, justificaciones, cuál será el plazo. Que no se le imponga desde el Congreso federal. Y por eso esta iniciativa atiende a una iniciativa presentada desde la Asamblea Legislativa. Es decir, la Asamblea Legislativa hace la petición para que en el ámbito federal los legisladores, nosotros, podamos hacer esa modificación.

Sin embargo, escuché varios comentarios respecto de la Asamblea Legislativa, respecto de una supuesta opacidad, respecto de una supuesta falta de transparencia, y sólo quisiera señalar que si hubiera existido esa falta de transparencia y opacidad el PRD no hubiera ganado ninguno de los distritos locales, sin embargo la realidad es que el PRD ganó todos y cada uno de los distritos locales, y en los distritos federales solamente perdimos uno.

Eso es de transcendencia fundamental para la ciudadanía: apoyar no solamente al PRD, sino a los diputados que han hecho su trabajo. El PRD tiene un compromiso no solamente con la ciudadanía en el Distrito Federal, sino ha sido el estado de la República que más ha evolucionado en la vida moderna desde un punto de vista de un equilibrio de poderes.

No solamente existe un convenio con Transparencia Mexicana, no solamente es la Asamblea que más transparencia tiene, y ustedes pueden consultar la página web, pueden pedir cualquier información y por eso mismo se ha podido criticar el gasto de la Asamblea Legislativa. En ningún otro estado de la República mexicana se es más transparente que en el Distrito Federal y esa crítica por cierto es buena, es bondadosa porque nos da la oportunidad a los ciudadanos del Distrito Federal, y más a los representantes populares, de seguir evolucionando.

El PRD tiene un serio y severo compromiso con seguir siendo la punta en materia legislativa en este país, más allá en materia de transparencia y más allá seguiremos ganando absolutamente todos los distritos en 2015. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Zárate. Tiene el uso de la voz el diputado Jorge Sotomayor, para rectificación de hechos.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Realmente es curioso escuchar al diputado Zárate, a quien respeto pero en esta ocasión debo decirle que, Fernando, estás bastante equivocado. El Distrito Federal, y en particular la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es totalmente opaco y es poco o nada transparente.

Sabemos que ellos tienen el control de la Comisión de Gobierno, que es donde se decide a dónde se van los dineros, que es donde se determina de qué manera se va a hacer política dentro de la Asamblea Legislativa, y que la Mesa Directiva, a pesar de que se cambie cada mes, no tiene ninguna injerencia en la vida política que sucede en el Distrito Federal.

Y no es que ganen porque son los mejores, no es que tengan 26 de 27 distritos federales o de que tengan la mayoría en la Asamblea Legislativa. No es por capacidad, es porque sabemos que todos los dineros que se utilizan y que se recaudan en la Ciudad de México van a acabar en prebendas, en compra-ventas del Partido de la Revolución Democrática.

Sabemos, y en muchas ocasiones Acción Nacional en la Asamblea Legislativa ha solicitado que se tranparente a los beneficiarios de todos estos programas sociales, y ha sido el propio PRD el que no ha querido que se transparenten. Entonces hablar de transparencia y de que no hay opacidad es una mentira, y es por eso que el Distrito Federal está gobernado por el PRD. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado Zárate para responder alusiones personales. Desde su curul.

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Yo le pediría al diputado que me antecedió en la palabra y que me aludió, que si tiene congruencia y lógica en lo que está señalando que vaya y que presente la denuncia. Éste es un país de instituciones y si él conoce de un delito y no lo denuncia es cómplice de ello. Yo lo exhortaría a que no viniera aquí nada más con baba de perico, y que acorde a sus dichos presente la denuncia. Con mucho gusto hay instituciones que lo pueden desahogar. Yo personalmente lo acompañaré a presentar esta denuncia.

Por otro lado, presidente, agradeciendo su tolerancia. Qué curioso que sigan afirmando que no hay transparencia, cuando la hoy senadora Mariana Gómez del Campo aprobó todas las reformas en transparencia para la Asamblea Legislativa. Creo que el reclamo es hacia adentro. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Previa lectura, consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Aleida Alavez, a un artículo tercero transitorio, en relación al dictamen de la Comisión del Distrito Federal con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación de la diputada Aleida Alavez Ruiz. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Le ruego a la Secretaría proceda a dar lectura respecto a la propuesta presentada por la diputada Alavez.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted de la manera más atenta, considere mi participación con la reserva a incluir un tercer transitorio en relación al dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal al siguiente tenor:

Debe decir:

Tercero. El inicio del primer periodo ordinario de sesiones, por única ocasión, para el año 2015 seguirá siendo a partir del día 17 de septiembre.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2014.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputada Alavez. Menciono a esta asamblea que por supuesto se ha votado. Sin embargo, le estoy concediendo el uso de la voz a la diputada Alavez.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, presidente, es que precisamente es una falta al procedimiento. O sea, usted pone a discusión si se acepta o no la reserva, sin que yo ya la haya expuesto. Y hasta después de que se votó la leen, por la Secretaría.

Creo que eso es una falta de respeto a la presentación de mi reserva y la argumentación que obviamente tenía que ver con que el pleno aceptara o no la reserva, que implica que precisamente mi argumentación en torno a lo injerencista a la Asamblea Legislativa ahora trasgrede a que le estamos quitando a esta Legislatura, que fue electa por tres años, 11 días de representación. Entonces, el transitorio era para precisamente dejar claro que el próximo periodo de la siguiente legislatura empezara el 17 de septiembre y no el 5 de septiembre, como lo dice el dictamen.

Lamento mucho que se cometan estos atropellos, no solamente al procedimiento, sino también a lo que implica una discusión que le corresponde a la Asamblea Legislativa y no a esta Cámara si somos congruentes, no con la ley, sino con las posturas políticas que aquí se han dado con respecto a la reforma política del Distrito Federal. Gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. Nada más reiterar que el dictamen está discutido en lo general y en lo particular. Por tanto, el sentido de la votación fue desechada.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se emitieron 407 votos a favor, 24 abstenciones, 3 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 407 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, solicito a la Secretaría dar lectura.

MODIFICACION AL ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 64, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente una modificación al orden del día de la presente sesión, a fin de incluir el siguiente asunto en el apartado de dictámenes para su discusión y votación.

• Dictamen de la Comisión con Puntos de Constitucionales con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de abril de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobado. Se modifica.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado Marcos Medina Filigrana, ¿con qué objeto?

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Estaba solicitando la palabra desde antes de la votación y quisiera nada más que quedara asentado un respetuoso llamado a su forma personal de presidir, por los efectos jurídicos que ello genera, diputado presidente.

El hecho de que hayamos votado una enmienda, una propuesta que presentó la diputada Alavez sin haberlo conocido, lo digo con mucho respeto, pero exhibe a la Cámara por estar votando sin pleno conocimiento de lo que se vota.

En segundo lugar, yo le pedí la palabra antes de la votación, porque quería reflexionar con la asamblea, en el sentido de que votar el dictamen en el sentido que lo hicimos, y como señala la diputada Alavez, de cercenar 11 días a la Asamblea en vigor, puede generar una controversia constitucional.

En este tipo de reformas se acotan los tiempos de la legislatura que está por empezar, no de la que está vigente, porque se están violentando los derechos políticos de quienes son electos y el órgano colegiado en su conjunto.

Entonces, diputado presidente, un respetuoso llamado a tomar en cuenta esta situación, porque si tenemos una controversia constitucional y la Corte nos exhibe, habrá responsabilidad política también para usted. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado, y con el mismo respeto le aclaro que el dictamen se discutió en lo general y en lo particular en un solo acto, por lo que las propuestas de modificación se presentaron y desahogaron en esta misma discusión. El dictamen contenía un solo artículo de modificación.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes legislativos

a) El 10 de octubre de 2013, el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue publicada en Gaceta Parlamentaria.

b) El 16 de octubre de 2013, el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona al segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó la Iniciativa a la  Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen y, a la Comisión de Desarrollo Sustentable para opinión.

c) El 26 de febrero de 2014, la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable, presentó ante esta comisión opinión en sentido positivo respecto a la iniciativa del diputado José Humberto Vega Vázquez, que reforma al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Materia de las iniciativas

1) La iniciativa presentada por el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, señala que la educación con responsabilidad ambiental debe tener un objetivo más profundo que la conservación del entorno, concientización de las personas o fomento de conductas pro ambientales, sino que debe ser el eje del sistema educativo nacional que desarrolle una sólida cultura ecológica, orientada a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos naturales, siendo así parte de la solución de los problemas ambientales mundiales.

En Chiapas ya se ha implementado un programa pionero en el país denominado Educar con Responsabilidad Ambiental, que fomenta en niños y jóvenes prácticas sustentables y saludables con el entorno. En sí, este programa tiene la finalidad de realizar acciones concretas para contribuir en la urgente y necesaria tarea de conservar los recursos naturales con que cuenta este estado.

Expresa que la educación ambiental fomenta en las nuevas generaciones la asimilación de que los humanos somos parte de la naturaleza y que nos beneficiamos de ella, con el propósito de que no la destruyamos  y logremos un desarrollo sustentable.

2) La iniciativa del diputado José Humberto Vega Vázquez, expone el requisito de “ambientalizar” las aulas, es decir de repensar la tarea escolar, a manera que oriente los valores y comportamientos colectivos hacia objetivos comunes que converjan en un desarrollo sustentable, pasando por el respeto y cuidado de la flora y fauna que nos rodea, el agua, la tierra y la atmosfera.

Teniendo como objetivo principal, otorgar un nuevo elemento a la política educativa del país, que contribuya a la responsable utilización de los recursos naturales que posee la nación, para formar ciudadanos con mejor conciencia ambiental dotando así a las generaciones emergentes de los elementos formativos que permitan prevenir, conservar y mejorar el entorno ambiental actual.

Menciona que para poder desarrollar lo anteriormente expresado, es importante primero que nada es importante concientizar al profesorado mexicano sobre la temática ambiental y ecológica, una cultura ambiental y ecológica para que a su vez se replique en el alumnado, segundo reservar espacios para la participación de los padres de familia o tutores de los educandos, esto en actividades extra-escolares.

Finalmente resalta que sino educamos en materia ambiental a las nuevas generaciones seguiremos gastando recursos de todo tipo para luchar en contra de la inconsciencia ambiental y sus efectos, y por el contrario si educamos será una inversión a mediano y largo plazo.

III. Cuadro comparativo

Texto constitucional vigente

Artículo 3o. ...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. a IX. ...

Proyecto de decreto propuesto en la iniciativa

Artículo 3o. ...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

...

...

I. a IX. ...

IV. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora, después de realizar un análisis exhaustivo, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes argumentos:

A finales del siglo XX, en la comunidad internacional se presentó en mayor medida un desarrollo de la conciencia social sobre los problemas ambientales, lo que derivó en la implementación de una estrategia educativa para superarlos.

De este modo del 5 al 16 de junio de 1972, se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en la cual se acordaron acciones orientadas a atender la problemática ambiental.

El principio número 19 de esta Conferencia señalaba lo siguiente:

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.”

Asimismo, en 1972 fue instituido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), mismo que estableció entre sus objetivos, la conservación de las zonas naturales y la planificación económica y, desde 1975 comenzó a funcionar el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), puesto en marcha conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) y el PNUMA.

Por lo que respecta a nuestro país, en materia de protección al medio ambiente, existen antecedentes como la Ley Federal para prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, del 12 de marzo de 1971, cuyo artículo 8 señalaba:

El Ejecutivo federal a través de las Dependencias u Organismos que designe desarrollará un programa educativo e informativo a nivel nacional sobre lo que el problema de la contaminación ambiental significa, orientando muy especialmente a la niñez y a la juventud hacia el conocimiento de los problemas ecológicos.

Posteriormente, el 11 de enero de 1982, se publicó la Ley Federal de Protección al Ambiente y cinco años más tarde, el 28 de enero de 1988, se emitió la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En México la legislación ambiental es relativamente joven, lo que ha derivado en la carencia de programas y acciones suficientes que puedan dar una solución adecuada e inmediata a la problemática ambiental a la que nos hemos enfrentado en las últimas décadas.

Aunado a lo anterior, desafortunadamente no existe en los seres humanos una adquisición de valores y conceptos cuyo principal objetivo sea desarrollar actitudes y capacidades para entender y apreciar la gran importancia que tiene la naturaleza sobre nuestra vida cotidiana.

Para nadie es ajeno que una buena parte de la cubierta vegetal y de los suelos del país se han perdido o degradado, mas de dos mil especies de plantas y animales están en alguna condición de riesgo, numerosos acuíferos se hallan sobreexplotados y la calidad del aire y del agua no es adecuada en varias zonas del país. A esto, se suma el cambio climático, un fenómeno que compromete seriamente la viabilidad de muchas naciones en el mundo, incluido México.

En ese sentido, la problemática ambiental a la que se enfrenta la humanidad, nos obliga a emprender acciones para hacerle frente, por lo que, la educación surge como parte de la solución, al permitir la formación de una cultura ecológica en la sociedad, mediante el manejo y asimilación de conocimientos, y valores acerca de la relación del hombre con la naturaleza.

Para ello, se requiere de la participación de profesores, alumnos y ciudadanos ecológicamente responsables que se organicen, concienticen y adquieran conocimientos en temas ecológicos, por mencionar algunos:

El cambio climático, desertificación, desforestación, disposición de agua, respeto a los animales y su hábitat, reciclaje, patrones de producción y consumo, así como los principios y valores que sustentan una sociedad, es indispensable reflexionar en los hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente.

Los integrantes de esta Comisión estiman que sin fomento al conocimiento del medio ambiente, el ser humano estará carente para identificar las alternativas que dañan al ambiente, cambiar conductas y tomar decisiones basadas en el mejoramiento de calidad de vida, por lo que padecerán las consecuencias negativas.

En consecuencia, es viable el adicionamiento de la proposición “ el cuidado al medio ambiente” en el segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al incorporarlo en las materias que fomentan la educación que imparte el Estado, le dará a la Nación fortalecimiento político educativo, de tal modo que las nuevas generaciones y los ciudadanos actúen valorando, cuidando y respetando los recursos naturales del país.

En el mismo sentido se ha expresado la Comisión de Desarrollo Sustentable al señalar lo siguiente:

...de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se ha comprobado que los primeros años de vida, representan una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada ser humano, pues es ahí en donde se aprenden las principales normas sociales y se adquieren valores como la solidaridad, el sentido de justicia, etcétera, es por ello que, al hablar de educación, se debe considerar a ésta como el medio por el que podemos dar solución a los principales problemas del país.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), coincide en que la educación, promueve la libertad, la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo, siendo además, un instrumento que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados, salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad, razón por la cual, debemos tener en cuenta que únicamente a través del aprendizaje y creando conciencia en las futuras generaciones, formaremos personas competentes para enfrentar la problemática del porvenir y comprometidas para prevenir situaciones que eviten su propio exterminio, pues “la nueva mentalidad es más importante incluso que la nueva ciencia y la nueva tecnología.” A.N.Whitehead.

En ese sentido, el Estado Mexicano a lo largo de su historia como nación, ha vinculado el tema de la educación con el progreso...

...

Es menester resaltar que en el 2002 la ONU estableció el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con Miras al Desarrollo Sostenible 2005-2014 y designó a la UNESCO como organismo rector. En respuesta a lo anterior, el 11 de marzo de 2005 el gobierno mexicano suscribió el Compromiso Nacional por la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable por medio de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública, razón por la cual en ese mismo año, se inició el proceso de construcción de la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México (EEASM) con la finalidad de impulsar la instrumentación del Decenio y consolidar a la educación para la sustentabilidad como una política de Estado.

Con lo anterior, se reafirma el compromiso adquirido por nuestro país en materia ambiental y que se contrapone con la visión que la misma Secretaria de Educación Pública (SEP) se ha fijado y que a la letra dice:

En el año 2025, México cuenta con un sistema educativo amplio, articulado y diversificado, que ofrece educación para el desarrollo humano integral de su población. El sistema es reconocido nacional e internacionalmente por su calidad y constituye el eje básico del desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de la nación.

De donde se destaca, la omisión del cuidado y la protección del Medio Ambiente como eje fundamental en el sistema que el Estado impartirá y que tampoco se conjuga con las metas del Plan Nacional del Desarrollo sobre protección al ambiente y conservación del equilibrio ecológico para elevar al país a su máximo potencial.

Por lo anterior, los integrantes de esta comisión consideran conveniente que se realice la correspondiente modificación al artículo 3o. constitucional en los términos expuestos en la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por ser la ley suprema de nuestra nación que fija las bases para la creación y armonización de todo nuestro Marco Jurídico y que sin duda alguna, marcarán precedente para las presentes y futuras generaciones.

Dicho lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora estamos convencidos de que la implementación de esta reforma constitucional contribuirá a formar y capacitar no sólo a jóvenes y niños, sino también a los gestores, planificadores y las personas que toman las decisiones, para que orienten sus valores y comportamientos hacia una relación armónica con la naturaleza.

Por lo expuesto y fundado los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

...

I. a IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Tamames, R., Ecología y desarrollo. La polémica sobre los límites al crecimiento, Alianza Universidad, Madrid, 1977, página 201.

2 UNICEF. (2013). La Educación en México. Electrónico. (Recopilado de World Wide web el 16 de diciembre de 2013 http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm)

3 Narro Robles. (2010). Periódico La Jornada. Electrónico. (Recopilado de World Wide web el 16 de diciembre de 2013 http://www.jornada.unam.mx/2010/10/10/politica/016n1pol)

4 SEP. (2013). Electrónico. (Recopilado de World Wide web el 6 de enero de 2014 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Vision_de_la_ SEP)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2014.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado, Carlos Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Damián Zepeda Vidales, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Míriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene la palabra el diputado Julio César Moreno Rivera, hasta por diez minutos, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene como propósito establecer que la educación que imparta el Estado deberá fomentar en los mexicanos el cuidado al medio ambiente.

La educación ambiental es un proceso educativo integral e interdisciplinario, que considera al medio ambiente como un todo y que busca involucrar a la población en general a la identificación y resolución de problemas a través de la adquisición de conocimientos, valores, aptitudes y habilidades, así como la participación activa y organizada.

Al respecto, la Unesco ha señalado que para contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, la acción de la educación debe vincularse con la legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten en relación al medio ambiente humano.

En el caso de México, la legislación ambiental es relativamente reciente, lo que ha derivado en la carencia de programas y acciones suficientes que puedan dar una solución adecuada e inmediata a la problemática ambiental a la que nos hemos enfrentado en las últimas décadas.

En este sentido, la reforma constitucional que hoy se propone a consideración de este pleno constituye un paso adelante en la política educativa del país, que sin duda contribuirá a la responsable utilización de los recursos naturales que posee la nación, para formar ciudadanos con mejor conciencia ambiental, dotando así a las generaciones emergentes de los elementos formativos que permitan prevenir, conservar y mejorar el entorno ambiental actual.

El medio ambiente es el pilar básico de la vida de todos, y es por ello que debemos cuidarlo y conservarlo, acudiendo a la educación como parte de la solución, al permitir la formación de una cultura ecológica en la sociedad, mediante el manejo y asimilación de conocimientos y valores acerca de la relación del hombre con la naturaleza.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy es necesario que el Estado implemente todos los medios a su alcance para contrarrestar el grave daño que como sociedad hemos causado al medio ambiente a lo largo de décadas.

No olvidemos que la adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea depende en gran medida de la enseñanza y de la educación de la niñez y de la juventud.

Por esta razón, corresponde a las instituciones educativas desempeñar un papel fundamental en este proceso. En la formación y el desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, lo concerniente a la protección al medio ambiente en la escuela y sus alrededores contribuye a vincular la teoría con la práctica, y a familiarizarlos con esas tareas y exigencias a escala local.

Esto facilita que comprendan la importancia de la protección del medio ambiente y sus distintos factores a nivel regional y nacional, y cómo una sociedad pueda planificar y controlar la influencia del medio ambiente en beneficio de la colectividad.

Compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor de este dictamen cuya aprobación dará a la nación fortalecimiento político, educativo, de tal modo que las nuevas generaciones actúen valorando, cuidando y respetando los recursos naturales de nuestro país.

Kofi Annan, secretario general de la ONU, decía que salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenido, es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que los invito a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Moreno Rivera. Tiene el uso de la voz, el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para fijar postura hasta por diez minutos.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. En Nueva Alianza el cuidado del medio ambiente es un tema central de nuestra agenda legislativa, sus repercusiones, todos lo sabemos, tienen efectos en la sustentabilidad del país y en la vida futura de las próximas generaciones.

Nuestra Constitución Política, en el quinto párrafo de su artículo 4o. constitucional consigna que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; lo que indubitablemente implica la plena responsabilidad del Estado para garantizar ese derecho, responsabilidad que además se asume con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en aras de cuidar el medio ambiente.

Los efectos para su cumplimiento no solo descansan en los instrumentos jurídicos que sancionan los daños medioambientales, sino en aquellos que los previenen, pues las acciones contra el medio ambiente en muchas ocasiones son irreparables, causando un perjuicio a la sociedad e incluso a la misma humanidad.

El cambio climático, la exclusión de las especies, la deforestación, la contaminación del agua son algunos de los principales problemas causados por nuestra falta de cultura en el cuidado al medio ambiente. Esta falta de cultura propicia que las personas cometan daños al medio ambiente sin que ellos mismos sepan las consecuencias de sus acciones.

Por tal razón, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos pertinente y oportuna la adición al segundo párrafo del artículo 3o. constitucional, para establecer como un principio que en la educación que imparta el Estado se considere el cuidado del medio ambiente como eje toral del sistema educativo nacional.

Estamos convencidos de que la educación es un componente primordial para el cambio cultural de la sociedad mexicana. Es en los espacios educativos donde se construye la conciencia de niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Conciencia que se convierte en factor central para las grandes transformaciones que México requiere.

Desde esta tribuna reconocemos en las y los maestros la parte esencial de que la cultura del medio ambiente se internalice en los estudiantes, pues de otra forma la pura traducción de conocimientos resulta inocua para los nobles propósitos de esta reforma constitucional.

Es necesario que para el cumplimiento de los principios que contiene la educación de este país se dote a las escuelas, a los alumnos y a los profesores de los elementos mínimos indispensables del proceso educativo.

Sin duda el cuidado del medio ambiente es por sí mismo una razón suficiente que justifica su inclusión en la educación que imparte el Estado mexicano, pero su internalización en la conducta de los estudiantes perderá toda eficacia si en la escuela el agua no es suficiente para atender sus necesidades básicas.

Estamos de acuerdo y coincidimos en que la educación en las escuelas es el detonante de los cambios sociales. Ese principio ha sido una guía orientadora de mi Partido, de Nueva Alianza.

Estamos de acuerdo que el cuidado del medio ambiente debe ser un eje del sistema educativo nacional, pero también debemos señalar desde esta tribuna que para ello deben existir las condiciones materiales que permitan un proceso de enseñanza eficiente, que cumpla plenamente con sus propósitos y que cumpla con todos y cada uno de los objetivos establecidos en el mismo precepto jurídico que hoy se pretende reformar en el artículo 3o. constitucional. Que la educación que imparta el Estado tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.

Señoras y señores legisladores, los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad colocan a la educación como un factor de cambio que nos permite afrontarlos de manera directa y sin cortapisas.

El cuidado del medio ambiente es sin duda un tema prioritario de la agenda pública que debemos atender con inteligencia, con decisión y de manera pronta y expedita. Cada vez más resentimos los efectos provocados por la depredación del medio ambiente, un asunto que trasciende lo local para convertirse en una problemática de dimensiones globales.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen porque estamos convencidos que sólo a través de la educación se puede prevenir y mitigar los daños al medio ambiente, a partir de un cambio cultural en la relación de las personas con su entorno. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado González Roldán. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Cantú Garza, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para expresar nuestro apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3o. constitucional a efecto de incluir el cuidado al medio ambiente entre los fines que se establecen en la educación que el Estado mexicano imparte.

En el siglo XX el desarrollo industrial en el mundo ha generado una afectación al medio ambiente. Tan es así que en opinión de los especialistas los daños a la capa de ozono han sido causados por los gases que a la atmósfera se expulsan.

Por ello es pertinente que todos los habitantes del planeta cobremos conciencia del cuidado al medio ambiente, porque ello nos permitirá seguir existiendo como especie humana.

En el caso particular de México, en las culturas precolombinas se tenía un cuidado al medio ambiente, a la madre tierra, porque se sabía que el hombre tenía que vivir en armonía con ella.

En el siglo XXI nos hemos empecinado como sociedad en destruir el hábitat. Las playas contaminadas, lagos, lagunas y ríos contaminados y atmósfera contaminada. Todo ello pone en riesgo nuestra vida.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a lo largo de diversas legislaturas hemos apoyado reformas a diferentes leyes en materia de protección al medio ambiente, porque reconocemos que esta lucha no es patrimonio de nadie en particular, sino un deber de todos los legisladores, reiteramos porque en ello va nuestra viabilidad como especie humana.

Reconocemos que en el artículo 3o. se establecen los fines del proyecto educativo nacional en la educación que el Estado imparte. Por ello votaremos a favor del presente dictamen, porque en los planes y programas de estudio de la educación que el Estado imparta se tendrá que establecer el cuidado al medio ambiente.

Por supuesto que no nos oponemos al desarrollo industrial del país, pero éste tiene que estar en armonía con la protección al medio ambiente.

Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Cantú Garza.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a jóvenes procedentes del estado de Puebla, invitados por el diputado Rafael Micalco Méndez. Sean ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por diez minutos para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Éste fue un tema que se debatió en la Comisión de Puntos Constitucionales sobre una iniciativa planteada por el diputado Mario Francisco Guillén, del Grupo Parlamentario del Partido Verde y por el diputado Humberto Vega, del Partido de la Revolución Democrática,| y es una modificación al artículo 3o constitucional que establece como uno de los principios rectores de la educación que imparte el Estado el tema del cuidado al medio ambiente.

Nos parece un tema de actualidad e importante, debido al deterioro ambiental por los efectos del cambio climático, por la erosión de nuestras riquezas naturales y en general por los fenómenos de contaminación que hoy sacuden a estados, fronteras, mares, tierras. Por eso estaríamos a favor.

Sin embargo, no podemos soslayar que la agenda ambiental es hoy por hoy una agenda relegada, es una agenda que queda en los discursos, pero cuando se tocan grandes intereses económicos o políticos, se relega a un segundo plano.

Creemos que los destinatarios iniciales de esta educación del cuidado al medio ambiente debiesen ser los servidores públicos, y en concreto la gente del sector energético nacional, empezando por el director de Pemex, el secretario de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y todos los servidores públicos que tienen en sus manos políticas que afectan el deterioro ambiental.

La realidad hoy en día es que no estamos cuidando el medio ambiente. El diario The Washington Post publicó el pasado19 de abril un reportaje que cito textualmente: “Los cambios radicales en las políticas energéticas mexicanas están abriendo el país a las empresas extranjeras y a las empresas de fracking estadounidense”.

Ya hemos denunciado en otras ocasiones el crimen ecológico y ambiental que representa la técnica de la fractura hidráulica conocida como fracking, que implica no solamente la utilización de millones de litros de agua para la explotación de los pozos, sino que implica además la imposibilidad de reciclar y reutilizar el vital líquido utilizado en estas técnicas, que además ocupan químicos, sustancias que generan deterioro ambiental.

Hoy en día este tema no puede escapar de la agenda ambiental. De qué sirve que reformemos el artículo 3o. constitucional y establezcamos en la educación como uno de sus principios el cuidado del medio ambiente, si se están abriendo las fronteras y el país a la técnica de la fractura hidráulica.

Desde el año pasado las aseguradoras estadounidenses comenzaron a ofrecer a los habitantes de poblados de Oklahoma donde se utiliza el fracking seguros contra terremotos, porque saben por experiencia reciente que los pueblos cercanos a los yacimientos que se han explotado con la técnica del fracking han tenido que soportar movimientos de tierra.

Vamos a irnos ahora al caso de México. Los registros oficiales del Servicio Sismológico Nacional muestran que tan solo en Nuevo León se pasaron de dos sismos en 2006 a 70 en el 2013, y en dos meses y medio de este año, el organismo ha detectado 39 movimientos de tierra en dicha entidad, cuando entre el 2009 y el 2011 apenas fueron 14.

El aumento de los sismos coincide cronológicamente con la instalación de pozos para la exploración del gas shale. Volvemos a repetirlo: la reforma energética ha dado paso abierto a una de las técnicas más peligrosas que se han empleado para la exploración y explotación de hidrocarburos, el fracking no es una alternativa sustentable como lo han querido publicitar.

Por esa razón, nosotros consideramos que se tiene que dar paso, como en Francia y otros países, a una prohibición tajante y absoluta de la técnica de la fractura hidráulica, si no, compañeras y compañeros legisladores este tipo de reformas grandilocuentes no serán más que reformas demagógicas si no se pone el punto sobre las íes y se combate esta técnica.

Ya por ahí un conjunto de legisladores firmamos una iniciativa de ley general para la prohibición de fractura hidráulica en México, la diputada Graciela Saldaña, el diputado Ricardo Monreal, la diputada Luisa Alcalde, entre otros legisladores y queremos que se dictamine.

Ahí vamos a ver si en realidad quienes reivindican el discurso ecológico son de a de veras o todo queda en mera propaganda. No va a haber educación que cuide al medio ambiente y estamos por otro lado alterando nuestro ecosistema, golpeando nuestros recursos y afectando a vastas poblaciones. Es cuanto, compañero presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Mejía. Tiene el uso de la voz el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, para fijar postura, hasta por diez minutos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El diputado Mario Francisco Guillén Guillén:Con su venia, diputado presidente. Quiero primeramente agradecer a la Comisión de Puntos Constitucionales, a nombre de mi Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y obviamente a nombre propio, el dictamen en sentido positivo de la iniciativa propuesta por un servidor, a efecto de reformar el artículo 3o. constitucional en materia de educación ambiental.

De igual manera quiero reconocer el esfuerzo del compañero diputado José Humberto Vega Vázquez, quien también presentó una iniciativa con objeto de fortalecer la argumentación a favor de la visión ambientalista en la educación que pretendemos consagrar en el texto constitucional.

Es importante tener presente que la mejor manera de construir una sólida cultura ecológica en nuestro país, orientada a valorar y respetar los recursos naturales, es implantar la responsabilidad ambiental como uno de los ejes del sistema educativo nacional.

Cabe mencionar que bajo este orden de ideas y con una visión de futuro en el gobierno de Chiapas se ha implementado un programa pionero en el país denominado Educar con responsabilidad ambiental, a través del cual se han venido desarrollando contenidos educativos que estimulan entre la niñez y la juventud chiapaneca la generación de nuevos conocimientos, valores y actitudes que fomentan prácticas sustentables y amigables con el entorno.

Dicho programa contempla concientizar a los alumnos de todos los planteles públicos del estado para formar escuelas saludables y sustentables en relación con el medio ambiente, desde el nivel básico hasta el superior, teniendo en cuenta que éste ha sufrido un enorme deterioro del cual es prueba fehaciente el cambio climático, cuyos efectos negativos se han recrudecido en los últimos años.

En efecto, compañeras diputadas y compañeros diputados, debemos estar en armonía no sólo con el entorno y la naturaleza, sino también con la posición jurídica y los objetivos de la educación ambiental a nivel mundial acorde a la Carta de Belgrado de 1975, en la cual se establece el compromiso de los firmantes de emprender acciones encaminadas a ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir mayor sensibilidad y consciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo. Asimismo, como desarrollar su sentido de responsabilidad y tomar consciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.

Además resulta importante destacar que la UNESCO considera que la educación forma parte de la solución de los problemas ambientales mundiales, al estimar que las personas con un nivel de educación más alto suelen preocuparse más por el medio ambiente, y en consecuencia emprenden acciones que promueven y apoyan las decisiones políticas encaminadas a protegerlo.

La educación tiene un poder considerable para cambiar los modos de vida y los comportamientos nocivos para el medio ambiente. La educación, al crear valores y modificar actitudes, puede alentar a las personas a hacer un uso más eficaz de la energía y el agua, y a reciclar los residuos domésticos.

Asimismo, en los países pobres afectados por el cambio climático, la educación representa la mayor esperanza con la cual cuenta la población para revertir los dañinos impactos que éste ha tenido en su vida cotidiana.

Por lo anteriormente expuesto solicito a esta honorable soberanía su valioso apoyo a efecto de que aprobemos el presente dictamen, toda vez que el espíritu de la iniciativa tiene por objeto coadyuvar al reconocimiento e instauración de la educación con responsabilidad ambiental dentro de nuestro marco jurídico y modelo educativo, no únicamente centrada ésta en la sensibilización y conservación del medio ambiente, sino desde el fortalecimiento de la sustentabilidad, por lo cual resulta elemental consagrarla en nuestra Carta Magna.

Asumamos la responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones, para quienes debemos preservar nuestro planeta y su extraordinaria riqueza natural. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Guillén Guillén. Tiene el uso de la voz el diputado José Humberto Vega Vázquez, para fijar postura, hasta por diez minutos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Buenas tardes. Con la venia, presidente. Diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, para mí es un altísimo honor ser promovente de esta iniciativa que reforma el artículo 3o constitucional, segundo párrafo, insertando un enunciado del cuidado al medio ambiente.

Agradezco a la Comisión de Puntos Constitucionales por el voto unánime. Agradezco también a su presidente, el diputado Julio César Moreno Rivera, por contribuir a este proceso para que lleguemos al pleno.

Los estilos de vida contemporáneos, los modelos de desarrollo económico tienen como correlato un altísimo impacto ambiental. Todo ser humano tiene derecho a un ambiente sano. Y los grandes cambios en nuestros tiempos se tienen que hacer a través de la educación.

Es por ello que su servidor propone esta inserción en el 3o. constitucional para lograr revertir los grandes efectos e impactos que están haciendo estragos catastróficos en nuestro medio ambiente.

Como ya lo han mencionado los diputados que me antecedieron, el cambio climático que está siendo un desorden y que está afectando económicamente porque afecta cosechas, afecta playas, los grandes desastres, económicamente se ven afectados los países.

El sobrecalentamiento global que está provocando los deshielos de los polos y que está haciendo crecer al mar varios milímetros al año, pero que se calcula que a partir del año 50 estos efectos ya van a ser catastróficos. Y en ellos está un estado de México, que es el estado de Tabasco, que va a ser el más afectado.

Planteamos que verdaderamente para hacer un cambio tenemos que lograr que el papel del Estado a través de la educación fortalezca los programas del medio ambiente, que verdaderamente tenga en cuenta y tome consciencia de que en todos los niveles educativos debe haber programas.

También para lograr ello necesitamos el desarrollo contínuo de la ciencia y tecnología, ¿y cómo lo vamos a lograr? A través de la educación. Y como lo decía también un compañero, ¿cómo vamos a construir una cultura ambiental, si no es a través de la educación?

Y también esa participación ciudadana que necesitamos que se generalice, tiene que salir a través de los conocimientos y de lo que se imparta en la educación. Y para lograr un desarrollo sustentable tenemos que incidir en la educación.

Es por ello que no solamente, como lo decía, que ya están implementando programas en el estado de Chiapas, no solamente sea teórico, sino también práctico. Hay elementos muy sencillos en los que se puede encaminar a los educandos, como en el uso eficiente del agua, a través de la captación, a través del ahorro, del cuidado en las escuelas, también en el uso eficiente de la energía eléctrica es muy importante, también el lograr un reciclaje y ése influya puntualmente sobre el desarrollo sustentable.

Por eso, amigos diputados, yo estoy seguro que con esta reforma estamos construyendo y formando, en el futuro, ciudadanos que verdaderamente sean responsables, porque ahí hay una palabra importante, no solamente lograr que seamos amigos de la naturaleza, más bien, tenemos que lograr ciudadanos responsables y con respeto con el medio ambiente y la naturaleza.

Por eso, diputados y diputadas, les pido, de favor, voten esta iniciativa en sentido positivo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Vega Vázquez. Tiene el uso de la voz el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, para fijar postura, hasta por diez minutos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el artículo 4o. de nuestro texto fundamental establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el Estado debe de garantizar el respeto a ese derecho.

En esta disposición encontramos datos de especial relevancia, por medio de los cuales la sociedad puede alcanzar una mayor satisfacción de sus necesidades si consideramos, además, que por medio ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su vida.

En México se cuentan con registros de destacados educadores, que desde la década de los años cuarenta propusieron poner en marcha programas de educación dirigidos a la conservación de los recursos naturales, en especial forestales.

El más conspicuo representante de estos pioneros es Enrique Beltrán Castillo en 1946, quien recomendaba la inclusión de conceptos básicos de la conservación en todas y cada una de las materias que integran el currículum de los niveles de educación primaria y secundaria.

Estos planteamientos son absolutamente anticipatorios de propuestas surgidas 30 años después. La educación ambiental en México todavía no le rinde el justo homenaje y reconocimiento que se merece.

En lo particular, como representantes de las y los mexicanos estamos obligados a cumplir con el mandato del artículo 4o. de la Constitución y, sobre todo, hacer que se cumpla y de ahí la importancia de crear disposiciones jurídicas que protejan el derecho de todas y todos los mexicanos a desarrollarse en un ambiente sano.

Pero, además es necesario que también se diseñen nuevos mecanismos que permitan a la sociedad cosncientizarse respeto al cuidado del medio ambiente y de la importancia que éste tiene en su vida diaria.

Es por todo lo anterior, que consideramos oportuna la aprobación del dictamen que reforma el artículo 3o. de nuestra Carta Magna y que ahora se somete a nuestra consideración, en el cual el Estado, a través de sus planes educativos, deberá fomentar en cada persona el cuidado del medio ambiente, el cual comprende aspectos tales como seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y relaciones entre ellos.

Ello, por supuesto, va a coadyuvar, como se ha señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que se motive a las personas a que desde su niñez se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, así como que promuevan el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales.

En el momento actual, cuando lo ambiental ha vuelto a ser postergado en el nuevo esquema de prioridades mundiales de lucha contra el terrorismo, y frente a una ya conocida actitud de resignación, donde se dice que ya no hay nada más qué hacer por el ambiente, están surgiendo propuestas que pueden ofrecer mejores posibilidades para la educación en general y para la educación ambiental en particular.

Como quiera, se requiere desarrollar estrategias dirigidas a fortalecer algunas áreas, una de las cuales es la de la investigación, ya que las tendencias que se observan aportan líneas generales de trabajo, pero la especificidad dependerá del conocimiento que seamos capaces de construir de acuerdo a nuestras propias realidades.

En México, pese a las severas limitaciones del momento actual, la investigación ambiental ha venido creciendo y se puede presumir un ritmo más acelerado con la puesta en marcha del Fondo Sectorial para la Investigación Ambiental, a cargo del Instituto Nacional de Ecología. Y el Conacyt, el cual contempla recursos para proyectos de investigación en educación ambiental.

La educación ambiental tiene mucho qué aportar en el proceso de constitución de nuevas identidades sociales para responder a los desafíos del difícil presente que ya vivimos.

Porque en el proceso de constitución de este nuevo campo pedagógico, cada vez están quedando más lejos las propuestas originales de una educación ambiental acoplada con el naturalismo, el conservacionismo y las demás formas asociadas con un punto de vista que enfatiza la preservación del medio natural, pero sin considerar las necesidades y expectativas del cambio social de los grupos humanos que habitan nuestros espacios naturales.

Los temas principales gravitan alrededor de la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas de producción y consumo, y la calidad de vida. Temas que contienen un fuerte componente de conservación del ambiente, pero enmarcado en las dimensiones sociales y económicas que dan forma al actual escenario internacional. Ello contribuirá a definir un nuevo perfil para los procesos educativos que acompañarán las nuevas políticas ambientales y del desarrollo sustentable, por supuesto.

Por todo lo anterior votaremos a favor de la aprobación de este dictamen, y además porque para Acción Nacional es éticamente obligatoria la protección del medio ambiente para garantizar que las generaciones futuras tengan la misma oportunidad de disfrutar una vida plena, tanto como la deben tener las generaciones que les preceden. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Robledo Leal. Tiene el uso de la voz el diputado Raymundo King de la Rosa para fijar postura, hasta por diez minutos, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Raymundo King de la Rosa:Con su permiso, señor presidente. Distinguidos compañeros y compañeras legisladoras, en la plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional, en el periodo 2012-2018, se hizo especial énfasis en el desarrollo sustentable como el principio sobre el cual las sociedades deben organizar sus actividades para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan atender las suyas.

En este contexto, el cuidado del medio ambiente se erige en un compromiso de nuestro partido, no solo con las generaciones actuales sino con las venideras. Este compromiso se ha plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se pone énfasis en que las políticas públicas deben de tener como prioridad el cuidado del medio ambiente como elemento indispensable del desarrollo económico sustentable.

Así pues, no se trata solamente de las acciones que tomamos para nuestro entorno actual, sino de generar consciencia de que estas acciones habrán de ser heredadas en las generaciones futuras. Se trata de pensar en el México y en el mundo que le daremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Se trata de que nuestra sociedad adquiera una consciencia perdurable sobre el cuidado de nuestros recursos, con pleno sentido de responsabilidad en su aprovechamiento. En este sentido es clave que la educación que imparta el Estado incluya entre sus principios rectores el fomento del cuidado al medio ambiente.

En el dictamen que hoy nos propone la Comisión de Puntos Constitucionales, de elevar a rango constitucional el cuidado al medio ambiente como uno de los aspectos que debe fomentar la educación que imparta el Estado, precisamente con el elevado propósito de contribuir a formar y capacitar a esas nuevas generaciones, y a quienes toman las decisiones para que orienten sus valores y comportamientos para lograr una relación armónica con la naturaleza.

Este propósito desde luego que se alinea además con el derecho de todos los mexicanos a gozar de un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4o. de nuestra Constitución y en los múltiples instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito en esta materia. Destacadamente el Compromiso Nacional por la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable, del gobierno mexicano, suscrito con anterioridad.

Desde luego que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional anuncia su voto a favor de este dictamen, ya que concurre plenamente con los objetivos planteados tanto en su plataforma electoral, como en el programa gobierno encabezado por nuestro presidente Enrique Peña Nieto.

Estamos seguros de que esta reforma marcará una gran diferencia en la actitud que como sociedad tenemos hacia el cuidado del medio ambiente y coadyuvará decididamente en el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Raymundo King de la Rosa.Está a discusión en lo general y en lo particular. Se han inscrito para la discusión en lo general y en lo particular, los diputados Nelly del Carmen Vargas Pérez y Gabriel Gómez Michel, ambos para hablar en pro.

Le pido a la primera de las mencionadas, diputada Vargas Pérez, proceda hasta por cinco minutos.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, ¿qué tan importante resulta la implementación de una educación con responsabilidad ambiental en la que el eje rector se sustente en el desarrollo de una cultura ecológica sólida, orientada a la valoración de los recursos naturales?

Para contestar esta pregunta debemos mencionar que para la mayoría de los habitantes del mundo la era glacial representa un fenómeno lejano, distante y ajeno a la historia moderna. No obstante, dicho escenario es más factible de lo que se cree, ya que en las últimas décadas la temperatura del planeta ha ascendido un grado centígrado, mientras que para reproducir un periodo de glaciación es necesario únicamente que el globo terráqueo incremente su clima promedio en seis grados.

En otras palabras, nos encontramos a cinco grados de diferencia de experimentar una situación similar a la ocurrida hace 251 millones de años, cuando 90 por ciento de las especies del mundo se extinguieron. Información científica reciente muestra que los impactos ambientales derivados de los patrones de producción y consumo, así como las presiones demográficas, podrían provocar transformaciones masivas en el entorno que enfrentarán las generaciones futuras.

La degradación ambiental ya ha generado una pérdida de bienes públicos globales como los ecosistemas y la vida silvestre, así como el declive de recursos naturales que no pueden ser compensados con otros tipos de capital.

Diariamente se deforestan miles de hectáreas de bosques en el mundo y se vierten cientos de toneladas de basura y contaminantes a las aguas, suelos y atmósferas. Tabasco es un ejemplo de la contaminación que Petróleos Mexicanos nos ha dejado.

Hoy, en muchas zonas con actividad petrolera donde viven cientos y miles de niños y mujeres, hoy tenemos un problema de grave contaminación en los mantos freáticos. Tenemos una grave contaminación de nuestras lagunas, de nuestros ríos y de nuestros mares, y ¿qué pasa? Desde las propias estructuras de poder se modela la violación sistemática y permanente del tema del medio ambiental.

La pregunta es ¿se puede reformar desde este recinto legislativo el artículo 3o. constitucional? ¿Se puede exigir desde las estructuras de gobierno que podamos exigir a los niños y modelarles, instaurar una cultura del medio ambiente, cuando desde las propias estructuras de gobierno se modela desorden? Ésa es una pregunta que dejo en el aire.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, México es uno de los países con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, pues no hay una sola entidad que no enfrente por lo menos una amenaza grave debido a sus efectos.

Por ello, en Movimiento Ciudadano respaldamos la inclusión del cuidado al medio ambiente dentro de las facultades consagradas en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la educación debe inculcar a los mexicanos.

Sin embargo lo anterior no se traducirá en impacto alguno mientras permanezca en letra muerta, como los diversos compromisos en el plano internacional que México ha contraído, y entre los que destacan el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, en 1985; el Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono, en 1988; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 1992; y el Protocolo de Kioto, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, los cuales han sido ignorados, postergados y sometidos a voluntades políticas.

De qué servirá tener solamente como población objetivo a los estudiantes, cuando nuestro gobierno lejos de encaminarse a lo estipulado en la Ley General de Cambio Climático genera a través de fuentes no fósiles el 18.3 por ciento de la energía, mientras que la capacidad instalada de generación a base de insumos no renovables es de hasta 90 gigawats en países como China, Estados Unidos e India.

De qué servirá instrumentar un programa a los estudiantes, a los niños, desde las aulas escolares cuando desde las propias estructuras de gobierno, y con en esa reforma energética estamos insertando una violación permanente que ya está prohibida en 16 países del mundo como es el tema de la explotación del gas shale y lutitas.

De qué sirve que podamos instalar esta educación a nuestros niños cuando de manera permanente estamos violentando lo que hoy establece la ley.

En dos ocasiones me he reunido con el Colegio de Biólogos en esta semana y las cifras de contaminación que ellos están previniendo con el tema de la reforma energética, es grave, altamente grave, cuando hablamos que para la explotación del gas de lutitas vamos a requerir millones y millones de metros cúbicos para fracturar y poder sacar el gas de lutitas.

En Tabasco somos un ejemplo muy claro de la contaminación que hoy Pemex ha hecho con nosotros, y hoy no lo vemos retribuido en acciones sociales que generen mejores ofertas en políticas públicas a nuestros ciudadanos, a nuestras niñas y a nuestros niños. Que hoy están enfermos de ceguera, con problemas en la piel, y mujeres que están abortando por esos temas que tenemos de contaminación en nuestras lagunas y en nuestros ríos.

Yo solamente quiero lanzar una pregunta aquí a los compañeros: se requiere que desde las estructuras de poder se modele a niños y jóvenes el verdadero respeto al medio ambiente. Podemos reformar sin modelar, al tiempo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Vargas Pérez. Tiene la palabra el diputado Gabriel Gómez Michel, hasta por cinco minutos, para hablar a favor.

El diputado Gabriel Gómez Michel:Con la venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Solamente voy a agregar algunos datos. México contribuye al deterioro ambiental mundial con el 1.6 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, ubicándose en la posición 13 de los países generadores.

Tenemos una deforestación anual entre 1 y el 2.5 por ciento del territorio nacional, lo que de seguir a este ritmo para el 2050 se habrá perdido entre el 40 y 50 por ciento de la superficie manglar del país. Asimismo con una generación anual de basura por habitante de casi 380 kilos.

Según los datos del Inegi, en México se recolectan cada día un promedio de 86 mil 343 toneladas de residuos sólidos urbanos generados en viviendas, parques, jardines y edificios públicos, de los cuales sólo el 11 por ciento de estos residuos son separados desde su origen.

Respecto al saneamiento del agua contaminada en México que se recolecta a través del alcantarillado, sólo el 85 por ciento recibe tratamiento, lo que significa que el porcentaje restante se vierte en los ríos, lagos y lagunas impactando directa y severamente la calidad del agua, provocando daños al ecosistema. Basta mencionar que de acuerdo a este estudio las aguas marinas más dañadas del mundo se encuentran en nuestro país.

La Organización Mundial de la Salud señala que en México mueren cada año más de 14 mil 734 personas por enfermedades asociadas a la contaminación del aire, lo que representa un costo de 4.4 por ciento del producto interno bruto nacional, lo que equivale a 520 mil 300 millones de pesos.

Durante 2010 ocurrieron 20 mil 495 muertes por causa de la contaminación atmosférica en México, de las cuales alrededor de 17 mil 500 fueron adultos mayores de 50 años, señala el Instituto de Métricas de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington.

Debemos apostar a la necesidad de la educación por una conciencia ambiental global en el presente que no comprometa el futuro de los recursos naturales para las nuevas generaciones.

Los especialistas en educación señalan, contestando a quien me antecedió, que en los primeros grados de educación es donde se establecen las bases para el desarrollo de la formación de las personas. Es por ello que, convencidos de que la educación básica es el espacio para la formación de los próximos ciudadanos, debemos incidir en la comprensión de los problemas y los retos que tenemos en la educación ambiental.

Compañeros legisladores, es nuestro deber contribuir para cuidar y preservar el mundo en que vivimos, redefiniendo nuestros valores y formas de vida, reduciendo el impacto ambiental que generamos en los ecosistemas y creando una sociedad consciente y comprometida con la preservación de nuestro planeta a través de la consolidación de una educación ambiental sustentable, entendida no como un tipo de educación, sino con acciones permanentes mediante las cuales los actores que participan en la educación: profesores, alumnos y padres de familia, busquen alcanzar una consciencia social de la realidad, así como la relación que existe entre el hombre y el medio ambiente.

En mi municipio de El Grullo, Jalisco, tenemos 20 años con el programa de separación de residuos orgánicos. Cuando de repente nos llega un presidente que no está comprometido con la educación, y que deja de estar actuando directamente con los planes educativos en las escuelas, de llegar a tener un 97 por ciento de separación de residuos orgánicos, hemos llegado a bajar hasta un 27 por ciento. Todo eso lo tenemos medido. Es por eso que esta iniciativa la aplaudimos y creemos que es muy viable llevarla a cabo.

Aparte, informo a la Comisión de Educación que su servidor, el 9 de octubre del 2013, presentó una iniciativa pidiendo que la educación ambiental fuera materia básica, como matemáticas, química, física. Si eso lo complementamos con lo que estamos aprobando ahorita, sí podemos fundar algo a nivel de la educación que modifique la conducta medioambiental de todos los mexicanos. Muchas gracias, diputados y diputadas.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Gómez Michel. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.Suficientemente discutido.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal(desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 415 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, existe mayoría calificada.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 415 votos el proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Seguro Popular

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 8 de septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal presentó Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente

3. Con fecha 22 de octubre de 2013, el Dictamen fue presentado a discusión al pleno de la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado por 390 votos en pro, 20 en contra y 25 abstenciones. Pasó a la Cámara de Senadores para efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Minuta recibida en Cámara de Senadores el 23 de Octubre de 2013.

5. Con la misma fecha, la mesa directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, la minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

6. Con fecha 08 de abril de 2014 se sometió ante el Pleno de la Cámara de Senadores, el dictamen de la Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el Proyecto de decreto aprobado por 103 votos en pro y 2 abstenciones. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. En sesión celebrada 10 de abril de 2014 de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve de conformidad con lo que establece la fracción D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual dicto trámite para que se turnara a la Comisión de Salud, para análisis y dictamen.

III. Contenido de la minuta

Establecer que se entenderá por “Regímenes Estatales de Protección Social”, indicando la manera en que garantizarán la protección social en salud. Indicar la forma en que las entidades federativas aplicarán los recursos transferidos por la federación. Establecer que los gobiernos recabarán, custodiarán y conservarán por conducto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la documentación justificante de las erogaciones de recursos que les sean transferidos. Indicar lo mínimo que debe estipularse en los acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Indicar cuáles serán las bases a las que se sujetarán los Regímenes Estatales de Protección Social. Establecer la forma en que se deberán realizar las transferencias de recursos del gobierno federal a los gobiernos de las entidades federativas por concepto de cuota social y de aportación solidaria, indicando la sanción en caso de no haberlos destinado a esos fines, para lo cual habrá la debida supervisión. Obligar a las entidades federativas a llevar contabilidad e información financiera de dichos recursos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Secretaría establecerá precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban los recursos en numerario para la adquisición de medicamentos. Eliminar al Consejo Nacional de Protección Social en Salud. Sancionar con prisión de cuatro a siete años y con multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente, a la persona que desvíe los recursos del objeto para el cual fueron entregados.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.  Con fecha 22 de octubre de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó entre otras modificaciones la que tiene que ver con los siguientes artículos:

77 Bis 2 que incorpora a la Secretaría de Salud como parte de la definición del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS); además, incorpora una definición de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) y separa las funciones de los REPSS a los de la prestación de servicio.

Estas modificaciones permiten que la Secretaria de Salud se consolide como instancia rectora y articuladora del SPSS; también hacen más clara la definición de los REPSS, ya que anteriormente se confundía con la definición de SPSS y por último desvincula la función de administración de los recursos, de la prestación de los servicios de salud a los usuarios, evitando con esto, la confusión del papel que debe desempeñar cada instancia;

77 Bis 5, inciso A) fracción I que elimina la referencia al artículo 77 Bis 33 por medio del cual se constituye el Consejo de Protección Social en Salud (CPSS), ya que este último se deroga, al igual que el 77 Bis 34 que norma la constitución de CPSS.

Esta modificación elimina la figura del CPSS con la finalidad deno duplicar instancias de coordinación con los servicios estatales de salud, toda vez que al día de hoy existe el Consejo Nacional de Salud, como el mecanismo de coordinación de acciones con las entidades federativas en materia de salud, que sesiona con regularidad en el año, siendo el foro idóneo para tratar los asuntos vinculados al Sistema de Protección Social en Salud.

77 Bis 5, inciso A) fracción IV, que homologa el término de entidad federativa y especifica el destino de los recursos a que hacen referencia el artículo 77 Bis 15 y las demás disposiciones aplicables del Capítulo III del Título al que pertenece la Protección Social en Salud.

La homologación del término entidad federativa y la eliminación de “estado y Distrito Federal”, al igual que en los artículos 77 Bis 5, inciso A) fracción VIII, IX, XII, XVI, 77 Bis 5, inciso B), 77 Bis 6, 77 Bis 9, 77 Bis 11, 77 Bis 12, 77 Bis 13, 77 Bis 14, 77 Bis 15, 77 Bis 16, 77 Bis 18, 77 Bis 20, 77 Bis 31y 77 Bis 32 fracciones I, II, III.

Por otra parte, el puntualizar cuál es el destino específico de los recursos evitará que estos sean destinados a otros fines, como ha ocurrido en algunos estados, y sentará las bases para la aplicación de las penas y sanciones, que se proponen aplicar, del artículo 469 Bis de esta misma ley incrementando la pena de 4 a 7 años, para evitar en medida de lo posible el desvío del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos.

77 Bis 5, inciso A) fracción XV, que incorpora el término establecimientos de salud, para sustituir a centros públicos que se pueden acreditar para ser inscritos al SPSS.

Así se dará certeza jurídica a los convenios que se suscriban con hospitales diferentes a los del sector salud, y se delinean las bases de la portabilidad en los servicios de salud.

77 Bis 5, inciso A) fracción XVII, Incorpora a los órganos de fiscalización federal y local a la redacción del texto.

Esto hace más claro quiénes son los encargados de la fiscalización de los recursos transferidos, lo que fortalece la Ley al permitir que los involucrados lo entiendan más fácilmente y evita las interpretaciones particulares.

77 Bis 5, inciso B) fracción III, precisa la forma y los tiempos en que los recursos, una vez radicados en la entidad federativa, deben ser transferidos a los REPSS, además los REPSS deberán informar a la secretaría de Salud sobre los montos recibidos por parte de las entidades.

Unas de las más recurrentes observaciones en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del seguro popular, son que los recursos son Transferidos a cuentas bancarias de otros fondos o programas y que estos no son transferidos con oportunidad a los REPSS.

77 Bis 6, estipula los requisitos mínimos que deben contener los acuerdos de coordinación, incorporando el perfil que debe cubrir el titular del REPSS.

Lo anterior evitará que los encargados de los REPSS sean designados por compadrazgos, filias partidistas o el pago de favores, esta medida apoyará la profesionalización de la función.

77 Bis 9, enumera las bases a las que se ajustarán los REPSS.

Esto facilitará la estructuración funcional de los REPSS y evitará confusiones y duplicidad de funciones en lo relativo a quién se encargará de lo administrativo y quién de la prestación de los servicios de salud.

77 Bis 15, hace mención de que los recursos también pueden ser transferidos en especie y que la tesorería podrá hacer pagos a terceros por cuenta y orden de los REPSS, además abunda en que la Secretaría podrá saldar adeudos de un REPSS por los servicios prestados por algún establecimiento de salud del sector público de carácter federal.

77 Bis 22, 77 Bis 23 y 77 Bis 24, eliminan el destino específico de las cuotas hacia la adquisición de medicamentos, equipo y otros insumos de la salud, estipulan que los linea-mientos para erogación serán definidas en disposiciones reglamentarias.

77 Bis 30, incluye, además de a los centros regionales, a los demás prestadores públicos de salud de alta especialidad, como aptos para recibir recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para el fortalecimiento de su infraestructura.

Esta reforma incluye a los prestadores públicos de salud de alta especialidad como aptos para recibir recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para el fortalecimiento de su infraestructura, esto ayudará a mejorar la calidad y ampliar la oferta de  los servicios de alta especialidad que ofrece el SPSS.

77 Bis 31 y 77 Bis 32,  da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos.

Artículo 469 Bis.- Se establece como un delito específico en materia el desvío del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, si por razón de las funciones o actividades de quien los hubiere recibido en administración o por cualquier causa, los destinara a fines distintos.

Tercera.Con relación a la modificación alArtículo 77 Bis 6, en el que se pretende agregar “tomando en consideración la opinión de las entidades federativas”, esta comisión dictaminadora la considera conveniente, ya que se dará oportunidad a las entidades federativas de que expresen sus particularidades, evitando así que las decisiones sobre los convenios sean exclusivamente del poder central.

Cuarta.  En cuanto al Art. 77 Bis 15 fracción III, la colegisladora propone adicionar dos párrafos, con la finalidad de dar certeza e inclusión a las entidades federativas en cuanto a los precios de referencia que deberán ser establecidos por la SSA y a los recursos que se transfieran en especie, con ello dar mayor transparencia en el propio sistema. En la Comisión de Salud estamos de acuerdo con estas adiciones ya que evitarán la discrecionalidad en cuanto a los recursos transferidos en especie y a los precios de las transferencias de medicamentos a las entidades federativas.

Quinta.En lo que respecta a la modificación del Artículo 77 Bis 16, en esta comisión dictaminadora concordamos en la adición del texto “sin que se suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona”, garantizando con esto el otorgamiento de los servicios de atención médica a los derechohabientes.

Sexta.Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión, consideramos que la minuta en estudio es viable debido a que la propuesta impulsa medidas para fomentar una mayor eficiencia en los servicios estatales de salud, sobre todo las que aseguran que los recursos que se transfieran a los Sistemas de Protección Social en Salud, se utilicen de la mejor manera y para los fines para los que fueron transferidos; por otro lado, establece claramente la separación de funciones entre el financiamiento que se debe realizar por conducto de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y la prestación de servicios; además, fortalece los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 77 Bis 2; 77 Bis 5, inciso A), fracciones I, IV, VIII, IX, XII, XV, XVI y XVII, así como el inciso B), párrafo primero y las fracciones I, II y III VIII; 77 Bis 6; 77 Bis 9, párrafo segundo; 77 Bis 10; 77 Bis 11; 77 Bis 12, párrafo tercero; 77 Bis 13, párrafo primero, así como la fracción I; 77 Bis 14; 77 Bis 15; 77 Bis 16; 77 Bis 18, párrafos primero a tercero; 77 Bis 19; 77 Bis 20, párrafos primero y segundo; 77 Bis 22; 77 Bis 23; 77 Bis 24; 77 Bis 30, párrafos primero, tercero y quinto; 77 Bis 31; 77 Bis 32, párrafo primero, así como las fracciones I, II, párrafo primero, III y IV, párrafos primero, segundo y tercero; 77 Bis 35, así como la denominación de los capítulos VII y VIII, del Título Tercero Bis; se adicionan al artículo 77 Bis 13, un párrafo quinto y el artículo 469 Bis, y se derogan los artículos 77 Bis 33 Y 77 Bis 34, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por Sistema de Protección Social en Salud a las acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud entendiéndose por éstos, a las estructuras administrativas que provean dichas acciones, que dependan o sean coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en las entidades federativas.

La Secretaría de Salud coordinará las acciones de protección social en salud, que lleven a cabo los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud en sus respectivas jurisdicciones, los cuales contarán con la participación subsidiaria y coordinada de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en este Título y demás disposiciones aplicables.

Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud garantizarán las acciones a que se refiere el párrafo anterior, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la persona del Sistema de Protección Social en Salud, los cuales deberán realizar su actividad de manera independiente de la prestación de servicios de salud.

Artículo 77 Bis 5. ...

A)...

I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases para la regulación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, para lo cual formulará el plan estratégico de desarrollo del Sistema y aplicará, en su caso, las medidas correctivas que sean necesarias, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas a través del Consejo Nacional de Salud;

II. y III. ...

IV. Transferir con oportunidad a las entidades federativas, los recursos que les correspondan para operar, por conducto de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, en los términos del artículo 77 Bis 15 y demás disposiciones aplicables del Capítulo III de este Título.

V. a VII. ...

VIII. Definir el marco organizacional del Sistema de Protección Social de Salud en los ámbitos federal y local;

IX. Diseñar, desarrollar y suministrar el instrumento para evaluar la capacidad de pago de los beneficiarios para efectos del esquema de cuotas familiares a que se refiere el artículo 77 Bis 21, en las entidades federativas;

X. y XI. ...

XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las entidades federativas, entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios;

XIII. y XIV. ...

XV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de los establecimientos de salud prestadores de los servicios inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud;

XVI. Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de prestación de servicios de salud, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, para el caso en que proceda una compensación económica por incumplimiento a las obligaciones de pago entre entidades federativas, destinar al Régimen Estatal de Protección Social en Salud acreedor, el monto del pago que resulte por la prestación de servicios de salud que correspondan, con cargo a los recursos que en términos del presente Título deben transferirse directamente a las entidades federativas, o entregarse a la entidad federativa cuyo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, sea considerado deudor, y

XVII. Evaluar el desempeño de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y coadyuvar con los órganos competentes federales y locales en el control y la fiscalización de los recursos que se les transfieran o entreguen, para llevar a cabo las acciones del Sistema de Protección Social en Salud en su respectiva jurisdicción, incluyendo aquéllos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento.

B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

I. Proveer los servicios de salud en los términos de este Título y demás disposiciones de esta Ley, así como de los reglamentos aplicables, disponiendo de la capacidad de insumos y del suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad;

II. Identificar e incorporar por conducto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud, para lo cual ejercerán actividades de difusión y promoción, así como las correspondientes al proceso de incorporación, incluyendo la integración, administración y actualización del padrón de beneficiarios en su entidad, conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto por la Secretaría de Salud;

III. Aplicar, de manera transparente y oportuna, los recursos que sean transferidos por la Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, en los términos de este Título, las demás disposiciones aplicables y los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren.

Para tal efecto, las entidades federativas estarán a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como a lo siguiente:

a) Una vez transferidos por la federación los recursos que corresponda entregar directamente a la entidad federativa de que se trate en los términos del artículo 77 Bis 15, fracción I de esta Ley, los mismos deberán ser ministrados íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, dentro de los cinco días hábiles siguientes, y

b) El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, deberá informar a la Secretaría de Salud, dentro de los tres días hábiles siguientes el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido entregados por la tesorería de la entidad federativa.

IV. a VII. ...

VIII. Recabar, custodiar y conservar por conducto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la documentación justificante y comprobatoria original de las erogaciones de los recursos en numerario que le sean transferidos, en términos del presente Título, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, y proporcionar a la Secretaría de Salud y a los órganos de fiscalización competentes, la información que les sea solicitada, incluyendo los montos y conceptos de gasto, y

IX. ...

Artículo 77 Bis 6. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas.

En dichos acuerdos se estipulará como mínimo lo siguiente:

I. Las modalidades orgánicas y funcionales de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud;

II. Los conceptos de gasto;

III. El destino de los recursos;

IV. Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema, y

V. El perfil que los titulares de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deben cubrir.

Artículo 77 Bis 9. ...

La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad.

...

Artículo 77 Bis 10. Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se ajustarán a las bases siguientes:

I. Tendrán a su cargo la administración y gestión de los recursos que en términos de los Capítulos III y IV de este Título, se aporten para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud; en el caso de los recursos transferidos por la federación a que se refiere el artículo 77 Bis 15, fracción I de esta ley, deberán abrir cuentas bancarias productivas específicas para su manejo;

II. Verificarán que se provean de manera integral los servicios de salud, los medicamentos y demás insumos para la salud asociados, siempre que los beneficiarios cumplan con sus obligaciones;

III. Fortalecerán el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud, a partir de los recursos que reciban en los términos de este Título, destinando los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro que para el efecto elabore la Secretaría de Salud;

IV. Deberán rendir cuentas y proporcionar la información establecida respecto a los recursos que reciban, en los términos de esta ley y las demás aplicables, y

V. Las demás que se incluyan en los acuerdos de coordinación que se celebren.

Artículo 77 Bis 11. El Sistema de Protección Social en Salud será financiado de manera solidaria por la federación, las entidades federativas y los beneficiarios en los términos de este Capítulo y el Capítulo V.

Los recursos que se transfieran por la Federación para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, en cualquiera de sus modalidades, deberán computarse como parte de la cuota social o de la aportación solidaria federal a que se refieren los artículos 77 Bis 12 Y 77 Bis 13 de esta ley, respectivamente.

En los casos de incumplimiento a las obligaciones de pago por la prestación de servicios de salud a la persona, establecidas en los convenios de colaboración celebrados entre las entidades federativas, la federación, por conducto de la Secretaría de Salud, de los recursos a los que se refiere el presente Título, correspondientes a la entidad federativa deudora, podrá destinar a la entidad federativa acreedora, el monto que representa el pago de los casos validados y no rechazados por concepto de compensación económica.

Artículo 77 Bis 12. ...

...

La aportación a que se refiere este artículo se entregará a las entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 77 Bis 13. Para sustentar el Sistema de Protección Social en Salud, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaria conforme a los siguientes criterios:

I. La aportación mínima de las entidades federativas por persona será equivalente a la mitad de la cuota social que se determine con base en el artículo anterior, y

II. ...

...

...

...

La composición y forma de entrega de los recursos correspondientes a las aportaciones a que hace referencia este artículo se determinarán en las disposiciones reglamentarias y serán incluidos en los acuerdos respectivos.

Artículo 77 Bis 14. Cualquier aportación adicional a la establecida en el artículo anterior de los gobiernos de las entidades federativas para las acciones de protección social en salud, tendrán que canalizarse directamente a través de las estructuras de los servicios estatales de salud.

Artículo 77 Bis 15. El gobierno federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas, los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en las personas afiliadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en numerario directamente a las entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las cuentas que constituyan los Regímenes Estatales de Protección en Salud en la Tesorería de la Federación, o en especie, conforme los lineamientos que para tal efecto emitan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, y adicionalmente, se sujetará a lo siguiente:

I. La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades federativas, se hará por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen las disposiciones reglamentarias de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II. La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere este artículo, podrá realizar pagos a terceros, por cuenta y orden del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, quedando éste obligado a dar aviso de las disposiciones que realice con cargo a estos depósitos a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes, y

Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

Los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el Anexo correspondiente.

La Secretaría establecerá precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban los recursos en numerario para la adquisición de medicamentos.

Cuando una persona elegible beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud sea atendida en cualquier establecimiento de salud del sector público de carácter federal, la Secretaría de Salud canalizará directamente a dicho establecimiento, el monto correspondiente a las intervenciones prestadas, con cargo a los recursos a transferirse al respectivo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita la propia Secretaría.

Artículo 77 Bis 16. Los recursos en numerario o en especie de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran o entreguen, según sea el caso, a las entidades federativas, no serán embargables, ni los gobiernos de las mismas podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por las entidades federativas, conforme a esta Ley y, en lo que no se oponga a la misma, de acuerdo con sus respectivas leyes, así como con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de las entidades federativas deberán incluir en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, los recursos destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, sin que se suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona.

El control y la fiscalización del manejo de los recursos a que se refiere este Capítulo se realizará conforme a los términos establecidos en el Capítulo VII de este Título y demás disposiciones aplicables.

Las entidades federativas llevarán la contabilidad y presentarán la información financiera respecto a los recursos a que se refiere este Título, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 77 Bis 18. De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 3% de dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal, aplicando, a través de un fondo sin límite de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y una tercera parte, sujeta a anualidad, para atender las diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal.

Con cargo a esta previsión presupuestal, que será administrada por la Secretaría de Salud, se realizarán transferencias a las entidades federativas conforme a las reglas que fije el Ejecutivo Federal mediante disposiciones reglamentarias.

En caso de que al concluir el ejercicio fiscal correspondiente, existan remanentes en la previsión presupuestal destinada a la atención de las diferencias imprevistas en la demanda de servicios, la Secretaría de Salud canalizará dichos remanentes al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos establecido en el Capítulo VI de este Título.

...

Artículo 77 Bis 19. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el presente Título.

Artículo 77 Bis 20. El gobierno federal establecerá un Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad, mediante el cual se aportarán recursos que serán ejercidos, en los términos que disponga el Reglamento, por la Secretaría de Salud y las entidades federativas para llevar a cabo las acciones relativas a las funciones de rectoría y la prestación de servicios de salud a la comunidad, conforme a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud, y de conformidad con los acuerdos de coordinación que para el efecto se suscriban.

La Secretaría de Salud determinará el monto anual de este fondo, así como la distribución del mismo con base en la fórmula establecida para tal efecto en las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Dicha fórmula deberá tomar en cuenta la población total de cada entidad federativa y un factor de ajuste por necesidades de salud asociadas a riesgos sanitarios y a otros factores relacionados con la prestación de servicios de salud a la comunidad.

...

Artículo 77 Bis 22. Las cuotas familiares se recibirán, administrarán y aplicarán conforme a las disposiciones de esta Ley y serán destinadas específicamente a los conceptos de gasto que determinen las disposiciones reglamentarias de la misma y que sean necesarios para el Sistema de Protección Social en Salud.

Artículo 77 Bis 23. Las cuotas familiares y reguladoras, que en su caso se establezcan, serán recibidas, administradas y ejercidas por los servicios estatales de salud, a través de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, conforme a lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias de esta Ley.

Artículo 77 Bis 24. Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deberán presentar a la Secretaría de Salud, conforme a los lineamientos que la misma establezca, los informes que sean necesarios respecto del destino, manejo y comprobación del ejercicio de los recursos correspondientes a las cuotas familiares.

Artículo 77 Bis 30. Con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional, la Secretaría de Salud, mediante un estudio técnico, determinará aquellas unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que por sus características y ubicación puedan ser reconocidos como centros regionales de alta especialidad o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito, que provean sus servicios en las zonas que determine la propia dependencia.

...

Los centros regionales y demás prestadores públicos de servicios de salud de alta especialidad podrán recibir recursos del fondo a que se refiere este Capítulo para el fortalecimiento de su infraestructura, de conformidad con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, en los que se incluirán pautas para operar un sistema de compensación y los elementos necesarios que permitan precisar la forma de sufragar las intervenciones que provean los centros regionales.

...

No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del fondo que se establezca en los términos del presente Capítulo las instalaciones médicas de alta especialidad que no cuenten con el Certificado de Necesidad que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan maestro a que se refiere el párrafo anterior.

Capítulo VIIDe la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud

Artículo 77 Bis 31. Los recursos del Sistema de Protección Social en Salud estarán sujetos a lo siguiente:

A)Considerando el financiamiento solidario del Sistema de Protección Social en Salud, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo necesario para transparentar su gestión de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso y transparencia a la información pública gubernamental.

Para estos efectos, tanto la federación como los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, a través de los servicios estatales de salud, difundirán toda la información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud, entre otros aspectos, con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del Sistema.

Asimismo, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud dispondrán lo necesario para recibir y evaluar las propuestas que le formulen los beneficiarios respecto de los recursos que éstos aporten y tendrán la obligación de difundir, con toda oportunidad, la información que sea necesaria respecto del manejo de los recursos correspondientes.

B) Para efectos del presente Título, la supervisión tendrá por objeto verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en materia de protección social en salud, así como solicitar en su caso, la aclaración o corrección de la acción en el momento en que se verifican, para lo cual se podrá solicitar la información que corresponda. Estas actividades quedan bajo la responsabilidad en el ámbito federal, de la Secretaría de Salud, y en el local, de las entidades federativas, sin que ello pueda implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos recursos.

C) Además de lo dispuesto en esta ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar la información a que se refiere el artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Salud dará a conocer al Congreso de la Unión, semestralmente de manera pormenorizada la información y las acciones que se desarrollen con base en este artículo.

Artículo 77 Bis 32. El control y la fiscalización del manejo de los recursos federales que sean transferidos a las entidades federativas en los términos de este Título quedará a cargo de las autoridades siguientes, en las etapas que se indican:

I.Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II. Recibidos los recursos federales por las entidades federativas, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades competentes de control, supervisión y fiscalización, sean de carácter federal o local.

...

III. La fiscalización de las cuentas públicas de las entidades federativas, será efectuada por el Congreso Local que corresponda, por conducto de su órgano de fiscalización conforme a sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias y entidades del Ejecutivo Local aplicaron dichos recursos para los fines previstos en esta Ley, y

IV. La Auditoría Superior de la Federación, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales, y por lo que hace a la ejecución de los recursos a que se refiere este Título, la misma se realizará en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Cuando las autoridades federales o locales que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión, conozcan que los recursos federales señalados no han sido aplicados a los fines que señala la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata y, en su caso, del Ministerio Público de la Federación.

Por su parte, cuando el órgano de fiscalización de un Congreso Local detecte que los recursos federales señalados no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades a que se refiere el párrafo anterior.

...

Capítulo VIII

De la Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Artículo 77 Bis 33. Se deroga.

Artículo 77 Bis 34. Se deroga.

Artículo 77 Bis 35. El Sistema de Protección Social en Salud contará con una Comisión Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la estructura y funciones que le asigne su reglamento interno. El titular de la Comisión Nacional será designado por el presidente de la República a propuesta del Secretario de Salud, que dispondrá para la operación de la comisión de los recursos previstos para la misma en el presupuesto de la Secretaría de Salud.

Artículo 469 Bis. Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, a que se refiere el Título Tercero Bis de la presente Ley o para la prestación de servicios en materia de salubridad general, si por razón de sus funciones o actividades los hubiere recibido en administración o por cualquier otra causa.

La pena prevista en el presente artículo es sin perjuicio de las sanciones administrativas u otras penas que puedan determinarse conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero. Las obligaciones pendientes de pago que a la fecha de la entrada en vigor del presente decreto, existan por la prestación de servicios de salud a la persona y se encuentren reconocidas en términos de los convenios de colaboración celebrados entre entidades federativas, serán pagadas conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento en que se generaron.

Cuarto. Los asuntos relativos a las responsabilidades administrativas, civiles y penales, en que se hubiere incurrido con motivo de la desviación de recursos federales recibidos y que al entrar en vigor este Decreto se encuentren en trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse conforme a las disposiciones legales aplicables con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto. El Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias a que se refiere el presente decreto, en un plazo que no excederá de los 180 días siguientes al de la entrada en vigor del mismo.

Sexto. La Secretaría de Salud deberá emitir los lineamientos, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que alude el presente Decreto, en un plazo que no excederá de los 180 días siguientes al de la entrada en vigor del mismo.

Séptimo. Los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 Bis 6 de la Ley General de Salud, deberán ser suscritos dentro de los 90 días siguientes al de la publicación de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el presente decreto.

Nota:

1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, marco de referencia del Seguro Popular, pág. 16, consultado en internet el día 10 de octubre a las 10:19 a.m., http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/iGeneral.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Continúe la Secretaría.

CAMBIO EN COMISION ESPECIAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el resolutivo segundo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se define la integración de la Comisión Especial que se ocupa de indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, y de su junta directiva, me permito comunicar el cambio en la Presidencia de la mencionada comisión.

• Que el diputado Ricardo Mejía Berdeja cause baja como presidente de la Comisión Especial que se ocupa de indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos.

• Que el diputado Fernando Zárate Delgado cause alta como presidente en la Comisión Especial que se ocupa de indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 23 de abril de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobado, comuníquese.

*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (a las 15:00 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el lunes 28 de abril de 2014, a las 13 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 11:30 horas.

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