Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 265 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:13 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 29 de abril de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De las diputadas Raquel Jiménez Cerrillo y Tania Margarita Morgan Navarrete

En relación a retiro de proposiciones con puntos de acuerdo.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, para que se instalen nuevas plantas potabilizadoras en los estados de Hidalgo y Guerrero.

Del despacho PWC

Por el que remite, en cumplimiento con el artículo 50 de la Ley del Banco de México, copia del dictamen de los estados financieros del Banco de México al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y el informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente, de Inversión en Activos Fijos y en Activo Circulante por concepto de producción de billete y adquisición de moneda metálica, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que Expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma y adiciona diversos artículos al Código Penal Federal.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales subacuáticos.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma los artículos 222, 222 bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Conagua, de la Semarnat, de la Sagarpa y de la SE, a generar un nuevo instrumento que regule el aprovechamiento sustentable de las aguas del subsuelo de las cuencas de las lagunas de Tochac y Tecocomulco.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se solicita información al Gobernador del Estado de México y al Director General de la Conagua, del avance del proyecto de limpieza, desazolve y entubamiento del Río de los Remedios, para evitar inundaciones y problemas sanitarios.

De la Comisión de Cambio Climático, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, a emitir por su Secretariado Técnico, la convocatoria para la tercera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativa y minutas

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se declara sin materia la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo Décimo Cuarto Transitorio, de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso e) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

Iniciativas

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo de los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y expide la Ley General de Prevención del Delito, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 8o. del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 51 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de las diputadas Loretta Ortíz Ahlf y Margarita Elena Tapia Fonllem, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 282 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender la Obesidad y el Sobrepeso, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9o. y 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo y suscrita por el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 38 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 114, 115, 216 y 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167, 179 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De decreto, para declarar el 22 de abril como “Día del Municipio”, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley que Crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 315 bis 1 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 353-C y 353-E de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Margarita Licea González y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7 Bis y 15 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11 y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 260 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro y suscrita por el diputado Mario Alberto Dávila Delegado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 y adiciona un Artículo Séptimo Transitorio a la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Desarrollo Sustentable, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que deroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios y de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o., 92 y 94 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42, 66 y 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10, 14 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Expropiación, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 513, 514 y 515 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

De decreto por el que se realiza una Inscripción de Honor alusiva al Bicentenario del Constitucionalismo Mexicano en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, Presidente de la Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 49 y 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 150 y 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se declara el 4 de septiembre de cada año, como Día Nacional del Contribuyente, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

De decreto, para colocar una placa conmemorativa que contenga la leyenda “En el primer centenario de la defensa del Puerto de Veracruz, a la Heroica Escuela Naval Militar y al pueblo veracruzano, que el 21 de abril de 1914 se cubrieron de gloria defendiendo la Patria” a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General que Regula el Sistema de Alerta Amber, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 5o. y 21 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 45 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incorporar en la Cartilla Nacional de Vacunación, un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica (IRC), a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berúmen, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex, para que considere la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería “Ing. Antonio M. Amor” así como la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en las Entidades Federativas donde se ubican las Instalaciones de Pemex. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que emita la Declaratoria de Emergencia Fitosanitaria por la Roya del Café en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que implemente las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., para que investigue y determine la responsabilidad de los elementos de la SSPDF, por los hechos violatorios de derechos humanos de ciudadanos que realizaron una manifestación en torno a las instalaciones de la empresa Televisa, el 22 de abril de 2014, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de designar al miembro titular vacante del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Deporte. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se conforme un Grupo plural de legisladores que den seguimiento de la presunta violación a los derechos humanos de diversos activistas sociales y campesinos, cometida por el gobierno del estado de Puebla, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno Comisión).»

REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES, REPECOS

La diputada Margarita Licea González(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Terminando la aprobación del acta, si me permite. Sonido en la curul de la diputada Margarita Licea. Dígame, diputada.

La diputada Margarita Licea González (desde la curul): Diputado presidente, para pedirle de favor que se pueda incluir en el orden del día el punto de acuerdo de urgente y obvia, que ya se hizo el trámite, que tiene que ver con el tema de los Repecos.

Es muy urgente, no podemos ser indiferentes a una problemática social que existe, de que se requiere propiciar mecanismos más sencillos para que contribuyan los que están en el régimen de Repecos y que ha sido muy complicado hasta ahorita poder procesar el régimen de incorporación fiscal.

La afectación que ha generado la reforma fiscal no tiene precedentes en la historia de reglas del sistema tributario en este país, por lo tanto es urgente que el presidente de la República, que sí tiene facultades que establece el Código Fiscal, él pueda emitir un decreto urgente para que se reinstale el régimen de pequeños contribuyentes y se derogue el régimen de incorporación fiscal.

Entonces es pedirle, además también una excitativa a la Comisión de Hacienda para que, en uso de las facultades de la propia Comisión, se dictamine la iniciativa que el Grupo Parlamentario del PAN y su servidora presentaron justamente con este tema de eliminar el régimen de incorporación fiscal y de retomar el régimen de pequeños contribuyentes, que es el que puede dar estabilidad a este país en materia económica, sobre todo en la parte de los pequeños, que es donde tienen sus ingresos para alimentar a sus familias.

Y que evitemos un un estallido social, porque ha habido manifestaciones en los estados de Michoacán, de Jalisco, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Morelos, del DF. En fin, es una problemática conocida por todos nosotros, que estamos obligados en los puntos relevantes de atenderlo con urgencia. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó registrada. Esta Presidencia estará atenta a que llegue la propuesta de la Junta de Coordinación Política de modificación del orden del día, para ver si se puede adelantar ese asunto.

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame, me pidió la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

DISCRIMINACION CONTRA NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solamente para comentar en este pleno la indignación que nos provocan los actos de discriminación en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo y en cualquier evento.

La lucha contra la discriminación es una lucha y es un principio de nuestro marco legal, por eso queremos manifestarlo, pero va acompañado de lo que es la discriminación contra nuestros pueblos originarios en algunos estados de la República, cuando se pisotean sus derechos.

Este es el motivo de mi intervención y estoy seguro que habrá alguna otra diputada o diputado que también ampliará sobre esto. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Carlos de Jesús Alejandro.

COMISION BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACION, COCOPA

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Volver a insistir y, al mismo tiempo, solicitar respetuosamente nos informen los integrantes de la Junta de Coordinación Política el curso que lleva o el trámite que lleva la petición para realizar la renovación, mejor dicho la rotación de la presidencia de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, que debió haberse realizado la rotación de la presidencia el 17 de marzo.

Estamos a más de un mes de ocurrido y vencido este plazo, y en sesiones pasadas insistí en la necesidad de que la Junta de Coordinación Política haga efectivo el acuerdo de rotación de esta comisión, por salud, por respeto al Reglamento de este honorable Congreso.

Es una comisión que se instaló a insistencia nuestra, y fue instalada después de un año de haber iniciado esta legislatura. Espero que no sea ése el parámetro de interés de los integrantes de esta Junta de Coordinación Política y desde luego de esta soberanía, para darle curso a tan importante comisión, tan necesaria para ir resolviendo los conflictos en territorios, comunidades y pueblos indígenas que existen a lo largo y ancho del país.

Por otro lado, mencionar que en el estado de Guerrero hay una polémica que ha generado un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando ha argumentado por el problema que tiene que ver con el Ramo 33, relativo a los recursos que se tienen que ejercer para el fertilizante, donde hace responsable a esta soberanía, a los diputados y a los senadores de que somos quienes fijamos los lineamientos y las reglas de operación para este programa del Ramo 33. Nada más falso y es una verdadera mentira que quieran endilgar a esta soberanía estas facultades que no tenemos.

Esta soberanía tiene facultades solamente para la aprobación del presupuesto de cada una de las entidades y programas que ejercen año con año, y es facultad del Poder Ejecutivo definir los lineamientos y las reglas de operación de cada uno de los programas.

Por lo tanto, ojalá que en la Secretaría de Desarrollo Social, la titular, revise la función y el conocimiento que los funcionarios tienen sobre estos temas al afirmar estos hechos tan falsos, que merecen también, sin duda, una atención de esta soberanía. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención quedará debidamente registrada.

REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES, REPECOS

El diputado Víctor Serralde Martínez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Víctor Serralde. ¿Dígame, diputado?

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Presidente, para solicitarle que este uso de la voz me lo permita antes de someter a consideración el orden del día, precisamente para solicitar una modificación.

El Presidente diputado José González Morfín: Este punto ya pasó y el Reglamento, yo le pediría que viera el artículo 65 del Reglamento. Solo se comunica al pleno, y solo puede ser modificado a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Se lo leo textual, diputado. No puede hacer algo distinto.

Dice: el orden del día solo se podrá modificar a propuesta de la Junta. La solicitud será expuesta por el presidente. Acto seguido la Secretaría consultará, en votación económica, a la asamblea, si es de aprobarse. No tengo otra alternativa, diputado.

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Presidente, antes de que precisamente los diputados aprobemos o no el orden del día, yo apelo a la sensibilidad de este Congreso para poner a consideración el asunto que ha expuesto la diputada Margarita Licea.

Es claro que para el interés de este país es medular que en breve se atienda esta prerrogativa para regresar el régimen de exención a los pequeños contribuyentes. No es un tema menor, es un tema que requiere el máximo interés de esta instancia y le ruego que lo someta a consideración de este pleno y de la propia Junta de Coordinación Política. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: La Junta de Coordinación Política está reunida. Yo pediré que ellos lo consideren, pero yo no puedo violentar el Reglamento, diputado, lo lamento de verdad.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Alliet Bautista.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): Sí, gracias, señor presidente. Hacer de la preocupación de la compañera del PAN, hemos estado atentos a la preocupación de los llamados Repecos, del régimen de pequeño comercio que desapareció del régimen fiscal, y por el que de igual manera ha habido varias manifestaciones a esta Cámara, yo he estado de parte de la comisión, el diputado Silvano Blanco, claro, que también está en la Comisión de Hacienda.

Y llamar la atención para que podamos, hay una serie de iniciativas que tienen qué ver con este tema. Es un tema urgente que tenemos que retomar. Y hoy a las cinco de la tarde hay una reunión donde se va a recibir a la comisión de este movimiento, que tendrá que atenderlos la Comisión de Hacienda para poder tratarlo.

Entonces, también hacer eco de la comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, que cae dentro del tema de economía social.

Por otro lado, igual manifestar que al rato se acerca una manifestación muy importante del estado de Puebla, que de igual manera le pediría a la Junta de Coordinación Política que pudiera hacer esa comisión para recibirlos, puesto que están teniendo mucha represión en el estado de Puebla, y compañeros que por su liderazgo de poder defender a sus comunidades y de poder defender los recursos naturales de sus tierras y que hay proyectos nacionales de termoeléctricas de minería a cielo abierto y lo único que hacen ellos es defender su patrimonio, defender su tierra, defender sus comunidades.

También solicitarle que pudiera haber una comisión que pudiera recibirlos. Ya vienen marchando en avenida Zaragoza. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto lo haremos, diputada.

El diputado Uriel Flores Aguayo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Uriel Flores Aguayo.

El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Presidente, en el mismo sentido que lo han expresado las diputadas y el diputado Serralde, a partir de la inquietud de la diputada Margarita Licea, pero un poquito más amplio.

Simplemente, 20 segundos, decir que fuera de este edificio la realidad es un poquito diferente, que está pegando fuerte a la economía las medidas que aquí se aprobaron por una mayoría, es el Repeco, es el gasolinazo, es el descenso en la actividad económica, los ingresos de IVA, de ISR.

Hay un problema serio en la economía que obligaría a que se hagan ajustes a estas medidas y que esta Cámara tomara algunas medidas, será importante ver ya los informes de Hacienda, del SAT y plantearse en un momento dado la posible comparecencia de los titulares de esas áreas del gobierno federal, porque en el mundo de la fantasía que vive Videgaray y el titular del SAT pues no pasa nada, pero millones de mexicanos están padeciendo ahorita una realidad económica muy adversa y es obligación y responsabilidad de esta Cámara participar y tomar medidas al respecto. Le agradezco, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Enrique Flores.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para manifestarme también a favor de la diputada Margarita Licea, a hacer también un exhorto, pedir por favor que sea exhortada la Comisión de Hacienda para que este punto de acuerdo lo pueda dictaminar a la brevedad dada la importancia que está tomando este tema.

También hacer notar el silencio del PRI, el silencio del partido oficial, el silencio a una mala reforma que ya habíamos avisado los panistas, a la incapacidad del gobierno federal para incentivar la recaudación con este nuevo sistema de incorporación fiscal y pedir, por favor, que la comisión al dictaminar haga ese señalamiento, que es inútil, que no ha dado frutos y que el PRI sigue callado. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Silvano Blanco Deaquino.

El diputado Silvano Blanco Deaquino(desde la curul): Señor presidente, usted de una manera muy adecuada, recibió en días anteriores a integrantes de la comisión nacional de estos comerciantes que están muy inquietos con esta figura que desapareció el año anterior y que posteriormente ellos hicieron una petición a la Junta de Coordinación Política, ésta le solicita a la Comisión de Hacienda que los reciba en mesa de trabajo.

Hoy se va a tener esa reunión, pero decirle que anteriormente estuvieron ellos con el titular del SAT, en el cual tambien hicimos acto de presencia y ahí el titular del SAT refiere que de parte de Hacienda hay sensibilidad para hacer alguna modificación, pero que en todo caso debemos hacerla aquí en la Cámara de Diputados y que ellos contribuirían.

Yo espero que esto no solamente sea una manifestación para salir del paso en ese momento de la reunión, que haya sensibilidad de Hacienda y que el día de hoy en la comisión se tome efectivamente alguna medida que nos permita que las iniciativas que ya están en curso, más otras que van a llegar ahí. Que a la brevedad posible se dictaminen, porque realmente la recaudación está afectando a millones y millones de mexicanos que estaban en este régimen. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Margarita Licea.

La diputada Margarita Licea González(desde la curul): Sí, muchas gracias. Respetuosamente, una vez más, yo creo que el pleno del Congreso tiene facultades para generar que en el orden del día podamos votar este punto de acuerdo, que es urgente y obvia.

Y me parece que no podemos ser indiferentes a las voces que afuera nos están diciendo que atendamos este tema. Así como lo han externado compañeros de los diferentes grupos parlamentarios, me parece que en pleno lo podemos hacer valer y le pido que se vote si se incluye en el orden del día este punto de acuerdo. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Solamente quiero confirmarle —ya tengo aquí el acuse de recibo— que desde el 24 de abril su punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda. No está ni siquiera en manos de la Mesa Directiva, pero yo no puedo violar el reglamento, no puedo modificar el orden del día a menos que sea la asamblea, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Estoy obligado a cumplir las reglas.

Tengo anotados todavía a tres compañeros diputados: al diputado Coronato, a la diputada Córdova Bernal y a la diputada Esther Quintana. Sonido en la curul del diputado Francisco Coronato. Dígame, diputado.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Para dejar constancia de que hoy se trata de revertir algo que aquí mismo se aprobó y quiero subrayar el Movimiento Ciudadano, en su momento, votamos en contra.

Sin duda que este régimen lacera a los Repecos y hoy, derivado de ello, presentamos un punto de acuerdo para que se viera la aplicación de esta normatividad e incluso una iniciativa también.

Hoy habrá una reunión en la Comisión de Hacienda, donde se hará puntualmente también ya ese análisis. Están convocados los compañeros y, por supuesto, ahí estaremos presentes.

Queremos dejar esta constancia de nuestra preocupación y ocupación en este tema que, sin duda, lacera a un grupo muy importante de nuestro sector social. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul de la diputada Córdova Bernal. Dígame, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal(desde la curul): Gracias. Ahora resulta que el propio PRI y Hacienda quieren estas revisiones. Es lamentable lo que pasa contra los Repecos, no debemos perder de vista esta situación tan grave.

Casi todos los partidos en este Congreso votaron a favor de la Ley de Ingresos. Es un cinismo lo que se está haciendo ahorita aquí en este momento. Nosotros votamos en contra y fuimos el único partido que les hicimos ver, que les hicimos observar la situación tan grave y señalarles lo que estaban en ese momento a punto de aprobar.

Hoy tratan de expiar su culpa. Entonces, no tienen cara. No tienen cara por no haber querido escucharnos. Solamente se la pasan diciendo que nosotros votamos en contra. Nosotros sí sabemos la necesidad del pueblo, de los pequeños comerciantes, y ahora resulta que vienen a expiar aquí sus culpas.

Exigimos a Hacienda que se atienda a esos pequeños comerciantes, que están agravando la economía de todos estos Repecos y que se les dé una solución inmediata. Es urgente.

Mis compañeros diputados de Movimiento Ciudadano a quienes reconozco, al diputado Coronato y al diputado Villanueva, han estado muy de cerca, junto con su servidora y el diputado Monreal, nuestro coordinador, porque sí tenemos la calidad moral para estar reuniéndonos con toda esta gente que tanto necesita de buenas leyes que incentiven la economía del país, no que la estén echando por la borda, como se está viendo desde todos los sectores y todos los ámbitos en todo el país. Vivan los Repecos.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Esther Quintana.

La diputada Esther Quintana Salinas(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Hay un dicho muy antiguo, pero es sabiduría popular, “cuando la razón asiste, hasta el derecho se pierde”. Lo que está ocurriendo allá afuera obviamente que daña de manera severa la vida de nuestro país.

De sobra sabemos que uno de los problemas torales en este ámbito hacendario es que no ha crecido la base de contribuyentes y que siempre somos los mismos, los cautivos, los que pagamos impuestos.

Existe la posibilidad, bajo el régimen que estaba en vigor para los Repecos, de que estas personas fueran encaminadas hacia la formalidad. Me parece absurda, absolutamente absurda esta iniciativa enviada por el señor Videgaray y por eso voté en contra. Son puras lumbreras los que hacen las iniciativas en esta materia, puros egresados de Harvard y de puras universidades muy importantes. Lo que le hace falta al señor Videgaray y a quienes hicieron esta reforma para darle en toda la torre a los Repecos, harían bien darse en baño de pueblo y caminar las calles.

¿A qué están empujando a estas personas? Pues a que se salgan de la formalidad, incluso, a que cierren sus negocios, porque he estado con ellos y he dialogado. Allá en mi estado hay que recorrer nada más para darse cuenta de la grave problemática que tienen.

Pediría respetuosamente, señor presidente, sé que hay una regla y que usted tiene que apegarse a la regla, pero aprovechemos que viene una comisión de la Secretaría de Hacienda como lo han dicho ya, para decirles sus cuatro verdades a estos señores, y que le den marcha atrás a algo que es totalmente injusto y que va en contra, precisamente, de la economía de nuestro país.

No estoy de acuerdo con el régimen de Repecos y lo dije desde el principio y por eso voté en contra, insisto, le tienen que dar marcha atrás, porque la realidad allá está afuera. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Raquel Jiménez.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para hacer un par de acotaciones. Primero, con todo respeto me dirijo a la diputada Córdova Bernal, del Partido Movimiento Ciudadano, para señalar que el Partido Acción Nacional en su momento también votamos en contra de estas reformas, que como ya lo ha dejado claro —a solo unos meses— la historia, ha dejado claro que no ha dado más recursos al gobierno federal, sino por el contrario, muchos de los contribuyentes que estaban en el régimen de pequeños contribuyentes, hoy están prefiriendo volver a la informalidad debido a todas las trabas y a las complicaciones que el régimen de incorporación presenta.

Con todo respeto a la Mesa Directiva, sabemos que deben cumplir con un Reglamento, pero no es la primera vez que se ha violentado el mismo cuando se ha querido incorporar algún tema para discusión que resulte importante, sobre todo para el Ejecutivo.

Por qué no ahora modificar el orden del día para incorporar este tema que es tan importante. Somos los representantes populares y allá afuera —ya lo han dicho varios de los diputados y diputadas de esta asamblea— están los ciudadanos queriendo cumplir con sus obligaciones fiscales y que no lo pueden hacer debido a todas estas complicaciones que ha metido el sistema del régimen de incorporación.

Solicito de la manera más atenta se atienda a las solicitudes que esta asamblea hace. Incorporemos al orden del día la discusión de este tema, de este exhorto al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda para que den marcha atrás al sistema fiscal que hoy está hundiendo al país con menos recursos para ser aplicados en educación, en salud y en otros temas de verdadera urgencia para nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Javier Treviño Cantú.

El diputado Javier Treviño Cantú(desde la curul): Sí, diputado presidente, para llamar sobre todo a la atención y regresar a los temas del orden del día fijados para la sesión de hoy. El tema vinculado con el régimen de pequeños contribuyentes es un tema que hemos estado analizando y trabajando de manera cuidadosa también en la Comisión de Hacienda.

A solicitud de la Junta de Coordinación Política, el día de hoy en la tarde tendremos en la sesión de la Comisión de Hacienda una reunión para escuchar las preocupaciones de los representantes de quienes están planteando algunos temas en relación con el régimen de pequeños contribuyentes.

Lo que queda claro en esto es que la reforma hacendaria y social que hemos aprobado en esta Cámara de Diputados justamente está llevando a cambiar la cultura tributaria en este país. Venían antes del régimen de pequeños contribuyentes las bases especiales de tributación que evolucionaron a los Repecos y en ese momento también hubo un gran cuestionamiento.

Bueno, ahora que estamos pasando del régimen de pequeños contribuyentes al régimen de incorporación fiscal, ése nuevo régimen está diseñado realmente para simplificar los trámites fiscales y para preparar a todos los micro y pequeños empresarios a que inicien y continúen su negocio formalmente con la ayuda de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria del gobierno federal, donde están brindando ya las herramientas y la asesoría necesaria para que todos podamos crecer juntos.

Así es que mi llamado, por parte del Grupo Parlamentario del PRI, es que regresemos al orden del día de esta sesión y dejar que trabajemos en la Comisión de Hacienda al escuchar las preocupaciones y darles cauce a esas preocupaciones con el Servicio de Administración Tributaria. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Hay dos diputados que me han solicitado la palabra antes, y les voy a dar la palabra, al diputado Manuel Huerta y al diputado Jhonatan Jardines, y después vamos a continuar con el desarrollo del orden del día. Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Sí, gracias, presidente. Miren, creo que debería abrirse en el orden del día esta discusión, es de sabios errar y corregir. Lo único que creo es que los de Acción Nacional deberían asumir su responsabilidad en la fuerte crisis económica que se ha agudizado en la población ya a niveles de emergencia nacional. Ya hasta los empresarios están en contra de esta política económica que ha impuesto el PRI.

Ahorita escuchábamos todavía que insisten en que han hecho lo correcto con esta reforma fiscal, con un régimen fiscal persecutorio en contra de los pequeños contribuyentes. Evidentemente en el momento justo en el debate anunciamos lo que iba a ocurrir y por eso votamos en contra.

No puede ser más que abrir este debate, que se tomaran las medidas adecuadas para que este sector de la población no sea afectado como lo está siendo, pero no puede haber engaño al pueblo. Los que han hundido al país son los del PRI, los del PAN y ahora hasta los del PRD que votaron a favor de esta reforma hacendaria inadecuada al pueblo. Deberían de no quererse lavar la cara el día de hoy y actuar en consecuencia.

Le pedimos que se abra este debate y que tomemos las medidas necesarias para evitar más sangría a la población.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Jhonatan Jardines. Dígame diputado. Sonido en su curul.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire(desde la curul): También para hacer uso del micrófono, agradecerle por darme la oportunidad de participar.

Honorable asamblea, nosotros como integrantes de la Comisión de Hacienda y del PRD nos queda claro que aquí venimos a tratar de participar a través de la ignorancia, y lo que invito a mis compañeros también, de todos los partidos, del extremo derecho al extremo izquierdo, es que nos informemos cuál ha sido la realidad de esta reforma.

Aquí estoy escuchando lo que dicen mis compañeros y me queda claro que no se han puesto a revisar los comunicados que nos están llegando de manera oficial por las autoridades hacendarias. Para empezar, el régimen de Repecos que fue sustituido, lo que más tuvo en su momento fueron 3.6, 3.8 de contribuyentes, hoy llevamos 4.2. Yo creo que el régimen no es tan malo o no ha sido una parte para los contribuyentes que no les haya beneficiado.

Hay que decirle a los compañeros que hoy en el régimen de incorporación, sólo para aclararles, se emite una factura cada bimestre. Su declaración la presentan de manera bimestral. Tienen en este momento el acceso vía internet para ser asesorados. También fue junto a esta reforma, el que tuvieran el beneficio de la seguridad social.

Entonces no se vale nada más venir a denostar, como diría uno de nuestros flamantes diputados que hace uso de la tribuna, porque a mis espaldas parece que también tengo chiveros. El régimen está funcionando y hay que esperar por lo menos que termine el primer semestre para tener una evaluación directa, real, de hasta dónde se ha podido avanzar con esta reforma. Y nosotros la votamos a favor y por eso tenemos que decir por qué la votamos a favor y estamos viendo cuáles han sido los beneficios.

Y porque también junto con esto... Compañeros...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, también le pediría que fuera concluyendo su intervención, porque el tema no está a discusión.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire(desde la curul): No digo que esté a discusión o no, presidente, sino es para rectificar los hechos que aquí están vertiendo los compañeros.

Estoy de acuerdo en que se tiene que abrir lo más rápido posible esta discusión. Y sobre los números y sobre las acciones reales cada quien que defienda en qué sentido y por qué esta reforma está siendo benéfica o no al país. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Aurora Aguilar. Dígame, diputada.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez(desde la curul): Presidente, Acción Nacional siempre ha sido un partido responsable y particularmente en el tema hacendario nosotros dimos la batalla cuando se hizo la discusión en esta honorable Cámara, nos subimos a la tribuna, estuvimos en la Comisión de Hacienda, dijimos no a los nuevos impuestos y dijimos no a que desapareciera el régimen de los Repecos.

Se podrá argumentar mucho, a favor o en contra. Contra la realidad no hay argumento posible, allá afuera la gente se está dando de baja de los Repecos, están prefiriendo regresar a la informalidad, en vez de al contrario, sumarse a la formalidad.

La verdad es que tenemos a la gente ahí afuera en manifestaciones exigiendo respuestas. Son personas que no pueden esperar a que pase un semestre o dos semestres para medir nada. Los empleos se están perdiendo hoy. La gente está dejando de percibir ingresos hoy. Y hoy tenemos que poner una solución, un alto.

Independientemente de que este pleno tiene que regirse por un Reglamento y que nosotros lo entendemos, señor presidente, lo cierto es que ese Reglamento tampoco puede estar por encima de las necesidades urgentes de hoy.

Entonces, si no podemos vía orden del día hacer este exhorto al Ejecutivo, sí que quede claro ante los medios de comunicación, ante la nación entera, que habemos muchos diputados, representantes populares, que estamos diciéndole al gobierno: no a este régimen de incorporación. Que regresen los Repecos o que nos den una solución que genere a los pequeños comerciantes de México que se estabilice su situación, que hoy los está llevando de verdad a problemas muy serios en los ingresos, en los bolsillos de los mexicanos, que además sí quieren pagar impuestos, pero que con este nuevo régimen no pueden hacerlo de manera adecuada.

Por favor, que se registren estas palabras y que sepa el pueblo de México que habemos muchos diputados exigiendo que las cosas cambien. Y que los diputados del PAN, los 114 diputados del PAN estamos con los pequeños comerciantes mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Martha Beatriz Córdova.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal(desde la curul): Gracias, presidente. Miren, primero que nada por alusiones personales a la diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: No hay alusiones personales en este momento, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal(desde la curul): No por alusiones, está perfecto. Entonces, una aclaración nada más. Cuando se votó la Ley de Ingresos, que el PAN votó, sí votaron, de las siete, votaron siete leyes de las nueve; entonces no podemos ocultar esto, el PAN votó junto con el PRI y una parte del PRD la reforma fiscal, entonces, no debemos perder de vista que dentro de esta reforma estaba contemplado lo que se iba a recaudar de impuestos de los Repecos, de la homologación del IVA en la frontera y del impuesto sobre la renta.

Entonces, que no nos vengan ahora a decir que los 114 diputados del PAN votaron a favor del pueblo, porque votaron en contra de los Repecos y de toda la población de México.

Hay que reconocerlo, sino fíjense muy bien lo que están leyendo, y qué contemplaba la Ley de Ingresos. Al votar la Ley de Ingresos ahí automáticamente se echaron la soga al cuello y le echaron la soga a todo el pueblo de México.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Juan Manuel Gastélum.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Señor presidente, con mucha pena me corresponde escuchar la sarta de mentiras en afectación a los ciudadanos mexicanos.

Jamás, jamás el PAN aprobó la ley hacendaria fiscal que presentó el Ejecutivo y que fue avalada por muchos de ellos y por los de su partido. Señor presidente, no se vale este trato a los mexicanos. No necesita México este tipo de reformas hacendarias que vienen a afectarle el bolsillo directamente. No es posible que los Repecos sigan, o mejor dicho, se les quiera introducir en el nuevo sistema. No van a poder cumplir, entienda el gobierno federal. Ésta es una situación de... Caray, chihuahua, hombre, no es posible que se siga votando, pensando en votar este tipo de iniciativas.

Necesitamos regresar a lo que teníamos antes. El mexicano no quiere vivir en la informalidad y este tipo de reformas a eso lo llevan. A eso lo llevan a cometer el ilícito previsto en la propia normatividad aprobada por el PRI, por algunos del PRD que se la dan de pecho de que son de izquierda y que apoyan al ciudadano. Mentiras. Que quede constancia, señor presidente, que quede en actas lo que aquí acabo de expresar.

No se vale. Hay que decirle al ciudadano mexicano: estamos contigo como diputados. Por eso nos denuestan, señor presidente. Por eso dicen que no servimos, porque no hacemos una normatividad apegada a la ciudadanía. No los apoyamos, pero sí en cambio no hacemos las cosas bien.

Señores diputados, allá afuera hay hambre. Dense cuenta, el ciudadano mexicano es cumplido, quiere pagar, pero con diputados de esa calaña jamás va a poder hacerlo. Debemos de llevar al mexicano al bien hacer de las cosas.

No hay más, si no los ayudamos a hacer bien las cosas, habrá estallidos sociales, habrá más inconformidad. Abran los ojos, vayan a sus regiones, vayan a sus ciudades, dense cuenta del hambre que padece el pueblo mexicano.

Por favor, señor presidente, que conste en actas y si algún diputado tiene alguna cuestión en contrario lo haga por escrito, pero no esté hablando una sarta de barbaridades. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Todas las intervenciones quedarán debidamente registradas en el Diario de los Debates.

El diputado Rodrigo González Barrios(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Rodrigo González Barrios.

El diputado Rodrigo González Barrios(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Primero, diputado presidente, comentar, yo voté a favor de gravar la bolsa, como varias compañeras y varios compañeros diputados del PRD, por gravar la bolsa, y hubo diputados de otros partidos, de los de mi lado izquierdo y algunos de mi lado derecho que votaron en contra de gravar, precisamente, las ganancias de la bolsa.

Yo voté a favor, en esa reforma de que se incrementara el impuesto sobre la renta a los que más ingresan. Y hubo diputados de mi extrema izquierda y de mi extrema derecha que votaron porque no fueran gravados los que perciben una gran cantidad de recursos.

El tema no es solamente el asunto de los Repecos. El tema tiene qué ver, desde Miguel de la Madrid, en los gobiernos del PRI y dos gobiernos del PAN, que por la política del déficit cero dejaron que no hubiera crecimiento y le apretaron el cinturón a los que menos tienen.

Eso querían hacer en esta política fiscal. No es un asunto solamente del tema de los Repecos, si hay que abrir el debate hay que abrirlo de manera general y no solamente en este pequeño tema de una parte muy importante de los ingresos.

Por eso, si es que se va a repetir u otra vez a rediscutir el tema, abrámoslo y rediscutámoslo todo, completo, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Han hablado cerca de 16 diputados. Voy a dar la lista de los que han pedido la palabra y voy a cerrar el registro, porque vamos a continuar con el orden del día. Es imposible hacerlo de otra manera.

Voy a dar la lista de quienes han solicitado la palabra. Algunos ya lo han hecho. No quiero negarle la palabra a nadie. No puedo modificar el orden del día, a menos que venga una propuesta de la Junta de Coordinación Política. No voy a negarles el uso de la voz, pero también necesitamos poner orden en la sesión.

Entonces, quienes han hecho uso de la palabra y lo han solicitado en este momento, quedarían pendientes la diputada Julisa Mejía, el diputado Ricardo Mejía, el diputado Alfredo Zamora, el diputado Enrique Flores, el diputado Manuel Huerta, la diputada Martha Leticia Sosa, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, la diputada Mícher Camarena y hasta ahí vamos a cerrar la lista. Anoto al diputado Belaunzarán y después de eso continuaremos con el desarrollo del orden del día. Y al diputado León Mendivil, que será el último de la lista y continuaremos con la sesión, porque no es posible también. Bueno, anoto también desde su lugar al diputado Monreal. Adelante, diputada Julisa Mejía.

La diputada Julisa Mejía Guardado(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Creo que en este pleno hemos olvidado a quién venimos a representar. Estamos discutiendo una situación que es muy importante para los contribuyentes del país. Estamos aquí representando a 116 millones de mexicanos y nos hemos olvidado completamente de ellos, precisamente de ellos.

Un color, otro color y todos responden a intereses muy particulares que nada tienen qué ver con el pueblo de México. A mí me parece que esta modificación que se está proponiendo al orden del día, no es más allá que un simple exhorto al Ejecutivo.

Ni siquiera se está discutiendo un cambio a la ley, ni siquiera se está discutiendo una modificación al articulado de la ley hacendaria.

Y tan solo un exhorto genera tanto resquemor, a qué intereses estamos respondiendo los azules, los rojos y una parte de los amarillos. Esto es lo que estamos haciendo y nos estamos olvidando de 116 millones de mexicanos, que son los que están pagando las consecuencias de los gasolinazos, del IVA en la frontera, de los Repecos, que en el sistema fiscal en el que están incluidos a partir de diciembre pasado.

Y no solamente eso, también el aumento al IVA en los alimentos procesados; porque a mí no me van a engañar, ni a la gente engañan al decir que los alimentos, como dice el PAN, que los alimentos gracias a ellos no tuvieron IVA, ése es un engaño. Los alimentos procesados, todos los alimentos procesados tienen IVA a partir del primero de enero de este año; porque se dice que solamente los alimentos chatarra, ¿qué alguien me explique qué es un alimento chatarra? Todos los alimentos que pasan por un proceso tienen IVA y eso lo está sufriendo el país y toda la población de México y estamos viniendo a desgarrarnos las vestiduras por hacer un exhorto.

Dejemos ya los intereses particulares y pensemos en la gente que venimos a representar aquí, 116 millones de mexicanos que están sufriendo las consecuencias de esta reforma hacendaria aprobada por gentes, compañeros diputados que no representan al pueblo, sino que representan intereses muy, muy particulares. Gracias.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, compañero presidente. En Movimiento Ciudadano ratificamos nuestra posición en contra de esta reforma hacendaria inflacionaria, recesiva, terrorista, que está inhibiendo la economía del país. Y no solamente nos solidarizamos con los pequeños contribuyentes, sino con los habitantes de la frontera del país, con los comerciantes, con los empresarios nacionalistas y productivos que están batallando hoy con esta reforma fiscal que ha sido un reverendo fracaso.

Vamos a luchar por todos los medios para echar abajo esta reforma fiscal que está generando este estancamiento económico en el país. Hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya resuelva la acción de inconstitucionalidad que presentamos 172 diputados y diputadas federales, que la Suprema Corte de Justicia actúe con responsabilidad y no esté retrasando este fallo histórico.

Nosotros celebramos que algunos rectifiquen en sus posiciones y también que con claridad algunos reafirmen de qué lado están. Nosotros estamos del lado del pueblo y desde luego que condenamos no solamente estos aumentos impositivos, sino también los gasolinazos y todo lo que ha dañado la economía de millones de mexicanos.

No es casual que hoy en las encuestas, Enrique Peña Nieto solo sea aprobado por el 37 por ciento de la población, según diversos instrumentos de medición de opinión pública. Esto es resultado de que el pueblo de México rechaza tajantemente la peor reforma fiscal de su historia. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Alfredo Zamora.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Gracias, presidente, por esta oportunidad. Quiero decirle que respetamos las diversas opiniones que se han vertido, pero también se tienen que hacer con responsabilidad. Hay que puntualizar que el PAN votó en contra todos los impuestos, el alza de impuestos.

El PAN fue responsable, fue sensible con los ciudadanos y aquí se manifestó claramente su voto en contra. El PAN votó en contra el aumento de la deuda, precisamente porque también iba a impactar a la economía de las familias más pobres. El PAN votó en contra el aumento de las gasolinas, porque no es el aumento de impuestos, precisamente, lo que va a resolver los problemas que hoy tiene nuestro país.

Se ha dicho aquí que el régimen de incorporación —y se acaba de señalar hace un momento por un diputado del PRI— es positivo. Me parece que los contribuyentes, los pequeños contribuyentes, están dando muestras claras de que es totalmente falso, es negativo.

Tan negativo que hoy están cerrando negocios, tan negativo que hoy muchos pequeños negocios precisamente que eran el sostén de las familias, están cerrando y están generando más desempleo.

Lo que requerimos es que haya trámites mucho más sencillos para que todos los mexicanos que sí quieren pagar impuestos, que sí quieren contribuir al sostenimiento de la económica, que sí le quieren contribuir para seguir creciendo en educación, en hospitales, en salud, en todo lo que este país requiere para seguir mejorando.

Sin embargo, los trámites a los que hoy están siendo sometidos les hace imposible cumplir con estas obligaciones. Es falso, que a través de Internet es esto muy sencillo. Muchos de los contribuyentes, de los pequeños contribuyentes, no tienen acceso a Internet y por eso hoy, en lugar de estar sometidos a esta tramitología, están prefiriendo cerrar sus negocios.

Me parece que esta Cámara debe ser muy sensible, todos debemos ser muy sensibles al reclamo ciudadano y no encerrarnos, simple y sencillamente, presidente, en que el reglamento no lo permia.

Me parece que este es un debate que se tiene que dar para que los ciudadanos, como lo decía alguien hace un momento, vean de cada uno de sus diputados, como le están respondiendo. A final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos que responder frente a la sociedad y que con esta claridad sea el ciudadano el que juzgue el actuar de cada uno de nosotros.

Compañero del PRD, me parece desafortunado que se quieran justificar lo injustificable. Los ciudadanos no quieren Repecos, perdón, no quieren este régimen de contribución. Lo que quieren es facilidad, precisamente...

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido, diputado, que pueda concluir.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): ...en el pago de sus impuestos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sonido en la curul del diputado Enrique Flores. Ya di lectura a la lista de quienes van a hacer uso de la palabra y está cerrada la lista. Les pediría brevedad a todos.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores(desde la curul): Muy brevemente. Agradezco mucho el uso de la palabra y me da mucha pena la hipocresía de algunos compañeros de izquierda y el silencio del PRI.

Al decirles que vendieron su voto a favor los de izquierda, por un bono de capitalidad para el Distrito Federal. Que se acuerden que los que traicionaron a los mexicanos fueron ellos. Que se acuerden que los que están en contra de aquellos pequeños contribuyentes son ellos.

Que se acuerden que el PRI lo que está haciendo es tratar de justificar a su presidente, la política pública es su presidente, descalificado ya en las encuestas por tratar de elevar la contribución, la cual, le salió el tiro por la culata lamentablemente. Y decirles muy claro, que el PAN, el Partido Acción Nacional, votó en contra de todos, todos los impuestos que quiso imponer Peña Nieto. Que quede muy claro y que quede asentado, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Gracias, presidente. Mire, yo sé que usted hace un esfuerzo para dar este nivel de debate en la Cámara, pero se trata de no mentir, de encontrar los argumentos.

Yo quiero invocar el artículo 59, en el tercer numeral, que habla de que tendrán prioridad aquellos asuntos que impliquen un mayor interés público y los que por término constitucional, etcétera, etcétera. Es decir, en otros momentos usted ha consultado al pleno. Sería bueno que se consultara al pleno de abrir el debate porque, honestamente, hay muchas mentiras.

Los del PAN —ya lo hemos dicho, no ahorita—, han avalado 30 años una política económica inapropiada. Votaron a favor de los gasolinazos, votaron a favor de la propuesta de todo lo que implica la inversión en materia energética, todo lo que es la política en materia energética y eso va a determinar muchas cosas. Se quieren lavar la cara, pero no deben engañar a la gente.

Ya la diputada dijo todo lo que fue la reforma fiscal. Siete leyes votaron, incluyendo el Presupuesto, que ya contemplaba esto.

Del PRD mejor ni hablar, solitos se denuncian lo que hacen. Claro que gravaron a la bolsa...

El Presidente diputado José González Morfín: Le pediría que concluyera, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): ...calmados. Nada más decirles que gravaron a la bolsa, pero a la bolsa de los mexicanos, porque en la calle hay mucha pobreza. Y con la pena, hoy Peña Nieto anuncia una inversión de 7.7...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, no son temas que estén a discusión. Le pediría que pudiera ir concluyendo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Yo nada más lo que digo es que no hay mejoría en la economía. En los propios datos oficiales no está así, la situación está muy grave. Se necesita discutir el tema y le solicitamos a usted que ponga a discusión del pleno si se incorpora el punto o no.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido a la curul de la diputada Martha Leticia Sosa Govea.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea(desde la curul): Muchas gracias, presidente. No voy a repetir lo mucho que ya se ha mencionado el tema en estos momentos. Quiero hacer uso de la voz para señalar que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos realizado varias acciones, precisamente para atender la inquietud y demanda ciudadana en torno a las afectaciones de la reforma fiscal.

Ya lo dijeron hace un momento, se interpuso un recurso de inconstitucionalidad que está por resolverse. En varios estados interpusimos amparos colectivos, como es el caso de Colima, en donde más de 360 contribuyentes pequeños presentaron un amparo colectivo, precisamente para retomar y regresar el régimen de pequeños contribuyentes.

Finalmente quiero mencionar, señor presidente, que la propuesta de la diputada Margarita Licea en esta Cámara ha sido para apelar a la sensibilidad de la Junta de Coordinación Política a efecto de que mañana, de acuerdo al Reglamento, pueda enlistarse en el asunto del orden del día y podamos estar discutiéndolo antes de que termine este periodo.

También quiero mencionar que como diputados esta Cámara es caja de resonancia de todo lo que se dice por la ciudadanía y apelamos a la sensibilidad del presidente de la República para que, en uso de sus facultades, él mismo derogue el decreto que modificó el régimen de los pequeños contribuyentes, para desaparecerlo, e incorporar el de régimen fiscal. Gracias por la oportunidad, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, les pido a los últimos que van a hacer uso de la voz brevedad para poder continuar con la sesión. Sonido en la curul del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Me llama la atención que haya quienes se den cuenta hasta el día de hoy que hay hambre en el país. En efecto, hay hambre en el país en parte por los impuestos que se cobran a la población, pero también por la política de liberalismo que desde hace 30 años se está implementando y de lo cual el PRI y el PAN son corresponsables.

Son corresponsables de una política privatizadora que ha despojado al país de sus bienes nacionales y que pretenden todavía despojarnos del petróleo a todos los mexicanos. Por eso hay hambre.

Hay hambre también porque están abiertas de manera indiscriminada nuestras fronteras y ahí está el campo mexicano que lo está resintiendo pues estamos importando frijol y maíz, que son productos básicos.

Se ha descuidado el asunto de la seguridad nacional y la seguridad alimentaria y son corresponsables y es una pena —y con eso concluyo, diputado presidente, y gracias por darme la palabra–— que hayan estado 12 años en el poder y no hayan hecho nada por revertir el hambre que padecen millones de mexicanos.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sonido en la curul de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias, señor presidente. Por una parte, celebro que la diputada Margarita Licea esté presentando este exhorto, este punto de acuerdo ante la Mesa Directiva. Me parece que Acción Nacional está haciendo su trabajo y en ese sentido nosotros nos tenemos que solidarizar.

Quiero hacer una aclaración. No todos los diputados y diputadas del PRD estuvimos votando a favor en ese momento; fuimos más de 50 diputados y diputadas del PRD quienes votamos en contra.

Tendríamos que estar de acuerdo con que de nuevo se sometiera a consideración este tema porque mientras aquí estamos argumentando quien a favor y en contra —y yo soy parte de esa argumentación— allá afuera hay un desastre en las declaraciones, en los documentos, en los gastos a contadores y a contadoras y por supuesto en la dada de baja de una serie de empresas, pequeños empresarios, que no pueden con esta reforma.

Por eso solicito amablemente que este tema se retome en su totalidad, pero que no nos midan con la misma tasa. Hay diputados y diputadas del PRD —para quienes insisten en ponernos en el mismo paquete— que no votamos a favor de esas reformas a los ordenamientos.

No vamos a defender a Hacienda. Nuestro trabajo es defender a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad y pobreza. La gente allá afuera que tiene 10 empleados, 10 obreros, 15 obreros, está siendo altamente vulnerada por esta reforma.

Por eso solicito amablemente se incorpore a la agenda política esta discusión y solicitemos un exhorto a Hacienda y repensemos ese voto que está dañando tanto la economía de quienes generan pequeños empleos, no a quienes generan 200 o 300 empleos, a quienes son microempresarias o empresarios y que están seriamente dañados en su economía. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Gracias, presidente y reconozco por supuesto su apertura y tolerancia al debate. Quisiera decir que éste es un problema de Estado que tenemos muy grave, no es nuevo porque ahora resulta, parece ser, que antes de este año todo era una panacea y estábamos muy bien, la verdad es que llevamos muchos años sin crecimiento, y con una tremenda injusticia social.

Los resultados de los últimos gobiernos en lo único que funcionaron fue en hacer más grandes las desigualdades. Ahí tenemos los millones de pobres. Si para algo debe servir la política fiscal, es precisamente para tener políticas redistributivas y cerrar la brecha entre los más ricos y los más pobres.

Por supuesto, no hay nada más populista que hablar contra los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, pero también ahí está la responsabilidad social con la comunidad. Por supuesto, todo debe ser revisable, todo es para discutirse, incluso, cada año se vota la Ley de Ingresos y tendremos el tiempo para discutir con seriedad cuál es la mejor política, pero tenemos que plantear no sólo en que no estamos de acuerdo, sino qué propuesta alternativa, porque somos un país que recauda muy poco, estamos a la altura en porcentaje, según el producto interno bruto y la población al nivel de Haití, nos ayuda un poco el petróleo porque somos un país con riqueza petrolera, por cierto, que está en cuestión con la reforma energética, y hablaba de un cambalache. El único cambalache explícito fue una reforma política descafeinada a cambio de la reforma energética tan cuestionada.

Pero bueno, entremos al debate y discutamos con seriedad. Hoy los grandes consorcios, los más grandes consorcios están amparados con los más ricos abogados de este país defendiendo también privilegios que atacó esta reforma, por los cuales me parece que era correcto cómo gravar por supuesto la bolsa, limitar la consolidación. Ahí nos quedamos un poco cortos, pero se avanzó en la consolidación, en gravar el ISR a los más ricos. Eso también habla de eso.

Había propuestas alternativas. El Partido Acción Nacional propuso IVA generalizado, que afortunadamente en mi opinión no se dio, solamente diré...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le pediría que fuera concluyendo su intervención, no es un debate de reforma hacendaria.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): ...de acuerdo. Simplemente diré que, por supuesto, toda esta revisión, discutamos integralmente el problema. Por supuesto que hay problema de dispendio también en la administración y que deberíamos tener políticas de austeridad, pero quien diga que solamente así se resuelve, es pura demagogia. Necesitamos una política fiscal mejor, discutámosla entre todos, y miren, las elecciones son el próximo año, dejemos de hacer campaña ahorita y pensemos como estadistas de cómo mejorar una política, y simplemente termino con esto, el responsable de la política económica es el gobierno, no el Congreso.

Nosotros damos instrumentos, pero eso no absuelve la política del gobierno, y simplemente termino diciendo: no estábamos mejor antes, no crecíamos, y la pobreza se extendió. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sonido en la curul de la diputada Patricia Araujo y después el diputado Monreal.

La diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre(desde la curul): Señor presidente. La realidad que fue una reforma hacendaria, que fue discutida por todos los partidos en su tiempo, se escucharon a todos y cada una de las asociaciones, el decir ahorita y presentar un debate que no es lo mejor que pudimos hacer para lograr dar un crecimiento, no estamos de acuerdo.

Estoy consciente que tenemos que asesorar, capacitar mejor a todo ese pequeño contribuyente que está dispuesto a pagar, que le estamos apostando al crecimiento y desarrollo de México, que también exigimos una transparencia y una rendición de cuentas para que efectivamente logremos tener ese crecimiento en México. Ya no quieran ustedes adornarse y decir que son los que van a hacer un cambio. No vamos a ir hacia atrás, vamos todos hacia adelante. Pero vayamos juntos y seamos facilitadores de todas esas micro y pequeñas empresas generadoras de más de siete de cada 10 empleos que contribuyen al desarrollo, a que puedan pagar en tiempo y forma.

Seguiremos escuchando, podernos mejorar que esta tributación sea sencilla, que sea simple, que sea fácil y que no se requiera ni de un contador ni nada. Ése era el objetivo de una reforma, ése fue el compromiso, incorporar al comercio informal pero ser facilitadores, incentivarlos, darles crédito y así es como lograremos este progreso. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Ciudadano presidente, en primer término debo reconocerle su apertura y su actitud por permitir este intercambio que es inédito y que no está en Reglamento, sin embargo creo que facilita el que tengamos conversaciones aún de esta manera.

El país está en grave riesgo, ciudadanos diputados, la situación económica está causando estragos sociales. El exhorto que se pretende, que es el fondo de la discusión, es correcto independientemente de quien lo haya hecho. A la Cámara de Diputados le corresponde revisar e incluso rectificar en esta política hacendaria, que fue implementada en noviembre y aplicada a partir del 1o. de enero.

Ahora son los Repecos, mañana serán los ganaderos, las Pymes, los campesinos, los profesionistas, las amas de casa. Por eso los exhorto a todos aquí, para que esta facultad exclusiva de la Cámara se pueda hacer valer. No basta un exhorto, por cierto. Un exhorto no tiene la fuerza de ley, el exhorto es simplemente una llamada a misa.

La situación del país amerita que el Congreso pueda legislar y pueda rectificar la política hacendaria. Lo podemos hacer en periodo extraordinario. No quiero retornar al debate de noviembre o diciembre, que ya está registrado en el Diario de los Debates. Lo que sí deberíamos impulsar todos es esta revisión fiscal. Esta Cámara puede asumir a plenitud su responsabilidad hacendaria.

Por último, por cierto, revisando las votaciones de los siete ordenamientos jurídicos que se aprobaron puedo decir que en muchas de ellas hubo votos diferenciados, por ejemplo: en Ley de Ingresos el PAN votó en favor 79; pero también hubo votos en contra, ocho; abstenciones, 23; y cuatro ausencias. En el PRD ocurrió lo mismo. No se puede generalizar, es siempre muy torpe generalizar.

A nombre de mi grupo, a los que votaron en contra les expreso mi respeto y a los que votaron a favor también, finalmente el Diario de Debates es el que registra cada una de las posiciones y aquí uno asume su responsabilidad personal. Por su atención y por su tolerancia, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Las 31 intervenciones formarán parte del Diario de los Debates. Reitero que el punto de acuerdo fue turnado desde el día 24 a la Comisión de Hacienda y que estaremos pendientes de cualquier decisión que tomara la Junta de Coordinación Política.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura en virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes veintiocho de abril de dos mil catorce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y cinco diputadas y diputados, a las trece horas con dieciséis minutos del lunes veintiocho de abril de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

• Por la que comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo de las Comisiones de:

– Deporte, para exhortar a los titulares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y del Ejecutivo en los estados y los municipios, así como al jefe de Gobierno y delegacionales del Distrito Federal, a mejorar las condiciones de seguridad en espectáculos y eventos deportivos.

– Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para solicitar al titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo que haga del conocimiento público el avance del Programa Impulso al Desarrollo Regional y Territorial.

Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

• Relativo a la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica, y reforma y adiciona al Código Penal Federal, devuelto para la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. La Presidencia informa que recibió dicha minuta y fue turnada inmediatamente a la Comisión de Economía para dictamen.

b) De los Diputados:

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos veintiocho, adicionando las fracciones séptima y octava; y treinta y dos, fracciones cuarta y sexta, recorriendo las subsecuentes, de la Ley Federal de Seguridad Privada, presentada el veintiocho de noviembre de dos mil trece, sea retirada de la Comisión de Seguridad Pública.

• Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, por la solicita que las siguientes iniciativas con proyecto de decreto presentadas el once de diciembre de dos mil trece, sean retiradas de la Comisión de Desarrollo Social:

– Que reforma el artículo catorce de la Ley General de Desarrollo Social.

– Que reforma el artículo treinta y seis de la Ley General de Desarrollo Social.

• Raúl Santos Galván Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, por la que pide que su proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita que se destine un espacio en el recinto de la Cámara de Diputados para colocar una placa conmemorativa del centenario de la heroica defensa del puerto de Veracruz, presentada el dieciocho de marzo de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a formar un consejo redactor plural e interinstitucional a fin de elaborar la propuesta de reforma de derechos de los pueblos indígenas, presentada el veinte de febrero de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a los titulares del Servicio Postal Mexicano y de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a fin de realizar una estampilla postal y un billete de lotería, conmemorativos del septuagésimo quinto Aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su conocimiento.

• Para exhortar al Presidente de la República, a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y a los Directores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos para que se transparenten los procesos de las licitaciones públicas para la contratación de los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre en estas dependencias. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su conocimiento.

• Relativo a fortalecer la certificación de productos orgánicos a fin de impulsar y promover el comercio de estos productos, y fomentar el mercado de los mismos a nivel nacional. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego para su conocimiento.

d) Del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la realización de actividades para conmemorar los sesenta años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento.

e) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo y Legislativo, en sus órdenes federal, estatal y municipal, para que, en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama. Se remite a la Comisión de Salud para su atención.

• Con la que remite tres oficios con los que devuelve los expedientes de las siguientes minutas con proyecto de decreto:

– Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación, en materia de evaluación del desempeño docente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos séptimo y cuarenta y dos de la Ley General de Educación, y treinta y dos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

f) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que informa que en el mes de marzo de dos mil catorce, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite las Minutas con proyecto de decreto:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

– Que reforma la fracción segunda del artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que reforma y adiciona el artículo setenta y tres de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que reforma los artículos veinte, veinticuatro, veinticinco, cuarenta, cuarenta y cuatro, cuarenta y nueve, y cincuenta y cinco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y adiciona los artículos trece y catorce de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Indígenas, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bebidas alcohólicas, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que adiciona la fracción octava al artículo ciento cuarenta y ocho de la Ley Federal del Derecho de Autor, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

– Que adiciona la fracción séptima al artículo quince de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Con la que remite la Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción trigésima del artículo veintiocho de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Salud, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguro popular. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Mario Alberto Dávila Delgado. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Eva Diego Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; y José Enrique Doger Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional.

A las trece horas con cincuenta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos un diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Ricardo Monreal Ávila, y Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos setenta y tres votos a favor; cuarenta en contra; y cinco abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de seguro popular. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

La Mesa Directiva expresa sus condolencias a la diputada Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, por el fallecimiento de su señora madre, María Esperanza Chanona Martínez.

En su oportunidad y desde su curul realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Germán Pacheco Díaz, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Enrique Cárdenas del Avellano, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

b) Protección Civil, que reforma los artículos dos, y ochenta y dos; y adiciona la fracción vigésimo primera al artículo dos, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo veinte de la Ley General de Protección Civil. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño.

Presidencia del diputadoMarcelo de Jesús Torres Cofiño

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática; David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Partido Acción Nacional; y César Reynaldo Navarro de Alba, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados: Arturo Cruz Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; y Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos veintisiete votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos dos, y ochenta y dos; y adiciona la fracción vigésimo primera al artículo dos, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo veinte de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Se recibe de la Cámara de Senadores, la Minuta con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

c) De Asuntos Migratorios, que reforma y adiciona los artículos segundo, y veintiocho de la Ley de Migración. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Amalia Dolores García Medina. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional; y María Fernanda Schroeder Verdugo, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos veintiséis votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos segundo, y veintiocho de la Ley de Migración. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de las comisiones de:

a) Seguridad Pública, por el que se exhorta al Gobierno Federal, apoyar la coordinación de las áreas encargadas de la seguridad en Michoacán y evitar la toma de acuerdos con personas pertenecientes a grupos delictivos.

b) Deporte, por el que la Cámara de Diputados felicita a las ciudadanas Linda Ochoa, Rosalía Domínguez, Brenda Merino y Aída Román, por haber obtenido medallas de oro en el campeonato mundial de tiro con arco, con la especialidad bajo techo, que se llevó a cabo en Nimes, Francia.

c) Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice los estudios pertinentes sobre la autorización de adecuación a favor del proyecto para el desarrollo de la tercera fase de exploración minera en el área denominada Espejeras.

• Relativo a la instalación de estacionamiento para bicicletas en inmuebles públicos y en centros de Transferencia Modal, así como en las principales plaza públicas, mercados y vía pública.

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, haga del conocimiento público el destino de los recursos para operar proyectos forestales relacionados con reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

El Presidente informa a la Asamblea que el siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, relativos a las siguientes iniciativas y minuta con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

• Que reforma el artículo octavo del Reglamento de la Cámara de Diputados.

b) Seguridad Pública, que reforma el artículo catorce Bis de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.

c) Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma el segundo párrafo del artículo doce de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos, por lo que se refiere a la minuta se devuelve a la Cámara de Senadores para efectos de la fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía:

• Que adiciona el artículo veintiocho Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales subacuáticos.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en materia de audiencia.

• Que reforma los artículos cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, y cincuenta y cinco, y adiciona el artículo cincuenta y tres Bis, a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

b) De Justicia, que reforma los artículos doscientos veintidós, doscientos veintidós Bis, del Código Penal Federal, y trece de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.

c) De Economía, que expide la Ley Federal de Competencia Económica, y reforma y adiciona diversos artículos al Código Penal Federal.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Ricardo Medina Fierro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección al Ambiente del estado de Baja California, a dar continuidad a la declaratoria de Área Natural Protegida, el Humedal “La Lagunita” en Ensenada. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, relativo las agresiones realizadas en contra de dos regidoras en el municipio de Tekantó, estado de Yucatán. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que transparente a través de su sitio de internet oficial, lo relativo al Fideicomiso de Fomento Minero, desde su creación a la fecha. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• María del Carmen Ordaz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones relativas a proporcionar servicios de salud a la población. Se turna a la Comisión  de Salud, para dictamen.

• Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que elaboren estudios para definir acciones específicas para focalizar los esfuerzos dirigidos a alcanzar el aprovechamiento sustentable del agua de uso agropecuario. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Emilse Miranda Munive, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que establezca medidas para la protección, conservación y estudios de la zona arqueológica de Huapalcalco. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana martes veintinueve de abril de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta y ocho minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría ahora a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

RETIRO DE PROPOSICIONES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado presidente, le envío un cordial saludo, solicitando de la manera más atenta y con fundamento en la fracción VII del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se retire la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que modifique el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, a fin de que se clasifiquen respecto a su contenido la totalidad de los programas que se transmiten por televisión, presentada por una servidora el de 3 de abril de 2014, y turnada a la Comisión de Radio y Televisión.

Sin otro particular, agradezco de antemano la pronta atención que se sirva dar al presente, aprovechando la ocasión para reiterarle mis consideraciones y respeto institucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2014.— Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado presidente, le envío un cordial saludo, solicitando de la manera más atenta y con fundamento en la fracción VII del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se retire la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; para que revise y, en su caso, proceda conforme a derecho, respecto a la transmisión y clasificación de los programas Laura, televisado en la frecuencia XEW-TV, canal 2; y el titulado Cosas de la vida de XHDF-TV, canal 13; en virtud de que los mismos se encuentran en franca violación a la legislación de la materia; presentado por una servidora el 12 de febrero de 2014 y turnado a la Comisión de Radio y Televisión.

Sin otro particular, agradezco de antemano la pronta atención que se sirva dar al presente, aprovechando la ocasión para reiterarle mis consideraciones y respeto institucional.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2014.— Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado presidente:

El pasado 24 de abril del 2014, la que suscribe presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Sistema Nacional de Cambio Climático (a partir de los objetivos establecidos en el artículo 38 de la Ley General de Cambio Climático), se definan claramente los mecanismos y estrategias de asistencia técnica para la elaboración de los Programas Estatales de Cambio Climático. Dicho punto de acuerdo, fue turnado a la Comisión de Cambio Climático el 25 de abril del presente.

Dados los tiempos de conclusión del periodo ordinario de sesiones, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atenta y respetuosamente se realice el trámite correspondiente para retirar el ya mencionado punto de acuerdo; sin más por el momento, me despido agradeciendo las atenciones que sirva brindar al presente, le reitero la seguridad de mi más amable y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de abril de 2014.— Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2013

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del presidente de la República y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para su análisis respectivo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 28 de abril de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante ese órgano legislativo la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.

Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil catorce.— Enrique Peña Nieto (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

ACCIONES ENCAMINADAS A ERRADICAR LOS ALTOS INDICES DE ALCOHOLISMO ENTRE MUJERES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-7-1421, signado por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número INMUJERES/ SE/ DGTPG/ DDHS/ 241/ 2014, suscrito por la licenciada Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva de la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a desarrollar un proyecto de investigación multidisciplinaria sobre el perfil epidemiológico del alcoholismo en las mexicanas que sirva de base para la implantación en el mediano plazo de políticas públicas con perspectiva de género para su adecuada y eficaz prevención, diagnóstico y tratamiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de abril de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional de las Mujeres.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en el que amablemente se exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Inmujeres un proyecto de investigación multidisciplinaria sobre el perfil epidemiológico del alcoholismo en las mexicanas que sirva como base para la implantación en el mediano plazo de políticas públicas con perspectiva de género para su adecuada prevención, diagnóstico y tratamiento.

El Inmujeres reconoce el problema del alcoholismo, enfermedad que padece cada día mayor número de mujeres y jóvenes, así como sus repercusiones en su salud. En ese sentido, impulsaremos una reunión con el Inegi y la Secretaría de Salud para analizar el problema y ver la posibilidad de llevar a cabo la investigación propuesta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de abril de 2014.— Licenciada Marcela Eternod Arámburu (rúbrica), secretaria Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.— Presente.

En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Salud y en coordinación con los Institutos Nacionales de las Mujeres, y de Geografía y Estadística un proyecto de investigación multidisciplinaria sobre el perfil epidemiológico el alcoholismo en las mexicanas que sirva de base para la implantación en el mediano plazo de políticas públicas con perspectiva de género para su adecuada y eficaz prevención, diagnóstico y tratamiento.

Lo comunicamos a usted para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 1o., de abril de 2014.— Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), vcepresidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

PLANTAS POTABILIZADORAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Comisión Nacional del Agua.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

En atención a su oficio D.G.P.L 62-11-6-1281, sobre el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que coordine y realice las gestiones necesarias para la instalación de nuevas plantas potabilizadoras en las entidades federativas.

Al respecto, y en ejercicio de las atribuciones que confiere a esta Coordinación de Asesores de la Dirección General, el artículo 16, fracción VI, del Reglamento Interior de esta comisión, me permito adjuntar las respuestas por parte de la dirección local Hidalgo (puntos primero y tercero), dirección local Guerrero (puntos primero y tercero), Coordinación General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca (punto primero). Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (punto cuarto).

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de abril de 2014.—Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de Asesores.»

« Dirección local Hidalgo

Asunto: Plantas potabilizadoras nuevas

Las cabeceras municipales de Huejutla y Atlapexco, se abastecen de los ríos Chililico y Atlapexco, respectivamente, los cuales aguas arriba reciben descargas de aguas residuales de tipo municipal, por lo que se requiere potabilizar el agua antes de su distribución entre la población.

En la cabecera municipal de Tepeapulco, uno de los puntos de suministro de agua para la población, proviene de la laguna de Tecocomulco, la cual requiere antes de su suministro, potabilizarse, ya que en la red se presentan muchos sólidos y en ocasiones organismos vivos (gusanos). En Chapulhuacán, El agua procedente de manantiales se distribuye directamente a la población, en ocasiones se detectado que el suministro se realiza sin desinfección.

Mientras que en los pozos de Ixmiquilpan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula y Zimapan, los análisis de calidad del agua, indican la presencia de metales pesados, que requieren removerse antes de su distribución entre la población.

Acciones realizadas

Se tiene programadas las potabilizadoras para los pozos, Botenguedho y Villas, en Ixmiquilpan, así como las potabilizadoras de los pozos Villas, Osorio, Tablón y l8 de marzo, en Atitalaquia. En Atotonilco de Tula, también se incluye para el pozo San José Bojay una planta potabilizadora. Así como en las adjuntas en Zimapan. A la fecha están en proceso de elaboración estos proyectos en la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, pero aún no han sido concluidos.

Asimismo, se requiere elaborar los proyectos para Chililico en Huejutla, el de Atlapexco, Chapulhuacan y Tecocomulco, con el fin de determinar el monto de inversión requerida, para cada uno de ellos.

Que la CEAA concluya los proyectos de las potabilizadoras de los pozos Botenguedho, Villas, Osorio, Tablón, l8 de marzo, San José Bojay y las adjuntas, asi como definir que dependencia convocará los concursos para la elaboración de los proyectos de Chililico, Chapulhuacán, Atlapexco y Tepeapulco, con recursos de algún programa federalizado.

Asunto: Exhorto de la Cámara de Diputados a la Conagua, relativo a nuevas plantas potabilizadoras, en las entidades federativas (punto primero), particularmente en los estados de Hidalgo y Guerrero (punto tercero).

Importancia alta

Antecedentes

El servicio de agua potable a la población es responsabilidad del municipio, en coordinación con el estado y con el apoyo de la federación (artículo 115 constitucional), y por lo tanto es también de su responsabilidad la construcción y operación de la infraestructura de potabilización que se requiera, para cumplir el nivel de calidad que establece la normatividad; la función de la Conagua en la materia, es vigilar que el agua que se suministra a la población cumpla con la norma (artículo 86 de la LAN). Por tal motivo, los programas anuales de plantas potabilizadoras para cada entidad se conforman en el marco de los Coplades, de acuerdo con los recursos disponibles.

La atención del exhorto de la Cámara de Diputados procederá, por lo tanto, promoviendo con los municipios y los estados más instalaciones de potabilización y mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, pero asimismo brindando mayor apoyo a este tipo de proyectos, a través de los programas que para tal fin tiene establecidos y maneja la Conagua, principalmente el Prossapys, el Apazu y el Promagua.

Acciones realizadas

En el ejercicio 2013 fueron concluidas e incorporadas a la operación siete plantas potabilizadoras, que significan una capacidad instalada adicional de 1,202 Ips y 900 Ips de caudal potabilizado. Esta infraestructura se localiza en: Distrito Federal (40 Ips), Durango (60 Ips), Guanajuato (250 Ips), Sinaloa (500 Ips), Tamaulipas (200 Ips) y Veracruz (dos plantas 152 Ips). Adicionalmente se rehabilitaron, para restitución de servicio, las plantas potabilizadoras: “El Cayaco” de 2000 Ips en Acapulco, Guerrero, y “Mina la Prieta” de 60 Ips en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Por otra parte, a la fecha se encuentran en proceso constructivo o de pruebas 21 instalaciones de potabilización, que integran una capacidad instalada de 3220 Ips, obra que se ubica en las entidades siguientes: una planta en Baja California (250 Ips), tres plantas en Coahuila (60 Ips), una en Chiapas (60 Ips), una en Chihuahua (60 Ips), una en Durango (110 Ips), cuatro en Guerrero (390 Ips), tres en Hidalgo (40 Ips), una en Quintana Roo (750 Ips), una en San Luis Potosí (Mil Ips), una en Tamaulipas (150 Ips), tres en Veracruz (200 Ips) y una planta en Zacatecas (150 Ips).

Acciones por realizar

Se promoverá y se apoyará la gestión procedente para que la infraestructura de potabilización y en fase de pruebas se concluya y se incorpore a la operación a fin de que contribuya en el suministro de agua de calidad a la población. Asimismo se dará el apoyo para que se lleve a cabo las obras propuestas, a través de los anexos técnicos de los municipios y estados, entre ellos: en Baja California Sur potabilizadora “San Lázaro” de 80 Ips para la población de Los Cabos; en Chihuahua, potabilizadora “Presa Parral” de 100 Ips para la población de Hidalgo del Parral; en Guerrero, construcción o rehabilitación de plantas de instalaciones de potabilización en Ometepec, Atoyac de Álvarez, Teloloapan y Taxco de Alarcón; en Hidalgo, plantas potabilizadoras para los pozos Botenghedo y Villas, en Ixmiquilpan así como para los pozos Osario, Tablón y 18 de Marzo en Atitalaquia, también para el pozo San José Bojay en Atotonilco de Tula y las adjuntas en Zimapán; en Nuevo león, segundo módulo de la potabilizadora de Allende para 100 Ips; y Tamaulipas, ampliación de las plantas Allende y Altamira, así como rehabilitación de las potabilizadoras de Aldama, Nueva Ciudad Guerrero, Río Bravo, El Realito, Poblado Anáhuac y Valle Hermoso, con una capacidad conjunta de 1,259 Ips

Datos del proyecto (en caso de haberlos)

Las acciones que se mencionan en el apartado anterior Acciones Por Realizar, son las que hasta la fecha se tienen registradas en los anexos técnicos de los convenios con las entidades para el Programa Apazu 2014, pudiéndose aún modificar los valores consignados hasta el cierre de registro en el programa.

Asunto: La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua, fortalezca sus estrategias, procedimientos y acciones de tipo preventivo así como las “Alertas de Emergencia y Atención”, sean oportunas y suficientes para la población de los diferentes Estados de la República Mexicana que resulten afectados por los fenómenos hidrometeorológicos.

Coordinación General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca Comisión Nacional del Agua

Acciones por realizar

Se informa que están por asignarse recursos por mil 300 millones de pesos para la adquisición de equipo especializado, que serán utilizados en los 20 Centros Regionales para la Atención de Emergencias.

Importancia alta.

Acuerdo cuarto.La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua, fortalezca sus estrategias, procedimientos y acciones de tipo preventivo así como las “Alertas de emergencia y atención”, sea oportuna y suficiente para la población en los diferentes estados de la República Mexicana que resulten afectados por los efectos de los fenómenos hidrometerológicos.

Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional

A. Antecedentes

La Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) tiene por objeto: generar, interpretar y difundir la información meteorológica, su análisis y pronóstico, que se consideran de interés público y estratégico que permita disminuir las pérdidas humanas y materiales en la población causadas por fenómenos hidrometeorológicos.

El buen desempeño de esta unidad administrativa depende de la operación óptima de las redes de observación V la adquisición de equipos de última generación a partir de los cuales se procesa la información meteorológica y climatológica que se dirige a las autoridades y a la población en general para la toma oportuna de decisiones.

Para alcanzar este objetivo, la CGSMN desempeña las siguientes funciones:

I. Establece las estrategias para proporcionar a la población y autoridades correspondientes, los productos y servicios de información meteorológica y climatológica del país.

II. Autoriza e implementa las normas, políticas, lineamientos, sistemas y procedimientos para proporcionar los servicios meteorológicos, así como para regular la instalación, operación, desarrollo y mantenimiento de redes meteorológicas, la aplicación de modelos numéricos de la atmósfera y la generación de productos climatológicos.

III. Aprueba los lineamientos, normas y procedimientos para regular el acopio, procesamiento, registro y transmisión de información atmosférica y meteorológica.

IV. Autoriza los lineamientos y procedimientos para generar los avisos, boletines y productos con información atmosférica, asimismo regular el acceso del público en general a la base de datos histórica sobre variables meteorológicas que ubiquen fenómenos climatológicos.

V. Define los instrumentos administrativos para el registro de la evolución del comportamiento temporal y espacial de variables meteorológicas.

VI. Dirige las acciones para desarrollar, promover y fomentar la incorporación de tecnología y la realización de estudios en materia de meteorología.

VII. Promueve y mantiene la cooperación con la Organización Meteorológica Mundial y otras instituciones similares y afines, tanto nacionales como extranjeras.

VIII. Dirige las estrategias para proporcionar a la población y autoridades correspondientes, los productos y servicios con información meteorológica y climatológica del país.

IX. Establece y dirige las acciones para observar y pronosticar las condiciones meteorológicas, variabilidad y cambio de clima en el país

X. Instala, opera, desarrolla Y conservar la infraestructura de redes de observación en todo el país. XI. XI. Dirige la realización de las acciones para dar seguimiento a la evaluación del comportamiento temporal y espacial de variables meteorológicas.

XII. Dirige y coordina las acciones para la generación y difusión de información oficial de carácter público sobre las condiciones atmosféricas inmediatas pasadas, actuales y posibles en el futuro.

XIII. Coordina las acciones para que se dé acceso al público y al Sistema Nacional de Protección Civil a la base de datos histórica sobre variables meteorológicas.

XIV. Emite dictámenes técnicos oficiales respecto del impacto de los fenómenos meteorológicos e hidrometereológicos y eventos climáticos severos.

XV. Define y dirige las acciones para impulsar la cultura de prevención de daños por la ocurrencia de fenómenos meteorológicos e hidrometereológicos y climatológicos severos.

XVI. Coordina las acciones para la transmisión e intercambio de información y datos meteorológicos, climatológicos y atmosféricos a los centros nacionales e internacionales para su procedimiento, interpretación y aplicación, de acuerdo con los criterios y estándares acordados con la Organización Meteorológica Mundial.

B. Estrategias, procedimientos y acciones

Las estrategias, procedimientos y acciones de tipo preventivo así como las alertas de emergencia y atención, llevadas a cabo por la CGSMN en el periodo comprendido del 30 de noviembre de 2013 al 1 de mayo de 2014, son las siguientes:

I. Estrategias

1. En materia de alerta miento ante desastres naturales la CGSMN

2. Como parte de una de sus funciones sustanciales, realiza desde el año 1998 la detección y seguimiento continuo de focos de calor relacionado a incendios forestales a través de imágenes de satélites y una plataforma de análisis llamada “Hazard Mapping System”.

3. La CGSMN genera perspectivas meteorológicas para incendios forestales con validez diaria, semanal y mensual durante la época de incendios forestales.

4. La CGSMN desde el año 2006 implemento un modelo numérico de pronóstico meteorológico llamado “Weather Research and Forecasting” (WRF), que ayuda a los pronosticadores operacionales a realizar pronósticos meteorológicos con anticipación ayudando al alertamiento oportuno por contingencias meteorológicas.

5. La CGSMN ha puesto mucho énfasis en participar y poner en práctica los Sistemas de Alerta Temprana, los cuales en coordinación con todas las dependencias que generan información meteorológica lo coordinan por diferentes efectos y fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, como son: frentes fríos, efecto de Norte, nevadas, inundaciones, ondas de calor, tornados, y ciclones tropicales. Con el fin de mantener informada a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo fundamental de auxiliar a la población en caso de ser necesario.

6. La CGSMN a través del CNPT genera pronósticos meteorológicos a 24, 48, 72 y 96 horas, con el fin de mantener informada a toda la población a través de la página del servicio meteorológico y de la Conagua.

7. Esta información es difundida a través de avisos, comunicados de prensa, pronósticos meteorológicos y video información en la portal institucional de la del CGSMN.

8. Mejorar el desempeño institucional de la CGSMN.

9. El proyecto del nuevo diseño del portal web de la CGSMN, permitirá una mejora administración de la información al usuario final.

II. Procedimientos

1. La CGSMN en proyecto de colaboración con la NOAA-NESDIS de los Estados Unidos, implementó una plataforma de monitoreo de focos de calor relacionados a incendios forestales, la cual integra 9 satélites para el monitoreo continuo. Este monitoreo se realiza de forma automática y manual en las instalaciones de la CGSMN y sus productos finales son puestos en internet a través de plataformas de visualización como el Servidor de Mapas de la misma CGSMN y el de la NOAA para ser consultados por los usuarios.

2. La CGSMN pone a disposición, servicios de mapas en web (WMS) de productos relacionados a incendios forestales para que las diferentes instituciones las puedan consumir de forma natural a través de sus plataformas de consulta y visualización.

3. La CGSMN corre el modelo WRF dos veces al día, con datos del modelo de alcance global “Global Forecost System” 00Z y 12Z (18:00 y 6:00 hora local) y sus productos finales son puestos en el portal insitucional del SMN y otros productos son puestos a través del Servidor de Mapas del SMN como IIweb map services” para ser consumidos en plataformas como la del Atlas Nacional del Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

4. La CGSMN, participa activamente en las reuniones intersecretariales para conformar un Boletín Unificado, en coordinación con entidades públicas del país que generan y usan información meteorológica, ya que es la única responsable de emitir la información meteorológica para la toma de decisiones.

5. La CGSMN cuenta con un Consejo Técnico Asesor, integrado por las principales dependencias que generan información meteorológica en nuestro país. Se reúne periódicamente para intercambiar información meteorológica con el fin de estandarizar su operación, ya que la única fuente oficial para proporcionar esta información es la CGSMN.

6. La CSMN participa activamente en las reuniones del Sistema Nacional de Alertas en coordinación con el Cenapred, de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), para emitir de forma oportuna recomendaciones a la población.

7. Participa la CGSMN en los talleres internacionales de sistemas de alertas para mega ciudades.

8. Para alcanzar un mejor desempeño administrativo y operativo de la CGSMN, se han implementado reuniones ejecutivas todos los días.

III. Acciones

1. Actualmente la CGSMN se encuentra colaborando en el grupo de trabajo de Incendios forestales del Sistema Nacional de Alertas (SNA), el cual ha tenido 9 reuniones con el Cenapred.

2. La CGSMN colabora con el SNA, con la aportación de productos meteorológicos y climatológicos, a través de web mop services del Servidor de Mapas de la CGSMN para el Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED, así como información en tiempo real de los focos de calor que se detectan con imágenes de satélite en el SMN.

3. La CGSMN colabora con el Consejo Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con proporcionar oportunamente información en tiempo real del monitoreo de focos de calor, así como productos meteorológicos, climatológicos y perspectivas meteorológicas para incendios que ayudan a tomar decisiones oportunas.

4. La CGSMN publica productos para meteorología de incendios en su portal institucional.

S. Actualmente en la CGSMN, se comienza a poner en marcha la actualización de la nueva versión del modelo WRF de una forma más robusta con asimilación de datos, estos datos contemplan la incorporaCión de información de redes de observación de la CGSMN como estaciones meteorológicas automáticas, radares, radiosondeos, etcétera, dando como resultado productos más confiables y con mayor temporalidad para los pronosticadores operacionales.

6. La CGSMN prevé dentro de sus trabajos de modelación numérica comenzar a implementar un plan de contingencia para tener en el edificio de la Conagua redundancia del modelo WRF ante cualquier contingencia, teniendo como resultado el modelo de pronóstico siempre disponible para realizar los pronósticos meteorológicos oportunos.

7. Actualmente, la CGSMN se encuentra conjuntando el grupo de modelación numérica a nivel nacional (interinstitucional) con el objetivo de mejorar los pronósticos del tiempo realizando mejoras en la configuración y adecuaciones al modelo WRF.

8. Se han construido 3 Centros Hidrometeorológicos Regionales (CHMR): Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Mérida, Yucatán; y Boca del Río, Veracruz , de 11 que proyectados tener construidos hasta el año 2018, con el fin de tener un mejor control con la forma de emitir la información meteorológica y poder mejorar los procedimientos para informar de los fenómenos hidrometeorológicos susceptibles de afectar a cada región hidrometeorológica para que las instancias y dependencias del Sistema Nacional Protección Civil, apliquen sus planes para resguardar a las personas así como sus bienes.

9. Dentro de estas acciones destinadas para los CHMR, se tiene planeado un proyecto piloto para cada uno ellos.

10. En el CHMR de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se tiene contemplado manejar la climatología de Centroamérica y Mesoamérica.

11. Al CHMR de Mérida, Yucatán, el proyecto piloto será el estudio vigilancia y pronóstico meteorológico del Mar Caribe y Océano Atlántico. Al CHMR Boca del Río, Veracruz, se le asignará como proyecto piloto, el estudios de los Frentes Fríos que afectan esta región; así como los efectos de “Norte”, (efecto del viento que alcanza velocidades de hasta 100 KPH) afectando considerablemente la vertiente del Golfo de México los estados colindantes con Madre Oriental y en muchas ocasiones hasta la Mesa del Centro y Valle de México.

12. En el presente año se tiene contemplado iniciar el proyecto para construir 4 CHMR; Torreón, Coahuila; Chihuahua, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; y Ciudad Obregón, Sonora.

13. Para alcanzar un adecuado desempeño, la CGSMN lleva a cabo reuniones de trabajo ejecutivas de forma diaria, donde se abordan diversos temas de interés general así como específico de cada área o vinculante con otras entidades de la administración pública federal, principalmente.

14. El portal web de la CGSMN, fortalece sus herramientas de difusión de información meteorológica, climatológica, de redes de observación, de pronóstico numérico así como de las principales reuniones y proyectos institucionales. Uno de los temas principales a difundir es el aviso de tiempo severo en el país, permitiendo mantener informada a la ciudadanía y a las diferentes autoridades.

15. En relación a la renovación del equipo de cómputo de la CGSMN, actualmente se está integrando el plan de migración de dichos equipos y sistemas, para la mejora de los sistemas de información.

16. Se está trabajando en un grupo multidisciplinario, con distintas entidades de gobierno que cuentan con redes de superficie (estaciones automáticas), con la finalidad de fortalecer la base de datos meteorológica.

17. La infraestructura de las redes de observación se encuentra en proceso de modernización y fortalecimiento, para tal efecto este año se tiene contemplada la adquisición de 36 estaciones Meteorológicas Automáticas, las cuales se instalaran en diferentes áreas naturales protegidas ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

18. Asimismo se tiene contemplada la compra e instalación de 4 radares meteorológicos, los cuales fortalecerán de manera importante la red actual existente tres de ellos serán instalados en el interior de la República Mexicana, y uno en el Valle de México.

19. Referente a la red de radio sondeo se adquirirán, 10 generadores de hidrógeno, con nueva tecnología, 14 sistemas de almacenamiento de hidrógeno y 15 sistemas de control de flujo, detección y alarma.

20. Se programa el mantenimiento a 77 estaciones Automáticas, de las 273 de la red de estaciones de superficie del SMN a nivel nacional.

21. Se tiene programado el mantenimiento a 4 estaciones receptoras de imágenes de satélite dos polares (POES) y dos satelitales (GOES).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO DE MEXICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «PWC.

Secretarios de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión; atención: José González Morfín, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en la Ley del Banco de México en su artículo 50, nos permitimos enviar a usted copia del dictamen de los estados financieros del Banco de México al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

Para su información los estados financieros mencionados en el párrafo anterior, fueron aprobados por la Junta de Gobierno del propio banco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción X, y 40 de la Ley y el Reglamento Interior del Banco de México, respectivamente.

También, adjuntamos el Informe sobre el ejercicio del presupuesto de gastos corriente e inversión en activos fijos y de inversión en activo circulante, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 25 de abril de 2014.— Contador Público Certificado, José Antonio Quesada Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Atentamente

México, DF, 8 de abril de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212 y 301, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a XI. ...

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII. ...

Artículo 6o. ...

I. a VII. ...

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud;

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud;

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud; y

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación correcta, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Artículo 7o. ...

I. a XIII. ...

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física;

XIV. y XV. ...

Artículo 27. ...

I. a VIII. ...

IX. La promoción de un estilo de vida saludable;

X. y XI. ...

Artículo 111. ...

I. ...

II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física;

III. a V. ...

Artículo 112. ...

I. y II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación correcta, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación correcta y a la actividad física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.

...

Artículo 115. ...

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los trastornos de la conducta alimentaria;

II. y III. ...

IV. ...

Asimismo, no se podrá expender en estos establecimientos bebidas con alto contenido calórico en la modalidad de relleno o “refill”;

V. a VII. ...

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas;

IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación correcta; y

XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.

Artículo 212....

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo previsto en las disposiciones Reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

...

Artículo 301. ...

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 8 de abril de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta;senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica, y reforma y adiciona diversos artículos al Código Penal Federal.*

Para fundamentar el dictamen por la Comisión tiene el uso de la voz el diputado Mario Sánchez Ruiz.

Quisiera, si me permiten antes de la discusión de este tema, destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones de un amplio y destacado grupo de integrantes de la Asociación de Cónyuges de Diplomáticos, que realiza una visita aquí, a esta Cámara de Diputados, a invitación de la diputada Gloria Bautista Cuevas. A ellos les damos la más cordial bienvenida y saludamos a todos los integrantes del cuerpo diplomático en México acreditados. Nos da mucho gusto tenerlas el día de hoy aquí. Adelante, diputado.

El diputado Mario Sánchez Ruiz: Con su venia, señor presidente. Hoy, como presidente de la Comisión de Economía, presento ante esta honorable asamblea el dictamen que concluye el trabajo conjunto de las dos Cámaras que integran el poder legislativo federal, por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica, se reforma el artículo 254 Bis y se adiciona el artículo 254 Bis 1 del Código Penal Federal.

Quiero agradecer el trabajo profesional que realizó el Senado durante el proceso legislativo de la presente minuta y, en particular, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, presididas por los senadores Héctor Larios Córdova, José Ascención Orihuela Bárcenas, Alejandro Encinas Rodríguez, respectivamente y a los integrantes de las mismas.

Dentro del proceso legislativo, las diferentes propuestas de los legisladores de las distintas comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, han enriquecido este dictamen. Ha sido un trabajo conjunto que muestra la preocupación de los legisladores por tener mejores leyes para el crecimiento del país. Los ciudadanos merecen una mejor calidad de vida y el Congreso de la Unión tiene que dar respuesta por medio de leyes incluyentes.

La Comisión de Economía, consciente de la trascendencia de esta nueva legislación y de la responsabilidad que hemos tenido en nuestras manos, ha realizado un trabajo de dictaminación basado en el análisis y el estudio detallado de cada una de las normas que ponemos el día de hoy a su consideración para ser votada.

La competencia es la base de la economía de mercado, es el incentivo para innovar. Una sociedad sin innovación está sentenciada al estancamiento, al consumo y la desigualdad económica. La competencia va a permitir que la mayoría de la población tenga acceso a mejores productos a un menor precio y ésta debe de constituir el motor de la economía.

Históricamente México ha tenido una economía concentrada en muy pocas manos. Los diferentes gobiernos de nuestro país desde los tiempos del virreinato han favorecido los privilegios y monopolios de diferentes productos, lo que mantuvo a nuestra economía sin crecimiento durante mucho tiempo. En la actualidad ya identificamos nuestros problemas. Debemos actuar en consecuencia.

El proyecto de Ley Federal de Competencia Económica con el que estamos culminando el proceso legislativo que inició con la reforma constitucional de julio del año pasado está destinado a convertirse en una de las leyes más importantes de nuestro orden jurídico nacional.

El proyecto de ley recoge la experiencia de la protección y defensa de la competencia en México. Se subsanaron las limitaciones legales y constitucionales con las que se enfrentó el primer organismo creado en 1992, que era un organismo desconcentrado, con sus evidentes defectos organizacionales, aún así, su funcionamiento destacado mantuvo el objetivo primordial de mejorar la competencia económica en México, tema que se convirtió en parte de nuestra agenda nacional.

Esa experiencia nacional y la recogida por otros organismos similares de diferentes países se plasmaron primero en la Constitución y después en el proyecto que estamos presentando a este honorable pleno. Este proyecto ha estado en un proceso de mejora continua que hoy concluye.

En ese sentido, nuestra colegisladora ha propuesto modificaciones que enriquecen el dictamen enviado por esta Cámara de Diputados, que la Comisión de Economía ha aceptado en aras de las múltiples situaciones que van a enfrentar la Comisión Federal de Competencia Económica y los tribunales especializados.

Dentro de las principales modificaciones destacan:

1. La modificación del artículo 31, en donde se enlistan los requisitos que debe cubrir el titular de la autoridad investigadora para su designación por el pleno del órgano colegiado de la comisión.

2. Asimismo, en el artículo 32 se plasman las causales por la remoción del titular de la autoridad investigadora.

3. Se adiciona el primer párrafo del artículo 49 para establecer la obligación de publicar las versiones estenográficas de las sesiones del pleno y las resoluciones en el Diario Oficial de la Federación o en su sitio de Internet, según corresponda, respetando la confidencialidad, reserva y secrecía de las investigaciones.

4. Se adiciona una fracción XXIX al artículo 12 para establecer la posibilidad de encarar estudios independientes que evalúen el desempeño de la comisión.

5. Se incorpora un capítulo V en los procedimientos especiales para la solicitud de opinión formal y orientaciones generales en materia de libre concurrencia y competencia económica que pueden efectuar los agentes económicos de la comisión.

6. Se establece un nuevo tipo penal en el artículo 156 Bis 1 en el supuesto que se destruyan o perturben en forma total o parcial documentos, imágenes, archivos electrónicos que contengan información o datos con el objeto de entorpecer una visita de verificación.

En los artículos transitorios se han establecido las siguientes medidas:

En el tercero se señala que el primer titular nombrado de la autoridad investigadora, en los tres años anteriores no hubiere ocupado un cargo, empleo, comisión o representante de un agente económico que haya sido sujeto en el algún procedimiento conforme a la Ley de Competencia vigente.

Se establece en el sexto los términos perentorios para publicar las situaciones regulatorias que sean necesarias para el cumplimiento de las atribuciones de la comisión, contenidas en el artículo 12, fracción XXII, del proyecto de ley.

En el séptimo se fija el plazo de un año para que el Congreso de la Unión revise la legislación, adecuándola a los principios de la competencia económica.

Éstas son algunas de las adiciones más importantes que la Colegisladora aprobó, además de algunas adecuaciones a la numeraria de algunas fracciones.

En ese sentido, los diputados pertenecientes a la comisión que me honro en presidir han considerado favorable incorporar estos cambios porque complementan el espíritu original de las trascendentales reformas constitucionales publicadas el 11 de julio de 2013.

Compañeros diputados, el proyecto que se presenta es el punto culminante de un largo proceso de discusión y estudio en el que participamos no solo diputados y senadores, sino los diferentes actores económicos, autoridades, académicos y sociedad, quienes agradecemos profundamente sus valiosas aportaciones para alcanzar este objetivo.

Ese trabajo se basó en la realización de foros, análisis, opinión de expertos a fin de lograr una normatividad firme, sin improvisaciones.

En un futuro cercano estaremos orgullosos de una de las leyes más ambiciosas y profundas, que serán puntal del desarrollo y de la igualdad en nuestra población.

Por ello y por el bien de la economía del país y de los mexicanos es que pido su voto a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Y para presentar una moción suspensiva tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, la minuta con proyecto de decreto que expide esta Ley Federal de Competencia Económica y reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, recibida del Senado, exhibe dos vicios que desde el inicio de esta Legislatura se han repetido de manera sistemática en esta Cámara y que desearía se corrigieran, aunque mis palabras solo  encuentren el vacío sin consecuencia.

El primero de ellos se refiere a la falta de análisis y estudio con el que se discuten y aprueban los dictámenes en este recinto. Las prisas, las premuras, la irresponsabilidad y la carencia de seriedad han derivado en una Cámara de Senadores que constantemente exhibe y corrige los errores de los diputados.

Prueba de ello han sido múltiples correcciones ortográficas realizadas a muchas minutas. Destacan imprecisiones en conceptos básicos, en este caso y en este dictamen, conceptos tan claves como la referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

También ha existido un descuido en la redacción, que se provoca y que genera que se incluyan frases que omiten las leyes y que son fundamentales para su aplicación.

Nosotros creemos que es un error sistemático el que se comete en esta Cámara por la falta de precisión y de cuidado. Sin embargo, debo admitir que esta vez, con este dictamen no solo nosotros hemos realizado este análisis fast track y sin seriedad, ya que la minuta enviada por los senadores tiene errores gravísimos que evidencian una total ignorancia por parte de la Cámara de Senadores.

Es tan grave lo que ustedes pretenden hacer que estaríamos dando paso a una nueva ley con vacíos graves en técnica legislativa y con errores legislativos y jurídicos.

Si es una nueva ley, lo menos que debería a ustedes preocuparlos es que tuviese pulcritud y cuidado por el contenido, la naturaleza de la importancia de esta ley. Me estoy refiriendo solamente a la moción suspensiva que amerita que se regrese el dictamen a corregir errores graves que no pueden de ninguna manera avalarse con el voto de ustedes.

¿Cuáles son estos errores graves? Que si ustedes lo aprueban va a ser incluso motivo de polémica en las escuelas de derecho con los estudiantes de las universidades, de que te reclamen cómo estás cometiendo estas atrocidades, estos atropellos, estos abusos a una nueva ley.

Déjenme decirles de qué tamaño es el problema: primero, la Cámara alta o la Cámara de Senadores omite el artículo 129, al pasar automáticamente del 128 al Capítulo III, De la imposición de sanciones, el cual inicia con la artículo 130. Miren ustedes, vean el dictamen, en la página 145 y es impresionante.

Vean lo que dice en la página 145, artículo 128 y tiene la redacción, y luego sigue el artículo 129 y le ponen: sin texto. Es decir, el artículo 129 se lo brincan y no tiene texto, no ha ocurrido nunca en una legislatura que se tengan esos graves problemas de técnica legislativa. Pero no solo omiten eso, sino que hay imprecisiones.

En el artículo 31, fracción VI dice lo siguiente: Se refiere al titular de la autoridad investigadora. En el artículo 6o. dice: acreditar en los términos del artículo 30 de esta ley los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo. Y vamos al artículo 30 y dice: el titular de la autoridad investigadora será designado y removido por el pleno. Es decir, no tiene que ver nada el artículo 31 con el 30, es totalmente inconexo, inexacto, torpe. No puede aprobarse este dictamen en las condiciones en que ésta. Tengamos un poco de seriedad y de pulcritud, nada se pierde con que se corrija.

Miren ustedes, en la minuta proveniente del Senado, en el artículo 94 se nombraba al artículo 123, cuando la referencia correcta era el artículo 131; lo mismo ocurría en el artículo 131, ya que en este se mencionaba el artículo 100, cuando el correcto es del 101.

Dichas correcciones se realizaron en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, por lo que el documento, el dictamen, debería volver, regresar al Senado, tal y como lo determina el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por supuesto que no aceptamos que esto se solucione por medio de una fe de erratas. Basta ya de un trabajo irresponsable, parchado, lleno de enmendaduras, de inexactitudes, de artículos que no se correlacionan con los mismos artículos contenidos en el dictamen y en lo futuro de la ley.

Díganme ustedes —yo sé que aquí hay varios legisladores que ya es su segunda o tercera ocasión, o que provienen de Congresos locales o que provienen del Senado— cuándo han visto una ley que se apruebe con un artículo que diga: sin texto. Estás en el artículo 128 y pasas al 129 y te dice: sin texto.

¿Ustedes creen que es serio estar legislando de esta manera? De verdad, me avergüenza pertenecer a esta Legislatura.

«Moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica; se reforman y adicionan diversos artículos al Código Penal Federal.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó al Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica; y se reforman y adicionan diversos artículos al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Motivación y Justificación

Desde las teorías económicas clásicas, hasta las numerosas corrientes que derivaron del keynesianismo, la economía ha colocado a la competencia como uno de los elementos necesarios e inherentes del correcto funcionamiento del mercado.

De este modo, la competencia económica se traduce como la rivalidad entre los agentes que participan en un mercado, lo cual los obliga a mejorar sus estrategias para minimizar costos, maximizar ganancias y ofrecer productos de calidad para los consumidores, con el afán de mantenerse vigentes en el mercado.

Es así que dicho concepto se traduce en la creación de incentivos de continua mejora para los productores y en la libertad de los consumidores para acceder a los mercados y beneficiarse de la variedad de opciones en los mismos.

En nuestro país, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el instrumento que hace efectivo lo anterior; no obstante, no se limita a proteger una garantía individual, por lo contrario, se fundamenta como el derecho que tiene la sociedad de beneficiarse de los efectos de un mercado en competencia.

Por medio de estas medidas se busca que los individuos obtengan mejores precios, un mayor surtido, mejor calidad en los bienes y servicios que reciben, la garantía de que los recursos limitados de la sociedad se asignan de manera eficiente y la generación de herramientas que permiten la innovación tecnológica.

Las leyes secundarias entorno a la competencia se requieren configurar bajo estas premisas, son esos los objetivos primordiales que deben regir los ordenamientos económicos, con un propósito fundamental que se simplifica en la maximización del bienestar social.

Lamentablemente, los legisladores del Congreso de la Unión, lejos de asumir la importancia que reviste el tema que se discute, a través de un análisis responsable, profesional y documentado, se han caracterizado por realizar un estudio superficial, contra reloj y acotado.

El 19 de febrero de 2014, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica, y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

El jueves 20 de febrero de 2014, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados fue publicado el documento de 95 páginas. Por su parte, la Mesa Directiva lo turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Economía, y a la Comisión de Competitividad para efectos de opinión.

No pasó ni siquiera un mes, para que el 11 de marzo de 2014, la Comisión de Competitividad enviara la “opinión a la iniciativa”,  la cual fue aprobada con 12 votos a favor y 1 en contra,  de 25 miembros que integran dicho órgano.

Una semana después,  el 20 de marzo de 2014, la Comisión de Economía aprobó el dictamen que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, con 26 votos a favor y 2 en contra, de 30 miembros que la integran. No obstante, la discusión careció de pluralidad de argumentos, ya que el voto particular presentado por el diputado federal Adolfo Orive Bellinger, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, no se admitió a discusión.

El 25 de marzo de 2014, en sesión ordinaria se sometió el dictamen a discusión y votación en lo general y en lo particular, presentándose 87 reservas, de las cuales sólo una se votó a favor. Se contabilizaron 397 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones.

¿Cuál fue el resultado de tan deleznable esfuerzo de los diputados por realizar un trabajo que no estuvo a la altura de las necesidades económicas del país? Más de diez faltas de ortografía, errores de sintaxis e inconsistencias en los términos definidos dentro de la ley, entre los que destacan la falta de precisión de conceptos tan básicos y claves como: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la inclusión de la frase Comisión Federal de Competencia Económica dentro del articulado, cuando ésta se encontraba definida en el glosario de la Ley Federal de Competencia Económica, como “comisión”.

Nuevamente las prisas y el desdén legislativo provocaron un trabajo impreciso, mal hecho y pobre. El 26 de marzo de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

Nuevamente, sin siquiera transcurrir un mes, el 22 de abril de 2014, las comisiones aprobaron por unanimidad el dictamen. Tres días después el Pleno del Senado aprobó con 107 votos a favor, 5 en contra y una abstención el multicitado texto.

No tuvieron que transcurrir ni 72 horas para que los errores de la Cámara Alta se hicieran evidentes. El 28 de abril, el Senado envío un oficio firmado por la vicepresidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo y la secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza, en el que se expone que:

“Nos permitimos solicitar la sustitución de las páginas 51 y 52 de la minuta remitida a esa Asamblea. (...) Existe un error de numeración de las fracciones contenidas en el artículo 75.”

Pero este no es el único error, ni el más grave. En el documento que se pretende aprobar el día de hoy no se incluyó en la numeración el artículo 129, por lo que aparece en la página 145 como “sin texto”.

Aunado a lo previo, en el artículo 94 se nombra el artículo 123, cuando la referencia correcta es el 131. Lo mismo ocurre en el artículo 131, ya que en éste se menciona el artículo 100, cuando el que se debería nombrar es el 101.

¿Cómo pretenden que lo anterior se corrija con una fe de erratas, cuando lo que ha quedado claro es que el problema no es de forma, sino de fondo, los legisladores de ambas cámaras no estudian, no debaten, no discuten, es más ni siquiera leen lo que aprueban?

Este tipo de procedimientos vicia la normatividad del Congreso y vulnera la legalidad del dictamen; por esta razón, empero, no podemos pasar por alto las violaciones al proceso legislativo.

Ya basta de coartar el sano ejercicio democrático; de vulnerar el correcto proceso legislativo y de poner en evidencia el soslayo por la cultura de la legalidad.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea; la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida.

Nota:

1  http://www.coparmex.org.mx/upload/bibVirtualDocs/6_entorno_octubre_08.pdf

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 29 de abril de 2014.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Zuleyma Huidobro González, José Francisco Coronato Rodríguez, José Luis Valle Magaña, Juan Luis Martínez Martínez, Rodrigo Chávez Contreras y Gerardo Villanueva Albarrán (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se toma en consideración inmediatamente la moción suspensiva presentada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha.

Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos del municipio de Melchor Ocampo, estado de México, que nos acompañan aquí invitados por la diputada Adriana González Carrillo.

También a los estudiantes de la escuela Telesecundaria Gonzalo Bautista Castillo, del municipio de Chautla en el estado de Puebla, invitados por el diputado Javier Filiberto Guevara González. Bienvenidas, bienvenidos todos.

También a los alumnos de bachillerato del Instituto Leonardo Bravo, plantel La Raza, que nos acompañan aquí, invitados por el diputado Jhonatan Jardines. También a los alumnos de las universidades Simón Bolívar y Colegio Londres, de la carrera de derecho, invitados por la diputada Alejandra del Moral. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Competencia, origen latín de la palabra competencia tiene dos grandes vertientes. Por un lado hace referencia al enfrentamiento o contienda que llevan a cabo dos o más sujetos con respecto a algo. En el mismo sentido se refiere a la rivalidad entre aquéllos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio.

En la economía la competencia es un contexto que aparece cuando los actores económicos tienen libertad para participar del mercado a través de la oferta y la demanda de productos y servicios. Esto quiere decir que cuando hay competencia existen diversos oferentes y demandantes.

Al respecto cito al economista Henry Hazlitt, quien dijo: “En una economía sin trabas, en la que salarios, costos y precios quedan a merced del libre juego de la competencia, las perspectivas de beneficios deciden cuáles serán los artículos que se produzcan, en qué cantidades y cuáles los que no se han de producir en absoluto”.

La competitividad de un país es medida en relación a los bienes y servicios colocados en el mercado interno y en el internacional. La necesidad de revisar la competitividad económica en México es cada vez más urgente.

Por un lado, los países con los que México compite directamente en términos económicos y comerciales están avanzando a un ritmo más acelerado. Por otro lado, el país no está logrando las metas de crecimiento económico que le permitan ser competitivo en el mercado global.

Si bien es cierto que el bajo crecimiento económico depende de múltiples factores, uno de ellos es precisamente la falta de competitividad. De acuerdo al índice de competitividad internacional 2013 del Instituto Mexicano para la Competitividad, México se ubica en la posición 32 entre 46 países. El mismo lugar que ocupamos hace 11 años en relación a las principales economías del mundo.

Por ello, entre los retos que el Estado mexicano debe asumir para aprovechar y generar ventajas competitivas que le permitan obtener mayores beneficios de la globalización está el de implementar mejores condiciones de competencia e instrumentos para proteger el funcionamiento de los mercados.

Sin duda, cualquier economía de libre mercado, basada por definición en la libre competencia y concurrencia de los agentes económicos, estará siempre amenazada por la existencia de prácticas anticompetitivas que de permitirse llevarán a la formación de monopolios y monopsonios, que repercutirán de forma negativa en toda la economía con consecuencias particularmente adversas para los consumidores.

Es de suma importancia la visión que se tiene de la economía mexicana desde el exterior, es decir, cómo es que lo mercados internacionales nos ven en términos de oportunidad, de inversión, en relación a los riesgos y a los posibles beneficios.

Por ello la importancia de esta Ley Federal de Competencia Económica, como parte sustancial para fortalecer nuestra competitividad, acorde con los retos actuales al atentar las disposiciones jurídicas relativas a la competencia entre particulares.

Es de tomar en cuenta que nuestra colegisladora, respecto a las aportaciones de esta Cámara, contribuyó y se consideran pertinentes los cambios aportados por la Cámara de Senadores, las cuales precisan las facultades de la Comisión Federal de Competencia para iniciar procedimientos de investigación, determinar la existencia de barreras a la competencia, la libre concurrencia o insumos esenciales que restrinjan el funcionamiento eficiente de los mercados.

En ese sentido, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos adecuado fortalecer el órgano regulador, brindarle la solidaridad necesaria para proteger el proceso de libre concurrencia y competencia económica, con el fin de que ofrezca un debido proceso, evite juicios prolongados, sanción en las prácticas monopólicas y logre eliminar barreras anticompetitivas del mercado.

Con la nueva ley se da certidumbre a todos los participantes de los mercados al dotar de certeza jurídica a los agentes económicos, para que tenga las mismas oportunidades de competir, incentivando la inversión, el crecimiento económico y, en consecuencia, la generación de empleos.

Asimismo, consideramos pertinente la adición de un artículo 254 Bis del Código Penal Federal para establecer que se sancionará con prisión de uno a tres años y con 500 o cinco mil días de multa a quien por sí o por interpósita persona en la práctica de una visita y verificación por cualquier medio altere, destruya o perturbe de forma total o parcial documentos, imágenes o archivos electrónicos que contengan información o datos con el objetivo de desviar, obstaculizar o impedir la investigación de un posible hecho delictuoso en la práctica de una diligencia administrativa.

Es necesario fortalecer las políticas públicas que generen mejores alternativas de competencia, que contribuyan a alcanzar un crecimiento económico sostenido, que permitan a nuestro país ser competitivo a nivel doméstico y global. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Adolfo Orive Bellinger.

El diputado Adolfo Orive Bellinger:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 25 de marzo de 2014 señalé en esta misma tribuna que México no se está moviendo y la aprobación de la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica hará que nos movamos aún menos.

El año pasado crecimos sólo a una tasa de 1.1 por ciento. Este año no llegaremos al 3 por ciento y así seguirá siendo mientras no cambiemos de modelo económico, porque la concepción de libre competencia que sustenta el actual modelo es un dogma ideológico, no es una realidad, nunca ha existido, y va en sentido contrario a la historia económica de los países exitosos desde el siglo XVIII, cuando se inició la Revolución Industrial, hasta nuestros días, cuyo crecimiento del producto interno bruto y del producto interno bruto per cápita ha estado respaldado en el incremento sostenido de la productividad a lo largo de décadas y no en un supuesto incremento de la competencia económica. Me estoy refiriendo a hechos, hechos constatados por la historia económica del desarrollo del capitalismo.

La máquina de vapor, el ferrocarril, las innovaciones en telecomunicaciones y el crecimiento económico impresionante de países como Japón, Corea y China en el siglo XX no son producto de la libre competencia, sino de las decisiones tomadas por sus gobiernos y sus emprendedores de ser más productivos.

La tarea para desarrollar la economía mexicana no es la que plantea la Ley Federal de Competencia Económica, sino incrementar las capacidades tecnológicos y organizacionales de las empresas, sobre todo de las Mipymes e incluso de algunas unidades grandes que en algunos sectores no lo son suficiente para competir en los mercados globales, tal y como lo plantea la iniciativa de ley reglamentaria de productividad y competitividad presentada por la Comisión de Competitividad que está en espera de ser dictaminada desde hace ya casi un año.

Aun en Estados Unidos y Alemania sus gobiernos han ayudado de varias formas a la constitución de grandes corporaciones desde finales del siglo XIX, y lo mismo sucedió en el siglo XX en Japón, Corea, Taiwán y ahora China.

La promoción, creación y desarrollo de grandes empresas no significa a fuerzas la creación de monopolios ni mucho menos de prácticas monopólicas, pero sí significa la concentración de recursos, incluso mediante la formación de clústers y de cadenas de valor de Mipymes.

Ahora, respecto a la minuta en discusión, una buena parte de las modificaciones del Senado son insustanciales, pues son de forma, se adicionan términos, se eliminan otras, y se complementan otros tantos, además de lo que ya indicó el diputado Ricardo Monreal sobre lo que no está en el artículo 129.

Debo reconocer que hay unas modificaciones que nos parecen positivas, pues el 25 de marzo en esta tribuna habíamos hecho el señalamiento al respecto, y que se refieren tanto a la inclusión de los requisitos del titular de la autoridad investigadora y las causales para su remoción, artículos 30, 31 y 32 de la minuta, como la eliminación de la palabra órdenes para las autoridades públicas; artículo 94, fracción VII, inciso a).

Además, volvemos a insistir como lo hicimos en nuestro posicionamiento pasado, que tanto el de la voz, como el Partido del Trabajo, se oponen tajantemente a la obstrucción que cualquier tipo de práctica monopólica ejerza sobre el crecimiento de la productividad y, por lo tanto, del crecimiento de la economía.

Pero debido a que persiste en este Congreso de la Unión como en el Poder Ejecutivo el dogma ideológico de la libre competencia, hay en las modificaciones realizadas por el Senado de la República dos temas que nos parecen sumamente preocupantes.

Primero, la fracción XII del artículo 12 de la ley que otorga a la Cofece facultades reglamentarias amplísimas en materia de sanciones, poder sustancial, mercado relevante, barreras a la competencia, insumos esenciales, desincorporación, concentraciones, investigaciones, suspensiones, beneficios y las demás que se consideren necesarias. Con ello, este Congreso de la Unión renuncia a su facultad legislativa y en su lugar se la delega a un órgano no electo, con un déficit democrático obvio.

Segundo, la fracción XVI del artículo 12 en relación con el capítulo 5, artículo 104 a 110 en materia de procedimiento de solicitudes de opinión de libre competencia económica. Al respecto es de señalarse que no es claro el objeto de dicho nuevo procedimiento ni sus alcances, pues si bien se eliminó de la fracción XVI la vinculatoriedad de las opiniones, en el último párrafo del artículo 104 se señala —y cito— que no serán vinculantes las respuestas a las solicitudes de opinión realizadas por los agentes económicos cuando éstas sean planteadas sobre situaciones que no sean reales y concretas, que no coincidan con los hechos o datos, se modifique la legislación.

Es decir, no serán vinculantes todas las opiniones que no satisfagan dichos requisitos, por lo que me pregunto: ¿cuál será entonces el alcance real de las opiniones que sí van a ser vinculantes?

El modelo económico de libre competencia que ha prevalecido en nuestro país durante las últimas tres décadas no ha movido a México. No hay por qué esperar que la muevan con una ley, que lo único que representa es la continuidad de dicho modelo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Orive. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de ciudadanos del municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, que están aquí invitados por el diputado Raudel López. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:El dictamen que hoy discutimos, lejos de ser un motivo de celebración, como se les llama ahora a los fracasos legislativos, es un tema sumamente preocupante porque, como aquí se ha dicho, en el artículo 12 del proyecto se da un poder omnímodo a la Comisión de Competencia, pero además de eso falta también la dimensión conceptual y el análisis de fondo de la problemática económica del país.

Es, como lo ha dicho también mi coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, un monumento a la incompetencia legislativa al dejar sin texto el artículo 129. También señalar que no toca al sector bancario, lo deja de lado manteniendo la protección que este régimen y los 30 años de neoliberalismo le han dado a la banca del país.

No es cierto que no se haya legislado en la materia, esta ley viene a sustituir la Ley de Competencia Económica que el 24 de diciembre de 1992 se aprobó en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, y se hizo como una condición para la firma del Tratado de Libre Comercio. Y el balance, después de 22 años de que se suscribió esa Ley de Competencia Económica, es muy contrario a lo que se dijo en su tiempo.

Hablar actualmente de los mercados de televisión abierta o de paga, de la telefonía celular y fija, del sector bancario, del cemento, del acero es enumerar una realidad que padecen millones de mexicanos. Es lo que el Premio Nobel de Economía, Gary Becker, señaló como un capitalismo de compadres.

Y no vemos ni en el diseño de la ley ni en la voluntad política del régimen una genuina disposición a cambiar el modelo económico. Y si no cambia el modelo económico neoliberal no va a cambiar la situación de competencia económica en el país.

Es evidente el fracaso de los últimos 30 años, el dogma neoliberal ha hecho de México un país con 53 millones de pobres y un déficit acumulado de 17 millones de empleos que no se han generado. El modelo ha fallado y el sector financiero sigue siendo el gran beneficiario de la política especulativa del país.

El principal problema de México es económico y si a esto le sumamos la reforma fiscal que debatimos hace unos momentos es claro que la reforma fiscal y el modelo neoliberal son el principal freno a la competencia económica. La reforma fiscal ha sido inflacionaria, ha sido recesiva, ha afectado la recaudación no obstante el terrorismo fiscal, y ha golpeado prácticamente a todos los sectores de la economía del país.

Los costos de los servicios son poco competitivos frente a otras economías del mundo, como lo han señalado diferentes organismos internacionales.

No existe en el país una regulación financiera que obligue a la banca extranjerizada, que tiene el control del 80 por ciento de mercado, a mantener sus ganancias en territorio nacional. En un país empobrecido con sectores productivos que tienen un régimen fiscal que los asfixia, nuestro país se ha convertido en un exportador de las ganancias de la banca para financiar a otras operaciones que desarrollan en otras partes del mundo.

Es el caso desde luego de Santander, de HSBC y es el caso desde luego de Banamex, donde en el colmo del cinismo y del contubernio que hay entre el gobierno en sus diversas etapas del neoliberalismo, el actual consejero de administración de Citigroup es el ex presidente Ernesto Zedillo, que además figura en prácticamente todos los consejos de administración de los organismos privatizados.

Actualmente está también detenida la minuta de la ley que modifica el régimen de los ferrocarriles en el país y sigue viviendo México un cartel de monopolios en los ferrocarriles. Por eso nosotros advertimos que esta Ley Federal de Competencia Económica no es más que más propaganda para el gobierno y menos realidades económicas para la población.

Nosotros creemos que este Congreso debe convocar a un periodo extraordinario para revertir la reforma fiscal que hoy vive el país. Lejos de los temas de la partidocracia, que poco le interesan a los ciudadanos, se requiere reactivar la economía del país.

En 2013 crecimos, como aquí se ha dicho, 1.1 por ciento y todos los organismos hablan de un crecimiento para este año de menos del 3 por ciento. ¿Hacia dónde queremos llegar con este régimen depredador y que está asfixiando la economía del país? Ésta es, compañeras y compañeros, la posición de Movimiento Ciudadano, y en congruencia con nuestro voto, y además por las pifias legislativas y por no tocar los intereses del sector bancario ratificamos nuestro voto en contra. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Rubén Acosta Montoya, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, hoy es un día de gran relevancia para México porque estamos próximos a aprobar una ley que sin duda contribuirá a impulsar la economía del país, al lograr el nivel de competitividad que necesitamos para poder competir con nuestros socios comerciales y también, por qué no decirlo, para aminorar los índices de pobreza y desigualdad en el país.

Elevar la competitividad nos va a permitir tener mayores fuentes de empleo, tener mayores oportunidades de negocio, y eso sólo lo vamos a lograr con una competencia efectiva si tenemos una ley fuerte que nos garantice precisamente eso, que exista una competencia efectiva.

Hoy debemos reconocer que el órgano regulador anterior hizo grandes esfuerzos por ello, pero algunos de ellos se vieron fracasados porque la ley no era lo suficientemente fuerte para garantizar sus decisiones.

Hoy estamos emitiendo o estamos próximos a emitir, con el voto favorable de ustedes, una ley que verdaderamente va a garantizar esa competitividad, que verdaderamente nos va a llevar a alcanzar niveles adecuados de competencia.

El 30 por ciento del gasto familiar del país se va a mercados que no cuentan con una competencia efectiva. Esto impacta en los bolsillos de los mexicanos hasta en un 42 por ciento. Esto es, el sueldo de nosotros se va hasta un 42 por ciento a mercados que no tienen competencia.

Pero una prueba más de que esta ley es sumamente necesaria para el país es lo que señala el Foro Económico Mundial. De 148 países evaluados por ese foro económico para medir la efectividad de la regulación en materia de competencia económica, México se encuentra en el lugar 114.

Estamos, por supuesto, por debajo de muchos de nuestros socios comerciales. Por mencionar algunos de ellos, Colombia, Brasil, Chile, Honduras y otros países como Kenia.

Es importante reconocer, y me sumo al reconocimiento que hace nuestro presidente de la Comisión de Economía, Mario Sánchez Ruiz, a quien felicito por su compromiso por dictaminar esta iniciativa. Me sumo a la felicitación que hace él también al Senado de la República. Creo que las precisiones que hizo el Senado de la República dan por mucho una mayor transparencia, una puntualidad a esta ley y, por supuesto, fortalece la rendición de cuentas del órgano regulador en su carácter de órgano constitucional autónomo.

Algunas de estas modificaciones son fijarle un perfil al puesto de autoridad investigadora. Debe cumplir ciertos requisitos para ser parte de la autoridad investigadora. Asimismo el pleno de la Comisión se fortalece, al poder remover a esa autoridad investigadora, no sólo nada más por alguna falta a la ley, podría ser por la evaluación de su propio trabajo, por ejemplo, y esto lo tendrían que hacer por una mayoría calificada de cinco votos.

Por otro lado, se fortalece la parte de las facultades de la comisión en materia de expedición de regulaciones, guías, lineamientos y criterios, al fortalecer que se sometan éstos a consulta pública, pero sin limitar las facultades de que pueda emitir disposiciones de carácter general de emergencia para atender algún fenómeno que esté afectando al mercado.

Por otra parte, también se fortalecen las recomendaciones que podría hacer la Comisión Federal de Competencia Económica al Poder Ejecutivo, para decirle que alguna disposición de carácter administrativo está inhibiendo al mercado. Y sobre ello deberá de publicar las razones por las cuales considera que esta situación está afectando al mercado.

Por otro lado, también se fortalece a la Comisión Federal de Competencia Económica, porque en materia de controversias constitucionales, si le recomienda al Ejecutivo federal que se interponga una controversia constitucional y finalmente el Ejecutivo federal decide no interponerla, la ley obliga a que el Ejecutivo federal justifique por qué no quiere interponer esa controversia constitucional.

Por otra parte, se agrega un delito, en el 254 Bis 1, que es que cualquier persona que altere documentos, archivos, archivos electrónicos o cualquier otro medio de convicción prueba en las visitas de inspección incurrirá en un delito que se castigará de uno a tres años de prisión y con multa de 500 a cinco mil días de salario.

Indudablemente que los beneficiarios de esta ley serán los consumidores, serán los mexicanos y, por supuesto, los agentes económicos que pretender competir con aquellos que tienen verdaderamente un poder sustancial en el mercado.

Por ello, los diputados del Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de esta iniciativa, porque estamos seguros que se suma a los grandes esfuerzos que está haciendo nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, para fortalecer a nuestro país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Le doy la más cordial bienvenida a los alumnos de escuela primaria procedentes del estado de Hidalgo, que están aquí invitados por el diputado Erick Rivera Villanueva. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

Tiene la palabra el diputado Guillermo Sánchez Torres, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Guillermo Sánchez Torres:Con su venia, señor presidente. Hoy en día el país en que vivimos está inserto en un mundo globalizado tanto social como económicamente.

Es importante, a fin de no dejar a nuestra sociedad rezagada, construir las leyes, las reglas, los procedimientos y los mecanismos de supervisión que aseguren que el desarrollo económico se lleva a cabo de una forma sana, equitativa, legal y benéfica para todos los participantes en la economía.

En el PRD estamos a favor de la competencia económica porque buscamos fortalecer y promover toda acción emprendedora que redunde en empleos, riqueza, salarios dignos y bienestar para todos los mexicanos.

En la mayoría de las escuelas del pensamiento económico se contempla la posibilidad de que se configuren monopolios y se demuestra rigurosamente los efectos nocivos de éstos para todos los sectores de la economía.

El instrumento por excelencia para evitarlos es la intervención del Estado y una adecuada normatividad que regule, prevenga y garantice el buen funcionamiento de los mercados.

Durante años se han configurado enormes empresas que han concentrado un gran poder de mercado, evitando así la libre concurrencia en la via de los hechos. Esto ha sido en las décadas recientes un motivo que ha frustrado la consolidación de nuevos esfuerzos de producción y de prestación de servicios, frenando nuevas inversiones y generación de nuevos empleos.

Debe ser una prioridad cuidar a la microempresa, así como garantizar que se dé el ambiente propicio para el desarrollo y crecimiento de la mediana empresa y el sostenimiento de las grandes, coadyuvando a que todas ellas y que todas las empresas mexicanas sean competitivas, no sólo dentro de su espacio nacional, sino que sean capaces de competir y llevar el esfuerzo, la estrategia, la planeación y la inteligencia de los mexicanos al extranjero en forma de productos de exportación.

Estamos a favor del dictamen que se nos presenta, porque resulta ser un instrumento incluyente, que asegura las reglas de juego para el desarrollo económico de nuestro país, estableciendo claramente los ajustes necesarios en cada uno de los posibles escenarios que puedan darse en cualquier economía en detrimento de un sano desarrollo.

Este marco regulatorio seguramente redundará en un mayor bienestar para la población, tanto en los términos económicos como de alternativas en la toma de decisiones para satisfacer sus necesidades.

Debemos insistir en que legislamos a favor de los ciudadanos y en particular, en este caso, de los consumidores. Debemos proveer la estructura jurídica que permita dar cumplimiento al objetivo central de proporcionar a los consumidores los beneficios de la competencia efectiva que debe darse en los distintos sectores de la economía nacional.

Bienvenidas las grandes empresas siempre y cuando se forjen a la competencia con reglas justas y transparentes, y no en el abuso al consumidor y en la opacidad. Se trata de proteger a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de las prácticas monopólicas. De esa forma estaremos protegiendo a los nuevos emprendedores, a la economía social y al consumidor, en particular al de menos recursos. Y al mismo tiempo estaremos impulsando un sano desarrollo económico de nuestra gran nación. Es por todo lo anterior que mi partido, el PRD estará a favor del dictamen presentado. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Carlos Alberto García González:Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, los diputados de Acción Nacional votaremos a favor del dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica, ya que sin duda será de gran beneficio para todas y todos los mexicanos.

La política de competencia, como todos ustedes saben, es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestro gran país. La competencia y la libre concurrencia en los mercados desmantela las barreras de entrada, favoreciendo el ambiente de negocios para las empresas, y de manera particular para las micro, pequeñas y medianas empresas y también para los emprendedores.

Todo esto genera condiciones para la creación de nuevos empleos y bien pagados. Aumentan los ingresos para las familias y sobre todo, distribuye el ingreso como todos queremos, de manera más equitativa.

Asimismo, bajo condiciones de competencia las empresas encuentran los incentivos para ofrecer a los ciudadanos todos sus productos y servicios a menores precios y, sobre todo, con mayor calidad.

En consecuencia, necesitamos una ley y una autoridad de competencia económica autónoma y fuerte, con atribuciones suficientes para prevenir, combatir y sancionar todas aquellas prácticas monopólicas que lesionen a los ciudadanos.

Está demostrado que cuando no existen condiciones de competencia las empresas abusan elevando los precios y disminuyendo la calidad de los servicios que prestan y de los productos que venden.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, los consumidores mexicanos gastan alrededor de 40 por ciento más en mercados con problemas de competencia.

Y como ya lo mencionó nuestro compañero del Partido Verde Ecologista de México, el reporte del Foro Económico Mundial sobre competitividad nos ubica en un lamentable lugar 114.

Bajo este contexto, la nueva Ley Federal de Competencia Económica tiene el objeto de garantizar la plena competencia de los mercados, eliminar las prácticas monopólicas, dar mayor certeza jurídica a los ciudadanos y, sobre todo, crea nuevas reglas de acceso a las empresas a los diferentes mercados económicos.

En este sentido, es de señalar que tanto las modificaciones realizadas en esta Cámara de Diputados fueron avaladas por los senadores, como también las modificaciones propuestas por el Senado y que estamos discutiendo tienen como principio asegurar la plena competencia en los mercados y el máximo bienestar, como lo repito, para todas y todos los consumidores de este país.

Los diputados de Acción Nacional reconocemos el trabajo que hicieron los senadores en su calidad de cámara revisora, en donde se destacan las siguientes modificaciones: se precisan las atribuciones que tendrá la Comisión Federal de Competencia Económica en lo que se refiere al combate a las prácticas monopólicas, se dispone que la comisión deberá resolver sobre las solicitudes de opinión formal y emitir orientaciones generales en materia de libre concurrencia y de competencia económica.

También establece que la Comisión deberá solicitar estudios que evalúen su desempeño a través de académicos y expertos de forma obviamente independiente. Se proponen los lineamientos respecto a la designación y causales de remoción de la autoridad investigadora. Se transparenta también la actuación de la Comisión, ya que deberá publicar las versiones estenográficas de todas sus sesiones, así como sus acuerdos y resoluciones.

Se adiciona también un nuevo capítulo, como ustedes saben, referente al procedimiento de solicitudes de opinión formal y de orientaciones generales; entre otras más que precisan las disposiciones contenidas en esta nueva ley.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional coincidimos plenamente con las adecuaciones realizadas por el Senado de la República ya que dan mayor precisión al alcance de la Ley Federal de Competencia Económica, con la cual damos plena certeza a los ciudadanos y a los agentes económicos de que en nuestro país se privilegia la competencia económica y se castigan las prácticas monopólicas.

Esta nueva ley viene, como ustedes saben, a concretar la reforma constitucional que ya aprobamos y con ello a fortalecer la política de competencia en nuestro país. Compañeras y compañeros, los invito respetuosamente a votar a favor de este dictamen para garantizar un óptimo funcionamiento de los mercados, impulsar el crecimiento económico que tanta falta nos hace y asegurar sobre todo el bienestar de los ciudadanos de este gran país. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Saludo con mucho gusto a los alumnos y maestros de la universidad Univer Zamora, que están aquí invitados por la diputada Adriana Hernández. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión.

También a un grupo de mujeres líderes de algunos municipios del estado de Guanajuato, que se encuentran aquí acompañándonos. Invitados por la diputada Socorro Quintana León. Bienvenidas, bienvenidos todos.

Tiene la palabra, el diputado Salvador Romero Valencia, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Salvador Romero Valencia:Con su permiso, señor presidente. El día de hoy, compañeras y compañeros legisladores, estamos culminando un intenso proceso de discusión y de análisis que dio inicio en febrero pasado, cuando fuera presentada por parte del Presidente Enrique Peña Nieto la iniciativa de la Ley Federal de Competencia Económica y que reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

Durante estos meses, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se llevó a cabo un proceso incluyente que permitió que la propuesta inicial del Ejecutivo federal fuese enriquecida ampliamente por la aportación de actores políticos, empresariales y académicos.

La construcción de este nuevo ordenamiento jurídico nos deja en claro que es posible construir los acuerdos en un marco de diversidad y de pluralidad y que las distintas visiones y ópticas de las y los legisladores y, de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión pueden tener puntos de coincidencia.

En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos el trabajo llevado llevado a cabo por nuestra colegisladora, por el Senado de la República, y los diferentes partidos políticos que la integran, lo que permitió alcanzar los entendimientos necesarios para concretar ésta que es una de las reformas más importantes para México, una de las más trascendentales, que nos permitirán detonar y desarrollar la economía de este país y, consecuentemente, generar los empleos y el bienestar que los ciudadanos están demandando.

En efecto, desde la campaña electoral 2012, una de las demandas más sentidas de la población fue que el Congreso de la Unión combatiese las prácticas monopólicas, combatiese a los monopolios y las prácticas y barreras que impiden la libre competencia y concurrencia que afectan de manera directa e indubitable el bolsillo de los mexicanos.

Una de las prioridades principales de esta administración pública federal está dirigida a impulsar los marcos regulatorios para generar competencia, eficiencia en los mercados como condición necesaria para detonar inversión productiva.

Todos queremos más empleos pero necesitamos poner el piso parejo para que inversionistas se decidan a generar los empleos que demandan los mexicanos, así que consecuentemente podrán elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Las nuevas disposiciones que aprobaremos se traducirán en diversos beneficios para el consumidor, para sus familias, para la economía de los mexicanos que, al combatir los monopolios y los obstáculos a la libre concurrencia y competencia, tendrán acceso a bienes de mejor calidad, de mejor precio y con la diversificación que requieren los mercados donde prevalece la competencia como un requisito indispensable para el crecimiento y para el desarrollo.

Hoy podemos decir con certeza que gracias al trabajo legislativo de esta Cámara de Diputados y del Senado de la República varias de las preocupaciones que planteó la iniciativa privada, los sectores empresariales y sociales han sido cabalmente atendidas.

En las adiciones introducidas por la colegisladora se fortalece básicamente la autonomía, la independencia y la imparcialidad del órgano regulador. La Comisión Federal de Competencia Económica amplía hoy sus facultades para emitir diversas disposiciones regulatorias en materia de libre competencia y concurrencia, así como directrices, guías y criterios técnicos relativos a la imposición de sanciones, prácticas monopólicas y determinación de mercado relevante.

Se refuerza la autonomía, profesionalización y ciudadanización de la autoridad investigadora encargada de conducir las mismas. En el mismo sentido, en la propuesta del Senado de la República nos permite abonar a una mayor transparencia en los diversos procesos establecidos por la ley.

En cuanto a la rendición de cuentas, incorpora la legisladora la posibilidad de la Comisión de solicitar estudios para evaluar el desempeño de facultades. Termino, señor presidente.

Finalmente, en los cambios realizados impondrán sanciones, por parte de Cofece, que obedezcan a un análisis económico que justifique las medidas para que éstas no superen los efectos anticompetitivos. Ésa es una medida importante que sumada a otras redundará en beneficio de los ciudadanos.

No se piense, compañeras y compañeros, que el trabajo está finalizado. Año con año revisaremos las leyes federales para que se adecuen al marco regulatorio que estamos aprobando. Porque ésta es una medida que beneficia a los mexicanos, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, para hablar en contra, la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Solicitaré, señor presidente, la misma tolerancia que ha dado a los oradores anteriores.

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, permítame, ¿diputada León? Permítame un segundo, nada más para dar la más cordial bienvenida a un grupo de niños de la colonia Potrero del rey, del municipio de Ecatepec de Morelos, que están hoy aquí invitados por el diputado José Luis Cruz Flores Gómez. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente y con la venia de la asamblea. En efecto, hoy el PT viene a posicionarse con gran conocimiento de causa de lo que estamos proponiendo y de lo que estamos diciendo.

No venimos a posicionarnos a favor de los monopolios y mucho menos venimos a posicionarnos a favor de los monopolios y mucho menos venimos a posicionarnos a favor de las prácticas monopólicas. Sabemos que éste es un tema, el de la competencia, que le debería de interesar a todo el mundo.

Si en la mañana nos levantamos y nos hacemos un desayuno de huevos con pan tostado y jugo de naranja estamos ya consumiendo bienes y servicios que tienen que ver cuando menos con Bimbo, con alguna empresa productora agrícola de huevo y cuando menos con Cemex para la edificación de nuestra casa. Todo esto que tiene que ver con los bienes y servicios tiene que ver con la competencia.

Decía el Che Guevara —aunque pareciera que no viene el caso— que los reyes que no tienen corona son los monopolios, son los verdaderos amos de países enteros y de continentes enteros.

Definitivamente pareciera que esta Ley Federal de Competencia Económica debería de venir a resolver el problema de la competencia en este país, pero no lo hace. Estamos convencidos de que así como los esfuerzos de lo que ya se ha nombrado aquí de lo que fue la Cofeco, que causaba que el 40 por ciento del impacto en nuestros ingresos del gasto fuera a mercados que no eran competitivos, ese será el resultado que tendrá esta ley.

Iré directamente al grano. Esta ley está basada en la entrada a nuestro país de un esquema de libre mercado que en realidad no existe y que solamente servía como elemento teórico que ni siquiera los neoliberales han podido aplicar; éste no existía y en realidad dependía y lo controlaban las grandes empresas. Esta ley de competencia no resuelve que sea así.

En el PT estamos convencidos que esta ley de competencia debería de dar piso parejo a las Pymes y a las Mypimes y dar, sí, un trato justo a las grandes empresas de este país, pero no un trato preferente.

También nos preocupa y estamos convencidos que no debió de habérsele dado de ninguna manera atribuciones metagubernamentales a lo que es la Cofece. Pareciera que lo que ha enviado el Senado de la República son cosas mínimas, a excepción de la creación de un título para la solicitud de información.

Nos corrigen errores de ortografía, compañeras diputados. Eso es lo que pasa cuando se legisla al vapor y eso es lo que está sucediendo también con esta iniciativa y lo dijimos el día de ayer en la comisión. No podemos dictaminar una minuta que nos había llegado hacía 15 minutos y que todavía estaba calientita de donde se habían impreso los tantos que se repartían en la comisión.

En nuestro país no hay competencia y no hay competitividad y desgraciadamente esta ley que estamos votando no la traerá. Y vamos a decir porqué en términos muy generales.

Primero. Se pretende hacer esta súper comisión que investiga, combate, castiga, elimina las malas prácticas, impone multas, otorga medidas punitivas con el propósito de garantizar la libre concurrencia y competencia. Es decir, en siete súper personajes está la determinación del equilibrio económico y la competencia de este país, una atribución que de ninguna manera debería de estar despegada de los votantes, que de ninguna manera debería de estar despegada de las atribuciones que tiene el Ejecutivo en su Secretaría de Economía, en su Secretaría de Hacienda.

Es decir, a través de este órgano metagubernamental estamos dando atribuciones para que siete iluminados determinen qué es un insumo estratégico, qué es una barrera de entrada, qué empresas deberán de ser disueltas e inclusive por qué y por qué no debiera el presidente de la República iniciar una controversia constitucional sobre un tema económico.

Ésta es la gravedad de lo que estamos proponiendo. Esta ley no acabará con la baja productividad de las Pymes en México porque no incorpora a las grandes empresas para formar cadenas productivas con valor como funcionan todas las grandes empresas en otros países y en países desarrollados.

Y culminaré, señor presidente, diciendo: en la Cámara revisora se mantuvieron fallas importantes que no se corrigieron y que señalamos en el PT en esta tribuna. No se define o se deja con gran ambigüedad el concepto de insumos estratégicos, barreras, reincidencias y disolución de empresas.

Y yo los dejo simplemente con un cuestionamiento, compañeras y compañeros diputados: ¿creen que esta Ley de Competencia realmente acabará con los monopolios? ¿Creen que realmente acabará con las prácticas monopólicas cuando estos siete iluminados están ahí y pueden ser víctimas de todos los vicios humanos, inclusive de ser empleados de estos grandes monopolios? ¿Creen que los precios de bienes y servicios disminuirán cuando se dejen al libre mercado, cuando el libre mercado en realidad no existe? Y no lo digo yo, lo dijo Adam Smith desde su planteamiento económico que ha sido la base para esta ley.

Culminaría con esto a decir que hay grandes errores, inclusive, en la reformas que envió la colegisladora y que eso es lo que estamos aprobando el día de hoy, inclusive errores de numeración, errores parlamentarios, artículos que no tienen redacción y el día de hoy venimos a decir que esta ley va a venir a salvar la competitividad y la economía de México. Gran error, gran error y gran error de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Jorge Alberto Delgado Fernández, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay, en nuestro país, quien asistió hoy a la instalación del Grupo de Amistad México Uruguay que preside el diputado Edilberto Algredo Jaramillo. Bienvenido, embajador y a los demás funcionarios de la embajada, muchas gracias por acompañarnos, es un honor tenerlos aquí en la Cámara de Diputados.

Tiene ahora la palabra para hablar en contra, el diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD.

Si me permiten, saludo también a los alumnos y maestros del Colegio Revolución de Ecatepec y de la Escuela Secundaria oficial No. 32, Santos Degollado, de Huixquilucan, que están aquí invitados por la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel. Bienvenidas y bienvenidos todos, a la sesión.

Permítame un segundo, diputado. También saludo con mucho gusto a los alumnos de quinto y sexto año de la Escuela Primaria Juan Escutia, quienes están aquí invitados por el diputado Fernando Zárate. Bienvenidas y bienvenidos todos. Adelante, diputado, entonces me dice que su intervención es a favor. Mil disculpas.

El diputado Carlos Augusto Morales López:Con su venia, diputado presidente. Voy a hacer uso de la tribuna para hablar a favor del presente dictamen. Todas las leyes sin duda son perfectibles. Si nos preguntamos si la legislación que se está presentando el día de hoy en materia de competencia económica en nuestro país pudiera ser mejor, la respuesta es sí. Sí puede ser mejor que la que actualmente estamos votando.

Pero esta legislación es mucho mejor que la legislación vigente, esta legislación recoge todas las tesis jurisprudenciales de 20 años de experiencia. Esta legislación tiene mayores y mejores herramientas para combatir no a los monopolios, para combatir a los monopolios que abusan de su poder de mercado para someter de manera inmoral e ingrata a millones de consumidores.

Votar en contra de esta legislación es decir al mismo tiempo que queremos que se queden las cosas como están. Quien vote en contra de esta legislación está también diciendo que prefiere la legislación vigente. Y la legislación vigente significa 20 años de pobreza, donde ha ido incrementado el número de pobres en nuestro país.

Y una de esas causas del incremento del número de pobres en nuestro país son las transferencias ilegítimas, inmorales y desmesuradas que hacen esos grandes monopolios abusivos de las bolsas, de los bolsillos de las personas que menos recursos tienen en este país por concepto de sobreprecios a las grandes cuentas de los que más tienen en este país.

Votar en contra de esta legislación es votar a favor de que las cosas se queden como están. Y eso significa también que la lucha contra estos monopolios abusivos sea estéril, como ha sido durante los últimos 20 años.

El Presidente diputado José González Morfín: La diputada Lilia Aguilar Gil desea formularle una pregunta, ¿la acepta usted?

El diputado Carlos Augusto Morales López: Sí, con gusto.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Muchas gracias, diputado. Y reconozco el valor que tiene de hacerlo, a pesar de que le hayan dicho que no. A mí me gustaría saber nada más, en específico, en qué articulado de la ley, qué parte de esta Ley de Competencia efectivamente acabaría con la pobreza y los pobres de este país, porque he escuchado muchas veces su discurso, lo respeto, pero no concuerdo con él, y me parece que no hay en la Ley de Competencia un articulado que acabe o directamente ataque la pobreza en este país.

El diputado Carlos Augusto Morales López: Se lo explico con mucho gusto, diputada Lilia, que además es una discusión que hemos dado en la comisión durante los últimos meses.

Existen estudios, como el de la OCDE, que han demostrado que en nuestro país por concepto del ejercicio abusivo de los monopolios la gente paga entre el 40 y 45 por ciento de sobreprecios. Y como también parte de esos consumidores son los más de 60 millones de mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema, entonces sí, si esta legislación combate a los monopolios que abusan de manera ominosa de los consumidores, esta legislación va a ayudar a mitigar la pobreza. El PRD la ve como una legislación y una herramienta fundamental para mitigar la pobreza, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Augusto Morales López: Estamos convencidos que la presente legislación tiene instrumentos y herramientas necesarias para, además de combatir de manera importante la gran desigualdad que existe en nuestro país, fomentar la competencia y propiciar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, porque parte importante de los costos de producción que enfrentan estas empresas, que por cierto generan más del 70 por ciento de los empleos en nuestro país, está justamente dado en función de los altos precios que tienen que pagar por sus insumos para ofrecer sus bienes y servicios finales.

Queremos invitarlos, compañeras y compañeros diputados, a votar a favor de esta legislación. Sin duda puede ser mejor, pero es lo que tenemos y creemos que es un instrumento muy importante para el desarrollo económico de nuestro país y también que va a ayudar de manera significativa a acabar con la gran desigualdad que existe, a combatir de manera importante la iniquidad en la distribución del ingreso. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra, el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, siempre he asumido una posición firme y me parece incorrecta y desafortunada la posición maniquea.

Los que votamos en contra no avalamos este régimen de oprobio y corrupción. Quienes votamos en contra de este instrumento de simulación es porque estamos en contra del gatopardismo, estamos en contra de la complicidad, estamos en contra de la simulación.

Quienes votamos en contra de este instrumento lo hacemos porque se deja intocado el monopolio financiero, se dejan intocados y protegidos a los bancos extranjeros, no se les toca.

Los que votamos en contra es porque el propio gobierno se autoexcluye. No se toca el monopolio de la energía eléctrica, el principal monopolio pernicioso contra el crecimiento económico y la competitividad.

Nadie en este país puede ser competitivo con este monopolio ominoso que representa la Comisión Federal de Electricidad y esta ley la deja afuera, esta ley no lo toca al gobierno.

Los que estamos en contra es porque se le protege al sector bancario. Cuatro bancos extranjeros y uno nacional concentran más del 80 por ciento de operaciones bancarias y financieras en este país y no se les toca. Uno de los monopolios más perniciosos que en este país existe es la banca y no se les toca.

Por esa razón, nosotros consideramos de manera sostenida y firme, y lo podemos debatir con cualquiera que es un instrumento totalmente insuficiente.

Podríamos avanzar de mejor forma, pero las complicidades no lo permiten. Miren ustedes, lo que ahora estamos discutiendo, que es el regreso de la minuta del Senado, muchas de las ahora modificaciones que se están haciendo en este dictamen las propusimos en Movimiento Ciudadano hace apenas unas semanas. Ustedes las ignoraron, todas las ignoraron y ahora van a votar a favor lo que ustedes rechazaron, por falta de reflexión, de cuidado y de ser diputados del no, porque ustedes son los diputados del no. Todas nuestras propuestas ni una sola han prosperado.

Por esa razón nosotros estamos en contra. Razonamos nuestro voto. Estuvimos en contra de la reforma fiscal y ahora nos dan la razón. Estuvimos en contra de los Repecos, y ahora la realidad, la terca realidad hoy nos tiene situados en una situación económica muy grave para los Repecos y para las Pymes. Por esa razón nosotros creemos que incluso temas tan importantes que ahora se están discutiendo pudieron haberse aprobado cuando los propusimos.

Este vicio que se ha observado en la Cámara de Diputados se ha vuelto una práctica común. La oposición que representamos en Movimiento Ciudadano y un sector del PRD, nosotros insistimos con razones, con argumentos de que nos asiste la razón. Respetamos a los que no creen eso. Pero ahora tenemos que actuar de manera congruente.

Por cierto, aprovecho hacerle un llamado al gobernador de Puebla: que ya no actúe como gorila, que libere a los presos políticos allá en Puebla, que no persiga a los luchadores sociales.

Hacemos un llamado, desde esta tribuna de la nación, para que libere de inmediato a los presos políticos, y esta Cámara debiere estar interesada en liberarlos de inmediato y no generar climas de terror en este estado libre y democrático de Puebla.

Presidente, le solicito de manera atenta plasme este documento, que tiene las razones fundamentales de nuestro voto en este dictamen.

Y aparte les quiero decir una última cosa, señores diputados, nunca en la historia del Parlamento, nunca se había aprobado una ley como ésta, en donde en el artículo 129, en una nueva ley, se diga: artículo 129 sin texto. Es inadmisible. Verdaderamente es un monumento a la ignorancia política. No hay precedente en la historia del Parlamento mexicano. Allá ustedes, los que voten a favor.

«Posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica; y se reforman y adicionan diversos artículos al Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila.

Con su venia, señor Presidente:

La minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica, y reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, recibida del Senado exhibe dos vicios que desde el inicio de esta Legislatura se han repetido sistemáticamente en la Cámara de Diputados.

El primero de ellos se refiere a la falta de análisis y estudio con el que se discuten y aprueban los dictámenes en este recinto; las prisas, la premura, la irresponsabilidad y la carencia de seriedad han derivado en una Cámara de Senadores que constantemente exhibe y corrige los errores que los diputados son incapaces de percibir.

Prueba de lo previo se observa en las múltiples correcciones ortográficas realizadas a la minuta, entre las que destacan la falta de precisión de conceptos tan básicos y claves como: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Del mismo modo, el descuido en la redacción provocó la inclusión de la frase Comisión Federal de Competencia Económica dentro del articulado, cuando ésta se encontraba definida en el glosario de la Ley Federal de Competencia Económica, como “comisión”, mientras que en el Código Penal Federal no se especificaba el nombre completo, aun cuando en este ordenamiento el término no está establecido.

Sin embargo, esta vez no hemos sido sólo nosotros los que hemos realizado un análisis fast track y sin seriedad, ya que en la minuta enviada por los senadores se encuentra un error de suma gravedad que evidencia que en esa Cámara tampoco se discutió con la precisión necesaria el documento.

En la pagina 145 del texto queda expuesto como los legisladores de la Cámara Alta omitieron el artículo 129, al pasar automáticamente del 128 al Capítulo III “De la imposición de sanciones”, el cual inicia con el artículo 130.

Asimismo, en la minuta proveniente del Senado, en el artículo 94 se nombraba al artículo 123, cuando la referencia correcta era el 131, lo mismo ocurría en el artículo 131, ya que en éste se mencionaba al artículo 100, cuando el correcto es el 101.

Dichas correcciones se realizaron en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, por lo que el documento debería volver al Senado, tal y como lo determina el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por supuesto que no podemos aceptar que esto se solucione por medio de una fe de erratas, basta ya de un trabajo irresponsable, parchado y lleno de enmendaduras; nuevamente se demuestra que este afán por aprobar, sin leer, sin debatir y sin estudiar nunca tiene buenos resultados.

El segundo vicio, y quizás el más grave, se refiere a la de-saprobación de las reservas presentadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Se ha vuelto una práctica común, por no decir cotidiana, que los grupos mayoritarios rechacen todas las modificaciones que planteamos, sin siquiera escucharlas, el no por el no ha sido el hábito que permea en nuestro afán de mejorar las iniciativas que recibimos del Ejecutivo federal.

Hoy con gran orgullo podemos decir que las observaciones que realizamos al dictamen cuando se discutió en este recinto eran correctas y acertadas, ya que varias de nuestras sugerencias han sido rescatadas en el Senado.

Establecer que los criterios técnicos que emita la Comisión Federal de Competencia Económica serán vinculantes para dicho órgano, denunciar que la designación del titular de la autoridad investigadora presentaba conflicto de intereses y destacar que la desincorporación de activos debía ir acompañada de un análisis económico que demostrara que la imposición de dicha medida superaba los efectos anticompetitivos, son modificaciones que en Movimiento Ciudadano propusimos.

Qué curioso que en ese momento votaran en contra de nuestras reservas sin siquiera prestarles atención, pero hoy emitirán un voto a favor cuando el Senado las presente sin importarles que el contenido es exactamente el mismo.

No obstante, debemos mencionar que lo previo lejos de desalentarnos nos motiva a seguir adelante y nos demuestra que lo que proponemos es lo que el país necesita y lo que los ciudadanos demandan.

Si bien el Senado ha realizado cambios valiosos que mejoraron la minuta, resulta menester destacar que existen medidas que siguen siendo insuficientes, principalmente en los montos estipulados para sancionar las prácticas anticompetitivas que distorsionan el mercado, ya que éstos continúan siendo exactamente los mismos a los establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica vigente.

Los rangos oscilan entre el 8 por ciento y 10 por ciento de los ingresos de los agentes económicos, siendo esta última sanción la correspondiente a prácticas monopólicas absolutas y al control de insumos esenciales.

¿Cómo se pueden mantener las mismas multas cuando las actuales han demostrado, en casos como la sanción interpuesta a Telcel en 2007 por 11 mil 989 millones de pesos, debido al poder hegemónico con el que cuenta en el origen de llamadas, el tránsito local, el arrendamiento de enlaces dedicados y terminación de llamadas fijas, ser insuficientes?

¿Por qué no se utilizan los montos sugeridos por la evidencia empírica de las mejores prácticas internacionales, los cuales demuestran que el porcentaje correcto, el cual se calcula empleado como variables el sobreprecio entre el mercado monopólico y el de competencia y el volumen de ventas que se efectuó durante la distorsión de mercado, fluctúa entre 25 por ciento y 30 por ciento de las ganancias del agente?

¿Cómo podemos permitir que los montos sean tan pequeños en un país en el que Telmex controla el 95 por ciento de la telefonía fija del país y el 75 por ciento de todo el sector, incluida la telefonía móvil; Cemex, el 90 por ciento del mercado cementero nacional; Grupo México, el 95 por ciento de la explotación de cobre; Televisa, el 70 por ciento de la televisión; Grupo Modelo, el 65 por ciento de la industria cervecera y Femsa, el 60 por ciento de la producción de los refrescos?

El fenómeno se reproduce en el sector bancario, en el cual cuatro bancos extranjeros y uno nacional controlan el 80 por ciento de los créditos otorgados, a tasas que permiten compensar las pérdidas foráneas con utilidades domésticas.

Los precios artificiales de los que se valen los monopolios y la ínfima calidad en sus servicios han provocado que, de acuerdo con el buró comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), existan 5 mil 167 quejas en contra de Nextel; Telcel cuenta con 3  mil 518; Iusacell con 2 mil 409; Dish con 1 mil 944; Megacable con 985; Coppel con 811 y SKY con 671, por mencionar sólo algunas empresas.

Mientras se continúe con el diseño y aprobación de leyes que no toman en cuenta el contexto en el que se implementarán, permaneceremos en los peores lugares en los análisis de competitividad: el Global Competitiveness Report ubica a México en el lugar 53 de 133 países, el World Competitiveness Yearbook en el 32 de 58, Doing Bussiness en el 53 de 183 y el Índice de competitividad internacional del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el 32 de 46.

No podemos esperar más tiempo para realizar un cambio verdadero, las cifras económicas de los primeros meses del año son prueba de esto, ya que los cuatro componentes que forman el PIB no reflejan signos de crecimiento, lo cual ensombrece las expectativas de un crecimiento razonable para este año.

El consumo,el cual representa aproximadamente el 65 por ciento del PIB y funciona como el principal indicador de los ingresos de las familias, creció tan solo 1.5 por ciento anual; la inversión, componente clave para generar mayor productividad, muestra un decrecimiento de –3 por ciento; el gasto gubernamental equivale únicamente a 0.26 por ciento del PIB y ha sido financiado con déficit, y el comercio exterior sigue manteniendo un saldo negativo; ocasionando que difícilmente se pueda incrementar la cifra del PIB por encima de 2.5 por ciento.

Notas:

1 http://mexicotoday.org/es/node/12568

2 http://www.imd.org/news/World-Competitiveness-2013.cfm

3 http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/

4 http://imco.org.mx/indices/#

5 Análisis ANEI: Expectativas 2014.

México, DF, a 29 de abril de 2014.— Diputado Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto plasmaremos el documento íntegramente en el Diario de los Debates. Tiene la palabra, para hablar también en contra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente, compañeros legisladores, ¿por qué el país se encuentra en lugares tan mediocres en los principales ranking y evaluaciones de competitividad? Muy sencillo, porque el Grupo de Telmex y América Móvil controla el 95 por ciento de la telefonía fija en el país y el 75 por ciento de todo el sector, incluida la telefonía móvil. Cemex el 90 por ciento del mercado cementero nacional. El Grupo México el 95 por ciento de la explotación de cobre. Televisa el 70 por ciento de la televisión. Grupo Modelo el 65 por ciento de la industria cervecera y Femsa el 60 por ciento de la producción de refresco.

El fenómeno se reproduce en el sector bancario, en el cual cuatro bancos extranjeros y uno nacional controlan el 80 por ciento de los créditos otorgados a tasas tan altas que les permiten sangrar a los mexicanos con estas tasas y comisiones leoninas y usureras y de esta manera compensar las pérdidas que sufren en otras naciones.

México a través de su banca subsidia los fracasos de la banca extranjera en otros lugares del mundo. ¿Cómo repercute esto en los consumidores? De acuerdo con la Profeco existen múltiples quejas contra Nextel, Telcel, Iusacell, Dish, Megacable, Coppel, Sky, por mencionar tan solo algunas empresas y la realidad es que no pasa absolutamente nada.

Así como con la ley de Salinas, del 24 de diciembre de 1992, desde ahora decimos: en unos años la realidad del país va a seguir siendo la misma si no hay un cambio político y un cambio en el modelo económico. Si no, van a seguir los mismos monopolios y los mismos oligopolios frenando la economía y afectando a millones de usuarios de estos servicios.

El dictamen y la minuta omiten, así como el artículo 129, omiten también, o que dice sin texto, la posibilidad de que los consumidores que sufran daños y perjuicios como resultado de una práctica monopólica, tengan el derecho a exigir por la vía civil y sin que medie resolución en firme de la Comisión, el resarcimiento de las pérdidas.

Nada se dice de los usuarios, nada se dice de quienes sufren las consecuencias de estos monopolios.

Por esa razón reafirmamos nuestro voto en contra. Concluyo, presidente. Votar en contra es ser congruentes y no ser comparsas del régimen neoliberal. El gradualismo solo legitima los excesos y la falta de competencia y de beneficios económicos para el país. Esta ley hace como que se cambia para que todo siga igual en este país. Es lo que dijo Ricardo Monreal, una medida gatopardista.

Esto va a seguir así si sigue viviéndose en el país el más grave monopolio u oligopolio que hay hoy en día. El monopolio y el oligopolio legislativo que hoy se vive en el país. Ése es el monopolio más grave para la nación y para ejemplo de ello es la reforma fiscal, que ya incluso, quienes la aprobaron hoy se arrepienten de este grave daño a la economía nacional.

Y queremos saber, y éste es un llamado a la Mesa Directiva, si ya se va a presentar la reforma energética secundaria que se ha estado diciendo que llegará a esta Cámara, porque será muy grave que llegue, concluyo presidente, si no se va a fondo a la corrupción.

Se acaba de crear una comisión de investigación que todavía tiene casos pendientes sobre la corrupción en Pemex y no le importa al gobierno y ya está mandando esta reforma que va a afectar gravemente a la economía del país. Por eso votaremos en contra. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos a un grupo de jóvenes procedentes del estado de Querétaro, que están aquí invitados por la diputada Ana Paola López Birlain. Bienvenidas y bienvenidos todos.

También a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Guizar y Valencia del estado de Morelos. Invitados por la diputada Maricela Velázquez.

También a un grupo de ciudadanos de diversas colonias y pueblos del municipio de Toluca. Invitados por el diputado Domitilo Posadas Hernández. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

También saludo a un grupo de ciudadanos del municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo. Invitados por el diputado Francisco González Vargas. Bienvenidas, bienvenidos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? De viva voz.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 408 votos a favor, 7 abstenciones y 56 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado por 408 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica, y reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE BIENES CULTURALES SUBACUATICOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales subacuáticos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales subacuáticos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, les fue turnada la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales subacuáticos, enviada por la Cámara de Senadores de conformidad con lo establecido en el apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de febrero de 2014.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, elaborar el dictamen a la minuta turnada, lo cual se hace de acuerdo a los siguientes apartados: Antecedentes, Contenido de la minuta, Consideraciones, Conclusiones y Acuerdo.

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 20 de septiembre de 2011, el diputado Armando Jesús Báez Pinal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura presenta en nombre propio y de diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios que también la suscriben, iniciativa con proyecto de decreto que incorpora el concepto de Patrimonio Subacuático a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, por el cual se devuelve a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la de Cultura y Cinematografía, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático.

3. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en su sesión ordinaria celebrada el 20 de marzo de 2013, aprobó dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter, un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de Patrimonio Cultural Subacuático, con 435 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Fue recibida el mismo día, como minuta proyecto de decreto, para los efectos constitucionales a la Cámara de Senadores con la siguiente redacción:

Minuta proyecto de decreto

Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático.

Artículo Único. Se adicionan un artículo 28 Ter; un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 28 Ter. Constituyen Patrimonio Cultural Subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante cien años, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de estados extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

Artículo 29. ...

Quienes encuentren Patrimonio Cultural Subacuático dentro de la Zona Económica Exclusiva Mexicana deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso o entrega, en su caso, y deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia dentro de las 24 horas siguientes para que éste determine lo que corresponda.

Artículo 47. ...

Al que por cualquier medio realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales a fin de descubrir o rescatar Patrimonio Cultural Subacuático a que se refiere el artículo 28 Ter sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, 20 de marzo de 2013.

4. En sesión ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta del oficio del Senado de la República, por el que se devuelve el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que reforma el artículo 28 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de Patrimonio Cultural Subacuático, para efectos de lo dispuesto en el apartado E del artículo 72 constitucional.

5. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó como trámite a la minuta de referencia regresada de la Cámara de Senadores, el turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

6. El 26 de marzo de 2014, se recibió el oficio CEN/119-2012, del 25 de abril de 2012, emitido por la Delegación de Profesionistas Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el cual se realizaron las siguientes observaciones al contenido que se dictamina:

Segundo. Referente a su propuesta para el artículo 28 Ter. Las disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos también serán aplicables a los buques, naves o cualquier otro medio de transporte acuático o parte de éstos localizados en las zonas marinas de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus cargamentos y demás contenidos, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, al menos durante cien años.

Esta precisión se encuentra contenida en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como se asienta en el artículo 5o. y 36, considera todos y cada uno de los bienes independientemente del medio en que se encuentre.

Además la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático celebrada en París el 2 de noviembre de 2001, y ratificada por el Senado de la República el 5 de julio de 2006, y nos remite a lo señalado en el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Contenido de la minuta

El dictamen correspondiente de la colegisladora contiene dos partes en sus argumentaciones: una con las consideraciones y otra con las modificaciones propuestas.

Respecto a la primera de ellas:

• La Cámara de Senadores considera que el espíritu normativo de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en México a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la preservación del patrimonio cultural, como un asunto de interés social y nacional y que deposita en el orden federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que en representación del interés público sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la nación.

• Que la legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, que fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

• Que el marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos, le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles; y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular.

Considera el Senado, que esta naturaleza jurídica resume en gran medida, un debate histórico e ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios y comerciales. Y que la ley en análisis, sienta las bases de una política de estado, sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

• Que con ese mismo espíritu, el Ejecutivo federal como el Senado de la República, han participado en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales que tienen que ver con la preservación del legado cultural, al que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente identifica bajo la figura de monumentos o zona de monumentos, ya sean arqueológicos, artísticos o históricos. Que es así como el 5 de junio de 2006 México se suma a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2001, misma que fue ratificada por el Senado de la República el 4 de abril de 2006 y entró en vigor el 2 de enero de 2009. Que en este instrumento se establecen las bases generales para la preservación de los bienes de interés cultural que, por diferentes razones, han permanecido sumergidos bajo los océanos, mares, lagos o cualquier formación de aguas interiores, y que constituyen expresiones de la historia y la cultura de muchas civilizaciones a lo largo del tiempo. Debe reconocerse que nuestro país es una de las naciones cuyo patrimonio subacuático es de los más abundantes y, por ello, la región ribereña despierta una gran ambición entre los arqueólogos dedicados a este tipo de investigación y que trabajan para agencias internacionales que comercian con estos bienes.

• Que el proyecto de decreto en análisis por el Senado de la República, hace referencia a que de manera particular, los naufragios y los cargamentos asociados a los mismos, representan un cúmulo de tesoros históricos de valor incalculable, que han sido sujetos de múltiples amenazas por las cuantiosas ganancias que generan en el mercado ilícito de bienes culturales. De ahí que un conjunto relevante de naciones haya ratificado la Convención sobre Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, uno de cuyos propósitos es preservar para beneficio de la humanidad y preferentemente in situlos bienes de esta naturaleza. Que es de señalarse que la convención establece una definición para el patrimonio cultural amplia, conforme al conjunto de fenómenos que se presentan en diferentes partes de mundo. Y que el texto es el siguiente:

“Constituyen Patrimonio Cultural Subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante cien años,...”

También refiere el Senado de la República, en el contenido de su decreto, que esta definición se aplica a los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves y otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico. La convención privilegia la cooperación internacional entre los estados parte, pero que sobre todo, mantiene un respeto absoluto al derecho consuetudinario y al derecho internacional establecido por la comunidad de naciones a efecto de favorecer la transportación marítima, el comercio internacional y demás intercambios internacionales. Que en ese contexto conviene citar dos artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que establecen las bases jurídicas internacionales respecto del tratamiento de los objetos arqueológicos o históricos hallados en los fondos marinos u oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de una jurisdicción nacional:

“Artículo 149

Objetos arqueológicos e históricos.

Todos los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en la zona serán conservados o se dispondrá de ellos en beneficio de toda la humanidad, teniendo particularmente en cuenta los derechos preferentes del estado o país de origen, del estado de origen cultural o del estado de origen histórico y arqueológico,

Artículo 303

Objetos arqueológicos e históricos hallados en el mar

1. Los estados tienen la obligación de proteger los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en el mar y cooperarán a tal efecto.

2. A fin de fiscalizar el tráfico de tales objetos, el estado ribereño, al aplicar el artículo 33 (referido a la zona contigua, hasta 24 millas marinas), podrá presumir que la remoción de aquellos de los fondos marinos de la zona a que se refiere ese artículo sin su autorización constituye una infracción, cometida en su territorio o en su mar territorial, de las leyes y reglamentos mencionados en dicho artículo.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo afectará a los derechos de los propietarios identificables, a las normas sobre salvamento u otras normas del derecho marítimo o a las leyes y prácticas en materia de intercambios culturales.

4. Este artículo se entenderá sin perjuicio de otros acuerdos internacionales y demás normas de derecho internacional relativos a la protección de los objetos de carácter arqueológico e histórico.”

• Que dada la naturaleza tan diversa de las disposiciones normativas aplicable a cada uno de los países de la comunidad de naciones, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece enunciados que hacen referencia a objetos de carácter arqueológico e histórico, más que a una definición conceptual estructurada, tal como lo hace la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, ambas suscritas por nuestro país y aplicables para efecto de los bienes en análisis.

• Que esta estrategia normativa contribuye, bajo un criterio inclusivo, a considerar el mayor número de bienes arqueológicos e históricos posibles que eventualmente pueden ser objeto de atención o disputa entre los estados ribereños y de pabellón.

De igual manera el Senado de la República, señala que un precepto esencial para entender el contenido de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Arqueológico es el artículo 3, que establece que “Nada de lo dispuesto en esta convención menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los estados en virtud del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de conformidad con ellas”. Que desde esta perspectiva, el instrumento internacional del patrimonio subacuático privilegia la preservación, la cooperación internacional de los estados parte y el conocimiento al servicio de la humanidad y deja de lado, por ejemplo, la determinación de la propiedad y jurisdicción aplicable en caso de controversias.

Refiere el Senado de la República que el espíritu de esta convención se opone a la explotación comercial, propone la conservación in situy procura un acceso responsable y no perjudicial para el público. Que de especial mención resulta el numeral 11 del artículo 2, que señala expresamente que ningún acto o actividad realizada en virtud de la convención servirá de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación de soberanía o jurisdicción nacional respecto del patrimonio localizado.

• Que la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático no propone la armonización de las normas jurídicas aplicables en cada país con sus preceptos. Que tampoco pretende convertirse en un instrumento para la resolución de conflictos, sino en un medio que sienta las bases de cooperación sobre un lenguaje común entre las naciones que se suscriben a la misma, de modo que puedan cooperar sobre objetivos compartidos que privilegian la preservación  de este tipo de patrimonio en beneficio de la humanidad.

• Que el proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados establece como estrategia normativa para la protección de esta clase de bienes, reproducir la definición de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Que de hecho establece en la ley la denominación como tal, lo que tiene como consecuencia jurídica que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, además de atender a los bienes inmuebles y muebles que adquieren esta categoría por declaratoria o ministerio de ley, ahora incluya la protección de una categoría de bienes que se denomina patrimonio cultural subacuático. Reconocen que no cabe duda de que se trata de un propósito normativo con fines ampliamente justificados, en virtud de que actualmente no se cuenta con normas específicas aplicables a la preservación de esta clase de bienes, circunstancia que deriva regularmente en la interpretación de diferentes instrumentos legales, como son la propia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Bienes Nacionales y la Ley Federal del Mar, entre otras disposiciones.

• Que sin embargo, debe insistirse que la fracción XXV del artículo 73 constitucional, faculta al Congreso para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional. Y que desde esta perspectiva no resulta viable jurídicamente adicionar un nuevo concepto a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en virtud de que el espectro de protección es suficientemente amplio. Que asimismo cabe señalar que las referencias a diferentes tipos de objetos, como son estructuras, edificios, objetos y restos humanos y los demás bienes asociados a ellos, no corresponden en definición a las categorías constitucionales del legado cultural protegido por nuestro país de no asociarse a su adjetivación como arqueológicos, artísticos e históricos.

También reflexiona que declarar que un bien específico es patrimonio cultural subacuático no lo inscribe en el universo de acciones de preservación o investigación que el Estado mexicano ha previsto para los monumentos arqueológicos, artísticos o históricos. Es decir, que se trata de una definición nominativa acorde con la convención, pero que no le confiere ninguna condición jurídica que justifique la actuación de la autoridad para su preservación. Es decir, el enunciado no tiene más consecuencia que una designación nominativa que no la hace objeto jurídico regulable.

Señala la colegisladora que la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional se promulgó en el año de 1966 (Diario Oficial de la Federación (DOF) del 13 de enero de 1966) y de manera posterior se promulgó la Ley Federal del Patrimonio Cultural (DOF, del 16 de septiembre de 1970) como la herramienta normativa para garantizar la preservación del patrimonio. Que sin embargo dicho ordenamiento jurídico no se apegó a los contenidos constitucionales y fue abrogado por la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (DOF del 6 de mayo de 1972). Debe tenerse presente que los preceptos de la ley actual tienen su origen en los textos de las leyes de 1934 y 1970. Que de hecho la legislación vigente guarda una estrecha relación con la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación de 1970, instrumento jurídico abrogado a menos de dos años de entrada en vigor debido a preceptos inconstitucionales que dice fueron objetados por miembros de la sociedad, organizaciones sociales y algunas instituciones públicas.

• Que tal abrogación no significó una ruptura radical con el régimen de protección establecido por el Estado mexicano, pues se mantuvo el sentido básico de las disposiciones generales de la ley de 1970 y se reprodujo la preeminencia federal en el esquema de protección. Ese espíritu de la ley fue conservado pero con enfoque dirigido hacia las figuras constitucionales, por lo cual la ley de 1972 aún vigente, representó la ocasión legislativa de enmendar los errores de inconstitucionalidad del texto de 1970. Por ello, su ámbito de protección, con las facultades del Congreso de la Unión en la materia, se circunscribió únicamente a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación fuera de interés nacional, dejando de lado los demás bienes de interés cultural considerados en la ley federal previa.

Sin embargo, la propia colegisladora expresa que ello no quiere decir que los bienes a los que el proyecto de dictamen en análisis define como patrimonio cultural subacuático no sean relevantes para el estado y que deba abstenerse de su preservación. Sino que por el contrario, la adhesión de nuestro país a la convención mencionada ya establece bases para su protección en términos de la cooperación internacional y la aplicación de este instrumento internacional se lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en la legislación en la materia de los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

• Qué asimismo, como se ha hecho referencia, la legislación nacional aplicable se encuentra dispersa y requiere de interpretación para su aplicación, en particular, sobre la autoridad responsable de la preservación, respecto de la emisión de permisos para realizar trabajos de exploración, investigación o rescate y, en casos de litigios, para establecer quién representa al Estado mexicano, entre otros temas. Que no obstante, este hallazgo del proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados revela la necesidad de contar, al menos, con alguna forma de equiparación del patrimonio subacuático con las figuras establecidas en la Constitución, sin que necesariamente adquieran todas sus características, en una interpretación similar al patrimonio paleontológico, cuya naturaleza es equiparada con los monumentos arqueológicos, lo que los hace inalienables, imprescriptibles y propiedad de la nación cuando cumplan con la condición del interés nacional.

• Que la legislación internacional aplicable a los bienes sumergidos establece, en primer término, la necesidad de su protección y salvaguarda, pero al mismo tiempo reconoce en principio la propiedad de estado de cierto tipo de embarcaciones dependiendo de su pabellón y, asimismo, el que las exploraciones dependan de la zona marítima en la que se localicen. Circunstancia que no permite una actuación eficaz cuando existe el riesgo de movilidad de los bienes conforme lo establece la legislación internacional por obstrucción de vías marítimas o, bien, en casos de saqueo o destrucción por negligencia. Que desde esta perspectiva es necesario crear los medios de actuación de la autoridad para que, conforme a la legislación internacional aplicable al derecho de mar y la propia Convención sobre Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, se garantice la preservación y salvaguarda de estos bienes.

Respecto a la segunda parte de las modificaciones propuestas por el Senado de la República: manifiesta que las comisiones que concurren a la elaboración del dictamen, son de la opinión de modificar el proyecto de decreto, a partir de considerar los cuidadosos comentarios hechos por la colegisladora, establecer términos de equiparación específicamente para aquellos asuntos que es posible armonizar con la legislación internacional sobre el derecho del mar y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.

Y en ejercicio de las atribuciones de Cámara revisora, que le confiere el apartado E del artículo 72 constitucional, propone algunas modificaciones.

• Como argumento central, que para hacer efectiva la actuación y reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia como autoridad en la materia, en primer término propone hacer extensivas y aplicables al patrimonio cultural sumergido, las disposiciones sobre monumentos arqueológicos e históricos, pero únicamente en cuanto a las labores de investigación, toda vez que los aspectos relativos a la propiedad de los bienes arqueológicos e históricos sumergidos están determinados por el derecho internacional sobre el mar, con independencia de si se encuentra en zonas de mar patrimonial o zonas de mar libre.

• Para no incurrir en una denominación que no corresponda a las características señaladas en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, propone hacer una referencia directa a los bienes a los cuales se pretende incorporar al régimen de preservación e investigación que cumplen con la condición del interés nacional conforme a su contexto arqueológico o histórico. Esto es, se les enuncia conforme a su naturaleza: rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente; buques, naves o cualquier otro medio de transporte acuático o parte de estos, localizados en la zona marítima de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus cargamentos y demás contenidos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, junto con su contexto y entorno natural.

• Asimismo, propone facultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia como el organismo que emita las autorizaciones para la realización de trabajos de exploración o investigación, conforme a los términos que establece la propia ley federal para monumentos arqueológicos.

Señala la revisora que esta circunstancia permitirá establecer un control de parte de la autoridad, a fin de que los bienes arqueológicos o históricos sumergidos, sean objeto de trabajos, preferentemente, de instituciones de educación e investigación.

• Por último, que los integrantes de las comisiones dictaminadoras comparten la propuesta de los diputados, de incorporar como patrimonio cultural subacuático, los elementos incluidos en la definición de la convención, sin embargo, ello se hace con referencia a la figura de monumentos a efecto de facultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, como la instancia competente para proteger, preservar e investigar estos bienes. Es decir, se hace la equiparación de los bienes a la figura de monumentos arqueológicos e históricos porque la ley aplicable establece que el referido instituto, sólo es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

Consideraciones

Primera. Las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con las observaciones y propuestas de modificaciones hechas por la Cámara de Senadores, destacando la tarea de revisión y construcción de propuestas alternativas que contribuyen a fortalecer y consolidar el marco jurídico de preservación del patrimonio cultural; que para nuestra nación es factor de cohesión e identidad, por tanto, de interés social y nacional introducir en el marco normativo, previsiones adecuadas para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la nación.

Segunda. Las comisiones dictaminadoras estiman que lejos de rechazar los contenidos de la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de origen, el ánimo de la colegisladora, manifestado de manera reiterada en diversas consideraciones, es de coincidencia y acuerdo con los contenidos fundamentales de la referida minuta, por lo que aun con las diversas modificaciones que propone, se mantiene su esencia y agregan valor y precisión a sus contenidos, por tanto, que son pertinentes y aceptables las adecuaciones para hacer efectiva la actuación y reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia como autoridad en la materia, a través de hacer extensivas al patrimonio cultural sumergido las disposiciones sobre monumentos arqueológicos e históricos en cuanto a labores de preservación e investigación.

Estas dictaminadoras, coinciden con los argumentos de la colegisladora, en que los aspectos de propiedad de bienes arqueológicos e históricos sumergidos, está determinada por el derecho internacional sobre el mar, con independencia de si se encuentra en zonas de mar patrimonial o en zonas de mar libre.

Tercera. La Cámara revisora manifiesta coincidencia con la de origen, en la procedencia de hacer una referencia directa a los bienes que se pretende incorporar, lo que además de encuadrarla a la luz de la fracción XXV del artículo 73 constitucional, se aplicarían dispositivos normativos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos a las previsiones que contemple el artículo 28 Ter. Y por consecuencia, se facultaría al Instituto Nacional de Antropología e Historia a emitir las autorizaciones para la realización de trabajos de exploración e investigación, así también lograría mayor control por las razones apuntadas por la colegisladora.

En consecuencia, se circunscribiría a la adición del artículo 28 Ter.

Cuarta.Por lo que hace a las observaciones que realizó la Delegación de Profesionistas Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, referidas en el antecedente 6, se estiman improcedentes, en lo que se refieren al artículo 28 Ter, atendiendo a las consideraciones de la colegisladora, a las modificaciones propuestas por ella y asumidas por estas dictaminadoras, en términos de las consideraciones primera, segunda y tercera del presente dictamen.

En efecto, estas comisiones dictaminadoras consideran que, contrariamente a lo señalado por la delegación referida, el artículo 5 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no establece de forma oficiosa que el patrimonio subacuático está comprendido en la protección de la misma ley. Antes bien, el artículo referido establece que serán monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esa ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

Luego entonces, es evidente que, como lo señala la colegisladora, al no existir en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos el señalamiento relativo al patrimonio subacuático, se requiere la reforma a la misma para que quede debidamente protegido.

De igual forma, en el artículo 36 de la ley de la materia no se establece que los “buques, naves o cualquier otro medio de transporte acuático o parte de estos localizados en las zonas marinas de los Estados Unidos Mexicanos” sean monumentos históricos, como desacertadamente lo pretende la Delegación de Profesionistas Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural, ya que estos son los siguientes:

a)Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas rurales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive;

b)Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las casas curiales;

c)Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país; y

d)Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría, mediante la declaratoria correspondiente.

Conclusiones y acuerdo

Por las razones expuestas y debidamente fundadas, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, aprueban el siguiente

Decreto que adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Artículo Único.Se adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 28 Ter. Las disposiciones sobre preservación e investigación en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos serán aplicables a los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos. Su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de estados extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

Las autorizaciones para realizar investigación y exploración de los bienes a que se refiere el primer párrafo, se sujetarán a lo establecido en el artículo 30 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de abril de dos mil catorce.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Ángel Alain Aldrete Lamas (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica en abstención y a favor), Alejandro Sánchez Camacho, Ana Paola López Birlain (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz la diputada María Carmen López Segura. Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos de Coatepec Harinas, estado de México. Invitados por el diputado Gerardo Hernández Tapia. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

La diputada María Carmen López Segura:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada María Carmen López Segura: Compañeros legisladores, con el paso del tiempo algunas edificaciones, paisajes e incluso ciudades enteras han sido devoradas por océanos y mares. Lugares y objetos que ahora son considerados patrimonio cultural subacuático, con características propias que pueden revelarnos aspectos del pasado de una nación que aún no se conoce.

El Ejecutivo federal ha suscrito diversos tratados internacionales en pro de la preservación del legado cultural bajo la figura de monumentos o zonas de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos. Ejemplo de ello es que el 5 de junio de 2006, se suma a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esto es la Unesco.

Las diputadas y los diputados de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y de Cinematografía, conscientes de la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural subacuático, presentamos el pasado 20 de marzo de 2013, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, el cual fue aprobado por esta honorable asamblea y enviado a la colegisladora.

En la minuta del Senado de la República se propone modificar el proyecto de decreto a partir de considerar los cuidadosos comentarios hechos por la colegisladora. Establecen términos de equiparación específicamente para aquéllos asuntos que es posible armonizar con la legislación internacional sobre el derecho del mar y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.

Asimismo, propone hacer una referencia directa a los bienes a los cuales se pretende incorporar al régimen de preservación e investigación que cumple con la condición del interés nacional, conforme a su contexto arqueológico u histórico. Es decir, enunciarlos conforme a su naturaleza, rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural histórico u arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos y que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente. Buques, naves o cualquier otro medio de transporte acuático o parte de eso, localizados en la zona marítima de nuestro país, así como cargamentos y demás contenidos que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente de forma periódica o continua, junto con su contexto y entorno natural.

Ese tema, compañeros diputados, posiblemente no llame su interés porque es parte de las Comisiones de Cultura y de Educación, pero créanme que las Comisiones de Cultura y de Educación le apuestan a estos rubros para sacar a nuestro país del rezago cultural, económico y social. Desde luego que agradecemos la atención de los que sí están escuchando.

Las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente en las observaciones y propuestas de modificaciones hechas por la Cámara de Senadores, destacando la tarea de revisión y construcción de propuestas, alternativas que contribuyen a fortalecer y consolidar el marco jurídico y la preservación del patrimonio cultural.

Es por ello que estimamos que lejos de rechazar los contenidos de la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de origen, el ánimo de la colegisladora manifestado de manera reiterada en diversas consideraciones, es la coincidencia y acuerdo con los contenidos de la referida minuta, por lo que aun con las diversas modificaciones que propone, se mantiene su esencia y agregan valor y precisión a sus contenidos, por tanto son pertinentes y aceptables las adecuaciones que se proponen.

Por los antecedentes y motivos expuestos, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía solicitamos a este honorable pleno que sea votado a favor el presente dictamen a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales subacuáticos, devuelto por el Senado de la República. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

Presidencia del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada López Segura. Está a discusión en lo particular y en lo general. Tiene el uso de la voz para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, la diputada Dora María Talamante Lemas.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado mexicano se traduce por la multiplicidad de formas de expresión que nos distinguen de las demás naciones del mundo, situación que nos hace un pueblo único a los ojos del exterior.

La riqueza y la diversidad de nuestro patrimonio cultural nos convierte en un atractivo para los estudiosos y especialistas, quienes están en la búsqueda de nuevas zonas arqueológicas, monumentos o vestigios de las culturas prehispánicas.

Por la importancia que tienen estos descubrimientos para nuestra identidad, tenemos la obligación de fortalecer la protección del patrimonio cultural como un bien tutelado y de interés de la nación.

El Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales sobre la preservación del patrimonio cultural e histórico, incluso ha logrado que herencias consideradas intangibles, como las relacionadas a los ritos, celebraciones o a la herencia gastronómica sean consideradas bienes culturales de la humanidad por su importancia, como deben ser también preservados.

Bajo este entendido, hemos perfeccionado nuestras normas para salvaguardar los vestigios que nos ofrecen respuestas en este andar a través del tiempo como personas, pueblos, culturas y naciones.

Consciente de esto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad de legislar sobre aquellos vestigios fósiles y monumentos cuya conservación sea de interés nacional.

La dictaminación de las tres iniciativas que hoy nos ocupan tiene la firme convicción de preservar el legado que hemos recibido como nación de los pueblos que se han desarrollado a través del tiempo en el territorio nacional, y como parte de esta conciencia estamos obligados a preservarlo.

La minuta regresada del Senado al proyecto que adiciona al artículo 28 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos busca atender consideraciones expresadas por esta representación para preservar los vestigios del proceso humano depositados en el lecho marino, parte del territorio nacional que estaba desprotegido en la norma.

La propuesta surge de la necesidad de atender actividades que hace algunas décadas comenzaron en las costas mexicanas, pues algunas exploraciones marítimas culminaron en saqueos de la riqueza y la destrucción de los vestigios, sobre todo porque como país contamos con 3.1 millones de kilómetros cuadrados de zona exclusiva marítima.

La otra dictaminación tiene que ver con la detención del tráfico ilícito de piezas y objetos arqueológicos e históricos, pues sólo en el 2013 se reportó la recuperación de más de cinco mil objetos, entre los que se contabilizaron vestigios arqueológicos y de arte sacro, tanto de sitios arqueológicos como de iglesias mexicanas.

Es por esto que tipificamos en el Código Penal Federal el delito de la comercialización de objetos arqueológicos o históricos robados, con sanciones que van de tres a 12 años de prisión y multas de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que son términos actuales que van desde 67 a los 200 mil pesos, muy distinto al límite actual que es máximo de 15 mil pesos en el texto vigente.

Asimismo, homologamos la ley con las disposiciones internacionales para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, vigente desde 1973.

Con ello abonamos a salvaguardar la riqueza cultural que tenemos en los más de cuatro mil sitios arqueológicos y 115 monumentos históricos a lo largo y ancho del país.

El último proyecto en la materia tiene que ver con la garantía de audiencia de los afectados con sus bienes que son declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos. Al atender esta realidad actualizamos el marco jurídico y establecemos el procedimiento certero que permite brindar seguridad contra los actos de las autoridades y de particulares que tengan un interés sobre el bien que se pretende declarar.

Estimadas diputadas y diputados: la dictaminación de estos tres proyectos atiende a temas importantes en materia de preservación del patrimonio artístico, cultural e histórico de nuestra nación.

La sensibilidad de dotar de certeza jurídica a los actos que se realizan y sancionar las malas prácticas sin duda redundará en la preservación de los vestigios del pasado mexicano con las futuras generaciones.

Por las consideraciones antes mencionadas, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor de los presentes proyectos debido a que estamos seguros de que con ello protegemos y preservamos nuestro patrimonio y bienes culturales que nos brindan identidad como mexicanos. Por su atención. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Talamante Lemas.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a maestros y padres de familia de niños y niñas quienes participaron en el Parlamento Infantil: Buscando ser diputado federal del estado de Nuevo León, en el municipio de Guadalupe, invitados por el diputado Alfonso Robledo, del Partido Acción Nacional. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la voz, la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. La minuta que hoy discutimos constituye un acontecimiento de muchas formas alentadoras, ya que en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de generar y aprobar cambios normativos que fomenten prácticas jurídicas eficaces que promuevan la protección de nuestros bienes culturales.

El patrimonio cultural subacuático, por su misma naturaleza y contexto se encuentra fuera del alcance y observancia acostumbrada, que podría tener cualquier construcción histórica o restos de carácter arqueológico.

Por ello mismo, tradicionalmente se han encontrado también fuera de la protección de nuestras leyes federales en esta materia. No sería sino hasta el año 2009, por obligaciones contraídas del Estado mexicano, que cobraría forma en la ejecución de normas y estándares internacionales contenidos en los instrumentos internacionales complementarios, como fue el caso de nuestra adhesión a la Convención para la Protección del Derecho Cultural Subacuático.

La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático parte de un suceso novedoso a nivel mundial, el creciente entusiasmo e interés del público por gozar de los beneficios educativos y recreativos de los bienes culturales subacuáticos y la necesidad, por lo mismo, de establecer un acceso responsable a dichos bienes amenazados por las crecientes actividades de explotación comercial sin regulación y autorización.

La creciente explotación comercial con fines de venta alentada por la disponibilidad de la tecnología de punta que facilita el descubrimiento y acceso a esos bienes, requiere de normas más rigurosas y criterios rectores uniformes que impidan el creciente saqueo.

Restos de navíos y las ruinas de edificios hundidos en el mar están cada vez más amenazados. Este patrimonio ya no está fuera del alcance de los cazadores de tesoros, muchos sitios arqueológicos subacuáticos ya han sido presa del pillaje y robos de gran envergadura.

La explotación comercial de sitios históricos sumergidos y la consecuente venta de artefactos constituyen una retorcida vocación de lo que sucedió por muchos años con incontables sitios arqueológicos ubicados en tierra.

Estos piratas modernos, llamados comúnmente “cazadores de tesoros” crecen día a día, sobre todo en países que cuentan con recursos suficientes y alta tecnología, decenas de ellos poseen grandes empresas con sofisticados equipos de rastreo y se sienten atraídos especialmente por los beneficios económicos que representan los objetos extraídos de los cargamentos de los navíos, y en algunas ocasiones los beneficios son colosales.

Las piezas arqueológicas e históricas que se sustraen indebidamente se comercializan en casas de subastas prestigiosas de las grandes metrópolis que en seguida organizan ventas millonarias. La insuficiencia de las legislaciones y los derechos de soberanía de los estados permiten a los cazadores de tesoros continuar sus actividades y exportar artefactos y bienes con propósitos puramente comerciales en total desprecio por la pérdida que ocasionan a la ciencia, a la historia y a la humanidad.

Los sitios arqueológicos que yacen en ríos, lagos o fondos marinos constituyen una enorme fuente de información sobre la vida de nuestros antepasados, y por lo tanto un legado histórico y cultural inapreciable. Desafortunadamente la cacería de tesoros es una actividad muy lucrativa y miles de cazadores de tesoros desvalijan los objetos de sus conjuntos originales para venderlos a coleccionistas inconscientes.

En México el patrimonio cultural se encuentra protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y el patrimonio subacuático sólo se resguarda mediante la suscripción y ratificación de tratados internacionales.

Pero estas disposiciones legales no alcanzan a proteger la oleada de saqueos y actos de vandalismo en cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas en mares, ríos, lagos, cenotes y cuevas, que forman parte de la riqueza cultural de la nación.

En nuestro país existen varios enclaves subacuáticos de enorme valor cultural, como lo son: el manantial de la Media Luna, en San Luis Potosí; estructuras mayas, en la costa oriental de la península de Yucatán; el arrecife Chitales, en Cancún, Quintana Roo; o el arrecife Cayo Nuevo, en el Golfo de México, en donde según estimaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia existen más de 250 embarcaciones hundidas.

Se cree que en el fondo de los océanos del planeta yacen diseminados más de 3 millones de objetos de navíos naufragados, aún por descubrir. Solamente en América del Norte se han registrado más de 65 mil pérdidas de navíos desde el año 1500 hasta nuestros días.

En México, por las mismas insuficiencias económicas e institucionales que padecemos, no contamos con un catálogo confiable que registre el enorme patrimonio que yace bajo las aguas de nuestro territorio. No obstante, nuestro pasado histórico, prehispánico y colonial presume la existencia de riquezas culturales formidables que deben ser rescatadas y protegidas.

El dictamen no sólo describe las bondades y la importancia de aprobar la minuta en comento, sino que además establece adecuaciones que la vuelvan más eficiente en su implementación. Así, además de adicionar con toda claridad y precisión un artículo que establece la regulación de los hallazgos y su proceso de notificación a las autoridades competentes, así como las sanciones aplicables a quienes infrinjan la norma. Todo ello, sin duda alguna, en beneficio del espíritu de la iniciativa misma.

En virtud de las bondades que supone para la salvaguarda y protección de una parte importante de nuestro patrimonio cultural, tradicionalmente olvidado, es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. También Movimiento Ciudadano se solidariza con Enedina, Juan Carlos y Abraham, presos políticos en Puebla. Exigimos su liberación inmediata. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Huidobro. Tiene el uso de la voz la diputada Judit Magdalena Gurrero López, para fijar postura en representación del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su venia, presidente. Señoras legisladoras, señores legisladores, sin duda uno de los elementos indispensables para determinar la identidad de un país radica en la riqueza de su historia y cultura, comprendida por sus valores tangibles e intangibles, como son: las costumbres y las manifestaciones artísticas e históricas de sus antepasados.

En este sentido nuestro país es considerado como una nación megacultural debido a la gran diversidad de culturas en todo el mundo que se amalgama en la nuestra. Por eso ese legado paleontológico, arqueológico e histórico que aún hoy en día con el paso del tiempo sigue subsistiendo en nuestro territorio.

Los dictámenes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y cinematografía, a través de las cuales se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos tiene por objeto refrendar el compromiso del Poder Legislativo con la preservación del patrimonio cultural de nuestro pueblo.

En cuanto al primero de los dictámenes, referente a la inclusión del derecho de audiencia en la ley en comento, se debe observar que para que un inmueble pueda ser definido como un monumento artístico o histórico es necesario que sea declarado como tal a través de la substanciación de un procedimiento cuya expedición podrá ser realizado de oficio o a petición de parte, uno de los elementos más relevantes es la intervención de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos artísticos, la cual tendrá por objeto emitir su opinión a la autoridad competente sobre la expedición de declaratorias de monumentos artísticos, lo cual podrá determinar el valor estético relevante en un bien inmueble.

Sin embargo, por lo que hace al referido procedimiento se han detectado ciertas inconsistencias provocando diversos debates, principalmente en relación al derecho de audiencia como una garantía constitucional.

En afán de subsanar dichas inconsistencias, coincidimos en que resulta necesario actuar inicialmente bajo la premisa establecida en el artículo 1o. de la Constitución Política, que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que a partir de ello se definan e unifiquen los medios de impartición de justicia para garantizar, entre otras cosas, la certeza jurídica para los gobernados.

Por otra parte, hoy también se discute una reforma de ley en comento, cuya finalidad es fortalecer la protección del patrimonio cultural a través de la consecuente sanción de aquellas acciones de los seres humanos que atenten contra del mismo. Lamentablemente cada día son más los delitos cometidos en perjuicio de estos centros, bienes, monumentos y zonas arqueológicos, acciones delictivas que se ven apoyadas por la falta de sanciones definidas y ejemplares, acordes a su relevancia histórica y artística.

Derivado de esto, la fracción parlamentaria del Partido Verde coincide en la necesidad de hacer una revisión y ajuste del catálogo de delitos, las sanciones económicas y las penas corporales con la intención de disuadir y corregir las acciones negativas en contra de los mismos.

Para ello resulta inminente definir alternativas que contribuyan al fortalecimiento y consolidación del marco jurídico que garantice la preservación del patrimonio cultural de nuestro país.

Finalmente, en referencia al tercer dictamen, se debe observar que nuestro país posee un vasto patrimonio cultural subacuático, entendido éste de acuerdo a la Convención de la UNESCO sobre la protección del mismo, como todos aquellos rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua o por lo menos durante 100 años.

La UNESCO ha manifestado su preocupación por el sensible aumento de los casos de saqueo y destrucción del patrimonio cultural de la humanidad. Por las razones anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, con la finalidad de brindar una mayor protección al patrimonio cultural subacuático de la nación, votó en marzo del año pasado a favor del decreto con el cual se adiciona el artículo 28 Ter, un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47, de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Ahora bien, el artículo 28 Ter del decreto en cuestión, luego de ser sometido al proceso de análisis correspondiente por la colegisladora, se le adicionó un párrafo cuya intención es facultar al INAH como la instancia competente para proteger, preservar e investigar los bienes culturales subacuáticos, con lo cual se hace la equiparación de este tipo de bienes a la figura de monumentos arqueológicos e históricos, a efecto de no dejar ningún vacío en la legislación aplicable que obstaculice la adecuada protección de los bienes que se busca tutelar.

Por todo lo anterior señalado, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista irá a favor de los tres dictámenes ahora propuestos. Es cuanto, señor presidente y a su consideración, señoras y señores legisladores.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Guerrero López.

No habiendo más oradores registrados y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutir en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Diputado González Morfín, su voto, ¿en qué sentido?

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:A favor. Está abierto el sistema todavía, compañeras y compañeros, todavía pueden votar en su curul.

Ciérrese el sistema electrónico de votación electrónica. Se emitieron 450 votos en pro, 2 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 450 votos el proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales subacuáticos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE DERECHO DE AUDIENCIA

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, les fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia, enviada por la Cámara de Senadores de conformidad con lo establecido en el Apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de febrero de 2014.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía elaborar el dictamen a la minuta turnada, lo cual se hace de acuerdo a los siguientes apartados: Antecedentes, Contenido de la minuta, Consideraciones, Conclusiones y Acuerdo.

Antecedentes

1. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, por el cual se devuelve a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias.

2. Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitaron a la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, mediante el oficio número CCC/LXII del 14 de diciembre de 2012.

La Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0710 Exp. 7402 LXI Leg., resuelve y autoriza la prórroga, encontrándose el asunto turnado en plazo vigente para su dictamen.

3. Con fecha 24 de febrero de 2011, fue presentada la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 23 y 34 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por la Diputada Gabriela Cuevas Barrón del Grupo Parlamentario del PAN.

4. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía mediante el expediente número 3991.

5. Con fecha 27 de septiembre de dos mil once, la diputada Ana Luz Lobato Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en nombre y representación de diversos diputados de los diferentes grupos parlamentarios, en su carácter de diputada integrante de la LXI Legislatura, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

6. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la Iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía mediante el expediente número 5434.

7. Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía aprobaron el Dictamen correspondiente, en la sesión del 27 de febrero de 2013.

8. El 20 de marzo de 2013, el Pleno de esta Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de Proyecto de decreto correspondiente y, en la misma fecha, se turnó al Senado de la República, con la siguiente redacción del decreto:

Minuta con proyecto de decreto

Artículo 5o. ...

El presidente de la República, o en su caso el secretario de Educación Pública, previo procedimiento establecido en el artículo 5 Bis de la presente ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5o Bis. La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente ley se sujetará al siguiente procedimiento, y se expedirá previa audiencia que se conceda a los interesados para que manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten pruebas y alegatos, de conformidad con lo siguiente:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte; tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los siguientes requisitos:

a. El nombre, denominación o razón social de quien o quienes la promuevan, y en su caso, de su representante legal.

b. Domicilio para recibir notificaciones.

c. Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones.

d. Información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la petición de declaratoria.

e. Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés legítimo, en caso de que los hubiere.

f. Hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

II. Dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el instituto competente emitirá un acuerdo de inicio de procedimiento de declaratoria, en caso de que se hayan cumplido los requisitos señalados en la presente fracción; en caso contrario se prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro de un término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación del mismo. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado.

Tratándose de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, previo a la emisión del Acuerdo, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes enviará la solicitud a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos. En caso de que la Comisión emita opinión favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá a emitir el acuerdo. En caso contrario el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente.

El procedimiento de oficio iniciará con el acuerdo a que se refiere esta fracción, en el caso de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, deberá contar con la opinión favorable de la comisión.

III. El acuerdo se notificará personalmente al promovente y a quienes pudieran tener interés legítimo.

IV. Tratándose de declaratorias de zonas de monumentos o cuando se desconozca la identidad o domicilio de quien tenga interés legítimo en un bien que se pretende declarar como monumento, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del Acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación nacional y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

V. Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación del acuerdo o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

VI. Transcurrido el plazo referido en la fracción previa, el Instituto competente enviará al secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de un plazo de treinta días hábiles.

VII. Tratándose de una declaratoria que corresponda expedir al secretario de Educación Pública, éste tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por conducto del Instituto competente y en su caso expedir la declaratoria.

Tratándose de una declaratoria que corresponda expedir al presidente de la República, el secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente en un plazo de noventa días hábiles. El presidente de la República tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por conducto del instituto competente y en su caso expedir la declaratoria.

Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VIII. Las resoluciones a que se refiere este artículo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

IX. Durante la tramitación del procedimiento, el presidente de la República o el secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular de Instituto competente, o el Instituto que conozca del procedimiento, podrán dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, de conformidad con esta ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su Jurisdicción, en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. ...

La opinión de la comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

...

...

Artículo 34 Bis. ...

...

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un Acuerdo de Inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o Bis de la presente Ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Tercero. Los procedimientos de declaración que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, se resolverán en los términos del texto vigente de la Ley al momento de su iniciación.

9. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones de Cultura y Estudios Legislativos, Primera, el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratoria para su estudio y dictamen.

10. El 22 de octubre de 2013, las Comisiones de Cultura y Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República emitieron el dictamen correspondiente en el cual determinaron reformar la minuta enviada por la colegisladora. Este dictamen fue aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores y remitido a su homóloga de Diputados para los efectos constitucionales mediante oficio DGPL-2P2A.-443 del 11 de febrero de 2014. El decreto aprobado por la colegisladora es el siguiente:

Minuta

Proyecto de Decreto

Artículo 5o. ...

El presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento establecido en los artículos 5 Bis y 5o. Ter de la presente ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5o. Bis. En los procedimientos de declaratorias que se inicien a petición de parte, la solitud respectiva deberá presentarse ante el Instituto competente y reunir los siguientes requisitos:

a. El nombre, denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan y, en su caso, de su representante legal;

b. Domicilio para recibir notificaciones;

c. Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones

d. La información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la petición de declaratoria

e. Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés jurídico, si los conociere, y

f. Los hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

Artículo 5o. Ter. La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente ley se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el presidente de la República o el secretario de Educación Pública, por conducto del titular del Instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante este último.

Tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los requisitos señalados en el artículo que antecede, en cuyo caso se admitirá a trámite. En caso contrario, dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Instituto competente prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado.

II. El acuerdo de inicio de procedimiento de declaratorias de monumentos se notificará personalmente a quienes pudieren tener interés jurídico y, en su caso, al promovente con un resumen del acuerdo. Tratándose de declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria y en uno de mayor circulación nacional, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, previo a la notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura enviará el expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión Nacional emita opinión favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá en los términos establecidos en esta fracción. En caso contrario, el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente por la autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto competente. Si se tratara de una declaratoria seguida a petición de parte, el Instituto notificará la resolución al promovente dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que ésta se emita, concluyendo así el procedimiento.

III. Los interesados tendrán un término de quince días hábiles a partir de la notificación o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de en un plazo de treinta días hábiles.

V. Recibido el expediente por el Secretario de Educación Pública, si se tratara de una declaratoria que le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del titular del Instituto competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VI. Las resoluciones a que se refiere la fracción anterior únicamente podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

VII. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, podrá dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, en términos de esta ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El presente procedimiento no será aplicable en el caso previsto en el artículo 34 Bis de esta ley.

Para lo no previsto en la presente ley se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 5o. Quáter. En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, diferentes a los señalados en el artículo anterior, la garantía de audiencia se otorgará conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción, en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. ...

La opinión de la comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

...

...

Artículo 34 Bis. ...

...

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un acuerdo de inicio de procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o ter de la presente ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

11. En la sesión del 13 de febrero de 2014, se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores referido en el numeral que precede y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía.

12. El 26 de marzo de 2014, se recibió el oficio CEN/119-2012, del 25 de abril de 2012, emitido por la Delegación de Profesionistas Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el cual se realizaron las siguientes observaciones al proyecto que se dictamina:

Primero. Referente a su propuesta señalada como Artículo 5°. Ter. Señalamos que reconocemos el legítimo derecho a la audiencia que es mandato Constitucional, sin embargo en su planteamiento es ambiguo qué (sic.) es lo que procede posterior a que se presenta apelación por parte de los propietarios, no se especifica cuál será el procedimiento para que el Presidente de la República posteriormente cuente con un dictamen científicamente fundado emitido por especialistas posterior a la apelación, a fin de que el resolutivo este (sic.) perfectamente bien fundamentado, este punto no está (sic.) desarrollado en la propuesta y es procedente e indispensable precisarlo y desarrollarlo. Una alternativa podrá ser enlazarlo con lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para la emisión de este tipo de decretos o mandatos administrativos que devuelve a los especialistas la valoración del dictamen inicial a la luz  de los elementos aportados en la audiencia del posible afectado; o bien que se formule de manera explícita en el texto de la propia propuesta de procedimiento de emisión de Declaratoria a fin de que el procedimiento atienda con precisión y de manera específica en la propia declaratoria evitando posibles ambigüedades al referirse a un procedimiento de otra ley.

No omitimos asentar que el presidente de la República y el secretario de Educación Pública estas declaratorias no las emiten en la figura de acuerdo sino decreto como se señala en el artículo 37 Capítulo IV De las declaratorias en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Contenido de la minuta

- La minuta que se dictamina señala que el proyecto de decreto, versa sobre uno de los temas de mayor debate desde la entrada en vigor de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y que se refiere al derecho de audiencia establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por razones de orden operativo, la legislación que regula la protección del patrimonio cultural únicamente considera el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares de inscribir los monumentos de su propiedad en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (segundo párrafo del artículo 23), sin embargo, los propietarios o poseedores de bienes muebles o inmuebles quedan impedidos de exponer lo que a su derecho convenga ante la autoridad en la materia, respecto de los demás actos con motivo de la emisión de los distintos tipos y modalidades de declaratorias de monumentos que involucren bienes de su propiedad, cuyos efectos implican en todos los casos la imposición de modalidades de uso, aprovechamiento y traslado de dominio, a efecto de garantizar su conservación.

- La minuta destaca que esta omisión de la ley ha propiciado la promoción de distintos juicios de garantías en el seno del Poder Judicial de la federación, el cual en dos ocasiones ha fallado sobre la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la misma, precisamente por carecer de un procedimiento que garantice el derecho de audiencia, dejando sin efectos actuaciones de la autoridad tomadas al amparo de la ley.

- Bajo esos argumentos, en la minuta se invocan los criterios sustentados por el Poder Judicial de la federación con rubros: “Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Ley Federal sobre. Es violatoria de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional”, “Monumento histórico. E l decreto a través del cual se declara como tal determinado bien inmueble, sin que previamente se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, ni se establezca recurso o procedimiento alguno para impugnar dicha declaratoria, infringe la garantía de audiencia”, “formalidades esenciales del procedimiento. son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo”, “audiencia, garantía de. Obligaciones del Poder Legislativo frente a los particulares”, “audiencia, garantía de, materia administrativa”, “audiencia, garantía de. Obligaciones del Poder Legislativo frente a los particulares” y “artículo 14 constitucional, garantía del”.

- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras en el Senado de la República coincidieron en el sentido de reordenar el procedimiento establecido por esta Cámara de Diputados en el artículo 5° bis original, relativo a los términos del procedimiento y queden firmes los requisitos de las solicitudes que se originen a petición de parte y precisar que, cuando se rechaza una solicitud a petición de parte, no es necesario emitir un acuerdo, además de ajustar los conceptos de interés jurídico e interés legítimo señalados en el procedimiento de la Cámara de Diputados.

- También se consideró que la emisión de declaratorias no es el único acto de autoridad que llevan a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en materia de preservación de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en virtud de que también se otorgan permisos y autorizaciones, así como notificaciones y resoluciones respecto de otros actos de autoridad, como la suspensión de obras, demoliciones o labores de salvamentos, que atienden situaciones de riesgo de bienes culturales. Desde esta perspectiva, las Comisiones del Senado se la República fueron de la opinión que el Proyecto de Decreto representaba la oportunidad de incluir la referencia a que cualquier acto de autoridad del INAH y del INBA pueda ser recurrido a través de los medios jurídicos contemplados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Consideraciones

Primera. Las diferencias entre los proyectos de las dos Cámaras del Congreso de la Unión se muestran en el siguiente cuadro:

Segunda. Conforme al artículo 72, Apartado E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.

Al tenor de lo anterior, estas Comisiones Unidas se constreñirán al análisis de las modificaciones que realizó la Cámara de Senadores a la minuta ya aprobada por esta Soberanía, en los siguientes términos:

Tercera. Estas comisiones unidas coinciden con el Senado de la República en la conveniencia de ampliar el significado del Proyecto de Decreto original para que se respete el derecho de audiencia en cualquiera de los actos que se emitan a la luz de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Lo anterior, considerando que, conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Igualmente ese numeral establece la obligación que también comprende al H. Congreso de la Unión de prever que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por ello, se concluye que efectivamente es procedente la propuesta de la Colegisladora en cuanto se ampliará el respeto al derecho de audiencia a todos  los actos de molestia que se emitan al amparo de  la Ley Federal que se reforma.

Cuarta. Cabe señalar que no sólo el artículo 14 Constitucional y las tesis invocadas en las Minutas de las dos Cámaras del Poder Legislativo Federal, prevén el derecho de audiencia, sino que éste se encuentra también establecido en tratados internacionales en los que México es parte, como son los siguientes:

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 14 (1) establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, por lo cual toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones.

- Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 8 (1) establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley.

Derivado del referido mandato constitucional y el contenido en los Tratados Internacionales, estas Comisiones Unidas consideran que es adecuada la propuesta del Senado de la República y que, consecuentemente con ello, se debe aprobar la reestructuración de la Minuta que emitió el Pleno de esta Cámara de Diputados, en virtud de que de esa forma se despliega una mayor protección para los seres humanos, en aplicación del principio pro persona y en beneficio de los mexicanos.

Ello es compatible y concordante con los propósitos contenidos en el Dictamen aprobado en la Cámara de origen, de enriquecer el marco de preservación a los derechos humanos, específicamente con la ampliación del respeto al derecho de audiencia, a todos  los actos de molestia que se emitan al amparo de la Ley Federal que se reforma.

Quinta.Por lo que hace a las observaciones que realizó la Delegación de Profesionistas Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, referidas en el antecedente 12 de este dictamen, cabe referir que, tal y como se sugiere, el derecho de audiencia deberá desahogarse en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

A mayor abundamiento, el artículo 1 de la ley federal en cita establece que sus disposiciones se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Las excepciones que se establecen en el mismo artículo no incluyen la materia de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

De esa forma, se concluye que no es necesario modificar la minuta que se dictamina ya que le es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para sustanciar el derecho de audiencia, como lo señala el propio artículo 5 Quater que se propone adicionar, como se desprende de su transcripción:

Artículo 5o. Quáter. En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, diferentes a los señalados en el artículo anterior, la garantía de audiencia se otorgará conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Sirve de apoyo a lo antes razonado la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Abril de 2003, página 1142, que en su literalidad reza:

Supletoriedad. Régimen establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El régimen de supletoriedad que establece el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es singular, pues, a diferencia del clásico, no es la norma especial la que prevé la aplicación de la norma supletoria, sino que una norma general e integradora, como la que nos ocupa, es la que, por disposición expresa del legislador, prevé la aplicación supletoria del ordenamiento al que pertenece, a las diversas leyes administrativas federales.

Revisión fiscal 278/2002. Subdirector de Recursos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas. 16 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.

Revisión fiscal 296/2002. Subdirector de Recursos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas. 30 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

Igualmente se invoca, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1539, que reza:

Escuela Nacional de Antropología e Historia. Para la validez de la notificación de la expulsión definitiva de uno de sus alumnos debe acudirse a las reglas establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La interpretación conjunta y sistemática de los artículos 50 y 59 del Reglamento General Académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que rigen internamente a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, revela que la expulsión definitiva de uno de sus alumnos será acordada por la Comisión de Justicia del Consejo Técnico y notificada y aplicada por el director de dicha escuela. Ahora bien, como ese reglamento no establece la forma en que deberá practicarse esta notificación, para su validez debe acudirse a las reglas establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que la mencionada escuela, al depender de la Secretaría de Educación Pública, es parte integrante de la administración pública federal, de conformidad con los artículos 1o. y 5o. del indicado reglamento, en relación con los numerales 1 y 2, apartado B, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y 1 de la citada ley, esto es, debe practicarse con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado; el notificador debe cerciorarse que se trata de éste, entregarse copia del auto que se comunica, señalarse la fecha y hora en que se efectúa la notificación, recabarse el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia y, si ésta se niega, hacer constar dicha circunstancia en el acta respectiva.

Amparo en revisión 145/2009. Pedro Gilberto Pacheco López. 24 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretaria: Claudia Alejandra Alvarado Medinilla.

Sexta. En el cuadro comparativo que se contiene en este Dictamen se concluye que la mayoría de los cambios que realiza el Senado de la República consisten en crear los artículos 5 Ter y 5 Quater, que se propone adicionar a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con base en los contenidos normativos que tenía el artículo 5 Bis que aprobó esta Cámara de Diputados.

Así, la propuesta del Senado de la República es racional y benéfica para la población mexicana a la vez que adopta en gran medida y armoniza con la minuta aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados.

Conclusiones y acuerdo

Por las razones expuestas y debidamente fundadas, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía aprueban el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 5o., segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 5o. Bis, 5o. Ter y 5o. Quáter, todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Artículo Único. Se reforman los artículos 5o., segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 5o. Bis, 5o. Ter y 5o. Quáter, todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como siguen:

Artículo 5o. ...

El presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento establecido en los artículos 5o. Bis y 5o. Ter de la presente ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5o. Bis. En los procedimientos de declaratorias que se inicien a petición de parte, la solitud respectiva deberá presentarse ante el Instituto competente y reunir los siguientes requisitos:

a) El nombre, denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan y, en su caso, de su representante legal;

b) Domicilio para recibir notificaciones;

c) Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones

d) La información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la petición de declaratoria

e) Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés jurídico, si los conociere, y

f) Los hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

Artículo 5o. Ter. La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente ley se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el presidente de la República o el secretario de Educación Pública, por conducto del titular del Instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante este último.

Tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los requisitos señalados en el artículo que antecede, en cuyo caso se admitirá a trámite. En caso contrario, dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Instituto competente prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado.

II. El acuerdo de inicio de procedimiento de declaratorias de monumentos se notificará personalmente a quienes pudieren tener interés jurídico y, en su caso, al promovente con un resumen del acuerdo. Tratándose de declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria y en uno de mayor circulación nacional, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, previo a la notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura enviará el expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión Nacional emita opinión favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá en los términos establecidos en esta fracción. En caso contrario, el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente por la autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto competente. Si se tratara de una declaratoria seguida a petición de parte, el instituto notificará la resolución al promovente dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que ésta se emita, concluyendo así el procedimiento.

III. Los interesados tendrán un término de quince días hábiles a partir de la notificación o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de en un plazo de treinta días hábiles.

V. Recibido el expediente por el secretario de Educación Pública, si se tratara de una declaratoria que le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al presidente de la República, el secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del titular del Instituto competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VI. Las resoluciones a que se refiere la fracción anterior únicamente podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

VII. Durante la tramitación del procedimiento, el presidente de la República o el secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular del instituto competente, podrá dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, en términos de esta ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El presente procedimiento no será aplicable en el caso previsto en el artículo 34 Bis de esta ley.

Para lo no previsto en la presente ley se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 5o. Quáter. En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, diferentes a los señalados en el artículo anterior, la garantía de audiencia se otorgará conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción, en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. ...

La opinión de la comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

...

...

Artículo 34 Bis. ...

...

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un acuerdo de inicio de procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o. Ter de la presente ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Notas:

1 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Año XVII, número 3961-I, correspondiente al 13 de febrero de 2014, página 15 y siguientes.

2 Las materias en las que no es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo son: fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, y ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente es aplicable el título tercero A de esa ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de abril de dos mil catorce.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Ángel Alain Aldrete Lamas (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López, secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros, María del Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tania Rellstab Carreto (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Alejandro Sámchez Camacho.»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Margarita Saldaña Hernández, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Margarita Saldaña Hernández:Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, uno de los temas de mayor debate desde la entrada en vigor de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se refiere al derecho de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional.

Por razones de orden operativo, la legislación que regula la protección del patrimonio cultural únicamente considera el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares de inscribir los monumentos de su propiedad en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El pasado 20 de marzo de 2013, los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos. y de Cultura y Cinematografía propusimos ante este honorable pleno, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos, en materia de audiencia, a fin de subsanar omisiones en la legislación vigente sobre el tema, el cual fue aprobado y posteriormente turnado a la Cámara de Senadores para su revisión.

Entre las modificaciones que propone la colegisladora, se encuentra el cambio en el orden propuesto por la Cámara de origen en lo referente al procedimiento y así dejar firmes los requisitos de las solicitudes que se origen a petición de parte, para ello se propone la adición de los artículos 5 Ter y 5 Quáter.

Se sugiere que para la expedición de declaratorias se deberán de iniciar de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el presidente de la República o el secretario de Educación Pública, por conducto del titular del instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante éste último.

Plantea que en caso de que una propuesta sea desechada, se deberá notificar a los interesados dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de su emisión, a través del titular del instituto.

Asimismo, debido a las facultades con las que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en materia de preservación de los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, consideraron pertinente incluir la referencia de que cualquier acto de autoridad del INAH y del INBA puedan ser recurridos a través de los medios jurídicos contemplados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras, coincidimos con lo planteado por la Cámara revisora, en la conveniencia de ampliar el significado del proyecto de decreto original, para que se respete el derecho de audiencia en cualquiera de los actos que se emitan a la luz de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

De igual forma, consideramos que la propuesta de la colegisladora permite una mayor protección de los derechos humanos, específicamente con la ampliación del respeto al derecho de audiencia, así la propuesta del Senado de la República es racional y benéfica para la población mexicana, a la vez que adopta en gran medida y armoniza con la minuta aprobada por el pleno de esta Cámara de Diputados.

Por las razones expuestas y debidamente fundadas, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía solicitamos a este honorable pleno, sea aprobado el presente dictamen de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Saldaña Hernández.Está a discusión en lo general. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el diputado José Luis Valle Magaña, hasta por cinco minutos.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, el derecho de audiencia y defensa consiste en la garantía que todo individuo tiene, sometido a un procedimiento sancionatorio, de hacerse oír por el órgano del procedimiento, de traer al proceso toda la prueba que considere oportuna para respaldar su defensa, de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo y de hacerse asesorar por el profesional o profesionales que mejor estime pertinente.

Dicho derecho se encuentra contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme las leyes expedidas con anterioridad han hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen dicha disposición como un derecho elemental en la impartición de justicia y como parte fundamental en el debido proceso jurisdiccional.

El dictamen a discusión nos menciona que las leyes que regulan la protección del patrimonio cultural de México solo consideran el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares de inscribir los monumentos de su propiedad en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos o Históricos, dejando impedidos a aquellos propietarios o poseedores de bienes muebles e inmuebles, de exponer lo que a su derecho convenga ante la autoridad correspondiente.

Dicha omisión ha generado la promoción de múltiples juicios ante el Poder Judicial de la Federación por no considerar dentro de dicho procedimiento el derecho de audiencia consagrado en nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, nuevamente vemos cómo es la colegisladora quien se encarga de enmendarnos la plana. Las prisas y premura con que se aprueban reformas han propiciado vicios legislativos que repercuten, principalmente, en el deterioro de la justicia y en la constante violación a los derechos humanos de los ciudadanos.

No podemos permitir que las prisas por sacar adelante una agenda política nacional traigan como consecuencia malos trabajos legislativos y omisiones importantes en el camino hacia la consolidación democrática del país.

En este caso que la colegisladora es quien nos enmienda la plana y afortunadamente corrige un error por las prisas que se cometieron en esta soberanía, pero hay muchas otras reformas que están siendo enmendadas no por el Senado, sino por la población que está viviendo las consecuencias negativas en muchas de las reformas que por las prisas se han aprobado sin tomar en cuenta elementos básicos que convienen a la población.

De esta manera, incluir dentro de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos el derecho de audiencia, en cualquiera de los actos que se emitan, dotará de seguridad jurídica a todos aquellos propietarios o poseedores de bienes muebles e inmuebles para llevar a cabo un debido proceso y con estricto apego a la Constitución y a las normas internacionales en materia de derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Valle Magaña. No habiendo más oradores registrados y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprovecho la ocasión para dar la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados a ciudadanos del distrito 4o. y a alumnos de la carrera de administración procedentes de Querétaro. Invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): A favor.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 431 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 431 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE SANCIONES

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 a 55 y adiciona el 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía fue turnada la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55; y se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, enviada por la Cámara de Senadores de conformidad con lo establecido en el apartado E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de febrero de 2014.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, elaborar el dictamen a la minuta turnada, lo cual se hace de acuerdo a los siguientes apartados: Antecedentes, Contenido de la Minuta, Consideraciones, Conclusiones y Acuerdo.

Antecedentes

1.En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 20 de septiembre de 2011, la diputada Kenia López Rabadán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXI Legislatura presenta a nombre propio y de diputados de diversos grupos parlamentarios que también la suscriben, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.

2. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, por el cual se devuelve a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la de Cultura y Cinematografía, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.

3. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en su sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2013, aprobó dictamen con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, con 439 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Fue enviado el mismo día, como minuta proyecto de decreto, para los efectos constitucionales a la Cámara de Senadores con la siguiente redacción:

Minuta

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.

artículo Único.Se reforman los artículos 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; y 55, y se adiciona el artículo 53 Bis de la Ley Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

artículo 47.Al que por cualquier medio realice trabajos materiales de exploración arqueológica, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de cien a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

artículo 48.al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

artículo 49.Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico, histórico o artísticomueble, que comercie con él oque lo transporte, exhiba o reproduzca, sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

artículo 50.Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico, histórico o artístico mueble, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

artículo 51.Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con apego a la ley, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

artículo 52.Al que por cualquier medio,dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de cinco a doceaños, multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y el cargo del costo de la reparacióndel daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

artículo 53 Bis. Al que introduzca al territorio nacional bienes culturales considerados como patrimonio cultural artístico, histórico, arqueológico o paleontológico por el país de origen, sin que cuenten con el permiso correspondiente por parte de las autoridades competentes del Estado de origen, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

El bien de que se trate será incautado y se pondrá a disposición del país de origen.

artículo 55.Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.– México, DF, a 29 de abril de 2013.

4. En sesión ordinaria celebrada el 13 de febrero del 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta del oficio del Senado de la República, por el que se devuelve el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de Sanciones, para efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional.

5. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó como trámite a la Minuta de referencia regresada de la Cámara de Senadores, el turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente.

6. El 26 de marzo de 2014, se recibió en la Comisión de Cultura y Cinematografía el oficio CEN/119–2012, del 25 de abril de 2012, emitido por la Delegación de Profesionistas Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el cual señalan que se realizaron  observaciones al contenido que se dictamina. De cuatro páginas que consta el referido oficio, no incorporaron la página tres, que de la lectura del resto, se desprende que esa que falta, contiene la argumentación relacionada con observaciones sobre las sanciones, por lo que no fue posible proceder a su  análisis.

Contenido de la minuta

El Dictamen correspondiente de la colegisladora, contiene dos partes en sus argumentaciones: una con las consideraciones y otra con las modificaciones propuestas.

Respecto a la primera de ellas:

– La Cámara de Senadores considera que el espíritu normativo de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló en México a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico.

– Que el espíritu normativo de la Ley sitúa a la preservación del patrimonio cultural, como un asunto de interés social y nacional y que deposita en el orden federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que en representación del interés público sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la nación.

– Que la legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o que fueron destinados al culto religioso; y aquellos que por sus cualidades revisten valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

– Que el marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos, le otorga una condición jurídica que a los bienes arqueológicos, por disposición de la ley, los hace propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles; y en el caso de los bienes artísticos e históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio, con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, independientemente de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular.

– Considera el Senado, que esta naturaleza jurídica resume en gran medida, un debate histórico e ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros, la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios y comerciales. Y que la ley en análisis, sienta las bases de una política de estado, sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se consideran expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales.

–Que con ese espíritu, el Ejecutivo federal y el Senado de la República han participado en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales relacionados con la preservación del legado cultural, al que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos identifica bajo la figura de monumentos, ya sean arqueológicos, artísticos o históricos que sean de interés nacional. Que desde esa perspectiva, el universo de bienes muebles e inmuebles protegidos por la legislación mexicana deben cumplir la condición de haber sido declarado monumento  por ministerio de ley  o, bien, a través de un procedimiento de declaratoria que los adscribe a esta cualidad. Su condición de arqueológico, artístico o histórico lo establecen diversas hipótesis técnicas contenidas en la legislación, dependiendo el tiempo de su edificación o elaboración.

– Que el proyecto de decreto en análisis por el Senado de la República, hace referencia a las conductas delictivas originadas por el saqueo, destrucción, alteración y tráfico ilícito de que son objeto los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, que por eso hay coincidencia en la necesidad de hacer más severas las sanciones, en virtud de que cuando se promulgó la legislación vigente en el año de 1972, había otra situación económica, en relación con la proporción de las multas aplicables. Otro factor a tomar en cuenta, es que la incidencia delictiva era menor. Que en la actualidad, el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha incrementado sustancialmente, especialmente en piezas arqueológicas e históricas, además, han ocurrido fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas.

– Refiere un hecho ocurrido, que califica la colegisladora de lamentable y motivó la revisión del catálogo de delitos contemplado en la ley, el de la agresión a cabezas olmecas en el Parque Museo La Venta por integrantes de una secta religiosa, que escudándose en la libertad de expresión, rociaron con sustancias químicas un monumento. Que el pago de la multa correspondiente y la fianza fijada por la autoridad judicial prevista en la norma, provoca que prácticamente no hayan delincuentes cumpliendo condenas en penales nacionales por los delitos contemplado en la Ley, circunstancia que ha propiciado la reincidencia y la percepción del bajo riesgo que implica optar por este tipo de ilícitos. Nuevamente hace referencia la colegisladora a la causa penal relativa a las cabezas olmecas del Parque Museo La Venta, donde la sentencia firme del juez, habiendo sido dañadas deliberadamente, fue de un año, por lo que los sentenciados por el delito cumplieron su condena en libertad.

Con ese precedente, argumentan que participan de la propuesta de revisar el catálogo de delitos propuesto por la Cámara de Diputados en su proyecto de decreto y comparten el interés por ajustar las sanciones económicas y las penas corporales, para ponderar con una visión diferente las conductas más lesivas en contra de los bienes culturales, con la finalidad de desincentivar a las personas que de manera profesional seleccionan, sustraen y comercializan ilícitamente, en México o en el extranjero, bienes arqueológicos, históricos o artísticos de propiedad pública o privada y cuyas  consecuencias derivan en una pérdida de valores culturales propios de la identidad de comunidades, pueblos y en general, de la nación mexicana.

– Que los integrantes de la Cámara de  Diputados, atendiendo a la relevancia del bien jurídico tutelado, incrementan tanto la sanción pecuniaria como la sanción corporal mínima en cada uno de los delitos considerados en la ley, no obstante que no señala en el cuerpo de su dictamen los elementos de ponderación respecto al monto y temporalidad de la acción coactiva del Estado, las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos Primera del Senado, dictaminadoras en el análisis de la Cámara Revisora, consideran que éstas deben equipararse a otros delitos contenidos en el Código Penal Federal, concretamente para tres tipos de conductas ilícitas, entre ellas, los delitos que atentan contra el consumo y riqueza nacionales, el daño en propiedad ajena y el robo. Cada uno de ellos es tomado en cuenta en los elementos que pueden ser equiparables en el sentido del daño que causan a la sociedad.

– Que si bien el artículo 14 constitucional contiene la prohibición expresa de establecer por simple analogía penas que no estén decretadas en una ley, la referencia a los delitos arriba mencionados, es únicamente con la finalidad de tener un parámetro analítico para constituir la sanción de las conductas  en que se incurre cuando se atenta en contra de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional.

– Que entre otros, presenta el caso de los actos u omisiones  que afectan gravemente al consumo nacional, donde el artículo 253 del Código Penal Federal, prevé sanción del daño en propiedad ajena, con prisión de diez años y con doscientos a mil días multa; entre las conductas sancionadas están el aprovechamiento ilícito de hidrocarburos y demás derivados del petróleo y el del robo de energía eléctrica.

Otro caso, el del daño en propiedad ajena, presenta diversas hipótesis: cuando se realiza a través de actos como explosiones, inundaciones o incendios en bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, se castiga con cinco a diez años de prisión (fracción IV del artículo 397 del Código Penal Federal). Y en casos de delitos culposos, con una multa hasta por el valor del daño causado, más la reparación de éste. En el de la sustracción de bienes muebles declarado monumento, una conducta análoga al que comercializa de manera habitual objetos robados a que hace referencia el artículo 368 ter del Código Penal Federal, que prevé que si el valor intrínseco es superior a quinientas veces el salario, se sancionará con prisión de seis a trece años y de cien a mil días multa.

– Otra consideración de la colegisladora, es que debe enfatizarse que las sanciones pecuniarias no pretenden establecer monto específico respecto del valor en numerario del bien de que se trate ya sea que se haya dañado o fuese sustraído, porque en el caso de monumentos arqueológicos, por su misma naturaleza jurídica de inalienables, imprescriptibles y propiedad de la Nación, no están sujetos al comercio, siendo imposible establecer una referencia del valor económico de los mismos. Que en el de los monumentos históricos cuando se trata de bienes propiedad de la Nación, tampoco están sujetos al comercio y como su condición jurídica no puede alterarse, no se puede establecer un valor económico.

Que aunque sí existen monumentos históricos de propiedad particular sujetos al comercio y traslado de dominio; y esto también vale para los monumentos artísticos, cuyo carácter más contemporáneo los hace objeto de un mercado de bienes más activo, lo que la colegisladora señala, es que la sanción aplica como castigo a la conducta ilícita en que se incurra, más que a establecer el valor del bien cultural de que se trate o a la reparación del daño.

Respecto a la segunda parte, de las modificaciones propuestas por el Senado de la República:

– Manifiesta que es de la mayor pertinencia la actualización del catálogo de delitos contenido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ya que la fijación de sanciones fueron diseñadas en un contexto totalmente diferente en el país; con la finalidad de desincentivar conductas ilícitas, que ponen en riesgo el legado histórico y cultural, sumándose a la propuesta de los legisladores de la Cámara de Diputados.

Y en ejercicio de las atribuciones de Cámara Revisora, que les confiere el apartado E del artículo 72 Constitucional, propone algunas modificaciones.

–Que las sanciones pecuniarias se calculen con base en la expresión salarios días, en correspondencia al contenido del artículo 29 del Código Penal Federal, a fin de que el pago por daños al Estado se fije con base en la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de que sea consumado el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.

Fortalece la colegisladora su argumento, señalando que esa propuesta atiende al perfil de las personas que participan de los delitos asociados a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, que incluyen delincuentes comunes hasta bandas que operan de forma coordinada o, bien, exploradores especializados que directamente concurren a los sitios arqueológicos e históricos, hasta personas que fomentan el coleccionismo y cuyos ingresos son muy elevados por estar al final de la cadena delictiva.

–Que en relación con el artículo 49 donde se homologó la condición jurídica de los monumentos arqueológicos, a la de los monumentos históricos y artísticos para efectos del precepto referido, que aunque se trata de naturalezas jurídicas comunes, sí presentan diferencias. Los primeros son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y todos los que están identificados y los que se localicen están o estarán bajo la jurisdicción federal. Que en cambio, tanto los monumentos históricos como los artísticos admiten propiedad particular y por ello, susceptibles del comercio o la  exhibición y aun cuando están sujetos a modalidades que impone la legislación, la colegisladora refiere que no podría equipararse la comercialización ilícita de un bien arqueológico, con la omisión de notificar un acto de traslado de dominio de un monumento histórico o artístico, que en el primer caso se trataría de un delito y en el de los otros, de una sanción administrativa.

–Que la hipótesis contenida en el artículo 50 original, se refiere específicamente a los bienes muebles arqueológicos e históricos que se localizan en el contexto de los bienes inmuebles declarados monumentos, hipótesis que no aplica a los monumentos artísticos. Y que en el caso particular de los bienes posteriores a la instalación de la hispánica, la fracción I del artículo 36 a que se hace referencia, define los bienes muebles que por ministerio de ley son monumentos históricos. Por lo que propone introducir nuevamente la hipótesis original, además de adecuar las sanciones e introducir por las razones ya argumentadas días multa.

– Respecto del artículo 53 bis adicionado, para castigar delitos relacionados con bienes culturales internados al territorio nacional sin autorización o de manera irregular, la colegisladora opina que no tiene por qué adoptarse la nomenclatura de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos aplicable en nuestro país, toda vez que cada nación establece su propia metodología de protección de bienes. Y que aun cuando tengan una denominación similar, las implicaciones jurídicas pueden ser muy diferentes. Por ello, sugiere tomar en este caso, la referencia a los tratados internacionales para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, vigente desde enero de 1973. Con base en ello propone modificaciones a la redacción y para este caso en particular, que las sanciones pecuniarias se establecerían con base en el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en virtud de que podría tratarse de personas que no tengan residencia o autorización para trabajar en el territorio nacional.

– La colegisladora señala que a efecto de armonizar las disposiciones sobre fijación de multas respecto del Código Penal Federal, propone modificar el artículo 54, con el propósito de hacer el reenvío, para resolver sobre reincidencia, habitualidad y determinación de multas, que se estará a lo dispuesto en el referido Código.

Consideraciones

Primera. Las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con las observaciones y propuestas de modificaciones hechas por la Cámara de Senadores, destacando la tarea de revisión y construcción de propuestas alternativas que contribuyen al fortalecer y consolidar el marco jurídico de preservación del patrimonio cultural; que para nuestra nación es factor de cohesión e identidad, por tanto, de interés social y nacional introducir en el marco normativo, previsiones adecuadas para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la nación.

Segunda. Las comisiones dictaminadoras estiman que lejos de rechazar los contenidos de la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Origen, el ánimo de la colegisladora, manifestado de manera reiterada en  diversas consideraciones, es de coincidencia y acuerdo con los contenidos fundamentales de la referida minuta, por lo que aun con las diversas modificaciones que propone, se mantiene su esencia y agregan valor y precisión a sus contenidos, por tanto, que son pertinentes y aceptables las adecuaciones de los parámetros de sanciones, atendiendo a un parámetro analítico para establecer la sanción de las conductas  en que se incurre cuando se atenta en contra de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional.

Tercera. La Cámara Revisora manifiesta coincidencia con la de origen, en la necesidad de hacer más severas las sanciones, en virtud de que cuando se promulgó la legislación vigente en el año de 1972, había otra situación económica, en relación con la proporción de las multas aplicables y que la incidencia delictiva era menor. Y que en la actualidad, el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha incrementado sustancialmente, especialmente en piezas arqueológicas e históricas, además de que han ocurrido fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas.

Cuarta. Las comisiones dictaminadoras consideran que no rompe la esencia de los contenidos ya aprobados por la Cámara de Origen, la adecuación de los parámetros de las sanciones pecuniarias que propone la revisora, para que éstas  se calculen con base en la expresión salarios días, en correspondencia al contenido del artículo 29 del Código Penal Federal, a fin de que el pago por daños al Estado se fije con base en la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de que sea consumado el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.

Estando también de acuerdo, en el argumento de que el perfil de las personas que participan de los delitos asociados a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, incluyen delincuentes comunes hasta bandas que operan de forma coordinada o, bien, exploradores especializados que directamente concurren a los sitios arqueológicos e históricos, hasta personas que fomentan el coleccionismo y cuyos ingresos son muy elevados por estar al final de la cadena delictiva.

Quinta. Asimismo, son atendibles los argumentos que sostiene la colegisladora en su propuesta de modificación a los artículos 49, 50, 53 Bis y 54, referidos en el apartado de contenido de la minuta, del presente dictamen.

Conclusiones y acuerdo

Por las razones expuestas y debidamente fundadas, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, aprueban el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55; y se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Artículo Primero.Se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como siguen:

Artículo 47. Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tresa diez años y de mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a cinco mil días multa.

Si los delitos previstos en esta ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 50. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de tres a nueve años y de dos mil a tres mil días multa.

Artículo 51. Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

Artículo 52. Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

Artículo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de tres mil a cinco mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 54. A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia, habitualidad y determinación de multas, se estará a lo dispuesto en el Código Penal Federal.

...

...

Artículo 55. Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo Segundo.Se adiciona el artículo 53 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para quedar como sigue:

Artículo 53 Bis. Al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las autoridades del país de origen.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 24 de abril de dos mil catorce.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Ángel Alain Aldrete Lamas (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), secretarios; Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Ana Paola López Birlain.»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Roberto López González, para fundamentar el dictamen conforme lo dispone el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Roberto López González:Con la anuencia de la Presidencia.Compañeras y compañeros diputados, el de la voz, a nombre de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, me permito presentar ante el pleno el proyecto de decreto con el que se reforman los artículos del 47 al 55 y se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, regresada por el Senado de la República.

Honorable asamblea. Sin lugar a dudas el patrimonio cultural es el reflejo de la continuidad e identidad de un pueblo. Las diversas expresiones culturales, monumentos, obras de arte, zonas históricas y arqueológicas, son bienes invaluables cuya protección y salvaguarda deben de estar a cargo de las naciones a las que pertenecen, por lo que éstas deben de prever las medidas jurídicas necesarias a fin de evitar el robo y tráfico ilícito de éstos. Sabemos del problema que representa la sustracción, saqueo, dispersión y tráfico ilícito del patrimonio cultural e histórico de México.

Fue por ello que los diputados de las dos Comisiones, tanto de Educación Pública y Servicios Educativos como de Cultura y Cinematografía, el pasado 29 de abril del año 2013 presentaron en sentido positivo el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos.

De acuerdo con la minuta elaborada por el Senado de la República, se coincide con la Cámara de origen en la necesidad de hacer más severas las sanciones en virtud de que cuando se promulgó la legislación vigente —esto fue en el año de 1972, hace más de 40 años— había otra situación económica en relación con la proporción de las multas aplicables, la incidencia delictiva era menor, además de que en la actualidad el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha incrementado sustancialmente, especialmente en piezas arqueológicas e históricas. Igualmente han ocurrido fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas.

También comparte la idea por ajustar las sanciones económicas y las penas corporales con la finalidad de desincentivar a las personas que de manera profesional seleccionan, sustraen, o bien comercializan  ilícitamente en México y en el extranjero estos bienes a los que hago comentarios.

Sin embargo sugiere algunas modificaciones, entre ellas calcular las sanciones económicas en base a la expresión de salarios en días, en correspondencia al contenido del artículo 29 del Código Penal Federal, que con esto el pago a los daños que haga al Estado se fijará con base en la percepción neta diaria del sentenciado en el momento en que sea consumado el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.

Asimismo, para el Senado de la República existe una diferencia importante entre los monumentos arqueológicos y los históricos y artísticos, por lo que no considera apropiado homologar su condición jurídica. Es así que refiere que no podrá equipararse la comercialización ilícita de un bien arqueológico con la omisión de notificar un acto de traslado de dominio de un monumento histórico o artístico que, en el primer caso, se trataría de un delito y en el de los otros de una sanción administrativa.

En lo que respecta al castigo de delitos relacionados con bienes culturales que son ingresados al territorio nacional sin autorización, de manera irregular, sugiere establecer las sanciones pecuniarias con base en el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en virtud de que podría tratarse de personas que no tengan residencia o autorización para trabajar en el territorio nacional.

Es por ello que las diputadas y los diputados de las comisiones dictaminadoras, hemos coincidido que las observaciones y propuestas que la colegisladora remite, lejos de rechazar los contenidos de la minuta las apropia y concuerdan con los elementos fundamentales que dieron origen a la aprobación de dicho dictamen.

Por ello, es que este par de comisiones propone a esta asamblea el dictamen a la minuta con proyecto de decreto con el cual se reforman los artículos del 47 al 55 y se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.

Deseo aprovechar el uso de la tribuna para externar la solidaridad a los presos políticos Enedina, Juan Carlos y Abraham, que son hoy presos de conciencia. Estos luchadores sociales lo único que han tenido es defender lo que creen que es suyo, es defender su territorio, defender su identidad, defender su tradición y defender su historia.

Hoy el gobierno de Moreno Valle ha hecho de su ejercicio ejecutivo un ejercicio represor. Es por ello que en el PRD nos manifestamos en solidaridad y exigimos la inmediata liberación de Enedina, de Juan Carlos y de Abraham; porque no tienen motivos judiciales para poder establecer alguna sanción y sí son presos de conciencia y por ello, aunque pareciera que no es tema, es tema de esta legislatura.

Por ello lo expreso con el respeto y estoy seguro que con la consideración de todas mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Roberto López González. Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la voz la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Todavía no comienzo y ya están empezando a gritar tiempo. Todavía no comienzo, diputado.

Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. México es un país con una cultura enriquecedora. A lo largo del territorio nacional encontramos monumentos y zonas arqueológicos que constituyen una evidencia clara de nuestros antepasados, que da por resultados creaciones únicas en el mundo y que nos hacen entender nuestras tradiciones y estilo de vida actual.

De conformidad con la legislación aplicable, se entiende por zona arqueológica cualquier lugar donde quede vestigio de actividad humana. Según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, actualmente se tiene registro de un total de 187 zonas arqueológicas abiertas al público en el país; lugares en donde se encuentran iglesias, construcciones civiles, arte sacro, esculturas, pinturas, música y costumbres que distinguen a nuestro país en todo el mundo.

Actualmente México ocupa el quinto lugar mundial en número de espacios considerados como patrimonio universal, reconociéndolo como uno de los países con mayor riqueza en este ámbito, según la lista elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La riqueza territorial es un elemento de importante trascendencia para una sociedad, ya que a través de ésta se fortalece la identidad nacional y el sentimiento de pertenencia a una colectividad.

Dentro de nuestro marco jurídico encontramos diversos ordenamientos para la protección de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos que constituyen nuestro patrimonio cultural. Así también, en el ámbito internacional el Estado mexicano ha asignado importantes instrumentos como la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Sin embargo, también hemos sido testigos de la comisión de delitos en detrimento de nuestros recursos culturales; conductas como saqueo, destrucción, alteración y tráfico ilícito de importantes piezas arqueológicas que han dado lugar a la comercialización de estos bienes de México en el extranjero, cuya consecuencia deriva en la pérdida de valores propios de la identidad de diversas comunidades, pueblos y en lo general de la nación mexicana.

El sustento del presente proyecto de decreto radica en que la legislación vigente, promulgada en 1972, ya ha sido superada por la realidad social en la que vivimos en relación con la incidencia delictiva en este sector y con la proporción de las sanciones aplicables por inobservancia de la ley.

Por ello se propone reformar y adicionar diversos preceptos a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con el propósito de actualizar las sanciones para quienes incurran en conductas tipificadas como delito, que atenten en contra de la protección, conservación, rehabilitación y transmisión de los bienes culturales que ocupan nuestro espacio territorial.

En atención a la imperante obligación del Estado de proteger estos bienes es que se vuelven necesarias las modificaciones contenidas en el dictamen hoy sujeto a discusión, sin dejar de recalcar que si bien la severidad de una sanción constituye un tipo de alternativa para disuadir la presencia de nuevas transgresiones, mientras la autoridad mantenga un comportamiento de debilidad frente a la criminalidad el objetivo de éste no tendrá el efecto esperado.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Córdova Bernal.No habiendo más oradores registrados y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a invitados especiales que asistieron a la inauguración de la exposición Maderas que hablan, organizada por el diputado Luis Espinosa Cházaro. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz:

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 427 votos a favor; 2 abstenciones y 0 votos en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 427 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El siguiente punto de la orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículo 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, así como el 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del Dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen el procedimiento penal, a cargo de los Diputados Paulina Alejandra del Moral, José Alberto Rodríguez Calderón y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de tumo para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para su resolución de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta Comisión Dictaminadora.

I. Antecedentes

1 En la sesión de fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, los diputados, Paulina Alejandra del Moral Vela, José Alberto Rodríguez Calderón y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal., como a continuación se describe:

Decreto por el que se reforma los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal

Artículo Primero. Se reforma el artículo 222 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto relacionado con sus funciones a su empleo, cargo o comisión.

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se reformael artículo 222 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 222 Bis. ...

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo. cargo o comisión, o

III. ...

...

...

Artículo Tercero. Se reformael artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para quedar como sigue:

Artículo 13. El presente programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves, delincuencia organizada o cuando las disposiciones de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte establezcan expresamente la obligación de proporcionar dicha protección.

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2 En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Justicia.

3 En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el día 24 de abril de dos mil catorce, se aprobó en sentido positivo por mayoría de los presentes el proyecto de dictamen de la iniciativa en referencia.

II. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa pretende establecer reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, con el objetivo de solventar los acuerdos internacionales, con relación al delito de cohecho, el cual es una forma de corrupción, establecida en los tratados internacionales, en materia, particularmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambas prevén disposiciones para que los Estados en parte tipifiquen como delito tanto el cohecho pasivo como el activo.

III. Consideraciones

Primera.Esta Comisión de Justicia, analizo y valoro la iniciativa, de acuerdo a los argumentos vertidos en la exposición de motivos de la misma, lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso, y la jurisprudencia del Código Penal Federal y la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

Segunda.La presente iniciativa pretende más que modificar, hacer más viable la acreditación del tipo penal, para armonizar la figura vigente de cohecho genérico, ya que se le sustrae un elemento extraño y ajeno a la conducta de cohecho como tal, como lo sería la participación de un tercero que el servidor público extranjero determinase.

La conducta se constituirá cuando con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, se ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios a un servidor público extranjero en su beneficio o al de un tercero para obtener de este una determinada acción que redunde en un beneficio a favor del corruptor.

Estas conductas y su confrontación se encuentran previstas en el Código Penal Federal, en el artículo 222, por su parte la jurisprudencia resalta su importancia y lo detalla como cohecho activo, en el siguiente criterio:

Cohecho activo. Elementos que integran el tipo previsto en los artículos 222, fracción II, del Código Penal Federal.

De la descripción típica de cohecho activo que hacen los mencionados preceptos legales en el sentido de que comete tal ilícito el que dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria a un funcionario o servidor público para que haga u omita hacer un acto justo o injusto relacionado con sus funciones se obtienen los siguientes elementos: el dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria a un servidor público y que el propósito de tal entrega u ofrecimiento debe consistir en que el funcionario público haga o deje de hacer un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Al respecto es conveniente precisar que el tipo penal no requiere de la aceptación del servidor o funcionario público; además para la configuración del delito por lo que hace al primer elemento basta con demostrar que se entregó u ofreció dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria al servidor público y para tener por acreditado el elemento consistente en el propósito de tal entrega u ofrecimiento al servidor público es indispensable que se demuestre que la acción u omisión que se le pidió realizar tiene conexión con las funciones con que está investido por el cargo público que le fue conferido pues sólo en este caso se puna en peligro el debido funcionamiento de la administración pública bien jurídico que tutela el delito de cohecho.

Contradicción de tesis m812000-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Primer Circuito. 4 de julio de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.

Tesis de jurisprudencia 88/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal. en sesión de catorce de noviembre de dos mil uno por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo. Juventino V. Castro y Castro. Humberto Román Palacios. Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala. Diciembre de 2001. Página 7.

Asimismo, con la modificación de la fracción II, no se tendrá que acreditar que el funcionario público que lleve a cabo la tramitación correspondiente sea responsable; sólo bastará con que la haya gestionado, guardando perfecta armonía con la fracción anterior.

Tercera.El artículo 222 Bis, respectivamente enmarca el Cohecho a Servidores Públicos Extranjeros dichas tipificaciones posibilitan el combate de manera más enérgica de estas formas de corrupción.

Su tipificación se incluyó en 1999 con el propósito de cubrir los requerimientos dispuestos en la Convención de la OCDE, conocida como Convención Anticohecho, la cual señala en su artículo primero que los Estados parte deberán establecer en su legislación penal el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros.

Dicha convención se constituye como un acuerdo internacional mediante el cual se establecen diferentes tipos de medidas para prevenir, disuadir y penalizar a las personas físicas y jurídicas colectivas que prometan, den, ofrezcan o encubran gratificaciones a servidores públicos de otros países a fin de obtener un beneficio para sus propios negocios, en el marco de las transacciones comerciales internacionales.

La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo VIII establece la obligación de prohibir y sancionar el soborno transnacional, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 16 dispone que cada Estado parte adopte las medidas necesarias para tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas.

No obstante, el tipo previsto en el artículo 222 Bis del Código Penal Federal no ha arrojado los resultados esperados, que se traducen en un auténtico mecanismo que disuada y, en su caso, sancione la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales a servidores públicos extranjeros, razón por la cual se propone su modificación.

Cuatro.Se propone reformar el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para que la aplicación de sus disposiciones pueda extenderse o ampliarse, haciendo más efectivo su espectro jurídico, alcanzando con ello inclusive los casos en los que las disposiciones internacionales lo establezcan en beneficio de quien participe en el procedimiento penal a favor de combatir las conductas de cohecho, cohecho internacional y permita perseguir más eficientemente sus posibles efectos.

Que el Programa Federal de Protección a Personas que dispone la Ley tenga aplicación no solamente tratándose de delitos graves o de delincuencia organizada, sino que también sea posible cuando las disposiciones de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte establezcan o enuncien los casos en los que se requiera la protección que dispone dicha ley

Quinto. Esta Comisión de Justicia concuerda que estas modificaciones a la legislación vigente que se pretenden en el Estado mexicano atienden las recomendaciones específicas formuladas a México por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, mejorando nuestros instrumentos legales que permitirán combatir las conductas de cohecho a servidores públicos extranjeros.

Siempre que las personas relacionadas con estos procedimientos se encuentren en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en dicho procedimiento de índole penal, abarcando con ello los diversos alcances que estas disposiciones internacionales contemplan en su contenido.

Coadyuvando a mitigar las conductas de cohecho de servidores públicos extranjeros, podrán gozar de los alcances y términos dispuestos en la ley de la materia, proveyendo con ello un esquema jurídico robusto en contra de las personas que realicen estas conductas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, estamos de acuerdo en aprobar la iniciativa en estudio y en consecuencia se somete a esa honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Decreto por el que se reforma los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal

Artículo Primero.Se reforma el artículo 222 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.

...

...

...

...

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 222 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 222 Bis. ...

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero,para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. ...

...

...

Artículo Tercero.Se reformael artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para quedar como sigue:

Artículo 13. El presente programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves, delincuencia organizada o cuando las disposiciones de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte establezcan expresamente la obligación de proporcionar dicha protección.

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Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de dos mil catorce.

Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Zárate Salgado, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Claudia Delgadillo González, Crystal Tovar Aragón.»

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la voz para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados: el tema de la corrupción ha cobrado relevancia en los últimos años obligando a los estados a tomar medidas de cooperación destinadas a abatir y combatir de manera contundente este delito.

Múltiples son los problemas que se detonan a partir de ella, por mencionar sólo algunos: elimina la competitividad para las empresas que participan en las contrataciones gubernamentales, aumenta los costos, genera ingobernabilidad, provoca descomposición en las instituciones democráticas y siembra desconfianza en la ciudadanía.

A pesar de los esfuerzos institucionales por fortalecer su combate la corrupción continúa floreciendo. Por ello, la reacción de la autoridad no puede esperar, debemos reconocer que su detección no es fácil, se requiere de esfuerzos conjuntos fortalecidos y coordinados.

La Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, instituye una sucesión de compromisos tanto para los gobiernos como para las empresas y la sociedad civil de los estados firmantes, con el propósito de que se instrumenten dispositivos de prevención, disuasión, identificación y sanción de las infracciones ejecutadas por toda persona física o jurídica que en las transacciones comerciales internacionales directamente o mediante intermediarios otorgue, prometa o encubra gratificaciones a un servidor público extranjero para que actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de funciones oficiales en relación con transacciones comerciales internacionales.

El dictamen que se somete a votación contiene varios aciertos, por un lado imprime claridad y sentido al tipo penal de cohecho cometido por servidores públicos extranjeros a través de la hipótesis que se incorpora en el texto vigente.

La modificación al artículo 222 del Código Penal Federal permitirá hacer más viable la acreditación del tipo penal al establecer que la conducta se constituirá cuando con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales se ofrezca o prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva ya sea en bienes o servicios a un servidor público extranjero en su beneficio o al de un tercero para obtener de éste una determinada acción que redunde en un beneficio a favor del corruptor.

En cuanto a la reforma a la segunda fracción del artículo 222 Bis del mismo ordenamiento legal resulta relevante establecer que bastará sólo con la gestión de la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de sus funciones para tipificar el delito de cohecho.

Con ello se fortalecen los instrumentos jurídicos que permitirán de mejor forma la aplicación de la justicia. Asimismo, la reforma al artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal permitirá combatir de forma más efectiva el delito de cohecho, y cohecho internacional, ya que la aplicación de sus disposiciones podrán extenderse a los casos en los que las disposiciones internacionales lo establezcan en beneficio de quien participe en el procedimiento penal.

Por ello Nueva Alianza, comprometido con las causas que generan bienestar social, emitirá su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Bribiesca Sahagún.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al alcalde y al síndico de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, invitados por la diputada Eva Diego Cruz, del estado de Oaxaca. Sean ustedes bienvenidos.

Igualmente se da la más cordial bienvenida a estudiantes de la escuela Telesecundaria número 223 del municipio de Huichapan, del estado de Hidalgo, invitados por el diputado José Antonio Rojo García de Alba. Bienvenidos todos ustedes.

Tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Sí, muchas gracias, señor presidente. ¿Quién no ha escuchado el tema de la mordida o el tráfico de influencias pagado, o de aquel funcionario público que finalmente beneficia a unos cuantos para poder recibir un beneficio económico? ¿Qué es lo que hace esta iniciativa?

Debido al gran problema de corrupción, que es un fenómeno que hemos padecido en México y aparentemente según hemos aprendido últimamente una institución ya en este país, esta iniciativa nos parece no solamente positiva, sino prudente porque permite que aquellas personas que tengan conocimiento de aquellos funcionarios públicos que caen en actos de corrupción, que se tipifican en el delito de cohecho, que básicamente es este tema de la mordida, el tráfico de influencias y básicamente los favores a cambio de favores económicos a este funcionario público puedan ser de manera segura para quien lo denuncie, valga la redundancia, denunciados si se tiene el conocimiento de este acto ilícito.

Hace poco conocimos de actos de corrupción en el que incurría la empresa trasnacional Walmart, que había sobornado a algunos funcionarios públicos en México para obtener algunos permisos. Este acto ilícito se conoció precisamente porque alguien tuvo la valentía de denunciar, que es lo que permite esta reforma a los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, así como de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, pero que sobre todo obedece al cumplimiento de tratados internacionales que tiene firmados México.

Si yo conozco de un acto de cohecho, pueda en un acto de seguridad, denunciar y ser protegida por el Estado, sobre todo cuando estos delitos sean de gran impacto para la economía y para el desarrollo político de este país.

México es uno de los países con mayor corrupción a nivel mundial, según el barómetro global de la corrupción 2013, encuesta aplicaba por Transparencia Internacional. El 71 por ciento de los mexicanos consideramos que la corrupción en México ha incrementado en el último año, y en el caso de México 7 de cada 10 personas considera que las instituciones públicas han aumentado su nivel de corrupción.

Además, las estadísticas muestran consistentemente que el 72 por ciento de los mexicanos consideran inefectivas las acciones que el gobierno ha empleado para combatir a la corrupción, y el índice de fuentes de soborno 2011, organizado también por Transparencia Internacional, de acuerdo a percepción de los empresarios, encontró que sobornar a funcionarios para concretar negocios en el extranjero es una práctica que sucede de manera regular.

México se encuentra dentro de los tres países peor posicionados, ocupando el lugar 26 de 28 países encuestados.

El informe de Transparencia Internacional sobre el cumplimiento de la Convención Anticohecho de la OCDE 2013, clasifica a México en la categoría más baja de implementación de este instrumento jurídico.

El cohecho, compañeros diputados, mina no solamente el buen gobierno sino también el desarrollo económico y distorsiona, hablando de competencia, las condiciones competitivas internacionales a las que nos enfrentamos, porque cuando se habla de México y la facilidad para hacer negocios en este país y para fortalecer instituciones, siempre se hablará de corrupción y la corrupción está directamente ligada con la burocracia y la dificultad de los empresarios para hacer trámites.

La tipificación del cohecho en 1999, con el objetivo de cubrir los requerimientos de la Convención de la OCDE, conocida como Convención Anticohecho fue el primer paso.

Estas reformas al artículo 222 y 222 Bis finalmente vienen a cerrar el círculo para que la denuncia del cohecho no se quede solamente en el aire, sino que pueda cerrar la pinza y tengamos ciudadanos que con seguridad puedan venir a denunciar a aquellos funcionarios públicos que son corruptos.

Cerraría diciendo que con estas modificaciones se atiende a las recomendaciones específicas, formuladas por el grupo de trabajo de cohecho en transacciones comerciales de la OCDE. Se mejoran los instrumentos legales que permitirán combatir las conductas de cohecho de los servidores públicos con los extranjeros y con los nacionales. Y con estas acciones se reitera también el compromiso de trabajar estrechamente con los organismos internacionales y de cumplir, sobre tod,o los tratados internacionales que en este tema hemos firmado y hemos también prometido cumplir.

Así que esta iniciativa el PT la votará a favor, no solamente porque la considera un avance, sino porque la considera importante para que haya certeza jurídica, no solamente en el hacer de los negocios de este país, sino en las instituciones y su desempeño para todos los ciudadanos mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Aguilar Gil. Tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. Pocas veces se ha escuchado hablar tanto del fenómeno de la corrupción como en los últimos tiempos. Algunos procesos penales recientes, seguidos en contra de conocidos funcionarios públicos han convertido este problema en importante objeto de preocupación de la comunidad nacional, ya no decir de la corrupción de la que se habla en la Cámara de Diputados.

La corrupción en el ámbito de las funciones públicas presenta un alto grado de impacto, no sólo porque conduce a una frustración de las expectativas de los ciudadanos, quienes esperan que los funcionarios públicos se desempeñen con probidad en el ejercicio de sus cargos, sino también porque posee una gran capacidad para socavar las bases del sistema político imperante.

Sin embargo, no debe creerse que se trata de un fenómeno presente sólo en el ámbito público, también en el sector privado existe corrupción. Atendido el hecho de que esta conduce a infligir deberes que pueden tener su fuente tanto en disposiciones legales como contractuales.

Con todo, no es difícil constatar que la corrupción en el ámbito privado no provoca tanta alarma como en el sector público. Es quizás esa la razón por la cual el legislador se ha preocupado más de la corrupción en el ámbito público.

Dentro del complejo fenómeno de la corrupción en el sector público, el delito de cohecho aparece como una de sus manifestaciones más importantes. En efecto, cuando se habla de la corrupción tradicionalmente se piensa en el cohecho como uno de los delitos más paradigmáticos junto con el tráfico de influencias.

La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo 8o., establece la obligación de prohibir y sancionar el soborno transnacional. Y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 16, dispone que cada Estado parte adopte las medidas necesarias para tipificar como delito el soborno de los funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionalmente públicas.

Sin embargo, el artículo 222 Bis del Código Penal Federal no ha tenido los resultados esperados, que se traducen en un auténtico mecanismo que disuada y, en su caso, sancione la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales a servidores públicos extranjeros, razón por la cual se propone la modificación.

El dictamen que está a discusión pretende establecer reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, con el objetivo de solventar los acuerdos internacionales con relación al delito de cohecho, el cual es una forma de corrupción establecida en dichos tratados, particularmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Ambas prevén disposiciones para que los Estados parte tipifiquen como delito tanto el cohecho pasivo como el activo. Además, en la reforma del dictamen al artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal se propone reformar la ley especial que prevea aquellos mecanismos de protección a personas que están en peligro por su participación en procedimientos penales, extendiendo la protección a los casos en que los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, estableciendo la obligación en materia de corrupción, así como los correspondientes a delincuencia organizada, la trata de personas, tráfico ilícito de armas, los crímenes internacionales establecidos en la Corte Penal Internacional, entre otros.

Lo anterior es esencial para garantizar la seguridad e integridad de las personas, como los denunciantes, testigos, víctimas y sus familias, impulsando a su vez la participación en dichos procedimientos para lograr la acreditación de los tipos delictivos y la identificación de los responsables.

Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen, en razón de que se han firmado tratados internacionales y en congruencia con ellos es que apoyamos esta propuesta. Pero no se irá a fondo contra la corrupción en tanto no suceda una modificación interna del individuo, que hoy por hoy está inmerso en una dinámica de valores presidida por el dinero, en menoscabo y hasta el menosprecio de otro tipo de virtudes.

Los diputados deberíamos empezar por nuestra casa para combatir la corrupción. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Huidobro. Tiene el uso de la voz el diputado Felipe Arturo Camarena García, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, presidente. Con la finalidad de darle un carácter más operativo al conjunto de instituciones administrativas y judiciales para poder sancionar el delito de cohecho, tanto en su vértice activa como pasiva, la Comisión de Justicia elaboró el dictamen que tenemos en este instante en nuestra consideración.

Así las cosas, la modificación atiende a una serie de disposiciones halladas en los tratados internacionales, en particular la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambos dispositivos internacionales prevén instrumentar, en las legislaciones nacionales, al delito de cohecho como tipo penal con específicos alcances.

El cohecho fue instaurado como tipo penal en el año 1999. Sin embargo, históricamente ya existían antecedentes propios en nuestra latitud, por ejemplo, en la Ley Décima de Nezahualcóyotl, donde se ordenaba que los jueces a quienes se averiguase haber cometido cohecho, muriesen degollados, en caso de que el monto del cohecho fuera alto. Para el caso de montos menores únicamente eran destituidos de su cargo.

En la Recopilación de Indias, en su Libro Octavo, Título Cuarto, mediante decreto del 24 de marzo de 1813 se expresó que si un empleado prevaricase por soborno o por cohecho, sería castigado en idénticos términos que los jueces. Posteriormente, se introdujo este tipo penal en los Códigos de 1871, del 29, del 31 y en 1983.

La modificación propuesta en esta ocasión complementa el tipo penal de mérito. Implica que cometerá el cohecho quien le ofrezca al servidor público dinero o cualquier otra contraprestación para que haga u omita un acto relacionado no solo con sus funciones sino también con respecto a su empleo, cargo o comisión.

De este modo se actualizan mayores supuestos a los de las simples funciones. Por lo que se pretende sancionar una conducta de modo exhaustivo, circunstancia que de no aclararse podría ser utilizada como argumento por los abogados de los probables responsables, alegando la exacta observancia de la institución penal, toda vez que no puede aplicarse pena alguna sin la ley específica que describa la conducta precisa.

Por otro lado, el acto modificatorio trasciende a la relación actual, pues ahora con la reforma incurrirá también en cohecho quien deje de realizar un acto relacionado con sus funciones, circunstancia que en la actualidad no se prevé en la redacción.

La comisión también amplía el margen para evitar el cohecho a los servidores públicos internacionales, cuando a quien con el propósito de obtener o retener por sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o en servicios a un servidor público extranjero en su beneficio o el de un tercero para que gestione la tramitación de cualquier asunto.

Por último se prevé el cambio a una ley, cuya promulgación aconteció apenas en junio del año 2012, la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, en donde se estipula que el Programa Federal de Protección a Personas tendrá aplicación, entre otros casos, cuando un tratado internacional así lo imponga.

De esta manera, los tratados se rigen en régimen jurídico superior, tal como lo señala el artículo 136 de nuestra Carta Magna. Por todas las consideraciones vertidas, la bancada del Partido Verde Ecologista de México emitirá favorablemente el voto al presente dictamen. Es cuanto, señor presidente, y gracias a la asamblea por su atención.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Camarena García. Tiene el uso de la voz la diputada Alfa González Magallanes para fijar postura en representación del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes:Gracias, presidente. Felicito al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza por la presentación de esta iniciativa que hoy acompañamos.

Uno de los mayores problemas en este país es que hemos construido una cultura que fomenta los actos de corrupción en nuestro actuar cotidiano. De ello da cuenta el Informe 2013 de Transparencia Internacional, el cual añadido al Índice de Percepción de Corrupción nos ubicó en el lugar 106 de 177, junto con países como Argentina y Gabón. Nuestro país obtuvo 34 puntos dentro de una escala donde con el cero se mide el mayor nivel de corrupción y con el 100 el menor, con lo cual quedamos a 87 lugares de Uruguay, que fue el país mejor ubicado en América Latina al colocarse en el lugar 19.

Sobre los factores que se miden para determinar el nivel de percepción de corrupción, el citado organismo internacional cuantifica las percepciones sobre corrupción en el sector público, y al argumentar sobre este problema esta organización anota: la corrupción en el sector público sigue siendo uno de los mayores desafíos a nivel mundial, especialmente en áreas como los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales.

Las instituciones públicas deben tener mayor apertura con respecto al trabajo que desarrollan y los funcionarios deben ser más transparentes sobre sus decisiones, investigar y juzgar la corrupción sigue siendo una tarea manifiestamente difícil. Ante los resultados obtenidos en los niveles de corrupción que existen en nuestro país, la organización Transparencia Mexicana ha hecho recomendaciones respecto a que para combatir la corrupción se requiere un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Otra recomendación es la de avanzar en la implementación de una reforma en justicia penal para reducir los espacios de impunidad, justo en este marco de tomar medidas para combatir un mal que ya asemeja ser endémico en este país, se presenta el dictamen de la Comisión de Justicia que reforma los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, a fin de hacer más viable la acreditación del tipo penal para armonizarla con la figura vigente de cohecho genérico.

La definición del delito de cohecho que en los tratados internacionales, especialmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ha sido definido como el requerimiento o la aceptación directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto, de valor pecuniario u otros beneficios de dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, así como el ofrecimiento u otorgamiento de estos beneficios directa o indirectamente o para un tercero.

Ésta es una de las obligaciones que derivadas de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos tenemos como legisladores. Debemos ser conscientes de la gravedad del asunto. En nuestro país la aprobación pública de los funcionarios de los tres niveles de gobierno resulta, por decir lo menos, cuestionable.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dará su voto a favor del presente dictamen para poder abonar en que este delito tan común lamentablemente en nuestro país y que tanto nos lesiona como sociedad, por el tipo de prácticas que han implicado escándalos locales e internacionales, como los sobornos que ya mencionó la diputada Lilia Aguilar en el caso Walmart por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que esa cadena se instalara en el perímetro de la zona arqueológica de Teotihuacan, situación que fue hecha pública por el diario The New York Times.

Otros casos como el del ex director de operación de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno Díaz, quien solicitó sobornos que le permitieron comprarse un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil dólares y mantener a su hijo estudiando en una universidad inglesa.

Compañeros y compañeras, combatamos también en nuestro quehacer cotidiano esta práctica y fomentemos en nuestro entorno inmediato acciones que vayan en contra del cohecho en todos los niveles de gobierno. Agradezco su atención y estoy segura que todos respaldaremos acciones que nos permitan combatir estos actos también desde el marco legal que nos corresponde adecuar para poder contar con una justicia más eficaz. Gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputada González Magallanes. Tiene el uso de la voz la diputada Esther Quintana Salinas, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Esther Quintana Salinas:Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores. El posicionamiento que hoy se presenta —no quiero ser repetitiva porque quienes me han antecedido han dado explicaciones amplias y bastantes— deriva de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, y el 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.

El 4 de marzo de 2014 llegó a la Comisión de Justicia la minuta con proyecto de decreto. Específicamente lo que se pretende es ampliar el tipo penal de cohecho cuando la conducta se realice con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales; o se ofrezca, prometa o se dé, por sí o por un tercero, dinero o cualquier otra dádiva, bienes o servicios a un servidor público extranjero en su beneficio o el de un tercero para obtener de éste una determinada conducta que redunde en beneficio del sujeto activo.

Lleva el presente proyecto —y esto hay que destacarlo— ya la impronta de la práctica jurisdiccional que se refleja en la jurisprudencia 88/2001 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, al proponer la reforma al artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, se amplía el ámbito de aplicación de la norma a los casos en las que las disposiciones internacionales lo prescriban.

Y concluyendo, todo aquello que tenga como objetivo minar ese cáncer que se llama corrupción y que forma parte de la vida en este país en todos los ámbitos, público y privado, definitivamente que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoya con todo para abonar a minarlo, como dije hace un momento.

Porque nos preocupan los hechos de corrupción, de cohecho, de peculado y todas aquellas conductas de las que hemos sido testigos, sobre todo en los últimos meses, los mexicanos.

Entonces, razón más que suficiente para apoyar la presente iniciativa, la cual esperamos que se traduzca en una efectiva persecución y sanción, sobre todo a aquellos que se dicen servidores públicos y que no son más que una rastra de pillastres y sinvergüenzas.

En el Partido Acción Nacional no únicamente pedimos y exigimos que la ley se adecue a la realidad actual, sino que se aplique cuando haya que aplicarse. Hay que darle los instrumentos a quienes persigue los delitos y a quien aplica las sanciones, para que lo haga de manera más eficaz y eficiente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Quintana Salinas. Tiene el uso de la voz el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón:Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, de acuerdo con diversos instrumentos de medición de la opinión pública existe un consenso generalizado entre la opinión pública en el sentido de que la corrupción es uno de los fenómenos que más contribuyen a demeritar nuestra vida pública y la calidad de nuestra democracia.

De igual forma, diversas entidades nacionales e internacionales han reconocido que este fenómeno trae consigo consecuencias funestas que inciden en el crecimiento y desarrollo de nuestra patria, lo cual se refleja en el hecho de que muchas empresas o personas dedican buena parte de sus recursos a pagar dádivas para acelerar trámites y gestiones, que de suyo deberían ser gratuitas o cobradas conforme a derecho y bajo el orden de la legalidad.

El dictamen que ahora comentamos y que ha sido motivo de diferentes comentarios, tanto en la comisión como en el pleno, no solo busca hacer más sencilla la acreditación del tipo penal de cohecho, sino que busca contribuir a una mejor gobernabilidad a través de la moralización del servicio público y de quienes lo integran. De igual forma, con la presente reforma daremos sentido y haremos realidad diversos criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación los cuales, en el ejercicio de sus funciones de legislador negativo, aclaran los alcances que este tipo penal y las consecuencias tendrán para la vida jurídica de nuestro país.

Es importante, compañeras y compañeros, reflexionar en este sentido. La vida pública del país merece todo el respeto y merece fortalecerla. Este dictamen motivo de la discusión el día de hoy proviene de dos compañeros priistas, la compañera Alejandra del Moral y el compañero Héctor Gutiérrez de la Garza y de su servidor, quienes en la propuesta original, que ha sido aprobada debidamente, estamos ampliando la penalización del delito de cohecho no solamente a la acción, sino también ahora a la omisión.

No se estará encuadrando y tipificando el delito de cohecho solamente por la acción; la omisión a partir de este momento será también motivo de penalización. No podemos permitir que circunstancias como éstas sigan pasando en nuestro país.

Cabe recordar que como bien se señala en el dictamen, la tipificación del cohecho se incluyó en 1999 con el propósito de cubrir los requerimientos dispuestos por la convención de la OCDE conocida como la Convención Anticohecho, la cual señala en su artículo 1o. que los Estados parte del mismo deberán establecer en su legislación penal el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros, situación sumamente importante también para dar un tono global e integral a esta reforma.

Dicha convención, señalan las comisiones dictaminadoras, constituye un acuerdo internacional mediante el cual se establecen diferentes tipos de medidas para prevenir, disuadir y penalizar a las personas físicas y jurídicas colectivas que prometan, den, ofrezcan o encubran gratificaciones a servidores públicos de otros países a fin de obtener un beneficio para sus propios negocios en el marco de las transacciones comerciales internacionales.

Aunado a lo anterior, la Convención Interamericana contra la Corrupción en su artículo 8o. establece la obligación de prohibir y sancionar el soborno internacional y transnacional, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 16, dispone que cada Estado, para adoptar las medidas necesarias, deberá tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas.

En virtud de todo lo anteriormente comentado, debemos reconocer que el tipo previsto en el Código Penal Federal no ha arrojado los resultados esperados; por lo tanto, es correcto proceder a la modificación que en este momento se propone, razón por la cual, compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia total y radicalmente a favor del presente dictamen, toda vez que el mismo busca revalorar la importancia del servicio público y prevenir la comisión de ilícitos al amparo del poder. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Rodríguez Calderón. Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general, para hablar en pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. De conformidad a indicadores de Transparencia Internacional del 2013, México ocupó la posición 106 de 177 países en materia de corrupción, tan solo encima de países como Nigeria y Etiopía.

Hemos perdido —según estos indicadores— 13 espacios desde el 2001, primer año en que Transparencia Internacional comenzó con sus mediciones. La corrupción en México es un tema tan complejo que demuestra la urgencia de abordarlo frontalmente. Las mordidas, el tráfico de influencias, el soborno, el desvío de recursos, la impunidad son hechos cotidianos en nuestro país.

Aquí ya dieron a conocer —la diputada Aguilar— el caso de la trasnacional Walmart, que según un reporte de The New York Times, entre el 2001 al 2005, entregó sobornos a diferentes niveles de gobierno para garantizar permisos para sus operaciones, pero no es sólo el caso de Walmart, está el caso reciente de Hewlett Packard, que entregó más de un millón de dólares para justificar la adquisición de software por parte de Petróleos Mexicanos.

Es decir, está profundamente enraizado el tema de la corrupción, y nos parece que esta reforma, si bien es un esfuerzo importante en materia penal, nos parece insuficiente. Se tiene que atender de fondo este problema y vemos que la Comisión Anticorrupción que se propone reformar el artículo 109, sigue tardando.

Sabemos que se han hecho foros, pero creemos que un tema de tan alta dimensión, un problema que es un cáncer en nuestra realidad política nacional, no puede esperar más, a menos que sea mera propaganda, que sea un discurso de campaña y se pretenda que la Comisión Anticorrupción siga ahí como mera retórica y no se legisle en nuestra Constitución.

Hay muchos casos de cohecho y de sobornos. Está el caso multiconocido de Oceanografía, donde no sólo está el tema bancario, está el tema de la omisión. Aquí se ha hablado de omisión y la omisión del jurídico de pemex y del Órgano Interno de Control, tanto de Pemex-Exploración y Producción, como de Pemex-Corporativo, debiese ser motivo de responsabilidad penal, y conforme a esta nueva tipificación tendrían que estar tras las rejas estos funcionarios omisos. Es el caso también de Edenia, y es el caso de todo lo que debiese ser motivo de investigación por parte de la comisión para revisar los contratos de Pemex.

Vamos a ver en ese momento —y concluyo, presidente— si solamente es retórica del PRI, reformas a los códigos, pero vamos a ver si cuando se trate verdaderamente de ir por los peces gordos de la corrupción en Pemex y en diferentes dependencias tienen la voluntad para ir a fondo en este caso. Si no, todo será demagogia y meras reformas que no tienen aterrizaje material. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía Berdeja.No habiendo más oradores registrados y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutir en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 433 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 433 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría dé lectura a los resolutivos de una comunicación de la Junta de Coordinación Política, que acaba de llegar en este momento a la Mesa Directiva.

VOLUMEN II

MODIFICACION AL ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 64, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente una modificación al orden del día de la presente sesión, a fin de que se incluya en el orden del día y se le dispensen los trámites a los siguientes asuntos en el apartado de dictámenes, para su discusión y votación.

1. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el artículo 25 del Código Penal Federal.

2. De la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, 1055 Bis, 1168 y 1175 del Código de Comercio.

3. Dictamen de las comisiones unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, relativo a la minuta del Senado con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio de la Ley General de Sociedades Mercantiles de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley  General de Títulos y Operaciones de Crédito de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en relación con la Miscelánea en materia Mercantil.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 29 de abril de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica, p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica, p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado.Se modifica.

En consecuencia le pediría a la Secretaría diera cuenta de las declaratorias de publicidad de los dictámenes.

CODIGO DE COMERCIO - LEY GENERAL DE SOCIEDADES  MERCANTILES - LEY DE FONDOS DE INVERSION - LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles; de Fondos de Inversión; General de Títulos y Operaciones de Crédito; Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con la miscelánea en materia mercantil.

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CODIGO DE COMERCIO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, 1055 Bis, 1168 y 1175 del Código de Comercio.

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se adiciona el artículo 25 del Código Penal Federal.

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que los dictámenes antes mencionados se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Se autoriza.

CODIGO DE COMERCIO - LEY GENERAL DE SOCIEDADES  MERCANTILES - LEY DE FONDOS DE INVERSION - LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y de las Leyes Generales de Sociedades Mercantiles, de Fondos de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos, y Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con la miscelánea en materia mercantil.*

Para fundamentar el dictamen por las comisiones, tiene el uso de la voz el diputado Juan Carlos Uribe Padilla.

El diputado Juan Carlos Uribe Padilla:Con su permiso, señor presidente. Las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público presentamos a esta honorable asamblea el presente dictamen en relación a la minuta de nuestra colegisladora, que nos remite y que modifica diversos ordenamientos de la denominada miscelánea mercantil.

Los integrantes de las comisiones consideramos los siguientes aspectos positivos que contiene la miscelánea mercantil, como son la simplificación de los procesos administrativos que rigen la actividad mercantil, de tal manera que los requisitos como las publicaciones de las sociedades mercantiles, las convocatorias a asambleas y los estados financieros, entre otros, se realicen de manera electrónica.

El fomento a la libertad contractual entre accionistas y la reducción de los porcentajes para ejercer derechos minoritarios también son beneficios de esta minuta. La eliminación de las restricciones en la emisión de acciones con características especiales relacionadas con los derechos de voto en beneficio de los accionistas minoritarios también se suma a la misma. La supresión de los costos de trámites y cargas económicas para la creación de nuevos negocios y la formalización de comercio ya existentes contribuye también.

La modernización del régimen de administración y vigilancia de las sociedades mercantiles, para que el comité integrado por miembros del consejo de administración ejerzan sus funciones de auditoría contribuyen de manera importante.

De la misma manera, la modernización de los registros públicos para que operen a bajo costo y sean de baja consulta mediante un sistema centralizado ayuda bastante.

El fortalecimiento del sistema de garantías mobiliarias, con normas claras y sencillas, es otro beneficio. Y el fomento de financiamiento y el perfeccionamiento de las figuras crediticias en México son algunas, entre otras.

Estas bondades que pueden alcanzarse con el presente proyecto si es aprobado por esta asamblea van a revolucionar el mercado mobiliario. Se va a otorgar una mayor certidumbre jurídica para los inversionistas y va a mejorar las relaciones internas de las sociedades y a favorecer financiamientos a bajo costo.

En este sentido, estamos a favor de las modificaciones que nos remite el Senado, porque están conforme al espíritu original de la iniciativa y toma en consideración la opinión de las instituciones que de alguna manera aplican la legislación mercantil, además de que las modificaciones realizadas por el Senado actualizan el dictamen para hacerlo acorde a las reformas que se realizaron en materia financiera.

Algunos de los obstáculos que tenemos en el desarrollo económico, se refieren a normas que limita la libertad de las personas que realizan negocios. De acuerdo con el reporte Doing Business de 2014, México ocupa el lugar 53, bajamos dos lugares en relación del reporte anterior, nos hemos mantenido a la mitad de la tabla debido a tres reformas que destaca este documento, entre las que se incluye la eliminación del capital mínimo en la constitución de una sociedad mercantil.

El presente dictamen considera las facilidades de apertura de nuevos negocios, así como un impulso a la economía nacional, en este sentido las micro, pequeñas y medianas empresas van a ser las principales beneficiadas.

Reconocemos la aportación que el diputado Arturo Salinas Garza ha realizado al presente dictamen, al ser el diputado promovente de tan importantes modificaciones. Las Comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público avalan el presente dictamen y les piden su voto a favor por lo antes expuesto y por el asunto de que ésta contribuye a eliminar costos y cargas económicas, que esto eleva la productividad y la competitividad de las empresas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su venia, señor presidente. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votó a favor del dictamen, que hoy es identificado también como miscelánea mercantil, en virtud de que implica diferentes reformas a disposiciones en materia de comercio y sociedades mercantiles.

Apoyamos la propuesta porque introduce medidas que entrañan diversos beneficios sociales para los particulares que realizan actos de comercio.

La minuta que hoy se pone a discusión mantiene el espíritu del dictamen al seguir fomentando la modernización y simplificación administrativa para gran parte de las actividades productivas en el país y erradicar la complejidad de los actos y requisitos que existen en materia mercantil.

Nueva Alianza ha propuesto constantemente que la simplificación viene a constituir un principio de conducta administrativa que orienta las decisiones oficiales e imprime dinamismo a los procesos de gobierno. Con esto, la simplificación adquiere una característica preventiva, más que correctiva y de observancia permanente.

Las comisiones unidas están plenamente comprometidas con los trabajos legislativos que tengan qué ver con respetar el principio de simplificación administrativa para efecto de facilitar las actividades de todas las personas físicas o morales que realicen actos de comercio.

Derivado de lo anterior se reconoce que la presente minuta tendrá como efecto reducir los costos y las cargas administrativas relacionadas con la realización de publicaciones periódicas.

Por otro lado, mi grupo parlamentario observó durante la discusión del dictamen que la medida de embargar los productos y materias primas agrícolas constituía una medida arbitraria en perjuicio de todo deudor mercantil, ya que deja al deudor sin fuente primaria para producir ingreso que le permita dar cumplimiento a sus obligaciones.

En tal sentido, Nueva Alianza reconoce que la minuta que hoy aprobaremos elimina tal disposición, contenida en el artículo 1395 del Código de Comercio.

La reforma que hoy concretamos con la aprobación de la presente minuta presenta bases sustanciales respecto de la flexibilización de las reglas para reconocer y realizar acuerdos entre los accionistas de las sociedades mercantiles, logrando con ello condiciones más favorables para el ejercicio de derechos de grupos minoritarios de las sociedades.

Bajo dicho contexto estuvimos de acuerdo con que se eliminen las disposiciones legales que ponen límites a las sociedades, a fin de que los socios puedan manejar o disponer de sus bienes o acciones como mejor les convenga dentro del marco legal.

Estas comisiones unidas coincidieron en que la iniciativa busca priorizar la autonomía y voluntad de los accionistas respecto a la elaboración y toma de acuerdos sobre derechos de compra, venta y limitaciones sobre el derecho de voto.

En el mismo sentido se busca fomentar en todo momento que las sociedades mercantiles puedan realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo explícitamente restringido en sus propios estatutos y en la ley.

Finalmente, votaremos la presente minuta a favor, ya que fomenta la observación e implementación de los principios de flexibilización y simplificación legal. Por tanto, repito, nuestro voto será a favor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Durante esta Legislatura se nos ha hecho común que la colegisladora nos envíe de vuelta varios de los dictámenes aprobados en periodos pasados por esta Cámara de Diputados. Hoy volvemos a encontrarnos con correcciones enviadas por la colegisladora, donde nos hacen ver lo pésimo que estamos legislando.

Es increíble el número de dictámenes que nos han sido corregidos en los últimos cuatro periodos ordinarios y todo por la necedad de querer aprobar en poco tiempo y sin un importante análisis los temas más trascendentales para nuestro país.

Ya los contenidos de la minuta han sido ampliamente expuestos, pero es buen momento para reflexionar acerca de la utilidad o inutilidad del Reglamento de esta Cámara de Diputados, que obliga a un funcionamiento más preciso y sobre todo eficaz de los órganos de apoyo que tiene este pleno, como son las comisiones ordinarias que por cada tema deben abordar con absoluta seriedad los debates de las leyes que se han estado reformando, pero sobre todo tener la grave responsabilidad, cumplir con esta parte del Reglamento en la que se menciona la necesidad de escuchar a la población, de escuchar a los sectores, de escuchar a las asociaciones, y que no siga siendo este pleno irreflexivo y en el peor de los casos irresponsable como lo demuestra esta nueva corrección que nos hace el Senado.

Diputado presidente, con su venia voy a hacer un breve comunicado: el próximo viernes 2 de mayo a las 17:30 horas, vamos a llevar a cabo en mi distrito, en Coyoacán, en el distrito 24, la presentación del libro del diputado Ricardo Monreal, que se llama La privatización del petróleo, el robo del siglo, y estará también con nosotros en los comentarios el senador Alejandro Encinas.

Yo hago la invitación a las y a los compañeros diputados, y también a la gente que tiene la amabilidad de seguir estos debates a través del Canal del Congreso. Dicho lo anterior, creo que queda claro que el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, el diputado Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado José Arturo Salinas Garza:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Quiero iniciar mi intervención haciendo un especial reconocimiento a los presidentes de la Comisiones de Economía y de Hacienda de esta honorable Cámara de Diputados por la excelente labor legislativa y el apoyo que recibí desde que presenté esta iniciativa el año pasado; creo que hay un gran compromiso por parte de todos los diputados de aprobar iniciativas que beneficien al país.

A nombre propio, como iniciante, y a nombre de mis compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional considerábamos impostergable concretar este tipo de reformas que hoy se proponen en esta minuta que estamos discutiendo. Quiero señalar que el objetivo principal y el objeto integral de este conjunto de modificaciones es impulsar la competitividad de la economía mexicana. Es simplificar y desregular los trámites y, sobre todo, apoyar a que más micro, pequeñas y medianas empresas puedan hacer negocios en México de manera sencilla.

Como sabemos, este dictamen que se nos presenta por parte de la colegisladora con las modificaciones a la iniciativa que fue presentada por el suscrito es consecuencia de un trabajo previo que se había hecho en esta Cámara de Diputados con la finalidad de ajustar, de modificar y de desregular cuestiones en materia mercantil.

La colegisladora hizo algunos cambios al dictamen que fue aprobado por esta Cámara de Diputados con el único fin de ajustarlos a la reforma financiera vigente y así evitar posibles contradicciones, razón por la cual dichas modificaciones que fueron realizadas por la colegisladora las consideramos necesarias y pertinentes.

Con este dictamen se modifican cinco legislaciones con propósito de implementar más y mejores prácticas internacionales que impulsen, como he señalado, la competitividad y la productividad nacional teniendo como base la simplificación administrativa en materia mercantil en pro de las micro, pequeñas y medianas empresas, para que aligeren sus cargas económicas cuando creen nuevos negocios, que atraigan mayores inversiones, que se consoliden las empresas mexicanas existentes y se generen más empleos trayendo efectos positivos a la economía mexicana.

Por otro lado, se modernizan y fortalecen los órganos de vigilancia de las sociedades mercantiles otorgando mayores atribuciones y facultades a la figura del comisario.

Esta iniciativa propone la creación de un sistema electrónico gratuito que será manejado por la Secretaría de Economía, para que todas las sociedades mercantiles publiquen gratuitamente sus convocatorias, sus informes, sus circulares y gracias a este medio magnético se ha eliminado de manera definitiva todas las publicaciones en papel que se realizaban antes. La utilización de este nuevo boletín electrónico ahorrará más de cinco mil millones de pesos a las empresas de este país.

También quiero señalar que se digitaliza el funcionamiento del Registro Público de Comercio mediante el establecimiento de una plataforma integral que permite hacer consultas en línea de cualquier rincón del país, evitando que se tenga que ir a cada entidad federativa a recabar la información haciendo más rápido, más ágil y a menor costo estos trámites.

También se fortalece el sistema de garantías mobiliarias y de prelación de los acreedores con normas claras y sencillas, así como el procedimiento de ejecución de las propias garantías mobiliarias para hacerlo más expedito, pronto y obviamente más efectivo. También se mejora en el Código de Comercio la relación al momento en que surten efecto los contratos ante terceros y nacen las obligaciones entre acreedores y deudores de garantías mobiliarias.

También quiero señalar que coincidimos con la modificación que hizo el Senado relativa al embargo de los productos a que se hace mención en la fracción I del Código de Comercio, pues se considera que éstos, por su naturaleza, ya se encuentran incluidos en el concepto de mercancías.

En Acción Nacional, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, estamos convencidos de que las leyes deben evolucionar conforme evoluciona la sociedad, y más cuando se trata de competitividad, de regulación y generación de empleos que puedan hacerles la vida más sencilla a los ciudadanos.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen y minuta que fue enviada por el Senado, porque con esto estamos convencidos de que habrá mayor competitividad y mayores empleos en México. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): A favor.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga(desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor Presidente, se emitieron 412 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, de Fondos de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con la miscelánea en materia mercantil. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES, REPECOS

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Raquel Jiménez.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Solamente para hacer un extrañamiento a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, así como a la Mesa Directiva, toda vez que esta mañana la diputada Margarita Licea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hizo la solicitud de hacer una modificación al orden del día para atender un punto de acuerdo con el tema de los Repecos, cosa que fue negada debido a que el orden del día había sido ya aprobado y estaríamos violentando el Reglamento que rige a esta Cámara de Diputados. A pesar de que más de 30 diputados externamos aquí nuestra opinión sobre el tema, el mismo fue negado.

Sin embargo, a las 16 horas con 10 minutos se hizo una modificación al orden del día a solicitud de la Junta de Coordinación Política para incorporar tres dictámenes más, a los cuales por supuesto no resto importancia; no se trata de restar importancia a estos tres dictámenes que se han incorporado.

Pero me parece que es digno de un extrañamiento el que un tema tan importante como es el de los Repecos no haya sido considerado para incorporarse al orden del día. Hago un llamado a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que mañana los 500 diputados podamos ver enlistado en el orden del día el punto de acuerdo propuesto por la diputada Margarita Licea. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículo 75, 1055 Bis, 1168 y 1175 del Código de Comercio.*

Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene la palabra la diputada Patricia Retamoza Vega. Sonido en la curul del diputado Salinas Mendiola. Dígame diputado.

El diputado Glafiro Salinas Mendiola (desde la curul): Presidente, nada más por el sentido del voto. Por un error oprimí en contra, pero era a favor mi sentido del voto.

El Presidente diputado José González Morfín: Y el sistema se lo rechazó. Gracias. Tomamos en cuenta eso, diputado. Se aprueba por 413, 1 abstención y 0 en contra. Adelante, diputada.

La diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Quiero primeramente agradecer y felicitar al diputado presidente de la comisión Mario Sánchez y a todos los integrantes de la misma por el trabajo y aprobación de este dictamen en la comisión, así como al diputado Ricardo Fidel Pacheco, promotor de la misma.

Compañeras y compañeros legisladores, Lord Scarman, presidente del Consejo del Reino Unido para el Año Internacional del Refugio para las Personas sin Hogar, afirmó que el alojamiento es una necesidad humana prioritaria como el alimento y el agua, y una condición esencial de la vida civilizada.

Cuando se comprendan estas verdades, se reconocerá el problema de estar sin hogar como lo que verdaderamente es, una afrenta contra la dignidad humana y la denegación de un derecho humano básico.

El dictamen que la Comisión de Economía somete a su consideración tiene como objeto regular que cuando el crédito otorgado por cualquier persona física, moral u organismos encargados de financiar programas de vivienda tenga garantía real el acreedor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda de acuerdo a este Código, la legislación mercantil o la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el documento en el que se establecen las acciones de la administración pública dentro de las cuales se encuentra un México incluyente, que tiene por finalidad garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos en las que el objetivo es el promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna a través de la estrategia de transitar hacia un modelo de desarrollo urbano, sustentable e inteligente, teniendo como propósito el fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los otros apoyos a la vivienda.

Los organismos nacionales de vivienda Fonavi, son los organismos de vivienda con cobertura de atención en todo el territorio nacional que tienen por objeto otorgar financiamiento y créditos en apoyo de la producción, adquisición de vivienda, mejoramientos habitacionales y pago de pasivos, tal es el caso de Infonavit, Fovissste, Fonhapo, CHF, Conavi, entre otros.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con el diputado proponente en reconocer que actualmente existe una cantidad significativa de vivienda financiada con créditos procedentes de diferentes organismos nacionales de vivienda, de carácter social, que se encuentran en total abandono, lo que genera problemas de índole jurídicos, sociales y financieros.

Dado su carácter social, el Infonavit apuesta por mantener la relación con sus acreditados. Siempre que ellos tengan voluntad de pago existirá una solución para la conservación de su patrimonio.

De esta manera, el Infonavit refuerza su papel de generar bienestar social a través de una cobranza social que busca que los trabajadores y sus familias cuenten con un hogar y mantengan su patrimonio, ofreciendo un trato digno y buscando siempre la mejor solución para el acreditado.

En 2013, el Infonavit generó más de 600 mil soluciones a acreditados con problemas de pago a lo largo de las etapas de cobranza social, lo que refleja una permanente actuación con la finalidad de que los trabajadores conserven su vivienda.

No obstante las alternativas de solución ofrecidas en el marco de la cobranza social se presentan algunos casos en los cuales no es posible contactar al acreditado con incumplimiento en su pago, a pesar de las múltiples gestiones que se llevan a cabo por distintos canales y donde además se presentan evidencias de un abandono de la vivienda financiada, lo cual ocasiona un deterioro significativo en el valor de la garantía de su entorno, lo que conlleva a la necesidad de llevar a cabo procesos de recuperación judicial largos y costosos, ya que un juicio por la vía civil tarda en sustanciarse hasta cuatro años, lo que implica una depreciación del valor del inmueble cercano al 50 por ciento, aunado a la generación de gastos procesales y de reasignación.

Adicionalmente, la afectación de estas viviendas ocasiona un deterioro en el entorno urbano, ya que las viviendas abandonadas representan un riesgo de vandalismo, invasión y con ello propiciar un ambiente de inseguridad que puede generar más abandonos, afectando los desarrollos habitacionales y la plusvalía del patrimonio de los trabajadores.

Por lo tanto deberá entenderse antes que nada que una vivienda abandonada es cuando ésta se encuentra deshabitada y el propietario acreditado no ha podido ser localizado.

Los jueces de lo común en las entidades federativas no admiten demandas en vías alternas a la ordinaria civil y especial hipotecaria a organismo sociales como el Infonavit, derivado de su naturaleza jurídica social, por lo que el objeto de la presente reforma radica en precisar a los actores que podrán ejercer acciones por la vía ejecutiva mercantil cuando el crédito tenga garantía real, resaltando la incorporación de organismos encargados de financiar programas de vivienda.

Actualmente en el Infonavit se tienen identificadas alrededor de 150 mil viviendas abandonadas, donde no ha sido posible entablar comunicación con el acreditado durante el periodo de gestión de la cobranza social. Y por lo tanto resultan inaplicables las alternativas de solución que el Infonavit puede ofrecer a su problemática de pago y conservación del patrimonio.

Con esto sustentaremos nuevas bases para el fortalecimiento de los sistemas de cobranza social por parte de los organismos nacionales de vivienda en cuanto a la recuperación de créditos destinados para la adquisición, mejoramiento y ampliación de la misma, sin alterar el balance entre la viabilidad financiera de la institución y el brindar el mayor apoyo posible a los acreditados cuando enfrentan condiciones desfavorables, y así frenaremos pérdidas económicas del Fondo de Vivienda de los Trabajadores. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con su permiso, diputado presidente. El presente dictamen de la Comisión de Economía, que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio, fortalecerá sensiblemente la operación de los organismos sociales encargados de financiar programas de vivienda al resolver una problemática que se ha incrementado en los últimos años.

En México, de acuerdo con cifras del Inegi, el 14 por ciento de 38 millones de viviendas de todo el país se encuentran deshabitadas; y de esos 5 millones de espacios habitacionales se calcula que del 35 al 40 por ciento están abandonadas, presentado morosidad por parte de sus propietarios. Lo anterior afecta gravemente el desarrollo nacional y las finanzas públicas, pues la insolvencia de la cartera vencida afecta la eficacia y recurso de los organismos nacionales de vivienda, asimismo limita la inversión en uno de los sectores más dinámicos del país, como el de la construcción. Pero más grave aún, vulnera una garantía constitucional de miles de familias mexicanas porque en contraste hay mucha gente en México que no tiene acceso a créditos para vivienda.

Este decreto aborda con pertinencia el problema del abandono de vivienda y actualiza nuestro marco legal al establecer que los créditos con garantía real que otorgan los organismos encargados de financiar programas de vivienda son actos de comercio, y por ende están sujetos a legislación mercantil.

Asimismo, incorpora la extensión para la retención de bienes dentro de las medidas cautelares o providencias precautorias, y define dentro de nuestro código comercial el término de vivienda abandonada. Lo anterior, además de subsanar una necesidad jurídica en esta materia, permitirá a los organismos nacionales de vivienda emprender acciones alternas para la recuperación de créditos que presenten morosidad cuando éstos tengan una garantía real y, sin duda, coadyuvará a disminuir los rezagos en materia de vivienda que aún subsisten, particularmente entre la población con un mayor índice de vulnerabilidad y precariedad económica.

De esta forma, organismos públicos como el Infonavit, que desde su creación en 1972 ha otorgado más de 7.7 millones de créditos hipotecarios, pero que también se ha visto afectado por este problema social, así como diversos fideicomisos de vivienda social constituidos con recursos públicos se verán fortalecidos en sus sistemas de cobranza social y actuaciones institucionales en cuanto a la recuperación de créditos destinados a la adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda, teniendo más opciones que ofrecer a miles de trabajadores y a sus familias, que con justicia reclaman el beneficio de una garantía constitucional.

Compañeras, compañeros diputados, en Nueva Alianza estamos conscientes que diversos factores económicos, ambientales o sociales han orillado a millones de mexicanas y mexicanos a incurrir en mora en el pago de sus créditos hipotecarios, sin embargo, miles de ellos han actuado responsablemente al acercarse y exponer su situación ante los organismos nacionales de vivienda, encontrando diversas opciones que atienden su transitoria problemática.

Sin embargo, existe aún un gran volumen de este tipo de viviendas abandonadas que no se encuentran en estos supuestos, y esa situación demanda soluciones legislativas pertinentes y eficaces, como las que se proponen en este dictamen.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor, reiterando nuestro compromiso de generar instrumentos legislativos que atiendan programas sociales de manera integral, adecuada y efectiva, como lo demanda y requiere el desarrollo de este país. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada Maricela Velázquez Sánchez

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Rubén Félix Hays. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señorita presidenta. Me da mucho gusto tener esta intervención mientras usted preside esta sesión. Con la venia de la asamblea, en efecto, esta iniciativa viene, o al menos dice que viene a resolver el problema de la vivienda abandonada en este país.

Sin embargo, esta iniciativa propuesta por un diputado al que respeto y aprecio, el diputado Pacheco, me parece que no estructura de manera adecuada cómo resolverá este problema.

Y explicaré porqué. En México hay 5.2 millones de viviendas abandonadas. Esto representa 4.5 veces más de la demanda de vivienda que hay en el país. Es decir, de 35 millones de viviendas construidas disponibles para crédito, 5.2 millones están abandonadas.

Pero la gran pregunta es, ¿por qué estas viviendas están abandonadas? Primero, porque las familias mexicanas no pueden pagar estos créditos. Porque cuando aparentemente la función social de los organismos, como el Fovissste o como el Infonavit deben de hacer accesible los créditos a los mexicanos, la gente se queda en estado de indefensión y no puede pagar.

Es decir, la crisis los lleva a un estado de insolvencia real y para los trabajadores, compañeros diputados, no hay Fobaproa, no hay rescate. Y entonces, aparentemente el Estado debe de construir instituciones con carácter social que les permita cuando menos tener una vivienda digna.

¿Qué es lo que ahora se viene a argumentar? Que de estas 5.2 millones de viviendas, casi 300 mil de ellas abandonadas en el Distrito Federal pueda el Infonavit, el Fovissste y otros organismos poder recuperar estas viviendas.

Pero leamos la reforma, compañeros diputados. La reforma, que además inicialmente no incluía el artículo 75, que es el eje toral de la misma, que dice que la Ley de Comercio Mercantil reputa como actos de comercio las garantías reales derivadas de los créditos otorgados por organismos públicos encargados de financiar programas de vivienda.

Fíjense bien, una de las grandes prohibiciones que tiene el Estado, por ser el Estado mismo es especular, especular de cualquier manera, sea con la vivienda, con la salud o con cualquier servicio que le preste a los mexicanos.

Desde el momento en que nosotros, en el artículo 75, de manera oficiosa la Comisión de Economía, sin pasar por comisión —hay que decirlo— agrega el artículo 75 y dice que considerará actos de comercio aquellas garantías reales que tienen que ver con los otorgamientos de crédito para la vivienda que otorgan estos organismos públicos, les da un carácter mercantil y comercial a las garantías de estos organismos que tienen un carácter social.

Les diré solamente el carácter social que tiene el Fovissste, dice: establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente mediante préstamos con garantía hipotecaria. Ahora resulta que estos créditos y estas garantías tendrán un carácter mercantil.

Pero más allá, fíjense bien, el 1055 Bis dice: cuando el crédito otorgado por cualquier persona física o moral u organismo público encargado de financiar programas de vivienda, tenga garantía real, el acreedor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio.

Estamos equiparando, compañeros diputados, a las sociedades mercantiles, a las personas físicas que construyen las estamos equiparando, a los organismos públicos encargados de otorgar vivienda barata a los mexicanos.

El artículo 1055 se los estoy leyendo, no es una interpretación. Es clarísimo. Estamos diciendo que igualarán el mismo derecho de ir a juicio y además de ejercer y conservar la garantía real que se presentó para este crédito con carácter social.

Y déjenme terminar. Aunque la exposición de motivos dice que se considerará como vivienda abandonada aquella que se deje de pagar, el dictamen, en concreto en su artículo 1168, solamente dice: se entenderá por vivienda abandonada la que se encuentre deshabitada y el propietario no pueda ser localizado. Es decir, una cosa se dice en la exposición de motivos y otra cosa se dice en el dictamen.

Más aún, compañeros diputados, se dice que esta iniciativa tiene la intención de recuperar estas viviendas abandonadas que crean vandalismo. En ningún momento, de ninguna manera, el dictamen —y se los acabo de leer— dice que estos organismos públicos deberán de recuperar esta vivienda abandonada. Les da carácter de mercantil a las garantías, pero nunca dice que deberá de recuperar las viviendas abandonadas.

Déjenme ir un poco más allá. La exposición de motivos habla de cobranza social y dice que esta iniciativa fortalece la cobranza social. Yo les voy a dar la definición de cobranza social, dice que es el modelo de acciones, productos y servicios, con el objeto de apoyar a los trabajadores que se encuentran imposibilitados para realizar los pagos de hipotecas.

Cómo el quitarles sus viviendas. Cómo, compañeros diputados, una vivienda que está deshabitada y que no vamos a encontrar a su dueño, se va a determinar que está abandonada y entonces, digamos, que la van a recuperar en un juicio mercantil o civil, según marca la misma reforma, y entonces —termino, señorita presidenta— en lugar de fortalecer la cobranza social, sin importar lo que yo haya aportado como trabajadora, esa vivienda me la van a quitar. No, no dice. No dice cómo voy a recuperar al trabajador. No dice cómo voy a mantener el carácter social del IMSS, del Infonavit ni del Fovissste.

Esta iniciativa, es una iniciativa que deja más dudas que certezas, pero, además, y con esto termino, para que ustedes sepan cómo se aprobó esta iniciativa. Se citó el día de ayer a las 6:00 de la tarde, por correo electrónico, a la Mesa Directiva de Economía para una reunión. Hoy a las 9:00 de la mañana se aprobó en la Mesa Directiva de la Comisión de Economía y no se pasó por comisión. Esto es lo que hoy les traen a pleno.

Yo acabaré, sí, es tiempo, pero me parece responsabilidad de su servidora informarles que ni siquiera esta iniciativa pasó por comisión y que probablemente estamos dañando trabajadores que todos aquí representamos y a los que les debemos respeto y protección. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Muchas gracias, diputada Lilia Aguilar. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodrigo Chávez Contreras, para fijar postura del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el derecho a la vivienda se recoge como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Todos los necesitados del derecho a una vivienda adecuada deberían tener disponibilidad permanente a recursos naturales y comunes: agua potable, energía, alumbrado, instalaciones sanitarias y a servicios de emergencia.

El tema de las casas abandonadas es complejo e involucra variables que van más allá de solo la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario, por lo que vale la pena un poco de reflexión.

La gran demanda de suelo para la construcción de vivienda, la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios, la falta de planeación, así como la corrupción, son factores que han permitido el avance de desarrollos inmobiliarios, muchos de ellos carentes de suficiente equipamiento urbano para la salud, la educación, la cultura, el deporte, el transporte y la recreación. Incluso de los más elementales servicios como el agua.

Ésas son las principales razones de la problemática que generan las viviendas que quedan en abandono.

En los hechos, el gobierno dejó la planeación en manos de los desarrolladores inmobiliarios que dejaron un desastre difícil de resolver. Lograron hacer ciudades sin condiciones mínimas, donde las zonas residenciales se construyeron muy lejos de los centros urbanos y de trabajo.

Esa falta de planeación ha traído también consecuencias económicas y sociales. Tal es el caso que ocurre a lo largo del territorio nacional, donde según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda existen más de 5 millones de viviendas abandonadas en todo el país debido a varios factores: lejanía de su fuente de trabajo, falta de servicios básicos y por el riesgo e inseguridad que muchas de ellas representan, así como la incapacidad de pago de sus adquirientes.

La construcción sin control de conjuntos inmobiliarios obligó a la modificación de planes y programas de desarrollo urbano vigentes. Una vez que se conforman zonas sin criterios adecuados para el ordenamiento territorial, la planeación urbana y la vivienda sustentable las complicaciones aumentan. La dotación de servicios básicos en áreas no aptas, el aumento sostenido en las distancias y tiempos de traslado repercute directamente en la calidad de vida de los habitantes, afectando negativamente su potencial de desarrollo.

El dictamen de la reforma que pretende hoy aprobarse no aborda las causas del por qué el abandono de las viviendas, es más bien una medida mercantil pensada en recuperar recursos económicos.

Otra de las razones que han llevado a las familias a abandonar las viviendas va desde fallas estructurales en la edificación hasta problemas por criterios hipotecarios impagables. Asentamientos realizados en zonas de alto riesgo ambiental, mala planificación de la obra, falta de servicios, así como de la inseguridad.

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos en contra del presente dictamen ya que consideramos que es un mero paliativo y no resuelve de fondo el problema del abandono de las viviendas. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Chávez. Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado David Pérez Tejada Padilla, para fijar postura por el Partido Verde Ecologista de México.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con la venia de la Presidencia; honorable asamblea. Primero que nada quiero agradecer a mi amigo y compañero Rubén Acosta, a quien le correspondía subir aquí a posicionar por parte del Partido Verde, pero con quien su condescendencia y buen compañerismo cedió el uso de la voz a un servidor.

Lamentablemente, como bien comentaba mi compañera diputada Lilia Aguilar, el tema de la vivienda abandonada es multifactorial. A nosotros nos tocó, a muchos de los que recorrimos casa por casa, colonia por colonia durante campaña, nos tocó ver este grave problema que lacera a nuestra sociedad y a nuestras comunidades, porque se vuelven en focos de infección, se vuelven en nidos de delincuentes y de drogadicción y termina lacerando el tejido social de nuestra sociedad.

Es por ello, que yo no concuerdo con lo que comentaba un diputado, que únicamente es un paliativo, se necesita —yo creo— entrarle de fondo al tema con múltiples modificaciones que se requieren a las leyes, como anteriormente ya lo hicimos con una iniciativa de la diputada Sue Ellen Bernal en la cual nos adherimos y ella planteaba que regresemos, lo mismo que comentaba la diputada Lilia Aguilar, a un tema de cobranza social.

Si bien es cierto, las instituciones de vivienda y los organismos públicos en México, principalmente el Infonavit y el Fovissste, requieren de tener una garantía real sobre los bienes que son patrimonio a través de los cuales ellos otorgaron mediante un crédito hipotecario de vivienda.

Es por ello que al no tenerlo bien plasmado en la ley, muchas de las veces tenía que recurrir este instituto u organismo público de vivienda, en el caso de los ayuntamientos, a que el ayuntamiento mediante el incumplimiento del pago del impuesto predial pudiera mediante juicios mercantiles más expeditos poder recuperar los bienes, y a partir de ahí el Infonavit poder recolocar esta vivienda abandonada a través del mercado y de los sujetos acreditados de estas instituciones de vivienda.

Es por ello que nos sumamos nosotros a esta propuesta, la cual vemos muy viable siempre y cuando el abandono vaya ligado al tema del incumplimiento con el pago del crédito; creo que eso lo tienen muy bien detectado los organismos públicos de vivienda a los cuales les estamos dando cabida dentro de estas modificaciones al Código de Comercio.

Es por lo anteriormente expuesto que expresamos esta conformidad con el dictamen que en breve votaremos y que seguramente con esta medida vamos a limitar la actuación de gente abusiva o de despachos que se han aprovechado en el tema de esta cobranza, y por lo tanto tener una garantía real de estos institutos de vivienda, para que contemos con mucho menor vivienda abandonada y podamos ayudar a construir ese nuevo tejido social que queremos en nuestra sociedad. Es cuanto, a la presidencia, y agradezco su atención a todos en mi posicionamiento.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Pérez Tejada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Augusto Morales López, para fijar postura por el Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carlos Augusto Morales López:Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas y diputados. ¿De veras vamos a ser nosotros los que votemos una reforma para confiscar de manera arbitraria el patrimonio de los que menos tienen en este país?

Los quiero llamar a la reflexión y espero lograr sensibilizarlos. El problema de éstos más de cinco millones de viviendas que se encuentran desocupadas no es el problema primigenio, la desocupación de estas viviendas es el antecedente.

¿Quién en su sano juicio y necesitando una vivienda la deja abandonada? Los problemas del abandono de la vivienda tienen que ver con otras causas. Esas causas sin duda son el desplazamiento por inseguridad, las malas políticas de asignación de crédito y las políticas de construcción, la nula planificación urbana y de transporte a la hora de concebir estos desarrollos inmobiliarios, la pérdida del ingreso de la clase trabajadora por la falta de oportunidades de trabajo. Es también lamentable que en este orden de ideas se quiera equiparar un crédito social con un crédito mercantil.

Señoras y señores, el gobierno no tiene actividades con fines de lucro. La Ley Mercantil está diseñada y está adecuada para litigar o dirimir diferencias de actividades comerciales con fines de lucro. Nunca el gobierno realiza actividades con fines de lucro porque las actividades que tutela son de interés social y el interés social no genera rendimientos, no genera rendimientos, no genera dividendo alguno.

Habrá que preguntarnos también por qué esta reforma ha sido realizada de forma tan apresurada, tan desaseada y a quiénes beneficia. ¿Quién va a vender esa cartera vencida que se encuentra en manos del Estado. Con qué características lo va a hacer? ¿No podríamos estar parados frente a otro gran atraco a la clase que menos tiene en este país?

Es evidente también que la venta o la pretensión de vender estas viviendas no resuelve el problema de fondo. Todo lo contrario, despoja a más de cinco millones de mexicanos de un patrimonio que los manda más allá de las condiciones de pobreza. Y el Estado, nosotros, lejos de cumplir nuestro papel de velar por el interés común, estaríamos abonando en incrementar las grandes desigualdades y las grandes desventajas que tiene esta clase de población que es sujeto de estos créditos de interés social.

Es claro también señalar, y creo que no está de más reiterar aquí, que esta reforma va en contra del espíritu de instituciones de vivienda como el Infonavit y el Fovissste, va en contra del espíritu social de estas instituciones. Viola también, hay que decirlo, el derecho constitucional que está consagrado en nuestra Carta Magna a la vivienda.

En suma, no se busca recuperar créditos. Y si ésa es la intención, señores, están equivocados. Porque el resultado final de esta reforma, de ser aprobada, va a ser lamentable para millones y millones de familias que se van a ver despojadas de sus viviendas, sin juicios previos y con todo el autoritarismo de un Estado insensible y ajeno a las necesidades de su población.

Por esto, el Grupo Parlamentario del PRD va a votar en contra de esta reforma que se está planteando en estos momentos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Morales López. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, para fijar postura del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. El dictamen que está esta tarde a nuestra consideración merece el reconocimiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y, de manera específica, de un servidor de ustedes y de quienes firmamos la iniciativa que ha motivado este dictamen.

Les diría con toda claridad que la pretensión de modificar los ordenamientos legales, que seguramente en un momento estarán a nuestra consideración, es atender una problemática social reconocida para las instituciones que, efectivamente, fomentan y realizan crédito de vivienda a los trabajadores.

Hay en diversos estudios, números de distinta tonalidad de cuántas viviendas están deshabitadas en el país, de cuántas viviendas han sido abandonadas en el país, de cuántas otras están en términos de vandalización.

Ante estas diferentes ópticas que pretende la iniciativa, el dictamen que está a nuestra consideración yo diría que pretende, en el marco de una reforma financiera que hemos realizado hace algún tiempo en donde le dimos oportunidad a los organismos crediticios bancarios de que se realice también en los organismos públicos, la posibilidad de acudir a procedimientos más ágiles para recuperar la vivienda que esté en condiciones específicas de abandono.

Es cierto que podemos tener visiones distintas de esta significación, pero yo diría que la iniciativa y el dictamen proponen específicamente una serie de condiciones para que se pueda dar esta parte de la figura jurídica del abandono, que no es nueva y que se ha incorporado en este dictamen.

No estar habitada, no encontrar localizable al propietario de la misma, que haya una situación atípica con el pago de su crédito, es decir, que estuviese fuera del cumplimiento de pago, que la vivienda tenga además condiciones de insalubridad, de deterioro; todas estas cuestiones que deben darse para el caso específico del abandono son las únicas que hacen posible que en un determinado momento la autoridad a quien corresponde rescatar estas viviendas lo haga por la vía de un juicio ejecutivo mercantil, es decir, de manera más ágil.

Tengamos presente, compañeras, compañeros, que al final de cuentas en esta parte los organismos de vivienda son intermediarios de fondos que pertenecen a los trabajadores que son acreditados en el Fovissste o en el Infonavit y a quien deben responderle las autoridades que administran estos fondos para poder recuperar de mejor manera éstos y poder ponerlos, como bien se dijo aquí, de nueva cuenta en la posibilidad de que los trabajadores acudan y adquieran un crédito en este mismo tipo de viviendas y con el compromiso de las instituciones de que lo tendrán en mejores condiciones que el primero de los créditos.

De ninguna manera la iniciativa o el dictamen pretenden atentar contra derechos de los trabajadores, por el contrario, hay el reconocimiento específico de una problemática que afecta sus fondos y hay la necesidad de posibilitar a los organismos que financian la vivienda que más pronto que en cuatro o cinco años de un juicio ordinario puedan recuperar para los trabajadores esta posibilidad y hacer viable que la vivienda sea presentada nuevamente a la posibilidad de que un trabajador acceda a ella.

Sin duda es un dictamen que promueve una idea a favor de los trabajadores, de sus instituciones de vivienda, y ataca un problema social que está presente en muchas partes del país. Qué bueno que la Comisión de Economía acordó que fuese en sentido positivo. Muchísimas gracias, señor presidente.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Pacheco Rodríguez. Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados: en contra la diputada Socorro Ceseñas Chapa, el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, el diputado Carlos Reyes Gámiz. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Socorro Ceseñas Chapa.

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Adelante, diputado Víctor Fuentes.

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís (desde la curul): Gracias. La verdad es que resulta una pena, sino es que una lástima, el que este tipo de iniciativas con tanta profundidad y que tanto trascienden en la vida de los habitantes de nuestro país no sean cabildeadas, consensuadas con mayor profundidad y ahínco.

Estoy enterado de que apenas llegó el día de hoy esta iniciativa. No dudo que haya un acuerdo procesal. Sin embargo, a excepción del Senado, en donde se remiten estos temas a la mayor cantidad de comisiones posibles en la materia, como en este caso sería en esta Cámara la Comisión de Vivienda, nunca se nos informó, nunca fue turnada, nunca la analizamos, por lo cual me gustaría sugerir, solamente eso, sugerir el que el tema fuera retirado y verse el día de mañana para cuando menos tener acceso al expediente, de lo contrario, al menos un servidor anticipa su voto en contra. Gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado. Su dicho ya quedó registrado en el Diario de los Debates. Continúe, por favor, la diputada Socorro Ceseñas Chapa.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Gracias, presidenta. En México existen cinco millones de viviendas abandonadas, de acuerdo al Inegi, en su mayoría por suspensión de pago de los créditos.

La solución a este problema requiere de acciones públicas, reestructuración de créditos otorgados por el Infonavit, Fovissste, Sociedad Hipotecaria Federal, Fonhapo, Su Casita, etcétera, además de mejorar los servicios y medios de transporte a las unidades habitacionales.

El tema a discusión propone reformar el Código de Comercio para dividir en dos la relación jurídica de los créditos de vivienda otorgados por instituciones de seguridad social, el crédito es social, pero la casa que se entrega a los trabajadores será mercantil. El hecho de que las garantías de los créditos de vivienda se conviertan en actos de comercio significa que el fin es el lucro, por lo que no se buscará a los dueños de las viviendas para buscar facilitar el pago.

El fin de la propuesta aquí presentada es legitimar la venta barata de la cartera vencida, es decir, despojar a los titulares de las casas convirtiendo la función social del Estado en un doble negocio para las empresas coludidas con funcionarios corruptos, ejemplos tenemos muchos y mencionaré dos: como Geo, que se asocia con Salinas de Gortari, y Homex, con los Bribiesca, lo cual ha dejado una deuda con la Sociedad Hipotecaria Federal por más de 120 mil millones de pesos.

Hoy, la cartera vencida que se pretende rescatar es un negocio redondo, porque será vendida al ridículo precio de 20 mil pesos, será subastada para después ofrecerla en 700 mil y acomodar en la lista compradores ficticios o prestadores de nombre.

De esta forma se pone en manos de funcionarios y empresarios 2 billones y medio de pesos para el lucro, pues el costo promedio es de 500 mil, y las matemáticas no fallan. Con esta reforma, que inclusive motivó a modificar el orden del día, curiosamente como otras iniciativas nunca lo han logrado, se trata de evitar la procedencia de las impugnaciones por la venta de la cartera vencida —como se ha hecho hasta ahora— por las y los trabajadores afectados.

La adjudicación de estas viviendas por parte del gobierno rompe la política de vivienda y la obligación del Estado pues se podrá manejar con fines políticos 5 millones de casas, buscando con ello 10 millones de votos absolutamente condicionados para un gobierno sin escrúpulos.

De vender las casas sin resolver las causas de su abandono representa una venta fraudulenta que abrirá otro ciclo exactamente igual. Además el despojo vendrá no sólo cuando una casa sea abandonada —entre comillas— acreditando este extremo plenamente, sino cuando se tenga el temor fundado —también entre comillas— de que sea una casa abandonada.

Por lo tanto es evidente que esta reforma va en contra de la naturaleza de la obligación del Estado y de las instituciones de seguridad social en materia de vivienda. Es indebido que mediante un código se pretenda desconocer las disposiciones especiales de leyes reglamentarias de la Constitución.

Por tanto, esta reforma es anticonstitucional, pues violenta el derecho humano a la vivienda y a los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución. Hoy el gobierno despoja, persigue y encarcela a quienes defienden su vivienda. Es el caso que ahora denuncio, como en el estado de Durango, donde el gobernador mandó a encarcelar a Hilario Román, a Verónica del Rosario Villarreal, Nobel Galván, Javier Romero Vega y Fanny Romero, para quienes pedimos liberación inmediata.

En suma, no podemos apoyar una propuesta que despoje a quienes buscan una vivienda para su bienestar, no podemos apoyar la corrupción de las vivienderas y de los funcionarios corruptos y de quienes los apoyan y les dan sus porritas. No apoyaremos la criminalización de la defensa del derecho a la vivienda.

El gobierno debería garantizar un derecho y no despojar a las ciudadanas y a los ciudadanos de sus viviendas por motivos estrictamente económicos. Ustedes han llevado a esa situación crítica de que la gente no pueda pagar y esté obviamente con deudas en los créditos hipotecarios de casas de interés social.

Enhorabuena para aquellas diputadas y aquellos diputados que reflexionen y voten en contra de esta iniciativa que atenta contra un derecho constitucional, que es la vivienda de las y de los trabajadores. ¿Cuándo llegará el rescate para ellos? Rescatan carreteras, rescatan ahora vivienderos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada Ceseñas Chapa. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Sebastián de la Rosa Peláez.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Adelante, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Quiero dejar de manifiesto la insensibilidad de la Junta de Coordinación, porque —como lo decía la diputada Raquel— en la mañana hubo una amplia discusión para que se subiera al orden del día el tema de los Repecos y en un momento se cambia el orden del día para incluir este tema que afecta a los trabajadores. Y grave también lo que sucede, que sin pasar a discusión en la comisión correspondiente se suba a debate.

Qué lamentable que en la Cámara de Diputados estemos viviendo la violación continua del proceso legislativo. Y qué lamentable que no tengamos todos los diputados la capacidad, la fortaleza de detener estos agravios a nosotros, y especialmente en contra de los ciudadanos, porque al violentar el procedimiento legislativo especialmente se violenta la voluntad ciudadana.

¿Cómo podemos exigirles a los ciudadanos que cumplan con las leyes, si quienes las hacemos somos los primeros en violarlas? Y no nos vengan a decir aquí que quitarles la casa a los trabajadores es en beneficio de ellos mismos.

Con falsedades, con argumentos falsos no podemos venir a discutir leyes, por ello yo desde este momento subrayo puntualmente, vamos a votar en contra y ojalá que la Junta de Coordinación, ojalá que quienes la integran de una vez por todas entiendan que tienen que responderle a la ciudadanía, entiendan que tienen que sujetarse al proceso que ya está establecido y que se dijo en la mañana que no podía subirse un tema tan importante que le afecta a los ciudadanos, porque la Junta no lo ponía precisamente a discusión.

Parece que es fundamental y que quede precisamente asentado en actas. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Muchas gracias, diputado. Queda registrado en el Diario de los Debates y la Junta lo ha escuchado. Esta Mesa hará llegar su petición. Continúe el orador, diputado De la Rosa Peláez.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez:Gracias, diputada presidenta. Quiero primero reconocer a mis compañeros diputados y diputadas que han tomado la decisión de votar en contra esta propuesta. Ya compañeros de mi fracción parlamentaria, tanto Carlos Augusto como Socorro, han esgrimido las razones por las que el Grupo Parlamentario del PRD habremos de votar en contra esta propuesta.

Les quiero llamar la atención, amigos diputados, amigas diputadas, de qué es de lo que estamos hablando. Siempre he hecho el esfuerzo de convencer en esta tribuna que por delante debe de estar el interés social. Aquí se ha dicho, el crédito es social, así es, ése es el concepto que se tiene, pero la garantía que es la cosa física, la casa, eso parece que es mercantil y no nos digan, no nos quieran convencer que eso y que esta reforma se está haciendo en beneficio justamente de los ciudadanos.

Que quede claro para quienes ya tomaron la decisión, y ojalá que la mayoría la vote en contra, pero para que quede claro en quienes hoy proponen votar a favor esta iniciativa, que se está atentando con el más elemental de los derechos de un trabajador, que es el retiro de su vivienda.

Amigos diputados, amigas diputadas, ¿se han valorado acaso las causas del abandono de las casas?, son muchas, no solamente es el asunto del recurso, no solamente es la imposibilidad del trabajador para pagar su crédito, también es la situación geográfica en donde están ubicadas esas viviendas.

También es el problema de la seguridad pública en este país que motiva a muchos ciudadanos, a muchos trabajadores a abandonar su vivienda. No estamos resolviendo un problema social, estamos agravando un problema social con esta reforma, señores diputados y señoras diputadas.

Y si nosotros votamos a favor esta reforma, no lo estamos haciendo con una mirada social, lo estamos haciendo pensando estrictamente en un marco de un sistema político, que sigue negándose a proteger los intereses de los que menos tienen, en beneficio de la protección de los intereses de los empresarios, de los que hacen, de los que construyen las casas y buscan todos los medios y mecanismos para que el trabajador pierda por cualquier razón el derecho a poder tener su casa.

Esa es la invitación que les hacemos, es el llamado que les hago en nombre del Grupo Parlamentario del PRD y de los más de cinco millones de trabajadores que se van a quedar sin su casa.

Ya no voy a hablar del interés político, que seguramente no existe. No voy a hablar también de los votos, que seguramente están calculando. No voy a hablar del asunto de la corrupción, que seguramente se va a generar ahí cuando haya un sistema de ventas de esas casas que se van a recoger de manera fraudulenta. Ahí van a estar las cosas.

Ese es el resultado que esperamos que se analice y en función de eso podamos tomar la decisión. La invitación es rechacemos esta propuesta. Votémosla en contra o, en su caso, congruentemente de verdad retírenla, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado De la Rosa Peláez. Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Romero Valencia, para hablar en pro.

El diputado Salvador Romero Valencia:Estimadas compañeras y compañeros legisladores, este es auténticamente un caso en el cual una iniciativa noble busca el beneficio de la mayoría de los ciudadanos.

Es menester aclarar que esta iniciativa pretende que más de 200 mil viviendas abandonadas en diferentes partes de la geografía nacional sean recuperadas y puestas a disposición de trabajadores que las están solicitando.

Es una verdad inocultable que hoy esas viviendas abandonadas son asiento de ciudadanos que violan la ley, de ciudadanos que transgreden y que están manejando situaciones fuera del estado de derecho. Son cuevas donde se anidan ladrones, maleantes y drogadictos. Esta iniciativa busca, por encima de todo, rescatarlas para volverlas a poner a disposición de la clase trabajadora.

De ninguna manera, compañeros, se pretende afectar los intereses de quienes menos tienen. De ninguna manera buscamos golpear la economía de los trabajadores con esta iniciativa. Lo que auténtica y verdaderamente pretendemos es que más de 200 mil viviendas sean recuperadas y puestas a disposición de trabajadores que la solicitan. Los llamamos a la reflexión para que sea votado a favor este dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Romero Valencia. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Carlos Reyes Gámiz.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Permítame, diputado.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz:Quien me antecedió en el uso de la palabra, hablaba de que esta medida se toma para combatir a la cueva de ladrones en los que se convierten esas viviendas.

Las únicas cuevas de ladrones que yo conozco, y que puede consignar la historia que en materia de política de vivienda de interés social existen, son precisamente los que han hecho del tema de la vivienda de interés social un lucro, una red de corruptelas, una rentabilidad.

Acordémonos de los tiempos del IPAB, ése famoso rescate de viviendas de interés social donde hubo una serie de servidores públicos, de funcionarios vinculados a esas corruptelas.

Por eso, lo que yo quiero decir es, es absolutamente inaceptable que pase esta reforma. Es absolutamente inaceptable que votemos el día de hoy esta propuesta, razón por la cual yo quiero proponer que se regrese a comisiones y que en todo caso el conjunto de la oposición no votemos para no convalidar esta propuesta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado. Diputado Arturo Escobar y Vega, ¿con qué objeto?

El diputado Arturo Escobar y Vega(desde la curul): Solicitarle que le pida a la Mesa Directiva de la comisión correspondiente, la posibilidad de que se retire el dictamen y se regrese a la comisión, a efecto de que podamos ganar tiempo. Y mañana mismo, mañana mismo, en la sesión de mañana entrar a la discusión y, en su caso, votación del tema.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que este dictamen se regrese a comisiones.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta del diputado Escobar. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias. Esta Mesa autoriza que se regrese este dictamen a comisiones.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Solamente quisiera aclarar una cosa. Tenemos un dictamen de una comisión que ya fue dictaminado, a esa comisión se va a regresar. Cualquier otro...

La diputada Josefina Salinas Pérez(desde la curul): Por el tema tiene que ser a Comisiones Unidas de Vivienda...

El Presidente diputado José González Morfín: O sea, no sería posible hacerlo en este momento, porque así fue turnado y así fue dictaminado, pero vamos a revisar el asunto. Por lo pronto está regresado a comisiones. A ver, sonido a la curul de la diputada.

La diputada Josefina Salinas Pérez (desde la curul): Gracias, presidente. Qué lamentable que la compañera presidenta ya había accedido a darme la palabra y hacen maniobras para que pasaran otros diputados.

A ver, yo solamente quisiera decirles, es un tema tan importante, tan trascendental que por eso fue la molestia en este momento. No puede solamente venir con la Comisión de Economía, como lo están presentando. Se está hablando de un tema relevante de la Comisión de Vivienda. Forzosamente tiene que pasar por comisiones unidas. Y como integrante de la Comisión de Vivienda, nunca fuimos convocados. No conocemos siquiera de este documento. Por eso yo le pido, ya que se aprobó, efectivamente, diputados, se acaba de aprobar, pero que se regrese, ya se va a regresar, que se hagan bien las cosas. Por tanto, yo pido que sea a comisiones unidas.

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Manuel Añorve. Dígame, diputado.

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Señor presidente, pedirle si podemos continuar con el siguiente punto del orden del día. Ya se agotó la propuesta que hizo el diputado Escobar y Vega.

El Presidente diputado José González Morfín: El dictamen ya se quedó sin materia, está devuelto a comisiones, y vamos a tener que continuar con el orden del día.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto...

Necesitamos continuar la sesión en orden. Yo les pediría que nos permitieran continuar con la sesión.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Como secretaria de la Comisión de Vivienda sí pediría que se pase a esta comisión.

El Presidente diputado José González Morfín: La Mesa Directiva revisará este asunto en su reunión de mañana. Ahorita está devuelto a la comisión que dictaminó. No puedo hacer otra cosa distinta. Ya lo hizo la presidenta.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente, con todo respeto, se tiene que reponer íntegramente el procedimiento. Turnar la iniciativa a la Comisión de Economía, y de Vivienda y dictaminar como debieron haberlo hecho y no de manera irregular.

El hecho de que lo regreses únicamente a la Comisión de Economía sigue siendo un procedimiento irregular y nosotros creemos que esta iniciativa tiene que turnarse conjuntamente a ambas comisiones y, en su caso, emitir un dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya le ofrecí que revisará este asunto la Mesa Directiva el día de mañana. No podemos hacer nada en este momento. A ver, sonido a la diputada Navarrete y después al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Sí, dígame, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Dígame, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Señor presidente. Solamente para que usted pudiera clarificarnos si usted está devolviendo esto a la Comisión de Economía, que por cierto, no sesionó para sacar este dictamen.

Es decir, cuando nosotros estamos pidiendo que se reponga el procedimiento, es porque se rompió el procedimiento desde el inicio. Solamente sesionó la mesa directiva hoy en la mañana y no pasó al pleno de la comisión. Es decir, hay una violación al procedimiento y yo le pregunto a usted, conocedor de la Ley Orgánica y del Reglamento de la Cámara de Diputados, qué sucede en estos casos. Tendremos o no que reponer el procedimiento desde el inicio porque nunca se discutió en el pleno de la comisión sino solamente con el presidente y algunos secretarios del PRI.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya le dije que en este momento no podemos hacer más. Va a revisar la Mesa Directiva este asunto. No puedo hacer en este momento una cosa diferente, me da muchísima pena.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Dígame, diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para recordar a esta asamblea, que esto proviene de una iniciativa; iniciativa que en su momento esta Mesa Directiva le dio el turno correspondiente, la cual en ningún momento ha sido impugnada por ninguno de los demás grupos parlamentarios.

Lo que el día de hoy toma como decisión esta Mesa Directiva, con aprobación del propio pleno, es que regrese a la comisión donde originalmente, y de manera legal y reglamentaria, había sido el turno correspondiente. Si hay alguna situación de ampliación de turno de opinión habrá que ver si están en el plazo correspondiente y por lo tanto la decisión tomada por esta Mesa Directiva con el apoyo de la mayoría del pleno en este momento es definitivo: no hay dictamen aprobado, regresa a la Comisión de Economía. Si hay alguna otra petición en su momento habrá que analizarse y yo creo que es momento que continuemos con el orden del día. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, efectivamente, la iniciativa desde el 8 de abril, estoy rectificando la fecha, desde el 8 de abril quedó turnada a la Comisión de Economía y no hubo una petición formal de la Comisión de Vivienda para que se turnara. Insisto, permitan que la Mesa Directiva revise este procedimiento.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Presidente.

La diputada Esther Quintana Salinas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Esther Quintana.

La diputada Esther Quintana Salinas (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Esto no puede ser un usted disculpe...

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Presidente, yo le pedí primero la palabra...

La diputada Esther Quintana Salinas (desde la curul): Estoy hablando, compañera. Déjeme hablar y ahorita sigue usted, por favor, que yo he estado bien callada. Esto no se arregla con un usted disculpe. Esto fue algo irregular lo que se hizo, al margen de que usted no haya decidido que se regrese, porque no les quedó de otra, simple y sencillamente.

He visto muchos desfiguros en esta Legislatura, pero esto es el colmo, de verdad. En la mañana, aunque sea yo repetitiva, lo tengo que decir, mi compañera Margarita Licea pidió que se subiera un punto de acuerdo y dijeron que no, que era imposible y que la regla. ¿Y por qué la regla aquí ahora no vale? Ésa es mi pregunta. Es una vergüenza —y que nos estén viendo, porque hay mexicanos que todavía ven el Canal del Congreso— esto que está pasando. Esto es una irregularidad y pido respetuosamente que no se vuelva a repetir, porque a mí me da mucha vergüenza, de verdad.

O sea, querían ver —como dicen en mi tierra— a ver si pegaba el copalito. Qué tal si sí pasa. Afortunadamente no pasó. Y yo no estoy discutiendo el fondo de la iniciativa, digo simplemente que el procedimiento está sucio y no hay ninguna necesidad. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Joaquina Navarrete, y después de eso vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Dígame, diputada, porque ya le había dado la palabra desde antes.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Muchas gracias por su sensibilidad, señor presidente. Pero sí pido que se respete y sí pido que se turne a la Comisión de Vivienda, como secretaria de la Comisión de Vivienda así lo exijo y que sea en comisiones unidas.

Todo al vapor y todo a la mera hora sin conocer el dictamen y sin nada. La máxima instancia es la Comisión de Vivienda, caramba, ya que la Comisión de Economía; okey, también es de su competencia, pero más de la Comisión de Vivienda.

Pido que se respete y que se turne a la Comisión de Vivienda. Y en el caso, que se someta a votación del pleno. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona el artículo 25 del Código Penal Federal. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado José Guillermo Anaya Llamas.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:Gracias, presidente. Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública nos presentamos ante este pleno para presentar el dictamen de la minuta remitida por la colegisladora con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que adiciona el artículo 25 del Código Penal Federal.

Como ustedes saben, compañeras y compañeros diputados, el tema del secuestro es un tema sumamente sensible porque no solamente lastima a la víctima del delito, sino lastima a sus familiares y a la sociedad entera.

Así, el secuestro y los delitos relacionados con éste son sumamente graves al violentar derechos fundamentales de la víctima directa y de las víctimas indirectas, además que altera la paz pública.

El hecho de que de forma específica nuestra Carta Magna prevea como facultad del Congreso de la Unión legislar sobre la materia del secuestro, indica la jerarquía que se le da precisamente a esta preocupación.

Nuestro país durante los últimos meses ha sufrido de una escalada en la cantidad de secuestros. Mientras otros delitos de alto impacto se han reducido, tanto el secuestro como la extorsión han aumentado dejándonos ver que el crimen organizado ha redirigido sus esfuerzos hacia actividades distintas de los homicidios.

El delito del secuestro y sus derivados además de debilitar a la sociedad fortalecen a las agrupaciones criminales. Los ingresos derivados de esta actividad permiten a estas organizaciones el aumentar sus capacidades humanas y materiales para desafiar a las fuerzas del orden. En esta lógica, nuestra responsabilidad como legisladores debe ser el encontrar la forma de detener, desde nuestras atribuciones, esta práctica delictiva.

Por ello el Poder Legislativo ha tipificado en su momento delitos dentro del Código Penal Federal para acotar las actividades ilícitas que lleva a cabo el crimen organizado al desarrollar nuevas modalidades. Y en lo posterior se estimó que el nivel de detalle y la gravedad de estos delitos merecían un cuerpo normativo específico, lo cual resulto en la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de nuestra Carta Magna.

La ley en comento, además de establecer sanciones penales, sienta las bases de políticas públicas para que no solamente se aborde desde el punto de vista punitivo, sino también preventivo y de procuración de justicia.

El fenómeno delictivo de esta modalidad de la privación de la libertad sin embargo aumentó, a pesar de que se comprendieron todos estos factores. El aumento de incidencia del secuestro requiere medidas que se ajusten a los tiempos que hoy vivimos los mexicanos.

Por su parte, el Ejecutivo emitió la estrategia nacional antisecuestro, que ahonda en espera de las políticas públicas para la prevención y procuración, haciendo mención del uso de inteligencia, del fortalecimiento operativo, de prevención de criminalidad desde centros penitenciarios, aspectos victimológicos de participación ciudadana y coordinación, a la par de crear la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Es así que la colegisladora atendió a la iniciativa que se presentó ante ella, cuyo objetivo consiste en la duplicación de penas a los delitos en materia de secuestro, ya sea el tipo simple, el llamado secuestro exprés, la toma de rehenes, la simulación, la obstrucción de investigación, así como los tipos derivados en cuestión de circunstancia, sujeto activo o relación.

Además de ello, de forma correcta advirtieron las comisiones encargadas del estudio y dictamen en la Cámara alta la necesidad de una modificación al Código Penal Federal como marco jurídico general y supletorio, para que las penalidades por el monto señalado por los iniciantes pudieran ser jurídicamente factibles.

En el seno de esta comisión, tras haber sido turnada la propuesta, se coincidió en la urgencia y la severidad planteada y se hizo un minucioso análisis y un rico debate sobre la constitucionalidad de la misma, puesto que en todo momento quienes integramos la comisión hemos pretendido balancear la seguridad y la necesidad de orden con los derechos humanos y el cumplimiento del orden constitucional.

Desde luego, consideramos que no basta con un mero aumento en las penas, por lo que estamos convencidos de que esta previsión es un complemento a los demás esfuerzos para prevenir, castigar y sancionar el secuestro y sus derivados; ya que no dejamos del lado el hecho de que este delito cuenta con una cifra negra altísima y que la impunidad es la verdadera causa de la proliferación de estos delitos y no solo la sutileza de los castigos.

Como comisión daremos seguimiento a la ejecución de esta norma, a la par de que nos entrevistaremos con los funcionarios responsables de tan vital y delicada labor, así como con las asociaciones civiles que tengan punto de vista y que puedan aportar con la finalidad de seguir trabajando en beneficio de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el secuestro es el segundo delito que más lastima el orden social y la tranquilidad de la ciudadanía, únicamente después del homicidio. Es definitiva en términos generales la privación de la libertad de una persona con la finalidad de obtener algún beneficio a cambio de su libertad.

Implica una forma de organización y planeación especiales como el acceso a la información, una logística para su comisión, la obtención de medios de transporte, casas de seguridad, equipos de comunicación y armamento.

Todo lo anterior presupone la comisión de otros delitos como el robo de vehículos o de equipos de comunicación.

El objetivo de la minuta es proteger el segundo bien jurídico más importante para el ser humano que es la libertad. Combatir el secuestro reforma el marco jurídico para enviar un mensaje colectivo de advertencia con la imposición de una pena ejemplar y de efectiva imposición de la pena al duplicar las sanciones vigentes.

Con la aprobación de la presente minuta el Poder Legislativo contribuye al combate de secuestros al realizar reformas al marco jurídico para imponer sanciones mucho más severas en esta materia.

Es por ello que en nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza coincidimos con el dictamen presentado, por lo que nuestro voto será a favor de la modificación de la ley.

No obstante la necesidad de hacer estos ajustes legislativos, no podemos perder de vista la necesidad urgente que se tiene a nivel nacional de continuar trabajando en materia de secuestros.

Hoy en día el secuestro comienza a impactar al comercio regional en los diferentes estados de la República; afecta a los empresarios, desincentiva las inversiones extranjeras, amedranta a los emprendedores, a los comerciantes y a los pequeños negocios y comercios porque el secuestro se ha convertido en un fenómeno delictivo que trasciende las fronteras de las clases sociales y territoriales.

Este delito sigue al alza. De acuerdo a las cifras de la organización Alto al Secuestro, del 1o. de diciembre del 2012 al 31 de marzo del 2014 se han registrado tres mil 808 secuestros, alrededor de 238 mensuales en promedio.

Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que las denuncias por secuestro aumentaron 11.2 por ciento durante enero y febrero del 2014 respecto a los mismos meses del año 2013.

En los dos primeros meses del año las denuncias por este delito fueron 278, es decir, 28 más de los 250 registrados entre enero y febrero del 2013. Estos mismos datos arrojan que se cometieron cinco plagios al día. Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Veracruz y Durango son las entidad federativa que registran los mayores niveles de secuestro.

El artículo 1o. de nuestra Carta Magna señala: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. En consecuencia, tenemos el mandato constitucional de dar plena seguridad a nuestra ciudadanía.

Es por ello urgente que los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno redoblemos esfuerzos en materia de seguridad pública para poder brindar un México donde se pueda caminar con confianza, en donde la convivencia sea en paz para todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Este dictamen que llega de la Comisión de Seguridad Pública y que pretende doblar las penas en materia de secuestro tiene, en efecto, ciertas aristas que no podemos dejar de señalar.

La primera: nadie puede estar a favor de los secuestradores. Nosotros no lo estamos, y su servidora, de manera personal, por supuesto que no lo está.

El estado de Chihuahua, del que yo soy originaria, no solamente ha sufrido el flagelo del secuestro como una consecuencia del agravamiento del crimen organizado en el estado, sino que naturalmente la gente en las calles pide que se suban las penas a aquellos que cometen el delito de secuestro, que no solamente es la privación de la libertad de una persona, sino que a veces incluye tortura y evidentemente la extorsión económica a sus familiares.

El secuestro en efecto es un delito de alto impacto, no solamente por la violencia que ejerce contra las víctimas, sino por la violencia que ejerce contra las familias de las mismas y contra la sociedad a largo plazo.

Nada ha podido parar el aumento del secuestro en México, ni la cruzada contra el crimen organizado que solamente la agravó, ni todas estas cruzadas contra el secuestro, ni el aumento a las penalidades del mismo.

Sí es necesario castigar a quienes cometen delitos de alto impacto como éste, pero también es necesario tener una cultura de la prevención y, sobre todo, una cultura de la legalidad. Es decir, de qué nos sirve aumentar las penas si los secuestradores no son detenidos, si aparentemente en muchos estados las autoridades encargadas de la seguridad pública son también aquellas autoridades que están relacionadas con los grupos que secuestran e, inclusive, los que les dan los pitazos de a quien secuestrar.

Y por eso digo que hay aristas en este tema. Nadie puede estar a favor de los secuestradores ni en contra de que se les ponga una pena, pero también aquí hay un tema fino que analizar, en México está prohibida la cadena perpetua, el doblar las penalidades en el tema de secuestro nos llevaría a una penalidad de 140 años. No conozco y aunque soy creyente, no católica practicante —se dice que Matusalén vivió más que eso o más o menos— a una persona que haya vivido 140 años. Entonces, esto como consecuencia sería naturalmente una cadena perpetua.

Es decir, a través del agravamiento de una pena estaríamos también rompiendo un principio constitucional claro que no solamente se ha aprobado por el Congreso general, sino que además obedece a tratados internacionales. El no a la cadena perpetua es también el reconocimiento de los derechos humanos de aquellos que siendo delincuentes también son miembros de esta sociedad, nos guste o no.

Es por eso que en el PT —apoyando la penalidad agravada a los secuestradores, sí, pero también estando conscientes que no podemos a través de una legislación ir en contra de nuestros propios principios constitucionales ni de los tratados internacionales que hemos signado, y no podemos engañarnos a decir que 140 años no es una cadena perpetua— nos abstendremos en este tema del secuestro, porque estamos en contra de los criminales, porque estamos en contra de la criminalidad, pero porque no podemos engañarlos y tratar de darle vuelta al sistema jurídico mexicano engañándonos y tratando de decir que 140 años no es una cadena perpetua cuando ya 70 es una pena elevada.

No al secuestro, no a favor de los secuestradores, pero tampoco le demos vuelta a la Constitución y nos engañemos a nosotros mismos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda el secuestro es uno de los delitos que más lacera y agravia a los miembros de nuestra sociedad, particularmente a sus víctimas tanto directas como indirectas, que alcanza desde la mutilación hasta la privación misma del derecho primigenio, como es al de la vida misma.

Por lo que se requiere que actuemos y respondamos con absoluta responsabilidad y como consecuencia que señalemos que el problema que verdaderamente incentiva no sólo el delito del secuestro, sino todos los demás, es el de la impunidad y el de la corrupción, derivado esto en ineficacia y en ineficiencia del sistema penal mexicano, que alcanza desde la prevención, la procuración, la administración de justicia y, por supuesto, la reinserción social. Por ello, el sólo incremento de las penas por sí solo no tendría ninguna repercusión y como se pretende resulta ser a todas luces antinatural. Recordemos que el promedio de vida de nuestra sociedad es de 75 años, requiriendo tener 18 años la persona para ser imputable.

Por otra parte, es menester de igual manera señalar que el sistema penal mexicano tiene como principio fundamental el de la reinserción social en su artículo 18, y en el 22 expresamente prohíbe las penas con imposición de penas inusitadas y por supuesto también, como señaló la diputada Aguilar, trasgrede este dictamen derechos reconocidos a nivel internacional.

Por otra parte, quisiera dejar una pregunta, si esta iniciativa y dictamen, compañeras y compañeros, fue también analizada a la luz de la implementación del nuevo sistema de justicia adversarial que en breve tendrá vigencia a nivel nacional.

Reiteramos la necesidad de hacer acciones que verdaderamente nos permitan desterrar la comisión de todo tipo de delitos y particularmente el del secuestro, como también a la impunidad e impulsar un verdadero sistema penal, que abarque por supuesto desde la prevención, la procuración, la administración de justicia y la reinserción social con profesionalismo, con eficacia y con eficiencia.

En consecuencia, señalo que nuestro voto en conciencia será en contra de esta reforma a la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente. He escuchado con mucha atención a los compañeros diputados que me han antecedido en el uso de la voz, al igual que lo hicimos en la mañana en la Comisión de Seguridad. Créanlo que el tratar el tema del delito más lacerante para la sociedad no es fácil y no es sencillo.

Estamos preocupados porque un tema como lo era el anterior, de la vivienda para nuestros trabajadores, pero ahí no hay un delito y aquí se trata no solamente de la privación de la libertad de un ser humano, sino acabar en vida en él y en su familia con este delito tan lacerante.

Hace muchos años, cuando Dios me dio la oportunidad y la gran responsabilidad de procurar justicia en mi estado de Guanajuato, siempre estuvimos preocupados por el delito de secuestro.

Probablemente en lo jurídico habrá quien diga que es inconstitucional, que son severas las penas y que jamás el aumento de las penas va a inhibir la conducta delictiva de ningún ciudadano. Podrán tener o no razón, con todo respeto lo escuchamos y lo reflexionamos, pero quien ha tenido la oportunidad, y lamentablemente, de vivir un delito como el delito de secuestro o esa privación de libertad en esa modalidad, no es fácil y no es sencillo.

Hoy la Cámara de Senadores ha mandado esa iniciativa o esa minuta aquí a la Cámara de Diputados, y veo con agrado esta iniciativa que mandaron a través o fueron presentadas por los compañeros senadores del Partido Verde, porque comparto totalmente el aumento de una sanción a un delito lacerante y que no solamente lastima a quien es víctima directa del delito de secuestro, sino también a sus familias y a la sociedad.

Les preguntaría a quienes opinan y van en contra, aparentemente de que están de acuerdo que se castigue a los secuestradores, pero se es benévolo con la conducta delictiva desplegada por estos, ¿cuántas veces tuvieron que negociar la libertad de su hijo, de su hermano, de su madre o de su padre? ¿Cuántas veces obtuvieron que por haber podido negociar el rescate de su familiar tenían la certeza de que se encontraba éste con vida? Y cuál va siendo su sorpresa, que lo único que al secuestrador le importa es lo económico, sin interesarle en lo más mínimo el daño moral y en vida que le está causando a la víctima del delito.

Y aquí, en donde tenemos la obligación de hacer leyes que sean un ejemplo para quienes han caído en la delincuencia, ahora nos toquemos el corazón y digamos: pobrecitos, la sociedad es la culpable de que los señores delincan, porque a través de efectos de drogas, de alcohol, de vandalismo, de muchas otras cosas delinquen y nos queremos justificar que es el gobierno el culpable de no darles las condiciones necesarias a estos ciudadanos, y es más fácil estar del lado de la delincuencia que del lado de la honradez y de la honestidad y de los principios y los valores en los que fuimos formados. Qué fácil es.

Nos tenemos que tentar el corazón por ellos, y decimos: pobrecitos. ¿Pero se han acercado a la familia o a la víctima que ha sido privada de la vida y que gracias a haber pagado el secuestro tengan la oportunidad de volver a vivir y regresar al seno familiar? ¿Se han acercado o les han preguntado qué piensan de poder incrementar una sanción en contra de estas gentes?

Qué bueno, diputado, que lo has hecho, y te felicito, y creo que la respuesta es que haya un castigo...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, les recuerdo que están prohibidos los diálogos.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Sí, señor presidente. Que haya un castigo severo y ejemplar para quienes han transgredido la ley.

A toda acción, señores, hay una reacción. Y como tal, tenemos la obligación. Le obligamos al Poder Ejecutivo a tener mejores cuerpos policiacos, a darles y a dotarlos de mejores elementos, de que el Centro de Control de Confianza sea necesario para que tengamos realmente esas autoridades y puedan cumplir y no haya impunidad.

Veo con agrado esta estrategia que el gobierno federal ha manejado en los 10 puntos y en sus 10 ejes temáticos para combatir el delito de secuestro.

Y nos hemos preguntado, ¿por qué se sigue incrementando? ¿Hasta dónde las entidades federativas han dejado de hacer el trabajo que por ley les corresponde?

Dejo nada más en reflexión ello y les pido que una vez más podamos asumir la responsabilidad, como legisladores, de apoyar esta iniciativa. De que haya un castigo severo a quienes han delinquido y han lacerado con este delito de la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

Muchas gracias, por su atención y ojalá el voto sea a favor. Y quiero felicitar nuevamente a los senadores del Partido Verde por esta iniciativa. Muchísimas gracias, presidente, por su tolerancia.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, en el PRD consideramos que el secuestro es uno de los delitos más graves que aquejan a la población, que debe ser severamente castigado de acuerdo a la ley.

Sin embargo, pensamos que reformas como la que hoy se presenta no son el medio idóneo para combatir el problema por una sencilla razón. Si se mantiene la misma tasa de impunidad, es decir, si las autoridades aprehenden a un secuestrador en 300, de nada sirve aumentar las penas al doble o al triple de su duración.

Es cierto que el dictamen cita teorías de Estado, jurisprudencias e incluso leyes para fundamentar el aumento de las penas por el delito del secuestro, pero a su vez ignora toda la literatura acerca del cumplimiento de penas, la reinserción social, la delincuencia.

Es de sorprender que esta administración, en medio de una reestructuración de un sistema fiscal que impide destinar recursos suficientes al bienestar, a la paz social, al desarrollo, a la igualdad y al respeto a derechos, avale una solución costosa en términos presupuestales y humanos.

¿Por qué decimos esto? Reflexionemos. Si la pena privativa de libertad por el homicidio calificado es de 60 años de prisión y por un secuestro hasta de 80, ¿no es más fácil para el secuestrador simplemente asesinar a la víctima para recibir una condena menor y ocultar toda intención de secuestro?

Diversas teorías sostienen que la explicación económica del crimen es condicionada por factores psicológicos que varían entre los individuos. Pocas personas realizan evaluaciones explicitas de costos y beneficios antes de delinquir.

Los crímenes son cometidos en forma relativamente impulsiva, las emociones o las prácticas en un grupo de pares pueden jugar un rol considerable. Por ello, antes de proponer iniciativas que impactan el presupuesto, tendríamos y tendrían que considerarse elementos de economía, criminología y psicología.

Por ejemplo, el criminólogo Javier Gamero considera que el principio de cálculo racional provoca una conducta que se ubica entre la posibilidad de una actuación conforme a ley o la posibilidad de un acto criminal. De tal forma, la apreciación subjetiva costo-beneficio está determinada por la normatividad jurídica vigente y por la aplicabilidad por el sistema de justicia existente.

Cuando la persona opta por actuar criminalmente tendrá que hacer una valoración de los costos como los gastos para perpetrar el hecho. Las desventajas de la pena, la mancha de un antecedente penal. Y los beneficios, ingresos monetarios producto del hecho o el prestigio ganado.

El individuo tiene que calcular si su crimen vale la pena o no. Ello depende de su disposición individual y asumir un riesgo.

El doctor Kunz sostiene que asumirán el riesgo de la sanción penal las personas menos sensatas, pero también quienes tienen poco qué perder.

El efecto de intimidación a través de la pena, del aumento de las penas para el control del comportamiento criminal debe guardar relación con la probabilidad de sanción, que por cierto en nuestro país es bastante deficiente.

No basta la severidad de la pena sino también incrementar el efecto de la probabilidad del cumplimiento de la misma.

El incremento de la severidad de la pena y la probabilidad de la condena son dos medidas arriesgadas para la economía política. Incrementar la severidad de las penas implica aumentar el gasto financiero del sector de la justicia en el ámbito penitenciario.

Por otro lado, una mayor probabilidad de emitir condenas exige una ampliación de los recursos financieros y los medios logísticos tanto en la policía como en la administración de justicia.

Una sociedad dispuesta a invertir en el ámbito penal en su lucha contra la criminalidad optará por una política criminal más represiva que una sociedad renuente a asumir los costos de una represión más intensa.

Éstas últimas, en países desarrollados optan por una política criminal orientada a atenuar la severidad de las penas y a una descriminalización parcial.

Por ejemplo, en el consumo de drogas a través de descriminalizar las conductas prohibidas penalmente, que ocasionan daños sociales menores o ninguno, las cargas presupuestales de la policía y la justicia penal pueden disminuir también.

La adecuación de una creciente represión debe estar en función de la disposición de la sociedad de renunciar a otras prestaciones cuyo financiamiento ya no será posible como consecuencia de los dispendios hacia la justicia penal.

Si se da prioridad a una lucha represiva contra la criminalidad por encima de la política social, la definición política del gobierno deberá decirlo explícitamente. En este dictamen no se toman en cuenta estas razones.

Consideramos finalmente que el presente dictamen es irreflexivo, ignora por completo los puntos de vista que profesionales de diversas disciplinas han desarrollado y viola tangiblemente los derechos humanos, como ya se ha dicho aquí.

Manifestamos nuestro voto en contra y hacemos un llamado a legisladoras y a legisladores que nos acompañan en este voto en contra. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Rocío Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos:Con su venia, presidente. Hoy México vive secuestrado por el temor. Hoy el Estado mexicano no ha podido controlar este mal que lacera a la sociedad. Hoy en este momento hay seguramente hombres y mujeres que están sufriendo este flagelo y el Estado parece no poder pararlo.

Sabemos que no es únicamente incrementando penas como vamos a resolver el tema que más lastima a nuestra sociedad, porque no solo atenta contra la integridad de una persona, sino de toda una familia que queda marcada aun cuando corra con la fortuna de reencontrarse con el miembro de su familia que fue privado de su libertad por delincuentes.

Un México en paz es la estrategia que delineo el gobierno federal y la sociedad sigue esperando. Nosotros hemos avalado las acciones que el Ejecutivo ha propuesto, porque sabemos y tenemos claro que no vamos a medrar con el tema más preocupante para todos los mexicanos, pero también tenemos claro que debemos incidir para que el Ejecutivo haga la parte que le corresponde.

Es de todos conocido, que hay un crecimiento exponencial en lo que va del sexenio en materia de secuestro, se ha incrementado un 492 por ciento, hay un promedio diario de 4.6 secuestros en el país. Uno de los principales factores que impulsaron su crecimiento, de acuerdo con distintos análisis, es que desde hace cinco años los grandes grupos del crimen organizado encontraron en el secuestro una forma de financiar sus actividades.

En algunos estados hay avances en la lucha contra este delito, pero señalo que los esfuerzos deben concentrarse en Tamaulipas, estado de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Nuevo León, Veracruz y el Distrito Federal. Anteriormente la mayoría de las víctimas eran empresarios o comerciantes, pero ahora las bandas secuestran a más personas por los que piden menos cantidades. Hoy sin distinción todos somos vulnerables a ser secuestrados.

Acción Nacional seguirá impulsando para adecuar la estrategia de seguridad en este país. Acción Nacional seguirá actuando de forma responsable para coadyuvar en lograr el México en paz. Sancionar con mayor rigor a los delincuentes es importante, pero será siempre más importante que en este país se abata la impunidad, porque de nada sirven los esfuerzos para otorgar leyes y penas severas cuando en la práctica no se llevan a cabo, cuando las corporaciones policiacas se encuentran infiltradas con el crimen, incluso la arrogancia del crimen con dinero no tiene límites y en un ambiente de impunidad menos.

Sigue siendo una tarea pendiente con los ciudadanos, que no se nos olvide, habitamos en un mundo donde vamos perdiendo el rumbo agobiados por un estilo de vida que corrompe lo más íntimo y nos condena a que ni siquiera algo tan elemental como es vivir en paz nos pertenezca.

Es importante que hagamos una profunda y seria reflexión, al Poder Legislativo le corresponde hacer leyes, cumplimos con esa parte. Al Ejecutivo le corresponde aplicarlas y ejercerlas. Acción Nacional votará a favor de este dictamen para incrementar las penas para todas las modalidades de este terrible delito, porque consideramos que aumentar la pena implica un mayor tiempo de aislamiento para quienes se dedican a cometer secuestro.

También le hacemos un llamado respetuoso al gobierno federal. Les recuerdo a todas las instancias de gobierno que un Estado que no puede garantizar la seguridad y el libre tránsito de sus gobernados, no tiene razón de existir. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ana Isabel Allende Cano:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El secuestro es uno de los delitos que más ha impactado en el país y en el que por desgracia se han visto afectados miles de mexicanos en la última década, ya que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 10 años las denuncias de secuestro se han incrementado en un 245 por ciento. En 2003 se registraron 413 casos de este delito, mientras que en noviembre de 2013 la cifra aumentó a mil 583 plagios en el país.

Por su parte, la Organización México Unido contra la Delincuencia presentó una encuesta en la cual se observa que el 90 por ciento tiene mucho temor a ser víctima del secuestro. No podemos permitir que año con año la frecuencia de este delito crezca.

Es por ello que el Ejecutivo federal, en coordinación con las diversas autoridades y organismos, se ha encargado de crear y fortalecer herramientas a través de las cuales se combata este ilícito. Tal es el caso de la Coordinación Nacional Antisecuestros creada en enero del presente año. En materia legislativa, el Congreso de la Unión se ha dado a la tarea de establecer un marco jurídico a través del cual se suma a esta campaña antisecuestro del país.

Hemos creado leyes como la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para la Protección y Asistencia de las Víctimas del Delito, la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y por supuesto la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Sin embargo resulta menester reconocer que aún queda mucho por hacer. Por ello, debemos fortalecer nuestro marco jurídico en materia penal con penalidades aún más fuertes, que sancionen rigurosamente la comisión de este delito.

A través del presente dictamen se propone un aumento sustancial de las penas corporales para aquéllos que cometan el delito de secuestro, dándose así respuesta a las demandas expresadas de nuestra sociedad.

Recordemos que lo único que se desea es salir a las calles sin miedo a ser privado de la libertad, y que los padres de familia puedan estar tranquilos sin la inquietud de que sus hijos puedan ser víctimas de las bandas delincuenciales. Lo que se nos está exigiendo es que le arrebatemos las calles a los delincuentes y se las devolvamos a los ciudadanos. Obrar con sordera ante este reclamo sería irresponsable y carente de sensibilidad.

Debemos reconocer también que a pesar del natural deseo para que todos los sentenciados puedan reintegrarse adecuadamente a la sociedad a través de los diversos programas y actividades aplicadas en las cárceles del país, muchas personas debido a sus características criminológicas están impedidas para lograr este fin, por lo que al salir de prisión recaen en la comisión del mismo delito.

Esta reforma constituirá una herramienta importante para el combate al delito de secuestro, ya que quienes incurran en esta conducta física purgarán una pena mayor, pensando acorde a los daños que sufren no solo las víctimas sino sus familiares y la sociedad en su conjunto.

El fortalecimiento de la penalidad no solo es una facultad constitucional y legal contemplada para esta Cámara, perfectamente interpretada por el Poder Judicial de la Federación, sino que es una obligación política del más alto nivel ante las demandas de la sociedad.

Es por todo esto que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Claro que queremos un México seguro y en paz con dignidad, pero que esto que hemos sostenido solo se logrará con el cambio de la política económica.

Andrés Manuel y muchos de nosotros siempre hemos sostenido —sí, López Obrador— que por el bien de todos primero los pobres; que no puede estarse ensanchando la inequidad, la injusticia, porque todos sufriremos los problemas de estas políticas económicas. Obviamente, no nada por la incapacidad de tener lo indispensable para sobrevivir sino porque sin duda arroja a muchos ciudadanos a actividades antisociales.

Por tanto, de fondo esto no se resuelve con policías, toletes, ni sanciones, se resolverá cuando exista trabajo y salario justo y digno para todas las mexicanas y los mexicanos. Eso, obviamente, no es lo que promueven los partidos mayoritarios en esta Cámara que están atrás de esta iniciativa.

Sobre el secuestro en particular, qué más podríamos decir que el pueblo de México no esté sintiendo todos los días en su piel. Hasta pareciera que ha sido en los últimos tres sexenios, incluyendo lo que va del actual una política deliberada.

Hay que ver nada más hoy las ocho columnas, ver a este alcalde de Lázaro Cárdenas, en días pasados al secretario de gobierno de Michoacán, por decir lo menos de sus vínculos con la delincuencia organizada y, en particular, con este tema.

Pero no tan solo tenemos que decir esto. ¿Cuál es la finalidad de la reforma? Agravar la pena a los secuestradores con un afán inhibitorio en la comisión de este delito. La propuesta tiende a una promesa electoral de los proponentes, el Partido Verde Ecologista, por no hablar del padrino célebre, ése que fue gobernador del Edomex, Arturo Montiel.

Recordarán esa frase de “Los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas” y con eso pretender de manera inconstitucional, inhumana, dirigirse hacia sus electores.

Eso es lo que está atrás de esta propuesta: quedar bien. Por qué. Ya se ha dicho aquí: se imponen penas de 40 a 140 años de prisión y ya la misma OCDE, a la que tanto caso ustedes le hacen, en el panorama de salud 2013 está diciendo que los mexicanos tenemos esperanza de vida por 73.4 a 74.2 años; por lo tanto, se proponen sanciones que devienen en inútiles en la realidad o en la vida de los delincuentes, pues no podrán compurgarse a no ser que algunos recién nacidos se dediquen al secuestro.

Se dice en la exposición de motivos que el aumento de las penas tiene como objeto desincentivar la comisión del secuestro. El remedio no atiende a la enfermedad. En la reforma que se propone a los artículos 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 se establece en forma común una duplicación de penas en los delitos relacionados con el secuestro, y esto es inconstitucional y viola los tratados internacionales.

Miren diputados, la reforma que se pretende aprobar se convierte en demagogia legislativa al no atacar el problema real en el delito del secuestro. En materia de justicia y seguridad el sistema de persecución —culmino presidente— de los delitos, así como la impartición de justicia no funcionan, no sirven, es nulo el acceso a la justicia en términos de los principios constitucionales en la garantía de seguridad a los ciudadanos.

La impunidad deriva de la corrupción en el sistema de justicia mexicano, partiendo de la opacidad y la discrecionalidad en la investigación por parte del MP y la falta de controles de la calidad de la justicia por cuanto hace al Poder Judicial en la determinación de la responsabilidad de los delincuentes puestos a disposición.

Aunado a ello, está la corrupción del sistema penitenciario, el que no cumple en forma mínima el objeto constitucional.

El aumento de las penas, por lo tanto, no inhibe la comisión de delitos ante la existencia de autoridades policiales y ministeriales corruptas, las cuales constantemente son denunciadas por encontrarse involucradas o bien por ser parte de la delincuencia organizada. No incurran en demagogias con las que se pretende simular un estado de derecho.

Esta Legislatura debe abocarse a cuestiones más eficientes y funcionales como la asignación de mayor presupuesto para la persecución de delincuentes y depuración de los cuerpos policiales y no prestarse a la propaganda de este partido político adláter del partido en el gobierno.

Si quieren propaganda y votos mejor decreten la disolución del Congreso. Eso la gente lo quiere. Ya no quiere diputados que nada más los estén lastimando con iniciativas contrarias a sus necesidades e intereses. Eso les va a dar más eficacia política, si es lo que buscan. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Tomás Torres Mercado:Veo necesario, y además justo, un reconocimiento a quien preside la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara, al diputado Guillermo Anaya, porque en una posición objetiva e imparcial cumple, como debemos cumplir todos al frente de las comisiones, que discuten en la fase previa de mandar los asuntos a este pleno. Lo decimos con franqueza.

Debo decirle también a quien me ha precedido en el uso de la palabra, que no admitimos la descalificación a un partido político como el que formo parte, al Verde Ecologista. No me atrevería a decirle que es él un paniaguado de no sé quién, y que en todo caso los compromisos electorales y políticos de las plataformas de los partidos debiesen ser, incluso, vinculatorias, obligatorias.

El Verde tiene que reconocer sus propuestas ante la sociedad y darles cara en iniciativas como ésta, por eso expresamos nuestro reconocimiento político a quien nos acompaña hoy en este dictamen, como hemos acompañado a otros en temas que no son de un partido, que son de todos, o que no lo ha habido en la pensión universal, o que no lo ha habido en la atención médica a niños menores de cinco años, son de quien lo propuso o son bienes públicos de esta Cámara.

Pero debo decirles, colegas, el tema de la prisión o la cadena perpetua que han dicho que hay instrumentos internacionales que la prohíben, no es verdad, eh, o cuando menos no me parece acertado que vengan y lo señalen aquí.

La Convención Americana de los Derechos Humanos dice: nadie podrá ser privado arbitrariamente de la vida. Fíjense nada más, no está poniendo en dimensión la pena privativa de la libertad, pero no sólo eso, le ruego consulte los criterios definitivos de la Suprema Corte de este país, que en ejercicio y con facultad plena de tribunal constitucional ha dicho, interpretando el contenido del Código Penal del estado de Chihuahua, que expresamente habla de la cadena perpetua y de la prisión vitalicia que es ajustado a la Constitución federal, ¿por qué virtud? Porque este Congreso no dijo, en el artículo 22, que la pena de prisión pudiera ser o no superior a 60 años, como lo observa el artículo 25 del Código Penal Federal. Léanlo.

Pero adicionalmente ese mismo numeral señala: cuando se comete un delito, al compurgar la pena de prisión se le incrementa, hay casos repetidos, pero esos se dan en la realidad, no solamente en la lectura de panfletos. Esos hay que estudiarlos, pero también, si quieren una experiencia adicional, ¿qué no hay el concurso real de delitos? ¿No hay un homicidio de Michoacán? Perdón por la referencia al estado, le ruego, incluso, presidente, se retire la mala referencia de mi parte, pero puede haberlo en una frontera y cuando es privado de la libertad y condenado, el sujeto activo habrá, por separado, de ir cumpliendo las penas de prisión.

No quiero sino decirles que hay pues ya precedente en este país. La Corte como tribunal constitucional ha expresado su criterio. El día de hoy, al igual que la posiciones expresadas por Lilia Aguilar —concluyo, señor presidente— o Francisco Coronato, o Margarita Tapia, o de Rocío Reza, las conductas de la sociedad pueden ser inocuas, pueden ser negativas o buenas, las buenas hay que darle espacio de libertades; las malas, desafortunadamente, deben ser castigadas. Gracias, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero para hablar en contra. Adelante, diputado.

El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero:Con la venia de la Presidencia y la asamblea. El dictamen que hoy nos ocupa dispone reformas a la Ley General Antisecuestro y al Código Penal Federal, para incrementar las penas de prisión para el delito de secuestro.

En mi experiencia como legislador he escuchado a muchas víctimas de este infame delito; y es por ello que me parece que es una de las conductas delictivas que más dañan el tejido social, a las familias, su unidad y su patrimonio.

Debo decirles que no soy abogado, pero sí soy penalista. Pero no el que ustedes se imaginan, sino penalista por la pena que me da la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de estar perdiendo el tiempo en un dictamen absurdo y vergonzoso, que trata de que un secuestrador o secuestradores que privan de su libertad y su vida a un ciudadano sean acreedores hasta de 140 años de prisión. Esto es risible, penoso, inadmisible, en lugar de pensar y trabajar de cómo se puede combatir este flagelo del secuestro y martirio que lo sufre no solamente el secuestrado, sino toda su familia.

Es impresionante la cantidad de secuestros que suceden todos los días a lo ancho y largo de nuestro país. Cómo es posible que algunos diputados y senadores piensen que aprobando una ley que castigue a los secuestradores por 140 años este delito se va a bajar o a desaparecer. Esto es una burla para el pueblo, hay que preocuparnos por aprobar más recursos a la Comisión Nacional Antisecuestros, preparar a agentes de seguridad que persigan a los secuestradores e investiguen todos y cada uno de cualquier secuestro para que se castigue severamente.

No es creíble que cuando un secuestrado que esté retenido por máximo 30 días la pena sea sólo de cuatro a 12 años de prisión, que si alguna víctima la entregan antes de 10 días la pena de prisión aplicable será de 16 a 30 años. ¿Aquí no se les hace risible estas penas tan mínimas? Sobre todo porque en México en la prisión cuenta el doble.

Seguramente nadie o casi nadie de los diputados y senadores han visto y platicado con alguna víctima del secuestro, o hablado con algún papá o una mamá que tienen a su hijo secuestrado, o algún esposo que tiene a su esposa secuestrada o viceversa. Esto es impresionante y es muy triste.

Lo que debemos hacer es que no permitamos que haya tanta impunidad, que vigilemos que las sentencias se apliquen con precisión. En mi experiencia como legislador he escuchado a muchas víctimas de este infame delito y es por ello que me parece que es una de las conductas delictivas que más dañan el tejido social, a las familias, su unidad y su patrimonio.

Hemos visto con desencanto que las políticas públicas de prevención no han sido efectivas y no han tenido consecuencias para la disminución de la incidencia delictiva.

En mi Grupo Parlamentario estamos convencidos que es con justicia social que podremos abatir cada vez con mayor efectividad la necesidad de las personas para cometer delitos de este tipo. El trabajo digno, la educación, la inclusión y el reforzamiento de los lazos sociales son a largo plazo estrategias que rendirán grandes frutos.

En el momento actual debemos establecer estrategias para disminuir los altísimos índices de impunidad y de corrupción de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y en los tres Poderes de la Unión, dado que vale mismo para un delincuente saber que el delito por el que se juzgaría tiene una pena de 50 o 100 años de prisión, si con soborno o con la complicidad de las autoridades nunca pondrá un pie en la cárcel.

Es por ello que consideramos que esta reforma es únicamente una reforma de propaganda, una promesa de campaña electoral, un desmedido que esta Cámara no puede ni debe avalar, dado que supera con mucho lo establecido en nuestro texto constitucional y en los tratados internacionales de los que somos parte, respecto a la proporcionalidad de la pena y su trascendencia.

En México ha sido comprobado que el incremento de penalidades no ha redundado en un decremento del índice delictivo, al contrario, no obstante que en los últimos años este incremento ha sido práctica cotidiana. En este Congreso, cada vez vemos más casos de secuestro y de homicidio, así como también una diversificación de las actividades delincuenciales de los grupos de crimen organizado.

La penalidad que se pretende incrementar incide directamente en organizaciones delictivas, que por la propia asociación debe abordarse desde una perspectiva integral que impida la diversificación, tanto en los tipos delictivos como de las propias organizaciones, lo cual ya está contemplado en otros ordenamientos legales como la Ley contra la Delincuencia Organizada, y que no debe confundirnos el discurso alarmista y propagandista de nuestros compañeros.

Debemos ser claros...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Rodríguez Montero, le rogaría que pudiera concluir con su intervención.

El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero: ... el ejercicio de las libertades y derechos humanos, y no afecta de ninguna manera a la incidencia delictiva, mucho menos la disminuye. En el estado de Morelos, que es mi estado, el problema del secuestro...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, su tiempo se agotó.

El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero: ...grave que se da con mucha frecuencia, lo cual es triste y preocupante. Por ello me he comprometido con el trabajo con las víctimas, y afortunadamente hemos podido ayudar a algunas de ellas a través de la Policía Federal y de la SEIDO.

Es por lo anterior que expreso desde esta alta tribuna mi firme compromiso de seguir trabajando para evitar que más familias sean víctimas de este grave ilícito. Es cuanto, diputado presidente. Gracias por su amabilidad.

El Presidente diputado José González Morfín: Se ha agotado el tiempo del orador. Tiene la palabra, para hablar a favor, el diputado Carlos Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy discutimos un tema que es realmente trascendente para el país, realmente trascendente para la sociedad, esta sociedad que se encuentra hoy con miedo de salir a trabajar, y que de buenas a primeras un grupo de personas puedan privarte de la libertad, puedan pedir un rescate por tu vida, incluso puedas irte a trabajar, te priven de tu libertad y te quiten la vida.

Qué angustia para las personas que son secuestradas, pero qué angustia para los familiares, para aquellos que en casa están con el Jesús en la boca, con el sufrimiento de si van a volver a ver a sus familiares o no, de si van a volver a ver al padre de familia, de si van a volver a ver a los hijos, de si van a volver a ver a la esposa que fue privada de su libertad. Y que quien sabe si con deshacerse del patrimonio para poder pagar el rescate sea suficiente.

Sí, esto da miedo, da miedo a todos día con día. Y no es una situación de grandes empresarios, es una situación que le pasa al comerciante que está en el mercado, al ama de casa que es secuestrada porque le quiten la quincena.

Hay quienes me han antecedido en el uso de la voz y que han dicho que esta es una promesa de campaña del Partido Verde Ecologista. Sí lo es, sí lo es y somos congruentes, porque los mexicanos requieren seguridad, porque tenemos el derecho a que día con día podamos caminar por las calles, podamos trabajar, podamos generar riqueza, generar empleos, o simplemente darle de comer a nuestra familia, sin que ello implique que alguien —y no quiero ver aquí como alguien que dijo que tiene situación económica precaria y que por eso delinque, no— alguien que viendo la manera fácil de hacerse de dinero pone en peligro la vida de las personas.

Qué bien más preciado que la vida. Qué bien más preciado que la libertad de las personas.

Quien me antecedió dijo: me dan pena estas iniciativas. Pena debería darles con el electorado, con el pueblo mexicano de no estar previendo, de no estar de acuerdo en que se le brinde las mayores condiciones de seguridad.

Sí, compañeros, hoy estamos aquí las diferentes fuerzas políticas discutiendo una iniciativa de gran calado. Ya fue aprobada en el Senado. Hoy en comisiones fue aprobada por mayoría. Y estamos seguros que en este pleno igualmente será aprobada por la mayoría de los diputados, porque el secuestro es algo que hoy le duele a México y que no debemos permitir.

Hay muchas cuestiones que el Estado en su conjunto debe de hacer. El Ejecutivo destinar los recursos necesarios y la capacitación de las autoridades para que pueda llevarse a mejores términos la persecución de este delito. Los jueces en sancionar realmente a las personas que lo cometan. Y nosotros, como legisladores, crear las normas que puedan evitar que estas conductas se sigan dando.

Por eso, compañeros, estoy seguro que hoy nos apoyarán en esta iniciativa que propusimos y que con el apoyo de todos ustedes haremos realidad para hacer de México un país más seguro. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya está agotado el tiempo del orador, diputado, lo mismo que le dije al diputado Camarena hace un momento. Tiene la palabra para hablar en contra la diputada Zuleyma Huidobro González.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. Desde el inicio de la vida en sociedad el hombre ha tratado de mejorar la conducta de los criminales imponiéndoles castigos severos, para de esta manera tratar de mejorar la conducta de dichos individuos, con el fin de mantener el orden social, pero a través del tiempo la sociedad se ha ido dando cuenta de que el aumento de la pena no ha sido útil como mecanismo de prevención de los delitos en sociedad.

El aumento de la pena es uno de los recursos más falsos para prevenir los crímenes y delitos en la sociedad. La delincuencia en nuestro país es un asunto que debería tratarse con el combate a la pobreza, de educación, de cultura, de salud pública, de políticas de prevención, de capacitación, de empleo, de igualdad de acceso a las oportunidades, y no tratar de resolverlo con el aumento de penas.

Se sabe que los que delinquen no se regeneran porque se pasen más o menos tiempo en el lugares de corrección o en prisión, sino que los criminales, los infractores, los imputados se regeneran en la medida que las políticas públicas que se diseñan sean efectivas.

Una verdadera sociedad no se inscribe en el desarrollo por el número de cárceles que tiene o de sus presos en ellas, sino por el número de escuelas, hospitales, universidades, centros culturales que sean una alternativa viable para el crecimiento humano.

Nadie podría decir que está a favor del secuestro. En Movimiento Ciudadano no estamos a favor ni del delito ni de los secuestradores. Y le respondo, diputado, claro que conocemos cómo operan estos delincuentes. En lo particular, familiares han sido secuestrados, afortunadamente se encuentran con vida. ¿Pero saben? Los secuestradores aún siguen libres.

De qué sirve entonces que aumenten las penas, si los delincuentes siguen en las calles. El aumento de penas no resolverá los problemas de seguridad en nuestro país, y no quieran tapar el sol con un dedo, no quieran engañar a los ciudadanos al aprobar esta minuta y salir a decir que sus promesas de campaña han sido cumplidas.

Ustedes creen que el pueblo es tonto, pero el pueblo de México, sabe, sabemos que los secuestros seguirán ocurriendo, aún cuando los legisladores aumenten el número de años en prisión que se les impondrá a los delincuentes. Y lo saben, porque muchos de estos delitos son operados desde las propias prisiones.

Y claro que la Declaración de los Derechos Humanos establece expresamente las penas inusitadas. Nos quieren envolver con retórica, pero no dicen nada. Soy abogada, y a mí sí me da vergüenza la piel camaleónica de algunos diputados, en donde en una época defendían los derechos humanos y ahora sus mecanismos politiqueros lo único que reflejan es la incapacidad del Estado de dar respuestas sociales efectivas y acordes a un Estado social y democrático de derecho. Justicia social es lo que necesita nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar a favor la diputada Ruth Zavaleta Salgado.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su permiso, presidente. Las teorías se nos acaban cuando enfrentamos la realidad, compañeras y compañeros. Cuántos de los que estamos sentados aquí no hemos vivido en carne propia un delito como el que hoy queremos sancionar con mayores penas.

Yo conozco dos casos de compañeros diputados, para decir tres, de una compañera diputada que acaba de pagar un rescate por su esposo. De un compañero diputado que perdió a su hermano, porque aunque pagaron el rescate, le mataron a su hermano. O también de una madre de una persona que se dedicaba a la seguridad y que cuando enfrentó a unos secuestradores y rescató a unos secuestrados le mataron a su hijo.

Entonces, compañeras y compañeros, lamentablemente, cuando hacemos este tipo de reflexiones, en lo que a nosotros respecta pensamos, ¿qué es lo que pasa allá afuera si a nosotros nos sucede esto?

La impunidad, efectivamente, es una de las cuestiones que no hemos podido resolver, pero también nosotros tenemos que pensar que a la sociedad le tenemos que dar una muestra de dureza para estos delincuentes que no se tientan el corazón, no solo para secuestrar a nuestros hijos sino para matarlos.

¿Cuántas veces no han agachado la cabeza ustedes cuando el señor Martí les ha dicho que si no pueden se vayan? ¿Cuántas veces no nos hemos avergonzado de escuchar a nuestros vecinos quejarse de que tienen a sus hijos secuestrados, a sus hermanas o a sus familiares y nos sentimos impotentes de enfrentarnos a estas personas que se dedican a delinquir y que están dispuestas a perder la vida, precisamente, porque para eso están, para quitarle la vida a los demás?

Compañeras y compañeros, ante los argumentos jurídicos en pro y en contra que han dado aquí en esta tribuna, me remito a las muestras de aquellos que han podido gobernar en sus estados, en procuración de justicia y no han logrado disminuir el delito del secuestro.

Muchos de los que han pasado a hablar han sido responsables en sus estados de procurar justicia y no pudieron enfrentar con sus teorías este grave delito.

Por eso, a nombre de la fracción del Verde Ecologista vengo a pedirles sus voto a favor para que se amplíen estas penas y se pueda inhibir a estos señores o señoras que se dedican a secuestrar, puedan reflexionar que van a morir en las cárceles, efectivamente, quizás por sus edades si ellos están dispuestos a matar a nuestros hijos o a nuestra familia.

Compañeras y compañeros diputados, vengo a pedirles a que voten a favor del pueblo, que voten a favor de los ciudadanos que han sufrido este delito, pero también aquellos que pueden sufrirlo.

¿Qué no estamos dispuestos nosotros a hacer por nuestra familia y nuestros hijos? ¿Qué no estamos dispuestos, les pregunto yo? Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en contra el diputado Roberto López Suárez.

El diputado Roberto López Suárez:Gracias, señor presidente. Las víctimas de secuestro de 2001 al 2010 se han incrementado drásticamente año con año. Y no solamente eso, sino las víctimas que además son asesinadas.

Les pongo un ejemplo de número en relación a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Las víctimas secuestradas y asesinadas en el sexenio de Vicente Fox fueron 351 personas. Con Felipe Calderón aumentaron a 494 y así se ha ido incrementando la cifra de secuestrados, de 2010 para acá tiene un incremento súbito.

Por ejemplo, de enero a octubre de 2013, las procuradurías estatales y del Distrito Federal recibieron mil 400 denuncias por secuestro, con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no son cifras que estemos inventando. Del primero de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2014 se han contabilizado 2 mil 913 denuncias de secuestro, de las que hemos registrado oficialmente, pero por lo menos tenemos contabilizadas 344 más que no fueron denunciadas, pero sí se cometieron.

El promedio de secuestro mensual en el país es de 232 secuestros y el primer lugar lo tiene el estado de México con 664 secuestros. Al comparar por cada 100 habitantes de los estados, Morelos tiene el primer lugar, de cada 100 habitantes, 16 secuestros. Éstas son cifras alarmantes y que no se quiera tergiversar de quienes estamos en contra de esta modificación que se quiere hacer, de este incremento a la pena, que estamos defendiendo secuestradores; de ninguna manera, el problema es cómo percibimos el problema del secuestro en el país. Nosotros creemos que endurecer la pena no implica inhibir el delito.

Les pongo otro ejemplo, solamente el 15 por ciento de las denuncias de secuestro se llevan a un proceso legal y a una sentencia, solamente el 15 por ciento, y el 84 por ciento nunca son detenidos los secuestradores. ¿Qué les queremos decir con toda claridad? No nos vengan a dar cuentos de hadas, mejor díganlo con toda claridad, es cadena perpetua, no es duplicar solamente la pena.

Quienes promueven esto se han caracterizado que cuando son gobierno son violadores a los derechos humanos, son gente que está en contra del estado de derecho, que desde los gobiernos no aplican la ley. Hay un gran reto para los mexicanos y Renato Sales encabeza este reto: es evitar prevenir y procurar la justicia en este país y no endurecer la pena. Los estándares internacionales demuestran claramente que endurecer la pena no inhibe el delito. Digan con toda claridad: estamos promoviendo la cadena perpetua. No engañen a la población.

El Grupo Parlamentario del PRD lo ha dicho con toda claridad: haremos todo lo necesario porque desde la procuración de justicia, donde somos gobierno, porque en la Cámara se legisle con toda claridad, pero de ninguna manera vamos a promover sanciones que ayuden a promover la violación a los derechos humanos; quienes promueven la cadena perpetua yo llamo a que lo digan con toda claridad y no engañen al pueblo de México. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Domínguez Zepeda, para hablar a favor.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda:Buenas tardes. Con su autorización, señor presidente, y con el permiso de las compañeras diputadas y compañeros diputados, comparezco con mucho gusto a manifestar la posición de los diputados del PRI a favor de este dictamen a propósito de la minuta que remite el Senado sobre un tema que es de fundamental importancia. Sobre un tema que nos lastima, que nos lacera a todos los mexicanos.

Yo no comprendo —y lo digo con el más grande de los respetos— cómo pueden personas argumentar sentirse ofendidas por el delito de secuestro y negar que haya un aumento en la penalidad de este delito que sin duda es uno de los que más lastima a la sociedad, porque no solamente se dirige contra el sujeto del delito sino contra el entorno familiar y social mismo.

Yo quiero decirles que efectivamente, la mera elevación de la penalidad no garantiza que va a disminuir o que se va a erradicar el delito de secuestro, pero debemos todos comprender que este delito, como todos los demás, son multifactoriales y que por consecuencia su erradicación, su combate debe de hacerse a través de una serie de estrategias de diversa naturaleza, y una de esas estrategias es precisamente elevar la penalidad de este delito tan grave que tanto nos ofende y tanto nos lastima.

Hoy platicaba con los compañeros de la Comisión de Seguridad Pública, en la mañana, que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. En Chihuahua se estableció en el año 2010, 2011 la prisión vitalicia para el delito de secuestro. En 2010 teníamos 132 secuestros anuales. En 2014 tenemos únicamente dos secuestros y han sido resueltos. Esto nos habla que efectivamente ha habido otra serie de políticas y de acciones que contribuyen a erradicar el delito en Chihuahua, pero también, dicho expresamente por los delincuentes —que 55 han sido sentenciados a prisión vitalicia—, es un gran temor para ellos el ser merecedores de esta sanción de prisión vitalicia.

No nos confundamos y no nos enredemos en falsos debates en torno a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que ni la prisión vitalicia ni una pena que tenga una duración —digamos— de 140 años, como es el caso, es violatoria de los derechos humanos. Eso lo ha confirmado en diversas oportunidades el máximo órgano jurisdiccional del Estado.

Por eso les digo, y de esta manera concluyo, no le demos la espalda al pueblo de México. No le demos la espalda a las víctimas de este delito y a sus familias. Seamos congruentes entre lo que decimos, lo que apoyamos y lo que votamos. A eso los invitamos los diputados del PRI y en realidad felicito la iniciativa de los senadores del Partido Verde en este tema tan importante en el cual, desde luego, nos sumamos con toda la voluntad. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para hablar en contra la diputada Luisa María Alcalde Luján.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidente. Como siempre, ésta está siendo una discusión de sordos, porque aquí hay dos temas que se están tratando y son muy diferentes.

Si lo que estamos discutiendo es si el secuestro es o no un delito espantoso, de los peores delitos, de los de mayor gravedad, aquí habría unanimidad. Porque estoy convencida de que nadie diría que no es un delito de los peores.

Si ésa es la discusión habría unanimidad, pero me parece que no es ésa. La discusión es cómo vamos a inhibir la conducta del secuestro. Si lo vamos a inhibir aumentando penas, porque yo no he escuchado a nadie que venga aquí a argumentar a favor de que aumentando las penas se va a acabar con el delito. No si es o no un acto espantoso, porque lo es, sin duda lo es.

Si 60 años de prisión no inhiben el secuestro, les aseguro que los 100 años que proponen ahora tampoco lo harán. Nada harán por acabar con uno de los delitos más dolorosos en México, porque el aumento de las penas no inhibe la comisión de los delitos.

Por el contrario, lo único que logran partidos como el Verde Ecologista en proponer cadena perpetua a secuestradores es lucrar y capitalizar políticamente con la onda herida que el secuestro ha dejado en la sociedad mexicana, pretendiendo saciar la sed de justicia de una población indignada con una medida que saben que no resolverá nada.

Lo importante no es aumentar las penas indefinidamente. Imagínense si ahora van en 100 años, ¿qué seguirá en unos cuantos meses cuando se den cuenta de que no disminuyeron los índices del secuestro? ¿Qué están pensando para su próxima campaña? ¿Quinientos años? ¿Pena de muerte?

De hecho, mantener la ilusión de que la severidad de las penas es la mejor herramienta contra la criminalidad no es más que una simulación, una faceta cómoda para decir que el tema se está atendiendo, con toda la intención de que la presión social no se centre en exigir la adopción de otras medidas de mayor eficacia para la disminución de los secuestros.

Coincido con ustedes en que el secuestro es una de las conductas más infames que un ser humano puede emprender en contra de otro, pero no podemos legislar guiados por un ánimo vengativo que poco hará por solucionar el problema.

¿Saben qué va a inhibir a una persona de secuestrar a otra? Que la probabilidad de que la agarren sea alta y que si la atrapan no se podrá zafar con una mordida. Eso sí inhibiría el secuestro.

Una persona que está considerando realizar un secuestro no se detiene a sacar el Código Penal y ver si la pena es de 60 o 100 años. Se detiene a pensar si lo van a agarrar o no. Se detiene a pensar si podrá, bajo el actual esquema de corrupción en que vivimos, salirse con la suya. No le ofrezcamos a la población una propuesta que satisfaga su hartazgo inmediato y ofrezcamos mejor una solución de largo alcance.

Les aseguro, no a los que lucran con el tema a sabiendas de que esto no se resolverá, sino a aquellos que votarán a favor porque creen que es una posible inhibición. Les aseguro que la ciudadanía mexicana prefiere saber que se está trabajando en acciones efectivas que permitan detener a los secuestradores e impedir el secuestro.

Mientras continuemos con un esquema en el que de cada 100 delitos que se cometen ocho se denuncian y apenas 1 por ciento reciben una sentencia condenatoria, no tendrá sentido endurecer ninguna pena.

La disminución de los índices delictivos no tiene una relación directa probada con el aumento de penas, pero sí tiene una relación muy directa con el aumento de seguridad pública, con la eliminación de la corrupción, con la disminución de índices de marginalidad económica, con el aumento del empleo, su estabilidad y promoción, con la educación y las opciones de superación.

Esos son los elementos que pueden reducir los índices de delincuencia. Sabemos que no son medidas inmediatas que resuelvan de un día a otro el problema del secuestro, pero sí son la única forma de resolver de manera definitiva el problema, y son ésas las que no han sido sus prioridades, son esas las que han votado en contra del pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán, también para hablar en contra.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Estamos todos de acuerdo en que el secuestro es un crimen abominable, quizás el peor de todos porque hay un elemento que lo hace siniestro y terrible, que es la incertidumbre, la incertidumbre de los familiares que no saben qué pasa con su ser querido y la incertidumbre del que está a merced de una persona que lo ve como un simple negocio y que bien puede prescindir incluso de su propia vida. Está totalmente a merced de otro. Por supuesto que es abominable y terrible, pero no estamos discutiendo si lo calificamos de abominable o no; en eso estamos todos de acuerdo. El punto es cómo lo combatimos eficazmente, cómo no engañamos a la sociedad con salidas fáciles pero mentirosas y falsas. Ese me parece que es el punto.

Cuando estaba la guerra en Irak decía George Bush: “O me acompañan a invadir Irak o están a favor del terrorismo y están apoyando a los terroristas” Absolutamente falso. Y tampoco acepto este dilema de decir: o están a favor de este dictamen o están a favor de los secuestradores, que por supuesto que son delincuentes terribles que merecen ser tratados con rigor. Ahí no está el debate. El debate es cómo lo combatimos eficazmente.

¿Por qué estoy en contra? ¿Y por qué me manifiesto en contra? No porque me oponga al rigor de la ley contra los secuestradores, sino porque me opongo —perdón la franqueza— a la demagogia.

No veo a ningún secuestrador diciendo: uy, hace un mes si yo secuestraba me daban 60 años, ahora me van a dar 140, mejor ya no lo hago. Perdón, 60, 100, 120, 140, 200 es exactamente lo mismo. No va a ahuyentar nada, y lo único que estamos haciendo es aprobar una medida realmente populista.

Buscamos el aplauso, pero no soluciona nada. Por supuesto, lo más fácil es que todos nos envolvamos en la misma bandera y digamos sí, y convirtamos aquí esto en una subasta, 140, 150, ¿quién da más? Pero así no solucionamos absolutamente nada.

Perdón que ahora parafrasee a Clinton. Diría: es la impunidad, estúpido. Es la impunidad lo que hace que secuestren, es esa, y estaría incluso a favor de poner penas más severas a las autoridades que colaboran con las bandas de secuestradores, porque muchos tienen colaboración de policías, etcétera.

Pero veámoslo con seriedad, esto es simplemente demagogia, y lo que estamos haciendo es un slogan de campaña, para que digan: miren, no conseguimos la pena de muerte, pero ya los tenemos en 140 años, ya nos vamos aproximando, y creo que esto, de verdad, no soluciona las cosas. Es ver con una óptica equivocada el problema. Tenemos que atacar las causas de la impunidad. Es la impunidad, no la severidad de las penas que de por sí ya son fuertes.

Podríamos discutirlas, pero si son razonables. Lo de 140 años, perdón, no. Y luego que hacemos, los que se mueran a los 30, 20, 25 años, escupimos en sus tumbas y con esto ya.

No solucionamos, insisto, nada. Y si lo que quieren discutir es cadena perpetua, discutámoslo en serio y veamos si es conveniente establecer esa pena o no. Yo no tengo prejuicio, podemos discutirla, no me gusta porque creo, yo tengo otra visión, pero estoy dispuesto a discutir, si es que se quiere eso, pero que se haga sin engañar a los ciudadanos, con absoluta responsabilidad.

No les vamos a decir que con esto, que simplemente con la pena, de decirles que los vamos a —no sé— les podemos poner ahora que los vamos a excomulgar también —no sé—, pero así me parece que no vamos a solucionar el problema.

¿Simplemente por qué me opongo? Porque estoy en contra de la demagogia y estoy en contra del populismo, y creo que ésta es una propuesta demagógica y populista, lo digo con todo respeto. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. En tiempo y forma solicitaron el uso de la voz para rectificación de hechos el diputado Sebastián Alfonso de la Rosa y el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.

En términos del Reglamento les tengo que dar el uso de la voz, y después de eso preguntaremos a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez:Gracias, presidente. Quisiera preguntarle a los diputados y a las diputadas del gobierno qué piensan de una de las posiciones del doctor Renato Sales Heredia, quien es el coordinador nacional Antisecuestros de la PGR.

Detenidamente lo escuché decir en un foro nacional que al aumento de las penas él le llama populismo jurídico. Si el coordinador nacional Antisecuestro está llamando populismo jurídico a esta intención, cómo le llaman los diputados de los partidos en el gobierno.

Estoy convencido que no es aumentando la pena como vamos a resolver el problema no solamente del secuestro, ahora en este caso por el tema que se discute, no es eso lo que va resolver el problema. El problema lo vamos a inhibir si nos dicen cómo vamos a combatir la corrupción que existe en el sistema de impartición de justicia. Ahí está el problema de fondo.

Nos dicen que no le demos la espalda al pueblo mexicano. No, no le estamos dando la espalda al pueblo mexicano. Lo que estamos haciendo es hacerles entender que el problema no está en aumentar la pena, el problema está en cómo combatimos la corrupción.

Y nos piden que no estemos en contra del pueblo y nos piden aumentar la pena, pero no nos dicen cómo combatir el mecanismo para que tengamos un sistema de impartición de justicia eficaz. Donde el delincuente, no sólo el secuestrador, el delincuente en general esté consciente que si comete un delito es seguro que lo van a meter a la cárcel y es seguro que va a pagar una pena, porque —es cierto— de lo que se denuncia, que no es más del 8 por ciento, sólo el 1 por ciento recibe una pena condenatoria, los demás resultan ser inocentes.

Pero no resultan ser inocentes porque no cometieron el delito, resultan ser inocentes porque recibieron el favor de los encargados de la impartición de justicia. Y a eso se le llama corrupción.

El día que nos digan cómo combatir esa parte y cómo castigar a los responsables de esa corrupción, entonces vamos con ustedes. No ahora que solamente nos quieran decir, con una bandera estrictamente de carácter político-electoral, pensando en votos, viéndole a la gente en la frente una v de voto, pero no están viendo en la gente realmente el sufrimiento que dicen aquí en tribuna, que allá no lo están demostrando porque no están viendo eso, no están viendo el sufrimiento de México, no están viendo la pena, lo que están viendo es cuántos votos les va a generar el que salgan públicamente a decir; les cumplimos. Eso no va a resolver el problema, señores y señoras diputadas. Muchas gracias por su tolerancia, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, para rectificación de hechos. Voy a preguntar a la asamblea...

El diputado Antonio Cuéllar Steffan (desde la curul): Señor presidente, pido el uso de la palabra.

El Presidente diputado José González Morfín: Tengo que ser respetuoso de mi palabra, diputado, ellos se inscribieron en tiempo y forma en el transcurso del debate y, en términos del Reglamento, les tengo que dar la voz. Si la asamblea considera que el asunto no está suficientemente discutido abrimos otra lista de oradores, pero después de él por respeto a las reglas y a lo que yo dije, voy a preguntar a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el PRD estamos por una férrea lucha contra las conductas antisociales. El secuestro es una de las conductas antisociales más lacerantes, pero creemos que su combate tiene que ser integral, con un aumento lógico de las penas, pero también con la capacitación de las policías y la dotación de los equipos tecnológicos que les permitan ubicar el lugar donde se está realizando la comisión del delito y también a los presuntos delincuentes.

Cuando me refiero a un aumento lógico de las penas es porque ¿quién va a poder purgar una condena de 140 años? Elevemos las penas sobre bases lógicas, 65, 70 años, quitémosles cualquier beneficio a la hora de purgar una pena, pero no salgamos con medidas populistas que son eminentemente mediáticas.

Yo quisiera de manera muy respetuosa dirigirme a las compañeras y compañeros diputados del PRI. Hoy ustedes van a votar una ocurrencia ilógica de un aliado coyuntural, un aliado coyuntural que hace algunos años era aliado del PAN y hoy, porque ustedes están en el poder, es su aliado.

Tomen sus precauciones. Hoy votarán por esta ocurrencia ilógica, no vaya a ser que el día de mañana les pidan que reformen la ley para fusilar a los muertos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Le ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Suficientemente discutido.

En consecuencia le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se han emitido 293 votos a favor, 1 abstención y 96 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona el artículo 25 del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Presidencia informa que se recibieron tres dictámenes. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ellos.

VOLUMEN III

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado José González Morfín: Falta el de la Comisión de Transportes, si mal no recuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:No, ya está.

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: Antes de levantar la sesión, sonido en la curul del diputado Alfonso Durazo. Dígame, diputado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Gracias, presidente. Todavía quiero hacer un comentario al calor de la discusión del tema éste de la pena del secuestro. El tema ya se votó, pero el día de ayer no dejó de parecerle chusco a algunos compañeros diputados, y replican con cierta ironía hoy los medios el hecho de que hayamos abordado el tema de los meteoritos, los riesgos por fenómenos de este tipo que cayeran en la Tierra.

Lo que quería comentar —dado que no participé en tribuna con el tema de secuestro— es que hay más posibilidades de que caiga un meteorito en la Tierra a que un secuestrador viva 140 años. Gracias, presidente.

*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 19:42 horas): Gracias, diputado. Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar mañana miércoles 30 de abril de 2014, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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